INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Se comunica a las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente, los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto, y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 21 de enero de 2025 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona los artículos 11 y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

2. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, de la Ley General de Población, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de redistribución de facultades, presupuesto y responsabilidades de implementación de política pública entre la Federación, estados y municipios, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

3. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la senadora Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

4. Que reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

5. Que adiciona la fracción XIX al artículo 3o. recorriéndose los subsecuentes, se adiciona la fracción XVIII del artículo 7o. recorriéndose los subsecuentes, se reforma el primer párrafo del artículo 16, se reforma el artículo 18, se reforma el tercer párrafo del artículo 19 y se reforma la fracción VIII del artículo 58 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

6. Que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

7. Que adiciona la fracción IX al artículo 2o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

8. Que adiciona las fracciones IX y X al artículo 2o., se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. y se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 12o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

9. Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Protección Civil y Prevención de Desastres, y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

10. Que reforma los artículos 7o. y 64 de la Ley General de Educación, suscrita por la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

11. Que reforma los artículos 420 Bis del Código Penal Federal y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a informar sobre las causas de la cancelación de las rutas aéreas de Mexicana Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, así como dar a conocer su plan de negocios y los estudios de factibilidad técnica y económica, donde se demuestre la rentabilidad de esa empresa pública y los beneficios que representará para las y los mexicanos, suscrito por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Titular del Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a revertir el gasolinazo del 1 de enero de 2025 dejando sin efectos el Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025, publicado en el DOF el pasado 27 de diciembre de 2024, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y al IMPI, a reconsiderar el cierre de la oficina regional en el municipio de León, Guanajuato, o en su caso, analicen alternativas para su permanencia en dicha entidad en virtud de su importancia para el desarrollo económico de la región, suscrito por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SHCP, a implementar acciones específicas para la atención integral de la Diabetes Mellitus tipo 1, suscrito por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la Secretaría de Salud, y al Conadis, así como a sus homólogos en las entidades federativas, a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, suscrito por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a difundir y promover la adopción de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el derecho a la ciberseguridad de todas las niñas, niños y adolescentes, suscrito por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Bienestar, a la SE y al INAES, así como a sus homólogos en las entidades federativas, a promover e implementar políticas públicas y programas para impulsar la economía social en México, suscrito por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, al INM y a las autoridades homólogas de las entidades federativas, a garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñez, asimismo, se permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso a materiales educativos y atención y/o apoyo psicológico, suscrito por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a promover e implementar políticas y programas para impulsar la economía circular en México, suscrito por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conavim y a sus homólogas en las entidades federativas, a diseñar y ejecutar estrategias específicas para las mujeres y niñas de comunidades indígenas y afromexicanas, con enfoque intercultural, que incluya refugios, líneas de atención en lenguas originarias y capacitación para autoridades, para que atiendan la problemática de este sector, suscrito por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a difundir y promover la adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos y todas las personas de la tercera edad, suscrito por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones correspondientes para diagnosticar, prevenir, controlar y, en su caso, erradicar la plaga del GBG, suscrito por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, en coordinación con la Secretaría de Salud y la SEP, a realizar campañas de concientización de lo que es la salud mental y su importancia, con el propósito de diagnosticar, prevenir, e identificar en los niños, niñas y adolescentes, suscrito por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Sectur, a otorgar un estímulo fiscal del 100% a los pasajeros extranjeros que ingresen a territorio nacional vía marítima que deban cubrir el pago del derecho por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, suscrito por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a entregar un informe a esta soberanía y comuniquen a la opinión pública, sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de la Aerolínea Mexicana de Aviación, así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones actuales que se encuentran en operación y la adquisición de 20 Aviones Embraer e195-e2, y la afectación de usuarios por la cancelación de rutas, suscrito por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a instrumentar en el marco del programa Héroes Paisano, las estrategias y acciones inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes que regresan a México, especialmente en esta temporada decembrina, a cargo del diputado Luis Enrique García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar una auditoría técnica combinada de cumplimiento y desempeño e independiente, así como la separación del cargo de los servidores públicos que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución, supervisión y entrega del contrato de servicios a la empresa Productos Hospitalarios SA de CV, filial de la empresa PiSA Farmacéutica, a cargo de la diputada Martha Amalia Moya Bastón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Zacatecas, a conducirse institucionalmente con los municipios de la entidad zacatecana y cumplir cabalmente con el mandato conferido, sin distinción política, partidaria o de ideología, atendiendo en todo momento los intereses de la ciudadanía y los trabajadores municipales, suscrito por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a instruir a la FGR, a que atraiga el caso del robo de los contenedores con 200 toneladas de oro, plata, zinc y cobre que sucedió en la carretera Zacatecas-Saltillo y a diseñar una nueva estrategia de seguridad e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto en la entidad y los estados colindantes, suscrito por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar un dictamen de factibilidad respecto de la construcción de un viaducto elevado en Zacatecas, suscrito por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a la Conagua y a las autoridades competentes, a implementar un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua, suscrito por la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora y al Congreso del mismo estado, a llevar a cabo acciones que permitan actualizar de manera inmediata los factores de distribución de participaciones federales a los municipios de Sonora, especialmente, Hermosillo, suscrito por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo federal, a rechazar el reconocimiento de Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a expresar una condena clara y contundente a su dictadura, suscrito por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con el gobierno de Aguascalientes, a iniciar los estudios técnicos, financieros y de viabilidad para la construcción de dos hospitales generales, uno en el norte y otro en el sur de dicha entidad, a cargo del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SICT, a destinar los recursos humanos, materiales y económicos suficientes en la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera federal 45, tramos norte y sur en Aguascalientes, a cargo del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CENAPRECE, a realizar campañas informativas sobre cáncer de mamá, de próstata, además de más campañas sobre enfermedades cardiometabólicas, suscrito por los diputados Margarita García García y Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los jueces de distrito de Oaxaca, a que prevalezca la justicia y correcta interpretación del marco legal en materia laboral en favor de los empleados del gobierno del estado, suscrito por los diputados Margarita García García y Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT y a diversas autoridades, a implementar mesas de trabajo, para evaluar la viabilidad técnica y presupuestal sobre la extensión y conectividad de la estación de Metrobús Tenayuca, suscrito por el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a fortalecer el diálogo diplomático permanente con las autoridades estadounidenses en materia migratoria, con el objetivo de proteger los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes mexicanos, a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias, a reforzar los mecanismos de atención, protección y seguimiento a la población en situación de calle y se les presten los servicios de alimento, asistencia, servicio médico, psicológico y de trabajo social, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

31. Con punto de acuerdo, para pronunciarse en contra de la licitación IFT-12 aprobada por el pleno del extinto IFT el 19 de diciembre de 2024, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a la SHCP y a las instancias administrativas competentes, a remitir a esta soberanía un informe detallado del estado financiero y operativo de Mexicana de Aviación, a cargo de los senadores Manuel Añorve Baños, Anabell Ávalos Zempoalteca y Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al H. Ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, estado de México, a reconsiderar el cambio en el nombre de las vialidades en la demarcación, suscrito por la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Unidad de Administración y Finanzas de la SRE, a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para informar sobre el presunto uso indebido de instalaciones públicas y recursos federales en el MUNAL, suscrito por la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República a través de la Segob y de la SRE, a fortalecer una estrategia transversal de atención y protección para las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y las personas connacionales que resulten deportadas, suscrito por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República a través de la SRE y a la STPS, a iniciar el procedimiento de ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del gobierno de Tamaulipas, a reforzar el plan Tamaulipas frente a la helada que se espera en los próximos días, con especial énfasis en la población vulnerable, suscrito por la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a realizar las acciones necesarias para detener la importación de ganado ilegal, a cargo de la diputada María Angélica Granados Trespalacios, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la SE, a proteger a la industria nacional del calzado ante prácticas desleales de comercio provenientes de diferentes países, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SHCP, a incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo la atención prioritaria a la diabetes, sobrepeso y obesidad, suscrito por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

41. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a BIRMEX, a informar sobre las causas de los retrasos en las etapas del proceso de la licitación relativa a la compra consolidada de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, para los ejercicios fiscales 2025-2026, suscrito por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que visibilice y concientice sobre el contexto actual de las miocardiopatías en México y la imperante necesidad de garantizar su diagnóstico y tratamiento oportuno dentro del sistema de salud mexicano, suscrito por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar una campaña de los servicios que dan y se verifique cómo funcionan los CAPASITS, suscrito por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la STPS, a instrumentar las acciones y estrategias necesarias para promover políticas y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven y fomenten la creación de empleos de calidad en la economía formal, suscrito por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

45. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la Secretaría de Bienestar, a reforzar las acciones y programas que brindan atención a los grupos vulnerables durante la temporada invernal, suscrito por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

46. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la persona Titular de la SHCP, a realizar las acciones pertinentes para detener el gasolinazo producto del Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025, suscrito por la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Secretaría de Salud de Oaxaca, así como al IMSS-Bienestar, para que atiendan las necesidades del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader y a la STPS, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer sus campañas de capacitación para los trabajadores agrícolas, respecto al manejo y uso de materiales y pesticidas, a cargo de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

49. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a reforzar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional y la covid 19, garantizar el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y a mejorar la accesibilidad de las mismas, suscrito por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a promover estrategias y acciones para disminuir las tarifas de transporte público, con el propósito de mejorar el bienestar y calidad de vida de la población, suscrito por la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Tribunal Superior Agrario, a preservar la operación del tribunal unitario agrario distrito 27A y no verse afectados por el recorte presupuestal para dichos tribunales, suscrito por el diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a presentar una estrategia integral que contenga las acciones que implementará para garantizar el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para el 2025, suscrito por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al H. Ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo en el estado de México, a reconsiderar regresar el nombre que tenían las calles de su demarcación y eliminar los nombres que hacen referencias a frases del gobierno federal, a cargo del senador Manuel Añorve Baños y suscrito por la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a reportar los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios de seguridad y al CNSP, a auditar los datos de incidencia delictiva reportados por las entidades federativas, suscrito por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, a remitir a esta soberanía un informe detallado del estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas y se adopten medidas financieras y administrativas que permitan su sostenibilidad de estas guarderías a fin de salvaguardar la permanencia y continuidad de este servicio en beneficio de las familias trabajadoras mexicanas, a cargo de la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

56. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de Capufe, a reconsiderar los recientes aumentos en las tarifas de peaje, tomando en cuenta las afectaciones económicas, sociales y turísticas que esta medida genera y analice la posibilidad de implementar alternativas más equitativas y sostenibles, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

57. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SHCP, en coordinación con las asociaciones del sector minero, a realizar un análisis integral de las políticas fiscales y regulatorias aplicables a la minería en México, y formulen las propuestas necesarias para reactivar el crecimiento de la industria minera en el país, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

58. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, en materia de política laboral y reducción de la brecha de género; asimismo, se diseñe, ejecute, y coordine una política pública laboral integral y eficaz orientada a fortalecer y aumentar la generación y preservación de empleos formales en el país, suscrito por el senador Clemente Castañeda Hoeflich y por el diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

59. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Campeche, a implementar programas y campañas especiales de prevención y atención de salud mental orientados a niñas, niños y adolescentes que cursen educación básica, suscrito por el diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

60. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos estatales y al INE, a dar cumplimiento de la suspensión dictada por el juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Querétaro 1082/2024, en el que se ordena suspender el proceso de elección de jueces y magistrados en las entidades federativas, suscrito por los diputados Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Iraís Virginia Reyes de la Torre y Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

61. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y a las personas que desean postularse como candidatas a cargos en el Poder Judicial de la Federación, a evitar realizar actos anticipados de campaña, suscrito por la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

62. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Jalisco, a cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 72/2022, suscrito por la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

63. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a redoblar esfuerzos para prevenir el ingreso del gusano barrenador del ganado al territorio nacional, a cargo del senador Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

64. Con punto de acuerdo, para celebrar una Sesión Solemne en rememoración del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a celebrarse el día 27 de enero de 2025, en términos de la resolución número A/RES/60/7 aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a cargo del senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

65. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco, a asignar los recursos necesarios a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, a fin de que se proporcione a todo el personal el equipo de protección de alta calidad y herramientas modernas de rescate, así como establecer un programa permanente de renovación tecnológica, suscrito por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

66. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, en colaboración con los servicios de salud del IMSS-Bienestar, a implementar acciones prioritarias para enfrentar la crisis epidemiológica que aqueja al país, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

67. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la SEP, a publicar las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2025, estableciendo de manera clara y detallada los componentes de alimentación y horario extendido, así como los montos específicos asignados a cada uno de estos componentes, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

68. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Titulares del Ejecutivo federal y de la Conagua, a incorporar en Guanajuato los programas federales de inversión en infraestructura hídrica para el ejercicio fiscal 2025, con el fin de implementar acciones y proyectos necesarios para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el derecho humano al agua, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

69. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, y de Megafarmacia del Bienestar, a proporcionar en tiempo y forma todos los medicamentos a los pacientes que los requieran, suscrito por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

70. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al INDEP, a establecer un mecanismo eficiente y transparente, para agilizar los trámites de liquidación de créditos y recuperación de bienes en garantía de los usuarios afectados por la extinción de la FND, suscrito por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

71. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la STPS, a implementar acciones que solucionen el problema del aumento creciente del desempleo de las trabajadoras y los trabajadores que están afiliados al IMSS, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

72. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a remitir al Congreso de la Unión, los resultados del foro de discusión Transformando el Régimen del Agua en México, con la finalidad de que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de ley se consideren las problemáticas y perspectivas expresadas, suscrito por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

73. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a otorgar mayor tiempo de radio y televisión al INE, para dar mayor difusión al proceso electoral extraordinario 2024-2025, enfatizando la característica de la boleta con la que se elegirán diversos cargos del Poder Judicial, a cargo de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

74. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader y a la Segalmex, a reactivar el servicio de suministro y la calidad de los productos alimentarios que se deben entregar en las bodegas de las comunidades del estado Durango, suscrito por el diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

75. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a considerar un subsidio a la industria de la tortilla con la finalidad de estabilizar el precio del producto en el 2025, suscrito por senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

76. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a ambas cámaras del Congreso de la Unión, a establecer los mecanismos de diálogo e intercambio con el congreso de los Estados Unidos de América, a fin de llevar a cabo una reunión interparlamentaria, a cargo de los senadores Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

77. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario, a reconsiderar el acuerdo general 5/2025 a fin de que el estado de Campeche no se quede sin Tribunal Unitario Agrario, debido a la redistritación de competencia de la sede del distrito 34 A ubicado en dicha entidad, suscrito por la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora y a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

78. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y al IMSS Bienestar, a realizar las acciones necesarias, encaminadas garantizar el suministro de medicamentos y tratamientos médicos, así como proteger el derecho a la salud de la población, suscrito por la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

79. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario, a dejar sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34 A con sede en la ciudad de Campeche, Campeche; lo anterior, con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

80. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a diseñar estrategias y programas para la atención de los problemas de salud mental, con principal enfoque en la depresión y la prevención del suicidio, suscrito por el senador Clemente Castañeda Hoeflich y a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

81. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a hacer público las razones por las que no se han revocado los permisos otorgados en favor de la empresa Zinc Nacional, para operar como planta procesadora de residuos de acería en San Nicolás de los Garza, Monterrey, suscrito las diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre y Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

82. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a iniciar el proyecto ejecutivo del nuevo puente de Boca del Río, en el que considere los estándares más altos de construcción y los principios de eficiencia, eficacia y honradez a fin de mejorar la calidad de vida de las y los boqueños, suscrito por el diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

83. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a la CNDH y a la SHCP, a reforzar la supervisión y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera norte de México, así como mejorar la asignación de recursos para estos fines, a cargo del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11 y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado César Israel Damián Retes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 86 y se adiciona un inciso d Bis) al artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La crisis de seguridad que enfrenta nuestro país en los últimos años es consecuencia, entre otros factores, de la estrategia fallida que ha implementado el gobierno federal. La inacción de las autoridades federales, estatales y municipales frente a los grupos de la delincuencia organizada ha permitido su crecimiento, fortalecimiento y diversificación, generando en el país una crisis de seguridad que ha obligado a cientos de personas a salir de sus lugares de origen, que ha obligado a cerrar miles de negocios y que ha destrozado miles de familias víctimas de la violencia. Distintas regiones del país, a pesar de la presencia e intervención activa de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, se encuentran indefensas frente a los grupos de la delincuencia organizada, los cuales cuentan con mayor capacidad de fuego que las policías estatales y municipales que, ante la imposibilidad de hacerles frente, son omisas al fenómeno delictivo.

El incremento en los últimos años de la capacidad de fuego de las organizaciones criminales en nuestro país se debe en buena medida a la política laxa del gobierno de los Estados Unidos de América para regular su mercado de compraventa de armas, lo cual genera que muchas de ellas que se comercializan en el vecino país del norte terminen en el mercado negro en México; fortaleciendo a los grupos de la delincuencia organizada e incrementando la inseguridad y los delitos del fuero común.

“En lo que va del sexenio, las autoridades mexicanas han asegurado 48 mil 965 armas de fuego que ingresaron de manera ilegal al país. Los datos más recientes (al 5 de marzo pasado) revelan además que se han decomisado 199 mil 921 cargadores, 3 mil 245 granadas y más de 19 millones de cartuchos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que, de las casi 50 mil armas de alto poder decomisadas por su gobierno, 75 por ciento provienen de contrabando desde Estados Unidos, y la mitad de ese porcentaje ingresan ilegalmente desde Texas”.

Si bien se han implementado diferentes acciones por parte de nuestro país para contener el comercio ilícito de armas en territorio nacional, de las acciones más destacadas son las emprendidas para hacer frente a la industria armamentista de los Estados Unidos, como es el caso de las demandas interpuestas contra las ocho armadoras de aquél país; sin embargo, la realidad es que es indispensable fortalecer las medidas para erradicar el comercio ilícito que tanto ha dañado a nuestro país.

“En agosto de 2021, México demandó a ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas en una Corte Federal en Boston, Massachusetts.

En enero de 2024, contra todo pronóstico, México superó la inmunidad de la que gozan estas empresas con base en la ley estadounidense.

La demanda continúa su curso contra dos de las principales empresas demandadas.

...

Las demandas presentadas por México han recibido reconocimiento internacional y son consideradas un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región”.

Cabe señalar que el mayor número de armas que ingresan a nuestro país de manera ilegal son las que están reservadas para uso exclusivo de nuestras fuerzas armadas, lo cual dota a los grupos de la delincuencia organizada de capacidad de fuego que está al nivel o por encima del estado de fuerza de corporaciones estatales y municipales y de nuestras fuerzas armadas.

“Ante el flujo de miles de armas que anualmente ingresan a México de manera ilegal, la mayoría provenientes de Estados Unidos, el gobierno federal sólo logra interceptar cinco de cada 100 piezas, según muestran datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las cifras de FGR, entregadas en una solicitud de transparencia, indican que entre 2012 –último año de Felipe Calderón e inicio del mandato de Enrique Peña Nieto– y el pasado mes de abril de este 2023, se habían asegurado, en los 32 estados del país, 105 mil 358 piezas de armamento; 41 mil 341 largas y 64 mil 17 cortas.

Cada año a México ingresan unas 200 mil armas, han afirmado las secretarías de Seguridad federal y Relaciones Exteriores, es decir, que en el periodo señalado habrían entrado al país 2 millones 266 mil 664 piezas, de las cuales se aseguraron sólo 4.6 por ciento.

Los estados con mayor aseguramiento de armas varían dependiendo si se trata de cortas o largas; en armamento corto, las entidades en donde mayor número de piezas se han asegurado, según la FGR desde 2012 son la Ciudad de México (7 mil 564); Baja California (5 mil 437) y Jalisco (4 mil 672).

Mientras que en armas largas, las entidades con más casos son Tamaulipas (6 mil 435); Michoacán (4 mil 919) y Guerrero (3 mil 543), las cuales son conocidas por la presencia extendida del crimen organizado en los últimos años”.

Debemos tomar en cuenta que la industria armamentista en el mundo ha evolucionado a lo largo de los años, de manera que ahora se ofertan armas y artículos para la guerra más sofisticados, incrementando su letalidad y las secuelas físicas ocasionadas, a las personas que se ven afectadas por su uso. Un ejemplo de lo anterior son los “aceleradores de disparos” o “bump-stock”, los cuales aumentan la capacidad y velocidad en que un arma semiautomática es accionada toda vez que las convierte de factoen armas automáticas. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) reclasificó los dispositivos como ametralladoras en 2018 y, basándose en la ley anterior, prohibió a las personas comprarlos o poseerlos.

“La ATF estimó que se vendieron hasta 520 mil aceleradores de disparos entre 2010 y 2018. El dispositivo sustituye a la culata normal de un rifle semiautomático, la parte de un arma que se apoya contra el hombro. Permite a los atacantes utilizar el retroceso del arma para imitar el disparo automático si mantienen el dedo del gatillo en su lugar”.

Para ejemplificar el peligro que representan estos aditamentos al ser utilizados en armas semiautomáticas, es imprescindible que nos remitamos a los terribles atentados ocurridos en 2017 en las Vegas, Nevada, en los cuales un solo atacante generó un total de 58 víctimas mortales y un sin número de heridos. Este hecho ocasionó que el gobierno de los Estados Unidos de América prohibiera los aceleradores de disparos al considerar que los mismos violan las restricciones sobre la tenencia de las armas automáticas.

“Trump había impulsado la prohibición en respuesta al tiroteo masivo de 2017 en el que murieron 58 personas en un festival de música al aire libre en Las Vegas. Los aceleradores de disparos permiten a un atacante convertir un rifle semiautomático en un arma que puede disparar a una velocidad de cientos de disparos por minuto”.

En Estados Unidos, estos dispositivos fueron prohibidos y retirados del mercado generando un intenso debate entre la industria armamentista y grupos de la población que están en contra de estos dispositivos por considerar que los mismos convierten a las armas semiautomáticas en automáticas, las cuales se encuentran prohibidas.

“Por instrucciones de Trump, el Departamento de Justicia propuso en marzo de 2018 una regla que aclara que los aceleradores de disparos no son simples accesorios, sino que son ‘ametralladoras’ –lo que el gobierno federal llama rifles totalmente automáticos– según se define en la ley. ¿Por qué? Porque ‘esta clase de dispositivos permite que el usuario de un rifle semiautomático inicie un ciclo continuo de disparos con un solo toque del disparador’, algo parecido a lo que ocurre con los rifles automáticos, según el Departamento de Justicia”.

No obstante, el 14 de junio de 2024 se derogó en los Estados Unidos de América la prohibición impuesta en 2018, lo que representa un riesgo para la población de ese país y de México, ya que el contrabando de armas a nuestro país sigue vigente. Es preocupante el riesgo al que se expone a las y los mexicanos, toda vez que estos dispositivos son introducidos de manera ilegal a territorio nacional, elevando la peligrosidad de los grupos de la delincuencia que ponen el riesgo la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos.

A mayor abundamiento, los grupos delictivos tienen fácil acceso al armamento que se vende de manera libre en diferentes países en el mundo e incluso de aquellos instrumentos que están reservados para el uso exclusivo de los ejércitos a nivel mundial. No es casualidad que en los últimos años se haya señalado en distintos medios de comunicación que los cárteles de la droga tengan en su inventario armas BMG calibre .50 y otras que son altamente letales.

“De esas armas que proceden de Estados Unidos hay armamento de uso exclusivo de fuerzas armadas, armamento de gran potencia. Hay 477 fusiles y ametralladoras calibre 50 que esas son también de uso exclusivo de fuerzas armadas, pero con una gran potencia de penetración, un arma que tiene unas características sumamente importantes para utilización de fuerzas armadas”, dijo el general.

Añadió que de los aseguramientos registraron 19.5 millones de cartuchos y 3 mil 193 granadas que también son de uso exclusivo de fuerzas armadas porque genera una destrucción por el radio de acción, dado que donde explota una granada puede tener un gran alcance hacia el personal cercano”.

Precisamente en eso radica la peligrosidad de los “aceleradores de disparos” o “bump-stock”, toda vez que son accesorios que se adaptan de forma sencilla a cualquier arma larga semiautomática, lo que les permite incrementar su letalidad sin alterar sustancialmente sus características físicas y peso, manteniéndolas como fáciles de manejar y transportar.

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente iniciativa es establecer dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que los instrumentos, objetos, aditamentos o accesorios que permitan a un arma ser disparada de forma automática serán para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Asimismo, se reforma la Ley para establecer que se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a trescientos días multa, a quienes, sin el permiso respectivo, fabriquen, produzcan, distribuyan, posean, vendan o enajenen los objetos aludidos en esta Ley.

Para dar mayor claridad a la propuesta planteada se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable samblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma la fracción II del artículo 86 y adiciona un inciso d Bis) al artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 86 y se adiciona un inciso d Bis) al artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 11....

a) al d)....

d Bis). Instrumentos, objetos, aditamentos o accesorios que permitan a un arma ser disparada de forma automática.

e) al l)....

...

...

Artículo 86....

I....

II. Fabriquen, produzcan, distribuyan, t ransporten, organicen, reparen, transformen , almacenen , posean, vendan o enajenen los objetos aludidos en esta Ley.

...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La Jornada. (30 de marzo de 2024). Se han decomisado 49 mil armas de fuego en este sexenio. Recuperado el septiembre de 2024, de

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/03/30/politica/se-han-de comisado-49-mil-armas-de-fuego-en-este-sexenio-9092?gad_source=1&gclid=Cj0K CQjwo8S3BhDeARIsAFRmkOMOmS2nSaSoK3HQpkVRN7EfjMPEwXztHFENurSjpXA1dMx7-bsVY98aAui QEALw_wcB

2 SRE. (24 de agosto de 2024). Se celebra audiencia sobre demanda del Gobierno de México en contra de empresas fabricantes de armas. Recuperado el septiembre de 2024, de

https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebra-audiencia-sobre-demanda -del-gobierno-de-mexico-en-contra-de-empresas-fabricantes-de-armas

3 El Economista. (18 de agosto de 2023). Intercepta México cinco de cada 100 armas ilegales. Recuperado el septiembre de 2024, de

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Intercepta-Mexico-cinco -de-cada-100-armas-ilegales-20230818-0015.html

4 CNN. (14 de junio de 2024). La Corte Suprema revoca la prohibición de la era Trump de los aceleradores de disparos en las armas. Recuperado el septiembre de 2024, de

https://cnnespanol.cnn.com/2024/06/14/corte-suprema-revoca-prohi bicion-aceleradores-disparos-trax

5 CNN. (14 de junio de 2024). La Corte Suprema revoca la prohibición de la era Trump de los aceleradores de disparos en las armas. Recuperado el septiembre de 2024, de

https://cnnespanol.cnn.com/2024/06/14/corte-suprema-revoca-prohi bicion-aceleradores-disparos-trax

6 Expansión. (26 de marzo de 2019). La prohibición federal a los aceleradores de disparos entra en vigor en EU. Recuperado el septiembre de 2024, de

https://expansion.mx/mundo/2019/03/26/la-prohibicion-federal-a-l os-aceleradores-de-disparos-entra-en-vigor-en-eu

7 El Economista. (15 de febrero de 2024). Sedena informa que EU vende armamento de gran potencia capaz de penetrar vehículos blindados. Recuperado el septiembre de 2024, de

https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/2/15/sedena-informa-que -eu-vende-armamento-de-gran-potencia-capaz-de-penetrar-vehiculos-blindados-3240 23.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero del 2025.– Diputado César Israel Damián Retes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

LEY DE MIGRACIÓN, LEY GENERAL DE POBLACIÓN, LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, de las Leyes General de Población; sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y de Coordinación Fiscal, en materia de redistribución de facultades, presupuesto y responsabilidades de implementación de política pública entre la Federación, estados y municipios, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, legisladoras y legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su amable conducto dirigimos a la consideración del pleno la presente: iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración, la Ley General de Población, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y la Ley de Coordinación Fiscal en materia de redistribución de facultades, presupuesto y responsabilidades de implementación de política pública entre la federación, estados y municipios. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La historia reciente de México y de sus relaciones internacionales no puede entenderse de manera cabal sin hacer una referencia a sus relaciones con Estados Unidos y especialmente sin plantear la importancia que en las últimas décadas ha tenido tanto la presencia de grandes comunidades mexicanas en ese país como la creciente importancia de la migración a México, tanto de tránsito como de destino, de amplios grupos humanos provenientes de Centro y Sudamérica, principalmente, pero también de otros países extracontinentales.

Estados Unidos, México y Centroamérica forman parte de un espacio geográfico que ha visto masivos desplazamientos, tanto forzados como voluntarios, de personas a lo largo de décadas. Los principales países expulsores de Centroamérica, desde luego, son Guatemala, El Salvador y Honduras que recientemente han sido integrados en una categoría regional como el Triángulo Norte de Centroamérica que ha visto crecer un éxodo muy importante de personas hacia Estados Unidos y aún hacia México. Uno de los problemas más notorios de la subregión compuesta por el norte de Centroamérica y México es la desigualdad en términos de ingreso. El PIB de México ha alcanzado, en promedio, durante los últimos años, un volumen que prácticamente sextuplica el PIB de toda Centroamérica. Por otra parte, el PIB per cápita de México supone una cifra que normalmente triplica la de los demás países.

De manera reciente, sin embargo, a la condición permanente de país de tránsito y destino de migraciones provenientes del sur del hemisferio, se sumaron fenómenos coyunturales que profundizaron distintas dimensiones del problema migratorio. Como apuntan diversos reportes de expertos y organismos internacionales, la creación de la Guardia Nacional con nuevas facultades en la materia, la presencia de múltiples de las llamadas “caravanas migrantes”, el reforzamiento de la seguridad y los controles migratorios en la frontera sur como parte de acuerdos con las autoridades de Estados Unidos, el incremento en deportaciones y la implementación del denominado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) también llamado comúnmente Remain in Mexico, son solo algunos de los aspectos que complejizaron de manera decisiva el panorama migratorio de México a partir del 2019.

Más aún, frente a una próxima administración federal en Estados Unidos, encabezada por el expresidente Donald Trump, se anticipa que el tema migratorio volverá a adquirir una relevancia prioritaria no sólo en lo que hace a la gestión fronteriza de los flujos migratorios sino frente a la amenaza de deportaciones masivas de migrantes indocumentados a México, sean o no mexicanos.

El pasado 10 de noviembre de 2024, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante su primera administración Tom Homan, estará a cargo de las fronteras del país en su nuevo gobierno a partir del 20 de enero en su calidad de “zar fronterizo”. Y fue el lunes 11 de noviembre de 2024, cuando Homan informó que dará prioridad a la deportación de los inmigrantes que se encuentren de manera ilegal en el país y supongan una amenaza para la seguridad.

De acuerdo con el vicepresidente electo de Estados Unidos, la operación de deportación masiva podría expulsar a un millón de personas al año. Incluso, el propio presidente electo ha amenazado con utilizar al Ejército de los Estados Unidos para efectuar deportaciones masivas “hasta el máximo nivel que permite la ley”. El pasado 12 de diciembre, el presidente electo Donald Trump sugirió que podría construir nuevas instalaciones de detención para albergar a los inmigrantes, incluso mientras negocia con diversos países incluido el nuestro, como se ha difundido en medios de comunicación, para que reciban a los deportados con independencia de su nacionalidad o procedencia.

Los planes de la administración Trump, de acuerdo con fuentes diversas, podrían incluir también restricciones severas al asilo, revocaciones de protecciones humanitarias, afectaciones a colectivos diversos como los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y facilidades para detenciones masivas en eventos y recintos tanto públicos como privados.

Este endurecimiento de la política migratoria ha terminado por agudizar los problemas relacionados con la estancia temporal de migrantes en México, ya sea en su carácter de transmigrantes, solicitantes de asilo o refugio en Estados Unidos o bien bajo la premisa de ser migrantes en retorno. En este contexto, la preocupación central, tanto de coyuntura como de largo plazo, tiene que ver con los programas de protección temporal de migrantes que obligaron a México, desde enero de 2019 y hasta enero de 2021 a recibir migrantes centroamericanos y de otras procedencias bajo la modalidad de una devolución temporal a nuestro país a fin de que esperaran en México y no en Estados Unidos, el momento de presentarse ante la autoridad migratoria estadounidense para presentar su solicitud de asilo, presentarse ante los juicios migratorios correspondientes y recibir la resolución definitiva de sus casos.

Lo anterior, desde luego, en abierta violación al derecho internacional, a la soberanía de México y al propio derecho estadounidense en materia de asilo y refugio. Nuestro país, al recibirlos bajo una premisa humanitaria, tuvo que hacerse cargo de su manutención, protección y seguimiento, así como brindar servicios públicos básicos, atender sus necesidades más elementales y proveer de seguridad al entorno más inmediato a estos alojamientos temporales en la frontera norte del país. Esto terminó impactando a distintas comunidades fronterizas, generando externalidades negativas de toda índole especialmente ante la falta de recursos federales que debieron haberse entregado a las autoridades estatales y municipales con el fin de atender estas necesidades.

Si bien, el programa de protección temporal de migrantes terminó con la primera administración del presidente Trump en Estados Unidos, la presión de la migración centroamericana, según concluyen expertos, es previsible que aumente en los próximos años como resultado de una combinación de factores que incluyen la falta de empleo y desarrollo económico en numerosos países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, la profundización de la violencia en muchos de ellos, el deterioro de la democracia y la protección de los derechos humanos, el azote de fenómenos naturales de efectos devastadores y, desde luego, tanto la asimetría estructural de siempre en términos socioeconómicos como la expectativa de estos amplios grupos de beneficiarse eventualmente. Sin duda, hay elementos para pensar que esta política se agudizará durante la segunda administración del presidente Trump.

Esto implica para México, no sólo una consolidación de su papel como país de tránsito migratorio sino también una creciente presión derivada de las necesidades en materia migratoria, pero también de refugio y asilo, que necesariamente se verá profundizada con o sin caravanas migratorias e independientemente de cuál sea la política migratoria mexicana o estadounidense y aún sin menoscabo del impacto que a corto o mediano plazo pueda implicar tanto algún tipo de arreglo migratorio coyuntural o de largo aliento en América del Norte como los esfuerzos en materia de desarrollo lanzados desde México y desde Estados Unidos en Centroamérica, especialmente en el denominado triángulo norte.

Sin embargo, y con independencia de ello, hay factores estructurales de las relaciones hemisféricas que muy probablemente no se detendrán y la migración es uno de ellos. En los últimos años, en la frontera sur, hemos sido testigos de un aumento sostenido de los flujos migratorios organizados en caravanas migrantes que desde distintos puntos de Centroamérica y el Caribe emprenden la travesía hacia el sureste mexicano con la expectativa de poder internarse en el país y llegar a Estados Unidos. Las capacidades institucionales del Estado mexicano y aún más las de las entidades de la República se han visto rebasadas cada vez con mayor contundencia frente a miles de arribos no autorizados y también miles de solicitudes de asilo presentadas por amplias comunidades de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, haitianos, cubanos, venezolanos y aún de otros países que en el mejor de los casos deben esperar varios meses, en condiciones lejanas a las idóneas, para recibir documentos por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Su estancia temporal en el país bajo múltiples incertidumbres genera costos importantes a los municipios del sur-sureste del país donde muchos de ellos se concentran, como en Tapachula, y ha provocado tensiones crecientes y enfrentamientos violentos con integrantes de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas y del propio Instituto Nacional de Migración.

En el pasado las medidas de contención migratoria asumidas por México han lesionado los derechos humanos de los migrantes, han vulnerado su integridad física y limitado, en la práctica, el derecho al asilo y al refugio. Pero aún más importante los han convertido en victimas recurrentes de un uso excesivo de la fuerza, de pésimas condiciones de aseguramiento y de una incertidumbre constante respecto a su situación jurídica.

Los mexicanos hemos sido testigos del abuso permanente al que ha llevado la militarización de la política migratoria y la brutal política de contención que el gobierno de México ha instrumentado como parte de acuerdos con los Estados Unidos. Resulta paradójico, por decir lo menos, que el gobierno mexicano argumente que la contención migratoria que ejerce obedece, en parte, a la necesidad de proteger a los migrantes de múltiples peligros y riesgos durante su internación al país, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado, el tráfico de personas y el narcotráfico, y que esta contención del Estado se efectúe con un despliegue de violencia cada vez más indiscriminado.

Ante la incertidumbre sobre la permanencia, la eliminación gradual de ciertos acuerdos o cambios a la cooperación migratoria entre México y Estados Unidos que han permitido, en los últimos años, reducir de manera muy importante los flujos migratorios en la frontera común y especialmente ante las decisiones que pueda adoptar en el futuro inmediato la próxima administración del presidente Trump en Estados Unidos, toca a México enviar un mensaje de unidad y resultados en lo que hace a un ajuste indispensable de su política migratoria.

Solo así tendrá México autoridad moral para no caer en la politización del tema en Estados Unidos y para impulsar la agenda de reforma migratoria en el Capitolio que conviene a todos los países involucrados. Conviene recordar que México no es solo país de tránsito, sino que cada vez con mayor fuerza, recupera su condición histórica de país emisor de migrantes. De acuerdo con información oficial del INEGI y del Pew Research Center, un millón 200 mil mexicanos emigraron a Estados Unidos, y en menor medida a Canadá y España, entre el 2019 y el 2023, por causas que van desde la inseguridad hasta la falta de oportunidades económicas.

En términos generales, es claro que los estados y municipios del país deberán enfrentar los fenómenos derivados de este flujo migratorio constante y estructural que no se detendrá en los próximos años y que obedece a circunstancias cambiantes de la coyuntura nacional, regional e internacional. En ese sentido, urgen plasmar en la ley los mecanismos idóneos tanto en materia de coordinación y financiamiento, como en términos de las facultades con las que necesitarían contar las unidades de gobierno subnacional en materia migratoria, de refugio y asilo.

Desde luego, no se trata de arrebatar las facultades de formulación e implementación de la política migratoria que constitucionalmente corresponde desempeñar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como, complementariamente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De lo que se trata es de plasmar en la ley facultades concurrentes y complementarias en distintas materias y específicamente en lo que hace a aspectos meramente operativos de la política del Estado mexicano en materia de migración y refugio.

De ahí la importancia de que las autoridades estatales y municipales cuenten con facultades complementarias y concurrentes con la Federación para el establecimiento y gestión de estaciones migratorias, la protección de los derechos de los migrantes en su paso o estancia en el territorio de su jurisdicción, el registro, protección y estancia temporal de solicitantes de asilo y/o refugio, el desarrollo e implementación de proyectos productivos, educativos y de infraestructura, empleo y reinserción social y económica de migrantes y migrantes en retorno a sus comunidades, incluyendo proyectos de desarrollo social en beneficio de las comunidades expulsoras de migrantes, así como en materia de seguridad de las estaciones migratorias y albergues temporales o permanentes. Estos aspectos, fundamentales para enfrentar coyunturas migratorias como las actuales y eventualmente para enfrentar futuros escenarios de demandantes necesidades en estos ámbitos, dependen desde luego de fondos presupuestales suficientes a fin de que el país en su conjunto pueda asumir sus responsabilidades en esta materia.

De ahí la creación de un fondo, como el que se ha propuesto en anteriores iniciativas de reforma a la ley y también de ahí la necesidad de implementar mecanismos que impidan que las autoridades mexicanas hagan un uso excesivo de la fuerza durante sus operativos de contención migratoria, así como que lesionen la salud y dignidad de las personas que buscan seguridad y bienestar. Pero igualmente importante es el objetivo de contar con los recursos y la infraestructura adecuadas que permitan también a las comunidades fronterizas preservar el orden, la convivencia y la incorporación, aún temporal, a la vida social y económica de estos migrantes sin trastocar o perturbar la normalidad social del entorno en las comunidades receptoras y preservando la seguridad de las instalaciones migratorias.

Las facultades concurrentes y complementarias suponen, como hemos advertido, medios para que dentro de un estado federal, se distribuya la competencia material y operativa entre dos órdenes distintos, el federal y el local, manteniendo la supremacía del primero pero abriendo una excepción al principio de que en el ámbito que corresponde a uno de ellos no puede actuar el otro.

Conviene tener presente que en el Congreso de la Unión debe darse puntual seguimiento al denominado Modelo Mexicano de Movilidad Humana en el que trabaja actualmente la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria y cuyos pilares de acción son 1. Regularización y empoderamiento a comunidades mexicanas en el exterior, 2. Causas estructurales, 3. Vías de movilidad laboral y 4. Acciones coordinadas para la gestión humanitaria de flujos migratorios irregulares.

Más aún, será necesario pugnar por un aumento significativo en los recursos que administran los Consulados mexicanos en el exterior y especialmente los 53 Consulados mexicanos en Estados Unidos y dar seguimiento a las acciones recientemente anunciadas por la Cancillería mexicana para proteger y apoyar a nuestros paisanos en Estados Unidos.

En el cuadro que a continuación se presenta, se detalla la modificación que da cuenta de la propuesta contenida en el presente proyecto de decreto.

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se reforman y adicionan los artículos 2, 18 y 72 de la Ley de Migración, 80 Bis de la Ley General de Población, 55 y 56 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 25, 48 Bis y 48 Ter de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de redistribución de facultades, presupuesto y responsabilidades de implementación de política pública entre la Federación, estados y municipios

Artículo Primero. Se reforma el párrafo decimocuarto del artículo 2, se adiciona la fracción IX al artículo 18 y se reforma el artículo 72 de la Ley de Migración para quedar como siguen:

Artículo 2.-...

I) a XIII) ...

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas, a los que deberá proveer de los recursos suficientes para el ejercicio de sus facultades complementarias y concurrentes en la materia, y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Artículo 18.-...

I) a VIII) ...

IX. Las autoridades estatales y municipales tendrán facultades complementarias y concurrentes con la Federación para el establecimiento y gestión de estaciones migratorias, la protección de los derechos de los migrantes en su paso o estancia en el territorio de su jurisdicción, el registro, protección y estancia temporal de solicitantes de asilo y/o refugio, el desarrollo e implementación de proyectos productivos, educativos y de infraestructura, empleo y reinserción social y económica de migrantes y migrantes en retorno a sus comunidades, incluyendo proyectos de desarrollo social en beneficio de las comunidades expulsoras de migrantes, así como en materia de seguridad de las estaciones migratorias y albergues temporales o permanentes.

Artículo 72. La Secretaría celebrará convenios con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes necesarios para el establecimiento y gestión de estaciones migratorias, la protección de los derechos de los migrantes en su paso o estancia en el territorio de su jurisdicción, el registro, protección y estancia temporal de solicitantes de asilo y/o refugio, el desarrollo e implementación de proyectos productivos, educativos y de reinserción social y económica de migrantes y migrantes en retorno a sus comunidades, incluyendo proyectos de desarrollo social en beneficio de las comunidades expulsoras de migrantes, así como en materia de seguridad de las estaciones migratorias y albergues temporales o permanentes.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción III al artículo 80 Bis de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 80 Bis

I) a II) ...

III. Disponer de los mecanismos necesarios para el establecimiento, gestión de estaciones migratorias, la protección de los derechos de los migrantes en su paso o estancia en el territorio de su jurisdicción, el registro, protección y estancia temporal de solicitantes de asilo y/o refugio, el desarrollo e implementación de proyectos productivos, educativos y de reinserción social y económica de migrantes y migrantes en retorno a sus comunidades, incluyendo proyectos de desarrollo social en beneficio de las comunidades expulsoras de migrantes, así como en materia de seguridad de las estaciones migratorias y albergues temporales o permanentes.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 55 y 56 de la Ley sobre Refugiados, Protección complementaria y asilo político para quedar como siguen:

Artículo 55. La Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades federales y locales, para que los solicitantes que se encuentren en estado de particular vulnerabilidad y los refugiados puedan recibir apoyos para atender sus necesidades inmediatas asociadas con su registro, protección complementaria y estancia temporal. Asimismo, podrá establecer mecanismos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas instituciones que puedan otorgar atención directa a solicitantes y refugiados

Artículo 56. La Secretaría promoverá que las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, así como las instituciones que otorguen apoyos a las personas a que se refiere tanto el artículo 54 de esta Ley como la fracción IX del artículo 18 de la Ley de Migración, brinden las facilidades a los solicitantes y refugiados para el acceso a los beneficios de sus programas, de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo Cuarto. Se adicionan la fracción IX del artículo 25 y los artículos 48 Bis y 48 Ter de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como siguen:

Artículo 25.

I) a VIII).

IX. Fondo para responsabilidades concurrentes y complementarias de los estados y municipios en materia migratoria y de asilo y refugio.

Artículo 48...

Artículo 48 Bis. El Fondo al que hace referencia la fracción IX del artículo 25 de esta Ley se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en la estimación que efectúe la Cámara de Diputados tanto de la recaudación federal como de las responsabilidades que deban asumirse en el rubro migratorio.

Artículo 48 Ter. Las entidades federativas serán responsables del ejercicio, control y transparencia de los recursos del Fondo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y asumirán plenamente y por sí mismas, las responsabilidades concurrentes y complementarias establecidas por la ley, debiendo reportar lo relativo a su ejercicio en la Cuenta Pública y los informes sobre el ejercicio del gasto público correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de enero de 2025.– Legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, a cargo de la senadora Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, senadora Ivideliza Reyes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En el marco de la reforma laboral publicada en 2024, se realizaron avances significativos en la inclusión de sectores vulnerables en los esquemas de protección laboral y social. No obstante, se identificó una omisión, pues fueron incluidos las y los acuicultores, sin embargo, las y los pescadores, no fueron contemplados como sujetos de aseguramiento obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, ni en la Ley del Seguro Social. Esto representa una brecha en la garantía de derechos fundamentales para un sector económico esencial que enfrenta condiciones laborales precarias y altos niveles de vulnerabilidad social y además contribuyen a la sostenibilidad alimentaria de México.

El sector pesquero es vital para la seguridad alimentaria, la economía nacional y el desarrollo sostenible. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2022), la pesca y la acuacultura contribuyen con el 6% de las fuentes de proteína animal a nivel global, mientras que en México generan más de 300 mil empleos directos e indirectos. Sin embargo, la mayoría de estos trabajadores carecen de acceso a la seguridad social, lo que los expone a riesgos laborales, incertidumbre económica y falta de protección frente a enfermedades y accidentes (FAO, 2022).

La reforma publicada en 2024 incluyó importantes avances en la regulación laboral de sectores vulnerables, como los jornaleros agrícolas, campesinos y trabajadores forestales. Sin embargo, no se contempló la situación de los pescadores, quienes comparten características similares de precariedad laboral en el sector productivo de alimentos. Esta exclusión perpetúa desigualdades y limita su acceso a derechos laborales fundamentales establecidos en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las y los pescadores enfrentan condiciones laborales adversas, como la exposición a riesgos naturales y laborales, ingresos irregulares y trabajo estacional. Según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA, 2023), más del 70% de los trabajadores en este sector opera bajo esquemas informales, lo que los excluye del acceso a servicios médicos, pensiones y otros beneficios sociales.

Para corregir esta omisión, es fundamental modificar los siguientes marcos legales:

• Ley Federal del Trabajo (LFT): Incluir en el capítulo de trabajadores del campo a las y los pescadores como trabajadores del sector rural.

• Ley del Seguro Social (LSS): Incorporar a las y los pescadores y como sujetos de aseguramiento obligatorio en el régimen de seguridad social.

La inclusión de las y los pescadores en la legislación laboral y de seguridad social responde al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad social, que establece la necesidad de garantizar protección a todos los trabajadores independientemente de su sector (OIT, 2023).

La omisión de las y los pescadores en la reforma laboral de 2024 constituye una oportunidad para fortalecer la justicia social en México. Es necesario realizar ajustes legislativos que garanticen a este sector el acceso a la seguridad social y a los derechos laborales que por justicia les corresponden, asegurando así un desarrollo económico y social inclusivo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea legislativa la siguiente

Iniciativa que reforma los artículos 279, 279 Ter, 283, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo y 5 A, fracción XIX, de la Ley del Seguro Social, al tenor de lo siguiente:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 279. Personas trabajadoras del campo son las personas físicas que realizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, pesqueras, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales.

No se considerarán personas trabajadoras del campo quienes laboren en empresas agrícolas, pesqueras, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes que adquieran productos de medio rural, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.

Las personas trabajadoras del campo podrán ser permanentes o temporales.

Todas las personas trabajadoras del campo, cualquiera que sea la modalidad de contratación, tienen derecho a acceder a la seguridad social.

Artículo 279 Ter. La persona trabajadora del campo temporal es aquella persona que es contratada por obra, tiempo determinado o por temporada, conforme a la naturaleza o necesidades propias de las actividades comprendidas dentro de este Capítulo.

Este esquema de trabajo comprende las personas trabajadoras del campo denominados estacionales, eventuales, pescadores, jornaleras y jornaleras migrantes.

Artículo 283. En materia de seguridad y salud, las personas empleadoras tienen las obligaciones especiales siguientes:

I... a la VI...

VII. Proporcionar gratuitamente a la persona trabajadora del campo, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a las personas trabajadoras del campo que resulten incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días. Las personas trabajadoras del campo temporales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral.

Las personas trabajadoras del campo que sean jornaleros o pescadores migrantes también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus hogares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno;

VIII... a XIX...

Ley del Seguro Social

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I... a la XVIII...

XIX. Persona trabajadora del campo temporal: es aquella persona física que realiza labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, pesqueras, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no sean sometidos a algún tipo de proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales. Su contratación es por obra, tiempo determinado o por temporada conforme a la naturaleza o necesidades propias de las actividades mencionadas. En caso de laborar de forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para una o varias personas empleadoras será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo;

XX... a XXIV...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social establecerá programas específicos de aseguramiento para las y los pescadores, en colaboración con las dependencias del Ejecutivo Federal encargadas del sector pesquero.

Fuentes de consulta

• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). (2023). Informe de resultados 2022. Gobierno de México.

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022). El estado mundial de la pesca y la acuicultura. FAO.

• Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023). Convenio 102 sobre la seguridad social. OIT.

Cámara de Diputados, a 15 de enero de 2025.– Senadora Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

«Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el contexto de un sistema económico altamente globalizado, en el que la competencia económica debe ser regulada para evitar en medida de lo posible la concentración del mercado por parte de empresas de gran tamaño, las micro, pequeñas y medianas empresas han cobrado una relevancia extraordinaria como motor de la economía.

Las Mipyme no sólo participan en gran medida como contribuyentes directos a sumas considerables del producto interno bruto, sino que se vuelven extensivas hacia una generación masiva de empleos. A escala mundial, las micro, pequeñas y medianas empresas absorben alrededor de 50 por ciento de la mano de obra y generan 50 por ciento del PIB mundial.

Debe partirse de la concepción apriorística de que las empresas son los agentes económicos de los que deviene la principal producción y oferta de bienes y servicios, con evidentes fines de lucro en el sector privado. Éstas constan de una estructura generalizada (si bien sus dimensiones, recursos y concentración de poder mercantil distan enormemente): todas las empresas precisan de capital material y humano, administrado bajo una dirección o gerencia que dirige las actividades según sus normas particulares, valores, misiones y visiones para la satisfacción de una necesidad de consumo, que debe llevarse a cabo siempre bajo una vigilancia estricta de competencia.

La competencia es precisamente uno de los grandes huecos en las problemáticas mercantiles que no ha logrado del todo ser subsanado en países en vías de desarrollo, que por generalidad mantienen para su beneficio a empresas transnacionales que acaparan un porcentaje considerable de consumidores, dado sus mayores alcances y su evidente acceso a medios de producción más baratos y en cantidades absurdamente superiores comparadas con las Mipyme.

También se presupone que las empresas, con el ejercicio de sus múltiples actividades, producen de manera sistemática una cantidad evidente de beneficios sociales o, cuanto menos, ese debería ser uno de sus efectos u objetivos. Sin embargo, precisamente la falta de regulación gubernamental en materia económica y mercantil resulta en grandes asimetrías y externalidades negativas del mercado.

La libertad mercantil emanada de los marcos jurídicos actuales es, de hecho, una premisa necesaria para el desarrollo económico de países con economías de libre mercado, pero en la práctica ha podido convertirse poco a poco en un sofisma en cuanto a competencia se refiere: por más que nazcan, permanezca y vayan a la quiebra miles de Mipyme, el control del mercado casi siempre recae en las mismas empresas, que de manera ajustada a competencias desleales o por las meras barreras naturales para acceder a una industria determinada, regulan las producción y abastecimiento de bienes y servicios configurando entidades cada vez más cercanas al monopolio.

Estos fenómenos de desigualdad para el desarrollo económico están siempre mayormente arraigados a las economías en vías de desarrollo, por ejemplo, los países de América Latina. En estas economías, la creación de las Mipyme se lleva a cabo por dos vías principales: la configuración de empresas legalmente constituidas y las empresas familiares.

Hay diferencias radicales entre ambas, pues las primeras aluden a una constitución formal de recursos, mecanismos y procedimientos, configurando el capital humano y material dentro de sectores formales de la economía; en este pequeño margen del espectro empresarial suelen conglomerarse las medianas y pequeñas empresas.

Paralelamente, la segunda forma refiere a empresas de las dimensiones más pequeñas posibles, diseñadas para la subsistencia de los hogares y con fuertes tendencias al autoempleo (es decir, no pueden contar con un gran número de trabajadores o recursos según la actividad a desarrollar); estas últimas suelen estar mucho más propensas a los cambios en los precios en materias primas, al abaratamiento de salarios o cualquier proceso económico a nivel local, nacional e internacional, además de rozar constantemente con los límites del trabajo informal.

De hecho, en América Latina un porcentaje considerable de las Mipyme son de carácter informal, y están sujetas a operar sin interferir de manera sustancial en cómo se configura el mercado; si bien la teoría microeconómica básica dicta que, en efecto, las empresas no deben tener injerencia en los precios, lo cierto es que sólo son las Mipyme las que siguen esta regla, y quedan por tanto fuera de las decisiones tomadas por las grandes corporaciones.

El problema principal para el mediano, pequeño y microempresario es que gran parte de su operatividad puede no estar contemplada dentro de los marcos legislativos, debido a que sus acciones o arañan la superficie de la informalidad o se desarrollan directamente en ella. Esto significa que sus actividades económicas no están reconocidas por la ley, pero sí generan ingresos dentro de la ley, creando un paradigma de aprovechamiento unilateral. A grandes rasgos, las empresas muy pequeñas o informales no poseen protección jurídica, pero sí generan ingresos que son contados dentro del producto interno bruto del país. Estas condiciones hacen que las Mipyme puedan ser contempladas como agentes económicos extralegales, con ausencias de permisos para operar, ausencia del control adecuado para competir a nivel nacional y, más importante todavía, una posibilidad ínfima de acceder a los elementos productivos que requieran.

Sin embargo, las actividades económicas de las Mipyme no están determinadas del todo por la informalidad o cuanto menos, no deberían estarlo. Para ello, las brechas entre los costos de producción deben cerrarse.

Es imposible para un mediano o pequeño productor competir contra una empresa de gran tamaño cuando los accesos a la tecnología y los precios de las materias primas se decantan hacia quien pueda comprar más. Los insumos se venden preferentemente (o se privatizan del todo) para empresas de carácter oligopólico, impidiendo que las Mipyme participen adecuadamente del mercado y violando evidentemente los principios de competencia establecidos en las leyes mexicanas.

La disponibilidad de los recursos tanto humanos como materiales debe ser equitativa, pues no sirve de nada que surjan y mueran empresas sin una capacidad real de competir o mínimamente de cumplir su ciclo sin dejar pérdidas a los propietarios.

Un ejemplo evidente de esta desigualdad en ingreso y competencia se atisba fácilmente cuando se compara la cantidad de Mipyme contra las cantidades de productos exportados (recordando que en México las actividades relacionadas el comercio exterior son vitales para la economía).

Incluso cuando las Mipyme son alrededor de 95 por ciento de empresas del país, sólo contribuyen por debajo de 30 por ciento de las exportaciones; de esto puede concluirse que el mercado mexicano es en extremo estrecho, que depende de las exportaciones y que a las pequeñas, medianas y microempresas les resulta mucho más complicado exportar cuando tienen que pagar constantemente créditos, comprar insumos a sobreprecio y mantenerse rentables.

Como datos generales para apoyar los datos de las asimetrías entre las cantidades y la competencia real de las Mipyme, se enuncian los siguientes:

Según datos del Inegi, hasta 2021 había en México 280 mil 489 empresas con más de seis empleados (es decir, el límite inferior para considerarse microempresa). De éstas, 6.9 por ciento correspondí a medianas, 35.3 a pequeñas y 52.8 a microempresas.

Ahora bien, los nacimientos y quiebra de las Mipyme son evidentemente más numerosos si se comparan a las empresas grandes. Los años de vida de las pequeñas y medianas empresas suelen ser mucho menores que los de agentes económicos consolidados con poder de mercado. Es decir, las empresas de medianas hacia abajo quiebran con mayor rapidez y hay para la población mexicana una necesidad continua de emprendimiento, obligando a la población a autoemplearse o dedicarse a la informalidad. Puede observarse, igualmente por información proporcionada por el Inegi, que hasta 2021 sólo las empresas medianas y grandes solían sobrevivir más de 21 años. De hecho, existe una relación observable y directamente proporcional entre el tamaño de una empresa y sus años de vida: la supervivencia de una empresa está relacionada directamente a su tamaño.

El que las grandes empresas sobrevivan más años, posean una cantidad mayor de poder mercantil y exporten en proporciones mucho más grandes incluso cuando son sólo el 5% del total representa una relación notoria entre su dinamismo y su control mercantil: las empresas con mayores niveles de productividad crecen más rápido, pues logran convertir actividades de baja productividad (actividades primarias y manufactureras) en otras de alta productividad (servicios y exportaciones). Esto significa que la complejidad de una empresa de gran tamaño tendrá siempre ventaja si logra acaparar en mayor volumen o a mayores escalas los insumos de baja productividad (según su capital o su tecnología) y dejará propensas al quiebre a todas las empresas de menores dimensiones que participen de su misma industria. Es decir, una empresas refresquera con mayor acceso al agua, con distribuidores que pueden pactar precios más bajos al comprar volúmenes más grandes (e inimaginables para las Mipyme) podrá siempre dominar su mercado, aun cuando se emule en la realidad que existan otras refresqueras que le compitan. La complejidad entreverada de la tecnología, capital, y acceso a la canasta de insumos básicos determina de antemano qué empresas van a sobrevivir, cuáles se perpetúan y cuáles no podrán mantenerse ni siquiera por un lapso de diez años.

A grandes rasgos, puede concluirse que si una empresa puede acceder a insumos vitales para su actividad económica a precios regulados (a los que compra una productor mucho más grande) tendrá mayores posibilidades de competir y de ser rentable. Dentro de los planes de apoyo e impulso a las Mipyme se han considerado en gran medida los créditos, pero estos con el tiempo se vuelven pasivos impagables para un productor pequeño o mediano, que tiene de todas formas que obtener sus insumos a costos más altos que una transnacional y, paralelamente, pagar el crédito que le han otorgado. En este aspecto, las microempresas en ocasiones no pueden ni siquiera ser objeto de financiamiento. Por ello, una forma directa de fomento al crecimiento, que no genera intereses y que puede allanar el camino para todos los productores, es la regulación de precios de adquisición de insumos vitales para las diferentes industrias, obteniendo la totalidad de empresas sus materias primas sin aventajar a nadie, y sin afectar la estabilidad de las grandes empresas ya consolidadas.

Por lo expuesto se considera la modificación del artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar de la siguiente manera:

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 59. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras Leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos:

I. a III. ...

IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus competidores a fuentes de insumos , fomentando el acceso a los mismos por medio de una estandarización de precios de adquisición, evitando prácticas oligopólicas que beneficien o perjudiquen a los agentes económicos sin importar su tamaño.

V. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Amador, J.; Sánchez, G.; y Valdés, V. (2012). “Las Mipyme en el contexto mundial: sus particularidades en México”, en Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, volumen III, número 14, páginas 126-156.

Inegi (2023) Estadísticas a propósito del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.

Secretaría de Economía (2024) Mipyme mexicanas: motor de nuestra economía.

Stezano, F. “Diagnóstico de micro, pequeñas y medianas empresas: políticas e instituciones de fomento en México”, en Mipyme en América Latina. Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Cepal-Naciones Unidas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE TURISMO

«Iniciativa que adiciona la fracción XIX al artículo 3o. recorriéndose los subsecuentes, la XVIII del artículo 7o.; reforma el primer párrafo del artículo 16, el artículo 18, el tercer párrafo del 19 y la fracción II del 58 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adicionan las fracciones XIX, con lo que se recorren los subsecuentes, al artículo 3o. y XVIII, con lo que se recorren las subsecuentes, al artículo 7; y se reforman el primer párrafo del artículo 16, el artículo 18, el tercer párrafo del artículo 19 y la fracción II del artículo 58 de la Ley General de Turismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El crecimiento económico del México actual está ligado de manera inherente al dinamismo entre los diferentes niveles de las actividades productivas. A mayor dinamismo entre ellas, más amplio el abanico de posibilidades que permiten la interacción entre el campo, la industria y los servicios, además de fomentar el bienestar por la generación de empleo a través del correcto manejo de las economías sectoriales.

Una de las características más importantes de la actual administración es la inclusión de todos los sectores del país, en búsqueda del desarrollo, el combate de la pobreza y la eliminación de las brechas económicas y sociales. En esta materia, la conjunción de las actividades económicas no debe solamente versar sobre los métodos productivos, sino también sobre el consumo y las limitantes a la competencia.

Por ello, para una mejora sustancial en los ingresos obtenidos por las diferentes industrias del país, se precisa una clara colaboración entre la renta potencialmente disponible entre los consumos locales y extranjeros.

Particularmente, la economía mexicana ha crecido con el paso de las décadas con una marcada tendencia hacia las actividades terciarias, conformadas por los accesos y disponibilidades de bienes y servicios. Dentro de este subconjunto sectorial, el turismo ha contribuido en gran medida al producto interno bruto, representando 8.6 por ciento del total nacional hasta 2023, obteniendo ingresos superiores a los 2 billones de pesos.

Crecimiento porcentual del PIB turístico nacional, año base 2013.

Si bien la participación del turismo en el PIB es considerable, dinámica y sostenida, incluso hoy hay áreas de oportunidad sobre las cuáles se necesitan legislaciones más particulares, con perspectiva social y con miras al desarrollo paralelo de la economía y el bienestar social.

Para ello se pretende incluir el concepto turismo solidario, término relacionado con una colaboración y participación entre los sectores extranjeros y privados, además de la promoción nacional de las zonas turísticas para el esparcimiento y disfrute de la totalidad de la población nacional. En este panorama, se sugieren prácticas con enfoque inclusivo a sectores vulnerables, ya sea por sus condiciones socioeconómicas o la inaccesibilidad derivada de impedimentos físicos o de salud. El turismo solidario abraza también la preservación cultural, abriendo espacios accesibles a las familias de escasos recursos y permitiendo generar ingresos a pequeños y medianos productores locales.

La industria turística ha modificado su operatividad, limitando las posibilidades de acceder a determinados destinos por la alta demanda y el encarecimiento de los costos. Esta limitación, además de impedir a los habitantes locales disfrutar de su propio espacio y territorio, les sesga de manera discriminatoria para el disfrute de cualquier actividad de esparcimiento ofertada en las zonas de alta demanda, convirtiendo playas, monumentos, y zonas naturales en meros instrumentos de recaudación monetaria.

Si bien los habitantes de las zonas turísticas mantienen su subsistencia la mayor parte de las ocasiones a actividades ligadas al turismo, se les impide cada vez más ser partícipes directos de los bienes y servicios, quedando únicamente como proveedores. La conceptualización del turismo solidario pretende, además de acercar a los locales, convertir al turismo en una actividad sustentable dentro de las propias zonas, priorizando la promoción cultural y el comercio local.

El desarrollo turístico solidario debe decantarse hacia la población local, vertiendo los procesos de desarrollo en esencia sobre las comunidades mismas (que en la mayoría de las ocasiones presentan una explotación exagerada de los recursos naturales así como su privatización). En primer lugar, un turismo justo e inclusivo debe conservar las tradiciones, costumbres, hábitos y culturas de las zonas, a la vez que maximice ingresos, genere empleos y permita también a los locales disfrutar de las áreas de las que son nativos.

Una administración turística solidaria no sólo desarrolla la economía y permite la sostenibilidad, sino que además crea localidades sólidas, fortaleciendo los lazos sociales e identitarios de las comunidades por medio de dinámicas comerciales autónomas, con idiosincrasia propia y en beneficio de toda la población. El turismo solidario alude en todo momento a la comunidad y pretende incluirla, amalgamarla y difuminar la brecha de acceso entre viajeros y locales.

Paralelamente, el turismo solidario dicta características del todo inclusivas. Dicho de esta manera, se requiere mandatar desde las leyes la obligatoriedad a las empresas, distribuidores y locales capacitaciones constantes del personal que se desempeñe en actividades turísticas, para lograr una comunicación efectiva entre prestadores de servicio y consumidores sin importar su condición económica, estado de salud, edad o género.

La promoción de nuevas actividades, más asequibles y numerosas, no sólo funge como un apartado de oferta para consumidores con diferentes rentas, sino también una ampliación a la cantidad de empleos y mayor competencia en la oferta de bienes y servicios.

El turismo solidario puede ofrecer una amplia gama de beneficios al implementarse, como son la reducción de impactos negativos en materia económica, ambiental y social; la generación de mejores ingresos para las comunidades locales, lo que se convierte directamente en rentas mayores de los hogares y el posterior consumo local; una mejor planificación turística, plural y con enfoque social e inclusivo; la preservación de la herencia cultura; el respeto entre locales y visitantes y la promoción cultural de México hacia el mundo.

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción XIX al artículo 3o. recorriéndose los subsecuentes, se adiciona la fracción XVIII del artículo 7 recorriéndose los subsecuentes, se reforma el primer párrafo del artículo 16, se reforma el artículo 18, se reforma el tercer párrafo del artículo 19 y se reforma la fracción II del artículo 58 de la Ley General de Turismo

Único. Se adicionan las fracciones XIX al artículo 3o., con lo que se recorren los subsecuentes, y XVIII del artículo 7, con lo que se recorren los subsecuentes; y se reforman el primer párrafo del artículo 16, el artículo 18, el tercer párrafo del artículo 19 y la fracción II del artículo 58 de la Ley General de Turismo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XVIII. ...

XIX. Turismo Solidario: Aquel que promueve la inclusión en el sector turístico a las familias, menores, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad (auditiva, visual, motriz o cualquier síndrome) y colectivos; independientemente de su etnia, origen y género; contribuyendo con las actividades económicas propias del lugar y/o atracción turística, procurando la conservación y preservación de las tradiciones, costumbres, así como del patrimonio cultural. Lo anterior, en armonía y defensa de los principios de justicia social del turista de forma integral, sin distinción de condiciones económicas, físicas y sociales por parte del sector público o privado que preste el servicio turístico.

XX. Turismo sustentable: El cumple las siguientes directrices:

a) a c) ...

XXI. y XXII. ...

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente ley corresponde a la secretaría

I. a XVII. ...

XVIII Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Secretaría de Bienestar y la Procuraduría del Consumidor en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la instrumentación de programas y medidas que contribuyan a un turismo solidario atendiendo los principios de justicia social.

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos

Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad e inclusión social para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

...

...

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos solidarios con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 19....

...

La secretaría, los estados, municipios y la Ciudad de México, supervisarán que lo dispuesto en este capítulo se cumpla atendiendo los principios de justicia e inclusión social de los turistas.

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. a VII. ...

VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados para atender y asistir a personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad (auditiva, visual, motriz o cualquier síndrome) y colectivos; independientemente de su etnia, origen y género; en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la secretaría;

IX. a XVII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Guzmán, L. (2007) “Turismo solidario: una perspectiva desde la Unión Europea”, en revista Gestión Turística, número 8, páginas 85-104.

Sectur (2024). PIB turístico creció 8.4 por ciento en el primer trimestre de 2023. Consultado el 20 de octubre de 2024,

https://www.gob.mx/sectur/prensa/pib-turistico-crecio-8-4-en-el- 1er-trimestre-de-2023

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 84 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 84 de la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme a las nuevas necesidades de subsanar las carencias de los sistemas políticos de antaño, la nueva administración ha tenido el apremiante deber de establecer medidas que velen por el bienestar universal del pueblo mexicano. Con esta premisa, los derechos universales expuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos necesitan una reconsideración en lo referente a su aplicación: si bien los derechos a la seguridad, la vivienda, la educación o al salud se encuentran evidentemente expresados en la teoría jurídica, la universalidad en el acceso dista todavía de volverse una realidad tangible.

La necesidad de extender los derechos y garantías de nuestra Constitución obliga al trabajo legislativo a reconfigurar el sistema legal desde sus bases, en apego a los beneficios ya normados, pero bajo condiciones de nueva aplicabilidad. Por ejemplo, en el artículo 4o. constitucional se apunta directamente:

[...] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Sin embargo, los accesos a la seguridad social y al consiguiente ejercicio del previo derecho a la salud se encuentran en gran medida sesgados por diversos factores de índole político, jurídico, económico y social.

Adentrándose en la materia, el Coneval considera a la seguridad social como un grupo de mecanismos y herramientas diseñados con la finalidad de poder garantizar los medios de subsistencia suficientes para los individuos y sus familias, con la posibilidad prevenir o afrontar diversas eventualidades (enfermedades, accidentes o infortunios de carácter económico). Con esto en mente, las instituciones mexicanas pretenden hacer frente a una semántica múltiple de contingencias que, al acaecer, conlleven en su desarrollo una potencial disminución en el nivel de vida de los mexicanos. De hecho, el artículo 123 constitucional garantiza el acceso a la seguridad social, según lo establecido en la fracción XI:

Artículo 123. ...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

d.- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

La fracción antedicha presenta bases mínimas para el acceso a la seguridad social que, por su carácter normativamente universal, deberían cubrir a la totalidad de la población mexicana. Sin embargo, en la práctica real el sistema sanitario y legal se enfrenta a condiciones de adscripción con complejas disparidades. Por ejemplo, los accesos a la seguridad social depende prácticamente en su totalidad de la afiliación a servicios médicos dentro de las diversas instituciones de salud del país, y devienen en la gran mayoría de prestaciones laborales para los trabajadores y en extensión, para un grupo determinado de familiares.

Sin embargo, esa subordinación obliga en un gran número de situaciones a depender exclusivamente de un trabajador en activo, del que puede depender (y usualmente así sucede) la adscripción de una familia completa a los servicios de salud prestados en el país. En ausencia de este familiar contratado formalmente ante empresas reguladas, que ancla al sector salud el peso de toda su familia, se corre el riesgo de perder el acceso a un derecho fundamental.

Ahora bien, es cierto que existen medidas alternativas para brindar servicios de seguridad social, como instituciones que en apego al margen del bienestar otorgan servicios gratuitos a personas en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, muchos de estos prospectos brindan un acceso limitado a los servicios que en realidad se requieren, como atención médica de especialidad o acceso a determinados medicamentos.

Las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado velan en su estructura por familiares en primer grado y en prácticamente la totalidad de su composición, existe una jerarquía evidente entre los diferentes familiares que tendrá acceso a recibir atenciones médicas o a disfrutar de las pensiones relacionadas al trabajador. Las atenciones se prestan, derivado de lo señalado en dichas leyes, con prioridad para esposo(a)s, concubino(a)s e hijos, relegando al último término a los padres que, además, precisan ser dependientes económicos de los empleados.

Puede sumarse a lo anterior que, los padres dependientes económicos de trabajadores fallecidos ocupan un nivel de vulnerabilidad especial. Por consecuencias naturales, serán en la mayoría personas de la tercera edad, muy probablemente con alguna clase de enfermedad acorde a sus condiciones físicas. Aunque puedan ser candidatos a servicios gratuitos de salud, muchos de ellos requerirán de atención especializada, a la cual no puede accederse desde ciertos programas de servicios gratuitos.

Según datos del Coneval, se determinó que para 2020, 28.8 por ciento de los adultos mayores no poseía acceso a seguridad social, condicionando el bienestar de un sector poblacional que por sí mismo se considera ya un grupo vulnerable. Dentro de los factores a considerar para determinar a este grupo como un sector en vulnerabilidad, se encuentran diversas condiciones biológicas y sociales, tales como la dificultad de obtener recursos por cuenta propia, las condiciones económicas de sus respectivos estratos sociales, los entornos familiares y comunitarios y, como principal causa, las alteraciones naturales de su estado de salud. Pareciera entonces contradictorio que un grupo que por el mismo paso del tiempo requerirá de mayor atención médica, sea el último en ser considerado por las actuales leyes del IMSS e ISSSTE.

Se pretende, por tanto, con la presente propuesta de reforma de ley, que al perder al familiar del que son económicamente dependientes (hijos), los adultos mayores no permanezcan en condiciones de mayor abandono. La atención médica en el IMSS e ISSSTE debe ser brindada sin interrupciones, pues las necesidades físicas no pueden ni deben esperar a que por trámites burocráticos se pause o cese el derecho a la salud. Dado el fallecimiento del prestador de servicios o trabajador, por ningún motivo la ley mexicana debe permitir que sus ascendientes dependientes económicos permanezcan desamparados.

Las pensiones de viudez y orfandad, conjuntamente al goce de las prestaciones de servicios de salud, no pueden mantener supeditados a los padres de los trabajadores o pensionados fallecidos. En determinados casos, se precisa inequívocamente que los dependientes económicos en línea familiar ascendiente conserven el acceso a la totalidad de derechos que ejercían previamente al deceso, de forma ininterrumpida y de manera vitalicia.

Por lo expuesto se proponen las siguientes reformas de las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social:

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y se reforma la fracción IX del artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

Primero. Se reforma la fracción V del artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes de la trabajadora o del trabajador o de la pensionada o del pensionado que enseguida se enumeran:

I. a IV. ...

V. Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado; en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado el servicio continuará vigente sin plazo de vencimiento.

...

a) y b) ...

Segundo. Se reforma la fracción IX del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. a VIII. ...

IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII; en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado el servicio continuará vigente sin plazo de vencimiento.

...

a) y b)...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Coneval (2021) Nota técnica sobre la carencia por acceso a la seguridad social, 2018-2020.

Guerrero, N.; y Yépez, M. (2014) “Factores asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor con alteraciones de salud”, en revista Universidad y Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES

«Iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 2o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La acepción de la cultura como un término determinante de las sociedades incluye rasgos materiales e intangibles, sujetos a la herencia y transmisión de valores, actitudes, creencias e idiosincrasias de diversos lugares alrededor del mundo. Debido a ello, la cultura se ejemplifica, desarrolla y transfiere como un sistema complejo de rasgos definitorios de las sociedades, según sus espacios geográficos y temporales. En materia legislativa, se establece dentro del artículo 4o. constitucional que todos los mexicanos tienen derecho al acceso a la cultura, además del aprovechamiento que derive de cada una de sus expresiones y manifestaciones:

Artículo 4o.

[...] Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Ahora bien, es necesario manifestar, en las mayores posibilidades de su contenido y extensión, a las expresiones de la cultura como un coadyuvante para el fomento de su preservación y ulterior valorización. Es ampliamente conocido que la cultura mexicana es enormemente rica, siendo una de las más amplias del mundo: el desarrollo de la sociedad mexicana en su conjunto deviene precisamente de su herencia cultural y su historia. Debido a ello, se pretende fomentar la creación y difusión de la cultura para un mejor y más profundo acceso a los derechos culturales de todos los mexicanos.

Los ejemplos de las expresiones y manifestaciones culturales son vastísimos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expone en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que en nuestro país existe una gran diversidad lingüística, con una tradición oral de más de once familias lingüísticas, 68 pueblos originarios y más de 360 lenguas.

Sin embargo, y sin menoscabar la increíble importancia en las sociedades actuales, que han sido moldeadas por un entorno dinámico, participativo y evolutivo, es necesario acotar que la inclusión de todos los pueblos originarios y su impacto resulta imposible en la extensión escrita de un sólo documento. Por ello es necesario abstraer de la cuna ideológica colectiva ciertos tópicos redefinidos más generales, que puedan aplicarse de manera directa a todo el país.

En el México actual, la cultura resulta una amalgama de nuestra historia: los conflictos armados, las luchas políticas, los cambios ideológicos y la herencia prehispánica se entrelazan con las modernas condiciones productivas del mercado, el consumo, las necesidades sociales y la explosión demográfica.

Resulta natural que, en un mundo en procesos de constante globalización, ciertas características demarcadas de un entorno comiencen a difuminarse, hasta construir una suerte de modernidad con pinceladas preservadas de hace siglos.

Este parámetro precisamente se convierte en una necesidad: la preservación de la cultura es un deber constitucional, pues los derechos culturales y nuestra propia identidad son producto directo de estas luchas por la conservación.

Ejemplos flagrantes de lo anteriormente citado son abundantes. Por mencionar algunos, en el Estado de Jalisco se vierten diversas manifestaciones culturales que, más que ser particulares de la zona o excluyentes de otros Estados, se entrelazan en sistemas de red complejos: la migración, la producción de mercancías con denominación de origen o las hermosas zonas turísticas deben ser considerados como material cultural de enorme relevancia. Partiendo de la previa mención de dicha entidad federativa, se pretende solamente ejemplificar un poco las enormes posibilidades de desarrollo social, en materias tan diversas como la infraestructura regional, el desarrollo económico por vía del turismo, el comercio exterior o la participación de comunidades locales en el mercado local e internacional, todo derivado de la atención precisa a la implementación de mecanismos de para apoyo a la cultura. En un campo semántico tan amplio, puede volverse de gran ayuda la identificación de áreas de oportunidad para el crecimiento nacional.

Jalisco es, en particular, uno de los estados con mayor impacto turístico del país, contando con zonas que son destino para millones de visitantes por año. En 2023, por ejemplo, se registró una derrama económica de alrededor de 78 mil 72 millones de pesos, producto de 34.3 millones de turistas que concurren a las playas de Puerto Vallarta, Mismaloya, el lago de Chapala, Guadalajara o Tequila. De manera conjunta, gran cantidad del turismo y del comercio se enfoca también en las actividades primarias, de cuyo esfuerzo deviene la obtención de tres productos con denominación de origen: el tequila, la yahualica y la raicilla. La relación de las actividades de desarrollo en Jalisco es, por tanto, interdependiente: sin atención a las actividades primarias no podría obtenerse mercancías atractivas para el fomento de las actividades terciarias; el turismo y el comercio tanto local como de exportación tienen enormes raíces culturales, apegadas a la tradición y al trabajo humano heredado desde hace siglos.

En cuestiones de producto interno bruto, Jalisco es de las principales entidades contribuyentes: para 2023, el PIBE colocó al estado como la cuarta entidad federativa con mayor contribución, con 7.5 por ciento del PIB nacional. Análogamente, la importancia de las actividades primarias lo posicionan como el número uno en desarrollo y crecimiento de actividades económicas primarias; 12.8 por ciento del ingreso total por actividades primarias a nivel nacional pertenece a Jalisco, representando un total de 107 mil 493 millones de pesos. En total, el estado presentó un crecimiento económico de 5 por ciento en comparación con el año anterior.

Establecer que el crecimiento económico de una localidad, estado o de la nación se debe en gran medida al desarrollo cultural y a la interdependencia que existe en sus expresiones/manifestaciones y el mercado actual resulta una perspectiva interesante, que debe ser atendida desde la economía sectorial y las ideologías particulares de nuestras localidades. La correlación entre la cultura y el desarrollo del país es indiscutible: lo importante en materia legislativa es implementar el acceso pleno a los derechos culturales para los ciudadanos, que a su vez interactúan de manera directa en actividades productivas y de servicio, creando una red sinérgica de apoyo, crecimiento y preservación cultural en cada uno de sus nodos.

Los impactos culturales recaen en ramas diversas, que se proyectan de un modo estadístico en más de un tipo de actividad productiva. Las actividades primarias, relacionadas al contacto directo del mexicano con su entorno, son principalmente actividades y explotación de sus recursos, que fluyen en su cauce hacia la producción y al servicio, también imbuidas por los hábitos y costumbres de las localidades. La contribución económica de todas las actividades que pudieran denominarse culturales (comercio, turismo, gastronomía, etcétera) ascendió a alrededor de 815 mil 902 millones de pesos, 12.6 por ciento más de 2022 a 2023.

La revista Forbes resalta, con base en datos del Inegi, que existe una potencialidad de crecimiento considerable en actividades como el diseño de servicios creativos, desarrollo del patrimonio natural, impresiones de prensa, artes escénicas y espectáculos, formación de la difusión cultural, música, conciertos y artes plásticas. Además, la preservación de la cultura representa una fuente directa de empleo, que incrementó en 2023 en casi un millón y medio de puestos de trabajo, alrededor de 3.6 por ciento del total a escala nacional.

Podemos advertir, por tanto, que la cultura no solamente contribuye al desarrollo de los individuos y a la formación de las identidades colectivas, sino que también puede y debe ser considerada como un área que demande recursos, precisando apoyo y financiamiento constante, además de la formulación de legislaciones que aporten a la generación de mayores ingresos, la creación de empleo y el desarrollo económico de México.

La diversidad de la cultura abarca tantas aristas, que el Sistema de Cuentas Nacionales le ha integrado como una cuenta satélite, para poder presentar información que en la tradicionalidad de las cuentas nacionales pudiera parecer difusa. Este paso de diferenciación se explica precisamente por la necesidad de especificar en qué áreas se desarrollan y en cuáles aportan las expresiones y manifestaciones culturales.

Es importante redefinir la cultura en el contexto mundial del que México forma parte; la vida de todo individuo mexicano se encuentra relacionada directa o indirectamente con actividades y procesos de creación, producción, transmisión, consumo, formación y preservación de ideas y aspectos de la vida cotidiana, que se terminan materializando en bienes y servicios, con un alto contenido simbólico.

Si bien la cultura posee rasgos inmateriales, las expresiones del México moderno en conjunto con los sistemas empresariales, las cuestiones demográficas y la formación de la identidad, el trabajo desarrollado y el paso del tiempo han marcado una necesidad cada vez mayor de acceder a la cultura, garantizarla y expandirla.

Una definición más particular dentro de la legislación para el acceso, creación y difusión cultural permitirá en el futuro tener mayor control económico de las actividades productivas relacionadas, además de conservar orgullosamente el patrimonio histórico de nuestro país y perpetuar su herencia.

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Único. Se adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2 . La ley tiene por objeto

I. a VIII. ...

IX. Garantizar la coordinación con la Secretaría de Economía para las actividades culturales cuyo financiamiento, planificación y ejecución presenten áreas de oportunidad de desarrollo económico, fomentando de esta manera la transversalidad cultural con el desarrollo de localidades, entidades federativas y de la federación, así como la conservación de la cultura nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Arriaga, R.; y González, C. (2016) “Efectos económicos del sector cultural en México”, en revista Análisis Económico, Universidad Autónoma Metropolitana.

CNDH (2022). Informe de Actividades de 2022. Pueblos y Comunidades Indígenas.

Forbes (2023), “Economía relacionada con el sector cultural crece 12.6 por ciento anual en México”.

IIEG (2024). Cifras definitivas del PIB Estatal.

Inegi (2028). Sistema de Cuentas Nacionales. Guía rápida.

Inegi (2023). Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2022.

Romo, P. (2023) El Economista, “Turismo en Jalisco dejó 78 000 millones de pesos en 2023”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES

«Iniciativa que adiciona las fracciones IX y X al artículo 2o., un segundo párrafo al artículo 4o. y las fracciones XII y XIII al 12, de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, suscrita por el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX y X al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 4 y las fracciones XI y XII al artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La diáspora mexicana hacia nuestro vecino norte ha revolucionado las condiciones generales para ambos países, de tal modo que no existe prácticamente ninguna característica entre ellos que permanezca sin influencia mutua. Los parámetros e indicadores económicos y el desarrollo mercantil y social del actual mundo globalizado han generado, a través de décadas, una amalgama mexicanoestadounidense en cuyo seno se desarrollan millones de familias. El número de mexicanos que nuestro país expulsa, sea cual sea el motivo de su movilización, ha incrementado año por año a tal grado que existen localidades en Estados Unidos prácticamente desarrolladas con base en la cultura hispana.

Según datos del Inegi recabados hasta 2023, el total de connacionales radicados en Estados Unidos alcanza 11.7 millones, extrapolables hasta más de 40 millones con los datos estimativos de mexicanos de primera, segunda y tercera generación. En concordancia al artículo 30 constitucional, todos estos individuos poseen, sin importar su lugar de nacimiento o residencia, la nacionalidad mexicana por extensión, al ser hijos nacidos de padres mexicanos.

Al añadir estas características al alto número de devoluciones o retornos (que asciende a más de 154 mil casos tan sólo hasta septiembre de 2024), nos enfrentamos a una mezcla cultural que debe ser reconocida en nuestras nuevas legislaciones.

Las manifestaciones culturales, reconocidas como el acervo total de comportamientos, creencias, valores y costumbres de un grupo, son tan diversas y versátiles que pueden hoy en día encontrarse mimetizadas entre México y Estados Unidos de un modo que no se ha visto hasta nuestros días. Este reconocimiento histórico de la importancia de mexicanos en el norte o estadounidenses en el sur de la frontera crea espacios de readaptación complicados de atender, cuando las brechas lingüísticas, económicas y académicas separan este contingente en dos subconjuntos que si bien se acotan entre sí, conforman una nueva sección idiosincrática en el margen de la cultura binacional.

La realidad es que, según las posibilidades y necesidades de los diferentes tipos de poblaciones que conforman la estructura cultural binacional (mexicanos nacidos en territorio nacional, migrantes y mexicanos de segunda y tercera generación), resulta hasta cierto grado evidente que las movilizaciones migratorias persistirán ya no solamente por las falencias de las administración mexicana previa, sino que existen ya múltiples familias a ambas lados de la frontera, con diferentes estándares de vida y distintas necesidad de readaptación, atención y extensión de los derechos que por norma les competen según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la población total de Estados Unidos, 18.3 por ciento corresponde a hispanos. La mayor proporción se conforma por mexicanos, representando 11.4 por ciento de los residentes. Una cantidad tan alta de seres humanos, con diferentes necesidades, debe forzosamente ser reconocida.

La actual administración, a sabiendas de estas necesidades, ha comenzado ya a generar las posibilidades de promover y preservar la cultura binacional construida por la flagrante interacción entre ambos gobiernos y sociedades. En apego a lo que se enuncia en diversas disposiciones legales, por ejemplo, en la fracción IV, inciso A, del artículo segundo constitucional; el párrafo primero del inciso D del mismo; párrafo primero, fracciones II, V y VII del tercero; además del párrafo primero del cuarto, se han gestionado espacios para el diálogo y la reflexión sobre la importancia de la cultura binacional dentro del país.

Entre los temas señalados en marzo pasado, considerados por el director del espacio cultural de la Cámara de Diputados (Ismael Carvallo Robledo) como “una dinámica de migración [...] con preponderancia política para ambas naciones”, se tocaron temas como la libertad, el arte, la integración, el sentido de pertenencia y readaptación.

Además, se evidenció la necesidad del reconocimiento cultural binacional dadas las necesidades económicas, políticas y sociales de los migrantes y sus hijos, conjuntamente al alto impacto psicológico acaecido por la integración de las poblaciones mexicana y estadounidense.

Entre las disertaciones suscitadas en dicho primer encuentro binacional sobre cultura y migración, se precisó que uno de los principales objetivos y metas de la inclusión binacional en términos culturales dentro de la legislación obedece a la necesidad de visualizar al sector migrante como un colectivo con altos grados de marginación y en condiciones de vulnerabilidad, con la constante necesidad de ser considerado como una entidad dinámica con voz y voto dentro de nuestras políticas.

Acertadamente, también se consideró como una posible consecuencia positiva al reconocimiento de la cultura binacional la eliminación de barreras discriminatorias, como el odio racial, las brechas económicas y las limitaciones del idioma. El consenso es a grandes rasgos incluir de manera visible, explícita y flagrante que el reconocimiento a la cultura binacional obliga a las autoridades a promover y preservar nuestras raíces, hábitos y todo tipo de manifestaciones.

Sin embargo, además de promover el diálogo, hoy en día son necesarias acciones más contundentes y directas para la promoción y preservación previamente mencionadas. El trabajo de las instituciones mexicanas en el exterior debe enlazar toda suerte de mecanismos de difusión, creación y preservación cultural, desde lo artístico, mercantil e ideológico.

La política nacional necesita comenzar a incluir en la agenda del país acciones desde los consulados y embajadas para que todas las expresiones culturales del México actual se integren y coexistan con la realidad de la nueva globalización.

De ese modo, el fomento de posibles campañas difusoras de nuestra cultura, así como el fácil acceso a eventos comerciales de productos nacionales coadyuvarán al tan necesario reconocimiento nacional en territorio extranjero, principalmente en Estados Unidos.

Los artículos 2, 4 y 12 de la actual Ley de Cultura y Derechos Culturales apremian ya tanto a ciudadanos como autoridades a exponer y preservar nuestra vasta y rica herencia cultural, pero lo dictan solamente en el marco de lo meramente nacional, sesgando por completo a los mexicanos radicados en el exterior. Los acuerdos celebrados entre la Secretaría de Cultura poseen un alcance netamente dentro de las organizaciones e instituciones nacionales, sin considerar que una parte importante de la administración pública federal se desarrolla por medio de las labores de embajadas y consulados, para la atención de todos los connacionales en el extranjero.

Como en los primeros párrafos del presente documento se enuncia, la importancia de la población migrante es evidente dado el número de mexicanos que no viven dentro del territorio nacional.

Por ello se necesita extender el velo de protección para el ejercicio de los derechos culturales de todos y cada uno de los mexicanos, sin importar en dónde se encuentren ni dónde han decidido radicar o desarrollar sus vidas.

El reconocimiento de la cultura binacional por medio de la promoción y colaboración por parte de las embajadas y consulados permitirá a la administración federal crear un acervo de cultura transnacional y transfronterizo, engrosando el valor de nuestra herencia histórica y fortaleciendo la identidad nacional, además de atender a los connacionales en condiciones de vulnerabilidad identitaria por medio de un balance entre el sur y el norte de la frontera.

Los actores locales, y las oficinas de representación y organismos en territorio extranjero podrán trabajar en conjunto para impulsar dentro de lo posible el ejercicio de los derechos culturales, logrando que los objetivos establecidos en la ley posean el alcance que requieren para cumplir con lo mandatado.

Por otra parte, la integración entre mexicanos radicados en el exterior y las instituciones a su servicio podrá crear nuevos nexos de comunicación, ampliando el canal por el que transcurren las vidas de nuestros compatriotas, posibilitando convenios para posteriores sinergias más allá de lo cultural, accediendo como es natural hacia lo económico y lo político.

No hay por tanto una forma unilateral de acceder a los derechos culturales de nuestra población, ni un sólo mecanismo para expresarlos o ejercerlos. Hoy más que nunca, en un marco de evidente simbiosis entre naciones, es menester que la población local, los mexicanos radicados en el extranjero y todas nuestras autoridades en materia cultural y migratoria, actúen en conjunto para un pleno goce del derecho a la cultura, sin acotaciones de residencia, estatus migratorio o estándar de vida.

