
SUMARIO
Con el propósito de preservar e impulsar el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, se otorga el uso de la tribuna a:
-La ciudadana Angélica Lujano García, quien se expresa en lengua mazahua
De la Mesa Directiva, mediante la cual, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que realizó modificación de turno a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, remitida por el Congreso de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen
Se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios
De la diputada Azucena Arreola Trinidad, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo decimoquinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inclusión del principio superior de las personas adultas mayores. Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas
El diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales
La Presidencia instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión votación de inmediato. En votación económica, se autoriza
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hacen uso de la voz:
-El diputado Gibrán Ramírez Reyes, de MC
-El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT
-El diputado Ricardo Astudillo Suárez, del PVEM
-El diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN
-El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, de Morena
Desde la curul, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, rectifica hechos
Desde la curul, el diputado Ricardo Monreal Ávila, expresa en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, sus condolencias a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, por el sensible fallecimiento de su hermano
En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
La Presidencia instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico y la plataforma digital para la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto
Se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
El diputado Germán Martínez Cázares, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
La diputada Azucena Huerta Romero, en nombre propio y de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, ambas del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado, referente a la caducidad y vía útil de productos cosméticos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
La diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y del Código Penal Federal, con el propósito de prevenir y castigar la violencia en estadios donde acontecen espectáculos deportivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Deporte, y de Justicia, para dictamen
El diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen
La diputada Patricia Flores Elizondo, en nombre propio y de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, ambas del Grupo Parlamentario del MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 y el artículo 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del Fondo para Preservar la Paz en México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de infraestructura social para estados y municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, a fin de facultar al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para impartir educación a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y en albergues. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
El diputado Jesús Irugami Perea Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental en favor de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de mecanismos de regulación migratoria ágiles y con enfoque de derechos humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
La diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7 y 113 Bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen
La diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear el Instituto Nacional de Cáncer de Mama. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen
El diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen
La diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
El diputado Federico Döring Casar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 38 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a periodistas y a la libertad de prensa. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Radio y Televisión, para opinión
El diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración al 5 de mayo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
La diputada Tey Mollinedo Cano, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto decreto por el que adiciona un segundo párrafo y reforma la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen
La diputada Anais Miriam Burgos Hernández, en nombre propio y de las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera y Saray Vázquez Adasa, así como del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal, relativo al delito de feminicidio, para incorporar la sentencia de Mariana Lima Buendía, sobre la obligación de investigar accidentes y suicidios de mujeres, como feminicidios. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
La diputada Evangelina Moreno Guerra, en nombre propio y de diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, de Movimiento Ciudadano y del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social, 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona el artículo 111 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio el Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de licencias de cuidados para la madres y padres trabajadores de hijos con enfermedades graves. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
MINUTA
De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90, numeral 1, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
En términos de los artículos 100, 102 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. (Las iniciativas y proposiciones podrán ser consultadas en el Diario de los Debates de esta fecha, en el Apéndice)
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publica la votación del siguiente asunto:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales (en lo general y en lo particular)
ASISTENCIA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Señora presidenta, se tienen registrados 407 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (11: 23 horas): Se abre la sesión del miércoles 12 de noviembre de 2025 en modalidad semipresencial.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los dispositivos móviles de las y los diputados, y contiene los asuntos por tratar de esta sesión.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra:«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 12 de noviembre de 2025
Intervención desde la tribuna en lengua indígena
De la ciudadana Angélica Lujano García, hablante de la lengua mazahua.
Actas de las sesiones anteriores
Comunicaciones oficiales
De la Mesa Directiva
De la diputada Azucena Arreola Trinidad
Solicita el retiro de iniciativa
Acuerdo de los órganos de gobierno
Iniciativas
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de desarrollo metropolitano, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un segundo párrafo a la fracción V, del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presupuesto para el sector de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, a cargo del diputado Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para garantizar el acceso a intérpretes certificados en quejas de personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de incorporación de jóvenes y mujeres al consejo nacional y a los consejos estatales, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción IV del artículo 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección de las especies marinas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción VI del artículo 2o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XIV del artículo 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de difusión de casos de éxito de empresas de mujeres y jóvenes, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXI del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de un entorno digital seguro, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XVI del artículo 4o. recorriéndose la subsecuente de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de promoción del autoempleo y capacitación digital juvenil, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología y condiciones mínimas de seguridad, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 7o. de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de muerte asistida, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona la fracción XII del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reforma la fracción XII del artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, en materia de familiares y beneficiarios derechohabientes, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en materia de lenguaje incluyente, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al inciso A), fracción XII del artículo 6o. y a la fracción I del artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para garantizar el derecho a la salud de las personas con enfermedades crónicas que se encuentran en tratamiento médico, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el Capítulo II, al que se denominará De la Protección de Maestras y Maestros en Ejercicio de su Función Docente, adiciona un Capítulo III denominado Del Fortalecimiento de la Formación Docente y los artículos 94 Bis I, 94 Bis II, 94 Bis III y 94 Bis IV, todos del Título Cuarto de la Ley General de Educación; se reforma la fracción II del artículo 247 del Código Penal Federal; el artículo 84 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y adiciona los artículos 44 Bis y 44 Ter de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a cargo de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción III del artículo 84 y el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos de personas concubinas, a cargo de la diputada Olga María Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el tercer párrafo del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un numeral 5 al artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes que participen de manera directa o incidental en propaganda política y electoral, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción II Bis al artículo 5o. de la Ley General de Turismo, suscrita por las diputadas Anais Miriam Burgos Hernández y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción X en su Apartado A del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda y contra el desplazamiento especulativo, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derecho a la desconexión laboral digital, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de robo de identidad, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la incorporación obligatoria de la inteligencia artificial como materia escolar, en materia de educación inclusiva y de calidad, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 7o., 38 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a periodistas y a la libertad de prensa, suscrita por el diputado Federico Döring Casar y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 5 de agosto Día Nacional de Montañismo y Senderismo, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 3o., 59 y 61 de la Ley General de Turismo, en materia de los derechos de los turistas, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el diputado Fernando Torres Graciano y las y los diputados integrantes del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 6o., 8o. y 12 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda abandonada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la paz y seguridad de las personas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona al artículo 130 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 45 y 73 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto por el que se declara el día 1 del mes de julio de cada año, como Día Nacional de la Banda de Música Sinaloense de Tambora, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 109 de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración, en materia de protección de niñas y niños migrantes no acompañados, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Patricia Galindo Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de gentrificación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de tarifas especiales para servicios de uso doméstico, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 39 y 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva oficiosa, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona un párrafo a la fracción XLI del artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objeto de reconocer legalmente la casa del niño indígena y denominarla casa para la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de contaminación auditiva generada por la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo primero del artículo 12, párrafo primero del artículo 13 y el artículo 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo cuarto al artículo 74 de la Ley General de Educación, en materia de acoso escolar, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 8o., 11, 12 párrafo primero y 13 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de lenguaje no sexista y armonización legislativa, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento del servicio social y las prácticas profesionales como experiencia profesional, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción VI del artículo 1053, el artículo 1054, el artículo 1063, las fracciones V y VI del artículo 1068, los párrafos primero y segundo del artículo 1069, el párrafo tercero del artículo 1071, el párrafo segundo del artículo 1075, la fracción II del artículo 1378 y la fracción II del artículo 1390 Bis 11; y se adiciona una fracción VII al artículo 1068, del Código de Comercio, en materia de notificaciones electrónicas y sistemas de justicia digital, a cargo del diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 211 Bis 2 y 211 Bis 3 del Código Penal Federal, en materia de delitos informáticos en contra del estado, a cargo del diputado Humberto Coss y León Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección y derechos de las infancias migrantes deportadas y repatriadas, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 7o. y 154 y deroga el artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de discriminación laboral, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción XVII Bis al artículo 3o., una fracción XIX al artículo 7o., una fracción XX al artículo 8o. y una fracción XIII al artículo 9o.; se modifica la fracción XVIII del artículo 7o., una fracción XIX al artículo 8o. y una fracción XII al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático, en materia de empleos verdes, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de legítima defensa en contextos de violencia de género, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna y diversos diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 28 y 30 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reinstalación de personal de procuración de justicia y seguridad pública, a cargo de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 132 fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de descanso laboral por paternidad, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Asael Hernández Cerón, Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de garantizar atención oncológica, suscrita por la diputada Claudia Quiñones Garrido y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de implementar una tarjeta para la prestación de servicios de salud, suscrita por la diputada Claudia Quiñones Garrido y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 1368, 1373 y 1635 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental y prevención del suicidio, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en materia de gestión de riesgos y vulneraciones de la base de datos del Registro Nacional de Detenciones, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de control judicial para el acceso a la información financiera, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y del Código Penal Federal, con el propósito prevenir y castigar la violencia en estadios donde acontecen espectáculos deportivos, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos sexuales, a cargo de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social, en materia de licencias por salud mental, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 305 de la Ley General de Salud, en materia de publicidad de productos milagro en las redes sociales, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para reconocer el derecho a la eutanasia en pacientes oncológicos y con enfermedades terminales, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal del Mar, en materia de actualización de las disposiciones constitucionales reglamentadas, a cargo del diputado Humberto Coss y León Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 25 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para dignificar la búsqueda de empleo en México, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho a la eutanasia en pacientes oncológicos y con enfermedades terminales, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona al Capítulo IV Ter De la Violencia Digital y Mediática, el artículo 20 Septies a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de protección de la imagen de mujeres con discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción I del artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 71 de la Ley General de Educación, en materia de servicio social, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social y 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de licencia por cuidados médicos, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de derechos y salud mental de las y los trabajadores del sector salud, Ley Abraham, suscrita por la diputada Verónica Pérez Herrera y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de casas de empeño, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de integración de jóvenes en gestión pública local, a cargo del diputado Juan Moreno de Haro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821, a cargo del diputado Zenyazen Roberto Escobar García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación ciudadana electoral, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de bitácoras de conducción digitales para los conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 22, el segundo y tercer párrafo del artículo 23, y se adicionan los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para asegurar las buenas prácticas antes y durante el proceso de los animales en los rastros, con las que se elimina su maltrato, a cargo de la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 52 fracción IV y se adiciona un segundo párrafo de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Tey Mollinedo Cano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 51 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer horarios de circulación seguros en el transporte de combustibles y materiales peligrosos, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 2o. fracción IV, 19 fracción XXII, 83 y 86 de la Ley General de Protección Civil, en materia de atlas de riesgos nacional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un Capítulo IX Bis al Título XII de la Ley General de Salud y adiciona un artículo 123 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención del uso indebido de esteroides anabólico-androgénicos en establecimientos de actividad física, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección contra la trata de personas, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 304 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de programas sociales, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación Superior y de la Ley General de Educación, en materia de condiciones equitativas de permanencia, continuidad y egreso de los estudios para mujeres y mujeres jóvenes, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General que Reconoce y Asegura los Derechos y el Respeto a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que deroga la fracción III del artículo 22 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, en materia de discriminación y pena excesiva, a cargo del diputado José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de garantía del derecho a una vivienda adecuada en zonas urbanas, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 300 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 6 Bis y 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 94 de la Ley del Seguro Social y 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 51 y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona la fracción III del artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de otorgar pensión por ascendencia, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de vigilancia de cobro del servicio de arrastre en carreteras federales, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el Capítulo III Bis denominado Programa Contra los Cigarrillos Electrónicos, Vapeadores y Otros Dispositivos Análogos, que contiene los artículos 190 Bis y 190 Bis 1, al Título Décimo Primero de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en materia de defraudación fiscal, a cargo de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción VII del artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de sustituir la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas naturales protegidas, a cargo de la diputada Claudia García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas naturales protegidas, a cargo de la diputada Claudia García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de lenguaje incluyente, actualización de denominaciones relacionadas con la presidencia de la república y obligatoriedad de paridad en la integración del gabinete presidencial, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y armonización normativa, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 8 Ter de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de salud, higiene menstrual y atención médica con enfoque de género para mujeres privadas de la libertad, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de crear la Secretaría General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Mayra Dolores Palomar González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 100 Bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 13 y 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección digital, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 4o. de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición del matrimonio infantil y cohabitación forzada, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 5o., de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de descuento para personas adultas mayores, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 55 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de sensibilización e inclusión en entornos familiares y escolares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, suscrita por la diputada Verónica Pérez Herrera y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, en materia de salvaguarda del interés superior de la niñez como eje rector en la atención del cáncer infantil, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de la Guardia Nacional, en materia creación de una unidad especializada de seguridad en carreteras, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 5o., 7o., 25 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de prohibición de envases pet en bebidas azucaradas, a cargo de la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal, en lo relativo a la protección a niñas, niños y adolescentes en redes sociales, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de limitaciones al hostigamiento telefónico, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona un artículo 87 Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y reforma el artículo 123 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear el Instituto Nacional de Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de actualización y sistematización del padrón de personas afiliadas de los partidos políticos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de actualización y sistematización del padrón de afiliadas y afiliados de los partidos políticos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Migración, en materia de derecho de mexicanos en retorno al acceso a la información permanente, clara, oportuna y accesible, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona dos fracciones al artículo 60 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte digna, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar que evasores de su obligación de pagar impuestos, puedan ser candidatos a un cargo de elección popular o funcionarios públicos, a cargo del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona la fracción IX al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia elegibilidad, a cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 63 y deroga el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2012 y sus adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2018, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social, 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 111 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de licencias de cuidados para las madres y padres trabajadores de hijos con enfermedades graves, suscrita por la diputada Evangelina Moreno Guerra y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Minería, en materia de aprovechamiento sustentable del litio, suscrita por las diputadas Rocío Adriana Abreu Artiñano y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 50 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salvaguardar su vida al transitar por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción VIII del artículo 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de salvaguardar la vida de los trabajadores del estado que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción IX del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salvaguardar la vida de las y los trabajadores que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18, fracción I numeral 39, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para honrar el Día de la Nación Pluricultural y el aniversario de la Resistencia Indígena, iniciada en 1492 en reconocimiento de la dignidad y la diversidad cultural de los pueblos indígenas del país, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga el numeral 6 del inciso b) de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de apoyo psicológico, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los párrafos segundo y séptimo recorriéndose los subsecuentes, y se reforman los párrafos cuarto y décimo, al artículo 94; se reforma el párrafo sexto y se adiciona el párrafo décimo segundo al artículo 96; se modifica el párrafo tercero y se adiciona el párrafo vigésimo sexto, al artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Poder Judicial con perspectiva intercultural, suscrita por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez y diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de establecer la Cartilla Nacional de Vacunación Electrónica, suscrita por el diputado José Mario Íñiguez Franco y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, víctimas de feminicidio, suscrita por la diputada Verónica Pérez Herrera y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 16 Bis y adiciona el 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de reclutamiento de menores de edad por organizaciones criminales o grupos delictivos, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de seguridad y mantenimiento de vehículos automotores como herramientas de trabajo, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo primero del artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de quiropráctica, suscrita por los diputados Arturo Roberto Hernández Tapia y Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a cargo de la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a cargo de la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, a fin de facultar al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para impartir educación a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y albergues, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del otorgamiento de concesiones, permisos, asignaciones o prórrogas que involucren la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XII del artículo 18, se reforma el párrafo primero del artículo 22 y 26, se reforma la fracción V del artículo 30 y se adiciona la fracción X al artículo 56 de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional, a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversos artículos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y del Código Penal Federal, en materia de tipificación del ecocidio para protección del medio ambiente, así como minimizar los daños, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental en favor de las niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Jesús Irugami Perea Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un tercer párrafo al artículo 56 de la Ley General de Educación, para fortalecer la educación intercultural y plurilingüe en instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios que se encuentren en municipios mayoritariamente indígenas, suscrita por las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno y Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona y reforma diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción XI al artículo 4o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, para fortalecer la educación intercultural mediante el reconocimiento del pluralismo jurídico y cultural de México, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de cumplimiento efectivo de garantías y derechos del consumidor, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para sustituir la conmemoración del Día de la Raza por el Día Nacional de la Lucha y Resistencia de las Comunidades Originarias de América, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de solicitud del procedimiento abreviado por parte del acusado, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de compensación ecológica, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 174 Bis y 291 Bis y reforma los artículos 8o. y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en materia de presunciones de usura, nulidad de cláusulas abusivas y reducción judicial de intereses, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 37 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia personas conductoras, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversos artículos a la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 58 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a fin de permitir el acceso de menores de edad a la cartilla de identificación postal y fomentar el envío de remesas por parte de migrantes, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 25 de la Ley General de Salud, para garantizar atención médica permanente a los trabajadores de la industria cañera, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 4o., un párrafo al artículo 25 y un párrafo a la fracción XXIX-g del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mildred Concepción Ávila Vera, Anais Miriam Burgos Hernández, Adasa Saray Vázquez y Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de actualizar y armonizar nuestra legislación laboral con la realidad del mercado global, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo séptimo y octavo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la naturaleza como sujeto de derechos y su inclusión en la carta magna, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que los traslados de pasajeros de origen y destino sean más seguros y confiables en las terminales del país, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 229 Bis al Código Penal Federal, en materia de responsabilidad médica, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 20 de la Ley de la Fiscalía General de la República, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de salario, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de créditos para los jóvenes emprendedores, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de sustitución de envases plásticos por envases de vidrio, suscrita por los diputados César Israel Damián Retes, Fidel Daniel Chimal García y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se declara el día 2 de agosto de cada año como el Día Nacional del Atleta Paralímpico, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 55 del Código Civil Federal y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que esté garantizado el derecho a la identidad de las y los mexicanos, mediante establecimiento de la vigencia permanente del acta de nacimiento, a cargo del diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
De decreto por el que se expide la Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativas a los derechos digitales, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico territorial, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción V al artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal, relativo al delito de feminicidio, para incorporar la sentencia de Mariana Lima Buendía, sobre la obligación de investigar accidentes y suicidios de mujeres como feminicidios, suscrita por las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera, Anais Miriam Burgos Hernández, Saray Vázquez Adasa y el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona al artículo 390 Bis al Código Penal Federal, en materia de extorsión mediante préstamos abusivos (gota a gota), a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el primer párrafo, el numeral I, II y III, del artículo 73, el primer párrafo del artículo 113; se adiciona un párrafo al numeral I del artículo 73 y al segundo párrafo del artículo 113, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa ambiental, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la Ley General de Educación, para incorporar la educación financiera básica en los planes y programas de estudio de la educación secundaria, media superior y superior, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción IV al artículo 6o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de descuentos solidarios para artículos de primera necesidad para adultos mayores, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 28 Bis y reforma los artículos 12, 44 y 58 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y reforman los artículos 41, 55 y 112 de la Ley de Migración, para armonizar la legislación mexicana a los estándares internacionales y nacionales y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la unidad familiar de las personas con necesidades de protección internacional, a cargo de la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cirugías estéticas y cosméticas en menores de edad, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y del Código Penal Federal, en materia de seguridad pública y regulación federal de juegos con apuesta, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de ausencias laborales, a cargo de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de evaluación de las políticas vinculadas con la protección de sus derechos, a cargo de la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia protocolos homologados y especializados con perspectiva de género, para el delito de feminicidio y en la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, a cargo de la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 201 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se propone enmendar la fecha conmemorativa del 29 de octubre como, Día Nacional de la Flor de Cempasúchil, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exentar del pago del impuesto al salario que reciben las y los trabajadores jóvenes, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del sistema nacional de cuidados, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 64 Quarter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual infantil, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el párrafo tercero y cuarto, y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes, al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental en los planteles educativos, a cargo de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción XV del artículo 11 y la fracción V del artículo 145 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prohibición y sanción del reclutamiento de menores de edad en organizaciones delictivas o en agrupaciones civiles de autodefensas, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 47 Bis, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto dotar de mayores elementos de información a los usuarios de autotransporte federal de pasaje, a cargo de la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 3o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga diversas disposiciones del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona un artículo 186 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para otorgar un estímulo fiscal a las instituciones de educación impartida por particulares, que inscriban a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de flexibilidad laboral para madres solteras, suscrita por la diputada Verónica Pérez Herrera y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de cuidado infantil, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona un artículo 34 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona los artículos 7o. y 113 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Anabel Acosta Islas y Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de igualdad y no discriminación entre deportistas olímpicos y paralímpicos, suscrita por las diputadas Casandra Prisilla de los Santos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 216 Ter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Luis Sánchez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del Fondo para Preservar la Paz en México, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extensión del segundo periodo ordinario de sesiones, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 368 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada Independiente.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada Independiente.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de compensación económica por trabajo en el hogar y doble jornada laboral, a cargo de la diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada Independiente.
Que adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, en materia de robo, daños o perjuicios en estacionamientos públicos y privados, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y del Código Penal Federal, en materia de protección para las maestras y los maestros de todos los niveles de educación pública y privada, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Daniel Murguía Lardizábal y Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Videovigilancia y Protección Integral de la Seguridad Pública, en materia de seguridad, atención y prevención del delito, a cargo de la diputada Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 31, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 10 primer párrafo de la Ley Aduanera, suscrita por la diputada Rosalinda Savala Díaz y diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena.
Que añade el artículo 333 Bis; se adiciona una fracción VI al artículo 338, recorriéndose la actual VI a VII; y se adicionan dos párrafos finales al artículo 339 de la Ley General de Salud, en materia de trasplante pareado o cruzado, suscrita por los diputados Mirna María de la Luz Rubio Sánchez y Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción III Bis al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción al artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Tey Mollinedo Cano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 208 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 259 Ter y 259 Quáter del Código Penal Federal, en materia de acoso, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XIV al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, en materia de tecnologías innovadoras, a cargo del diputado Juan Guillermo Rendón Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXXVI al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de protección del derecho a la libre determinación de personas pertenecientes a los pueblos originarios y afromexicanas, a cargo de la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXVI al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; a fin de prohibir la negativa de arrendamiento de vivienda por convivir con niñas, niños o seres sintientes en todo México, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de infraestructura social para estados y municipios, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de enfermedades raras, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 27 y 61 de la Ley General de Salud, en materia de mastografías gratuitas, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud visual, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 1o., 19 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de prevención y sanción de la explotación financiera, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 202 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 343 Bis y 343 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado José Antonio Gali López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos, tejidos y células, a cargo del diputado Ricardo Madrid Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que abroga la Ley de Aguas Nacionales y expide la Ley General de Aguas, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prohibición de la exhibición de animales para su venta, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en materia de protección y bienestar animal, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 60 y 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de prevención y sanción de incendios forestales, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de protección a los jornaleros agrícolas indígenas, a cargo del diputado Gerardo Olivares Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona un artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda respecto de delitos cometidos por personas menores de edad, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención y atención al suicidio, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que deroga las fracciones I y II del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de secreto bancario, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General de Educación, en materia de uniformes neutros, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda para jóvenes, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducción de colegiaturas, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el primer párrafo y adiciona dos párrafos al artículo 312 del Código Penal Federal, en materia de suicidio auxiliado, motivado, incitado o inducido, a cargo de la diputada Mónica Fernández César, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 11 de septiembre de cada año como Día Nacional del Rock mexicano, a cargo de la diputada Mónica Fernández César, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de alfabetización digital crítica y prevención de riesgos en entornos virtuales, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 4 de junio de cada año como el Día de la Rebelión de Valladolid, denominada primera chispa de la Revolución Mexicana, con el fin de conmemorar la lucha histórica por la Independencia de México, a cargo de la diputada Jéssica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de expediente clínico y receta médica electrónicos, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en materia de regulación del transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos del sector hidrocarburos, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de mecanismos de regulación migratoria ágiles y con enfoque de derechos humanos, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de expediente clínico electrónico, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de inteligencia artificial aplicada a la salud, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del sistema nacional de información en salud y su interoperabilidad, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y de la Ley de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección a la pesca ribereña, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de emprendimiento juvenil, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 119 Octies al Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Material de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de servicios auxiliares y arrastre, salvamento y depósito, suscrita por los diputados Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja y Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Migración, respecto de la armonización legislativa del principio del interés superior de la niñez, a cargo de la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 73 de la Ley General de Salud, en materia de prevención y atención de la ludopatía, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de planes y programas de estudio, a suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 154 y adiciona un artículo 155 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por los diputados José Antonio López Ruiz y José Antonio Gali López, de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 182 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de reventa de boletos, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 3 Bis a la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de sesiones presenciales, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de identificación segura para personas motociclistas, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar la ética y conducta laboral, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de servicio eficiente y de calidad para las personas pasajeras, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la STPS y a la SRE, a integrar a diputadas y diputados migrantes por acción afirmativa, a gobiernos locales mexicanos, así como a Sindicatos de México y Canadá, todos ellos comprometidos con los derechos laborales, a que participen como representantes de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos en la reunión anual de Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá a celebrarse en este mes de noviembre de 2025 en México, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a implementar acciones urgentes de atención, auxilio y reconstrucción en el estado de Veracruz, ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias e inundaciones, a cargo de la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a cumplir el compromiso realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 26 de septiembre de 2025, relativo a la sustitución del hospital general Presidente Lázaro Cárdenas del ISSSTE, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, a formular la declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Michoacán, con fundamento en el artículo 76, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Efemérides
Con motivo del 15 noviembre, en conmemoración del Día Mundial de la Mujer Rural, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con motivo del 17 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con motivo del 6 de noviembre, conmemorando el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con motivo del 10 de noviembre, conmemorando el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con motivo del 12 de noviembre, conmemorando el Día Nacional del Libro, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con motivo del 16 de noviembre, conmemorando el Día Internacional para la Tolerancia, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con motivo del 25 de noviembre, conmemorando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»
INTERVENCIÓN DESDE LA TRIBUNA EN LENGUA INDÍGENA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En el marco de Las lenguas toman la Tribuna, la Cámara de Diputados da la bienvenida a la ciudadana Angélica Lujano García, originaria de la comunidad de San Nicolás Guadalupe, Estado de México, hablante de la lengua mazahua. Es licenciada en lengua y cultura por la Universidad Intercultural del Estado de México y maestra en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, UAM-Xochimilco. Profesional dedicada a la promoción de los derechos humanos, la equidad de género y la interculturalidad. Ha contribuido al fortalecimiento de los pueblos indígenas desde ámbitos institucionales, académicos y comunitarios, colaborando con organismos internacionales.
Su labor incluye el impulso a la lengua y cultura mazahua, la asesoría de radiodifusión indígena y la formación de liderazgos comunitarios. Reconocida con diversos premios de la juventud, sostiene que las políticas públicas deben construirse con la participación activa de los pueblos indígenas y bajo un enfoque de género e interculturalidad. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Agradecidos por su presencia. Bienvenida.
La ciudadana Angélica Lujano García (Habla en jñatrjo/mazahua): Buenos días a todas y todos. Doy gracias al pueblo mazahua y a todas las personas que todavía hablan sus lenguas en este México.
Hoy se escucha en este lugar la lengua mazahua, una de las muchas que viven en nuestro país, y eso ha sido posible gracias a nuestras abuelas y abuelos que, aunque lloraron porque no se les permitió seguir hablando su lengua, no dejaron que éstas se durmieran. Ellos guardaron la palabra en silencio, la pronunciaron en voz baja y la entregaron a sus hijas, hijos, a sus nietas y nietos, con la esperanza de que un día volviera a resonar con orgullo.
Es cierto, hay lenguas que en el camino se durmieron, pero también hay otras que siguen resistiendo, que siguen diciendo quiénes somos.
Cuando me dicen que no sé hablar o pronunciar bien el jñatrjo, eso no me avergüenza, al contrario, me impulsa a seguir hablándolo, porque mi lengua cuenta de dónde vengo, hacia dónde voy, lo que pienso, lo que recuerdo, lo que he caminado y lo que aún quiero recorrer: una lengua mazahua que habla de un pueblo, un pueblo que sin su lengua no es pueblo, porque en ella se cuenta de las fiestas, de la comida, de los caminos, de cómo se hacen las tortillas, del mundo.
Pero, poco a poco, la lengua se ha ido perdiendo en el corazón de las niñas y los niños; entonces me pregunto si ya no la hablarán, ¿quiénes conversarán con las abuelas y los abuelos? ¿Quiénes serán los que sepan del tiempo? ¿Cuándo llegue el día de muertos o cuando llegue la lluvia?
Entonces pienso que el día en que ya no se lea ni se escuche nuestra lengua será el mismo en que empiece a dormirse, así que me pregunto de nuevo, ¿qué podemos hacer? Así, caigo en cuenta de que tenemos que conocer nuestra lengua, que las familias deben enseñarla y transmitirla. Porque la lengua mazahua, como todas las lenguas, también sabe mucho del mundo, de cómo arreglarlo y de cómo vivir en él. Pero hay que escucharlas, hablarlas y cuidarlas en el pueblo, en el Gobierno, en nuestras familias, porque cuando una lengua se escucha, no sólo se oyen las palabras, se escuchan los pasos de quienes vinieron antes y los sueños de quienes vendrán después.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias por su presencia a la ciudadana Angélica Lujano García.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones matutina y vespertina del martes 11 de noviembre del año en curso, toda vez que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones matutina y vespertina del martes 11 de noviembre del año en curso. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión matutina en modalidad presencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes once de noviembre de dos mil veinticinco, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Apertura de la sesión.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con treinta y nueve minutos del martes once de noviembre de dos mil veinticinco, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La Presidencia informa a la Asamblea que el orden del día de la presente sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules, documento que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.
Intervención desde la tribuna en lengua indígena.
En el marco de la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas, se concede el uso de la Tribuna, a la ciudadana Casimira Vargas Vargas, hablante de lengua náhuatl.
La Presidencia, informa a la Asamblea que el día de ayer, falleció José Bricio López Rabadán, hermano de la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, por lo que, en nombre de ese órgano de gobierno expresa sus condolencias, e invita a la Asamblea a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria.
(Se concede un minuto de silencio).
Desde su curul, interviene el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo, para expresar sus condolencias a familiares y amigos de la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, asimismo, solicita un minuto de silencio en memoria de Leobardo Alcántara Martínez, quien fuera diputado federal de su bancada en la Sexagésima Quinta Legislatura.
(Se concede un minuto de silencio).
Desde su curul y desde la tribuna, intervienen las diputadas: Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada independiente, para hacer comentarios relativos a los hechos de violencia ocurridos en Uruapan, estado de Michoacán y a su presidente municipal, Carlos Manzo, asesinado recientemente; y Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la Presidencia, se conceda un minuto de aplausos en reconocimiento al equipo de baloncesto Fuerza Regia por su reciente campeonato. La Presidencia obsequia la solicitud, e invita a la Asamblea a otorgar un minuto de aplausos.
(Se otorga un minuto de aplausos).
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
La Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo noventa y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
En votación económica, se dispensa su lectura, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se aprueba.
Comunicaciones.
Se da cuenta con comunicaciones oficiales:
a) De las diputadas y los diputados, por las que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, a saber:
• Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se reforma el artículo veintiuno de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
• María del Rosario Orozco Caballero, de Morena, por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de vivienda adecuada.
• Juan Antonio González Hernández, de Morena, por el que se reforma el artículo treinta y nueve, numeral dos, fracción siete, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para cambiar el nombre de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación por Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
• Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y de la Ley de la Guardia Nacional.
Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
b) De la Auditoría Superior de la Federación, por la que remite el Informe Individual de Auditoría número treinta y uno, Gestión Financiera, correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública dos mil veinticuatro. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
c) De la Cámara de Senadores, por las que remite las siguientes minutas con proyecto de decreto:
• Por el que se declara el día doce de octubre de cada año, como Día de la Nación Pluricultural y Multiétnica.
• Por el que se declara el día diecinueve de marzo de cada año, como el Día de la Actualización Docente.
• Por el que se declara el día dieciocho de mayo de cada año, como el Día Nacional del Gobierno Digital.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
• Por el que se adiciona un artículo sesenta y nueve Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo ciento veintitrés Constitucional, y se adiciona un artículo sesenta y cuatro Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
d) Del Congreso del Estado de Chihuahua, por las que remite iniciativas con proyecto de decreto:
• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen; y
• Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley sobre el Contrato de Seguro, y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
e) Del Congreso del Estado de México, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarenta y nueve, al numeral dos del artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
f) Del Congreso del Estado de Nuevo León, por las que remite iniciativas con proyecto de decreto:
• Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo diecinueve de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen; y
• Por el que se adiciona un artículo cuarenta y nueve Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
g) Del Congreso del Estado de Tamaulipas, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción ochenta y dos al artículo tres, y un párrafo al artículo ciento noventa y dos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
Solicitud de licencia de legislador.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta a la Asamblea, con oficio del diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Décimo Segundo Distrito Electoral del estado de Nuevo León, a partir del once y hasta el treinta de noviembre del año en curso. En votación económica, se aprueba. Comuníquese y llámese a la suplente.
Comunicaciones.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta al Pleno con la comunicación del diputado José Adalberto Vega Regalado, del Partido Verde Ecologista de México, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del once de noviembre del año en curso. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
Desde su curul, interviene la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Partido Acción Nacional, para solicitar un minuto de silencio en memoria de las víctimas que perdieron la vida a causa de los fenómenos meteorológicos ocurridos en diversos estados de la República Mexicana, particularmente en el estado de Veracruz. La Presidencia concede la solicitud, e invita a la Asamblea a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
(Se concede un minuto de silencio).
Acuerdo de los órganos de gobierno.
La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se comunica la integración del Comité de Ética de la Sexagésima Sexta Legislatura. En votación económica, se aprueba. Comuníquese.
Declaratoria de publicidad de dictámenes.
La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto, a saber:
• De la Comisión de Gobernación y Población:
—Por el que se declara el once de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Talavera; y
—Por el que se declara el cuatro de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas.
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• De la Comisión de Salud, por el que se reforman los artículos setenta y dos, y setenta y tres de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento de la salud mental.
• De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, por el que se reforma el artículo quince de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforma la fracción tres de artículo veintiocho de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• De la Comisión de Turismo, por el que se reforma el artículo dieciocho de la Ley General de Turismo.
• De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de captura, uso y almacenamiento del dióxido de carbono.
• De la Comisión de Igualdad de Género:
—Por el que se adicionan la fracción siete al artículo nueve, y la fracción siete al artículo treinta y dos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y
—Por el que se reforman los artículos veinte Ter, y veinte Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En términos del artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con el requisito de declaratoria de publicidad.
Desde su curul, interviene la diputada Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, para hacer comentarios con relación a los accidentes viales, y a la movilidad segura; así como al Reglamento de Tránsito del Estado de México, reconociendo la labor de la gobernadora de dicha entidad.
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.
La Presidencia informa a la Asamblea que, en términos de los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Clausura de la sesión.
La Presidencia levanta la sesión a las doce horas con dieciocho minutos, del martes once de noviembre del año en curso, y solicita a la Asamblea permanecer en sus lugares, para continuar con la sesión ordinaria vespertina programada para el día de hoy, en modalidad presencial. Precisando que el registro de asistencia se encuentra disponible desde este momento, por medio de la aplicación instalada en las tabletas de las curules de las y los legisladores.»
–––––––– o ––––––––
«Acta de la sesión vespertina en modalidad presencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes once de noviembre de dos mil veinticinco, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Apertura de la sesión.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos treinta y seis diputadas y diputados, a las doce horas con veintidós minutos del martes once de noviembre de dos mil veinticinco, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La Presidencia informa a la Asamblea que el orden del día de la presente sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules, documento que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.
Discusión de dictámenes.
En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto:
a) De la Comisión de Gobernación y Población, por el que se declara el once de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Talavera.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario a la diputada María del Rosario Orozco Caballero, de Morena, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos treinta y nueve votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el once de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Talavera. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
b) De la Comisión de Gobernación y Población, por el que se declara el cuatro de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario a la diputada Rosa María Castro Salinas, de Morena, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y tres votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el cuatro de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
c) De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario a la diputada y el diputado: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, y Joaquín Zebadúa Alva, ambos de Morena, quienes son promoventes del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y siete votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
d) De la Comisión de Salud, por el que se reforman los artículos setenta y dos, y setenta y tres de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento de la salud mental.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario a la diputada Liliana Ortiz Pérez, del Partido Acción Nacional, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos setenta y dos, y setenta y tres de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento de la salud mental. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
e) De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, por el que se reforma el artículo quince de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario al diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Partido Acción Nacional, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y dos votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quince de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
f) De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforma la fracción tres de artículo veintiocho de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario al diputado Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tres de artículo veintiocho de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
g) De la Comisión de Turismo, por el que se reforma el artículo dieciocho de la Ley General de Turismo.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario a la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo dieciocho de la Ley General de Turismo. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
h) De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de captura, uso y almacenamiento del dióxido de carbono.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario al diputado Noel Chávez Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y ocho votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de captura, uso y almacenamiento del dióxido de carbono. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
i) De la Comisión de Igualdad de Género, por el que se adicionan la fracción siete al artículo nueve, y la fracción siete al artículo treinta y dos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario a la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, quien es promovente del tema.
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y un votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción siete al artículo nueve, y la fracción siete al artículo treinta y dos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
Clausura de la sesión.
La Presidencia levanta la sesión a las quince horas con un minuto y cita para la próxima que tendrá lugar, el día de mañana miércoles doce de noviembre de dos mil veinticinco, a las once horas, en modalidad semipresencial, precisando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos móviles y en las tabletas de las curules de las y los legisladores.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En votación económica consulte la Secretaría si son de aprobarse las actas de las sesiones anteriores.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban las actas de las sesiones anteriores. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobadas.
COMUNICACIONES OFICIALES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Pido a la Secretaría dar cuenta con la comunicación de la Mesa Directiva en relación con la modificación de turno de iniciativa por favor.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Cámara de Diputados.– Mesa Directiva.
Honorable Asamblea
La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno del siguiente asunto:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un séptimo párrafo al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que remite el Congreso del Estado de Nuevo León, el 15 de octubre de 2025.
“Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.”
Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.– Diputada Kenia López Rabadán (rúbrica), presidenta.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el trámite de la iniciativa. Solicito que se actualicen los registros.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada Azucena Arreola Trinidad solicitud de retiro de iniciativa.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXVI Legislatura.– Soberanía y Justicia Social.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva.– Presente.
En mi calidad de proponente de la iniciativa que reforma al párrafo decimoquinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inclusión del principio superior de las personas adultas mayores, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 29 de octubre del presente año, con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire del proceso legislativo la iniciativa en comento.
Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que brinde al presente y le reitero las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 11 de noviembre de 2025.– Diputada Azucena Arreola Trinidad (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales. Adelante, coordinador.
El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, ciudadana presidenta. Ciudadanos legisladores y legisladoras, quisiera distraer la atención de todos, incluidos quienes están conectados vía digital, para presentar una iniciativa de modificación de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pidiendo a la presidenta dispensar los trámites, considerarla de urgente resolución y aplicar el contenido del artículo 82 del Reglamento. Es una ley, es una modificación a varias disposiciones normativas contenidas en esta Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.
La cantidad de personas que tienen una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, son cerca de los 40 millones. Con el establecimiento de los programas sociales, las tarjetas de débito se multiplicaron, dado que los adultos mayores, los jóvenes, las personas con discapacidad, los estudiantes, reciben tarjetas para poder así disfrutar de la política social que el gobierno de la República de la cuarta transformación ha diseñado y ha aplicado desde hace siete años. Para nosotros, la política social más impresionante que haya ocurrido en toda la historia del país.
Una cantidad enorme de personas gozan, tienen tarjetas de crédito o de débito. Y muchas tarjetas o instituciones financieras de crédito, a través de campañas o a través de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a sus domicilios, a los domicilios de las personas sin que las hayan solicitado. Luego, al trayecto del año les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad y al final muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o algún derecho de inclusión financiera.
De eso se trata la iniciativa, pues actualmente y contra mi costumbre voy a tener que leer el contenido, porque es técnico y quiero que quede muy claro a la asamblea qué estamos planteando. Se adiciona una fracción IV del artículo 4 Bis para establecer que ni las entidades financieras ni las comerciales pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario.
Se reforma también la fracción I del artículo 18 Bis para establecer que, en los formularios utilizados para contratar, además de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado, mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión.
Se adiciona el artículo 18 Bis 9 para establecer que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar con toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto y que éste sea claro, veraz y suficiente, de conformidad con los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario.
Se adiciona el artículo 18 Bis 10 para establecer que las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deben garantizar al usuario el derecho de cancelarlas, para lo cual se deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. En el caso de estos últimos, deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas los 365 días del año.
También se adiciona el artículo 18 Bis-11 de la misma ley; establece que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días, a partir de la solicitud del usuario, sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Se adiciona el artículo 18 Bis-12, donde se establece como nula de pleno derecho la emisión de un medio de disposición consistente en tarjeta de crédito o débito sin el consentimiento expreso de la persona usuaria, por lo que no será necesaria su cancelación por esa persona.
Por lo anterior, las entidades financieras quedarán obligadas a no emitir estos medios de disposición sin perjuicio de las sanciones que corresponden conforme a la presente ley y demás disposiciones aplicables. Precisando que la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tienen que actuar en el ámbito de sus competencias y velar las observaciones de estas disposiciones, formulando las recomendaciones pertinentes al Ejecutivo para su debido cumplimiento.
Además, se adiciona el artículo 18 Bis-12, que dispone que no podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otro concepto asociado a estas tarjetas de crédito o débito. Además de que el historial crediticio o comportamiento de pago, o su falta de uso no podrán tener efectos ni ser reportados a sociedades de información crediticia, concretamente al Buró de Crédito, por lo cual las entidades financieras están obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de dichas tarjetas de crédito o débito en un plazo de cinco días.
Son siete las disposiciones por modificar; es de avanzada. Hay, sí, alguna disposición en la ley, en el artículo 10, que es insuficiente, en que está demasiada elástica la aplicación de la ley. Estas nuevas normas son indispensables para proteger a las personas usuarias. Es muy común que se reciban tarjetas sin solicitarlas. Es muy común que se reciba publicidad sin solicitarla, y de esto se trata esta reforma que estoy planteando.
Sí tendrá dificultades, obviamente después de presentada habrá seguramente cabilderos en la Cámara o en la colegisladora, pero lo que estamos haciendo es proteger, proteger a los usuarios, extendiendo sus derechos. Quiero comentar además que esta legislación se aplica en muchas partes del mundo. En Estados Unidos basta una llamada telefónica para que se considere cancelada una tarjeta de crédito.
En el caso de México, primero tienes que hacerlo presencialmente, en la mayoría de los casos, y te aplican tardanzas a propósito para que te canses y ya no insistas en la cancelación. De eso se trata, de que, por la vía digital, el uso del internet, puedas avisar a la sucursal que te envió o a la institución que te envió la tarjeta, de decir: no la solicité, no la acepto. Y, por tanto, no se pueden aplicar ni anualidades ni penalidades ni comisiones que el usuario pague indebidamente. Y menos que te ubiquen en el buró de crédito.
Es muy importante esta ley, que refuerza el derecho de los usuarios de crédito y de instituciones de crédito y bancarias. Por eso, en muchas partes del mundo esta legislación ya es aplicable, y yo deseo que en México también sea aplicable en los próximos meses, una vez que concluya el proceso legislativo y podamos otorgarle este derecho a los ciudadanos mexicanos y mexicanas.
Está más amplia, pero sólo lo resumo. Por eso, presidenta, he pedido que se otorgue la urgente resolución, y que pueda aplicarse el artículo 82 para la dispensa de procesos que cada iniciativa tiene y que podamos iniciar la discusión y la aprobación de ella. Si es que lográramos pasar las dos terceras partes, mayoría calificada, y turnarla a la colegisladora. De eso se trata esta reforma que presentan un servidor con los diputados y las diputadas de Morena, muchos de ellos que hoy me acompañan aquí en esta tribuna. Por su atención, muchas gracias a todos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, coordinador. Me ha solicitado la palabra el diputado coordinador Carlos Puente. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Carlos Alberto Puente Salas (desde la curul): Diputada presidenta, para solicitarle por su conducto, si se le puede consultar al promovente de esta iniciativa si acepta que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se adhiera a esta proposición. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro que sí, coordinador Puente. Pregunto al coordinador diputado Ricardo Monreal si acepta que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista se adhiera a su iniciativa. Así es. Gracias, coordinador Monreal. Es afirmativa. El coordinador del Partido del Trabajo, si es tan amable, diputado Reginaldo, ¿con qué objeto?
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (desde la curul): Para solicitar a través de usted si el promovente acepta que el Grupo Parlamentario del PT se suscriba a su iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ha afirmado el diputado Monreal, coordinador, que sí acepta su solicitud. La diputada Patricia Mercado. Diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Dora Patricia Mercado Castro (desde la curul): También para solicitar al diputado Monreal si la bancada de Movimiento Ciudadano puede adherirse a su propuesta. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ha informado el diputado Monreal que sí acepta su adición, diputada. Muchísimas gracias. Con fundamento en los artículos 59, numeral 3, y 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la Secretaría que consulte en votación económica si la iniciativa se considera de urgente resolución y se somete, por tanto, a discusión y votación en este momento.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se consulta si la iniciativa se considera de urgente resolución y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Por tanto, se considera de urgente resolución. Vamos a su discusión y, en su caso, votación. Tiene el uso de la palabra el diputado Gibrán Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado. Esta Presidencia saluda a Josué Enríquez, líder estatal de Acción Juvenil del PAN en Guanajuato, acompañado de jóvenes líderes de ese estado, invitados por el diputado Alan Márquez. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí.
El diputado Gibrán Ramírez Reyes: Desde Movimiento Ciudadano felicitamos al presidente de la Junta de Coordinación Política, a su bancada y a esta Cámara de Diputados en general, porque hemos empezado a hacer lo que es nuestra labor, que es legislar. Desde ayer hemos trabajado en dictámenes que salieron por consenso, después de que habíamos respondido únicamente a iniciativas que venían de la Presidencia de la República y hoy discutimos este tema de esta importante iniciativa que tiene varias virtudes.
La primera de ellas es que habla de los problemas que afectan a la gente, habíamos estado discutiendo mucho tiempo de los temas que le interesan al poder, a la organización del poder, a cómo someter a contrapesos y oposiciones, y habíamos dejado de lado esto que debería de ser el corazón de la política que es el dolor de las personas, ¿cómo disminuimos ese dolor? El dolor que puede evitarse, el dolor inmerecido, el dolor generado por las condiciones estructurales.
Los invito a que sigamos haciendo eso, pues tenemos mucha tarea pendiente, y los invito a hacerlo en sesiones presenciales porque estos debates sólo se pueden dar realmente si estamos aquí atentos y escuchando. Por eso les digo, los invito a que se discutan y se aprueben otras iniciativas que pueden ser más polémicas, quizá, pero que son también más importantes.
Empiezo con una: que se quite el cobro del ISR al aguinaldo que se va a empezar a entregar a los trabajadores; ésa es otra cosa que importa a la gente. A la iniciativa del diputado Lozoya de Movimiento Ciudadano y una similar que tiene el PAN. Creo que es importante en eso, diputada Zavala, que podemos construir un consenso.
Estoy seguro de que la gente de izquierda que busca la igualdad en Morena estará por esa agenda y los invito sobre todo a que discutamos con la mayor brevedad la disminución a 40 horas semanales y dos días de descanso de la jornada laboral, como hemos insistido desde hace años en Movimiento Ciudadano, pues sabemos qué se siente gastar dos, tres o cuatro horas en el transporte público, tener que mal dormir ahí, tener que mal comer ahí para llegar a un trabajo que, además, te exigirá estar las ocho horas y te va a descontar sin importar si el transporte de esta ciudad, el estado de sus calles, si el desastre en que está esta ciudad, por ejemplo, pero cómo están muchas ciudades del país.
Sin importar que la falta de infraestructura pública te quite el tiempo, te van a descontar, pues sabemos lo que se siente eso, 40 horas ahora. Porque sabemos lo que vale el tiempo que pasa uno con sus niñas y sus niños, yo tengo dos hijos chicos que me traigo aquí, que algunos habrán visto, pero no todos tienen ese privilegio, la mayor parte de la gente no tiene ese privilegio, pero porque sabemos cuánto vale el tiempo con las niñas y los niños, cuán importante es para su desarrollo, cuán importante es desarrollar una paternidad y una maternidad presente, 40 horas ahora.
Porque sabemos que es muy importante el ocio y la cultura y que no debe ser un lujo sino un derecho, y ese espacio de esparcimiento nos corresponde, independientemente de la clase social, 40 horas ahora. Porque será beneficioso para todo mundo, porque los patrones deben de saber también que cuando un trabajador descansa más produce mejor y eso está comprobado en diversos estudios, 40 horas ahora.
Y termino con una petición, que es personal pero también colectiva, para el líder de la mayoría: ha habido cierta incertidumbre sobre el funcionamiento del Cendi de la Cámara de Diputados, y digo que es un asunto también personal porque estoy en el trámite de que mis hijos ingresen también; preocupa con quién se van a quedar los niños en lo que termina este periodo de trabajo y hasta que lleguen las vacaciones. Así que ojalá que la Cámara de Diputados ponga el ejemplo en esta agenda de cuidados desde lo que pasa en el interior. Muchas gracias a todos y felicidades a esta Cámara.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, coordinador.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Nos da mucho gusto subir a posicionar como grupo parlamentario a favor de esta iniciativa. El objetivo central de la iniciativa es reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el propósito de establecer reglas claras, justas y transparentes en los procedimientos de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y de débito, emitidas por entidades financieras y comerciales, buscando proteger los derechos de los usuarios frente a prácticas abusivas del sistema financiero.
Los usuarios enfrentan dificultades excesivas para cancelar tarjetas y, por otro lado, procesos poco regulados en la emisión de nuevos plásticos, tanto por instituciones bancarias como por comercios.
Entre los principales problemas identificados se encuentran los siguientes: burocracia y obstáculos en la cancelación de tarjetas, que obligan a los usuarios a acudir físicamente a sucursales o cumplir trámites engorrosos. Cobrar indebidos o continuados después de la cancelación solicitada. Emisión indiscriminada de tarjetas preaprobadas o sin consentimiento informado, en particular por comercios que ofrecen servicios financieros. Falta de supervisión y transparencia en la gestión de datos personales y financieros de los usuarios.
La iniciativa busca proteger al consumidor financiero, fortalecer la confianza en el sistema bancario y armonizar la legislación en las políticas de inclusión y responsabilidad financiera, impulsadas por el Estado mexicano.
La propuesta es incorporar un procedimiento simplificable y digital para la cancelación inmediata de tarjetas sin necesidad de acudir presencialmente. Prohibir la emisión no solicitada de tarjetas de crédito o débito, incluidas las vinculadas a promociones o ventas en línea. Obligar a las entidades emisoras a informar por escrito y de forma clara sobre las condiciones, comisiones y consecuencias de la cancelación. Establecer sanciones para las instituciones financieras o comerciales que incumplan los nuevos lineamientos. Reforzar la supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, para que no sirva sólo como una instancia de quejas sin capacidad para poner orden en el sistema financiero.
Decimos también, que adicionalmente a esta iniciativa, debemos empujar otras como la que ha presentado el diputado Ricardo Mejía, y que está en la Comisión de Hacienda, para disminuir los plazos que sin razón te tienen en el buró de crédito.
Luego, debo de decir también, que no hay duda de que la iniciativa y esta discusión que tenemos el día de hoy va en la dirección correcta en el sentido de lo que se ha denominado por la 4T y la presidenta de la República, que se llama prosperidad compartida, no tenemos ninguna duda de que el sector financiero es el sector que más ha ganado no sólo en los 36 años del modelo anterior, sino también en este. Le ha ido muy bien, pero no tratamos correctamente a los clientes, a los usuarios. Y, por eso, apoyamos esta iniciativa, la celebramos y no tenemos ninguna duda de que va a tener éxito.
Esperamos que a la colegisladora, el Senado, no le gane el cabildeo de lo que se vendrá encima y la detengan ahí como han detenido algunas otras, pues ésta va directamente a beneficiar al pueblo, a las mexicanas y a los mexicanos, y nos puede ayudar también para ampliar el servicio de este sector financiero, que apenas debemos de andar como por el 59 por ciento de la cobertura en la República, debemos ampliarlo, pero no lo vamos a poder ampliar si no mejoramos las condiciones del beneficiario y también ir más allá en la revisión del tema de las tasas de interés que se cobran, que también son luego abusivas y altas.
Podemos ir, este será el primer paso y estamos convencidas y convencidos de que vamos a ir casi, yo esperaría que fuéramos en unanimidad esta Cámara, en esta iniciativa, que no importa el color ni ideología, agarra parejo el sistema financiero y entonces podemos ayudar a todas y a todos los mexicanos, sin ninguna duda. Muchas gracias, presidenta y esperamos su apoyo a esta iniciativa. Y ya dijimos que la suscribimos y la acompañamos y estamos para empujarla para que se dé. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Buenos días, compañeras y compañeros. Primero que nada, quiero agradecer a mi coordinador, diputado Carlos Puente, por permitirme esta mañana hacer uso de la voz, donde él ya ha manifestado que como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vamos a suscribir esta importante iniciativa.
El aspecto fundamental, como acaba de mencionar el coordinador del PT y, por supuesto, el promovente, el coordinador Ricardo Monreal, el núcleo de la reforma es proteger a los usuarios, los consumidores financieros, de cualquier tipo de abuso que se presente en este tipo de acciones. ¿Qué sucede cuando llega una tarjeta de crédito que no hemos pedido? ¿Qué sucede cuando no conocemos específicamente los datos que plasman en contratos digitales que ya pocas veces los tenemos en físico y que la gente no tiene oportunidad de leer?
Más de 27 millones de personas en México de 18 a 70 años tienen un crédito con consentimiento o sin él. Cuando llega una tarjeta, la que no hemos solicitado, y se hace un uso tal vez, no quiero decir la palabra, no adecuado, un uso no responsable por no conocer los términos, es ahí donde se empieza a originar el verdadero problema para los consumidores, porque inmediatamente al no poder tener muchas veces la capacidad para solventar no sólo el gasto del consumo, también el tema de las comisiones.
Las instituciones financieras en el país son las que más cobran o de las primeras tres que más cobran en el mundo. Desde la apertura de créditos, desde todo lo que tiene que ver con comisiones, intereses, etcétera.
Y esto origina un problema, en donde lo ha manifestado el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, genera una situación de adversidad para cualquier familia o para cualquier consumidor. Porque en el simple hecho de no cumplir con lo especificado, automáticamente es etiquetado para buró de crédito. Y buró de crédito es el encargado de calificar, de una forma no transparente, no clara, para poder acortar cualquier tipo de servicio o de derecho: médicos, acceso a un empleo, acceso a un crédito real de una persona que quiera crecer su negocio.
Becas, por ejemplo, en las universidades privadas, si los padres de familia están en buró de crédito, el joven se limita y lo limitan a no poder acceder a esas becas. En los hospitales también, si alguien pertenece o está dentro del buró de crédito difícilmente le van a poder dar los servicios que necesitara. De un instrumento financiero se ha convertido en un instrumento comercial. Los consumidores ya no pueden acceder a un crédito formal por una tarjeta que les pudo haber llegado, y que ellos no estaban de acuerdo, no la habían solicitado, y que están hoy teniendo esta problemática.
Me parece que esta reforma abre un tema muy importante en el sector financiero del país. Esto nos permitirá, a partir de que se apruebe, explorar también vincularnos con los temas de buró de crédito, como aquí, en la Cámara, se han presentado algunas propuestas, una por el Partido Verde, una por el Partido del Trabajo por parte del diputado Ricardo Mejía, por el Partido de Movimiento Ciudadano. Y creo que vamos a partir de esta iniciativa para buscar consolidar salvaguardar los derechos de los consumidores en lo que tiene que ver con el sistema financiero de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle:Con su venia, presidenta. Antes de iniciar, ayer, presidenta Kenia, tuvimos un minuto de silencio por el fallecimiento de su querido hermano. Manifestamos nuestro respeto, nuestra admiración a su persona, estamos con usted, presidenta, y mandamos un afectuoso saludo a usted y su familia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle: Hoy... Hoy no va a haber clase, ¿eh?, porque es semipresencial. Cuando sea presencial, damos la tercera clase. Sin duda, la propuesta que presenta el diputado Monreal, referente a las tarjetas de crédito, es benéfica para la población. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional también se sumará por supuesto a esta noble iniciativa. Pero no lo hacemos espontáneamente, lo hacemos aquí, desde la tribuna.
En el PAN coincidimos, pero estamos convencidos de que se requiere fortalecer para beneficio de los mexicanos. Justamente por ello señalamos esto porque estamos convencidos de que se requiere reformar las leyes en materia financiera para proteger a los consumidores y frenar algunos abusos de los integrantes del sistema financiero.
Incluso, aunque no sean parte de las instituciones bancarias. Justamente por ello desde el 1 de octubre de este año, el Grupo Parlamentario del PAN presentó dos iniciativas relacionadas con el tema que hoy nos ocupa. Una de mayor protección y una de mayor defensa a los usuarios de los servicios financieros.
Estas iniciativas forman parte de la agenda legislativa de Acción Nacional. Propuse que pudiéramos eliminar comisiones tan absurdas que presentan y que cobran algunos bancos por consultar saldo, por reponer plástico, por emitir un estado de cuenta, por transferir dinero o por aclaraciones. Por todo cobran comisiones.
Del mismo modo, proponemos poner un tope máximo a los intereses moratorios, hasta 1.5 veces los intereses. Escuché muy atento al coordinador del Grupo Parlamentario del PT, y estoy totalmente de acuerdo con el diputado Reginaldo, qué bueno que se suma, pero también lo invito a que se sume porque mencionó los intereses moratorios. Efectivamente, también nosotros presentamos una iniciativa para los intereses moratorios. Así como lo estamos haciendo ahorita, espero que también se sumen a nuestra iniciativa.
Por tanto, consideramos que, así como apoyamos en el pleno de la Cámara al diputado Monreal, podamos apoyar, de la misma forma que tengamos en la Comisión de Hacienda para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Planteado en la misma ley y los mismos artículos. México requiere hoy transparencia en las instituciones financieras. Desde aquí decimos a las y los ciudadanos, a los 60 millones de tarjetahabientes que hay en el país, 60 millones, Acción Nacional los va a defender, Acción Nacional va a empujar para que los intereses no sean absurdos ni se abuse de los intereses.
El primer paso lo vamos a dar hoy apoyando la iniciativa del diputado Monreal, esperemos que el segundo paso se dé apoyando la iniciativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Gracias por sus palabras a mi persona. Muchas gracias, muy agradecida. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Miguel, Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
Esta Presidencia saluda a las y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Campus Uruapan, invitados por la diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo. Gracias por estar aquí. Esta Presidencia saluda al diputado local de Michoacán Memo Valencia, invitado por la diputada Xitlalic Ceja García. Sea bienvenido a este salón de sesiones. Muchas gracias.
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas:Con la venia de la Presidencia. Diputada presidenta, reciba usted mi más sincero pésame por la partida de su hermano. Reconocemos en usted a una gran parlamentaria y la acompañamos en estos duros momentos.
Estimadas compañeras y compañeros diputados, hoy estamos ante esta propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que ha presentado nuestro coordinador, el diputado Ricardo Monreal Ávila. Sensible al sentir de las y de los mexicanos en materia de servicios financieros, emite esta propuesta, que incluye o considera adicionar cinco artículos del artículo 18 Bis, a través de la fracción I y la incorporación del Bis 9, Bis 10, Bis 11 y Bis 12 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y de débito.
Es importante señalar el nivel de uso que actualmente las y los mexicanos hacen de este tipo de herramientas financieras. De acuerdo con los datos, entre 2021 y 2024, la banca en línea creció de un 52 a un 59 por ciento. Con esto nosotros podemos notar que la asistencia presencial a las sucursales bancarias ha disminuido y ha sido desplazada por estos mecanismos digitales, por lo que esta noble propuesta considera que se pueda considerar que las tarjetas de crédito puedan cancelarse a través de plataformas digitales y no como actualmente sucede que tiene que ser de manera presencial.
También toca un punto fundamental que es el de las tarjetas no solicitadas, y sobre todo todas las comisiones que las entidades bancarias tienen relacionadas con las tarjetas de crédito. A veces, las y los mexicanos reciben en sus domicilios tarjetas no solicitadas. Incluso, ciertas mexicanas y mexicanos nunca llegan a activarlas, pero a través de las letras chiquitas las entidades bancarias lo único que necesitan es un acuse de recibo de la entrega de la tarjeta para activarlas en automático y empezar a cobrar este tipo de comisiones, como la anualidad.
Con esta propuesta y modificación y adición a la ley, este tipo de esquemas de las tarjetas no solicitadas ya quedará en otro punto y ya no formará parte de las estrategias de financiamiento en el sector bancario de nuestro país. Hay otra cosa también fundamental que nuestro coordinador, el diputado Monreal, está proponiendo que es el que, como ya lo comenté, si no existe un consentimiento expreso por parte de las personas usuarias no se pueda generar ningún tipo de cargo o de comisión.
También, fundamental, quedan prohibidas las ofertas de promoción o mensaje que llegan a ser engañosas. Hay ese tipo de productos ofrecidos en las entidades bancarias que dicen: “te damos una tarjeta de crédito, no te cobramos la anualidad”, pero en la letra chiquita, por supuesto que en los años subsecuentes sí se cobran este tipo de anualidades y también se los cargos y las comisiones. Con esta propuesta, ese tipo de actividades engañosas por las instituciones bancarias queda en el olvido.
Los conmino, compañeras y compañeros diputadas y diputados, que acompañemos esta propuesta del doctor Ricardo Monreal, que va en beneficio de las y de los mexicanos. Muchísimas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado; agradecida con sus palabras. Tiene el uso de la palabra, ¿con qué objeto?, el diputado Mejía. Permítame, diputado.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja(desde la curul): Gracias, presidenta, para hechos. Me sumo a la iniciativa del diputado Monreal, que firmó el Partido del Trabajo, encabezados por el diputado Reginaldo Sandoval, pero también quisiera insistir en que se dictamine de 72 a 36 meses la iniciativa para reducir el plazo del buró de crédito.
Ya un conjunto de diputados de diferentes partidos hemos presentado esta iniciativa, está en la Comisión de Hacienda. No hay razón para que se mantenga este estigma para muchos usuarios que ya pagaron sus créditos y que pasan los años y que se les queda esa mancha infamante, que además les impide ser usuarios de servicios crediticios y tienen que recurrir a agiotistas, a prestamistas, a casas de empeño.
Reitero lo que dijo el diputado Reginaldo: es verdaderamente insultante el nivel de utilidades de la banca mexicana, casi 300 mil millones de pesos al año, y no prestan a los empresarios, a los pequeños comerciantes, puro crédito al consumo de nómina o tarjetas no solicitadas, pero no cumplen su función de facilitar el desarrollo económico y prestar a quien lo solicita para un negocio, y sí subsidian, desde sus utilidades, bancos como Santander, a muchos bancos que tienen filiales en otros países que operan con pérdidas, y acá los estamos subsidiando. Sería cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Dado que no se presentaron propuestas de reservas, en términos de los artículos 109 y 301, numeral 1, del Reglamento, solicito a la Secretaría que consulte al pleno en votación económica si está suficientemente discutido. Permítame, secretario. El diputado coordinador Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena expreso nuestro acompañamiento en su pesar y reconocimiento a su profesionalismo de estar trabajando hoy. Un abrazo a su familia y un abrazo a los suyos por la ausencia de su hermano.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, coordinador. Muy agradecida con todas y con todos mis compañeros en esta mañana. En nombre propio y de mi familia, agradecida con el corazón. Adelante, secretario.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Por tanto, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos para que las y los legisladores procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, y 306 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábranse el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Aún está abierto el sistema.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene por favor la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación y la plataforma digital para dar cuenta del resultado.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 467 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado en lo general y en lo particular por 467 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Iniciamos ahora con el apartado de iniciativas de las y los legisladores. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez Cázares, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Totalmente de acuerdo. Continuamos con las iniciativas. Adelante, diputado Germán Martínez Cázares.
El diputado Germán Martínez Cázares:Gracias, presidenta. Con su autorización. ¿Qué metas tiene el Plan Michoacán? ¿Qué misión tienen las Fuerzas Armadas en Michoacán? ¿Quién es el responsable personal y directo del Plan Michoacán?
Según algunas consultas, entre ellas la del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, se estima que entre 2018 y 2025 han documentado 658 homicidios de servidores públicos en el país. La cifra incluye policías, soldados, marinos, jueces, magistrados fiscales y, preocupantemente, presidentes municipales.
No sólo Uruapan se ha manchado de sangre, una comisión del Congreso es de vital importancia para mostrar un compromiso de seguridad con quien desempeña una función de representación social. Y al mismo tiempo fortalece la rendición de cuentas por parte de todas las instituciones para combatir la impunidad, la impunidad que campea en Cotija, en Chilpancingo, en Candelaria de los Sinche, en Santiago Miltepec, San Mateo de Piñas en Oaxaca, por citar algunos ejemplos. Y cómo no, con quien fue nuestro compañero, el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén.
Identificar patrones, fallas estructurales, lagunas legales en las estrategias de seguridad debe ser tarea de todos nosotros. Y debemos ir a desmantelar las redes de corrupción e influencia, que en ocasiones animan estos crímenes que todos hemos repudiado. No nos quedemos en la condolencia, en la indignación y en el repudio. No nos quedemos en el doloroso minuto de silencio. Tenemos la capacidad parlamentaria de dar un paso, valga la redundancia, en el control parlamentario.
Formemos una comisión para la investigación, atención y seguimiento a la violencia contra servidoras y servidores públicos por parte de la delincuencia organizada. Ni silencios ni cobardías. Muchos de ustedes saldrán a campaña electoral en los próximos años, pongamos nuestro esfuerzo para evitar otras tragedias.
El funcionamiento de la comisión entraría en operación inmediata en Michoacán. Deberá actuar con objetividad, transparencia, legalidad y colaboración institucional. Por supuesto, debe ser plural y atendiendo a la representación mayoritaria que tiene este Congreso y respetando el debido proceso.
Elaborará estudios, informes, diagnósticos, evaluaciones para atraer a este pleno la representación, los puntos de acuerdo, exhortos o piezas legislativas que abonen a pacificar el país. Se modificaría el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Qué tiene de nuevo esta comisión? Que, si se tiene voluntad a la hora de dictaminarla, a la mayoría propongo que solicite, como en otros países, algunos comités parlamentarios, entrevistar a sujetos encarcelados en, por ejemplo, los Estados Unidos, para esclarecer cualquier móvil de delincuencia en la violencia en México.
La comisión tendrá el control de la mayoría, piénsenlo, y podremos solicitar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica entrevistarnos con respeto, entre otros mexicanos, con Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Servando Gómez Martínez, Genaro García Luna. Sin protagonismo estéril, pero con el objetivo de encontrar los centros de adiestramiento a jóvenes que se convierten en sicarios, o las fosas clandestinas que buscan las madres desesperanzadas, y sus contactos financieros o ligas en el extranjero.
México no debe pagar solo la delincuencia organizada: también deben pagarla los socios en el extranjero. El país necesita conocer la verdad para impartir justicia, abatir la impunidad y animar una reconciliación auténtica entre quienes pensamos en libertad de manera diferente. Nosotros, en el PAN, no le tememos a que hable nadie. No le tememos a que hablen los presuntos delincuentes. Nosotros no condenamos el silencio. Como el que mató al muchacho de Paracho, asesino del alcalde de Uruapan. Que todos canten. La verdad nos hará libres. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa “con proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 2, del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la comisión ordinaria para la prevención, atención y seguimiento de la violencia contra servidoras y servidores públicos, por parte de la delincuencia organizada”, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosDe acuerdo con fuentes consultadas como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (AC) y Artículo 19 (organización de la sociedad civil), del año 2018 al 2025 se tiene un estimado aproximado de 658 homicidios de servidores públicos. En tanto que, según el Índice de Paz México 2025, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el año 2024 fue el año más letal del que se tenga registro para figuras políticas en México, contabilizando al menos 201 asesinatos con motivación política. Las cifras anteriores incluyen presidentes municipales, fiscales, funcionarios de procuración de justicia, magistrados, jueces, marinos, soldados y policías de los tres órdenes de gobierno.
Pero la violencia en contra de funcionarios de representación popular no es un fenómeno reciente. Venustiano Carranza, por ejemplo, fue asesinado en funciones de Presidente; el gobernador del Estado de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, fue fusilado a inicios del año de 1924; el gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán fue asesinado en 1942; sólo por mencionar algunos casos históricos. La violencia política en contra de servidores públicos no ha cesado, aunque su origen se ha diversificado, pues no sólo se ha propiciado con motivo de intereses políticos, sino que ahora está plenamente identificada por la actividad de grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.
Los funcionarios públicos más vulnerables son aquellos que a través de la elección popular desempeñan sus funciones en las unidades básicas de la organización territorial y política del país, responsables de proveer servicios públicos a todos los mexicanos. Son los presidentes municipales, síndicos y regidores, los funcionarios públicos más vulnerables y que han sido víctimas de diversos ataques contra su vida e integridad física durante el ejercicio de sus funciones.
Durante los últimos años, se han registrado en nuestro país diversos actos delictivos en los que lamentablemente han sido privados de la vida personas servidoras públicas, así como de otras relacionadas con ellas. Algunos de esos casos son los siguientes:
— Asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez ex diputado federal y hasta el día de los hechos, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, que había estado denunciando constantemente corrupción y falta de apoyo estatal. Fue asesinado el 01 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas (Día de Muertos) frente a su familia, presuntamente por miembros de la delincuencia organizada, ante las constantes denuncias y solicitudes de apoyo federal que había realizado para la seguridad pública del municipio. La investigación de los hechos sigue en curso, cuya resolución debe ser inmediata ante el contexto de supuesta protección federal y local con la que contaba el presidente municipal.
— Asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y líder moral del Partido Sinaloense, el 26 de julio de 2024, se dice, durante un ataque en Culiacán Sinaloa. Dicho suceso presuntamente se dio en medio del contexto de asuntos de delincuencia organizada, y el cual, hasta esta fecha no se encuentra esclarecido, pues las autoridades han entrado en contradicciones respecto al desarrollo de los hechos.
En un primer momento, la Fiscalía de Sinaloa informó que Cuén Ojeda fue atacado por dos hombres en motocicleta mientras cargaba gasolina en una estación de servicio en La Presita, Culiacán, pero posteriormente, la FGR contradijo la versión inicial, señalando que Cuén Ojeda fue asesinado en una finca en Huertos del Pedregal, el mismo lugar donde presuntamente fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.
Como se observa, este caso reviste importancia justificada, en atención a la contradicción que se presenta entre las principales autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos.
— Desaparición de los marinos mexicanos, Oscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, en marzo de 2022 tras ser asignados como escoltas del entonces senador José Narro Céspedes. El último acto en el que se vieron con vida a los marinos fue en una comida en el restaurante Cambalache Oasis, donde también estaba presente Américo Villarreal, futuro gobernador de Tamaulipas. Se dice que, a partir del 5 de marzo de 2022, no se tuvo mayor contacto con ellos, ya que presuntamente el senador Narro declaró que les autorizó descansar y regresar a Acapulco por su cuenta, pero nunca llegaron ni se volvió a saber de ellos.
A más de tres años, el caso sigue sin resolverse y ha generado acusaciones de encubrimiento institucional, y repercute directamente en la misma seguridad de quienes están obligados a proporcionarla.
— Asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, el 3 de junio de 2024. Murió tras sufrir atentado en su contra en pleno centro de la cabecera municipal. Iba acompañada de uno de sus escoltas, al momento de que sujetos fuertemente armados, le dispararon desde una camioneta en movimiento.
— Asesinato de Alejandro Arcos Catalán, exalcalde de Chilpancingo, Guerrero, el 6 de octubre de 2024, apenas seis días después de asumir el cargo, el cual sigue sin sentencia condenatoria, aunque hay un presunto autor intelectual vinculado a proceso. Este se suma a la exigencia de ser esclarecido al igual que otros casos en los que no existen avances institucionales para garantizar justicia.
— Asesinato de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, el 15 de octubre de 2024, tras ser atacado con arma blanca en el barrio San Martín. La Fiscalía estatal investiga el caso, pero hasta ahora no se han identificado públicamente a los responsables. Aunque se reporta haber tenido como origen un posible incidente interpersonal, no se han descartado otras líneas de investigación.
— Asesinato de Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, el 15 de mayo de 2025 en una emboscada mientras regresaba de una festividad comunitaria. El ataque también cobró la vida de dos policías municipales. La Fiscalía estatal investiga el caso, pero aún no hay detenidos confirmados, pese a haberse habilitado un equipo multidisciplinario para esclarecer el crimen.
— Asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, el 15 de junio de 2025 por un comando armado que ingresó en el Palacio Municipal. El ataque también cobró la vida de Gregorio Ruiz García, representante de la comunidad de Agua Caliente. La Fiscalía estatal investiga cinco líneas relacionadas con corrupción y conflictos políticos. Pese al despliegue de un operativo conjunto entre la FGEO, SSPC, Sedena y Semar para localizar a los responsables, esto no ha ocurrido.
Y la lista puede ser interminable: Francisco García Vallejo, Secretario de Seguridad Pública en Guerrero, en 2019; María Elvira Hernández, Jueza del Poder Judicial de Guerrero, en 2020; Óscar Noé Medina González, Ex alcalde de Valle de Chalco, Estado de México, 2022; Ricardo Aparicio, Comisario de San José del Rincón, Estado de México, en enero de 2024; así como grupos de policías por emboscadas en Guerrero, en junio de 2003, en Guanajuato, en mayo de 2024; además de soldados, marinos y guardas nacionales que han perecido en enfrentamientos, en operativos contra el crimen organizado durante los últimos años.
Como puede observarse, son varios los lamentables hechos que han acabado con la vida de personas servidoras públicas y de personas relacionadas con ellas, los cuales continúan sin ser esclarecidos y por ende debidamente sancionados.
Esto debe encender alarmas en el estado mexicano, por lo que debemos atender este tema mediante todos los medios posibles de los que disponga nuestro marco institucional, con el único objetivo de exigir su esclarecimiento, pero también para proponer acciones de carácter preventivo, de manera tal que nunca más se presenten este tipo de actos que lastiman profundamente a los servidores públicos, a sus familias, a las personas que estos representan, así como a la gobernabilidad democrática de nuestro país.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto la creación de una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados encargada de la prevención, investigación y seguimiento de amenazas y agresiones cometidas en contra de personas funcionarias públicas, especialmente aquellas del ámbito local, que desempeñan su labor en contextos de riesgo o bajo la presión de grupos de la delincuencia organizada.
La creación de una comisión ordinaria de este tipo en el Congreso es de vital importancia, pues mostraría el compromiso del Estado con la seguridad de sus funcionarios. Al mismo tiempo, representa un mecanismo esencial para fortalecer la rendición de cuentas por parte de las instituciones mexicanas y combatir la impunidad. Una comisión de esta naturaleza dotaría de la capacidad de fiscalizar y coordinar los esfuerzos de las distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, desde el órgano fiscalizador por excelencia, que debe ser la Cámara de Diputados; identificar patrones, fallas estructurales y lagunas legales, en las estrategias de seguridad, así como generar propuestas legislativas concretas que protejan a los servidores públicos y desmantelen las redes de corrupción e influencia que ocasionan estos crímenes. Es decir, se busca enviar desde el Congreso, un mensaje claro, de que los ataques contra quienes representan al Estado y trabajan para la sociedad, no serán tolerados más.
Esta comisión busca constituirse como un mecanismo permanente de control parlamentario y responsabilidad del Estado mexicano, orientado a garantizar que las autoridades competentes actúen con diligencia frente a los ataques que atentan contra la integridad de quienes ejercen funciones públicas y, por ende, contra el orden democrático y la seguridad institucional del país.
La multiplicación de casos de amenazas, violencia, atentados y homicidios en contra de alcaldes, síndicos, regidores, policías, agentes ministeriales, jueces y otras personas funcionarias públicas evidencia una grave crisis de seguridad y una falla estructural del Estado en su deber de proteger a quienes integran y representan a las instituciones.
La Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, tiene la obligación de asumir un papel activo en la investigación, el seguimiento y la formulación de propuestas legislativas y de política pública que fortalezcan la protección de las autoridades locales y de todos los funcionarios públicos expuestos a la acción del crimen organizado, con el fin de prevenir nuevas agresiones y combatir la impunidad.
Con dicha finalidad presentamos esta iniciativa, que tiene por objeto crear en esta Cámara de Diputados la Comisión para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada, de carácter ordinario, con el efecto de que ésta cuente con la estructura técnica, administrativa, y recursos suficientes para que pueda cumplir con su objetivo de coadyuvancia y vigilancia en la atención de este tipo de asuntos.
Objeto de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada
La Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada, tendrá por objeto investigar y dar seguimiento a los casos de amenazas y agresiones cometidos en contra de personas servidoras públicas, particularmente aquellas del ámbito local, cuando existan indicios, presunciones razonables o denuncias sobre la participación de la delincuencia organizada.
El propósito fundamental de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada es la protección de quienes desempeñan funciones de servicio público y que la Cámara de Diputados coadyuve con las autoridades de investigación o procuración de justicia, tanto del ámbito local como federal, ejerciendo plenamente sus facultades de control parlamentario y fiscalización; asimismo para promover y hacer cumplir los principios de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades encargadas de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
La Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada, tendrá a su cargo la identificación de patrones, contextos y causas estructurales e institucionales que han permitido la repetición de amenazas y agresiones en contra de personas servidores públicas municipales, así como de otras figuras de responsabilidad institucional. Realizará observaciones y elaborará recomendaciones de carácter legislativo, administrativo y presupuestal, orientadas a fortalecer la protección integral y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
La investigación parlamentaria se conducirá con respeto al debido proceso y a las competencias de las instancias judiciales y ministeriales, pero con firmeza en la exigencia de responsabilidad política y administrativa.
De igual forma, la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada realizará el seguimiento puntual de las acciones de las autoridades federales y estatales para la atención y esclarecimiento de estos casos, solicitando informes, convocando comparecencias y formulando recomendaciones orientadas a mejorar los mecanismos de prevención, coordinación interinstitucional y atención a las víctimas. En especial, impulsará la creación de protocolos de protección para personas servidoras públicas en zonas de alto riesgo y mecanismos de alerta temprana que permitan evitar nuevas agresiones o represalias vinculadas al ejercicio de funciones oficiales.
Por otra parte, las observaciones y recomendaciones que emita la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada, también serán sobre las políticas y programas de seguridad implementados en los distintos órdenes de gobierno, a fin de fortalecer la actuación del Estado frente a la violencia generada por la delincuencia organizada y reducir los márgenes de impunidad. Estas observaciones y recomendaciones deberán orientarse a garantizar la protección de la vida de la persona servidora pública, la integridad y el ejercicio pleno de las funciones de las dichas personas, en especial de aquellas que actúan en el ámbito municipal y comunitario, donde se presentan los mayores niveles de vulnerabilidad institucional.
Finalmente, la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada reconocerá como eje de su actuación el deber constitucional de la Cámara de Diputados de salvaguardar el principio de responsabilidad del Estado mexicano frente a la ciudadanía. En ese sentido, su labor constituirá una herramienta de control democrático, orientada a evitar que la inacción, negligencia o complicidad institucional perpetúen la violencia y la impunidad.
De acuerdo con sus investigaciones y conclusiones, la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada podrá formular propuestas de reformas legales, políticas públicas y mecanismos de supervisión, que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional, la seguridad pública y la confianza ciudadana en las instituciones.
Funcionamiento de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada
La Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada desarrollará sus actividades conforme a los principios de objetividad, transparencia, legalidad y colaboración institucional, privilegiando el rigor técnico en la elaboración de sus análisis, estudios y diagnósticos.
Para el cumplimiento de su objeto, podrá solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las autoridades estatales y municipales, así como a los órganos constitucionales autónomos y demás instancias competentes. Asimismo, podrá celebrar reuniones de trabajo, audiencias públicas y mesas de diálogo con especialistas, víctimas, organizaciones civiles y académicas, a fin de recabar información y formular propuestas que fortalezcan la acción del Estado frente a las agresiones cometidas en contra de personas servidoras públicas.
En el ejercicio de sus funciones, la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada elaborará estudios e informes temáticos, diagnósticos territoriales y evaluaciones institucionales que le permitan identificar patrones de violencia, omisiones sistemáticas o deficiencias en los mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno. Con base en dichos análisis, podrá emitir recomendaciones y observaciones dirigidas a las autoridades competentes, así como formular propuestas de reformas legales, políticas públicas o medidas administrativas que garanticen la protección de las personas servidoras públicas y la rendición de cuentas de las instituciones responsables de su seguridad.
Los productos legislativos que se deriven de los trabajos de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia Institucional contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada, tales como iniciativas de reformas o expedición de leyes, puntos de acuerdo, informes de resultados o pronunciamientos, serán elaborados de manera colegiada y aprobados conforme a su reglamento interno. Estos documentos deberán reflejar el compromiso de la Cámara de Diputados con la investigación y prevención de la violencia en contra de servidoras y servidores públicos, contribuyendo a fortalecer el Estado de derecho, la justicia y la confianza en las instituciones democráticas.
Para los efectos señalados y una mejor clarificación de la presente iniciativa, presentamos el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las modificaciones propuestas:
En el régimen transitorio de la presente iniciativa se establece las condiciones de entrada en vigor, integración, y funcionamiento de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada; con el propósito de dotarla de operatividad inmediata y asegurar el carácter institucional de sus tareas desde el momento de su aprobación.
El artículo primero transitorio se dispone que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta disposición tiene como finalidad garantizar la aplicación inmediata del mandato legislativo y permitir que la Cámara de Diputados adopte, sin dilación, las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de la nueva comisión ordinaria dentro del marco reglamentario vigente. La pronta entrada en vigor responde a la urgencia de atender la creciente incidencia de agresiones y homicidios cometidos en contra de personas funcionarias públicas, especialmente del ámbito municipal.
El artículo segundo establece que la Cámara de Diputados aprobará la integración de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y deberá quedar instalada a más tardar al siguiente día. Asimismo, este artículo señalaría que la Comisión estará conformada por un integrante de cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y su presidencia será rotativa cada seis meses.
Por lo que hace al artículo tercero, este dispondría que, una vez instalada, los trabajos de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada se avocará de inmediato a dar seguimiento a las amenazas y agresión cometidos en contra del ciudadano Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.
Por último, el artículo cuarto transitorio señala que los trabajos de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia Institucional contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada iniciarán con el caso del ciudadano Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, cuyo homicidio simboliza la urgencia de atender las omisiones del Estado frente a la violencia ejercida por el crimen organizado en contra de autoridades locales. Este primer caso no sólo marca el punto de partida de los trabajos de dicha comisión, sino que representa un compromiso institucional para que el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, ejerza su facultad de control político y acompañe la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición frente a hechos que amenazan la gobernabilidad democrática en los municipios del país.
Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el numeral 2, del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada
Artículo Único. Se reforma y adiciona el numeral 2, del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 39.
1. ...
2. ...
...
I. a XXXIII. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXXIV. Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada;
XXXV. Protección Civil y Prevención de Desastres;
XXXVI. Pueblos Indígenas y Afromexicanos;
XXXVII. Puntos Constitucionales;
XXXVIII. Radio y Televisión;
XXXIX. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento;
XL. Reforma Política-Electoral;
XLI. Relaciones Exteriores;
XLII. Salud;
XLIII. Seguridad Ciudadana;
XLIV. Seguridad Social;
XLV. Trabajo y Previsión Social;
XLVI. Transparencia y Anticorrupción;
XLVII. Turismo;
XLVIII. Vivienda, y
XLIX. Zonas Metropolitanas.
3. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados aprobará la integración de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto y deberá quedar instalada, a más tardar al siguiente día.
La comisión estará conformada por un integrante de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y su presidencia será rotativa, cada seis meses.
Tercero. Una vez instalada, los trabajos de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada se dedicará, de inmediato, a dar seguimiento a las amenazas y agresiones cometidos en contra del ciudadano Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.
Cuarto. La Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada elaborará análisis, estudios, recomendaciones y observaciones, así como cualquier producto legislativo que se derive, en el cumplimiento de su objeto.
Las recomendaciones y observaciones de la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada, serán objeto de discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento legislativo establecido en la normatividad aplicable.
Notas
1 Consulta en línea en:
https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/ t/6822e0ed6e1e3b76e9fe0348/1747116310504/MPI-ESP-2025-web.pdf/ Índice de paz en México 2025. Pág. 2.
2 Héctor Melesio Cuén Ojeda: ¿Cómo murió y qué dijo AMLO sobre el ataque?
3 Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en finca donde se “secuestró” a “El Mayo” Zambada, confirma FGR
4 Los otros dos marinos desaparecidos - Serpientes y Escaleras
5 Alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, muere en ataque armado; su escolta también fallece. | Animal Político
6 ¿Qué sabemos del asesinato del edil de Candelaria Loxicha, Oaxaca, Román Ruiz Bohórquez? | La Silla Rota
7 Emboscan y matan a presidente de Santiago Amoltepec en OAXACA | Heraldo de México Oaxaca
8 Así Fue el Asesinato Lilia Gema García Soto, Presidenta Municipal de San Mateo Piñas Oaxaca | N+
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2025.– Diputados y diputadas: Germán Martínez Cázares, Carmen Rocío González Alonso, Eva María Vásquez Hernández, Gibrán Ramírez Reyes, José Elías Lixa Abimerhi, José Manuel Hinojosa Pérez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Martha Amalia Moya Bastón, Nancy Aracely Olguín Díaz, Verónica Pérez Herrera (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Tiene la palabra la diputada Azucena Huerta Romero hasta por cinco minutos... El diputado Gibrán. Si son tan amables de ponerle audio. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Gibrán Ramírez Reyes (desde la curul): Para preguntar al proponente si me permite adherirme a su iniciativa, pues es pertinente, ahora más que nunca, indagar la política mafiosa que queda exhibida todos estos días ya a nivel de gobernadores y de magnicidios, con motivaciones evidentemente político-criminales y que se volvió sistemática.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Pregunto al diputado. El proponente, diputado Germán Martínez, acepta por supuesto su acompañamiento. Las y los diputados que deseen firmarla, estará en la Secretaría.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Azucena Huerta Romero hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado, referente a la caducidad y vía útil de productos cosméticos, suscrita por la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, también del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante.
La diputada Azucena Huerta Romero:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, vengo el día de hoy ante esta tribuna a presentar esta iniciativa a nombre de mi compañera Hilda Licerio.
El artículo 4o. de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este principio no es una declaración abstracta, implica la responsabilidad del Estado de garantizar que los productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana sean seguros, estén correctamente regulados y cuenten con información clara para las personas consumidoras.
Hoy presentamos una iniciativa que busca fortalecer ese derecho a través de una medida sencilla, pero con un impacto real en la salud pública, es decir, establecer la obligación de que todos los productos cosméticos incluyan de manera visible su fecha de caducidad y el periodo de vida útil después de abiertos.
En México millones de personas utilizan diariamente productos cosméticos como cremas, labiales, bases, champús, perfumes o desodorantes. Su uso forma parte no sólo del cuidado personal, sino también del bienestar físico y emocional. Sin embargo, muchos de estos productos no informan de manera visible hasta cuándo pueden utilizarse de manera segura.
La norma relativa a la materia establece que el etiquetado sanitario y comercial de los cosméticos preenvasados debe incluir su fecha de caducidad únicamente en aquellos cuya duración sea menor a 24 meses. Esto deja fuera una amplia gama de artículos, bajo el argumento de que su composición o rotación comercial minimice el riesgo sanitario. No obstante, diversos estudios demuestran que la exposición a los productos a la luz, el aire y la humedad pueden acelerar su degradación, incluso si originalmente eran considerados estables.
La Organización Mundial de la Salud y las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, recomiendan que los países adopten políticas de control de calidad, etiquetado informativo, educación al consumidor, precisamente, para prevenir esos riesgos.
Actualmente, nuestro marco jurídico considera de forma dispersa las obligaciones de etiquetado, las cuales se encuentran en la Ley General de Salud, Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Infraestructura de la Calidad, que dispone que las normas oficiales mexicanas deben incluir especificaciones sobre etiquetado de información relevante para garantizar la seguridad y la transparencia.
Sin embargo, ninguna de estas disposiciones establece expresamente la obligación general de señalar de manera visible la fecha de caducidad y el periodo de vida útil después de abierto. Incorporar esta información en nuestro país representaría un avance significativo hacia un etiquetado más transparente, moderno y alineado con las mejores prácticas internacionales.
Por otra parte, datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos señalan que el sector cosmético mexicano genera más de 200 mil empleos directos y tiene un valor de mercado superior a 170 millones de pesos anuales. Ello refleja la magnitud de la población expuesta a estos productos y la importancia de garantizar su seguridad sanitaria.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recibe cada año miles de reportes relacionados con reacciones adversas a productos de cuidado personal y cosméticos. Muchas de estas incidencias están vinculadas con el uso de productos en mal estado, lo que subraya la urgencia de contar con información clara y visible sobre su caducidad.
Compañeras y compañeros legisladores, la salud pública se construye también en los pequeños actos de consumo responsable, pero para que ello sea posible, debe haber información suficiente, veraz y comprensible. Esta iniciativa no impone cargas excesivas a la industria, sino que armoniza la Ley General de Salud con la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Infraestructura de la Calidad, para que el etiquetado cosmético incluya información esencial para la seguridad de quienes los utilizan.