Con base en lo expuesto se proponen las siguientes modificaciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales:

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 2o., se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. y se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Único. Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 2, un segundo párrafo al artículo 4 y las fracciones XII y XIII al artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o. La ley tiene por objeto

I. a VIII. ...

IX. Establecer los mecanismos de reconocimiento de la cultura binacional de las personas mexicanas radicadas en el exterior.

X. Promover la cultura mexicana en el extranjero.

Artículo 4o. Para el cumplimiento de esta Ley la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y con los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

En el caso de la cultura binacional, la política nacional en materia de cultura celebrará acuerdos de coordinación con embajadas y consulados a fin de promover la prevalencia cultural.

Artículo 12. Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los siguientes aspectos:

I. a XI. ...

XII. La inclusión de mexicanos radicados en el extranjero.

XIII. La celebración de acuerdos de coordinación con embajadas y consulados

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Ayvar, F.; y Armas, E. (2014) “El flujo migratorio en México: un análisis a partir de los indicadores socioeconómicos”, en revista CIMEXUS, volumen IX, número 2, páginas 71-90.

CENAMMMI (2024). Boletines Estadísticos. V, Devolución de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos (antes repatriación de mexicanos), 2024.

Cámara de Diputados (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto vigente al 31 de octubre de 2024. Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados (2017). Ley de Cultura y Derechos Culturales. Texto vigente al 31 de octubre de 2014.

Inegi (2023). Información estadística de la población mexicana en el exterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVO

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Mayra Espino Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La llegada de la pólvora al continente americano trajo consigo algunas ventajas para el desarrollo de ciertos sectores, sin embargo, este importante avance presupone una serie de riesgos y peligros inminentes para los usuarios y la población en general que desconocían este producto químico, mismo que tuvo una presencia importante durante la época de la Colonia española en México, toda vez que fue parte importante para la industria militar con el fin de poseer el poder del fuego y mantener su presencia ante la población subyugada, así como para sectores como la minería, las comunicaciones, entre otros.

Con el paso del tiempo, el uso de la pólvora se fue diversificando hasta llegar a emplearla con fines lúdicos, en festividades religiosas, culturales, deportivas, etcétera, mediante los llamados fuegos artificiales, que ocuparían un lugar importante durante las actividades que fueron introduciéndose en las festividades y tradiciones del pueblo de México, no obstante que las culturas prehispánicas poseían su propia manera de manejar el fuego cuando celebraban sus ritos ceremoniales.

Con el arribo de Hernán Cortés a México-Tenochtitlán, la búsqueda de materiales que pudieran convertirse en combustible para sus cañones y arcabuces se volvió primordial, al grado que enviaron rastreadores para que subiesen al volcán Popocatépetl a fin de extraer azufre con la finalidad de contar con el suministro necesario para sus armas.

El cronista Baltasar Dorantes de Carranza señala que algunos conquistadores, como Diego de Ordaz y Francisco Montaño, buscaron azufre en el volcán Popocatépetl, así como salitre en los alrededores del lago de Texcoco.

Iniciada la colonización de México, alrededor del año 1600, se instaló la primera fábrica de pólvora en Chapultepec, misma que fue utilizada para las actividades bélicas y mineras de la Nueva España. Los “cohetes”, como se conocen hoy en día, ocupaban un segundo lugar en su manufactura. De esta manera, el centro del país fue el lugar donde se consolidó la pirotecnia. Más de 100 años después, en 1782 se inauguró la Real Fábrica de Pólvora de Santa Fe, bajo la supervisión del ingeniero Miguel Constanzo, por instrucciones del Virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa.

Para el año de 1810 ya se habían presentado tres grandes incendios en la Real Fábrica de Pólvora. Una vez consumada la Independencia de México, ésta se convertiría en la Fábrica de Pólvora Nacional, donde a lo largo del siglo se introdujeron de forma más significativa los fuegos artificiales provenientes del viejo continente.

Para el año 1910 la citada factoría fue reinaugurada por el presidente Porfirio Díaz, como la “Fábrica de Pólvora sin humo”. Actualmente, el inmueble es considerado como Monumento Histórico. La pólvora sin humo (llamada también pólvora blanca o pólvora piroxilada) es el nombre que se le da a cierto número de propelentes, usados en armas de fuego y artíllería, que producen una cantidad insignificante de humo cuando se queman a diferencia de la pólvora tradicional (la pólvora negra), la cual fue sustituyéndose progresivamente entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La pirotecnia implica el manejo de sustancias químicas que tienen características explosivas, inflamables y tóxicas a muchos metros de distancia, sólo el olfato nos reporta la contaminación intensa y dañina que genera esa mixtura de nitratos, sulfatos y percloratos en fórmulas de sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio, aluminio y bario, de isótopos radiactivos que nos ofrece el color verde, neutralizantes, oxidantes y aglomerantes que se mezclan en la pirotecnia. Además del perclorato de sodio, que da propulsión al cohete, los metales pesados que aportan el color y los aerosoles que producen la detonación en el aire, esa mezcla libera, entre otros, monóxido de carbono (CO) y partículas suspendidas (PM 2.5), las cuales representan diversos riesgos pues la exposición a ellas genera graves males para el sistema respiratorio. Las partículas suspendidas, al ser inhaladas, entran directamente hasta el fondo pulmonar, como lo advierten diversas investigaciones especializadas en el ámbito de la salud. La exposición a dichas partículas, sumado al monóxido de carbono (CO), gas sin olor, color y sabor, puede generar un coctel con efectos súbitos de malestares severos e incluso la muerte, mientras que los metales impactan al sistema respiratorio y el torrente sanguíneo, lo cual demuestra que esta actividad debe catalogarse como de alto riesgo para toda la población.

En la elaboración de los artificios pirotécnicos se emplean diferentes tipos de pólvora. La producción se realiza principalmente de forma artesanal, con herramientas y equipos rudimentarios, heredando de padres a hijos las formulaciones para la elaboración de los diferentes productos; es menester señalar que no existen procesos industrializados en serie que permitan una mejor regulación de esta actividad. Tampoco existe ningún esquema de control de calidad ni de prevención de riesgos relacionados con la salud ocupacional de quienes participan en la elaboración de pirotecnia. Aunado a todo lo antes mencionado, el peligro se incrementa debido a que la producción y venta de pirotecnia se realiza en lugares no autorizados y carentes de las medidas de seguridad adecuadas.

En la actualidad, al tratarse de un tema de mucha raigambre, se puede afirmar que Latinoamérica es la segunda mayor productora de fuegos artificiales en el mundo, la mayoría para uso doméstico, con productos que van desde pequeños petardos hasta grandes fuegos artificiales como los llamados “castillos” y “toritos”.

La pirotecnia es una actividad productiva que tiene lugar en 28 estados de la república, siendo los principales fabricantes el estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Actualmente, la fabricación y utilización de la pólvora que se usa en el estado de México implica manufacturar más del 50 por ciento de la pirotecnia que se distribuye a lo largo y ancho del país. De los 125 municipios que conforman el estado de México en al menos 72 se practica esta actividad, destacando Almoloya de Juárez, Ozumba, Tecámac, Texcoco, Zumpango y, principalmente, Tultepec, según datos del Instituto Mexiquense de Pirotecnia, instancia encargada de la vigilancia y regulación de las medidas de seguridad en la fabricación, almacenamiento, transporte y exhibición de fuegos artificiales.

Según cifras del Fomento Artesanal y de Promoción a la Pirotecnia Municipal, en Tultepec se estima que cerca del 60 por ciento de la población está relacionada directa o indirectamente con la fabricación de este tipo de artefactos. Por ello, además de su tradición, la cual data de hace 200 años, la pirotecnia resulta ser la principal actividad económica.

A nivel federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, otorga los permisos generales para la venta, consumo o almacenamiento de “artificios pirotécnicos” y material explosivo usado en construcciones e industria minera, así como de las sustancias químicas empleadas para su fabricación.

La pirotecnia en México usada en fuegos artificiales para espectáculos, celebraciones, días festivos y otro tipo de eventos, también ha sido la causante de un sinnúmero de incidentes, tales como incendios, explosiones, daños a la propiedad entre otros.

Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), hasta el año 2021, la pirotecnia ocupaba el segundo lugar como causa de accidentes. De acuerdo con la base de datos sobre accidentes con sustancias peligrosas, elaborada con información del Centro Nacional de Comunicación y Operación (Cenacom) y de la Subdirección de Riesgos Químicos del Cenapred, para el período 2003 al 2021 se tienen registrados 649 accidentes. Los años donde se han presentado el mayor número de incidentes con pirotecnia son el 2019, 2021, 2020 y el 2017, con 84, 84, 64 y 60 accidentes, respectivamente.

El mes donde se presenta el mayor número de sucesos con pirotecnia para el periodo señalado es diciembre con 129 siniestros, lo que representa 2.7 veces más accidentes de los que suceden anualmente. Esto puede atribuirse al incremento en el consumo de artificios pirotécnicos y, por consiguiente, en su producción durante las festividades religiosas como el 12 de diciembre y las celebraciones navideñas y de fin de año. Cabe observar que en el resto del año el número de accidentes tiene un comportamiento muy estable, manteniéndose un promedio acumulado de 47 percances por mes.

El mayor número de accidentes con pirotecnia se concentra en los municipios de Tultepec, Almoloya de Juárez y Zumpango, en el estado de México, y Xiutetelco, en Puebla, con 83, 19, 14 y 11 respectivamente.

Como ejemplo tenemos que el 20 de diciembre de 2016, en épocas navideñas, en el mercado San Pablito, ubicado en una zona conocida como La Saucera, en el municipio de Tultepec, se registraron una serie de explosiones que consumieron 300 locales que vendían fuegos artificiales, ocasionando la muerte de 46 personas y dejando 80 damnificados.

Cabe resaltar que la detonación de pirotecnia en la Ciudad de México no es legal y amerita una multa, pues el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica de la entidad dice a la letra lo siguiente: “Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente representa una infracción contra la seguridad ciudadana”.

No obstante lo anterior, el nivel de vigilancia y cumplimiento de la disposición referida deja mucho que desear.

De conformidad con una evaluación realizada por el Cenapred, los sitios donde suceden los accidentes con pirotecnia demuestran que es durante la fabricación de los artificios pirotécnicos donde se presenta un considerable número de percances, encontrándose el mayor problema en los talleres clandestinos, los cuales representan el 40.8 por ciento del total. Estos son lugares de fabricación y almacenamiento que no cuentan con ningún permiso otorgado por la Sedena y operan de manera ilegal. Por su parte, en los talleres pirotécnicos que tienen registro ante la Sedena se presenta el 11.6 por ciento de los siniestros.

Desafortunadamente, uno de los sectores de la población más afectada por esta problemática es la niñez mexicana, ya que durante los festejos patrios, como el 15 de septiembre, las quemaduras derivadas del mal manejo de la pirotecnia aumentan hasta en un 40 por ciento, de acuerdo con la doctora Inés Álvarez de la Rosa, pediatra adscrita al Hospital General Regional número 220 del estado de México.

La especialista indicó que “son los menores de entre tres y cinco años el sector de la población más afectado, debido a que la mayoría de las quemaduras que se presentan en consulta se debe al contacto directo con estos materiales, explosiones con ondas expansivas que no sólo ocasionan lesiones en la piel, sino también en músculos y tendones de las extremidades, cara y área inguinal; los menores de entre tres y cinco años son los más afectados porque, al encontrarse en una etapa temprana de desarrollo, no cuentan con la habilidad para manipular los artefactos pirotécnicos y mucho menos si no están bajo la supervisión de un adulto. En este contexto, suelen presentar afectaciones en los ojos con secuelas permanentes, así como disminución en la audición, condiciones que intervienen en su desarrollo cognitivo y social.

De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), los accidentes con pirotecnia se dan principalmente entre niños de 7 a 17 años, le siguen los adultos de entre 18 a 35 años. La presidenta de la Fundación aseguró que las lesiones se presentan en las fechas de festejos patrios y decembrinas o patronales y van desde quemaduras leves hasta amputaciones. También aseguró que en diciembre se registra un incremento del 300 por ciento en casos de quemaduras por detonaciones de cohetes que son manipulados por menores de edad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2012), 124 mil personas sufrieron quemaduras no fatales al año y cientos de ellas sobreviven con secuelas que afectan su estética, funcionalidad y espacio social, teniendo que vivir con estigmas y rechazo social debido a este tipo de lesiones.

Por su parte, según las estadísticas del Sistema Nacional de Protección Civil, las lesiones más comunes por quemaduras se presentan en manos con un 30 por ciento, en los ojos ocurre un 28 por ciento y el 15 por ciento afecta cara y cabeza.

Entre los fuegos artificiales más peligrosos se encuentran los ratoncitos, ollitas, palomas, explosivos blancos, entre otros.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud local atiende al año entre 900 y mil pacientes en los hospitales especializados en la atención de quemaduras; según los médicos especialistas del área de Quemados del Hospital Materno Infantil de Xochimilco, las lesiones leves o graves se originan porque, regularmente, los niños guardan en la bolsa del pantalón los cohetes y estos llegan a detonar incluso por el calor corporal generado.

Por otro lado, un aspecto importante que debemos valorar se presenta con los animales de compañía, quienes padecen los daños y molestias causados por el ruido que provocan las explosiones de la pirotecnia. En este tenor, tenemos hasta un 80 por ciento de aumento en los reportes por desaparición, heridas y accidentes de perros como consecuencia del uso de estos artefactos explosivos, sobre todo, en las festividades decembrinas, principalmente, el 31 de diciembre, de ahí la necesidad urgente de regular el uso de la pirotecnia para uso recreativo y prohibir el uso de explosivos en la misma.

El presidente de la Asociación Civil de Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA) menciona que la explosión de fuegos pirotécnicos afecta los nervios de los perros y la sensibilidad de sus oídos lo cual les provoca nerviosismo, entran en estrés e inclusive les dan ataques de pánico que los pueden llevar hasta la muerte, en tal virtud, es preciso cobrar conciencia del maltrato para los menores de edad y para las mascotas que supone el uso lúdico de la pirotecnia explosiva, lo cual no debemos permitir que continúe así.

El titular de la asociación civil referida explicó que los reportes de perros perdidos aumentan 80 por ciento a partir del 12 de diciembre, fecha en que se llevan a cabo un sin número de peregrinaciones.

De igual modo, el uso de pirotecnia provoca efectos negativos en la salud de las mascotas; perros que están amarrados, encerrados o en azoteas pueden sufrir heridas por el estrés y la desesperación que el ruido de los cohetes les causa.

La regulación del uso de la pirotecnia para uso recreativo y la prohibición del uso de explosivos en la misma que plantea la presente iniciativa se llevará a cabo de a través de reformas y adiciones a la Ley General de Protección Civil y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las cuales se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo aquí expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 20 y un artículo 79 Bis a la Ley General de Protección Civil, para queda como sigue:

Artículo 20. ...

...

...

Mediante el Comité Interinstitucional para el caso de los fenómenos antropogénicos específicamente los relacionados con la producción, almacenaje, transporte y uso de pirotecnia, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Secretaría de la Defensa Nacional trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones a fin de crear y promover las acciones en materia de prevención y atención de los riesgos provocados por el uso de artificios pirotécnicos, lo anterior con un enfoque principalmente en la protección de la niñez y de los animales de compañía.

Artículo. 79 Bis. Las personas físicas o morales que cuenten con autorización para fabricar, almacenar y comercializar pirotecnia para uso recreativo deberán contar, como mínimo, con lo siguiente:

I. Proyecto del taller autorizado por un Responsable Oficial de Protección Civil, incluyendo la ubicación del mismo y los terrenos colindantes con la actividad primordial de uso en un radio de 500 metros.

II. Memoria descriptiva de las actividades, detallando los tipos de productos que se vayan a fabricar, los medios para elaborarlos y la capacidad de producción mensual.

III. Capacidad máxima de almacenamiento de las materias primas.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 40 Bis y un párrafo al inciso e) de la fracción IV del artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 40 Bis. La Secretaría de la Defensa Nacional solo otorgará permisos para las actividades relacionadas con la fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización de cualquier clase de pirotecnia para uso recreativo que no genere explosión o estruendo durante su uso.

Serán coadyuvantes en la vigilancia para el cumplimiento de la disposición señalada en el párrafo anterior las autoridades de las entidades federativas y de los municipios.

Artículo 41...

I. a III. ...

IV. Artificios.

a) a d) ...

e) Pirotécnicos.

Pirotecnia general para uso recreativo. Solo será permitida con uso de pólvora blanca o pólvora piroxilada y sin generar el estruendo o ruido de la explosión.

f) ...

V ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2025.– Diputada Mayra Espino Suárez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Prevención de Desastres, y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 64 de la Ley General de Educación, suscrita por la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La senadora María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56, 62, 63, 64, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I; 137, numeral 2; 163, numeral 1, fracción I; 164, 169, 172 y 306, numeral 3, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 64 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En nuestro país y sociedad, uno de los temas de mayor preocupación, interés, coincidencia y consenso general, es todo lo referente a nuestros menores de edad, es decir, nuestras hijas e hijos.

Favorablemente, seguimos siendo una sociedad en la cual, en mayor o menor, grado el núcleo es todavía la familia y en ella, los más pequeños son fundamentales al igual que también lo son nuestros adultos mayores.

Por eso, sigue intacto y con robusta vigencia lo adecuadamente establecido en nuestro artículo 4o. Constitucional, que nos mandata en condiciones de igualdad lo siguiente:

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

Lo anterior ha sido no solo fundamental, sino también preponderante para nuestra organización al igual que para regir y conducir nuestro actuar, crecimiento y desarrollo tanto social, como político, educativo y económico, entre muchos factores más.

Por eso, todas la políticas emprendidas por los gobiernos en curso van o deben ir, directa o indirectamente encaminadas al desarrollo social, es decir en todos los aspectos favorables de todos los integrantes de la familia, tanto como individuos como a la vez, integrantes de la sociedad.

No hacerlo así, la historia nos ha enseñado que sale sumamente caro.

Dado lo anterior, todos por igual y en responsabilidad compartida, debemos de estar expectantes de todos nuestros pendientes y rezagos que coloquen en una situación de vulnerabilidad a nuestras familias, sus hogares y sus finanzas; más aún si del beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes directamente se trata.

Todo esto porque somos un país según el último censo de población y vivienda realizado por el Inegi, con al menos 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales 42 millones, 561 mil 974, son menores de edad; es decir el 33.8 por ciento de toda nuestra población total son niñas, niños y adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes, menores de edad con necesidades diversas, en diferente magnitud y bajo circunstancias distintas, lo que hace que presenten o padezcan un distinto grado de marginación, pero siempre serán propensos a una gran vulnerabilidad propia de la edad.

Lo que nos obliga a estar no solo atentos y pendientes en materia de identificación de sus necesidades, sino también en aspectos de prevención de sus requerimientos y de atención de ambos.

Y en este orden de ideas; la atención, procuración, cuidado y prevención de aspectos relacionados con la salud al igual que los referentes a la educación, son imprescindibles, impostergables al igual que invaluables.

Por ello y como requisito indispensable lo referente a la salud y la educación deben de ir de la mano, estar perfectamente armonizado y en sincronía.

Como sociedad quizás debemos reconocer que tardamos en entender lo anterior y probablemente también nos dilatamos en asumirlo, pero de una u otra manera habrá que atenderlo, porque nunca hemos dejado de exigirlo.

Sin embargo y no por ello, estamos exentos de que el destino nos alcance y por ende, la realidad nos rebase sistemáticamente, estructuralmente o al menos, coyunturalmente.

Hoy por hoy, nos encontramos en esa situación.

Por eso, como tema particular, en este proyecto de iniciativa que someto a consideración de esta Comisión Permanente, se busca en primer lugar visualizar y posteriormente solventar.

Ya que en la sinergia que debe prevalecer en la garantía de nuestras niñas, niños y adolescentes en el acceso y disfrute pleno de su educación y del cuidado de su salud, hay una excepción que no se está atendiendo ni visibilizando, generando así una desventaja en estos temas principales.

Esto por lo siguiente.

De manera acertada en legislaturas anteriores de este Congreso de la Unión, se tuvo la sensibilidad y percepción suficiente para reaccionar ante los retos que se les presentaron en ese momento en materia de salvaguarda y protección del derecho a la educación.

Lo mismo sucedió en materia de salud, así como en la procuración de servicios médicos para nuestras niñas, niños y adolescentes, poniendo incluso especial énfasis en aquellos cuya situación de marginación los exponía a una mayor vulnerabilidad, es decir las hijas y los hijos de quienes menos tienen.

Para ejemplo de lo anterior, basta citar lo que, en el año 2012 se estaba aprobando con una reforma al artículo 36 de nuestra Ley General de Salud, para adicionar un último párrafo que establecía lo siguiente:

 “Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.”

Esta reforma fue aprobada en febrero del año 2012.

En ese entonces, todos coincidieron con lo que el dictamen establecía para justificar y fundamentar la propuesta que se sometía a consideración, por un lado de garantizar los servicios de salud sin el cobro de cuota de recuperación alguna a todos los menores de hasta 5 años pertenecientes a las familias de más bajos recursos y que no sean derechohabientes de ningún servicio de salud público, al señalar que:

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

El derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden, la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano.

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en el caso de nuestro país en el artículo 4o. de la Constitución.

El artículo 36 de la Ley General de Salud establece que las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas. Asimismo, establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.

Para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Los deciles de menor ingreso corresponden a los primeros en orden; por tanto, resulta evidente que en el texto vigente del párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud hay una inconsistencia, que lleva a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto parecería desprenderse que la Secretaría de Salud determina dichos deciles de ingreso, cuando conforme a lo señalado el Inegi realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación.

Es por ello que se considera necesaria dicha reforma, ya que ésta permitirá aclarar un error que se constituye en una constante y latente amenaza contra la gratuidad de los servicios de salud y cuya interpretación dolosa puede limitar el acceso a los servicios de salud para los niños cuyas familias no cuenten con ingresos suficientes para cubrir las cuotas de recuperación.

Como podemos ver son señalamientos y razonamientos acertados, que identificaron una necesidad no solo real sino también urgente, en materia de protección de la salud de los menores de edad de nuestro país de hasta 5 años de edad, pertenecientes a la población más vulnerable y además, sin acceso a ningún servicio de salud público.

Sin duda alguna, a lo largo de nuestra historia se ha tenido la visión, voluntad y certeza de atender y garantizar el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes en materia educativa y de salud.

Pero en todo este esfuerzo hemos olvidado poner atención y solución, cuando particulares condiciones de salud, afectan también la continuidad de estudios de nuestras niñas, niños y adolescentes que se enfrentan a esa situación.

Este pendiente que hemos dejado a la deriva y sin la atención institucional que se requiere entre autoridades educativas y en materia de salud, ha crecido a tal grado que hoy debemos reconocer, es un problema grave y serio que afecta profundamente a nuestras niñas, niños y adolescentes, así como por igual a la familia de ellos. Porque la dinámica social así como la diversidad de padecimientos que en la actualidad tenemos y que cada vez más se presentan en nuestras niñas, niños y adolescentes, nos obliga a aceptar que debemos atender sus requerimientos de educación y compatibilizarlos con sus necesidades clínicas para cerrar esa nueva ventana de vulnerabilidad, que puede afectarlos gravemente en su desarrollo educativo.

Actualmente, hemos visto que no solo la incidencia de males progresivos e incluso hasta incapacitantes se ha intensificado, sino también se han diversificado a la vez que se ha extendido la edad en la que se presentan y en consecuencia, la edad de ventana que se nos ofrece para su prevención, identificación, así como también de su tratamiento, se ha ampliado.

Por ejemplo, se ha identificado que los problemas de alimentación y desnutrición ya no solo son propios de menores de hasta 5 años, sino se han extendido a nuestros menores de hasta 15 años, la evidencia más visible de este problema y aseveración la encontramos en los niveles de sobrepeso y obesidad de este rubro de nuestra población.

Sobrepeso y obesidad, desnutrición y mala alimentación, cuya obligación de atender, identificar y cuidar, no llega hasta los 5 años de edad, porque desafortunadamente las hijas e hijos de nuestras familias con menos recursos, son quienes más presentan estos problemas y quienes más padecen sus desfavorables consecuencias en su desarrollo y crecimiento infantil y adolescente y posteriormente en su edad adulta.

Sobre esto basta solo un dato, en nuestro país de acuerdo a medios de información con fuente en datos señalados por el Unicef respecto a nuestro país, se ha identificado que tenemos cuando menos a 1.5 millones de niñas y niños menores de edad con niveles de desnutrición crónica.

Además se señala que del total de nuestras niñas, niños y adolescentes, el 54 por ciento permanecen aún en situación de pobreza.

De estos menores en condición vulnerable, al menos el 32.4 por ciento están entre los 0 y 5 años de edad — edad que la reforma en la materia del año 2012 cubre su acceso a servicios de salud, pero en materia de garantía a su derecho a la educación no tenemos nada.

Asimismo, se reporta y señala que del total de estos menores en situación de pobreza el 33.7 por ciento tienen entre 6 y 11 años y el 33.9 por ciento entre 12 y 17 años, que se encuentran en la misma desventaja tanto en materia de salud como educativa.

A la par, en lo referente a la obesidad y el sobrepeso; en esta materia tenemos que del total de nuestros menores de edad, los que se encuentran entre los 5 y 11 años, son los más afectados por estos padecimientos ya que al menos un 19.6 por ciento presenta sobrepeso y un 18.6 por ciento ya presentan obesidad en diverso grado.

Por ello y en consecuencia de no reaccionar ante este problema, tenemos que al menos el 26.8 por ciento de nuestros adolescentes presentan sobrepeso y un 17 por ciento presenta obesidad.

Lo anterior es un serio y grave problema de salud pública que no hemos atendido y que desafortunadamente los que menos tienen, los más marginados y los más rezagados son quienes padecen y sufren con mayor crudeza sus síntomas, efectos y consecuencias.

Si bien, es cierto que tanto la obesidad como el sobrepeso en niñas, niños y adolescentes generalmente no deriva en el corto plazo en problemas y padecimientos que requieren una larga permanencia hospitalaria o tratamiento prolongado, tampoco podemos omitir que la posibilidad de que estas consecuencias se presenten en edad temprana, está asechando.

Sin embargo el escenario cambia, si vemos cómo se han desarrollado y comportado los principales padecimientos que afectan a nuestras niñas, niños y adolescentes incluyendo los de mayor mortalidad o secuelas y que si requieren tratamientos prolongados así como estancia hospitalaria muy larga, con las afectaciones en su educación y estudios que esto conlleva.

Anteriormente se identificaba que los riesgos de perder la vida de un menor, aumentaban en el rango de edad de entre 1 a 4 años, a la vez de que también se distinguía en ese rango de edad la ventana de poder identificar con tiempo suficiente y en etapas tempranas, cualquier padecimiento crónico y con elevada mortalidad como el cáncer.

Pero hoy en día, la evidencia médica nos dice que ya no es así y nos exige reaccionar.

Actualmente tenemos que las 10 principales causas de muerte en niños en edad preescolar, de 1 a 4 años de edad en nuestro país registradas durante el 2022, fueron:

1. Malformaciones congénitas: 1 mil 50 casos

2. Accidentes: 972 casos

3. Neumonía e influenza: 640 casos

4. Tumores malignos: 459 casos

5. Enfermedades infecciosas intestinales: 246 casos

6. Epilepsia: 159 casos

7. Covid-19: 134 casos

8. Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 120 casos

9. Desnutrición y otras deficiencias nutricionales: 105 casos

10. Sepsis: 113 casos

Enfermedades y padecimientos en su mayoría prevenibles o bien, tratables en los primeros 5 años de vida; pero cuya prevalencia no disminuye con la edad, sino todo lo contrario, aumentan, se disparan e incluso diversifican, pero que impostergablemente requieren en su mayoría de tratamientos de atención o bien rehabilitación prolongados y una estancia hospitalaria larga y a la par requieren de la garantía del acceso a su educación.

Lo mismo pasa si vemos las 10 principales causas de muerte registradas en nuestro país entre niños en edad escolar, de 5 a 14 años son desafortunadamente las siguientes:

1. Accidentes: 1 mil 77 casos

2. Tumores malignos: 969 casos

3. Malformaciones congénitas: 490 casos

4. Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 314 casos

5. Agresiones (homicidios): 273 casos

6. Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 240 casos

7. Neumonía e influenza: 162 casos

8. Enfermedades del corazón: 156 casos

9. Epilepsia: 153 casos

10. Covid-19: 138 casos

Enfermedades y padecimientos que en su mayoría son prevenibles y tratables con un diagnóstico altamente favorable, solo si, son atendidos a tiempo, pero que nuevamente e impostergablemente, requieren en su mayoría de tratamientos de atención o bien rehabilitación prolongados y una estancia hospitalaria larga y a la par requieren también de la garantía del acceso a su educación.

Como podemos darnos cuenta, en este rango de edad nos encontramos con el mismo panorama, tratamientos de atención o bien rehabilitación prolongados y una estancia hospitalaria también en muchos casos obligadamente larga y a la par, niñas, niños y adolescentes que requieren y merecen también de la garantía del acceso a su educación, a la continuación de sus estudios.

Porque se trata de niñas, niños y adolescentes que están cursando su primaria, su educación básica y en la cual tenemos los mejores niveles de cobertura, es decir una cobertura mayor al 95 por ciento, la mayor tasa de eficiencia terminal del 96.8 por ciento y la menor tasa de abandono escolar que es del 1.2 por ciento, pero cuyo avance se ve truncado ante la presencia de un padecimiento que le exige un tratamiento prolongado y una estancia hospitalaria larga.

Nuestra población, nuestras niñas, niños y adolescentes durante el curso de su educación básica, en todo momento debe estar salvaguardado su derecho al acceso a ésta, a pesar de requerir estar mucho tiempo en un hospital.

Esta situación, como podemos ver, no la hemos atendido y la hemos dejado en el olvido, condenando así a estas niñas, niños y adolescentes, a estudios truncos o incluso la deserción escolar.

Esta lamentable situación no debe ocurrir.

Las condiciones actuales nos exigen ser atentos y estar sensibles a este requerimiento particular e imprescindible de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, en el artículo 7 de nuestra Ley General de Educación, se establecen las directrices a las cuales se debe sujetar la educación bajo la rectoría del Estado, las cuales son:

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será:

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que:

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos;

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud;

III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:

a) Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación, y

b) Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional que se determinen en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:

a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;

b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos, y

c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, y

V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Título Décimo Primero de esta Ley.

Si bien, en el inciso d) de la fracción II del citado artículo se hace al final una mención en materia de condiciones de salud, respecto a la educación especial que se considera en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas; la realidad es que no es suficiente ni específico, para garantizar el derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes que por algún padecimiento o condición, requieren de una estancia hospitalaria prolongada.

Tenemos que detener esta situación, desde el Congreso de la Unión debemos ser contundentes y sin duda alguna también ser específicos en este tema.

En tal sentido, el objeto de la presente iniciativa es contribuir a garantizar la continuidad de la educación especial que deberán recibir los estudiantes que así lo requieran, por alguna condición especial de salud, condiciones médico-funcionales que requieran de tratamientos largos o prolongada estancia hospitalaria. Por ello, propongo reformar los artículos 7 y 64 de la Ley General de Educación.

Reforma que describo e ilustro de forma más clara en el siguiente cuadro comparativo.

Con esta reforma que propongo, considero que visibilizamos las necesidades específicas para garantizar el acceso y derecho a la educación de todas nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la necesidad de una estancia hospitalaria prolongada y que merecen por igual, continuar con sus estudios.

Nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la necesidad de tomar un tratamiento largo o bien una estancia hospitalaria prolongada, están requiriendo de nuestra ayuda para continuar con sus estudios y con ello, sus sueños presentes y futuros también.

En tal sentido, esta reforma es necesaria para garantizar los derechos constitucionales de toda persona a la educación y a la protección de la salud, reconocidos respectivamente en los artículos 3o. y 4o. de nuestra Carta Magna.

En atención a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa, con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 64 de la Ley General de Educación

Artículo único. Se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será:

I. ...

II. ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud o con patologías o condiciones médico-funcionales que requieran de tratamientos largos o prolongada estancia hospitalaria, contando para el efecto con personal calificado y aulas hospitalarias debidamente equipadas para garantizar la continuidad de sus estudios y su certificación oficial correspondiente de conformidad a la reglamentación vigente en la materia;

III. a V. ...

Artículo 64. ...

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los educandos con características, circunstancias, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizarán lo siguiente:

I. Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por parte de las y los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, derivados por una condición de salud o con patologías o condiciones médico-funcionales que requieran de tratamientos largos o prolongada estancia hospitalaria, para garantizar el derecho a la educación de las y los educandos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación;

II. a VII. ...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

3 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120228-II. html#DecDictamen5

4 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-42. php3

5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120228-II. html#DecDictamen5

6 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

7 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

8 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

9 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

10 https://diario.mx/salud/obesidad-se-agravo-con-la-llegada-del-covid-19-20210821 -1832444.html

11 https://diario.mx/salud/obesidad-se-agravo-con-la-llegada-del-covid-19-20210821 -1832444.html

12 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/941337/SALUD_6toInformeLabores.p df

13 Ibidem

14 http://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indica dores_entidad_federativa/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf

15 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero del 2025.– Senadora María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, y Primera de la Cámara de Senadores.

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

«Iniciativa que reforma los artículos 420 Bis del Código Penal Federal y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La senadora María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56, 62, 63, 64, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I; 137, numeral 2; 163, numeral 1, fracción I; 164, 169, 172 y 306, numeral 3, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Muy desafortunadamente hemos sido, por mucho tiempo, una sociedad que ha aprendido como coloquialmente se dice, a la mala; la importancia del cuidado del medio ambiente, la correcta disposición de residuos, la justa escala de los efectos de la contaminación y además, el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales tanto renovables como los no, renovables.

Y menciono que ha sido a la mala, porque los efectos de no haberlo hecho de la manera correcta nos ha salido muy caro; no sólo en cuanto a disposición de flora y fauna en nuestro planeta, sino también en materia económica, de desarrollo y muy lamentablemente, en aspectos elementales y primordiales de nuestra delicada salud pública.

Basta mencionar, por ejemplo, las serias e impetuosas repercusiones en nuestra expectativa de vida, ya sea para reducirla o bien, para aumentarla, con el solo hecho de ignorar o por el contrario, tomar medidas tendientes al cuidado y protección del medio ambiente, como también en materia de reducción de contaminantes, rescate ambiental o reducción de emisiones.

De acuerdo con un estudio realizado y publicado en el año 2018, se encontró que la calidad del aire, el nivel y cantidad de emisiones de partículas contaminantes tiene la capacidad para arrebatarnos hasta 1.65 años de nuestra esperanza de vida desde el nacimiento, claro está, dependiendo de la región en donde nos encontremos.

Por ejemplo, para nuestro país se determinó que la esperanza de vida es de 75.8 años, pero la contaminación del aire y la emisión de partículas contaminantes como la PM 2.5 que, es la más común y presente en todo nuestro territorio, reduce entre 0.7 y 0.5 años, nuestra expectativa de vida.

Aquí vale la pena resaltar, que solo estamos definiendo el impacto en nuestra expectativa de vida, de la contaminación del aire, hace falta y sería no solo interesante sino también altamente preocupante, sumar los efectos nocivos en nuestra salud, por la contaminación del agua, los hábitos y la calidad de la alimentación y de actividad física; mismos que sabemos ya, somos unos de los principales países que ocupa los primeros lugares en todo lo malo, en cuanto a lo anterior se refiere, como por ejemplo la obesidad.

A pesar de todo lo anterior, de las experiencias y de todo lo sufrido, podemos afirmar que prevalecen algunos aspectos relevantes en materia ambiental, que todavía son omitidos, ignorados o bien, sometidos a aspectos económicos, es decir, anteponemos la salud pública y nuestra viabilidad ambiental, a la obtención de un beneficio económico o de una utilidad monetaria, para unos cuantos.

A costa incluso, del deterioro que se genere al entorno circundante a la zona del daño o la omisión, ignorando las consecuencias en materia de salud pública de toda una región y como consecuencia, muy a pesar de incidir gravemente en la calidad y expectativa de vida de los habitantes presentes y las generaciones futuras, si es el caso.

No hemos entendido del todo y como debe de ser asumido con la integralidad y la cabalidad requerida, que el respeto al medio ambiente, la sustentabilidad en todas nuestras actividades, el correcto y eficiente aprovechamiento de nuestros recursos, el adecuado manejo de desechos, la reducción de contaminantes, la preservación de las especies de flora y fauna, la correcta explotación y consumo del agua, el fomento de energías limpias, la eliminación de la deforestación y tala; solo por mencionar algunas.

Todo lo anterior no son temas de moda, son tareas imprescindibles, impostergables, urgentes, persistentes y constantes, que llegaron para quedarse y que no podemos dejar de atender sin atentar en contra de nuestra propia existencia.

Porque hay que remarcar que están para salvarnos y darnos viabilidad en el presente y en el futuro, como civilización.

Si no tenemos la capacidad para comprenderlo de esa manera, tarde o temprano el destino nos alcanzará, a fin de cuentas, ya estamos muy cerca de la línea de no retorno, en materia de daño ambiental irreparable o de disposición de agua.

Al menos así nos lo indican, las consecuencias que ya resentimos desde hace un tiempo a la fecha, respecto al cambio climático, que son la continuidad directa del daño por contaminación que hemos realizado o permitido y, que trajo consigo un incremento sostenido de nuestra temperatura a nivel global registrado en 0.8 grados Celsius.

Un incremento que, como mencioné, es sostenido porque continúa acrecentándose alarmantemente, de hecho vale la pena señalar al respecto, que la Organización Meteorológica Mundial, recientemente declaró de acuerdo a fuentes de información, que en el lustro del 2021 al 2025, se espera que al menos un año sea el más caluroso del que se tiene registro.

La probabilidad de que esto suceda es del 90 por ciento de tener al menos un año históricamente más caloroso, en lo que va del último siglo y medio, con un incremento de la temperatura estimado de entre 0.9 y 1.8 grados.

Lo anterior es sumamente preocupante no solo por las implicaciones que se tienen y se tendrán a nivel mundial, sino para nuestro país el panorama es mayormente desolador, amenazante y preocupante si tomamos en cuenta lo reportado en el año 2021 para nuestra nación.

De acuerdo con fuentes especializadas en materia ambiental, con información proporcionada por la Sociedad Meteorológica Estadounidense, en ese año la temperatura récord en los últimos 18 años, más alta registrada en todo el planeta que fue de 80.8 grados, se registró en dos partes del mundo, la primera en el desierto de Lut, en Irán y el segundo lugar, en el que se registró esta temperatura históricamente elevada en los últimos 18 años, fue en el desierto de Sonora, en nuestro territorio nacional.

Como podemos ver, en México, el destino ya nos alcanzó.

A nivel mundial, el daño es de tal magnitud que, desde hace ya una década, se identificaron por parte de autoridades mundiales en materia de medio ambiente, las consecuencias irreversibles y de largo plazo, que sufriríamos y que, tristemente ya estamos padeciendo.

En primer lugar, se estableció que aparecerían las crisis alimentarias, se estimaba que las cifras en materia de desnutrición serian inimaginables y podrían rebasar fácilmente los 600 millones de habitantes en todo el mundo.

En segundo lugar, se reconocía que habría problemas en materia de disposición y suministro de agua, se señaló en ese entonces que al menos mil 800 millones de habitantes en todo el planeta, sufrirían el desabasto severo de agua.

Asimismo, se advirtió que, si no se detenía y revertía el incremento de la temperatura global y por ende el calentamiento global, al alcanzar los 330 millones de habitantes del planeta, se verían desplazados de su lugar de origen por motivos de inundaciones y al menos, el 30 por ciento de todas las especies de flora y fauna se extinguirían.

Finalmente, se identificaba el crecimiento de la incidencia de malestares en la salud, así como la aparición de nuevas y desconocidas enfermedades que nos pondrían en jaque como civilización; y en este punto, es obligado citar como ejemplo, lo que pasamos todos en el planeta como consecuencia de la aparición del Covid-19 en nuestra vida.

A la vez, se señala que el calentamiento global, aumentaría drásticamente la exposición a estas enfermedades, tanto ya presentes como las posiblemente nuevas, que llegarían a presentarse.

Como se puede apreciar, todo lo anterior no es desconocido en nuestro territorio ni entre nuestra población.

Incluso es preciso resaltar que hemos sido ejemplo y referente obligado, de lo funesto en cuanto a medio ambiente se refiere.

Por ejemplo, en la primera década del nuevo milenio, es decir, el periodo comprendido entre el año 2000 al 2010, ocupamos el primer lugar latinoamericano en emisiones de gases contaminantes.

Para la siguiente década, es decir del 2010-2020 fuimos el segundo lugar en emisiones de gases contaminantes en toda Latinoamérica, solo y muy escasamente por detrás de Brasil, que ocupo la mayor parte de esa década el primer lugar.

Y lo anterior no fue porque hayamos hecho esfuerzos por reducir nuestras emisiones, es solo que Brasil nos superó por casi nada.

Eso es, completamente deplorable y sin duda alguna condenable tanto para nuestros gobiernos como por igual, para todos como sociedad mexicana.

Si ello no fuera poco, tenemos otra muestra del elevado costo que pagamos por ser sumamente omisos en materia ambiental, en tan solo 5 años, del 2005 al 2010, perdimos anualmente y en promedio, cerca de 160 mil hectáreas de zonas boscosas.

Si lo anterior ya es lamentable, basta ver que no es lo único, tan solo, en promedio en la década del 2010-2020 perdimos al año 125 hectáreas.

Si nos vamos un poco más atrás, encontramos que, en la década de 1990 al 2000, perdimos en promedio 221 mil hectáreas cada año.

Todo lo anterior nos da un balance nuevamente deplorable, amenazante y condenable porque con estas pérdidas desafortunadas, se reporta que en los últimos 30 años nuestro país ha perdido un total de 4.9 millones de hectáreas de bosques, o bien 49 mil kilómetros cuadrados, lo que, para darnos una idea de la extensión territorial, esta representa un área mayor a todo el estado de Quintana Roo.

En el mismo orden de ideas y en lo referente al aprovechamiento, cuidado y manejo del agua, al menos el 30 por ciento de toda el agua que consumimos, la extraemos ya sea de manera ilegal, clandestina, es decir, sin control, manejo de sustentabilidad y atendiendo esquemas de recarga de mantos acuíferos.

Tan solo a la fecha, somos penosamente a nivel mundial, uno de los países con la peor tasa de recolección y aprovechamiento de agua de lluvia; en nuestro país a pesar de ser una medida económica, costeable, financiable, provechosa en materia ambiental, eficiente y altamente efectiva, la recolección de agua pluvial no es empleada.

A pesar de tener una ubicación geográfica privilegiada que nos ofrece temporadas estables y generosas de lluvia, únicamente permitimos que tan solo el 4.8 por ciento de agua pluvial, llegue al subsuelo en condiciones adecuadas a recargar los mantos acuíferos.

Finalmente, tenemos el dato relevante de que al menos, el 75 por ciento de toda nuestra población, está emplazada como víctima irremediable y con alta vulnerabilidad, ante los efectos negativos, catastróficos y sumamente devastadores del cambio climático.

Como podemos apreciar, en materia ambiental tenemos una deuda pendiente muy grande y sumamente alarmante, con nosotros mismos, con nuestros antecesores y con las generaciones futuras.

Por ello, cada esfuerzo en materia de cuidado y preservación del medio ambiente es sumamente valioso e importante y no podemos ni debemos, darnos el lujo de menospreciarlo o someterlo a intereses ajenos o particulares, completamente distantes a lo que implica cuidar la naturaleza.

Ante esto, y lo cual es el objetivo principal de la presente iniciativa, es de suma importancia que detengamos en primer lugar y revirtamos posteriormente, el daño que hemos hecho a nuestras zonas forestales.

Después de casi 11 años, no podemos seguir con los brazos cruzados después de que permitimos tener en promedio anualmente, la pérdida de 160 mil hectáreas de nuestros preciados bosques.

Y más aún, si gran parte de esa pérdida de reserva forestal se presentó y se sigue presentando, por intereses económicos particulares, es decir, por motivos especulativos.

Desde hace más de 15 años es indeterminable con exactitud a la fecha, el número de hectáreas de zonas forestales que se han destruido de manera intencionada, es decir quemándolas deliberadamente, para despejarlas y posteriormente utilizarlas con fines de lucro y para la obtención de un beneficio económico.

En nuestro país, hemos permitido, tolerado y solapado, que se quemen bosques para después construir condominios o establecer zonas de cultivo para beneficio particular, de manera ilegal y en zonas sin el debido cambio de uso de suelo.

Para muestra basta citar el caso del estado de Jalisco, un estado en donde se siguen dando casos en los que se queman de manera intencional, voraz e insaciablemente grandes extensiones forestales para posteriormente, asentar en ese lugar huertas aguacateras.

El llamado oro verde; el aguacate.

Y todo ello, con la complicidad y venia de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

El problema y las consecuencias ya son muy graves, tan solo en ese estado, se tiene el registro de que, a la fecha, se han quemado de manera intencional y para el propósito anteriormente descrito, al menos un promedio anual de 10 mil hectáreas de bosques.

Y cabe destacar que la cuenta y el problema siguen creciendo, tan solo para principios del año 2021, de los 243 incendios que se tenían registrados en el área natural protegida del Bosque de la Primavera y bosques urbanos de la zona metropolitana, 100 incendios fueron intencionales y 24 por actividades agrícolas; para perder en total 5 mil 610 hectáreas.

Con todo esto, mi estado, Jalisco, ocupa penosamente hasta la fecha el primer lugar en todo el país con la mayor superficie forestal quemada.

De acuerdo al mismo reporte, para principios del pasado año 2023 de enero al mes de abril, se afectaron por quema al menos 25 mil hectáreas de bosques, tan solo del 21 al 27 de abril de ese año, se registraron 8 incendios forestales que dañaron casi 4 mil hectáreas.

Y en mi estado, a pesar de la gravedad de esta información, no se ha hecho absolutamente nada para prevenir estas catástrofes, ni tampoco para sancionar a los posibles culpables.

El mismo escenario tenemos, por ejemplo, en los estados de Guerrero o Michoacán, por mencionar algunos. Pero también, este problema de la quema intencional no solo se presenta o motiva para instalar huertas de alimentos, desafortunadamente también se hace uso de esta técnica depredadora de zonas forestales, para fines ilícitos.

Tenemos organizaciones delictivas que, en contubernio o bien bajo amenaza, quema y destruye nuestras zonas forestales para disponer de esos terrenos para el cultivo de sustancias ilícitas, con la complacencia y complicidad de autoridades locales e incluso, de los mismos dueños de esas hectáreas de terreno.

Como se puede apreciar, el problema es mayúsculo y apunta ya, a volverse incontrolable.

Por lo que, esta situación no puede ni deber seguir.

Quienes nos antecedieron tanto en la Cámara de Diputados como en esta Cámara de Senadores, sentaron un importante logro y precedente gracias a una propuesta hecha por mi grupo parlamentario, el Partido Verde, que logró la aprobación de una reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, hace apenas el 26 de abril del 2021.

Esta reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece en su artículo 97, lo siguiente:

Artículo 97. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Asimismo, en el Código Penal Federal se reconoce como delito el provocar un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

Sin embargo y a pesar de lo significativo de la anterior reforma descrita, no se ha logrado detener este problema.

No se ha podido avanzar en la protección de nuestras zonas forestales ante la quema intencional con fines de lucro, por un motivo, en realidad no se afecta ni se incide en el interés particular que motivo la quema intencional, además de que, el proceso para la denuncia, la investigación y la sentencia, es muy relajado y por ende; o no se inicia, o no se sigue o, no se investiga.

Y si se da el caso de que se lleve a buen término y se declara la veda de esa zona por 20 años, las autoridades correspondientes no vigilan el cumplimiento, ni siquiera de un día de esa disposición.

Incurriendo con ello, no solo en un desacato, sino contraviniendo a la vez, la obligación constitucional establecida en el artículo cuarto en su quinto párrafo que establece lo siguiente:

Artículo 4. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo produce en términos de lo dispuesto por la ley.

Ante todo, lo anteriormente descrito, se hace imprescindible para quienes integramos esta Comisión Permanente, reforcemos los avances legislativos y a la vez, tomemos medidas adicionales determinantes para mejorar en materia de protección de zonas forestales para prevenir, sancionar y erradicar, la quema intencional de bosques, con fines especulativos, con fines de lucro.

Ese es el espíritu de la presente iniciativa que someto a consideración, reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para castigar de forma ejemplar y acorde con el daño que se hace a toda nuestra nación y a toda nuestra población tanto presente como futura.

Una reforma que describo en el siguiente cuadro comparativo.

Código Penal Federal

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

No podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados, estamos obligados a, anteponer el interés general, el interés común que representa la preservación de nuestro medio ambiente y, legislar ampliamente y sin titubeos, para dar pasos decisivos al respecto.

Tenemos ante este delito, que incidir directamente en los obscuros intereses económicos que lo motivan, tenemos que perseguir, investigar y sancionar sin titubeos la quema especulativa de zonas forestales.

Y la manera probada y que ha demostrado su eficiencia, es por medio de la extinción del dominio, es decir, que todo particular que incurra deliberadamente en la quema intencional de su terreno forestal con la intensión de obtener un beneficio económico y de lucro posterior, se deberá enfrentar a un juicio ante el cual, puede perder su propiedad y que ésta pase a manos del Estado.

Hay que cambiar sin duda alguna y mucho menos con titubeos, nuestra Constitución.

Solo así, vamos a poder obligar a todos esos dueños de zonas forestales a que atiendan los requerimientos establecidos, para realizar si es que procede y bajo las mejores y sustentables condiciones, el cambio de uso de suelo de sus propiedades y poder dispones de ellas para propósitos económicos.

No podemos bajo ninguna circunstancia, permitir que nuestras zonas forestales, sigan siendo rehén o botín, de obscuros intereses económicos particulares o bien, de cualquier otro tipo de fines ilícitos.

Debemos de asumir la responsabilidad que nos corresponde y continuar por el camino de reformas legislativas decididas y ejemplares que protejan nuestros bosques.

No hacerlo así, no solo nos enfrentará al juicio en materia ambiental que con todo derecho realizara la historia y las futuras generaciones, sino también nos volverá cómplices y participes de este delito que tanto daño le ha hecho a nuestro medio ambiente.

La quema especulativa e intencional para beneficio económico de zonas forestales, es un delito que no puede seguir impune y que debemos de perseguir y castigar ejemplarmente.

En atención a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa, con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Primero. Se reforman las fracciones III y IV y se adiciona la fracción V del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. ...

II. ...

III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración ;

IV. Provoque o mediante amenaza se induzca para provocar un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, o

V. Realice cualquier actividad o uso distinto a la restauración o manejo forestal sustentable en terrenos incendiados.

...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I. al IX...

X. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV del artículo 420; la fracción IV y V del artículo 420 Bis del Código Penal Federal.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/contaminacion-reduce-tu-expectativa-de- vida-quieres-saber-cuanto

2 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/contaminacion-reduce-tu-expectativa-de- vida-quieres-saber-cuanto

3 https://www.forbes.com.mx/nuevos-records-altas-temperaturas-mundo-2021-2025/

4 https://www.forbes.com.mx/nuevos-records-altas-temperaturas-mundo-2021-2025/

5 https://www.forbes.com.mx/nuevos-records-altas-temperaturas-mundo-2021-2025/

6 https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/2021/06/09/el-lugar-con-mayores-tempera turas-del-mundo-esta-en-mexico/

7 https://public.wmo.int/es

8 https://public.wmo.int/es

9 https://public.wmo.int/es

10 https://wrimexico.org/bloga/cuatro-gr%C3%A1ficos-que-explican-las-emisiones-de- gases-de-efecto-invernadero-por-pa%C3%ADs-y-por

11 https://wrimexico.org/bloga/cuatro-gr%C3%A1ficos-que-explican-las-emisiones-de- gases-de-efecto-invernadero-por-pa%C3%ADs-y-por

12 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/11/7/naciones-unidas-advierte-que- mexico-ha-perdido-casi-millones-de-hectareas-de-bosques-en-30-anos-351439.html

13 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/11/7/naciones-unidas-advierte-que- mexico-ha-perdido-casi-millones-de-hectareas-de-bosques-en-30-anos-351439.html

14 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/11/7/naciones-unidas-advierte-que- mexico-ha-perdido-casi-millones-de-hectareas-de-bosques-en-30-anos-351439.html

15 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/11/7/naciones-unidas-advierte-que- mexico-ha-perdido-casi-millones-de-hectareas-de-bosques-en-30-anos-351439.html

16 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375751_spa

17 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375751_spa

18 https://www.gob.mx/inecc

19 https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/5/4/jalisco-ocupa-el-primer-lugar-en-m exico-con-la-mayor-superficie-forestal-quemada-conafor-306469.html

20 https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/5/4/jalisco-ocupa-el-primer-lugar-en-m exico-con-la-mayor-superficie-forestal-quemada-conafor-306469.html

21 https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/5/4/jalisco-ocupa-el-primer-lugar-en-m exico-con-la-mayor-superficie-forestal-quemada-conafor-306469.html

22 https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/5/4/jalisco-ocupa-el-primer-lugar-en-m exico-con-la-mayor-superficie-forestal-quemada-conafor-306469.html

23 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS.pdf

24 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero del 2025.– Senadora María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE INFORME SOBRE LAS CAUSAS DE LA CANCELACIÓN DE RUTAS AÉREAS DE MEXICANA AEROLÍNEA DEL ESTADO MEXICANO, SA DE CV, Y SE DÉ A CONOCER SU PLAN DE NEGOCIOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a informar sobre las causas de la cancelación de las rutas aéreas de Mexicana Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, así como dar a conocer su plan de negocios y los estudios de factibilidad técnica y económica, donde se demuestre la rentabilidad de esa empresa pública y los beneficios que representará para las y los mexicanos, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, legisladoras y legisladores, integrantes del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar sobre las causas de la cancelación de las rutas aéreas de Mexicana, Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, así como dar a conocer su plan negocios y los estudios de factibilidad técnica y económica, donde se demuestre la rentabilidad de esa empresa pública y los beneficios que representará para las y los mexicanos. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En lo que representa la crónica de un fracaso esperado, el gobierno federal anunció que Mexicana, empresa del Estado mexicano administrada por la Sedena, dejará de operar casi el 50 por ciento de sus rutas al cumplirse apenas un año de su entrada en operación.

Con ello, Mexicana se viene a sumar a la lista de empresas públicas creadas por capricho del expresidente López Obrador que fracasan estrepitosamente, como fue el caso de Gas Bienestar, empresas que fueron creadas sin haber realizado un estudio realista sobre su viabilidad económica y que solo se sostienen gracias al erario.

Las rutas canceladas son Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa ante la baja demanda de pasajeros. Cabe señalar que la compañía aérea empezó sus operaciones con tres aviones Boeing propios y dos Embraer alquilados.

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de enero a noviembre de 2024 Mexicana solo transportó a 256,091 pasajeros, lo que representa solo el 0.46% del total de pasajeros transportados a través de vuelos nacionales.

Desde un principio se señaló que no era necesario que el gobierno federal tuviera su propia aerolínea, considerando que actualmente las empresas privadas movilizan el 99.5 por ciento de los pasajeros para vuelos domésticos, esto es más de 60 millones de personas al año.

En 2023, la aerolínea estatal gastó 873.2 millones de pesos, destinados fundamentalmente para la compra de la marca de la aerolínea por 815 millones de pesos. Para 2024, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló 8,340.6 millones de pesos para Mexicana. En lugar de haber destinado esos recursos a una empresa fracasada, ese monto se pudo haber destinado a mejorar hospitales públicos, combatir el desabasto de medicamentos, más becas de educación superior o para combatir la inseguridad pública.

Una muestra más de los errores en Mexicana, producto de lanzarla de forma precipitada y sin la planeación debida, fue que el expresidente López Obrador admitió en abril pasado que fue estafado por Aero Holdings, empresa que incumplió un contrato de arrendamiento de 10 aeronaves, mantenimiento, aportación de tripulaciones y capacitación por 527 millones de dólares. Cabe señalar que dicha empresa demandó al gobierno mexicano ante un tribunal de Nueva York, en la que reclama un pago de 838.5 millones de dólares a la Sedena.

Es importante señalar que desde un principio se señaló la falta de transparencia de la Sedena sobre los estudios socioeconómicos de mercado y factibilidad técnica, que soportarían la operación de la nueva aerolínea.

El desenlace de la aerolínea era lógico: Ante la falta de demanda, la empresa del Estado no fue autosustentable para cubrir sus gastos operativos, la nómina, el combustible, el alquiler de los aviones, etc. La aerolínea es un despilfarro de recursos, es un negocio fallido que, en lugar de dar ganancias, se ha convertido en una carga presupuestal en perjuicio de las y los mexicanos.

Por todo lo antes expuesto, las y los legisladores del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar sobre las causas de la cancelación de las rutas aéreas de Mexicana, Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, así como dar a conocer su plan negocios y los estudios de factibilidad técnica y económica, donde se demuestre la rentabilidad de esa empresa pública y los beneficios que representará para las y los mexicanos.

1 https://elpais.com/mexico/2025-01-06/la-aerolinea-estatal-mexicana-de-aviacion- cierra-ocho-de-sus-17-rutas.html y https://animalpolitico.com/politica/mexicana-aviacion-suspende-rutas

2 Reforma, 6 abril 2024. Mexicana ... 100 días sin pasaje y estafada.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional.»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SHCP, A REVERTIR EL GASOLINAZO DEL 1 DE ENERO DE 2025

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a revertir el gasolinazo del 1 de enero de 2025 dejando sin efectos el “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”, publicado en el DOF el pasado 27 de diciembre de 2024, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a revertir el gasolinazo del 1 de enero de 2025 dejando sin efectos el “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2024. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 1 de enero de 2025 el gobierno implementó un incremento en los precios de las gasolinas y el diésel. Este aumento infligido a través de un incremento en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, conocido popularmente como “gasolinazo”, no solo incumple promesas de campaña, sino que genera un importante impacto económico y social.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, a efecto de hacer frente a la crisis económica global de 2008-2009, se implementó la política de deslizamiento de precios de la gasolina, a través de la cual se aplicaba un ajuste de aproximadamente 5 centavos mensuales. Estos ajustes fueron conocidos popularmente como “gasolinazos”. Su candelarización mensual empero, permitió llevar a cabo los ajustes sin sorpresas y sobresaltos para los agentes económicos.

Durante el gobierno de Peña Nieto la política de deslizamiento continuó, pero con la reforma energética de 2013, se adoptó un esquema de liberalización de los precios, permitiendo que estos reflejaran las condiciones del mercado internacional. Con el aumento de la competencia, se esperaba una reducción de los precios. Sin embargo, la liberalización también implicaba el riesgo de incrementos súbitos como en efecto ocurrió en 2017, mismo que generó un gran malestar social.

Fue entonces que Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de precandidato a la presidencia, prometió que en su gobierno el precio de la gasolina bajaría a los 10 pesos por litro, y al arranque de su gobierno en diciembre de 2018 reiteró la promesa de bajar “muy pronto” los precios de la gasolina.

Lo cierto fue que si en ese momento el precio promedio de la gasolina magna era de 19.15 pesos, el de la premium 20.62 y el del diésel 19.87, hoy día los precios alcanzan los 24.19 la magna, 25.36 la premium, y 25.71 el diésel, lo que implica que la gasolina magna o regular ha aumentado un 25 por ciento de diciembre de 2018 a la fecha, para alcanzar su nivel más alto registrado. Incluso al día de hoy hay estaciones en las que la gasolina magna alcanza casi los 30 pesos por litro, ¡lo que casi triplica el precio prometido!

Existen razones tanto de orden internacional, como internas.

Las condiciones del mercado internacional tienen que ver con el precio del barril de petróleo Brent que superó los 100 dólares a finales de 2024 debido a conflictos geopolíticos y restricciones en la producción de la OPEP+, así como a la depreciación del peso frente al dólar que aumentó el costo de importación de combustibles.

En cuanto a las razones internas, hemos de destacar la presión fiscal generada por la disminución de los ingresos públicos por la caída de la producción petrolera de Pemex que ha limitado la capacidad del gobierno para mantener los subsidios, así como por el incrementó del 4.5 por ciento en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a combustibles, que busca recaudar mayores ingresos fiscales. Pero también, y, sobre todo, debe destacarse que existen motivos de orden político que incentivaron este despropósito, ya que durante el gobierno de López Obrador, por razones ideológicas y electorales, se cancelaron permisos y rondas, y se combatió la reforma energética de 2013, lo que desincentivó la competencia que la misma propiciaba.

A este respecto téngase en cuenta que el valor de la competencia se evidencia en el hecho de que hoy día las propias estaciones de Pemex en Houston venden la gasolina en 2.57 dólares el galón, es decir, 14.0 pesos el litro, cuando en México la venden en entre 24 y 25 pesos, y algunas estaciones incluso cerca de los 30 pesos.

El impacto económico y social del gasolinazo no se dejará esperar. Es previsible, primero, un impacto inflacionario que se traducirá en que el aumento en los precios de los combustibles generará un efecto de “segunda ronda” al incrementar los costos del transporte, la distribución y la producción de bienes y servicios. En este sentido, se estima que la inflación anualizada para 2025 podría superar el 7 por ciento.

Así mismo, es esperable un impacto en el precio del transporte. De hecho, el sector más afectado es precisamente el del transporte público y de carga, que repercutirá el efecto mediante alzas significativas en las tarifas.

También puede esperarse un impacto social importante, ya que esta decisión lastima en especial a los sectores más vulnerables y a las familias mexicanas que deberán destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago del transporte y a otros bienes y servicios que elevarán sus precios como consecuencia del incremento en el precio de la gasolina.

Todo lo anterior resulta especialmente decepcionante en la medida que se generó la expectativa de que el precio de la gasolina rondaría los 10 pesos por litro como se prometió, expectativa que ha quedado totalmente despedazada por una realidad en la que hoy tenemos los precios más altos en la historia reciente, colocando a nuestro país entre los que cuentan con la gasolina más cara del mundo.

En suma, el “gasolinazo 2025” refleja una combinación de factores externos e internos que llevaron al gobierno a tomar una decisión inconsistente con sus promesas de campaña, ya que lejos de acercarse a los 10 pesos por litro que fueron prometidos, el precio de la gasolina magna alcanza casi los 30 pesos en algunas estaciones.

Las implicaciones económicas y sociales del “gasolinazo 2025” destacan la necesidad de una transición ordenada hacia un modelo energético sustentable que minimice la dependencia en combustibles fósiles.

En ese sentido, y a reserva de que en las próximas sesiones el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presente la iniciativa de reforma legal que proteja la economía de las familias, mediante un esquema fiscal más justo en materia de combustibles, estamos formulando hoy este exhorto.

Por todo lo antes expuesto, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a revertir el gasolinazo del 1 de enero de 2025 dejando sin efectos el “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2024.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2025.– Senadoras y senadores del GPPAN.»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SE Y AL IMPI, A RECONSIDERAR EL CIERRE DE LA OFICINA REGIONAL EN LEÓN, GUANAJUATO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y al IMPI a reconsiderar el cierre de la oficina regional en el municipio de León, Guanajuato, o, en su caso, analizar alternativas para su permanencia en dicha entidad en virtud de su importancia para el desarrollo económico de la región, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una entidad clave en el desarrollo de la innovación y la protección de los derechos de propiedad intelectual en México, su presencia en el estado de Guanajuato, específicamente en la ciudad de León, ha facilitado el acceso de empresas, emprendedores y creadores locales y foráneos a los servicios que ofrece este organismo, por lo que su presencia resulta de vital importancia para la protección de la propiedad industrial de la zona, así como para el para el desarrollo económico de la región.

Siendo así, el pasado 18 de diciembre de 2024, a través de un comunicado oficial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), informó el cierre de su oficina regional del bajío instalada en la ciudad de León, Guanajuato, como una medida que responde a lo establecido por la Ley de Austeridad Republicana, ya que de los siete inmuebles instalados en el país en donde presta sus servicios, el de la ciudad de León era el único que no era propiedad del Instituto, implicando en consecuencia el pago de un contrato de arrendamiento.

Dicho comunicado establece que esta medida permitirá la continuidad y mejora en la atención a la ciudadanía, así como la oportunidad de crecimiento laboral para sus trabajadores, sin embargo, representa lo contrario, ya que, según testimonios de trabajadores recopilados por el Periódico a.m., el personal ha manifestado que los cambios de adscripción representan un significativo impacto económico para ellos y sus familias, generando incertidumbre laboral y afectaciones directas a las y los ciudadanos que hacen uso de estas oficinas.

A propósito de las y los trabajadores afectados, el medio sdpnoticias en su nota digital del 22 de diciembre de 2024, informó que el cierre de la oficina se presenta a la mitad del ciclo escolar de las y los hijos de los trabajadores y que dichas oficinas emplean mayormente a mujeres, al menos un 51 por ciento de trabajadoras que ante esta medida deberán elegir entre aceptar el desempleo con una liquidación, dejar a sus menores terminar el ciclo escolar y reubicarse con el alto costo familiar y económico que implica o, sacar a sus menores de la escuela y reubicarse con sus hijos o familia. Lo anterior sin tomar en consideración que las rentas de vivienda son mucho más caras en Querétaro y Ciudad de México de lo que cuestan en León, Guanajuato.

La presencia del IMPI en la ciudad de León facilita a los empresarios y emprendedores de la zona el acceso a estos servicios, promoviendo un ecosistema de innovación y crecimiento económico que ha caracterizado al estado de Guanajuato en los últimos años.

El cierre de la oficina regional bajío del IMPI, es contrario a los principios institucionales de dicha institución, cuya misión se define como: “ Acercar y proteger eficientemente la propiedad industrial y promover su respeto para impulsar el desarrollo y bienestar en México” y su visión: “Ser una entidad pública de vanguardia, cercana a la gente, que aprovecha al máximo la tecnología, para promover y proteger la propiedad industrial con énfasis en los derechos colectivos, contribuyendo a la innovación y el emprendimiento, para el desarrollo del país con un mayor bienestar humano”.

Retirar estas oficinas afectaría no solo la capacidad de las personas y empresas del estado para registrar y proteger sus invenciones, marcas y patentes de manera eficiente, sino también la competitividad y el crecimiento económico de la zona, en donde Guanajuato destaca por ser la quinta economía del país, con un Producto Interno Bruto (PIB) que superó los 64,900 millones de dólares en el 2022 y una contribución de 4.7 por ciento de la economía nacional.

Por ello, es fundamental que la Secretaría de Economía y la Dirección General del IMPI consideren el impacto negativo que tendría el desmantelamiento de estas oficinas en la economía de la región, así como el decremento en los derechos de las y los guanajuatenses a tener acceso a los servicios del IMPI, que desempeña un papel crucial al proteger las innovaciones y marcas que emergen de este entorno productivo, en el registro de marcas y patentes como una medida esencial para salvaguardar la propiedad intelectual de las empresas, fomentando la competencia leal y estimulando la inversión en investigación y desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se estima imperativo solicitar a las dependencias ya señaladas para que reconsideren el cierre de estas oficinas regionales, o en su caso, analicen alternativas viables que garanticen la continuidad de la presencia del IMPI en el Estado de Guanajuato, en virtud de su relevancia para los emprendedores y empresas locales, así como su contribución al desarrollo económico regional, invitándolas a mantener un diálogo abierto con las autoridades locales, así como con el sector empresarial y emprendedor del estado de Guanajuato, a fin de evaluar las necesidades y expectativas de los usuarios del IMPI y buscar soluciones que beneficien a la región.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que reconsideren el cierre de la oficina regional del Instituto en el municipio de León, Guanajuato, o, en su caso, analicen alternativas para su permanencia en el estado en virtud de su importancia para el desarrollo económico de la región.

Notas

1 https://www.am.com.mx/leon/2024/12/19/confirman-cierre-del-impi-por-austeridad- republicana-en-leon-eran-las-unicas-oficinas-arrendadas-727425.html

2 https://www.sdpnoticias.com/opinion/duro-golpe-a-la-industria-de-leon-guanajuat o-cierran-subitamente-oficinas-del-impi-trabajadores-deben-elegir-entre-liquida cion-o-reubicacion/

3 https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi#:~: text=Conoce%20al%20IMPI&text=El%20Instituto%20Mexicano%20de%20la%20Propieda d%20Industrial%20es%20un%20Organismo,propiedad%20industrial%20en%20nuestro%20pa %C3%ADs.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SHCP, A IMPLEMENTAR ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Ssa y a la SHCP a implementar acciones específicas para la atención integral de la Diabetes Mellitus tipo 1, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que subscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Aspectos generales de la diabetes y sus diferentes tipos

La Diabetes Mellitus (DM) es una afección en la que los niveles de glucosa en sangre (azúcar en la sangre) del cuerpo son más altos de lo normal (hiperglucemia) como resultado de la incapacidad del cuerpo para usar o almacenar glucosa en sangre para obtener energía. Existen tres principales tipos de diabetes que son:

• Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1):

- No es prevenible, caso contrario a la Tipo 2.

- El sistema inmunológico trata por error a las células beta del páncreas que producen insulina como invasoras extrañas y las destruye. Esto puede suceder en unas cuantas semanas, meses o años y cuando desaparecen suficientes células beta, el páncreas deja de producir insulina o produce tan poca insulina que es necesario administrar insulina para vivir.

- Tiene un impacto importante en la calidad y esperanza de vida de los pacientes.

 - El páncreas prácticamente no produce insulina.

- Se presenta comúnmente en la edad infantil y juvenil, con posibilidad de presentarse en la etapa adulta.

• Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2):

- Es prevenible y los factores que contribuyen a su aparición son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y la predisposición genética.

- El páncreas no produce suficiente insulina o no puede usar la insulina que produce de manera efectiva.

- En un inicio las células beta producen insulina extra para compensar la función orgánica, no obstante posteriormente el páncreas no puede producir suficiente insulina para mantener la glucosa en sangre en niveles normales.

- Más del 95 por ciento de las personas con DM tienen DM2.

• Diabetes Gestacional (DG):

- Ocurre durante el embarazo y deja de presentarse en cuanto ocurre el parto.

- Se caracteriza por una hiperglucemia.

- Propicia la aparición de mayores riesgos de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto.3

- La madre gestante y sus hijos son propensos a presentar DM2 en el futuro.

- No siempre existen síntomas.

- Puede ocasionar muerte fetal y de la madre gestante.

- En la mayoría de los casos los niveles de glucosa en sangre vuelven a la normalidad después del nacimiento del bebé.

La DM, en sus diferentes tipos, es una condición que puede generar daños en órganos como lo son el corazón, los ojos, los riñones y los nervios, además de generar afecciones de salud como la pérdida permanente de la visión, infartos al miocardio, derrames cerebrales, insuficiencia renal, problemas en los pies causando lesiones que incluso pueden llegar a la amputación de dichas extremidades.

Si bien los diferentes tipos de DM comparten algunas características en común, es una realidad que no se les puede dar la misma atención médica y clínica entre sí debido a cuatro grandes factores de la DM1 que son:

• NO es prevenible.

• El grupo poblacional en quien se presenta (niñez y adolescencia principalmente).

• La severidad de la sintomatología.

• Los alarmantes daños en el organismo, llegando incluso a consecuencias graves como la cetoacidosis y la muerte prematura.

II. Carga de la DM1 en México

En agosto de 2023 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó los perfiles estadísticos que ilustran la carga de la DM en los países de la Región de las Américas.

Los perfiles de la OPS revelaron que durante los últimos 20 años la DM aumentó y México no fue la excepción. No obstante, el perfil de México corresponde a los casos de DM en general en la población de + 30 años y no precisa cuál es la carga de la DM1 en nuestro país, mucho menos los casos por grupos de edad. Sería deseable contar con información sobre DM1 desde la perspectiva internacional con el objetivo de alinear acciones OPS-México.

Por otra parte, la Secretaría de Salud federal a través del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) aportó información correspondiente a 2022 con respecto a la carga y a los nuevos casos de DM1 en nuestro país. La información aportada por el SUIVE (2022) indicó lo siguiente:

• Hubo una detección y diagnóstico de 4,440 nuevos casos.

• Los 4.440 nuevos casos detectados y diagnosticados (edad/personas) correspondieron a:

-  1 año: 38 personas

- 1-4 años: 125 personas

- 5-9 años: 439 personas

- 10-14 años: 1051 personas

- 15-19 años: 1222 personas

- 20-24 años: 1277 personas

- 60-64 años: 1 persona

- 65 y + años: 2 personas

• Más del 56% de los casos detectados corresponden a los grupos poblacionales de 15-19 y 20-24.

• La tasa de incidencia fue de 8.14 por 100 mil habitantes.

• Las cifras presentadas por el SUIVE corresponden al cálculo sobre una tasa por 100 mil habitantes 25 años.

Indudablemente la información presentada por el SUIVE nos obliga a reflexionar que las cifras son preocupantes pues se trata de casos que están estrechamente relacionados a aspectos mortalidad, discapacidad y mortandad prematura. Se trata de datos que son alarmantes pues es innegable la presencia de un detrimento en la calidad de vida de la población con DM1, principalmente en aquella que ha sido desprotegida ante la falta de recursos presupuestales específicos para la atención de este tipo de diabetes.

III. PEF 2025 para la atención de la DM1

A. Antecedentes

a. Antes y hasta el ejercicio fiscal 2021, el diagnóstico y tratamiento de la DM1 para menores de 0 a 5 años era considerado dentro del Programa Presupuestario (PP) “Seguro Médico Siglo XXI”, lo cual permitió hasta ese año contar con recursos presupuestales diferenciados para DM1.

b. Posteriormente el PP “Seguro Médico Siglo XXI” se integró al PP “Atención a la Salud” y dejó sin recursos específicos a miles de pacientes cuya salud y calidad de vida dependían precisamente del PP “Seguro Médico Siglo XXI”.

B. Estado actual de recursos presupuestales diferenciados

a. Durante el ejercicio fiscal 2024 se contempló el PP “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, PP cuya cobertura resultó restrictiva pues sus indicadores se refieren únicamente a personas con DM mayores de 20 años y carece de una diferenciación de recursos para la atención de la DM1.

b. La situación antes referida ha generado un detrimento en la salud de quienes padecen DM1 así como afectaciones en las finanzas familiares de quienes tienen entre sus miembros pacientes con dicho padecimiento, pues gran parte de sus ingresos debe cubrir precisamente la atención integral que requiere al no contar con un PP específico para DM1 y menos aún con un PP que considere recursos presupuestales específicos para tal condición.

c. Siendo que en el Presupuesto de Egresos 2025 continúa siendo considerado, lo que representa una ventana de oportunidad para que dentro de este PP sean considerados recursos diferenciados para la atención de la DM1.

IV. Consideraciones que sustentan esta proposición con Punto de Acuerdo

La falta de recursos y acciones diferenciadas para la atención a la DM genera una profunda preocupación, pues en el caso de la población con DM1 ha quedado prácticamente invisibilizada para efectos presupuestarios y programáticos, situación que innegablemente vulnera el Derecho Humano a la Salud y el Derecho a la Protección de la Salud de quienes padecen este tipo de DM.

Por lo anterior, en este exhorto se está solicitando a las autoridades la atención integral de la DM1, lo cual implica acciones como:

La detección.

El diagnóstico.

El tratamiento y control.

La administración de insumos para la salud.

El acceso a dispositivos médicos y a las mejores tecnologías para la salud.

La educación diabetológica.

La realización de campañas específicas.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, se considera un total de $913,951,377.00 para el PP “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”.

Nosotros como legisladores y legisladoras estamos comprometidos en proteger la salud de miles de personas con DM1 y parte de nuestra misión es velar por sus derechos en búsqueda de una mejor y digna calidad de vida, pues la DM1 no es curable, por ello, los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, en el PP “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, deben contemplar recursos y acciones específicas y suficientes para la atención integral de la DM1.

Nuestra labor como legisladores y legisladoras debe estar alineada a la protección y garantía del Derecho Humano a la Salud en beneficio de quienes padecen DM1. Se trata de pacientes y de sus familias quienes tienen depositada su confianza en nosotros y en las instituciones de salud de este país. Se trata de reivindicar los derechos de quienes padecen DM1, pues hoy no reciben una atención adecuada y ven afectada su salud.

Este atento llamado que hago a ustedes tiene sustento en el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 1 y 4 constitucionales en materia de derechos humanos y al derecho a la protección de la salud y en tratados internacionales en dichas materias de los cuales México es Estado Parte; así como en el Artículo 159 Bis de la Ley General de Salud que establece que las autoridades sanitarias y las instituciones públicas de salud deben diferenciar el diagnóstico y la atención de los tipos de diabetes, considerando al menos la DM1, DM2 y DG. Esta adición de un artículo 159 Bis a la Ley General de Salud fue una propuesta que surgió de esta Cámara de Diputados, fue aprobada por unanimidad tanto aquí como en el Senado y fue un gran logro de diversas organizaciones médicas y de pacientes.

Por lo anteriormente expuesto, solicito su respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a que, con base en lo dispuesto en el artículo 159 Bis de la Ley General de Salud, se realicen acciones específicas para la atención integral de la Diabetes Mellitus Tipo 1, incluyendo:

Detección y diagnóstico

Tratamiento y control

Suministro de insumos para la salud

Acceso a dispositivos médicos y tecnologías avanzadas

Educación diabetológica

Campañas específicas sobre esta condición

Notas

1 American Diabetes Association, About Diabetes Common Terms, ver en:

https://diabetes.org/about-diabetes/common-terms

2 American Diabetes Association, La glucosa (azúcar) en sangre y la insulina en acción, ver en:

https://diabetes.org/espanol/la-glucosa-y-la-insulina-en-accion

3 American Diabetes Association, La glucosa (azúcar) en sangre y la insulina en acción, ver en:

https://diabetes.org/espanol/la-glucosa-y-la-insulina-en-accion

4 Organización Mundial de la Salud, Diabetes de tipo 2, ver en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

5 Organización Panamericana de la Salud, Perfil de carga de enfermedad por diabetes 2023: México, ver en:

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57848/OPSNMHNV230 011_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 La información de vigilancia epidemiológica en México se integra en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), ver en:

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/sistema-nacional-d e-vigilancia-epidemiologica

7 Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad - Estados Unidos Mexicanos 2022 - Población General, ver en:

https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/2022/morbilidad/enfer medad/distribucion_casos_nuevos_enfermedad_grupo_edad.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2025.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA STPS, A LA SECRETARÍA DE SALUD, Y AL CONADIS, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGOS ESTATALES A IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA FABRICACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, PRÓTESIS Y BASTONES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, a la Ssa y al Conadis, así como a sus homólogos en las entidades federativas, a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), así como a sus homólogos en las entidades federativas, a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La discapacidad afecta aproximadamente al 16 por ciento de la población mundial, y constituye uno de los grupos con mayor grado de marginación, discriminación y exclusión, lo que implica que las oportunidades que tiene este grupo para desarrollarse en la sociedad son limitadas y, por ende, se vulneran sus derechos sociales y humanos.

Es importante destacar que, de acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

A la Secretaría de Salud la ley le confiere la atribución de crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, que sean accesibles a la población con discapacidad. Por su parte, a la Secretaría de Educación Pública le corresponde, entre otras acciones, incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad debe celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad.

Según el INEGI, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país (126, 014, 024 personas), 5.7 por ciento (7,168, 178 personas) tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.

Las actividades con dificultad más reportadas entre las personas con discapacidad y/o condición mental son caminar, subir o bajar (41 por ciento), por lo que afirman que una de las principales barreras que enfrentan estas personas es la movilidad y, por ende, el acceso limitado a dispositivos de apoyo funcional, como sillas de ruedas, prótesis y bastones, que les permitan una mayor autonomía y calidad de vida.

Los productos de apoyo varían desde los productos físicos, como las sillas de ruedas, las gafas, las extremidades protésicas, los bastones blancos y los auxiliares auditivos, hasta las soluciones digitales como los programas de reconocimiento de voz o de gestión del tiempo y la subtitulación de material audiovisual.

Segundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas en el mundo necesitan al menos un dispositivo de asistencia, pero sólo el 10% tiene acceso a ellos debido a su alto costo y la falta de disponibilidad en mercados locales.

Tercero. En México, el acceso a sillas de ruedas, prótesis y bastones es limitado por los altos costos de fabricación y distribución, afectando principalmente a las personas de bajos recursos que no cuentan con recursos suficientes para adquirirlos, ni acceso a servicios especializados y programas de apoyo.

Cuarto. La capacitación en la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones puede convertirse en una oportunidad económica para muchas personas, al promover el desarrollo de habilidades técnicas especializadas y la creación de pequeñas y medianas empresas en el sector.

Quinto. La fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones a nivel local no sólo reduce costos, sino que también permite una mayor personalización de los dispositivos, adaptándolos a las necesidades específicas de los usuarios.

Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, a la larga, no solo se deberá buscar que estas prótesis sean biónicas, sino que sean cibernéticas; es decir, que constituyan una tecnología en el cuerpo de la persona.

Sexto. Países como Colombia e India han implementado programas de capacitación para la fabricación de dispositivos de asistencia funcional, logrando al mismo tiempo generar empleo, fortalecer cadenas productivas locales y aumentar el acceso a estos productos para las personas con discapacidad.

Séptimo. La inclusión laboral de personas discapacitadas en la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones puede contribuir a reducir el desempleo en comunidades vulnerables, generando beneficios sociales y económicos a largo plazo.

Octavo. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad establecen la obligación del Estado de garantizar el acceso a dispositivos de apoyo funcional, así como de promover la formación profesional en sectores clave para la inclusión.

Asimismo, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, para lo cual, puede desarrollar todas las acciones pertinentes en la materia, en coordinación con diversas instituciones del Gobierno Federal, así como como la organizaciones de y para las personas con discapacidad, expertos y académicos.

Lo que faculta a dicho Consejo a coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Noveno. La capacitación en la fabricación de dispositivos de apoyo funcional requiere la colaboración de instituciones públicas, privadas y educativas para garantizar la disponibilidad de recursos, infraestructura y conocimientos técnicos necesarios.

Décimo. Es prioritario que las políticas públicas promuevan soluciones sostenibles e integrales que combinen el desarrollo de capacidades productivas con la satisfacción de necesidades sociales, como es el caso de la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones.

Décimo Primero. La promoción de estos programas responde al compromiso del Estado Mexicano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 8, que fomenta el trabajo decente y el crecimiento económico, y el ODS 10, enfocado en reducir desigualdades.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), así como a sus homólogos en las entidades federativas, para que elaboren e implementen programas que comprendan la inclusión laboral y la capacitación técnica para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo e incrementar la disponibilidad y accesibilidad a estas ayudas técnicas en favor de las personas con discapacidad que los requieran.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que instrumenten las acciones y estrategias necesarias a fin de promover alianzas entre universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de desarrollar e impartir programas de formación en tecnologías innovadoras y sostenibles para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones a bajo costo.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que presenten un informe al Congreso de la Unión sobre las acciones, estrategias y programas realizadas para promover e impulsar la capacitación técnica, la inclusión laboral y la investigación dirigidas a la fabricación de sillas de ruedas, prótesis, bastones y toda ayuda técnica a bajo costo para las personas con discapacidad, incluyendo avances, resultados y áreas de oportunidad, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de que sea recibido el exhorto.

Notas

1 https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2024/notacefp07620 24.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/20 21/EAP_PersDiscap21.pdf

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology

4 https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-altos-cost os-2-millones-de-mexicanos/

5 https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-altos-cost os-2-millones-de-mexicanos/

6 https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-lanza-programa-de-empleo-inclusivo-pa ra-facilitar-el-acceso-laboral

7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

8 https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desar rollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882

9 https://www.gob.mx/conadis

10 https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-altos-cost os-2-millones-de-mexicanos/

11 https://fechac.org.mx/app_fechac/_files/_img/_documents/012821-160142_rf-1-03co mpromisodefechacconlosodsrev1.pdf?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAx9q6BhCDARIsAC wUxu654DKkuGpXu79TcGkxzul38Het8dfIESFYtuWPXx5avIOp1UKCe_UaAr4sEALw_wcB

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIBERSEGURIDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la CDMX a difundir y promover la adopción de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el derecho a la ciberseguridad de todas las niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación, de Educación, de Salud, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a todas las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a difundir y promover la adopción de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el derecho a la ciberseguridad de todas las niñas, niños y adolescentes, para que atiendan la problemática de este sector, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La normatividad establecida respecto de los derechos de la niñez y adolescencia, debe garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y para ello es necesario conocer las necesidades y problemáticas que existen en cada parte del país y en las diferentes actividades en las que se encuentran inmersos. De acuerdo con el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran las personas titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Salud, del Sistema Nacional DIF, las gobernadoras y los gobernadores de los estados, y la jefa o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es esencial para su desarrollo integral y para lograr una sociedad más pacífica, respetuosa y comprensiva.

Al respecto, el derecho humano a la ciencia es el derecho a participar en el progreso científico y a disfrutar de sus beneficios. Además, el acceso a la ciencia, la innovación y la tecnología puede favorecer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

De donde deriva que niñas, niños y adolescentes tienen derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En tal sentido y en concordancia con el derecho a la educación, las autoridades competentes deberán establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Observando para ello, que como mexicanas y mexicanos, nos corresponde velar porque cada niña, cada niño y cada adolescente de nuestro país, pueda gozar de estos derechos en plenitud, sin que ello implique que las redes sociales y plataformas de contenido carezcan de reglas o medidas para proteger a niñas, niños y adolescente de los posibles riesgos que entraña el uso de internet (ciberseguridad).

Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el Informe Especial Audiencias Infantiles 2023, comprende reportes individuales que analizan desde distintos enfoques y con diferentes metodologías las audiencias infantiles, su consumo de contenidos, la apropiación, así como la representación que de ellas y ellos se hace en la programación que transmiten los medios tradicionales y digitales.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 15 que, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en la Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes (fracción LX). Asimismo, en la fracción LXII, prevé que debe informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción LX, para que éstas ejerzan sus facultades de sanción.

Ciertamente es indispensable proteger a las y los menores de edad de cualquier abuso por medios digitales o ciber acoso; sin embargo, también es necesario garantizar el derecho que tiene toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Este derecho se encuentra previsto en el artículo sexto constitucional, por lo que es recomendable valorar el tipo de medidas que se instrumentan para lograr una protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin que se les prohíba el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet.

Entre los estudios que comprende el informe citado, está el relativo a:

“Consumo de contenidos digitales por parte de las audiencias infantiles

Uso de Internet y redes sociales:”

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) edición 2022, el 82% de las niñas y niños entre 7 y 11 años declaró usar internet y el 69 por ciento mencionó usar alguna red social. Se puede apreciar que el uso de las redes sociales entre los menores de edad ha tenido un crecimiento considerable, pues se pasó de un 39 por ciento en 2017 a un 69 por ciento en 2022.

• En cuanto a las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas por las niñas y niños se encuentran WhatsApp con 66 por ciento, YouTube con 55 por ciento, TikTok con 49 por ciento, Facebook con 34 por ciento y Zoom con 17 por ciento.

• Respecto del consumo de contenidos audiovisuales por internet, la ENCCA 2022 refiere que el 65 por ciento de las niñas y niños encuestados aseguró consumir contenidos en internet, siendo Youtube la plataforma preferida para realizar esta actividad. Además, el tiempo promedio de visionado de este tipo contenidos fue de 2.6 horas al día.

• De las y los niños encuestados que refirieron ver contenidos por internet, el 37 por ciento dijo que utiliza plataformas que requieren una suscripción, mientras que el 82 por ciento dijo ver contenidos en plataformas gratuitas o con publicidad.

• El tipo de contenido que más consume este grupo de la población en plataformas digitales corresponde a películas con 56 por ciento, series con 41 por ciento, caricaturas o programas infantiles con 28 por ciento y anime con 25 por ciento. Asimismo, los dispositivos más utilizados para consumir contenidos son el teléfono celular, seguido de las Smart TV y las tabletas.

• En cuanto a la oferta de contenido dirigido a niñas y niños en plataformas OTT, de acuerdo con información de BB Media, del catálogo de contenido de las 109 plataformas con presencia en México durante 2022 solo el 3.9 por ciento corresponde a títulos con clasificación para público infantil.

Sobre este Informe, el IFT comentó que los resultados observados, permiten reflexionar y dimensionar la importancia de conocer las necesidades actuales de las audiencias infantiles desde su propia voz; de la creación de sinergias entre los distintos actores y de la importancia de la realización de estos estudios e investigaciones para conocer las particularidades de las distintas realidades de nuestro país. “Así, el IFT continuará con la labor de generar y difundir la relación entre las infancias y su entorno mediático”.

Para la presentación del Informe se llevaron a cabo diversas conferencias y conversatorios, con el fin de privilegiar el interés superior de la niñez en la creación, producción y transmisión de contenidos audiovisuales dirigidos a las infancias en México.

Lo anterior, con la finalidad de hacer conciencia de los retos y expectativas de la producción y programación de contenidos, lo cual permitirá identificar la viabilidad de que existan en México mecanismos que impulsen la producción y programación de contenidos audiovisuales dirigidas a las audiencias infantiles, sin descuidar el aspecto relativo a la idoneidad de los contenidos y a la seguridad en el acceso a las apps correspondientes.

Los referidos Reportes, pueden consultarse en el micrositio Somos Audiencias:

https://somosaudiencias.ift.org.mx

Tercero.- En el Sondeo sobre el uso de dispositivos tecnológicos en niños de 3 a 12 años, realizado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor en el año 2018, se buscó identificar hábitos de uso de dispositivos tecnológicos (teléfono celular, tableta, laptop, consolas de videojuegos y relojes inteligentes) que niños de 3 a 12 años utilizan; el gasto familiar que su uso genera, así como el uso responsable y seguro de los dispositivos, entre personas de 18 años o más, residentes de Ciudad de México y con hijos de 3 a 12 años, con los siguientes resultados:

• Los dispositivos tecnológicos más usados por los niños de 3 a 12 años son los teléfonos celulares (81 por ciento), tabletas (57 por ciento) y/o consolas para videojuegos (40 por ciento). Los cuales en la mayoría de los casos son propiedad de los niños: 44 por ciento, 70 por ciento y 32 por ciento, respectivamente.

• 47 por ciento de los usuarios comenzó a usar un teléfono celular entre los 4 y 6 años, 46 por ciento en el caso de la tableta y 58 por ciento en el de consola para videojuegos.

• Más del 40 por ciento señaló que sus hijos utilizan entre 4 y 5 días de lunes a viernes el teléfono celular, la tableta y las consolas para videojuegos y más del 50 por ciento los utiliza tanto el sábado como el domingo. Más del 59 por ciento los usa entre 1 y 2 horas diarias.

• Ver videos es la actividad que más realizan tanto en el teléfono celular (37 por ciento) como en la tableta (32 por ciento); no así en la laptop que es más usada para realizar tareas escolares (54 por ciento).

• 94 por ciento de los entrevistados señaló que cuentan con internet fija (97 por ciento) y/o móvil (70 por ciento) para que sus hijos hagan uso de ella es algunos de los dispositivos que utilizan.