Por ello, desde el Partido Verde invito a todas y a todos los integrantes de esta soberanía a respaldar esta reforma, porque prevenir riesgos a la salud no es una cuestión estética, sino una medida para la conservación de la salud pública. Es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, al tenor de las siguientes
Consideraciones1. Que el artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
2. Que con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes en la materia salubridad general de la República y definirá las obligaciones que cada autoridad tendrá en la materia, entre ellas, la Ley General de Salud, que regula la producción, comercialización y etiquetado de productos que puedan incidir en la salud humana.
3. Que el artículo 28 de nuestra ley fundamental dispone que las leyes protegerán a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
4. Que conforme a las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de protección del consumidor, los estados, para la protección de la salud de las personas consumidoras deben adoptarse o mantenerse políticas para asegurar el control de calidad de los productos, medios de distribución adecuados y seguros, sistemas internacionales normalizados de etiquetado e información, y programas de educación e investigación en estos ámbitos.
5. Que el Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, denominado Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación y Exportación, establece las disposiciones aplicables al control sanitario que ejerce la Secretaría de Salud sobre los bienes y actividades que pueden influir en la salud humana.
Para efectos de dicho título, el control sanitario se entiende como el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que la autoridad sanitaria lleva a cabo con la participación de productores, comercializadores y consumidores, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.
Dentro de este marco normativo, el Capítulo IX, titulado Productos Cosméticos, del título antes citado regula de manera específica la fabricación, importación, distribución y etiquetado de estos productos. El artículo 269 de la Ley define los productos cosméticos como aquellas sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, como la epidermis, el sistema piloso y capilar, las uñas, los labios, los órganos genitales externos, así como los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales, o bien atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.
Este marco jurídico reconoce que los cosméticos, aunque no tienen una finalidad terapéutica, mantienen contacto directo y frecuente con el cuerpo humano, por lo que su control sanitario y correcto etiquetado resultan esenciales para proteger la salud de las personas consumidoras.
6. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece, en su artículo primero, los principios básicos de las relaciones de consumo y el primero de ellos es la protección de la vida, la salud y la seguridad de las personas consumidoras ante cualquier riesgo provocado por los productos.
En cuanto al artículo 19, de la misma ley, prevé que los productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de que estén elaborados o integrados, así como sus propiedades, características, fecha de caducidad, contenido neto y peso o masa drenados, y demás datos relevantes en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario y conservación.
7. Que, en concordancia con la Ley de Infraestructura de la Calidad, las disposiciones sobre normalización y etiquetado resultan fundamentales para la protección del derecho a la información y la seguridad de las personas consumidoras.
El artículo 4 de dicha Ley define, entre otros conceptos relevantes, a la Secretaría de Economía como autoridad competente en la materia y a la Norma Oficial Mexicana (NOM) como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras. Estas normas tienen como finalidad fomentar la calidad para el desarrollo económico y proteger objetivos legítimos de interés público, mediante el establecimiento de reglas, especificaciones o características aplicables a bienes, productos, procesos o servicios, incluyendo las relativas a terminología, marcado o etiquetado e información.
Por su parte, el artículo 11 establece que el Reglamento de la Ley deberá desarrollar los elementos complementarios de las regulaciones aplicables en diversos sectores, incluyendo aquellos relativos a la protección del derecho a la información. En esta materia, se dispone que el Reglamento debe considerar los sellos, declaraciones y contraseñas oficiales, así como la información comercial, sanitaria o de otro tipo que deba integrarse en el etiquetado de bienes y productos, con el propósito de proteger los intereses de las personas consumidoras.
Finalmente, el artículo 34 determina que las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas deben contener, como mínimo, la identificación, especificaciones, características y disposiciones técnicas, así como los datos e información relativos al marcado o etiquetado del bien o producto al que serán aplicables.
En este contexto, las disposiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad refuerzan la necesidad de armonizar la Ley General de Salud con la normativa técnica sobre etiquetado, a fin de garantizar que los productos cosméticos incluyan información clara, veraz y suficiente respecto a su fecha de caducidad, periodo de vida útil después de abierto y condiciones de uso, en protección de la salud y el derecho a la información de las personas consumidoras.
8. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial, establece los requisitos sanitarios y comerciales que deben observar los productos cosméticos que se comercializan en territorio nacional.
En su numeral 3.10, la Norma define la fecha de duración mínima, caducidad, consumo preferente, vencimiento, validez o expiración como la fecha límite en la cual un producto, conservado en condiciones adecuadas, mantiene su calidad sanitaria, de modo que no representa un riesgo a la salud humana, y después de la cual no podrá ser comercializado.
Asimismo, en su apartado 5.3.6, la NOM dispone que los productos con una duración menor o igual a 24 meses deben incluir en su envase primario o secundario la fecha hasta la cual el producto es seguro para la salud del consumidor, indicando al menos el mes y el año, o bien el día, mes y año. Este dato podrá ir precedido por leyendas como Caducidad, Consumo preferente, Vencimiento, Duración mínima, Validez o Expiración, o sus abreviaturas.
Sin embargo, la misma disposición exceptúa de esta obligación a determinados productos, como aceites, jabones sólidos, perfumes, desodorantes no emulsión, tintes, shampoo, acondicionadores, productos para uñas, entre otros, por considerar que su composición o rotación comercial no permite el crecimiento microbiano o implica un riesgo mínimo para la salud.
Por lo anterior, se propone modificar el artículo 272 de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente
Exposición de MotivosEl maquillaje y los productos cosméticos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en México. Su uso no solo responde a fines estéticos, sino también a prácticas de cuidado personal y bienestar. Sin embargo, la falta de información visible sobre su fecha de caducidad y vida útil después de abiertos puede representar un riesgo para la salud pública y una omisión en el derecho a la información de las personas consumidoras.
A pesar de que existen normas técnicas que regulan el etiquetado de estos productos, la legislación vigente no establece una obligación expresa y generalizada de incluir de forma visible esta información en todos los productos cosméticos. Esta situación genera vacíos normativos que impiden garantizar que los consumidores conozcan los límites de uso seguro de los productos que aplican directamente sobre su piel.
El uso de productos cosméticos caducados puede representar un riesgo real para la salud de las personas consumidoras. De acuerdo con información publicada por Mayo Clinic Health System, cuando los ingredientes de un producto han superado su vida útil pueden provocar reacciones cutáneas adversas, como enrojecimiento, irritación o brotes, debido a la degradación química de sus componentes. Asimismo, los envases abiertos y las brochas de aplicación pueden convertirse en focos de proliferación bacteriana, lo que incrementa la posibilidad de infecciones dermatológicas.
En materia de salud, para garantizar la seguridad de los productos cosméticos, no solo la fecha de caducidad es un elemento relevante, sino también el periodo de vida útil después de abierto. De acuerdo con especialistas en el cuidado de la piel, “el reloj empieza a correr una vez que se abre el envase”, lo que significa que, aunque un producto se mantenga en buenas condiciones antes de su apertura, su contacto con el aire, la luz y la humedad inicia un proceso de degradación progresiva que puede alterar sus propiedades originales. Esta consideración resulta especialmente importante en productos de uso diario, como bases, labiales, máscaras para pestañas o cremas, los cuales, una vez abiertos, pueden perder estabilidad química y microbiológica, generando riesgos para la salud de quienes los utilizan.
En México, la regulación de los productos cosméticos se encuentra prevista principalmente en la Ley General de Salud. Asimismo, la Secretaría de Economía es la autoridad competente para emitir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de etiquetado y seguridad. La Norma Oficial Mexicana en la materia es la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, en ella se regula el Etiquetado para productos cosméticos preenvasados, la cual establece los requisitos sanitarios y comerciales que deben observarse en estos productos.
No obstante, dicha norma exceptúa la señalización de la fecha de caducidad a una amplia gama de productos cosméticos. Esta excepción, aunque responde a criterios técnicos relacionados con la estabilidad de ciertos productos, ha generado una laguna normativa que deja sin protección a las y los consumidores, ya que muchos de estos artículos, al ser expuestos a variaciones de temperatura, humedad o luz, pueden deteriorarse antes del tiempo previsto por el fabricante.
Además de lo anterior, el marco jurídico nacional no exige la inclusión visible del periodo de vida útil después de abierto (PAO), una práctica común en otros países, lo cual impide a los consumidores conocer hasta cuándo un producto abierto puede utilizarse de forma segura. Por ello, resulta necesario actualizar la legislación para fortalecer la transparencia, la seguridad sanitaria y el derecho a la información en materia de productos cosméticos.
Al respecto, el concepto de Periodo Después de la Apertura (PAO, por sus siglas en inglés) hace referencia al lapso durante el cual un producto cosmético permanece seguro y apto para su uso una vez que su envase ha sido abierto, siempre que se mantenga en las condiciones de almacenamiento señaladas por el fabricante.
A diferencia de la fecha de caducidad, que indica la vida útil de un producto sellado, el PAO permite conocer el tiempo en que un cosmético conserva sus propiedades y estabilidad tras el primer uso, considerando su exposición al aire, la luz y la humedad. Este concepto surgió en la Unión Europea a partir de la Directiva 2003/15/CE, la cual estableció la obligación de incluirlo en el etiquetado de los productos cosméticos con una vida útil igual o superior a treinta meses.
La anterior medida se consolidó como una buena práctica internacional de protección al consumidor, al ofrecer información clara sobre los límites de uso seguro de los productos. Diversas autoridades sanitarias reconocen la importancia del PAO como un elemento esencial de transparencia y seguridad sanitaria. En México, su incorporación obligatoria en la legislación representaría un avance sustantivo en la modernización del etiquetado cosmético y en la garantía del derecho a la información de las personas consumidoras.
A través del siguiente cuadro comparativo, se podrán observar las modificaciones propuestas al texto vigente:
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos
Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes, del artículo 272 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 272. En las etiquetas de los envases y empaques en los que se presenten los productos a que se refiere este Capítulo, además de lo establecido en el artículo 210 de esta Ley, en lo conducente, figurarán las leyendas que determinen las disposiciones aplicables.
También deberá ser visible la fecha de caducidad y el periodo de vida útil después de que se hayan abierto los cosméticos.
Para la declaración de ingredientes se utilizarán las nomenclaturas técnicas internacionales que determine la normatividad aplicable.
Asimismo, para garantizar el derecho a la información del consumidor, el etiquetado de todos los productos cosméticos comercializados podrá señalar que en su fabricación no se han llevado a cabo pruebas en animales, en términos de la normatividad aplicable. No se podrá presumir de dicha condición en los casos a los que se refieren las excepciones establecidas en el artículo 271 Bis de esta Ley.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Mayo Clinic Health System, Riesgos de usar maquillaje caducado, 6 de diciembre de 2021, [en línea]
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking- of-health/risks-of-using-expired-makeup [consultado: 30 de octubre de 2025].
2 Marci Robin, ¿Los productos de skincare caducan? Cuándo y por qué hay que tirar ciertas fórmulas, Glamour México y Latinoamérica, 11 de marzo de 2022, [en línea]
https://www.glamour.mx/articulos/los-productos-de-skincare-caduc an-por-que-y-cuando-tirarlos [consultado: 30 de octubre de 2025].
3 William J. Neumann, Descripción general del período posterior a la apertura y la vida útil de los cosméticos, Consumer Product Testing Company, [en línea],
https://cptclabs.com/period-after-opening-cosmetics/ [consultado: 30 de octubre de 2025].
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de noviembre de 2025.– Diputadas y diputados: Azucena Huerta Romero, Hilda Magdalena Licerio Valdez, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Karina Isabel Martínez Montaño, Karina Margarita del Río Zenteno, Nadia Yadira Sepúlveda García (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, Y CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y del Código Penal Federal, con el propósito de prevenir y castigar la violencia en estadios donde acontecen espectáculos deportivos. Adelante, diputada.
La diputada Lorena Piñón Rivera:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Lorena Piñón Rivera: Compañeros, vengo ante esta tribuna a hablar algo que nos une a millones de mexicanas y mexicanos, el amor por el futbol, ese deporte que ha congregado a familias enteras frente a una pantalla o en las gradas de un estadio, que nos ha hecho vibrar con los goles memorables y que por tercera vez en nuestra historia nos permitirá ser anfitriones del mundo entero.
También habló de la tragedia del 5 de marzo de 2022, donde el futbol vivió su día más oscuro en el estadio Corregidora. Las imágenes son dolorosas e inaceptables. Una batalla campal, sangre en las gradas, familias huyendo despavoridas. Desde entonces hemos visto violencia en otros recintos del país.
Cada fin de semana, el riesgo se repite. Estamos a menos de un año de recibir la Copa Mundial de Futbol. La FIFA nos ha confiado esta sede, pero esa confianza puede perderse. Hoy presento esta iniciativa que coloquialmente podemos llamar ley antibarras, una legislación urgente que no admite demora. Se reforman dos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte y se crean tipos en el Código Penal Federal.
Significa mayor severidad para castigar la violencia en estadios. Significa que quien lance objetos, quien invada el terreno del juego, quien participe en riñas o introduzca armas a un recinto deportivo o inclusive droga, enfrentará prisión de 2 hasta 12 años. Esta ley va más allá de aficionados violentos. Se establece responsabilidad penal para directivos de clubes, ligas y federaciones deportivas que sean omisos en sus obligaciones de seguridad o que apoyen a grupos violentos organizados. Estos directivos enfrentarán penas de prisión de 7 a 12 años.
Esta ley tiene alcance universal, desde un campo deportivo llanero hasta el estadio Azteca, pues la violencia no puede tener cabida en ningún espacio donde se practique el deporte. Desgraciadamente, la violencia está en el imaginario colectivo mundial cuando se piensa en México, sería razonable pensar que ante un nuevo episodio de violencia extrema como el ocurrido en Querétaro en los meses previos al mundial, la FIFA consideraría retirar partidos o la sede completa de México.
No podemos arriesgarnos a que el mundial sea sólo en Estados Unidos y Canadá. ¿Se imaginan la humillación nacional, las repercusiones económicas, turísticas y diplomáticas, imaginan que ocurra una turba durante el mundial? Inglaterra tuvo que promulgar dos leyes antibarras de sus tragedias en la Liga Premier, donde murieron más de 130 personas. Argentina lleva décadas luchando contra las barras bravas, con más de 210 muertos desde 1984. Ambos países han sido sancionados, México no puede ser el siguiente en esa lista.
Desde el PRI nacional con el liderazgo firme de Alejandro Moreno Cárdenas creemos que la fuerza de las instituciones y del Estado de derecho queremos un México dónde el deporte una, que no divida. Esta iniciativa es congruente con los lineamientos de la FIFA, de la Carta Olímpica, cumple con los estándares de seguridad que México se comprometió a garantizar cuando solicitó ser sede Mundialista, también agradezco a mi coordinador Rubén Moreira, que él y yo presentamos esta iniciativa.
Esta iniciativa protege a las familias, a ese padre que quiere llevar a su hijo a ver un partido, protege a esa madre que acompaña a su hija a apoyar a su equipo, protege a los niños y las niñas que sueñan ser futbolistas y merecen crecer en un ambiente deportivo sano. Esta iniciativa no es partidista, es patriótica. Se trata de demostrar al mundo que somos un país de leyes no de impunidad. Hagamos un llamado conjunto a la Conade, a la Federación Mexicana de Futbol, a la Liga MX, a las autoridades de seguridad. La legislación es sólo una herramienta, necesitamos que todas las instancias cumplan responsabilidades.
Sorprendimos al planeta con dos mundiales. Guillermo Cañedo demostró que México tiene capacidad para recibir al mundo. El presidente De la Madrid, en un momento de enorme tensión tras el terremoto de 1985, tuvo entereza republicana de presentarse en el estadio Azteca, enfrentando con dignidad las manifestaciones de protesta. Esa presencia más allá de cualquier abucheo fue un acto de respeto a México y al mundo que nos visitaba. Ese es el temple que se espera de los estadistas, estar presente cuando la patria y el compromiso internacional lo demanden, sin importar el costo personal o político.
Protejamos a nuestras familias, protejamos nuestro futbol, protejamos a México. Hago un llamado respetuoso, pero urgente a esta Cámara de Diputados para que apruebe esta iniciativa. El tiempo apremia, el mundo nos observa. No podemos fallar. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Deporte y de Justicia, para dictamen.
El diputado Blanco, si son tan amables de ponerle audio. ¿Con qué objeto?, diputado.
El diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo (desde la curul): Presidenta, simplemente para solicitar a la promovente permitirme adherirme a su iniciativa, que es la verdad muy buena. Son una falta de respeto todas estas barras que cometen a veces errores y que, como dice la compañera diputada, hay familias, hay papás, hay niños y me voy a adherir a esta iniciativa, con mucho gusto, y espero que todos los diputados que están aquí conmigo se adhieran a esta iniciativa, muy buena e importante para el país que todos queremos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado Blanco. La diputada promovente ha aceptado su acompañamiento. El diputado Gibrán.
El diputado Gibrán Ramírez Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. Yo quería sumarme a la iniciativa, sobre todo, por el desastre que hay en esta capital, que no es mundialista, pero yo no firmo algo que firme Cuauhtémoc Blanco.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado Gibrán. Ha solicitado la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, coordinador Moreira.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Gracias, presidenta. La bancada del PRI se suma a la iniciativa de nuestra querida compañera, que además tiene un gran sentido en los momentos que vivimos, próximos al mundial y próximos también al deseo que tenemos de paz en México. Yo espero que me permita, vamos a pasar todos a firmar, y le agradezco mucho, presidenta, y usted en lo particular sabe el cariño que le tenemos y un gran abrazo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, coordinador. La diputada promovente agradece y acepta. Quienes estén en condiciones de sumarse a esta iniciativa, estará la iniciativa en la Secretaría, muchas gracias, diputado.
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández:Ánimo, ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Con el permiso del pueblo de México. “La pesca es mucho más que pescar. Es la gran ocasión para volver a la noble sencillez de nuestros antepasados”, Herbert Hoover.
Hoy vengo a esta tribuna a decir una verdad que incomoda, pero que es urgente, nuestros mares y pesquerías continentales se están agotando. El modelo actual de explotación pesquera está dejando más pobreza que prosperidad. Aguas. Mientras algunos se llenan la boca hablando de desarrollo sostenible, en la práctica siguen permitiendo que unos cuando depredadores, sí, depredadores, porque eso son, porque saquean los recursos naturales de todos los mexicanos.
La pesca no es sólo una actividad económica. Es cultura, es sustento, es historia viva de nuestras comunidades costeras, pero también es una de las actividades más golpeadas por la indiferencia institucional y por la codicia empresarial. La Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura lo ha dicho y lo ha dicho claro y con todas sus letras, muchas pesquerías están al borde del colapso. Sí, al borde del colapso, porque víctimas de la sobreexplotación y de políticas que privilegian la ganancia inmediata sobre la vida misma de los ecosistemas. Zánganos que son.
Por eso, esta iniciativa no es un simple ajuste de redacción, es un grito de responsabilidad nacional, propone que los ecosistemas acuáticos sean gestionados con un enfoque estratégico y coeficiente, y con sustentabilidad y sostenibilidad integrando los factores económicos, sociales y ambientales. Porque si no entendemos que sin agua limpia no hay peces y sin peces no hay alimento ni empleo, entonces estamos condenando a México a depender del extranjero hasta para comer pescado. Qué injusticia.
No se trata de romantizar la pesca artesanal sino de reconocer que sin justicia ambiental no hay justicia social. Entender que cada pescador y acuicultor merece condiciones dignas, capacitación y una gestión responsable de los recursos, que le permiten pertenecer por derecho y por justicia.
No les pregunto ¿de qué sirve hablar de soberanía alimentaria si estamos dejando morir nuestros mares y aguas costeras? ¿De qué sirve presumir crecimiento si ese crecimiento se construye sobre la devastación ambiental? Thomas Fuller lo dijo hace siglos, y hoy resuena más fuerte que nunca. Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco.
No esperemos a que nuestras pesquerías sean ese pozo vacío. Esta reforma es un paso firme para evitar eso, precisamente, para encauzar políticas públicas donde se piensa que el futuro sin traicionar el presente. Compañeras y compañeros diputados, defender la sostenibilidad y sustentabilidad pesquera desde, ya no es moda actual. Debemos defender y proteger nuestros recursos pesqueros y acuícolas, es simple y sencillamente patriotismo, proteger la pesca es proteger la alimentación del pueblo.
Por eso les pido su voto a favor de esta iniciativa, que propone reformar el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la vida, por el trabajo, un trabajo digno, y por el derecho del pueblo a decidir sobre sus recursos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Unidad nacional; todo el poder al pueblo. Es cuanto, y sáquense un 10. Ánimo.
«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de generar acciones para la sostenibilidad y sustentabilidad pesquera y acuícola, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosCon un rendimiento anual superior a 100 millones de toneladas, que da ocupación como medio de vida a un promedio de 200 millones de personas, la pesca se ubica como una actividad de importancia alimentaria en el mundo, de cuya productividad se benefician “más de mil millones de personas, sobre todo en los países pobres del mundo”, quienes “dependen de los productos pesqueros para satisfacer sus necesidades de proteínas animales”.
De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se han suscitado “preocupaciones respecto de la contribución de la pesca al desarrollo sostenible”, toda vez que “muchas pesquerías están sometidas a pesca excesiva y/o han agotado los recursos ícticos”, situación ésta que “malogra los beneficios potenciales de la actividad pesquera”.
La FAO sustenta que “cambios en los ecosistemas inducidos por los seres humanos, como los cambios causados por la actividad pesquera, están poniendo en peligro el bienestar de las generaciones actual y futuras”, debido a que “la industria pesquera tiene una capacidad de captura muy superior a la tasa a la que los ecosistemas pueden producir pescado, por lo que los recursos naturales (peces y otros recursos naturales como el petróleo y las fuentes de energía no renovables), así como el capital de origen humano y los recursos humanos, no se están utilizando eficazmente (a nivel mundial, regional, nacional y local)”.
Enuncia que “la globalización de los mercados del pescado, que ha fomentado la desviación de una parte considerable de la producción pesquera de los mercados locales y nacionales a los de exportación, suscita preocupaciones sobre la eficacia con que se distribuyen los beneficios en relación con el bienestar de un gran número de personas”.
La presión que la industria pesquera “ejerce sobre los recursos pesqueros sigue aumentando todavía”, argumenta el organismo, lo cual se debe “a la persistencia de la tendencia mundial al aumento de consumo de pescado, y a causa del continuo crecimiento de la población humana (especialmente en las zonas costeras)”.
Añade que “muchas flotas pesqueras son muy móviles y la rápida innovación tecnológica ha incrementado su eficiencia y limitado la capacidad de cada gobierno de ejercer un control sobre la presión pesquera”. A ello, anota, se une que “existen numerosos problemas, tales como los cambios sustanciales en la estructura del ecosistema, los desperdicios de los descartes, los efectos en las especies en peligro, la pérdida de hábitat fundamentales, los crecientes conflictos y enfrentamientos por el acceso a las pesquerías, y las subvenciones que causan el exceso de capturas y de capacidad”.
Precisamente la gestión responsable, así como la conservación de los ecosistemas y el fomento de prácticas que aseguren la disponibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas, para atender tanto la demanda actual como la de las generaciones futuras, bajo criterios de sostenibilidad y sustentabilidad; son acciones que promueve la FAO, con el propósito de garantizar poblaciones acuáticas saludables y productivas, con el menor impacto ambiental.
La FAO es una instancia fundamental en la gestión sostenible y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en los ecosistemas del mundo. Las acciones respectivas se realizan en colaboración con los gobiernos, las organizaciones internacionales y las comunidades locales, gracias a la implementación de marcos normativos y estrategias para la conservación y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos.
Conforme al organismo, “el concepto de desarrollo sostenible se ha derivado de la percepción de insuficiencias en modelos anteriores de crecimiento y desarrollo económicos que no ofrecían una base suficientemente amplia para poder hacer juicios equilibrados sobre los costos y beneficios de las distintas políticas y tendían a centrarse en las ganancias a corto plazo a expensas de aspiraciones a plazo más largo”.
Refiere asimismo que este concepto “es sencillamente el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Abunda además que ello “se relaciona con la calidad de la vida y no debería confundirse con el crecimiento económico”, aun cuando sea evidente “que ambos están estrechamente vinculados dentro de los sistemas de nuestro mundo moderno”.
En otras definiciones y normas para el desarrollo sostenible, en 1988 el consejo del organismo lo determinó como “la ordenación y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de forma que garantice la satisfacción continua de las necesidades humanas para las generaciones actual y futuras”. Un desarrollo, dictó, que “conserva (la tierra), el agua, las plantas y los recursos genéticos (animales), no degrada el medio ambiente, y es tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”.
Cita que estas definiciones “reconocen que la sostenibilidad de las actividades que proporcionan el bienestar humano depende del mantenimiento de las funciones ambientales que, por sí mismas, contribuyen directa e indirectamente al bienestar humano”.
Abunda asimismo que “la consideración del desarrollo sostenible desde el punto de vista de los ecosistemas se centra en el mantenimiento de la estabilidad y respuesta del ecosistema” e indica que “el desarrollo sostenible reconoce las interdependencias de las economías humanas con sus entornos, y subraya la necesidad de un conocimiento científico del funcionamiento y los cambios del ecosistema”.
Específica que “el desarrollo sostenible de la pesca exigirá una mejor forma de gobierno y la introducción de cambios en la perspectiva de los principales interesados para centrarse más en los resultados a largo plazo”, lo cual, enumera, “exigiría un mayor reconocimiento de factores que superan los límites de la ordenación pesquera convencional, una mejor integración de la ordenación pesquera en la ordenación de zonas costeras, el control de las actividades en tierra que degradan el medio marino, un control más estricto del acceso a recursos compartidos, instituciones y marcos jurídicos más sólidos, una mayor participación de todos los interesados en el proceso de ordenación pesquera, recoger y compartir mejor la información sobre la pesca y su entorno, un conocimiento mejor de las características socioeconómicas de la pesca, sistemas más fuertes de seguimiento, control y aplicación, medidas para afrontar la incertidumbre y variabilidad de los recursos naturales y la dinámica del ecosistema”, tanto como “un firme compromiso de la comunidad para utilizar de forma responsable los recursos naturales”.
Revela el organismo que “para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible”, las políticas respectivas “deben afrontar específicamente las relaciones recíprocas entre el presente y el futuro en lo que respecta al agotamiento de las poblaciones ícticas, así como a los efectos perjudiciales de la actividad pesquera (u otras actividades económicas), los asentamientos costeros y el vertido de residuos sobre ecosistemas marinos más amplios”.
En este contexto, traza como objetivos generales a considerar para el “desarrollo sostenible de la pesca”, los siguientes: “mantener actividades de recolección y elaboración pesqueras basadas en ecosistemas marinos especificados e identificables, garantizar la viabilidad a largo plazo del recurso que sustenta estas actividades, proveer al bienestar de una fuerza de trabajo pesquera dentro de una comunidad y un contexto económico más amplios” y “mantener la salud e integridad de los ecosistemas marinos en beneficio de otros usos y usuarios, tales como la biodiversidad, el interés científico, el valor intrínseco, la estructura trófica y otros usos económicos, como el turismo y el esparcimiento”.
Explica que “la ordenación pesquera para el desarrollo sostenible es una actividad que tiene muchas dimensiones y muchos niveles y debe tener en cuenta consideraciones más amplias que la mera supervivencia de las poblaciones ícticas y la pesca”. Es un asunto que “exige información y, por tanto, indicadores sobre dimensiones que superan con mucho los límites de las poblaciones ícticas y la actividad pesquera”, por lo cual “los cambios en la actividad pesquera deberán evaluarse con referencia a las fuerzas impulsoras del cambio económico y ecológico que influyen tanto en la demanda como en la oferta de pescado”.
“La adopción de decisiones en materia de pesca debe reconciliar objetivos e intereses en competencia recíproca (desde dentro y fuera de las comunidades pesqueras) que se expresan en distintos lenguajes y a escalas diferentes”, donde “la calidad de los indicadores y la información deberá ser tal que contribuya a la comunicación y coordinación de las acciones de todos los interesados en el sector pesquero”, sintetiza la FAO.
Para Oceana, organización internacional dedicada a la protección de los océanos, nuestro país “se encuentra en un momento crítico y decisivo para transformar la gestión de sus recursos pesqueros”, donde “la riqueza de sus mares no solo representa un patrimonio natural invaluable, sino también una fuente fundamental de bienestar social, seguridad alimentaria y desarrollo económico para millones de mexicanos”.
De acuerdo con el documento Agenda para fortalecer la gestión pesquera en México 2025-2030, esta organización señala que “la modernización del marco normativo, principalmente a través de la modificación de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, emerge como una prioridad impostergable”. Dice al respecto que la actualización correspondiente “debe incorporar perspectivas fundamentales como los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad ambiental, estableciendo así bases sólidas para una gestión pesquera más inclusiva y sustentable”.
Considera asimismo que “el fortalecimiento institucional de la Conapesca, con la creación de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional, representa un elemento crucial para la implementación exitosa de las políticas pesqueras”. Expone también que “el impulso al comanejo permitirá una mejor atención a las necesidades locales y una participación más efectiva de las comunidades pesqueras en la toma de decisiones”.
Añade que “la protección de los ecosistemas marinos debe considerarse una prioridad nacional, no solo por su valor ecológico sino por su papel fundamental en la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) de la sociedad”.
Refiere que “las estrategias de conservación, como el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Refugio Pesquero, junto con la implementación de planes de manejo integrales, son herramientas indispensables para asegurar la sustentabilidad a largo plazo del sector”.
El documento precisa en sus conclusiones que “el reconocimiento y fortalecimiento del papel de las mujeres en la pesca, así como la garantía de una participación efectiva de las comunidades pesqueras en los procesos de toma de decisiones, son elementos fundamentales para asegurar una distribución más equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos”.
Menciona que “la reintegración de México en el escenario internacional de la gestión pesquera no solo representa una oportunidad para acceder a mercados y conocimientos globales, sino también una responsabilidad en la conservación de los océanos del mundo”.
Expone que ésta etapa es ocasión que “ofrece la posibilidad de posicionar a México como un líder regional en la gestión sustentable de los recursos marinos, beneficiando tanto a las generaciones presentes como futuras”.
Para el sector público de México, “la pesca sustentable es un enfoque de gestión de los recursos pesqueros que busca asegurar que la pesca se realice de manera que permita mantener las poblaciones de peces a largo plazo, minimizando el impacto negativo sobre el medio ambiente marino”. Se trata de un enfoque, el cual “se centra en equilibrar las necesidades actuales de pesca con la capacidad de los ecosistemas marinos para regenerar y mantener las poblaciones de peces”.
Ello, bajo una visión por la que “se busca no sólo conservar las poblaciones de peces y los ecosistemas marinos, sino también asegurar que los recursos pesqueros estén disponibles para las generaciones futuras”. Un enfoque integral, dice, “que reconoce la interdependencia entre la salud ambiental, la sostenibilidad económica y el bienestar social de las comunidades pesqueras”.
Se fundamenta que “la única garantía para cumplir con el objetivo de alimentar a las generaciones del futuro radica en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como el agua, el suelo y la agrobiodiversidad”, además de puntualizarse que “la pesca sostenible se trata de la obtención de la producción pesquera sin afectar la supervivencia de las especies capturadas o de aquellas con las que comparten el ecosistema”.
Frente al panorama expuesto, la sostenibilidad y la sustentabilidad pesquera son imperativos para que la pesca y la acuacultura sigan garantizando productos seguros y nutritivos para los objetivos de autosuficiencia alimentaria, con énfasis en el desarrollo de las poblaciones vulnerables.
Donde esté presente una gestión integrada de los recursos pesqueros y acuícolas, con el debido cuidado al medio ambiente, para cuidar así de la biodiversidad de los ecosistemas y garantizar la productividad en el largo plazo.
Son la pesca y la acuacultura actividades de importancia con enorme potencial de crecimiento, sustentado en acciones de sostenibilidad y sustentabilidad, garantizando para sus actores empleo e ingresos para el desarrollo de sus familias y comunidades. Se hace necesario para ello trabajar en la instrumentación de medidas tendientes a garantizar mejores prácticas de gestión y de capacitación para la producción.
Sin bien está plasmado el principio de perspectiva sostenible, contenido en la legislación por el cual se preceptúa atender en lo genérico al desarrollo de los sectores pesquero y acuícola, la iniciativa propone en lo específico y por cuestión de interpretación semántica que bajo el criterio de sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas; sean más bien gestionados los ecosistemas donde ocurren las actividades materia de la presente ley.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Único. Se reforma la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 17. ...
I. a X. ...
XI. Los ecosistemas acuáticos serán gestionados con un enfoque estratégico y ecoeficiente , a partir de instrumentos que integren y concilien los factores económicos, sociales y ambientales para garantizar así la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.
XII. a XVI. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes de consulta
https://www.fao.org/4/x3307s/x3307s04.htm
https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2024/12/INFORM E-DIGITAL-2.pdf
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/pesca-sustentable-un-co mpromiso-con-el-futuro-de-nuestros-mares
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025.– Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, Carlos Morelos Rodríguez, José Alejandro Aguilar López, José Luis Téllez Marín, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Nadia Yadira Sepúlveda García, Olga Juliana Elizondo Guerra, Vanessa López Carrillo (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra ahora la diputada Patricia Flores Elizondo, hasta por cinco minutos, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 y el artículo 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del Fondo para Preservar la Paz en México, suscrita también por la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de su grupo parlamentario. Adelante, diputada.
Esta Presidencia saluda a las alumnas y los alumnos de la Universidad Victoria de la Facultad de Derecho, invitados por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, Irma Sánchez Aguilar. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo. Gracias, por estar aquí.
La diputada Patricia Flores Elizondo:Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Patricia Flores Elizondo: De parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le externamos nuestro pésame a usted y a toda su familia con mucho cariño.
Compañeras y compañeros diputados, no hay camino para la paz, la paz es el camino, decía Gandhi.
Hoy subo a esta tribuna con una sola palabra en mente, paz, con esta iniciativa que, por cierto, ya habíamos presentado meses atrás, pero que no fue escuchada, porque no hay familia mexicana que no haya sentido el miedo, la ausencia o el dolor que deja la violencia, no hay rincón del país donde el silencio de una madre, la amenaza o la extorsión a quienes trabajan dignamente, la desaparición de un joven no grita en la misma frase. Queremos vivir en paz.
México ha normalizado lo que jamás debió normalizarse, casi 5 billones de pesos es el costo económico de la violencia cada año, pero el costo emocional, el costo humano, el que verdaderamente importa, ése, no se puede medir.
Son los 2 mil 600 policías asesinados en los últimos años, son los más de 12 mil desaparecidos solo el año pasado, son los niños y las niñas que ya no juegan en la calle, los comerciantes que se ven forzados a cerrar sus negocios, los maestros que enseñan con miedo y las madres que rezan cada noche para que sus hijas e hijos regresen a casa.
La violencia de género, el acoso escolar, el maltrato y la pobreza de calidad educativa también son violencia. Por eso, la diputada Ivonne Ortega, con el acompañamiento de la bancada naranja, estamos presentando esta iniciativa para crear el Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social.
Una propuesta desde Movimiento Ciudadano para que el Presupuesto también sirva para reconstruir el tejido social. No solo para contener la violencia, Presupuesto que debe estar de manera clara en atender lo social y no lo militar.
Por eso proponemos crear el Fondo para la Paz y la Cohesión Social, un instrumento que reconozca y respalde a los estados que han logrado mantener las tasas más bajas de homicidios dolosos, como: Yucatán, Coahuila, Durango, Chiapas y Tlaxcala. Y que al mismo tiempo ayude a quienes enfrentan los mayores desafíos para que la paz no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho para todos.
Porque la paz se cultiva en los hogares, en las escuelas, en las canchas, en los parques y en la mente de nuestros jóvenes, en las sonrisas de nuestras niñas y de nuestros niños. La violencia, en cambio, se reproduce donde hay abandono, desesperanza y desigualdad cuando el dinero no alcanza ni para la canasta básica. Y ese es el reto que debemos superar. México requiere un cambio profundo, no solo más policías, sino tejido social, oportunidades, justicia. Para que cada vida deje de ser solo un número frío.
Este fondo destinará recursos a proyectos enfocados a proteger lo más valioso que tenemos, la vida. A programas de salud mental en las escuelas, a espacios deportivos y culturales, a inventivos para jóvenes que estudian, crean o emprenden y a fortalecer las instituciones de seguridad pública con dignidad y justicia.
Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos, unirnos por encima de los colores, por encima de los intereses, por encima de la lucha política. Invito a las legisladoras y legisladores a sumarse a esta propuesta, porque la paz no tiene partido, tiene rostro, tiene nombre, tiene corazón, y ese corazón es México.
Hagamos que este Congreso le diga al país: ya basta de sembrar miedo, vamos a sembrar esperanza. Hagamos de la política un acto de reconciliación y del Presupuesto una promesa de vida, de sueños y de alegría. Porque la paz no se impone, se teje entre todas y todos.
Termino con esta frase maravillosa de Martín Luther King: La paz no es solamente nuestro objetivo final, sino también la única manera en que lograremos nuestro objetivo. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del Fondo para Preservar la Paz en México, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para crear un Fondo para preservar la paz en México, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLos niveles de violencia en nuestro país han sido descontrolables en las últimas dos décadas. En Movimiento Ciudadano hemos presentado diversas propuestas para reducir la incidencia delictiva que se vive de manera generalizada en todo el territorio nacional, sobre todo aquellas que fortalecen a las policías locales, no obstante, es claro que sin un presupuesto sólido no se puede construir cohesión social.
También hemos insistido que se requiere un nuevo pacto fiscal que se base en las realidades y necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio, que sirva para que la recaudación y distribución de la riqueza sea mejor para una inversión que impacte de manera positiva en el bienestar de las y los mexicanos.
Ejemplo de ello es la presentación de una iniciativa en el Congreso de Yucatán por parte de bancada naranja para la creación de un Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social que ayude a las entidades federativas a fortalecer la paz y el bienestar social en todo México y que desde el Congreso de la Unión retomamos para su presentación.
En dicha exposición de motivos se menciona que: “De acuerdo al índice de Paz en México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, la paz en México mejoró un 1.4 por ciento de 2022 a 2023. Este es el cuarto año de mejora tras los grandes deterioros ocurridos de 2015 a 2019. En 2023, los cinco indicadores del Índice de Paz en México mejoraron, y el indicador de homicidios registró la mayor mejora.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es un grupo independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro, dedicado a cambiar el enfoque mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos, tiene su sede en Sídney, Australia, con oficinas en Nueva York, La Haya, Ciudad de México, Bruselas y Harare; y trabaja con una amplia gama de socios a nivel internacional y colabora con organizaciones intergubernamentales en la medición y la comunicación del valor económico de la paz.
El Índice de Paz en México 2024 es la undécima edición de esta medición que elabora el Instituto ya mencionado, el cual proporciona una medición integral de la paz en México, que incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia.
El Índice de Paz en México (IPM) se basa en el Índice de Paz Global, la medición más importante de la paz a nivel mundial, elaborado anualmente por el Instituto de Paz y Economía (IEP) desde 2007.
Entre los principales hallazgos de dicho estudio están los siguientes:
“-El año pasado la paz aumentó en 15 estados y disminuyó en 17.
-La mejora en 2023 se debió principalmente a una reducción de los homicidios, con una tasa que cayó un 5.3 por ciento, la segunda mayor mejora desde 2015.
-Colima tuvo la tasa de homicidios más alta del país con 111 muertes por cada 100 mil habitantes. Se trata de la peor tasa de homicidios registrada en el país, superando el récord anterior que estableció también Colima en 2022.
-En 2023, Zacatecas registró la mayor mejora en materia de paz, mientras que Morelos registró el mayor deterioro.
-Ambos estados se ubicaron entre los estados menos pacíficos de México en 2023. Los cinco estados menos pacíficos fueron Colima, Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas.
-Yucatán fue el estado más pacífico del país por séptimo año consecutivo. Le siguieron Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila.
-En los últimos seis años, el mayor número de eventos de violencia política se ha registrado en Guerrero, con 128, seguido de Veracruz y Oaxaca.
-La paz en México se ha deteriorado en un 14.4 por ciento en los últimos nueve años. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la paz en el país ha mejorado en un 6.1 por ciento.
-A pesar de algunos avances positivos, muchos indicadores de delincuencia siguen siendo mucho más altos hoy que en 2015. La tasa nacional de homicidios registró un aumento del 54.1 por ciento entre 2015 y 2023, pasando de 15.1 a 23.3 muertes por cada 100 mil personas.
-Nueve estados han registrado mejoras en los homicidios desde 2015, mientras que los 23 restantes se han deteriorado.
-La tasa nacional de homicidios de México ocupa el puesto 14 entre las peores del mundo.
-Desde 2015, dos tercios de los homicidios han sido resultado de la violencia con armas de fuego. En 2023, un récord del 70.2 por ciento de los homicidios en el país se cometieron con arma de fuego.
-Desde 2018, más de 2 mil 600 policías han sido asesinados. Esto equivale a una tasa promedio anual de homicidios de policías de 96.8 asesinatos por cada 100 mil agentes, lo que sugiere que ser policía en México es casi cuatro veces más peligroso que ser miembro de la población general.
-En 2023, se denunciaron más de 12 mil casos de personas desaparecidas, la cifra más alta jamás registrada.
-La tasa de la delincuencia organizada ha aumentado en un 62.4 por ciento desde 2015. El deterioro fue impulsado por un aumento del 157 por ciento en la tasa de delitos de narcomenudeo.
-La última década ha visto cambios importantes en las drogas producidas por actores criminales para adaptarse a los patrones de consumo cambiantes en los Estados Unidos. Los opioides sintéticos como el fentanilo se han vuelto cada vez más centrales en sus operaciones.
-Entre 2019 y 2023, el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó en más de un 900 por ciento.
-Entre 2013 y 2017, los enfrentamientos que involucraron al menos uno de los dos cárteles más grandes del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representaron el 38 por ciento de todas las muertes en conflictos entre cárteles, pero entre 2018 y 2022 representaron el 64 por ciento de esas muertes.
-En 2023, se estimaba que alrededor de seis de cada diez homicidios en el país estaban asociados con crímenes de la delincuencia organizada, lo que equivale a alrededor de 18 mil asesinatos.
-Los registros de migrantes internacionales no autorizados en México han aumentado en los últimos tres años, alcanzando un récord de casi 800 mil en 2023. Los migrantes no autorizados son particularmente vulnerables a la explotación por parte de grupos de la delincuencia organizada.
-La tasa de delitos con violencia aumentó un 17.9 por ciento entre 2015 y 2023, impulsada por el deterioro generalizado de las tasas de violencia familiar y violencia sexual. En contraste, las tasas de asalto se deterioraron sólo marginalmente, mientras que las tasas de robo mejoraron en un 19.8 por ciento.
-Siguiendo en gran medida la paz general, los niveles de miedo a la violencia se deterioraron notablemente entre 2015 y 2018, pero han mejorado gradualmente en los años posteriores. En 2023, el 74.6 por ciento de las personas consideraban inseguro el estado en el que vivían.
-Colima registró, por mucho, el mayor deterioro de la paz en los últimos nueve años, y sus tasas de delitos cometidos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada, delitos con violencia y homicidios se han más que cuadruplicado desde 2015.
-Después de Colima, los mayores deterioros de la paz se registraron en Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California.
-Tamaulipas ha registrado la mayor mejora general en los últimos nueve años, seguido de Sinaloa, Coahuila, Durango y Guerrero.
-El impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos (USD 245 mil millones) en 2023, lo que equivale al 19.8 por ciento del PIB nacional.
-El impacto económico de la violencia mejoró por cuarto año consecutivo en 2023, disminuyendo 1 por ciento, o 49 mil millones de pesos, con respecto al año anterior.
-El impacto económico de la violencia fue casi seis veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación en 2023.
-El gasto de México en seguridad pública y el sistema judicial en 2023 fue igual al 0.65 por ciento del PIB, menos de la mitad del promedio tanto para América Latina como para otros miembros de la OCDE.
-El gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.9 por ciento entre 2015 y 2023, mientras que el gasto en el sistema judicial se redujo en un 9.1 por ciento.
-En 2023, los homicidios constituyeron el 42.5 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a 2.1 billones de pesos (USD 104 mil millones).
-Una reducción del 5 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale al gasto del gobierno federal en transporte en 2023.
-Los costos de protección alcanzaron su punto máximo en 2019 y cayeron por debajo de los niveles de 2015 en 2023.
-El impacto económico de la violencia fue de 37,430 pesos por persona en 2023, más del doble del salario mensual promedio en México.
-Hubo cuatro estados donde el costo económico de la violencia fue sustancialmente superior que en todos los demás. En Morelos, Colima, Guerrero y Zacatecas, el costo representó aproximadamente la mitad del PIB de cada estado.
-El impacto económico per cápita varió significativamente de estado a estado; desde 12 mil 407 pesos en Yucatán hasta 112 mil 660 pesos en Colima.
-En 2023, el impacto económico de los delitos con violencia registró el mayor incremento de todos los indicadores del modelo. El gasto gubernamental en el área militar registró el mayor descenso.
-Desde 2015, 21 estados han registrado deterioros en su impacto económico y cada uno de ellos ha tenido, en promedio, un deterioro del 52.4 por ciento. En contraste, 11 estados han registrado mejoras, con un promedio del 25.1 por ciento en cada uno de ellos.”
De lo anterior, podemos concluir que, en 2023, el impacto económico estimado de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos en términos constantes de 2023 (USD 245 mil millones). Esto equivale al 15.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México (31.9 billones de pesos).
En 2023, los homicidios constituyeron el 42.5 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a 2.1 billones de pesos. Que una reducción en la tasa de homicidios disminuye el impacto económico de la violencia en la población en general.
Una reducción del 5 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale al gasto del gobierno federal en transporte en 2023.
El impacto económico de la violencia fue de 37 mil 430 pesos por persona en 2023, más del doble del salario mensual promedio en México.
Los incidentes violentos ocasionan costos en forma de daños a la propiedad, lesiones físicas y trauma psicológico. El miedo a la violencia también altera el comportamiento económico, principalmente al cambiar los patrones de inversión y de consumo, lo que desvía recursos públicos y privados de las actividades productivas hacia medidas de protección.
La violencia y el miedo a la violencia generan pérdidas significativas en forma de déficit de productividad, pérdida de ingresos y gastos irregulares.
Por lo tanto, resulta indispensable mantener y fomentar la paz en el país, y en especial, en aquellas entidades en las que aún se preserva.
Si tomamos como ejemplo al estado de Yucatán, que lidera las mediciones de seguridad, paz y gobernabilidad en las últimas décadas, podremos darnos cuenta que la calidad de vida, el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el desarrollo económico en general, son resultado inmediato de la paz existente en la entidad.
Situación que ha sido emulada por distintos estados con resultados variados, pero que todos ellos tienen algo en común, tanto los gobiernos de las entidades y los ciudadanos desean paz y estabilidad económica.
Pero, la única forma de alcanzarla es mediante la asignación de recursos suficientes combinados con un alto desempeño de los gobiernos estatales junto a prácticas objetivas que les permita mantener buenas relaciones con las administraciones federales y municipales.
Así lo menciona el Índice de Paz, que al respecto señala:
“Los estados más polarizados, donde existen marcadas divisiones entre ideologías políticas rivales, tienden a tener instituciones más débiles y una menor cohesión social.
En cambio, las sociedades que pueden mantener un mayor grado de cohesión social y política están mejor equipadas para contener la violencia y fomentar la paz. Este ha sido en gran medida el caso de Yucatán, que consistentemente se ubica como el estado más pacífico del país. Las investigaciones han atribuido el éxito del estado a la capacidad de sus instituciones políticas y de seguridad para mantener relaciones intergubernamentales de cooperación durante las últimas décadas, incluso cuando los partidos en el poder a nivel estatal y federal diferían. La continuidad resultante en el liderazgo de sus fuerzas de seguridad ha contribuido a la permanencia y la cohesión dentro y entre las agencias”.
No obstante, lo anterior, no es un secreto que el desempeño efectivo de las administraciones en las entidades, se ven directamente impulsadas por los incentivos fiscales, por ejemplo, las entidades que más se preocupan por recaudar, también son aquellas a las que se les asigna más recursos.
Por ello, a través de esta propuesta también se busca incentivar a las entidades federativas, a destinar tiempo, recursos y personal que les permita desarrollar e implementar mejores prácticas acompañadas de un desempeño eficiente que redunde en el objetivo de obtener paz para sus demarcaciones, logrando como resultado que se le pueda asignar mayores recursos provenientes de la recaudación participable de la Federación.
Esta mecánica no es un invento nuevo, existen varios países que otorgan dinero a sus estados o regiones para incentivar la paz y la estabilidad social, de acuerdo a la información recopilada en el portal web del Fondo Monetario Internacional. A continuación, se mencionan algunos ejemplos:
1. Colombia: El gobierno colombiano creó el “Fondo de Desarrollo Regional” para financiar proyectos de desarrollo en regiones afectadas por el conflicto armado. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.
2. Filipinas: El gobierno filipino estableció el “Fondo de Desarrollo para la Paz y la Estabilidad” para financiar proyectos de desarrollo en regiones afectadas por conflictos. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.
3. Sri Lanka: El gobierno srilanqués creó el “Fondo de Reconstrucción y Desarrollo” para financiar proyectos de reconstrucción y desarrollo en regiones afectadas por el conflicto civil. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.
4. España: El gobierno español estableció el “Fondo de Desarrollo Regional” para financiar proyectos de desarrollo en regiones con necesidades específicas, incluyendo la promoción de la paz y la estabilidad social.
5. Canadá: El gobierno canadiense creó el “Fondo de Desarrollo Social” para financiar proyectos de desarrollo social en comunidades con necesidades específicas, incluyendo la promoción de la paz y la estabilidad social.
Por tales motivos, resulta indispensable tomar en cuenta los esfuerzos que las entidades vienen realizando para mantener los niveles de paz y seguridad, puesto que tales esfuerzos no solo redundan en la estabilidad de los estados, sino que también tienen grandes repercusiones en sus economías y en la del país.
Visto de ese modo, esta es una forma certera de incentivar y fomentar los esfuerzos de las entidades federativas en la gestión pública a través de recursos necesarios para preservar el estado de paz y seguridad que hayan logrado.
Paz, que resulta necesaria proteger y preservar, antes que todos esos esfuerzos sean insuficientes y no exista después, ninguna entidad en paz que inspire y sirva de modelo y ejemplo a las demás entidades que aspiran a tales condiciones de vida para sus ciudadanos, tan solo por falta de recursos asignables.
En ese tema, parafraseando a un especialista en consultoría e investigación económica para la toma de decisiones, el cual, primero mencionaba que existe un debate muy importante respecto a la efectividad de la política pública para mejorar el bienestar de la población y su vinculación con la calidad del gasto público.
Y este se relaciona a cómo asegurar que los recursos en manos del Estado sean usados de forma eficaz y eficiente por los funcionarios públicos a cargo y que en última instancia están orientados a objetivos concretos y poblaciones beneficiarias bien definidas.
Ésta es, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más importantes en el ámbito público, asegurar que los recursos del Estado se gasten de forma eficaz y eficiente en beneficiarios bien definidos.
Asimismo, este especialista señalaba que “Estos son algunos de los temas que aborda Nora Lustig y sus colegas en un artículo del año 2021 elaborado para la Universidad de Oxford y el Fondo Monetario Internacional”.
Señala que “Los autores parten de reconocer que el gasto público es un instrumento crucial para generar un crecimiento económico inclusivo, desarrollo económico y bienestar social, sobre todo cuando este está orientado hacia la construcción de capital humano (educación y salud). Sin embargo, también reconocen las múltiples fallas que ha tenido y tiene este instrumento, en particular, en países en vías de desarrollo. Entre las más importantes destacan los problemas de cobertura de las redes de protección social y acceso a servicios públicos, la existencia de gasto improductivo, así como programas de lucha contra la pobreza inadecuadamente focalizados”.
Pero todavía más importante que lo anterior, este especialista plantea una interrogante aún más relevante: ¿es posible mejorar la calidad del gasto público? Y yo les pregunto, ¿es posible mejorar la calidad del gasto público en México y en Yucatán?
La respuesta seguro que es sí. Sí podemos mejorar el gasto público, pero cómo?, he ahí la cuestión, ¿cómo mejoramos el gasto público en beneficio de nuestros ciudadanos?
Al respecto, el especialista señala que: “No hay una respuesta contundente, pero una de las líneas de acción que se popularizó hace aproximadamente 25 años en Inglaterra fue introducir esquemas de incentivos vinculados a indicadores de desempeño.
Es decir, que un gobierno central (usualmente encargado de la estrategia de gasto) premie a un gobierno subnacional (usualmente encargado de la ejecución y gestión) sujeto a ciertas metas de calidad.”
Y: “La evaluación sobre este esquema que hicieron Ben Lockwood y Franceso Porcelli de la Universidad de Warwick mostró que efectivamente este tipo de iniciativas tenía la virtud de incrementar la calidad del gasto, pero no necesariamente la eficiencia”.
“Por ello, los investigadores recomendaban para futuras experiencias complementar metas de cobertura y calidad con aquellas más vinculadas a la eficiencia mirando no solo el resultado alcanzado sino también la forma en que se llega al mismo”.
Ahora bien, no pasa desapercibido que, en México, la Ley de Coordinación Fiscal contempla en su artículo 25, los Fondos de Aportación Federales, considerados recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y ,en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece.
De este modo, las aportaciones que hoy se reparten a las entidades federativas premian el desarrollo económico en términos del producto interno bruto, cuya fórmula de repartición generalmente va vinculada con el número de habitantes, pero no siempre es así.
La fórmula general de a mayor número de habitantes mayor probabilidad de generar un PIB más alto no es necesariamente la única forma en la que se asignan las aportaciones, sino que existen fondos en los que se utilizan números de hospitales, cobertura médica, número de escuelas, números de maestros, cobertura de educación, etcétera.
Sin embargo, en dichos Fondos no se ha considerado el factor de paz y gobernabilidad, y por lo tanto este factor no ha sido tomado en cuenta al momento de la distribución de recursos, siendo que, existen varios estados que generan paz y estabilidad social, como un activo muy importante en la atracción de inversiones, desarrollo y crecimiento económico. Como ejemplo, podemos mencionar nuevamente a Yucatán, pero también existen otros estados como Tlaxcala y Durango, cuyas prácticas de gestión pública para lograr estabilidad social, se han visto recompensados con crecimiento e inversiones.
Siendo que, al tomar lo anterior como punto de partida, se propone crear un Fondo participable para los estados de la República, que incluya el índice de paz en la distribución de los recursos con base a lo siguiente:
1. Incentivo a la Paz: Los estados más seguros recibirán más recursos, fomentando la adopción de mejores estrategias de seguridad.
2. Equidad en la Distribución: Se garantiza que todas las entidades reciban apoyo, pero con un incentivo adicional para las que han logrado mejores condiciones de seguridad.
3. Uso Estratégico de Recursos: Se destinan fondos para la prevención del delito y la cohesión social, contribuyendo a la estabilidad de México.
4. Criterios Objetivos: Se utiliza el Índice de Paz de México como referencia para una distribución justa y medible de los recursos.
De tal modo, que este proyecto premie a los estados que garanticen la seguridad y la paz, asegurando al mismo tiempo que todas las entidades federativas reciban recursos para fortalecer la cohesión social.
Siendo concretos, se propone la creación del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS), equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento del Fondo de Recaudación Federal Participable (RFP), el cual será distribuido entre las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, dando mayores recursos a los estados que presentan mejores niveles de paz, de acuerdo con el Índice de Paz de México.
Los recursos del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS) deberán ser utilizados exclusivamente en acciones para la prevención del delito, fortalecimiento de la seguridad pública y programas de cohesión social en cada entidad federativa.
Dado que el Índice de Paz de México (IPM) asigna valores más bajos a los estados más seguros, la fórmula debe invertir la relación para que los estados con menor IPM (más seguros) reciban una mayor proporción del fondo.
La fórmula propuesta asigna más recursos a los estados con menores valores en el Índice de Paz. Para esto, utilizaremos la inversa del Índice de Paz en México como criterio de ponderación.
Sin embargo, el Índice de Paz en México, como se ha mencionado antes, ha sido tradicionalmente construido por una organización no gubernamental, por lo que resulta necesario dotar de facultades al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría o Institución que considere más adecuada, construya un índice de paz propio del estado de mexicano y pueda ser usado para la implementación de la fórmula propuesta.
De esta forma, estados como Tamaulipas, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Durango, Nayarit, Tabasco, Aguascalientes y Yucatán, entre otros, que han mejorada recientemente en sus índices de paz, podrán contar con recursos suficientes para mantener, preservar y mejorar los índices de Paz con los que actualmente cuentan, al mismo tiempo que les impone a las demás entidades la obligación de incrementar esfuerzos en su desempeño con la finalidad de que puedan acceder en mayor medida a los recursos participables con motivo del Fondo que se propone sea creado con la presente iniciativa, en caso de mostrar buenas prácticas que resulten en mejoras en sus índices de paz.”
Por último, señalamos que el Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.
Los montos del fondo a que se refiere este artículo se entregarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los estados de manera ágil y directa.
La presente iniciativa fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 25 de julio de 2025; fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación el 30 de junio de 2025.
La comisión dictaminadora no emitió el dictamen ni solicitó prórroga conforme a los plazos establecidos en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por lo anterior y con el objeto de continuar el proceso de dictaminación que se lleva a cabo en la Comisión de Puntos Constitucionales se presenta ante esta soberanía de nueva cuenta, a efecto de continuar con dicho proceso.
Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta :
Ley de Coordinación Fiscal
En tal virtud, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el artículo 25 y se adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del fondo para preservar la paz en México
Único. Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX, ambas del artículo 25; y se adiciona un artículo 47 Bis, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
I. a VI. ..
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas , y
IX. Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social.
...
...
...
...
Artículo 47 Bis. El Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.
Los montos del fondo a que se refiere este artículo se entregarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los estados de manera ágil y directa. La distribución del fondo para cada estado i (F?) se realizará de acuerdo con la fórmula siguiente:
1. Parte fija (20 %)
-Se distribuye de forma equitativa entre los 32 estados.
-Cada estado recibe:
-1/32 parte del 20 % del Fondo (F).
2. Parte variable (80 %)
-Se asigna en función de 1/IPM, de manera que los estados con IPM más bajo (más seguros) reciban una mayor proporción del fondo.
-La fracción asignada a cada estado es:
Si un estado tiene un IPM de 1.5 y otro de 4.0, el primero recibirá más recursos porque 1/1.5 es mayor que 1/4.0.
Definiciones:
F = Total del fondo de consolidación (2.5 % del Recaudación Federal Participable).
E = Número total de entidades (32, incluyendo CDMX).
IPM? = Índice de Paz de México del Estado i (un valor más bajo significa más seguro).
Ó(1/IPM) = Suma total de las inversas de los IPM de todas las entidades.
Los recursos del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS) deberán ser utilizados exclusivamente en acciones para la prevención del delito, fortalecimiento de la seguridad pública y programas de cohesión social en cada entidad federativa, entre los que podrán estar de forma enunciativa más no limitativa las siguientes:
I. Atención a la salud mental en las escuelas;
II. Modernización de los parques para adicionar o reparar espacios deportivos, entendiéndose éstos como aquellos espacios en los parques que cuenten con espacios específicos para las actividades deportivas distintas a los jardines, como pistas, campos, canchas, cuadriláteros, zonas de rampas, etc;
III. Desarrollo de actividades deportivas;
IV. Desarrollo actividades culturales;
V. Premios e incentivos a la participación destacada en actividades deportivas y culturales;
VI. Crear y consolidar centros de investigación en las universidades públicas y privadas;
VII. Crear y consolidar centros de incubación en las universidades públicas y privadas, y
VIII. Adquisición y operación de sistemas de videovigilancia y prestaciones destinadas a los elementos de las instituciones de seguridad pública.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Instituto para la Economía y la Paz, Indice de Paz México 2024, disponible en
https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/ t/66f4e7475d78640d228b11fa/1727326056124/MPI-ESP-2024-web.pdf
2 Inegi, Producto Interno Bruto por entidad federativa, disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ PIBEF/PIBEF2023.pdf
3 Ibidem
4 Álvaro Monge Zegarra, en su artículo “Incentivos a la gestión pública”, disponible en
https://www.linkedin.com/pulse/incentivos-la-gesti%C3%B3n-p%C3%B Ablica-macroconsult-cmlue/
5 Ibidem
6 Ibidem
7 Ibidem
8 Ibidem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.– Diputadas: Patricia Flores Elizondo, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Agradecida con sus palabras. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra nuestro vicepresidente, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de infraestructura social para estados y municipios. Adelante, diputado.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna:Con su venia, presidenta. La infraestructura social constituye un componente esencial del bienestar. Esta es una herramienta mediante la cual puede allegar a los ciudadanos el servicio público en rubros tan básicos o elementales como el agua potable, el saneamiento, la salud, la educación y la movilidad urbana.
Hemos tenido recientemente fenómenos meteorológicos graves y también fenómenos meteorológicos que se presentan todos los años, que han venido deteriorando la infraestructura municipal. Y lo que estamos proponiendo con esta iniciativa es poder modificar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para que, además de que el FAIS, que es un fideicomiso, un fondo que utilizan los estados y los municipios para generar o crear infraestructura nueva, pueda, adicionalmente a esto, usarse para mantenimiento y conservación de infraestructura.
Llamamos a esta iniciativa, le hemos denominado “ley bache”. ¿Por qué? Porque encuestas que se han realizado por el Inegi ubican este problema como una de las principales sensaciones en la población para ser atendidas.
Tenemos que el 84 por ciento de la población identifica a los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en la ciudad. En ciudades como Oaxaca, Puebla, Toluca, esta problemática incluso es percibida por la gente como un problema superior al tema de inseguridad.
Lo que necesitamos hacer es dotar a los municipios de herramientas, sin recursos adicionales, para que puedan utilizar este fondo para poder darle mantenimiento preventivo y correctivo a las calles y a las avenidas de todos los municipios del país.
En la actualidad, este fondo solo se utiliza para generar nueva infraestructura, y muchas veces en los municipios incluso los ciudadanos piden y dicen: “No queremos calles nuevas, queremos que se mejoren las que existen”. Que estas avenidas, que estas calles que han sufrido deterioro por las lluvias, por otros fenómenos o por el uso, puedan darse o tener el mantenimiento adecuado.
Lo que debemos buscar es que con estos fondos y recursos que ya tienen los municipios pueda darse ese mantenimiento. Hace unos 10 días, aproximadamente, nos visitó el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, quien hizo este planteamiento.
Me di a la tarea de hablar con alcaldes de otros municipios del país, de todos los partidos y muchos, todos, más bien, coincidieron en que es importante poder darle un destino adicional al FAIS, y que no estén restringidos para no solamente hacer obra nueva, sino poder rehabilitar esta.
Muchas veces el costo de rehabilitación es incluso mucho más caro que el de hacer estas obras por primera vez. Entonces, con la prevención, con la rehabilitación y con la construcción de obra nueva y que en esos tres rubros pueda haber esta posibilidad de utilizar el FAIS, vamos a tener mejores condiciones en los servicios y mejores condiciones en los ayuntamientos.
Proponemos reformar, entonces, este artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer una realidad el hecho de que los municipios, los estados puedan atender debidamente esta necesidad en la atención para estos fenómenos que se han dado. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de infraestructura social para estados y municipios, a cargo del diputado Sergio Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de infraestructura social para estados y municipios, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosUna de las funciones primordiales del Estado mexicano consiste en garantizar a la población el acceso efectivo a servicios públicos de calidad y a infraestructura adecuada que permita el desarrollo social, económico y comunitario.
La infraestructura social constituye un componente esencial del bienestar, al ser la herramienta mediante la cual se presta el servicio público en rubros tan elementales como el agua potable, el saneamiento, la salud, la educación y la movilidad urbana.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esta infraestructura sufre un deterioro natural que, al no ser atendido de forma preventiva, se traduce en un mayor costo público y en una merma de la calidad de vida de la ciudadanía.
Actualmente, la Ley de Coordinación Fiscal –en su artículo 33– establece los destinos permitidos para los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Este Fondo, distribuido entre entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, tiene como finalidad financiar obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a la población en condiciones de pobreza y rezago social.
No obstante, el marco legal vigente limita el uso de dichos recursos a la construcción o ampliación de infraestructura, sin prever la conservación, mantenimiento o acondicionamiento de la infraestructura existente, lo cual genera una contradicción práctica: se pueden construir nuevas obras, pero no se puede legalmente destinar el mismo fondo a su mantenimiento o rehabilitación, aun cuando ello podría resultar más eficiente y menos oneroso para las finanzas públicas.
Diagnóstico del Problema
Por temas presupuestales muchos municipios se ven limitados en su capacidad para llevar a cabo programas de mantenimiento preventivo o correctivo de manera sistemática a la infraestructura municipal. Estos desafíos resultan en una degradación progresiva de los activos públicos y una reducción en la calidad de los servicios básicos.
Además, muchos municipios del país presentan un crecimiento acelerado, lo cual ejerce una presión adicional sobre las infraestructuras existentes, dificultando su gestión y mantenimiento eficientes.
En los últimos años, la falta de mantenimiento oportuno ha provocado el rápido deterioro de calles, avenidas, alumbrado, drenaje, redes hidráulicas y espacios públicos, afectando directamente la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en los municipios, máxime cuando se ha tenido fenómenos meteorológicos atípicos como el caso de las fuertes lluvias que se dieron en algunas regiones del país, lo que hace necesario una #LeyBache.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, publicada el 23 de octubre de 2025, el 84.9 por ciento de la población a nivel nacional identifica los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en su ciudad, superando incluso a la delincuencia y al mal servicio de transporte público.
En ciudades como Oaxaca (98.9 por ciento), Puebla (95.5 por ciento), Toluca (95.1 por ciento) o Hermosillo (96.1 por ciento), esta problemática es percibida por más de nueve de cada diez habitantes como un asunto de seguridad pública urbana. Esto refleja una demanda ciudadana constante para que los gobiernos locales cuenten con mecanismos legales y financieros para conservar adecuadamente la infraestructura urbana.
El deterioro de la infraestructura no solo representa un problema estético o de movilidad, sino que incide directamente en la seguridad, la economía y la confianza ciudadana en las autoridades locales. Las obras no mantenidas se convierten rápidamente en focos de riesgo, aumentan los costos de reparación y reducen la efectividad del gasto público.
El mantenimiento correctivo puede llegar a ser cinco veces más costoso que el mantenimiento preventivo (Andrés Galván, 2022, Importancia del mantenimiento en proyectos de infraestructura en la CDMX, UNAM). Un proyecto de infraestructura sin mantenimiento puede que cumpla la función para la que fue creada, sin embargo, al paso de los años se vuelve inseguro, por lo tanto, es importante que este cuente con un mantenimiento preventivo que permita alargar la vida útil de las obras civiles, y mejorar aspectos como la estética y seguridad de la infraestructura municipal.
Antecedentes Normativos
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997, con la finalidad de crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). En su redacción original, dicho artículo establecía que los recursos se destinarían a obras de infraestructura básica en rubros como agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, caminos rurales e infraestructura educativa y de salud.
Si bien la norma ha sido adecuada a lo largo del tiempo para incorporar nuevos rubros y criterios de distribución, no ha incluido expresamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente, pese a que esta necesidad ha crecido en la misma proporción que el desarrollo urbano y el envejecimiento de las obras públicas.
Fundamento y Objeto de la Reforma
El derecho, como instrumento vivo, debe adecuarse al contexto social y a las necesidades reales de la población. Esta iniciativa busca actualizar el marco legal del FAIS para que los estados, municipios y demarcaciones territoriales puedan utilizar dichos recursos no sólo para construir infraestructura nueva, sino también para conservar, rehabilitar y mantener la ya existente.
Con ello, no se pretende incrementar el gasto público, sino hacer más eficiente la distribución y aplicación de los recursos existentes, privilegiando el mantenimiento preventivo sobre la reconstrucción, y la durabilidad de las obras sobre su reemplazo prematuro.
Asimismo, se propone armonizar el texto del artículo 33 con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, que transformó la denominación de la “Secretaría de Desarrollo Social” a “Secretaría de Bienestar”.
En suma, la reforma tiene tres objetivos centrales:
1. Permitir legalmente el mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura social existente.
2. Reforzar la eficiencia del gasto público y la sostenibilidad de las obras municipales.
3. Armonizar el texto con la estructura actual de la Administración Pública Federal.
Contenido de la Iniciativa
La presente propuesta modifica el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para incluir el acondicionamiento de espacios físicos y mantenimiento de infraestructura como destino permitido de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tanto para entidades federativas como para municipios y demarcaciones territoriales.
Se armoniza además la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por la de Secretaría de Bienestar, en congruencia con el marco institucional vigente.
Esta reforma permitirá a los gobiernos locales preservar la funcionalidad, seguridad y vida útil de la infraestructura pública sin necesidad de solicitar recursos extraordinarios, fortaleciendo así la gestión preventiva y la administración responsable de los bienes públicos.
Para un mayor entendimiento, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de infraestructura social para estados y municipios
Artículo Único. Se reforma el artículo 33, primer párrafo; Apartado A, primer párrafo, fracción I, y segundo y tercer párrafos; y Apartado B, primer párrafo, fracción I, primer párrafo e inciso b), fracción II, incisos d) y f), para quedar como sigue:
Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas , acondicionamiento de espacios físicos, mantenimiento de infraestructura y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros:
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como el acondicionamiento de ,espacios físicos y al mantenimiento de la infraestructura municipal, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Bienestar.
II. ...
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Bienestar, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero.
En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Bienestar, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Bienestar.
...
B. La Secretaría de Bienestar, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones:
I. De la Secretaría de Bienestar:
a) ...
b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Bienestar;
II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales:
a) ...
b) ...
c) ...
d) Proporcionar a la Secretaría de Bienestar, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades;
e) ...
f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Bienestar, a través de sus delegaciones estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y
g) ...
III. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Bienestar deberá realizar las modificaciones necesarias a los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para atender lo dispuesto en el presente decreto, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes contados a partir de su entrada en vigor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.– Diputados y diputadas: Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Aniceto Polanco Morales, Dionicia Vázquez García, J. Jesús Jiménez, Jesús Antonio Pujol Irastorza, José Alejandro Aguilar López, José Luis Montalvo Luna, Karina Isabel Martínez Montaño, Kenia Gisell Muñiz Cabrera, Leide Avilés Domínguez, Luis Arturo Oliver Cen, Luis Humberto Aldana Navarro, María del Rosario Orozco Caballero, Maribel Solache González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Nadia Yadira Sepúlveda García, Nora Yéssica Merino Escamilla, Sergio Mayer Bretón (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Tiene ahora la palabra... Si son tan amables le pueden poner audio al diputado Sánchez, por favor.
El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera (desde la curul): Sí.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera (desde la curul): Gracias. Solicitarle al promovente, diputado Sergio, a nombre del diputado Miguel Sánchez Rivera, si me permite suscribir su iniciativa. Creo yo que en todos los municipios el tema del bacheo es fundamental, piden siempre apoyo los ciudadanos. Lo vivo todas las semanas que hago recorridos en el municipio de Zuazua, Nuevo León, y de Ciénega de Flores.
Entonces, me gustaría mucho que nos ayude con eso. Que nos dé oportunidad de suscribirnos, porque creemos que es una buena iniciativa, muy noble, y quita excusas, inclusive a alcaldes que no quieren trabajar y que no quieren salir adelante. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. El diputado promovente Sergio Gutiérrez ha dicho sí. Si algún otro legislador o legisladora desea hacerlo, estará la iniciativa en la Secretaría.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra ahora la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar su iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, a fin de facultar al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para impartir educación a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y en albergues. Adelante, diputada.
La diputada Nadia Yadira Sepúlveda García:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Nadia Yadira Sepúlveda García: Compañeras y compañeros legisladores, muchos de ustedes son madres y padres de familia, y pudieran imaginar a sus hijos el día de hoy cruzando una frontera sin compañía, expuestos a la violencia, la explotación, los abusos y a futuro incierto. Yo creo que nadie podría.
Esta es la realidad cotidiana de más de 80 mil niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país no acompañados, y que hoy se encuentran en nuestro territorio mexicano. Con la angustia silenciosa de miles de madres y padres que, desde lejos, viven incertidumbre de que sus hijos se encuentren protegidos.
Estas niñas y niños adolescentes no son cifras, son rostros, son nombres, son historias que llegan a México, ya sea por tránsito o por destino, con la esperanza de reencontrarse con algún familiar o alcanzar algún futuro distinto al que tienen hoy. Algunos apenas tienen cinco años y ya han visto más fronteras que juegos y otros adolescentes recorren miles de kilómetros.
Hoy presento esta iniciativa con un propósito primordialmente humano, dar voz a esos miles de niños y adolescentes migrantes que residen en nuestro país, principalmente en campos agrícolas, albergues, refugios, estaciones migratorias temporales y por la falta de documentos y las barreras lingüísticas los dejan fuera del aula. Sus días transcurren entre la incertidumbre y la invisibilidad. ¿Y dónde queda su infancia mientras esperan?
Hoy en México, estos más de 80 mil niños y adolescentes migrantes que se quedan en nuestro territorio nacional, casi el 40 por ciento viaja sin acompañamiento de un adulto y el 12 por ciento apenas tiene acceso a la educación básica. Estas cifras son el reflejo de una misión estructural que exige una respuesta institucional sólida.
A pesar de que nuestra Constitución, la Ley de Migración, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y diversos tratados internacionales reconocen el derecho universal de la educación, nuestro marco legal aún no faculta expresamente al Estado mexicano para atender a la población en contextos de movilidad humana.
Sin embargo, México cuenta con una institución ejemplar, Conafe, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que durante décadas ha llevado el aprendizaje a zonas rurales, comunidades indígenas y a los rincones donde la infraestructura aún no llega. No obstante, su marco jurídico no contempla la atención directa a menores migrantes, por lo que esta gran institución puede ser la esperanza para estos 80 mil niños.
Por eso, someto a su consideración la iniciativa que adiciona el párrafo 36 de la Ley General de Educación para que la Secretaría de Educación Pública, a través de el Conafe, sea facultado para implementar programas educativos dirigidos específicamente a niños y adolescentes migrantes que residan temporalmente en albergues, refugios o centros de atención y que su reinserción social, posterior a resolver su estatus migratorio, les permita continuar con su desarrollo académico.
Conafe es el brazo educativo del Estado y cuenta con líderes comunitarios, con modelos flexibles que pueden convertir cualquier lugar en uno de aprendizaje. Con esto estamos aprovechando lo que ya funciona más dándole un marco legal para acceder a donde es urgentemente necesario.
¿Qué nos va a permitir? Garantizar una educación básica gratuita e incluyente, implementar modelos móviles y comunitarios bilingües, y asegurar presupuestos multianuales porque en la educación de la niñez migrante no puede depender solo de la buena voluntad.
Esta iniciativa no solo modifica una ley, transforma realidades y protege a los más vulnerables. Es devolverle a un niño su condición de ser niño y es una iniciativa que refleja una acción que fortalece la dignidad humana y nos protege de la explotación. Invertir en educación es invertir en seguridad humana.
Hoy bajo el liderazgo de nuestra presidenta México inicia una etapa de transformación social y más humanista y las personas migrantes son pilares fundamentales de esta nación y esta iniciativa se alinea con esta visión, la de un país que no excluye, que no discrimina, sino que educa.
Amigos legisladores, la niñez migrante no puede seguir siendo invisible, demos el ejemplo de que el buen trato a las infancias migrantes de cada niño y niña sin importar su origen tienen derecho a aprender. Por la niñez migrante, por la justicia educativa y por un México más humanista, los invito a que se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, a fin de facultar al Consejo Nacional de Fomento Educativo para impartir educación a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y albergues, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Nadia Sepúlveda García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decretoa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE), con objeto de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y albergues, mediante la intervención del Consejo Nacional de Fomento Educativo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos1. Educación sin fronteras
México ha asumido, a nivel nacional e internacional, el compromiso de garantizar el derecho a la educación sin distinción de nacionalidad, estatus migratorio o situación jurídica. Sin embargo, en el último lustro, miles de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros que transitan o residen temporalmente en el país se encuentran excluidos del sistema educativo, en especial aquellos alojados en campos agrícolas, albergues, refugios y estaciones migratorias.
Estos migrantes han llegado, en gran medida, a través de las caravanas migratorias, fenómeno que ha tenido diversos impactos en México:
• Económicos: La llegada de miles de migrantes puede generar presión sobre los recursos y servicios locales, particularmente en ciudades fronterizas y de tránsito. No obstante, también representan un aporte a la economía mediante el consumo de bienes y servicios.
• Sociales: Las caravanas pueden incrementar tensiones en algunas comunidades, pero también han impulsado la solidaridad y la cooperación entre la población y las organizaciones que brindan apoyo a los migrantes.
• Políticos: Este fenómeno ha influido en las políticas migratorias del país, llevando al gobierno a implementar medidas más estrictas de control fronterizo y a establecer acuerdos internacionales para una mejor gestión del flujo migratorio.
• Humanitarios: Los migrantes enfrentan graves riesgos durante su tránsito por México, como violencia, explotación y condiciones de vida precarias, lo que ha incrementado la necesidad de asistencia humanitaria y protección de sus derechos fundamentales.
Finalidad de la iniciativa
Esta iniciativa busca establecer en la ley la responsabilidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 (Conafe) de brindar atención educativa a esta población menor de edad mediante esquemas móviles, comunitarios o alternativos.
El Conafe, con su modelo de educación comunitaria, ha demostrado capacidad para llegar a poblaciones marginadas y zonas rurales. Sin embargo, su marco legal actual no le faculta expresamente para operar en campos de jornaleros agrícolas migrantes o albergues, donde se concentra esta población vulnerable.
2. Fundamentos para la reforma
Marco jurídico aplicable:
• Derecho a la educación (artículo 3o. constitucional): Garantiza la educación obligatoria para todos los menores en México, sin distinción alguna, incluido el estatus migratorio.
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA): Establece el principio del interés superior de la niñez y prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación por motivos de nacionalidad.
• Ley de Migración (artículo 9o.): Reconoce el derecho a la educación de los menores migrantes, independientemente de su situación migratoria en el país.
• Convención sobre los Derechos del Niño (ONU): Impone al Estado mexicano la obligación de proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana.
Contexto migratorio actual:
La creciente presencia de población infantil migrante extranjera en México proviene principalmente de regiones afectadas por condiciones críticas de pobreza, violencia estructural y los efectos adversos del cambio climático. Menores originarios de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Venezuela transitan por el territorio nacional, ya sea de manera individual o acompañada, enfrentando situaciones de alto riesgo y condiciones de extrema vulnerabilidad.
La creciente presencia de población infantil migrante extranjera en México constituye un fenómeno demográfico y humanitario irreversible, cuya magnitud está destinada a incrementarse sustancialmente en los próximos años. Este flujo migratorio encuentra su origen en causas estructurales profundas e inalterables a corto plazo, entre las que destacan la pobreza crónica en el Triángulo Norte centroamericano, la violencia estructural generalizada, los efectos acumulativos del cambio climático y las crisis humanitarias recurrentes en países como Haití y Venezuela.
Las proyecciones demográficas confirman la irreversibilidad de esta tendencia: 87 por ciento de esta población proviene de países con altas tasas de fecundidad, mientras que el Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estima un aumento de 40 por ciento en desplazamientos forzados infantiles hacia México para 2025. Esta realidad se ve reforzada por el posicionamiento geopolítico de México como país de tránsito y destino ante el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la consolidación de nuevas rutas migratorias permanentes.
Un dato particularmente alarmante revela que 38 por ciento de estos menores viaja sin acompañamiento adulto, según UNICEF (2023), situación que los expone a graves riesgos como redes de trata de personas, reclutamiento forzado y explotación laboral en campos agrícolas. Las estadísticas oficiales muestran un aumento del 215 por ciento en la niñez migrante entre 2018 y 2023 (Segob), mientras que apenas el 12 por ciento accede actualmente a servicios educativos (Redim, 2024).
Esta realidad no sólo persistirá, sino que se intensificará en el mediano plazo, haciendo absolutamente necesario e ineludible el desarrollo de políticas públicas educativas con perspectiva intergeneracional, enfoque de derechos humanos y presupuestos multianuales garantizados. Como ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2024), “la movilidad humana infantil ya no es excepcional, es una constante histórica que demanda respuestas institucionales permanentes y adecuadas a su carácter estructural”.
Barreras identificadas para el acceso educativo:
Esta población enfrenta obstáculos multifactoriales que limitan su derecho a la educación, entre los que destacan:
• Ausencia de documentación académica o migratoria;
• Insuficiencia de infraestructura educativa adaptada;
• Discriminación por diferencias lingüísticas y culturales;
• Inseguridad en corredores migratorios y zonas de tránsito;
• Déficit de personal docente capacitado para atender contextos migratorios; y
• Rigidez estructural en los diseños curriculares del sistema educativo, perpetuada por inercias administrativas y falta de mecanismos ágiles de actualización.
3. Niñez migrante en México
En 2024, la Unidad de Política Migratoria reportó la presencia de más de 80 mil niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en territorio nacional, ya sea en situación regular o irregular, en tránsito o en espera de resolución de su estatus migratorio. “...De estos, al menos 40 por ciento son menores no acompañados, y la mayoría provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Haití...”
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes ha evidenciado en sus informes la carencia de datos precisos sobre la población menor migrante en México, así como las barreras estructurales que enfrentan para acceder a servicios esenciales, entre ellos la educación. Como ejemplo, en un estudio reciente se documentó que durante 2024 se registró un incremento sustancial en el número de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular, lo que ha impactado negativamente en su desarrollo integral y vulnerado el principio constitucional del interés superior de la niñez.
Esta reforma legal resulta imperativa para dar cumplimiento a los principios de inclusión, equidad y no discriminación que rigen el sistema educativo nacional, así como a los compromisos internacionales adquiridos por México en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Reconocer jurídicamente el derecho a la educación de esta población implica asumir que no puede existir niñez invisible ante el ordenamiento legal y que la condición migratoria no debe constituir nunca un impedimento para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), a través de su modelo de educación comunitaria, ha demostrado capacidad efectiva para atender poblaciones en contextos de marginación y zonas rurales. No obstante, su marco normativo vigente no contempla facultades expresas para operar en campos agrícolas con población jornalera migrante ni en albergues temporales, espacios donde se concentra precisamente este sector de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
4. Marco jurídico comparado
Los sistemas jurídicos de países como Colombia y Brasil reconocen de manera expresa la obligación del Estado de adecuar sus servicios educativos a las condiciones de movilidad humana, tanto interna como transfronteriza. A continuación, se presenta un análisis comparado del acceso educativo para la niñez migrante en Iberoamérica:
Argentina
La Ley de Educación Nacional (Ley 26.206, artículos 2 y 7) establece:
• Reconocimiento del derecho a la educación para todas las personas, sin discriminación por nacionalidad o estatus migratorio.
• Garantía de inscripción y permanencia escolar en cualquier momento del ciclo lectivo, sin requisitos de documentación migratoria.
• Complementariamente, la Resolución 286/2011 del Ministerio de Educación refuerza el principio de escolarización inmediata, con independencia de la situación legal del estudiante.
Colombia
El marco normativo integrado por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 1288 de 2018 dispone:
• Reconocimiento explícito del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en condición de migración o refugio.
• Lineamientos para la flexibilización curricular y adaptaciones pedagógicas dirigidas a población en contextos de movilidad.
• Implementación de protocolos específicos por parte del Ministerio de Educación para la inclusión educativa de la población migrante venezolana.
Brasil
La Lei de Migração (Ley 13.445/2017, artículo 4) y el Estatuto da Criança e do Adolescente garantizan:
• Acceso a la educación básica obligatoria y gratuita para toda la población infantil, incluyendo migrantes y refugiados.
• Mecanismos de inclusión que contemplan: revalidación simplificada de estudios, enfoque intercultural y enseñanza del portugués como lengua de acogida.
España
La Ley Orgánica de Educación establece la obligatoriedad de escolarizar a todos los menores presentes en el territorio nacional, con independencia de su situación migratoria.
Este análisis comparativo demuestra que México puede fortalecer su marco jurídico para la protección del derecho a la educación de la niñez migrante, incorporando disposiciones explícitas que:
1. Reconozcan la responsabilidad estatal de garantizar el acceso escolar inmediato;
2. Establezcan mecanismos de flexibilidad curricular y administrativa; y
3. Eliminen barreras documentales para la inscripción.
La experiencia iberoamericana evidencia que la precisión normativa es fundamental para asegurar la inclusión educativa efectiva de esta población en situación de vulnerabilidad.
Este marco comparado muestra que México puede avanzar en la protección de derechos educativos para población migrante al incluir explícitamente en su legislación la responsabilidad de garantizar el acceso escolar de niñas y niños extranjeros en situación de movilidad.
5. Consideraciones presupuestales y operativas
La implementación de la presente reforma exigirá asignaciones presupuestarias adicionales destinadas a:
1. La realización de diagnósticos integrales en zonas agrícolas y corredores migratorios prioritarios;
2. La capacitación especializada de figuras educativas en contextos de movilidad humana;
3. El establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional con autoridades migratorias, de protección internacional y entidades federativas;
4. La elaboración de materiales didácticos multilingües y culturalmente pertinentes.
En este sentido, la Secretaría de Educación Pública deberá incorporar en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación una partida específica para la atención educativa en contextos de movilidad humana, con asignación plurianual que garantice la sostenibilidad de las acciones.
Cabe destacar que esta reforma consolida el marco jurídico para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) opere con precisión normativa en la atención educativa de la población infantil migrante extranjera, optimizando sus estructuras existentes y capitalizando su amplia experiencia en la atención de poblaciones en contextos de marginación y vulnerabilidad.
Se presenta el siguiente cuadro comparativo.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 36. La educación, en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, así como a las necesidades de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características particulares de los distintos sectores de la población.
La Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, implementará programas específicos para garantizar el acceso efectivo a la educación básica de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros que residan temporalmente en campos agrícolas, albergues, refugios o centros de atención para personas migrantes, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria, en coordinación con las autoridades competentes.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Nacional de Migración, deberá emitir dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto:
I. Los lineamientos operativos para la atención educativa en contextos de movilidad;
II. Los protocolos pedagógicos especializados para población migrante; y
III. Los criterios presupuestales para la implementación progresiva de esta reforma.
Tercero. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Migración, diseñará e implementará programas educativos con las siguientes características:
a) Flexibilidad curricular adaptada a contextos migratorios temporales;
b) Enfoque intercultural con pertinencia lingüística, incluyendo modalidades bilingües cuando sea necesario;
c) Mecanismos de evaluación continua que garanticen el interés superior de la niñez; y
d) Estrategias de articulación interinstitucional para la atención integral.
Estos programas deberán priorizar la atención en campos agrícolas, albergues temporales y espacios de concentración migratoria, garantizando el acceso educativo sin discriminación por condición migratoria o nacionalidad.
Cuarto. Las dependencias y entidades mencionadas deberán reportar anualmente a las Comisiones de Educación y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados los avances en la implementación de lo dispuesto en este decreto.
Notas
1 El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargado de brindar servicios de educación comunitaria a niñas, niños y adolescentes en zonas de alta y muy alta marginación en México. Su misión fundamental es garantizar el acceso a una educación básica de calidad en comunidades rurales e indígenas donde no existen servicios educativos regulares, mediante modelos pedagógicos flexibles y adaptados a contextos de vulnerabilidad. Como eje estratégico de la política Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.educativa nacional, el Conafe desempeña un papel determinante en la reducción de brechas educativas, la inclusión social y la promoción de equidad de oportunidades para los sectores más desfavorecidos del país.”
2 ACNUR, Tendencias globales de desplazamiento forzado (2023), acceso puede verse en
https://www.acnur.org/estadisticas.
3 UNICEF, Child Alert: Niños en tránsito (2023), puede verse en,
https://www.unicef.org/lac/informes/child-alert-ninos-en-transit o.
4 CNDH, Informe Especial sobre Niñez Migrante (2024), puede verse en,
https://www.cndh.org.mx
5 Niñas, niños y adolescentes migrantes, 2024, Unidad de Unidad de Política Migratoria puede verse
https://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2024.pdf.
6 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), Niñez migrante en México: barreras para el acceso a derechos (Ciudad de México: Redodem, 2024), puede verse en,
https://www.redodem.org/informes/2024/ninez-migrante.
7 Argentina, Ley de Educación Nacional, Ley 26.206, arts. 2 y 7, Boletín Oficial de la República Argentina, 28 de diciembre de 2006, puede verse en
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26206-1285.
8 Colombia. Ley General de Educación. Ley 115 de 1994. Diario Oficial 41.214, 8 de febrero de 1994. Puede verse en
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85906_ archivo_pdf.pdf.
9 Brasil, Lei de Migração, Lei número 13.445, artículo 4, Diário Oficial da União, puede verse en
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l134 45.htm.