• 24 por ciento señaló que uno de los beneficios al usar teléfono celular, tableta y/o laptop es que incrementa el aprendizaje; 34 por ciento mencionó que ver contenido inapropiado es uno de los mayores riesgos al usarlos.

• 24 por ciento tiene descargado algún control parental en los dispositivos que usan sus hijos a fin de evitar acceso a contenidos peligrosos; de estos el 77 por ciento los ha descargado de manera gratuita.

• 80 por ciento señaló que en su casa se han fijado normas y restricciones de uso para estos dispositivos y que éstas se cumplen siempre. En el 30 por ciento de los casos, la restricción del tiempo de uso es la norma que más se aplica.

• 80 por ciento mencionó que siempre supervisa los sitios a los que entran sus hijos; 47 por ciento lo hace permitiendo a sus hijos utilizarlos sólo si un mayor los acompaña.

• 58 por ciento señaló que supervisa siempre las aplicaciones que descargan sus hijos; 23 por ciento lo hace revisando el historial de las aplicaciones que descarga.

• 79 por ciento ha hablado con sus hijos de 7 a 12 años sobre el ciberbullying o acoso escolar a través de Internet y las redes sociales.

De los datos expuestos, pareciera que el uso de los dispositivos tecnológicos está bajo la debida supervisión y restricciones por parte de los adultos responsables, pero en la práctica, las niñas, niños y adolescentes, que son verdaderos nativos digitales, han encontrado múltiples formar para superar los obstáculos parentales que les han sido impuestos.

Cuarto.-- Con el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPiNNA) ha difundido el documento denominado Algunos riesgos en las redes sociales para niñas, niños y adolescentes, en el que expone que para obtener los beneficios de la socialización y ganar amistades, las niñas, niños y adolescentes, con frecuencia, entregan información personal (nombre, escuela, dirección, intereses personales y familiares, más otros datos) que en la vida real les tomaría más tiempo compartir y confiar a alguien. Pero en las redes sociales está publicada y nunca regresa a la privacidad: no se sabe quién la ve y que puede hacer con ella.

Como desean ser populares, las niñas, niños y adolescentes buscan llamar la atención y aprobación de sus semejantes en edad, tienen a actualizar su perfil, narrar sus aventuras el fin de semana, hablar de sus conocidos y, en ocasiones, se usa el espacio digital para humillar a otras y otros con contenidos no apropiados. Por eso es vital enseñar a las hijas e hijos a usar las herramientas de privacidad, a que seleccionen a quién permiten ver sus datos y fotos, a conocer cuáles son los riesgos en el mundo digital.

Situación que los expone a recibir mensajes de un extraño malintencionado, encontrarse físicamente con un desconocido, ser acosados por sus semejantes o ser extorsionado con imágenes indebidas, entre otras acciones peligrosas, ya que no hay manera de verificar la edad de la persona con la que se comunican; además de tener acceso a videos o fotos provocativos que les causen daño emocional o psicológico, y a acceder a grupos no aptos para su edad y desarrollo, etcétera.

Por lo que sugiere que los padres, tutores y responsables de las personas menores de edad, pongan filtros de edades; usen programas para monitorear, en especial si sospecha que sus hijas e hijos peligran en la red; revisen el historial en internet; sean cuidadoso con los chats que usan, en especial en vivo; usen buscadores seguros y usen controles de padres en teléfonos y otros gadgets

Quinto. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación ha elaborado la Guía Parental. ¿Cómo supervisar y acompañar a la niñez y a la adolescencia para una navegación segura en la era digital? a fin de que se difunda su contenido y con ello, coadyuvar al cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Sexto. A fin de conocer la experiencia en otros países, se puede mencionar que:

• El Reino Unido, en octubre de 2023 aprobó la Ley de seguridad online (Online Safety Act), que obliga a los proveedores de contenido, ya sea propio o generado por usuarios como en las redes sociales, a vigilar la legalidad o la idoneidad del material.

De acuerdo a esta normatividad, en el caso de que no baste con la identificación a través de un documento oficial expedido por el gobierno, la normativa establece que las plataformas deberán utilizar una tecnología para realizar una identificación o verificación biométrica a través de los rasgos faciales y de la edad del potencial usuario.

Sin embargo, los críticos de dicha normatividad consideran que este método puede encarecer el uso de las apps y no es especialmente seguro.

• En Australia, se acaba de aprobar una reforma legislativa que limita el uso de la web y en especial de las apps, a menores de 16 años, por considerar que el uso excesivo de las redes sociales supone un riesgo para la salud física y mental de los menores, en particular para las niñas, por las representaciones nocivas de la imagen corporal y los contenidos misóginos que se difunden. “Para demasiados jóvenes australianos, las redes sociales pueden ser perjudiciales.

A tal efecto, la ministra de Comunicaciones de ese país, ha señalado que casi dos tercios de los australianos de entre 14 y 17 años han visto en Internet contenidos extremadamente nocivos, como consumo de drogas, suicidio o autolesiones”.

El gobierno australiano persigue que las plataformas digitales –Meta (Instagram y Facebook), Tiktok, X, Reddit y Snapchat– tomen “las medidas necesarias” para que los menores de 16 años no abran ni tengan una cuenta en esas redes sociales. De lo contrario, podrían afrontar multas “intencionalmente grandes” de hasta 30,6 millones de euros.

La ley busca proteger a los menores del acoso y de potenciales problemas de salud mental y para ello introduce una nueva categoría llamada “plataformas de medios sociales con restricciones de edad”, que prohíbe tanto la creación de nuevas cuentas como el mantenimiento de las antiguas a los menores de 16. La ley no impone sanciones para los usuarios o los progenitores de menores que la infrinjan. Se trata del límite de edad más alto planteado por un país hasta la fecha, y no existirá ninguna exención respecto al consentimiento.

Séptimo. Cabe señalar que existen redes sociales y apps apropiadas para menores, por lo que será necesario establecer dos tipos de categoría; “plataformas de medios sociales sin restricciones de edad” y “plataformas de medios sociales con restricciones de edad”; por lo que plaraformas de bajo riesgo o de suso informativa para la escuela, podrían quedar en la primera categoría. Tal es el caso de Google Classroom o YouTube.

Octavo. Algunos prestadores de servicio en la web, o la red, como Elon Musk, han señalado que este tipo de propuestas “tendrá un impacto negativo en los derechos humanos de los niños y los jóvenes, incluyendo su derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información”, sin embargo no han aportado algún solución relevante respecto al daño físico, intelectual y social, y a los abusos y peligros de toda índole que sufren las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, por el uso indiscriminado de las diversas apps.

Noveno. El uso de aplicaciones por menores de edad puede tener riesgos, pero también puede ser beneficioso para su desarrollo, pues el uso de las nuevas tecnologías puede ser una fuente de diversión, apoyo, comprensión y bienestar emocional. No obstante, cabe destacar que el uso globalizado de la Red implica una serie de riesgos que no se pueden obviar y que para gestionar el uso de aplicaciones por menores de edad, se pueden configurar controles parentales.

Algunas de las cosas que se pueden hacer para controlar el uso de aplicaciones por menores de edad son:

• Configurar controles parentales en Google Play

• Se pueden configurar controles parentales para restringir el contenido que se descarga o compra en Google Play.

• Bloquear aplicaciones en Google Play

• Se pueden bloquear aplicaciones de Google Play en todos los dispositivos Android o Chromebooks del menor.

• Evitar compras en App Store.

• Se pueden evitar compras en App Store, así como la instalación o eliminación de aplicaciones.

• Tener en cuenta la base legal

• Se debe contar con una base legal para el tratamiento de los datos, como el consentimiento de los padres o tutores legales.

• Algunas de las cosas que se deben tener en cuenta sobre el uso de aplicaciones por menores de edad son: Las aplicaciones pueden recopilar información de localización, identificador único o nombre de usuario.

• Los desarrolladores de aplicaciones deben implementar medidas de seguridad para proteger los datos personales de los niños.

Décimo. Se estima insuficiente la regulación establecida en el Capítulo VI De la Neutralidad de las Redes, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues aunque su finalidad es, entre otros objetivos, la plena inclusión, privacidad y transparencia del servicio a acceso a internet y por ende a las apps, no se establecen medidas de protección en favor de las niñas, niños y adolescentes, habida cuenta de su condición de vulnerabilidad ante diversos peligros por el suso indiscriminado de las mismas.

Décimo primero. En virtud de lo expuesto, una de las principales problemáticas que enfrenta la presente situación, radica en la falta de difusión de las medidas de ciberseguridad en favor de niñas, niños y adolescentes, de medidas de protección y elementos eficaces para la verificación de la edad, ya que las empresas tecnológicas y prestadores de servicios han argumentado en los últimos años, que no resulta viable el desarrollo técnico de una herramienta que colisione con el derecho a la privacidad de los usuarios, y que resulta prácticamente imposible revisar documentos de carácter personal que hipotéticamente quedarían asociados al consumo de un determinado tipo de contenido.

Décimo segundo. Analizados lo antes expuesto, se estima que lo más conveniente sería establecer un sistema de verificación de la edad que pueda incluir datos biométricos o de identificación oficial; en México, ese medio oficial podría ser el número del CURP, que resultaría un medio eficaz y fidedigno para determinar que el usuario es mayor de 16 años.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las y los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten las acciones necesarias para difundir y promover la adopción de las medidas de seguridad que garanticen el derecho a la ciberseguridad de todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Segundo La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, con el fin de velar por el interés superior de la niñez y proteger a las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, de potenciales problemas de salud mental, del acoso de cualquier índole y de la exposición a grupos delictivos, analicen la viabilidad de establecer una nueva categoría llamada “plataformas de medios sociales con protecciones para menores de edad”, con el objetivo de mejorar y fortalecer las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes durante la utilización del Internet y/o las aplicaciones.

Notas

1 https://www.gob.mx/sipinna/articulos/derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes-al-a cceso-a-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion?idiom=es#:~: text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,Federal%20de%20Tele comunicaciones%20y%20Radiodifusi%C3%B3n.

2 https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/ es/el-uso-de-las-redes-sociales-entre-los-menores-de-edad-paso-de-39-en-2017-69 -en-2022-revela-informe#:~: text=25%20de%20abril-,El%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20entre%20los%20me nores%20de,25%20de%20abril%20de%202023.&text=El%20Instituto%20Federal%20de% 20Telecomunicaciones,mensajes%2C%20contenidos%20musicales%20y%20culturales.

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/417504/Sondeo_ sobre_el_uso_de_dispositivos_tecnologicos_en_ninos_de_3_a_12_anos_.pdf

4 https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/algunos-riesgos-en-las-redes-sociales-p ara-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680717/Guii_a_ Parental_Digital_511.pdf

6 https://elpais.com/sociedad/2024-11-28/claves-la-pionera-ley-australiana-que-ve ta-a-los-menores-de-16-el-acceso-a-redes-sociales.html

7 https://elpais.com/sociedad/2024-11-28/claves-la-pionera-ley-australiana-que-ve ta-a-los-menores-de-16-el-acceso-a-redes-sociales.html

8 https://elpais.com/sociedad/2024-11-28/claves-la-pionera-ley-australiana-que-ve ta-a-los-menores-de-16-el-acceso-a-redes-sociales.html

9 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR.pdf

Bibliografía consultada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA SOCIAL EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Bienestar, a la SE y al INAES, así como a sus homólogos en las entidades federativas, a promover e implementar políticas públicas y programas para impulsar la economía social en México, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social (INAES), así como a sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover e implementar políticas públicas y programas para impulsar la economía social en México, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La economía social se refiere a un modelo económico basado en principios de solidaridad, cooperación y autogestión, priorizando el bienestar colectivo sobre el beneficio individual, a través de la organización de empresas sociales como cooperativas, asociaciones y otras formas de organización comunitaria.

La economía social busca generar relaciones de solidaridad y confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortaleciendo procesos de integración productiva, de consumo, distribución y ahorro, y préstamo para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.

La economía social genera un modo solidario, justo y diferente de hacer economía, buscando una transformación social, y que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa o iniciativa.

Segundo. En México, la Ley de la Economía Social y Solidaria establece un marco normativo para fomentar este modelo económico, reconociendo su potencial para generar empleo, reducir desigualdades y fortalecer el tejido social, especialmente en comunidades vulnerables.

Tercero. Según el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), en México existen más de 4 millones de personas que forman parte de organizaciones de la economía social, lo que evidencia su relevancia como motor de desarrollo local y su contribución a la economía nacional.

Para ello, el Programa de Fomento a la Economía Social es la herramienta del Gobierno Federal que da respuesta al mandato del Artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, y los artículos 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social, de atender iniciativas productivas del sector, mediante el apoyo a proyectos productivos, identificación de oportunidades de inversión, capacitación; asistencia técnica, organización y diseño de proyectos productivos.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social establece entre los Programas prioritarios, los destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales, a las empresas del Sector Social de la Economía, así como a aquellos dirigidos a las personas en condición de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad.

Cuarto. La economía social representa una oportunidad para generar empleos dignos y sostenibles, promoviendo la inclusión económica de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes frecuentemente enfrentan barreras de acceso al mercado laboral formal.

Quinto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que la economía social tiene el potencial de generar empleos de calidad y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a crisis económicas, al estar fundamentada en valores como la equidad y la sostenibilidad.

Sexto. Experiencias exitosas en países como Canadá, España y Brasil demuestran que las políticas de apoyo a la economía social pueden contribuir significativamente al desarrollo económico y social, al facilitar el acceso a financiamiento, capacitación y la apertura de mercados.

Séptimo. La economía social está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo, y el ODS 10, enfocado en la reducción de desigualdades.

Octavo. En México, los programas de apoyo a la economía social requieren mayor coordinación interinstitucional y una mejor focalización para garantizar que lleguen a las comunidades y grupos más necesitados.

Noveno. Es fundamental fortalecer los mecanismos de financiamiento para las organizaciones de la economía social, promoviendo la creación de fondos específicos, líneas de crédito y esquemas de apoyo técnico y administrativo que permitan su consolidación y crecimiento.

Décimo. La economía social puede desempeñar un papel clave en la reconstrucción económica postpandemia, al generar empleos sostenibles y fortalecer las cadenas productivas locales, promoviendo una recuperación económica más equitativa y resiliente.

Décimo Primero. La promoción de la economía social contribuye al desarrollo comunitario, fortaleciendo los valores de cooperación, solidaridad y responsabilidad social, elementos fundamentales para construir una sociedad más justa e incluyente.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social (INAES), así como a sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan e implementen políticas públicas y programas que impulsen la economía social, fortaleciendo la creación, consolidación y desarrollo de cooperativas y organizaciones de este sector.

Segundo. Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social, así como a sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten las acciones necesarias para coordinarse con instituciones educativas, organizaciones civiles y empresas con el objetivo de fomentar la educación en economía social, la capacitación técnica y administrativa, así como la generación de redes de apoyo y comercialización para las organizaciones del sector.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, presenten al Congreso de la Unión un informe sobre las acciones realizadas y los avances logrados en la promoción y fortalecimiento de la economía social en el país, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de recibido el presente exhorto.

Notas

1 https://www.gob.mx/inaes/articulos/a-que-nos-referimos-cuando-hablamos-de-econo mia-social?idiom=es#:~: text=La%20ESS%20busca%20generar%20relaciones,y%20comunidades%20donde%20se%20des arrollan.

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS.pdf

3 https://www.gsef-net.org/es/node/27846

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS.pdf

5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf

6 https://www.gob.mx/inaes/documentos/reglas-de-operacion-programa-de-fomento-a-l a-economia-social#:~: text=Consulta%20las% 20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20vigentes%20del%20INAES&text=El%20Programa% 20de%20Fomento%20a,o%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad.

7 https://www.ilo.org/es/resource/la-economia-social-y-solidaria

8 https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5427/resource_files/ ESS_y_politicas_publicas_en_Brasil.pdf

9 https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/canada/politica-y-econom ia#:~: text=Los%20%C3%BAltimos%20datos%20de% 20Statistics,medianas%20empresas%20en%20todo%20Canad%C3%A1.&text=Fuente:%20 World%20Bank%2C%20Ultimos%20datos,nuestro%20servicio%20Informes%20de%20mercado.

10 https://www.mites.gob.es/EconomiaSocial/es/sobre-economia-social/es-espana/inde x.html

11 https://fechac.org.mx/app_fechac/_files/_img/_documents/012821-160142_rf-1-03co mpromisodefechacconlosodsrev1.pdf?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAx9q6BhCDARIsAC wUxu5AB7orTfS4PH7HPiltTGSjINs0poU7FDW-xYadQpdaZ8L2n8h68mIaAguiEALw_wcB

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y SE PERMITA LA INCORPORACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, al INM y a las autoridades homólogas de las entidades federativas a garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñez, asimismo, se permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso a materiales educativos y atención y/o apoyo psicológico, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Migración y a las autoridades homólogas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a que, con el fin de garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñez, establezcan mecanismos flexibles que de forma permanente, permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso a materiales educativos y atención y/o apoyo psicológico enfocado a sus necesidades, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La normatividad establecida respecto de los derechos de la niñez y adolescencia, debe garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y para ello es necesario conocer las necesidades y problemáticas que existen en cada parte del país, de las diferentes actividades en las que se encuentran inmersos y de las necesidades de los diferentes grupos humanos.

El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es esencial para su desarrollo integral y para lograr una sociedad más pacífica, respetuosa y solidaria.

Al respecto, la Ley General de Educación en el artículo 61 establece el derecho humano a la inclusión educativa, que reconoce la diversidad y busca eliminar las barreras que dificultan o imposibilitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje, adaptando el Sistema Educativo Nacional de manera equitativa a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educando, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.

Segundo. En la anterior Ley General de Educación (abrogada el 30 de septiembre de 2019), el artículo 38, hacía referencia de manera específica, al derecho a los servicios educativos de personas migrantes, para lo cual establecía que debía adaptarse, en sus tres niveles de educación, a los grupos migratorios.

En el mismo sentido, la fracción XI del artículo 9 de la Ley General de Educación vigente, establece que:

“ Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I a X.-

XI. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna;

...”

Asimismo, en la fracción VIII del artículo 56, señala que las autoridades educativas deberán:

“ VIII. Integrar y actualizar la información de la estadística educativa y el padrón de migración indígena, a fin de garantizar la pertinencia de la misma.”

En tal sentido y en concordancia con el Derecho a la Inclusión Educativa, las autoridades competentes deberán establecer mecanismos flexibles y temporales que permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en escuelas, garantizando el acceso a materiales educativos y atención psicológica adaptada a sus necesidades.

Por tanto, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Observando para ello, que como mexicanas y mexicanos, nos corresponde velar porque cada niña, cada niño y cada adolescente de nuestro país, pueda gozar de estos derechos en plenitud, sin que ello implique que al ser parte de grupos migratorios no tengan la oportunidad de acceder a una educación que se adapte a sus necesidades.

Tercero. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF), la infancia y adolescencia migrante constituye uno de los sectores más vulnerables de la población, a quienes comúnmente se les priva del acceso a la educación. Esto, a su vez, les impide contar con un entorno seguro y protector, donde puedan recibir herramientas y habilidades esenciales para su vida, así como oportunidades para mejorar su presente y futuro.

Asistir a la escuela ayuda a las niñas, niños y adolescentes migrantes a recuperar sus rutinas y darles una sensación de estabilidad y “normalidad” que el desplazamiento mismo les arrebata.

Igualmente, la escuela les proporciona un espacio único donde se les puede dar acompañamiento psicoemocional, apoyo a través del juego y otras actividades como el deporte, la lectura y la escritura, donde se aprenden habilidades socioemocionales fundamentales para su desarrollo integral.

Cuarto. En México, las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, sufren diversas dificultades para acceder a una educación pública y gratuita, siendo los principales problemas “el tránsito migratorio, la falta de información sobre la oferta educativa, el desconocimiento sobre los requisitos de acceso, el miedo a la discriminación, la solicitud de cuotas y gastos vinculados a su educación, entre otras barreras que les impiden seguir estudiando”.

Otra de las problemáticas que dificultan el acceso a la educación, es la exigencia de parte de muchas escuelas de exhibir documentos de identidad o de acreditación escolar. Sin embargo, la Constitución Política Mexicana en su artículo 3o. y la Normativa de Acceso y Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública, garantizan el derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición migratoria, pues el acceso a la educación no debe estar condicionado.

Por lo tanto, es esencial proporcionar información sobre el derecho la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, para que puedan conocer la oferta educativa, el acceso a los servicios y los requisitos, colaborando de manera intersectorial con los padres, madres y cuidadores, las autoridades educativas, las autoridades locales y las migratorias.

Quinto. A pesar de que las condiciones de movilidad exigen un enfoque estandarizado para identificar las barreras que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes, así como sus familias, para acceder a la educación, en el país existen pocos estudios sobre el tema. Además, no hay datos estadísticos ni sistemas de información que sigan las solicitudes de acceso ni las trayectorias educativas de esta población, lo que dificulta la toma de decisiones para mejorar sus necesidades educativas.

Derivado de esa problemática, UNICEF y la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo del Fondo Conjunto México-Alemania (FCMA), elaboraron el diagnóstico titulado “Infancias en movilidad y barreras para su educación”, que proporciona datos a nivel federal y en cuatro estados del país: Baja California, Chihuahua, Chiapas y Puebla.

• El 86 por ciento del personal educativo considera que el presupuesto asignado a las escuelas es insuficiente para atender las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes migrantes.

• El 71 por ciento del personal educativo señala que conoce la Normativa de Acceso y Control Escolar de la SEP (las cuales establecen los requisitos para la inscripción en las escuelas), sin embargo, únicamente 2 de cada 10 personas encuestadas pudieron describir sus componentes.

• El 40 por ciento del personal educativo considera que niñas, niños y adolescentes migrantes sufren discriminación en la escuela.

En el estudio, algunas familias externaron sentir miedo por la inseguridad y los riesgos fuera de los albergues, por lo que consideran que salir a la escuela no es una opción, además de que priorizan necesidades como la falta de recursos económicos y la vivienda, dejando en último lugar la educación.

Atender el tema es de gran importancia, a fin de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de una educación inclusiva que realmente se adapte a sus necesidades.

Sexto. La atención psicológica que se les debe ofrecer a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de migración, también forma parte importante, ya que, la escuela debe ser un espacio seguro para ellos y les da sentido de pertenencia y estabilidad; al recibir el apoyo psico-emocional pueden desarrollar habilidades socioemocionales que son esenciales en su presente y su futuro, haciéndolos sentir que son parte de un ambiente estudiantil incluyente y respetuoso.

Séptimo. En ese sentido, es fundamental reconocer la diversidad como una oportunidad en lugar de verla como un obstáculo, ya que esto es clave para transformar la visión uniforme de la enseñanza y el aprendizaje. La labor educativa debe enfocarse en promover la inclusión, lo que implica identificar las barreras de aprendizaje y participación que enfrentan los niños en el aula y en la escuela, comprender sus contextos y particularidades, así como ser conscientes de sus vulnerabilidades.

Además, supone aceptar y acoger a los estudiantes sin condiciones, reconociendo que todos pueden enriquecer sus aprendizajes gracias al bagaje y la diversidad cultural de los niños migrantes.

Desde este enfoque, los docentes pueden tomar decisiones pedagógicas que favorezcan los procesos de inclusión mediante:

• “Conocer a los estudiantes: ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿qué experiencias tienen? ¿cómo son sus días?

• Identificar posibles barreras para el aprendizaje y participación: diferencias de lengua, edad o condición social.

• Promover la participación de las niñas y niños migrantes para aprovechar sus saberes y experiencias.

• Sensibilizar a las y los estudiantes del grupo para respetar y acoger a nuevos integrantes en el aula.”

Octavo. Es crucial crear espacios en la formación continua de los docentes, donde se cuestionen, analicen y reflexionen sobre las concepciones y prácticas utilizadas para atender a los niños y niñas en situación de migración, con el fin de avanzar hacia la creación de escuelas inclusivas y equitativas.

Noveno- En virtud de lo expuesto, una de las principales problemáticas que enfrenta la presente situación, es la falta de inclusión educativa para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, ya que al no adaptarse a sus necesidades se les vulnera impidiéndoles acceder a la educación.

Décimo. — El gobierno mexicano, consciente de la importancia de la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, a través del Instituto Nacional de Migración ha instituido la figura de Oficiales de Protección a la Infancia y Atención a Grupos Vulnerables, responsables de salvaguardar sus derechos humanos, en estricto apego a la normatividad vigente, entre los que destaca el derecho a la educación; por lo que deberán promover la inclusión de este sector de la población a las instituciones educativas en sus tres niveles, prestar orientación y apoyo en dichos trámites, y coordinarse con las autoridades educativas de carácter federal y de las 32 entidades federativas.

Décimo primero. Analizado lo antes expuesto, resulta clara la necesidad de atender esta problemática de forma integral, a fin de eliminar las barreras que existen para lograr la plena inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes migrantes, a través de la difusión de información para inscripciones, modalidades de estudio, apoyo psicológico y emocional, acompañamiento en los procesos de trámite, inclusión y respeto de la diversidad.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las autoridades educativas federal y estatales, y al Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñez, instrumenten estrategias y mecanismos flexibles permanentes que permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso a materiales educativos, atención y/o apoyo psicológico enfocado a sus necesidades.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lge_1993.htm

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lge_1993/Ley_ General_de_Educacion_1993-Abro.pdf

5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

6 https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-educaci% C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-migrantes-un-derecho-impostergab le

7 https://www.unicef.org/mexico/inclusioneducativa

8 https://dgair.sep.gob.mx/storage/recursos/CE/normas_29042019.pdf

9 https://www.unicef.org/mexico/inclusioneducativa

10 https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-educaci% C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-migrantes-un-derecho-impostergab le

11 https://www.mejoredu.gob.mx/entre-docentes/voces-docentes/como-promover-la-incl usion-educativa-de-la-ninez-migrante

12 https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/oficiales-de-proteccion-a-la-infanc ia-opi

Consultas adicionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX a promover e implementar políticas y programas para impulsar la economía circular en México, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), así como a sus homólogos en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover e implementar políticas y programas para impulsar la economía circular en México, conforme a los siguientes:

Considerandos

Primero. La economía circular es un modelo económico y ambiental basado en la reducción, reutilización y reciclaje de recursos, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, reducir el consumo de recursos naturales y maximizar el aprovechamiento de los materiales existentes.

Constituye un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende de manera mucho más amplia.

Segundo. En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece el marco normativo para la adecuada gestión de residuos sólidos, sin embargo, es necesario reforzar su aplicación y promover la transición hacia un modelo de economía circular en todos los sectores productivos.

Tercero. La economía circular no sólo tiene beneficios ambientales, sino que también fomenta la innovación y la creación de empleos sostenibles al incentivar el desarrollo de tecnologías limpias, procesos eficientes y modelos de negocio sustentables.

Cuarto. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México enfrenta importantes desafíos en el manejo de residuos, con una tasa de reciclaje de apenas 9.6 por ciento, lo que indica un área de oportunidad para implementar estrategias que impulsen la economía circular.

Quinto. El Foro Económico Mundial destaca que la economía circular podría generar un ahorro global de hasta un billón de dólares anuales, al reducir el uso de materias primas y fomentar prácticas más sostenibles en la producción y el consumo.

Sexto. Países como los Países Bajos, Suecia y Japón, han implementado con éxito políticas de economía circular, logrando una mayor eficiencia en el uso de recursos y reduciendo significativamente la generación de residuos, lo que representa un ejemplo para México.

Séptimo. La transición hacia la economía circular está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 12, que promueve modalidades de consumo y producción sostenibles, y el ODS 13, enfocado en la acción climática.

Octavo. La implementación de la economía circular en México requiere la colaboración de los sectores público, privado y social, así como la educación y concientización de la ciudadanía sobre los beneficios de este modelo.

Noveno. Las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen un papel fundamental en la gestión de residuos y el diseño de políticas locales para fomentar prácticas de economía circular, especialmente en zonas urbanas con alta generación de desechos.

Las zonas urbanas generan grandes cantidades de residuos sólidos urbanos (RSU). Esto se debe a la actividad diaria de las personas en sus hogares, empresas, oficinas y comercios.

La generación de RSU ha aumentado en los últimos años debido al crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo.

Los RSU están compuestos de diversos materiales, como vidrio, papel y cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, metales, madera y escombros.

Es importante tratar los RSU de manera adecuada para evitar que perjudiquen al medio ambiente.

Décimo. Es necesario impulsar incentivos fiscales y financieros para las empresas que adopten modelos de economía circular, así como fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan mejorar la gestión de materiales y recursos.

Undécimo. La transición hacia un modelo de economía circular en México puede contribuir significativamente a mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer la sostenibilidad económica del país.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), así como a las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan e implementen políticas públicas y programas que impulsen la economía circular, priorizando la reducción, reutilización y reciclaje de recursos y materiales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como a las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan mecanismos de coordinación interinstitucional para fomentar la educación ambiental y la integración de la economía circular en las políticas y prácticas empresariales para lograr un desarrollo sostenible.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como a las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, presenten un informe a esta asamblea sobre las acciones y avances logrados en la implementación de políticas de economía circular en sus respectivas competencias en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de que sea recibido el exhorto.

Notas

1 https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20151201STO056 03/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios#:~: text= La%20econom%C3%ADa%20circular%20es%20un,El%20modelo%20de%20econom%C3%ADa%20circ ular.

2 https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20151201STO05 603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios#:~: text=La%20econom%C3%ADa%20circular%20es%20un,El%20modelo%20de%20econom%C3%ADa%2 0circular.

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf

4 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/20 13/01/oecd-environmental-performance-reviews-mexico-2013_g1g21170/9789264189188 -es.pdf

5 https://foroalc2030.cepal.org/2021/sites/default/files/agenda_spa_regionallaunc h_0.pdf

6 http://data.sedema.cdmx.gob.mx: 9000/circular/blog/post/estos-son-los-paises-que-mas-apuestan-por-la-economia-c ircular

7 https://amcham.org.mx/economia-circular-en-mexico-politica-practicas-y-progreso /#:~: text=Colaboraci%C3%B3n%20P%C3%BAblico%2DPrivada%20y%20Rol,para%20alcanzar%20obj etivos%20ambientales%20comunes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, CON ENFOQUE INTERCULTURAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conavim y a sus homólogas en las entidades federativas a diseñar y ejecutar estrategias específicas para las mujeres y niñas de comunidades indígenas y afromexicanas, con enfoque intercultural, que incluya refugios, líneas de atención en lenguas originarias y capacitación para autoridades, para que atiendan la problemática de este sector, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a sus homólogas en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas, a diseñar y ejecutar estrategias específicas para las mujeres y niñas de comunidades indígenas y afromexicanas, con enfoque intercultural, que incluya refugios, líneas de atención en lenguas originarias y capacitación para autoridades, para que atiendan la problemática de este sector, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La legislación establecida respecto de los derechos de las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, debe garantizar su plena protección y atención, para ello es necesario conocer las necesidades y problemáticas que existen en el país y en las diferentes actividades en las que se encuentran inmersas.

Nuestro país cuenta con una amplia diversidad cultural y es considerado multiétnico, en razón de los más de sesenta grupos que conforman los pueblos indígenas y afromexicanos.

Sin embargo, estos grupos sociales no tienen la protección integral, plena y efectiva de sus derechos humanos, pese al reconocimiento jurídico establecido en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando su autodeterminación, autonomía y acceso a recursos para su desarrollo. Además de incluir la obligación del Estado de proteger su identidad, cultura, lenguas, usos y costumbres. Por otro lado, cabe mencionar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que es recomendable que el exhorto se dirija a dicha dependencia a través de la Comisión Nacional.

Al respecto, la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca (SIPCIA), destacó que las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas son quienes enfrentan las mayores desigualdades. Resaltó la conexión entre estas desigualdades, la violencia, la pobreza y la negación de acceso a los derechos humanos.

Segundo. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 revela que las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas están entre los grupos más afectados por actos de discriminación y racismo, especialmente en instituciones gubernamentales, de seguridad y de procuración de justicia.

Cabe destacar que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta 2020, la población total en hogares indígenas era de 11 millones 800 mil 247 personas, lo que equivale a 9.4 por ciento de la población total del país; 51.1 por ciento de la población en hogares indígenas eran mujeres y 48.9 por ciento, hombres. La relación entre hombres y mujeres indicó que había más mujeres que hombres (96 hombres por cada 100 mujeres).

• En México (2023) se estimaron 3.1 millones de personas afrodescendientes por autorreconocimiento: 51.0 por ciento correspondió a mujeres y 49.0 por ciento, a hombres.

• Las entidades federativas con mayor porcentaje de población afrodescendiente fueron: Guerrero (9.5 por ciento), Morelos (4.9 por ciento), Colima (3.9 por ciento) y Quintana Roo (3.9 por ciento).

• 63 de cada 100 personas de 15 años y más, autorreconocidas como afrodescendientes, también se identificaron como indígenas.

• Más de la mitad de la población afrodescendiente (53.2 por ciento) se concentró en 6 entidades: Estado de México (19.2 por ciento), Guerrero (11.0 por ciento), Nuevo León (6.6 por ciento), Chiapas (5.8 por ciento), Jalisco (5.7 por ciento) y Oaxaca (4.9 por ciento).

• Las entidades federativas con mayor porcentaje de población afrodescendiente respecto al total de población por entidad fueron: Guerrero (9.5 por ciento), Morelos (4.9 por ciento), Colima (3.9 por ciento), Quintana Roo (3.9 por ciento) y Oaxaca (3.6 por ciento).

• Por tamaño de localidad, 76.1 por ciento de la población afrodescendiente residía en localidades urbanas y 23.9 por ciento, en rurales.

Tercero. De acuerdo con un informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la falta de efectividad de los derechos indígenas en México se debe a una combinación de factores históricos y situacionales que, sin una visión intercultural y basada en derechos humanos, alimentan tensiones sociales. La discriminación histórica hacia las personas indígenas y afromexicanas, sumada a las deficiencias estructurales en la administración pública, contribuye a la persistencia de violaciones a sus derechos humanos y colectivos, que se agrava respecto de las mujeres y niñas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en su artículo 5o., fracción XVI, define la interculturalidad como:

“XIV. Interculturalidad: El enfoque intercultural parte del reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las particularidades de las mujeres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia de culturas”.

Frecuentemente, las instituciones públicas carecen de herramientas adecuadas para responder a las necesidades de las comunidades indígenas y afromexicanas. Esto incluye la ausencia de intérpretes y defensores públicos familiarizados con sus contextos culturales, la falta de información y acompañamiento durante procesos legales.

En este sentido la LGAMVLV, en su artículo 52 establece que:

“ Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

Las mujeres y niñas indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y personas defensoras de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

Además, en la misma ley, el artículo 59 Ter señala que:

“Los centros de justicia para las mujeres facilitarán el acceso a la justicia las 24 horas todos los días del año, y se deberá garantizar que en los servicios que se brinden se cuente con personas intérpretes de lenguas indígenas, así como condiciones de accesibilidad para mujeres con discapacidad, incluidas personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y asistencia personal en caso de que se requiera”.

Por lo que el presente es un asunto que requiere atención urgente, para brindar el apoyo y la atención a estos grupos de mujeres y niñas a quienes están siendo vulnerados sus derechos.

Cuarto. La violencia contra las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas representa un problema grave que afecta múltiples aspectos de la sociedad, como la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Ellas enfrentan mayores dificultades debido a la falta de información y, en algunos casos, al desconocimiento, lo que les impide acceder a los recursos y apoyos necesarios para una vida digna dentro de sus comunidades.

El conocimiento e identificación de los tipos de violencia estructural que sufren las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas al estar expuestas a diversas formas de maltrato, como discriminación, abuso psicológico, laboral, familiar y educativo, debido a prejuicios de la sociedad mexicana, impacta de manera negativa y vulnera su seguridad, dignidad y patrimonio.

Las mujeres y niñas afromexicanas e indígenas viven graves desigualdades y obstáculos como el acceso a la educación, pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social.

Quinto. La exclusión política, social y económica de las mujeres y niñas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, y las vuelve susceptibles a actos de violencia como resultado del racismo estructural, institucional y sistémico.

Otro de los problemas que puede desarrollar este sector deriva en baja autoestima, insatisfacción personal y rechazo hacia sí mismas, debido a que en sus comunidades las costumbres limitan los derechos de las mujeres, impidiéndoles opinar o inclusive relegándolas al servicio del hogar y del esposo. Esto dificulta que muchas denuncien la violencia por temor a perder su familia, lo que a menudo las conduce a desarrollar trastornos psicológicos, emocionales e incluso conductuales.

Es importante plantear el objetivo de reforzar las acciones y medidas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como su participación plena y equitativa en la sociedad.

Sexto. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un problema en particular para las mujeres afrodescendientes mexicanas es la invisibilización y falta de representación, además de los estereotipos creados en torno a lo “afro”.

Estas problemáticas están ligadas a cuestiones estructurales como el racismo y otras formas de discriminación, incluyendo la falta de reconocimiento de la existencia y herencia de los pueblos afrodescendientes en el país.

Por lo que se debe dar reconocimiento basándose en la interculturalidad.

Séptimo. Es de gran relevancia que las mujeres conozcan sus derechos, sobre todo cuando están en condiciones de vulnerabilidad. Dicha importancia se contempla en la LGAMVLV en su artículo 41 en la fracción VI, en el que se indica que:

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación”.

Para poder resolver el problema de violencia que enfrentan estas mujeres y niñas, deben tener el acceso a la información e identificar cuando se les estén violentando sus derechos, para ello deben poder acudir por apoyo y orientación a refugios, centros o líneas de ayuda, las cuales deben brindar ayuda de acuerdo a sus necesidades.

Octavo. Derivado de lo anterior, es necesaria la creación de estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas, como lo son la apertura de refugios, centros de ayuda y líneas de ayuda.

Estos deben ser de acuerdo al artículo 54 de la LGAMVLV en la fracción 54:

“ Artículo 54. Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque diferenciado:

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado, en perspectiva de género, derechos humanos, con enfoque diferenciado, intercultural e interseccional”.

Estas instituciones deben adaptarse a las necesidades y ser accesibles, además de promocionar sus servicios de ayuda, apoyo y orientación entre todas las mujeres y niñas, especialmente las indígenas y afromexicanas.

Noveno. En virtud de lo expuesto, una de las principales problemáticas que enfrenta la presente situación, es la respuesta a la violencia que sufren las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas en diferentes sectores, lo que les impide tener una vida libre de violencia. Por lo que es necesario que, con el propósito de resolver esta problemática, las mujeres y niñas tengan a dónde acudir, a la vez que las autoridades locales las capaciten para saber cómo actuar e identificar las situaciones de violencia. También se debe capacitar y concientizar a las personas que forman parte de su entorno, para no vulnerar los derechos de este sector de la población, reconocerlos y respetarlos.

Décimo. Analizado lo antes expuesto, sería conveniente atender esta grave omisión, con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres, diseñando y ejecutando estrategias específicas para las mujeres y niñas de comunidades indígenas y afromexicanas, con enfoque intercultural, que incluya refugios, líneas de atención en lenguas originarias y capacitación para autoridades locales.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a las autoridades competentes de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen e instrumenten estrategias para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las niñas, adolescentes y mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas y, en su caso, el acceso a refugios para víctimas de violencia y a líneas de atención en lenguas originarias; y a cursos de capacitación en la materia para las autoridades locales.

Notas

1 El término “niña”, se utiliza de conformidad al artículo 1o. de la Convención de los Derechos del Niño y del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cualquier perdona menor de 18 años de edad.

2 https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=60067#_ftn2

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/visibiliza-sipcia-las-violencias-multipl es-que-viven-mujeres-indigenas-y-afromexicanas/

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ENADIS/ENADIS_Nal22.pdf

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/20 24/EAP_PerAfro24.pdf

7 https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=60067#_ftn2

8 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

9 https://www.promocionpoliticadelamujer.mx/documentos/investigaciones/violencia- contra-las-mujeres-indigenas.pdf

10 https://www.promocionpoliticadelamujer.mx/documentos/investigaciones/violencia- contra-las-mujeres-indigenas.pdf

11 https://www.promocionpoliticadelamujer.mx/documentos/investigaciones/violencia- contra-las-mujeres-indigenas.pdf

12 https://mexico.unwomen.org/es/mujeres-afrodescendientes

13 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Consultas adicionales

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. Derechos de las Personas Afromexicanas.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100160/001_afrome xicanos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a difundir y promover la adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos y todas las personas de la tercera edad, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y a todas las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a difundir y promover la adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos y todas las personas de la tercera edad, para que atiendan la problemática de este sector, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La normativa vigente en relación con los derechos de las personas adultas mayores debe asegurar, de manera integral, el acceso a una vivienda digna para este grupo etario. Para lograrlo, resulta imperativo llevar a cabo un profundo entendimiento de las diversas necesidades y problemáticas que atraviesan en las distintas regiones del país, así como en las múltiples actividades y contextos en los que se encuentran involucrados.

El respeto y la garantía de los derechos de las personas adultas mayores son fundamentales para su bienestar integral, pues les permite disfrutar de una vida plena y digna. Este compromiso no sólo favorece su desarrollo individual, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa, respetuosa y solidaria con quienes han contribuido a su formación.

Al respecto, el acceso a una vivienda estable para las personas adultas mayores constituye un pilar fundamental para su bienestar físico, emocional y social. Principalmente, la seguridad y estabilidad que proporciona un hogar adecuado no sólo satisface la necesidad básica de resguardo, sino que además favorece la autonomía, un aspecto crucial para esta etapa de la vida; vivir en un entorno fijo y seguro permite a los adultos mayores mantener un sentido de control sobre su rutina diaria, ya que reduce el riesgo de angustia y ansiedad derivado de la incertidumbre y la inestabilidad.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) las viviendas amigables con las personas mayores fomentan el envejecimiento saludable, en las cuales se ajustan y optimizan las estructuras físicas y sociales de acuerdo con las necesidades y preferencias conforme se envejece.

El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas pertenecientes a este sector.

En tal sentido y en concordancia con el derecho a la vivienda digna, las autoridades competentes deberán establecer mecanismos para exhortar a las instituciones correspondientes a concretar créditos accesibles para que este sector poblacional tenga acceso a una vivienda propia.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas y todos los adultos mayores sin discriminación de ningún tipo o condición.

Segundo. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores sostiene que la promoción de viviendas especialmente diseñadas y adaptables para personas adultas mayores representa una inversión de gran relevancia en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa con las necesidades de todas las generaciones.

En este mismo artículo, sugiere un listado de características recomendadas para una vivienda de este tipo:

En el área de la cocina:

• Adquirir muebles a la altura de las personas adultas mayores para evitar el uso de banquitos o escaleras.

• Evitar que las asas de las ollas queden fuera de la estufa y se puedan tirar al pasar.

En el área del pasillo:

• Instalar pasamanos a 90 centímetros (cm) del piso redondos y de 5 cm de grosor.

• No extender la construcción con estructuras que impidan el libre desplazamiento.

• En caso de tener escaleras, contar con descansos y barandales de recorrido continuo por ambos lados; 90 cm del piso, redondos y de 5 cm de grosor.

En la recámara:

• Procurar que la altura de la cama sea de 47 a 50 cm.

• Revisar que la altura de los cajones sea adecuada para las personas adultas mayores.

En el baño:

• Instalar pisos antiderrapantes y sin desniveles.

• Instalar regadera con extensión de mano.

• Usar barras de sujeción.

• La altura del inodoro debe quedar entre 47 y 50 cm.

• Evitar superficies vidriadas.

Estas medidas buscan mejorar la accesibilidad y cotidianidad de las personas de la tercera edad, además de prevenir accidentes. Deben ajustarse a las necesidades de las personas que la habitan, independientemente de que tengan una discapacidad o dificultades de la funcionalidad.

Tercero. Según Mauricio Rodríguez, el estudio de los arreglos residenciales adquiere una relevancia sustancial al considerar la interacción compleja entre las estructuras habitacionales y los procesos sociales, demográficos y económicos que las configuran y condicionan.

Estos procesos, desde las dinámicas de desplazamiento poblacional hasta las transformaciones en las estructuras familiares y las condiciones económicas, tienen un impacto directo en la configuración y distribución de los espacios residenciales. Así, muestra la relación entre los cambios en las comunidades y las características de las viviendas en las que viven las personas.

En su texto Arreglos residenciales e ingresos de las personas mayores en México, Mauricio Rodríguez, profesor de la Universidad de las Américas-Puebla, obtuvo los siguientes resultados.

• La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020) identificó 35.7 millones de hogares, de los cuales poco más de una cuarta parte (25.3 por ciento) cuenta con la presencia de al menos una de las 11.8 millones de personas de 65 años y más.

• Entre los hogares que cuentan con la presencia de alguna persona mayor, la principal configuración corresponde a hogares en los que también hay presencia de personas de otros grupos de edad, pero también se observan hogares donde se encuentran de manera exclusiva personas mayores o personas que viven solas.

• Entre las personas mayores, la forma más común de residencia es en contextos multigeneracionales en los que habitan dos de cada tres personas de 65 años y más (62 por ciento).

• La segunda forma de residencia corresponde a personas mayores que viven solamente con su pareja también de 65 años y más (18 por ciento).

• El tercer tipo de residencia en importancia relativa corresponde a aquellas personas de 65 años y más que viven solas (13 por ciento).

De los datos expuestos, resalta que el porcentaje de adultos mayores de 65 años que viven solos es mucho menor al de aquellos que viven acompañados: “Destacan los bajos ingresos de las personas mayores que residen en hogares multigeneracionales y ampliados, reforzando la idea de los arreglos residenciales como estrategia para hacer frente a necesidades económicas [...] los hogares unipersonales dependen en gran manera de sus propios ingresos por jubilación o pensión, pero también en mayor medida de transferencias de otros hogares [...]”.

Cuarto. El Programa de Vivienda Social (PVS) constituye una iniciativa emblemática orientada a transformar la realidad habitacional de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la entrega de subsidios con diseños especiales, busca atender de manera prioritaria a personas y familias que enfrentan condiciones de rezago habitacional, carecen de una vivienda digna y, además, no cuentan con los recursos económicos ni el acceso a mecanismos de financiamiento que les permitan mejorar su calidad de vida.

En este sentido, el PVS desempeña una labor clave como herramienta para garantizar el derecho fundamental a la vivienda, además de que promueve la equidad y el desarrollo integral en comunidades tradicionalmente desfavorecidas.

Según el portal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), los apoyos económicos que otorga este programa, operan bajo tres esquemas:

• Subsidio Conavi cien por ciento. Son apoyos otorgados directamente a la persona beneficiaria, sin asociación a crédito y a subsidio de otra entidad, y serán utilizados —idealmente— para cubrir necesidades de vivienda y atender las condiciones de rezago habitacional de la población prioritaria.

• Cofinanciamiento. Implica la combinación de aportaciones de distintas fuentes de recursos para la correcta ejecución de la intervención de vivienda.

• Emergente de Vivienda. Contribuye a reactivar las economías locales y la generación de empleo en la industria de la construcción en materia de vivienda.

También, para lograr que todas las personas cuenten con una vivienda adecuada de forma efectiva y organizada, se siguen cinco estrategias:

1) Reducir la falta de vivienda adecuada en las personas más vulnerables, para contribuir a la equidad entre diferentes grupos poblacionales.

2) Ampliar las opciones para otorgar apoyos económicos que respondan a distintas necesidades habitacionales de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, ya sea por sus condiciones sociales, riesgos externos o precariedad en su vivienda, promoviendo su bienestar integral.

3) Fortalecer los programas de Producción Social de Vivienda Asistida como parte del desarrollo y consolidación de un sistema que garantice el acceso a una vivienda adecuada.

4) Garantizar la calidad y sustentabilidad de las viviendas, asegurando su funcionalidad, seguridad estructural, accesibilidad y respeto a las características culturales de cada comunidad.

5) Optimizar el uso de recursos y programas de los tres niveles de gobierno para garantizar que la población más desfavorecida obtenga el mayor beneficio posible.

De igual forma, el PVS opera a través de seis modalidades:

a) Adquisición de vivienda

b) Autoproducción

c) Reubicación de vivienda

d) Reconstrucción de vivienda

e) Mejoramiento integral sustentable

f) Mejoramiento de unidades habitacionales.

Este programa representa un pilar fundamental en la promoción de la equidad social al abordar una de las problemáticas más latentes de la sociedad mexicana: la carencia de vivienda adecuada. Al enfocarse en las personas y comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad, disminuye las desigualdades territoriales y poblacionales.

Además, mejora significativamente la calidad de vida de los beneficiarios al garantizar viviendas seguras, habitables y culturalmente adecuadas. Estas acciones impactan directamente en su bienestar físico y emocional, pues fomenta entornos saludables, seguros y propios para el desarrollo individual y familiar.

Quinto. El crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), constituye un mecanismo de financiamiento dirigido a los trabajadores formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de adquirir, construir, remodelar o liquidar obligaciones relacionadas con una vivienda. Su operación se respalda en el ahorro acumulado de la persona en la subcuenta de vivienda y las aportaciones realizadas conforme a lo establecido en la ley.

De acuerdo al portal de BBVA México, para acceder a este beneficio, el interesado debe cumplir con las siguientes condiciones:

• Estar registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cotizar activamente.

• Alcanzar el puntaje mínimo requerido en el sistema de evaluación del Infonavit, que considera elementos como antigüedad laboral, nivel salarial, edad y saldo acumulado en la subcuenta de vivienda.

El monto disponible depende de la capacidad económica del solicitante, el saldo en la subcuenta de vivienda, el ingreso mensual y la edad de este. El Instituto también permite acceder a créditos conjuntos, en los cuales los ingresos de dos personas se suman para incrementar la capacidad de financiamiento.

Las amortizaciones del crédito se realizan a través de deducciones automáticas sobre el salario del trabajador, complementadas por las aportaciones patronales correspondientes a 5 por ciento del salario base de cotización. En situaciones de desempleo, el acreditado tiene la posibilidad de efectuar los pagos directamente al Instituto, con el fin de mantener la continuidad en el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Desde noviembre de 2023, el Infonavit implementó un programa que permite disminuir la mensualidad de su crédito a personas en situación de jubilación. Este lleva por nombre Apoyo a Jubilados y, según Infobae, ha beneficiado a mil 237 personas; de modo que el pago sea el equivalente a 25 por ciento del monto de su pensión mensual, más los seguros y comisiones.

Los requisitos para acceder a este programa, son:

- Ser persona jubilada o pensionada por Cesantía en Edad Avanzada o vejez.

- No estar cotizando ante el IMSS.

- Haber pagado más de 120 mensualidades completas.

Este tercer requisito llama la atención particularmente, puesto que los adultos mayores no siempre gozan de salud financiera impecable; la incapacidad de estos para satisfacer puntualmente las mensualidades correspondientes a sus obligaciones crediticias puede deberse a una drástica reducción de ingresos que suelen experimentar tras su transición a la jubilación.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Vivienda, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y a todas las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten las acciones y estrategias necesarias a efecto de diseñar e implementar un manual y las normas para la construcción y adaptación de viviendas para las personas adultas mayores, de acuerdo a los lineamientos sugeridos por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a que, con el fin de velar por el interés superior de las personas de la tercera edad y su derecho a una vivienda digna, se evalúe la modificación del programa de Infonavit de reducción de mensualidades destinado a los trabajadores jubilados. Esto, con el objeto de establecer criterios más flexibles respecto al requisito de haber cumplido con 120 aportaciones completas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que analice la implementación de un esquema escalonado que permita determinar la reducción proporcional en los pagos mensuales, de acuerdo con el número de aportaciones realizadas, a fin de ampliar el alcance del programa Apoyo a Jubilados y atender, de manera más equitativa, las necesidades económicas de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Notas

1 World Health Organization (2023). National programmes for age-friendly cities and communities: a guide. Geneva. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/366634.

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf

3 Recuperado de:

https://www.gob.mx/inapam/articulos/viviendas-amigables-para-per sonas-adultas-mayores?idiom=es#:~: text=Asegurar%20y%20 adaptar%20viviendas%20amigables,la%20etapa%20de%20la%20vejez.&text=El%20dis e%C3%B1o%20y%20la%20adaptaci%C3%B3n,necesidades%20de%20todas%20las%20generacion es.&text=International%20Organization%20For%20Standaritation%20(2011,/handl e/10665/43805.&text=World%20Health%20Organization%20(2023).,/handle/10665/3 66634.

4 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/761149/LSDM2022-191-204.pdf

5 https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/

6 Recuperado de:

https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de- vivienda-social-pvs#:~: text=Programa%20de%20Vivienda%20Social%20PVS%20S177&text=Programa%20de%20Vi vienda%20Social%20o,acceder%20a%20una%20vivienda%20adecuada

7 https://www.bbva.mx/educacion-financiera/banca-digital/portabilidad-credito-inf onavit.html

8 https://www.infobae.com/mexico/2024/08/28/este-es-el-programa-que-ayuda-a-jubil ados-a-disminuir-la-mensualidad-de-su-credito-infonavit/

Bibliografía y literatura consultada

1. BBVA. (n.d.). Portabilidad de crédito Infonavit. Recuperado de

https://www.bbva.mx/educacion-financiera/banca-digital/portabili dad-credito-infonavit.html

2. Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). (n.d.). Programa de Vivienda Social PVS. Recuperado de

https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de- vivienda-social-pvs#:~: text=Programa%20de%20Vivienda%20Social%20PVS%20S177&text=Programa%20de%20Vi vienda%20Social%20o,acceder%20a%20una%20vivienda%20adecuada

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4. Gaceta UNAM. (2023, diciembre 12). La población anciana, cada vez más sola y sin apoyo económico. Recuperado de

https://www.gaceta.unam.mx/la-poblacion-anciana-cada-vez-mas-sol a-y-sin-apoyo-economico/

5. Infobae México. (2024, agosto 28). Este es el programa que ayuda a jubilados a disminuir la mensualidad de su crédito Infonavit. Recuperado de

https://www.infobae.com/mexico/2024/08/28/este-es-el-programa-qu e-ayuda-a-jubilados-a-disminuir-la-mensualidad-de-su-credito-infonavit/

6. Infonavit. (n.d.). Infonavit para personas adultas mayores. Recuperado de

https://aprenderaenvejecer.tv/legal/infonavit-para-personas-adul tas-mayores/

7. Infonavit. (n.d.). Infonavit para personas adultas mayores. Recuperado de

https://aprenderaenvejecer.tv/legal/infonavit-para-personas-adul tas-mayores/

8. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). (n.d.). Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Recuperado de

https://www.gob.mx/inapam/documentos/ley-de-los-derechos-de-las- personas-adultas-mayores#:~: text=6.,Derecho%20a%20la%20 asistencia%20social.&text=7.,y%20capacitación%20en%20su%20comunidad

9. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). (n.d.). Vivienda digna y sustentable para adultos mayores. Recuperado de

https://www.gob.mx/inapam/prensa/vivienda-digna-y-sustentable-pa ra-adultos-mayores-conavi

10. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). (n.d.). Viviendas amigables para personas adultas mayores. Recuperado de

https://www.gob.mx/inapam/articulos/viviendas-amigables-para-per sonas-adultas-mayores?idiom=es#:~: text=Asegurar%20y%20 adaptar%20viviendas%20amigables,la%20etapa%20de%20la%20vejez.&text=El%20dis eño%20y%20la%20adaptación,necesidades%20de%20todas%20las%20generaciones.&te xt=International%20Organization%20For%20Standaritation%20

11. Congreso de la Ciudad de México. (2019, junio). MJN_6. Recuperado de

https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/MJ N_6.pdf

12. Secretaría de Desarrollo Social. (2022). Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Recuperado de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/761149/LSDM2022-1 91-204.pdf

13. Créditoaria. (2021, octubre 12). Instituciones de vivienda en México: Cómo funcionan. Recuperado de

https://www.blog.creditaria.com.mx/instituciones-de-vivienda-en- mexico-como-funcionan

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

DIAGNOSTICAR, PREVENIR, CONTROLAR Y, EN SU CASO, ERRADICAR LA PLAGA DEL GBG

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones correspondientes para diagnosticar, prevenir, controlar y, en su caso, erradicar la plaga del GBG, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

• El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas.

• A raíz del reporte de presencia de gusano barrenador del ganado (GBG) Cochliomyia hominivorax en el sur de Nicaragua, a poco más de 700 kilómetros de la frontera de México con Centroamérica, y del incremento de casos en Panamá y Costa Rica, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) emitió medidas preventivas con el objetivo de proteger a la ganadería nacional de esta plaga, ausente en el país desde hace más de 30 años.

• Desde julio de 2023, cuando se presentaron los primeros casos de GBG en Costa Rica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reforzó la primera barrera de defensa sanitaria, que comprende la inspección zoosanitaria en 45 aeropuertos internacionales, 24 puertos marítimos y 28 fronteras, así como en 19 puntos de verificación e inspección federal (PVIF).

• Paralelamente, comunicó la alerta sanitaria a todos los eslabones de la cadena productiva y a través de su Dirección General de Salud Animal (DGSA) envió materiales de difusión a 24 mil 452 puntos de contacto, en las 32 entidades federales, que incluyen farmacias veterinarias, rastros, uniones ganaderas, centros de acopio de animales, mercados de animales, asociaciones ganaderas locales, empresas forrajeras y dependencias locales del sector, entre otros.

• Con esta acción de comunicación, el Senasica impulsa la concientización en productores y público en general sobre la importancia de notificar oportunamente cualquier tipo de herida agusanada que detecten en animales de consumo, silvestres, mascotas e incluso en personas.

• Se informó que hasta el momento Panamá ha reportado 11 mil 658 casos positivos de GBG, Costa Rica 300 y Nicaragua 13, de los cuales más de 82 por ciento corresponden a gusaneras en bovinos y 6 por ciento en caninos.

• El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el 24 de noviembre de 2024, producto de las acciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prevenir el ingreso del gusano barrenador del ganado (GBG) a México, personal interceptó en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, un animal que resultó positivo en un cargamento originado fuera del territorio nacional.

• Como medida precautoria, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés) pausó temporalmente la internación de ganado mexicano a su país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que establezca los mecanismos de coordinación con las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de los estados, el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, las Organizaciones de Productores, la Confederación Nacional Ganadera, Uniones y Asociaciones de Productores, Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas y con las personas físicas y morales relacionadas con la actividad pecuaria, para que proporcionen a la Senasica todo el apoyo y colaboración técnica y administrativa, la información epizootiológica y productiva, y la información que requiera para diagnosticar, prevenir, controlar y, en su caso, erradicar la plaga del GBG, después de que el pasado 24 de noviembre de 2024 se interceptó en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, un animal que resultó positivo al estar infestado por el gusano barrenador del ganado.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que establezca los mecanismos de coordinación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, para que se quite la medida precautoria que puso temporalmente la internación de ganado mexicano a su país, con el objetivo de que las y los ganaderos mexicanos no sean afectados y pueda arreglarse con la intervención pronta y expedita del Gobierno de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO A LA SALUD MENTAL Y SU IMPORTANCIA, CON EL PROPÓSITO DE DIAGNOSTICAR, PREVENIR, E IDENTIFICAR EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, en coordinación con la Ssa y la SEP, a realizar campañas de concientización de lo que es la salud mental y su importancia, con el propósito de diagnosticar, prevenir, e identificar en los niños, niñas y adolescentes, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

• La salud mental y el bienestar son imprescindibles para que todos llevemos una vida satisfactoria, alcancemos nuestro máximo potencial, participemos de forma constructiva en nuestras comunidades y superemos el estrés y las adversidades. Además, los servicios de salud mental son un componente esencial del sistema de salud y de la cobertura sanitaria universal.

• La salud mental como lo establece el artículo 72 de la Ley General de Salud, que a la letra dice:

Artículo 72. La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.

...

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física y psico-emocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.

• Como lo maneja la Fundación Proyecto Maniapure. La salud mental es un componente fundamental de nuestro bienestar general que abarca nuestro estado emocional, psicológico y social. Se refiere a la manera en que pensamos, sentimos y nos comportamos en respuesta a las diferentes situaciones de la vida. En otras palabras, la salud mental afecta la forma en que manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás, tomamos decisiones y enfrentamos los desafíos cotidianos.

Contrariamente a lo que algunas personas podrían creer, la salud mental no se limita a la ausencia de trastornos mentales. Si bien la ausencia de condiciones como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia es importante, la salud mental también implica tener habilidades de afrontamiento efectivas, relaciones interpersonales saludables y un sentido de bienestar emocional y psicológico.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental 2013-2030, actualizado, que fue refrendado por la 74 Asamblea Mundial de la Salud en su decisión WHA74(14).

El plan sigue insistiendo en la necesidad de adoptar un enfoque que abarque toda la vida y en aplicar medidas para promover la salud mental y el bienestar de todos, prevenir los problemas de salud mental entre las personas de riesgo y garantizar la cobertura universal de la atención a la salud mental.

Es por lo anterior que la salud mental es fundamental para que nuestros niños y jóvenes tengan capacidad de pensar, sentir, aprender, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir al mundo, de forma natural y sana.

La salud mental significa algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es una parte importante y la base de la salud y el bienestar general de todos, por lo que es muy importante que desde la infancia se trabaje en esta.

A lo largo de su vida, los niños, niñas, adolescentes y los jóvenes experimentan diferentes niveles de salud mental y bienestar positivos. 1 de cada 10 de ellos también experimentará un trastorno de salud mental. Lamentablemente, la mayoría nunca recibe la atención que necesita.

Los niños, niñas y adolescentes deben de ser una prioridad para todos los gobiernos sean del color que sean, debe de ser un tema prioritario de salud pública, de una manera integral. Es importante conocer y dar a conocer cuáles son sus derechos, como el de tener una salud mental y saber que es.

La salud mental está ligada al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, se erige como una preocupación de máxima relevancia que exige una atención sumamente cuidadosa y comprensiva.

Los cuidados básicos y servicios de salud deben de ser preventivos, teniendo todas las herramientas para la detección temprana de posibles problemas de salud, y salud mental con el objetivo de crear un futuro más pleno y equitativo para toda nuestra juventud. Al mismo tiempo, la atención a la salud mental desempeña un papel crucial para la prevención en las futuras generaciones en todo lo relacionado con las emociones y salud mental.

• En el decimotercer Programa General de Trabajo de la OMS se destaca la necesidad de intensificar las actividades de promoción de la salud mental, queda mucho por hacer para que todas las personas disfruten del mayor nivel posible de salud mental y de bienestar. Es preciso adoptar medidas para solventar décadas de desatención y desarrollo insuficiente de los servicios y sistemas de salud mental, de vulneración de los derechos humanos y de discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales.

Las futuras generaciones deben contar con las herramientas con el objetivo principal mitigar el impacto psicológico adverso de las emergencias y promover la resiliencia emocional en aquellos que están involucrados.

Esto se logra a través de una serie de medidas, que pueden incluir a nivel nacional:

Capacitación en primeros auxilios psicológicos: proporcionar habilidades básicas para brindar apoyo emocional inmediato a las personas afectadas por la emergencia, en todos los centros de salud y en las instituciones educativas de todos los niveles ya sean públicas o privadas.

Apoyo psicológico continuo: ofrecer asistencia emocional a largo plazo para aquellos que lo necesiten, ya sea a través de servicios de asesoramiento, grupos de apoyo o intervenciones psicológicas especializadas, en todos los centros de salud y en las instituciones educativas de todos los niveles ya sean públicas o privadas.

Monitoreo del bienestar emocional: establecer sistemas para identificar y abordar los signos de estrés, ansiedad o trauma en todos los centros de salud y en las instituciones educativas de todos los niveles ya sean públicas o privadas.

Autocuidado: promover la importancia del autocuidado entre los niños, niñas y adolescentes, brindándoles herramientas y recursos para manejar el estrés y prevenir el agotamiento emocional.

La protección y prevención de la salud mental son derechos de niñas, niños y adolescentes constituye la piedra angular para asegurar el interés superior de esta población vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, se realicen campañas de concientización de lo que es la salud mental y su importancia, con el propósito de diagnosticar, prevenir, e identificar en las niñas, niños y adolescentes posibles problemas de salud mental.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, implemente campañas dirigidas a los padres de familia y a todas las niñas, niños y adolescentes a efecto de proporcionarles la información suficiente para identificar y reaccionar ante situaciones de estrés y ansiedad, así como la localización de las instituciones de salud a las que pueden acudir para su atención.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, destinen los recursos necesarios a efecto de instrumentar políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y solución de los problemas de salud mental entre la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

ESTÍMULO FISCAL A LOS PASAJEROS EXTRANJEROS QUE INGRESEN A TERRITORIO NACIONAL VÍA MARÍTIMA PARA EL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO MIGRATORIO DE ESTANCIA DE VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la Sectur a otorgar un estímulo fiscal del 100 por ciento a los pasajeros extranjeros que ingresen a territorio nacional vía marítima que deban cubrir el pago del derecho por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El turismo es un sector relevante y preponderante para la economía de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este sector aporta 8.6 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional, lo que representa un valor de 2.5 billones de pesos. En 2020, justo durante la etapa de pandemia, la aportación al PIB nacional era de 6.9 por ciento, lo que es indicativo de su paulatina recuperación y todo lo que implica esto en materia de generación de inversión, empleo y consumo interno.

Comparado con el año 2022, el sector ha crecido 4.4 por ciento, lo que significa que las actividades turísticas generaron 2.8 millones de puestos de trabajo ocupados remunerados (7.2 por ciento del total nacional). Para tener una referencia de lo que representa este crecimiento, el PIB nacional creció 3.2 por ciento.

El Inegi también señala que las principales actividades del PIB del turismo fueron: servicios de alojamiento para visitantes, transporte de pasajeros y servicio de los restaurantes, bares y centros nocturnos que aportaron ingresos por 538 mil millones de pesos (mdp), 490 mil mdp y 405 mil mdp respectivamente.

Cabe resaltar que otras áreas que aportaron a la consolidación del sector durante 2023 fueron el comercio turístico, así como los servicios deportivos y recreativos y las agencias de viaje.

De acuerdo con los motivos de viaje, el ingreso de turistas se distribuyó en viajes de negocios con 5.6 por ciento; vacaciones con 29.4 por ciento; otros motivos de viaje con 41.2 por ciento; excursionistas con 12.1 por ciento, y gastos previos con 11.7 por ciento.

Para el turismo procedente del resto del mundo, el gasto por vacaciones representó 78.3 por ciento, mientras que bajo el concepto de “otros motivos de viaje” contribuyó con 13.5 por ciento; excursionistas, con 5.5 por ciento, y motivos de negocios, con 2.7 por ciento.

Por su parte, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, al mes de septiembre de 2024, por condición de estancia migratoria, registró un total de 5.1 millones de personas visitantes extranjeros en crucero y 1.9 por tripulación marítima, es decir, 7 millones de extranjeros no residentes en México, visitaron el país y generaron una derrama económica por diversas actividades vinculadas al turismo.

Según Inegi de enero a octubre de 2024, el ingreso de divisas por turistas en crucero ascendió a 666.1 millones de dólares, un crecimiento a tasa anual de 11.4 por ciento. Esto representa 2.5 dólares de cada 100 del total de divisas turísticas captadas en ese lapso.

A pesar de que los datos anteriores nos muestran un panorama general de la relevancia del sector, el pasado mes de diciembre, en el contexto de la entrega, análisis y revisión del Paquete Económico 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sometió a la consideración del Congreso de la Unión, diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos que afectan la dinámica del turismo internacional que se desarrolla en el país.

Dos de ellas fueron las propuestas de reformar el artículo 8o., fracción I, para aumentar de 717 pesos a 860 pesos el cobro de derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y eliminar el supuesto de exención a que se refiere el inciso b), fracción II del artículo 11 sobre el pago del derecho por parte de los pasajeros o miembros de la tripulación a bordo de buques de crucero en travesía internacional, que desembarquen para visitar el país en los puertos mexicanos que formen parte de su travesía turística y embarquen en el mismo buque para continuar su viaje, siempre y cuando no excedan de veintiún días, contados a partir del primer arribo a territorio nacional con vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

La propuesta fue avalada en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario de mayoría de Morena y sus aliados, así como de la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público bajo el argumento de que su eliminación “optimizaría la captación de recursos para la mejora en la prestación de los servicios migratorios”. De igual forma, la Cámara de Senadores aprobó la reforma.

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno federal para su eliminación, fue que se trata de “una modalidad de viajes que ha crecido al fervor del fenómeno turístico y que sólo se vincula a la experiencia de ocio a bordo del buque”. Pero nada más alejado de la realidad si tomamos en cuenta los datos expuestos recientemente por Inegi sobre la derrama económica que genera el sector turístico en el país, además de que en la propia exposición de motivos de la reforma a la LFD el gobierno se contradice al afirmar que con la llegada de turistas extranjeros mediante vía marítima a bordo de buques de crucero, existe la posibilidad de que éstos también realicen rutas de carácter histórico y lúdico en los lugares de mayor atractivo turístico en cada una de las escalas del trayecto que realizan.

Algunas proyecciones del impacto de esta reforma estiman que el cobro de derechos por el concepto ya expresado, representa un cargo adicional de 42 dólares (860 pesos mexicanos además de los otros impuestos y tarifas que los pasajeros ya deben pagar para visitar los puertos del país); esto significa un incremento de 213 por ciento el impuesto que pagan los turistas y que potencialmente deja a los puertos caribeños mexicanos, fuera de competencia con otros puertos de otras partes del mundo.

Algunos puertos afectados son Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, la Costa Maya, Puerto Vallarta, Mazatlán y Cabo San Lucas.

La propuesta de reforma no ha pasado desapercibida por organismos como Concanaco-Servytur, advirtieron que el cobro podría desincentivar la llegada de cruceros, favoreciendo destinos alternativos en el Caribe y Centroamérica.

Asimismo, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA por sus siglas en inglés) que agrupa a un total de 23 empresas y que además de expresar su decepción por las acciones tomadas por el Gobierno federal, también mostraron su preocupación por la falta de consulta del gobierno con la industria de cruceros, lo que los ha llevado a evaluar la posibilidad de cambiar los itinerarios de visita al país.

Desde el mes pasado, esta y otras asociaciones ya destacaban la necesidad de un diálogo y colaboración para mantener una asociación (Gobierno federal-empresas) que beneficiara a ambas partes y que promoviera el crecimiento compartido y los programas económicos sostenibles.

Sin embargo, justo durante el debate de la reforma, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, no respondió a los llamados de reunión de las empresas cruceristas que conformaron una delegación de cuatro de sus directores generales para entablar negociaciones con el Gobierno mexicano.

Su respuesta, en cambio, fue la indiferencia y la irresponsabilidad para frenar una propuesta de reforma a la LFD que de origen estuvo mal planteada: se priorizó la recaudación de impuestos antes que el beneficio del sector turístico y de mayores ingresos a las finanzas públicas por la promoción del turismo por otras vías que no fueran tan agresivas como la citada reforma.

Entre los efectos de la reforma, dicha asociación señala las siguientes:

• Un impacto en los bolsillos de más de 10 millones de pasajeros de cruceros que planean visitar México en 2025.

• Caída en la demanda de los consumidores por itinerarios más caros, lo que lleva a menos turistas de cruceros que gastan dólares durante sus vacaciones en el país.

• Un impacto económico del turismo de cruceros que representa aproximadamente mil millones de dólares (más de 20 mil millones de pesos mexicanos) en gasto directo, más de 20 mil empleos y más de 200 millones de dólares (más de 4 mil millones de pesos mexicanos) en salarios anualmente.

• Implicaciones directas en los ingresos de las personas, comunidades y empresas que se vinculan al sector y cuyo sustento dependen del turismo de crucero y

• La mayoría de los cruceros de 2025 ya están reservados y pagados, y las compañías de cruceros no están dispuestas a obligar a sus clientes a visitar destinos en los que inesperadamente tendrán que hacer frente a nuevas e importantes cargas fiscales decretadas abruptamente por el gobierno.

Reconociendo tardíamente las consecuencias de la tóxica reforma a la LFD y que daña al sector turístico y la presión que realizaron las citadas asociaciones, el pasado 31 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se indican en materia de derechos por servicios migratorios. Dicho de otra manera, se retrasa por seis meses (de enero a junio) la aplicación del citado impuesto (estímulo del 100 por ciento del pago de derecho) a los pasajeros de cruceros que arriben a los puertos mexicanos y que a partir del 1 de julio del año en curso, comience su vigencia.

Si bien esta respuesta es un avance en la protección del sector turístico, parece insuficiente de cara a la situación económica que priva en el país durante los últimos años, ya que el crecimiento económico por debajo de las metas establecidas, no han permitido generar ni la inversión ni los empleos suficientes para trasladar a un mejor estadio de vida a las y los mexicanos.

Por lo tanto, una manera de proteger de las consecuencias que traen consigo las malas decisiones de política económica y política pública aplicadas por el Gobierno federal, sería que este plazo de exención del pago del impuesto, sea por lo menos de un año, para que las empresas vinculadas al turismo de crucero, así como las comunidades y las personas que dependen de dicha actividad, tomen las previsiones que correspondan ante la eventual afectación que se prevé a partir del siguiente año, pues aunque la medida se aplaza, esto no significa que la reforma deje de tener el impacto previsto a partir del segundo semestre del año.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante todo el ejercicio fiscal 2025, se otorgue un estímulo fiscal del cien por ciento a los pasajeros extranjeros que ingresen a territorio nacional vía marítima a bordo de buques de crucero que deban cubrir el pago del derecho por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, a que hace referencia el artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

Notas

1 INEGI (18 de diciembre de 2024). Cuenta Satélite del Turismo en México (CSTM) 2023. Comunicado de presenta número 797/24. Para consulta amplia, en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ CSTM/CSTM2023.pdf.

2 Ibídem.

3 Tomado de

https://planoinformativo.com/1047470/frenan-por-6-meses-impuesto -a-cruceros

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746530&fecha=31/12/2024#gsc .tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE INFORME A ESTA SOBERANÍA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA, SOBRE LA SITUACIÓN OPERATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA AEROLÍNEA MEXICANA DE AVIACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a entregar un informe a esta soberanía y comunicar a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de la aerolínea Mexicana de Aviación, así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones actuales que se encuentran en operación y la adquisición de 20 Aviones Embraer e195-e2, y la afectación de usuarios por la cancelación de rutas, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado a la LXVI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que entreguen un informe a esta soberanía y comuniquen a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de la Aerolínea Mexicana de Aviación, desde que dio inicio operaciones en 2023; así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones actuales que se encuentran en operación y la adquisición de 20 aviones Embraer E195-E2, con pagos escalonados hasta 2027 y la afectación de usuarios por la cancelación de rutas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mexicana de Aviación, una marca emblema de la aviación mexicana, fue adquirida por el Gobierno federal en 2023 como parte de un ambicioso proyecto para reactivar la industria aérea bajo control estatal. Una aerolínea que nació sin un plan de negocios y de la ocurrencia del titular del Ejecutivo federal del anterior gobierno, más con la idea de hacer viable el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que presentaba severos cuestionamientos sobre su rentabilidad y operación.

La reactivación de Mexicana de Aviación ha requerido una inversión considerable del Gobierno federal. En agosto de 2023, se adquirió la marca por un monto de 815 millones de pesos, beneficiando a más de 7 mil 400 trabajadores y jubilados. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asignó 4 mil millones de pesos para el relanzamiento inicial, incluyendo gastos de arrendamiento de aviones, mantenimiento, combustible, y equipamiento.

En 2024, el presupuesto asignado ascendía a 8 mil 340 millones de pesos, destinado principalmente a gastos operativos y servicios personales. Para 2025, el presupuesto propuesto es de 19.7 millones de pesos, lo que representa una significativa disminución. Asimismo, se proyectó una inversión de 750 millones de dólares para la compra de 20 aviones Embraer E195-E2, con pagos escalonados hasta 2027.

En resumen, el costo total de la aerolínea Mexicana de Aviación es:

• Compra de la marca: 815 millones de pesos.

• Inversión inicial (2023): 4 mil millones de pesos.

• Presupuesto asignado (2024): 8 mil 340 millones de pesos.

• Presupuesto propuesto (2025): 19 millones 685 mil 179 pesos.

• Pagos por aviones en 2024: 80.25 millones de dólares (aproximadamente mil 653.15 millones de pesos, considerando un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar determinado por Banxico).

• Pagos por aviones en 2025: 211.87 millones de dólares (aproximadamente 4 mil 364.5 millones de pesos, con un tipo de cambio de 20.6 determinado por Banxico).

Sumando estos montos, la inversión total estimada en la reactivación y operación de Mexicana de Aviación asciende a aproximadamente 19 mil 192.3 millones de pesos considerando hasta 2025.

Es importante destacar que, a pesar de esta considerable inversión, la aerolínea ha enfrentado desafíos financieros significativos, reportando pérdidas acumuladas de más de 932 millones de pesos en los primeros nueve meses de operación. Cobra relevancia que los ingresos generados que recibe la aerolínea estatal sólo cubren 20 por ciento de sus costos operativos. Estas cifras reflejan una desconexión entre la magnitud de la inversión y los resultados obtenidos, poniendo en duda la viabilidad financiera del proyecto.

Un punto a destacar es que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, Empresa de Participación Estatal Mayoritaria perteneciente a la Sedena, que es quien opera a la aerolínea Mexicana de Aviación, a la que se le aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, un total de 2 mil 275.5 millones de pesos, que no se desglosan a detalle, esto nos deja ver que en el caso de que la aerolínea estatal no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones, derivado de las pérdidas operativas y financieras recurrentes, seguramente se fondeará con los recursos asignados a dicho grupo. No podemos dejar de mencionar que la opacidad y la falta de transparencia y de rendición de cuentas, es lo que etiqueta a la Sedena.

Operativamente en 2024, Mexicana realizó 7 mil 217 vuelos y transportó 382 mil pasajeros, representando solo 0.4 por ciento del mercado nacional, con una ocupación promedio de entre 55 y 60 por ciento, muy por debajo del estándar de la industria que fue de 75 a 85 por ciento. La limitada participación de mercado y la baja ocupación reflejan la incapacidad de la aerolínea para competir con empresas consolidadas como Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, que cuentan con economías de escala, flotas modernas y bases de clientes leales.

La integración vertical de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ambos gestionados por la Sedena, también planteaba riesgos significativos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hoy extinta, en su momento advirtieron sobre el impacto de esta estructura en la libre competencia, señalando que el control estatal puede derivar en subsidios cruzados, manipular tarifas aeroportuarias y limitar la participación de competidores. Sin embargo, Mexicana de Aviación no ha generado certeza en los usuarios, dado que la aerolínea ha mostrado una baja participación de pasajeros transportados.

La delegación de la gestión a la Sedena también ha sido objeto de críticas. Aunque las fuerzas armadas tienen experiencia en logística, operar una aerolínea comercial requiere una alta especialización en negocios, sobre todo en áreas como optimización de rutas, marketing y gestión de ingresos. La falta de avances en estas áreas ha limitado el desempeño de Mexicana y se cuestiona la eficacia de este modelo de gestión estatal.

La falta de previsión financiera y operativa, sumada a una estrategia deficiente, ha resultado en costos elevados, bajas tasas de ocupación y una limitada participación de mercado. La compra de 20 aviones Embraer E2, por un monto de 750 millones de dólares, parece desproporcionada ante la escasa competitividad de la aerolínea ante los números rojos que presenta.

A partir del 6 de enero de 2025, Mexicana de Aviación anunció la suspensión de ocho de sus 17 rutas, afectando destinos como Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. La aerolínea se comprometió a reembolsar a los pasajeros afectados o a ofrecer cambios de fecha y ruta.

El anuncio de la suspensión de ocho de las 17 rutas en enero de 2025 expone otro desafío crítico: la baja ocupación y la falta de demanda en destinos clave están afectando la operación de la aerolínea. Esta decisión no sólo afecta la percepción pública de la aerolínea, sino también a miles de usuarios, quienes enfrentan cancelaciones y cambios en sus itinerarios.

Aunque se ha señalado que se ofrecerán reembolsos y alternativas, estos inconvenientes erosionan la confianza de los consumidores en una aerolínea que no ha podido consolidar su marca. Sin embargo, el Gobierno federal no ha dado los argumentos oficiales de la cancelación y el impacto económico de la medida, que sólo genera desconfianza en los ciudadanos por tal decisión. Sólo se ha mencionado por el Gobierno federal que presentarán un Plan Maestro para 2025 que de seguro será para salvar a la aerolínea estatal del alto costo que nos representa a los mexicanos.

Mexicana de Aviación enfrenta un futuro incierto. Aunque el respaldo financiero del gobierno ha permitido su reactivación, los resultados obtenidos hasta ahora reflejan un proyecto mal planificado, con problemas financieros significativos y una falta de dirección estratégica. Sin cambios profundos en su modelo de gestión y operación, la continuidad de la aerolínea podría estar en peligro, lo que representaría una carga fiscal adicional para el Gobierno federal y una pérdida para los contribuyentes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a través de las Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que entreguen un informe integral a esta soberanía y comuniquen a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de la Aerolínea Mexicana de Aviación, desde que dio inicio operaciones en 2023; así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones actuales que se encuentran en operación y la compra de 20 aviones Embraer E195-E2, con pagos escalonados hasta 2027.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que entreguen un informe detallado a esta soberanía y comuniquen a la opinión pública sobre los argumentos técnicos y estratégicos para suspender rutas, el número de pasajeros afectados, el monto económico de la afectación y el resarcimiento de los derechos de los pasajeros por eliminar operaciones en rutas canceladas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que informen y envíen a la brevedad a esta soberanía el Plan Maestro de la Aerolínea Mexicana de Aviación anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Notas

1 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2024/6/7/mexicana-de-aviacion-cuanto-co staran-los-nuevos-aviones-610502.html?

2 S.H.C.P.

3 https://www.informador.mx/economia/Mexicana-de-Aviacion-Inversion-de-nuevos-avi ones-costara-750-mdd-20240607-0133.html

4 https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/6/7/mexicana-de-aviacion-compra-20-aer onaves-por-750-millones-de-dolares-330597.html

5 ttps://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicana-le-inyectan-6-mil-mdp-y-pide-tres -veces-mas/?

6 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2025/ramo07-III

7 https://losreporteros.mx/mexicana-de-aviacion-cierra-2024-con-mas-de-382-mil-pa sajeros-transportados-y-ofreciendo-tarifas-20-mas-bajas-que-otras-aerolineas/

8 https://centrocompetencia.com/mexico-posible-integracion-vertical-mercado-aereo /

9 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/01/06/por-que-mexicana-de-aviacio n-cerro-8-rutas-claudia-sheinbaum-explica-motivos/?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE GARANTICE LA SEGURIDAD Y DIGNIDAD DE LOS MIGRANTES QUE REGRESAN A MÉXICO, ESPECIALMENTE EN ESTA TEMPORADA DECEMBRINA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a instrumentar en el marco del programa Héroes Paisano, las estrategias y acciones inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes que regresan a México, especialmente en esta temporada decembrina, a cargo del diputado Luis Enrique García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Enrique García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación y, a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y a las autoridades competentes para que, en el marco del programa Héroes Paisano, instrumenten las estrategias y acciones inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes que regresan a México, especialmente en esta temporada de decembrina.

Consideraciones

La temporada decembrina representa un momento único para miles de mexicanos que residen en el extranjero, quienes regresan a México con la ilusión de reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, este retorno, que debería ser motivo de alegría, frecuentemente se ve empañado por prácticas de abuso y corrupción, principalmente de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad.

El programa Héroes Paisano busca mitigar estos riesgos, asegurando que los migrantes transiten de manera segura y respetando sus derechos humanos. Sin embargo, múltiples denuncias apuntan a que la vulnerabilidad de los paisanos se ha convertido en un terreno fértil para la extorsión.

En ciudades fronterizas como Reynosa y Matamoros, viajeros han reportado casos de agentes de la Guardia Nacional que exigen sobornos de hasta mil 100 dólares, incluso confiscando pertenencias legales bajo amenazas de decomiso. Así como Aguascalientes, en donde las autoridades también han sido señaladas por prácticas similares, obligando a los migrantes a pagar para evitar inspecciones arbitrarias o, peor aún, el decomiso de bienes y regalos destinados a sus familias.

El impacto de estas malas prácticas trasciende lo moral y se extiende al ámbito económico. Las remesas enviadas por nuestros connacionales en 2023 superaron los 58 mil millones de dólares, consolidándose como una de las principales fuentes de ingreso para México y un pilar fundamental para millones de familias. En estados como Aguascalientes, donde las remesas representan un recurso crucial, estas aportaciones son esenciales para la sociedad y el desarrollo económico local.

A pesar de su importancia, los migrantes no reciben la protección adecuada por parte del gobierno. En lugar de ser valorados y protegidos, enfrentan escenarios de inseguridad que los obligan a buscar alternativas más costosas, como el transporte aéreo, para evitar los riesgos inherentes al tránsito terrestre. Esta falta de atención no sólo vulnera sus derechos, sino que también impone cargas adicionales que dificultan su capacidad para reunirse con sus familias y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Además, la falta de transparencia en casos de extorsión es alarmante, donde las autoridades han negado el acceso a grabaciones de vigilancia bajo el argumento de seguridad nacional, dificultando la investigación y perpetuando la impunidad. Este tipo de respuestas subrayan la necesidad urgente de medidas más efectivas, como la instalación de cámaras públicas en puntos críticos y la creación de mecanismos de denuncia accesibles y confiables.

Proteger a los migrantes y garantizar su seguridad no sólo es una obligación moral y legal, sino también una estrategia esencial para reconocer y valorar su contribución al desarrollo económico y social del país. Ignorar sus necesidades es darle la espalda a quienes, con su esfuerzo, sostienen el sustento de miles de familias mexicanas, pues, México debe estar a la altura de los retos que enfrentan sus comunidades migrantes, garantizando su seguridad y dignidad en cada paso de su camino.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación y a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y a las autoridades competentes para que, en el marco del programa Héroes Paisano, instrumenten las estrategias y acciones inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes que regresan a México, especialmente en esta temporada decembrina.

Notas

1 Instituto Nacional de Migración. (s/f). Programa Héroes Paisanos. gob.mx. Recuperado el 7 de diciembre de 2024, de

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-heroes-pais anos

2 Reforma, A. (2023, julio 16). Denuncian paisanos extorsión de la Guardia Nacional. El Heraldo de Aguascalientes.

https://www.heraldo.mx/denuncian-paisanos-extorsion-de-la-guardi a-nacional/

3 Ruiz-Healy, E. (2024, diciembre 4). La baja en las remesas puede generar más problemas. El Economista.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/baja-remesas-generar-pro blemas-20241204-736845.html

4 Teresa. (2024, diciembre 4). Operativo Héroes Paisanos 2024, con más seguridad a visitantes. Express Zacatecas.

https://www.expresszacatecas.com/seguridad/68676-operativo-heroe s-paisanos-2024-con-mas-seguridad-a-visitantes-dma

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputado Luis Enrique García López (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE REALICE UNA AUDITORÍA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE SERVICIOS A LA EMPRESA PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV, FILIAL DE LA EMPRESA PISA FARMACÉUTICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar una auditoría técnica combinada de cumplimiento y desempeño e independiente, así como la separación del cargo de los servidores públicos que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución, supervisión y entrega del contrato de servicios a la empresa Productos Hospitalarios, SA de CV, filial de la empresa PiSA Farmacéutica, a cargo de la diputada Martha Amalia Moya Bastón, del Grupo Parlamentario del PAN

Martha Amalia Moya Bastón, diputada integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Klebsiella, Enterobactery Serratiason bacterias ramnegativas estrechamente relacionadas entre sí, que en algunos casos provocan infecciones de las vías urinarias o el aparato respiratorio en pacientes que se encuentran en hospitales o en centros sanitarios de larga estancia.

Estas bacterias residen en el intestino de muchas personas sanas, causando raras veces infección. Las infecciones con dichas bacterias suelen adquirirse en hospitales y centros de atención de largo plazo. Por lo general se producen en personas cuya resistencia a la infección está debilitada y/o llevan un dispositivo médico (como catéteres, drenajes y tubos de las vías respiratorias) en su cuerpo.

Estas bacterias pueden infectar distintas zonas del cuerpo:

• Vías urinarias o respiratorias (causando neumonía, infecciones vesicales o infecciones renales) y

• Los catéteres introducidos en una vena (catéter intravenoso), que sirven para administrar medicamentos o sueros.

Las infecciones por la bacteria Klebsiella son un problema de salud pública muy importante, principalmente en el ámbito hospitalario, debido a su frecuencia, gravedad y resistencia a los antibióticos como las penicilinas o cefalosporinas y para este caso también los aminoglucosas, lo que confiere un problema importante, porque los antibióticos usados en el tratamiento no tienen respuesta adecuada, situación que puede generar complicaciones como la sepsis, choque séptico e incluso la muerte.

2. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para evitar o disminuir la bacteria Klebsiella Oxytoca, que son relacionadas con catéteres y vasculares, se debe de fortalecer la higiene, educación del tratamiento y manejo del personal de salud, en especial las manos, tanto antes y después de cualquier procedimiento relacionadas con dispositivos intravasculares, de igual forma, reducir el uso innecesario, manejo de catéteres.

3. En nuestro país, en especial en el Estado de México, desde el 22 de noviembre de 2024, se ha detectado un brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca en cuatro unidades de atención a la salud pública, el cual está asociado a una posible contaminación de nutrición parental o de los insumos de la aplicación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 7 de diciembre se han identificado 20 casos. Lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de 13 pacientes. Por su parte, 7 pacientes continúan bajo la atención médica y sus cultivos son negativos, después del tratamiento.

De acuerdo a los análisis en curso, los cuales tienen como objetivo identificar la fuente del brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca, se está llevando un monitoreo constante para descartar y evitar la aparición de brotes en otras regiones del Estado de México. De acuerdo con estos análisis, las soluciones producidas por la empresa Productos Hospitalarios SA de CV, que forma parte de la empresa farmacéutica PISA, quien se especializa en ofrecer servicios de farmacia hospitalaria, enfocándose en la producción de productos oncológicos, antibióticos y soluciones de nutrición. De acuerdo con las investigaciones hechas por la Secretaría de Salud, las soluciones producidas por esta empresa son señaladas, hasta ahora, como las posibles causantes de infección.

Tras las notificaciones del brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, la Secretaría de Salud, activó el protocolo de atención inmediata a la población de esta región, liderado por el Comando de Gestión de Incidentes de Salud Pública a nivel federal y local, en donde un equipo multidisciplinario de especialistas está evaluando las condiciones de administración de las soluciones intravenosas y revisando los protocolos de seguridad, tanto en las unidades médicas afectadas, como en hospitales públicos y privados.

4. La problemática alrededor de las fatales consecuencias que se presentaron por el brote de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae presenta dos vertientes:

• La primera, es la necesaria actuación de las Secretarías de Salud federal y del Estado de México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en los hospitales públicos y privados donde se haya presentado el brote de dichas bacterias.

• La segunda, es la realización de una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño a los hospitales públicos en los que hubo niñas y niños fallecidos. En el caso de los hospitales públicos la competencia para practicar la correspondiente auditoría es la Auditoría Superior de la Federación.

5. Es el caso, que hasta hoy no se ha realizado una auditoría técnica combinada de cumplimiento y desempeño e independiente, del sistema de salud tanto público como privado, a efecto de poder deslindar responsabilidades, tanto administrativas como penales, del brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, de igual forma, no se han tenido noticias del personal de salud responsable de este gran problema de salud, ni mucho menos, las personas que asignaron la concesión, así como en la ejecución, supervisión y entrega del contrato de servicios a la empresa Productos Hospitalarios SA de CV, filial de la empresa PISA Farmacéutica, por el brote de la enfermedad Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, ocurrido el pasado 21 de noviembre de 2024, que hasta hoy ha causado la muerte de 13 personas y siete se encuentra hospitalizadas en estado de gravedad.

Con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorte a la titular del Poder Ejecutivo federal, vía Secretaría de Salud y Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; al Poder Legislativo vía Auditoría Superior de la Federación; al gobierno del Estado de México vía Secretaría de Salud local, a “ordenar la ejecución inmediata de una auditoría técnica e independiente, del sistema de salud tanto público como privado, así como la separación del cargo de los servidores públicos que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución, supervisión y entrega del contrato de servicios a la empresa Productos Hospitalarios SA de CV, filial de la empresa PISA Farmacéutica, por el brote de la enfermedad Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, ocurrido el pasado 21 de noviembre.

Por lo antes expuesto, a usted presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicito, se tenga por presentado la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Legislativo vía la Auditoría Superior de la Federación para que practique una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño a los hospitales públicos del Estado de México en los que se presentaron decesos de niñas y niños derivados del brote de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae, particularmente en lo que se refiere al proceso de adquisición de los lotes contaminados de nutrición parenteral, suministrados por la empresa Productos Hospitalarios, SA de CV, filial de la farmacéutica PISA.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal vía Secretarías de Salud federal, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de inmovilizar la fuente de contagio de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae en los hospitales públicos y privados del Estado de México y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes con base en el marco legal aplicable.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de México para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de inmovilizar la fuente de contagio de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae en los hospitales públicos y privados del Estado de México y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes con base en el marco legal aplicable.

Nota

1 Infecciones por Klebsiella, Enterobacter y Serratia - Infecciones - Manual MSD versión para público general

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Martha Amalia Moya Bastón (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBERNADOR DE ZACATECAS, A CONDUCIRSE INSTITUCIONALMENTE CON LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, SIN DISTINCIÓN POLÍTICA, PARTIDARIA O DE IDEOLOGÍA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas a conducirse institucionalmente con los municipios de la entidad zacatecana y cumplir cabalmente con el mandato conferido, sin distinción política, partidaria o de ideología, atendiendo en todo momento los intereses de la ciudadanía y los trabajadores municipales, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor las siguientes

Consideraciones

La negativa del gobierno del estado de Zacatecas de otorgar a las autoridades municipales de la capital zacatecana un adelanto de participaciones por 32 millones de pesos para cumplir los compromisos de pago de nóminas, aguinaldos y prerrogativas laborales y demás gastos de fin de año, coloca al ayuntamiento en una situación complicada en materia económica.

Por ello, ante la actitud vengativa del gobernador David Monreal hacia el alcalde capitalino Miguel Varela, que a la buena ganó las elecciones del pasado 2 de junio, en mi calidad de representante popular por Zacatecas, me comprometí a presentar ante la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados un exhorto respetuoso con la finalidad de que, desde el Gobierno estatal, se conduzcan en igualdad de condiciones con todos y para todos los municipios, sin distinción de colores ni revanchismo político.

Desde Acción Nacional hacemos un extrañamiento hacia la actitud arbitraria y las lamentables decisiones del gobernador David Monreal, porque con su negativa de coadyuvar con el municipio capitalino y frenar los recursos solicitados por el alcalde Miguel Varela, aun cuando la Secretaría de Finanzas ya había dado el visto bueno, lo exhortamos a comprender que no sólo afecta al Partido Acción Nacional que, a la buena ganó, sino a toda la población zacatecana por quitarle la posibilidad de tener servicios públicos eficientes y efectivos; y a más de 1 mil trabajadores, porque puso en riesgo el pago de sus pensiones, prestaciones laborales y las dos quincenas decembrinas.

Sin duda, en Acción Nacional celebramos la proactividad del presidente municipal, que de inmediato ideó una estrategia para obtener los recursos necesarios y solicitó un crédito en la banca comercial, con lo que estaría garantizado el pago a proveedores, de los servicios públicos, el sueldo de las y los trabajadores municipales y sus respectivas prestaciones.

“Justo así trabajamos en los gobiernos panistas: con responsabilidad, a favor de las familias mexicanas y dando resultados positivos”.

Es difícil de entender el porqué el gobernador David Monreal negó al ayuntamiento capitalino el derecho al adelanto de participaciones, cuando las gestiones fueron realizadas en tiempo y forma; mientras, a los municipios gobernados por el oficialismo ya se les concedió. La única explicación es el revanchismo político, derivado del triunfo electoral de la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas en las principales ciudades: la capital, Fresnillo y Jerez.

Dichas decisiones gubernamentales pudieran suponer que son represalias a consecuencia de la negativa del edil Miguel Varela para que se realice la construcción del “segundo piso” en el boulevard López Mateos, por ser una obra innecesaria y que 89 por ciento de los zacatecanos están en contra.

Aun así, David Monreal la quiere hacer probablemente por algún negocio familiar o un compromiso adquirido previamente con alguna empresa, pues el proyecto costaría 3.6 mil millones de pesos para un pequeño tramo de 3.3 kilómetros; es decir con un sobrecosto tres veces más que en otras obras similares.

A lo anterior, se suman las denuncias de Miguel Varela por irregularidades cometidas en la aplicación de 120 millones de pesos en la administración municipal encabezada por Jorge Miranda, del Partido Verde Ecologista de México, y por lo que pidió que se realizara una investigación profunda.

Seguramente los acontecimientos mencionados no le gustaron al Ejecutivo estatal y por ello ahora quiere vengarse, bloquear a la oposición a su gobierno sin tomar en cuenta que la afectación directa sería para la población de la capital.

Estas acciones a pesar de que el municipio de Zacatecas recibirá aproximadamente 364.3 millones de pesos en participaciones federales, de recursos no etiquetados que los municipios pueden utilizar con flexibilidad para atender sus prioridades.

Por lo anterior y, en mi calidad de representante zacatecana, desde la Cámara de Diputados haremos las denuncias necesarias para visibilizar lo que sucede en la entidad.

Cabe mencionar que las participaciones municipales son recursos económicos transferidos por el Gobierno federal a los estados y, posteriormente, a los municipios.

Estos fondos provienen de la recaudación de impuestos y derechos a nivel nacional, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto sobre la Renta (ISR), y su distribución se realiza con base en fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales.

Las participaciones son un derecho de los municipios en México, que se establece en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ejercer su hacienda, en beneficio siempre de la gente y su funcionamiento institucional:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115.

...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

El propósito principal de las participaciones es fortalecer las finanzas municipales para que puedan cumplir con sus responsabilidades, como la prestación de servicios públicos, la inversión en infraestructura y el desarrollo local. Cabe destacar que estas transferencias no están etiquetadas, lo que significa que los municipios tienen libertad para decidir en qué gastarlas, según sus prioridades.

Como antecedentes podemos mencionar que el miércoles 18 de diciembre de 2024 el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, denunció que el gobierno estatal negó un adelanto de participaciones para el municipio, el cual está planeado ser destinado para el pago de la última quincena del mes en curso y para servicios públicos básicos como el de limpia de la ciudad.

El presidente municipal señaló que desde el pasado 29 de noviembre se mantuvo comunicación con la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, donde se manifestó la viabilidad de un adelanto de participaciones, esto para hacer frente a los gastos de la administración, posterior a los malos manejos por parte de la anterior administración.

En conferencia, Miguel Ángel Várela, exhortó al gobernador, David Monreal Ávila, para cambiar su decisión y no afectar a los más de mil trabajadores del municipio y menos en el marco de las fiestas navideñas y de año nuevo.

A pesar de la negativa al adelanto de participaciones, el presidente municipal se comprometió a cubrir la última quincena de las y los trabajadores, que era uno de los destinos del adelanto, y señaló que el aguinaldo, prima vacacional y primera quincena del mes ya estaban cubiertos.

A pesar de lo ya dicho, hay diversos municipios del estado de Zacatecas que han sido beneficiados con un adelanto de participaciones. Esta decisión unilateral del gobierno estatal pareciera ser una decisión política venida de la elección de junio.

El presidente municipal, dentro de la operatividad normativa, pidió este adelanto de participaciones para ser frente a la mala administración que heredó.

Para el caso de Zacatecas la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios es el cuerpo normativo que da los criterios de distribución de las participaciones e incentivos para los municipios señala:

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Artículo 1

La presente Ley regula las relaciones hacendarias del Estado con los Municipios y de éstos entre sí, su coordinación y colaboración administrativa en materia hacendaria, así como el establecimiento de criterios de distribución de las participaciones e incentivos, asimismo, un Sistema de Coordinación Hacendaria mediante la Constitución de organismos en dicha materia para el cumplimiento de sus objetivos y de los convenios de coordinación y colaboración que se celebren con apego a ella, y que busquen la optimización del propio sistema.

El Estado constituirá el Fondo Único de Participaciones con lo devenido por concepto de participaciones federales, y su distribución conforme al artículo 40 de la ley anteriormente citada y la entrega a los municipios, será a través de la Secretaría de Finanzas.

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Artículo 39

De las cantidades que perciba el Estado dentro del ejercicio de que se trate, por concepto de participaciones federales, se constituirá el “Fondo Único de Participaciones” ...

Artículo 42

La entrega de las participaciones a los Municipios a que se refieren los artículos anteriores, se hará por conducto de la Secretaría.

La Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, en su artículo 39, señala que los municipios podrán recibir anticipos de sus participaciones, con autorización de la Secretaría, cubriendo una tasa de interés.

Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Artículo 39

Los Municipios podrán recibir anticipos a cuenta de sus participaciones, previa aprobación de la Secretaría, los cuales deberán ser liquidados a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, para estos efectos, los Municipios cubrirán a la Secretaría una tasa de interés equivalente a la que se establezca anualmente en la Ley de Ingresos del Estado para los casos de autorizaciones de pago a plazos de contribuciones.

El destinó de las participaciones negadas, se señaló que era para cubrir la nómina de las y los trabajadores del municipio, el cual, al no ser pagado, vulneraría la integridad y esfera de los Derechos de las personas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley (CPEUM)

Declaración de los Derechos Humanos

Artículo 23

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

En el Estado mexicano todas las autoridades tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos, esto como una cláusula del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Bajo la interdependencia de los derechos, al momento de verse vulnerado uno, se afectarán los demás por tener una relación entre ellos, conformando una cadena.

Es así que se advierte la necesidad de la colaboración mutua por parte del gobierno del estado y el municipio de Zacatecas, con la finalidad de cumplir con los requisitos formales y que sea posible un adelanto de las participaciones y no tener que recurrir a préstamos bancarios para el buen funcionamiento administrativo de los municipios y en beneficio de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, a efecto de que se conduzca institucionalmente y privilegie la coordinación y colaboración en igualdad de condiciones con todos y cada uno de los municipios de la entidad zacatecana.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas para que cumpla con el mandato conferido, sin distinción política, partidaria o de ideología, atendiendo en todo momento las demandas y los intereses de la ciudadanía y los trabajadores municipales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a la Secretaría de Finanzas del Estado a efecto de que se otorgue el adelanto de las participaciones solicitadas por el municipio de Zacatecas para afrontar los compromisos correspondientes a sus actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE INSTRUYA A LA FGR, QUE ATRAIGA EL CASO DEL ROBO DE CONTENEDORES CON 200 TONELADAS DE ORO, PLATA, ZINC Y COBRE QUE SUCEDIÓ EN LA CARRETERA ZACATECAS-SALTILLO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a instruir a la FGR a que atraiga el caso del robo de los contenedores con 200 toneladas de oro, plata, zinc y cobre que sucedió en la carretera Zacatecas-Saltillo y a diseñar una nueva estrategia de seguridad e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto en la entidad y los estados colindantes, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inseguridad que vive nuestro país es inaudita, entre muertos, desaparecidos, desplazados, robos carreteros, secuestros y extorsiones a las y los ciudadanos, nos sentimos sumamente inseguros en los lugares en donde vivimos, ya no importa la ciudad, la comunidad, estado o municipio en el que radicamos, la delincuencia rebasa por mucho a las autoridades.

Y una muestra de ello es lo acontecido en días pasados en el estado de Zacatecas en donde se cometió el robo del siglo, sí, el robo del siglo, el robo de más de 200 toneladas de minerales en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a la altura de la comunidad San Tiburcio.

Lamentablemente, el accionar del gobierno estatal zacatecano en contra del combate a la delincuencia organizada no existe, y lo que más sorprende es su incapacidad de salvaguardar la seguridad a pesar del apoyo que se le ha brindado por parte de los más de 1000 nuevos elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que llegaron en mayo de este año, además de los elementos de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional destacamentados en el estado y que no han dado resultados reales ante los hechos delictivos.

Sin lugar a duda, no han logrado establecer una estrategia eficaz que detenga a la delincuencia. Por ello, que es necesario cambiar el rumbo y la estrategia en materia de seguridad para lograr la paz y dar tranquilidad a las y los zacatecanos.

El estado de Zacatecas es minero por excelencia, líder mundial y primer lugar nacional en extracción de plata. Por ese motivo, este acontecimiento es un fuerte golpe a la economía no sólo de la empresa, también para el estado, porque la minería en Zacatecas genera 15 mil empleos directos y 75 mil indirectos aproximadamente, con una derrama económica de alrededor de 20 mil millones de pesos al año del producto interno bruto.

Sin embargo, este hecho no es el único, el 5 de octubre de 2023, un grupo de civiles armados irrumpió en las instalaciones de la mina “La Colorada”, propiedad de la empresa Pan American Silver Corporation, y sustrajo dos camiones cargados con concentrado de mineral.

Las carreteras en México y las colindantes con Zacatecas actualmente son de las más peligrosas e inseguras, siendo una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera urgente, eficiente y oportuna por el Estado mexicano.

Aunado a lo anterior, periódico Excélsior publicó:

“Mazapil, Zacatecas. Un comando armado robó seis contenedores que transportaban oro, plata, zinc y cobre extraídos de un complejo minero perteneciente a la trasnacional Newmont, en el municipio de Mazapil, al norte del estado que colinda con Coahuila.

Dos tráileres que cargaban seis góndolas, en cuyo interior habías 200 toneladas de dichos metales y dos autos compactos salieron de Peñasquito, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y una hora después, a la altura de la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de San Tiburcio, fueron asaltados.

Hombres armados lograron que se detuviera el convoy y sometieron a los choferes de los dos tráileres y de los dos autos compactos.

Los contenedores que transportaban el concentrado de minerales, superior a las 200 toneladas fueron enganchados a otros vehículos de carga para evitar que fueran ubicados a través de los sistemas de geolocalización.

Los conductores de los tractocamiones fueron abandonados en la carretera y luego ubicados por las autoridades sin que se reportaran lesionados.

Se pudieron recuperar los tractocamiones, con los operadores y los dos conductores que iban a bordo de dos vehículos compactos, que eran la seguridad privada de las góndolas, dijo Juan Manríquez, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas.

Pero no pudimos recuperar las góndolas porque al parecer hubo otros tractocamiones que pudieron engancharlas y pudieron sustraerlas del área, dijo.

Ante ello se implementó un operativo. Se teme que los materiales hayan salido del país.”

Todo esto nos conduce a examinar detenidamente que los sistemas policiales que se están implementando en el actual gobierno no son eficientes ni mucho menos suficientes, poniendo énfasis a la seguridad que viven las ciudadanas y los ciudadanos, y esto no sólo ocurre en Zacatecas, esto lo está padeciendo todo el país.

Es en este contexto, el Estado debe brindar una seguridad pública efectiva, eficiente e integral, garantizado el bienestar para las ciudadanas y los ciudadanos, no se puede olvidar que la seguridad ciudadana es un bien público y conlleva a la defensa efectiva de los derechos humanos. No podemos caer en los mismos actos de inseguridad y el mal manejo de esta.

En 2022, las instituciones de seguridad pública estatal reportaron 280 tomas de casetas de peaje, mil 229 obstrucciones de carreteras y mil 885 probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción estatal. En contraste con 2021, la cantidad de probables robos y asaltos reportados aumentó 11.9 por ciento.

De acuerdo al periódico La Jornada

“El contenido de concentrados minerales de las seis góndolas que fueron robados el pasado jueves a la minera Peñasquito tendría un costo aproximado de 42 millones de pesos (7 millones de pesos por cada una), según el cálculo hecho dentro del corporativo.

La cifra fue dada a conocer a este diario por un empleado de la trasnacional estadunidense Newmont, quien solicitó el anonimato. La compañía hasta ayer no había fijado una postura oficial sobre el asalto al convoy de camiones de carga que trasportaban dichos materiales en la autopista Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad San Tiburcio.

Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, a cargo del general Arturo Medina Mayoral, no ha podido localizar los seis remolques que se llevaron presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Incluso, fuentes policiales consideran que, por el tiempo transcurrido, las concentraciones de oro, plata, plomo y zinc que fueron sustraídas hace seis días podrían ya no encontrarse en territorio estatal.

Al respecto, en entrevista con La Jornada, la diputada priista Guadalupe Isidora Santibáñez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la 65 Legislatura local, señaló que, en octubre pasado, cuando el general Medina Mayoral compareció ante el pleno, uno de los principales cuestionamientos que le hice fue la inseguridad que tenemos en las carreteras.

Recalcó que precisamente el descuido en ellas permite este tipo de situaciones, porque (los delincuentes) tuvieron todavía el tiempo de desprender los remolques de los camiones, de cambiar todo, para que no los detectaran los chips de seguridad o de geolocalización, lo cual quiere decir que cometer este atraco llevó varias horas.”

La delincuencia en carreteras es un grave contrapeso para la seguridad y la economía del país, provocando pérdidas de mercancía, afectaciones en las cadenas de suministro, afecta el derecho al libre tránsito, la seguridad, y el libre esparcimiento.

Si bien es cierto, son diversos los actores que conforman los mandos de seguridad, pero se considera pertinente asumir acciones conjuntas y decisivas ante la visible falta de acción por parte del Estado. Es un hecho que la inseguridad en las carreteras se le atribuye al mal manejo del gobierno, pero sin duda, es de gran importancia exhortar a las diferentes instancias públicas para el actuar, es tan solo el comienzo de una nueva era que habremos de legislar en torno a los problemas que diariamente se presentan en el país en materia de seguridad y la salvaguarda de la ciudadanía.

Por lo expuesto, sometemos a consideración en esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, para que lleve a cabo las acciones necesarias a efecto de atraer el caso del robo de los contenedores con 200 toneladas de oro, plata, zinc y cobre que sucedió en la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de San Tiburcio.

Segundo. El pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Zacatecas para que, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, diseñen una nueva estrategia de seguridad e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto en el estado de Zacatecas y los estados colindantes.

Dado en el Palacio Legislativo, el 8 de enero de 2025.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO ELEVADO EN ZACATECAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar un dictamen de factibilidad respecto de la construcción de un viaducto elevado en Zacatecas, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Cultura y de Turismo para que para que realicen un dictamen de factibilidad respecto de la construcción de un viaducto elevado en Zacatecas, al tenor lo siguiente

Consideraciones

El gobernador constitucional de Zacatecas, David Monreal, presentó dentro de la propuesta económica y de obra del Plan Integral de Movilidad, el “Viaducto Elevado” un tramo de 3 kilómetros, del bulevar metropolitano que cruza de oriente a poniente la ciudad y municipios conurbados de Zacatecas y Guadalupe.

En febrero de 2024, el juez primero de distrito admitió a trámite una demanda de amparo que promovieron jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), quienes pidieron el pago de aguinaldos atrasados y solicitaron la suspensión del “viaducto elevado” al no ser una obra de primera necesidad, como lo es el pago de sus derechos. La acusación principal fue la vulneración al principio de vinculación del gasto público, el cual se refiere que este debe destinarse principalmente a necesidades básicas de la población, y en especial el pago de los pensionados que es una necesidad básica, y no a la construcción del viaducto elevado

Aunado a lo mencionado, el Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO) tuvo conocimiento de la revisión técnica que Icomos internacional realizó sobre el proyecto de construcción del viaducto, donde consideró podría tener un impacto visual irreversible en el paisaje urbano de la ciudad y en el bien del Patrimonio Mundial, en particular y, recomendó una evaluación completa del impacto en el patrimonio, de acuerdo con la Guía y Conjunto de Herramientas para Evaluaciones de Impacto en el Contexto del Patrimonio Mundial, y que mientras tanto no se debe tomar ninguna decisión sobre la ejecución del viaducto elevado.

Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su publicación del 22 de agosto de 2024 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició el proceso para declarar como Zona de Monumentos Históricos un polígono de 105 hectáreas, en el que prohíbe cualquier construcción permanente o provisional dentro de la zona, espacio donde se prevé pase esta obra de infraestructura.

Como respuesta, el gobierno del estado, mediante su secretario general del Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que en el decreto no se incluye el perímetro donde será construido el viaducto elevado, y por tanto no se pondría en riesgo la obra, en el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Es en este tenor que el 14 de noviembre del año mencionado, vecinos, comerciantes y demás ciudadanos señalaron que se oponen a la construcción del viaducto elevado, y analizaron el avance legal de recursos que han sido presentados ante las autoridades judiciales, asistiendo que estarían iniciando recursos legales suficientes para detener la obra.

El Proyecto “viaducto elevado” ha marginado a los ciudadanos, y pretenden anteponerlo ante al clima de inseguridad y violencia en todo el estado, consideramos fundamental la colaboración conjunta entre toda la ciudadanía, las autoridades del Municipio de Zacatecas y el Gobierno Federal porque la obra mencionada representa graves consecuencias económicas, sociales, culturales, ambientales y urbanas, en el patrimonio histórico, su entorno y la fractura de la Ciudad de Zacatecas.

La Unesco ha reconocido a México como el país con más sitios del Patrimonio Mundial de la Humanidad. El país azteca tiene en total 35 lugares dentro de su territorio.

Zacatecas es una ciudad merecedora de títulos y honoríficos calificativos, originados de aquel modesto “Minas de los Zacatecas”, y que medio siglo más tarde, memorablemente saltara al de insigne y de “Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas”, recibido gracias a la progresiva riqueza y a su labor de expansión de los dominios españoles en la región norteña novohispana. La acumulación de nombramientos continúa en el siglo XVII, cuando se le conoce como “La Civilizadora del Norte”, y hasta nuestros tiempos.

Contamos con dos inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO; la primera fue otorgada en diciembre de 1993, donde se inscribió su Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad; posteriormente, en agosto de 2010, el Camino Real de Tierra Adentro fue enlistado como Patrimonio Mundial bajo la designación de itinerario cultural, a lo largo de su trayecto se insertan diversos sitios históricos entre los que se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas, lo que nos mantiene muy orgullosos a sus ciudadanos.

El 22 de agosto de 2024, se publicó en DOF, el interés del Gobierno Federal, por declarar Zona de Monumentos Históricos la superficie de 105-26-48.4 hectáreas, en la ciudad de Zacatecas, a través del acuerdo publicado, se determinan las características específicas de la Zona de Monumentos Históricos materia de este Decreto, así como la relación de espacios, estructura, entorno urbano, y su tipología arquitectónica. El acuerdo en mención, también, reconoce que, tal y como hoy se conserva (la relación de espacios, estructura y entorno urbano, y su tipología arquitectónica), son elocuente testimonio de excepcional valor para la historia social, política y artística de México.

“Primero. Se da inicio de oficio al procedimiento para declarar como Zona de Monumentos Históricos la superficie de 105-26-48.4 hectáreas, en la ciudad de Zacatecas, municipio de Zacatecas, estado de Zacatecas, con el perímetro y las características detallados en la parte considerativa de este acuerdo.

Segundo. A fin de preservar y conservar la zona histórica de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, se establece como medida precautoria la prohibición para realizar la colocación de cualquier anuncio, aviso, carteles; cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, construcciones u obras en los monumentos históricos, colindantes y demás ubicados dentro de la zona a declarar, sin contar con la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El boulevard bordea el centro de Zacatecas, declarado Patrimonio Mundial en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y que dicha vía forma parte del área patrimonial protegida por la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.

Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.

Artículo 1.

La presente ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Zacatecas; tiene por objeto la planeación, protección, conservación, restauración, rescate, mejoramiento, rehabilitación e intervención de los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales en la Entidad; así como el patrimonio cultural, material e inmaterial, siempre y cuando no sean competencia de la Federación.

La ley referida, en el artículo 27, declara como Zona de Transición, para reforzar la protección en la Zona Típica de la Ciudad de Zacatecas, el constituido para reforzar la protección en la Zona Típica de la Ciudad de Zacatecas, conforme a:

Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.

Artículo 27

...

Partiendo de bordes naturales y físicos, que envuelven la zona típica señalada en el artículo que antecede, extendiéndose hasta las vialidades que lo cubren; partiendo del Periférico al Norte de la ciudad hasta el sur con el boulevard Adolfo López Mateos, al oriente el Paseo Escénico La Bufa hasta la calle Ingeniería Civil, que entronca con la avenida López Velarde y luego con el boulevard Adolfo López Mateos que limita toda la parte sur, posteriormente con rumbo hacia el poniente el boulevard Héroes de Chapultepec hasta el monumento a Juárez, luego continua por el Paseo Díaz Ordaz hasta el punto de partida en el Paseo de La Bufa. Dentro del área se incluye al norte la colonia Díaz Ordaz segunda y tercera sección, Barrio del Vergel Nuevo, colonia Pedro Ruiz González; al oriente fraccionamiento Rincón de Marianita y colonia Marianita; al poniente colonia Bancomer, Loma Barroca, Caminera, Barrio del Manzano (colonia Lomas de la Soledad) y colonia Sierra de Álica.

La construcción de un viaducto elevado, en un tramo de 3 kilómetros, del bulevar metropolitano que cruza de oriente a poniente las ciudades conurbadas de Zacatecas y Guadalupe una debida planeación, debería contar con informes que señalen su viabilidad, económica, ambiental, cultural y social, como lo señala la Ley de Planeación en sus artículos 2 y 8.

Ley de Planeación

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos...

Artículo 8. ...

Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural en función de dichos objetivos y prioridades, precisando el impacto específico y diferencial que generen en mujeres y hombres

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas mandata que los entes públicos deberán tramitar y obtener de las autoridades de los tres órdenes de gobierno los dictámenes, permisos requeridos previo al inicio de la ejecución de las obras, así como deberá contar con los estudios, investigaciones, proyecto ejecutivo y el programa de ejecución:

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas

Artículo 8. Los Entes Públicos deberán:

I a la III...

IV. Tramitar y obtener de las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, los derechos de vía o la expropiación de inmuebles, en su caso, previo al inicio del procedimiento de ejecución, mismos que entregará al Ente Público Ejecutor.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a X. ...

XI. Proyecto ejecutivo: El conjunto de planos, memorias, presupuesto general, especificaciones y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes que establezca esta ley.

XII. a XVI. ...

Artículo 42. El ente público debe contar con los estudios, investigaciones, especificaciones de construcción, normas de calidad, el proyecto ejecutivo y el programa de ejecución totalmente terminados para que le sean autorizados los recursos para su ejecución.

Para la planeación de las obras públicas, se deberá considerar la prevención de impactos ambientales derivados de la configuración y operación de las mismas obras.

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas

Artículo 24. Para la planeación de la obra pública y los servicios relacionados, los entes públicos deberán considerar:

I. a IV. ...

V. La prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra pública.

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Zacatecas señala como facultad de los ayuntamientos participar en la evaluación del impacto ambiental de obras de competencia estatal, de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente de Zacatecas regular el impacto ambiental de las obras estatales y solicitar estudios de evaluación de i mpacto y riesgo ambiental de obras y actividade s de competencia federal.

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas

Artículo 6

Corresponde a la Secretaría:

I. a XIV. ...

XV. Regular el impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, así como solicitarle los estudios de evaluación del impacto y riesgo ambientales de obras y actividades de competencia federal que se realicen en la entidad

XVI. a XXXIV. ...

Artículo 8

Corresponde a los ayuntamientos:

I. a VIII. ...

IX. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando se realicen en su ámbito municipal

X. a XVIII. ...

El viaducto elevado al ser una vía de comunicación, se encuentra sujeta a una evaluación de impacto ambiental que es el procedimiento en donde la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y del ayuntamiento, establece las condiciones en las que se estará sujeta la realización de la obra para proteger el ambiente, a lo que antecede una manifestación de impacto ambiental.

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacateca s

Artículo 58

La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría, con la intervención de los Ayuntamientos correspondientes, establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones previstos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, quienes pretendan llevar a cabo algunas de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I. Vías estatales y municipales de comunicación, incluidos los caminos rurales

Artículo 64

Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 58 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

En la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del stado de Zacatecas señala que las obras que se construyan en polígonos declarados, como en zonas típicas, solo se realizarán si cuentan con un proyecto autorizado por la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.

Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas

Artículo 42

Cuando las dependencias de la administración pública federal, estatal, municipal, paraestatal o paramunicipal, independientemente de la fuente o mezcla de recursos, pretendan llevar a cabo obras de construcción, modificación, restauración, intervención o demolición en los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, monumentos, itinerarios culturales y paisajes culturales, lo harán sólo si cuentan con un proyecto debidamente autorizado por la Junta y la ejecución de las obras se lleve a cabo en coordinación con ésta y bajo la supervisión técnica de la misma.

Es facultad de la Secretaría de Cultura el conservar monumentos históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural y coordinar acciones para investigación sobre historia relacionada con la conservación del patrimonio nacional.

Ley Orgánica de la Administración Pública

Artículo 41. ...

Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación.

Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias

Ante lo expuesto, el sábado del 21 de diciembre de 2024 iniciaron las obras preliminares para la construcción del viaducto elevado, por lo que el lunes 23 de diciembre procedió a la suspensión de los trabajos, señalado que no se contaron con los permisos respecto a la falta de dictámenes técnicos de seguridad y la carencia de permisos necesarios, por ende, colocaron sellos sobre la maquinaria que realizaban los trabajos.

El Tribunal de Justicia Administrativa del estado ordenó retirar los sellos de suspensión a las obras, por lo que se procedió al retiro y se reanudó la obra, pero Érik Muñoz Román, secretario general del Gobierno municipal, señaló que el municipio acudirá a autoridades federales para exigir la presentación de permisos correspondientes para las obras.

Como servidora pública y diputada federal, tengo la responsabilidad social vigilar la legalidad de las acciones gubernamentales que tienen como finalidad la certeza jurídica para la ciudadanía.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, para que haga público el proyecto de obra denominado “Viaducto elevado”, anunciado dentro del marco del Plan Integral de Movilidad del Gobierno estatal, así como el proyecto ejecutivo avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los permisos solicitados por el gobierno municipal de Zacatecas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, para que haga públicos la manifestación de impacto ambiental presentada por el Ejecutivo estatal y la evaluación de impacto ambiental del llamado “Viaducto elevado” en el estado de Zacatecas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del estado de Zacatecas, para que publique el proyecto que aprobó, y las acciones de seguimiento en la construcción de la obra vial denominada “Viaducto elevado” del estado de Zacatecas.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, dentro del marco de sus competencias, emita y publique la opinión técnica respecto a la obra denominada “Viaducto elevado” en el estado de Zacatecas a la luz del acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la Declaratoria como Zona de Monumentos Históricos, de la superficie de 105-26-48.4 hectáreas, en la ciudad de Zacatecas, municipio de Zacatecas, estado de Zacatecas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de enero de 2024.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROGRAMA DE EMERGENCIA QUE ATIENDA LA CRISIS DE LOS PRODUCTORES DE TRIGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, a la Conagua y a las autoridades competentes a implementar un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua, suscrita por la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gina Gerardina Campuzano González, senadora de la LXVI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las autoridades competentes, a implementar, de manera urgente, un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua, conforme a las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con información publicada por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y reportada en el diario Reforma, la siembra de trigo en el último trimestre del año presenta una caída preocupante debido a la falta de agua y a la carencia de apoyos gubernamentales.

La superficie sembrada en este periodo se reducirá 47.6 por ciento, pasando de 436 mil 835 hectáreas a apenas 228 mil 713 hectáreas.

Sonora, siendo la principal entidad productora de trigo en México, enfrenta un escenario particularmente crítico. Se estima que la superficie sembrada de trigo caerá 83.9 por ciento, pasando de 248 mil 122 hectáreas en el ciclo anterior a apenas 40 mil hectáreas en este ciclo.

Lo anterior significa una pérdida económica estimada en 15 mil millones de pesos para toda la cadena productiva en la región.

La crisis de agua en Sonora agrava la situación. De acuerdo con datos a la primera semana de diciembre, el promedio de almacenamiento en las nueve presas de uso agrícola del estado es de apenas 17.7 por ciento, el nivel más bajo en el país.

En Durango, la problemática del agua también impacta la siembra de trigo y otros cultivos estratégicos. De acuerdo con reportes de productores locales, las reservas de agua en las principales presas del estado se encuentran por debajo de 30 por ciento de su capacidad, lo que compromete el ciclo agrícola.

Aunado a la falta de recursos para el riego, los productores de Durango han expresado la necesidad urgente de subsidios y financiamiento para hacer frente a las pérdidas económicas y garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria en la región.

La caída en la producción de trigo no sólo afecta a los productores, sino a toda la cadena agroalimentaria, incluyendo trilladores, almacenes y transportistas.

Este escenario podría llevar a importaciones récord de trigo en 2025, particularmente del trigo cristalino, que se produce principalmente en Sonora, Sinaloa y Baja California. Dicho trigo es fundamental para la elaboración de alimentos como las pastas.

Actualmente, más de la mitad de la demanda de granos en el país se cubre con importaciones, y en el caso del trigo, la situación es más compleja, pues sólo se cubre 35 por ciento de la demanda nacional.

Ante este panorama, es urgente que el gobierno federal implante un programa integral de apoyo y emergencia, enfocado en garantizar recursos hídricos, subsidios y financiamiento a los productores para mitigar el impacto económico y social de esta crisis.

La falta de acción podría generar consecuencias catastróficas en la economía agropecuaria, en el abasto alimentario y en la estabilidad de los precios de productos derivados del trigo.

La siembra de trigo en el país en el último trimestre estará menguada por falta de apoyos y carencia de agua, lo que anticipa un escenario “catastrófico” para la producción del grano, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Es por ello, que presento el presente exhorto que para que las autoridades competentes, a implantar, de manera urgente, un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente con los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes, a implementar, de manera urgente, un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes, a diseñar y ejecutar un plan integral de recuperación para la economía agropecuaria de las zonas afectadas, que incluya financiamiento, subsidios y mecanismos para fortalecer la productividad y la resiliencia del sector ante escenarios climáticos adversos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes, a presentar un informe público que detalle las acciones tomadas y los recursos asignados para enfrentar esta crisis, así como un diagnóstico de las condiciones actuales del sector triguero en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de enero de 2025.– Senadora Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ACTUALIZAR LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DE SONORA, ESPECIALMENTE, HERMOSILLO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Sonora y al Congreso del mismo estado a llevar a cabo acciones que permitan actualizar de manera inmediata los factores de distribución de participaciones federales a los municipios de Sonora, especialmente Hermosillo, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Lilly Téllez, senadora de la República por Sonora en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al gobernador de Sonora y al Congreso del mismo estado para que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones que permitan actualizar de manera inmediata los factores de distribución de participaciones federales a los municipios de Sonora, especialmente, Hermosillo, conforme a la información más reciente del Censo de Población y Vivienda 2020, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Desde el gobierno federal anterior (2018-2024) los municipios fueron afectados con la cancelación de fondos federales que servían para atender necesidades prioritarias de infraestructura, así como para hacer frente a problemas importantes que se generaban por desastres naturales o situaciones extremas como sequías como las que enfrentan los municipios de Sonora y en especial el de Hermosillo.

2. La desaparición del Ramo 23 y de los diferentes fideicomisos federales que ayudaban a atender estas problemáticas han tenido un impacto importante en el ayuntamiento de Hermosillo, donde en los años previos siempre se pudo ser beneficiado de este tipo de recursos en promedio por más de 200 millones de pesos.

3. Por otro lado, en cuanto a las participaciones federales, el Congreso de Sonora, conforme a su responsabilidad constitucional, aprueba anualmente el decreto que establece la distribución de participaciones federales a los municipios del estado. Estos factores constituyen el porcentaje de participaciones federales que corresponderá a cada municipio del estado.

4. Estos factores de distribución no han sido actualizados por más de 20 años, utilizando información obsoleta para distribuir la principal fuente de ingreso de los gobiernos municipales.

5. En el caso de información correspondiente a la población, el decreto ha continuado utilizando la información del censo de 2000 y no la más actual como establece la Ley de Coordinación Fiscal, que es la del censo de 2020.

6. Esto es causa de una profunda inequidad en la distribución de participaciones, afectando a los municipios que han tenido un crecimiento más acelerado de su población y, en consecuencia, de sus necesidades.

7. En el caso de Hermosillo, se observa la siguiente diferencia:

- Censo 2000: 609 mil 829 habitantes

- Censo 2020: 936 mil 263 habitantes

8. Esto significa que el decreto anualmente emitido por el Congreso del Estado, no considera la existencia de 326 mil 434 hermosillenses.

9. Entre 2000 y 2020 la población de Hermosillo creció 53.5 por ciento, pero su factor de población permanece estático.

10. Esta falta de actualización ha traído como consecuencia que no se han participado más de cien millones de pesos anualmente durante los últimos tres años, tal y como se muestra a continuación:

11. No obstante esto el municipio de Hermosillo durante la anterior administración y en la actual ha buscado seguir atendiendo las necesidades de la población en servicios públicos e infraestructura pública, atendiendo las necesidades con altos índices de aprobación y mejorando la percepción de la ciudadanía en temas de seguridad.

12. Llevando a cabo obras importantes de infraestructura sobre todo para mejorar la calidad de vida de los Hermosillenses y generando nuevos espacios públicos para su sano desarrollo.

13. Todo esto gracias a esfuerzos de modernización de procesos, mejoras regulatorias, reducción de estructuras y gastos no sustanciales, lo cual ha generado un incremento en la recaudación propia y un incremento sustancial en la inversión pública con esta fuente de financiamiento.

14. Sin embargo, aún con el gran esfuerzo realizado por la administración municipal existen necesidades importantes que requieren el apoyo del gobierno del estado y el Congreso del estado, así como de la federación

15. Existe un “portafolio de proyectos prioritarios” que le permitirán al Municipio la conservación, la modernización y robustecer su infraestructura pública.

16. Las limitaciones presupuestales del momento le impiden al municipio financiar con recursos propios este importante “portafolio de proyectos prioritarios”.

17. Sin embargo, aprovechando la mejorada calidad crediticia de Hermosillo es posible adoptar un programa de Reingeniería Financiera que le permita acceder a un crédito bancario en condiciones preferentes, conservando el equilibrio presupuestal municipal.

18. La deuda pública recibida en 2021 por la administración fue de mil 706 millones de pesos, con sobretasas de interés que llegaban a niveles de 2.48 por ciento. Sin embargo, gracias al Programa de Refinanciamiento en 2022, tenemos la mayor parte de la deuda contratada con Banobras en una sobretasa promedio de 0.79 por ciento, al igual el saldo de la deuda pública mostró una disminución al ubicarse actualmente en mil 633 millones de pesos.

19. Estas medidas adoptadas en 2022, también le permitieron al municipio tener ahorros en flujo de efectivo cercanos a los 100 millones de pesos durante la pasada administración.

20. Por lo que el ayuntamiento de Hermosillo presentó al Congreso del estado la solicitud de aprobación de una reingeniería financiera que busca lo siguiente:

- Refinanciamiento de los dos créditos otorgados por Banobras y el crédito otorgado por Bansi, reduciendo el plazo actual de los financiamientos de 13 años a 10 años.

- Adquisición de un crédito por la cantidad de hasta 242 millones de pesos, pagadero a 10 años.

21. Con esto se buscan los siguientes beneficios:

- Reducción en el monto anual de servicio de la deuda.

- Dicha reducción en el monto de servicio de la deuda estaría alineada con los requerimientos de pago del nuevo crédito y así evitar cargas económicas adicionales al presupuesto ciudadano.

- La adquisición del nuevo crédito y la reducción del plazo de la deuda vigente nos permite reducir el pago total de intereses de los créditos, con base en las estimaciones.

- De llevarse a cabo el programa de reingeniería financiera, este sería por la cantidad estimada de mil 875 millones de pesos, equivalente a 23 por ciento de los Ingresos esperados en 2024, nivel que se considera manejable.

- En resumen, de los beneficios, se hará más obra pagando un menor servicio de deuda al refinanciar los créditos actuales, aún con la contratación de un nuevo financiamiento.

- En lugar de solicitar más plazo para el pago de la deuda pública, se disminuirá el Plazo de la Deuda de 13 a 10 años.

- Se disminuye el costo total de la deuda actual en un estimado de 6.5 millones de pesos. Incluyente la contratación del nuevo crédito solicitado.

- Se crean 2 nuevas áreas de esparcimiento en la ciudad, con un beneficio directo a una población superior a los 140 mil habitantes.

- El manejo de las finanzas durante la pasada administración fue prudente y eficiente, prueba de ello fue el reconocimiento de las calificadoras al subir 7 niveles por el buen desempeño financiero del municipio.

22. A pesar de esto el Congreso del estado decidió no autorizar este financiamiento, señalando justificaciones tan absurdas como el que en el parque de deporte adaptado se va a construir una alberca, siendo esta la justificación de no autorizar el refinanciamiento, aludiendo a la sequía que existe en el Estado, demostrando no sólo la falta de interés en proyectos inclusivos para la población si no un desconocimiento total de cómo se maneja una instalación como un alberca deportiva, una alberca como la que opera el gobierno del estado en las instalaciones deportivas del Centro de Usos Múltiples en la misma ciudad de Hermosillo.

23. Por otro lado, el Congreso del estado está autorizando el refinanciamiento de los créditos del gobierno del estado, los cuales incluyen dos créditos autorizados y dispuestos por el mismo gobierno del estado apenas en 2023, los cuales el gobernador prometió pagar dentro de su administración al solicitar la autorización en la anterior legislatura local, esto no solo demuestra que hoy se dice una cosa y mañana otra, si no que ni siquiera se llevó a cabo de la mejor manera dicha contratación, tanto así que apenas hoy un año más tarde solicitan su refinanciamiento.

24. No solo se trata del refinanciamiento de este crédito que se dijo que se pagaría en la actual administración, si no del total de la deuda pública, la cual solicitan refinanciarla hasta 30 años, están endeudando a las futuras generaciones de los sonorenses, muy distinto a lo propuesto por el municipio de Hermosillo que lo que busca es reducir el plazo y pagar menos intereses al final del plazo.

25. Por otro lado el mismo gobierno del estado solicita un nuevo crédito por mil 500 millones de pesos, donde existen proyectos muy similares a los que el municipio planteó, como es la rehabilitación del parque recreativo La Sauceda, que tienen años anunciando inversiones realizadas y que aún hoy no se ha visto un avance, pero siguen solicitando recursos que le cuestan a los sonorenses, se plantea una nueva inversión a la laguna del Náinari en el municipio de Cajeme, un lugar de esparcimiento de ese municipio, que administración tras administración recibe inversión y sin un cambio significativo, que además precisamente en un contexto de sequía se podría cuestionar mucho, ya que esa agua se filtra y evapora sin ningún beneficio para la población para que de ser una obra de ornamento.

26. El resto de la inversión planteada en su mayoría es para mejoras en oficinas de funcionarios públicos, que poco impacto tienen en las necesidades de la población del Estado, pero el último concepto que señalan es totalmente absurdo, la adquisición de vehículos por 100 millones de pesos, los cuales tienen una finalidad administrativa, no son para la seguridad, no son para la prestación de servicios públicos ni para la atención de la salud de la población.

27. En virtud de lo anterior, la presente proposición con punto de acuerdo tiene los siguientes objetivos:

27.1. Actualización de manera inmediata de los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del estado de Sonora, conforme a la información más reciente del Censo de Población y Vivienda 2020, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. Esto permitirá una distribución justa y equitativa de los recursos, atendiendo el crecimiento poblacional de municipios como Hermosillo, que ha experimentado un aumento de 53.5 por ciento en su población desde el Censo de 2000, y asegurará la atención adecuada a las necesidades prioritarias de su población.

27.2. Priorizar la autorización de financiamientos municipales que sean financieramente responsables y socialmente relevantes, como el programa de reingeniería financiera presentado por el ayuntamiento de Hermosillo, que busca:

27.2.1. Reducir el plazo y el costo total de la deuda pública municipal.

27.2.2. Aumentar la inversión en infraestructura y servicios públicos esenciales.

27.2.3. Atender necesidades prioritarias de la población, como espacios públicos inclusivos y áreas recreativas que beneficien a más de 140 mil habitantes.

27.3. Garantizar que los proyectos de inversión del Gobierno del Estado estén orientados a resolver problemas prioritarios de la población, como el acceso al agua potable y la infraestructura pública esencial, en lugar de destinar recursos a proyectos cuestionables o de bajo impacto social, como la adquisición de vehículos administrativos o mejoras en oficinas públicas.

27.4. Transparentar y revisar los criterios bajo los cuales se evalúan las solicitudes de financiamiento, asegurando que no existan decisiones arbitrarias o injustificadas que afecten proyectos de alto impacto social, como los presentados por el municipio de Hermosillo.

27.5. Instar a la Federación a restablecer fondos federales y fideicomisos que atendían problemáticas municipales específicas, como el Ramo 23, para fortalecer la capacidad de los municipios de responder a contingencias derivadas de desastres naturales, sequías u otras situaciones extremas, especialmente en contextos como el que enfrenta Sonora.

28. Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Sonora y al Congreso del mismo estado para que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones que permitan actualizar de manera inmediata los factores de distribución de participaciones federales a los municipios de Sonora, especialmente, Hermosillo, conforme a la información más reciente del Censo de Población y Vivienda 2020, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de alcanzar los objetivos señalados en el considerando número 27 del presente documento.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de enero de 2025.– Senadora Lilly Téllez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A RECHAZAR EL RECONOCIMIENTO DE NICOLÁS MADURO COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo Federal a rechazar el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a expresar una condena clara y contundente a su dictadura, suscrito por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Lilly Téllez, senadora de la República por Sonora en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a rechazar el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a expresar una condena clara y contundente a su dictadura. Esta soberanía considera que mantener cualquier postura favorable al régimen de Maduro contradice los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos que rigen la política exterior de México, conforme a lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 11 de mayo de 1988, se expidió el decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer como parte de las facultades y obligaciones del presidente de la República la de “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, con la aprobación del Senado. Incluye los siguientes principios para la conducción de la política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

2. El 10 de junio de 2011, se publicó el decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaron diversos artículos de la Constitución federal, entre ellos, el artículo 89, fracción X, al incluir como uno de los principios normativos de política exterior que deberá observar el presidente de México es “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”.

3. Al respecto, es importante destacar la parte correspondiente del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, por lo que hace a la reforma al artículo 89, fracción X, constitucional:

“A partir de la década de los noventas el Estado Mexicano se ha caracterizado por un compromiso muy fuerte con la promoción de los derechos humanos. Así se ha participado activamente en los órganos y mecanismos internacionales sobre la materia. Ejemplo de ello, fue que nuestro país en 2006 fue elegido como presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, máximo órgano interestatal de derechos humanos.

Con el fin de que exista una coherencia entre la norma constitucional y la política exterior que el Estado mexicano ha impulsado resulta necesario que al conjunto de principios establecidos en la fracción X del artículo 89 constitucional se incorpore el de ‘protección y promoción de los derechos humanos’. Pues a través de esta descripción se tutela la actitud previsible referida a un sujeto de protección, lo cual se podría expresar estableciendo que en la conducción de la política exterior, y la celebración de Tratados internacionales el titular del Ejecutivo observará el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y por ende la dignidad humana”.

4. Es evidente que dicha modificación constitucional tuvo como propósito incorporar y asegurar permanentemente la protección de los derechos humanos como parte de los principios que sustentan la política exterior del Estado mexicano. Con ello, nuestro país, a través del titular del Poder Ejecutivo Federal, tendría que asumir una postura sólida ante la comunidad internacional para trabajar, defender y promover la protección de los derechos humanos universales. Hacer esto no implica una intervención en otro país, al contrario, México asumiría con orgullo un compromiso humanitario de solidaridad internacional.

5. En ese contexto, resulta inadmisible que la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, haga caso omiso a ese principio constitucional de política exterior y no se pronuncie a favor del respeto, de la protección y de la promoción de los derechos humanos y de las libertades de los venezolanos, cuyas prerrogativas han sido violentadas en los últimos años por su gobierno dictador. Peor aún: que no se pronuncie en contra del evidente régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro porque nada tiene de democrático.

6. El 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, sin embargo, según el Consejo Nacional Electoral, ganó Nicolás Maduro, pero la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González denunciaron fraude y desconocieron el resultado. No ha existido transparencia en el resultado de las elecciones, ni recuento de la votación, ni se han publicado las actas oficiales por las autoridades electorales venezolanas que acrediten la autenticidad de los resultados, lo que demuestra la falta de legitimidad del resultado oficial.

7. En América, diversos países democráticos, entre los que se encuentran Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, así como de la Unión Europea, integrada por 27 países (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia) han desconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, al considerar que su nueva reelección careció de garantías democráticas y fue denunciada como fraudulenta.

8. El respaldo de México, a través de la titular del Ejecutivo federal, al régimen de Nicolás Maduro contradice el principio fundamental de la democracia al validar un gobierno señalado por distintos países y por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otros, como responsable de la violación sistemática de derechos humanos y la ruptura del orden democrático.

9. El hecho de que la presidente Claudia Sheinbaum apoye a Nicolás Maduro e informe que enviará a un representante de México a la toma de protesta con la justificación de que lo hace con base en el principio de la “autodeterminación de los pueblos” es darle una interpretación ideológica a ese principio e ignora a los demás que se encuentran en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Federal en perjuicio de la democracia y de los derechos humanos.

10. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos han documentado en informes recientes graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y persecución y encarcelamiento de opositores políticos. Lo que se vive en Venezuela no es democracia y sí es una dictadura.

11. Reconocer a Nicolás Maduro implica, de facto, legitimar estas prácticas contrarias a los derechos humanos, a la democracia, al derecho internacional y a los valores que México históricamente ha defendido.

12. La gestión del régimen de Maduro ha contribuido a una de las peores crisis humanitarias del continente, con más de 7.7 millones de venezolanos desplazados y una población que enfrenta carencias graves de alimentos, medicamentos y servicios básicos.

13. México había sido un promotor histórico de la democracia y los derechos humanos; por tanto, debe mantener una postura firme en contra de gobiernos dictatoriales y autoritarios que atenten contra la voluntad popular y los derechos humanos. La postura del Ejecutivo federal de reconocer a Nicolás Maduro contradice esta tradición y sigue debilitando la posición de nuestro país en la comunidad internacional.

14. La presidente de México no debe de anteponer su ideología al cumplimiento del principio constitucional de la política exterior mexicana de derechos humanos, con el fin de soslayar el contexto político, social y económico actual de Venezuela en el que sus habitantes están siendo sumamente afectados tanto por la crisis económica que agrava más la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Es momento de que la jefe del Estado mexicano se pronuncie a favor de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades del pueblo venezolano y deje de apoyar al gobierno dictador de aquel país.

15. Por lo anterior, es indispensable que el honorable Congreso de la Unión, como órgano de representación nacional, exhorte a la titular del Ejecutivo federal a rechazar y condenar el régimen dictatorial que existe en Venezuela con miras a alinear la política exterior de México con los valores democráticos y de derechos humanos que han definido nuestra historia.

16. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a rechazar el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a expresar una condena clara y contundente a su dictadura. Esta soberanía considera que mantener cualquier postura favorable al régimen de Maduro contradice los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos que rigen la política exterior de México, conforme a lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_117_11 may88_ima.pdf

2 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10 jun11.pdf

3 Proceso legislativo de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/117_DOF_10ju n11.pdf

4 Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 6 de enero de 2025:

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-c onferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-6-de-enero-de -2025?idiom=es

5 Situación de Venezuela, Agencia de la ONU para los Refugiados:

https://www.acnur.org/mx/emergencias/situacion-de-venezuela

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de enero de 2025.– Senadora Lilly Téllez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTUDIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HOSPITALES GENERALES EN AGUASCALIENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Ssa, en coordinación con el gobierno del estado de Aguascalientes, a iniciar los estudios técnicos, financieros y de viabilidad para la construcción de dos hospitales generales, uno en el norte y otro en el sur de dicha entidad, a cargo del senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el gobierno de Aguascalientes inicie los estudios técnicos, financieros y de viabilidad para la construcción de dos hospitales generales, uno en el norte y otro en el sur del estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“La salud es la riqueza real y no las piezas de oro y plata”: Mahatma Gandhi.

La salud es no sólo un tema fundamental para el bienestar de nuestras familias sino, también, la base de una sociedad justa, equitativa y próspera.

En este momento crucial debemos reafirmar nuestro compromiso con el derecho a la salud y la imperiosa necesidad de garantizar infraestructura hospitalaria adecuada en cada rincón de nuestro país. La pandemia vivida hace varios años nos dejó como lección que debemos estar prevenidos ante cualquier emergencia.

Aguascalientes es una de las entidades federativas con mayor cobertura y calidad en los servicios de salud, sin embargo, como en todo el país, el Estado no está excento de tener diversos desafíos.

De acuerdo con el análisis del Foda del Diagnóstico de Salud 2023 del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, de mantenerse las condiciones actuales en materia de salud sin apoyo de la federación, es probable que existan las repercusiones siguientes:

- Se mantendría un importante sector de la población abierta sin acceso efectivo a los Servicios de Salud.

- La falta de capacidad instalada hospitalaria disminuirá la posibilidad de atender adecuadamente a personas con padecimientos que ameritan el concurso de personal médico especializado.

- Los insuficientes recursos presupuestales asignados a Salud dificultaán la posibilidad de contar con los insumos necesarios para la prestación de servicios con altos niveles de calidad.

- De no redistribuirse el personal prestador de servicios se continuará con la falta de personal en algunos turnos de las Unidades de Salud que operan en la actualidad.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el derecho a la salud es una garantía íntegral que comprende una amplia gama de factores que pueden contribuir a una vida sana y al correcto desarrollo del individuo.

Los otros aspectos fundamentales del derecho a la salud son los siguientes:

Calidad, en los establecimientos sanitarios desde el punto de vista científico y médico, y que estos, se encuentren en buenas condiciones.

Participación, en la elaboración, coordinación y ejecución de los planes programas y proyectos en materia de políticas de salud.

Rendición de cuentas, indispensable para que las autoridades sanitarias federales y las entidades federativas den cuentas de su cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en la esfera de la salud pública. Las personas deben poder solicitar una reparación efectiva cuando se vulnere su derecho a la salud, como en los casos de denegación de servicios sanitarios.

Accesibilidad necesaria que ocupan los establecimientos, bienes y servicios sanitarios para ser asequibles y físicamente accesibles a todos, sin discriminación alguna.

Disponibilidad, para que siempre haya un número suficiente de servicios públicos sanitarios y centros de atención de la salud en funcionamiento.

Aceptabilidad, que requiere que los establecimientos, bienes y servicios sanitarios sean respetuosos de la ética médica, sensibles a las cuestiones de género y apropiados desde el punto de vista cultural.

Justificaciones

1. Crecimiento poblacional:

Según datos del Inegi, Aguascalientes ha registrado en las últimas décadas un crecimiento poblacional sostenido, alcanzando aproximadamente más de 1.4 millones de habitantes en 2023.

Este aumento ejerce presión sobre los servicios de salud actuales, que se han visto rebasados en capacidad.

2. Deficiencias en infraestructura hospitalaria:

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Aguascalientes, los hospitales generales en la entidad operan con una alta saturación, particularmente en servicios de urgencias, cirugía y atención de enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión.

En promedio, el estado cuenta con 1.3 camas hospitalarias por cada mil habitantes, cifra inferior al estándar recomendado por la OMS, 3 camas por cada mil habitantes.

3. Zonas prioritarias

- Zona norte (Jesús María): La población de esta área, en constante expansión, carece de un hospital general cercano, lo que obliga a los pacientes a trasladarse al hospital Hidalgo o a clínicas saturadas.

- Zona sur (Calvillo): Este municipio y los aledaños tienen acceso limitado a servicios especializados, lo que aumenta los tiempos de traslado y pone en riesgo la atención de emergencias.

Marco legal

De igual forma, el presente proyecto se construye con la finalidad de cumplir lo consagrado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el derecho a la protección de la salud, y que es responsabilidad de las autoridades garantizar su cumplimiento mediante infraestructura adecuada.

Así como el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, que establece la obligación del Estado de proporcionar servicios de salud oportunos, integrales y de calidad a la población.

Beneficios

1. Acceso equitativo:

Ayudará a reducirá las desigualdades en el acceso a la salud al atender a comunidades alejadas de los hospitales centrales.

2. Atención oportuna:

Mejorará los tiempos de respuesta en emergencias y permitirá diagnósticos más tempranos y tratamientos adecuados.

3. Reducción de traslados:

Evitará que las y los pacientes de comunidades rurales se trasladen largas distancias, disminuyendo costos y riesgos.

4. Fortalecimiento del sistema de salud:

Contribuirá a una red hospitalaria estatal más eficiente, reduciendo la carga de los hospitales actuales.

5. Desarrollo económico

La inversión en infraestructura hospitalaria que no solo garantiza el acceso a la salud, sino que también genera empleos directos e indirectos, impactando positivamente en la economía local.

La construcción de dos hospitales generales contribuirá a disminuir la saturación de los servicios existentes, acercar la atención médica especializada a las comunidades más vulnerables y fortalecer la infraestructura de salud del estado.

Además, dichos hospitales deberán contar con al menos las siguientes características:

- Capacidad inicial: 120 camas hospitalarias cada uno, con posibilidad de ampliación.

- Especialidades clave: medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general y urgencias.

- Equipamiento avanzado: áreas de terapia intensiva, quirófanos modernos y equipos de diagnóstico de última generación.

Los presentes puntos de acuerdo representan una acción concreta y necesaria para garantizar el acceso a la salud como un derecho humano fundamental. La construcción de dos hospitales generales en Aguascalientes atenderá las necesidades de una población hidrocálida creciente, reforzará la infraestructura sanitaria del estado y sentará las bases para un desarrollo social más equitativo en la región.

Por lo expuesto someto ante la recta consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a fin de que en coordinación con el gobierno de Aguascalientes inicie estudios técnicos, financieros y de viabilidad para construir dos hospitales generales, uno en el norte y otro en el sur del estado.

Segundo. Se invita al Congreso de Aguascalientes a considerar la planeación legal y presupuestal para coadyuvar en la ejecución, gestión y construcción de estas obras.

Así como a las autoridades municipales de Jesús María y Calvillo para que colaboren en la gestión de terrenos adecuados y faciliten los trámites necesarios para la elaboración del proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE DESTINEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES EN LA CARRETERA FEDERAL 45, TRAMOS NORTE Y SUR, EN AGUASCALIENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SICT, a destinar los recursos humanos, materiales y económicos suficientes en la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera federal 45, tramos norte y sur en el estado de Aguascalientes, a cargo del senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a destinar por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recursos humanos, materiales y económicos suficientes en la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera federal 45, tramos norte y sur, en Aguascalientes, al tenor de la siguientes

Consideraciones

“Si los accidentes fueran causados sólo por los conductores, se repartirían por toda la red; como hay concentraciones, la vía es vital”: Alfredo García.

La movilidad sustentable no es una opción; es una obligación. Si queremos un México competitivo, inclusivo y resiliente, debemos apostar por la construcción de infraestructura que nos lleve hacia un futuro más verde y justo.

En un mundo en el que las ciudades crecen exponencialmente y los efectos del cambio climático nos exigen actuar con urgencia, no podemos ignorar que el desarrollo de infraestructura para una movilidad eficiente y sustentable es una prioridad inaplazable.

La construcción de puentes, como parte de un plan integral de movilidad, no solo conecta lugares; conecta oportunidades, sueños, comunidades y garantiza el derecho humano a la movilidad sustentable consagrada en el artículo 4o. de la Carta Magna.

Desgraciadamente, este derecho no puede ejercerse plenamente si nuestras ciudades y comunidades siguen sufriendo de congestión, falta de infraestructura vial adecuada y un transporte que contamina el aire que respiramos.

Hoy, muchas ciudades enfrentan un caos vial que no solo limita la productividad, sino que también afecta la salud mental y física de sus habitantes. Los largos tiempos de traslado impiden la convivencia familiar, reducen el tiempo para el descanso y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.

La carretera federal 45, columna vertebral de la infraestructura en el desarrollo vial de nuestro país. Para el caso de Aguascalientes, esta vía no solo conecta estratégicamente a la entidad con estados vecinos como Zacatecas, Guanajuato y Jalisco, sino que también es fundamental para la movilidad de personas, mercancías y diversos productos que propician el desarrollo económico de la región.

Sin embargo, esta carretera enfrenta desafíos críticos que ponen en riesgo la seguridad de las personas usuarias, limitan la competitividad de los sectores productivos y afectan la calidad de vida de miles de personas ciudadanas. Entre todos los desafíos, destaca la necesidad urgente de construir dos puentes vehiculares en los tramos norte y sur de la carretera dentro del estado.

Con base en datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la carretera 45 registra un flujo vehicular promedio de 25,000 vehículos diarios, incluyendo transporte pesado, lo que provoca conflictos en cruces a nivel, embotellamientos y un aumento significativo en la incidencia de accidentes viales.

Resulta no sólo necesario sino, además, urgente la construcción de dos puentes vehiculares que solucionen de forma integral la seguridad, eficiencia vial y desarrollo económico en la región Bajío.

Los principales beneficios del presente proyecto son los siguientes:

1. Seguridad vial

Por ejemplo, según la información del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es de mencionar que durante el año 2023, la Guardia Nacional División Caminos intervino en 473 accidentes carreteros dentro de la entidad. Y según datos del mismo Inegi, 40 por ciento de los accidentes viales en Aguascalientes ocurrió en la carretera 45, principalmente en cruces a nivel.

Por lo que los puentes permitirán separar flujos vehiculares, reduciendo colisiones y salvando vidas.

2. Movilidad eficiente

Los puentes vehiculares facilitarán un tránsito continuo, eliminando cuellos de botella en puntos críticos y reduciendo tiempos de traslado para transporte privado, público y de carga.

3. Impulso económico

La carretera 45 conecta zonas industriales estratégicas de Aguascalientes con el Bajío y el norte del país. Una infraestructura moderna reducirá costos logísticos y fortalecerá la competitividad de sectores como la manufactura y la agroindustria.

4. Impacto social

Los habitantes de comunidades cercanas tendrán un acceso más rápido y seguro a servicios esenciales como hospitales, escuelas y centros laborales, lo cual mejorará significativamente su calidad de vida.

5. Beneficio ambiental

Al optimizar el flujo vehicular, se reducirá de manera considerable el consumo de combustible y las emisiones de CO2, contribuyendo a los objetivos nacionales e internacionales de desarrollo sostenible y combate al cambio climático de la Agenda 2030.

Aunado a ello, los proyectos en comento deberán considerar los siguientes aspectos:

- La ubicación estratégica basada en estudios de tránsito vehicular y siniestralidad.

- El diseño que permita el flujo continuo de vehículos ligeros y pesados.

- Infraestructura complementaria como iluminación, señalización y accesos seguros para peatones y ciclistas.

- Coordinarse con el Gobierno del Estado de Aguascalientes para colaborar con el facilitamiento de los estudios técnicos, la gestión de derechos de vía y la asignación de recursos complementarios para la ejecución de los proyectos.

Pero estos puentes no deben pensarse como obras aisladas. Deben formar parte de un modelo de movilidad sustentable. Porque un país que apuesta por la movilidad sustentable y la infraestructura inteligente está apostando por su futuro. Estamos hablando de construir puentes, no solo de concreto, sino de igualdad, progreso y sostenibilidad.

Compañeras y compañeros legisladores: La construcción de estos dos puentes vehiculares no son un lujo ni un capricho, sino una necesidad imperante para garantizar la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía hidrocálida y cientos de miles de personas mexicanas que la transitan.

Juntos tenemos la oportunidad de contribuir a la solución de un problema que afecta a miles de personas diariamente. Este es un llamado a priorizar inversiones inteligentes en puntos clave de infraestructura que dejarán un legado con diversos beneficios duraderos para México y las nuevas generaciones.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos a los legisladores y las legisladoras del oficialismo a que consideren la importancia de este proyecto que detonará una cadena de beneficios para la población del Bajío, principalmente para las y los hidrocálidos.

Por su atención y respaldo a esta causa, muchas gracias.

Por lo expuesto someto ante la recta consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular Poder Ejecutivo federal a destinar por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recursos humanos, materiales y económicos suficientes en la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera federal 45, tramos norte y sur en Aguascalientes.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL CENAPRECE, A REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE CÁNCER DE MAMA, DE PRÓSTATA, ADEMÁS DE MÁS CAMPAÑAS SOBRE ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Cenaprece a realizar campañas informativas sobre cáncer de mama, de próstata, además de más campañas sobre enfermedades cardiometabólicas, suscrita por los diputados Margarita García García y Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para que realicen campañas Informativas sobre Cáncer de Mama, de Próstata, además de más campañas sobre enfermedades cardiometabólicas, al tenor de la siguiente

Antecedentes

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades se crea mediante un Decreto de reforma, al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el cual fue publicado el 2 de febrero de 2010 en donde se cambia el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece) por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Este organismo tiene como objetivo el conducir e implementar 7 programas sustantivos para prevención y control de enfermedades de la población, los programas que maneja esta entidad son:

1. Programa de Rabia y otras Zoonosis. - Se refieren a la prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes.

2. Programa de Salud Bucal. - Enfocada a la prevención, detección y control de enfermedades bucales.

3. Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores. - Se refiere a enfermedades transmitida por vectores e intoxicación de veneno de artrópodos.

4. Programa de Micobacteriosis. - Abarca prevención y control de enfermedades respiratorias crónicas, tuberculosis y lepra.

5. Programa de Enfermedades Cardiometabólicas. — Atiende enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión y obesidad.

6. Programa de Envejecimiento. — Enfatizado al mejoramiento del acceso y calidad de atención a las personas mayores en el sistema de salud, así como disminuir el maltrato y discriminación hacia este grupo vulnerable, preocupándose por su bienestar por medio de un sistema de cuidados de largo plazo para personas mayores con dependencia funcional.

7. Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres. - Salvaguarda la vida y estado de salud de la población ante ocurrencia de emergencias en salud. Los servicios oportunos e integrales son gestionados y coordinados para asegurar el derecho humano y universal a la salud.

La implementación de estos programas son sustantivos para la prevención y control de enfermedades logrando reducir la morbilidad y mortalidad de la población mexicana.

El cáncer de mama es el más común en todo el mundo, además es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial; causa más años de vida perdidos por discapacidad en mujeres que cualquier otro cáncer.

En 2020 hubo más de 210,000 nuevas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68,000 muertes. La proporción de mujeres que padecen la enfermedad antes de cumplir los 50 años (32 por ciento) es significativamente mayor que en América del Norte (19 por ciento).

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se detectaron cuatro mil 780 casos nuevos y dos mil 225 defunciones en 2021, con una tasa de incidencia de 25.14 por cada 100 mil y, una tasa de mortalidad de 11.70 por cada 100 mil. Las tasas de mortalidad más altas se encuentran en Nuevo León (15.55), Quintana Roo (15.53), Tamaulipas (15.41) y Durango (15.19). Establecer programas de prevención sigue siendo un desafío.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022, se calculó que en México vivían 20.6 millones de mujeres de entre 40 y 69 años. El 20.2 por ciento (4.2 millones) de ellas se sometió a una mastografía en los últimos 12 meses; el 85.6 por ciento (3.6 millones) recibió los resultados de su examen y el 5.6 por ciento (19.9 mil) dio positivo.

Durante 2023, según las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), se contabilizaron 89,633 fallecimientos debidos a tumores malignos en personas de 20 años y más. De estos, 8,034 fueron atribuidos al cáncer de mama, lo que representó 9.0 por ciento del total. De las muertes por cáncer de mama en la población de 20 años y más, 7,992 (99.5 por ciento ocurrieron en mujeres, mientras que en hombres fueron 42 fallecimientos, lo que representó 0.5 por ciento. Por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 17.9.

Mientras tanto, el cáncer de próstata en el país ha sido detectado con más de 25 mil casos y acrecentamiento de 7,500 personas pierden la vida por esta causa. Al hablar de “Cáncer de próstata: Un problema de salud emergente en México”, el urólogo oncólogo del programa Opus del INCAN, Iván Calvo Vázquez, dio a conocer que uno de cada seis mexicanos está en riesgo de padecer esta enfermedad.

Los factores de riesgo que pueden incrementar el peligro de padecer esta enfermedad son: edad, antecedentes familiares y raza.

Es importante mencionar que, el cáncer de mama y de próstata no lo son todo, las enfermedades cardiometabólicas provocaron cerca de 220 mil defunciones en 2021, de las cuales 177 mil fueron por infarto al miocardio, que puede ser prevenible al evitar o controlar determinados factores de riesgo.

Estas enfermedades representan ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad vinculadas al aumento de factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Estos padecimientos afectan gravemente la calidad de vida de la población generando una carga económica al sistema de salud.

Aún persisten desafíos y abordar estas enfermedades requiere acciones integrales que combinen educación, regulación y acceso equitativo a servicios de salud.

Exposición de Motivos

El cáncer de mama, de próstata y las enfermedades cardiometabólicas son un punto importante en el índice de mortalidad en México. Estas enfermedades no solo afectan la salud física de las personas, sino que también tienen un impacto significativo en el ámbito social y económico, tanto para las familias como para el sistema de salud pública.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas. Siguiendo los datos de la Secretaría de Salud, cada año se diagnostican aproximadamente 29,000 nuevos casos, y más de 7,000 mujeres pierden la vida por esta enfermedad. A pesar de los avances en tratamientos y diagnósticos, muchas mujeres enfrentan barreras para acceder a información, pruebas de detección y tratamientos oportunos.

Por otro lado, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad por cáncer en los hombres de nuestro país. Cada año se diagnostican más de 25,000 casos, y la mayoría de ellos en etapas avanzadas debido a la falta de conocimiento sobre los factores de riesgo y la importancia de las revisiones médicas regulares.

Mientras que las enfermedades cardiometabólicas son las responsables del alto porcentaje de muertes prematuras en el país. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), más del 30 por ciento de la población adulta padece obesidad, un factor clave en el desarrollo de estas enfermedades. Además, la falta de actividad física y las dietas poco saludables han exacerbado esta crisis de salud pública.

La prevención es una herramienta fundamental para reducir la incidencia y mortalidad de estas enfermedades. Sin embargo, en muchas comunidades, particularmente las más vulnerables, persisten los mitos, estigmas y desconocimiento sobre las prácticas de prevención, los factores de riesgo y la necesidad de realizarse chequeos médicos.

En este contexto, la Cenaprece juega un papel crucial. Su capacidad para diseñar e implementar campañas masivas de información permite llegar a la población con mensajes claros y accesibles que promuevan la detección temprana y la adopción de estilos de vida saludables.

Debemos de tomar en cuenta que el combatir la obesidad y la diabetes es una de las promesas de nuestra presidenta, por lo que es una prioridad el reforzar programas como los que maneja el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para combatir estas enfermedades que afectan a los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para que intensifique y diversifique sus campañas informativas sobre el cáncer de mama, de próstata y enfermedades cardiometabólicas con un enfoque integral que fomente la detección temprana, fortalezca la educación en salud y garantice la inclusión y accesibilidad; contribuyendo a salvaguardar vidas, reducir la carga financiera sobre el sistema de salud y promover una mejor calidad de vida para la población.

Bibliografía

1 CENAPRECE. (2024. Acciones y programas). Disponible en:

https://www.gob.mx/salud/cenaprece

2 Gobierno de México. (2022). Cada año, 220 mil personas fallecen debido a enfermedades del corazón. Disponible en:

https://www.gob.mx/salud/prensa/490-cada-ano-220-mil-personas-fa llecen-debido-a-enfermedades-del-corazon

3 Gobierno de México. (2022). Epidemiología del cáncer de mama. Disponible en:

https://www.gob.mx/imss/articulos/epidemiologia-del-cancer-de-ma ma-318014#:~: text=En%20M%C3%A9xico%2C%20en%2020 20%2C%20el,de%2010.6%20por%20100%20mil.

4 INSP, (2023). Cáncer de Próstata. Disponible en:

https://www.insp.mx/avisos/dia-mundial-del-cancer-de-prostata-11 -de-junio

5 INSP, (2024). 19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. Disponible en:

https://www.insp.mx/avisos/19-de-octubre-dia-mundial-contra-el-c ancer-de-mama

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero del 2025.– Legislador y legisladora: Reginaldo Sandoval Flores, Margarita García García (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LOS JUECES DE DISTRITO DE OAXACA, A QUE PREVALEZCA LA JUSTICIA EN MATERIA LABORAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los jueces de distrito del estado de Oaxaca a que prevalezca la justicia y la correcta interpretación del marco legal en materia laboral en favor de los empleados del gobierno del estado, suscrita por los diputados Margarita García García y Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, Reginaldo Sandoval Flores, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los jueces de Distrito del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que prevalezca la Justicia y Correcta Interpretación del Marco Legal en materia laboral en favor de los empleados del gobierno del estado de Oaxaca, al tenor de la siguiente:

Antecedentes

1. El 11 de diciembre de 2024 la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, emitió el decreto número 24 (veinticuatro) en donde se suprimen con efectos inmediatos, 1344 (mil trescientas cuarenta y cuatro) plazas administrativas pertenecientes al gobierno del estado de Oaxaca, en dónde no se explica razón alguna por la cual se apoya la supresión de las plazas y que no permite a los titulares de estas plazas a un derecho de audiencia para ser escuchados con lo que quedaron en un estado de indefensión de sus derechos sociales como son el trabajo, la retribución de sus salarios, aguinaldos y demás como son en consecuencia de la pérdida de su trabajo.

2. El 12 de Diciembre de 2024 el decreto es publicado en el Extra Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en dónde se establece en sus transitorios la entrada en vigor del decreto, el mismo día de su aprobación, dejando nuevamente a los titulares de estas plazas en estado de indefensión a su derecho de audiencia para ser escuchados con lo que quedaron en un estado de indefensión de sus derechos sociales como son el trabajo, la retribución de sus salarios, aguinaldos y demás como son en consecuencia de la pérdida de su trabajo.

Exposición de Motivos

Con la emisión del decreto 24 el día 11 de diciembre de 2024 y posterior publicación en el Extra Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el día 12 de diciembre de 2024, se violenta diversos derechos sociales de los empleados del gobierno de Oaxaca, tales como a la estabilidad del empleo, el derecho a la salud de ellos y sus familias y el derecho a una vivienda en los casos de los trabajadores que hayan ejercido su derecho a acceso a créditos habitacionales.

El dictamen y posterior decreto, no establece el programa de reestructuración administrativa que pueda justificar la actuación de la supresión de las 1344 plazas administrativas pertenecientes al gobierno del estado de Oaxaca.

Al determinar el decreto su entrada en vigor el mismo día que fue aprobado, violenta el derecho de audiencia de los empleados del estado de Oaxaca ya que no tuvieron la oportunidad de ser escuchados y establecer sus argumentos de defensas, así como tampoco se les dio la opción de poder ocupar una plaza igual o semejante a la suprimida o bien la elección de la indemnización legal.

Los legisladores firmantes de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, ignoran el criterio de la Suprema Corte de justicia que emana de la Tesis aislada número 173992 que determina que la supresión de plazas viola la garantía social de estabilidad en el empleo, prevista en el artículo 123, Apartado B, Fracción IX constitucional, ya que determina que, en los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. Así, con vista en la facultad del Estado para suprimir plazas, esto es, se instituyó una garantía social a favor de los trabajadores burocráticos, consistente en el derecho a decidir sobre el otorgamiento de una plaza equivalente, o bien, la indemnización legal.

Por lo que los trabajadores se encuentran en un estado de indefensión siendo negados a un debido proceso generando incertidumbre y afectaciones en su patrimonio familiar.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los Jueces de Distrito del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que prevalezca la justicia y correcta interpretación del marco legal en materia laboral en favor de los empleados del gobierno del estado de Oaxaca.

Bibliografía

1 Decreto Número 24 con fecha 11 de diciembre de 2024. Disponible en:

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/d ecretos/DLXVI_0024.pdf

2 Publicación del Decreto en el Extra Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el día 12 de diciembre de 2024. Disponible en:

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/d ecretos/POLXVI_0024.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Legislador y legisladora: Reginaldo Sandoval Flores, Margarita García García (rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE EVALÚE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y PRESUPUESTAL SOBRE LA EXTENSIÓN Y CONECTIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE METROBÚS TENAYUCA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a diversas autoridades a implementar mesas de trabajo para evaluar la viabilidad técnica y presupuestal sobre la extensión y conectividad de la estación de Metrobús Tenayuca, suscrita por el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Emilio Manzanilla Téllez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la regla quinta, sexta, séptima y vigésima segunda y tercera de las reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, me permito presentar, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho al libre tránsito, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a toda persona la posibilidad de desplazarse libremente por el territorio nacional. Este derecho incluye no solo la libertad de circular sin restricciones indebidas, sino también la obligación del Estado de proveer infraestructura y servicios públicos que permitan el ejercicio pleno de este derecho en condiciones de seguridad, accesibilidad y dignidad.

En este sentido, la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, una de las áreas urbanas más grandes y complejas del mundo, enfrenta retos significativos que afectan el derecho al libre tránsito de millones de personas.

Uno de estos desafíos es la falta de conectividad directa y segura entre la Estación Tenayuca del Metrobús, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, y la Estación Tlalnepantla del Tren Suburbano, localizada en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

El artículo 115 de la Constitución establece que corresponde a los municipios garantizar la prestación de servicios públicos, incluyendo el tránsito y el transporte público. Asimismo, el artículo 122 confiere a las alcaldías de la Ciudad de México facultades específicas en la materia, subrayando la importancia de la coordinación entre niveles de gobierno para garantizar la eficiencia y seguridad de los sistemas de transporte público.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las y los ciudadanos en el uso de los sistemas de transporte público. En este caso, la falta de una conexión adecuada entre ambas estaciones vulnera este derecho al exponer a las personas a condiciones de inseguridad, como robos y agresiones, y a una infraestructura inadecuada que no cumple con los estándares mínimos de iluminación y accesibilidad.

A pesar de la proximidad entre la Estación del Metrobús Tenayuca y la Estación del Tren Suburbano Tlalnepantla que es de aproximadamente 2.5 kilómetros, la ausencia de una conexión eficiente obliga a las y los usuarios a utilizar microbuses concesionados, cuya operación en este tramo ha sido ampliamente señalada por deficiencias en seguridad y servicio.

Aunado a esto, la falta de alumbrado público adecuado y la presencia de zonas vulnerables en este trayecto agravan la problemática, especialmente para las personas que transitan a pie o en horarios nocturnos, quienes enfrentan riesgos significativos para su seguridad personal.

Por ello, implementar una conexión directa y eficiente entre estas dos estaciones es crucial para:

Facilitar la movilidad diaria: Miles de personas que habitan en el Estado de México y trabajan o estudian en la Ciudad de México, y viceversa, dependen de una red de transporte público eficiente para realizar sus actividades cotidianas.

Promover el desarrollo económico: La interconexión de sistemas de transporte público fomenta el desarrollo urbano y social, al tiempo que incrementa la competitividad económica regional.

Fomentar el transporte público masivo: Una conexión eficiente entre estas estaciones incentivará el uso del transporte público masivo, reduciendo la dependencia del automóvil particular y, con ello, las emisiones contaminantes y los problemas de congestión vial.

De acuerdo con reportes ciudadanos y datos de incidencia delictiva en la zona, el tramo entre la Estación del Metrobús Tenayuca y la Estación del Tren Suburbano Tlalnepantla se caracteriza por altos índices de robos y otros actos delictivos, lo que convierte este trayecto en un punto crítico que requiere atención inmediata.

Implementar una solución de conectividad, ya sea mediante una extensión del Metrobús, una ruta articulada específica o infraestructura peatonal/ciclista adecuada, contribuirá no solo a mejorar la movilidad, sino también a incrementar la seguridad en esta área.

El objetivo principal de la presente proposición es exhortar a las autoridades competentes, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora constitucional del Estado de México, el presidente municipal de Tlalnepantla de Baz y el alcalde de Gustavo A. Madero, para evaluar la viabilidad técnica y presupuestal sobre las posibles soluciones para conectar estas estaciones, priorizando aquellas que sean más efectivas en términos de costo-beneficio.

Entre las opciones a considerar, propongo, la extensión de la Línea 3 del Metrobús desde Tenayuca hasta la Estación Tlalnepantla, así como el desarrollo de infraestructura peatonal o ciclista con iluminación y seguridad adecuada.

Debemos tener claro que las soluciones propuestas deben alinearse con los principios de movilidad sostenible, promoviendo el uso del transporte público masivo y reduciendo la huella ambiental del transporte individual.

La implementación de una conexión eficiente entre la Estación Tenayuca y la Estación Tlalnepantla generará múltiples beneficios:

Seguridad: Reducirá significativamente los riesgos asociados a la inseguridad en este trayecto.

Movilidad: Mejorará los tiempos de traslado y la experiencia de las y los usuarios del transporte público.

Desarrollo regional: Fortalecerá la integración de los sistemas de transporte de la Ciudad de México y el Estado de México, impulsando el desarrollo urbano y social en la región.

Impacto ambiental: Promoverá el uso del transporte público masivo, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes.

Garantizar una conexión eficiente, segura y accesible entre la Estación Tenayuca y la Estación Tlalnepantla no solo permitirá el ejercicio pleno del derecho al libre tránsito, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, fortaleciendo la seguridad, la movilidad y el desarrollo regional en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por lo anterior, es fundamental que este tema sea atendido con la mayor prontitud y compromiso por parte de las autoridades involucradas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la gobernadora constitucional del Estado de México, a el presidente municipal de Tlalnepantla de Baz y a el alcalde de la Gustavo A. Madero, para implementar mesas de trabajo donde se evalué la viabilidad técnica y presupuestal sobre la extensión y conectividad de la estación de Metrobús Tenayuca ubicada en la Av. Tlalnepantla-Tenayuca, San José de la Escalera, Gustavo A. Madero, 07630 Ciudad de México, con la estación del Tren Suburbano Tlalnepantla ubicada en Calle Monterrey, entre calles Morelia y Chilpancingo, Col. Hab. Valle Ceylán, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, las cuales se encuentran aproximadamente a 2.5 kilómetros con el objetivo de mejorar la infraestructura del transporte y conectar la Ciudad de México con el Estado de México y así salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos, ya que, la zona a recorrer mediante el transporte público de “microbuses” o transporte concesionado es muy insegura por los robos que cotidianamente sufren las personas usuarias, así como la falta de alumbramiento para las y los peatones.

Salón de la Comisión Permanente, a los 8 días del mes enero del 2025.– Diputado Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SRE, A FORTALECER EL DIÁLOGO DIPLOMÁTICO PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES EN MATERIA MIGRATORIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a fortalecer el diálogo diplomático permanente con las autoridades estadounidenses en materia migratoria, con el objetivo de proteger los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes mexicanos, a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del PT

De las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ante la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de América, fortalezca el diálogo diplomático permanente con las autoridades estadounidenses en materia migratoria, con el objetivo de proteger los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes mexicanos, asimismo, se refuercen los mecanismos de protección ante posibles acciones antiinmigrantes violatorios de sus derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de enero de 2025 durante la conferencia de prensa matutina que realiza en Palacio Nacional, la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que va a destinar lo que sea necesario para apoyar a nuestras hermanas y hermanos que están en Estados Unidos, y apuntó que hay redes de voluntarios, principalmente con personas migrantes que son abogados.

Al contestar a preguntas relativas a las acciones que el Gobierno de México realizará para proteger a las personas migrantes mexicanas ante las políticas que pueda implementar el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. La Presidenta de México informó que el gobierno de México ha incrementado el número de bufetes de abogados especializados en la defensa de los connacionales en suelo estadounidense, con el objetivo de ampliar el apoyo legal para los migrantes de origen mexicano.

Previamente el 27 de diciembre, también durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la Presidenta de México anunció que se intensificarían los esfuerzos para proteger los derechos de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos ante las amenazas de deportaciones masivas por parte de la administración del presidente electo Donald Trump.

En apoyo a las y los connacionales en el extranjero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Programa de Apoyo para las y los Mexicanos en Estados Unidos en el que se contempla el fortalecimiento de los 53 consulados, la puesta en marcha de un Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) para brindar apoyo legal vía telefónica; una aplicación denominada Botón de Alerta para casos de emergencia, así como la implementación de una Ventanilla única de trámites consulares.

Destacó que hay 38.4 millones de mexicanos en los Estados Unidos de América, de los cuales 11.5 millones son de primera generación, entre los cuales se encuentran 4.8 millones de personas migrantes indocumentadas; y 26.9 millones son de segunda generación.

El gobierno de México informó que en 2023 las y los mexicanos que viven en Estados Unidos tuvieron ingresos de 340.9 mil millones de dólares. De estos, alrededor de 61 mil millones de dólares (17.9%) fueron enviados a México como remesas y 280 mil millones de dólares (82.1%) fueron ingresos que permanecieron en EUA.

Además de ello, se estima que, en 2023, la población de origen mexicano contribuyó con el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos. De igual forma se estima que las y los mexicanos que no cuentan con documentos en los Estados Unidos de América pagan impuestos por un monto estimado de 42.6 mil millones de dólares; y 121.5 mil millones de dólares lo que las personas migrantes contribuyen”.

Ante la próxima toma de protesta del presidente electo Donald Trump, debe fortalecerse la protección, asesoría, representación y acompañamiento para nuestros hermanos migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Es necesario mantener un diálogo permanente con las comunidades y asociaciones de mexicanas y mexicanos, para atender sus necesidades, brindarles asesoría y apoyarles en casos de emergencia.

El gobierno de México debe contar con todos los recursos materiales y humanos para actuar en apoyo de nuestros connacionales. Pero también, es necesario que los gobiernos de las entidades federativas que se encuentran en la frontera con Estados Unidos trabajen de manera coordinada con el gobierno federal para la protección de los derechos humanos, dignidad e integridad de nuestros hermanos migrantes mexicanos que retornen a territorio nacional.

Es por ello que, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, creemos imperativo que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca las acciones para informar a la comunidad migrante de origen mexicano sobre sus derechos, sobre los servicios que prestan las representaciones de México en los Estados Unidos de América, así como sobre los teléfonos de emergencia a los que pueden llamar para recibir asistencia inmediata.

Migrar es un derecho humano.

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ante la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de América, fortalezca el diálogo diplomático permanente con las autoridades estadounidenses en materia migratoria, con el objetivo de proteger los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes mexicanos, asimismo, se refuercen los mecanismos de protección ante posibles acciones antiinmigrantes violatorios de sus derechos humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca la protección, asesoría, representación y acompañamiento para nuestros hermanos migrantes mexicanos a través de la red consular en los Estados Unidos de América, ante la muy probable aplicación de políticas que generen un clima antiinmigrante en los Estados Unidos de América.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezcan el diálogo permanente con las comunidades y asociaciones de mexicanas y mexicanos, para informarles sus derechos, sobre los servicios que se prestan las representaciones de México en los Estados Unidos de América, así como de los despachos de abogados que se han contratado para proteger a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos en caso de emergencia.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, respetuosamente, a las autoridades del poder ejecutivo en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal para la protección de los derechos humanos, dignidad e integridad de nuestros hermanos migrantes mexicanos que retornen a territorio nacional.

Notas

1 Presidencia, presenta presidenta Claudia Sheinbaum programa de apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos, disponible en:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presenta-presidenta-claudi a­sheinbaum-programa-de-apoyo-para-las-y-los-mexicanos-en-estados-unidos, consultado el 6 de enero de 2025.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veinticinco.– Senadoras: Genoveva del Carmen Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Ana Karen Hernández Aceves (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

REFORZAR LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a reforzar los mecanismos de atención, protección y seguimiento a la población en situación de calle y se les presten los servicios de alimento, asistencia, servicio médico, psicológico y de trabajo social, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT

Del senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Sistema Nacional de Protección Civil, a la Secretaría de Bienestar, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar los mecanismos de atención, protección y seguimiento a la población en situación de calle y se les presten los servicios de alimento, asistencia, servicio médico, psicológico y de trabajo social, así como se les otorguen espacios donde puedan pernoctar ante las bajas temperaturas derivadas de la temporada invernal 2024-2025, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La llegada del invierno, con sus bajas temperaturas, heladas y, en ocasiones, nevadas, representa un desafío para toda la sociedad. Para esta temporada invernal se pronostican 48 frentes fríos y 7 tormentas invernales en México. Cabe señalar que en nuestro país la temporada de frentes fríos se desarrolla en el periodo comprendido entre el mes de septiembre y hasta mayo. En promedio se registran alrededor de 58 frentes fríos, la mayoría dentro de la temporada invernal.

El Centro Nacional de prevención de Desastres (Cenapred) seña la que en el periodo de noviembre a marzo, los frentes cruzan el territorio mexicano en el Istmo y reciben el nombre de tehuantepecos, vientos fuertes que ocasionan anomalías térmicas en el golfo de Tehuantepec. Cuando las masas polares atraviesan el Golfo de México dan origen a los fenómenos conocidos como nortes.

Tras el paso del frente frío, lo más probable es que se registren lluvias, la humedad y temperatura disminuyen y el viento sopla con más fuerza del norte hacia el sur, un poco después el cielo empieza a despejarse, pero es entonces cuando se instala la nueva masa de aire gélido y seco, lo que provoca una mayor disminución de la temperatura.

La temporada invernal se convierte en una amenaza para la salud integridad y supervivencia de las personas en situación de calle, quienes son un sector particularmente vulnerable de nuestra sociedad.

De acuerdo con la Cifras del Censo de Población y Vivienda del año 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que existían más de 5 mil 700 personas en situación de calle alrededor de todo nuestro país Recordemos que las personas que viven en situación de calle integran un grupo social diverso compuesto por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, personas con discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones.

Estas personas pueden o no tener relación entre sí y subsisten en la calle con sus propios recursos, los cuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades más elementales. Muchas de estas personas se encuentran en abandono social, pues no cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute sobre su bienestar en términos físicos, psicológicos y emocionales.

La exposición constante a las inclemencias del tiempo, sin un refugio adecuado ni acceso a recursos básicos, coloca a estas personas en una situación de extremo riesgo. Por lo tanto, la protección de las personas sin hogar durante el invierno no solo es un acto de humanidad, sino una responsabilidad social que debemos abordar con urgencia y eficacia.