10 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, número 106, 4 de mayo de 2006. Puede verse en
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.– Diputadas y diputados: Nadia Sepúlveda García, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Aniceto Polanco Morales, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Eduardo Castillo López, Jaime Genaro López Vela, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Juan Antonio González Hernández, Leide Avilés Domínguez, Lucero Higareda Segura, Luis Arturo Oliver Cen, María de los Ángeles Ballesteros García, María del Rosario Orozco Caballero, Maribel Solache González, Ulises Mejía Haro (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Irugami Perea Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental en favor de niñas, niños y adolescentes. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Irugami Perea Cruz:Gracias, con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Jesús Irugami Perea Cruz: Compañeras, compañeros legisladores, pueblo de México, subo a esta tribuna con la convicción de que sin salud mental no hay salud plena. Hoy presento una iniciativa que propone reformar el artículo 4o. constitucional para reconocer de manera expresa la salud mental como un derecho fundamental, especialmente para nuestras niñas, niños y adolescentes.
La salud mental no es un asunto individual, es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad. El Estado debe garantizar servicios accesibles, prevención y acompañamiento. Por su parte, las familias deben ofrecer entornos seguros y afectivos. La sociedad debe eliminar prejuicios y estigmas, porque aún hoy para muchas personas la salud mental sigue siendo un tema escabroso.
Por eso, hoy estamos aquí con una iniciativa que busca cambiar esa historia. Con el trabajo que hemos impulsado desde la cuarta transformación, México cuenta con un sistema de salud más justo, más preventivo y más cercano al pueblo. Gracias al liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirma que las y los jóvenes deben tener espacios seguros donde puedan hablar, donde puedan pedir ayuda y sentirse escuchados. Hoy, avanzamos hacia un modelo de atención integral que cuida también las emociones y la mente.
El nuevo sistema nacional de salud contempla más de 2 mil 800 unidades médicas de primer nivel y 348 centros comunitarios dedicados a la atención de la salud mental, demostrando que la prevención y el acompañamiento son prioridad.
Como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Esa frase resume la esencia del humanismo mexicano, el bienestar no se limita al cuerpo, sino que también implica equilibrio emocional, empatía y comunidad.
Esta iniciativa busca concientizar, acompañar y visibilizar. Concientizar a la población de que los trastornos mentales no son una debilidad sino una condición que debe atenderse con profesionalismo y con respeto. Acompañar a quienes viven con depresión, ansiedad, autismo o alguna otra neurodivergencia. También es visibilizar que atender la salud emocional desde la infancia forja una adultez sólida, construye ciudadanía y fortalece la paz social.
Las cifras son contundentes, en México, alrededor del 20 por ciento de la población vive con alguna condición de neurodivergencia. En el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, en México uno de cada 30 niños y adolescentes lo padecen, pero menos del 10 por ciento recibe un diagnóstico oportuno. A nivel mundial afecta aproximadamente al 5 por ciento de la población.
Como lo ha expresado la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no podemos permitir que las y los jóvenes enfrenten solos la violencia, la ansiedad o la falta de esperanza, el Estado debe estar ahí con ellos, con apoyo emocional, con orientación y con oportunidades.
Por ello, esta iniciativa también fortalece la salud mental juvenil, integrando la educación, la cultura y el deporte como herramientas de desarrollo integral. Durante años, el dolor emocional fue ignorado y reducido al silencio. Hoy, desde este movimiento que ha devuelto la dignidad al pueblo, afirmamos que nadie debe ser marginado por su condición mental. La cuarta transformación no deja a nadie atrás y a nadie afuera.
Sigamos construyendo el sistema nacional de cuidados para que México sea un país cuidador, que garantice la protección y el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o requieren atención especializada.
Atender la salud mental es una inversión en bienestar, en paz, pero sobre todo en futuro. Gobernar con principios humanistas significa reconocer que la salud mental también es un acto de amor colectivo.
Compañeras y compañeros, estamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación y esta iniciativa representa uno de los pilares. Sigamos construyendo un país, donde el bienestar no sea un privilegio, sino un derecho. Donde la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una causa nacional.
Reconocer expresamente la salud mental en nuestra Constitución, es garantizar que ninguna persona vuelva a ser invisible. Es fortalecer las bases de un México más justo, más humano y más solidario. Porque transformar es cuidar y cuidar es sanar el alma de México. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental en favor de las niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Jesús Irugami Perea Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena
Jesús Irugami Perea Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y el 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente: decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental en favor de las niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa salud mental es un componente esencial del bienestar integral de toda persona y, en consecuencia, debe recibir la misma atención, prioridad y recursos que la salud física. Garantizarla implica fortalecer los servicios de prevención, diagnóstico y atención oportuna, así como desarrollar políticas públicas que aseguren la detección temprana de trastornos mentales y la atención adecuada para evitar que estos deriven en discapacidad, marginación o pérdida de calidad de vida.
No basta con promover la importancia de la salud mental; es indispensable materializar acciones concretas y sostenibles que atiendan las necesidades de quienes enfrentan afecciones mentales, proporcionando redes de apoyo, acceso equitativo a servicios especializados y acompañamiento comunitario.
El principio del interés superior de la niñez, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece la obligación del Estado de proteger la salud desde el nacimiento, lo que incluye garantizar el seguimiento y tratamiento oportuno de los trastornos mentales o del desarrollo que puedan manifestarse durante la infancia y la adolescencia. La atención integral a la salud mental en estas etapas resulta determinante para asegurar un desarrollo pleno, emocionalmente equilibrado y socialmente participativo.
Desde un enfoque de derechos humanos, es deber del Estado promover políticas públicas basadas en la protección y la inclusión de las personas con afecciones de salud mental, garantizando el respeto a su dignidad, su autonomía y su participación activa en la comunidad.
Ello requiere la adopción de un enfoque multisectorial, que involucre a los poderes públicos, instituciones de salud, autoridades educativas, familias, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, a fin de lograr una respuesta integral y coordinada.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las afecciones de salud mental entre ellas la epilepsia infantil, los problemas del desarrollo, la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en la población joven. Estas condiciones, cuando no son atendidas de manera oportuna, impactan directamente en el rendimiento escolar, en las relaciones familiares y sociales y en la productividad futura.
En México, las cifras son alarmantes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que en 2024 se registraron aproximadamente 9,000 suicidios, lo que es un llamado urgente a fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y seguimiento en materia de salud mental.
Las consecuencias de no abordar los problemas de salud mental y el desarrollo psicosocial de niñas, niños y adolescentes se extienden hasta la vida adulta, limitando sus oportunidades de bienestar, participación y desarrollo pleno.
La OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el que cada individuo es capaz de desarrollar sus habilidades, afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad”. Bajo esta definición, la salud mental no se reduce a la ausencia de trastornos, sino que implica la plena capacidad del individuo para alcanzar su potencial humano.
Las afecciones de salud mental incluyen una amplia gama de condiciones, desde trastornos mentales y discapacidades psicosociales hasta estados de angustia significativa o deterioro funcional que, de no ser atendidos, pueden incrementar el riesgo de autolesión o suicidio.
Si bien es cierto que la salud mental se encuentra contemplada en el capítulo VII de la Ley General de Salud, específicamente en su artículo 72 , el cual menciona que la salud mental tendrá carácter prioritario dentro de las políticas de salud. También en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en su Capítulo Noveno, artículo 5o., fracción XVI que a la letra dice: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud...
fracción XVI: Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental;”
No obstante, al encontrarse únicamente en ordenamientos secundarios, su observancia depende de la voluntad administrativa y de la asignación presupuestal anual, lo que limita su eficacia real y sostenibilidad institucional.
Sin embargo, también tenemos un compromiso internacional asumido, México es firmante de 3 tratados internacionales en los que se establece la obligación de garantizar el desarrollo físico, mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes, entre los que destacan la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, así como la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños. Estos tratados constituyen la base jurídica internacional que sustenta la necesidad de reconocer expresamente la salud mental como un derecho constitucional en nuestro país.
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990, en el artículo 24 reconoce el derecho de todo niño a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, e impone a los Estados la obligación de garantizar servicios adecuados para su atención, prevención y rehabilitación.
Del mismo modo, en la Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 con el principio del interés superior de la niñez como base, se establece el deber de los Estados de proteger su bienestar físico, mental y emocional.
Por su parte, la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños de 1986 reafirma la responsabilidad de los gobiernos de garantizar políticas integrales de salud, educación y bienestar social.
Por ello y en cumplimiento con nuestras niñas, niños y adolescentes, y a estos compromisos internacionales, resulta indispensable elevar el derecho a la salud mental a rango constitucional, incorporándolo expresamente en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para consolidar su protección efectiva y con el fin de dotar de fuerza jurídica vinculante al derecho a la salud mental y consolidando así su jerarquía como obligación permanente e irrenunciable del Estado mexicano en congruencia con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país.
Por tanto, resulta imperativo que el Estado mexicano asuma la salud mental como una prioridad nacional, fortaleciendo su marco normativo, las capacidades institucionales y la coordinación intersectorial para garantizar la atención integral de las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, quienes representan el presente y el futuro de la nación.
Atender la salud mental es, en consecuencia, una responsabilidad pública, ética y social, que requiere visión de Estado y compromiso legislativo. Promoverla y protegerla equivale a construir una sociedad más sana, empática y solidaria, en congruencia con los principios de bienestar y desarrollo humano que inspiran a la transformación de nuestro país.
La salud mental constituye un pilar fundamental del bienestar integral de toda persona y un elemento indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Su adecuada preservación depende de múltiples determinantes individuales, familiares, sociales y ambientales, que inciden directamente en la capacidad de cada individuo para gestionar sus pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás.
En este sentido, la evidencia científica ha demostrado que la exposición a adversidades durante la infancia como la violencia, la negligencia, la pobreza o la exclusión social representa un factor de riesgo prevenible para el desarrollo de trastornos mentales a lo largo de la vida. Debemos fomentar mecanismos eficaces para la detección y atención temprana de estas condiciones incrementa la probabilidad de que deriven en discapacidad, deserción escolar, marginación o conductas autodestructivas.
Las personas que viven con trastornos mentales enfrentan, además, una doble carga de vulnerabilidad : por un lado, las propias limitaciones que la enfermedad impone y, por otro, la falta de acceso a servicios integrales de salud y de apoyo social. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 9 (OMS), quienes padecen depresión o esquizofrenia tienen entre 40 y 60 por ciento más probabilidades de muerte prematura en comparación con la población general, no solo a causa del suicidio, sino también por enfermedades físicas con diagnóstico o que llevan un tratamiento, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o las infecciones por VIH.
Esta situación pone de manifiesto que la salud mental y la salud física son dimensiones inseparables del bienestar humano y por ello deben especificarse en nuestro máximo ordenamiento jurídico en México. No atender integralmente las afecciones mentales constituye una omisión que vulnera el derecho a la salud reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, perpetúa desigualdades estructurales y limita las oportunidades de desarrollo de las personas, en especial de niñas, niños y adolescentes.
En consecuencia, resulta impostergable que el Estado mexicano reconozca de manera explícita y con jerarquía constitucional la salud mental como parte esencial del derecho a la salud. Este reconocimiento permitirá consolidar el deber estatal de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas transversales orientadas a la prevención, atención temprana, rehabilitación y reintegración social de las personas con trastornos mentales.
Reformar el artículo 4o. de la Constitución implica dar un paso firme a la concientización y aceptación de los trastornos mentales que implican un estigma social y que impiden que las personas busquen ayuda.
La incorporación expresa de la salud mental en el texto constitucional no sólo responde a una necesidad sanitaria, sino a una obligación moral y jurídica del Estado mexicano frente a su población y el acceso a todos los derechos para los jóvenes conforme a los principios de dignidad humana, igualdad sustantiva y bienestar integral que sustentan la transformación social del país.
Contenido de la iniciativa:
Por las razones expuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo para clarificar sus alcances, y en la cual se propone reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental en favor de las niñas, niños y adolescentes
Artículo Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 4o.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos . Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud física y mental, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf / Convención sobre los derechos del niño. Artículo 3o. sobre Interés Superior de la Niñez.
2 Consulta: 8 de mayo de 2025. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/salud/#informacion_general
3 https://www.who.int/es/health-topics/mental-health#tab=tab_1 / Organización mundial de la salud, Salud mental. Fecha de consulta, octubre de 2025.
4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf / Ley General de Salud, Capítulo VII, Salud Mental. Artículo 72.
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf / Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, Capitulo Noveno, Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social.
6 https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino
7 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/declaracion_de_gin ebra_de_derechos_del_nino.pdf
8 https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los% 20Principios%20Sociales%20y%20Jur%C3%ADdicos%20relativos%20a%20la%20protecci%C3 %B3n%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20ni%C3%B1os%20Republica%20Dominicana.pdf
9 https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-007.pdf / Salud mental en México, Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.– Diputados y diputadas: Jesús Irugami Perea Cruz, Karina Isabel Martínez Montaño, Leide Avilés Domínguez, Olga Juliana Elizondo Guerra, Pedro Mario Zenteno Santaella (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY DE MIGRACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra —gracias a usted—. Tiene ahora la palabra el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de mecanismos de regulación migratoria ágiles y con enfoque de derechos humanos, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado.
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez:Muchas gracias. Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez: Diputadas y diputados de este Congreso, particularmente hoy me dirijo a todas y a todos aquellos que han sido víctimas de la inseguridad y de personas desaparecidas y víctimas de la trata de personas.
Michoacán y Quintana Roo están abandonados, no es casualidad, es una ocurrencia del gobierno que decidió no gobernar. Mientras en Palacio Nacional hacen anuncios a discursos, celebración, en las calles manda el crimen, la gente se quedó sola. Eso es traición al Estado.
Michoacán, un terreno cedido. Quintana Roo ya se cedió la seguridad, el turismo y la economía. Y el gobierno aplausos, fotos, abrazos a los criminales, pero en México no se debe improvisar, la paz no se improvisa, la seguridad no se improvisa, o se gobierna con carácter o el país se nos sale de las manos. Hablar hoy de migración, de derechos humanos y de seguridad, es hablar de una realidad que golpea toda la fuerza productiva de este país.
Quiero hablar un poco de Quintana Roo, el paraíso que el mundo conoce por sus playas, por el turismo, pero enfrenta un rostro oscuro que no podemos seguir ignorando, sus rostros son cansados, madres con niños en brazos, adolescentes que viajan solos, jóvenes con sueños que se desvanecen en los retenes y en las estancias migratorias.
Son seres humanos, no son cifras. Tan solo hoy en Quintana Roo, es el estado con más casos de trata de personas de este país. Tan solo en el 2024 se registraron 175 casos, lo que representa una tasa de 17 víctimas por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de este país.
Y en los primeros meses del 2025, ya más de 30 por ciento de los casos están al alza, tenemos hoy, que tenemos el índice más alto de trata de personas en este estado. Detrás de cada número hay historias, pero historias de violencia, de engaño a mujeres, de engaño a las niñas, atrapadas en redes de criminales que operan con total impunidad.
La falta de control migratorio, la burocracia, la corrupción ha creado un terreno fértil para la trata de personas, la explotación y la violencia.
Por eso hoy lo quiero decir abiertamente en esta máxima tribuna, modernizar la Ley de Migración y actualizar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no es casualidad. La movilidad humana se gestiona con agilidad, con transparencia, pero, sobre todo, con un enfoque de derechos humanos.
Esta propuesta nace de los lentos, opacos burócratas que hacen los trámites migratorios en México más lento el proceso todos los días. Las personas migrantes esperan meses, a veces años para resolver su situación. Durante este tiempo son detenidas sin saber si cometieron un delito alguno, otras caen en manos de la delincuencia organizada o son víctimas de trata de personas y de explotación o, en su caso, terrible desaparición.
No podemos permitir que el desorden institucional se convierta en un cómplice del dolor humano. Nuestra iniciativa propone establecer plazos máximos de 30 días hábiles para que las autoridades migratorias resuelvan cualquier trámite. Y, si el plazo se cumple sin respuesta, el beneficiario se entenderá por concedido, salvo los casos de seguridad nacional. Y con eso combatimos la discrecionalidad y garantizamos el derecho al debido proceso.
También proponemos que la detención migratoria sea verdaderamente una medida en el último recurso y nunca una medida de rutina administrativa, que ningún niño, ninguna niña, adolescente sea privado de su libertad por motivos migratorios. Ellos deben ser canalizados al sistema de protección y no a las estaciones migratorias, porque un país que encierra a los niños por el simple hecho de migrar no puede llamarse un país justo.
Esta iniciativa no solo es legal, es un cambio de paradigmas. Este mensaje es para que digamos al mundo que México está al lado de los derechos humanos y no al lado de las víctimas y de los verdugos.
Hoy honramos con dignidad en esta tribuna a todas las personas, porque la política tiene que ser la dignidad de la persona por encima de cualquier interés político. México no se improvisa. Ésta es la iniciativa, más allá de política, una iniciativa humanitaria. La comunidad nos necesita, el respeto a la vida, solidaridad y el respeto a todos los seres humanos tiene que ser el eje fundamental.
Concluyo diciendo para las niñas y los niños migrantes, por quienes buscan un refugio y esperanza, que México tiene que estar a la altura, para defender con dignidad dentro y fuera de las fronteras. Patria, familia, libertad. Es cuanto diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de mecanismos de regulación migratoria ágiles y con enfoque de derechos humanos, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Sexagésima Sexta Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 3, 40 y 52 de la Ley de Migración, y 93 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de mecanismos de regulación migratoria ágiles y con enfoque de derechos humanos, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosActualmente, los procedimientos migratorios en México suelen ser lentos y burocráticos, en ocasiones contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos. Las personas migrantes enfrentan largos periodos de espera, obstáculos documentales y riesgo de detención prolongada. La iniciativa propone reformas para establecer plazos perentorios de resolución, simplificar requisitos, digitalizar trámites, capacitar al personal del Instituto Nacional de Migración en materia de derechos humanos y garantizar mecanismos efectivos de defensa administrativa y judicial.
En los últimos años, México ha enfrentado transformaciones profundas en los patrones migratorios que lo posicionan como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Este fenómeno ha crecido de manera exponencial debido a factores económicos, sociales, climáticos y de seguridad en la región, lo que ha generado una presión institucional significativa sobre los mecanismos de gestión migratoria y los sistemas de protección humanitaria.
Ante esta realidad, resulta imperativo modernizar el marco normativo que regula la movilidad humana, orientándolo hacia la celeridad administrativa, la transparencia institucional y el respeto pleno de los derechos humanos, en consonancia con los principios constitucionales y los estándares internacionales asumidos por el Estado mexicano.
El actual entramado jurídico y administrativo presenta vacíos, duplicidades y prácticas discrecionales que dificultan la regularización migratoria, prolongan indebidamente los procedimientos y propician violaciones sistemáticas a los derechos de las personas migrantes. La falta de plazos máximos, la ausencia de mecanismos claros de control y la persistencia de la detención como medida general evidencian la urgencia de un rediseño normativo que armonice las funciones del Estado con su obligación de garantizar la dignidad humana.
La presente iniciativa se sustenta en los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos:
- Artículo 1o., que reconoce el principio pro persona y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los tratados internacionales de los que México es parte.
- Artículo 11, que garantiza el derecho de toda persona a la libertad de tránsito y a buscar y recibir asilo.
- Artículo 33, que establece los derechos y obligaciones de las personas extranjeras en territorio nacional.
- Artículo 102, apartado B, que dispone la autonomía y facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la vigilancia del respeto a los derechos humanos.
Asimismo, la propuesta guarda consonancia con los instrumentos internacionales de los que México es parte, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967, el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) y la Opinión Consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los Estados deben garantizar la protección y asistencia humanitaria a las personas migrantes sin discriminación alguna.
En este marco, el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas que aseguren la plena efectividad de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, evitando prácticas que deriven en detenciones arbitrarias o demoras injustificadas en la resolución de sus procedimientos administrativos.
Organismos como la CNDH, el ACNUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado demoras excesivas en trámites, detenciones prolongadas y falta de alternativas a la detención.
Esta iniciativa pretende:
- Agilizar los procedimientos de regularización y expedición de documentos migratorios.
- Crear mecanismos de control y evaluación de los centros de detención migratoria.
- Fortalecer la capacitación de autoridades en derechos humanos.
- Garantizar la unidad familiar y la protección especial de niñas, niños y adolescentes migrantes.
El análisis de la Ley de Migración y sus disposiciones reglamentarias revela la persistencia de problemas estructurales que obstaculizan una gestión eficiente y humana de los flujos migratorios:
1. Ausencia de plazos procesales definidos: los procedimientos de regularización y otorgamiento de condición de estancia no tienen un límite temporal expreso, lo que ocasiona demoras de meses o años, generando incertidumbre jurídica y vulnerabilidad para las personas solicitantes.
2. Uso desproporcionado de la detención migratoria: la legislación vigente no define la detención como medida excepcional, lo que propicia que sea empleada de manera rutinaria, incluso respecto de niñas, niños y adolescentes migrantes.
3. Falta de coordinación interinstitucional: el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carecen de mecanismos obligatorios de coordinación para la atención de casos humanitarios, lo que provoca duplicidad de trámites y omisiones de protección.
4. Insuficiente supervisión de estaciones migratorias: existen deficiencias estructurales en el control de condiciones y en la rendición de cuentas sobre el trato a las personas detenidas, con limitadas facultades de supervisión externa.
5. Carencia de capacitación integral en derechos humanos: los servidores públicos que intervienen en procedimientos migratorios carecen, en muchos casos, de formación específica en materia de derechos humanos, perspectiva de género, enfoque infantil y atención a poblaciones vulnerables.
Estos factores contribuyen a perpetuar un sistema administrativo lento, opaco y muchas veces punitivo, contrario al mandato constitucional de respeto y protección de la dignidad humana.
En los últimos años, México se ha convertido simultáneamente en país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Sin embargo, los procedimientos administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM) suelen ser lentos, opacos y poco uniformes, lo que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, a la protección y al debido proceso de las personas migrantes.
Organismos como la CNDH, el ACNUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado demoras excesivas en trámites, detenciones prolongadas y falta de alternativas a la detención.
Esta iniciativa pretende:
- Agilizar los procedimientos de regularización y expedición de documentos migratorios.
- Crear mecanismos de control y evaluación de los centros de detención migratoria.
- Fortalecer la capacitación de autoridades en derechos humanos.
- Garantizar la unidad familiar y la protección especial de niñas, niños y adolescentes migrantes.
La incorporación del principio de celeridad administrativa en la Ley de Migración atiende una deficiencia normativa evidente. Al no existir plazos claros, las autoridades migratorias actúan con discrecionalidad, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 14 constitucional. La fijación de un plazo máximo contribuye a garantizar el derecho al debido proceso administrativo y a la buena administración pública.
De igual forma, el reconocimiento del enfoque de derechos humanos como principio rector obliga a todas las autoridades a interpretar las disposiciones de la Ley de Migración conforme al principio pro persona, promoviendo una aplicación uniforme y garantista de la norma.
En cuanto a la detención migratoria, su reconceptualización como medida de último recurso está alineada con la Observación General número 35 del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Opinión Consultiva OC-25/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales sostienen que la privación de la libertad por motivos migratorios debe ser excepcional, necesaria, proporcional y sujeta a revisión judicial.
La coordinación obligatoria entre INM y Comar permitirá una respuesta unificada del Estado ante las necesidades de protección internacional, evitando vacíos de atención que pueden conducir a devoluciones indebidas o a la exposición de las personas migrantes a situaciones de riesgo.
Por las razones expuestas, la presente iniciativa pretende avanzar hacia una nueva concepción de la política migratoria mexicana, basada en la eficiencia administrativa, la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, en el respeto irrestricto de la dignidad humana.
El fortalecimiento normativo que aquí se propone no sólo atiende las observaciones de organismos nacionales e internacionales, sino que constituye una oportunidad histórica para consolidar un modelo de gestión migratoria con rostro humano, que reafirme el compromiso de México con los derechos fundamentales y con los principios de justicia y solidaridad internacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 3, 40, 52 y 99 de la Ley de Migración, y 93 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de mecanismos de regulación migratoria ágiles y con enfoque de derechos humanos
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 3, 40, 52 y 99 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
...
XXXIV. Tarjeta de residencia: al documento que expide el Instituto con el que los extranjeros acreditan su situación migratoria regular de residencia temporal o permanente;
XXXV. Trabajo remoto: Trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas.
XXXVI. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter migratorio a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento del Instituto, y
Artículo 40. Los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. Visa de residente temporal para realizar actividades de trabajo remoto de carácter internacional, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tra?nsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto cumplir con un trabajo remoto para una empresa no ubicada en territorio nacional y permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a dos años, contados a partir de la fecha de entrada y poder realizar actividades remuneradas.
VII. Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer de manera indefinida.
Artículo 52. Las autoridades competentes deberán resolver los trámites migratorios conforme a las disposiciones aplicables, en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la recepción completa de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin resolución se entenderá otorgada la autorización en sentido favorable al solicitante, salvo en casos en que se acredite riesgo fundado a la seguridad nacional o al orden público.
Las resoluciones deberán ser fundadas, motivadas y notificadas por medios accesibles, garantizando el derecho a la información y al debido proceso.
Artículo 99.
...Las autoridades migratorias podrán alojar a los extranjeros en estaciones migratorias o lugares habilitados para tal efecto únicamente como medida de último recurso, de manera excepcional, necesaria y proporcional, en tanto se resuelve su situación migratoria.
En ningún caso se permitirá la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes deberán ser canalizados de inmediato a los sistemas de protección especial...
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 93 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 93:
... Se prohíbe expresamente su detención por motivos migratorios, debiendo asegurarse su alojamiento en entornos familiares, comunitarios o de acogida temporal supervisada...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados deberán emitir, en un plazo no mayor a 90 días naturales, los lineamientos de coordinación interinstitucional previstos en este decreto.
Tercero. Las autoridades migratorias deberán adecuar sus reglamentos internos, protocolos de actuación y programas de capacitación a las disposiciones aquí establecidas, priorizando el enfoque de derechos humanos y la celeridad administrativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2025.– Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7o. y 113 Bis de la Ley General de Salud. Adelante, diputada.
La diputada Mayra Espino Suárez:Con el permiso de la presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Mayra Espino Suárez: Gracias. Buenas tardes, Compañeras y compañeros legisladores. El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas. Pero su impacto es aún más grave entre las mujeres indígenas, quienes enfrentan obstáculos estructurales para acceder a la información, a los servicios médicos y a los tratamientos oportunos.
Muchas de ellas viven en comunidades donde los servicios de salud son escasos o distantes, donde no hay materiales informativos en su lengua y donde la falta de intérpretes o la desconfianza hacia las instituciones impide que puedan ejercer plenamente su derecho a la salud. Por eso, hablar del cáncer de mama entre mujeres indígenas no es hablar sobre solo de un tema médico, es hablar de desigualdad, de exclusión y de una deuda que como Estado seguimos teniendo con las mujeres más vulnerables.
Este año, 2025, fue declarado por el gobierno de México, encabezado por la primera presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, como el Año de la Mujer Indígena, con el propósito de reconocer el papel de las mujeres en la humanidad y en especial su lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas. Y no hay mejor forma de honrar esa determinación que impulsando acciones concretas que hagan visibles sus necesidades y garanticen su bienestar.
Por ello, hoy presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV Ter al artículo 7o., y un artículo 113 Bis-A a la Ley General de Salud. El objetivo es claro: que la prevención y detección oportuna del cáncer de mama sea cultural y lingüísticamente pertinente. Que cada mujer, sin importar la lengua que hable o el lugar donde viva, pueda entender los mensajes de prevención y acceder a los servicios médicos que le corresponden por derecho.
Actualmente las campañas de información y prevención sobre el cáncer de mama se elaboran casi exclusivamente en español, con formatos técnicos o escritos que no llegan a las comunidades rurales o indígenas. Eso genera tres grandes barreras.
Primero. Una barrera lingüística, porque los materiales no están disponibles en lenguas indígenas.
Segundo. Una barrera cultural, porque muchos mensajes no consideran las prácticas, los roles de género ni las dinámicas de los pueblos originarios.
Y tercero. Una barrera operativa, porque los servicios de salud carecen de intérpretes y de mediadores culturales, y la difusión se concentra en zonas urbanas o en medios digitales.
El resultado de estas brechas es doloroso, diagnósticos tardíos, tratamientos más costosos y menor esperanza de vida. Y lo más lamentable es que muchas de esas muertes podrían evitarse si la información fuera comprensible y la atención verdaderamente accesible.
Con esta iniciativa proponemos soluciones concretas:
1. Que la Secretaría de Salud y las instituciones del Sistema Nacional de Salud diseñen y difundan materiales educativos y preventivos en lenguas indígenas, nacionales, validadas lingüística y culturalmente.
2. Que se incorporen intérpretes y mediadoras culturales durante las consultas, el tamizaje y la referencia médica.
3. Que se capacite al personal de salud en comunicación intercultural y de sección oportuna.
4. Que se utilicen canales comunitarios, como la radio indígena, materiales audiovisuales y puntos de encuentros locales, para que la información llegue efectivamente a las mujeres de las zonas rurales y periurbanas.
Y 5. Por último, que se establezcan indicadores de cobertura y efectividad, con evaluaciones anuales que permitan medir resultados por región, edad y lengua.
Esta propuesta no solo atiende un problema de salud pública, sino también a un compromiso constitucional e internacional. Es consistente con el artículo 4o. de nuestra Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a la protección de la salud.
Con el artículo 2, que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Compañeras y compañeros legisladores, cada mujer que comprende a tiempo que vigilar, en qué consiste la autoexploración, cuándo acudir al médico y a donde dirigirse, puede cambiar la historia de su vida. Puede, inclusive, seguir con vida.
Por eso, asegurar que la información esté disponible en las lenguas indígenas no es un gesto cultural, ni una cortesía política, es una medida de justicia, de equidad y de vida. Hacer que la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama sean accesibles en todas las lenguas, es reconocer que la salud es un derecho universal y no un privilegio condicionado por el idioma o el lugar de origen.
2025, Año de la Mujer Indígena, debe marcar un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Debe ser el año en que el Congreso reafirme su compromiso con las mujeres de México, garantizando que ninguna más se quede atrás y que todas, sin excepción, puedan acceder a servicios de salud dignos, comprensibles y oportunos.
La detección temprana del cáncer de mama no puede depender del idioma que se hable, sino del compromiso del Estado con todas sus mujeres. Con esta iniciativa damos un paso firme hacía un México donde el derecho a la salud se entienda, se escuche y se ejerza en todas las lenguas. Les agradezco la atención.
«Iniciativa que adiciona los artículos 7o. y 113 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
La suscrita, diputada Mayra Espino Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV Ter al artículo 7o. y se adiciona un artículo 113 Bis de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEl cáncer de mama constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en mujeres en México y representa un desafío estructural de salud pública con profundas implicaciones sociales y económicas. No basta con ampliar la oferta de servicios si la información no es comprensible ni culturalmente pertinente pues el sistema pierde eficacia en el punto más crítico del proceso: la detección oportuna.
Por qué resolverlo ahora. La detección temprana es la intervención con mejor costo-efectividad en cáncer de mama: cada mujer que comprende a tiempo qué vigilar, cuándo y a dónde acuidir puede cambiar la historia natural de la enfermedad. La adecuación lingüística e intercultural no es un accesorio; es el mecanismo habilitador que convierte un derecho en acceso efectivo. Además, produce externalidades positivas: confianza en el sistema, mayor adherencia a seguimiento, participación de redes comunitarias y mejor uso de recursos.
Se identifican tres barreras que retroalimentan y perpetúan la desigualdad:
• Lingüísticas: materiales y consejería disponibles solo en español excluyen a mujeres hablantes de lenguas indígenas, limitando la comprensión de signos de alarma, periodicidad de tamizaje y rutas de referencia.
• Culturales: mensajes que no consideran prácticas, normas de género y dinámicas comunitarias reducen la relevancia percibida, generan desconfianza hacia el tamizaje y desalientan la búsqueda temprana de atención.
• De accesibilidad operativa: ausencia de intérpretes/mediadoras culturales, formatos predominantemente escritos o técnicos, y difusión centrada en canales urbanos/digitales, que deja fuera a mujeres en contextos rurales o periurbanos.
Estas brechas se traducen en:
• Diagnósticos tardíos, que incrementan complejidad clínica y costos del tratamiento, además de reducir la supervivencia.
• Infrautilización del tamizaje (autoexploración orientada, exploración clínica, mastografía cuando esté indicada) por desinformación o estigma.
• Desigualdad sustantiva en el acceso al derecho a la salud para mujeres indígenas, pese a la formal universalidad del servicio.
La Constitución reconoce que todas las personas son iguales ante la ley, prohíbe toda discriminación —incluida la motivada por origen étnico o condición de salud— y ordena a todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con arreglo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, el artículo 2o. constitucional reconoce y protege a los pueblos y comunidades indígenas, su composición pluricultural, sus instituciones y derechos, y obliga al Estado a garantizar su libre determinación y el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos en condiciones de igualdad.
En materia de salud, el artículo 4o. de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en salubridad general (en relación con el artículo 73, fracción XVI).
El marco legal secundario refuerza estos mandatos: la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce que las lenguas indígenas son válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público y garantiza el derecho de toda persona a comunicarse en la lengua de la que sea hablante, lo que impone a las autoridades deberes de accesibilidad lingüística en la provisión de información y servicios públicos.
Por su parte, la Ley General de Salud define atribuciones para la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la detección oportuna; y, en el ámbito técnico, la NOM-041-SSA2 establece los criterios para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer de mama, lo que refuerza la necesidad de materiales y servicios cultural y lingüísticamente pertinentes para garantizar el acceso efectivo.
Bajo el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley (artículo 1o. constitucional), el Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, actuando con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En salud pública, ello exige que las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama sean accesibles y culturalmente pertinentes, incluyendo su disponibilidad en lenguas indígenas nacionales, dada la diversidad lingüística del país.
Este deber se refuerza por los compromisos internacionales:
La CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) define la discriminación contra la mujer como cualquier distinción basada en el sexo que menoscabe el ejercicio de sus derechos, y obliga a los Estados a adoptar medidas apropiadas -incluida la legislación- para eliminarla en todas las esferas. En materia de salud (artículo 12), los Estados deben asegurar a las mujeres igual acceso a los servicios de salud y a servicios apropiados, lo que implica remover barreras -entre ellas, las lingüísticas y culturales- que dificultan la información y la atención oportuna.
La Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ordena a los Estados establecer mecanismos de protección y políticas integrales. La violencia institucional puede incluir omisiones en los servicios de salud que menoscaben su ejercicio de derechos; por ello, diseñar campañas y servicios interculturales y lingüísticamente adecuados es una medida de debida diligencia para prevenir afectaciones.
En consecuencia, armonizar la Ley General de Salud para expresar —sin ambigüedad— la obligación de que la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama se diseñen, implementen y comuniquen con pertinencia cultural y en lenguas indígenas nacionales no sólo es consistente con el artículo 4o. constitucional (derecho a la salud) y con la competencia del Congreso en salubridad general (artículo 73, fracción XVI), sino que materializa los estándares de igualdad sustantiva y no discriminación en el acceso efectivo a la salud de las mujeres indígenas.
En suma, el problema no es solo clínico: es comunicacional y cultural. La iniciativa convierte esa realidad en obligaciones verificables para el sector salud, alineando práctica y norma para que toda mujer —independientemente de su lengua o contexto— pueda ejercer su derecho a la detección oportuna y a una atención digna y eficaz.
Cómo resuelve la presente iniciativa la problemática planteada:
• Obliga a diseñar y difundir materiales en lenguas indígenas nacionales, con validación lingüística y cultural.
• Instituye servicios de interpretación y mediación cultural durante la orientación, el tamizaje y la referencia.
• Establece capacitación del personal en comunicación intercultural y crea indicadores de cobertura/efectividad para evaluar resultados.
• Prioriza regiones con alta densidad de hablantes de lenguas indígenas y promueve la participación comunitaria de mujeres en el diseño y evaluación.
Las adiciones a la ley propuestas por la presente iniciativa establecen, entre otras cosas, lo siguiente:
La obligación para la Secretaría de Salud y las autoridades del Sistema Nacional de Salud de diseñar, producir, difundir y evaluar materiales e intervenciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama en lenguas indígenas nacionales y con pertinencia cultural; incluir servicios de interpretación cuando corresponda; capacitar al personal; y coordinarse con instituciones como el INPI y el INALI para asegurar calidad lingüística y cobertura territorial, aprovechando la colaboración técnica-social de organizaciones de la sociedad civil especializadas.
Para lo anterior podría contarse con la colaboración de organizaciones como la Fundación MILC (Médicos e investigadores en la lucha contra el cáncer de mama), que es una organización con más de 9 años de existencia conformada por profesionales de salud que lucha por mejorar la problemática en el diagnóstico y calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama en México.
El objetivo es transformar el panorama del cáncer de mama en México a través de acciones que eliminen las barreras que obstaculizan su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y que garanticen la atención integral y el cuidado humano de las pacientes.
Impacto normativo
• Ley General de Salud: adición de un capítulo específico y de artículos para establecer obligaciones lingüísticas e interculturales en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.
• Coordinación con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (aplicación armónica).
• No se derogan disposiciones; se precisa la obligación de accesibilidad lingüística e interculturalidad.
Compatibilidad constitucional y convencional
La presente iniciativa es compatible con el bloque de constitucionalidad y con los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado mexicano.
A continuación, se precisan, por ordenamiento y artículo, los fundamentos y la forma en que la propuesta los materializa.
Compatibilidad constitucional (CPEUM)
Igualdad y no discriminación-artículo 1o.
Contenido: Todas las personas gozan de los derechos humanos; las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Queda prohibida toda discriminación, entre otras, por origen étnico y por condiciones de salud.
Compatibilidad: La iniciativa remueve barreras lingüísticas y culturales en prevención y detección oportuna del cáncer de mama, avanzando igualdad sustantiva para mujeres hablantes de lenguas indígenas y cumpliendo el mandato de no discriminación.
Pueblos y comunidades indígenas-artículo 2o.
Contenido: Reconoce la composición pluricultural de la Nación; garantiza la libre determinación y el ejercicio de derechos colectivos; ordena a las autoridades asegurar el acceso a servicios y programas con pertinencia cultural.
Compatibilidad: Al exigir materiales y servicios en lenguas indígenas nacionales y, cuando corresponda, interpretación y mediación cultural, la iniciativa opera la pertinencia cultural en un área crítica: la salud de las mujeres.
Derecho a la protección de la salud-artículo 4o.
Contenido: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud; la ley establece bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas.
Compatibilidad: La propuesta precisa bases y modalidades para el acceso efectivo a información y servicios de prevención/detección (campañas, consejería, tamizaje) mediante adecuación lingüística e intercultural.
Competencia del Congreso en salubridad general-artículo 73, fracción XVI.
Contenido: Faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general.
Compatibilidad: La iniciativa adiciona a la Ley General de Salud obligaciones claras (materiales en lenguas indígenas, intérpretes/mediación cultural, capacitación, indicadores y evaluación), dentro de la competencia federal.
Planeación y evaluación-artículo 26
Contenido: Establece el Sistema de Planeación Democrática, con objetivos, metas e indicadores para la política pública.
Compatibilidad: La propuesta incorpora metas verificables (cobertura lingüística, evaluación anual de efectividad e informes públicos), alineadas con la planeación y la evaluación.
Jerarquía de tratados-artículo 133
Contenido: Los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano son ley suprema de la Unión.
Compatibilidad: Armonizar la LGS con CEDAW y Belém do Pará fortalece el control de convencionalidad interno y asegura congruencia normativa.
Compatibilidad legal (leyes federales)
Ley General de Salud (LGS)
Contenido: Organiza el Sistema Nacional de Salud y prevé acciones de promoción, prevención y detección oportuna; habilita coordinación interinstitucional y emisión de lineamientos.
Compatibilidad: La iniciativa adiciona un capítulo y artículos Bis para: (i) obligar la producción/difusión de materiales en lenguas indígenas nacionales; (ii) incorporar interpretación y mediación cultural; (iii) capacitar al personal; (iv) fijar indicadores y evaluaciones; y (v) priorizar regiones con alta densidad de hablantes.
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI)
Contenido: Reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el español en cualquier asunto público; garantiza el derecho a comunicarse en la lengua propia y establece deberes de accesibilidad lingüística para las autoridades.
Compatibilidad: La iniciativa operativiza esos deberes en el sector salud, asegurando que la información y orientación para la detección oportuna sea disponible y comprensible para mujeres hablantes de lenguas indígenas, incluidos formatos no textuales y canales comunitarios.
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y normativa del INALI
Contenido: Atribuciones para coordinar, fortalecer y validar políticas con enfoque intercultural y lingüístico.
Compatibilidad: La iniciativa ordena convenios y coordinación con INPI/INALI para validación lingüística, cobertura territorial y priorización por lengua y región.
Compatibilidad convencional (tratados)
CEDAW-Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 1 y 12)
Contenido: Artículo 1 define discriminación contra la mujer; artículo 12 obliga a asegurar igual acceso a servicios de salud y a servicios apropiados en todas las etapas de la vida.
Compatibilidad: La iniciativa remueve barreras lingüísticas/culturales que obstaculizan el acceso a información y servicios de detección oportuna, cumpliendo el estándar de no discriminación y de ajustes apropiados en salud.
Convención de Belém do Pará-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículo 7).
Contenido: Deber estatal de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres; incluye superar obstáculos institucionales en el acceso a servicios.
Compatibilidad: Exigir pertinencia cultural, interpretación y evaluación previene omisiones que pueden configurar violencia institucional en servicios de salud.
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículos 2 y 25).
Contenido: Artículo 2 obliga a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a desarrollar acciones coordinadas; art. 25 establece que los servicios de salud deben organizarse considerando condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, con participación de los interesados.
Compatibilidad: La iniciativa incorpora participación comunitaria, mediación cultural y adecuación de materiales y canales (impresos, radio comunitaria, audiovisual) a contextos rurales/indígenas.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)-artículo 26, y Protocolo de San Salvador-artículo 10 (Derecho a la Salud)
Contenido: La CADH (artículo 26) obliga al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales.
Compatibilidad: Al fijar indicadores, priorización territorial, coordinación interinstitucional y evaluación anual, la iniciativa concreta medidas razonables y verificables hacia la efectividad del derecho a la salud sin discriminación.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción XIV Ter al artículo 7o. y se adiciona un artículo 113 Bis de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adiciona una fracción XIV Ter al artículo 7o. y se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I. a XIV Bis. ...
XIV Ter. Promover e incorporar la pertinencia cultural y lingüística en las estrategias, campañas y programas de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, con énfasis en cáncer de mama, garantizando la accesibilidad en lenguas indígenas nacionales y la coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para la determinación de lenguas y regiones prioritarias.
XV. ...
Artículo 113 Bis. Prevención y detección oportuna del cáncer de mama con pertinencia cultural y lingüística.
La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativas, diseñará, implementará y difundirá acciones de educación para la salud, prevención y detección oportuna del cáncer de mama que sean culturalmente pertinentes y accesibles en las lenguas indígenas nacionales que correspondan, conforme a la distribución de competencias aplicable. Para tal efecto, las autoridades deberán:
I. Diseñar, producir y difundir materiales informativos y educativos multiformato (impresos, audiovisuales, sonoros y digitales) en las lenguas indígenas nacionales determinadas para cada región, con validación lingüística y cultural;
II. Incorporar servicios de interpretación, traducción y mediación cultural durante la orientación, el tamizaje y la referencia para diagnóstico y tratamiento;
III. Capacitar al personal de salud en comunicación intercultural, pertinencia lingüística y contenidos de detección oportuna;
IV. Coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para la identificación de lenguas y regiones prioritarias y, en su caso, celebrar convenios con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en educación para la salud e interculturalidad;
V. Asegurar accesibilidad mediante el uso de canales comunitarios (incluida la radio comunitaria y puntos de encuentro locales) y adecuaciones para mujeres rurales o periurbanas;
VI. Establecer indicadores de cobertura, pertinencia y efectividad y publicar evaluaciones anuales desagregadas por edad, región y lengua.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor a 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos para la implementación del artículo 113 Bis, incluida la metodología de validación lingüística y cultural, y los indicadores de seguimiento.
Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicará dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el mapa de lenguas y regiones prioritarias para campañas y materiales sobre cáncer de mama.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.– Diputadas y diputados: Mayra Espino Suárez, Alejandro Avilés Álvarez, Alejandro Pérez Cuéllar, Alma Marina Vitela Rodríguez, Azucena Huerta Romero, Celia Esther Fonseca Galicia, Fátima Almendra Cruz Peláez, José Luis Hernández Pérez, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Luis Enrique Miranda Barrera, Ruth Maricela Silva Andraca, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. Adelante, diputado.
El diputado José Alejandro Aguilar López:Con su permiso, señora presidenta y del pueblo de México.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa de reformas al artículo 7o. en sus fracciones I y VIII, de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, tiene el propósito de adecuar las disposiciones normativas que se contienen en esas dos disposiciones. A los cambios legales que se han producido en otros ordenamientos jurídicos con posterioridad a su inicio de vigencia.