Las bajas temperaturas pueden tener consecuencias devastadoras para la salud. La hipotermia, una condición en la que el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, es una de las principales amenazas. Sus síntomas iniciales, como temblores y confusión, pueden progresar rápidamente a pérdida de conciencia, fallos orgánicos e incluso la muerte si no se proporciona calor y atención médica de inmediato.

Además, el frío extremo debilita el sistema inmunológico, haciendo a las personas más susceptibles a enfermedades respiratorias como la gripe, la neumonía y las bronquitis, que pueden agravarse rápidamente en condiciones de vida precarias.

Más allá de los riesgos físicos, el invierno también exacerba los problemas de salud mental que a menudo afectan a las personas sin hogar. La sensación de aislamiento, la desesperanza y el estrés constante pueden intensificarse con el frío y la oscuridad, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad y otras afecciones mentales.

Ante esta cruda realidad, es fundamental que la sociedad en su conjunto tome medidas para proteger a las personas en situación de calle durante el invierno. Los gobiernos, en sus diferentes niveles, tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas que garanticen el acceso a albergues temporales, proporcionen alimentos calientes, ropa de abrigo y atención médica. Sin embargo, la acción no debe limitarse al ámbito gubernamental. Las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los grupos comunitarios y los ciudadanos individuales también juegan un papel crucial.

Es necesario fomentar la creación de redes de apoyo que ofrezcan refugio, comida y compañía a las personas sin hogar. La donación de ropa de abrigo, mantas y otros artículos esenciales puede marcar una gran diferencia. Asimismo, es importante difundir información sobre los recursos disponibles y cómo acceder a ellos, para que nadie quede desamparado.

La protección de las personas en situación de calle durante el invierno no es solo una cuestión de caridad, sino un imperativo ético y social. Ignorar esta problemática es ignorar la dignidad humana y perpetuar un ciclo de exclusión y sufrimiento. Debemos recordar que detrás de cada persona sin hogar hay una historia, una vida que merece ser protegida. Actuar con empatía y solidaridad es un reflejo de nuestra calidad como sociedad y una inversión en un futuro más justo e inclusivo para todos.

Es imprescindible que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen con responsabilidad y empatía, implementando medidas efectivas que garanticen su protección y bienestar. La colaboración entre gobiernos, organizaciones y ciudadanos es esencial para construir una sociedad que no deje a nadie atrás, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Es indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tomen las medidas precautorias para salvaguardar la integridad y la vida de las personas en situación de calle, ofreciéndoles servicios de asistencia, valoración médica, psicológica, psiquiátrica y de trabajo social; así como la protección, alimentación y asilo de este sector de la población ante la llegada de la temporada invernal 2024-2025.

Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Sistema Nacional de Protección Civil, a la Secretaría de Bienestar, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar los mecanismos de atención, protección y seguimiento a la población en situación de calle y se les presten los servicios de alimento, asistencia, servicio médico, psicológico y de trabajo social, así como se les otorguen espacios donde puedan pernoctar ante las bajas temperaturas derivadas de la temporada invernal 2024-2025.

Notas

1 Cenapred, Prepárate para la temporada invernal2024-2025, disponible en:

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/preparate-para-la-temporad a-inveranl-2024-2025?idiom=es, consultado el 06 de enero de 2024.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 CISNNA, Estrategia de atención y protección integral a la niñez y adolescencia en situación de calle 2022-2024, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/704280/NNA_en_Sit uaci_n_de_Calle_Estrategia_Atenci_n_y_Protecc_n_integral.pdf, consultado el03 de enero de 2025.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veinticinco.– Senador Alejandro González Yáñez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PARA PRONUNCIARSE EN CONTRA DE LA LICITACIÓN IFT-12 APROBADA POR EL PLENO DEL EXTINTO IFT EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

«Proposición con punto de acuerdo, para pronunciarse en contra de la licitación IFT-12 aprobada por el pleno del extinto IFT el 19 de diciembre de 2024, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Adrián González Naveda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el 19 de diciembre del 2024 los Comisionados del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobaron la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de segmentos de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de acceso inalámbrico (Licitación IFT-12).

Que en comunicado de prensa se señaló que “el pleno de este órgano regulador (IFT) aprobó realizar la Licitación No. IFT-12, que tiene como objeto la asignación de 2,223 bloques de espectro radioeléctrico para la provisión de servicios de acceso inalámbrico en distintas bandas de frecuencia”.

Que la aprobación de la licitación IFT-12 se realizó un día antes de que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica (DOF 20-12-2024).

Que las modificaciones a la Carta Magna en materia de simplificación orgánica se desprenden de una iniciativa por el expresidente de la República el 5 de febrero del 2024.

Que el propósito primordial de exmandatario fue el de acabar con lujos, gastos superfluos, duplicidad de funciones, el despilfarro de los bienes y recursos nacionales que los organismos constitucionales autónomos y los órganos reguladores coordinadores le generaban a la hacienda pública.

Que los cambios propuestos en la iniciativa presidencial lograrían redireccionar los recursos públicos que erogaban estos Organismos para combatir la desigualdad social, contribuir al desarrollo y construcción de un México justo, pacífico, libre, solidario y democrático.

Que, con estricto apego al principio de austeridad republicana, se propuso regresar a las dependencias de la Administración Pública Federal las atribuciones que ejercían la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), asimismo los órganos reguladores en materia energética: Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Que, en consecuencia, se planteó la eliminación de los organismos constitucionales autónomos y los órganos reguladores coordinadores reformando, adicionando y derogando diversas disposiciones de los artículos 3º, 6º, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de nuestro máximo precepto legal.

Que la extinción del IFT, en el Decreto de reforma a la Carta Fundamental (D.O.F 20-12-2024), se presenta con las modificaciones a los artículos 27 y 28; y en los artículos décimo, décimo primero y décimo segundo del régimen transitorio.

Que, en este sentido, las facultades conferidas al IFT se trasladan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) quien se convierte en la garante del desarrollo eficiente de la radiodifusión y telecomunicaciones.

Que, a través de la SICT, se seguirán atendiendo los asuntos relacionados con el otorgamiento, la revocación, la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Que el artículo décimo primero transitorio del decreto de mérito en lo conducente establece:

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguirán al momento de la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con el artículo Décimo transitorio. Los actos emitidos por dichos órganos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en términos del artículo Décimo transitorio, surtirán todos sus efectos legales.

Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica que continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente decreto, en términos del artículo décimo transitorio

Que valiéndose de está disposición, el Pleno del IFT aprobó la Licitación IFT- 12, justo un día antes de que el multicitado decreto entrará en vigor. De acuerdo con esta disposición la Licitación en comento, tendría que surtir sus efectos legales.

Que la decisión del pleno genera incertidumbre jurídica porque se realiza en contra sentido del Decreto que esta extinguiendo al IFT. No existe un asidero normativo que acompañe la aplicación de lo aprobado por ya desaparecido organismo autónomo.

Que este hecho representa una clara agresión a la visión de País que las y los mexicanos decidieron el 2 de junio de 2024. La desaparición de los organismos obedece a un mandato popular. Un mandato que exigía un cambio de régimen.

Que la decisión del pleno del IFT fue inmoral y antidemocrática. Esta burda astucia legal, pinta de cuerpo entero lo que fue el IFT: un aparato burocrático al servicio de los intereses los rapaces del agonizante prianismo.

Que, desde el Congreso de la Unión, no vamos a permitir que se transgreda la voluntad del Pueblo de México. Este intento de “albazo” no se va a concretar. Desde nuestro ámbito de competencia coadyuvaremos con el Poder Ejecutivo Federal para echar atrás la aprobación de la Licitación IFT-12.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la Licitación IFT-12 aprobada por el Pleno del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones el 19 de diciembre de 2024.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de su facultades, coadyuvará con el Poder Ejecutivo Federal para presentar los argumentos legales que suspendan definitivamente la Licitación IFT-12.

Nota

1 https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/ es/el-pleno-del-ift-aprobo-la-convocatoria-y-bases-de-la-licitacion-publica-par a-concesionar-el-uso

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de enero de 2025.– Diputado Adrián González Naveda (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DEL ESTADO FINANCIERO Y OPERATIVO DE MEXICANA DE AVIACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, a la SHCP y a las instancias administrativas competentes a remitir a esta soberanía un informe detallado del estado financiero y operativo de Mexicana de Aviación, a cargo de los senadores Manuel Añorve Baños, Anabell Ávalos Zempoalteca y Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Manuel Añorve Baños, Anabell Ávalos Zempoalteca y Néstor Camarillo Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las instancias administrativas competentes, remita a esta soberanía un informe detallado del estado financiero y operativo de mexicana de aviación, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.- La Compañía Mexicana de Aviación, fue fundada en el año 1921, y se le consideró la aerolínea más antigua de México, así como la tercera aerolínea más antigua del mundo. con más de 80 años de operación, entre 2010 y 2014 la compañía enfrentó diversos procesos judiciales que derivaron en la quiebra de la compañía.

El 10 de julio de 2023, se anunció el acuerdo para comprar la marca de la aerolínea por 815 millones de pesos, en un convenio con más de 7 mil trabajadores y jubilados de la compañía. Con ello se dio paso a la creación de la Aerolínea del Estado mexicano, S.A. de C.V y la cual quedaría bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La aerolínea entró en servicio el 26 de diciembre de 2023 con 14 rutas comerciales, comenzando con su vuelo inaugural hacia Tulum, hasta la fecha ha transportado a 382 mil pasajeros.

La flota de la aerolínea se compone de tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana así como de la flota de 5 aviones de la empresa TAR, con una capacidad de 50 pasajeros cada uno.

Segunda.- De acuerdo con informes financieros, la Aerolínea del Estado mexicano registra pérdidas por más de 932 millones de pesos en los primeros tres trimestres de operación, correspondientes a 2024.

La empresa aérea a cargo de la Defensa ha necesitado mil 175 millones de pesos para su operación entre enero y octubre, una cifra que es más de cinco veces lo registrado como ingresos por venta de bienes y servicios en las notas a los estados financieros.

La aerolínea del Estado mexicano ha tenido ingresos, en los primeros tres trimestres de este año, por 243 millones de pesos, una cifra que apenas le permite hacer frente al 20 por ciento de sus gastos de operación, que incluye pago de turbosina, salarios a personal, entre otros rubros.

Los altos costos operativos de la aerolínea están relacionados con la renta de equipos a TAR, que también le suministra personal para el servicio de una serie de vuelos a por lo menos 9 destinos, así como los bajos niveles de ocupación, que no rebasan el 60 por ciento, cuando el promedio en la industria aérea en México supera el 85 por ciento.

De esta manera, Mexicana ingresa, por cada pasajero que transporta, alrededor de 927 pesos, pero le cuesta más de 4 mil 484 pesos movilizar a cada viajero que decide volar con la empresa.

A este escenario se suma que la aerolínea ha enfrentado una ocupación moderada en sus vuelos, con un promedio de 50.8 pasajero entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, lo que contrasta con la capacidad de los aviones con los que opera, que tienen una oferta de 180 asientos, es decir los vuelos se han realizado con una ocupación entre el 45 y el 61 por ciento de las aeronaves.

Tercera. - El pasado 5 de enero de 2025, Mexicana de Aviación anunció la suspensión de los vuelos a ocho destinos nacionales como son: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo federal, el cierre de las 8 rutas se debe a que la aerolínea realiza una revisión de su plan estratégico para 2025. Asimismo, anunció que la suspensión de rutas también obedece a que Mexicana tiene que renovar los contratos de renta de los aviones con TAR.

En este sentido, el 6 de enero de 2025, la empresa TAR, anunció su salida como socio-operador de Mexicana y empresa proveedora de aeronaves, con lo cual mexicana queda con dos aviones propios. La salida de TAR como socio-operador en vuelos que tenían la cualidad de ser más cercanos a rutas regionales pone en entredicho la promesa con la que se revivió a Mexicana, que fue atender mercados aéreos que no eran servidos por las aerolíneas privadas.

Por lo antes expuesto, y a fin de ejercer un control parlamentario en las finanzas y propósitos de esta empresa operada con el dinero de las y los mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las instancias administrativas competentes remita a esta soberanía un informe detallado del estado financiero y operativo de mexicana de aviación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Legisladores y legisladora: Manuel Añorve Baños, Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL H. AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, ESTADO DE MÉXICO, A RECONSIDERAR EL CAMBIO EN EL NOMBRE DE LAS VIALIDADES EN LA DEMARCACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, a reconsiderar el cambio en el nombre de las vialidades en la demarcación, suscrita por la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cristina Ruiz Sandoval, senadora de la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 276 del Reglamento del Senado de la República y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México para que reconsidere el cambio en el nombre de las vialidades en la demarcación”, considerando los siguientes:

Antecedentes

Recientemente se dio a conocer que el honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, tomó la decisión de renombrar algunas vialidades del municipio, haciendo alusión a elementos y figuras preponderantes de la autodenominada “4T” o “Cuarta Transformación”.

Sin embargo, es menester considerar que el nombre de una calle es más que un simple identificador; es una pieza clave en la vida cotidiana de las personas y en el tejido organizativo de una comunidad.

Cambiar el nombre de las calles de un municipio de forma abrupta y sin considerar los diversos factores involucrados puede parecer una decisión administrativa menor, pero sus implicaciones son profundas y multifacéticas.

Los nombres de las calles son una brújula que guía a las y los habitantes, visitantes y servicios esenciales como ambulancias, policías y bomberos. Un cambio repentino genera confusión, desorientación y, en el peor de los casos, puede comprometer la atención de emergencias. Sin omitir que afecta la experiencia de los visitantes y turistas, quienes dependen de mapas y referencias claras para desplazarse.

En esta era tecnológica, servicios como aplicaciones de navegación, entrega de productos y transporte privado dependen de sistemas de geolocalización. Cambiar los nombres de las calles implica retrasos en la actualización de estas plataformas, provocando fallas en servicios esenciales y dificultando el día a día de las personas.

También, uno de los mayores impactos recae en los trámites legales. La modificación de nombres complica la verificación de domicilios en documentos oficiales como identificaciones, comprobantes de residencia y escrituras. Esto puede llevar a la imposibilidad de realizar trámites bancarios, notariales o, incluso, de gobierno, afectando directamente a la ciudadanía y empresas.

Como se ha mencionado, actualizar el nombre de las calles no es solo una decisión administrativa; también tiene costos elevados. Se deben cambiar letreros, mapas oficiales, bases de datos y sistemas de registro.

Además, implica campañas de comunicación para informar a la población, lo que consume tiempo y recursos que podrían destinarse a otros proyectos más importantes como la mejora y reparación de vialidades, inversión en la calidad de los servicios públicos, entre otros.

Cabe destacar también que, los nombres de las calles muchas veces reflejan la historia y la cultura de una comunidad. Cambiarlos sin un proceso participativo puede significar una falta de respeto al legado colectivo, generando descontento y una desconexión entre la comunidad.

De hecho, en el municipio, diversos habitantes ya han mostrado su inconformidad con esta decisión por las consecuencias que les está trayendo, mismas que ya se han planteado líneas atrás.

Como se ha mencionado, el cambio abrupto de los nombres de las calles puede parecer un detalle menor, pero las repercusiones afectan tanto a la vida diaria de las personas como al funcionamiento integral del municipio.

Antes de tomar una decisión de esta naturaleza, es crucial considerar sus implicaciones y buscar soluciones que respeten la identidad comunitaria, minimicen las molestias para la población y aseguren una transición ordenada y bien planeada.

Priorizando el diálogo y la planificación, es posible evitar problemas innecesarios y fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, para que analice la viabilidad de la decisión de cambiar los nombres de diversas vialidades en la demarcación, considerando regresar los nombres oficiales y registrados anteriormente a fin de evitar afectaciones en la geolocalización de lugares e inconvenientes legales en los trámites que la ciudadanía esté llevando a cabo o tenga qué efectuar en el corto tiempo.

Notas

1 https://oem.com.mx/elsoldemexico/metropoli/una-colonia-en-tultitlan-ahora-tiene -calles-con-nombres-alusivos-a-la-cuarta-transformacion-20823221

2 https://www.elfinanciero.com.mx/edomex/2024/12/20/no-pensaba-que-fuera-aqui-vec inos-de-tultitlan-rechazan-nuevos-nombres-de-colonia-cuarta-transformacion/

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2025.– Senadora Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT Y DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SRE, A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN CON EL USO INDEBIDO DE RECURSOS E INSTALACIONES EN EL MUNAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la Semarnat y de la Unidad de Administración y Finanzas de la SRE a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para informar sobre el presunto uso indebido de instalaciones públicas y recursos federales en el MUNAL, suscrita por la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El uso debido y transparente de los recursos públicos constituye un principio fundamental del servicio público, consagrado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

(...)

2. En octubre de 2024, se realizó un evento en el Museo Nacional de Arte (Munal), presuntamente solicitado mediante correo institucional por el entonces funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín Alonso Borrego Llorente, bajo el pretexto de celebrar los 89 años de relación diplomática entre México y Rumania.

3. Existen elementos que sugieren que dicho evento pudo haber sido una celebración personal encubierta como acto diplomático, lo cual constituiría un uso indebido de recursos públicos y una simulación de actos oficiales, conductas que contravienen los principios de legalidad y honradez establecidos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

(...)

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

4. La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades de control y vigilancia establecidas en los artículos 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la obligación de investigar el uso de recursos públicos y exigir la rendición de cuentas a los servidores públicos involucrados.

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

(...)

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

5. La renuncia del funcionario Martín Alonso Borrego Llorente a su cargo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no exime de responsabilidad a quienes, desde posiciones de alta dirección, pudieron haber autorizado o tenido conocimiento del uso indebido de instalaciones públicas y recursos federales.

6. El artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a las comisiones para solicitar la comparecencia de funcionarios públicos para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Artículo 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

7. El Museo Nacional de Arte (Munal) es un edificio histórico que alberga algunas de las obras más emblemáticas del arte contemporáneo, cuyo valor artístico y cultural es incalculable. Sin embargo, la majestuosa belleza de sus instalaciones fue utilizada como una fachada por parte de funcionarios corruptos que se aprovecharon tanto de la arquitectura impresionante del museo como de las obras de arte que ahí se resguardan, para celebrar eventos privados completamente ajenos a la misión y visión del museo. Estos eventos, que nada tienen que ver con el arte, han servido únicamente para revestir relaciones personales de una imagen que carece de la dignidad que caracteriza a un espacio tan significativo para la identidad cultural de nuestra nación.

8. Este hecho ha desatado una ola de críticas provenientes de diversos sectores de la sociedad, lo que ha llevado a la actual Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una serie de declaraciones que se contradicen entre sí, generando aún más desconcierto y desconfianza. Por tal motivo, el presente punto de acuerdo tiene como propósito citar a la actual Secretaría de Medio Ambiente a comparecer ante esta soberanía, para que ofrezca una declaración detallada sobre los hechos, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el uso del patrimonio nacional para actividades privadas y ostentosas.

9. Es fundamental que se deslinden responsabilidades de manera transparente, ya que las mexicanas y los mexicanos tienen el derecho legítimo de conocer las razones detrás de la utilización del Munal, un bien cultural de todos, para fines personales y frívolos.

10. Como diputada integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores es mi deber denunciar el uso del patrimonio cultural mexicano para hacer fiestas extravagantes y superfluas, además de denunciar que este evento privado se disfrazó como un acto protocolario para celebrar la relación de nuestro país con Rumania.

Es inaudito que se utilice el vínculo con una nación hermana como una fachada para celebrar una tertulia en un recinto de esta relevancia.

11. No hay ningún problema en celebrar la unión de dos personas, sin embargo, si lo que se busca es una ceremonia ostentosa, entonces los interesados debieron asumir los costos de la renta de un lugar que cumpliera con sus exigencias para celebrar esta misma.

No es aceptable que se utilice el patrimonio cultural e invaluable de México para ahorrarse unos pesos y aprovecharse de un bien que pertenece a todas y todos.

12. No es posible que una persona de la cual se presuma posea los conocimientos necesarios para ser secretaria de Estado en dos ocasiones, no tenga la intuición o, dicho sea de paso, el sentido común de ver que el museo se estaba utilizando en realidad para celebrar una ceremonia privada, es irrelevante si fue una boda o un cóctel, el hecho que indigna a toda la ciudadanía es que se utilizaron las instalaciones del Munal para servir alcohol y festejar la relación personal de un funcionario público.

13. Es inverosímil pensar que no se sabía que era una celebración privada, cuando la invitación, en donde se revelaba la ubicación del evento, incluía el número de una lista digital de una mesa de regalos, por esta razón, no puede tomarse en serio la comparecencia de la Secretaría de Medio Ambiente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores a la ciudadana Alicia Bárcena Ibarra, actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ex secretaria de Relaciones Exteriores, para que informe detalladamente sobre:

a) Su conocimiento y participación en la autorización del evento realizado en el Munal en octubre de 2024.

b) Los procedimientos institucionales seguidos para la autorización del uso de las instalaciones del Munal.

c) Las medidas de control y supervisión implementadas durante su gestión para prevenir el uso indebido de recursos públicos.

Segundo.- Se cita a comparecer al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Daniel Lucio Barrera Pérez, para que presente:

a) Un informe detallado de los gastos ejercidos para el evento realizado en el Munal.

b) Los protocolos y procedimientos seguidos para la autorización de eventos diplomáticos.

c) Los registros de comunicaciones oficiales relacionadas con la solicitud y autorización del evento.

Tercero.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita a esta soberanía:

a) Copia de toda la documentación relacionada con la solicitud y autorización del uso del Munal.

b) El registro completo de comunicaciones institucionales relacionadas con el evento.

c) Los protocolos vigentes para la autorización de eventos diplomáticos en espacios públicos.

Cuarto.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores a:

a) Realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto uso indebido de recursos públicos.

b) Presentar un informe detallado de sus hallazgos ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

c) Implementar medidas preventivas para evitar la simulación de actos diplomáticos.

Notas

1 https://elpais.com/mexico/2024-12-10/una-supuesta-boda-en-el-munal-y-dos-versio nes-de-lo-sucedido-la-polemica-que-forzo-la-renuncia-de-un-funcionario-del-gobi erno-de-sheinbaum.html

2 https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/12/10/mesa-de-regalos-cuenta-en-euros- revelan-invitacion-boda-de-exfuncionario-de-la-sre-en-el-munal-341877.html

3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/12/13/alicia-barcena-reconoce-que -asistio-a-boda-en-el-munal-martin-borrego-quebranto-mi-confianza/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.– Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE FORTALEZCA UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARALAS PERSONAS CONNACIONALES QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS Y QUIENES RESULTEN DEPORTADAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Presidencia de la República, a través de la Segob y de la SRE, a fortalecer una estrategia transversal de atención y protección para las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y las personas connacionales que resulten deportadas, suscrita por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar, elaborar y ejecutar una estrategia transversal de atención y protección para las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y las personas connacionales que resulten deportadas.

Exposición de Motivos

Como parte de sus propuestas de campaña, el ahora presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció un plan para deportar a 11 millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos. De acuerdo con la revista Time, Donald Trump utilizará al ejército “hasta el nivel máximo de lo que permite la ley” para deportar a los migrantes que entraron ilegalmente. Además, anunció que pondría fin mediante una acción ejecutiva a la ciudadanía por nacimiento establecida en la Constitución de Estados Unidos.

Esta amenaza tendrá impactos profundamente perjudiciales para los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, especialmente para nuestros connacionales. Para dimensionar las consecuencias de esta medida, hay que entender la posición de México y Estados Unidos, como país de origen y de destino de migrantes respectivamente. De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo elaborado por ONU Migración en 2024, México es el segundo país de origen con mayor emigración internacional, luego de la India. Estados Unidos, por otra parte, es el primer país con mayor inmigración en el mundo.

De acuerdo con las cifras expresadas por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en Estados Unidos hay 38.4 millones de mexicanos en EUA, de los cuales 11.5 millones son de primera generación, entre los que se encuentran 4.8 millones de migrantes indocumentados; y 26.9 millones de segunda generación. Es decir: la mayoría de connacionales que hoy se encuentran en Estados Unidos son mexicanos que ya nacieron en el extranjerio. Si las amenazas del próximo gobierno estadounidense se cumplen, millones de mexicanos y sus familias correrían el riesgo de ser repatriados sin oportunidad de ser reconocidos como ciudadanos estadounidenses.

Además, esta medida tendrá efectos devastadores en la economía mexicana y la propia economía estadounidense. Cabe recordar que en 2022, México fue el segundo lugar en el mundo con mayor recepción de remesas, luego de la India y antes de países como China, Filipinas y Francia. Se calcula que en ese año, México recibió más de 61,000 millones de dólares estadounidenses. De acuerdo con el canciller De la fuente, en 2023 nuestros paisanos que viven en Estados Unidos tuvieron ingresos de 340.9 mil de millones de dólares, de los que 60.9 mil millones de dólares, esto es el 17.9 por ciento, fueron enviadas al país como remesas y el 82 por ciento, 280 mil millones de dólares fueron ingresos que permanecieron en Estados Unidos de América.

Bajo ese escenario, la Presidencia de la República anunció que se desplegarán algunos programas de atención a los connacionales, como el programa de apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos así como el programa de asistencia jurídica a través de asesorías legales externas. Sin embargo, el suscrito considera fundamental que el gobierno federal explique a profundidad la estrategia de atención y protección a connacionales y personas en situación de tránsito que resulten afectadas por las medidas del próximo gobierno estadounidense. Asimismo, es imprescindible que el gobierno federal cuente con coordinación estatal y municipal para garantizar que dichas medidas no sean esfuerzos aislados, sino coordinados para garantizar el bienestar de la población migrante y el apego a los derechos humanos.

Expuesto lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a ampliar la información relacionada con los programas previstos para atender las posibles acciones de deportación masiva de connacionales de los Estados Unidos de América y dar vista a esta Comisión Permanente.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortalecer el diseño y ejecución de una estrategia transversal de atención y protección para las y los mexicanos en Estados Unidos y las personas connacionales que resulten deportadas, a fin de:

a) Garantizar la protección jurídica de las personas residentes en Estados Unidos y la legalidad en los procesos de detención de las y los connacionales.

b) Observar la protección de los derechos humanos de las personas detenidas y repatriadas, con especial atención de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, priorizando en todo momento la unión familiar.

c) Contar con los recursos financieros, humanos, legales y materiales necesarios para contar con albergues y zonas de acogida para la recepción de connacionales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la persona titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fortalecer la estrategia de coordinación y colaboración con las entidades fronterizas, así como de asociaciones de protección de derechos humanos, activistas y especialistas en materia de migración y tránsito seguro.

Notas

1 Priscilla Álvarez. Algunas partes del plan de deportación de Trump podrían ser “similares a las de Obama”. CNN Español. 18 de diciembre de 2024.

https://cnnespanol.cnn.com/2024/12/18/estados-unidos/tom-homan-d onald-trump-barack-obama-deportacion-trax

2 Trump anuncia uso del Ejército para deportar a 11 millones de migrantes. Animal Político. 12 de diciembre de 2024.

https://animalpolitico.com/internacional/trump-ejecito-deportar- migrantes

3 P. 27

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2024.– Senador Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Presidencia de la República, a través de la SRE y a la STPS, a iniciar el procedimiento de ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, senadora Amalia Dolores García Medina, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

México es Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el 12 de septiembre de 1931, participa activamente en las actividades y mecanismos de la OIT como las conferencias internacionales del trabajo. Sin embargo, no ha ratificado 34 Convenios entre los que se encuentra el número 156, sobre las personas trabajadoras con responsabilidades familiares.

Su propósito es garantizar que estas responsabilidades no constituyan una barrera para acceder a un empleo, mantenerse en él o desarrollarse profesionalmente, es decir, el trato y las oportunidades que se otorgan a las personas trabajadoras para poner un enfoque igualitario para hacer frente simultáneamente a la responsabilidad familiar y el desempeño profesional.

Entre las principales acciones que el Convenio busca insertar en el mundo del trabajo son, la promoción de políticas públicas que; 1) Faciliten la compatibilidad entre la vida laboral y familiar. 2) Fomenten el desarrollo de servicios sociales, como guarderías y licencia familiares. 3) Flexibilidad laboral con medidas para adaptar horarios y condiciones de trabajo a las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares.

La ratificación del Convenio 156 ha impulsado en Latinoamérica una agenda transformadora orientada a la igualdad de oportunidades y a la corresponsabilidad en el cuidado familiar, especialmente en contextos donde la estructura socioeconómica era profundamente desigual.

En Costa Rica se ratificó el convenio en 1995, las mujeres constituían aproximadamente el 30 por ciento de la fuerza laboral en ese momento, y la desigualdad en la carga de cuidados era similar. Las reformas legales incluyen licencias parentales compartidas y subsidios para el cuidado infantil, lo que ha mejorado la participación femenina en el empleo formal.

A partir de la ratificación, se implementaron programas que promovieron la incorporación de las mujeres al empleo formal, como subsidios al cuidado infantil y políticas de horarios flexibles. Para 2020, la informalidad femenina había disminuido en 10 puntos porcentuales.

Se desarrollaron servicios públicos de cuidado para niños y personas mayores, que han reducido las barreras que enfrentan las mujeres para acceder al empleo.

Chile, otro ejemplo relevante, ratificó el convenio en 1994, en ese momento las mujeres representaban el 33 por ciento de la fuerza laboral, y desde entonces han implementado políticas como leyes de igualdad salarial y programas de conciliación trabajo-familia.

Desde 1994, la participación femenina en la fuerza laboral aumentó del 33 por ciento al 52 por ciento en 2020, se atribuye a políticas que buscan reducir la discriminación laboral por responsabilidades familiares, como la Ley de Igualdad Salarial (2009) y subsidios para el cuidado infantil.

Se han ampliado las licencias parentales y se han implementado programas de capacitación para mujeres, mejorando su acceso a empleos formales y mejor remunerados.

Comparativamente, resulta evidente que los ejemplos de la región plantean su ratificación como un pasó más o previo a la constitución del Sistema Nacional de Cuidados, que se alinea con la igualdad de género a la que el Estado mexicano está obligado a promover sustantivamente en su texto Constitucional y otros Tratados como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y que dicho sistema se encuentra entre las prioridades tanto del grupo parlamentario mayoritario del Senado como en las atribuciones de la recién creada Secretaría de las Mujeres.

Si México ratifica el Convenio 156, detonaría una revisión integral y transversal de su marco jurídico, diseño de políticas públicas e instituciones para ampliar los derechos y protección de las personas trabajadoras del sector formal, como: A) Fortalecer la igualdad de género mediante reformas a la Ley Federal del Trabajo y políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad. B) Ampliar el acceso a servicios de cuidado. C) Proteger a trabajadores contra la discriminación laboral por responsabilidades familiares, ya sea sobre la permanencia, promoción, oferta salarial u acoso laboral.

En marzo de 2024 la Comisión de Trabajo del Senado de la República y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocaron a un Foro para promover el impulsar la ratificación del Convenio 156, principalmente impulsado por la otrora senadora Patricia Mercado y el senador Gómez Urrutía.

En dicho foro, con la participación de los tres poderes en sus tres niveles, sociedad civil y academia, se concluyó que resulta pertinente la ratificación de dicho Convenio, ya que se encuentran avances en materia de política pública y legislación, pero es necesario profundizarlos con una revisión integral y enfoque transversal. Si bien estas conclusiones tienen unos meses, el estado sustantivo en materia de flexibilización de los derechos laborales para la conciliación con las responsabilidades familiares se mantiene.

Finalmente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Este objetivo incluye eliminar todas las formas de discriminación y promover la corresponsabilidad en el hogar y la familia, entre otras acciones clave.

En este contexto, la meta 17.14 de la Agenda 2030, integrada dentro del ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos), plantea la necesidad de mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. En este sentido, ratificar y aplicar normativas que impulsen un enfoque integral para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral y otros sectores.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. — La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Presidencia de la República a iniciar el procedimiento de ratificación del Convenio 156 en materia de personas trabajadoras con responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo, en términos de la Ley Sobre Celebración de Tratados Internacionales con el objetivo de cumplir con la progresividad de los derechos laborales.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a formular una opinión acerca de la procedencia para la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, en términos de la Ley Sobre Celebración de Tratados Internacionales

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar el análisis técnico, prospectiva y pertinencia para los derechos de las personas trabajadoras de ratificar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo. (1981). Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares n° 156.

https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO: 12100: P12100_INSTRUMENT_ID: 312301: NO

2 Organización Internacional del Trabajo. (2020). Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Observación general, publicación de 2020.

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed _norm/@normes/documents/publication/wcms_752435.pdf

3 Ibid

4 Sem México. (2024). Urge ratificar el Convenio 156 para avanzar en el sistema nacional de cuidados: senadora Patricia Mercado Castro.

https://semmexico.mx/urge-ratificar-el-convenio-156-para-avanzar -en-el-sistema-nacional-de-cuidados-senadora-patricia-mercado- castro/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de enero de 2025.– Senadora Amalia Dolores García Medina (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE REFUERCE EL PLAN TAMAULIPAS FRENTE A LA HELADA QUE SE ESPERA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del gobierno del estado de Tamaulipas a reforzar el “Plan Tamaulipas” frente a la helada que se espera en los próximos días, con especial énfasis en la población vulnerable, suscrita por la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al para que el estado de Tamaulipas refuerce el “Plan Tamaulipas” frente a la helada que se espera en los próximos días, con especial énfasis en la población vulnerable, conforme a los siguientes:

Antecedentes

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, señala que una masa de aire polar-ártico asociada al frente frío número 23 de la temporada ingresará a Tamaulipas.

Ocasionará un cambio en las condiciones del tiempo; se prevé presencia de evento “Norte” con ráfagas de viento entre los 35 a 55 kilómetros por hora y velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de México, con ligero a moderado descenso térmico.

Asimismo, la combinación del aire frío con humedad tropical del Golfo de México y la corriente en chorro incrementarán la probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de forma dispersa el martes y miércoles.

En su pronóstico por regiones, la Coordinación estatal de Protección Civil Tamaulipas señaló que para la zona norte el aire polar-ártico ingresará gradualmente a partir de esta tarde de domingo con evento “Norte” con ráfagas de viento entre los 25 a 45 kilómetros por hora y moderado descenso térmico.

Se prevé una temperatura mínima de cinco grados Celsius al amanecer del martes.

Probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de forma dispersa durante el martes y miércoles.

Las temperaturas aumentarían comenzando desde el jueves o viernes.

En la zona centro el aire polar ártico ingresará gradualmente a partir de esta noche de domingo; se prevé evento “Norte” con ráfagas de viento entre los 35 a 55 kilómetros por hora y moderado descenso térmico. Se prevé una temperatura mínima de siete grados Celsius para el amanecer del martes.

Hay probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de forma aislada durante el martes y miércoles.

Las temperaturas aumentarían comenzando desde el jueves viernes.

Para la zona sur el aire polar ártico ingresará gradualmente a partir de la madrugada del lunes; con evento “Norte” con ráfagas de viento entre los 35 a 55 kilómetros por hora y ligero a moderado descenso térmico. Se prevé una temperatura mínima de 12 grados Celsius para el amanecer del martes.

Probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de forma aislada durante el martes y miércoles. Las temperaturas aumentarían comenzando del jueves viernes, señaló la Coordinación estatal de Protección Civil.

Ante ello, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad ante el frente frío registrado en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas activó el “Plan Tamaulipas”.

Con el objetivo de que el personal de la Guardia estatal en coordinación con autoridades locales de los municipios de Nuevo Laredo y Reynosa realice recorridos en hospitales, colonias, central de autobuses, fraccionamiento y en asentamientos irregulares, entre otros sitios para detectar a personas en riesgo por el frío que se registra en la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta asamblea, con los siguientes resolutivos:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Tamaulipas a reforzar el “Plan Tamaulipas” frente a la helada que se espera en los próximos días, con especial énfasis en la población vulnerable.

Notas

1 https://laverdad.com.mx/2025/01/alertan-por-nuevo-frente-frio-para-tamaulipas-e sta-semana/

2 https://laverdad.com.mx/2025/01/continua-el-operativo-plan-tamaulipas-por-bajas -temperaturas-dl-frente-frio/

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de enero del año 2025.– Senadora Imelda Sanmiguel Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DETENER LA IMPORTACIÓN DE GANADO ILEGAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para detener la importación de ganado ilegal, a cargo de la diputada María Angélica Granados Trespalacios, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus funciones y facultades, realicen las acciones necesarias para detener la importación de ganado ilegal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La ganadería es uno de los pilares fundamentales de la economía agropecuaria y de la economía de México. Representa una fuente primordial de alimento, empleo e ingreso para miles de familias en todo el país, especialmente en estados con tradición ganadera como Chihuahua. Este sector proporciona proteínas de alto valor biológico para la población, y también juega un papel determinante en la seguridad alimentaria y el comercio exterior del país.

En el ámbito económico, la ganadería mexicana ha alcanzado un lugar destacado a nivel internacional. En 2022, el sector pecuario mexicano aportó más del 38 por ciento del valor total de la producción agropecuaria y pesquera, generando más de 587 mil millones de pesos. Asimismo, México figura como el décimo mayor productor mundial de productos ganaderos, destacándose por la exportación de carne de bovino, porcino y ganado vivo. Estas actividades generan divisas importantes para el país, y consolidan nuestra presencia en mercados clave, particularmente en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

Sin embargo, el ingreso ilegal de ganado bovino proveniente de Centroamérica, sin los debidos controles sanitarios y legales, ha desestabilizado este importante sector. Se estima que anualmente entre 800 mil y un millón de cabezas de ganado ilegal cruzan la frontera sur sin cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Este fenómeno pone en riesgo la sanidad del hato ganadero nacional, y afecta gravemente la economía de los pequeños y medianos productores, quienes enfrentan competencia desleal de grandes empresas que aprovechan esta práctica para abaratar costos.

La entrada de ganado ilegal presenta múltiples riesgos:

1. Riesgos sanitarios: El ingreso de ganado sin certificación sanitaria incrementa la probabilidad de brotes de enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis bovina, que representan una amenaza tanto para la salud animal como humana. Por ejemplo, el hallazgo reciente de gusano barrenador del ganado en Chiapas encendió las alarmas, ya que esta plaga, erradicada de México desde hace décadas, podría tener consecuencias devastadoras si se propaga. Además, la reincidencia de enfermedades afecta la exportación de productos cárnicos, exponiendo a México a sanciones o restricciones comerciales internacionales.

2. Impactos económicos: El ingreso ilegal de ganado fomenta prácticas desleales, disminuye los precios de venta para los productores nacionales y beneficia únicamente a grandes empresas engordadoras. Según la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, este tráfico ilegal afecta particularmente a los pequeños ganaderos, quienes enfrentan mayores costos de producción y cumplen estrictamente con normativas sanitarias. Además, de no controlarse, el contrabando puede poner en riesgo el estatus sanitario de exportación de México, amenazando la relación comercial con socios clave.

3. Corrupción y burocracia: Este problema no podría sostenerse sin la existencia de redes de corrupción que operan en torno al tráfico de ganado. Investigaciones recientes revelan que funcionarios de asociaciones locales y del Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) participan en la venta ilícita de aretes de identificación, lo que dificulta la trazabilidad del ganado y fomenta la ilegalidad. Además, los excesivos trámites burocráticos para la importación legal de animales incentivan estas prácticas.

Ante esta problemática, resulta ineludible exhortar al gobierno federal y, en particular, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que refuercen las acciones destinadas a prevenir, identificar y sancionar el ingreso de ganado de manera ilegal. Es imperativo proteger el patrimonio ganadero de México, garantizar la competitividad del sector y preservar la salud pública.

La ganadería en Chihuahua, como en otros estados del norte del país, es una tradición profundamente arraigada, y también una actividad económica estratégica. Chihuahua es un estado líder en la producción de ganado de exportación, reconocido por su calidad sanitaria y genética. Sin embargo, este liderazgo está bajo amenaza debido a la inacción gubernamental y la permisividad frente al ingreso de ganado ilegal proveniente del sur.

De acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, más de 700 mil cabezas de ganado ingresan ilegalmente cada año, beneficiando a unas cuantas empresas que utilizan estas prácticas para abaratar sus costos.

El problema no es nuevo. Durante más de tres décadas, se ha registrado este flujo ilegal de animales por la frontera con Guatemala, una región caracterizada por su porosidad y falta de vigilancia efectiva. Municipios como Benemérito de las Américas, en Chiapas, se han convertido en puntos clave para el contrabando. Lanchas cargadas de ganado cruzan el río Usumacinta sin ningún control, poniendo en evidencia la falta de presencia gubernamental en estas zonas.

A pesar de que en 2019 se firmó un memorándum de entendimiento entre México y Guatemala para regular la importación de ganado, su implementación ha sido insuficiente. Investigaciones señalan que gran parte del ganado que ingresa ilegalmente no cuenta con el arete electrónico que certifica su origen y trazabilidad. Esto evidencia fallas en los mecanismos de control, y también la existencia de un mercado negro de aretes, donde asociaciones ganaderas locales participan en actividades corruptas.

La falta de acciones contundentes por parte del gobierno federal pone en jaque la reputación de México como productor confiable de carne de alta calidad. En caso de que se registren brotes de enfermedades como la tuberculosis o el gusano barrenador, las exportaciones mexicanas podrían verse suspendidas y restringidas, como ya ha estado sucediendo con una que comentó el 25 de noviembre, y que ha interrumpido el envío de 167,000 cabezas de ganado, equivalentes a un valor estimado de 160.7 millones de dólares, en un mercado que entre enero y octubre exportó más de 1.15 millones de animales al vecino del norte.

El llamado es claro: el Estado mexicano debe garantizar condiciones justas y seguras para los ganaderos nacionales. Es urgente que se establezca un protocolo efectivo de importación que asegure el cumplimiento de las normativas sanitarias y se fortalezcan los mecanismos de vigilancia en la frontera sur. Además, se requiere una mayor fiscalización de las empresas que se benefician del contrabando y la corrupción en el sector ganadero.

Los ganaderos de Chihuahua, representados por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, han sido claros y contundentes en sus denuncias sobre las consecuencias del ingreso ilegal de ganado desde Centroamérica. En repetidas ocasiones, han señalado que esta práctica pone en riesgo la sanidad del hato ganadero estatal, y la estabilidad de todo el sector ganadero mexicano. Chihuahua, siendo uno de los principales estados productores de ganado bovino en México, enfocado en la exportación hacia mercados tan exigentes como el de Estados Unidos, enfrenta serias amenazas que podrían comprometer su reputación y, en consecuencia, la viabilidad económica de miles de familias que dependen de esta actividad.

El llamado de los ganaderos de Chihuahua ha sido respaldado por un clamor generalizado dentro del sector. Exigen el cierre inmediato de los puntos vulnerables en la frontera sur, y la implementación de un protocolo efectivo que permita la importación regulada y legal de becerros. Este protocolo, según los ganaderos, debe garantizar la sanidad del ganado importado y ofrecer transparencia en el proceso para evitar los vacíos legales y las prácticas corruptas que actualmente favorecen a unos cuantos actores en detrimento del resto.

En este contexto, resulta imperativo que las autoridades federales, estatales y municipales tomen medidas urgentes para atender las legítimas preocupaciones de los ganaderos de Chihuahua y de otros estados afectados. La problemática trasciende el ámbito económico, pues también pone en riesgo la salud pública, la estabilidad del mercado interno, y la competitividad de México en los mercados internacionales.

El sector ganadero es un pilar económico para regiones como el norte del país, y representa una actividad esencial para la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales. Permitir que prácticas irregulares, como el contrabando y la importación sin control sanitario, persistan, debilita la capacidad productiva del país, afecta la economía familiar de los productores y compromete el cumplimiento de los estándares internacionales que han sido arduamente alcanzados.

Es momento de reconocer la importancia estratégica del sector ganadero en la economía nacional y de actuar con responsabilidad para protegerlo. México no puede darse el lujo de poner en riesgo la salud de su hato ganadero ni de permitir que sus productores enfrenten condiciones desiguales en el mercado. Las medidas propuestas son necesarias, justas y urgentes para garantizar el bienestar de miles de familias que dependen de esta actividad, así como para preservar la posición de nuestro país como un referente internacional en la producción y exportación de carne bovina.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, refuerce los controles en la importación de ganado bovino procedente de Centroamérica, asegurando que cumplan estrictamente con los requisitos sanitarios establecidos en la normativa mexicana e internacional, e implemente acciones inmediatas para vigilar y asegurar las fronteras del país, con el apoyo de la Guardia Nacional, con el objetivo de prevenir y sancionar el ingreso ilegal de ganado bovino en territorio mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero del 2024.– Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL TITULAR DE LA SE, A PROTEGER A LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CALZADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SE a proteger a la industria nacional del calzado ante prácticas desleales de comercio provenientes de diferentes países, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Consideraciones

I. Antecedentes

La industria del calzado en México es una de las más importantes y con mayor tradición en el país. Se remonta a finales del siglo XIX y ha crecido hasta convertirse en una fuente vital de empleos y desarrollo económico. Actualmente, entidades como Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla y Ciudad de México concentran la mayor parte de la producción nacional.

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), esta industria genera alrededor de 250 mil empleos directos y produce aproximadamente 250 millones de pares de zapatos al año. Además, contribuye de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero y al desarrollo económico regional.

No obstante, desde hace más de dos décadas, la industria nacional ha enfrentado una competencia desleal derivada de importaciones masivas de calzado de origen asiático, particularmente de China, Vietnam e Indonesia, cuyos productos ingresan al mercado mexicano a precios artificialmente bajos debido a prácticas de dumping y subvaluación.

En 2022, las importaciones de calzado asiático aumentaron cerca de un 40 por ciento, ingresando al país a precios subvaluados, lo que ha generado un impacto negativo en los micro y pequeños empresarios del sector.

II. Situación actual

Actualmente, los productores mexicanos de calzado se encuentran en una situación crítica debido a varios factores que amenazan su competitividad y subsistencia:

1. Importaciones Desleales: Las importaciones de calzado asiático representan más del 60 por ciento del calzado que se consume en el país. Muchas de estas importaciones llegan a precios que están por debajo de los costos de producción nacional, debido a prácticas de dumping.

2. Contrabando y Subvaluación: Existe un alto nivel de contrabando y subvaluación en las aduanas mexicanas, lo que facilita el ingreso de calzado ilegal o con declaración falsa de valor, afectando gravemente a la industria nacional.

3. Falta de Regulación Efectiva: Aunque se han aplicado medidas antidumping y arancelarias de forma intermitente, estas han sido insuficientes o tardías, lo que ha permitido que los productores asiáticos continúen con sus prácticas desleales.

4. Normas de Calidad y Etiquetado Deficientes:

La falta de aplicación estricta de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en cuanto a calidad y etiquetado permite que productos de baja calidad se vendan como si fueran de manufactura nacional.

5. Competitividad Reducida:

La industria nacional enfrenta desafíos de modernización tecnológica y financiamiento. La falta de apoyo y estímulos gubernamentales ha limitado su capacidad para competir con grandes productores internacionales.

Cuatro entidades de la República concentran el 94 por ciento del valor de la producción de calzado: Guanajuato (70 por ciento), Jalisco (15 por ciento), Estado de México (5 por ciento) y Ciudad de México (3 por ciento).

La industria del calzado es el principal eslabón de la cadena cuero-calzado-marroquinería y está integrada por cerca de 7,400 establecimientos productores, equivalentes al 68.4 por ciento del total de la cadena productiva.

III. Problemáticas

1. Pérdida de Empleos: La competencia desleal ha provocado el cierre de más del 30 por ciento de las micro y pequeñas empresas en la última década, lo que ha resultado en una pérdida considerable de empleos formales.

2. Cierre de Empresas: Las empresas nacionales, en su mayoría pequeñas y medianas, han sido incapaces de competir con los precios bajos del calzado importado, generando una reducción en la producción local.

3. Afectación a Economías Regionales: estados como Guanajuato, donde la economía depende en gran medida de la industria del calzado, han visto una caída en su actividad económica debido a la falta de medidas de protección.

4. Evasión Fiscal y Comercio Informal: El contrabando y la subvaluación generan pérdidas significativas para el fisco, fomentando el comercio informal y afectando los ingresos del Estado.

5. Desplazamiento de Productores Nacionales: La entrada y venta de calzado chino en México representa más del 50 por ciento de las ventas totales, desplazando a los productores nacionales y generando pérdidas multimillonarias a la economía local.

6. Contrabando y Subvaluación: En 2023, la importación de calzado a través de envíos individuales por plataformas digitales alcanzó los 4,000 millones de dólares, generando un grave impacto en la industria nacional del calzado.

7. Investigaciones por Prácticas Desleales: La Secretaría de Economía ha iniciado investigaciones de oficio sobre las importaciones de calzado originario de China que ingresan bajo el esquema de dumping, reconociendo el daño que se ha hecho a la industria del calzado nacional.

IV. Consecuencias

1. Desindustrialización del Sector: La falta de acciones efectivas podría llevar a una desindustrialización de un sector que ha sido clave para el desarrollo del país, perdiendo capacidades productivas difíciles de recuperar.

2. Impacto Social y Económico: La pérdida de empleos en la industria del calzado afecta directamente a miles de familias mexicanas, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad en las regiones donde esta industria es predominante. La competencia desleal y el contrabando han llevado al cierre de empresas y a la disminución de la producción nacional.

3. Dependencia de Importaciones: La desaparición de los productores nacionales incrementaría la dependencia del calzado importado, debilitando la seguridad económica del país. La industria mexicana tiene la capacidad de abastecer una parte significativa del mercado nacional; Sin embargo, la competencia desleal ha afectado su participación en el mercado.

4. Competencia Desleal Sistematizada: La falta de regulación permite que prácticas como el dumping y el contrabando se consoliden, dañando no solo al sector calzado, sino también a otros sectores manufactureros. La industria del calzado ha denunciado prácticas desleales de comercio que afectan su competitividad.

V. Medidas de prevención y atención

Para fortalecer la industria del calzado nacional y protegerla frente a prácticas desleales de comercio internacional, se proponen las siguientes acciones concretas que el gobierno mexicano debe implementar.

1. Medidas Antidumping

• Iniciar Investigaciones Exhaustivas por Dumping: La Secretaría de Economía debe realizar investigaciones continuas para detectar prácticas de dumping en las importaciones de calzado, especialmente de países asiáticos, con el fin de proteger a los productores nacionales.

• Aplicar Sanciones y Aranceles Compensatorios: Imponer aranceles compensatorios a las importaciones de calzado provenientes de países que incurran en dumping para equilibrar los precios del mercado y garantizar una competencia justa.

2. Fortalecimiento de Aduanas

• Mejorar la Vigilancia Aduanera: Implementar operativos permanentes en las aduanas para evitar el ingreso de calzado subvaluado o de contrabando, fortaleciendo el control y vigilancia.

• Adoptar Tecnología y Controles Automatizados: Incorporar inteligencia artificial y análisis de datos en los procesos de inspección aduanera para detectar irregularidades con mayor eficiencia.

3. Normas de Calidad y Etiquetado

• Aplicar Estrictamente las Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Garantizar que todo calzado importado cumpla con las NOM en materia de calidad y etiquetado, realizando verificaciones sistemáticas.

• Sancionar la Comercialización de Productos Falsificados: Aplicar sanciones más severas contra quienes comercialicen calzado falsificado o de origen dudoso.

4. Apoyo a Productores Nacionales

• Otorgar Financiamiento y Subsidios: Crear programas de financiamiento y subsidios para modernizar la tecnología y procesos productivos de los fabricantes nacionales de calzado.

• Facilitar el Acceso a Mercados Internacionales: Promover la participación en ferias internacionales para expandir las exportaciones de calzado mexicano.

5. Promoción del Consumo Nacional

• Campañas de Concientización: Lanzar campañas para promover el consumo de calzado mexicano, resaltando su calidad y beneficios económicos y sociales.

• Crear Distintivos de Calidad y Origen: Desarrollar distintivos que certifiquen el origen y la calidad del calzado mexicano para facilitar su identificación por parte de los consumidores.

Estas propuestas, buscan fortalecer la industria del calzado mexicana, combatir prácticas desleales y fomentar el consumo de productos nacionales para asegurar un mercado competitivo y justo.

VI. Resolución Preliminar del Procedimiento Administrativo de Investigación Antidumping

Como se puede observar de todo lo aducido con anterioridad, la industria del calzado en México es un sector estratégico que genera más de 250 mil empleos y contribuye significativamente al desarrollo económico del país. Sin embargo, esta industria enfrenta una crisis derivada de las importaciones desleales provenientes de países como la República Popular China, donde prácticas de dumping han distorsionado el mercado al ofrecer productos a precios artificialmente bajos. Esta situación ha provocado una pérdida de participación de mercado, disminución de la producción, cierres de empresas y pérdida de empleos en estados clave como Guanajuato, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.

En ese sentido es preciso referir, que existe una Resolución Preliminar del Procedimiento Administrativo de Investigación Antidumping emitido por la Secretaría de Economía que aborda la problemática de las importaciones de calzado provenientes de la República Popular China que están afectando severamente a los productores nacionales debido a prácticas de comercio desleal. La investigación fue iniciada el 26 de abril de 2024, abarcando el periodo del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, y tiene como objetivo establecer si estas importaciones se realizan a precios de dumping y, en consecuencia, si se deben aplicar medidas correctivas para proteger la industria nacional.

El procedimiento se enfoca en calzado de distintos tipos, incluyendo tenis deportivos, sandalias y botas con suelas sintéticas, clasificadas bajo diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE). La denuncia fue impulsada por organismos como la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ) y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), quienes han aportado pruebas documentales del daño económico sufrido.

Hallazgos y Afectaciones Detectadas

1. Prácticas de Dumping: Se identificó que las importaciones de calzado proveniente de China se realizan a precios inferiores al valor normal del producto en su mercado de origen. Esto constituye una práctica de dumping que ha generado una competencia desleal para los productores mexicanos.

2. Daño a la Industria Nacional: La investigación revela que los fabricantes nacionales han sufrido una pérdida considerable de participación en el mercado, una reducción en sus niveles de producción y ventas, y una disminución del empleo en el sector. Estas afectaciones se han documentado con cifras concretas que muestran una caída sostenida en los últimos años.

3. Contrabando y Subvaluación: Se advierte que, además del dumping, el problema se ve agravado por la entrada de mercancías subvaluadas y de contrabando debido a la falta de controles aduaneros efectivos. Esto no solo afecta a la industria del calzado, sino que debilita las finanzas públicas por la evasión fiscal.

4. Medidas Provisionales: La Secretaría de Economía propone una imposición de aranceles compensatorios provisionales del 35 por ciento a las importaciones de calzado chino para evitar un mayor daño mientras se concluye la investigación. Esta medida busca equilibrar los precios del mercado y dar un respiro a los productores nacionales.

En ese sentido, el procedimiento de investigación antidumping iniciado por la Secretaría de Economía evidencia que las importaciones de calzado provenientes de China están afectando gravemente a la industria nacional debido a prácticas de dumping. Las investigaciones preliminares revelan que estas importaciones se realizan a precios artificialmente bajos, lo que genera una competencia desleal que ha provocado caídas en la producción, pérdida de empleos y cierres de empresas en estados como Guanajuato, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.

Además, se ha detectado que el problema se agrava por el contrabando y la subvaluación de mercancías, facilitados por controles aduaneros insuficientes. La falta de intervención inmediata podría llevar a una desindustrialización del sector calzado, afectando directamente a más de 250 mil empleos y aumentando la dependencia de productos importados.

El presente punto de acuerdo también encuentra su fundamentación en los hallazgos preliminares de la investigación antidumping iniciada el 26 de abril de 2024 por la Secretaría de Economía, donde se detectaron prácticas de dumping que afectan gravemente a los productores nacionales. La imposición de aranceles compensatorios y el fortalecimiento de medidas aduaneras y regulatorias son acciones urgentes para detener el daño a la industria del calzado, proteger los empleos nacionales y garantizar una competencia justa y equitativa en el mercado mexicano.

Es urgente que la Secretaría de Economía implemente acciones concretas para proteger a la industria del calzado mexicano. El Estado tiene la obligación de garantizar un mercado justo y competitivo, salvaguardando el empleo, la producción nacional y el bienestar de miles de familias. Las medidas propuestas contribuirán a evitar un mayor deterioro de esta industria estratégica y asegurará su desarrollo sostenible en el futuro.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Economía, ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, para que, en el marco de sus atribuciones, y con base en los procedimientos administrativos de investigación antidumping vigentes, instrumente las siguientes acciones con el objetivo de proteger a la industria nacional del calzado ante prácticas desleales de comercio provenientes de diferentes países:

1. Imposición de Aranceles Compensatorios Definitivos. Imponer aranceles compensatorios definitivos a las importaciones de calzado que se encuentren incurriendo en prácticas de dumping para nivelar los precios del mercado y proteger a los productores nacionales.

2. Fortalecimiento de la Vigilancia Aduanera. Reforzar los controles en las aduanas para evitar la entrada de calzado subvaluado y de contrabando mediante la implementación de tecnologías avanzadas y procesos automatizados de inspección.

3. Aplicación estricta de Normas de Calidad y Etiquetado. Garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, referente al etiquetado y calidad del calzado importado, y sancionar a quienes comercialicen productos falsificados o sin la debida certificación.

4. Apoyo a los Productores Nacionales. Implementar programas de financiamiento, subsidios y apoyo tecnológico para los productores nacionales de calzado, con el fin de modernizar su producción y mejorar su competitividad. Facilitar la participación en ferias y el acceso a nuevos mercados internacionales.

5. Promoción del Consumo Nacional. Impulsar campañas de concientización que incentiven a los consumidores a adquirir calzado nacional, destacando su calidad y su contribución a la economía local. Además, desarrollar distintivos de calidad y origen que faciliten la identificación de calzado mexicano.

6. Monitorear y publicar informes trimestrales. Informar sobre las prácticas comerciales desleales identificadas y las acciones emprendidas para proteger a la industria del calzado.

7. Dar seguimiento puntual al Procedimiento de Investigación Antidumping. A efecto de que se culmine con prontitud el procedimiento administrativo de investigación antidumping iniciado de oficio el 26 de abril de 2024 sobre las importaciones de calzado provenientes de China, aplicando, en su caso, las sanciones necesarias para evitar el daño continuo a los productores nacionales.

Notas

1 Industrias México, 2023, Importación de Zapatos asiático generó impacto negativo en la Industria del calzado mexicano. Recuperado de:

https://industriasmexico.com.mx/importacion-de-zapatos-asiatico- genero-impacto-negativo-en-la-industria-del-calzado-mexicano/

2 Gobierno de México, La Industria del Calzado en México. Recuperado de:

https://www.gob.mx/se/articulos/la-industria-del-calzado-en-mexi co

3 Ídem

4 Oriente Capital, Calzado asiático desplaza a productores nacionales. Recuperado de:

https://www.orientecapital.com/single-post/calzado-asi%C3%A1tico -desplaza-a-productores-nacionales

5 Noticias NPI, 2024, Industria del calzado en México enfrenta pérdidas por importaciones hormiga y dumping de productos chinos. Recuperado de:

https://noticiasnpi.com/industria-del-calzado-en-mexico-enfrenta -perdidas-por-importaciones-hormiga-y-dumping-de-productos-chinos/

6 Periódico Correo, 2024, Investigarán golpe de calzado chino a sector calzado de Guanajuato y México. Recuperado de:

https://periodicocorreo.com.mx/vida-publica/investigaran-golpe-d e-calzado-chino-a-sector-calzado-de-guanajuato-y-mexico-20240426-97836.html?

7 UNAM, La desindustrialización en la manufactura mexicana. Recuperado de:

https://ru.iiec.unam.mx/1982/

8 MVS Noticias, 2024, “Shein y Temu ‘amenazan’ a productos mexicanos: ¿Cómo afecta a la industria nacional?”. Recuperado de:

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2024/12/5/shein-temu-amenaza n-productos-mexicanos-como-afecta-la-industria-nacional-668630.html

9 America Retail, 2024, “La industria del calzado mexicana enfrenta competencia”. Recuperado de:

https://america-retail.com/paises/mexico/industria-del-calzado-m exicana-enfrenta-competencia/

10 Milenio, 2024,”Industria del calzado acusa sobre práctica desleal de comercio. Recuperado de:

https://www.milenio.com/negocios/industria-del-calzado-acusa-sob re-practica-desleal-de-comercio-ciceg

11 Expansión, 2024, México pone bajo la lupa al calzado chino; realizará investigación antidumping. Recuperado de:

https://expansion.mx/economia/2024/04/26/investigacion-antidumpi ng-mexico-china-calzado

12 México Industry, 2024, “Se imponen cuotas compensatorias provisionales a importación de calzado chino”. Recuperado de:

https://mexicoindustry.com/noticia/se-impone-cuotas-compensatori as-provisionales-a-importacion-de-calzado-chino-en-mexico

13 El Siglo de Torreón - “México reforzará revisión en aduanas para frenar contrabando asiático”. Recuperado de:

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/mexico-reforzar a-revision-en-aduanas-para-frenar-contrabando-asiatico.html

14 El Economista, 2024, “Aduanas combatirá subvaluación de mercancías con IA”. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aduanas-combatira-subva luacion-de-mercancias-con-IA-20240711-0139.html

15 DOF - Publicación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con calzado. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739941&fecha=30%2F09%2F2024&utm_source#gsc.tab=0

16 El País, 2024, “México incauta más de un millón de productos chinos ilícitos. Recuperado de:

https://elpais.com/mexico/2024-12-13/operacion-limpieza-mexico-i ncauta-mas-de-un-millon-de-productos-chinos-en-sonora.html

17 La Jornada, 2024, “Esperan resolución de investigación antidumping para impulsar industria del calzado”. Recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/27/economia/espera-in dustria-del-calzado-resolucion-de-investigacion-antidumping-7135

18 La Silla Rota, 2024,“Ofrecen apoyos al sector calzado para acceder a mercados internacionales”. Recuperado de:

https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2024/4/8/eres-zapatero -estado-te-apoya-con-hasta-3783-pesos-por-trabajador-que-tengas-477500.html

19 Infobae, 2024,“Estrategia para proteger la industria mexicana del dumping”. Recuperado de:

https://www.infobae.com/mexico/2024/08/14/en-que-consiste-la-est rategia-del-dumping-que-atenta-contra-la-industria-mexicana/

20 Emprendedor, 2024, “Revitalización de la marca ‘Hecho en México’”. Recuperado de:

https://emprendedor.com/reviviran-la-marca-hecho-en-mexico-para- impulsar-la-compra-nacional/

21 DOF, 2024, Resolución preliminar del procedimiento administrativo de investigación antidumping de oficio sobre las importaciones de calzado originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739941&fecha =30/09/2024&utm_#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE INCLUYA DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LA ATENCIÓN PRIORITARIA A LA DIABETES, SOBREPESO Y OBESIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SHCP a incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo la atención prioritaria a la diabetes, sobrepeso y obesidad, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo la atención prioritaria a la diabetes, sobrepeso y obesidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I.- Aspectos generales de la diabetes

Tipos de diabetes, causas y carga

La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (hiperglucemia) o cuando el organismo no puede utilizar ésta de manera eficiente (defectos en la secreción). La insulina es la hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre y cuando no funciona de manera adecuada provoca alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, lo que conlleva afectaciones microvasculares y macrovasculares que pueden causar problemas graves a diferentes órganos como los ojos, riñones, nervios, corazón y los vasos sanguíneos.

Conforme el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec), la diabetes se clasifica en las siguientes categorías:

Diabetes Mellitus Tipo 1 (DT1): Se produce por una reacción autoinmune, que impide que el cuerpo produzca insulina, en donde el sistema inmunitario ataca y destruye las células que producen insulina. En términos clínicos, es causada por la destrucción de las células beta del páncreas, que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. Existen dos subtipos: DT1 autoinmune y DT1 idiopática.

Este tipo de diabetes afecta entre el 5 y 10 por ciento de las personas con diabetes. Generalmente se diagnóstica en niños, adolescentes y adultos jóvenes, quienes para sobrevivir deben recibir insulina todos los días.

Diabetes Mellitus Tipo 2 (DT2): Ocurre cuando el páncreas produce insulina, pero el cuerpo presenta resistencia a ella; la insulina resulta insuficiente para atender la demanda del cuerpo. Se calcula que entre el 90 y 95 por ciento de las personas con diabetes lo padecen, por lo que es la forma más común de la enfermedad.

La resistencia se debe a razones genéticas y/o factores ambientales, por lo que el impacto difiere entre las distintas poblaciones e individuos. Entre las principales causales se encuentran la obesidad, el origen racial y la historia familiar positiva (el 60 a 90 por ciento tiene un familiar de 1º o 2º grado con DT2). El 90 por ciento de los casos de este tipo de diabetes se atribuyen al sobrepeso y obesidad.

Diabetes gestacional: Aparece en mujeres embarazadas y en general desaparece después de que nace el bebé. Aumenta el riesgo de que tanto la madre como el bebé de-sarrollen DT2. De acuerdo con el U.S Department of Health and Human Services, “la diabetes gestacional, un tipo de diabetes que se presenta durante el embarazo, es causada por cambios hormonales, factores genéticos y factores del estilo de vida”.

La resistencia se debe a razones genéticas y/o factores ambientales, por lo que el impacto difiere entre las distintas poblaciones e individuos. Entre las principales causales se encuentran la obesidad, el origen racial y la historia familiar positiva (del 60 a 90 por ciento tiene un familiar de 1º o 2º grado con DT2). El 90 por ciento de los casos de este tipo de diabetes se atribuyen al sobrepeso y obesidad.

Prevalencia e incidencia de diabetes en México

A nivel global y para 2021 la prevalencia se estimó en 9.8 por ciento, es decir, más de 500 millones de personas presentaron esta condición (International Diabetes Federation, 2023). En el caso de México la cifra es más alarmante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2022), la prevalencia fue de 18.3 por ciento; es decir, casi 2 de cada 10 mexicanos fueron diagnosticados con DT2, el doble del promedio global. De conformidad a las cifras presentadas por el INEGI en 2023, representó la segunda causa de muerte en nuestro país, después de las enfermedades del corazón.

Mortalidad

En el mundo, la diabetes es un problema de salud cada vez más relevante. En 2021 la diabetes tuvo una mortalidad de 6.7 millones de personas, y es la sexta causa de defunción en países de ingresos medios.

A nivel país fue la segunda causa de muerte, después de las enfermedades del corazón. De conformidad a las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2023, se registró que en 2022 fallecieron cerca de 59, 996 personas por esta razón. Destaca que a pesar de que las mujeres tengan una mayor prevalencia e incidencia de estos padecimientos, los hombres presentan una mayor mortalidad, pues se calcula que fallecieron 30, 118 hombres y 29, 877 mujeres.

Proyecciones hacia futuro

De acuerdo con datos globales, el 10.5 por ciento de la población mundial (cerca de 536 millones de personas) vive con diabetes y se estima que incremente al 12.2 por ciento para 2045, cifra que representa a 783 millones de personas (Sun H, Karuranga, Pinkepank, Ogurtsova, & Duncan, 2021).

En el caso de México, la velocidad con la que ha incrementado la diabetes también es mayor a la del mundo. Conforme datos históricos de la Ensanut en 2016 se estimó una prevalencia total (diabetes diagnosticada y no diagnosticada) del 13.7 por ciento, mientras que para 2021 la prevalencia fue del 18.3 por ciento; es decir tuvo un crecimiento cercano a 33.6 por ciento en seis años.

La tendencia al alza global y nacional de las personas que padecen diabetes coincide con las mediciones de la mortalidad en el país. En 2010 se registraron 82,964 defunciones por diabetes mellitus y para 2021 se registraron 140,729 muertes a causa de este padecimiento (Inegi, 2023).

II.- Aspectos generales del sobrepeso y obesidad

El sobrepeso y la obesidad en sus diferentes grados están considerados como Trastornos Nutricionales dentro del capítulo 05 Enfermedades endocrinas, nutricionales o metabólicas de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, de conformidad al siguiente cuadro:

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud la define como “una compleja enfermedad crónica que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.” Clasificándola en los siguientes tres niveles de gravedad de conformidad al IMC:

- Obesidad Grado I: IMC de 30 a 34.9

- Obesidad Grado II: IMC 35 a 39.9

- Obesidad Grado III (mórbida): IMC mayor de 40

Su abordaje requiere de una implementación multifactorial debido a su magnitud y complejidad. La fuerza de voluntad, la dieta saludable y el ejercicio resultan insuficientes en lo tocante al diseño de una política pública que busque bajar los niveles de obesidad en México; por lo que considerar medidas farmacológicas, quirúrgicas y acompañamiento emocional o psicológico resultarán necesarias para la actualización de protocolos de atención relacionados.

Panorama a nivel mundial (cifras de la OMS para 2022):

- 1 de cada 8 personas presentaron obesidad (890 millones — 16 por ciento de la población).

- La prevalencia de la obesidad en todo el mundo aumentó en más del 100 por ciento entre 1990 y 2022.

El panorama a nivel nacional de conformidad a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 indicó que el 36.9 por ciento de la población presentó obesidad y podría llegar al 45 por ciento en 2030.

De conformidad a los criterios de la OMS, el diagnóstico de la obesidad se realiza con base al peso y estatura de la persona, traduciendo esto en un Índice de Masa Corporal (IMC) = peso (kg)/estatura (m2), adicional a este marcador indirecto de grasa, se utiliza el perímetro de la cintura del paciente.

II.- Justificación

Por diversos factores como la dimensión epidemiológica y su crecimiento acelerado, la asociación directa con diversas enfermedades crónicas que impactan en el gasto público destinado a salud, la baja o nula productividad laboral, el alto índice de morbilidad / discapacidad, así como las muertes tempranas; la DT2, el sobrepeso y la obesidad en sus diferentes grados representa un problema de salud pública a nivel mundial y México no es la excepción.

Asimismo, es fundamental adoptar tecnologías avanzadas, como la telemedicina y los dispositivos de monitoreo, para reducir la brecha en el acceso a servicios de salud, especialmente en áreas rurales o desatendidas. Asimismo, se subraya el papel crucial de la innovación en medicamentos, cuyo desarrollo permite tratar estas condiciones de manera más efectiva. Aunque la atención con innovación pudiera aparentar ser más costoso en el corto plazo, se reconoce que las nuevas innovaciones ayudan a reducir la carga de la enfermedad a largo plazo al prevenir comorbilidades como las enfermedades cardíacas, la enfermedad renal, así como el sobrepeso y la obesidad, resultando en una disminución de los costos generales del sistema de salud.

Los gobiernos y la sociedad civil han realizado incontables acciones para tratar de revertir el panorama expuesto en los numerales anteriores, no obstante, aún falta mucho por hacer.

El 5 de noviembre de 2024 se presentó el Programa de Trabajo del Sector Salud 2024-2030, donde se exponen las siguientes cinco metas a cumplir: priorizar la promoción de la salud; aumentar la calidad de la atención médica; fortalecer al IMSS-Bienestar; garantizar que todas las clínicas y hospitales cuenten con medicamentos, insumos y equipamiento; y modernizar e integrar el sector salud en un solo sistema.

Con la seguridad de que llegar a su cumplimiento se estará protegiendo la salud de los mexicanos, no obstante, de manera táctica no se profundiza sobre la manera de llegar a la meta con relación a la atención de las enfermedades crónicas a que se refiere este documento.

Por ello, proponemos ante este cuerpo colegiado la consideración e integración de la diabetes, sobrepeso y obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para su acción específico dentro del Plan Sectorial de Salud 2025 — 2030 con los siguientes indicadores de medición:

B) Sobrepeso y Obesidad

Por lo anteriormente expuesto, solicito su respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal para incluir los temas de diabetes, sobrepeso y obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030; además de su inclusión específica dentro del Programa Sectorial de Salud 2025 — 2030, con los correspondientes indicadores de medición para la evaluación de su desempeño.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al Consejo de Salubridad General, a priorizar la incorporación de la innovación en la atención de enfermedades crónicas, como la diabetes, en el Programa Sectorial de Salud 2025 — 2030.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2024.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A BIRMEX, A INFORMAR SOBRE LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DE COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS, PARA 2025-2026

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a Birmex a informar sobre las causas de los retrasos en las etapas del proceso de la licitación relativa a la compra consolidada de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, para los ejercicios fiscales 2025-2026, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a BIRMEX a informar sobre las causas de los retrasos en las etapas del proceso de la licitación relativa a la compra consolidada de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, para los ejercicios fiscales 2025-2026, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ley General de Salud, reglamenta el derecho constitucional a la protección de la salud que tiene toda persona, señala que las finalidades de este derecho son, entre otros, el bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida y el disfrute de servicios de salud.

Las obligaciones del Estado respecto al derecho a la protección de la salud son al menos las siguientes: a) Que las personas puedan acceder a los servicios de salud sin discriminación de ningún tipo y que se adopten las medidas necesarias para lograr su plena efectividad; b) Las de realización progresiva, consistente en la ampliación del contenido del derecho a la salud y su garantía, con las obligaciones de avanzar de forma expedita y eficaz en su cumplimiento, y las no regresivas o de protección menor; c) Los tres tipos o niveles de obligación respetar, proteger y cumplir, esta última respecto a facilitar, proporcionar y promover los servicios de salud.

La Ley General de Salud establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27 fracciones III y VIII, 28, 29 y 33 fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. Por lo tanto, el derecho a la protección de la salud considera la garantía de recepción de los medicamentos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante de los servicios de salud y atención médica, implica proporcionar un tratamiento eficaz y oportuno al enfermo.

Por lo tanto, una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud, es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo que incluya los medicamentos necesarios para el restablecimiento de la salud.

Además, es necesario considerar que nuestro país ha asumido obligaciones y deberes de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas sin distinción alguna, particularmente en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. En relación con la protección de la salud, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, entre otros; en los que se señala que la protección de la salud considera los servicios básicos de salud que incluye la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

El artículo 43 de la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas señala que, entre las obligaciones básicas de los Estados, figura facilitar los medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS; bajo esta premisa, es posible decir que el contenido esencial del derecho a la salud consiste, entre otras cosas, en tener acceso al suministro de medicamentos esenciales.

La 55 Asamblea Mundial de la Salud, realizada en mayo de 2002, aprobó la Resolución WHA55.14 Garantía de la accesibilidad de los medicamentos esenciales, en la cual se insta a los Estados Miembros a que “reafirmen su compromiso de mejorar el acceso a los medicamentos y plasmen ese compromiso en una reglamentación específica en el ámbito de los países, especialmente mediante la promulgación de políticas farmacéuticas nacionales, el establecimiento de listas de medicamentos esenciales basadas en pruebas científicas y referidas a la Lista Modelo de la OMS, y en medidas que promuevan la política farmacéutica y el acceso, la calidad y el uso racional de los medicamentos en el marco de los sistemas nacionales de salud”.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante diversas tesis jurisprudenciales, ha definido el alcance y contenido del derecho a la protección salud establecido en nuestra Constitución y en su legislación secundaria, entre otros, señala que la protección de la salud es un objetivo que el Estado debe perseguir legítimamente, la cual tiene una expresión muy concreta en los servicios de salud que consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad y el acceso a medicamentos y otros insumos para la salud.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, a través de la tesis jurisprudencial 1a./J.50/2009, el alcance del derecho a la salud, de la cual que se desprende lo siguiente: “El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud”.

En la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte, en el Amparo en Revisión 350/2014, se estableció que es obligación del Estado de procurar la disponibilidad de medicamentos e insumos para la salud en el Cuadro Básico de Insumos y la determinación de la lista de medicamentos esenciales de los cuales se ha probado su eficacia, seguridad y calidad.

Las modificaciones a la Ley General de Salud publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, establecieron la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social que residan en el país; es decir, hoy todas las personas sin seguridad social tienen derecho a la atención médica gratuita en los tres niveles de atención y a todos los medicamentos e insumos asociados necesarios para sus tratamientos; lo anterior implica una gran responsabilidad para el gobierno federal.

De ahí que resulte pertinente garantizar el acceso a los medicamentos y otros insumos para la salud; desafortunadamente, en años recientes, los servicios públicos de salud en nuestro país se caracterizan por un recurrente desabasto de medicamentos.

La implicación de la falta de acceso oportuno a medicamentos es muy grave, pues se genera un daño a la salud de las personas ya que se interrumpen los tratamientos de forma permanente o intermitente. Los medicamentos se utilizan en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la salud; para curar, detener o prevenir enfermedades; para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades, lo que permite curar enfermedades y salvar muchas vidas.

En los últimos años el desabasto de medicamentos se ha recrudecido, miles de pacientes que acuden a los servicios públicos de salud no reciben los medicamentos necesarios para su tratamiento o lo reciben de manera incompleta y tardía. Algunos estudios han documentado que el promedio de surtimiento completo de recetas es muy bajo: 55 por ciento en los centros de salud y 39 por ciento en hospitales.

Por ello, el gobierno federal tiene la responsabilidad de realizar la adquisición oportuna de medicamentos y otros insumos para la salud, además de coordinar un sistema de logística y canales de distribución con un adecuado sistema de conservación, custodia y dispensación; bajo una estricta supervisión en su manejo y uso seguro, a fin de garantizar el suministro y dispensación oportuna. Los medicamentos, además de estar disponibles y ser accesibles, deben cumplir con los criterios de calidad, seguridad y eficacia, lo que implica que deben contar con el correspondiente registro sanitario que impone nuestra legislación.

En los últimos 6 años, el gobierno federal mexicano ha enfrentado numerosas complicaciones en la compra consolidada de medicamentos, lo que ha contribuido significativamente al desabasto en las instituciones públicas de salud.

Los principales problemas se deben entre otras cosas a los cambios constantes en la institución responsable de la adquisición: en 2018, el IMSS era el encargado de las compras consolidadas; en 2019, la responsabilidad se transfirió a la Oficialía Mayor de la SHCP; en 2020, se asignó la tarea a la UNOPS en conjunto con el INSABI; en 2023, Birmex fue designada como la nueva institución responsable y en el 2024 los responsables son la Secretaría de Salud y Birmex; los frecuentes cambios han generado ineficiencias y retrasos en los procesos de adquisición.

Además de los problemas en la adquisición también se advierten problemas logísticos y de distribución, que se reflejan en la falta de una red de distribución eficiente y eficaz lo que ha sido un obstáculo persistente y una persistente ausencia de trazabilidad en las compras que ha dificultado la distribución correcta y el monitoreo de inventarios que ha generado la caducidad medicamentos.

Ha sido evidente la falta de una planeación adecuada, con deficiencias en el cálculo de la demanda real de medicamentos que ha resultado en compras ineficientes y con riesgo de caducidad. El veto inicial a grandes distribuidores generó disrupciones en la cadena de suministro que tuvieron que atenderse de manera urgente con adjudicaciones directas a empresas sin experiencia o capacidad comprobada con grandes ineficiencias. Se creó una “megafarmacia”, de la cual persisten dudas sobre su efectividad para resolver completamente el problema del desabasto.

Estas complicaciones han resultado en desabasto de medicamentos a hospitales y clínicas públicas y la falta de medicamentos críticos, especialmente para pacientes con cáncer y enfermedades crónicas.

El actual proceso de licitación pública para la adquisición consolidada de medicamentos e insumos para la salud en México para el periodo 2025-2026, será la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos más grande en la historia de México, abarca la adquisición de 3,900 claves de medicamentos, materiales de curación e insumos médicos, que implica adquirir 4,934 millones de piezas en total. En esta compra participan 26 instituciones de salud pública, incluyendo IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, Pemex y la Secretaría de Marina y se tiene previsto que se invertirá un presupuesto estimado de 130,000 millones de pesos.

El proceso y cronograma de la adquisición implicaba la publicación de la licitación el13 de diciembre de 2024, el límite para envío de aclaraciones el 15 de diciembre de 2024, la junta de aclaraciones el 16 de diciembre de 2024, la presentación y apertura de propuestas el 26 de diciembre de 2024, y finalmente, el fallo y adjudicación de contratos el 4 de enero de 2025.

Sin embargo, se ha tenido un proceso accidentado que ha generado serias dudas sobre la adquisición oportuna de los medicamentos; los retrasos en el cronograma dado que la publicación de la licitación se retrasó 11 días respecto al plan original, lo que podría afectar los tiempos de entrega.

Los retrasos obligan a ajustar plazos y los tiempos entre etapas se reducen, lo que podría generar complicaciones para los participantes y en la evaluación de propuestas. La garantía de entrega podría verse alterada no obstante las penalizaciones para proveedores que incurran en retrasos en el suministro de los bienes contratados.

Además, existe preocupación en el sector farmacéutico por adeudos previos del gobierno federal, que ascienden a aproximadamente 2,900 millones de pesos.

Finalmente, el fallo de la licitación pública internacional para la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026, programado para el 4 de enero de 2025, se pospuso ahora para el próximo 13 de enero.

El diferimiento en el fallo de la licitación representa otro retraso en el proceso y se suma a las inquietudes expresadas por los participantes en las juntas de aclaraciones; las cuales se han centrado en la falta de información clara sobre los puntos de entrega, ya que se mencionaron 358 posibles ubicaciones, sin determinar cuáles. Además, no se detallaron las cantidades mínimas ni máximas de medicamentos e insumos médicos, lo que dificulta la producción, organización de inventarios y la planificación de las entregas. La solicitud de ampliación del plazo para las entregas urgentes, lo que podría ser un reto para proveedores que no cuenten con la infraestructura necesaria.

Es necesario garantizar que el gobierno federal realice la adquisición oportuna de medicamentos e insumos médicos para el sistema de salud pública, de otra manera, sería previsible su desabasto y el consecuente impacto negativo en la salud de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito el respaldo y someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes resolutivos con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V. Birmex, para que presenten un informe detallado al Congreso de la Unión sobre la Licitación Pública Internacional número LA-12-NEF-012NEF001-I-1-2025, relativa a la compra consolidada de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, para los ejercicios fiscales 2025-2026; en particular sobre las causas de los retrasos en las etapas del proceso y sus consecuencias.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. DE C.V. Birmex, para que instrumenten las medidas pertinentes a efecto de garantizar la adquisición oportuna y la distribución eficaz de medicamentos para garantizar su disposición en todas las instituciones públicas de salud.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que, una vez concluido el proceso de la Licitación Pública Internacional número LA-12-NEF-012NEF001-I-1-2025, relativa a la compra consolidada de medicamentos, material de curación e insumos para la salud, para los ejercicios fiscales 2025-2026, presente un informe al Congreso de la Unión sobre las acciones de prevención y detección de posibles actos de corrupción en dicho proceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2024.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A QUE VISIBILICE Y CONCIENTICE SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS MIOCARDIOPATÍAS EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a que visibilice y concientice sobre el contexto actual de las miocardiopatías en México y la imperante necesidad de garantizar su diagnóstico y tratamiento oportuno dentro del sistema de salud mexicano, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que visibilice y concientice sobre el contexto actual de las miocardiopatías en México y la imperante necesidad de garantizar su diagnóstico y tratamiento oportuno dentro del sistema de salud mexicano, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las miocardiopatías, son un grupo heterogéneo de enfermedades del músculo cardíaco, en las que al corazón le resulta más difícil bombear sangre al resto del cuerpo, lo que puede derivar en síntomas de insuficiencia cardíaca o en otras afecciones cardíacas graves.

Mitchell, Korones y Berrendees, investigadores en la materia, definen a las miocardiopatías como “anomalías estructurales evidentes del corazón o de los grandes vasos intratorácicos con una repercusión real o potencial”.

Las miocardiopatías, suelen causar insuficiencia cardíaca, que puede ser incapacitante, y ritmos cardíacos anormales, que pueden poner en peligro la vida.

Las miocardiopatías son frecuentemente de origen hereditario, caracterizadas por alteraciones estructurales y funcionales del miocardio. Son enfermedades crónicas y progresivas.

Una de las principales consecuencias de las miocardiopatías es la muerte prematura, siendo la primer causa de muerte súbita en menores de 35 años. Ésta, junto los síntomas asociados y el deterioro funcional, son especialmente probables en pacientes jóvenes y deportistas no diagnosticados.

Las miocardiopatías, impactan negativamente sobre la calidad de vida de los pacientes, limitando diversas actividades en su vida diaria, estando incluso su salud mental y produciendo una pérdida de productividad en los pacientes en edad laboral activa, generando además una necesidad de mayores cuidados.

Epidemiología

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que las malformaciones del sistema circulatorio representaron en 2015 la segunda causa de muerte en menores de un año y dentro de las primeras 3 en los siguientes 15 años de vida.

El doctor Calderón Colmenero menciona que se desconoce la prevalencia real de las cardiopatías congénitas en nuestro país, dado que “no existen bases de datos que registren de forma sistematizada su frecuencia, por lo que el cálculo se basa en una prevalencia estimada de 8-10 por cada 1000 recién nacidos (RN), y extrapolado a la natalidad, se esperan de 18,000 a 20,000 casos nuevos por año”.

La Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC, por sus siglas), ha referido que la epidemiología de este padecimiento presenta una “prevalencia en adultos de miocardiopatía hipertrófica (MCH) es de 1 en 500 individuos, de miocardiopatía dilatada (MCD) es de 1 en 250, de miocardiopatía arritmogénica (MCA) es de 1 en 5000, y la de miocardiopatía restrictiva es rara.”

La prevalencia referida de miocardiopatías por 1,000 recién nacidos vivos va de 2.17 en Canadá a 10.6 en Japón y 12.3 en Italia. Estas diferencias en la prevalencia se pueden explicar por el momento en que se realiza el muestreo, ya sea en recién nacidos o en menores de 1 año de vida; o a que sean incluidas patologías como la aorta bivalva presente entre el 1 al 2 por ciento de la población o comunicaciones interventriculares minúsculas con una incidencia del 2 al 5 por ciento y que tienen un cierre espontáneo hasta en el 90 por ciento de los niños, y los conductos arteriosos silentes sin repercusión hemodinámica.

Como se mencionó con anterioridad, se desconoce la prevalencia de las miocardiopatías en México, pero extrapolando los datos de la prevalencia mundial y el promedio de 2 millones de nacimientos anuales, puede considerarse que entre 12 a 16 mil niños nacen con miocardiopatías en nuestro país.

Es de mencionar que, en 1990 las miocardiopatías, se encontraban como sexta causa de muerte en los menores de un año, pero a partir de 2005, ascendió como la segunda causa de mortalidad.

La investigación de diversos especialistas, entre los que se encuentran, los doctores Murguía Peniche, Torres Cosme y Rolán, arroja que de 1988 a 2013 la mortalidad infantil secundaria a miocardiopatías en toda la República se incrementó en 24.8 por ciento, aumentando las defunciones de 114.4 a 146.4 por 100 mil recién nacidos.

En 2013, último año del estudio antes referido, se documentaron 3,593 muertes relacionadas con cardiomiopatías. Es de resaltar que la tercera parte de ellas ocurrió en la primera semana de vida.

Los investigadores concluyen que son factores de riesgo de las miocardiopatías, los nacimientos en zonas rurales, especialmente cuando se trata de hospitales no institucionales, lo que aumenta la probabilidad de un desenlace fatal en poblaciones vulnerables y que ya cuentan con cierto grado de riesgo de exclusión social.

En otra investigación similar a la antes citada, realizada en el periodo del 2000 al 2015, Sánchez-Barriga, concluye que 70,741 personas, fallecieron por malformaciones congénitas del corazón y grandes arterias. Con esta información la tasa de mortalidad ajustada por cada 100,000 menores de 1 año, se elevó de 3.3 a 4, mientras que la tasa de mortalidad por 100,000 nacidos vivos se incrementó de 143.9 a 217.3.

Tipos de miocardiopatías

Se estima que existen cinco tipos principales de miocardiopatía:

• Hipertrófica.- en la que se aumenta el grosor de la pared del ventrículo izquierdo.

• Dilatada.- se reduce la capacidad de bombear sangre, derivado de la dilatación del ventrículo izquierdo.

• No Dilatada.- Presencia de cicatrices no isquémicas en el ventrículo izquierdo o reemplazo graso.

• Arritmogénica.- Dilatación y/o disfunción del ventrículo derecho.

• Restrictiva.- Restricción al llenado ventricular y grosor normal de la pared ventricular.

La Dra. Parodi, de la mima SIAC, refiere que la epidemiología genética mejor descrita es la de la miocardiopatía hipertrófica, y se presenta en el 60 por ciento de los pacientes con formas hereditarias con mutaciones en los genes que codifican proteínas sarcoméricas. La misma investigadora también refiere que “respecto a su prevalencia, la mayor parte de los datos disponibles (de las miocardiopatías hipertróficas) provienen de estudios de screening en poblaciones generales, en atletas de alto rendimiento, o en reclutas militares.”

La miocardiopatía hipertrófica multiplica por dos la mortalidad respecto de la población en general, mientras que la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, aumenta hasta en nueve, las posibilidades de muerte de los pacientes con insuficiencia cardíaca respecto de la población en general.

Por cuanto hace a la miocardiopatía dilatada, la SIAC la define como “la presencia de disfunción con dilatación ventricular izquierda no explicada por enfermedad coronaria, valvular o hipertensiva”. Algunos investigadores consideran el origen de la miocardiopatía dilatada, solo por causas hereditarias (idiopáticas), mientras que otros las dividen en miocardiopatías de origen isquémico y no isquémico.

En el caso de la miocardiopatía arritmogénica, hay división en su concepción, ya que hay investigadores que incluyen en esta, cualquier tipo de miocardiopatía con propensión a producir arritmia, como la sarcoidosis o enfermedades infiltrativas; mientras que otros consideran como miocardiopatía arritmogénica, lo que anteriormente se denominaba displasia arritmogénica del ventrículo derecho, y que en la actualidad se sabe puede afectar tanto al ventrículo derecho como al izquierdo.

La miocardiopatía restrictiva es definida por la presencia de patrón de llenado ventricular restrictivo o hemodinamia, con función y diámetros ventriculares normales, y ausencia de hipertrofia.

Atención

Recomendaciones y buenas prácticas de órganos colegiados como el Comité de Cardiopatías Congénitas de la Asociación Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, para la atención de miocardiopatías, establece la necesidad de un hospital con capacidad para llevar a cabo cirugía cardiovascular por cada cuatro millones de habitantes.

En 2010, México con una población de 103 millones de habitantes, contaba solo con 11 centros hospitalarios con capacidad de realizar cirugías cardíacas en pacientes pediátricos, y 8 de ellos se encontraban en la Ciudad de México, mientras que se necesitaban 25 centros de cirugía cardíaca para la adecuada atención de las miocardiopatías. En 2015, dado que la población rondaba los 119 millones de habitantes, deberían haber existido al menos 30 hospitales con capacidad de realizar cirugías cardíacas.

El especialista médico Calderón Colmenero, propuso un esquema en el que se regionalizara la atención de las miocardiopatías, considerando:

a) La tasa de mortalidad en cada uno de los Estados por malformaciones del corazón y grandes arterias en menores de un año.

b) Utilizar hospitales con infraestructura, para fortalecerlos con recursos humanos y tecnológicamente.

c) Enfatizar atención en regiones con elevada tasa de natalidad.

d) Priorizar zonas en que el traslado de los pacientes por factores tanto orográficos como socioeconómicos y culturales sea complicado.

El gobierno de México, ha referido que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (H.R.A.E.), en unión a los Institutos Nacionales de Salud (I.N.Salud), los Hospitales Federales de Referencia (H.F.R.) y otros hospitales vinculados con universidades, conforman la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad (REDSAES), ampliando a nivel nacional la oferta de servicios especializados que ya se ofrecen y contribuyen a la equidad en el acceso mediante descentralización, atendiendo padecimientos de poca frecuencia y alta complejidad diagnóstica y terapéutica.

Los H.R.A.E. fueron establecidos en:

• Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

• Ciudad Victoria, Tamaulipas;

• Mérida, Yucatán;

• Oaxaca, Oaxaca;

• Silao, Guanajuato, e

• Ixtapaluca, Estado de México.

El H.R.A.E. de Oaxaca, es el único que no cuenta con servicio pediátrico, aún y cuando el estado tiene una población de más de 4 millones de habitantes, una situación geográfica y orográfica que dificulta el traslado de los pacientes cardiópatas a la Ciudad de México para su atención, así como elevada natalidad y marginalidad socioeconómica.

El propio Calderón Colmenero, expone diversas dificultades que han enfrentado los diversos H.R.A.E., como son:

• El hospital de Ixtapaluca, al encontrarse en el Estado de México, debería ser uno de los al menos cuatro hospitales para atender miocardiopatías, considerando laas recomendaciones de unidades hospitalarias con base en el número de habitantes.

• El H.R.A.E. del Bajío no ha participado en el Registro Nacional de Cirugía Cardíaca Pediátrica (Renaccape), ni en alguna plataforma de información nacional o internacional que permita conocer el número de intervenciones cardíacas que realiza.

• El H.R.A.E. de Tuxtla Gutiérrez, realiza un mínimo de operaciones, lo que subsana, parcialmente, con el abordaje mediante cateterismo intervencionista (cierre de conducto arterioso y de comunicación interatrial, plastia de coartación aórtica y dilatación con balón en estenosis pulmonar, entre otras) y jornadas quirúrgicas llevadas a cabo por personal médico y paramédico de algún centro hospitalario de EE.UU.

• El H.R.A.E. de Ciudad Victoria, Tamaulipas, apenas en 2020, incorporó un cirujano cardiovascular con subespecialidad en miocardiopatías.

• El H.R.A.E. de Mérida, Yucatán, han combinado cirugías para atender miocardiopatías y otras afecciones cardíacas, así como cateterismos intervencionistas.

En la investigación: Análisis demográfico de una clínica de cardiopatías congénitas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con interés en el adulto, se menciona que:

“El incremento en la sobrevida y la modificación de la historia natural ha permitido que el enfermo con miocardiopatías alcance la edad adulta y no sea exclusivo de la atención pediátrica. Esta transición demográfica demanda nuevos retos para diagnosticar y tratar las enfermedades adquiridas como cardiopatía isquémica, lesiones valvulares, arritmias cardiacas, insuficiencia cardiaca o enfermedad vascular pulmonar. Por ello en países del norte de Europa y EE.UU. se establece la necesidad de crear las clínicas de transición que implican una inclusión multidisciplinaria de especialistas que permiten el seguimiento integral de estos pacientes. Esta realidad no se ha visto reflejada en los programas de atención de los centros de tercer nivel de nuestro país, ya que existe una pérdida del seguimiento del paciente reparado de miocardiopatías en la etapa pediátrica al momento de que es egresado de estos hospitales. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existe en la Ciudad de México un hospital de tercer nivel con una clínica de miocardiopatías que atiende a este tipo de enfermos desde la infancia hasta la edad adulta. La experiencia de este tipo de centros, aplicado a la realidad actual del país permite ofrecer un panorama de la situación actual (... como lo es) la frecuencia de las CC atendidas en la «Clínica de Cardiopatías Congénitas del niño y del adulto» de un hospital de tercer nivel del IMSS.”

En la investigación antes mencionada, Análisis demográfico de una clínica de cardiopatías congénitas del Instituto Mexicano del Seguro Social, también se menciona que en los estados catalogados por el Inegi con el mayor rango de pobreza, se evidencian diferencias estadísticas respecto al momento de diagnóstico y atención, con etapas pediátricas más avanzadas.

En el referido estudio se menciona también que “se ha evidenciado en estudios de costo-efectividad, que a pesar de que el paciente con miocardiopatías confiere mayor gasto, la detección oportuna puede hacer la diferencia entre la realización de un procedimiento paliativo o curativo, lo que se refleja en una mejor calidad de vida y un reintegro a la sociedad económicamente activa”, así como que existe un diagnóstico tardío de la atención de las miocardiopatías en la etapa adulta, y que se requiere crear un registro nacional para promover nuevas políticas de salud y distribución de recursos destinados a estos pacientes.

Asociaciones

En 2007 se constituyó la World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery (WSPCHS), buscando mejorar la atención de los pacientes con cardiomiopatías a nivel mundial. El Dr. Christo Tchervenkov, ex presidente de la WSPCHS resumió su visión del abordaje de la atención de las CC y la llamó la “Medicina del respeto”, cuyos pilares son: responsabilidad, educación, sostenibilidad, asociación, empoderamiento, compromiso, trabajo en equipo y confianza (acrónimo RESPECT por sus siglas en inglés).

En alineación a los principios y metas de la WSPCHS, en México se creó la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas (AMECC). El artículo 5 de los estatutos de la AMECC prevén la participación de todas las instituciones gubernamentales y privadas a efecto de que todos los enfermos con un defecto cardíaco congénito que residan en el territorio nacional tengan acceso a una adecuada atención médica y quirúrgica.

En 2010, se creó un grupo colegiado de cardiología y cirugía cardíaca pediátrica, dependiendo de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

Este grupo planteo diversas acciones a fin de atender las miocardiopatías como:

- Regionalizar la atención quirúrgica de los niños aquejados con miocardiopatías.

- Realizar un censo de recursos humanos y tecnológicos para la atención de miocardiopatías en México. Este censo permitió conocer que un 67 por ciento de las miocardiopatías en el país se atienden por cirugía y 33 por ciento por cateterismo intervencionista. Asimismo se pudo conocer que 85 por ciento de los procedimientos se realizan en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

- La creación de la base de datos RENACCAPE, que permitió conocer los porcentajes de atención de cardiomiopatías en las instituciones

- Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (40 por ciento)

- Hospital Infantil de México Federico Gómez (25 por ciento)

- Instituto Nacional de Pediatría (16 por ciento)

- Hospital Hidalgo en Aguascalientes(12 por ciento)

- Hospital Regional de Alta Especialidad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (6 por ciento)

- Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida, Yucatán

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (0.4 por ciento).

- El 10 por ciento de los pacientes atendidos correspondió a recién nacidos.

- El 29 por ciento a menores de 1 año.

- El 30 por ciento a niños de 1 a 5 años.

- La indicación quirúrgica fue electiva en el 89 por ciento y la mortalidad de la totalidad del grupo fue del 8 por ciento.

El doctor Calderón menciona que “El grupo colegiado de lo que se llamó Consejo Coordinador de la Regionalización de la Atención de Cardiopatías Congénitas permaneció en funciones hasta el año de 2017, después de haber llevado a cabo, aparte de lo ya mencionado, dos reuniones nacionales con foros de análisis y discusión sobre temas de gran importancia para el campos de la cardiología y cirugía cardiovascular pediátricas. Desafortunadamente el grupo se disolvió sin haber logrado los objetivos para los que fue formado, ya que las autoridades consideraron otras prioridades en políticas de salud.”

El doctor Calderón también refiere que se requiere “fortalecer y consolidar, de manera estratégica, a los diferentes grupos de trabajo de hospitales regionales ya existentes, debiendo incrementar el apoyo a los Institutos Nacionales de Salud para que continúen como centros generadores de conocimiento y sedes para la formación de recursos humanos especializados y centros que acompañen a diversos programas de cirugía cardíaca pediátrica y cateterismo intervencionista en el país. Se debe lograr la accesibilidad, la disponibilidad y la asequibilidad de la atención quirúrgica o de cateterismo intervencionista de las miocardiopatías.

Este especialista también refiere que las metas en la esfera asistencial son:

a) Lograr la atención de los niños aquejados con miocardiopatías en México.

b) Consolidar equipos de trabajo en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

c) Fortalecer los Hospitales Estatales con capacidad para llevar a cabo cirugía cardíaca pediátrica.

d) Utilizar la base de datos nacional RENACCAPE, que permita evaluar los avances.

e) Obtener resultados adecuados comparados con los estándares internacionales.

La carga de la enfermedad y el impacto que produce tanto directo como indirecto, se podrían reducir con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado de las miocardiopatías ya que incluso en los pacientes asintomáticos, puede ser fatal.

Para ello, se requiere la promoción de políticas públicas robustas, que incluyan:

1. La implementación de un protocolo nacional de atención específico para miocardiopatías.

2. Un etiquetado adecuado de recursos destinado a fortalecer las áreas prioritarias del sistema de salud cardiovascular.

3. La capacitación constante del personal médico, garantizando que cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para una detección y atención oportuna de estas condiciones.

Estas acciones no solo mejorarán la equidad en el acceso a los servicios de salud, sino que también permitirán enfrentar de manera efectiva el reto de reducir la mortalidad cardiovascular en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, atenta y respetuosamente, a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que visibilice y concientice sobre el contexto actual de las miocardiopatías en México, así como de la imperante necesidad de garantizar su diagnóstico y tratamiento oportuno dentro del sistema de salud mexicano.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, atenta y respetuosamente, a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a las instituciones del sector salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se generen las condiciones necesarias e impulsen la creación de un grupo de expertos para el acompañamiento técnico científico de políticas públicas sanitarias relacionadas con las miocardiopatías en México.

Notas:

1 Cfr. Mayo Clinic, Miocardiopatía. Estados Unidos de América, versión en español. 2024. Recuperada de:

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cardiomyopathy /symptoms-causes/syc-20370709

2 Mitchell SC, Korones SB, Berrendees HW. Congenital heart disease in 56,109 births. Incident and natural history. Circulation. 1971.

3 Cfr. BMS, Las miocardiopatías importan. Infografía. España. Recuperada de:

https://www.bms.com/assets/bms/spain/documents/profesionales-san itarios/las-miocardiopatias-importan/infografia-miocardiopatias-bms.pdf

4 Calderón Colmenero J, Cervantes Salazar JL, Curi Curi PJ, Ramírez Marroquín S. Problemática de las cardiopatías congénitas en México. Propuesta de regionalización. Elsevier, Archivos de Cardiología de México. 2010, Vol. 80. Num. 2. Recuperada de:

https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-2 93-articulo-problematica-las-cardiopatias-congenitas-mexico–X1405994010534076

5 Cfr. BMS. Op. Cit.

6 INEGI. Mortalidad. Estadísticas de Mortalidad. 2015. [Recuperada de:

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/registros/vitales/mortali dad/

7 Calderón Colmenero J, Cervantes Salazar JL, Curi Curi PJ, Ramírez Marroquín S. Problemática de las cardiopatías congénitas en México. Propuesta de regionalización. Elsevier, Archivos de Cardiología de México. 2010, Vol. 80. Núm. 2. Recuperada de:

https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-2 93-articulo-problematica-las-cardiopatias-congenitas-mexico–X1405994010534076

8 Márquez González H, Rivera May JL, López Gallegos D, Almeida Gutiérrez E. Análisis demográfico de una clínica de cardiopatías congénitas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con interés en el adulto. Elsevier, Archivos de Cardiología de México. 2017, Vol. 88, No. 5. Recuperada de:

https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-2 93-articulo-analisis-demografico-una-clinica-cardiopatias-S1405994017301088

9 Sociedad Interamericana de Cardiología. Parodi, J. Epidemiología de las miocardiopatías hereditarias. 2020. Recuperada de:

https://www.siacardio.com/academia/lideresemergentes/editoriales le/epidemiologia-de-las-miocardiopatias-hereditarias/

10 Calderón Colmenero, Juan. La regionalización de la atención de cardiopatías congénitas: una meta pendiente. Arch. Cardiol. Méx. 2019, vol.89, n.2. Recuperada de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1405-99402019000200150&lng=es&nrm=iso

11 Ibid.

12 Torres Cosme JL, Rolán Porras C, Aguinaga Ríos M, Acosta Granados PM, Reyes Muñoz E, Murguía-Peniche T. Mortality from congenital heart disease in Mexico: A problem on the rise. PLoS One. 2016. Recuperada de:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S 1405-9940201900020015000021&lng=en

13 Ibid.

14 Cfr. Ibidem.

15 Sánchez-Barriga JJ. Mortality trends from congenital malformations of the heart and great vessels in children and adults in the seven socioeconomic regions of México, 2000-2015. Congenit Heart Disease. 2018

16 Cfr. Ibid.

17 Cfr. Mayo Clinic. Op. Cit.

18 Cfr. BMS. Op. Cit.

19 Cfr. Sociedad Interamericana de Cardiología. Parodi, J. Epidemiología de las miocardiopatías hereditarias. 2020. Recuperada de:

https://www.siacardio.com/academia/lideresemergentes/editoriales le/epidemiologia-de-las-miocardiopatias-hereditarias/

20 Ibid.

21 Ibid

22 Ibidem

23 Ibid

24 Richardson P, McKenna W, Bristow M, Maisch B, Mautner B, O’Connell J, et al. Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of cardiomyopathies. 1996

25 Basso C, Thiene G, Corrado D, Angelini A, Nava A, Valente M. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Dysplasia, dystrophy, or myocarditis?. 1996

26 SIAC. Op. Cit.

27 Ibid

28 Calderón Colmenero, J. La regionalización de la atención de cardiopatías congénitas: una meta pendiente. Cardiología Mexicana. 2019, vol.89, n.2Recuperada de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1405-99402019000200150&lng=es&nrm=iso

29 Cfr. Calderón Colmenero. Op. Cit.

30 Ibid

31 Gobierno de México. Hospitales Regionales de Alta Especialidad. 2019. Recuperada de:

https://www.gob.mx/insalud/acciones-y-programas/hospitales-regio nales-de-alta-especialidad-27380

32 Cfr. Calderón Colmenero. Op. Cit.

33 Cfr. INEGI. Cuéntame. Recuperada de:

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Oax/Poblac ion/default.aspx

34 Cfr. Calderón Colmenero. Op. Cit.

35 Márquez González H, Rivera May JL, López Gallegos D, Almeida Gutiérrez E. Análisis demográfico de una clínica de cardiopatías congénitas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con interés en el adulto. Elsevier, Archivos de Cardiología de México. 2017, Vol. 88, No. 5. Recuperada de:

https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-2 93-articulo-analisis-demografico-una-clinica-cardiopatias-S1405994017301088

36 Nieminen HP, Jokinen EV, Sairanen HI. Causes of late H.P. deaths after pediatric cardiac surgery: A population-based study. (2007)

37 Clarizia A, Chahal N, Manlhiot C. Transition to adult health care for adolescents and young adults with congenital heart disease: Perspectives of the patient, parent and health care provider. (2009)

38 Márquez González H, Rivera May JL, López Gallegos D, Almeida Gutiérrez E. Análisis demográfico de una clínica de cardiopatías congénitas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con interés en el adulto. Elsevier, Archivos de Cardiología de México. 2017, Vol. 88, No. 5. Recuperada de:

https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-2 93-articulo-analisis-demografico-una-clinica-cardiopatias-S1405994017301088

39 Ibid

40 Jacobs JP, Tchervenkov CI, Stellini G, Kurosawa H, Mavroudis C, Jatene MB, et al. Historial of the World Society for Pediatric and Congenital Heart surgery: the first decade. World J Pediatr Congenit Heart Surgery. 2018

41 Cfr. Calderón Colmenero. Op. Cit.

42 Ibid

43 Calderón-Colmenero J, De la Llata M, Vizcaíno A, Ramírez S. Atención médico-quirúrgica de las cardiopatías congénitas: una visión panorámica de la realidad en México. Encuesta 2009. Rev Invest Clin. 2011

44 Calderón Colmenero, J. La regionalización de la atención de cardiopatías congénitas: una meta pendiente. Cardiología Mexicana. 2019, vol.89, n.2Recuperada de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1405-99402019000200150&lng=es&nrm=iso

45 Ibid

46 Ibidem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2024.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A REALIZAR UNA CAMPAÑA DE LOS SERVICIOS QUE DAN Y SE VERIFIQUE CÓMO FUNCIONAN LOS CAPASITS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar una campaña de los servicios que dan y se verifique cómo funcionan los CAPASITS, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México en el 2022, 20 mil personas adquirieron VIH, esta tendencia es estable desde 2019. En total, 370 mil personas en México viven con VIH, 80 por ciento son hombres adultos de 15 años o más, 19 por ciento son mujeres adultas y 1 por ciento son menores de 15 años, según datos de la Secretaría de Salud.

Es por lo anterior que no debemos de bajar la guardia y debemos de mantener a las nuevas generaciones informadas, por lo que es muy importante que todo el tiempo se esté difundiendo de una manera permanente de los servicios e instituciones con las que contamos.

Las CAPASITS existen desde 1989 cuando se instalaron los primeros Consejos Estatales para la Prevención del SIDA (Coesidas) y luego en 1989 y 1990 se consolidaron los centros de información TELSIDA y el CRIDIS, es una realidad y debemos de mencionarlo que el gobierno siempre ha impulsado políticas públicas, para la atención de enfermedades. Por lo que este modelo se instaló en un principio en 10 entidades federativas. En 1990 se creó el Centro Nacional de Capacitación en VIH/SIDA.

Las CAPASITS son unidades de Salud que proporcionan servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e Infecciones de transmisión sexual, de forma ambulatoria, que sirven y ayudan a muchas personas que tienen esta enfermedad y que muchas veces no lo saben.

Es importante que la información llegue a los jóvenes que empiezan a experimentar o tener una vida sexual activa, ya que, en 1999, según los datos de la página de la secretaria de Salud, “el SIDA ocupó el lugar 16 como causa de muerte afectando principalmente a la población de 25 a 34 años de edad, lo cual representó la cuarta causa de muerte en hombres y la séptima causa entre las mujeres. Debido a la evidencia de que el manejo adecuado de las ITS disminuyó en un 50 por ciento la transmisión sexual del VIH, incluyeron, desde 1997 al Programa de Acción: VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”.

Debemos de impulsar en todos los medios de información y comunicación con los que se cuenta, con el objetivo de que los jóvenes del país conozcan sepan que contamos con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) el cual tiene a su cargo la función normativa del Programa en la Secretaría de Salud, así mismo constituyéndose el CONASIDA como instancia de coordinación interinstitucional del Sector Salud.

Al igual de los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), que son unidades médicas para consulta externa que cuenta con auxiliares de diagnóstico, farmacia y área de atención psicológica. Y que hoy en día contamos según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA de fecha 14 de junio de 2021, con 78 CAPASITS, en el país.

Estos CAPASITS, deben de contar con los medicamentos necesarios, las herramientas, personal y difusión necesaria para que pueda seguir difundiendo y ayudando a miles de personas y disminuir la prevalencia del VIH/SIDA con especial atención en las y los jóvenes, disminuir los casos de transmisión perinatal de VIH, eliminar la sífilis en mujeres embarazadas, eliminar los casos de infección por VIH, hepatitis B y C, secundarios a transfusiones sanguíneas y trasplantes, reducir la mortalidad por SIDA en la población de 25 a 44 años de edad, disminuir el estigma y la discriminación asociados con comportamientos de riesgo.

Es por lo anterior que estas CAPASITS, son tan importantes y la labor que hace debe de hacerse viral y si es posible contar con más clínicas ambulatorias en el país, como un tema de prevención entre nuestros niñas, niños y adolescentes, adultos jóvenes.

Estas clínicas tienen la misión de proporcionar atención médica integral especializada, de calidad, con criterios de igualdad y respeto; sin discriminación ni estigmatización, tendiente a prevenir y controlar la infección por VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual en la población no derechohabiente y grupos vulnerables.

No debemos de perder de vista que este modelo de atención integral ambulatoria a nivel operativo atiende a la población no derechohabiente con VIH/SIDA y otras ITS que su mayor labor es la detección, diagnóstico, tratamiento, control y prevención, en un marco de respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual.

Debemos apostar por la educación sexual y la prevención, difundiendo a través de campañas permanentes de difusión estos y otros servicios con los que ya contamos y que la mayoría de las veces por desconocimiento de que existen no son utilizados por la población hasta que se encuentran en una situación de salud, que pudo ver sido prevenida.

La finalidad de este punto de acuerdo es que se den a conocer estos centros, que es lo que hacen, como es proporcionar atención especializada a través de consultas, diagnósticos y tratamientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes, proporcionando atención hospitalaria, así como información y asistencia a la población general para prevenir el contagio.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que diseñe e instrumente campañas publicitarias de los servicios que proporcionan a la población las unidades de salud del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que instrumente las acciones necesarias a efecto de verificar el funcionamiento de las unidades de salud del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), con el objetivo de que, en caso necesario, se proporcione a estas unidades de salud el personal y medicamentos suficientes para brindar un mejor servicio a las personas usuarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 enero de 2025.– Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE INCENTIVE Y FOMENTE LA CREACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD EN LA ECONOMÍA FORMAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la STPS a instrumentar las acciones y estrategias necesarias para promover políticas y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven y fomenten la creación de empleos de calidad en la economía formal, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten las acciones y estrategias necesarias para promover las políticas y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven y fomenten la creación de empleos de calidad en la economía formal, bajo las siguientes:

Consideraciones

Es importante tener clara la relevancia que tiene para el país y para la economía familiar el empleo formal. El hecho de que los trabajadores cuenten con un empleo en la economía formal otorga a las personas mayor certeza sobre su situación laboral debido a que cuentan con seguridad social y prestaciones de ley, lo cual está correlacionado con niveles más altos de productividad.

De ahí que los datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de diciembre de 2024 sean preocupantes, sin duda deben mover a la acción de los diferentes sectores, pero principalmente se requieren políticas públicas por parte de las dependencias gubernamentales en materia laboral y que tienen incidencia en el sector productivo.

De acuerdo con el registro del IMSS, se cuenta con 22 millones 238 mil 379 puestos de trabajo. Sin embargo, en 2024 se registró la segunda generación de puestos de trabajo más baja en los últimos 15 años, solo después de 2020, año en el que impactó la pandemia de covid-19.

Si bien es cierto que en octubre y noviembre de 2024 se habían presentado incrementos mensuales en el registro de 138,139 y 24,696 puestos, respectivamente, en diciembre pasado se registró la mayor caída desde que se tiene registro para un doceavo mes del año, con una pérdida de 405 mil 259 puestos.

De acuerdo con una publicación de México Cómo Vamos del siete de enero de 2025, ciertamente el registro del IMSS muestra contracciones en el mes de diciembre, principalmente por menores contrataciones en este mes en relación al promedio mensual. Y en diciembre de 2024 no fue la excepción, la reducción de diciembre se desagrega en 268 mil 784 puestos menos de hombres y 136 mil 475 menos de mujeres.

No obstante, resalta que la pérdida de puestos de trabajo de diciembre pasado superó en gran medida el total de puestos creados en todo el año, siendo casi el doble de la creación de puestos de trabajo ante el IMSS en todo el año, la cual había sido notablemente baja, debido en mayor medida a una baja cantidad de contrataciones a lo largo de todo el año. La conclusión que se adelanta es que, el mes de diciembre tuvo un mal desempeño marcado por una generación de puestos de trabajo durante todo 2024 débil e históricamente baja.

Además, se hace hincapié en que el registro actual de empleos se encuentra debajo del nivel que tendría el país si no hubiera existido el choque de la pandemia. Al analizar la tendencia de crecimiento previa a la pandemia, se observó un déficit de alrededor de 1 millón 400 mil puestos de trabajo.

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 32.8 millones de personas trabajan en alguna de las vertientes de la informalidad en el país en la actualidad. La informalidad laboral tuvo un repunte hacia el final del 2024 y se ubicó en su nivel más alto en los últimos 12 meses; en un año se incorporó a esta modalidad de empleo un millón de personas. Es decir, el empleo formal decreció y el empleo informal aumentó.

Es necesario tener en cuenta que el empleo es uno de los indicadores que mejor refleja el comportamiento de una economía. La generación de empleos, la calidad del empleo y el nivel de empleo formal e informal están determinados por la dinámica del mercado laboral.

Si bien es cierto que el gobierno no es el principal generador de empleo, sino que las empresas son la fuente más importante de creación de puestos de trabajo, también lo es que el gobierno es el encargado de crear, facilitar o impulsar las condiciones para que se realice un mayor nivel de inversión y ésta es la que detona el ritmo en la tasa de crecimiento económico y empleo. En ese sentido, el bajo nivel de crecimiento y ocupación son consecuencias de que la inversión privada no ha recibido el impulso necesario.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoce que la disminución de empleo tiene un componente estacional debido a la conclusión de contratos temporales y la menor actividad económica típica de fin de año, pero también hace énfasis en que la magnitud de esta cifra refleja un entorno económico que debilitó la generación de puestos de trabajo en 2024.

La generación de los 213,993 puestos en 2024, significó una caída de 67 por ciento respecto a 2023. Según la Coparmex, la caída en el empleo no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una desaceleración económica que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas además de enfrentarse a mayores costos laborales y operativos, también carecen de apoyos e incentivos gubernamentales. Estas condiciones hacen que su capacidad para sostener o ampliar su plantilla laboral se vea limitada, lo que impacta directamente en la creación de empleos formales.

De acuerdo con este organismo empresarial, esta tendencia de poca generación de empleos formales puede revertirse, siempre y cuando se implementen políticas públicas que lo incentiven, por lo que proponen priorizar la formalización mediante esquemas fiscales competitivos y garantizar un entorno de seguridad y certeza jurídica que promueva la inversión nacional e internacional.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, “el primer paso hacia la trayectoria de éxito es la inserción laboral efectiva en un empleo formal. Cuando un trabajador encuentra un empleo en una empresa idónea para él, donde se valoran sus habilidades, recibe la protección establecida en la ley laboral, tiene el amparo del seguro social, y cuenta con la oportunidad de crecer en el tiempo, se abre la posibilidad de iniciar la trayectoria de éxito. Por otra parte, uno de los sucesos más importantes de una trayectoria laboral tiene lugar cuando un trabajador, después de haber adquirido nuevas habilidades, transita en forma voluntaria hacia un mejor empleo que implica un aumento tanto en la productividad como en el salario. Otro éxito clave consiste en volver a conseguir otro empleo formal, donde el trabajador pueda retomar su trayectoria anterior con posibilidades de crecer, después de haber perdido el empleo de manera involuntaria”.

En ese orden de ideas, entre los principales retos para la presente administración está instrumentar políticas que eleven la prosperidad de las familias mexicanas, centradas en empleos de buena calidad y con seguridad social, lo que requiere un mejor desempeño en la generación de puestos de trabajo formales y aumentar e igualar las oportunidades de acceso a empleos formales de la mayor parte de la población trabajadora.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten las acciones y estrategias necesarias para promover las políticas y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven y fomenten la creación de empleos de calidad en la economía formal.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las políticas que incentiven la generación de empleos formales mediante esquemas fiscales competitivos favorables a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Notas

1 Información recuperada el 09 de enero de 2025 de:

https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202501/009

2 Consultada el 09 de enero de 2025 en:

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2025/01/empleo-formal-c ierra-2024-con-la-segunda-generacion-mas-baja-en-15-anios/

3 Información consultada el 09 de enero de 2025 en:

https://expansion.mx/economia/2025/01/08/2024-genero-solo-18-emp leos- formales-que-se-necesitan

4 Información recuperada el 09 de enero de 2025 de:

https://publications.iadb.org/es/empleos-para-crecer, págs. 216217.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2025.– Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

REFUERZO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la Secretaría de Bienestar a reforzar las acciones y programas que brindan atención a los grupos vulnerables durante la temporada invernal, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mónica Becerra Moreno, y diputadas y diputados de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El pasado 22 de noviembre del 2024, el Centro Nacional de Prevención de Desastres publicó en su portal de internet la nota “Prepárate para la temporada invernal 2024-2025” en donde se pronosticó que existirían 48 frentes fríos y 7 tormentas invernales en nuestro país.

Durante los meses de septiembre 2024 a mayo del 2025 se presentarán bajas de temperatura acompañadas de heladas, vientos, lloviznas y nubosidades en diversas partes del país, lo que afecta a los grupos más vulnerables pues en muchas ocasiones no cuentan con la vestimenta y calzado adecuado para soportar las bajas temperaturas que se tienen pronosticadas además de una falta en la alimentación recomendada por Protección Civil.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que en el mes de enero existirán temperaturas gélidas y nevadas en varias regiones del país, ya que serán dos frentes fríos los que desplazará por los estados del norte y que tendrá como consecuencia temperaturas de -10 grados a -12 grados. El hecho de que existan dos frentes fríos en nuestro país pone en alerta a los mexicanos debido a que son condiciones de riesgo que las autoridades deben estar monitoreando para garantizar la seguridad y salud de todos.

Si bien es cierto, cada año en las mismas fechas existen eventos de esta naturaleza, sin embargo, es importante que las autoridades realicen actos preventivos para evitar riesgos en las zonas más vulnerables de México.

El 5 de septiembre del 2024, el INEGI publicó el comunicado de prensa 545/24 “Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)” con una temporalidad de enero a marzo de 2024. En la misma se determinaron las principales causas de muerte en el país y aunque pueden ser por diversas causas, dentro de las cinco principales a nivel nacional se encuentra la influenza y neumonía, enfermedades que se presentan con mayor incidencia en época de frío.

En el tiempo antes mencionado hubo un total de 11 098 muertes por influenza y neumonía. Los grupos más afectados fueron los menores de 0 a 4 años y personas adultas mayores de 65 años, si bien es cierto, existen varios factores relacionados con dichas defunciones, las bajas temperaturas afectan los pulmones y la sociedad se encuentra propensa a contraer algún virus respiratorio, lo que ocasiona las cifras antes mencionadas.

Aunque se han realizado protocolos para que la ciudadanía esté prevenida y atenta a las recomendaciones que hagan las autoridades, es importante destacar que existen muchos grupos vulnerables que no cuentan con los recursos ni medios para realizar dichas medidas por lo que la posibilidad de una enfermedad respiratoria es elevada. Adicional a lo anterior, las quemaduras, las intoxicaciones con monóxido de carbón y la hipotermia son casos frecuentes, así como las personas que viven en situación de calle que se encuentran desprotegidas.

La población que vive en situación de calle es uno de los grupos vulnerables más variados pues existen menores de edad, jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, con discapacidad, problemas de adicciones y hasta familias y únicamente viven con recursos que recolectan diario, lo que no les ayuda a satisfacer las necesidades que se presentan en estas temporadas, afectando el bienestar físico, emocional y mental.

Son grupos vulnerables que no tienen acceso a los servicios básicos de agua potable, alimentación, salud o vivienda, lo que afecta directamente a los ciudadanos o familias completas que viven en estas condiciones.

Es importante que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, presenten diversos servicios gratuitos a la sociedad, como asistencia, servicio médico o lugares donde puedan pasar la noche y evitar enfermedades o en algunas ocasiones la muerte. Con lo anterior, se estarían protegiendo de las bajas temperaturas y garantizando una vida digna en estas temporadas invernales.

Es por lo anterior, que se deben realizar acciones que protejan la salud y vida de los mexicanos y que en estas temporadas con bajas temperaturas cuenten con la vestimenta adecuada además de que tengan una alimentación sana para elevar su sistema inmunológico y las cifras sean menores, evitando las pérdidas humanas por cuestiones de los fenómenos naturales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes resolutivos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Bienestar para que, en el ámbito de sus competencias y trabajando de manera conjunta, instrumenten y, en su caso, refuercen las acciones necesarias dirigidas a beneficiar a los grupos vulnerables de las zonas rurales o personas en situación de calle durante la temporada invernal.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de sus competencias, instrumente y, en su caso, refuerce las acciones necesarias dirigidas a proteger a las personas migrantes que se encuentran en nuestro país durante la temporada invernal.

Nota

1 Centro Nacional de Prevención de Desastres, Disponible en línea:

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/preparate-para-la-temporad a-invernal-2024-2025?idiom=es#:~: text=La%20temporada% 20de%20frentes%20fr%C3%ADos,dentro%20de%20la%20temporada%20invernal. 09 de enero del 2024

Dado en sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2025.– Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ACCIONES PARA DETENER EL GASOLINAZO PRODUCTO DEL ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS CUOTAS QUE SE ESPECIFICAN EN MATERIA DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2025

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la persona titular de la SHCP a realizar las acciones pertinentes para detener el gasolinazo producto del “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”, suscrita por la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Carmen Rocío González Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente exhorta a la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se realicen las acciones pertinentes para detener el gasolinazo producto del “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante la discusión de la miscelánea para el Ejercicio Fiscal 2025, en cuyo paquete se encontraba la Ley de Ingresos y el Proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el año en comento, la narrativa del gobierno federal, así como de las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados habían señalado que no se iban a crear nuevos impuestos y tampoco se iba a incrementar los ya existentes.

Dicha narrativa duró muy poco, pues para sorpresa de los mexicanos, en los primeros días del mes de enero de 2025, el precio de los combustibles ha impactado de manera negativa, sobre todo para aquellos que cuenta con vehículos motorizados de combustión interna, los cuales para ser funcionales requieren de gasolina de diverso octanaje y Diésel.

El precio de los combustibles ha aumentado en 4.5 por ciento debido al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como el incremento del precio a nivel internacional sobre el petróleo crudo. El precio de la gasolina tuvo diversos incrementos en diversos estados del país en los primeros días del mes de enero; estados como Nuevo León, el precio llegó a estar en 24.45 el litro. En la Ciudad de México se vendía en 24.33 precios en gasolina de bajo octanaje. En cuanto a la gasolina Premium, los precios van desde los 26 hasta los 28 pesos por litro.

El precio del diésel no quedó exento de este aumento, pues a nivel nacional el precio llegó a estar 25.92 por litro, precio jamás registrado hasta ahora. Cuyos aumentos van desde 0.20 centavos por litro, lo que se traduce en un alza en 0.78 por ciento en los primeros días del mes. Parece insignificante el aumento, pero el precio por cada litro se ve reflejado en la cantidad de litros que solicita cada vehículo para ser funcional y ser utilizado para diversas actividades, lo que impacta a todos los mexicanos. Sobre todo, en el transporte público, en cuya mayoría de vehículos, el diésel es el combustible más utilizado, en cuyo caso se podría traducir en un incremento en el pasaje público.

Por otra parte, el día 27 de diciembre del 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “ acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025.”, en cuyo acuerdo, como bien dice se actualizó la cuota del IEPS sobre las gasolinas y combustibles, así como otros productos, esto por obvias razones ha generado precios más altos por la gasolina, y cuyo fin no ha sido explicado por el gobierno federal.

Cabe señalar que, la titular del Ejecutivo federal manifestó en los primeros días del año 2025 que el precio que han dado diversas gasolineras no corresponde a los precios que tiene identificados y reconocidos por el gobierno, pues superan los precios dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía y la Profeco. Al respecto, la titular del Ejecutivo federal ha señaló que dichos aumentos no corresponden a los que se realizaron durante el sexenio de los exmandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en cuyos casos el precio de los combustibles registraron un alza del 22 por ciento al 40 por ciento respectivamente. También señaló que, durante la administración priista, el precio de la gasolina y diésel se actualizaba semana a semana, lo que contradecía a la reforma energética el cual prometía precios más bajos sobre los combustibles.

Lo que no explica la titular del Ejecutivo federal es que, durante los gobiernos anteriores, se realizaban los ajustes necesarios a través de la Política de Desliz, determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el precio de las gasolinas con el fin de aislar a la economía de las fluctuaciones de corto plazo en las cotizaciones internacionales del precio del energético, lo cual se traducía en precios accesibles para los combustibles y un mayor ahorro económico para las industrias y demás actividades que utilizaban dichos combustibles para las actividades económicas del país.

Ahora bien, desde comienzo de la administración de López Obrador se prometió que el precio de los combustibles, entre ellos el Diesel y la gasolina no subirían de precio, esto respaldado por la construcción de la planta de procesamiento y refinación en la Planta de Dos Bocas. En cuyo caso, el exmandatario y la titular de la Secretaría de Energía (SE) señalaron que, con la construcción de Dos Bocas, el país no tendría que recurrir a la importación de combustibles, pues esta planta sería la indicada para satisfacer la demanda nacional, por lo que, derivado de ello, el precio sería mucho más accesible para todos. Lo cual fue una mentira, pues durante su sexenio tuvo un incremento del 21.93 por ciento. En diciembre de 2018 el precio promedio de la gasolina Magna se situaba en 18.32 pesos por litro y para diciembre de 2023, el precio promedio por litro de la gasolina regular en México fue de 22.24 pesos.

En 2019 con Rocío Nahle García, siendo titular de la SE, presentó una nueva política energética para el bienestar de México. Donde el propósito era combatir el robo de hidrocarburos y la implementación de una estrategia de distribución segura de los combustibles. Así mismo, la producción de más barriles de petróleo para venta y procesamiento para mantener el precio estable y justo de la gasolina. Pero esta nueva política desató escasez de gasolina en enero de 2019 derivado de su estrategia en total apoyo del exmandatario, donde causó desesperación, caos y altos costos del combustible.

En esta tesitura, el gobierno federal no ha dado mayor explicación y tampoco ha ejercido las acciones necesarias para mitigar el alto costo del precio sobre los combustibles señalados. Por si fuera poco, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se ha dado a la tarea de exhibir los dispendios donde se vende la gasolina a precios altos. En cuyos lugares se han puesto mantas con la leyenda “ No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”. Este tipo de acciones más que abonar a una verdadera solución para bajar el precio de los combustibles, solo desacredita el actuar de la autoridad y obliga al ciudadano a buscar alternativas para conseguir combustible más barato.

Hasta el momento, la titular del Ejecutivo federal no ha señalado acciones contundentes y solo ha manifestado que el precio de la gasolina debería de estar en 23 y 24 pesos el litro y cuyo precio es razonable para que los gasolineros tengan ganancias, así como cumplir con el IEPS.

Lo cierto es que, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, durante la discusión de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025, propuso varias reservas al dictamen para que el precio de la gasolina premium, regular y diesel se pudiera conseguir en 20 pesos por litro con el objeto de apoyar a las familias mexicanas, esto a través de adicionar un artículo transitorio. Lo curioso fue que el grupo mayoritario voto en contra de esta valiosa propuesta por lo que hoy en día vemos las consecuencias, gasolina y Diesel a precios jamás vistos, lo que en las próximas semanas repercutirá en alza de precios sobre otros productos, lo que ocasionará un duro golpe al bolsillo y economía de las y los mexicanos.

Por estas razones, propongo que las autoridades competentes en la materia establezcan un plan de acción y se ejecuten los mecanismos necesarios para detener el alza en el precio de los combustibles. Como ya se ha dicho, esto traerá un ajuste en el precio de productos y servicios básicos necesarios para el bienestar de los ciudadanos. No podemos pasar por alto que la primera repercusión que verán los mexicanos será el aumento del pasaje público, seguido de productos perecederos los cuales por su naturaleza deben ser transportados de manera rápida y cuya distribución se realiza a través de medios de transporte que hacen uso de gasolina y diesel. El aumento al precio de la gasolina y Diesel solo es el principio de una cadena de aumentos sobre productos y servicios, por tanto, es necesario que las autoridades trabajen en coordinación para moderar dichos precios.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realicen las acciones pertinentes a efecto de detener el gasolinazo producto del acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025, con el objeto de mitigar el alto costo al precio de las gasolinas que afectan a la población y diversos sectores económicos.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice las acciones necesarias a fin de mantener e incrementar los subsidios a las gasolinas con el objeto de que el precio no supere los 20 pesos por litro y represente un verdadero apoyo a las familias mexicanas.

Notas

1 Vargas, O. (2025, 6 enero). Sheinbaum niega que haya gasolinazo; acusa incrementos en el gobierno de Peña y Calderón: “Cada semana había uno”. Infobae.

https://www.infobae.com/mexico/2025/01/06/sheinbaum-niega-que-ha ya-gasolinazo-acusa-incrementos-en-el-gobierno-de-pena-y-calderon-cada-semana-h abia-uno/

2 Política de Deslices del Precio de la Gasolina y Expectativas de Inflación. Disponibles en:

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trime strales/recuadros/%7B6DC9A972-A05A-A9E2-6A4C-8848375EAEFA%7D.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2025.– Diputada Carmen Rocío González Alonso (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO LA SECRETARÍA DE SALUD DE OAXACA, ASÍ COMO AL IMSS-BIENESTAR, PARA QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DOCTOR AURELIO VALDIVIESO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar la Ssa del estado de Oaxaca, así como al IMSS-Bienestar, para que atiendan las necesidades del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca, así como al IMSS-Bienestar para que atiendan las necesidades del Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, al tenor de la siguiente:

Antecedentes

El Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” es una de las instituciones más importantes de atención médica en Oaxaca. Este hospital, ubicado en la ciudad capital, atiende a miles de pacientes al año, muchos de ellos provenientes de comunidades rurales, indígenas y marginadas, donde los servicios de salud son limitados o inexistentes.

Fue fundado el 5 de mayo de 1965 y lleva el nombre de un médico juchiteco que estudio en la Ciudad de México y regreso a Oaxaca a prestar sus servicios, en donde ocupó varios cargos públicos por su honestidad y servicio que presto a la sociedad.

En México, el artículo 4o. establece que el Estado garantizará el acceso a servicios de salud, particularmente para los sectores más vulnerables. Esto se alinea con los principios de igualdad y justicia social que deben regir en toda democracia.

La salud es un pilar esencial para el desarrollo de cualquier sociedad. Más allá de ser un indicador de bienestar individual, la salud tiene profundas implicaciones en la productividad, cohesión social y estabilidad de los estados.

El reconocimiento de la salud como un derecho en la Constitución responde a su relevancia para garantizar la dignidad humana. Este derecho implica no solo la ausencia de enfermedades, sino también el acceso a servicios médicos de calidad, entornos saludables y condiciones que permitan a las personas alcanzar su máximo potencial físico, mental y social.

Por lo anterior, las leyes, las políticas y los programas de salud deben de mejorarse con base a cuatro elementos indispensables: la disponibilidad es decir que debe haber bienes y servicios suficientes para toda la población; la accesibilidad en donde las unidades médicas deben de ser de fácil acceso a toda la población sin discriminación; la aceptabilidad que se refiere a la ética médica, sensibilidad a cuestiones de género y de calidad es decir que debe ser seguro, eficaz, centrado, oportuno, equitativo integrado y eficiente.

Exposición de Motivos

En los últimos años, el hospital ha enfrentado serias deficiencias en la disponibilidad de insumos médicos, material de curación y medicamentos esenciales, lo que ha afectado gravemente su capacidad para brindar atención oportuna y de calidad. Reportes de médicos, personal de salud y usuarios del hospital han señalado que las carencias incluyen medicamentos básicos, material quirúrgico, equipos médicos en mal estado y recursos insuficientes para atender emergencias y cirugías programadas.

La falta de insumos médicos afecta directamente a los pacientes y al personal médico. Entre las consecuencias están: la prolongación de tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, el aumento en los riesgos asociados a la atención, como infecciones hospitalarias debido a la falta de material de curación adecuado, el desgaste del personal médico y de enfermería que enfrenta condiciones laborales desfavorables, el impacto negativo en la percepción ciudadana sobre el sistema de salud estatal y federal.

La provisión de servicios de salud de calidad fomenta la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Por el contrario, la falta de atención sanitaria puede convertirse en un factor de desestabilización política y social.

En Oaxaca se tiene un gran problema con el hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, la precariedad, falta de insumos, material de curación y medicamentos indispensables para brindar una atención oportuna y de calidad han sido situación de diversas suspensiones en actividades que generan un bienestar a la sociedad, tales como: cirugías, alimentación del personal a partir de la comida del 07 de enero del año en curso por falta de diésel y gas LP, con la finalidad de optimizar los recursos para las dietas de los usuarios hospitalizados y, la recepción de pacientes referidos de las unidades RISS y particulares.

La salud es un derecho que en este caso no se puede garantizar por la inexistencia de las herramientas suficientes para continuar con la efectiva prestación del servicio, los recursos financieros el suministro y abasto de insumos es responsabilidad de el sector público.

Siendo de vital importancia, el cumplimiento efectivo del derecho a la salud requiere la asignación de recursos adecuados, la mejora continua de la infraestructura sanitaria y la formación de personal médico competente.

Oaxaca es una de las entidades con mayores índices de pobreza y marginación en México, lo que incrementa la demanda de servicios públicos de salud. Además, la dispersión geográfica de sus comunidades dificulta el acceso a servicios médicos especializados, haciendo que hospitales como el “Doctor Aurelio Valdivieso” sean un punto de referencia indispensable para gran parte de la población.

Ante este panorama, es fundamental que las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la salud actúen de manera inmediata para atender las carencias del hospital y mejorar la calidad de los servicios que ofrece a los oaxaqueños.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de Oaxaca, así como al IMSS-Bienestar para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan de manera urgente las necesidades del Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” en materia de insumos médicos, material de curación y medicamentos indispensables, a fin de garantizar una atención oportuna, de calidad y acorde con los principios de universalidad, equidad e inclusión en la prestación de los servicios de salud.

Bibliografía

— DOF (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

— Instituto Nacional de Salud Pública (2023). Derecho a la salud: fundamental para las personas. Disponible en:

https://www.insp.mx/avisos/derecho-a-la-salud-fundamental-para-l as-personas

— OMS (2023) Derechos Humanos. Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights -and-health

— Telediario (2025). Crisis en Hospital ‘Aurelio Valdivieso’, Oaxaca; sin medicamentos, insumos y mal estado de equipos. Disponible en:

https://www.telediario.mx/videos/comunidad/crisis-hospital-aurel io-valdivieso-oaxaca-medicamentos-insumos-equipos

— UNAM (2018). Salud como derecho. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5489/6.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2025.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS, RESPECTO AL MANEJO Y USO DE MATERIALES Y PESTICIDAS

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader y a la STPS, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer sus campañas de capacitación para los trabajadores agrícolas, respecto al manejo y uso de materiales y pesticidas, a cargo de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A REFORZAR LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZAESTACIONAL Y LA COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a reforzar la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional y la Covid-19, garantizar el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y a mejorar la accesibilidad de las mismas, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La temporada invernal se caracteriza por el descenso de las temperaturas lo que favorece la propagación de enfermedades virales como la gripe, influenza o incluso Covid-19 mismas que tienden a propagarse con mayor facilidad durante esta temporada generando un gran número de contagios entre las personas y particularmente entre niñas, niños y adolescentes.

Cada año las autoridades sanitarias realizan la Campaña Nacional de Vacunación. La correspondiente a 2024-2025 se está llevando a cabo del 15 de octubre del 2024 y terminará el próximo 25 de marzo de 2025, la cual esta dirigida principalmente a las poblaciones con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por influenza y covid-19.

A nivel global la influenza tiene una tasa de ataque estimada de 5 a 10 por ciento en adultos y del 30 a 30 por ciento en niñas y niños, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, anualmente se presentan a nivel global mil millones de caso de influenza estacional, de las cuales 3 a 5 millones son graves, causando entre 290 mil y 650 mil defunciones anuales. En México la influenza mantiene los mismos patrones a nivel global, por lo que su incidencia aumenta en el mes de octubre y se prolonga en meses de invierno.

De conformidad con la Secretaría de Salud, los casos de influencia y defunciones de 2018 a 2024 presentan los siguientes datos:

Por su parte el Informe Semanal de la covid 19, influenza y otros virus respiratorios de la semana 50 (18 de diciembre 2024) advierte que de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) en 2023 se notificaron 20 mil 264 casos confirmados a la covid-19 por RT-PCR en las Unidades Monitoras de Enfermedades Respiratorias (Usmer). En lo que va de 2024 se han reportado 169 mil 78 casos sospechosos de los cuales 14,071 casos (8.3 por ciento) se han confirmado a la covid-19.

En 2024 se han detectado 14 mil 71 casos de covid 19 y se han registrado 690 defunciones.

Los grupos de edad más afectados son el de 90 a 94 años, seguido del de mayores de 95 años, 85 a 89 años, 80 a 84 años y 75 a 79 años. La mediana de edad es 43 años. La distribución por sexo muestra 59.5 por ciento de predominio en mujeres.

En 2024 se han notificado 169 mil 78 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) e infección respiratoria aguda grave (IRAG) en las Usmer, de los cuales se han confirmado 14 mil 71 casos positivos a la covid-19 (8.3 por ciento), 690 de funciones por la misma enfermedad, presentando 4.9 por ciento de letalidad.

Las entidades de residencia con mayor número de casos de covid-19 son Ciudad de México (23.6 por ciento), Querétaro (8.6 por ciento), estado de México (8.2 por ciento), Nuevo León (8.1 por ciento) y Puebla (4.1 por ciento).

En el acumulado de la temporada de influenza estacional se han confirmado 1,339 casos positivos a influenza por laboratorio. El 70.8 por ciento son debido a influenza A (H3N2), 14.5 por ciento por influenza A (H1N1), 8.7 por ciento por influenza B y 6 por ciento por influenza A no subtipificable. Por lo que respecta a los grupos de edad se han reportado de 25 a 29 años (12.5 por ciento); mayores de 65 años (12.1 por ciento); de 30 a 34 años (9 por ciento), de 20 a 24 años (8.6 por ciento) y de 5 a 9 años (8.3 por ciento).

Los datos anteriores muestran que la influenza estacional y la Covid 19 se encuentran presenten con mayor intensidad en la época invernal, por ello, es necesario que el Estado tenga una estrategia de vacunación sólida que garantice a la población las vacunas para enfrentar esta temporada.

En octubre del 2024, Larry Rubín, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica (AMIIF), alertó que la autorización de registros de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la entrada de vacunas covid actualizadas y dengue, y las compras de vacunas contra la influenza estacional tenían un retraso de casi cuatro meses, lo que pone en riesgo el abasto de dosis necesarias para enfrentar la temporada invernal 2024, además de impulsar el mercado de productos apócrifos vendidos y aplicados de forma ilegal.

De conformidad con la nota del Financiero, el experto explico que “la autorización de las vacunas por parte de la Cofepris debió darse desde junio pasado para que el gobierno iniciara la compra de las inyecciones en el mes de julio y así garantizar el abasto de las inoculaciones de última generación enfocadas en combatir la cepa de Covid-19 JN1, que es la que actualmente afecta a la población en México”. Y agrego que “Esta falta de proporcionar registros a las empresas nos preocupa muchísimo porque México sólo tiene vacunas Sputnik y Abdala (inyecciones rusas y cubanas), pero esas vacunas son de primera generación y ya no sirven, son obsoletas contra el nuevo virus de la covid-19,” Lo anterior, abriría la puerta a que en México haya un resurgimiento masivo del virus de Covid-19 como consecuencia de no haber otorgado los registros en tiempo y forma a las vacunas de Pfizer y Moderna, lo que provocaría una crisis en el sector salud.

Adicionalmente, Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) alertó sobre la preocupación por el repunte del mercado negro de vacunas contra Covid-19. Según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), para el cierre de 2024 se espera que el mercado de fármacos clonados alcance ganancias por 32 mil 500 millones de pesos, aproximadamente 11 por ciento de las ganancias de la industria farmacéutica formal, que para este año se estiman en 280 mil millones de pesos.

De conformidad con la Secretaría de Salud la campaña de vacunación para la temporada invernal deberá tener un avance igual o mayor a 70 por ciento en la cobertura a nivel nacional al 27 de diciembre de 2024 y de 100 por ciento a la fecha de término de la campaña en marzo de 2025. Sin embargo, la conclusión de la misma estará sujeta al abasto oportuno de la vacuna.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que las campañas de vacunación deben tener inversión y políticas públicas eficaces para su atención. Por ello nos corresponde exigir certeza respecto del abasto de las vacunas a efecto de que no se arriesgue la salud de los mexicanos y se brinde a la niñez, adolescencia y adultez las vacunas que requieren para conservar su salud.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que refuerce la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza estacional y la covid 19, se garantice el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y se mejore la accesibilidad de las mismas, así como, se realicen las acciones tendientes a prevenir y atender los casos en las entidades federativas que presenten mayor número de casos.

Notas

1 LINEAMIENTOS_CAMP_VAC_INVERNAL_24-25_.pdf

2 Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios 2024 | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx

3 Gobierno retrasa vacunas COVID y de influenza en México de cara a la temporada invernal — El Financiero

4 “Gobierno retrasa vacunas covid y de influenza en México de cara a la temporada invernal”. El Financiero.

5 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de enero de 2025.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A PROMOVER ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA DISMINUIR LAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a promover estrategias y acciones para disminuir las tarifas de transporte público, con el propósito de mejorar el bienestar y calidad de vida de la población, suscrita por la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 25 de septiembre de 2015, constituyó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un plan de acción a favor de mejorar el bienestar y la prosperidad de las personas, contribuyendo a fortalecer la paz y el acceso a la justicia.

Los países miembros de la ONU aprobaron esta resolución, para que las naciones que formen parte de este organismo promuevan acciones afirmativas y contributivas para lograr un desarrollo sostenible, eficiente, eficaz y efectivo.

La Agenda 2030 plantea 17 propósitos con 169 metas integrales que abordan temas económicos, sociales, políticos y, sobre todo, ambientales.

En este mismo orden de ideas, la ONU-Habitat plantea que, en 2022 la población mundial fue de 8000 millones de personas, de las cuales, más de la mitad viven en zonas urbanas y se prevé que, para 2050 aumente a un 70 por ciento. Ante dicho desafío, se requieren acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente y los servicios de movilidad de las ciudades.

Para el caso de México, el transporte público en las zonas metropolitanas, requieren soluciones urgentes, como la creación de estrategias de planeación y de políticas públicas que contribuyan a que los servicios de movilidad sean eficientes, eficaces y sostenibles.

Por ello, la investigación, titulada Ranking de transporte público para ciudades mexicanas 2024, evaluó y presentó los resultados sobre los índices de accesibilidad; eficiencia; digitalización; institucionalidad y gestión; seguridad y experiencia de viaje; equidad; y sostenibilidad.

Cabe destacar que, el Ranking de transporte público para ciudades mexicanas 2024, constituye un análisis y presentación de resultados de 32 ciudades, una por cada entidad federativa, dicha evaluación es a través de dos factores las cuales son: niveles de avance en la profesionalización del transporte y ciudades con visión de profesionalización del transporte público 4.

De manera particular, en el segundo factor de: ciudades con visión de profesionalización del transporte público se encuentran: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Ciudad de México, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Pachuca, Puebla- Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana y Toluca.

Para el caso de Monterrey, Nuevo León, obtuvo los siguientes resultados:

• Monterrey ocupa el segundo lugar con el peor transporte público, en todo México.

• En materia de accesibilidad obtuvo un puntaje de 6.46 de 100, es decir, el acceso a los servicios de transporte para realizar sus viajes fue ineficiente y de mala calidad.

• En materia de equidad, obtuvo 21.33 de 100, lo que se traduce que, los servicios de transporte son injustas y sin el acceso igualitario a todos los grupos sociales, con independencia de ubicación, género, ingresos o capacidades.

• En materia de eficiencia en el transporte público, obtuvo un puntaje de 27.76 de 100, es decir, que el servicio no cumple con las necesidades de los usuarios.

• En suma, el Sistema de transporte de Monterrey reprobó en todos los aspectos como: Accesibilidad, gestión, seguridad, experiencia de viaje, digitalización, eficiencia, institucionalidad, equidad, seguridad y sustentabilidad.

A pesar de los resultados negativos de servicios, en semanas pasadas el actual gobernador de Nuevo León anunció el aumento de nuevas tarifas para el transporte público, a pesar de tener un transporte poco eficiente y de mala calidad.

Para evidenciar dicha problemática, fue que el pasado 19 de agosto de 2024 en que, diversos medios periodísticos mencionaron que la crisis de transporte urbano en la zona metropolitana de Monterrey se agravó después de que transportistas redujeran el número de camiones en circulación. Esto por el incumplimiento del actual gobernador sobre el pago a los trabajadores. La espera para abordar un camión fue de más de 4 horas, situación que afectó gravemente a los usuarios.

Lo que debería es crear nuevas estrategias para disminuir las tarifas de transporte público, y crear esa sensibilidad con las necesidades de los nuevoleoneses y apostar en mejorar la movilidad sostenible y eficiente.

En este contexto, rechazamos el incremento a las nuevas tarifas de transporte público, busquemos soluciones inmediatas para mejorar el servicio y la atención de millones de usuarios.

Es imperativo, solicitar al gobernador del estado de Nuevo León para que, de manera urgente, y en el ámbito de sus competencias, tome las acciones necesarias para que se ponga a consideración de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León el dejar sin efecto las tarifas al transporte público, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 5 de enero de 2025, y tener la posibilidad de dar reversa al tarifazo.

El gobierno estatal deberá de contribuir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para cumplir con la meta 11.2: Para proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos, mediante la ampliación del transporte público, con especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Nuevo León para que, de manera urgente, y en el ámbito de sus competencias, tome las acciones necesarias para que se ponga a consideración de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León el dejar sin efecto las tarifas al transporte público, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 5 de enero de 2025, y tener la posibilidad de dar reversa al tarifazo que tanto va a afectar la economía familiar de los ciudadanos de Nuevo León.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice que los servicios de transporte público sean de calidad, eficiente, eficaz, sustentable y con costos accesibles para todos los ciudadanos de Nuevo León.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Consultado en el siguiente link:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarr ollo-sostenible/

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU Habitat). El futuro de la humanidad será urbano. Consultado en el siguiente link:

https://onu-habitat.org/index.php/el-futuro-de-la-humanidad-sera -urbano

3 En esta sección se presentan las variables sobre la calidad del transporte público:

Accesibilidad: Identifica a las personas usuarias para que puedan acceder a los servicios de transporte.

Eficiencia: Evalúa el aprovechamiento eficiente de los recursos para ofrecer un servicio que cumpla con las necesidades de los usuarios.

Digitalización: Mide el grado de adopción de tecnologías digitales para mejorar el servicio.

Institucionalidad y gestión: Identifica el avance en regulaciones, gobernanza y administración de los sistemas de transporte para el buen funcionamiento.

Equidad: Mide cómo los servicios de transporte garantizan el acceso igualitario a todos los grupos sociales.

Seguridad y experiencia de viaje: Identifica a las personas usuarias su la confiabilidad de los servicios de transporte y seguridad.

Sostenibilidad: Evalúa el impacto de los servicios de transporte en el medio ambiente y disminuir la contaminación.

4 Centro Mario Molina y el Apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (2024). Ranking de Transporte Público para Ciudades Mexicanas 2024. Consultado en el siguiente link:

https://ranking-transporte-publico.info

5 Centro Mario Molina y el Apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (2024). Reporte: Ranking de Transporte Público para Ciudades Mexicanas 2024. Consultado en el siguiente link:

https://ranking-transporte-publico.info/uploads/documents/ RTPCM%2016102024.pdf

6 Milenio(2024). Transporte en Monterrey en crisis: Reducción de unidades provoca filas de hasta 4 horas. Consultado en el siguiente link:

https://lasillarota.com/estados/2024/8/19/transporte-en-monterre y-en-crisis-reduccion-de-unidades-provoca-filas-de-hasta-horas-497758.html

7 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Consultado en el siguiente link:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2025.– Diputada Ana Isabel González González (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, A PRESERVAR LA OPERACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 27 A

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Tribunal Superior Agrario a preservar la operación del Tribunal Unitario Agrario distrito 27A y no verse afectados por el recorte presupuestal para dichos tribunales, suscrita por el diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, a preservar la operación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27A y no verse afectados por el recorte presupuestal para los Tribunales Agrarios, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En la sesión del miércoles 11 de diciembre de 2024, la honorable Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, originalmente propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto del PEF de 2025, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 24 de diciembre de 2024.

Se contempla en este Presupuesto una reducción al Ramo 31 “Tribunales Agrarios” de 10.84 por ciento en términos reales, es decir, 67.15 millones de pesos menos con respecto al PEF 2024.

Segunda. Los Tribunales Agrarios son órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos; dentro de ellos, los Tribunales Unitarios son los encargados de tramitar y desahogar juicios que versan sobre la aplicación de la Ley Agraria, relacionados con la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

Tercera. Hace poco más de dos años, el honorable pleno del Tribunal Superior Agrario acordó el cierre total del entonces Tribunal Unitario Agrario Distrito 26, con sede en Culiacán, Sinaloa; situación que se logró revertir con el apoyo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa.

No obstante, el lunes 15 de mayo de 2023, el honorable pleno del Tribunal Superior Agrario emitió el acuerdo mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario con sede en Culiacán, Sinaloa, se convierte en sede alterna del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, en Guasave, Sinaloa. Desde entonces, se redujo a la mitad la plantilla del personal tanto jurisdiccional como de apoyo, quedando al mes de enero 2025 únicamente 7 servidores de nivel operativo y 3 de mando medio.

Cuarta. El pasado 9 de enero de 2025, el Tribunal Superior Agrario determinó el cierre de seis Tribunales Unitarios, entre los que se encuentra el Distrito 27A en Culiacán, Sinaloa; con respecto a los motivos de la desaparición de estos Tribunales, la Unidad General Administrativa de dicha dependencia informó que serán expuestos en el acuerdo oficial que será publicado próximamente.

Quinta. El cierre del Tribunal Unitario Agrario 27A implica más de 600 juicios que quedarán sin resolución, mismos que involucran tierras de más de 200 ejidos de siete municipios de Sinaloa.

Las familias, campesinos y grupos ejidatarios ahora deberán trasladarse a otras ciudades, principalmente a Guasave, Sinaloa, para buscar atender sus controversias, lo que encarecerá en gran medida el derecho a la justicia de entre 200 y 350 mil personas.

Cabe mencionar que, de trasladarse los expedientes pendientes al Tribunal Unitario Agrario Distrito 27 en Guasave, este estará sobresaturado y su capacidad de respuesta muy probablemente se verá rebasada.

Por lo anterior, la desaparición de dicha institución es una decisión que afecta fuertemente tanto a ejidatarios como a otros sujetos del derecho agrario y resulta inviable para la eficaz resolución de sus respectivos procesos legales.

Sexta. El personal operativo del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27A también ha expresado su preocupación ante la decisión de desaparecer esta sede alterna.

Quienes trabajan en dicho Tribunal tienen entre 20 y 30 años de servicio en Tribunales Agrarios, aún no cuentan con los años necesarios para alcanzar la jubilación, por lo que les inquieta la posibilidad de quedar sin empleo o de tener que relocalizarse a otras ciudades, puesto que sus salarios son insuficientes para afrontar los gastos extraordinarios de traslado a otras sedes.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular del Ejecutivo federal y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario para que, en el marco de sus atribuciones, se preserve la operación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27A, con sede en Culiacán, Sinaloa.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746127&fecha= 24/ 12/ 2024#gsc.tab=0

2 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/docs/pdf/cua.pdf

3 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/docs/acdos/acdo_9_2023. pdf

4 https://lineadirectaportal.com/sinaloa/su-cierre-implicaba-un-eminente-retraso- alcaldesa-de-guasave-aplaude-permanencia-del-tribunal-agrario-2025-01-10__12968 13

5 https://www.pressreader.com/mexico/el-debate-de-guasave/202501 13/281792814677606

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2025.– Diputado Mario Zamora Gastélum (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE GARANTICE EL CUIDADO EFECTIVO DEL AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FRENTE AL RECORTE PRESUPUESTAL PARA EL 2025

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a presentar una estrategia integral que contenga las acciones que implementará para garantizar el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para 2025, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025 aprobado recientemente por la mayoría en la Cámara de Diputados se caracterizó por mantener recortes en sectores prioritarios a costa de garantizar derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, por asfixiar a las entidades federativas, financiarse con deuda cuyo costo lo pagarán las futuras generaciones y en general por ser un presupuesto que generará un profundo retroceso en materia de derechos.

Uno de los principales recortes realizados fue a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales asignándosele 44 mil 370 millones contra los 70 mil 245 millones que tuvo el año pasado, es decir, presentó una disminución de 25.8 millones de pesos, la cual impactará directamente en los recursos naturales que México necesita preservar. La Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa), mediante un análisis realizado del PEF de 2025 denominado “Cuidar lo que importa” señala que en este presupuesto la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendrá 1 mil 1 millones de pesos, en términos reales, para el manejo de 232 áreas naturales protegidas (ANP), como se advierte en el siguiente cuadro:

Es importante dimensionar que la administración pasada decreto 50 áreas protegidas que se suman a las 182 que ya existían, haciendo un total de 98 millones de hectáreas que se deben preservar, de conformidad con el análisis de la coalición Nossa, cada hectárea protegida tendrá para 2025 únicamente 10.2 pesos para su conservación. Este irresponsable recorte realizado a la Semarnat sin duda alguna es contradictorio a una política ambiental congruente con las exigencias derivadas del cambio climático y por los tratados internacionales de los que México forma parte con relación al medio ambiente. Es inconcebible decretar el aumento de áreas naturales protegidas y al mismo tiempo disminuir el presupuesto para su vigilancia y su conservación.

La investigación antes citada también refiere que en el sexenio 2018-2024, las tareas de inspección y vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cayeron la mitad con respecto de las realizadas entre 2012-2018, cuando se llevaron a cabo 13 mil 915 acciones de vigilancia y 7 mil 403 de inspección, y en el sexenio que acaba de concluir solamente fueron 4 mil 860 acciones de vigilancia y 3 mil 897 de inspección.

Las áreas naturales protegidas son terrenos o ecosistemas protegidos por ley para preservar la biodiversidad y evitar la explotación humana en exceso. Su propósito es ofrecer refugio a las especies en peligro de extinción, proteger los ecosistemas únicos y garantizar que los procesos ecológicos puedan desarrollarse sin la intervención humana. Las reservas naturales tienen varias funciones importantes como:

• Conservación de la biodiversidad: Protegen tanto especies animales como vegetales que podrían desaparecer si se les deja fuera de estos entornos controlados.

• Investigación científica: Ofrecen lugares para estudiar los ecosistemas en su estado más natural, lo cual es esencial para comprender cómo interactúan las especies y cómo reaccionan ante los cambios ambientales.

• Educación ambiental: Son puntos clave para enseñar a la población sobre la importancia de la naturaleza y la conservación del medio ambiente.

• Recursos naturales sostenibles: Proveen recursos como agua y madera de forma controlada y sostenible, sin dañar el entorno.

Las áreas naturales protegidas están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), toda vez que estas contribuyen a la acción climática (ODS 13), la protección de la biodiversidad terrestre y marina (ODS 14 y 15), garantizan agua limpia (ODS 6), mejoran la salud y el bienestar (ODS 3), generan empleo sostenible (ODS 8) y fortalecen la resiliencia urbana (ODS 11). Las reservas naturales juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, resguardan hábitats críticos, proteger especies en peligro y regular procesos ecológicos vitales por ello, estas son esenciales para alcanzar los ODS al equilibrar la conservación ambiental con el bienestar social y económico.

Además México a suscrito obligaciones internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención para la Diversidad Biológica (CDB), y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, los cuales demandan a los Estados parte la implementación de acciones específicas y la inversión de presupuesto público para avanzar en la protección y conservación del ambiente.

Es importante destacar que en octubre de 2024, el gobierno federal anunció un nuevo financiamiento para las áreas naturales protegidas denominado proyecto Mex 30x30, el cual contará con financiamiento de Global Environment Facilitypretende, sin embargo, la sociedad civil ha externado su preocupación de que mediante este financiamiento el Estado pretende evadir sus compromisos para asignar presupuesto suficiente y progresivo para el cuidado del medio ambiente, pues estos fondos internacionales deberían ser asumidos como recursos adicionales y de ninguna manera deben sustituir la inversión que debe realizar el gobierno para la preservación de estas áreas naturales protegidas.

Adicionalmente, al recorte antes señalado, el análisis Nossa advierte que de las 232 ANP, sólo 127, cuentan con un programa de manejo, que es el instrumento rector clave para su adecuado funcionamiento, por ello “... en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó como una omisión no publicar o actualizar los programas de manejo de las ANP, hecho que también fue considerado como una violación a los derechos como a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva de pueblos y comunidades que habitan dentro de las áreas naturales protegidas o alrededor de ellas”.

De conformidad con la Recomendación General de la CNDH, la falta de Programas de Manejo ha propiciado cambios de uso de suelo, la expansión de la ganadería extensiva, la erosión de suelos, el desarrollo urbano, la extracción ilegal de especies y la contaminación de las aguas y suelos de las ANP, entre otras afectaciones.

El artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el artículo 3o., fracción XI, de su reglamento, establece que cada una de las áreas naturales protegidas de competencia federal debe contar con un programa de manejo, el cual constituye el “instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva”; dado que incluye una descripción detallada del sitio y sus características, y especifica las políticas y estrategias de conservación y usos, a través del establecimiento de actividades permitidas, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. que el medio ambiente es un derecho humano fundamental y que es obligación del Estado, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho a un medio ambiente sano, además no podemos olvidar los efectos del cambio climático que ponen en perspectiva la importancia de la conservación del medio ambiente.

La decisión que hoy ha tomado la presente administración respecto de no priorizar la inversión en el medio ambiente tendrá consecuencias significativas causando daños irreparables los cuales sufrirán las generaciones futuras. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que presente a esta soberanía, un informe pormenorizado sobre el plan a desarrollar para la conservación de las áreas naturales protegidas para 2025 ante el mayor recorte presupuestal que se ha visto en los últimos años, además de exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a emitir los programas de manejo de las ANP que aún están pendientes a fin de brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía una estrategia integral pormenorizada que contenga las acciones que implementará para garantizar el cumplimiento de sus funciones frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para 2025, la cual deberá incluir acciones específicas respecto de cómo realizará las tareas para el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a llevar a cabo las acciones necesarias para emitir los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que aún no lo tienen, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y con ello brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Notas

1 NOSSA_CLQI2025_101224_FIN_lt.pdf

2 Animal Político. (2023). “Presupuesto 2024: Recortan más recursos para conservar áreas naturales protegidas”. Recuperado de

https://animalpolitico.com/politica/presupuesto-recorte-area-nat ural-protegida-conservacion

3 Reporte Índigo. (2023). Áreas naturales en alerta por recorte presupuestal. Recuperado de

https://www.reporteindigo.com/reporte/areas-naturales-en-alerta- por-recorte-presupuestal/

4 eStudyando. (s.f.). La importancia de las reservas naturales en la conservación global. Recuperado de

https://estudyando.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales- en-la-conservacion-global/

5 Nossa México. (2024). Calidad de vida: Informe 2025. Recuperado de

https://nossamexico.com/wp-content/uploads/2024/12/NOSSA_ CLQI2025_101224_FIN_lt.pdf

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, el 15 de enero de 2025.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL H. AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, A RECONSIDERAR REGRESAR EL NOMBRE QUE TENÍAN LAS CALLES DE SU DEMARCACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, en el Estado de México, a reconsiderar regresar el nombre que tenían las calles de su demarcación y eliminar los nombres que hacen referencias a frases del gobierno federal, a cargo del senador Manuel Añorve Baños y suscrita por la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Manuel Añorve Baños y Cristina Ruiz Sandoval, senadores de la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 276 del Reglamento del Senado de la República y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo en el estado de México, para que reconsidere regresar el nombre que tenían las calles de su demarcación y eliminar los nombres que hacen referencia a frases del gobierno federal, considerando los siguientes:

Antecedentes

Recientemente se dio a conocer que el honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, estado de México, tomó la decisión de renombrar algunas vialidades del municipio, haciendo alusión a elementos y figuras preponderantes de la autodenominada 4T o Cuarta Transformación.

Sin embargo, es importante considerar, que el nombre de una calle es más que un simple identificador; es una pieza clave en la vida cotidiana de las personas y en el tejido organizativo de una comunidad.

Cambiar el nombre de las calles de un municipio de forma abrupta y sin considerar los diversos factores involucrados, puede parecer una decisión administrativa menor, pero sus implicaciones son profundas y multifacéticas.

Los nombres de las calles son una brújula que guía a las y los habitantes, visitantes y servicios esenciales como ambulancias, policías y bomberos. Además, que son referencias históricas de referencias de la ciudadanía y que seguramente renacen muchos recuerdos de la gente que la habita o que las conoce.

Un cambio repentino genera confusión, desorientación y, en el peor de los casos, puede comprometer la atención de emergencias. Sin omitir que afecta la experiencia de los visitantes quienes dependen de mapas y referencias claras para desplazarse.

En esta era tecnológica, servicios como aplicaciones de navegación, entrega de productos y transporte privado dependen de sistemas de geolocalización. Cambiar los nombres de las calles implica retrasos en la actualización de estas plataformas, provocando fallas en servicios esenciales y dificultando el día a día de las personas.

También, uno de los mayores impactos recae en los trámites legales. La modificación de nombres complica la verificación de domicilios en documentos oficiales como identificaciones, comprobantes de residencia y escrituras.

Esto puede llevar a la imposibilidad de realizar trámites bancarios, notariales o, incluso, de gobierno, afectando directamente a la ciudadanía y empresas.

Como se ha mencionado, actualizar el nombre de las calles no es solo una decisión administrativa; también tiene costos elevados. Se deben cambiar letreros, mapas oficiales, bases de datos y sistemas de registro.

Además, implica campañas de comunicación para informar a la población, lo que consume tiempo y recursos que podrían destinarse a otros proyectos más importantes como la mejora y reparación de vialidades, inversión en la calidad de los servicios públicos, entre otros.

Cabe destacar también que, los nombres de las calles muchas veces reflejan la historia y la cultura de una comunidad. Cambiarlos sin un proceso participativo puede significar una falta de respeto al legado colectivo, generando descontento y una desconexión entre la comunidad.

De hecho, en el municipio, diversos habitantes ya han mostrado su inconformidad con esta decisión por las consecuencias que les está trayendo, mismas que ya se han planteado líneas atrás.

Como se ha mencionado, el cambio abrupto de los nombres de las calles puede parecer un detalle menor, pero las repercusiones afectan tanto a la vida diaria de las personas como al funcionamiento integral del municipio.

Antes de tomar una decisión de esta naturaleza, es crucial considerar sus implicaciones y buscar soluciones que respeten la identidad comunitaria, minimicen las molestias para la población y aseguren una transición ordenada y bien planeada.

Priorizando el diálogo y la planificación, es posible evitar problemas innecesarios y fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía.

Por lo expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, estado de México, para que regrese el nombre de original de las calles de su demarcación que fueron modificadas por nombres que hacen referencia al gobierno federal y para evitar más conflictos con los pobladores y así, mantener la paz y el orden en su demarcación.

Notas

1 https://oem.com.mx/elsoldemexico/metropoli/una-colonia-en-tultitlan-ahora-tiene -calles-con-nombres-alusivos-a-la-cuarta-transformacion-20823221

2 https://www.elfinanciero.com.mx/edomex/2024/12/20/no-pensaba-que-fuera-aqui-vec inos-de-tultitlan-rechazan-nuevos-nombres-de-colonia-cuarta-transformacion/

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.– Senadora Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SSPC, A REPORTAR LOS DATOS DE HOMICIDIOS DOLOSOS, Y AL CNSP, A AUDITAR LOS DATOS DE INCIDENCIA DELICTIVA REPORTADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPCa reportar los datos de homicidios dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios de seguridad y al CNSP a auditar los datos de incidencia delictiva reportados por las entidades federativas, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia conformada por todas las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno del país que tiene por objetivo plantear las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad. Su principal función es la formulación de políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que permitan un combate efectivo a la inseguridad.

Esta institución cuenta con un órgano superior denominado Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el cual se encuentra integrado por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General.

Adicionalmente, existe un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se encarga de coordinar las reuniones del Consejo, rendir los informes de seguridad y dar seguimiento a los acuerdos del Sistema.

Entre las funciones del SESNSP se encuentra la de recabar información de incidencia delictiva y elaborar informes estadísticos de las 32 entidades federativas a efecto de poder conocer la situación del país y observar cómo opera la estrategia nacional. Los datos abiertos que son recabados se publican mensualmente en la página del SESNSP. Estos estadísticos son muy importantes porque permiten medir la situación delictiva del país.

Si bien es cierto que el SESNSP es la instancia que reporta las cifras consideradas oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en un ejercicio de transparencia pone a disposición de la sociedad una página de internet (http://www.informeseguridad.cns.gob.mx) que diariamente reporta los homicidios dolosos cometidos en el país, así como el robo de autos.

Como lo refiere la propia Secretaría actualmente se presentan los siguientes reportes:

1. Reporte diario de homicidios dolosos generados por un grupo interdisciplinario constituido por la SSCP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

2. Reporte diario de robo de autos reportados por “Plataforma México”.

Para recabar la información de los homicidios dolosos diarios el documento: “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad” refiere que el Centro de Planeación, Análisis e Información para el combate de la Delincuencia (Cenapi) dependiente de la FGR hace un acopio de la información que las fiscalías y las procuradurías envían mediante formatos prestablecidos, misma que se encuentra validada por cada uno de los enlaces de las instituciones locales.

Además, los reportes se confrontan con los informes que tienen los enlaces federales del Gabinete de Seguridad. Así se establecen datos generales preliminares que son indicativos de la situación diaria del país.

Si bien es claro que la información de la autoridad es valiosa, se ha detectado que desde el dos de octubre de 2024, la página referida a sufrido modificaciones en detrimento de la transparencia, pues en un primero término se dejó de reportar el delito de huachicol, así como lo relativo al número de homicidios dolosos proveniente de fuentes abiertas aún cuando se consideraba la columna respectiva pero sin incorporar los datos y, recientemente, al iniciar el año 2025 se eliminó en definitivo la columna en donde aparecían los reportes de incidencia delictiva proveniente de fuentes abiertas, tal y como se puede constatar en las siguientes dos imágenes:

La columna de fuentes abiertas sobre homicidios dolosos que fue eliminada era importante porque permitía confrontar la información oficial con los reportes diarios que realizan distintas instancias ciudadanas. Estos datos nos permitan advertir que no siempre se contaba con la misma información y que, incluso algunas fiscalías y procuradurías estatales no estaban reportando todos los homicidios dolosos, de tal forma que, con la eliminación de los datos de fuentes abiertas se pierde un referente que es necesario para conocer la situación del país, generando opacidad y poca claridad en la situación real, así como sesgos estadísticos.

La importancia de los datos abiertos y la necesidad de su confrontación con las cifras oficiales está en que, metodológicamente, la primera contabiliza los cuerpos, es decir el número de personas halladas asesinadas, mientras que el segundo contabiliza denuncias: número de reportes diarios de homicidios. En este sentido, puede encontrarse cuerpos sin que exista un reporte de homicidio. Tal es el caso de las fosas clandestinas, en las cuales se llegan encontrar cementerios de personas sin identificación que no son reportadas.

A manera de ejemplo y tan sólo de un caso en particular, en el estado de Campeche no fue reportado el caso de una jóven estudiante que el 8 de diciembre de 2024 fue hallada muerta. En este caso la fiscalía, por medio de la denuncia reportó a nivel federal la desaparición, pero como la carpeta fue registrada por ese delito, cuando la joven fue hallada muerta y se hizo la reclasificación, esto ya no se reportó a nivel nacional, pese a que existió un comunicado oficial y se anunció la integración de la carpeta de investigación.

Es precisamente por tales situaciones que los datos de homicidios dolosos no son del todo fidedignos y es también por lo anterior que resulta necesario que en los reportes diarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana se vuelva a reportar el registro diario de la información proveniente de las fuentes abiertas, sólo así se minimizarán los sesgos, pues, como ya se ha advertido con el ejemplo expuesto y que es sólo un hecho, las cifras no coinciden.

De esta forma, se considera un grave error que la Secretaría de Seguridad Pública haya eliminado desde el 2 de octubre de 2024 los datos recabados de las fuentes abiertas porque ello no permite conocer la situación real del país y genera una percepción errónea de la situación alterando las estadísticas y generando problemáticas en el diseño y actualización de la política criminal.

Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto que los reportes diarios de la Secretaría son diarios y por tanto preliminares, también es una realidad que la falta de actualización en la información genera datos erróneos en las cifras oficiales, concretamente en las que reporta el SESNSP, pues la instancia mensualmente únicamente verifica y actualiza la información que diariamente presentan las entidades federativas. De ahí que podamos afirmar que en la actualidad no sabemos realmente cuántos homicidios dolosos existen en el país, ni de manera diaria, ni mensual, ni anual.

Por ello, los reportes comparativos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eliminó deben ser nuevamente publicados a finde poder confrontar la información y poder contar con mayor transparencia. Minimizando así la cifra negra o mejor dicho oculta que no se está reportando.

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo busca instar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reporte nuevamente los datos referidos de las fuentes abiertas en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx.

Adicionalmente también se pretende instar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a auditar a las entidades federativas a fin de que los datos diarios y mensuales de homicidios dolosos y feminicidios sean ajustados de acuerdo con las reclasificaciones delictivas. Todo ello permitirá contar con una información más fidedigna de la situación de delitos de alto impacto.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a reportar los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios que se publican en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema, se establezca una metodología que permita auditar los reportes de homicidios dolosos y feminicidios de los Estados y Municipios a fin de contar con estadísticas de incidencia delictiva fidedigna.

Notas

1 “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad”.

2 https://mexico.quadratin.com.mx/hallan-muerta-a-nancy-chi-joven-desaparecida-en -campeche-un-detenido/

3 La cifra negra se refiere a aquellos delitos que no son hechos del conocimiento de la autoridad. En el caso del homicidio no debe existir cifra negra porque existe en la medida en que hay un cuerpo; pero el sesgo está en que los datos no se basan en la aparición del cuerpo sino en la denuncia, de ahí que no se reportan todos los homicidios en el país.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de enero de 2025.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL IMSS, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DEL ESTADO OPERATIVO Y FINANCIERO DE LAS GUARDERÍAS SUBROGADAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a remitir a esta soberanía un informe detallado del estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas y se adopten medidas financieras y administrativas que permitan su sostenibilidad de estas guarderías, a fin de salvaguardar la permanencia y continuidad de este servicio en beneficio de las familias trabajadoras mexicanas, a cargo de la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que remita a esta soberanía un informe detallado del estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas y se adopten medidas financieras y administrativas que permitan la sostenibilidad de estas guarderías a fin de salvaguardar la permanencia y continuidad este servicio en beneficio de las familias trabajadoras mexicanas, particularmente de las mujeres, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Cada día más mujeres que son madres participan en el mercado laboral, por lo que debemos garantizar los derechos de sus hijos, y facilitar que padres y madres puedan ejercer una actividad económica que permita llevar el sustento a sus hogares, teniendo la certeza de que sus hijas e hijos estarán adecuadamente atendidos en una guardería.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se creó para garantizar las prestaciones de seguridad social de las y los trabajadores, entre los que se encuentra, el cuidado de los hijas e hijos de los trabajadores, como sería el servicio de guarderías.

El IMSS presta este servicio a través de terceros (subrogación), bajo un esquema donde particulares con participación social que involucra a las madres y padres trabajadores, estas guarderías también se denominan como guarderías de prestación indirecta. De acuerdo al Sistema de Información y Administración de Guarderías Web del IMSS, al cierre de junio de 2024, registró mil 263 guarderías activas, de las cuales 130 corresponden a guarderías IMSS y mil 133 a guarderías de prestación indirecta (subrogadas), conforme al Informe de Labores 2023-2024.

De acuerdo al citado informe del IMSS, se atendió a más de 201 mil niñas y niños con inscripción en las mil 271 guarderías del IMSS, incluyendo a 11 mil 490 hijas e hijos de personas trabajadoras del hogar y a 21 mil 937 de personas trabajadoras independientes.

A fin de dimensionar la importancia de los servicios de las guarderías del IMSS se exponen las siguientes gráficas:

Las guarderías subrogadas IMSS son esenciales para las familias trabajadoras afiliadas, este servicio no solo facilita la inclusión laboral de madres y padres, sino que también garantiza el bienestar y desarrollo de la infancia en entornos seguros y adecuados, se garantiza la educación inicial, la salud y socialización de los infantes que acuden a ellas.

Como cualquier servicio de seguridad social, uno de los retos es el financiamiento de este servicio, si el mismo no se fondea adecuadamente, difícilmente se garantizará su operación.

Con motivo de lo anterior, el servicio de guarderías subrogadas ha enfrentado desafíos financieros significativos, pese a que aumenta la demanda y el costo de los servicios, el IMSS no ha actualizado los montos que deben recibir estas guarderías.

Entre 2017 y 2024, el salario mínimo general en México ha experimentado aumentos notables: un 468.38 por ciento en la zona libre de la frontera norte y 311 por ciento en el resto del país, sin embargo, lo que aporta el IMSS es insuficiente, tal discrepancia ha generado una presión financiera considerable, que tiene efectos perniciosos que van desde una reducción en la calidad del servicio hasta el cierre de las mismas por la incosteabilidad que representa.

Entre los principales costos que enfrentan las guarderías subrogadas son los insumos de operación, la renta de espacios, tan sólo el costo de personal puede llegar a representar hasta 75 por ciento de los ingresos de estas guardería, por lo que una baja oferta salarial no permite contratar al personal adecuado y capacitado para la atención de los niños.

Un aspecto adicional que hay que considerar es los relativo a que el IMSS prevé aumentar la capacidad de operación de estas guarderías, por lo que se requiere que se garanticen los recursos para su operación.

En ese tenor es importante que el IMSS revise y ajuste las cuotas unitarias mensuales por niño que aporta a las guarderías subrogadas en función de las condiciones económicas del país, en razón de los costos reales de operar una guardería han aumentado.

Las guarderías del IMSS atienden a más de 200 mil niñas y niños en todo el país. Estas guarderías benefician directamente a madres y padres trabajadores, asegurando que puedan desempeñar sus labores con la tranquilidad de que sus hijos están en un ambiente seguro y adecuado para su desarrollo integral.

Si estas guarderías cierran o baja la calidad de atención, estaríamos afectando a más de 200 mil infantes, lo que tendría efectos devastadores a nivel social y económico, que se expresan a continuación:

1. Impacto en las familias trabajadoras: o Las madres trabajadoras serían las más afectadas, enfrentando mayores dificultades para continuar en el mercado laboral. Esto podría llevar a un incremento en el desempleo femenino y afectar los ingresos familiares. Los padres y tutores se verían obligados a buscar alternativas privadas más costosas, lo que representaría una carga económica adicional insostenible para muchas familias.

2. Afectación al desarrollo infantil: El cierre de guarderías significaría la pérdida de acceso a espacios que promueven el desarrollo temprano de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en los niños, afectando su bienestar futuro.

3. Repercusión en la productividad nacional: Al perder opciones accesibles de cuidado infantil, miles de trabajadores podrían ausentarse de sus empleos o incluso abandonar el mercado laboral, afectando la productividad de diversas industrias, servicios, comercio formal y, por ende, la economía nacional.

4. Desigualdad social: El cierre de guarderías profundizaría la brecha de desigualdad al dejar a las familias de bajos ingresos sin opciones de cuidado infantil accesible y de calidad.

Con motivo de lo anterior, es que se propone que el IMSS presente ante el Congreso un informe pormenorizado sobre el estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas, además en dicho informe se deberán contemplar propuestas para mejorar la sostenibilidad financiera de las guarderías y mejorar la prestación del servicio.

Asimismo, se propone exhortar a que el IMSS para que de inmediato adopte medidas financieras y administrativas que permitan la sostenibilidad de las guarderías subrogadas a fin de salvaguardar este servicio en beneficio de las familias de México.

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que remita a esta soberanía un informe detallado del estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas del IMSS, que contemple propuestas que mejoren su viabilidad y operación.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que adopte medidas financieras y administrativas que permitan la sostenibilidad de las guarderías subrogadas a fin de salvaguardar la permanencia y continuidad este servicio en beneficio de las familias trabajadoras mexicanas, particularmente de las mujeres.

Notas

1 https://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informes-estadisticas

2 En el informe de labores del IMSS 2023-2024, se refiere:

Proyecto de expansión del servicio de guardería y nuevos modelos. En mayo de 2023 se dieron a conocer a los OOAD los Li-neamientos para la Ampliación de Capacidad Instalada en Guarderías de Prestación Indirecta del IMSS, los cuales contienen el proceso y los requisitos para que puedan ampliar el número de lugares por ofrecer. Como parte de la estrategia de expansión del servicio de Guardería, se promueve la ampliación de la capacidad instalada a nivel nacional. De julio a diciembre de 2023 se ampliaron 795 lugares en 31 guarderías. Para junio de 2024 se cuenta con 1 guardería que inició operación con 40 nuevos lugares de la ampliación de capacidad instalada; y con 1 más con 16 nuevos lugares. Asimismo, se han recibido 52 proyectos por hasta 1,348 lugares, de los cuales 41 resultaron viables (1,072 lugares) en el proceso de revisión presupuestal; mientras que, en la revisión arquitectónica, 13 fueron proyectos inviables, 13 se encuentran en proceso de envío y 9 en evaluación, así como 6 que ya cuentan con viabilidad.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.– Senadora Anabell Ávalos Zempoalteca (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE CAPUFE, A RECONSIDERAR LOS RECIENTES AUMENTOS EN LAS TARIFAS DE PEAJE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de Capufe, a reconsiderar los recientes aumentos en las tarifas de peaje, tomando en cuenta las afectaciones económicas, sociales y turísticas que esta medida genera y analice la posibilidad de implementar alternativas más equitativas y sostenibles, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Cristina Ruiz Sandoval, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Claudia Edith Anaya Mota, Ángel García Yáñez y Manuel Añorve Baños y Miguel Ángel Riquelme Solís integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A partir del 10 de enero de 2025, Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó un aumento en las tarifas de peaje en diversas autopistas del país, justificando esta medida como necesaria para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial. Sin embargo, este ajuste tarifario ha generado controversia debido a las implicaciones económicas y sociales que conlleva, en un contexto en el que las economías familiares enfrentan ya una carga significativa por la inflación y la cuesta de enero. Este punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar al Ejecutivo Federal a reconsiderar estos incrementos, con base en un análisis detallado de las consecuencias de esta medida.

Las autopistas sujetas a los aumentos, como la México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro y Cuernavaca-Acapulco, son rutas clave que conectan centros económicos, turísticos y comerciales. Estas vías no solo facilitan la movilidad de mercancías, sino que también son fundamentales para el turismo nacional e internacional. Un incremento en las tarifas de peaje encarece los costos logísticos, afectando directamente la competitividad de sectores como el comercio, la agricultura y la industria manufacturera, que dependen de estas rutas para transportar sus productos.

En el caso específico de Guerrero, la autopista Cuernavaca-Acapulco es un corredor estratégico para el turismo, que representa una de las principales fuentes de ingresos del estado. Este aumento puede desincentivar el turismo hacia Acapulco y otros destinos de la región, con un impacto negativo en la economía local.

El aumento en las tarifas de peaje tiene un efecto dominó sobre los costos de bienes y servicios. Según estimaciones preliminares, los incrementos de entre 5 por ciento y el 9% en las tarifas de peaje podrían traducirse en un alza en los costos de transporte de hasta un 10 por ciento. Esto afecta principalmente a los productos de la canasta básica y otros bienes de consumo generalizado, agravando el problema de la inflación.