Debemos tener presente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el ordenamiento legal donde se prevén las denominaciones y atribuciones de las distintas Secretarías de Estado, con la que cuenta la persona titular del Poder Ejecutivo federal, para llevar a cabo su tarea de gobierno.
En este sentido, debemos tener en cuenta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2021, por el que se reforman los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para cambiar el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el de la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Para el caso del contenido de la fracción VIII del artículo 7o. de la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, en esta fracción VII del texto vigente, se prevé la existencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2024, a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 36, fracción XV y 38 Bis, se previó la existencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, misma que con el rango de Secretaría de Estado sustituye a la antigua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el que resulta conveniente realizar la normativa que se propone con esta nueva Secretaría, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un firme compromiso con el desarrollo tecnológico del país, pues eso se constituye en una herramienta de gran importancia para profundizar la soberanía e independencia económica del país, al no depender de países o agentes económicos externos para potenciar nuestro desarrollo.
De igual forma, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es un firme defensor de las políticas de nuestra presidenta para profundizar en independencia tecnológica del país. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito José Alejandro Aguilar López, diputado federal a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 7 de la Ley de la Agencia Espacial Mexicana, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosCompañeras y compañeros legisladores, la iniciativa de reformas al artículo 7 en sus fracciones I y VIII de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana tiene el propósito adecuar las disposiciones normativas que se contienen en esas dos disposiciones a los cambios legales que se han producido en otros ordenamientos jurídicos con posterioridad a su inicio de vigencia.
Debemos tener presente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es el ordenamiento legal donde se prevén la denominación y atribuciones de las distintas secretarias de Estado con las que cuenta la persona titular del Poder Ejecutivo federal para llevar acabo su tarea de gobierno.
En este sentido debemos tener en cuenta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2021 por el que se reforman los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para cambiar el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Para el caso del contenido de la fracción VIII del artículo 7 de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, en esta fracción 7 del texto vigente se prevé la existencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin embargo mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2024 a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 36, fracción XV, y 38 Bis se previó la existencia de la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación misma que con el rango de secretaria de Estado sustituye a la antigua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por lo que resulta conveniente realizar la normativa que se propone:
DecretoArtículo Único. Se reforman las fracciones I y VIII del artículo 7 de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana para quedar como sigue:
Artículo 7. La Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana estará integrada por 15 miembros, que serán:
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien la presidirá;
II. a VII. ...
II. a VII. ...
VIII. El titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación;
IX. a XV. ...
TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre de 2025.– Diputado y diputada: José Alejandro Aguilar López, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para crear el Instituto Nacional de Cáncer de Mama. Adelante, diputada.
La diputada Xitlalic Ceja García:Con la venia de la presidenta. Agradezco a mis compañeras y compañeros que me están acompañando ya que este tema les compete a todas y a todos, de todos los partidos. Desafortunadamente, una de mis amigas falleció de cáncer de mama, la situación económica que ella tenía no le permitía, no solamente, haber tenido un diagnóstico oportuno, el tratamiento en ese entonces era muy costoso y ella no pudo tener acceso a este tratamiento para poder combatir el cáncer.
Mi padre murió de cáncer de hígado y actualmente conozco a varias personas que están padeciendo el terrible, el terrible y que no mide partidos políticos ni religiones, que es el cáncer.
Pero, en particular el cáncer de mama es la primera causa de muerte de cáncer en mujeres. Y la iniciativa que hoy vengo a presentar asume gran importancia y gran relevancia, porque yo estoy convencida que todas las legisladoras de esta Cámara y todos los legisladores se van a sensibilizar con este tema.
Por eso, estoy proponiendo crear el Instituto Nacional de Cáncer de Mama que será para atender mejor y coordinar a todo el país para poder atender a las mujeres en hospitales especializados.
Hoy les vengo a hablar acerca de las 31 mil mujeres que esperan una llamada, un resultado, una cita que no llega; de 8 mil que lamentablemente ya no están con nosotras y que se quedaron esperando esta cita; y por más de 20 millones de mexicanas mayores de 40 años que necesariamente requieren un diagnóstico oportuno, además por sus hijas, hijos, esposos y familiares que las acompañan a una mastografía y escuchan la terrible noticia de regrese en tres meses, cuando el miedo aprieta y el pecho y los días les pesa el doble.
Vengo a hablar de la vida cotidiana, del pasaje para poder cruzar la ciudad, de la fila que tienen que hacer desde las cinco de la mañana y que les digan que no hay turno, de la máquina que se descompuso, del aquí no hay radioterapias o simplemente esta clínica no te corresponde. Y ante eso, nosotras como legisladoras y legisladores tenemos y necesitamos legislar al respecto.
Por ello, yo estoy proponiendo que se realice este instituto nacional que tenga un centro de monitoreo de 24/7, que verá en un tablero público y hospital por hospital cuánto es lo que tarda cada paso, cada mastografía, biopsia, el resultado y el inicio del tratamiento. ¿Cuántos quirófanos y equipos de radioterapia están disponibles para que tenga medicinas e insumos y personal suficiente? Y si no fuere, se inicie un protocolo para que se atienda en las instalaciones del instituto sin costo alguno.
También, si un caso se pasa de los tiempos máximos, el sistema se encenderá, una alerta llevará ayuda inmediata, cita, traslado y equipo médico. Habrá una red de centros de mama con equipos completos, navegadoras de pacientes que acompañen todo el proceso y un folio único para que el expediente se vea en cualquier hospital.
¿Para qué un instituto? Para que la oportunidad no dependa de la posibilidad económica de cualquier mexicano. Sé que algunos dirán, el presupuesto no alcanza, no es suficiente, pero sí lo hubo en el pasado, presupuesto que aprobamos para un Tren Maya, para refinerías y para programas que yo considero no tienen la relevancia de poder salvar vidas, que por el solo hecho de ser mujeres se nace con una condición terrible, en la que desafortunadamente muchísimas mujeres y la estadística así lo dice, van a padecer.
A quienes hoy nos escuchan desde casa, esta iniciativa es para que el miedo no gobierne los calendarios para que no vuelvan a escuchar esa frase de “espere, vuelva luego”, cuando la urgencia es hoy. Para que el “todo va a estar bien” no sea una frase al aire.
Compañeros y compañeras, este no es un tema de partidos, es una causa de país. Votemos y digamos sí al Instituto Nacional de Cáncer de Mama. Dotemos y digámosle sí a la oportunidad y a la dignidad y al trato humano.
Votemos, sí, para poner el tiempo del lado de la víctima, del lado de la vida y del lado de las mujeres que padecen este terrible cáncer de mama.
Mexicanas y mexicanos al grito, despierta. De verdad, compañeras, las invito a todas y a todos a que se puedan registrar en esta noble iniciativa y lo hagamos por el bien de nuestras mujeres, de nuestras familias y que, además, el cáncer de mama no es exclusivo únicamente de mujeres, también ataca a los hombres. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear el Instituto Nacional de Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Xitlalic Ceja García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso XI) y se adiciona un inciso XII) al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por el que se crea el Instituto Nacional del Cáncer de Mama.
Exposición de MotivosEl cáncer de mama es un tumor maligno originado en el tejido mamario, con capacidad de invasión local y metástasis. A nivel mundial, es el cáncer más frecuente en mujeres y una causa relevante de mortalidad por cáncer en este grupo. Por consiguiente, su control exige organizar servicios alrededor de concientización, diagnóstico oportuno y tratamiento integral, con metas explícitas de desempeño para acotar demoras, orientar la toma de decisiones y mejorar el sistema de salud.
En lo que respecta a la ruta asistencial, el proceso se estructura en tres momentos encadenados, sospecha, diagnóstico e inicio de tratamiento. Ahora bien, la Global Breast Cancer Initiative propone reducir tiempos y fijar objetivos operativos, por ejemplo, avanzar en detección temprana, diagnóstico oportuno y manejo integral como condición para mejorar resultados poblacionales y clínicos. Por ejemplo, en Inglaterra el Faster Diagnosis Standard exige confirmar o descartar cáncer en 28 días tras una referencia urgente; en paralelo, la guía de Cancer Waiting Times define reglas uniformes para medir y reportar los hitos de 31 y 62 días, lo que permite gestionar cuellos de botella con transparencia. En complemento, el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención, establece cuándo referir por sospecha y cómo organizar el diagnóstico y el tratamiento según estadio y biología tumoral, de modo que la trayectoria clínica sea predecible y verificable.
Por su parte, la atención integral ocurre en unidades especializados o centros de mama que concentran volumen y operan con equipos multidisciplinarios dedicados. En particular, la actualización de la Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama (Eusoma), detalla los requisitos de un centro especializado, recomienda monitorear indicadores de calidad quirúrgica, sistémica y radioterapéutica; con ello, se obtienen estándares que reducen variabilidad y mejoran resultados. Para nuestro país, la NOM-041-SSA2-2011 es obligatoria en todo el sistema de salud, dispone la referencia inmediata de lesiones sospechosas, estandariza el uso de BI-RADS y exige decisiones coordinadas, con publicación en el Diario Oficial de la Federación que respalda su observancia general.
Es indispensable mencionar que una mujer debería recibir atención y prevención de alta calidad y oportuna con independencia de su domicilio, medicamentos necesarios, quimioterapias, intervenciones quirúrgicas, seguimiento puntual en la evolución de la enfermedad, tableros de desempeño y trayectorias asistenciales claras. A la vez, la PAHO promueve que en la Región de las Américas la adopción del marco de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la Organización Mundial de la Salud (GBCI) por sus siglas en inglés, con acciones coordinadas en promoción, detección, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos, lo cual alinea la organización de servicios con buenas prácticas internacionales.
En cuanto a las cifras a nivel mundial, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar en incidencia seguida del cáncer de pulmón que se diagnostica en ambos sexos, de modo que en 2022 se estimaron 2 millones 296 mil 840 casos nuevos. Además, ese año causó 666 mil 103 defunciones y existen 8 millones 178 mil 393 personas viviendo con el diagnóstico a cinco años de prevalencia. Es importante mencionar que la incidencia mundial ha aumentado en las últimas décadas, registrando un crecimiento anual del 3.1 por ciento. Si bien la mortalidad ha disminuido en países de altos ingresos, en 2020 se estimó que al menos 2.5 millones de muertes podrán ser evitadas para 2040 mediante una detección oportuna.
Ahora bien, el Observatorio Global de Cáncer confirma el patrón, el cáncer de mama concentra casi una de cada ocho neoplasias incidentes a nivel mundial y sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. Además, los informes de Cancer Today permiten desagregar por región y país para dimensionar brechas en incidencia, mortalidad y prevalencia; esa heterogeneidad exige respuestas adaptadas a recursos y capacidad de reacción por cada país.
De forma similar en el continente Americano, la PAHO y la OMS de forma alarmante mencionan la doble realidad, países con tasas altas de incidencia por detección activa conviven con países con acceso limitado al diagnóstico y al tratamiento; el resultado, por tanto, son mortalidades similares pese a incidencias distintas. De hecho, la campaña del Día Mundial contra el Cáncer 2024 alineó a la región con la meta de la GBCI, reducir la mortalidad por cáncer de mama en 2.5 por ciento anual para evitar 2.5 millones de muertes acumuladas hacia 2040 como anterior mente se mencionó, mediante tres pilares promoción, diagnóstico oportuno y tratamiento integral con métricas de desempeño.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos documenta diferencias notables entre países, de modo que la supervivencia neta a cinco años por cáncer de mama se acerca a 90 por ciento en los sistemas de mejor desempeño y ronda 70 % en otros; este gradiente refleja acceso, oportunidad y calidad del tratamiento y del seguimiento. Por consiguiente, medir y cerrar dichas brechas es una prioridad de política pública. En cuanto al tamizaje, la evidencia también muestra variación amplia. De manera similar se reporta que muchos países alcanzan coberturas 80 por ciento en mujeres de 50 a 69 años, mientras otros se quedan claramente por debajo; la participación depende del diseño del programa, de la invitación activa, la periodicidad y las barreras de acceso. Asimismo, Health at a Glance 2023 detalla que los programas organizados son la norma en la mayoría de países de altos ingresos, pero persisten brechas de participación y calidad que afectan la detección temprana y, en última instancia, los desenlaces; en América Latina y el Caribe, el panorama es heterogéneo y los informes regionales insisten en fortalecer tanto la cobertura como la capacidad diagnóstica.
Todas estas observaciones se relacionan también con los tiempos de la atención; los estándares internacionales convergen en tres hitos operativos, confirmación diagnóstica temprana y ventanas de 31 y 62 días para el inicio de tratamiento según la vía de referencia. En estudios recientes publicados por la revista especializada BMJ Oncology explica el Faster Diagnosis Standard ? 28 días, como punto de control intermedio y mantiene los umbrales de 31 y 62 días para decisión e inicio terapéutico, lo anterior demuestra referencias útiles para ordenar trayectorias y gestionar el tratamiento de la enfermedad.
Para nuestro país, el volumen del problema se puede cuantificar con dos indicadores duros proporcionados por el Inegi. Por un lado, la incidencia estimada en 2022 fue de 23 mil 790 casos nuevos y 30 mil para el 2024 aproximación útil ante la ausencia de un registro nacional plenamente consolidado. Por otro lado y muy lamentable, la mortalidad en 2023 alcanzó 8 mil 34 defunciones en ese mismo grupo, con una tasa nacional de 17.9 por cada 100 mil personas.
Ahora bien, el andamiaje operativo que guía la ruta “sospecha-diagnóstico-inicio de tratamiento” fue actualizado por la Secretaría de Salud en 2024 mediante un lineamiento técnico que ordena promoción, tamizaje con mastografía, confirmación diagnóstica y referencia oportuna para tratamiento integral; en paralelo, el IMSS mantiene su Programa de Acción Institucional con intervenciones definidas por nivel de atención y criterios de referencia-contrarreferencia.
En la cobertura de tamizaje, la evidencia nacional más reciente muestra retrocesos y recuperación parcial tras la pandemia. De acuerdo con un análisis de ENSANUT 2018, 2021 y 2022, la proporción de mujeres de 40 a 69 años con mastografía en el último año descendió de 27.46 por ciento (2018) a 16.03 por ciento (2021) y repuntó a 20.14 por ciento en 2022; con ello se visualiza que la participación es mayor en áreas urbanas, con menor marginación y cuando existe un mastógrafo a menos de 5 kilómetros de su domicilio. Dicho de otro modo, la geografía y los determinantes sociales siguen modulando quién accede y cuándo, de suerte que el primer censo nacional de radioterapia en México la densidad de equipos de radioterapia (RT) por millón de habitantes en México es de aproximadamente 1.7 a 1.8. Otras organizaciones internacionales, como DIRAC-OIEA, reportan 1.15 por millón de habitantes. El estudio incluyó 103 centros de RT, con una mediana de 2 centros por estado (rango de 0 en Tlaxcala a 20 en la Ciudad de México) y con un reporte de sólo 1 centro en 11 estados (34.4 por ciento), como se aprecia la brecha frente a los estándares internacionales es alarmante.
Por institución en México, la carga y la respuesta también son desiguales. Por ejemplo en el IMSS, los comunicados oficiales informan que anualmente se atienden de 12 a 13 mil pacientes de primera vez con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama, cifra que aumenta hasta 50 mil derechohabientes en forma anual entre primera consulta, visitas subsecuentes, y control y seguimiento una vez que son dadas de alta, así como 1.4 millones de mamografías durante 2024 además existen clínicas de mama que concentran tamizaje y diagnóstico en zonas urbanas con el mayor número de mastografías y consultas. En cuanto al ISSSTE, la institución de manera similar, opera servicios de detección, diagnóstico y tratamiento, y publica anualmente su anuario estadístico con capítulos sobre infraestructura y equipamiento y atenciones, por ejemplo, durante 2022 esta institución realizó 76 mil 451 mastografías, mientras que en 2023 fueron 94 mil 408. Aunque la cifra tiene un aumento esto no es suficiente, considerando que el instituto brinda cobertura a 3 millones 977 mil 766 mujeres derechohabientes de 40 a 69 años. Finalmente, el IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud reportó en 2024 la puesta en marcha de cinco centros de telerradiología para lectura de 540 mil personas y ha permitido 23 mil 520 procedimientos potenciales de confirmación diagnóstica, este dato aunque es alentador no es claro si también incluyen a los derechohabientes del IMSS.
Asimismo, la FUCAM sostiene desde 2005 un programa de unidades móviles con mastógrafos digitales y, a 2025, refiere un impacto acumulado superior a 70 mil personas atendidas; su modelo de “centro de mama” con diagnóstico y tratamiento integral.
De acuerdo con el último Informe de Avance y Resultados del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) de enero de 2023 a junio de 2024, no se desglosa de forma sistemática en los resúmenes el total de mastografías, pero sí se documenta la magnitud de la atención, de modo que en ese periodo mil 195 personas fueron atendidas en el programa de detección y atención de cáncer de mama y se realizaron mil 240 cirugías oncológicas de mama.
Llegados a este punto es importante argumentar que el Estado mexicano no garantiza un diagnóstico oportuno de cáncer de mama. La realidad es cruda, como se evidencio anteriormente miles de mujeres chocan con citas diferidas, derivaciones que se pierden y estudios que llegan tarde. La ruta clínica se rompe en el primer tramo y, cuando por fin se confirma el diagnóstico, el tumor ya avanzó y peor aún, no se garantiza el tratamiento. La puerta de entrada existe, pero no es suficiente, así como los quirófanos, las quimioterapias o las radioterapias no siempre están disponibles cuando la clínica lo exige. Las listas de espera, la concentración de equipos y la ausencia de fechas obligatorias convierten de semanas a meses. Cada demora es una sentencia silenciosa, más enfermedad avanzada, más mutilaciones innecesarias, más abandono por agotamiento económico y emocional.
Además de lo anterior, el problema no es solo de gestión deficiente. Es, sobre todo, un incumplimiento flagrante de las obligaciones internacionales de México en materia de derecho a la salud y de servicios oportunos para las mujeres con cáncer de mama. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud (artículo 12). Su interpretación define obligaciones concretas, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, además de oportunidad en la atención. La no disponibilidad de servicios oncológicos en tiempo clínicamente pertinente, la inaccesibilidad geográfica, financiera y la variabilidad de calidad contravienen esas obligaciones mínimas inmediatas, incluida la no discriminación.
Asimismo, la CEDAW obliga a eliminar la discriminación contra la mujer en la atención médica y a asegurar, en condiciones de igualdad, el acceso efectivo a servicios de salud (artículo 12). México ratificó la CEDAW y, por tanto, asumió deberes reforzados en salud de las mujeres; sostener itinerarios que penalizan por lugar de residencia, nivel socioeconómico o pertenencia étnica reproduce discriminación en el acceso al diagnóstico y al tratamiento del cáncer de mama.
De manera similar, el Protocolo de San Salvador reconoce el derecho a la salud y exige desarrollar servicios que cubran a toda la población, con atención primaria, educación sanitaria y prestaciones efectivas. Aunque la realización es progresiva, la no discriminación y la obligación de adoptar medidas razonables e inmediatas son exigibles hoy; las demoras sistemáticas y la carencia de radioterapia o cirugía oportuna vulneran el núcleo esencial del derecho de la mujer.
Luego entonces materia de esta iniciativa es crear el Instituto Nacional del Cáncer de Mama para corregir, un sistema que hoy no garantiza diagnóstico ni tratamiento oportunos, pero sobre todo de manera integral el tratamiento que las mujeres mexicanas con cáncer de mama necesitan como cirugía oncológica y reconstructiva, quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia y terapias dirigidas e inmunoterapia; rehabilitación y cuidados paliativos; acompañamiento psicosocial, navegación de pacientes y protección financiera, con abasto continuo de insumos y personal especializado, bajo plazos vinculantes, estándares de calidad y una red acreditada que garantice continuidad de la atención en todo el país. Con ello se aporta a no más peregrinajes, no más listas de espera, no más desigualdad por el lugar en donde viven las mujeres. El Instituto pondrá reglas obligatorias de tiempo, coordinará una red nacional acreditada y asegurará insumos, personal y tecnología donde hacen falta. Con ello pasar del “cuando se pueda” al “se atiende a tiempo”.
En segundo término, el Instituto alineará su mandato con el Artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para que deje de ser una declaración genérica y se convierta en un compromiso operativo.
Finalmente, el Instituto obtendrá un presupuesto etiquetado y multianual, compras estratégicas de radioterapia y diagnóstico, navegación de pacientes para evitar pérdidas en el camino, y auditorías clínicas periódicas. Habrá informes trimestrales, consejo ciudadano con voz y voto, y consecuencias por incumplir tiempos o estándares, con este Instituto, el Estado mexicano se obliga a llegar a tiempo, tratar bien y salvar vidas.
Para efectos de una mejor apreciación de la propuesta, a continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:
A la luz de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el inciso XI y se adiciona un inciso XII al artículo 5. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Artículo Único: se reforma el inciso XI y se adiciona un inciso XII al artículo 5. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. a X. ...
XI. Instituto Nacional del Cáncer de Mama.
XII. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
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23 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2023). PAI Cáncer de mama (ficha programática). Ciudad de México: IMSS. Consultado el 3 de octubre de 2025 en:
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24 Instituto Nacional de Salud Pública. (2020). ENSANUT 2018-19. Resultados nacionales. Cuernavaca: INSP. Consultado el 3 de octubre de 2025 en:
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/en sanut_2018_informe_final.pdf
25 Alvarado-López, A. L., Texcalac-Sangrador, J. L., Ortega-Olvera, C., Torres-Mejía, G., Uscanga-Sánchez, S., Sánchez-Zamorano, L. M., & Ángeles-Llerenas, A. (2025). Cobertura de mastografía en mujeres mexicanas: estimación y análisis de los factores asociados. Salud Pública de México, 67(3), 227-238. Consultado el 3 de octubre de 2025 en:
https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/16507
26 Magos, F. M., et al. (2020). Radiation oncology in Mexico: Current status according to Mexico’s Radiation Oncology Certification Board. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 25(6), 1006—1012. Consultado el 03 de octubre de 2025 en:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32999634/
27 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2024, 19 de octubre). Atiende IMSS de 12 a 13 mil pacientes por cáncer de mama; impulsa acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento (Comunicado 034/2024). Consultado el 3 de octubre de 2025 en:
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28 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE]. (2024, 7 de agosto). Inaugura ISSSTE Centro de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en CE “Indianilla”. Gobierno de México. Consultado el 3 de octubre de 2025, de
https://www.gob.mx/issste/prensa/inaugura-issste-centro-de-detec cion-y-diagnostico-de-cancer-de-mama-en-ce-indianilla
29 Secretaría de Salud. (2024, 7 de mayo). Mastografía y ultrasonido, acciones para detección oportuna de cáncer de mama: INCan (Comunicado 172). Consultado el 4 de octubre de 2025 en:
https://www.gob.mx/salud/prensa/421-avanza-sector-salud-en-preve ncion-y-atencion-primaria-a-cancer-de-mama
30 FUCAM. (siin fecha.) Unidades móviles. Consultado el 4 de octubre de 2025 en:
https://www.fucam.org.mx/para-pacientes/unidades-moviles
31 FUCAM. (2025, 6 de julio). 25 años de FUCAM: un legado de esperanza y lucha contra el cáncer de mama (blog). Consultado el 4 de octubre de 2025 en:
https://www.fucam.org.mx/blogs/25-anos-de-fucam-un-legado-de-esp eranza-y-lucha-contra-el-cancer-de-mama
32 Instituto Nacional de Cancerología (Incan). (2024, junio). Avance y Resultados: Enero 2023-junio 2024. Gobierno de México. Consultado el 4 de octubre de 2025 en:
https://www.gob.mx/salud/prensa/incan-a-la-vanguardia-en-la-prev encion-diagnostico-y-tratamiento-de-cancer-de-mama
33 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). (1966/1976). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12). Obtenido el 5 de octubre de 2025 en:
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-covenant-economic-social-and-cultural-rights
34 Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), artículo 12. Consultado el 5 de octubre de 2025 en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
35 Organización de los Estados Americanos (OEA). (1988/1999). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), artículo 10. Consultado el 05 de octubre de 2025 en:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025.– Diputadas y diputados: Xitlalic Ceja García, Alan Sahir Márquez Becerra, Ariana del Rocío Rejón Lara, Azucena Huerta Romero, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Celia Esther Fonseca Galicia, Emilio Suárez Licona, Eva María Vásquez Hernández, Humberto Ambriz Delgadillo, Israel Betanzos Cortés, José Alejandro Aguilar López, José Luis Hernández Pérez, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Liliana Ortiz Pérez, Lorena Piñón Rivera, Luis Agustín Rodríguez Torres, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Mario Zamora Gastélum, Martha Amalia Moya Bastón, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Patricia Flores Elizondo, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Verónica Pérez Herrera (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La diputada Canseco, a sus órdenes.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia (desde la curul): Celia Fonseca.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Discúlpame, Celia querida, a tus órdenes.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia (desde la curul): Para felicitar a la diputada Xitlalic Ceja, de verdad que la felicito mucho. Incluso, mi compañera Maira Espino acaba también de presentar su iniciativa sobre el mismo tema. Este es un tema muy importante para todas las mujeres. Yo, incluso, también acabo de presentar una iniciativa tocante a solicitar las mastografías gratuitas. Entonces, cuenta con todo mi apoyo y le pido me permita adherirme a su iniciativa. Muchas felicidades.
La diputada Xitlalic Ceja García: Adelante. Y también cuentas con nuestra firma para tu iniciativa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada Celia. La diputada proponente ha aceptado su acompañamiento. Tengo varias solicitudes, la diputada Margarita Zavala está solicitando adherirse a su iniciativa.
La diputada Xitlalic Ceja García: Claro que sí, claro que sí, diputada Margarita. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El diputado Mario Zamora también. Diputado.
El diputado Mario Zamora Gastélum (desde la curul): Grupo Parlamentario...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Si son tan amables, ponerle audio. Adelante, diputado.
El diputado Mario Zamora Gastélum (desde la curul): Gracias, presidenta. Para sumarnos todo el Grupo Parlamentario del PRI con nuestra querida compañera Xitlalic.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Entiendo que la diputada ha aceptado. La diputada Leticia, la diputada Verónica, ah, ha aceptado también. Si son tan amables, las y los diputados que deseen firmar la iniciativa será esta Secretaría la que esté recibiendo las firmas y la diputada proponente agradece.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar dos iniciativas y las enuncio. La primera. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial. La segunda. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial. Adelante coordinador.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas:Muchas gracias, diputada presidenta. Efectivamente, vengo a este pleno de esta Cámara de los Diputados, para presentar estas dos iniciativas que buscan darle una solución a una problemática actual y latente, la violencia digital, que se genera a partir de cualquier programa de computación, muchas veces en redes sociales, con aplicaciones por medio de inteligencia artificial o sitios web y otros dispositivos o medios tecnológicos.
Una violencia que afecta a las mujeres, pero que se agrava cuando se trata de niñas y adolescentes, que preocupa a los padres de familia, y en el Verde, en el Grupo Parlamentario del Verde somos sensibles y estamos comprometidos con la causa de evitar y de terminar con la violencia digital.
Como ejemplo, desgraciadamente tengo que citar un evento que sucede en mi estado, en Zacatecas, capital, donde mujeres estudiantes de la secundaria técnica número 1, ubicado en este municipio, denunciaron que tres compañeros les habían tomado fotografías, las imágenes fueron alteradas, modificadas y sexualizaron con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial.
Aparentemente se creó un catálogo en una página de internet para subir y difundir estas imágenes modificadas. Este hecho afectó psicológicamente y severamente a estas estudiantes agredidas, a estas jóvenes zacatecanas.
Causó indignación también en la sociedad y en los padres de familia, quienes protestaron haciendo un bloqueo a los accesos a esta secundaria técnica número 1 y a las vialidades cercanas a ella.
Por ello, para evitar que estas fotos sigan subiendo a internet, hay que recordar y hay que ubicar que los estudiantes utilizaron una aplicación en un celular o en una tableta o algún programa de cómputo y después subieron, vía web, el contenido alterado. Todo, hay que decirlo de manera clara, con un acceso libre e ilimitado al internet, lo cual nos deja claro que no hay ningún tipo de control sobre las páginas o programas que utilizan los menores de edad.
De acuerdo con el fiscal de Zacatecas, este señalamiento es en contra de un adolescente de esta secundaria técnica, que hasta el día martes 12 de noviembre, el pasado martes 12, había 46 denuncias ya presentadas.
Aún no hay prueba de la existencia ni se ha logrado dar con la página de internet que esté actualmente en la web. Con la ayuda de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad federal, están rastreando esta página, cuándo fue que se creó, cuándo la subieron y cuándo es que la bajaron.
Ante esta situación proponemos reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer el control parental obligatorio en la descarga y compra de aplicaciones para el acceso a redes sociales, a páginas y contenido en la red no apto para menores de edad, también para los celulares, tabletas y computadoras, contar con un control parental para el acceso a internet, un clic con control parental, un clic seguro.
Ésta es una medida preventiva, con el cual buscamos que con este control parental buscamos cuidar a los niños y adolescentes.
En muchas ocasiones pueden realizar acciones similares a éstas por falta de conciencia, por un descuido, por una broma, por una travesura o por un error, más esto causa un daño muchas veces irreparable en las víctimas.
Los niños o adolescentes descargan aplicaciones, juegos o ven contenido inapropiado para su edad, por lo mismo también proponemos reformar el Código Penal Federal para actualizar el delito de violación a la intimidad sexual para que se incluya la alteración de imágenes, audios o videos con contenido sexual, incluyendo el uso de la inteligencia artificial.
Esta reforma busca ser también un paraguas para armonizar el Código Penal en Zacatecas y en el resto de los estados, la intención es evitar estas agresiones tanto en Zacatecas como en el resto del país.
La iniciativa complementará la reforma conocida como la Ley Olimpia, la intención es prevenir y evitar la violencia digital, no busca criminalizar, justicia sí, sin revictimizar ni criminalizar, pero si aun con todas estas medidas preventivas los agresores burlan los controles que sepan que tendrán y existirá un castigo.
Vamos por entornos digitales seguros para las niñas y niños, clic con control parental.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Esperando el respaldo de todas y todos ustedes, compañeras, compañeros diputados. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 119 Octies al Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa violencia de género facilitada por la tecnología abarca una variedad de comportamientos dañinos amplificados por medios tecnológicos, que afectan principalmente a mujeres y niñas, uno de estos es el abuso basado en imágenes e implica la creación, distribución o amenaza de distribución no consentida de imágenes íntimas.
El auge de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a la proliferación de imágenes íntimas manipuladas creadas y distribuidas fácilmente, a menudo denominadas “deepfakes”. Estas imágenes implican la creación de imágenes de desnudos a partir de fotos existentes y otras formas de alteración digital que ya son sancionadas en distintas entidades federativas de nuestro país a raíz de la Ley Olimpia.
El impacto en las víctimas de estas conductas incluye un trauma psicológico severo, daño a la reputación y una pérdida de control sobre su propia imagen y cuerpo. La accesibilidad y el realismo de los deepfakes presentan un desafío por la indistinguibilidad de estas imágenes con la realidad, lo cual impacta las definiciones legales y los estándares probatorios actuales. La facilidad de creación y la dificultad en la detección aumentan el daño que sufren las víctimas y complican el enjuiciamiento de los responsables; sin embargo, es nuestro deber procurar que las leyes se actualicen teniendo en cuenta estos avances tecnológicos.
Debido a que el espacio digital tiene gran alcance, los daños y las afectaciones son mayores para las víctimas, situación que se agrava cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por mencionar un ejemplo, hace unos días, en Zacatecas capital, varias estudiantes de una secundaria denunciaron que sus compañeros les tomaron fotografías y con herramientas de inteligencia artificial las editaron con contenido sexual.
Para editar las fotos y subirlas, los estudiantes involucrados necesariamente utilizaron una aplicación de celular o a un programa de cómputo y después entraron a Internet. Si bien este caso está relacionado con contenido sexual, hay otros tipos de violencia digital contra las niñas, las adolescentes y las mujeres como el ciberacoso, el ciberhostigamiento, hackeo y robo de identidad y el espiar o vigilar en línea, entre otras. Este caso nos indica que no hay ningún control sobre las páginas o los programas que utilizan los menores de edad.
Para atender esta problemática es necesario hacer obligatorio que los fabricantes incorporen herramientas de control parental en los dispositivos electrónicos con conexión a internet como celulares, tabletas y computadoras. Así, los padres también estarán obligados a revisar y limitar el acceso de sus hijos a ciertas aplicaciones, programas o contenidos inapropiados para su edad.
La finalidad es activar medidas de seguridad y privacidad para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes; así como garantizar medidas preventivas que permitan entornos digitales seguros para ellos.
Por lo que respecta al ámbito penal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla un capítulo dedicado a la violencia digital y mediática, así como el Código Penal Federal ya contempla como delito de violación a la intimidad sexual la elaboración de imágenes, audios o videos con contenido sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación u autorización; sin embargo, quedan fuera de la descripción del delito, la alteración de este tipo de archivos mediante programas o plataformas de inteligencia artificial.
Al respecto, organismos internacionales tales como ONU-Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) han publicado numerosos informes y convocado reuniones de grupos de expertos para definir este tipo de violencia y promover respuestas eficaces de los Estados. Estos informes enfatizan la prevalencia del abuso digital, incluido el abuso basado en imágenes, y recomiendan reformas legales y un adecuado sistema de sanción y rendición de cuentas.
Dichos documentos proporcionan datos valiosos sobre la escala y la naturaleza del problema, pero traducir estos hallazgos en acciones legales concretas a nivel nacional sigue siendo un desafío. Las recomendaciones clave de estos informes que han sido implementadas con éxito por los países son dignas de mención.
En Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea de 2023 tipifica como delito el intercambio de imágenes íntimas “deepfake” sin consentimiento, esta enmienda modifica leyes anteriores que no cubrían explícitamente las imágenes alteradas. Esta ley también cubre las amenazas de compartir dichas imágenes y significa un creciente reconocimiento de los daños específicos causados por esta conducta.
En Francia, la Ley de la República Digital de 2016 incluye un delito que penaliza la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, de igual forma la Ley núm. 2024-341 del 15 de abril de 2024 relativa a la seguridad y regulación del espacio digital (Ley SRN) prohíbe explícitamente el intercambio no consentido de contenido “ deepfake” a menos que sea obvio que el contenido se generó artificialmente.
Canadá tipificó como delito la difusión de imágenes íntimas no consentidas en 2014 mediante una enmienda a su Código Penal, algunas leyes provinciales, como las de Saskatchewan y Columbia Británica, incluyen específicamente copias alteradas digitalmente de imágenes íntimas en sus definiciones. Este país ha sido pionero en abordar la violencia de género por medios digitales en algunas provincias que cubren explícitamente las imágenes manipuladas.
En Estados Unidos no existe una ley federal integral que tipifique específicamente como delito la creación o distribución de “ deepfakes” sexualizados de adultos sin consentimiento; sin embargo, algunos estados, incluidos California, Texas y Hawái, han enmendado las leyes para incluir la creación o distribución no consentida de imágenes “ deepfake” sexualizadas.
Por lo que respecta a las sanciones, estas incluyen desde multas hasta penas de prisión de varios años, según la jurisdicción y la intención del perpetrador, la aplicación puede ser difícil debido a la naturaleza en línea de los delitos y a las cuestiones jurisdiccionales.
En los países que se ha incorporado estas conductas al catálogo penal se han reconocido complicaciones debido a la sofisticada tecnología de los programas y plataformas de inteligencia artificial porque cada vez más difícil distinguir entre imágenes reales y falsas.
Las soluciones técnicas y los métodos de verificación que están desarrollando los países para abordar este desafío, así como la forma en que la ley evoluciona, debe ser igual de contundente.
En nuestro contexto, las áreas potenciales para el desarrollo legislativo incluyen la prevención mediante controles parentales y la armonización de las definiciones y sanciones a nivel internacional para mantenerse al día con la rápida evolución de la tecnología y la implementación de mecanismos para garantizar la eliminación efectiva de este tipo de contenido en línea.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial.
Artículo Único. Se reforma el artículo 119 Octies del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 199 Octies. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.
Así como quien video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima, elabore o altere imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización, incluyendo el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial.
Estas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Así definido por el organismo internacional ONU-MUJERES. Véase Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women | UN Women — Headquarters. Disponible en
https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling- stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women
2 Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger protections against technology-facilitated abuse - Queen Mary University of London. Disponible en:
https://www.qmul.ac.uk/media/news/2025/humanities-and-social-sci ences/hss/deepfakes-and-the-law-why-britain-needs-stronger-protections-against- technology-facilitated-abuse.html
3 La “Ley Olimpia” y el combate a la violencia digital. Disponible en
https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-comb ate-a-la-violencia-digital?idiom=es#:~: text=%C2% BFQu%C3%A9%20es%3F,digitales%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20ciberviolenc ia.
4 Op. Cit., Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger protections against technology-facilitated abuse.
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049371445
6 Exploring Legal Approaches to Regulating Nonconsensual Deepfake Pornography, TechPolicy Press. Disponible en:
https://www.techpolicy.press/exploring-legal-approaches-to-regul ating-nonconsensual-deepfake-pornography/
7 Deepfake Laws: Deepfakes regulations in the digital age. Disponible en:
https://www.yoti.com/blog/deepfake-laws/
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.– Diputados y diputadas: Carlos Alberto Puente Salas, Alejandro Avilés Álvarez, Alejandro Pérez Cuéllar, Azucena Huerta Romero, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Celia Esther Fonseca Galicia, Emilio Suárez Licona, Fátima Almendra Cruz Peláez, José Luis Hernández Pérez, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Liliana Ortiz Pérez, Lorena Piñón Rivera, Luis Enrique Miranda Barrera, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Mario Zamora Gastélum, Martha Amalia Moya Bastón, Mayra Espino Suárez, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Noel Chávez Velázquez, Noemí Berenice Luna Ayala, Nora Yéssica Merino Escamilla, Olga Juliana Elizondo Guerra, Patricia Galindo Alarcón, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Ruth Maricela Silva Andraca, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Verónica Pérez Herrera, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado coordinador. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
LEY EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
El diputado Carlos Alberto Puente Salas:
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en lo relacionado con el control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo al artículo 191 y un cuarto párrafo al artículo 219 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa violencia de género facilitada por la tecnología abarca una variedad de comportamientos dañinos amplificados por medios tecnológicos, que afectan principalmente a mujeres y niñas, uno de estos es el abuso basado en imágenes e implica la creación, distribución o amenaza de distribución no consentida de imágenes íntimas.
El auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha llevado a la proliferación de imágenes íntimas manipuladas creadas y distribuidas fácilmente, a menudo denominadas “deepfakes”. Estas imágenes implican la creación de imágenes de desnudos a partir de fotos existentes y otras formas de alteración digital que ya son sancionadas en distintas entidades federativas de nuestro país a raíz de la Ley Olimpia.
El impacto en las víctimas de estas conductas incluye un trauma psicológico severo, daño a la reputación y una pérdida de control sobre su propia imagen y cuerpo. La accesibilidad y el realismo de los deepfakes presentan un desafío por la indistinguibilidad de estas imágenes con la realidad, lo cual impacta las definiciones legales y los estándares probatorios actuales. La facilidad de creación y la dificultad en la detección aumentan el daño que sufren las víctimas y complican el enjuiciamiento de los responsables; sin embargo, es nuestro deber procurar que las leyes se actualicen teniendo en cuenta estos avances tecnológicos.
Debido a que el espacio digital tiene gran alcance, los daños y las afectaciones son mayores para las víctimas, situación que se agrava cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por mencionar un ejemplo, hace unos días, en Zacatecas capital, varias estudiantes de una secundaria denunciaron que sus compañeros les tomaron fotografías y con herramientas de inteligencia artificial las editaron con contenido sexual.
Para editar las fotos y subirlas, los estudiantes involucrados necesariamente utilizaron una aplicación de celular o a un programa de cómputo y después entraron a Internet. Si bien este caso está relacionado con contenido sexual, hay otros tipos de violencia digital contra las niñas, las adolescentes y las mujeres como el ciberacoso, el ciberhostigamiento, hackeo y robo de identidad y el espiar o vigilar en línea, entre otras. Este caso nos indica que no hay ningún control sobre las páginas o los programas que utilizan los menores de edad.
Para atender esta problemática es necesario hacer obligatorio que los fabricantes incorporen herramientas de control parental en los dispositivos electrónicos con conexión a internet como celulares, tabletas y computadoras. Así, los padres también estarán obligados a revisar y limitar el acceso de sus hijos a ciertas aplicaciones, programas o contenidos inapropiados para su edad.
La finalidad es activar medidas de seguridad y privacidad para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes; así como garantizar medidas preventivas que permitan entornos digitales seguros para ellos.
En tal virtud, proponemos reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Difusión con el objetivo de obligar a proveedores de servicios de acceso a internet, tiendas de aplicaciones, administradores de las plataformas de difusión de videos, audios e imágenes, así como de redes sociales digitales a establecer controles parentales de cada red o plataforma. Así como implantar mejores prácticas y sistemas para detectar y evitar la difusión de contenidos que afecten el desarrollo de las personas o sean constitutivos de delitos.
Por lo que respecta al ámbito penal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla un capítulo dedicado a la violencia digital y mediática, así como el Código Penal Federal ya contempla como delito de violación a la intimidad sexual la elaboración de imágenes, audios o videos con contenido sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación u autorización; sin embargo, quedan fuera de la descripción del delito, la alteración de este tipo de archivos mediante programas o plataformas de inteligencia artificial.
Al respecto, organismos internacionales tales como ONU-Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) han publicado numerosos informes y convocado reuniones de grupos de expertos para definir este tipo de violencia y promover respuestas eficaces de los Estados. Estos informes enfatizan la prevalencia del abuso digital, incluido el abuso basado en imágenes, y recomiendan reformas legales y un adecuado sistema de sanción y rendición de cuentas.
Dichos documentos proporcionan datos valiosos sobre la escala y la naturaleza del problema, pero traducir estos hallazgos en acciones legales concretas a nivel nacional sigue siendo un desafío. Las recomendaciones clave de estos informes que han sido implementadas con éxito por los países son dignas de mención.
En Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea de 2023 tipifica como delito el intercambio de imágenes íntimas “deepfake” sin consentimiento, esta enmienda modifica leyes anteriores que no cubrían explícitamente las imágenes alteradas. Esta ley también cubre las amenazas de compartir dichas imágenes y significa un creciente reconocimiento de los daños específicos causados por esta conducta.
En Francia, la Ley de la República Digital de 2016 incluye un delito que penaliza la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, de igual forma la Ley núm. 2024-341 del 15 de abril de 2024 relativa a la seguridad y regulación del espacio digital (Ley SRN) prohíbe explícitamente el intercambio no consentido de contenido “ deepfake” a menos que sea obvio que el contenido se generó artificialmente.
Canadá tipificó como delito la difusión de imágenes íntimas no consentidas en 2014 mediante una enmienda a su Código Penal, algunas leyes provinciales, como las de Saskatchewan y Columbia Británica, incluyen específicamente copias alteradas digitalmente de imágenes íntimas en sus definiciones. Este país ha sido pionero en abordar la violencia de género por medios digitales en algunas provincias que cubren explícitamente las imágenes manipuladas.
En Estados Unidos no existe una ley federal integral que tipifique específicamente como delito la creación o distribución de “ deepfakes” sexualizados de adultos sin consentimiento; sin embargo, algunos estados, incluidos California, Texas y Hawái, han enmendado las leyes para incluir la creación o distribución no consentida de imágenes “ deepfake” sexualizadas.
Por lo que respecta a las sanciones, estas incluyen desde multas hasta penas de prisión de varios años, según la jurisdicción y la intención del perpetrador, la aplicación puede ser difícil debido a la naturaleza en línea de los delitos y a las cuestiones jurisdiccionales.
En los países que se ha incorporado estas conductas al catálogo penal se han reconocido complicaciones debido a la sofisticada tecnología de los programas y plataformas de inteligencia artificial porque cada vez más difícil distinguir entre imágenes reales y falsas.
Las soluciones técnicas y los métodos de verificación que están desarrollando los países para abordar este desafío, así como la forma en que la ley evoluciona, debe ser igual de contundente.
En nuestro contexto, las áreas potenciales para el desarrollo legislativo incluyen la prevención mediante controles parentales y la armonización de las definiciones y sanciones a nivel internacional para mantenerse al día con la rápida evolución de la tecnología y la implementación de mecanismos para garantizar la eliminación efectiva de este tipo de contenido en línea.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo al artículo 191 y un cuarto párrafo al artículo 219 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial.