A nivel macroeconómico, el encarecimiento de las autopistas podría disminuir la competitividad de las empresas mexicanas, tanto en el mercado interno como en el internacional. La conectividad vial es un elemento crucial para el comercio exterior, y cualquier obstáculo que incremente los costos de exportación puede repercutir en una disminución de la actividad económica y el empleo.

Desde una perspectiva social, el aumento en las tarifas afecta de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos, para quienes el transporte por carretera representa una necesidad básica. Además, los transportistas independientes, quienes son esenciales para la distribución de bienes en todo el país, se ven obligados a absorber o trasladar estos costos, enfrentando una mayor precarización laboral.

En términos de seguridad, la medida podría incentivar el uso de rutas alternas, muchas de las cuales son menos seguras y carecen de infraestructura adecuada. Esto aumenta los riesgos de accidentes y actos delictivos, afectando la seguridad de los usuarios.

Adicionalmente, el turismo es una de las industrias más afectadas por esta medida. Las familias mexicanas y los turistas internacionales que optan por viajar en auto podrían reconsiderar sus planes debido a los mayores costos asociados con los peajes. Esto tiene un impacto directo en destinos turísticos que dependen en gran medida del turismo carretero, como Acapulco, Huatulco, y otras ciudades del centro y sur del país.

Para ello, proponemos a Capufe una serie de alternativas y medidas como las siguientes:

1. Proponer que los aumentos sean escalonados y diferenciados según el tipo de usuario (por ejemplo, tarifas preferenciales para transportistas y vehículos de uso particular).

2. Exigir a Capufe un informe detallado sobre el destino de los recursos generados por las tarifas de peaje, asegurando que se utilicen exclusivamente para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.

3. Promover esquemas de coinversión que permitan financiar proyectos de mantenimiento y ampliación de la red carretera sin recurrir a incrementos significativos en las tarifas.

El incremento en las tarifas de peaje, aunque justificado por la necesidad de mantener la infraestructura vial, tiene implicaciones negativas significativas para la economía, el turismo y el bienestar social. Por ello, resulta imperativo que el Ejecutivo federal y Capufe reconsideren esta medida, implementando alternativas que permitan garantizar el mantenimiento de las autopistas sin afectar de manera desproporcionada a los ciudadanos y sectores económicos.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de Caminos y Puentes Federales, reconsidere los recientes aumentos en las tarifas de peaje, tomando en cuenta las afectaciones económicas, sociales y turísticas que esta medida genera, y analice la posibilidad de implementar alternativas más equitativas y sostenibles como:

A) Aumentos sean escalonados y diferenciados según el tipo de usuario;

B) Informes detallado sobre el destino de los recursos generados por las tarifas de peaje, asegurando que se utilicen exclusivamente para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.

C) Promover esquemas de coinversión que permitan financiar proyectos de mantenimiento y ampliación de la red carretera sin recurrir a incrementos significativos en las tarifas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE REALICE UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS FISCALES Y REGULATORIAS APLICABLES A LA MINERÍA EN MÉXICO, Y SE FORMULEN PROPUESTAS PARA REACTIVAR EL CRECIMIENTO DE DICHA INDUSTRIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la SHCP, en coordinación con las asociaciones del sector minero, a realizar un análisis integral de las políticas fiscales y regulatorias aplicables a la minería en México, y formulen las propuestas necesarias para reactivar el crecimiento de la industria minera en el país, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Cristina Ruiz Sandoval, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Claudia Edith Anaya Mota, Ángel García Yáñez, Manuel Añorve Baños y Miguel Ángel Riquelme Solís integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La minería en México ha sido, a lo largo de la historia, una actividad económica estratégica, no sólo por su contribución al producto interno bruto, sino también por su impacto en el desarrollo de infraestructura, creación de empleos y atracción de inversión extranjera. Sin embargo, en los últimos años, esta industria enfrenta retos significativos derivados de políticas fiscales y regulatorias que han comprometido su competitividad en el ámbito global.

Ante este escenario, es fundamental desarrollar un marco de acción integral que garantice la sostenibilidad del sector, balanceando las necesidades fiscales del Estado con la promoción de un entorno atractivo para la inversión y el crecimiento económico. Este documento expone, de manera ampliada, los antecedentes, los desafíos actuales y las soluciones propuestas para fortalecer la industria minera y asegurar su contribución al desarrollo de México.

La minería aporta entre 2 y 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, con un impacto significativo en la balanza comercial gracias a la exportación de metales y minerales como oro, plata, cobre y zinc. México es líder mundial en la producción de plata, ocupando el primer lugar a nivel global, y se encuentra entre los principales productores de oro, cobre y otros metales preciosos.

Genera más de 420 mil empleos directos y 2.6 millones de empleos indirectos, principalmente en regiones que suelen presentar altos índices de marginación. La minería representa una fuente de ingresos estable en comunidades rurales y contribuye al desarrollo de capacidades técnicas y profesionales en estas áreas.

Las operaciones mineras suelen ir acompañadas de inversiones en infraestructura, como carreteras, electricidad y servicios, que benefician no solo a las empresas, sino también a las comunidades cercanas. Al ser una actividad económica de largo plazo, la minería tiene el potencial de transformar las condiciones de vida en regiones históricamente marginadas.

Desde 2014, la carga tributaria total para el sector minero se ha incrementado significativamente, alcanzando niveles que superan en más de 7 puntos porcentuales el promedio internacional. Esta situación ha desincentivado la inversión, llevando a una disminución del número de nuevos proyectos mineros, así como a la pérdida de competitividad frente a países como Canadá, Chile y Australia.

Las reformas recientes a la Ley Minera restringen la exploración al Servicio Geológico Mexicano, una instancia que, aunque fundamental, carece de los recursos técnicos y financieros necesarios para cubrir la totalidad del territorio nacional. La exploración es una etapa crítica en la minería, pues de ella depende el descubrimiento de nuevos yacimientos, asegurando la viabilidad del sector a largo plazo.

La reducción del tiempo de concesiones de 50 a 40 años representa un obstáculo para un sector que requiere plazos largos debido a las grandes inversiones iniciales y el tiempo necesario para obtener retornos. Las reformas percibidas como discrecionales o ideológicas han generado incertidumbre jurídica, desalentando a los inversionistas.

Aunque la minería es una actividad clave, su desarrollo debe ir acompañado de medidas estrictas para mitigar el impacto ambiental y asegurar que los beneficios lleguen a las comunidades.

Entre las principales propuestas para el fortalecimiento del sector minero en México, proponemos:

- Reducir la tasa de impuestos sobre las ganancias mineras a 7.5 por ciento, nivel previo a los incrementos recientes, y establecer un esquema escalonado basado en la rentabilidad de las empresas.

- Exentar temporalmente del pago de derechos a las empresas que inviertan en tecnología limpia o en proyectos de exploración en regiones con potencial minero no desarrollado.

- Promover asociaciones público-privadas para que empresas privadas colaboren con el Servicio Geológico Mexicano en la exploración.

- Destinar un porcentaje de los ingresos fiscales derivados de la minería al fortalecimiento técnico y financiero del Servicio Geológico Mexicano.

- Restaurar la duración de las concesiones mineras a un mínimo de 50 años, con posibilidad de extensión en caso de cumplimiento de las normativas ambientales y sociales.

- Establecer mecanismos claros y transparentes para la obtención, renovación y cancelación de concesiones.

- Crear incentivos fiscales para proyectos de minería sustentable y tecnologías de bajo impacto ambiental.

- Desarrollar un programa nacional de financiamiento para pequeñas y medianas empresas mineras, asegurando su acceso a capital.

- Implementar un sistema de auditorías ambientales y sociales periódicas para garantizar que las empresas cumplan con estándares internacionales.

- Establecer un fondo de beneficio social para las comunidades mineras, financiado parcialmente por los ingresos del sector.

- Crear un organismo especializado que centralice los trámites necesarios para la operación minera, reduciendo los tiempos y costos asociados.

Con ello México se posicionará nuevamente como un destino atractivo para la inversión minera, captando recursos que hoy se destinan a otros países. Un sector minero fortalecido generará empleo, incrementará la recaudación fiscal y contribuirá al crecimiento del PIB.

Las comunidades mineras se beneficiarán de mayores inversiones en infraestructura, programas de desarrollo social y mejores condiciones laborales. Las políticas de sustentabilidad garantizarán que el desarrollo minero se realice de manera responsable, reduciendo los riesgos para el medio ambiente.

La minería es una actividad económica clave que puede ser un motor del desarrollo sostenible en México. Sin embargo, para lograr su pleno potencial, es necesario implementar un marco normativo que fomente la inversión, garantice la sustentabilidad y promueva la responsabilidad social. El fortalecimiento de la industria minera no solo beneficiará al sector privado, sino también al país en su conjunto, asegurando un futuro próspero para México y sus regiones mineras.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en coordinación con las asociaciones del sector minero, realicen un análisis integral de las políticas fiscales y regulatorias aplicables a la minería en México, y formulen las propuestas necesarias para:

1. Revisar la carga fiscal sobre la industria minera, con el objetivo de establecer un marco competitivo a nivel internacional que fomente la inversión y el desarrollo sostenible del sector.

2. Garantizar la certidumbre jurídica mediante ajustes en la Ley Minera que otorguen mayor seguridad y estabilidad a las concesiones, promoviendo la exploración responsable y la planeación a largo plazo.

3. Impulsar medidas para fortalecer las capacidades técnicas y financieras del Servicio Geológico Mexicano, permitiendo su colaboración efectiva con el sector privado.

4. Promover prácticas de minería sustentable, con mecanismos claros para mitigar el impacto ambiental y garantizar beneficios directos a las comunidades afectadas.

Lo anterior, con la finalidad de reactivar el crecimiento de la industria minera en México, asegurar su competitividad internacional y contribuir al desarrollo económico y social del país de manera responsable y sostenible.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO, Y PARA QUE SE EJECUTE UNA POLÍTICA PÚBLICA LABORAL ORIENTADA A AUMENTAR LA GENERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE EMPLEOS FORMALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades en materia de política laboral y reducción de la brecha de género; asimismo, se diseñe, ejecute y coordine una política pública laboral integral y eficaz orientada a fortalecer y aumentar la generación y preservación de empleos formales en el país, suscrita por el senador Clemente Castañeda Hoeflich y por el diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, senador Clemente Castañeda Hoeflich y diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Presidencia de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de las Mujeres, y a las Cámaras del Congreso de la Unión en materia de política laboral y reducción de la brecha de género, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

El panorama laboral en México vigente en los últimos años plantea desafíos relevantes y, lamentablemente, refleja brechas de género. Durante el sexenio de 2018 a 2024 se crearon apenas 2 millones 23 mil empleos formales, muy por debajo de los 7 millones de puestos de trabajo prometidos

Los datos revelan que durante 2024 se crearon únicamente 213 mil 993 puestos de trabajo, lo cual implicó un 67.7% menos de los generados en el año anterior. De esta manera, el 2024 es el año en el que se registró la segunda peor cifra respecto a la generación de puestos de trabajo en los últimos quince años; y de acuerdo con los datos del último trimestre, en diciembre de 2024 se registró la mayor caída en el doceavo mes del que se tiene registro, ya que se perdieron 405 mil 259 puestos de los cuales 268 mil 784 pertenecían a hombres y 136 mil 475 a mujeres. Es decir, en 2024 la pérdida de empleos en diciembre superó la totalidad de los empleos formales creados en todo el año.

A nivel local, la creación y pérdida de empleos varió significativamente. Las cifras reflejan que en 2024 las entidades con mayores pérdidas laborales fueron Tabasco, Baja California, Sonora, Campeche, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Morelos, Chihuahua, Tamaulipas y baja California Sur, mientras que, las entidades en las que se crearon un mayor número de empleos formales fueron Estado de México, Nuevo León, y Jalisco.

Sin embargo, la pérdida de empleos formales y la falta de generación de los mismos, no son las únicas señales de alarma, pues los datos reflejan que a pesar de los avances que han existido en materia de igualdad de género, la brecha laboral entre hombres y mujeres es un problema de desigualdad que sigue sin resolverse, pues del total de la población ocupada el 76,4% son hombres y sólo el 46.23% son mujeres. Asimismo, por cada 100 hombres con un puesto de trabajo registrado ante el IMSS, hay 68 mujeres. Debe destacarse que Tabasco es la entidad en la que existe mayor brecha de género, pues por cada 100 hombres con empleo formal, hay 50 mujeres en dicha situación.

Otro problema estructural que debe atenderse con urgencia es la informalidad laboral, pues en el tercer trimestre de 2024, el 54.6% de la población ocupada tenía un empleo informal. De este total, la tasa de informalidad de los hombres es de 54.1% y la tasa de informalidad de las mujeres es de 55.4%.

Atender la informalidad es importante porque usualmente se encuentra ligada a condiciones laborales de baja calidad en las que los trabajadores no cuentan con protección social, tienen bajos salarios, o bien aumenta el riesgo de pobreza y amplía también la desigualdad de género. Un ejemplo de esto es que por cada 100 pesos que paga un empleo formal en promedio, uno informal paga 51 pesos. O que mientras los hombres en el sector informal en promedio ganan 7,750 pesos mensuales, las mujeres ganan 5,905 pesos mensuales Estos datos nos llaman a fortalecer los mecanismos de seguimiento de las condiciones laborales de las personas.

Además, debe reconocerse que la brecha laboral por género se amplía también en razón de la carga desproporcionada de los trabajos de cuidados, y la falta de remuneración de los mismos. Mientras que, en promedio las mujeres dedican 42 horas en el trabajo en tareas del hogar y de cuidados, los hombres únicamente dedican 10 horas. Importa resaltar que el trabajo no remunerado equivale aproximadamente al 26.3% del Producto Interno Bruto, es decir las mujeres aportan a sus hogares 2.5 veces más valor económico que los hombres sin que esto sea retribuido económicamente.

Lamentablemente, el desempleo y la brecha de género, no son los únicos retos que enfrenta México en el sector laboral. De los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene la jornada de trabajo más alta. De acuerdo World Population Review, el promedio anual de horas trabajadas en México es de 2,148 horas, pues la legislación actual sólo otorga un día de descanso obligatorio lo que limita el tiempo que las personas trabajadoras pueden dedicar a su familia, a su descanso, y a su desarrollo personal.

La situación descrita, subraya la necesidad urgente de políticas públicas que atiendan la creación de empleos formales, que reduzcan la brecha de género en el mercado laboral, que reconozcan el valor económico del trabajo no remunerado predominantemente realizado por mujeres, y que mejoren la calidad de vida de las personas trabajadoras, por lo que también exige que desde el Congreso de la Unión se avance en la aprobación de la reforma que garantiza la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas de trabajo a la semana.

Es por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diseñe, ejecute, y coordine una política pública laboral integral y eficaz orientada a fortalecer y aumentar la generación y preservación de empleos formales en el país.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de las Mujeres, formule, ejecute, y coordine una política pública efectiva encaminada a reducir la brecha de género que existe en el ámbito laboral a nivel nacional.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados y al Senado de la República para que en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen con el procedimiento legislativo respectivo correspondiente al análisis, discusión y aprobación de las iniciativas tendientes a reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Notas

1. El Financiero (2024). Sexenio de AMLO crea menos empleos que Calderón y Peña Nieto. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/10/07/sexenio-de-a mlo-crea-menos-empleos-que-calderon-y-pena- nieto/

2. México, ¿Cómo vamos? (2024). Semáforo de empleo formal cierra el sexenio en rojo. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2024/10/semaforo-de-emp leo-formal-cierra-el-sexenio-en-rojo/

3. El Financiero (2024). Se crean 213.9 mil puestos de trabajo en 2024, la cifra más baja desde la pandemia: IMSS. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/01/06/se-crean-213 9-mil-puestos-de-trabajo-en-2024- la-cifra-mas-baja-desde-la-pandemia-imss/

4. México ¿Cómo vamos? (2025). Cierra 2024 con la segunda generación de puestos de trabajo en el IMSS más baja en los últimos 15 años. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2025/01/empleo-formal-c ierra-2024-con-la-segunda-generacion-mas-baja-en-15-años/

5. El Economista (2025). Edomex, Jalisco y Nuevo León, los estados con más empleos formales en el 2024. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/edomex-jalisco-nuevo-leo n-estados-empleos-formales-20250108- 741018.html

6. México ¿Cómo vamos? (2024). Numeralia Económica MCV: ¿Cómo vivimos las mujeres en México?. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/infografias/numeralia-economica-mcv/

7. México ¿Cómo vamos? (2025). Cierra 2024 con la segunda generación de puestos de trabajo en el IMSS más baja en los últimos 15 años. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2025/01/empleo-formal-c ierra-2024-con-la- segunda-generacion-mas-baja-en-15-años/

8. México ¿Cómo vamos? (2024). Numeralia Económica MCV: ¿Cómo vivimos las mujeres en México?. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/infografias/numeralia-economica-mcv/

9. Ibídem.

10. Ibídem.

11. El País (2023). ¿Por qué en México se trabaja más tiempo que en ningún otro país del mundo?. Disponible en:

https://elpais.com/mexico/economia/2023-10-15/por-que-en-mexico- se-trabaja-mas-tiempo-que-en-ningun-otro-pais-del-mundo. html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.– Senador Clemente Castañeda Hoeflich y diputado Pablo Vázquez Ahued (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD DE CAMPECHE, A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL ORIENTADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa del estado de Campeche a implementar programas y campañas especiales de prevención y atención de salud mental orientados a niñas, niños y adolescentes que cursen educación básica, suscrita por el diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe Francisco Javier Farías Bailón, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México tres de cada 10 personas padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60 por ciento de la población que sufre alguno de ellos no recibe tratamiento. Los dos principales trastornos de salud mental que afectan a la población de México y el mundo son el depresivo y de ansiedad.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 280 millones de personas sufren depresión alrededor del planeta y en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 35 millones han experimentado algún episodio depresivo.

En este sentido, la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (2021) del INEGI informó que el 19.3 % de la población adulta tenía síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3 % revela ansiedad mínima o en algún grado.

De acuerdo con especialistas en la materia, al igual que otros males mentales graves, como la esquizofrenia o los trastornos bipolar u obsesivo compulsivo, que tienen prevalencia menor, los antes mencionados pueden afectar la funcionalidad del individuo en diferentes esferas; por ejemplo, en los ámbitos académico, escolar o laboral, incluso ser motivo de discapacidad psicosocial y de merma de las relaciones interpersonales.

Es importante considerar que, la población adolescente y adulta joven es la más vulnerable a presentar problemas de salud mental. Por ello, deben intensificarse los esfuerzos para promover servicios accesibles de atención y prevención oportuna en la materia, ya que, no es lo mismo atenderlos cuando se identifican de manera temprana, a hacerlo una vez que han pasado algunos años y la condición se ha cronificado y el proceso de recuperación es lento.

La predominancia de las enfermedades mentales se incrementa conforme el individuo se enfrenta a factores psicosociales asociados al estrés incluyendo pérdidas, ingreso o despido de un trabajo, divorcio, etcétera. Pero también hay de tipo biológicos que pueden predisponer, en diferentes edades a mujeres y hombres, a presentar esas condiciones.

La salud mental se refiere al adecuado funcionamiento, a nivel biológico, psicológico y social de una persona, de modo que sea funcional y productivo para su sociedad y capaz de alcanzar sus metas.

Para mejorar la situación en cuanto a los padecimientos de salud mental, la educación y la información son lo más relevante. Cuando las respuestas emocionales (tristeza, insomnio, apetito, enojo) son exageradas, es indicador de que algo no funciona y que es momento de acudir con un especialista. Una situación de urgencia se presenta cuando una persona manifiesta ideas de muerte o considera el suicidio como una forma de escapar de su problemática.

Si bien este tipo de problemas de salud se han extendido a nivel mundial y nacional, en el Estado de Campeche la cifra de jóvenes que padece trastornos psicológicos consume algún tipo de sustancia ilícita y se embaraza a temprana edad, es alta, y la mayoría de los casos se concentra principalmente en los municipios de Candelaria, Escárcega y Carmen, de acuerdo con un diagnóstico del Instituto de la Juventud (INJUCAM) en el Estado.

Según este informe, las juventudes campechanas enfrentan diversas preocupaciones que afectan su salud mental, desde qué comerán o si habrá un plato de comida en la mesa, qué ropa vestirán, hasta si concluirán o no la escuela o si conseguirán un empleo.

Asimismo, según el Boletín Epidemiológico 2023 de la Secretaría de Salud federal en el Estado de Campeche existieron intentos de suicidio con disparo por arma de fuego corta, lesiones con armas filosas, envenenamientos intencionados, entre otros, estos fueron los reportes que más resaltaron entre mil 637 relacionados con problemas de salud mental en la entidad. Del total de reportes, 485 incidentes fueron de hombres y mil 152 en mujeres.

Los campechanos saben que la salud mental ahora tiene un lugar importante entre la población, pero por muchas razones, entre éstas el qué dirán, hay quienes no buscan apoyo o atención de un especialista.

Datos oficiales en el tema de la depresión, resaltan que en el Estado de Campeche hay registro de mil 383 diagnósticos, de los cuales 418 son de varones y 965 mujeres. La cifra superó los acumulados en el Boletín Epidemiológico 2022 que tuvo registro de mil 248.

En virtud de lo anterior y de la importancia de atender y dar solución a las preocupaciones y problemática de los ciudadanos de Campeche, referentes a la salud mental, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, para que refuerce y en su caso diseñe e implemente programas y campañas especiales de prevención y atención de salud mental orientados a niñas, niños y adolescentes que cursen educación básica.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, a fin de fortalecer los programas y campañas de salud mental para la atención y prevención del estrés laboral en los centros de trabajo principalmente en la plantilla laboral conformada por los jóvenes.

Notas

1. Romero, Laura (2024). Depresión y ansiedad, los dos principales trastornos de salud mental en México. Gaceta UNAM. Recuperado en 6 de enero de 2025 de:

https://www.gaceta.unam.mx/depresion-y-ansiedad-los-dos-principa les-trastornos-de-salud-mental-en-mexico/

2. Ibidem.

3. Ibidem.

4. Ibidem.

5. Periódico Por Esto Campeche. Recuperado en 5 de enero de 2025 de:

https://www.poresto.net/campeche/2024/1/14/campeche-secretaria-d e-salud-federal-registro-mil-637-personas-con-enfermedades-mentales-en-2023.htm l

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.– Diputado Francisco Farías Bailón (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LOS CONGRESOS ESTATALES Y AL INE, A DAR CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DICTADA POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN QUERÉTARO 1082/2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 congresos estatales y al INE a dar cumplimiento de la suspensión dictada por el juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Querétaro 1082/2024, en el que se ordena suspender el proceso de elección de jueces y magistrados en las entidades federativas, suscrita por los diputados Iraís Virginia Reyes de la Torre y Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, y Pablo Vázquez Ahued, diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales de las 32 entidades federativas y al Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento de la suspensión dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro 1082/2024, en el que se ordena suspender el proceso de elección de jueces y magistrados en las entidades federativas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia de contar con jueces bien preparados, de carrera judicial, imparciales y comprometidos con el servicio a la sociedad es fundamental para garantizar la justicia y el respeto al Estado de derecho. Los jueces deben estar capacitados en las complejidades del derecho y tener una sólida formación ética que les permita tomar decisiones basadas exclusivamente en la ley y en los principios de justicia, sin influencias externas. Su función es velar por los derechos de las personas, sin estar sujetos a presiones políticas o sociales, y su imparcialidad es clave para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

En este sentido, la elección de jueces por voto popular puede ser perjudicial, ya que, aunque en principio parece un ejercicio democrático, en la práctica puede llevar a que los jueces se vean obligados a tomar decisiones que respondan a intereses políticos o a la voluntad de quienes los eligen, en lugar de actuar conforme a los principios de justicia.

Esta politización del poder judicial puede comprometer su independencia y convertir a los jueces en instrumentos de los poderes políticos, socavando la objetividad y la equidad en la impartición de justicia. Por tanto, es crucial que los jueces sean seleccionados a través de procesos que garanticen su autonomía, preparación técnica y ética, para asegurar que su labor esté siempre al servicio de la gente y no de intereses políticos o partidistas.

i. Cumplimiento de la suspensión dictada en el Juicio de amparo 1082/2024 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro.

Desde antes de la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Judicial se presentaron diversos juicios de amparo, en donde 70 juzgadores y juzgadoras federales otorgaron a la parte quejosa la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. De estas, al menos 34 de las suspensiones ordenan detener el proceso electoral que el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó el 23 de septiembre, impidiendo la emisión de convocatorias para la elección de jueces y magistrados.

Estas suspensiones prohíben al Senado y al INE avanzar en la implementación de la reforma judicial, lo que implica detener el proceso electoral y otros actos relacionados con la transición del Poder Judicial. Los jueces que han emitido estas suspensiones consideran que la reforma vulnera la autonomía judicial y plantean que la reforma podría generar ataques a la integridad personal de los jueces, quienes ahora deben competir en elecciones.

Las suspensiones fueron otorgadas por jueces de varios distritos, entre ellos el Segundo de Distrito en Colima, el Quinto en Yucatán, el Cuarto en Jalisco, el Décimo y Décimo Noveno en Veracruz, el Primero en Baja California, y el Primero en Durango. Estos jueces emitieron órdenes claras para frenar la organización de las elecciones judiciales y detener cualquier acto del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) relacionado con la transición hacia nuevos órganos de administración y disciplina judicial.

En el juicio de amparo 1082/2024, promovido por diputados de Movimiento Ciudadano ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, el 11 de noviembre de 2024 se concedió una suspensión definitiva contra la aplicación de toda la reforma judicial, de manera que se prohíbe su implementación hasta que se resuelvan los aspectos legales cuestionados. El juez de amparo ordenó que no se realicen adecuaciones a las constituciones locales con el fin de ajustar la reforma judicial dentro del plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, particularmente en lo que respecta a la renovación de la totalidad de los cargos de elección de los Poderes Judiciales Locales. Este efecto busca evitar que se produzcan modificaciones que alteren de manera arbitraria la composición de los tribunales locales y que, además, puedan vulnerar los derechos de los jueces y magistrados en ejercicio.

Asimismo, el juez ordenó que no se emitan actos tendentes a remover a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Morelos de los cargos que actualmente desempeñan, ni a reducir sus remuneraciones, con base en las disposiciones normativas que fueron impugnadas en el juicio. Esta medida tiene como objetivo proteger la estabilidad laboral de los jueces y magistrados, evitando que se vean afectados por reformas que no han pasado por un proceso adecuado de revisión legal y constitucional. De igual manera, se resolvió que el Senado de la República no emita la convocatoria para elegir a jueces y magistrados hasta que se resuelvan los efectos de la reforma impugnada, evitando que se inicie un proceso de selección que no cumpla con los estándares constitucionales.

Por otro lado, se ordenó que la Cámara de Diputados no reduzca el presupuesto del Poder Judicial, ni elimine los fondos destinados a garantizar los derechos de los trabajadores del sector, como una medida para proteger la autonomía financiera y operativa del Poder Judicial ante posibles decisiones legislativas que puedan comprometer su independencia. Finalmente, se instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que no continúe con la elección extraordinaria de jueces y magistrados, ya que esta acción se enmarca dentro de la reforma judicial cuya aplicación ha sido suspendida por el juez. Estas medidas buscan preservar la autonomía y el debido proceso dentro del sistema judicial, asegurando que cualquier cambio en la estructura judicial sea realizado de acuerdo con los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los involucrados.

Entre los argumentos principales por el que los jueces concedieron las suspensiones, se argumenta que la reforma afecta la autonomía e independencia judicial, dos principios fundamentales del sistema judicial en México, pues al proponer que los jueces sean electos por voto popular, pone en riesgo su imparcialidad y su independencia, ya que los obliga a competir en un proceso electoral para mantener sus cargos, algo sin precedentes en la historia judicial del país.

Además, los jueces que ordenaron estas suspensiones han afirmado que las reformas son contrarias a los principios de progresividad y no retroactividad de los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana, en particular porque eliminan el derecho a la inamovilidad de ciertos jueces, quienes habían adquirido este derecho bajo el sistema constitucional anterior.

Los jueces también han señalado que la reforma está impulsada por un sentimiento de odio y desprestigio hacia el Poder Judicial, calificando a todos los jueces y magistrados de “corruptos”. En algunas notificaciones, los juzgadores expresan que la reforma atenta contra la dignidad humana y podría interpretarse como un intento de persecución política contra los jueces, por lo que consideran necesaria una mayor protección y garantía de sus derechos por parte del Estado.

Pese a todo esto, el Consejo de la Judicatura Federal decidió no acatar las suspensiones concedidas contra la reforma judicial y entregó un listado con los nombres de todas las personas juzgadoras, su materia de especialidad y su adscripción, ello a fin de que el Senado de la República rea-lice la insaculación de cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial a la elección extraordinaria en 2025.

I. Actos anticipados de campaña a cargos judiciales.

Es fundamental que el Instituto Nacional Electoral (INE) asuma su rol vigilante y actúe de manera decidida ante cualquier indicio de actos anticipados de campaña por parte de los aspirantes a cargos judiciales. De acuerdo con la normativa vigente, las campañas electorales oficiales no comienzan hasta el domingo 30 de marzo, por lo que cualquier intento de promoción o propaganda antes de esa fecha debe considerarse una violación a la ley. En este sentido, la Reforma Judicial ha sido clara al señalar que no existen precampañas para los cargos judiciales, lo que implica que no se pueden realizar actividades vinculadas al proceso electoral, como la autopromoción o la recaudación de fondos, antes del inicio oficial de las campañas. Este marco legal tiene como objetivo proteger la transparencia y la equidad en el proceso electoral, garantizando que no haya distorsiones ni ventajas indebidas para quienes buscan acceder a cargos judiciales.

Las actividades prohibidas incluyen no solo la promoción anticipada de los aspirantes, sino también la realización de gastos destinados a su autopromoción, la obtención de recursos de manera ilegal o fuera del marco que la ley establece, y la recaudación de fondos para financiar actos de proselitismo. Estas conductas no solo vulneran el principio de equidad, sino que pueden tener efectos perniciosos sobre la integridad del proceso electoral. En un contexto donde se buscan garantizar procesos transparentes y justos, cualquier acto que implique la utilización de recursos no autorizados para influir en el resultado electoral es, por tanto, una infracción grave. La legislación está diseñada para prevenir este tipo de prácticas y evitar que los aspirantes a cargos judiciales utilicen recursos de manera desleal para promover su imagen y su candidatura antes del tiempo legalmente permitido.

Es necesario que el INE no solo actúe de manera reactiva ante las denuncias de actos anticipados de campaña, sino que implemente mecanismos de vigilancia eficaces que detecten y sancionen estas irregularidades. De no actuar con la debida diligencia, se corre el riesgo de que el proceso electoral pierda su legitimidad y transparencia, lo cual afectaría directamente la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. En consecuencia, es crucial que el INE ejerza su facultad de investigación y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a quienes violen las disposiciones legales en materia electoral, garantizando que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, respeto a la ley y transparencia total.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales de las 32  entidades federativas y al Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento de la suspensión dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Querétaro 1082/2024, en el que se ordena suspender el proceso de elección de jueces y magistrados en las entidades federativas, y al Instituto Nacional Electoral a iniciar investigaciones por actos anticipados de campaña en la elección judicial de 2025.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales de las 32 entidades federativas y al Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento de la suspensión dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro 1082/2024, en el que se ordena suspender el proceso de elección de jueces y magistrados en las entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL INE Y A LAS PERSONAS QUE DESEAN POSTULARSE COMO CANDIDATAS A CARGOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A EVITAR REALIZAR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y a las personas que desean postularse como candidatas a cargos en el Poder Judicial de la Federación, a evitar realizar actos anticipados de campaña, suscrito por la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL CONGRESO DE JALISCO, A CUMPLIR CON LO ORDENADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 72/2022

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Jalisco a cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 72/2022, suscrita por la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Reyna Celeste Ascencio Ortega, senadora de la República en la LXVI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 116 y 121 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 15 de junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 72/2022, interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. En dicha resolución, se solicitó declarar la invalidez del artículo 23, fracción VIII, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, en su porción normativa de “persona mayor de edad”, por considerarlo violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de diversos tratados internacionales, al negar a las personas menores de edad la posibilidad de levantar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género.

En esta resolución, la Corte realizó un análisis de los derechos de las personas transgénero, en particular de las niñas, niños y adolescentes trans, reconociendo que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas que se encuentra protegido bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí mismo, por lo que sólo a ella corresponde decidir autónomamente cuál es esa identidad.

También se reconoce que el hecho de que una persona no cuente con una constancia legal de su existencia debido a la falta de reconocimiento de su identidad de género autopercibida puede dificultar el pleno ejercicio de sus derechos. Esto implica que cada persona tiene el derecho de que los atributos de la personalidad registrados en documentos de identificación coincidan con las definiciones identitarias que tienen de ellas mismas y, en caso de que no exista tal correspondencia, exista la posibilidad de modificarlas.

Por ello, consideró que el legislador tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de los derechos de las personas trans, para lo cual debe establecer la posibilidad de que puedan adecuar su sexo psicológico al legal a través del acta registral.

Fue como resultado de este análisis, que la SCNJ concluyó que “ la norma impugnada es inconstitucional, pues vulnera de manera innecesaria el derecho de la niñez a su identidad de género y a su reconocimiento en los registros y documentos de identidad, siendo que se encuentra que hay alternativas que tiene el legislador para respetar el derecho de la niñez y su autonomía progresiva, y que al mismo tiempo establezca salvaguardas para cumplir con su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes”. (Énfasis añadido).

Por lo que la decisión de la Corte fue declarar la invalidez de la porción normativa impugnada y vincular al Congreso del Estado de Jalisco a legislar con el objeto de establecer un procedimiento sumario para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas menores de edad.

Sin embargo, el plazo otorgado al Congreso estatal venció sin que el mismo diera cumplimiento a su obligación legislativa, por lo que se hace necesario que se emita un exhorto en el siguiente sentido

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Jalisco a dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de constitucionalidad 72/2022.

Notas

1 En adelante SCJN o la Corte.

2 Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, párrafo 32.

3 Ídem, párrafo 33.

4 Ídem, párrafo 131.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SADER, A REDOBLAR ESFUERZOS PARA PREVENIR EL INGRESO DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO AL TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a redoblar esfuerzos para prevenir el ingreso del gusano barrenador del ganado al territorio nacional, a cargo del senador Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, senador de la República del honorable Congreso de la Unión en la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el gusano barrenador del ganado (GBG) es una infestación ocasionada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos. El ciclo de vida de este insecto inicia cuando las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas. Posteriormente, éstas se alimentan del tejido de 4 a 8 días, causando graves daños al animal huésped e incluso la muerte; así como afectaciones a la actividad ganadera.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha declarado que la presencia del GBG se puede detectar por la infestación de heridas pequeñas y por el comportamiento del ganado ya que tienden a separarse del grupo, mostrando signos de depresión, pérdida de apetito y molestias en las heridas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señala que el GBG es originario de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano. Originalmente, su distribución comprendía el centro y sureste de Estados Unidos de América (EUA), México, Centroamérica, Panamá, las Islas del Caribe y Sudamérica.

Sin embargo, después de diversas medidas tomadas por los gobiernos de los países afectados, su distribución disminuyó.

Actualmente la parasitosis se encuentra presente en forma endémica en América del Sur, con excepción de Chile; así como en algunos países del Caribe, poniendo en riesgo a una población ganadera estimada en más de 515 millones de animales.

Desde 1971 los gobiernos de México y de EUA celebraron un convenio para establecer un programa conjunto para la erradicación del GBG ya que se estimaba que las pérdidas económicas ocasionadas por esta infección ascendían a 134 millones de dólares hasta la década de los años 80. Asimismo, el costo del programa para ambos países alcanzó los 750 millones de dólares, erogados entre 1960 y 1991. En México el programa consistió en la dispersión de millones de moscas estériles a lo largo de 20 años, con la finalidad de frenar el crecimiento de poblaciones de parásitos.

Derivado de lo anterior, México ha conservado su estatus de país libre de este parásito desde 1991 gracias al referido programa y a las medidas implementadas por Senasica.

De igual manera, cabe resaltar que la miasis por GBG, se encuentra inscrita en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y resulta de declaración obligatoria, como se establece en el mismo Código Sanitario para los Animales Terrestres, en su capítulo denominado “Miasis por (Cochliomyia hominivorax-coquerel)”.

Por tanto, la Sader tiene las atribuciones necesarias para implementar acciones de atención inmediata que permitan prevenir ante la inminente llegada del GBG —en el contexto del intercambio comercial e incremento de la movilización de animales y personas— la diseminación de la plaga y su avance hacia nuestra frontera sur y conservar así el estatus sanitario del territorio nacional y evitar severos daños a nuestra industria ganadera.

En este sentido, el 29 de julio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, para prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado ocasionado por la mosca (Cochliomyia hominivorax) y, en su caso, controlarlo y erradicarlo en las regiones 6 y 7 con posibilidad de extender su aplicación paulatina, parcial o total a las demás regiones previstas en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal en caso de que se detecte o se tenga evidencia científica de la presencia o inminente diseminación de la plaga en otros estados del territorio nacional”.

En este tenor, la Sader emitió un comunicado el pasado 11 de noviembre de 2024, señalando que se realizó el primer ejercicio simulacro Autosim con más de 70 representantes de organismos internacionales, dependencias nacionales y del sector ganadero y veterinario, como parte de la estrategia integral que opera el Gobierno de México para prevenir el ingreso del gusano barrenador del ganado (GBG) a territorio nacional, con el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Senasica desarrolló un plan de prevención basado en dos barreras de defensa que refuerzan las medidas preventivas en Chiapas y Tabasco, así como en las zonas fronterizas con Centroamérica tales como:

a) Baños de aspersión con productos larvicidas. Realizados en puntos estratégicos de inspección, y en rutas alternas para prevenir la evasión de inspección en puntos federales.

b) Puntos de inspección. Consta en verificación del ganado en tres puntos de revisión: tratamiento, constancia de baño y documentos de embarque.

c) Diagnóstico asistido con imágenes electrónicas. Permite la identificación temprana de parasitosis ayudando a establecer medidas de mitigación del riesgo zoosanitario.

Gracias a las acciones implementadas por el Gobierno mexicano a través de la Sader y Senasica se han detectado siete casos de miasis por GBG en los últimos tres meses en Chipas, principalmente, y Campeche, a través de puntos de inspección con notificaciones inmediatas ante la OMSA.

Por ejemplo, en noviembre, en un lote de 100 animales de ganado bovino de origen no mexicano, un animal tenía una herida abierta en su oreja en Chiapas, mientras que, en diciembre en Chiapas y Campeche, se detectaron dos casos de miasis por el gusano referido, un becerro de 15 días de nacido y un becerro de 7 días de nacimiento con herida umbilical, respectivamente. En enero, cuatro casos más en Chiapas en ganado bovino.

A pesar de las acciones realizadas recientemente de notificación obligatoria y prevención, resulta necesario redoblar esfuerzos en todo el territorio nacional para evitar que la infestación por GBG repercuta en la industria ganadera mexicana, así como las posibles repercusiones en materia de salud.

Por lo anteriormente señalado y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria redoblen esfuerzos con el fin de evitar la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado en territorio nacional y, en su caso, controlarlo y erradicarlo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar una campaña nacional de información respecto al gusano barrenador del ganado mediante medidas de prevención, identificación y procedimientos sanitarios a seguir en caso de su detección.

Notas

1 Disponible en:

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/gusano-barrenador-de l-ganado-prevencion-y-control-en-mexico#:~: text=Primero%20es%20necesario%20saber:%20¿Qué,a%20toxicidad%20o%20infecciones%2 0secundarias

2 Ibídem

3 Disponible en:

https://www.fao.org/4/ai173s/ai173s02.pdf

4 Disponible en:

https://dj.senasica.gob.mx/Contenido/files/2021/enero/AnálsisSocioeconómicoGBG_2f22a99d-0284-4899-bdb8-56101f4ee9f9.pdf

5 Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5734675&fecha =29/07/2024#gsc.tab=0

6 Ibíd.

7 Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5734675&fecha =29/07/2024#gsc.tab=0

8 Disponible en:

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/mantiene-agricultura-accio nes-para-prevenir-ingreso-de-gusano-barrenador-del-ganado

9 Disponible en:

https://dj.senasica.gob.mx/AtlasSanitario/storymaps/miagbg.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Senador Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SESIÓN SOLEMNE EN REMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN ANUAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO, A CELEBRARSE EL DÍA 27 DE ENERO DE 2025

«Proposición con punto de acuerdo, para celebrar una sesión solemne en rememoración del “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”, por celebrarse el 27 de enero de 2025, en términos de la resolución número A/RES/60/7 aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a cargo del senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 40 fracción I; 56, 76, numeral 1, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Senadores; y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El día 21 de noviembre de 2005, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas emitió la resolución A/RES/60/7, por medio de la cual decide que las Naciones Unidas designen el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto e insta a los Estados miembros, entre ellos México, a que elaboren programas educativos que recuerden ese aciago acontecimiento mundial, así como la creación de una cultura para que las nuevas generaciones reafirmen su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La resolución no solo establece el 27 de enero como el “Día internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto”, sino que también rechaza cualquier manera de negar su existencia. La resolución alienta a los estados miembros de la ONU a conservar activamente los sitios que usaron los nazis durante la “Solución final. Parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que condena todas las formas de “intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades, sobre la base de su origen étnico o creencia religiosa”.

México no ha pasado por alto tan lamentable hecho, este impactante suceso histórico no basta con sólo recordarlo, debemos de crear una cultura para que las nuevas generaciones reafirmen su compromiso con los derechos humanos y fomentar que los pueblos gocen, promuevan, y defiendan los derechos humanos, pues toda persona que tenga conocimiento de la historia, sin lugar a duda, evitará a toda costa otro suceso como éstos que marcaron por siempre a la humanidad.

De lo anteriormente fundado y motivado se establece que:

Primero. En fecha 27 de abril de 2010 el Senado de la República emitió Punto de Acuerdo, para que de manera permanente se conmemore en la Cámara de Senadores, el día 27 de enero, como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Resaltando la participación destacada de don Gilberto Bosques, en su encargo diplomático en Marsella, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, que ha sido digna de encomio y por lo mismo se reconoció su actuación como la de un mexicano ejemplar.

Segundo. El Senado de la República ha celebrado el día 27 de enero de cada año, a partir del 2011, con una ceremonia conmemorativa con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se acuerden, en cada caso, por la Mesa Directiva.

Tercero. La lectura y el aprendizaje son ejes fundamentales para la creación de conciencia. Es preciso señalar el gran valor del Senado de la República que resalta la importancia de defender y promover los derechos humanos, lo cuál en este acontecimiento, nos permite aprender sobre los acontecimientos del pasado para vislumbrar un futuro mejor.

En consideración de los razonamientos antes descritos, la presente proposición, tiene por objeto:

1. Crear mayor conciencia y rescatar la importancia de la memoria histórica como medio para evitar la repetición de los actos de terror que se cometieron durante el Holocausto.

2. Visibilizar la importancia de la conmenoración de este día, ya que reconoce los acontecimientos lamentables durante la Segunda Guerra con el pueblo judío, los cuales dieron paso a la lucha social por las libertades. Por ello, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, resaltó que una apropiada educación sobre el holocausto puede llegar a prevenir que se vuelvan a cometer actos parecidos.

Por lo expuesto y justificado, solicito a esta soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión Permanente celebre Sesión Solemne en rememoración del “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”, a celebrarse el día 27 de enero de 2025, en términos de la resolución Número A/RES/60/7 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. Se invite a la Comunidad Judía del pueblo mexicano a la Sesión Solemne, como reconocimiento a más de un siglo de vida organizada, firme, unida, activa e integrada al desarrollo social y cultural de nuestro país.

Notas

1 https://www.un.org/es/holocaustremembrance/res607.shtml.

2 https://www.un.org/es/holocaustremembrance/res607.shtml.

3 https://www.cndh.org.mx/%20%20https%3A//www.un.org/press/en/ 2016/sgsm17494.doc.htm%20.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a de enero de 2025.– Senador Enrique Vargas del Villar (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO, A ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS A LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Jalisco a asignar los recursos necesarios a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, a fin de que se proporcione a todo el personal el equipo de protección de alta calidad y herramientas modernas de rescate, así como establecer un programa permanente de renovación tecnológica, suscrita por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, diputado en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Jalisco para que, asigne los recursos necesarios a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos a fin de que se proporcione a todo el personal el equipo de protección de alta calidad y herramientas modernas de rescate, así como establecer un programa permanente de renovación tecnológica, para garantizar la eficacia y seguridad en sus labores de auxilio y rescate.

Consideraciones

La Protección Civil en Jalisco es esencial para la seguridad y calidad de vida de nuestras comunidades. Su labor abarca desde la prevención hasta la reacción inmediata, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y auxilio para miles de familias en momentos de crisis. Sin embargo, detrás de esta encomiable tarea, persisten retos que no podemos ignorar.

En cada emergencia, los elementos de Protección Civil enfrentan riesgos que, en muchas ocasiones, superan su capacidad de respuesta. Es importante destacar que esto no se debe a la falta de compromiso de los elementos, sino a insuficiencias materiales, puesto que, lamentablemente, el equipo de protección personal, como cascos, trajes ignífugos y máscaras respiratorias, en muchos casos estos equipos se encuentran desgastados u obsoleto, limitando no solo la eficacia de su labor, sino que ponen en peligro su seguridad.

El panorama es igualmente preocupante en cuanto a las herramientas de rescate, ya que, en situaciones como derrumbes, incendios o inundaciones, los rescatistas necesitan equipos hidráulicos, escaleras telescópicas y drones de vigilancia para actuar con mayor precisión y rapidez. Sin estos instrumentos, su capacidad de salvar vidas se ve drásticamente reducida, afectando directamente a las personas que dependen de su ayuda.

Un informe reciente reveló que de acuerdo a los datos se observó que 8 municipios de Jalisco carecen de equipo, vehículos, maquinaria y herramienta para realizar funciones de protección civil. Esta situación resulta alarmante si consideramos la frecuencia con la que nuestra región enfrenta desastres naturales y emergencias.

Además, se ha señalado la ausencia de un servicio civil de carrera en Protección Civil y Bomberos de nuestro Estado, generando desánimo entre los oficiales y afecta la eficiencia operativa de los cuerpos de rescate. Este problema estructural se suma a las carencias materiales, creando un círculo vicioso que limita su capacidad de respuesta.

Es imperativo tomar acciones inmediatas para atender esta situación; es así como, la inversión en equipo de protección personal y herramientas de rescate no es un gasto, sino una medida estratégica que mejorará las condiciones laborales de los rescatistas y garantizará respuestas más seguras y efectivas ante emergencias.

No obstante, este esfuerzo no debe ser aislado, considerando fundamental establecer un programa permanente de renovación de equipo con un ciclo máximo de cinco años, asegurando que las herramientas y tecnologías utilizadas estén siempre actualizadas. A ello debe sumarse una capacitación continua, ya que contar con tecnología avanzada es insuficiente si quienes la manejan no están debidamente entrenados.

La Ley de Protección Civil del estado de Jalisco establece en su artículo 2, establece que: “En el presupuesto anual de egresos del gobierno del Estado se asignará a la Unidad Estatal la partida presupuestal correspondiente a fin de dar cumplimiento a las acciones que se indican en este artículo. Dicha partida no podrá ser reducida en ningún caso y por ningún motivo y en cambio, se procurará incrementarla con base en los programas de prevención, auxilio y recuperación elaborados y presentados por la Unidad Estatal”.

Por lo que la labor de Protección Civil no es solo una responsabilidad gubernamental; es un compromiso moral hacia quienes arriesgan su vida por protegernos. Ignorar sus necesidades equivale a traicionar su misión y poner en riesgo la seguridad de toda la población. Por el contrario, reconocer y atender sus demandas es un acto de justicia y un paso firme hacia un Jalisco más seguro y resiliente.

Las emergencias no avisan; los desastres naturales, los accidentes y las crisis llegan sin previo aviso, pero como sociedad debemos estar preparados. Es momento de actuar, de priorizar la seguridad y de garantizar que aquellos que nos cuidan cuenten con las herramientas necesarias para cumplir su labor.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al gobierno del estado de Jalisco para que asigne los recursos necesarios a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, a fin de que se proporcione a todo el personal el equipo de protección de alta calidad y herramientas modernas de rescate, así como establecer un programa permanente de renovación tecnológica, para garantizar la eficacia y seguridad en sus labores de auxilio y rescate.

Notas

1 Situación de los sistemas municipales. (s/f). Congreso del Estado de Jalisco. Recuperado el 6 de enero de 2025, de

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi =89978449&url=

https://transparencia.congresojal.gob.mx/descarga_archivo.php%3F id%3D7490%26suj%3D104&ved=2ahUKEwjs5uHdt-GKAxXChu4BHdDREbEQFnoECDAQAQ&u sg=AOvVaw34wEmyM6yeinqnZouSeh78

2 Vega, I. P. (2020, julio 16). Existen carencias y falta del servicio civil de carrera en Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. UDGTV.

https://udgtv.com/noticias/existen-carencias-y-falta-del-servici o-civil-de-carrera-en-proteccion-civil-y-bomberos-de-guadalajara/14847?utm_sour ce=chatgpt.com

3 (S/f). Gob.mx. Recuperado el 19 de enero de 2025, de

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Le y%20de%20Proteccion%20Civil%20del%20Estado.pdf

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2025.– Diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ENFRENTAR LA CRISIS EPIDEMIO-LÓGICA QUE AQUEJA AL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Ssa, en colaboración con los servicios de salud del IMSS-Bienestar, a implementar acciones prioritarias para enfrentar la crisis epidemiológica que aqueja al país, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Consideraciones

La situación epidemiológica en México enfrenta una crisis multifacética que amenaza el derecho fundamental a la protección de la salud de millones de mexicanos. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento en el número de personas sin acceso a servicios médicos, la prevalencia de enfermedades crónicas y la reemergencia de enfermedades infecciosas. A esto se suman desafíos como la resistencia antimicrobiana, el déficit de personal médico y una infraestructura sanitaria insuficiente.

De acuerdo con datos oficiales, el número de personas sin acceso a servicios de salud creció de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022, afectando al 39.1 por ciento de la población. Asimismo, las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión han seguido una tendencia ascendente preocupante, con una prevalencia de diabetes del 18 por ciento en adultos en 2022. Por otro lado, los brotes de dengue continúan afectando a gran parte del territorio nacional, con más de 110,000 casos y 262 muertes registradas en 2024.

Frente a estos desafíos, es imperativo que el Estado refuerce sus políticas de salud pública y garantice una respuesta eficaz a la crisis epidemiológica. La necesidad de fortalecer la atención primaria, prevenir enfermedades infecciosas, enfrentar la resistencia antimicrobiana e invertir en infraestructura y personal de salud es urgente y no puede posponerse más.

Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera indispensable emitir un exhorto al titular de la Secretaría de Salud para que implemente acciones inmediatas y coordinadas que garanticen el derecho a la salud y protejan a la población de México de los riesgos actuales y futuros.

Contexto y Fundamentación

La situación epidemiológica actual en México es crítica y requiere acciones inmediatas para garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º constitucional. Diversos factores, como el aumento de enfermedades crónicas, la reemergencia de enfermedades infecciosas y la falta de acceso equitativo a servicios de salud, exigen que el sistema de salud se fortalezca con políticas públicas efectivas y transparentes.

El país enfrenta un aumento alarmante de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, con una prevalencia del 18 por ciento en adultos para diabetes y siendo líder mundial en obesidad infantil, lo que genera altos costos económicos y sociales. Paralelamente, la reemergencia de enfermedades infecciosas como el dengue, con más de 110,000 casos y 262 defunciones en 2024, refleja fallas en los programas de control sanitario y prevención. La resistencia antimicrobiana agrava esta crisis, al registrarse infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes como Klebsiella oxytoca, lo que incrementa la mortalidad y los costos de atención. Además, la desaparición del Seguro Popular y la implementación del Insabi y IMSS-Bienestar han dejado sin acceso a servicios médicos a 50.4 millones de personas, profundizando las desigualdades sociales. La falta de personal médico e infraestructura, con solo 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, limita aún más la capacidad de atención.

Situación actual en materia epidemiológica en México

La situación epidemiológica de México en 2024 está marcada por una serie de desafíos críticos que afectan gravemente el derecho a la salud de millones de ciudadanos. Cada uno de estos desafíos tiene implicaciones específicas para el bienestar de la población y la eficacia del sistema de salud. A continuación, se detallan los principales rubros con mayor profundidad:

1. Acceso inequitativo a los servicios de salud

El acceso a servicios de salud en México ha empeorado de manera considerable en los últimos años. La desaparición del Seguro Popular y la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), seguido por la reciente transición al programa IMSS-Bienestar, generaron incertidumbre y dificultades logísticas en la prestación de servicios médicos.

• Datos Relevantes:

- El número de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022.

- Esto significa que 39.1 por ciento de la población no tiene cobertura médica.

- La falta de infraestructura en zonas rurales y marginadas agrava esta situación, dejando a comunidades enteras sin atención médica oportuna.

• Implicaciones:

- Aumento de enfermedades prevenibles debido a la falta de atención primaria y vacunación.

- Mayor gasto de bolsillo para las familias, exacerbando la pobreza y la desigualdad social.

- Colapso de servicios de urgencias y hospitales de segundo y tercer nivel debido a la falta de atención primaria eficiente.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2024 se registraron 212,404 defunciones, lo que refleja un incremento en la mortalidad que puede estar asociada a deficiencias en el acceso y calidad de los servicios de salud.

2. Aumento de enfermedades crónicas no transmisibles

Las enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y obesidad, representan una de las mayores amenazas para la salud pública en México. Estas condiciones están estrechamente vinculadas a factores como una mala alimentación, falta de actividad física y acceso limitado a servicios preventivos.

• Datos Relevantes:

- La prevalencia de diabetes en adultos aumentó del 14 por ciento en 2006 al 18 por ciento en 2022.

- México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil.

- La hipertensión afecta al 26 por ciento de la población adulta y es una de las principales causas de complicaciones cardiovasculares.

• Implicaciones:

- Elevados costos en tratamientos y hospitalizaciones por complicaciones derivadas de estas enfermedades.

- Reducción de la productividad laboral debido a incapacidades y mortalidad prematura.

- Mayor demanda de servicios de salud especializados, como diálisis y tratamientos cardiovasculares.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023, presentada en agosto de 2024, muestra un panorama de los principales indicadores de salud de la población, incluyendo la prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad.

3. Reemergencia de enfermedades infecciosas

Las enfermedades infecciosas han resurgido con fuerza en México debido a factores como el cambio climático, deficiencias en programas de prevención y control de vectores, y falta de infraestructura sanitaria adecuada.

• Datos Relevantes:

- En 2024, se registraron más de 110,000 casos de dengue y 262 defunciones, siendo Jalisco y Nuevo León los estados más afectados.

- Brotes de sarampión y hepatitis A también han resurgido debido a la baja cobertura de vacunación infantil.

• Implicaciones:

- Saturación de hospitales y clínicas durante los picos de brotes infecciosos.

- Riesgo de propagación a nivel nacional por la falta de control y seguimiento epidemiológico.

- Impacto económico negativo debido a los costos de control de brotes y pérdidas laborales por enfermedad.

4. Resistencia antimicrobiana

La resistencia antimicrobiana se está convirtiendo en una de las mayores amenazas de salud pública en México, agravada por el uso indiscriminado de antibióticos y las deficiencias en las prácticas de higiene hospitalaria.

• Datos Relevantes:

- En 2024, se emitió una alerta epidemiológica por infecciones hospitalarias causadas por la bacteria Klebsiella oxytoca, con 15 casos graves confirmados.

- Se estima que 7 de cada 10 infecciones hospitalarias son causadas por bacterias resistentes a múltiples antibióticos.

• Implicaciones:

- Mayor mortalidad por infecciones intrahospitalarias difíciles de tratar.

- Incremento de los costos de atención médica debido a tratamientos prolongados y más costosos.

- Necesidad urgente de políticas de uso responsable de antibióticos y prácticas estrictas de higiene hospitalaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado un aumento importante en las infecciones de transmisión sexual, lo que refleja desafíos en la resistencia antimicrobiana y la necesidad de fortalecer las estrategias de salud pública.

5. Déficit de personal médico e infraestructura sanitaria

México enfrenta una carencia importante de recursos humanos y físicos en el sector salud, lo que limita su capacidad para ofrecer servicios de calidad a la población.

• Datos Relevantes:

- México cuenta con 2.4 médicos y 2.6 enfermeras por cada 1,000 habitantes, cifras por debajo del promedio de la OCDE.

- La falta de infraestructura afecta principalmente a zonas rurales y marginadas, donde los hospitales y clínicas están en condiciones precarias o simplemente no existen.

• Implicaciones:

- Mayor tiempo de espera para recibir atención médica.

- Atención médica deficiente debido a la sobrecarga de trabajo del personal sanitario.

- Desigualdades en el acceso a servicios médicos entre las áreas urbanas y rurales.

Datos del segundo trimestre de 2024 indican que la fuerza laboral de médicos, enfermeras y otros especialistas en salud en México es de aproximadamente 444,000 personas, con un salario promedio de $8,910 MXN y una jornada laboral de alrededor de 38.6 horas semanales.

La combinación de estos factores configura una crisis sanitaria en México que requiere acciones inmediatas y coordinadas. La falta de acceso a servicios de salud, el aumento de enfermedades crónicas e infecciosas, la resistencia antimicrobiana y el déficit de personal e infraestructura representan amenazas que, si no se abordan con urgencia, pueden tener consecuencias devastadoras para la población.

En efecto, la crisis epidemiológica en México representa una amenaza multifacética que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos. Diversos factores estructurales, sociales y económicos han contribuido a una situación que exige una intervención urgente y coordinada por parte del gobierno y las instituciones de salud.

El incremento del número de personas sin acceso a servicios médicos, que pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022, refleja las deficiencias en cobertura y atención médica, especialmente tras los cambios en los modelos de salud pública como la transición del Seguro Popular al Insabi y al IMSS-Bienestar. Esta falta de cobertura afecta principalmente a sectores vulnerables y marginados, profundizando la inequidad social y económica en el país.

El aumento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad agrava aún más la crisis, con costos significativos para el sistema de salud y un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes. La falta de políticas efectivas de prevención y promoción de estilos de vida saludables ha permitido que estas enfermedades se conviertan en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en México.

Por otro lado, la reemergencia de enfermedades infecciosas como el dengue y brotes hospitalarios de bacterias resistentes, como Klebsiella oxytoca, evidencia la falta de una infraestructura sanitaria adecuada y de programas preventivos robustos. El cambio climático, las condiciones de higiene y los déficits en control vectorial han favorecido la propagación de estas enfermedades.

Además, el déficit de personal médico e infraestructura hospitalaria sigue siendo un obstáculo crítico. Con 2.4 médicos y 2.6 enfermeras por cada 1,000 habitantes, México está por debajo del estándar internacional recomendado. La falta de inversión en instalaciones de salud y en la formación de profesionales limita la capacidad de respuesta del sistema de salud ante emergencias epidemiológicas.

México enfrenta una crisis epidemiológica compleja que requiere una intervención integral y sostenida. Es fundamental fortalecer el sistema de salud con políticas de prevención eficaces, garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad, y mejorar la infraestructura y formación del personal de salud.

La falta de acción frente a los desafíos epidemiológicos actuales puede derivar en una crisis sanitaria de mayores proporciones, afectando directamente el bienestar de millones de mexicanos. Por lo tanto, es urgente que el Secretario de Salud tome medidas inmediatas para garantizar el acceso equitativo y efectivo a los servicios de salud en el país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, para que, en colaboración con los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) implementen, de manera urgente, las siguientes acciones prioritarias para enfrentar la crisis epidemiológica que afecta a las familias mexicanas:

1. Fortalecimiento de la atención primaria: Garantizar servicios de salud accesibles y oportunos mediante una red eficiente de atención primaria, con énfasis en la prevención, diagnóstico temprano y manejo adecuado de enfermedades crónicas y agudas.

2. Estrategias de prevención de enfermedades infecciosas: Diseñar e implementar campañas y programas efectivos para el control de enfermedades transmisibles, como el dengue, a través de medidas de control vectorial, campañas de concientización y una vigilancia epidemiológica constante que permita evitar brotes futuros.

3. Control de resistencia antimicrobiana: Establecer políticas y programas nacionales para combatir la resistencia antimicrobiana, mediante la implementación de protocolos estrictos en hospitales, el uso racional de antibióticos y el fortalecimiento de las prácticas de higiene hospitalaria y vigilancia epidemiológica.

4. Infraestructura y personal médico: Incrementar la inversión en infraestructura médica, con la construcción y modernización de hospitales y clínicas, especialmente en zonas rurales y marginadas. Asimismo, fortalecer la formación, capacitación y contratación de personal médico y de enfermería, para cumplir con los estándares internacionales recomendados.

Notas

1 Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Arias Guzmán, Sergio Arias Franco, 2024, El Sistema Nacional de Salud rumbo al 2024: Diagnóstico y propuestas. Recuperado de:

https://amepresmexico.org.mx/wp-content/uploads/2023/10/ BC342_Central1.pdf

2 Congrega Voz, 2024, Ensanut revela más retos que oportunidades en salud en México. Recuperado de:

https://congregavoz.cmt-global.org/articulos/ensanut-revela-mas- retos-que-oportunidades-en-salud-en-mexico

3 El País, 2024, El avance imparable del dengue en México: el virus estalla en Nuevo León y Jalisco. Recuperado de:

https://elpais.com/mexico/2024-11-23/el-avance-imparable-del-den gue-en-mexico-el-virus-estalla-en-nuevo-leon-y-jalisco.html

4 Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Arias Guzmán, Sergio Arias Franco, 2024, El Sistema Nacional de Salud rumbo al 2024: Diagnóstico y propuestas. Recuperado de:

https://amepresmexico.org.mx/wp-content/uploads/2023/ 10/BC342_Central1.pdf

5 INEGI, 2024, Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) Enero a marzo de 2024. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ EDR/EDR2024_1erT.pdf

6 Gobierno de México, 2024, Presentan resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023. Recuperado de:

https://www.gob.mx/salud/prensa/336-presentan-resultados-de-la-e ncuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-ensanut-2020-2023

7 La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2024. Recuperado de:

https://www.who.int/es/news/item/21-05-2024-new-report-flags-maj or-increase-in-sexually-transmitted-infections–-amidst-challenges-in-hiv-and-he patitis

8 Data México, 2024. Recuperado de:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/med icos-enfermeras-y-otros-especialistas-en-salud

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL TITULAR DE LA SEP, A PUBLICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SEP a publicar las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2025, estableciendo de manera clara y detallada los componentes de alimentación y horario extendido, así como los montos específicos asignados a cada uno de estos componentes, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Consideraciones

1. Antecedentes y Contexto del Programa “La Escuela es Nuestra”

1.1 Creación del Programa y Objetivos Iniciales

El programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN) fue creado el 25 de marzo de 2019, como parte de las políticas educativas del gobierno federal para brindar recursos directos a las comunidades escolares. Sustituyó al programa “ Escuelas al CIEN” y tenía como objetivo inicial mejorar la infraestructura de los planteles de educación básica a través de una gestión participativa que involucrara a los padres de familia, docentes y directivos.

Los recursos se entregan a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), quienes son responsables de la planificación, ejecución y supervisión de las obras de mejora en las escuelas.

1.2 Objetivos Principales del Programa LEEN

• Mejorar la infraestructura educativa: Garantizar que los planteles escolares cuenten con instalaciones dignas y seguras para el desarrollo de los estudiantes.

• Promover la participación comunitaria: Involucrar a los padres de familia y a la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos asignados.

• Reducir la burocracia: Entregar los recursos de manera directa a los CEAP para agilizar los procesos de mejora y evitar intermediarios.

1.3 Incorporación de los Componentes de Alimentación y Horario Extendido

A partir de 2021, el programa LEEN amplió su alcance al incluir los componentes de:

• Alimentación: Proveer servicios de alimentos nutritivos a los estudiantes durante la jornada escolar para combatir la desnutrición infantil y mejorar el rendimiento académico.

• Horario Extendido: Implementar una jornada escolar ampliada para ofrecer más tiempo de clases, actividades deportivas, artísticas y de apoyo académico, facilitando a su vez la conciliación laboral y familiar para padres y madres trabajadoras.

1.4 Eliminación del Programa “Escuelas de Tiempo Completo”

La incorporación de estos componentes en LEEN se dio tras la eliminación del programa “ Escuelas de Tiempo Completo” (ETC) en marzo de 2022. Este programa beneficiaba a más de 3.6 millones de estudiantes con alimentación y horario extendido.

• La desaparición de ETC dejó sin estos apoyos a una gran cantidad de escuelas, especialmente en comunidades vulnerables.

LEEN se concibió como una alternativa para suplir estos servicios, pero hasta la fecha su implementación ha sido inconsistente y sujeta a la discrecionalidad de los comités escolares.

1.5 Desafíos en la Implementación del Programa LEEN

• Falta de Claridad en las Reglas de Operación:

• Las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no especifican con precisión los lineamientos y montos asignados a los componentes de alimentación y horario extendido.

• Desigualdad en la Distribución de Recursos:

• Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que los recursos no siempre llegan a las escuelas más necesitadas, generando desigualdades regionales.

• Infraestructura Deficiente:

• El 72 por ciento de los planteles carece de instalaciones adecuadas para preparar y distribuir alimentos de manera efectiva.

• Falta de Seguimiento y Transparencia:

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades en el ejercicio de los recursos asignados al programa.

1.6 Comparativa con Programas Anteriores

• Escuelas al CIEN (2015-2018):

• Se enfocó en rehabilitar la infraestructura física de las escuelas con una inversión de más de $50,000 millones de pesos. Sin embargo, el proceso era burocrático y no involucraba directamente a los padres de familia.

• Escuelas de Tiempo Completo (2007-2022):

Beneficiaba a más de 3.6 millones de estudiantes con alimentación y horario extendido, y estaba presente en más de 27,000 escuelas. Su eliminación dejó un vacío que LEEN no ha podido cubrir completamente.

1.7 Importancia de una Reforma en las Reglas de Operación

Para que LEEN cumpla con su objetivo de brindar una educación integral y equitativa, es necesario que las Reglas de Operación para 2025 incluyan:

• Lineamientos claros sobre el uso de los recursos para alimentación y horario extendido.

• Que estos componentes sean de carácter obligatorio para garantizar que todas las escuelas beneficiadas reciban los mismos apoyos.

• Montos específicos asignados para cada componente, asegurando una distribución transparente y eficiente de los recursos.

2. Importancia de que los Componentes Sean Obligatorios

La obligatoriedad de los componentes de alimentación y horario extendido en el Programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN) es crucial para garantizar una educación de calidad, equitativa y de excelencia para todos los estudiantes. A continuación, se detallan los motivos por los que estos componentes deben ser obligatorios para todas las escuelas que reciban recursos de este programa.

2.1 Garantía del Derecho a una Educación Integral

La obligatoriedad de estos componentes asegura el cumplimiento del derecho a una educación integral consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

• La educación debe ser equitativa, inclusiva y de excelencia.

• Garantiza el derecho de todos los niños a acceder a servicios complementarios, como alimentación y actividades extracurriculares, que fomenten su desarrollo integral.

2.2 Combate a la Desnutrición y Mejora del Rendimiento Académico

La desnutrición infantil es un problema persistente en México, especialmente en zonas marginadas. La implementación obligatoria del componente de alimentación contribuirá a:

1. Reducir la desnutrición infantil:

- Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 27.9 por ciento de los niños entre 5 y 11 años presenta carencias alimentarias.

2. Mejorar el rendimiento académico:

- Estudios de la UNESCO indican que los estudiantes que reciben alimentación escolar muestran una mejora del 20 por ciento en su rendimiento académico y una reducción del 15 por ciento en el ausentismo.

3. Promover la asistencia escolar:

- La falta de alimentos en las escuelas afecta negativamente la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

2.3 Apoyo a las Familias Trabajadoras

El componente de horario extendido es una medida de apoyo directo a las familias trabajadoras. Su obligatoriedad beneficia a padres y madres al proporcionar un espacio seguro y educativo para sus hijos durante más tiempo.

1. Conciliación laboral y familiar:

- Según datos del Inegi (2023), el 48 por ciento de las mujeres trabajadoras en México tienen dificultades para conciliar sus horarios laborales con el cuidado de sus hijos.

2. Reducción de la desigualdad de género:

- Las madres trabajadoras son las más afectadas por la falta de servicios de horario extendido. Este componente contribuye a reducir la carga de cuidado que recae sobre las mujeres.

3. Seguridad para los niños:

- Prolongar la jornada escolar ofrece un entorno seguro para los estudiantes, evitando que pasen tiempo en situaciones de riesgo después del horario regular de clases.

2.4 Equidad Educativa y Reducción de Brechas

La falta de obligatoriedad en los componentes de alimentación y horario extendido ha resultado en una implementación desigual, profundizando las brechas de inequidad educativa:

1. Zonas marginadas y rurales:

- Las escuelas en comunidades rurales y marginadas son las más afectadas por la falta de estos servicios. Según el CIEP (2023), el 72 por ciento de los planteles en estas áreas carecen de infraestructura adecuada para ofrecer alimentación.

2. Desigualdad regional:

- Mientras que en estados como Nuevo León y Ciudad de México se han implementado programas de horario extendido con éxito, en estados como Chiapas y Guerrero estos servicios son casi inexistentes. La obligatoriedad garantizará una distribución equitativa de recursos.

2.5 Continuidad y Sustitución del Programa Escuelas de Tiempo Completo

La desaparición del programa “ Escuelas de Tiempo Completo” (ETC) en 2022 dejó un vacío en el sistema educativo que LEEN no ha podido llenar completamente:

1. Impacto del programa ETC:

- Beneficiaba a más de 3.6 millones de estudiantes con alimentación y horario extendido en más de 27,000 escuelas.

2. Compromiso incumplido:

- Se prometió que LEEN sustituiría los servicios de ETC, pero la falta de obligatoriedad ha impedido que esto suceda de manera efectiva.

La obligatoriedad de los componentes de alimentación y horario extendido es una medida necesaria para cumplir con el objetivo de brindar una educación integral y de calidad a todos los estudiantes del país.

2.6 Transparencia y Rendición de Cuentas

Al hacer obligatorios estos componentes, se facilita la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos:

1. Mejora de la supervisión ciudadana:

- Facilita el monitoreo y evaluación por parte de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y las autoridades locales.

2. Reducción de irregularidades:

- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades en el ejercicio de los recursos de LEEN. La obligatoriedad ayudará a reducir estos problemas.

3. Deficiencias en la Implementación Actual del Programa “La Escuela es Nuestra”

El programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN), a pesar de sus objetivos de mejorar la infraestructura educativa y ofrecer servicios de alimentación y horario extendido, enfrenta múltiples deficiencias que limitan su efectividad y profundizan las desigualdades educativas. A continuación, se detallan las principales deficiencias detectadas en su implementación, sustentadas con datos actualizados y referencias verificables.

3.1 Falta de Claridad y Especificidad en las Reglas de Operación

Las Reglas de Operación del programa no establecen con precisión cómo deben implementarse los componentes de alimentación y horario extendido, ni detallan los montos específicos asignados a cada uno. Esto genera incertidumbre y dificulta la correcta ejecución del programa por parte de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).

Datos Relevantes:

• Las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2023 no especifican los criterios ni la metodología para distribuir recursos a estos componentes.

Impacto:

• Los comités escolares no cuentan con directrices claras para utilizar los recursos de manera eficiente.

• Se generan diferencias significativas en la implementación entre escuelas de distintas regiones.

3.2 Infraestructura Deficiente para el Componente de Alimentación

A pesar de la incorporación del componente de alimentación en 2021, muchas escuelas carecen de la infraestructura necesaria para preparar y distribuir alimentos de manera adecuada.

Datos Relevantes:

• Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, 2023), el 72 por ciento de los planteles no tienen instalaciones adecuadas para ofrecer servicios de alimentación.

• Un informe de Mexicanos Primero (2023) señala que solo el 30 por ciento de las escuelas beneficiadas por el programa reciben apoyo constante para servicios de alimentación.

Impacto:

• Los estudiantes en situación de vulnerabilidad no reciben una alimentación adecuada, afectando su rendimiento académico y bienestar físico.

• La falta de servicios de alimentación perpetúa la desnutrición infantil, especialmente en zonas rurales y marginadas.

3.3 Desigualdad en la Implementación del Horario Extendido

El componente de horario extendido ha sido implementado de manera inconsistente, con una distribución desigual entre escuelas urbanas y rurales.

Datos Relevantes:

• La SEP reporta que solo el 40 por ciento de las escuelas públicas han implementado una jornada extendida debido a la falta de recursos y lineamientos claros.

• Tras la desaparición del programa “Escuelas de Tiempo Completo” (ETC) en 2022, más de 3.6 millones de estudiantes dejaron de recibir servicios de horario extendido.

Impacto:

• Falta de actividades extracurriculares y de apoyo académico para millones de estudiantes.

• Aumento en la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales.

• Dificultades para padres y madres trabajadoras que dependen de una jornada escolar extendida para conciliar sus responsabilidades laborales y familiares.

3.4 Distribución Inequitativa de Recursos

El programa LEEN no garantiza una distribución equitativa de los recursos asignados, lo que afecta principalmente a las escuelas ubicadas en contextos de alta marginación.

Datos Relevantes:

• Un estudio del CIEP (2023) revela que los recursos no siempre llegan a las escuelas más necesitadas debido a la falta de criterios específicos para su asignación.

• Según Mexicanos Primero (2023), las escuelas en zonas rurales y comunidades indígenas son las que más dificultades enfrentan para acceder a los beneficios del programa.

Impacto:

• Las desigualdades regionales se profundizan, dejando a los estudiantes de zonas marginadas sin acceso a servicios básicos de alimentación y horario extendido.

• Se incumple el principio de equidad educativa consagrado en el artículo 3° Constitucional.

3.5 Falta de Transparencia y Rendición de Cuentas

La falta de mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas ha generado irregularidades en la gestión de los recursos asignados al programa.

Datos Relevantes:

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado deficiencias y posibles desvíos de recursos en la implementación de LEEN en ejercicios fiscales recientes.

• En 2022, se reportaron casos donde los recursos asignados no se utilizaron para los fines establecidos, afectando directamente a las comunidades escolares.

Impacto:

• Desconfianza en el programa por parte de padres de familia y docentes.

• Uso ineficiente de recursos públicos, limitando el impacto positivo del programa en los estudiantes.

3.6 Falta de Monitoreo y Evaluación del Programa

El programa carece de un sistema robusto de monitoreo y evaluación que permita medir su impacto y garantizar la correcta implementación de los componentes de alimentación y horario extendido.

Datos Relevantes:

• No existen informes públicos periódicos que evalúen el cumplimiento de los objetivos del programa.

• La falta de indicadores claros dificulta identificar áreas de mejora y corregir deficiencias en tiempo real.

Impacto:

• Imposibilidad de medir de manera efectiva el impacto del programa en la infraestructura escolar, alimentación y jornada extendida.

• Falta de retroalimentación para optimizar el programa y garantizar que cumpla con sus objetivos.

4. Beneficios de Establecer los Componentes de Alimentación y Horario Extendido como Obligatorios

La obligatoriedad de los componentes de alimentación y horario extendido dentro del Programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN) no solo garantizaría el cumplimiento de derechos fundamentales de los estudiantes, sino que también traería beneficios tangibles en términos de rendimiento académico, desarrollo social y equidad educativa. A continuación, se detallan los principales beneficios de hacer obligatorios estos componentes.

4.1 Mejora del Rendimiento Académico

Alimentación Escolar y Aprendizaje

La alimentación adecuada es un pilar fundamental para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje efectivo.

Datos Relevantes:

• Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una alimentación adecuada mejora la concentración y el desempeño escolar de los niños. Los estudiantes bien nutridos tienen un 20 por ciento mejor rendimiento en matemáticas y lenguaje.

• Un informe de la UNESCO indica que los programas de alimentación escolar reducen el ausentismo en un 15 por ciento y aumentan la retención escolar.

Horario Extendido y Aprendizaje Continuo

Un horario extendido proporciona más tiempo para actividades académicas, deportivas y culturales, reforzando el aprendizaje.

Datos Relevantes:

• Un estudio del Banco Mundial muestra que los programas de jornada extendida aumentan el rendimiento académico en un promedio del 10 por ciento al 15 por ciento en comparación con una jornada regular.

• Las escuelas con jornada extendida logran una mayor cobertura curricular y ofrecen oportunidades adicionales de aprendizaje en áreas como ciencias, tecnología, artes y deportes.

4.2 Reducción de la Desnutrición Infantil

La desnutrición es una de las principales causas del bajo rendimiento escolar y el abandono escolar en México.

Datos Relevantes:

• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 27.9 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años presentan carencias alimentarias.

• La UNICEF reporta que una nutrición deficiente en los primeros años de vida afecta el desarrollo cerebral, lo que puede ocasionar problemas de aprendizaje permanentes.

Beneficios de la Alimentación Escolar Obligatoria:

1. Mejora del desarrollo físico y cognitivo de los niños.

2. Reducción de enfermedades relacionadas con la malnutrición.

3. Mayor asistencia escolar y menor abandono escolar.

4.3 Apoyo a las Familias Trabajadoras

Un horario escolar extendido facilita la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente para las madres trabajadoras.

Datos Relevantes:

• Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2023 del Inegi, el 48 por ciento de las mujeres trabajadoras en México tienen dificultades para cuidar a sus hijos debido a sus horarios laborales.

• Un estudio de la OCDE muestra que los programas de jornada extendida ayudan a reducir la brecha de género en el ámbito laboral, permitiendo que más mujeres accedan a empleos de tiempo completo.

• Beneficios para las Familias:

1. Apoyo a las madres trabajadoras, facilitando su participación en el mercado laboral.

2. Reducción de costos de cuidado infantil para las familias.

3. Mayor seguridad para los niños al permanecer en un entorno educativo supervisado durante más tiempo.

4.4 Equidad Educativa y Reducción de Brechas

La implementación obligatoria de los componentes de alimentación y horario extendido garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, tengan acceso a los mismos servicios educativos.

Datos Relevantes:

• Según Mexicanos Primero (2023), las escuelas en zonas rurales y comunidades indígenas tienen 50 por ciento menos probabilidades de recibir servicios de alimentación y horario extendido.

• Un informe del CIEP señala que las brechas de infraestructura y servicios educativos entre las escuelas urbanas y rurales afectan el derecho a la educación de más de 7 millones de estudiantes.

Beneficios de la Equidad Educativa:

1. Reducción de desigualdades en el acceso a servicios educativos esenciales.

2. Mayor inclusión social y oportunidades de desarrollo para comunidades marginadas.

3. Cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos los niños y niñas del país.

4.5 Transparencia y Rendición de Cuentas

La obligatoriedad facilita una mayor transparencia y supervisión en el uso de los recursos asignados a LEEN.

Beneficios:

1. Claridad en la asignación de recursos, evitando el uso discrecional.

2. Facilita la auditoría ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las autoridades educativas.

3. Reducción de la corrupción y uso indebido de fondos públicos.

Conclusión

El Programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN) tiene el potencial de transformar y mejorar significativamente las condiciones educativas en México. Sin embargo, para cumplir efectivamente con su objetivo, es imprescindible que las Reglas de Operación para 2025 incluyan lineamientos claros y detallados que establezcan los componentes de alimentación y horario extendido como obligatorios para todas las escuelas beneficiadas.

Hacer obligatorios estos componentes garantizará que:

1. Todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, reciban los mismos apoyos, asegurando una educación integral y de calidad.

2. Se logre una mejora en el rendimiento académico y un desarrollo integral al proporcionar alimentación adecuada y más tiempo para el aprendizaje.

3. Se contribuya a erradicar la desnutrición infantil y sus efectos negativos en el crecimiento y aprendizaje de los niños.

4. Se apoye a las familias trabajadoras, facilitando la conciliación laboral y familiar, y promoviendo una mayor igualdad de género en el ámbito laboral.

5. Se reduzcan las brechas de desigualdad regional al asegurar una distribución equitativa de recursos y servicios, beneficiando especialmente a las comunidades marginadas y rurales.

6. Se fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, optimizando el uso eficiente de los recursos públicos y fomentando la confianza en las políticas educativas.

Implementar estos cambios no solo fortalecerá el derecho constitucional a una educación equitativa y de excelencia, sino que también permitirá construir una sociedad más justa, inclusiva y con mayores oportunidades de desarrollo para todos los estudiantes del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al ciudadano Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en las Reglas de Operación del Programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN) para el ejercicio fiscal 2025, se incorporen de manera clara y detallada los componentes de alimentación y horario extendido, así como los montos específicos asignados a cada uno de estos componentes, garantizando que sean de carácter obligatorio para cada escuela que reciba recursos de este programa, a fin de asegurar su implementación efectiva y equitativa.

Notas

1 Fuente: Animal Político, 2022, SEP elimina las Escuelas de Tiempo Completo, pese a mandato judicial para conservarlas. Recuperado de:

https://animalpolitico.com/sociedad/sep-escuelas-tiempo-completo -mandato

2 Diario Oficial de la Federación, 2023, ACUERDO número 17/12/23 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2024. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712643&fecha =27/12/2023#gsc.tab=0

3 CIEP — Análisis Presupuestario 2023.recuperado de:

https://ciep.mx/gasto-educativo-desigual-e-inequitativo/

4 Mexicanos Primero, 2024, Claroscuros en La Escuela es Nuestra. Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mexicanos-primero/2024/0 2/08/claroscuros-en-la-escuela-es-nuestra/

5 Auditoría Superior de la Federación, 2022, Informe de Resultados 2022. Recuperado de:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2022a/index.html#0

6 SEP, Programa Escuelas al CIEN, 2018. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542212&fecha =26/10/2018#gsc.tab=0

7 IMCO, 2022, Eliminar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo refuerza la desigualdad y limita la competitividad de México. Recuperado de:

https://imco.org.mx/eliminar-el-programa-de-escuelas-de-tiempo- completo-refuerza-la-desigualdad/

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3°. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 CONEVAL — Medición de la Pobreza 2022. Recuperado de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx

10 UNESCO — Educación y Nutrición. Recuperado de:

https://www.unesco.org/es/health-education/nutrition

11 INEGI — Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2023. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/desc arga/ENUT2024/proyecto/cp_enut24_presenta.pdf

12 CIEP — Análisis Presupuestario 2023. Recuperado de:

https://ciep.mx/informe-trimestral-de-finanzas-publicas-diciembr e-de-2023-2/#:~: text=En%202023%20el%20d%C3%A9ficit%20 presupuestario,(10.4%25)%2C%20entre%20otros.

13 Diario Oficial de la Federación, 2023, ACUERDO número 17/12/23 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2024. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712643&fecha =27/12/2023#gsc.tab=0

14 Mexicanos Primero — Evaluación LEEN. Recuperado de:

https://www.mexicanosprimero.org/boletin.php?id=100

15 SEP — Informe de Escuelas de Tiempo Completo. Recuperado de:

https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-de-escuelas-de-tiempo -completo-2017-2018?state=published

16 Mexicanos Primero — Evaluación LEEN. Recuperado de:

https://www.mexicanosprimero.org/boletin.php?id=100

17 FAO — Alimentación Escolar y Rendimiento. Recuperado de:

https://www.fao.org/school-food/en/

18 UNESCO — Educación y Nutrición. Recuperado de:

https://www.unesco.org/es/health-education/nutrition

19 Banco Mundial — Jornada Extendida. Recuperado de:

https://documents1.worldbank.org/curated/ar/157301536217801694/p df/129769-WP-PUBLIC-SPANISH-EscuelasTiempoCompletoBajaRes.pdf

20 CONEVAL — Medición de la Pobreza 2022. Recuperado de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx

21 UNICEF — Desnutrición Infantil. Recuperado de:

https://www.unicef.org/mexico/desnutrici%C3%B3n-infantil

22 OCDE — Igualdad de Género y Educación. Recuperado de: https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/gender-equality.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de enero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE INCORPOREN EN GUANAJUATO, LOS PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PARA 2025 PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares del Ejecutivo federal y de la Conagua a incorporar en el estado de Guanajuato los programas federales de inversión en infraestructura hídrica para el ejercicio fiscal 2025, con el fin de implementar acciones y proyectos necesarios para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el derecho humano al agua, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Consideraciones

Situación Actual de la Sequía en Guanajuato

Actualmente, el estado de Guanajuato enfrenta una crisis hídrica sin precedentes derivada de una combinación de factores climáticos, ambientales y de gestión del agua. La falta de lluvias, el agotamiento de los acuíferos y una infraestructura insuficiente han colocado a la entidad en una situación crítica, afectando tanto a la población como a sectores clave como la agricultura y la ganadería.

1. Extensión y Gravedad de la Sequía

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 31 de marzo de 2024, el 100 por ciento del territorio de Guanajuato presentaba algún grado de sequía. La clasificación es la siguiente:

• 16 municipios en sequía extrema (D3), lo que implica agotamiento crítico de fuentes de agua y graves afectaciones en la agricultura.

• 24 municipios en sequía severa (D2), caracterizada por restricciones en el uso del agua y daños a cultivos.

• 6 municipios en sequía excepcional (D4), con impactos en la disponibilidad de agua y estrés en los ecosistemas.

Según el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 31 de agosto de 2024, el 65.6 por ciento del territorio estatal presentaba algún nivel de sequía, afectando a 21 municipios. De estos, el 28 por ciento se encontraba en condiciones anormalmente secas, el 15.9 por ciento en sequía moderada, el 10.4 por ciento en sequía severa y el 11.3 por ciento en sequía extrema.

Esta situación ha llevado a que las principales presas del estado registren niveles alarmantemente bajos. Por ejemplo, la presa El Palote, al 13 de marzo de 2024, reportó una capacidad del 3.4 por ciento, equivalente a 0.328 hm³, mientras que en la misma fecha de 2023 se encontraba al 35.8 por ciento.

Asimismo, la presa La Golondrina en Pénjamo se encontraba al 13.2 por ciento, con un almacenamiento de 0.617 hm³, comparado con el 51.9 por ciento registrado en marzo de 2023.

2. Niveles de Almacenamiento en Presas

Las principales presas de Guanajuato han registrado una disminución preocupante en sus niveles de almacenamiento:

• Presa El Palote (León):

- Nivel actual: 3.4 por ciento de su capacidad total.

- Comparación: En marzo de 2023 se encontraba al 35.8 por ciento.

• Presa La Golondrina (Pénjamo):

- Nivel actual: 13.2 por ciento.

- Comparación: En 2023 estaba al 51.9 por ciento.

• Presa Solís (Acámbaro):

- Nivel actual: 24 por ciento de su capacidad total.

En conjunto, el promedio de almacenamiento de las presas del estado es de apenas 35 por ciento, muy por debajo del promedio histórico del 60 por ciento. Estas cifras reflejan una disminución progresiva que compromete el suministro de agua para consumo humano y actividades productivas.

3. Sobreexplotación de Acuíferos

Guanajuato también enfrenta una severa sobreexplotación de sus acuíferos:

• 14 de los 20 acuíferos del estado están clasificados como sobreexplotados.

• La extracción de agua subterránea supera en un 40 por ciento la capacidad de recarga natural anual.

• El acuífero del Valle de León presenta una caída de entre 1.5 y 2 metros al año, obligando a perforar pozos más profundos y encareciendo los costos de extracción.

La sobreexplotación ha generado problemas de calidad del agua debido a la presencia de minerales como arsénico y fluoruro, poniendo en riesgo la salud de la población.

4. Impacto en la Agricultura y Ganadería

La sequía ha golpeado fuertemente a la agricultura y ganadería, sectores vitales para la economía de Guanajuato:

• Reducción de Superficie Sembrada:

- En 2024, se tenía contemplado sembrar 719,691 hectáreas, lo que representa una caída del 14 por ciento en comparación con las 840,931 hectáreas de 2023.

- La falta de agua ha afectado cultivos de maíz, sorgo y hortalizas.

• Pérdidas Económicas:

- Las pérdidas en el sector agrícola se estiman en más de 4,000 millones de pesos debido a la falta de agua para riego.

• Ganadería:

- Más del 30 por ciento del ganado enfrenta problemas de desnutrición y falta de agua, afectando la producción de leche y carne.

5. Impacto en el Abastecimiento de Agua Potable

La sequía ha provocado restricciones en el suministro de agua potable en varias ciudades:

• Más de 500,000 personas en municipios como León, Irapuato, Celaya y Salamanca enfrentan cortes intermitentes.

• Se han incrementado los gastos municipales para el envío de pipas de agua, con costos superiores a los 20 millones de pesos en el primer trimestre de 2024.

6. Medidas Gubernamentales Insuficientes

Aunque el gobierno del estado de Guanajuato ha implementado programas como el Programa de Atención a la Sequía (PAS), con una inversión de 50 millones de pesos para el envío de pipas y la instalación de cisternas, estas medidas son paliativas y no resuelven el problema estructural de la sequía.

El Plan Nacional Hídrico para el 2025 del gobierno federal, que contempla una inversión de 20, 000 millones de pesos en infraestructura hídrica, incluye un solo proyecto específico que es el Acueducto Solís para Guanajuato, a pesar de la gravedad de su situación.

La situación de la sequía en Guanajuato durante el año 2024 es alarmante y requiere una intervención urgente por parte del gobierno federal. La falta de lluvias, la sobreexplotación de acuíferos y la insuficiencia de infraestructura hídrica están generando una crisis que afecta a millones de personas y pone en riesgo la economía del estado. Es fundamental que Guanajuato sea incluido en los programas nacionales de inversión hídrica para garantizar el derecho humano al agua y mitigar los efectos devastadores de esta crisis.

Sequía en Guanajuato: Impacto en la Agricultura y la Economía Local

La sequía que afecta al estado de Guanajuato ha generado graves repercusiones en su economía y en el sector agrícola, una de las actividades más importantes de la entidad. La falta de lluvias, el agotamiento de los acuíferos y los bajos niveles en presas han reducido significativamente la producción agrícola, afectado a miles de productores y deteriorado la calidad de vida de las comunidades rurales.

1. Reducción de la Superficie Sembrada

En Guanajuato, la agricultura es un pilar económico fundamental. Sin embargo, debido a la falta de agua, la superficie sembrada se ha reducido drásticamente. De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP):

• En 2024 se planeaba sembrar 719,691 hectáreas, una caída del 14 por ciento en comparación con las 840,931 hectáreas sembradas en 2023.

• Los cultivos más afectados son:

- Maíz: Reducción de hasta el 20 por ciento en la superficie de siembra.

- Sorgo y trigo: Caída del 15 por ciento en las hectáreas cultivadas.

- Hortalizas: Afectadas por la falta de riego, especialmente cultivos como brócoli, lechuga y zanahoria.

2. Pérdidas Económicas Significativas

Las pérdidas económicas en el sector agrícola y ganadero de Guanajuato son alarmantes:

• Pérdidas totales estimadas en más de 4,000 millones de pesos debido a la falta de agua para riego.

• Los pequeños y medianos productores son los más afectados, con un impacto directo en sus ingresos y sustento familiar.

• Se estima que más de 30,000 empleos temporales relacionados con las actividades del campo están en riesgo debido a la baja producción.

3. Ganadería en Crisis

La falta de agua y pasto para el ganado ha puesto en crisis al sector ganadero:

• Más del 30 por ciento del ganado en el estado enfrenta problemas de desnutrición debido a la escasez de forraje y agua.

• Productores han reportado pérdidas de peso del ganado de hasta 50 kilogramos por animal, lo que reduce su valor comercial.

• Se ha incrementado el sacrificio anticipado de reses y otras especies debido a la incapacidad para mantenerlos alimentados.

• La producción de leche ha caído en un 25 por ciento, afectando la economía de cientos de familias lecheras.

4. Impacto en la Seguridad Alimentaria

La reducción de la producción agrícola y ganadera no solo afecta a los productores, sino que también tiene repercusiones en la disponibilidad y precios de los alimentos:

• Se prevé un aumento de hasta el 15 por ciento en los precios de productos básicos como maíz, frijol, hortalizas y carne.

• La disminución en la producción local obliga a importar más alimentos, afectando la economía regional y familiar.

5. Medidas de Emergencia Insuficientes

A pesar de las acciones implementadas por el gobierno del estado de Guanajuato, como el Programa de Atención a la Sequía (PAS), estas medidas han sido insuficientes:

• Inversión de 50 millones de pesos para el envío de pipas y la instalación de cisternas en comunidades afectadas.

• Se han abastecido 199 localidades de 14 municipios, pero la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta.

Es necesario un apoyo coordinado con el gobierno federal para implementar soluciones de largo plazo, como proyectos de infraestructura hídrica y programas de tecnificación del riego.

La sequía en Guanajuato ha provocado una crisis que afecta no solo a los productores agrícolas y ganaderos, sino a toda la economía regional. Las pérdidas millonarias, la reducción en la superficie sembrada y los problemas en la ganadería son evidencia de que se requieren acciones urgentes y coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno para mitigar los efectos de la sequía y garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del estado.

Es fundamental que Guanajuato sea incluido en los programas federales de inversión hídrica y se implementen políticas de sostenibilidad a largo plazo.

La sequía ha reducido la superficie cultivable en Guanajuato de 840,931 hectáreas en 2023 a 719,691 hectáreas en 2024, una disminución del 14 por ciento. Esto afecta directamente a más de 75,000 productores agrícolas y amenaza con pérdidas económicas superiores a los 3,000 millones de pesos en el ciclo agrícola de 2024.

Impacto Económico del Desabasto de Agua

La escasez de agua tiene un impacto devastador en la economía de Guanajuato:

1. Sector Agrícola:

- El estado de Guanajuato es uno de los principales productores agrícolas del país, aportando el 4.5 por ciento del PIB agrícola nacional. La sequía ha reducido la superficie cultivable de 840,931 hectáreas en 2023 a 719,691 hectáreas en 2024, una disminución del 14 por ciento.

- Las pérdidas económicas derivadas de esta reducción se estiman en más de 3,000 millones de pesos.

- Más de 75,000 productores agrícolas están siendo afectados, principalmente aquellos dedicados a cultivos de maíz, sorgo y trigo, que dependen del riego constante.

2. Industria y Comercio:

- La industria manufacturera de Guanajuato, que representa el 28 por ciento del PIB estatal, depende de un suministro estable de agua.

- Empresas del corredor industrial León-Irapuato-Salamanca reportan pérdidas de hasta 1,500 millones de pesos debido a interrupciones en el suministro de agua potable y procesos productivos.

3. Turismo:

- El turismo, que aporta aproximadamente el 8 por ciento del PIB estatal, se ha visto afectado por la disminución de actividades recreativas acuáticas y el deterioro de cuerpos de agua como la laguna de Yuriria y la presa La Purísima.

- Se sufrió una caída del 20 por ciento en las visitas turísticas relacionadas con actividades acuáticas durante 2024.

4. Desempleo y Migración:

- La falta de agua ha provocado una pérdida de empleos en el sector agrícola y manufacturero, lo que ha incrementado el desempleo en un 4 por ciento en comparación con 2023.

- Se registra un aumento del 15 por ciento en la migración interna desde zonas rurales afectadas hacia ciudades con mejores condiciones hídricas.

La sequía ha tenido un impacto devastador en la agricultura de Guanajuato. El Sistema de Información Agroalimentaria señala que los productores de riego y temporal en el estado planean sembrar 719,691.14 hectáreas en 2024, un 14 por ciento menos que las 840,931 hectáreas proyectadas para 2023. Desde 2020, la superficie a cultivar se ha reducido debido a la sequía, según datos del gobierno federal.

Esta reducción en la superficie sembrada se traduce en pérdidas económicas significativas para los agricultores y afecta la seguridad alimentaria de la región.

Además, el riesgo de incendios forestales ha aumentado debido a la sequía extrema, poniendo en peligro los ecosistemas locales y la biodiversidad.

Plan Nacional Hídrico 2024-2030

El gobierno de México ha presentado el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que busca garantizar el derecho humano al agua y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales. El plan se basa en cuatro ejes fundamentales: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; y gestión integral y transparente.

Sin embargo, es preocupante que, a pesar de la grave situación que enfrenta Guanajuato, el estado únicamente ha sido incluido en un solo proyecto estratégico del plan. Es imperativo que se consideren las necesidades hídricas de Guanajuato para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el acceso al agua para sus habitantes y sea considerado en los múltiples programas federales en materia de infraestructura hídrica.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo; y al ciudadano Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que lleven a cabo las acciones necesarias para que el estado de Guanajuato sea incorporado en los programas federales de inversión en infraestructura hídrica para el ejercicio fiscal 2025. Esto con el fin de implementar acciones y proyectos necesarios para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el derecho humano al agua para sus habitantes, así como reducir los impactos ambientales, económicos y sociales que esta problemática genera en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que se asignen recursos específicos para la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica y se informe a la opinión pública sobre las acciones implementadas para combatir esta problemática y mitigar el impacto económico y social del desabasto de agua en el estado de Guanajuato.

Notas

1 Monitor de Sequía de México, Conagua. Recuperado de:

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3% ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%AD a/MSM20240331.pdf

2 Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG). Recuperado de:

https://boletines.guanajuato.gob.mx/author/cea/page/8/

3 Catalina Reyes Colín, 2023, Principales presas del Estado tienen menos de la mitad de agua, Periódico AM. Recuperado de:

https://beta.am.com.mx/guanajuato/2023/06/28/principales-presas- del-estado-tienen-menos-de-la-mitad-de-agua-666410.html

4 La sobreexplotación de acuíferos: camino seguro hacia la quiebra hídrica. Recuperado de:

https://www.gob.mx/imta/articulos/la-sobreexplotacion-de-acuifer os-camino-seguro-hacia-la-quiebra-hidrica?idiom=es

5 Crónica de una catástrofe anunciada: La sequía en Guanajuato está matando al campo. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/6/4/cronica-de-una-catastr ofe-anunciada-la-sequia-en-guanajuato-esta-matando-al-campo-707672.html

6 Sequía Extrema en Guanajuato, Artículo: “Guanajuato sufre la peor sequía de los últimos 12 años”. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/2/11/guanajuato-sufre-la-p eor-sequia-de-los-ultimos-12-anos-694522.html

7 Presas con niveles críticos, Nota: “Sequía en Guanajuato: cae captación de agua hasta un 20% en 2024”. Recuperado de:

https://www.telediario.mx/comunidad/sequia-guanajuato-cae-captac ion-agua-20-2024

8 Fuente: Plan Nacional Hídrico — Conagua. Recuperado de:

https://www.gob.mx/conagua/prensa/presenta-conagua-plan-nacional -hidrico

9 Guanajuato registra sequía extrema durante el primer bimestre del 2024. Recuperado de:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/guanajuato-registra-s equia-extrema-durante-primer-bimestre-2024

10 Fuente: SIAP. Recuperado de:

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola -33119

11 Impacto en la Agricultura y Ganadería, Artículo: “Crónica de una catástrofe anunciada: la sequía en Guanajuato está matando al campo”. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/6/4/cronica-de-una-catastr ofe-anunciada-la-sequia-en-guanajuato-esta-matando-al-campo-707672.html

12 Jorge Hernández, 2023, Reporta Conagua un Guanajuato anormalmente seco y con sequía moderada. Recuperado de:

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/ecologia/reporta-conagu a-un-guanajuato-anormalmente-seco-y-con-sequia-moderada/

13 En Guanajuato cae captación de agua al 20% en lo que va del 2024. Recuperado de:

https://www.telediario.mx/comunidad/sequia-guanajuato-cae-captac ion-agua-20-2024

14 Impacto en la Agricultura y Ganadería, Artículo: “Crónica de una catástrofe anunciada: la sequía en Guanajuato está matando al campo”. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/6/4/cronica-de-una-catastr ofe-anunciada-la-sequia-en-guanajuato-esta-matando-al-campo-707672.html

15 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Recuperado de:

http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php

16 Comisión Nacional del Agua, 2014, Conoce el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, Agua es bienestar. Recuperado de:

https://www.gob.mx/conagua/articulos/presenta-conagua-plan-nacio nal-hidrico-384239

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de enero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO PARA QUE SE PROPORCIONEN EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES QUE LOS REQUIERAN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Ssa y de Megafarmacia del Bienestar, a proporcionar en tiempo y forma todos los medicamentos a los pacientes que los requieran, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 126,014,024 personas, por lo que es uno de los 11 países a nivel mundial más poblados.

Es por lo anterior que, como uno de los países más poblados, más de un millón de mexicanos acuden a las instituciones públicas de salud para recibir atención médica.

De ellos, cerca de 915 mil asisten a consulta externa, 12 mil son objeto de alguna intervención quirúrgica y cuatro mil 600 mujeres llevan a término su embarazo, datos que se encuentran en la página oficial.

Estos pacientes son atendidos por los 215 mil médicos y 300 mil enfermeras que prestan sus servicios en hospitales, unidades, institutos y centros de salud y que tienen la responsabilidad de escuchar y atender con ética a quienes requieren de ellos y a sus familiares.

Pero los doctores que son los encargados de recetar a los pacientes para que puedan mejorar o en su caso mantener un nivel de salud adecuado, se topan con pared al tener una limitación de que no se cuentan con los medicamentos necesarios para surtir sus recetas.

La llamada “Megafarmacia del Bienestar” no cuenta con el 99 por ciento de los medicamentos básicos, ni específicos que requieren los pacientes o derechohabientes en nuestro país. Este elefante blanco tiene la capacidad de almacenar 280 millones de piezas, según Birmex, pero inició operaciones con sólo 2 millones 465 mil 975; de 2019 a 2022 el gobierno federal no surtió 42.7 millones de recetas.

Esta “Megafarmacia del Bienestar” fue instalada con el objetivo de terminar con el desabasto de medicamentos en el país, pero eso hasta el día de hoy no ha sido cumplido ya que solo opera con el 0.9 por ciento del total de medicamentos que puede almacenar.

La “Megafarmacia del Bienestar”, sólo puede surtir uno de cada 100 fármacos solicitados, como lo indicó el titular de Birmex que, hasta el 19 de enero de 2024, el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis, nombre oficial de la megafarmacia) sólo había surtido 67 recetas en 21 días, de alrededor de 6 mil 364 llamadas que solicitaron fármacos desde su inauguración el 29 de diciembre de 2023.

Los derechohabientes, ciudadanos que han dirigido a la bodega de Huehuetoca, en el Estado de México, donde indica el gobierno federal que se cuenta con mil 190 tipos de medicamentos, con los que es posible atender a todos los pacientes, ha sido muy cuestionado y señalado por los ciudadanos ya que no les surten el medicamento, o fármacos controlados por que no lo hay.

Hoy presento este punto de Acuerdo con el único objetivo de siempre velar por los intereses de los más necesitados y lo más valioso que es la salud. El desabasto de medicamentos no es inherente a una administración federal o al partido político en el poder; sin embargo, tenemos que encontrar la manera de poder abastecer a los pacientes de sus medicamentos.

Este problema si no se reacciona a tiempo se irá agudizando, se sigue incrementado el número de recetas no surtidas con el paso de los años, y esto será un grave problema de Políticas Públicas mal establecidas. Tan sólo de 2019 a 2022 el gobierno federal no surtió 42.7 millones de recetas a los derechohabientes. Y esta cifra subió a 4 millones 40 mil 692, el 1.81 por ciento de las recetas; en 2020 dejaron de surtirse 11 millones 325 mil recetas, es decir, 5.92 por ciento del total.

Es por lo anterior que es muy importante que esta nueva administración del gobierno federal realmente surta y tenga los medicamentos para los pacientes.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y de la “Megafarmacia del Bienestar”, instrumenten las acciones y estrategias necesarias a efecto de proporcionar en tiempo y forma todos los medicamentos recetados a los pacientes de los servicios médicos públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SHCP Y AL INDEP A AGILIZAR LOS TRÁMITES DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN DE BIENES EN GARANTÍA DE LOS USUARIOS AFECTADOS POR LA EXTINCIÓN DE LA FND

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y al INDEP a establecer un mecanismo eficiente y transparente, para agilizar los trámites de liquidación de créditos y recuperación de bienes en garantía de los usuarios afectados por la extinción de la FND, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Paulo Gonzalo Martínez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, a establecer un mecanismo eficiente y transparente, como una ventanilla única o plataforma digital, para agilizar los trámites de liquidación de créditos y recuperación de bienes en garantía de los usuarios afectados por la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. Afectación a los productores agrícolas: La extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero dejó a miles de pequeños productores en incertidumbre, especialmente aquellos que hipotecaron bienes inmuebles como garantía para acceder a créditos. Según cifras oficiales, cerca de 32,000 productores tenían créditos activos al momento de la extinción, representando una pérdida significativa de apoyo financiero para el campo mexicano.

Segundo. Vulneración de derechos fundamentales: La desaparición de este organismo quebrantó derechos esenciales como la seguridad alimentaria y la certeza jurídica. Además, el proceso de extinción fue apresurado, afectando a las minorías parlamentarias al no permitir un análisis legislativo exhaustivo, lo que vulnera principios de transparencia y legalidad.

Tercero. Falta de seguimiento en la liquidación: Desde la extinción de la Financiera, no se ha implementado un plan claro de liquidación. Los productores que mantenían sus créditos al corriente han sido presionados para liquidar en una sola exhibición, sin considerar los términos contractuales originales, y los procesos para recuperar bienes en garantía se encuentran paralizados.

Cuarto. Impacto económico y social: La falta de financiamiento para pequeños productores y ejidatarios no solo afecta la seguridad alimentaria del país, sino que también agudiza las desigualdades económicas y sociales en las comunidades rurales. Esto pone en riesgo la producción agrícola y el sustento de miles de familias.

Quinto. Cobranza agresiva y falta de claridad: Previo a la extinción, se implementaron prácticas de cobranza terciada a través de despachos externos con métodos poco convencionales, lo que ha generado una presión indebida sobre los productores, especialmente en regiones afectadas por fenómenos naturales o caídas de precios internacionales.

Sexto. Responsabilidad de la SHCP y el INDEP: Ambas instituciones tienen la obligación de garantizar un proceso de liquidación ordenado y transparente. Sin embargo, la falta de coordinación y comunicación con los afectados ha agravado el problema, dejando a miles de productores en un limbo legal y financiero.

Séptimo. Necesidad de información pública: Hasta el momento, no se han brindado informes claros sobre el estado de las carteras de crédito ni sobre los bienes en garantía, lo que genera desconfianza y desinformación entre los afectados. Campañas de información pública son esenciales para garantizar que los usuarios conozcan los pasos necesarios para regularizar su situación.

Con esta proposición se busca garantizar justicia y certeza jurídica para los miles de productores agrícolas afectados por la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, quienes actualmente enfrentan incertidumbre respecto a los créditos y bienes que dejaron en garantía. Esta medida es esencial para proteger su patrimonio, mitigar el impacto financiero y brindarles las herramientas necesarias para continuar con su actividad productiva, una labor que sostiene la seguridad alimentaria del país y el sustento de sus comunidades.

La liquidación de esta institución no solo dejó sin financiamiento a pequeños y medianos productores, sino que también expuso deficiencias en la planeación y ejecución del proceso de extinción. Muchos usuarios han enfrentado problemas para liquidar sus deudas debido a la falta de información clara y canales accesibles para resolver su situación. Además, la falta de coordinación entre las autoridades responsables ha derivado en la opacidad y retrasos en los trámites, lo que ha puesto en riesgo la recuperación de los bienes en garantía de los usuarios.

La implementación de una ventanilla única o un mecanismo similar es fundamental para agilizar estos procesos, reduciendo la burocracia y garantizando que los productores puedan regularizar su situación sin obstáculos innecesarios. Asimismo, la transparencia es crucial: es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) proporcionen informes detallados sobre el estado de las carteras de crédito, los bienes en garantía y las acciones emprendidas.

Esto no solo permitirá identificar posibles irregularidades, sino que también generará confianza entre los afectados y en la sociedad en general.

Por otra parte, es necesario reconocer la importancia de las campañas de información pública. Muchas de las personas afectadas pertenecen a comunidades rurales con acceso limitado a canales digitales o recursos informativos. Estas campañas deben ser accesibles, incluyentes y diseñadas para llegar a las regiones más apartadas, asegurando que cada productor afectado comprenda los pasos necesarios para resolver su situación y recupere su patrimonio.

Finalmente, la extinción de la Financiera Rural ha tenido repercusiones que van más allá de lo financiero. La ausencia de alternativas de financiamiento para el sector agropecuario amenaza con profundizar las desigualdades sociales y económicas en las comunidades rurales, así como con desincentivar la producción agrícola. Garantizar justicia y transparencia en este proceso no solo es una obligación moral y legal, sino una estrategia para proteger la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de México. Con esta proposición, se busca atender una problemática que afecta directamente a quienes sostienen una parte esencial de nuestra economía y bienestar como nación.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, a establecer un mecanismo eficiente y transparente, como una ventanilla única o plataforma digital, para agilizar los trámites de liquidación de créditos y recuperación de bienes en garantía de los usuarios afectados por la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Segundo. Se exhorta también a dichas instituciones a que proporcionen un informe detallado sobre el estado actual de las carteras de crédito, el destino de los bienes en garantía, y las acciones realizadas hasta la fecha para garantizar un proceso de liquidación ordenado y transparente.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado a implementar campañas de información pública que brinden claridad a los productores sobre los procedimientos necesarios para regularizar sus adeudos o recuperar sus bienes en garantía, asegurando que esta información sea accesible para las comunidades rurales.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2025.– Diputado Paulo Gonzalo Martínez López (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE IMPLEMENTEN ACCIONES QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DEL AUMENTO DE DESEMPLEO DE PERSONAS TRABAJADORAS AFILIADAS AL IMSS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la STPS, a implementar acciones que solucionen el problema del aumento creciente del desempleo de las trabajadoras y los trabajadores que están afiliados al IMSS, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Considerandos

La creación de empleos es una de las herramientas de mayor impacto para cualquier sociedad y para todo orden de gobierno, porque da la posibilidad de generar ingresos constantes que permiten a las personas y a las familias satisfacer sus necesidades fundamentales y elevar su calidad de vida. El crecimiento de las oportunidades laborales permite reducir significativamente la pobreza y genera un escenario propicio para el crecimiento económico.

México cerró el 2024 con un panorama desolador en el ámbito laboral formal, toda vez que en el pasado mes de diciembre se generó el peor dato desde que se tienen registros de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 405,259 empleos formales perdidos solamente en este último mes del 2024.

Este retroceso estuvo acompañado por una economía en desaceleración, reflejo de desafíos internos y externos que impactaron en sectores clave. Además, la incertidumbre generada por la transición presidencial y la implementación de diversas reformas constitucionales, provocó mesura entre las empresas privadas, limitando las inversiones y la generación de empleos. Este contexto demuestra la necesidad de políticas públicas más sólidas y orientadas a fortalecer la confianza empresarial y promover un crecimiento económico sostenible.

A lo largo del 2024, México mostró un pobre crecimiento en la generación de empleo formal. Según datos del IMSS, durante el periodo de enero a diciembre, se registraron 213,993 nuevos puestos de trabajo, reflejando un crecimiento limitado en comparación con años anteriores. Tan solo en el 2023 se generaron 651,490 empleos formales, lo que significa que la caída en el 2024 con respecto al año previo es de 67.1 por ciento del empleo formal generado en México.

La generación de empleo formal en México durante 2024 incluso quedó por debajo de las proyecciones más pesimistas realizadas por el Banco de México (Banxico), que estimaba un incremento de entre 250,000 y 350,000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el resultado final fue inferior, entre un 14.4 y 38.8 por ciento de acuerdo a las estimaciones de Banxico.

El informe mensual del IMSS reveló que en diciembre de 2024 se registró una reducción de 405,259 empleos formales. Esta cifra marca un récord histórico, ya que nunca se había observado un nivel de pérdida de empleos similar en los registros del instituto.

Ante estas cifras negativas, es impostergable que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, generen de manera inmediata las acciones de gobierno y políticas públicas encaminadas a solucionar el desempleo que se está suscitando en el país.

El empleo es un factor muy importante en el crecimiento económico. El Estado debe ser garante y generar condiciones de certidumbre para apoyar al sector privado y fomentar la creación de empleo. En este sentido, el gobierno federal no ha solucionado un problema que va en ascenso, lo cual está afectando a las empresas y por lo tanto a la economía nacional, y a las familias de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita a esta soberanía sea aprobado de forma urgente u obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que implementen las acciones de gobierno y políticas públicas necesarias a fin de solucionar de una manera efectiva la pérdida de empleos formales que se ha generado en México en los últimos meses.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Comisión Permanente de este honorable Congreso Unión para que cite al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a comparecer ante esta soberanía, a efecto de dar cuenta de la política de empleo que lleva a cabo el gobierno federal, así como de los resultados y expectativas a futuro.

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 21 días del mes de enero de 2025.– Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA CONAGUA, A REMITIR ALCONGRESO DE LA UNIÓN, LOS RESULTADOS DEL FORO DE DISCUSIÓN TRANSFORMANDO EL RÉGIMEN DEL AGUA EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a remitir al Congreso de la Unión los resultados del foro de discusión “Transformando el Régimen del Agua en México”, con la finalidad de que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de ley, se consideren las problemáticas y perspectivas expresadas, suscrita por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PVEM

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II; y 218, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que los resultados del foro de discusión Transformando el régimen del agua en México, sean remitidas al Congreso de la Unión, con la finalidad de que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de ley, se consideren las problemáticas y perspectivas expresadas, con base en las siguientes

Consideraciones

Uno de los elementos sin los cuales la vida en la Tierra sería imposible es el agua. De los mil 400 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay en nuestro planeta, sólo 2.5 por ciento es agua dulce y se localiza en cuerpos superficiales como: ríos, arroyos, lagunas y lagos. También se ubica en glaciares y en acuíferos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), nuestro país recibe “aproximadamente 1,464,734 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, se estima que 71.7 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera; 22 por ciento escurre por los ríos o arroyos y, el 6.3 por ciento restante, se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos”. De lo anterior se cuenta con 461 mil 640 millones de metros cúbicos de agua dulce renovable que, en términos per cápita, equivalen a 3 mil 569 metros cúbicos por habitante al año.

Sin embargo, el agua dulce no se distribuye uniformemente en todo el territorio nacional. Como ejemplo, de las trece regiones hidrológico-administrativas en que se divide nuestro país, las regiones XIII Aguas del Valle de México, VII Cuencas Centrales del Norte, VI Río Bravo y I Península de Baja California cuentan, respectivamente, con un volumen de agua renovable per cápita de 141 metros cúbicos por habitante al año (m3/hab/año); 961 m3/hab/año, 979 m3/hab/año y 999 m3/hab/año, mientras que la región XI Frontera Sur cuenta con un volumen de agua renovable per cápita de 19,140 m3/hab/año.

Uno de los factores que contribuye a que la distribución del agua no sea homogénea es la precipitación pluvial. En nuestro país el régimen de lluvias por lo general ocurre en los meses de junio a septiembre; sin embargo, ello no necesariamente implica que se reciba el mismo volumen de lluvia año con año.

El agua se requiere no sólo para vivir, sino que también es utilizada en diferentes procesos productivos, primarios y secundarios. Los usos agrupados consuntivos del agua dulce se destinan principalmente al sector agrícola, el abasto público, la industria autoabastecida y la industria eléctrica (sin contar la hidroeléctrica). Tan solo en el año 2022, dato más reciente, la Comisión Nacional del Agua reportó que el volumen concesionado para los distintos usos consuntivos agrupados del agua fue de 89,803.7 hectómetro cúbico (hm3) de los cuales, 68,520.6 hm3fueron para el sector agrícola; 13,330.2 hm3para abasto público; 4,273.3 hm3para la industria autoabastecida y 3,679.6 hm3 para energía eléctrica, sin incluir la hidroeléctrica.

Entre las principales problemáticas en torno al agua se encuentra la disponibilidad. En el caso de los acuíferos, de los 653 que hay en el país, sólo 378 tienen condiciones de disponibilidad. Estas cifras cobran relevancia si se tiene en consideración que poco más de un tercio del uso agrícola proviene de acuíferos. En el caso del uso para abasto público y la industria autoabastecida 57 por ciento proviene de acuíferos.

Otro problema en torno al agua es su contaminación, que es ocasionada por la descarga diaria de aguas residuales que no cuentan con tratamiento previo, o bien, cuyo tratamiento es deficiente. Esto afecta tanto a cuerpos superficiales como acuíferos. A ello se suma que aún no se cuenta con una infraestructura que permita conocer la calidad del agua en todo el país.

El derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible es un derecho consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado artículo también refiere que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para su acceso y uso equitativo y sustentable.

Si bien la incorporación de este precepto en la Carta Magna representó un gran avance y permitió llevar a cabo algunos programas gubernamentales, no fue sin hasta que el gobierno de la Cuarta Transformación llegó al poder que, por primera vez en la historia, iniciaron las acciones para cumplir a cabalidad con el citado precepto.

Algunos de los avances del primer piso de la Cuarta Transformación son los siguientes:

• 96.1 por ciento de la población cuenta con acceso al agua entubada y agua entubada en la vivienda.

• 93.8 por ciento de la población cuenta con cobertura a la red pública de alcantarillado o a fosa séptica.

• Incremento de la capacidad de riego en cien mil hectáreas.

• Construcción de infraestructura para dotar de agua a ciudades como Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

• Se han ejecutado obras para protección contra desastres naturales y de restauración ecológica en Hidalgo y en el Estado de México (lago de Texcoco), respectivamente.

• Con recursos aportados por la federación y los gobiernos estatales y municipales por un monto de 9 mil 574 millones de pesos se llevaron a cabo obras de infraestructura en agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Construcción o ampliación de 31 plantas de tratamiento de aguas residuales.

• Construcción de plantas potabilizadoras, destacando en 2023 las de Benito Juárez, en Tabasco; Carrizal II, en Tabasco y La buena mujer, en Baja California Sur.

• Construcción de la zona de riego Picachos en Sinaloa.

• Construcción del canal Centenario en Nayarit, que permitirá incorporar 43.1 mil hectáreas de riego.

En este segundo piso de la Cuarta Transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo ha mantenido el compromiso por implementar a cabalidad el artículo 4o. constitucional, sino que lo ha puesto al frente de su agenda reconociendo al vital líquido como estratégico para el desarrollo social y económico nacional y afirmando que todos y todas las personas en México vean materializado el derecho al agua. Para ello, como parte de sus cien pasos para la transformación en materia de agua destacan:

• Uso eficiente del agua en el campo.

• Regularizar el sistema de concesiones.

• Incrementar la capacidad de tratamiento a nivel municipal.

• Mantenimiento de presas y acueductos.

• Fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua.

En congruencia con ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció, como parte de los 10 principios de la política ecológica y ambiental humanista, el principio número 6, relativo al saneamiento y restauración de ríos, cuentas y bosques para garantizar acceso al agua limpia.

El 21 de noviembre de 2024, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que consta de cuatro ejes rectores, a saber: i) política hídrica y soberanía nacional; ii) mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; iii) justicia y acceso al agua y iv) gestión integral y transparente. Como parte de estos ejes se contemplan acciones de suma importancia, entre ellas, el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula; el ordenamiento de las concesiones, la ejecución de 16 proyectos prioritarios en igual número de entidades federativas y la simplificación administrativa. Para su ejecución, en 2025 se espera una inversión aproximada de veinte mil millones de pesos.

Aunado a lo anterior, el 25 de noviembre de 2024, nuestra Presidenta suscribió el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Este acuerdo entró en vigor en diciembre pasado y participan en su implementación el Gobierno federal, los gobiernos de las 32 entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales, los representantes de los sectores agrícolas, pecuario e industrial, social y académico. Las y los participantes se comprometieron a celebrar los instrumentos jurídicos que resulten necesarios para concretar los compromisos estipulados.

Recientemente la Comisión Nacional del Agua emitió convocatoria a todos los interesados para participar en el foro Transformando el régimen del agua en México, en el que se busca reunir propuestas que aporten a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la elaboración de la Ley General de Agua. Sobre esta última no se considera ocioso comentar que el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, dispuso que en un plazo de 360 días el Congreso de la Unión emitiría la Ley General de Aguas. Dicho plazo feneció el 26 de julio de 2013 y el 26 de julio de 2024 se cumplieron once años sin que se haya acatado lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del citado decreto. No obstante, como se ha señalado, el segundo piso de la Cuarta Transformación ha tomado cartas en el asunto y a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en concreto, a través de la Comisión Nacional del Agua, está avanzando para cumplir el mandato, pero también porque ha reconocido que las reformas legales en materia de agua son necesarias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que los resultados del foro de discusión Transformando el régimen del agua en México sean remitidos al Congreso de la Unión, con la finalidad de que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de ley, se consideren las problemáticas y perspectivas expresadas.

Notas

1 Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del Agua en México 2023. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos. 2.2 Agua Renovable. P. 26. En:

file:///C:/Users/dones/Downloads/EAM2023_fpor ciento20(1).pdf. Página consultada el 17 de enero de 2024.

2 Los datos del volumen de agua renovable per cápita son calculados para 2022. Op. Cit.

3 Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del Agua en México 2023. Capítulo 3. Usos del Agua. Tabla 3.2 Volúmenes concesionados para usos agrupados consuntivos por entidad federativa 2021 y 2022, p. 77. En:

file:///C:/Users/dones/Downloads/EAM2023_fpor ciento20(1).pdf. Página consultada el 17 de enero de 2024.

4 Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del Agua en México 2023. Capítulo 3. Usos del Agua. Pp. 78, 80 y 81. En:

file:///C:/Users/dones/Downloads/EAM2023_fpor ciento20(1).pdf. Página consultada el 17 de enero de 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Senador Luis Alfonso Silva Romo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEGOB, A OTORGAR MAYOR TIEMPO DE RADIO Y TELEVISIÓN AL INE, PARA DAR MAYOR DIFUSIÓN AL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2024-2025

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a otorgar mayor tiempo de radio y televisión al INE, para dar mayor difusión al proceso electoral extraordinario 2024-2025, enfatizando la característica de la boleta con la que se elegirán diversos cargos del Poder Judicial, a cargo de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE REACTIVE EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS QUE SE DEBEN ENTREGAR EN LAS BODEGAS DE LAS COMUNIDADES DE DURANGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Segalmex a reactivar el servicio de suministro y la calidad de los productos alimentarios que se deben entregar en las bodegas de las comunidades del estado Durango, suscrita por el diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Arturo Yáñez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durango, localizado en el norte de México, es una entidad federativa caracterizada por una vasta extensión territorial y una población predominantemente rural.

En este contexto, la agricultura y ganadería siguen siendo las principales fuentes de sustento para las comunidades locales.

Sin embargo, las comunidades rurales de Durango enfrentan múltiples desafíos que afectan su capacidad productiva, la eficiencia de sus mercados y el bienestar de sus habitantes. En este sentido, la intervención de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) resulta crucial para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales del estado.

Esta exposición de motivos tiene como objetivo, resaltar la necesidad urgente de que Segalmex opere de manera más funcional y eficiente en las comunidades del Estado de Durango, además de proponer la creación de un centro de acopio que impulse la producción agrícola y ganadera, optimice la distribución de alimentos y ofrezca un mercado justo para los productores locales.

Durango es uno de los estados con mayor producción agrícola de México, destacando en la producción de maíz, frijol, trigo, avena y una amplia variedad de productos de origen animal. Sin embargo, las comunidades rurales de la entidad enfrentan varias problemáticas que dificultan el aprovechamiento óptimo de sus recursos y su integración al mercado nacional.

Entre los principales problemas que aquejan a los productores de Durango se encuentran:

1. Desigualdad en el acceso a los recursos de apoyo estatal: Muchas comunidades rurales carecen de acceso oportuno a los programas de apoyo del gobierno federal, debido a la dispersión geográfica y la falta de infraestructura de comunicación y transporte.

2. Dificultad de acceso a mercados y precios justos: Los pequeños productores a menudo enfrentan intermediarios que desvirtúan los precios de sus productos, lo que afecta su rentabilidad y la estabilidad de sus economías familiares.

3. Inestabilidad climática y afectaciones a la producción: La sequía, las heladas y otros fenómenos climáticos afectan de manera recurrente la productividad agrícola en Durango, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria tanto a nivel estatal como nacional.

4. Falta de infraestructura adecuada: Las comunidades rurales carecen de centros de acopio eficientes que permitan almacenar, procesar y distribuir los productos de forma adecuada, lo que provoca pérdidas significativas.

Para abordar estas problemáticas, se propone que Segalmex, el organismo encargado de velar por la seguridad alimentaria en México, amplíe y optimice sus operaciones en Durango. Esto podría lograrse a través de los siguientes pasos:

1. Ampliación de la cobertura de Segalmex en las comunidades rurales: Es necesario que Segalmex fortalezca su presencia en las comunidades más alejadas y marginadas de Durango. Esto puede lograrse mediante la creación de centros de atención y apoyo a los productores, la implementación de programas de asesoría técnica agrícola y ganadera, así como el otorgamiento de subsidios y apoyos económicos que fomenten la producción.

2. Mejora en la infraestructura de transporte y distribución: A través de la colaboración con los gobiernos estatal y municipal, Segalmex podría invertir en la mejora de las rutas de acceso a las comunidades rurales y a los centros de acopio, asegurando una distribución eficiente y oportuna de los productos.

3. Promoción de la comercialización directa entre productores y consumidores: El centro de acopio podría actuar también como un espacio para la comercialización directa entre los productores y consumidores, eliminando intermediarios y asegurando precios más justos para ambas partes. Esto fomentaría la creación de mercados locales más justos y transparentes.

4. Fortalecimiento de programas de capacitación y asistencia técnica: SEGALMEX debe expandir sus programas de capacitación en prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, para asegurar que los productores de Durango puedan aumentar su productividad y mejorar la calidad de sus productos.

La operación eficiente de Segalmex y la creación de un centro de acopio en Durango traerían una serie de beneficios significativos para las comunidades rurales del estado, entre los cuales destacan:

1. Seguridad alimentaria: Al mejorar la producción y distribución de alimentos, se fortalecería la seguridad alimentaria en Durango, contribuyendo a reducir la dependencia de importaciones y fortaleciendo la autosuficiencia en la región.

2. Impulso económico: La optimización de la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos locales tendría un impacto positivo en la economía rural, mejorando los ingresos de los pequeños productores y generando empleo en las comunidades.

3. Sostenibilidad ambiental: Al fomentar prácticas agrícolas más sostenibles y el uso de tecnologías adecuadas, Segalmex podría contribuir a la preservación de los recursos naturales de Durango, en particular el agua y el suelo.

4. Reducción de la pobreza rural: Mejorar el acceso de los productores a los mercados, obtener precios justos por sus productos y fortalecer la infraestructura rural contribuiría directamente a la reducción de la pobreza en las zonas rurales del estado.

5. Fortalecimiento del tejido social: La colaboración entre Segalmex, los productores y las autoridades locales favorecería el desarrollo de un sentido de comunidad y cooperación, lo cual es fundamental para el bienestar social y la cohesión en las zonas rurales.

La creación de un centro de acopio y la intervención efectiva de Segalmex en Durango son pasos fundamentales para enfrentar los desafíos que enfrentan las comunidades rurales del estado. Estos esfuerzos contribuirían a mejorar la productividad, la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y el bienestar social en la región.

Es esencial que tanto las autoridades locales como las federales trabajen de manera conjunta para garantizar que estas medidas sean implantadas de manera eficiente, con el fin de lograr un desarrollo rural más justo y sostenible.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y, especialmente, a su organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, a reactivar el servicio de suministro y la calidad de los productos alimentarios que se deben entregar en las bodegas de las comunidades de Durango.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y, especialmente, a su organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana ,a poner en funciones óptimas el o los Centros de Acopio de productos alimentarios en las comunidades de Durango, en materia de suministro y entrega en beneficio de los productores de Durango.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y, especialmente, a su organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana a regularizar de manera inmediata los pagos pendientes a los productores de frijol de las comunidades y ejidos de Durango, así como a mantener los recursos necesarios para evitar nuevos retrasos en perjuicio de éstos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 21 de enero del 2025.– Diputado Arturo Yáñez Cuéllar (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A CONSIDERAR UN SUBSIDIO A LA INDUSTRIA DE LA TORTILLA CON LA FINALIDAD DE ESTABILIZAR EL PRECIO DEL PRODUCTO EN 2025

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a considerar un subsidio a la industria de la tortilla con la finalidad de estabilizar el precio del producto en el 2025, suscrita por senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Ángel Riquelme Solís, Alma Carolina Viggiano Austria y Manuel Añorve Baños, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a considerar un subsidio a la industria de la tortilla con la finalidad de estabilizar el precio del producto en 2025, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La tortilla de maíz es más que un alimento básico en la dieta mexicana; es un símbolo de la identidad y tradición. Su historia se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, donde el maíz, base de la tortilla, era considerado sagrado y fundamental para la supervivencia, siendo uno de los alimentos más representativos en el mundo de la cocina mexicana.

De acuerdo con un artículo de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México la tortilla constituye el complemento alimenticio de más de 90 por ciento de la población en México, país que también es el principal consumidor de tortilla en el mundo y se calcula que, en promedio, cada mexicano come 75 kilogramos al año. Además, de acuerdo con este medio, comer las tortillas aporta diversos elementos benéficos para la salud, como calcio, hierro y fósforo.

Segunda. Comparando la evolución del precio de la tortilla, según cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en diciembre de 2020, el precio promedio de un kilo de tortilla era de 15.54 pesos, el cual la Procuraduría Federal del Consumidor lo consideraba como un costo accesible y que permitía que la tortilla llegara a la mayoría de la población, generando así una amplia demanda.

Sin embargo, para diciembre de 2024, este precio subió a 23.17 pesos, lo que representa un incremento del 49.10 por ciento en cuatro años, así afectando la economía de las familias que la consumen.

Tercera. Además de que los consumidores mexicanos enfrentarán un incremento significativo en el precio de la tortilla durante 2025, con costos que podrían llegar hasta 32 pesos por kilo en algunas regiones del país. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este aumento se debe a una combinación de factores como la disputa comercial con Estados Unidos por el maíz transgénico, los efectos de la sequía en la producción nacional y el encarecimiento de los insumos de producción.

Un factor más es el cambio climático el cual está transformando el panorama de la industria del maíz en México, con sequías persistentes y lluvias desiguales, lo que ha ocasionado una caída en la producción de maíz blanco, grano básico para la elaboración de la tortilla, uno de los alimentos más consumidos en el país.

En este marco, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que, de continuar las condiciones actuales, el precio de la tortilla podría registrar un alza de hasta 40 por ciento. Esto sería consecuencia del incremento en los costos de producción, particularmente en el precio de la tonelada de maíz blanco, que podría pasar de 9 mil a 10 mil pesos.

La importación de maíz para este ciclo 2024/2025, se estima en 21 millones de toneladas, ya que factores como la sequía influirán en lo proyectado en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Durante 2023, la importación de maíz amarillo fue de 18 millones de toneladas y 350 mil toneladas de maíz blanco lo que pone a México como el séptimo productor de este grano a nivel mundial, el cual representa 88 por ciento de nuestra producción nacional de granos.

Cuarta. Si bien dentro del Paquete contra la Inflación y la Carestía se encuentran Maseca y Grupo Minsa, la Red de Maíz aseguró que las medidas tomadas no son suficientes, ya que la harinera que firmó sólo “aplicó el descuento en el producto de menos consumo y menos recomendado para las tortillerías”. Asimismo, el costo de producción de la tortilla depende de los precios de los insumos como el maíz , el gas y la electricidad que son factores ligados a la inflación y las fluctuaciones de los mercados internacionales.

En México existen alrededor de 130 mil tortillerías. Sin embargo, la industria harinera de maíz es controlada por un pequeño grupo de empresas, que son las que tiene el mayor impacto en el precio al consumidor. Lo que ha generado que este subsidio sea ya una demanda prioritaria de la industria de la tortilla, por ello es necesario que el gobierno federal considere proporcionar, un apoyo económico a las tortillerías populares del país, para poder estabilizar el precio de la tortilla y que no exista un alza significativa que afecte a las familias mexicanas tanto a nivel de alimentación como en su economía.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a considerar un subsidio a la industria de la tortilla con la finalidad de estabilizar el precio del producto en 2025.

Notas

1 https://www.gaceta.unam.mx/la-nixtamalizacion-benefica-para-la-salud/

2 http://www.economiasniim.gob.mx/TortillaPorFecha.asp?Cons=D& dest=T&preEdo=Cd&dqDia=8&dqMes=1&dqAnio=2024&aqDia=8&aq Mes=1&aqAnio=2024&Formato=Nor&submit=Ver+Resultados

3 https://www.infobae.com/mexico/2024/12/28/precio-de-la-tortilla-subira-en-2025- esto-podria-costar/

4 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2024/12/30/preven-que-se-dispare-40-ma s-el-precio-de-la-tortilla/

5 https://diariodechiapas.com/opinion/el-maiz-transgenico-en-mexico/

6 https://idconline.mx/finanzas/2022/10/18/tortillas-no-bajaran-de-precio-aun-con -implementacion-de-pacic

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Senadora y senador: Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A ESTABLECER LOS MECANISMOS DE DIÁLOGO E INTERCAMBIO CON EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a establecer los mecanismos de diálogo e intercambio con el congreso de Estados Unidos de América, a fin de llevar a cabo una reunión interparlamentaria, a cargo de los senadores Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina y Manuel Añorve Baños integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a que establezcan los mecanismos de dialogo e intercambio con el Congreso de Estados Unidos de América a fin de llevar a cabo una reunión interparlamentaria, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La diplomacia parlamentaria ofrece un canal alternativo a las relaciones exteriores conducidas por el Poder Ejecutivo para, a partir de la pluralidad, estrechar lazos, fomentar la confianza y promover la cooperación, tanto a nivel bilateral como multilateral.

La diplomacia parlamentaria proporciona a las y los legisladores perspectivas y oportunidades para influir en el modo en que las decisiones internacionales impactan en el bienestar de las y los ciudadanos. Asimismo, puede servir para salvaguardar el sistema de pesos y contrapesos, apoyando a los parlamentos nacionales en su labor de escrutinio y control político a la implementación y cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Poder Ejecutivo.

En México esta actividad no es nueva, pues se ha consolidado desde hace cinco décadas atrás. Uno de los primeros antecedentes de la diplomacia parlamentaria lo encontramos en las reuniones celebradas entre los poderes legislativos de México y Estados Unidos, los cuales datan de febrero de 1961. Unos años después, los mecanismos con los que el Congreso podría llevar a cabo este tipo de actividades fueron regulados de manera expresa por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los reglamentos de ambas Cámaras Federales.

Segunda. Las reuniones interparlamentarias son los grupos de trabajo que consolidan la expresión de la diplomacia realizada por el Poder Legislativo mexicano, de forma permanente y consuetudinaria. En este sentido: se entienden como grupos de trabajo parlamentario a través de los cuales se pretende generar un dialogo y discusión desde la perspectiva parlamentaria, en aquellos temas de política e interés común para los legisladores y sus respectivos gobiernos, pero, sobre todo, toma especial relevancia la posible coordinación de acciones comunes frente a conflictos o amenazas también comunes; así se emiten declaraciones conjuntas, protocolos, acuerdos, etcétera.

Las reuniones entre parlamentos nacionales y extranjeros fungen como un espacio de encuentro permanente en donde se dialoga, se interrelacionan y donde congenian las ideas y las visiones de los representantes populares. A través de las reuniones interparlamentarias, se atienden las problemáticas comunes de los Estados, se plantean alternativas y propuesta de solución.

Por la naturaleza de su vecindad, las reuniones interparlamentarias más frecuentes para nuestro país se llevan a cabo entre Estados Unidos y Canadá, ello como consecuencia de la cercanía geográfica y la concurrencia de problemáticas.

Con el fin de establecer protocolos para la celebración de estas reuniones, el artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Diputados, exige que se realice un acuerdo firmado por la Junta de Coordinación Política, para poder efectuar en el salón de sesiones u otro espacio del recinto los trabajos interparlamentarios; lo cual abre la puerta para que puedan ser reuniones interparlamentarias de pleno o comisiones.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, al tener la representación protocolaria de la Cámara, deberá ser quien se encargue de dirigirlas en el pleno o en el extranjero; o bien delegar a algún senador de la Mesa Directiva dichas funciones.

Tercera. Las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, tienen su origen y fundamento legal en la Ley Pública 86-420 de los Estados Unidos, este instrumento establece el carácter oficial de las reuniones y el pleno respeto de ambas naciones a la autodeterminación, régimen político y conducción de sus relaciones exteriores.

A lo largo de más de 50 reuniones interparlamentarias desde esa fecha, es usual que ambas delegaciones se integren por senadores y diputados del Poder Legislativo federal. Asimismo, ha sido practica recurrente que el temario de las reuniones debería ser fijado con prudente anterioridad y que la exposición de las ideas de cada uno de los legisladores o los puntos de vista de la Delegación Parlamentaria no es concluyente. En este sentido, a raíz de la pandemia por covid- 19, los congresos de ambos países no han realizado o programado reuniones interparlamentarias.

A lo largo de estas reuniones, temas como migración, comercio y tratados Comerciales, Integración y desarrollo regional seguridad, narcotráfico, tráfico de armas, intercambio cultural, turismo, democracia, medio ambiente, energéticos, y cambio climático han sido los más recurrentes en la agenda de ambas naciones.

Cuarta. La relación entre México y Estados Unidos, en 2025 estará marcada por el reto que presenta la llegada a la presidencia de aquel país de Donald Trump; por la configuración mayoritaria del Partido Republicano en ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos, así como por los tres temas que, a lo largo del proceso electoral de 2024 fueron prioritarios para el mandatario electo como son: seguridad, economía y migración.

En este sentido, la agenda de seguridad en la relación bilateral se ha caracterizado por una desconfianza creciente, que ha venido mermando los niveles de cooperación. Las prioridades gubernamentales en ambos lados de la frontera, así como las afinidades, las sensibilidades y las voluntades políticas han propiciado este distanciamiento.

A pesar de que la naturaleza del reto de seguridad es compleja y multifacética, incluyendo una variedad de temas como la regulación de armas, la justicia criminal, la cooperación entre sistemas de inteligencia, el fortalecimiento institucional, entre otros, la atención está altamente concentrada en la crisis del fentanilo debido a su importancia crítica para las políticas internas de Estados Unidos.

Respecto al tema económico, a pesar de las asimetrías históricas y los desafíos que persisten en la relación bilateral, el panorama internacional ofrece nuevos caminos para la integración. Particularmente, la competencia comercial entre China y Estados Unidos hace que la cooperación económica con México resulte estratégica y plantee oportunidades que deben ser aprovechadas. Sin embargo, un retorno al proteccionismo trumpista puede generar el escenario inverso, con el cual nuestro país debe establecer acciones firmes.

Por su parte, las prioridades en política migratoria de Estados Unidos, compartidas por demócratas y republicanos, hacen probable que escalen las presiones sobre el gobierno mexicano para que asuma el rol de tercer país seguro y para frenar las caravanas migrantes provenientes de la frontera sur de México, hacen necesarios mecanismos de entendimiento y cooperación, binacional e interinstitucional a nivel interno.

En suma, es fundamental enriquecer y diversificar los canales de diálogo e integración en un contexto político marcado por el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a que establezcan los mecanismos de dialogo e intercambio con el Congreso de Estados Unidos de América a fin de llevar a cabo una reunión interparlamentaria.

Nota

1 Camacho Vargas José Luis, Derecho parlamentario mexicano, México, Editorial Porrúa, Facultad de Derecho, UNAM, 2019, página 175.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Senadora y senador: Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, A RECONSIDERAR EL ACUERDO GENERAL 5/2025, A FIN DE QUE CAMPECHE NO SE QUEDE SIN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior Agrario a reconsiderar el acuerdo general 5/2025 a fin de que el estado de Campeche no se quede sin Tribunal Unitario Agrario, debido a la redistritación de competencia de la sede del distrito 34 A ubicado en dicha entidad, suscrita por la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora y a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos senadores Karla Toledo Zamora y Manuel Añorve Baños, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Tribunal Superior Agrario para que reconsidere el acuerdo general 5/2025 a fin de que Campeche no se quede sin tribunal unitario agrario, debido a la redistritación de competencia de la sede del distrito 34A situado en Campeche , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La misión de los Tribunales Agrarios es impartir justicia agraria para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos a través de la emisión de sentencias.

En este sentido, el principio rector de los tribunales agrarios es impartir justicia pronta y expedita, dictando con toda oportunidad los fallos en los juicios agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, coadyuvar a la permanencia del estado de derecho, salvaguardar el respeto a la legalidad y contribuir a la paz social en el campo.

Para garantizar la impartición de justicia en todo el territorio nacional es fundamental que la resolución de los juicios se realice en forma local, para lo cual los tribunales agrarios deben contar con una estructura administrativa suficiente para atender a la población manteniendo la calidad del servicio. Estas instancias ejercen jurisdicción sobre una superficie de 99 millones 708 mil 672 hectáreas que corresponden a 51 por ciento del territorio nacional, en la que tienen derecho 5.5 millones de personas, superficie social en la que se concentra 81 por ciento de la biodiversidad y riqueza del país.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, este se compone por:

I. El Tribunal Superior Agrario, y

II. Los tribunales unitarios agrarios.

Este mismo ordenamiento, en su artículo 18 señala que: “Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.”

De lo anterior, se desprende la necesidad de que estas instancias formen parte del territorio que conforma su jurisdicción.

Segunda. El 7 de enero de 2025 el pleno del Tribunal Superior Agrario emitió el acuerdo general 5/2025 por el que se modifica la competencia territorial de los tribunales unitarios agrarios de los distritos 29, 34 y 44, así como el término de sus funciones de la sede alterna distrito 34A con sede en Campeche, Campeche por redistritación de competencia.

El documento señala que, para una mejor distribución de cargas de trabajo y tomando como base los volúmenes de demandas recibidas, se concluye modificar la competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, con sede en Villahermosa, Tabasco; 34 de Mérida, Yucatán, y 44 de Chetumal, Quintana Roo, teniendo en su jurisdicción los municipios de los que actualmente conoce el Distrito 34A, y como consecuencia, la redistritación del Tribunal 34-A, con sede en Campeche, Campeche, para quedar de la siguiente manera:

• En el Tribunal Unitario Agrario 29 de Villahermosa, Tabasco se atenderán los asuntos referentes a los municipios de Candelaria, Carmen y Palizada.

• El 34 de Mérida, Yucatán se atenderán los asuntos referentes a los municipios de: Calkiní, San Francisco de Campeche, Champotón, Dzitbalché, Hecelchakán, Hopelchén, Seybaplaya y Tenabo.

• Y en el Tribunal Unitario Agrario 44 con sede en Chetumal, se atenderán los asuntos referentes a los municipios de Calakmul y Escárcega.

Por su parte, el Tribunal Superior Agrario en comunicado con fecha 14 de enero de 2025 señala que su decisión “obedece, principalmente, a la urgente necesidad de romper barreras geográficas y económicas que obstaculizan y retrasan el acceso efectivo a la justicia para las y los justiciables y a la prestación de un servicio público indispensable para el desarrollo de las comunidades.”

Expone que la “redistritacion tiene como fin, dar cumplimiento a los principios de concentración, inmediación y de justicia agraria ágil, eficiente y expedita, al ubicar de forma permanente la Magistratura Agraria en una sede única de Tribunal Unitario Agrario, lo que permitirá la pronta solución de las controversias que se susciten.”

Asimismo, plantea que, a fin de cumplir el mandato constitucional de justicia pronta, eficaz y expedita los Tribunales Agrarios cuentan con mecanismos, acciones y procedimientos para atender de manera oportuna los juicios agrarios, como lo son, la Justicia itinerante y la Justicia Agraria Digital, ambos regulados en su Reglamento Interior.

Tercera. El término de funciones del Tribunal Superior Agrario del Distrito 34ª con sede en Campeche, Estado de Campeche por redistritación de competencia, si bien pudiera sustentarse en un argumento de carácter geográfico o de distancias, como se plantea en la consideración VIII del acuerdo general 5/2025, es necesario recordar que la jurisdicción se distribuye entre los tribunales de acuerdo a tres criterios: La función que desempeña cada tribunal, El objeto del proceso, El territorio que cubre el tribunal.

En este sentido, el objeto del proceso y el territorio son aspectos que van ligados ya que es necesario conocer la ubicación del objeto y su contexto para realizar un razonamiento por parte de las y los operadores jurídicos.

Asimismo, la Carta Magna en el artículo 17 establece que los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia, lo cual significa que el poder público debe proveer a la instalación de los tribunales que la Constitución federal y las constituciones de los Estados instituyan, y dotarlos de los elementos necesarios que hagan posible su funcionamiento.

De esta forma, para el profesor Miguel Bonilla López “Entre los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a los tribunales, sin duda está el de su fallida ubicación o delimitación geográfica. Un tribunal mal ubicado o que ejerce jurisdicción sobre un territorio no correctamente delimitado, ocasiona que los justiciables eroguen más gastos en la tramitación de sus asuntos, que los procesos sean más largos, que sus cargas de trabajo no sean proporcionales respecto a las de otros tribunales, que la comunidad se inconforme y que, incluso, los individuos opten por no acudir a él para resolver las controversias jurídicas. En estos casos, puede decirse, válidamente, que la justicia no es eficiente”

Bajo este razonamiento, el arraigo de las y los justiciables por los tribunales ubicados en su territorio es un aspecto que puede influir en no cumplir el mandato constitucional de que las y los mexicanos, y en el particular que las y los campechanos, cuenten con un tribunal que los escuche e imparta justicia pronta y expedita.

Por lo expuesto y en virtud de velar por el acceso a la justicia agraria de las y los habitantes de Campeche, someto a consideración de la asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Tribunal Superior Agrario para que reconsidere el acuerdo general 5/2025 a fin de que el estado de Campeche no se quede sin tribunal unitario agrario, debido a la redistritación de competencia de la sede del distrito 34A situado en Campeche.

Segundo. O en su caso, se considere abrir un modulo atencion permanete en el estado, para recepcion y seguimiento de los casos agrarios del estado de Campeche o brindar las facilidades logisticas y de movilidad para los ejidatarios que requieran ir a otro estado deribado de la redistritación.

Notas

1 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/docs/acdos/acdo_5_2025. pdf

2 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?p=11255

3 Bonilla López Miguel, “Tribunales, Territorio y Acceso a la Justicia” en Valadés Diego, Gutiérrez Rivas Rodrigo (coords.) Justicia. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, México, IIJ, UNAM, 2001.

Ciudad de México, a 21 de enero de 2025.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL IMSS, AL ISSSTE Y AL IMSS-BIENESTAR, A GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS MÉDICOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS, al ISSSTE y al IMSS Bienestar a realizar las acciones necesarias, encaminadas a garantizar el suministro de medicamentos y tratamientos médicos, así como proteger el derecho a la salud de la población, suscrita por la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la salud es considerado un derecho humano fundamental desde 1948 cuando la Organización de las Naciones Unidas así lo estableció. Este derecho está reconocido por diversos tratados regionales y constituciones nacionales. En México, fue incorporado a nuestra constitución en 1983 en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como “el Derecho a la Protección de la Salud”.

En la actualidad el artículo cuarto constitucional establece que “toda Persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, además de que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

Sin embrago, en el arranque de esta nueva administración y como resultados de una serie de decisiones tomadas sin las consideraciones necesarias y producto de la indolencia y la ignorancia para la mayoría de los mexicanos ni las condiciones de salud optimas ni el acceso a los servicios es un derecho efectivo.

Así lo refleja la realidad que viven más de 64.7 millones de mexicanos que no cuentan con servicios de salud. Así lo revelan estudios publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que dio a conocer que el número de personas sin acceso a seguridad social rondan los 64.7 millones. Siendo los estados con mayores índices los siguientes: Chiapas con 66.1 por ciento de la población, así como el 65.5 en Oaxaca, mientras que en Guerrero es del orden de 65.7, Michoacán el 52.7 por ciento de la población carecen de servicios de salud.

El origen de estos datos y tan altos niveles de población con carencias de servicios de salud se originaron en una serie de decisiones y cambios en los mecanismos que permitían el acceso a la salud, así como a tratamientos y medicamentos de la población.

A partir de 2019, la Secretaría de Hacienda asumió la responsabilidad de las compras de medicamentos, sin contar con la experiencia ni la estructura necesaria, lo que resultó en un caos logístico y administrativo. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) examinó 156 mil procesos de compras de medicamentos realizados por la Administración Pública Federal entre 2018 y 2022 publicados en Compranet. Revelando que los cambios en el esquema de compras públicas de medicamentos causaron mayores costos para las instituciones de salud, es decir se compraron menos medicamentos y a un mayor costo.

Como una respuesta a las demandas y a las declaraciones referentes a la profundización del desabasto de medicamentos, el gobierno federal tomó la decisión de que las empresas proveedoras que más vendieron medicamentos al gobierno en 2018 en el marco de la ley no pudieran participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos. El veto presidencial en 2019 a las principales distribuidoras de medicamentos a las que compraba el gobierno, sin una estrategia clara para suplir su función, agravó el Gobierno de México no contempló la logística de distribución que tendría que implementar previo a publicar el veto, lo que también contribuyó al desabasto.

A manera de respuesta y como mecanismos de alineado convenientemente al discurso del Ejecutivo federal se decidió cerrar diversas plantas de empresas mexicanas justificándose en faltas administrativas. El cierre por parte del gobierno de siete plantas productoras de Laboratorios Pisa, encargada de la producción de medicamentos oncológicos en el país, obstaculizó gravemente el abastecimiento de los tratamientos de miles de pacientes con cáncer.

Como último recurso de la pasada administración y como pleno reflejo de lo que representó el sexenio terminado el pasado 1 de octubre de 2024. El gobierno federal implemento un proyecto más sin planeación ni proyecciones serias, lo que significó un rotundo fracaso, un proyecto que, lejos de ser una solución, demostró la falta de planificación y el derroche de recursos: le ha costado a la nación más de $3 mil millones de pesos y apenas lograr surtir 67 recetas diarias en promedio en las primeras dos semanas de funcionamiento, muy por debajo de las necesidades nacionales.

El resultado de todas las anteriores circunstancias descritas es representado por cientos de miles de denuncias penales, así como en medios de comunicación, solicitudes y quejas en diversas instancias del sistema de Salud tanto federal como estatales, que dejan como cifra no oficial más de 15 millones de recetas no surtidas así como diversos tratamientos.

De entre los tratamientos y medicamentos no abastecido por la pasada administración El cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad en la población de 4 a 15 años. Para 2025 se esperan más de 20 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, y 80 por ciento de la carga corresponderá a países de ingresos bajos y medios, en nuestro país la tasa de supervivencia alcanza apenas 30 por ciento, esto por diversas condiciones en las que resaltan los diagnósticos a destiempo y la falta de medicamentos que genera un tratamiento no constante en su ciclo de recuperación contra el cáncer y en ocasiones la muerte.

Como consecuencia de lo anterior el gobierno de Claudia Sheinbaum heredo una crisis que no ha podido ocultar y frente a esta ha tomado la decisión de celebrar la compra de 97 por ciento de los medicamentos para 2025 y 2026. Esto como respuesta al desastre creado por las malas decisiones del propio gobierno que le antecede.

Por lo anterior y con base en los resultados de la pasada administración y la clara estrategia plateada por el actual gobierno que en sus propias palabras define como continuación del gobierno Federal apenas hace unos meses concluido. Y con la firma convicción de garantizar los derechos y la vida de las personas presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al IMSS Bienestar para que en el ambito de sus atribuciones y facultades realicen las acciones necesarias, encaminadas garantizar el suministro de medicamentos y tramatientos medicos asi como proteger el derecho a la salud de la población.

Notas

1 López Arellano Olivia, López Moreno Sergio. Derecho a la Salud en México. Primera edición, 2015.Universidad Autónoma Metropolitana Prolongación Canal de Miramontes 3855 Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios 14387, México, Distrito Federal.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdftas:

3 Coneval. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024. Resumen ejecutivo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Insurgentes Sur 810, colonia Del Valle, CP 03100, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Disponible en:

https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Infor mes/IEPDS_2024_Resumen.pdf

4. Becerra Jessika. 11 de octubre de 2024. Sin acceso a salud, más de 50 por ciento de población en cinco estados: Coneval. La Jornada. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/10/11/economia/sin-acces o-a-salud-mas-de-50-de-poblacion-en-cinco-estados-coneval-1521

5 Imco 22 de octubre de 2023. Los cambios en el esquema de compras públicas de medicamentos causaron mayores costos para las instituciones de salud. Disponible en:

https://imco.org.mx/los-cambios-en-el-esquema-de-compras-publica s-de-medicamentos-causaron-mayores-costos-para-las-instituciones-de-salud/

6 Hernández Leopoldo. 09 de abril. Gobierno veta a principales proveedores de fármacos. El Economista. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-princi pales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html

7 Ramirez C. Maribel, El caso de Pisa y la explicación a porqué no hay oncológicos. El Economista.Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-caso-de-Pisa-y-la-exp licacion-a-porque-no-hay-oncologicos-20210627-0070.html

8 Roldán N. y Lambarri A. 5 de marzo de 2024. No fuimos Dinamarca: gobierno de AMLO deja sin surtir 15 millones de recetas, cinco veces más que Peña Nieto. Animal Político. Disponible en:

https://animalpolitico.com/salud/gobierno-amlo-deja-sin-surtir-1 5-millones-recetas-pena-nieto?rtbref=rtb_ta5a9ohjrp5vp9yt7 rx_1713925150940

9 Rivera Luna, R., Olaya Vargas, A., Velazco-Hidalgo, L., Cárdenas Cardos, R., Galván Diaz, C., Ponce Cruz, J., Garcia-Vicera, J., & Melchor-Vidal, Y. (2024). El abrumador problema del cáncer infantil en México. Acta Pediátrica de México, 45(5), 503-510.

https://doi.org/10.18233/apm.v45i5.2964

10 Melgoza Rocha Alejandro, Niños y niñas con cáncer, los más afectados por el desabasto en: Impunidad Cero y Justicia Justa en Operación desabasto así se detono la escacez de medicamentos

https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/146/contenido /1617662558N24.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, A DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO 2/2025 Y MANTENER LA PERMANENCIA EN FUNCIONES EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 34 A CON SEDE EN LA CIUDAD DE CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior Agrario a dejar sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34 A con sede en la ciudad de Campeche, Campeche; lo anterior, con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los demás que resulten aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los tribunales agrarios son instituciones fundamentales para garantizar los derechos de los campesinos y otros actores involucrados en el ámbito agrario. Su principal función es resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la propiedad, el uso y el aprovechamiento de recursos rurales, asegurando justicia y promoviendo el desarrollo sostenible en el campo. En sociedades donde la tierra es un recurso vital para la subsistencia y el bienestar de comunidades enteras, estos tribunales representan un espacio de acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.

La importancia de los tribunales agrarios radica en su capacidad para proteger los derechos de los campesinos frente a abusos, despojos o irregularidades legales. Actúan como un contrapeso a las desigualdades históricas en el acceso a la tierra, promoviendo equidad y seguridad jurídica en las zonas rurales. Además, fomenta la resolución pacífica de conflictos, evitando confrontaciones que puedan derivar en violencia o desestabilización social.

En cuanto a la ubicación estratégica de los tribunales agrarios en los estados, esto es crucial para garantizar su eficacia. Estos espacios deben estar cerca de las comunidades rurales, facilitando el acceso de los campesinos a la justicia sin tener que recorrer grandes distancias, lo que podría implicar costos y barreras adicionales. La proximidad geográfica y cultural contribuye a que los tribunales comprendan mejor las particularidades locales y ofrezcan soluciones adaptadas a las realidades del campo.

El Tribunal Agrario de Campeche desempeña un papel crucial en la resolución de disputas relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de los campesinos en la región. En 2022, el Tribunal Superior Agrario recibió 990 asuntos y resolvió 968, mientras que los Tribunales Unitarios Agrarios atendieron 53,761 asuntos, de los cuales 51,822 fueron admitidos y 52,451 concluidos. Este volumen de trabajo subraya la importancia del tribunal en la administración de justicia agraria en la región.

Además, el Tribunal Agrario de Campeche ha sido un punto de referencia para los campesinos que buscan resolver conflictos relacionados con sus tierras. Sin embargo, recientemente se anunció que la sede en Campeche cerrará, lo que obligará a los habitantes de los 13 municipios de la región a trasladarse a Mérida, Villahermosa o Chetumal para resolver sus disputas.

Esta medida ha generado preocupación entre los campesinos, ya que aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente su acceso a la justicia. La atención será en otras entidades lo que significa un desconocimiento del contexto de los asuntos atendidos, muchos de los juicios agrarios en proceso serán detenidos ante el cambio de sede y en otros casos significará cambios de abogados generando más costos para los campesinos.

A pasar de lo anterior y con base al proyecto Acuerdo General 5/2025 emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, se modificó la competencia territorial de los tribunales unitarios agrarios de los distritos 29, 34 y 44, así como, el término en sus funciones de la sede alterna distrito 34A, situación que afecta a los casos que en dicha materia se litigan en Campeche.

Según el documento del Tribunal Superior Agrario, en aras de que la labor de los Tribunales Unitarios Agrarios se refleje en una apropiada, expedita y eficiente atención de los asuntos sometidos a su ámbito territorial y con la finalidad de beneficiar a las personas campesinas de ejidos y comunidades agrarias, así como las poblaciones indígenas y sus integrantes para que puedan tener el acceso a la justicia pronta y expedita; y para efecto de una mejor distribución de carga de trabajo, tomando como base los volúmenes de demandas recibidas, se concluye modificar la competencia territorial de Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 34 con sede en ciudad de Mérida, estados de Yucatán y 44 con sede en la Ciudad de Chetumal, estado de Quintana Roo.

Sin embargo, la medida que adopta consistente en desaparecerle el Tribunal Agrario Unitario 34A lejos de propiciar el debido acceso a la justicia a campesinos del estado de Campeche generará graves afectaciones, toda vez que, las personas integrantes de este sector tendrán que desplazarse a ciudades de otros estados:

Redistritación propuesta es el acuerdo 2/2025

TUA 29, con sede en Villahermosa, Tabasco:

• Candelaria, Campeche.

• Carmen, Campeche.

• Palizada, Campeche.

TUA 34, con sede en Mérida, Yucatán:

• Calkiní, Campeche.

• Campeche, Campeche.

• Champotón, Campeche.

• Dzitbalché, Campeche.

• Hecelchakán, Campeche.

• Hopelchén, Campeche.

• Seybaplaya, Campeche.

• Tenabo, Campeche.

TUA 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo:

• Calakmul, Campeche.

• Escárcega, Campeche.

Este hecho generará costos mayores a quienes tengan la necesidad de llevar un juicio agrario, toda vez que, no solo tendrán que ir a Campeche a tramitar documentación en el Registro Agrario Nacional o en su caso ante la Procuraduría Agraria, ubicados en la ciudad de Campeche, sino con posterioridad tendrán que dirigirse a otra ciudad, lo cual les ocasionará un doble gasto. Sumado a lo anterior, los campesinos enfrentaran al desconocimiento de instituciones de la defensoría publica que en la mayoría de los casos es el órgano que los auxilia y apoya en la tramitación de los casos, y quien tienen el apoyo técnico de un abogado particular, tendrán que cubrir no solamente los costos de honorarios, sino también, tendrán a su cargo los gastos de viáticos para transporte y alimentación que afectará su economía.

El cierre del Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche, sin duda ocasionará retraso y rezago en la resolución de los más de 600 juicios que hoy tiene a su cargo, así como, seguramente el despido de personal que labora en dicho tribunal

Sabedores de los alcances de esta resolución y de las afectaciones que representará para ellos, campesino de los 13 municipios del estado de Campeche se han movilizado en protesta contra el próximo cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario.

Los manifestantes expresan su preocupación por las dificultades que este cambio implicará, especialmente en término de desplazamiento y acceso a la justicia agraria. Argumenta que la centralización de los casos en otras ciudades aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente a los campesinos que depende de estos servicios para resolver disputas y asuntos legalmente relacionados con su tierra.

De instrumentarse el acuerdo en sus términos el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche cerrará sus actividades a partir de 31 de enero del presente, por lo que consideramos de urgente y obvia resolución exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Peramente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en la ciudad de Campeche, Campeche; lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido acceso a la justicia agraria a las y los campesinos del estado de Campeche.

Notas

1 Campesinos de Campeche se manifiestan contra el cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario.

https://www.poresto.net/campeche/2025/1/17/campesinos-de-campech e-se-manifiestan-contra-el-cambio-de-operaciones-del-tribunal-unitario-agrario. html?form=MG0AV3

2 Tribunal Agrario cerrará su sede en Campeche

https://tribunacampeche.com/15/tribunal-agrario-cerrara-su-sede- en-campeche/703882/?form=MG0AV3

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2025.– Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Christian Mishel Castro Bello.»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, CON ENFOQUE EN LA DEPRESIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a diseñar estrategias y programas para la atención de los problemas de salud mental, con principal enfoque en la depresión y la prevención del suicidio, suscrita por el senador Clemente Castañeda Hoeflich y a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, senador Clemente Castañeda Hoeflich y diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar estrategias y programas para la prevención y atención de los problemas de salud mental, con principal enfoque en la depresión y la prevención del suicidio.

Exposición de Motivos

I. La depresión es un trastorno mental provocado por interacciones complejas derivadas de factores sociales, psicológicos y biológicos. En un episodio depresivo la persona experimenta tristeza, irritabilidad, sensación de vacío o pérdida, pensamientos de muerte o suicidio, falta de esperanza así como desinterés por la realización de actividades.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay circunstancias que pueden predisponer la aparición de la depresión, como eventos traumáticos, luto, desempleo, la aparición de enfermedades, el abuso de sustancias o la inactividad física. De acuerdo con el psiquiatra Marco Antonio Solís Bravo, adscrito al Centro Médico Universitario de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, la depresión puede ser discapacitante e incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, metabólicas, diabetes o cáncer.

En ese sentido, es fundamental entender que la depresión es un padecimiento que podría ocurrir en algún momento de la vida de las personas y no es simplemente una cuestión de actitud. De no tratarse podría derivar en dificultades en la vida comunitaria, en el hogar, en el trabajo, la escuela e incluso poner en riesgo la vida de las personas que la padecen.

II. La OMS estima que el 3.8 por ciento de la población mundial experimenta depresión, esto se traduce en aproximadamente 280 millones de personas. Más de 700 mil personas se suicidan cada año, siendo la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.

En México, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó que, en 2024, se dieron 399 mil 874 consultas para atender la depresión, un aproximado de mil 96 en promedio al día. De las cuales, la mayor parte de las pacientes fueron mujeres con el 79 por ciento del total y el resto fueron hombres.

En nuestro país las muertes por suicidios han aumentado considerablemente en los últimos años. Conforme las Estadísticas de Mortalidad y del estado anímico de las personas, de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Inegi, en 2017, la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes, equivalente a seis mil 494 personas; pero para 2022 la tasa ya era del 6.3, ocho mil 123 personas. Esto equivale a mil 629 suicidios más en 2022 que los ocurridos en 2017.

Los hombres son quienes tienen mayor tasa de suicidio en México, con un promedio de 9.9 hombres por cada 100 mil y de 2.1 mujeres por cada 100 mil para 2022, lo significa que ocho de cada 10 fallecimientos por suicidios ocurren en hombres y dos de cada 10, en mujeres. De acuerdo con la misma fuente estadística, el grupo etario con mayor tasa de suicidios fue el de 25 a 29 años, con una tasa de 11.6 por cada 100 mil; seguido del grupo de 30 a 34 años, con 11 suicidios por cada 100 mil personas. Es decir: las personas jóvenes son quienes presentan mayor propensión al suicidio.

En cuanto al bienestar que las personas perciben con su vida, el 56.2 por ciento de la población de 18 y más años, declaró sentirse satisfecha; 32.1 por ciento, moderadamente satisfecha; 8.7 por ciento, poco satisfecha y 3.7 por ciento señaló sentirse insatisfecha con su vida en general. En el análisis por sexo, 12.8 por ciento de las mujeres se sienten poco satisfechas o insatisfechas, en contraste con los hombres, de quienes 10.4 por ciento se siente poco satisfecho o insatisfecha.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Inegi, que también mide la prevalencia de la depresión, preguntó a las personas encuestadas si habían sentido depresión durante la semana previa a la entrevista, 16.3 por ciento de las mujeres declararon sentirse así más de la mitad o casi todos los días de la semana, mientras que en los hombres solo fue 9.1 por ciento. El grupo de edad que más declaró sentir depresión por más de la mitad de la semana, o casi todos los días, fue el de mujeres y hombres de 60 y más años, con 18.6 y 10.7 por ciento, respectivamente.

III. Si bien hay tratamientos para atender los trastornos mentales, la OMS estima que más del 75 por ciento de las personas afectadas en países de bajo ingreso y mediano no reciben tratamiento alguno, debido entre otros aspectos, a la estigmatización de las enfermedades mentales, la falta de inversión en atención de salud mental y de personal de salud capacitado.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Salud Pública reporta que una de cada cinco personas con un trastorno psiquiátrico en los últimos 12 meses recibió algún tipo de atención para este problema y más de 75 por ciento de los casos graves y moderados entre adultos no recibieron atención médica o psicológica por la carencia de acceso. Cabe mencionar que de las diez enfermedades más discapacitantes en México, tres son neuropsiquiátricas: desórdenes mentales, desórdenes neurológicos y uso de sustancias.

Resulta importante destacar que a mayor marginación, mayor prevalencia de depresión. De acuerdo al estudio “Síntomas depresivos y cobertura de diagnóstico y tratamiento de depresión”, publicado en 2020 en la revista Salud Pública de México, arrojó que las personas habitantes de la región sur del país tuvieron mayores síntomas depresivos en comparación con los del norte y la Ciudad de México. Asimismo, se encontró que a medida que se incrementa el nivel de marginación de los municipios de residencia de los participantes, la brecha entre la prevalencia de los síntomas de depresión y la cobertura de diagnóstico y tratamiento aumenta considerablemente.

De lo expuesto, se destacan diversas problemáticas. La primera, es la enorme prevalencia de las enfermedades mentales en la población. Es alarmante que prácticamente una de cada diez personas en México está poco satisfecha o insatisfecha con su vida, lo cual no sólo impacta en su calidad de vida sino en la de las personas que le rodean. La segunda problemática, es que hay un incremento indiscutible en la tasa de suicidios en México, pasamos de 6 mil suicidios en 2017 a 8 mil en 2022. La tercera, es que existe una enorme desatención por parte de las instituciones de salud pública en los problemas de salud mental de la población, profundizada por la falta de información para acceder a dichos servicios o las condiciones de marginación de la población.

Por tales motivos es fundamental que el Congreso de la Unión haga un llamado urgente a la Secretaría de Salud a atender la epidemia de salud mental que aqueja a la población y a informar a esta asamblea acerca de sus estrategias, programas y recursos para atender la depresión y la prevención del suicidio, bajo el antecedente del incremento de este padecimiento. Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer, diseñar o ejecutar estrategias y programas para la prevención y atención de los problemas de salud mental, con principal enfoque en la depresión y la prevención del suicidio; considerando el incremento sostenido de la tasa de sucidio en México de los últimos años. Asimismo, se le exhorta a informar a esta soberanía acerca de las acciones y recursos destinados con este propósito, así como de los esfuerzos coordinados con otras instituciones educativas y de salud pública de las 32 entidades federativas.

Notas

1 Depresión. Organización Mundial de la Salud (OMS). 31 de marzo de 2023

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

2 Adolescentes y adultos jóvenes, los más propensos a padecer depresión. P.

https://www.gaceta.unam.mx/wp- content/uploads/2025/01/250 113.pdf

3 Ibídem.

4 Síntomas depresivos y atención a la depresión. Instituto Nacional de Salud Pública. 13 de enero de 2023.

https://www.insp.mx/avisos/sintomas-depresivos-y-atencion-a-la-d epresion

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.– Legisladores: Clemente Castañeda Hoeflich, Pablo Vázquez Ahued (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEMARNAT, A HACER PÚBLICAS LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE HAN REVOCADO LOS PERMISOS OTORGADOS EN FAVOR DE LA EMPRESA ZINC NACIONAL, EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, MONTERREY

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a hacer público las razones por las que no se han revocado los permisos otorgados en favor de la empresa Zinc Nacional, para operar como planta procesadora de residuos de acería en San Nicolás de los Garza, Monterrey, suscrita por las diputadas Iraís Virginia Reyes de la Torre y Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben , Iraís Virginia Reyes de la Torre y Laura Iraís Ballesteros Mancilla, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los residuos de acería, conocido también como polvo de horno de arco eléctrico o polvos de acería, se generan a partir de la chatarra de automóviles, refrigeradores y diversos aparatos que se funden, mediante esta técnica, para extraer acero.

En Estados Unidos de América se desarrolla dicho proceso de reciclaje, de acuerdo con el Instituto Americano del Hierro y del Acero y se extrae alrededor de 70 por ciento del acero que se produce en aquel país.

En las plantas siderúrgicas estadounidenses de reciclaje para la extracción del acero son separados la mayoría de los contaminantes como plásticos, diversas piezas de maquinaria, pintura, etc., que se encuentran en la chatarra, los cuales al pulverizarse contienen zinc, pero también plomo, arsénico y otros metales pesados peligrosos.

Una reciente investigación publicada por The Guardian y Quinto Elemento Lab, desarrollada por Erin McCormick y Verónica García de León han expuesto cómo nuestro país se ha vuelto el principal destino para el envío de residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos. Particularmente en Monterrey, se recibieron la mitad de todos los residuos peligrosos exportados por Estados Unidos en 2022, que son los datos más actualizados.

Es decir, los datos demuestran cómo México y, especialmente, la zona metropolitana de Monterrey, se han vuelto el basurero tóxico de Estados Unidos.

A raíz de esta investigación se dio a conocer que una séptima parte de estos residuos fueron los polvos de acería contaminantes enviados por las siderúrgicas estadounidenses a una planta ubicada en San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey, propiedad de la empresa Zinc Nacional.

De acuerdo con la investigación periodística realizada por The Guardian y Quinto Elemento Lab, el envío de residuos para reciclaje o disposición final es una actividad comercial legal en los Estados Unidos y en consecuencia las empresas estadounidenses son responsables de los daños a la salud y al medio ambiente durante todo el ciclo de vida de los residuos peligrosos, pero dada su propia legislación, su responsabilidad termina cuando los residuos en comento cruzan su frontera.

Más allá de la legalidad de la práctica, la cuestión de fondo es por qué un país y su población recibirían la mayor parte de los efectos adversos a la salud y al medio mediante provenientes del tratamiento y disposición final de residuos exportados por otro país.

Este proceso de envío de residuos peligrosos por parte de Estados Unidos de América a México es producto de prácticas comerciales en circunstancias de desigualdad en términos económicos, legales, industriales, culturales y de responsabilidad social.

Esta práctica representa lo que Marisa Jacott, directora de la Organización de la Sociedad Civil especializada en la contaminación química e industrial: Fronteras Comunes denomina “colonialismo de residuos” y define como “formas de explotación y de injusticia ambiental” en donde Estados Unidos de América tratan a México como su basurero de desechos contaminantes que tienen un impacto directo al medio ambiente y en consecuencia a la salud de la población.

La injusticia ambiental es la distribución desigual de los daños medioambientales, que afectan principalmente a las comunidades más vulnerables.

México se caracteriza por ser el país que recibe más residuos peligrosos exportados de empresas estadounidenses, después de Canadá y Corea del Sur, de acuerdo con la información correspondiente a 2022, la cifra fue de 1.27 millones de toneladas (que representa 54 por ciento del total) de polvos de acería, baterías usadas de auto y solventes.

La planta propiedad de la empresa Zinc Nacional en Monterrey ha procesado este residuo enviado por siderúrgicas estadounidenses desde 1990. Estos polvos de horno de arco eléctrico se introducen en hornos para recuperar el zinc, el cual se utiliza para la producción de fertilizantes, alimentos para animales e incluso pintura.

De acuerdo con los reportes de emisiones que la planta de Zinc Nacional ha entregado al gobierno de México y que fueron obtenidos por The Guardian y Quinto Elemento Lab, se asegura que:

(...) en este proceso la planta libera a la atmósfera plomo, cadmio, arsénico y otras sustancias tóxicas en forma de partículas finas.

La zona metropolitana de Monterrey es el destino final de dichos residuos, la planta de Zinc Nacional, localizada en San Nicolás de los Garza, recibió una séptima parte de polvos de acería con lo cual logran “transformar un subproducto industrial en valiosos químicos y productos terminados”, a cambio de liberar en la atmósfera plomo, cadmio, arsénico y diversas substancias en forma de partículas finas, lo cual contribuye a la agudización del problema de contaminación.

El cadmio puede causar daños a la salud a los riñones y los pulmones, además de que es carcinogénico en seres humanos; el plomo afecta principalmente el sistema nervioso, tanto en niños como en adultos, además de daños al cerebro y los riñones; y la exposición prolongada al arsénico puede causar daños a la piel y es carcinogénico.

La planta funciona las 24 horas del día y permanentemente esparce humo y polvo que, en el año 2023 fue analizado por Martín Soto Jiménez, investigador de toxicología de la Universidad Nacional de México, en 2024 los resultados de dicho análisis arrojaron:

1. Presencia de plomo, un neurotóxico, que estaba 60 veces por encima del estándar que en Estados Unidos de América (EUA) ordena tomar acciones para evitar riesgos a la salud, además, en las muestras tomadas se determinó la existencia de 14 veces más cadmio que los umbrales de riesgo para la salud vigentes en EUA, y también resultó muy alta la presencia de arsénico, cabe destacar que ambos elementos son cancerígenos.

2. El investigador encontró concentraciones mucho más alarmantes de estos contaminantes en diversas casas y en una escuela en las inmediaciones de la planta Zinc Nacional, en ocasiones cientos de veces más altas que las establecidas en los umbrales de riesgo de EUA.

3. También se encontró que, en dieciocho sitios analizados, en un radio de 2.5 kilómetros alrededor de la empresa, los niveles de plomo localizados en polvo esparcido sobre el suelo en exteriores presentaron niveles superiores a los que determina la Agencia de Protección Ambiental de EUA como límite permitido.

4. En tres sitios, los niveles de plomo en exteriores fueron de cinco a seis veces superiores al umbral de riesgo para la salud establecido en EUA. Las muestras tomadas de los marcos de las ventanas del interior de las casas dieron resultados para plomo por encima del límite estadounidense en todos los lugares probados.

5. Una escuela primaria tuvo niveles mil 760 veces superiores al umbral establecido en EUA, y en tres casas detectaron niveles 400 veces por encima de los que se consideran un riesgo potencial.

6. En 14 de los 18 sitios el cadmio superó el umbral establecido por la Agencia de Protección Ambiental de EUA, este elemento puede ser determinante para el daño de pulmones y riñones.

7. Uno de los metales más raros de la tierra llamado telurio se halló en una muestra de polvo en una concentración 3 mil 100 veces por encima de la pequeña cantidad en que suele encontrarse en la corteza terrestre.

8. Las personas a las que se les realizaron los análisis señalaron que varias personas habitantes del lugar han padecido de presencia de cáncer, problemas en la piel y pérdida de cabello, por lo que se recomienda evaluar posibles riesgos.

Derivado de lo anterior, Eugenio Peña Durán gerente de operaciones de la empresa procesadora aseguró en 2019 que, Zinc Nacional participaba en un programa voluntario con la Profepa desde 1998, y que por ello les auditaron el cumplimiento de las emisiones en la atmósfera y certificaron sus procesos ambientales dentro del marco legal.

Además, Eduardo Alverde Villarreal, director general de Zinc Nacional, mencionó a The Guardian y Quinto Elemento Lab que periódicamente se constatan los estándares internacionales y refiere que la planta opera con la mejor tecnología, y por si lo anterior fuera poco, la gerencia manifiesta que existe diálogo permanente con residentes de colonias aledañas.

Sin embargo, la información que logró conseguir vía transparencia The Guardian y Quinto Elemento Lab contradice la afirmación que sostiene la gerencia y la dirección de la planta de Zinc Nacional.

Los reportes obtenidos, llamados Cédulas de Operación Anual, detallan las emisiones de mil empresas en Nuevo León que tienen la obligación de informar al gobierno federal las cantidades de contaminantes que emiten.

El equipo de periodistas de The Guardian y Quinto Elemento Lab analizó las cédulas y descubrió que Zinc Nacional emitió en 2023 más arsénico que cualquier otra empresa en el Estado. También fue una de las principales emisoras de compuestos de plomo y cadmio.

Por lo expuesto y derivado de la importancia del caso para revertir el deterioro ambiental y garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga públicas las razones por las que no han revocado los permisos otorgados en favor de la empresa Zinc Nacional para operar como planta procesadora de residuos de acería en San Nicolás de los Garza Monterrey.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice, urgentemente, investigación exhaustiva periódica sobre el cumplimiento o no de las disposiciones jurídicas aplicables a la planta de la empresa Zinc Nacional ubicada en San Nicolás de los Garza, a fin de fincar las responsabilidades correspondientes y revertir el deterioro ambiental.

Notas

1 McCormick, Erin y García, Verónica (2025). “Encuentran ‘coctel tóxico’ en casas y escuelas de la zona metropolitana de Monterrey”, en The Guardian y Quinto Elemento Lab. México. 14 de enero de 2025. Disponible en:

https://quintoelab.org/project/

https-coctel-toxico-residuos-peligrosos-zinc-monterrey

2 Ídem.

3 McCormick, Erin y García, Verónica (2025). “El ‘basurero’ de EU: México y Canadá reciben la mayoría de los residuos peligrosos”, en The Guardian y Quinto Elemento Lab. México. 14 de enero de 2025. Disponible en:

https://quintoelab.org/project/basurero-mexico-canada-residuos-p eligrosos

4 Ídem.

5 McCormick, Erin y García, Verónica (2025). “Encuentran ‘coctel tóxico’ en casas y escuelas de la zona metropolitana de Monterrey”. Obra citada.

6 Ídem.

7 Agencia para Substancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Disponible en:

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs5.html

8 Ídem.

9 Ibídem.

10 McCormick, Erin y García, Verónica (2025). “Encuentran ‘coctel tóxico’ en casas y escuelas de la zona metropolitana de Monterrey”. Op. Cit.

11 Salinas, José Luis (2019). “Culpan a Zinc por problemas ambientales”, en El Norte. Monterrey, México. 1 de marzo de 2019. Disponible en:

https://www.elnorte.com/culpan-a-zinc-por-problemas-ambientales/ ar1621531

12 McCormick, Erin y García, Verónica (2025). “Encuentran ‘coctel tóxico’ en casas y escuelas de la zona metropolitana de Monterrey”. Obra citada.

13 Ídem.

14 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2025.– Diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SICT, A INICIAR EL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a iniciar el proyecto ejecutivo del nuevo puente de Boca del Río, en el que considere los estándares más altos de construcción y los principios de eficiencia, eficacia y honradez, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los boqueños, suscrita por el diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Sergio Gil Rullán, diputado de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En los últimos años Boca del Río ha presentado un crecimiento poblacional y económico de gran relevancia. En tan sólo una década su población se incrementó en un 4.7% y actualmente cuenta con 144 mil 550 habitantes.

Dicho incremento poblacional ha venido acompañado del aumento de la demanda de más bienes y servicios públicos que han generado problemas relacionados con el servicio de agua y la movilidad, solo por mencionar los casos más relevantes.

En este último caso, el ejemplo más significativo es el del puente del Río Jamapa que comunica a Boca del Río con la zona de la Riviera Veracruzana de Alvarado y la localidad Paso del Toro en Medellín de Bravo, que presenta diversos problemas que afectan la movilidad de los habitantes y de mercancías teniendo un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo económico.

Aunado a esto la condición de la infraestructura del puente se encuentra en malas condiciones y darle mantenimiento resulta muy complicado por los problemas viales que genera, tal como sucedió recientemente con las obras de reparación que iniciaron en enero del presente año.

Ante esta situación, existe un consenso y una demanda legítima y prioritaria de los boqueños y de las autoridades de que es necesaria la construcción de un nuevo puente que mejore la conexión de Boca del Río hacia Alvarado y desahogue el tráfico vehicular en la zona.

En distintas ocasiones, tanto en sus respectivas campañas para la gubernatura de Veracruz y de la presidencia de la República y ya en funciones en sus respectivos cargos, la gobernadora Rocío Nahle y la presidenta Claudia Sheinbaum han reiterado su compromiso de construir un nuevo puente en Boca del Río.

En la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso de construir el puente para Boca del Río: “Rocío tiene la idea de hacer puentes, nuevos puentes para la entrada a las ciudades; la vamos a apoyar con estos proyectos y aparte, el desarrollo de los puertos y el puerto de Tuxpan, que en realidad pues es un Polo de Desarrollo.”

Incluso, recientemente, durante el primer Congreso Nacional de la Industria de la Construcción: “Comunicaciones, Energía y Logística Portuaria” realizado en el mes de diciembre de 2024, la gobernadora Rocío Nahle señaló que: “En Boca del Río contempla dos puentes urbanos para optimizar la comunicación hacia Alvarado y atender las necesidades derivadas del crecimiento poblacional.”

Es por ello, que solicitamos que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inicie de manera inmediata con el proyecto ejecutivo que considere los estándares más altos de construcción y los principios de eficiencia, eficacia y honradez a fin de dar solución a una de las demandas más apremiantes de las y los habitantes de Boca del Río.

La construcción de este puente tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de las y los boqueños y potenciar el desarrollo económico del municipio al reducir los tiempos de traslado y mejorar el tránsito de mercancías.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de iniciar de manera inmediata el proyecto ejecutivo del nuevo puente de Boca del Río en el que considere los estándares más altos de construcción y los principios de eficiencia, eficacia y honradez.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2025.– Diputado Sergio Gil Rullán (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE REFUERCE LA SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN LA FRONTERA NORTE

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a la CNDH y a la SHCP, a reforzar la supervisión y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera norte de México, así como mejorar la asignación de recursos para estos fines, a cargo del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.