Artículo Único. Se adicionan un tercer párrafo al artículo 191 y un cuarto párrafo al artículo 219 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 191. Los concesionarios y los autorizados contemplados en la fracción I del artículo 159 de la Ley deberán bloquear contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa, escrita o grabada del usuario o suscriptor o por cualquier otro medio electrónico, sin que el bloqueo pueda extenderse arbitrariamente a otros contenidos, aplicaciones o servicios distintos de los solicitados por el usuario o suscriptor. En ningún caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicios y a las aplicaciones que se encuentran en Internet.
Asimismo, deberán tener disponible para los usuarios que lo soliciten, un servicio de control parental y publicar de manera clara las características operativas de este servicio y las instrucciones para que el usuario pueda operar las aplicaciones necesarias para el correcto funcionamiento del mencionado servicio.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los proveedores de servicios de acceso a internet, las tiendas de aplicaciones, los administradores de las plataformas de difusión de videos, audios e imágenes, así como de redes sociales digitales, deberán establecer controles parentales de cada red o plataforma a la cual permitan que la o el adolescente tenga acceso. Para tal efecto deberán desarrollar sistemas para detectar y evitar la difusión de contenidos que afecten el desarrollo integral de las personas o sean constitutivos de delitos; garantizar configuraciones seguras por defecto en dispositivos y cuentas de menores; asegurar que los sistemas de recomendación y algoritmos no promuevan contenido inapropiado ni violento para menores y permitir la eliminación inmediata de imágenes, videos o audios manipulados que involucren a menores de edad.
Artículo 219. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. de la Constitución y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:
I. a XVI. ...
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Asimismo, los fabricantes de dispositivos electrónicos con conexión a internet, así como los concesionarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones y de acceso a la red, deberán incorporar mecanismos automáticos de control parental y filtros de contenido inapropiado que permitan prevenir el acceso de niñas, niños y adolescentes a materiales, aplicaciones o plataformas que puedan afectar su desarrollo integral. Dichos mecanismos deberán ser de fácil activación, garantizar la protección de datos personales y ajustarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con las autoridades competentes.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con Transparencia para el Pueblo, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 219 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativos a la implementación de mecanismos automáticos de control parental y filtros de contenido inapropiado por parte de los fabricantes de dispositivos electrónicos con conexión a internet, así como de los concesionarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones y de acceso a la red.
Notas
1 Así definido por el organismo internacional ONU-MUJERES. Véase Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women | UN Women — Headquarters. Disponible en
https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling- stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women
2 Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger protections against technology-facilitated abuse - Queen Mary University of London. Disponible en:
https://www.qmul.ac.uk/media/news/2025/humanities-and-social-sci ences/hss/deepfakes-and-the-law-why-britain-needs-stronger-protections-against- technology-facilitated-abuse.html
3 La “Ley Olimpia” y el combate a la violencia digital. Disponible en
https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-comb ate-a-la-violencia-digital?idiom=es#:~: text=%C2%BFQu%C3% A9%20es%3F,digitales%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20ciberviolencia.
4 Op. Cit., Deepfakes and the Law: Why Britain needs stronger protections against technology-facilitated abuse.
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049371445
6 Exploring Legal Approaches to Regulating Nonconsensual Deepfake Pornography, TechPolicy Press. Disponible en:
https://www.techpolicy.press/exploring-legal-approaches-to-regul ating-nonconsensual-deepfake-pornography/
7 Deepfake Laws: Deepfakes regulations in the digital age. Disponible en:
https://www.yoti.com/blog/deepfake-laws/
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.– Diputados y diputadas: Carlos Alberto Puente Salas, Alejandro Avilés Álvarez, Alejandro Pérez Cuéllar, Azucena Huerta Romero, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Celia Esther Fonseca Galicia, Emilio Suárez Licona, Fátima Almendra Cruz Peláez, José Luis Hernández Pérez, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Liliana Ortiz Pérez, Lorena Piñón Rivera, Luis Enrique Miranda Barrera, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Mario Zamora Gastélum, Martha Amalia Moya Bastón, Mayra Espino Suárez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Noel Chávez Velázquez, Noemí Berenice Luna Ayala, Nora Yéssica Merino Escamilla, Olga Juliana Elizondo Guerra, Patricia Galindo Alarcón, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Ruth Maricela Silva Andraca, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Verónica Pérez Herrera, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado coordinador. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
Ha solicitado el uso de la palabra la vicecoordinadora Noemí Luna. A sus órdenes.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (desde la curul): Presidenta, para ver si mediante su conducto le pregunta al promovente si acepta que me adhiera a su iniciativa, porque, aunque las imágenes son falsas, el daño es real y no podemos permitir más víctimas de violencia digital, como lo que sucedió en Zacatecas.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El diputado promovente ha aceptado su firma, muchas gracias, y de las compañeras, la diputada Verónica Pérez, la diputada Leticia, muchas gracias, las y los legisladores.
El diputado vicepresidente, si es tan amable, el diputado Bolaños, adelante.
El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (desde la curul): Gracias, ciudadana presidenta. Solicitarle a través de su conducto si pudiera consultarle al promovente si le permite a su grupo parlamentario, del Partido Verde en su totalidad, adherirse a ambas iniciativas.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El diputado coordinador ha aceptado. Muchas gracias, diputado. El diputado Miguel Alonso. Adelante, diputado.
El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. También para solicitarle por su conducto al proponente, al diputado Carlos Puente, el que las diputadas y diputados del PRI podamos adherirnos a estas dos iniciativas.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ha aceptado el promovente. Muchísimas gracias, diputado. La diputada Merino. Adelante, diputada Nora, por favor.
La diputada Nora Yéssica Merino Escamilla (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Igualmente, preguntarle al promovente, desde la bancada del PT, si me permite adherirme a su iniciativa.
Y aprovechar esto para recordar y solicitar a la Comisión de Educación que ojalá pronto podamos estar dictaminando la iniciativa de la diputada Diana Karina Barreras y de su servidora, para la regulación del uso del uso de los teléfonos celulares en las escuelas de educación básica. Esta iniciativa está en la Comisión de Educación. Y es fundamental regular el uso de los aparatos digitales en los entornos educativos, por el bien de nuestras infancias. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Las y los legisladores que deseen suscribir la iniciativa en comento, esta Secretaría estará a sus órdenes.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Rufina Benítez Estrada:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, pueblo de México que sigue esta sesión, hago uso de esta honorable tribuna a fin de presentar a la asamblea una iniciativa que responde a una deuda histórica con millones de mujeres y personas menstruantes en nuestro país. Es el reconocimiento del derecho a una licencia menstrual dentro de la legislación laboral, particularmente en este caso me refiero a la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, tenemos que las mujeres integramos el grupo mayoritario, con el 51 por ciento del total de la población mexicana. 50 por ciento en algún momento hemos tenido estas molestias de menstruaciones con dolor, pero en un 10 por ciento este dolor es tan intenso, que incapacita.
Incapacita para realizar tus labores cotidianas, escolares y laborales. Es por ello que no podemos seguir ignorando esta realidad y en este punto es que se centra el objetivo de la iniciativa presentada, buscando que el trabajo digno incluya la comprensión de las condiciones humanas y biológicas inherentes a la persona, que llegan a afectar el desempeño laboral.
Reconocerlas no es un privilegio, es un acto de justicia, de empatía y de igualdad sustantiva. Con esta reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo se propone que las personas empleadoras otorguen facilidades a mujeres y personas menstruantes para hacer efectiva una licencia laboral justificada y remunerada de hasta 2 días cada 28 días, con la presentación de un diagnóstico médico de menstruación dolorosa o dismenorrea, emitido por la institución de salud pública correspondiente.
La medida que se propone no busca generar distinciones, al contrario, su finalidad es la de igualar oportunidades garantizando el pleno ejercicio de los derechos laborales y de salud. Con ello, esta legislatura daría pleno cumplimiento al artículo 1o. de la Constitución, que prohíbe toda forma de discriminación, al artículo 4o. que reconoce el derecho a la salud y al artículo 123 que garantiza el trabajo digno.
A nivel internacional, esta iniciativa se ha aprobado en algunos países, como, por ejemplo, España, que ya ha incorporado la licencia menstrual dentro de su legislación laboral desde el 2022. Reconociendo este instrumento como un componente esencial de la productividad y la equidad.
En México, seis estados: Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León, ya han dado ese primer paso, aprobando su aplicación para las trabajadoras del sector público.
Hoy, desde esta Cámara, proponemos extender esa visión a nivel federal, para que el beneficio alcance a todas las mujeres y personas menstruantes trabajadoras del país, sin distinción.
Conmino a esta asamblea a respaldar la iniciativa que se presenta, que esta legislatura reconozca el valor de cada mujer, de cada persona menstruante que con esfuerzo y responsabilidad contribuye al desarrollo económico y social de México.
No se trata solo de una reforma laboral, sino de una reforma de conciencia. Reconocer la licencia menstrual es reconocer la igualdad sustantiva y el derecho a vivir sin discriminación. Son tiempos de transformación, de avanzar para hacer visible lo que durante siglos se ha minimizado o se ha mantenido en total e inaceptable indiferencia. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, correspondiente a la LXVI Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
Exposición de MotivosLa LXVI Legislatura, en nuestro país, busca la consolidación de un pleno Estado de derecho, cumpliendo con la actualización y armonización de la legislación mexicana, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Aplicando lo anterior al contexto del desempeño de las mujeres y personas menstruantes en el ámbito laboral, es indispensable reconocer las condiciones fisiológicas propias que pueden intervenir, modificar o afectar su desempeño en diversos ámbitos de la vida. La licencia menstrual busca atender una realidad biológica que, históricamente, ha sido invisibilizada.
En el año 2011 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada de manera fundamental, esto con la finalidad de incorporar el reconocimiento a los derechos humanos en nuestra Carta Magna.
Además de lo anterior, con las recientes reformas en materia de igualdad sustantiva, resulta evidente la importancia de continuar el trabajo para seguir consolidando este principio no solo en el papel, sino en la realidad, buscando el ejercicio y garantía de los mismos derechos, oportunidades y condiciones para el pleno desarrollo. Con esto se busca contribuir para hacer efectiva la igualdad en la vida cotidiana.
De acuerdo con datos oficiales, nuestro país presenta una población total de 126,014,024 personas, de las cuales 61,473,390 son hombres y 64,540,634 son mujeres, lo que equivale al 51.2% de la población total (Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020).
Resulta importante precisar la distinción entre la población de hombres y la de mujeres, ya que la iniciativa que se presenta en este acto va enfocada a ese 51.2% de la población de mujeres y personas menstruantes, ya que las mujeres, en determinada etapa de la vida experimentan el ciclo menstrual.
Este proceso fisiológico que viven las mujeres y personas menstruantes puede explicarse a como sigue: “El sistema reproductor femenino, a diferencia del masculino, experimenta cambios cíclicos regulares conocidos como ciclo menstrual, que sirve como preparación periódica del cuerpo para la ovulación y un posible embarazo. El aspecto más notable del sistema reproductor femenino es la menstruación, o sangrado vaginal cíclico, que ocurre junto con una serie de cambios hormonales coordinados. La menstruación, suele comenzar alrededor de la pubertad y cesa con la menopausia (Fisiología, ciclo menstrual, 2024).
En México, millones de mujeres y personas menstruantes presentan día a día dolores que llegan a ser incapacitantes en muchos de los casos, ello derivado de la menstruación, lo que medicamente se ha conceptualizado como, dismenorrea. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la dismenorrea provoca dificultad en el desempeño de las actividades diarias normales. Se estima que el 50 por ciento de las mujeres han presentado dismenorrea en algún momento de sus vidas. Aunado a lo anterior, diversos estudios científicos señalan que entre el 50 por ciento y 80 por ciento de la población menstruante presenta molestias que llegan a ser significativas e influyen de cierta manera en el desarrollo de sus actividades cotidianas, mientras que al menos un 10 por ciento padece dolores intensos que limitan su capacidad para el desarrollo normal de sus actividades cotidianas, lo que incluye el desempeño escolar y laboral.
De conformidad con el informe presentado a partir de la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México en 2022, el 20 por ciento de las adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes que estudian o trabajan no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en escuelas, oficinas u hogares; 9 de cada 10 adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes encuestadas considera muy importante para su vida cotidiana el implementar diferentes tipos de iniciativas (eliminar el 16 por ciento de impuesto, favorecer/otorgar permisos menstruales y aumentar la disponibilidad de mayores recursos públicos para acceder a productos menstruales). Se señala que, sin distinción por escenario evaluado, la ignorancia y la desinformación son las principales razones mencionadas como explicación a las malas situaciones vividas, como lo son: los comentarios inapropiados en la calle, las frases molestas de familiares y las burlas de colegas o compañeros son las situaciones desagradables que han tenido que vivir las adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes durante sus ciclos. La intensidad de los dolores y el miedo a manchar la ropa son las dos principales razones que explican por qué dejan de realizar diferentes actividades.
La incorporación del reconocimiento de una licencia menstrual en el marco normativo puede señalarse como una medida de acción afirmativa que materializa los principios de igualdad y no discriminación previstos en el artículo 1o. constitucional. Al tiempo que, fortalece el derecho a la salud y al trabajo digno, previstos en los artículos 4o. y 123, respectivamente.
En otros países la licencia menstrual se ha aprobado y lleva ya en operación algunos años, como ejemplo tomamos el caso de España que, en diciembre de 2022, aprobó el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva la que contempla una baja menstrual retribuida para las mujeres que sufren fuertes cólicos menstruales.
En la actualidad, en nuestro país 6 entidades federativas (Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León) han modificado ya el marco legal a fin de otorgar licencia menstrual, pero únicamente para las mujeres que trabajan en el sector público, presentando un certificado médico expedido por instituciones de salud pública (Licencia menstrual en México: Avances y Retos, UNAM Global, 2025).
El objetivo general de la presente iniciativa es contribuir en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas menstruantes a fin de solicitar una licencia laboral justificada y remunerada durante los días de incapacidad derivada del ciclo menstrual doloroso, sin que esto le implique afectación alguna en sus derechos laborales o alguna forma de discriminación.
Se busca que esta medida contribuya para la creación efectiva de un entorno laboral inclusivo al reconocer de forma explícita las necesidades biológicas que afectan la vida laboral de las mujeres y personas menstruantes.
Dentro de las facultades establecidas para el Congreso de la Unión, se encuentra la de expedir las leyes del trabajo según lo establecido en la fracción X del artículo 73 Constitucional. El Congreso de la Unión emitió la Ley Federal del Trabajo, publicada mediante decreto en el DOF con fecha 01 de abril de 1970, Ley Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución.
En la siguiente tabla se presenta, de manera sintetizada el contenido del proyecto de reforma a la ley:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. La reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo que se propone quedará conforme a lo siguiente:
Título CuartoDerechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones Capítulo IObligaciones de los patronesArtículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:
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XXVII.- Ter. Proporcionar a las mujeres y personas menstruantes, las facilidades para hacer efectiva la licencia por menstruación dolorosa expedida conforme a trámite ante la institución de salud que corresponda, bajo la cual podrá ausentarse de sus actividades laborales hasta por dos días cada 28 días con goce de sueldo.
...
TransitoriosPrimero: La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo: Se exhortará a las autoridades de salud a fin de expedir los lineamientos y disposiciones necesarias para el certificado de diagnóstico de menstruación dolorosa, dismenorrea.
Referencias bibliográficas
1.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Censo de Población y Vivienda, 2020.
2.- Secretaría de Salud. Qué es la dismenorrea, 2015.
https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-dismenorrea
3.- Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, 2020.
https://www.essity.mx/Images/Reporte%20Resultados%20Encuesta%20E ssity%20MD%20y%20UNICEF_tcm347-146768.pdf
4.- National Library of Medicine. Fisiología, ciclo menstrual, Dhanalakshmi K. Thiyagarajan; Hajira Basit; Rebeca Jeanmonod. 2024.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500020/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.– Diputadas y diputados: Rufina Benítez Estrada, Alma Manuela Higuera Esquer, Catalina Díaz Vilchis, Gilberto Herrera Ruiz, Graciela Domínguez Nava, Jaime Genaro López Vela, Karina Isabel Martínez Montaño, Luis Humberto Aldana Navarro, Rosa Margarita Graniel Zenteno (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Y las y los diputados que deseen adherirse a su iniciativa, está en la Secretaría a sus órdenes. Muchas gracias.
Alumnos de la facultad de derecho de la Universidad Latina, Campus Sur, se encuentran hoy en esta Cámara de Diputados, invitados por la diputada Martha Moya Bastón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Esta Presidencia saluda también a las alumnas y alumnos de la Universidad ETAC Campus Tulancingo, invitados por la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Federico Döring Casar, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o., 38 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a periodistas y a la libertad de prensa, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Federico Döring Casar:Con su venia, presidenta.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presentamos esta iniciativa el día de hoy. Establece la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 250, fracción II, que todos los concesionarios tienen que fortalecer la vida democrática en la sociedad de nuestro país, entendida como la vida democrática en su pluralidad.
Desafortunadamente, Artículo 19 presentó un reporte recientemente donde cada cuatro días hay un nuevo proceso judicial o administrativo que se abre en promedio en contra de algún periodista o medio de comunicación, como una medida de acoso y de censura en su labor.
La organización Artículo 19 ha documentado, y cito —abro comillas— “un preocupante aumento sostenido” —cierro comillas— del acoso judicial contra periodistas entre el primero de enero y 31 de julio de 2025. Se registraron 51 casos que incluyen a 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, y 12 medios de comunicación que han sido notificados de procesos legales en su contra. De los 51 casos documentados hasta julio, 26 fueron por la vía electoral, 14 por la vía penal y 11 por la vía civil.
Además, los perpetradores del acoso judicial son en su mayoría personas con poder público. De los casos documentados, el 45.10 por ciento, 23, fueron personas que son funcionarios públicos, varias de ellas en proceso de reelección de su puesto o en proceso de candidatura de uno nuevo, siendo 18 particulares, el 35 por ciento, y 10 con procesos iniciados por partidos políticos y/o candidaturas.
Son los casos entre otros de bochorno, de la censura del bienestar cometida en contra de periodistas como Lourdes Mendoza; Jorge Luis González, de Campeche, al cual se llegó al exceso de imponerle un censor judicial; de Paco Cedeño, a quien acaban de amenazar de muerte en Cuautla hace un par de días; de Tania Contreras, la magistrada tamaulipeca que intentó censurar a Héctor de Mauleón; de Jesús Castañeda, a quien ha querido callar Abelina López, porque hizo público que ella no había informado el gasto y destino de 890 millones de pesos que recibió para paliar el dolor de la tormenta Otis, en Acapulco.
Y todo esto está aunado porque ahora que acabaron con el INAI y la transparencia, la nueva ventanilla de transparencia de bienestar ha rechazado el 99.6 por ciento de las solicitudes de transparencia e información. Solo han concedido el 0.4 por ciento de las solicitudes de transparencia.
Y si a eso le señalamos la mutilación del juicio de amparo tenemos que la labor de los periodistas, la libertad de prensa, pero lo más importante el derecho a la información de los mexicanos a estar pluralmente informados, a que los periodistas puedan tener acceso a información de, ¿cómo y en qué se gastan nuestros impuestos todos los gobiernos de todos los partidos? ¿Cómo y en qué contratan bienes y servicios públicos? ¿Quiénes son los contratistas? ¿A qué precio se les adjudicaron los contratos?
Todo eso es de interés público y todo eso se pretende callar y se pretende amedrentar a través de estos procesos judiciales. Por eso, traemos la bancada del PAN esta reforma al artículo 7o. de la Constitución para crear la figura del ombudsperson que defienda a periodistas y libertad de prensa.
Necesitamos a alguien que no solo defienda a los periodistas cuando son víctimas de agresiones o de intentos de agresión o que investiguen cuando les privan la vida, esa fiscalía ya existe. Pero, no hay una instancia en el gobierno con rango constitucional que defienda a los periodistas y a los mexicanos a través de esos periodistas de su derecho a la información, de la censura que comete como abuso de poder quien quiere ocultar su corrupción y su mal desempeño público.
Por eso, se pretende cambiar este artículo 7o. para ese efecto y para que la cuña apriete también en el artículo 38 se establece que los funcionarios públicos que violenten a periodistas y saboteen el derecho a la información tendrán como pena la suspensión de sus derechos políticos, para que el baña gatos y sus secuaces de la mañanera no queden impunes cuando no le otorguen derecho de réplica a los legisladores ciudadanos que consiguen amparos y que les niegan el derecho de réplica en la mañanera.
Por último, que se establezca en el artículo 41 que el trabajo periodístico, los medios de información, bajo la tutela del derecho a la información, no serán sujetos de infracciones por calumnia electoral.
Nunca más un caso como el de “dato protegido” o como el de Tania Contreras en contra de Héctor de Mauleón, donde el trabajo periodístico, basado en hechos comprobados, se pretende manipular como calumnia por violencia política en función de género y con medidas cautelares quiera Morena callar la verdad e impedirles a los periodistas informar al pueblo de México del acontecer de sus fechorías federales, estatales y municipales. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Radio y Televisión, para su opinión.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración al 5 de mayo. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos:Con el permiso de la Presidencia. El 5 de mayo las armas nacionales se cubrieron de gloria. Esta iniciativa es precisamente para honrar esa emotiva fecha para las y los mexicanos.
Comparezco ante esta soberanía para presentar iniciativa que trasciende la letra de la ley y toca el corazón histórico y cultural de nuestra nación. Reconocer el 5 de mayo como día de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. El 5 de mayo de 1862 es mucho más que una fecha en los libros de texto. Ese día en los fuertes de Loreto y Guadalupe, un ejército de mexicanos, con aproximadamente 4 mil hombres, entre soldados, ciudadanos tetenenses y zacapoaxtlas, derrotó a más de 6 mil soldados franceses, considerados entonces como el mejor ejército del mundo.
El general Ignacio Zaragoza escribió tras la batalla: Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Esa victoria inesperada reafirmó la independencia, la soberanía y la dignidad del pueblo de México ante la mirada internacional.
Este Poder de la Unión ha reconocido la trascendencia de estos hechos al inscribir con letras de oro, tanto el nombre de Ignacio Zaragoza como la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, aquí, en los Muros del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Estos homenajes oficiales colocan al general y a la gesta de Puebla en el mismo nivel que los padres de la patria y los acontecimientos fundacionales de nuestra nación. No es casualidad que Zaragoza haya sido considerado desde entonces un héroe cívico militar de primer orden, cuyo ejemplo sigue vigente como símbolo de liderazgo, estrategia y sacrificio.
Asimismo, la ciudad de Puebla quedó inscrita en la memoria nacional como cuna de resistencia y orgullo, proyectando un legado que trasciende lo militar para convertirse en fundamento de nuestra identidad histórica.
El 5 de mayo se ha convertido además en el símbolo cultural mexicano más celebrado fuera de nuestro territorio nacional. En Estados Unidos millones de connacionales desfilan, organizan festivales, celebran gastronomía y honran nuestra cultura.
Durante décadas esta conmemoración fue incluso reconocida en la Casa Blanca y hoy en medio de discursos de odio, políticas restrictivas y estigmas migratorios, celebrar el 5 de mayo es un acto de identidad, resistencia y de orgullo nacional.
Esta iniciativa también responde a un balance internacional. México tiene uno de los calendarios de descansos más limitados en países con altos niveles de productividad. El descanso digno no es un lujo, es un derecho que fortalece a las familias, la salud y la economía interna.
Países que reconocen más días festivos, han comprobado mejoras en bienestar social, turismo y cohesión cultural. Incorporar el 5 de mayo como día de descanso obligatorio contribuirá al turismo regional y reactivará las economías locales.
El 5 de mayo es un recordatorio de la defensa firme de nuestra soberanía nacional, aquel triunfo en Puebla demostró que, frente a potencias extranjeras, México pudo sostener su dignidad, su independencia y su rumbo. Hoy esa memoria sigue viva en cada comunidad que honra con orgullo nuestras raíces y nuestra libertad.
Compañeras y compañeros, diputados, esta reforma es un acto de justicia histórica, de reconocimiento cultural y de solidaridad con nuestros connacionales. Elevemos la memoria de la Batalla de Puebla desde el discurso hacia la vida social, honremos el ejemplo de Ignacio Zaragoza, no solo en nuestros muros, sino en la práctica cotidiana de la identidad nacional, porque cada 5 de mayo nos recuerda que México, aun en desventaja, puede vencer.
Esta iniciativa sí va, y va por el orgullo de ser mexicanos, por la dignidad de nuestra historia y por la soberanía nacional. Que viva el 5 de mayo. Que viva México. Y que viva Puebla.
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo en conmemoración del 5 de mayo. Con orgullo poblano, pero más como orgulloso mexicano, es cuanto. Y muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEl 5 de mayo de 1862, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en la ciudad de Puebla, se libró una de las batallas más significativas de la historia nacional.
En plena Segunda Intervención Francesa, cuando el país enfrentaba crisis internas y externas, un ejército mexicano reducido en número y recursos –apenas unos 4 mil hombres– bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, logró derrotar a más de 6 mil soldados franceses, considerados entre los mejores del mundo en aquel momento. La victoria fue inesperada para las potencias extranjeras y constituyó un triunfo moral para México, y demostró que, pese a las adversidades, la defensa de la soberanía y la dignidad nacional podían prevalecer. Zaragoza, en su parte de guerra, escribió: “Las armas nacionales se han cubierto de gloria”, frase que sintetiza la magnitud del triunfo y su impacto en la conciencia colectiva.
La Batalla de Puebla no sólo representa un triunfo militar, sino también un recordatorio permanente de la dignidad de un pueblo que, aun con limitaciones materiales, defendió su soberanía con convicción, honor y valentía. El 5 de mayo es una fecha que nos invita a reconocernos como una nación capaz de enfrentar la adversidad y levantarse con orgullo, manteniendo viva la memoria colectiva que nos une como mexicanas y mexicanos a través del tiempo.
El honorable Congreso de la Unión ha reconocido la trascendencia de estos hechos al inscribir con letras de oro tanto el nombre de Ignacio Zaragoza como la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en los muros del Palacio Legislativo de San Lázaro. Estos homenajes oficiales colocan al general y a la gesta de Puebla en el mismo nivel que los padres de la patria y los acontecimientos fundacionales de nuestra Nación. No es casualidad que Zaragoza haya sido considerado desde entonces un héroe cívico-militar de primer orden, cuyo ejemplo sigue vigente como símbolo de liderazgo, estrategia y sacrificio. Asimismo, la ciudad de Puebla quedó inscrita en la memoria nacional como cuna de resistencia y orgullo, proyectando un legado que trasciende lo militar para convertirse en fundamento de nuestra identidad histórica.
En el ámbito internacional, el 5 de mayo ha adquirido un valor aún más amplio como la fiesta mexicana más celebrada fuera del territorio nacional. En Estados Unidos, millones de connacionales y sus descendientes conmemoran cada año esta fecha con desfiles, festivales, ferias gastronómicas y actos culturales. Ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York han convertido el 5 de mayo en una jornada de identidad y resistencia cultural, visible en medios de comunicación, instituciones educativas y espacios públicos. Durante décadas, incluso, la celebración fue reconocida en la Casa Blanca, símbolo de respeto y valoración hacia la comunidad mexicana en ese país. Sin embargo, hoy, frente a políticas restrictivas, actos de discriminación y discursos antimigrantes, el 5 de mayo ha recobrado un carácter de resistencia e identidad cultural. Como señala González Navarro, las festividades en el extranjero han sido motor de cohesión social y han fortalecido la identidad de quienes, lejos de su tierra, siguen defendiendo con orgullo sus raíces. Reconocer esta fecha como día oficial en México es también enviar un mensaje de unidad y respaldo a quienes representan a nuestro país más allá de las fronteras.
Para millones de personas mexicanas migrantes que residen fuera del país, esta fecha se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural y un acto de afirmación identitaria. En un contexto donde persisten discursos y políticas antimigrantes que vulneran derechos, desconocen aportaciones y generan estigmas, reconocer el 5 de mayo como día de descanso obligatorio en México envía un mensaje claro: la grandeza de esta nación no se detiene en sus fronteras y nuestra solidaridad con quienes llevan a México en el corazón es irrenunciable.
Al elevar el 5 de mayo a una conmemoración oficial en nuestro país, el Estado mexicano honra a quienes enfrentan diariamente barreras culturales, sociales y legales fuera de su tierra, y reconoce que su lucha y resistencia también forman parte de la historia viva de México.
El derecho al descanso constituye uno de los pilares esenciales de la justicia laboral y del bienestar de las personas trabajadoras en nuestro país. Su reconocimiento en nuestro marco jurídico refleja la evolución histórica de la legislación laboral mexicana, orientada a equilibrar razonablemente las cargas de trabajo con la salud física, mental y emocional de quienes contribuyen diariamente al desarrollo económico y social de México. A través de la Ley Federal del Trabajo, el legislador ha establecido días destinados a conmemorar acontecimientos que forman parte de la identidad nacional, otorgando espacios efectivos para la reflexión cívica y el fortalecimiento del tejido social. En este contexto, la presente propuesta armoniza el catálogo vigente incorporando el primer lunes de mayo como día de descanso obligatorio en conmemoración del 5 de mayo, con el propósito de impulsar actividades culturales y turísticas relacionadas con esta fecha histórica, además de contribuir al equilibrio entre vida laboral y vida personal, elemento indispensable para mantener sociedades más cohesionadas, productivas y con mayor calidad de vida.
El último antecedente de la incorporación de un nuevo día de descanso obligatorio se encuentra en la reforma de 2006 a la Ley Federal del Trabajo, que estableció los llamados “puentes” al trasladar ciertas fechas al lunes más cercano, con el fin de estimular la convivencia social y el turismo interno. Siguiendo esa lógica, incorporar el 5 de mayo con las mismas características que los demás días festivos resulta coherente con la evolución de nuestra legislación laboral y con la necesidad de reconocer los símbolos que fortalecen la cohesión social y nacional.
Asimismo, esta reforma representa un reconocimiento a las y los trabajadores de México, quienes históricamente cuentan con un número reducido de días de descanso por celebraciones nacionales en comparación con otros países. Mientras naciones con altos niveles de productividad reconocen más días de descanso oficial, lo que contribuye a la salud física, emocional y familiar de la población, México mantiene un calendario limitado que no refleja plenamente el valor de la memoria cívica ni el derecho al descanso digno.
Incorporar el 5 de mayo como día de descanso obligatorio no sólo fortalecerá la identidad nacional y la cultura cívica, sino que también impulsará la movilidad y el turismo interno, tal como lo han demostrado otras fechas consideradas estratégicas. Los días de asueto permiten reactivar economías locales, promover el turismo regional, incentivar la convivencia social y contribuir al bienestar integral de las familias mexicanas, sin afectar negativamente la productividad nacional.
Por todo lo anterior, declarar el 5 de mayo como día de descanso obligatorio no debe entenderse únicamente como una adición al calendario laboral, sino como un acto de justicia histórica y cultural. Se trata de honrar una gesta que demostró al mundo la capacidad de México para defender su soberanía, de reconocer el legado de Ignacio Zaragoza y de estrechar los lazos con los millones de mexicanos en el extranjero que mantienen viva la cultura nacional. Con esta reforma, el Estado mexicano envía un mensaje potente: que la memoria de la Batalla de Puebla no se limita a los libros de historia, sino que vive en el presente como recordatorio de dignidad, resistencia y unidad.
Hacer del 5 de mayo un día de descanso obligatorio es también reafirmar quiénes somos como nación: un pueblo que honra su historia, que reconoce el valor de sus trabajadoras y trabajadores, y que abraza con orgullo a quienes, lejos de su tierra, siguen levantando el nombre de México con esfuerzo y dignidad. Que cada 5 de mayo, en México y más allá de sus fronteras, las armas de la memoria y la identidad vuelvan a cubrirse de gloria.
Por todo lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo
Único. Se adiciona la fracción IV al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
I. El 1o. de enero;
II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero;
III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo;
IV. El primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo;
V. El 1o. de mayo;
VI. El 16 de septiembre;
VII. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre;
VIII. El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
IX. El 25 de diciembre; y
X. Los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
Para efectos de lo anterior, cuando el día 1 de mayo coincida en lunes, el descanso obligatorio del primer lunes no inhábil correspondiente a la conmemoración del 5 de mayo se recorrerá al lunes inmediato posterior.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Hamnett, Brian R. (2010). Historia de México. Cambridge University Press.
2 Cámara de Diputados. “Muros de Honor”. Disponible en: unam.pdf
3 The New York Times (2001). “Cinco de Mayo: Mexican Pride in the U.S.” Disponible en:
https://www.nytimes.com
4 González Navarro, Moisés (1994). Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, 1821-1970. El Colegio de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.– Diputados y diputadas: Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Anais Miriam Burgos Hernández, Eduardo Castillo López, Fátima Almendra Cruz Peláez, Herminia López Santiago, Humberto Coss y León Zúñiga, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Juan Antonio González Hernández, María de los Ángeles Ballesteros García, María de Rosario Orozco Caballero, Mildred Concepción Ávila Vera, Nora Yéssica Merino Escamilla, Rosa María Castro Salinas (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
LEY DE MIGRACIÓN
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Tey Mollinedo Cano, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 52, fracción IV, y se adiciona un segundo párrafo de la Ley de Migración. Adelante, diputada.
La diputada Tey Mollinedo Cano:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Tey Mollinedo Cano: Compañeras y compañeros legisladores, comparezco ante esta soberanía para presentar una iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Migración, con el propósito de fortalecer al Estado mexicano en esta materia.
La realidad migratoria de nuestro país nos convoca a proponer esta reforma, que dotará al Ejecutivo de mayores facultades para proteger los derechos de los trabajadores fronterizos que transitan desde nuestra frontera sur y cuya fuerza laboral demanda la posibilidad de obtener la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo.
Quiero destacar que esta propuesta no nace del escritorio ni es un evento aislado, surge del trabajo en territorio, de recorrer la frontera sur de nuestro país, así como la región sursureste, y de escuchar directamente a las y los trabajadores que cruzan cada día en busca de empleo.
La escucha en territorio incluye también a las autoridades locales, organizaciones internacionales, productores agrícolas, empresarios y comerciantes, que coinciden en la necesidad de contar con un marco jurídico más sólido, amplio, moderno y funcional.
Hoy en día la complejidad del mercado laboral y la informalidad no solo se vive en municipios fronterizos, como Tenosique, Balancán, Tapachula, Xochiate o Chetumal. La dinámica migratoria es de tal magnitud, que se percibe a muchas decenas de kilómetros dentro de nuestro país y en diversas direcciones.
Lo que pretendemos es fortalecer con esta iniciativa al Estado nacional, dándole más facultades para proteger los derechos laborales en vez de permitir que siga ocurriendo la informalidad, la discriminación y la vulnerabilidad.
La Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo fue creada en el contexto de la Ley de Migración de 2011 para formalizar la situación de trabajadores que residen en una franja fronteriza que hoy ha quedado muy acotada.
Sin duda fue un avance importante, pero hoy su diseño institucional ya no responde a la realidad social, económica y, sobre todo, a la realidad humana que vive la frontera sur y las oportunidades que ofrece el sursureste.
Actualmente su alcance está restringido a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo y a ciudadanos de Guatemala y Belice, con un enfoque laboral limitado a sectores agrícolas y de servicios específicos. Esta limitación deja fuera a otros países de la región que mantienen vínculos productivos con México y también restringe la capacidad del Estado para formalizar, supervisar y proteger a quienes ya forman parte activa de nuestra economía.
Compañeras y compañeros, la migración es un derecho humano. Y México ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un país de destino y oportunidades. Nuestro país atrae cada vez más personas trabajadoras, provenientes no sólo de Centroamérica sino de Sudamérica, el Caribe e incluso otras regiones del mundo. Ante esta nueva realidad, necesitamos un marco jurídico más robusto, que ofrezca mayor seguridad, desarrollo y pleno respeto de los derechos humanos.
Esta reforma tiene como objetivo claro optimizar y ampliar las facultades de las dependencias del gobierno federal encargadas de la política migratoria y laboral, para que la tarjeta de visitante, trabajador fronterizo pueda extender su vigencia y cobertura, incluir nuevas nacionalidades conforme a acuerdos bilaterales o regionales, diversificar los sectores productivos de empleabilidad y garantizar derechos laborales básicos y de acceso temporal a seguridad social.
Con ello no sólo damos certeza jurídica a los trabajadores migrantes, sino también a los empleadores mexicanos que hoy demandan mano de obra formal, regulada y capacitada. La voz de los empresarios fronterizos, de los productores del campo, de los sectores turístico y comercial ha sido clara: se requiere una herramienta legal que permita contratar en forma ordenada transparente y con responsabilidad social.
Esta reforma, por tanto, fortalece al Estado mexicano. Le da capacidad de coordinación interinstitucional, fomenta el empleo formal y la productividad regional, y reduce los espacios de informalidad y vulnerabilidad humana. El trabajo digno no debe ser sinónimo de riesgo, informalidad, abuso o discriminación.
Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa refleja una convicción profunda, que al desarrollo del sur-sureste de México requiere una política fronteriza moderna, humanista y proactiva, que ponga al ser humano en el centro y se reconozca que los flujos laborales bien regulados son una oportunidad y no una amenaza.
Desde la frontera sur, desde el contacto directo con la gente, sabemos que esta es una demanda legítima, urgente y justa. Por eso hoy les pido su respaldo a esta iniciativa, que fortalece nuestras instituciones, amplía derechos y consolida la visión de un México más justo, más fuerte y más humano. Gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
Y a las y los diputados que deseen suscribirse, está a sus órdenes la iniciativa en la Secretaría de esta Mesa Directiva. Gracias.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal, relativo al delito de feminicidio, para incorporar la sentencia de Mariana Lima Buendía, sobre la obligación de investigar accidentes y suicidios de mujeres, como feminicidios, suscrita por las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera y Saray Vázquez Adasa, así como del diputado Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Anais Miriam Burgos Hernández:Gracias, presidenta. Me presento ante esta máxima tribuna en nombre de mi compañera Mildred Ávila Vera y de una servidora, y de todas mis compañeras que nos acompañan aquí, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.
Hoy levantamos la voz no solo por la justicia, sino por la verdad, porque en México, detrás de cada mujer muerta hay una historia que merece ser contada y una investigación que debe ser hecha con toda la fuerza del Estado.
La sentencia Mariana Lima Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015, marcó un antes y un después. Nos recordó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio, incluso aquellas que se reportan como suicidio o accidente.
Esa sentencia nació del dolor de una madre que se negó a aceptar el silencio y la negligencia como respuesta. Y, gracias a ella, hoy sabemos que la justicia también se construye con perseverancia y con amor.
Sin embargo, a una década de este fallo histórico, las cifras siguen doliendo. En 2024 se registraron 820 feminicidios en México, lo que presenta 2.2 casos diarios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero, junto a ellos, se contabilizaron más de 3 mil 100 homicidios dolosos de mujeres, muchos de los cuales podrían tener un trasfondo de violencia de género y, sin embargo, no se investigan como tal.
Y, si miramos más a fondo, encontramos otros rostros invisibles. Solo en 2023, más de mil 200 mujeres murieron por homicidios culposos y alrededor de mil 900 casos fueron clasificados como suicidios de mujeres.
¿Podemos afirmar con certeza que detrás de todos ellos no hubo un feminicidio? No, no podemos, porque en México la vergüenza, el miedo y la impunidad aún silencian estas demandas. Por eso es urgente cambiar el enfoque de investigación, no basta con castigar a quien comete el crimen, debemos garantizar que toda muerte de mujer se investigue con perspectiva de género desde el primer minuto.
Además, con la reforma propuesta se busca sancionar a aquellos servidores públicos que no investiguen con la debida diligencia toda muerte violenta de una mujer como feminicidio. De la misma manera, aquellos que no apliquen el protocolo en la materia. Así lo ordena la sentencia Mariana Lima, así lo exige la Cedaw y así lo merecen las familias que aún buscan justicia.
El feminicidio no siempre deja huellas visibles, a veces se disfraza de accidente doméstico, de caída, de suicidio, pero detrás puede haber años de violencia, amenazas o control coercitivo. Por eso las Fiscalías no deben cerrar los ojos ni apresurar conclusiones, cada caso debe abrirse con el supuesto de que pudo ser un feminicidio hasta agotar todas las líneas de investigación.
La reforma que hoy defendemos busca incorporar ese principio en el artículo 325 del Código Penal Federal. Significa que ninguna mujer será una cifra sin nombre, que ninguna madre tendrá que rogar que se investigue lo evidente y que ningún servidor público podrá ignorar una muerte sin consecuencias.
Esto no es solo una modificación técnica, es un acto de humanidad, un compromiso con la vida y con la verdad. Porque detrás de cada carpeta mal integrada, de cada peritaje apresurado o de cada archivo cerrado, hay familias enteras viviendo en duelo e injusticia.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión reafirma su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, armonizando la legislación penal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos la oportunidad de fortalecer la justicia con perspectiva de género, que esta reforma sea la voz de Mariana Lima, de su madre Irinea, y de miles de mujeres que ya no están para contarlo. Que la ley lo diga alto y claro, toda muerte violenta de una mujer debería investigarse como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario.
Solo así honraremos la memoria de quienes ya no están y protegeremos la vida de quienes aún pueden ser salvadas.
Y que esto también es una prioridad de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y su reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal, relativo al delito de feminicidio, para incorporar la sentencia de Mariana Lima Buendía, sobre la obligación de investigar accidentes y suicidios de mujeres como feminicidios, suscrita por las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera, Anais Miriam Burgos Hernández, Saray Vázquez Adasa y el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben , diputados Mildred Concepción Ávila Vera, Anais Miriam Burgos Hernández, Adasa Saray Vázquez y Luis Humberto Aldana Navarro, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción ll y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal relativo al delito de feminicidio, para incorporar la sentencia de Mariana Lima Buendía, sobre la obligación de investigar accidentes y suicidios de mujeres como feminicidios, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosInvestigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio es indispensable para garantizar justicia, prevenir la impunidad y reconocer la verdadera magnitud de la violencia de género en México.
La violencia feminicida en México constituye una de las expresiones más graves de violación a los derechos humanos de las mujeres. Las cifras de homicidios de mujeres, así como la persistencia de altos niveles de impunidad, obligan al Estado mexicano a adoptar medidas legislativas que garanticen el acceso a la justicia y el cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales en la materia.
En el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso Mariana Lima Buendía, fijando un precedente fundamental: toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio, incluyendo aquellas clasificadas como accidentes o suicidios, hasta que se agoten todas las líneas de investigación y se descarte la existencia de razones de género.
Este criterio vinculante busca evitar que las muertes violentas de mujeres sean indebidamente clasificadas, minimizando el contexto de violencia de género y obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
En México, la violencia feminicida constituye una de las expresiones más extremas de la desigualdad y discriminación estructural contra las mujeres. Por ello, organismos internacionales como la CEDAW y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado la obligación del Estado mexicano de aplicar la debida diligencia reforzada en la investigación de toda muerte violenta de una mujer, partiendo de la hipótesis de feminicidio.
Esta propuesta se sustenta en cuatro pilares:
1. Visibilizar la violencia de género: muchas muertes de mujeres se encubren bajo otras causas, lo que genera impunidad y revictimización.
2. Mariana Lima (2015), estableció que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como feminicidio hasta que se descarte esa hipótesis.
3. Combatir la impunidad: en México, más del 90% de los feminicidios quedan impunes, según datos de ONU Mujeres y la FGR.
En 2024 se registraron 820 presuntos feminicidios en México, lo que representa 2.2 casos diarios (SESNSP). Sin embargo, en el mismo año hubo más de 3,100 homicidios dolosos de mujeres. Esto significa que solo una fracción se investiga como feminicidio.
Desde 2015 hasta 2024 los feminicidios han aumentado un 137 por ciento, pero la cifra real puede ser mucho mayor debido a la subclasificación de casos (SESNSP).
México es el segundo país de América Latina con mayor número absoluto de feminicidios, después de Brasil (ECLAC, 2023).
Actualmente, el artículo 325 del Código Penal Federal tipifica el delito de feminicidio y establece las circunstancias en que este se configura; sin embargo, no existe disposición expresa que obligue a las autoridades a iniciar la investigación como feminicidio en toda muerte violenta de una mujer.
Por ello, se propone adicionar un párrafo al artículo 325, a fin de que se establezca expresamente que toda muerte violenta de una mujer, incluidas las inicialmente reportadas como accidente o suicidio, deberá investigarse como feminicidio hasta agotar todas las líneas de investigación correspondientes.
Este mismo artículo establece que, ...[...] Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
De lo anterior se puede considerar que con esta reforma también se busca sancionar aquellos servidores públicos que no investiguen con la debida diligencia, toda muerte violenta de una mujer como feminicidios, además de que cuenten con un protocolo en la materia.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión reafirma su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, armonizando la legislación penal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Para mejor comprensión de lo anterior se presenta la siguiente tabla comparativa:
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno deliberativo la presente propuesta al tenor del siguiente proyecto de
DecretoArtículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: (...)
I...VIII.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En su caso, también perderá todo derecho con relación a los hijos de la víctima, garantizando el interés superior de la niñez en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Toda muerte violenta de una mujer, incluidas aquellas clasificadas preliminarmente como accidentes o suicidios, deberán investigarse como feminicidios, hasta agotarse todas las líneas de investigación y descartarse la existencia de razones de género.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los congresos de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, contarán con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones legislativas que correspondan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.– Diputadas y diputadoss: Anais Miriam Burgos Hernández, Adasa Saray Vázquez, Mildred Concepción Ávila Vera, Luis Humberto Aldana Navarro, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Alma Manuela Higuera Esquer, Catalina Díaz Vilchis, Claudia García Hernández, Dionicia Vázquez García, Gissel Santander Soto, Herminia López Santiago, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Julieta Villalpando Riquelme, Leticia Farfán Vázquez, Rosa Margarita Graniel Zenteno, Rosa María Castro Salinas, Tey Mollinedo Cano, Vanessa López Carrillo, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual.
El diputado Ulises Mejía Haro:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, desde esta tribuna del país manifiesto nuestro profundo compromiso de proteger a quienes más debemos de cuidar, nuestras niñas, niños y adolescentes.
Hoy presento una iniciativa que busca cerrar las brechas legales que aún permiten que los agresores sexuales de menores gocen de impunidad o enfrenten su proceso en libertad.
El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia. Deja cicatrices físicas, emocionales y psicológicas que muchas veces duran para toda la vida. No se trata solo de un delito, es una violación directa a los derechos humanos y por eso debemos responder con todo el peso de la ley.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 5 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres en nuestro país han declarado haber sufrido abuso sexual durante su infancia. El 80 por ciento de las víctimas conocieron con antelación quién se convertiría en agresor.
Y lo más alarmante, que estos delitos ocurren lamentablemente muchas de las veces en los espacios que deberían ser seguros, en nuestra casa, en la escuela, en espacios deportivos y culturales.
México, lamentablemente ocupa el primer lugar mundial de los países que integran la OCDE en este delito de abuso sexual infantil, según el Informe de Ambiente Escolar Protegido.
Tan solo en el 2023, compañeras y compañeros, los hospitales de este país atendieron 9 mil 802 casos de menores de 1 a 17 años víctimas de violencia sexual, más de mil por ciento de aumento respecto a 2010 y de esas víctimas lamentablemente el 92.3 por ciento fueron niñas.
No debemos seguir permitiendo que un agresor de un menor espere su sentencia o pague su sentencia fuera de prisión. Por eso, la presente iniciativa propone reformar el artículo 261 del Código Federal Penal para establecer prisión preventiva oficiosa en todos los casos de abuso sexual infantil, porque la libertad de un agresor no puede valer más que la seguridad de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Asimismo, proponemos adicionar el artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que todas las instituciones públicas y privadas que trabajen o tengan contacto con menores como escuelas, clubes deportivos, centros culturales, hospitales o refugios estén obligados a implementar protocolos de detección oportuna de conductas que pudiesen derivar en abuso sexual infantil.
Estos protocolos deberán ser certificados por las autoridades competentes, aplicarse de manera permanente y efectiva y garantizar que ninguna persona con antecedentes de abuso sexual pueda trabajar o tener contacto con menores. Se trata de prevenir, detectar y sancionar antes de que sea demasiado tarde.
Esta propuesta se alinea con los compromisos internacionales de México, especialmente con la Convención sobre los Derechos del Niño que nos obliga a actuar conforme al interés superior de la niñez. Los artículos 3o., 19 y 34 de dicha convención nos dice que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la niñez contra cualquier forma de violencia, abuso o explotación sexual. Esta reforma da cumplimiento, por supuesto, a este mandato internacional.
Compañeras y compañeros legisladores, no estamos legislando en el vacío, estamos legislando para proteger vidas, cada cifra que he mencionado representa un rostro, una historia y un futuro truncado, y también representa una responsabilidad moral y legal para quienes estamos en este recinto legislativo.
La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha impulsado la construcción del segundo piso de la transformación donde también debemos de garantizar una vida libre de violencia para las niñas, los niños y las mujeres de nuestro país.
Esta iniciativa se suma a esa visión, fortaleciendo la justicia, la prevención y la protección desde la ley. Cuidar a la niñez es cuidar del futuro. El futuro, compañeras y compañeros, no puede esperar. Por eso, les pido su respaldo para aprobar esta iniciativa de reforma, para que ningún agresor sexual de menores vuelva a caminar en libertad, y que para que cada escuela, cada centro y cada institución se convierta en un verdadero espacio seguro para nuestras niñas y para nuestros niños.
Con esta iniciativa, México da un paso firme por la justicia, la dignidad y la protección integral de nuestra niñez. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Ulises Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl abuso sexual infantil constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con secuelas profundas en su desarrollo físico, psicológico y emocional. Estos delitos marcan el curso natural de la vida de las víctimas enfrentándolos a efectos como depresión, ansiedad, estrés, culpa, autoaversión, afectaciones en la capacidad para relacionarse con otros, comportamientos autodestructivos, entre muchos otros más.
En algunos casos menores abusados que no son tratados, perpetúan el ciclo del abuso replicando patrones en sus relaciones o familias en la edad adulta.
Las violencias sexuales en agravio de las infancias son todo acto que afecte o daño su desarrollo psicosexual en esa etapa vital, porque atentan contra el plan o proyecto natural, personal y progresivo de la sexualidad.
De acuerdo con información del documento Ambiente Escolar Protegido, México es el primer lugar mundial de abuso sexual infantil. La Organización Mundial de la Salud señala que 5 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres han declarado haber sufrido de abuso sexual en la infancia, 8 de cada 10 víctimas conocen a su agresor.
En México, la magnitud de este problema ha quedado evidenciada por datos recientes: tan solo en 2023, los hospitales del país atendieron a 9,802 menores de 1 a 17 años por violencia sexual, cifra que duplica el promedio anual observado desde 2010 Estas estadísticas reflejan un incremento alarmante (un 1,139 por ciento más casos que en 2010) y ponen de manifiesto la urgencia de fortalecer el marco legal para la prevención, sanción y erradicación del abuso sexual infantil. Desde una perspectiva de género, los datos muestran que la violencia sexual infantil afecta desproporcionadamente a las niñas. En 2023, 92.3 por ciento de las víctimas de entre 1 y 17 años fueron de sexo femenino, mientras que los niños representaron el 7.7 por ciento.
Los menores de edad están expuestos a ser víctimas de abuso sexual en diversos ámbitos en los que se desenvuelven, lamentablemente incluidos sus hogares y sus escuelas que debieran ser sitios seguros para ellos.
Un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), titulado Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas pone a México como el primer lugar con mayor incidencia de abuso sexual entre los miembros de esa organización. Este reporte detalla patrones de abuso perpetrados por maestros, directivos, personal administrativo e incluso trabajadores de intendencia.
Es fundamental enmarcar las reformas planteadas en los compromisos internacionales que México ha asumido para proteger los derechos de la niñez, particularmente en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es Estado Parte desde 1990. La CDN establece un marco jurídico vinculante que debe guiar la actuación legislativa y administrativa en esta materia, y varias de sus disposiciones resultan directamente pertinentes al tema del abuso sexual infantil:
El artículo 3 (Interés superior del niño): Señala que “ en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Este principio rector obliga a que las reformas legales propuestas —y en general cualquier política— se evalúen anteponiendo el bienestar y protección de niñas y niños. La prisión preventiva oficiosa a imputados de abuso sexual y la exigencia de certificados a personal con menores se inscriben claramente en medidas que privilegian la seguridad de los niños por encima de consideraciones como la libertad provisional del acusado o la facilidad de contratación de personal. En caso de tensión entre derechos, el interés superior de la niñez debe prevalecer, como lo ha reiterado el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 14. Así, cualquier eventual restricción que tales medidas supongan (p. ej., limitar la contratación de ex-convictos sexuales) se justifica plenamente al perseguir la protección de los menores como bien superior.
En lo que respecta al artículo 19 (Protección contra toda forma de violencia): Dispone que los Estados Parte “ adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Este artículo es un mandato expreso de prevención y respuesta integral frente a la violencia en entornos familiares o de cuidado.
Por ello esta iniciativa es precisamente una medida legislativa apropiada para prevenir y combatir el abuso sexual: por un lado, garantizar mediante la ley que el presunto agresor no continúe libre (y potencialmente agrediendo o amenazando) mientras está “a cargo” o cerca del niño; por otro lado, asegurar mediante la ley administrativa que ninguna persona con antecedentes de abuso pueda situarse en posición de cuidador de niños. Adicionalmente, el artículo 19.2 de la CDN enfatiza que los Estados deben establecer mecanismos eficaces de denuncia, investigación y sanción de la violencia. La prisión preventiva oficiosa coadyuva a la efectividad de la sanción (evitando fugas o entorpecimientos), y la certificación de antecedentes coadyuva a la prevención y detección temprana (impidiendo que situaciones de riesgo se materialicen). La Observación General No. 13 (2011) del Comité de los Derechos del Niño, relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, refuerza esta interpretación: insta a los Estados a crear entornos protectores, a obligar la denuncia por profesionales y a mantener a los perpetradores conocidos alejados de la niñez En consecuencia, la iniciativa propuesta se alinea con la letra y espíritu del artículo 19 de la CDN.
Por su parte el artículo 34 (Protección contra la explotación y el abuso sexual): Establece que “ los Estados Parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual”, y detalla que con tal fin deberán tomar medidas en particular para impedir: (a) la incitación o coacción para que un niño participe en actividades sexuales ilícitas; (b) la explotación del niño en prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; (c) la explotación del niño en pornografía. Este artículo, si bien se centra en la explotación sexual comercial, abarca también el abuso sexual en general, obligando a los Estados a actuar de forma proactiva para prevenir que los niños sean víctimas de cualquier acto de naturaleza sexual delictiva.
En ese sentido, las reformas que se proponen cumplen directamente este mandato: la verificación de antecedentes es una medida preventiva que busca impedir la coacción o inducción de un niño a actos sexuales ilícitos, al evitar que posibles agresores se sitúen en posición de cometer esos actos (por ejemplo, un pederasta infiltrado como maestro tendría mayores facilidades para incitar o coaccionar a un menor; la ley impediría tal escenario). A su vez, la prisión preventiva oficiosa desincentiva la comisión del delito (al asegurar consecuencias inmediatas) y protege a otros niños de eventuales reincidencias durante el proceso, previniendo así nuevos abusos.
Por la magnitud del problema es necesario reforzar el marco jurídico nacional en materia de protección a niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales, mediante la reforma al artículo 261 del Código Penal Federal y la adición del artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta parte del reconocimiento de la gravedad del delito de abuso sexual infantil y de la urgente necesidad de establecer medidas más estrictas que garanticen una respuesta penal proporcional y eficaz. En este sentido, se plantea que las personas imputadas por este delito no puedan llevar su proceso en libertad, imponiéndose prisión preventiva oficiosa, dado el daño profundo e irreparable que dichas conductas generan en las víctimas, en atención al principio del interés superior de la niñez.
Asimismo, se propone la obligación, por parte de instituciones y empleadores que trabajan con menores de edad, de establecer protocolos de detención oportuna de conductas que pudieran derivar en abuso sexual, lo que contribuye a establecer entornos seguros y libres de violencia.
Con la finalidad de identificar a plenitud los cambios propuestos se elaboraron los siguientes cuadros comparativos:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
DecretoPrimero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 261 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 261. ...
...
...
Tratándose de este delito, la persona imputada no podrá enfrentar su proceso en libertad, debiendo imponerse prisión preventiva oficiosamente en todos los casos en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una conducta que atenta gravemente contra la integridad, dignidad y el interés superior de los menores. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la persona sentenciada deberá cumplir la pena de prisión impuesta, sin que pueda gozar de libertad durante la sustanciación del proceso o la ejecución de la sentencia.
Segundo. Se adiciona el artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 49 Bis.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como las personas físicas o morales que presten servicios educativos, deportivos, culturales, recreativos, de salud, de asistencia social o cualquier otro que implique contacto habitual con niñas, niños y adolescentes, deberán diseñar, implementar y aplicar protocolos para la detección oportuna de conductas que puedan derivar en actos de abuso sexual, corrupción de personas menores de edad, trata de personas, pornografía infantil o en cualquier otra conducta que atente contra su libertad, integridad o seguridad sexual.
Las autoridades competentes deberán certificar dichos protocolos y verificar que todos los establecimientos obligados cuenten con ellos y los apliquen de manera permanente y efectiva.
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Aldeas Infantiles SOS.
https://www.aldeasinfantiles.org.co/noticias/noticias-2023/efect os-del-abuso-sexual-infantil
2 Rosalba Cruz Martínez, en Violencia sexual infantil, problema de salud pública. Gaceta UNAM. Disponible en:
https://www.gaceta.unam.mx/violencia-sexual-infantil-problema-de -salud-publica/
3 https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/06/27/violencia-sexual-contra-la-nine z-y-la-adolescencia-en-mexico-2010-2023/
4 https://www.infobae.com/mexico/2024/12/29/mexico-lidera-cifras-de-abuso-sexual- infantil-revela-reporte-de-la-ocde/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025.– Diputados y diputadas: Ulises Mejía Haro, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Alma Marina Vitela Rodríguez, Anais Miriam Burgos Hernández, Claudia García Hernández, J. Jesús Jiménez, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Martha Olivia García Vidaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Nadia Navarro Acevedo, Rosa María Castro Salinas (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez, Adolescencia, para dictamen.
LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO EL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Evangelina Moreno Guerra, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social, 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el artículo 111 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio el Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de licencias e cuidados para la madres y padres trabajadores, de hijos con enfermedades graves, suscritas por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de Movimiento Ciudadano y del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Evangelina Moreno Guerra:Con su venia, diputada presidenta. Estimadas y estimados diputados, los saludo desde esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con objeto de ampliar el derecho a las licencias de ciudadanos, para las madres y padres trabajadores de hijos con enfermedades graves y otros padecimientos o condiciones.
Estimadas y estimados colegas, nos tocó vivir un tiempo marcado por el cambio de paradigmas en México, y uno de esos cambios urgentes radica en la forma en la que como sociedad pensamos, entendemos y atendemos el tema de los cuidados.
Este es un asunto que nos debe involucrar a todas y todos, por la simple razón de que somos seres humanos. En distintos momentos en nuestra trayectoria de vida siempre vamos a necesitar de personas que nos cuiden.
Desde el Poder Ejecutivo Federal, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha mostrado que el tema de cuidados es una prioridad, al incluirlo en los 100 compromisos. También se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo y recientemente en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación, que turnó a esta Cámara, en el cual incluyó un anexo transversal exclusivo para atender a personas, para impulsar la agenda de cuidados.
Por otro lado, desde el Poder Judicial de la Federación también están haciendo sus aportes, de hecho, la iniciativa que hoy presento es producto del amparo en revisión 590/2023, en el cual, bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres, se reconoció en el resolutivo el derecho de las y los trabajadores a más licencias laborales, con lo cual se abonaría a una mayor productividad, así como a la salud mental de las y los trabajadores.
Como Cámara de Diputados y como Congreso de la Unión es momento de asumir nuestra misión histórica, es decir, más allá de nuestras militancias, nuestra legislatura se debe convertir en la legislatura que dignificó la labor de los cuidadores. Debemos convertirnos en la legislatura que reformó nuestra Carta Magna, para reconocer el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y posteriormente las leyes reglamentarias.
Nuestra tarea como legisladores consiste en dar certeza jurídica a todos esos esfuerzos en materia de cuidados que ya se realizan de manera aislada de muchas dependencias. Por ello, además de la reforma constitucional, también necesitamos expedir una ley que cree un sistema nacional de cuidados.
Sabemos que los retos legislativos son bastantes, pero estamos en un momento favorable, porque la agenda de cuidados en lugar de confrontarnos, nos convoca a unirnos, a fusionar nuestros esfuerzos, porque ya basta de que nuestra legislación no contemple un equilibrio entre el derecho a trabajar y el derecho a cuidar.
Ya basta de que los cuidadores tengan que decidir entre trabajar o tener que cuidar a un familiar. Ya basta de que seamos las mujeres las obligadas a tener que sacrificar nuestras metas profesionales por tener que asumir un rol histórico que la sociedad nos ha asignado de realizar la tarea de cuidar por el simple hecho de ser mujeres.
Con esta iniciativa buscamos conciliar el trabajo con los cuidados. Ampliar las licencias a los trabajadores les dará la tranquilidad de que cuando a las personas que cuidan enfrenten una crisis, no van a ser despedidas por ausentarse del trabajo y estar al pendiente de sus familiares dependientes.
Diputadas y diputados, con iniciativas como esta es como se puede empezar a dignificar la labor de las personas cuidadoras y a saldar la deuda que tenemos con ellas.
Personalmente les confieso que hoy no estaría aquí frente a ustedes, siendo una sobreviviente de cáncer gracias a los cuidadores, gracias a todas aquellas personas que me cuidaron en el momento que más frágil y vulnerable me encontraba.
A todas esas personas que siempre están ahí cuidando a sus familiares, mi reconocimiento a su enorme labor de cuidar, es que presentamos esta iniciativa.
También agradezco y le doy el crédito correspondiente a las y los y los diputados de todos los grupos parlamentarios y a sus asesores que de manera conjunta construimos esta iniciativa, el asesoramiento técnico de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, y de los abogados del Centro Universitario de Práctica y Estudios Jurídica, CUPEJ, fue muy valioso.
Diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas, representantes en esta Cámara, concluyo mi intervención invitándolos a adherirse a esta noble iniciativa, igualmente a sumarse a las actividades del grupo de trabajo en materia de cuidados y a escuchar testimonios de las personas cuidadoras en un próximo encuentro nacional que celebraremos el próximo lunes 8 de diciembre en el auditorio Aurora Jiménez. Gracias por su atención y que viva las personas cuidadoras. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
MINUTA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar cuenta con la minuta que remite la Cámara de Senadores, por favor. Si es tan amable, secretario, dar cuenta de la minuta que remite la Cámara de Senadores, por favor, a este pleno.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Claro, presidenta.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.– Mesa Directiva.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90, numeral 1, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Ciudad de México, 11 de noviembre de 2025.– Senadora María Martina Kantún Can (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
PROYECTO DE DECRETOCS-LXVI-II-lP-12
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 90, NUMERAL 1, FRACCIÓN XXIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. Se adiciona el artículo 90, numeral 1, con una nueva fracción XXIV, recorriendo las subsecuentes en su orden, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 90.
1....
I. a XXIII....
XXIV. Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica;
XXV a XXXI....
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2025.– Senadora Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), presidenta, senadora María Martina Kantún Can (rúbrica), secretaria.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos de los artículos 100, 102 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (14:55 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre del año en curso, a las 11 horas en la modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las y los legisladores.
––––– O –––––
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 32 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 407 diputadas y diputados
• Asistencia
• Orden del día
• Intervención desde la tribuna en lengua indígena
• Actas de las sesiones anteriores
• Comunicaciones oficiales: 2
• Iniciativa con proyecto de decreto con dispensa de trámites: 1
• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 21
• Minuta: 1
• Turno de iniciativas y proposiciones
• Clausura y cita
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 27
11-Morena, 4-PAN, 4-PVEM, 4-PT, 2-PRI, 2-MC
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
VOTACIONES
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales (en lo general y en lo particular)
MORENA
1 Abreu Artiñano, Rocío AdrianaFavor
2 Acosta Trujillo, JuanaFavor
3 Aguirre Gallardo, José JavierFavor
4 Aldana Navarro, Luis HumbertoAusente
5 Alonso Gutiérrez, AgustínFavor
6 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
7 Álvarez Nemer, Mónica AngélicaFavor
8 Álvarez Villaseñor, RaúlFavor
9 Anaya Martínez, JosefinaFavor
10 Anaya Villegas, SandraFavor
11 Andrade Zurutuza, DanielFavor
12 Antonio Altamirano, CarolFavor
13 Arellano Ávila, Giselle YunueenFavor
14 Armendáriz Guerra, Carmen PatriciaAusente
15 Armenta Oliveros, MagalyFavor
16 Arreola López, HaidydFavor
17 Arreola Trinidad, AzucenaFavor
18 Arzola Vargas, Xóchitl TeresaFavor
19 Asaf Manjarrez, DanielFavor
20 Ávila Anaya, Francisco Arturo FedericoFavor
21 Ávila Vera, Mildred ConcepciónFavor
22 Ávila Flores, Claudia SeleneFavor
23 Avilés Domínguez, LeideFavor
24 Ayala Leyva, Ana ElizabethFavor
25 Baldenebro Arredondo, Manuel de JesúsAusente
26 Ballesteros García, María de los ÁngelesFavor
27 Barrera Puc, Rocío NatalíFavor
28 Barreras Samaniego, Diana KarinaFavor
29 Basto González, Gabriela del CarmenFavor
30 Bautista Bravo, Juan AngelAusente
31 Bautista Pelaez, Maria del CarmenFavor
32 Beltrán Reyes, AnayFavor
33 Benítez Estrada, RufinaFavor
34 Benítez Tiburcio, MarianaAusente
35 Blancas Mercado, BrunoFavor
36 Blanco Bravo, CuauhtémocFavor
37 Borrego Adame, Francisco JavierFavor
38 Brito Zapata, Óscar IvánFavor
39 Brown Figueredo, Hilda AraceliFavor
40 Burgos Hernández, Anais MiriamFavor
41 Caamal Cocom, VenustianoFavor
42 Cabada Alvidrez, Hector A.Favor
43 Calcaneo Constantino, Karen YaitiFavor
44 Calderón Díaz, AlejandroFavor
45 Campos Plancarte, DanielFavor
46 Cárdenas Galván, ClaraFavor
47 Carranza Gómez, BeatrizFavor
48 Carrasco Godínez, MelvaFavor
49 Carrazco Macías, OlegariaFavor
50 Carrillo Cubillas, Mario MiguelFavor
51 Carvajal Hidalgo, AlejandroFavor
52 Castellanos Polanco, FavioFavor
53 Castillo García, Gilberto DanielFavor
54 Castillo López, EduardoFavor
55 Castillo Lozano, Katia A.Favor
56 Castillo Morales, Francisco AdriánFavor
57 Castillo Pérez, Carlos AlonsoFavor
58 Castillo Quintana, EldaFavor
59 Castro Salinas, Rosa MaríaFavor
60 Castro Trenti, Fernando JorgeFavor
61 Castro Villarreal, AntonioFavor
62 Cervantes de la Cruz, ElizabethFavor
63 Chávez Rojas, Olga LeticiaFavor
64 Chedraui Peralta, AlejandraAusente
65 Cornejo Gómez, Astrit ViridianaFavor
66 Corona Arvizu, ArmandoFavor
67 Corro Mendoza, MargaritaFavor
68 Coss y León Zuñiga, HumbertoFavor
69 Crespo Arroyo, RicardoFavor
70 Cruz Lucatero, José LuisFavor
71 Cruz Mendoza, CarmeloFavor
72 Cuevas Sánchez, CintiaFavor
73 De la Rosa García, Juan HugoFavor
74 De la Vega Sánchez, Alma LidiaFavor
75 De la Vega Vargas, Alma RosaFavor
76 Del Río Zenteno, Karina MargaritaFavor
77 Del Valle Ramírez, AlejandraFavor
78 Díaz Vilchis, CatalinaFavor
79 Domínguez Nava, GracielaFavor
80 Domínguez Rodríguez, Roberto ÁngelFavor
81 Domínguez Serna, Yoloczin LizbethFavor
82 Ealy Díaz, María TeresaFavor
83 Ebrarb Lestrade, SebastíanFavor
84 Escobar García, Zenyazen RobertoFavor
85 Espino Barrientos, ManuelAusente
86 Esponda Torres, Flor de MaríaFavor
87 Estrada Domínguez, Francisco JavierFavor
88 Farfán Vázquez, LeticiaFavor
89 Fernández Cesar, MónicaFavor
90 Fernández Fuentes, Luis HumbertoFavor
91 Fernández Samaniego, José ArmandoFavor
92 Fernández Sarabia, Zayra LinetteFavor
93 Ferraez Centeno, Ana MiriamFavor
94 Flores Bustamante, Juan ÁngelFavor
95 Flores Cervantes, Hugo EricFavor
96 García Antonio, BriceydaFavor
97 García Hernández, ClaudiaFavor
98 García Hernández, GabrielFavor
99 García Romero, Rafaela VianeyFavor
100 García Vidaña, Martha OliviaFavor
101 Garcés Medina, EdénFavor
102 Garfias Alcantara, Claudia LeticiaFavor
103 Godoy Rangel, LeonelFavor
104 Gómez Maldonado, MaiellaFavor
105 Gómez Pozos, MerilynFavor
106 González Hernández, Juan AntonioFavor
107 González Pérez, Sandra BeatrizFavor
108 Graniel Zenteno, Rosa MargaritaFavor
109 Guerrero Pérez, EleazarFavor
110 Gutiérrez Bocanegra, Julio ErnestoFavor
111 Gutiérrez Luna, Sergio CarlosFavor
112 Haces Barba, Pedro MiguelFavor
113 Hernández Mirón, CarlosFavor
114 Hernández Pérez, César AgustínFavor
115 Hernández Sáenz, Claudia AlejandraFavor
116 Hernández Tapia, Arturo RobertoFavor
117 Herrera Ruiz, GilbertoFavor
118 Herrera Solórzano, GilbertoFavor
119 Herrera Villavicencio, MónicaFavor
120 Higareda Segura, LuceroFavor
121 Higuera Esquer, Alma ManuelaFavor
122 Ibarra Ramos, Jesús AlfonsoFavor
123 Jiménez Godoy, Gabriela GeorginaFavor
124 Jiménez J., JesúsFavor
125 Jiménez Vásquez, Naty Poob PijyFavor
126 Juan Carlos, IrmaFavor
127 Lastra Bastar, Jaime HumbertoFavor
128 Lobo Román, Víctor HugoAusente
129 López de la Cruz, AmaliaFavor
130 López Gorosave, RocíoFavor
131 López Orozco, Diana IselaFavor
132 López Santiago, HerminiaFavor
133 López Vela, Jaime GenaroFavor
134 Luévano Cantú, María SoledadFavor
135 Maldonado Chavarín, AlbertoFavor
136 Martínez Montaño, Karina IsabelFavor
137 Mayer Bretón, SergioFavor
138 Mejía Haro, UlisesFavor
139 Mejía Méndez, RobertoFavor
140 Mendoza Arce, FernandoFavor
141 Mendoza Ramírez, Eunice AbigailFavor
142 Mendoza Ruiz, JacoboFavor
143 Michel López, MarcelaFavor
144 Mier Acolt, Jorge AlbertoFavor
145 Mier Bañuelos, Carlos IgnacioFavor
146 Millán Contreras, IvánFavor
147 Milland Pérez, BeatrizFavor
148 Mollinedo Cano, TeyFavor
149 Monreal Ávila, RicardoFavor
150 Montemayor Castillo, SantyFavor
151 Mora Eguiluz, CelesteFavor
152 Morales Mendoza, GabinoFavor
153 Morales Rubio, María GuadalupeFavor
154 Morán Sánchez, Leoncio AlfonsoFavor
155 Moreno Guerra, EvangelinaFavor
156 Moreno Méndez, Dora AliciaFavor
157 Moreno Ramírez, Claudia LisbethAusente
158 Moreno Rivera, Julio CésarFavor
159 Moreno Villatoro, Rosario del CarmenFavor
160 Muñiz Cabrera, Kenia GisellFavor
161 Murguía Lardizábal, DanielFavor
162 Narro Cespedes, JoséFavor
163 Narro Panameño, Blanca AraceliFavor
164 Navarrete Rivera, Alma DeliaFavor
165 Navarro Pérez, Beatriz AndreaFavor
166 Olguín Serna, Julia ArceliaFavor
167 Olivares Cerda, ArturoFavor
168 Oliver Cen, Luis ArturoFavor
169 Orozco Caballero, María del RosarioFavor
170 Ortega Tiburcio, Rosa GuadalupeFavor
171 Oseguera Kernion, AdriánFavor
172 Osorio Ferral, BerthaFavor
173 P. Ángeles Moreno, Tatiana TonantzinFavor
174 Padierna Luna, María de los DoloresFavor
175 Palacios Medina, Sandra PatriciaFavor
176 Palacios Rodríguez, Carlos VenturaFavor
177 Palomar González, Mayra DoloresAusente
178 Peña Vidal, IvánFavor
179 Peña Villa, José AlejandroFavor
180 Perea Cruz, Jesús IrugamiFavor
181 Pérez Bernabe, Jaime HumbertoFavor
182 Pérez Popoca, KarinaFavor
183 Piceno Navarro, Estela CarinaFavor
184 Polanco Morales, AnicetoFavor
185 Pompa Robles, FelicitaFavor
186 Porras Baylón, Any MarilúFavor
187 Prieto Gallardo, Ernesto AlejandroFavor
188 Pujol Irastorza, Jesús AntonioFavor
189 Quiroz Gallegos, Adriana BelindaFavor
190 Ramírez Cisneros, JéssicaFavor
191 Ramírez Cuéllar, AlfonsoFavor
192 Ramírez Guzmán, Emilio RamónAusente
193 Rendón Gómez, Juan GuillermoFavor
194 Rincón Chanona, SoniaFavor
195 Rivera Vivanco, ClaudiaFavor
196 Rodríguez Pérez, Luz MaríaFavor
197 Romero Gómez, PetraFavor
198 Rosales Cruz, María MagdalenaFavor
199 Rosete Sánchez, María de JesúsAusente
200 Rubio Sánchez, Mirna MaríaFavor
201 Ruiz López, Alma LauraFavor
202 Ruiz Páez, MontserratFavor
203 Saiden Quiroz, JéssicaFavor
204 Salgado Ponce, Magda ErikaAusente
205 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
206 Sánchez Barrios, CarlosFavor
207 Sánchez Cervantes, FranciscoFavor
208 Sánchez Cordero Dávila, OlgaFavor
209 Sánchez López, GloriaFavor
210 Sánchez Reyes, Jorge LuisFavor
211 Santander Soto, GisselFavor
212 Santiago Rodríguez, GuillermoFavor
213 Savala Díaz, RosalindaFavor
214 Segura Trejo, Elena EdithFavor
215 Sepulveda García, Nadia YadiraFavor
216 Shember Domínguez, Delhi MiroslavaFavor
217 Sibaja Mendoza, AcielFavor
218 Silva Santiago, María DamarisFavor
219 Solache González, MaribelFavor
220 Suárez Montes de Oca, RoseliaAusente
221 Taja Ramírez, JavierFavor
222 Tenorio Adame, PaolaFavor
223 Ulloa Pérez, Carlos AlbertoFavor
224 Urbina Castañeda, Rosa IreneFavor
225 Valdepeñas González, GabrielaFavor
226 Valdés Peña, JesúsFavor
227 Valencia de la Mora, GriceldaFavor
228 Varela Domínguez, Juan CarlosFavor
229 Vargas Meraz, Teresita de JesúsFavor
230 Vázquez Vázquez, Adasa SarayFavor
231 Vázquez Alatorre, Antares GuadalupeFavor
232 Vázquez Arellano, ManuelAusente
233 Vázquez Conchas, RaymundoFavor
234 Vázquez García, DioniciaFavor
235 Vázquez Navarro, EnriqueFavor
236 Vázquez Ruiz, Miriam de los ÁngelesFavor
237 Vázquez Vázquez, AlfredoAusente
238 Velazco Bautista, AremyFavor
239 Velázquez Vallejo, FranciscoFavor
240 Velázquez Vázquez, MarcelaFavor
241 Vences Valencia, Julieta KristalAusente
242 Villacis Palacios, ZorayaFavor
243 Villalpando Riquelme, JulietaFavor
244 Villanueva Moo, Jazmín YaneliFavor
245 Villegas Canché, Freyda MarybelFavor
246 Villegas García, Isidro EnriqueFavor
247 Villegas Guarneros, DulceFavor
248 Villegas Sánchez, MeraryFavor
249 Vitela Rodríguez, Alma MarinaFavor
250 Zagal Ramírez, Xóchitl NashiellyFavor
251 Zebadúa Alva, JoaquínFavor
252 Zenteno Santaella, Pedro MarioFavor
253 Zúñiga Cerón, MariselaFavor
Favor: 236
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 17
Total: 253
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Anaya Llamas, José GuillermoFavor
2 Azuara Zúñiga, DavidFavor
3 Balderas Trejo, Ana MaríaFavor
4 Becerra Moreno, MónicaFavor
5 Borboa Becerra, Omar AntonioFavor
6 Castillo Medina, Nubia IrisFavor
7 Chimal García, Fidel DanielFavor
8 Cortés Mendoza, David AlejandroFavor
9 Damian Retes, César IsraelFavor
10 Döring Casar, FedericoFavor
11 Espinosa Sánchez, Paola MilagrosFavor
12 Ferreyro Rosado, AbrilFavor
13 Gamboa Torales, María JosefinaFavor
14 García Jimeno Alcocer, Ma. LorenaFavor
15 Garza de la Garza, Samantha MargaritaFavor
16 Ginez Serrano, TeresaFavor
17 Gómez Cárdenas, Annia SarahíAusente
18 González Alonso, Carmen RocíoFavor
19 Granados Trespalacios, María AngélicaFavor
20 Guevara Rodríguez, Miguel ÁngelFavor
21 Gutiérrez Garza, Blanca LeticiaFavor
22 Gutiérrez Valtierra, Diana EstefaniaAusente
23 Guzmán Avilés, María del RosarioFavor
24 Hernández Cerón, AsaelFavor
25 Hinojosa Pérez, José ManuelFavor
26 Huerta Villegas, GenovevaFavor
27 Iñiguez Franco, José MarioFavor
28 Jiménez Angulo, Julia LicetFavor
29 Jiménez Delgado, Silvia PatriciaFavor
30 Kalionchiz de la Fuente, TheodorosFavor
31 Lixa Abimerhi, José ElíasFavor
32 López Rabadán, KeniaFavor
33 Luna Ayala, Noemí BereniceFavor
34 Márquez Alcalá, Laura CristinaFavor
35 Márquez Becerra, Alan SahirFavor
36 Martínez Cázares, GermánFavor
37 Martínez López, Paulo GonzaloFavor
38 Martínez Terrazas, Víctor AdriánFavor
39 Martínez Álvarez, ElizabethFavor
40 Monraz Ibarra, Miguel ÁngelFavor
41 Moya Bastón, Martha AmaliaFavor
42 Nader Nasrallah, Jesús AntonioFavor
43 Niño de Rivera Vela, Homero RicardoFavor
44 Olguín Díaz, Nancy AracelyFavor
45 Olivares Castañeda, Amparo LiliaFavor
46 Ortiz Pérez, LilianaFavor
47 Palacios Kuri, TaniaFavor
48 Pelayo Covarrubias, FranciscoAusente
49 Pérez Díaz, Víctor ManuelFavor
50 Pérez Herrera, VerónicaFavor
51 Quiñones Garrido, ClaudiaFavor
52 Ramírez Barba, Éctor JaimeFavor
53 Rementería del Puerto, JulenFavor
54 Rendón García, César AugustoFavor
55 Rodríguez Barroso, Diego ÁngelFavor
56 Rodríguez Heredia, María IsabelFavor
57 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
58 Rubalcava Jimenéz, José AlfonsoFavor
59 Rubio Fernández, PaulinaAusente
60 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
61 Sosa Pichardo, RobertoFavor
62 Sánchez Rodríguez, ErnestoFavor
63 Tejeda Cid, ArmandoFavor
64 Torres Cofiño, Marcelo de JesúsFavor
65 Torres Graciano, FernandoFavor
66 Téllez Hernández, Héctor SaúlFavor
67 Verástegui Ostos, César AugustoFavor
68 Vásquez Hernández, Eva MaríaFavor
69 Vázquez Jiménez, Alonso de JesúsFavor
70 Zavala Gómez del Campo, Margarita EsterFavor
Favor: 66
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 70
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Acosta Islas, AnabelFavor
2 Alatriste Cantú, AdolfoFavor
3 Astudillo Suárez, RicardoFavor
4 Ávila Villegas, EruvielFavor
5 Avilés Álvarez, AlejandroFavor
6 Bautista Villegas, OscarFavor
7 Benavides Cobos, GabrielaFavor
8 Bolaños-Cacho Cué, RaúlFavor
9 Braña Mojica, JoséFavor
10 Cabrera Lagunas, María del CarmenFavor
11 Canturosas Villarreal, Carlos EnriqueFavor
12 Carbajal Méndez, LilianaFavor
13 Carrillo Soberanis, Juan LuisFavor
14 Cota Cárdenas, Manuel AlejandroFavor
15 Cruz Pelaez, Fatima AlmendraFavor
16 Cuanalo Araujo, Jesús MartínFavor
17 De la Mora Torreblanca, Marco AntonioFavor
18 De los Santos F., Casandra PriscillaFavor
19 Delgado Carrillo, Felipe MiguelFavor
20 Durán Reveles, José LuisFavor
21 Espino Suárez, MayraFavor
22 Fernández Cruz, Nayeli ArlenFavor
23 Fernández Martínez, José LuisFavor
24 Fonseca Galicia, Celia EstherFavor
25 Gaitán Díaz, María GracielaFavor
26 Gali López, José AntonioFavor
27 Gallardo García, FaustoFavor
28 Gallardo Juarez, RicardoFavor
29 González Flandez, DeliamaríaFavor
30 Guevara Garza, Carlos AlbertoFavor
31 Guzmán González, DenisseFavor
32 Hernández Pérez, José LuisFavor
33 Hernández Rodríguez, Blanca EstelaFavor
34 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
35 Huerta Romero, AzucenaFavor
36 Licerio Valdés, Hilda MagdalenaFavor
37 López Hernández, Mario AlbertoFavor
38 Madrazo Silva, Carlos ArturoFavor
39 Madrid Pérez, RicardoFavor
40 Marín Rangel, IvánFavor
41 Mendoza Mondragón, María LuisaFavor
42 Miranda Barrera, Luis EnriqueFavor
43 Nava García, María del CarmenFavor
44 Noyola Cervantes, Ma. LeonorFavor
45 Núñez Aguilar, ErnestoFavor
46 Pedroza Jiménez, HéctorFavor
47 Pérez Cuellar, AlejandroFavor
48 Puente Salas, Carlos AlbertoFavor
49 Puertos Chimalhua, JonathanFavor
50 Quiroga Treviño, Luis OrlandoFavor
51 Ramírez Ramos, Antonio de JesúsFavor
52 Salomón Durán, Ciria YamileFavor
53 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
54 Santana González, Ana ErikaFavor
55 Scherer Pareyon, Julio JavierFavor
56 Silva Andraca, Ruth MaricelaFavor
57 Trujillo Trujillo, Karina AlejandraFavor
58 Valladares Eichelmann, Juan CarlosFavor
59 Vega Regalado, José AdalbertoFavor
60 Villarreal Solís, GerardoFavor
61 Villatoro Osorio, Jorge LuisFavor
62 Winkler Trujillo, CindyFavor
Favor: 62
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 62
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Gil, LiliaFavor
2 Aguilar López, José AlejandroFavor
3 Albores Gleason, Roberto ArmandoFavor
4 Barrera Vázquez, AriadnaFavor
5 Benavides Castañeda, José AlbertoFavor
6 Bernal Martínez, Mary CarmenFavor
7 Castillo Gabino, DianaAusente
8 Corral Ordóñez, Jesús RobertoFavor
9 Cruz Jimenez, Martha AracelyFavor
10 De la Luz Rivas, María IsidraAusente
11 Del Muro García, Ana LuisaFavor
12 Díaz, Luis ArmandoFavor
13 Durán Alarcón, Greycy MarianAusente
14 Elizondo Guerra, Olga JulianaFavor
15 Espinosa Ramos, Francisco AmadeoFavor
16 Flores Robles, Ramón ÁngelFavor
17 Galindo Alarcón, PatriciaFavor
18 Garay Loredo, Irma YordanaFavor
19 García García, MargaritaFavor
20 García Hernández, Jesús FernandoFavor
21 Gloria López, JoséFavor
22 Gómez Alarcón, Amarante GonzaloFavor
23 González Naveda, AdriánFavor
24 González Soto, SantiagoFavor
25 Guízar Macías, Francisco JavierFavor
26 Herrera Natividad, Olga LidiaFavor
27 León Rosas, RosalíaFavor
28 López Carrillo, VanessaFavor
29 López Ruiz, José AntonioAusente
30 López Sánchez, José AlejandroFavor
31 Manzanilla Téllez, EmilioFavor
32 Martínez Ruiz, MaribelFavor
33 Martínez Ventura, Luis EnriqueAusente
34 Mejía Berdeja, Ricardo SóstenesFavor
35 Merino Escamilla, Nora YessicaFavor
36 Montalvo Luna, José LuisFavor
37 Morelos Rodríguez, CarlosFavor
38 Moreno Hernández, Brigido RamiroFavor
39 Núñez Monreal, Magdalena del SocorroFavor
40 Olivares Mejía, GerardoFavor
41 Ortiz Rodríguez, Jorge ArmandoFavor
42 Rojo Pimentel, Ana KarinaFavor
43 Sandoval Flores, ReginaldoFavor
44 Santiago Pineda, WblesterFavor
45 Sánchez González, José LuisFavor
46 Téllez Marín, José LuisFavor
47 Vázquez Calixto, JavierFavor
48 Vázquez González, PedroFavor
49 Vilchis Contreras, Luis FernandoFavor
Favor: 44
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 49
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, YericoFavor
2 Alonso Que, Erubiel LorenzoFavor
3 Alonso Reyes, Miguel AlejandroFavor
4 Ambriz Delgadillo, HumbertoFavor
5 Arredondo Ramos, AbigailFavor
6 Barrera Maldonado, LeticiaFavor
7 Betanzos Cortés, IsraelFavor
8 Calzada Mercado, MarioAusente
9 Cantú Ramírez, Andrés MauricioFavor
10 Castro Bello, Christian MishelFavor
11 Ceja García, XitlalicFavor
12 Chávez Velázquez, NoelFavor
13 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor
14 Domínguez Ugarte, PalomaFavor
15 Espinoza Eguía, Juan FranciscoAusente
16 González González, Ana IsabelFavor
17 Guerra Castillo, MarcelaFavor
18 Guerrero Esquivel, FuensantaFavor
19 Gutiérrez Arroyo, Hugo EduardoFavor
20 Gutiérrez Mancilla, Carlos EduardoAusente
21 Jasso Nieto, Ofelia SocorroFavor
22 Lara Calderón, EmilioFavor
23 Martínez García, VerónicaFavor
24 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor
25 Moreira Valdez, Rubén IgnacioFavor
26 Moreno de Haro, JuanFavor
27 Navarro Acevedo, NadiaFavor
28 Ortiz González, GracielaFavor
29 Palma César, Víctor SamuelFavor
30 Piñón Rivera, LorenaFavor
31 Rejon Lara, Ariana del RocíoFavor
32 Ruiz Moreno, Laura IvonneFavor
33 Sánchez Sánchez, Luis GerardoFavor
34 Sandoval Hernández, Mónica ElizabethFavor
35 Suárez Licona, EmilioFavor
36 Yáñez Cuéllar, ArturoFavor
37 Zamora Gastélum, MarioFavor
Favor: 34
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 37
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Ballesteros Mancilla, LauraFavor
2 De Hoyos Walther, Gustavo A.Favor
3 Farías Bailón, Francisco JavierAusente
4 Flores Elizondo, PatriciaFavor
5 Gaona Domínguez, EduardoFavor
6 García León, María de FátimaFavor
7 Gil Rullán, SergioFavor
8 Gómez Villalobos, Tecutli José GuadalupeFavor
9 González Franco, AmancayFavor
10 Hernández García, LauraFavor
11 Jiménez Zamora, Mariana GuadalupeFavor
12 Longoria López, Paola MichellFavor
13 Lozoya Santillán, Jorge AlfredoFavor
14 Luna Vázquez, Hugo ManuelFavor
15 Mercado Castro, Dora PatriciaFavor
16 Muñoz Moreno, AnayeliFavor
17 Núñez Sánchez, Gloria ElizabethFavor
18 Ortega Pacheco, Ivonne AracellyFavor
19 Pérez Gabino, GildardoAusente
20 Ramírez Reyes, GibranFavor
21 Reyes de la Torre, Irais VirginiaFavor
22 Ruiz Massieu Salinas, ClaudiaFavor
23 Ruiz Hernández, Juan ArmandoFavor
24 Salas Rodríguez, Claudia GabrielaFavor
25 Samperio Montaño, Juan IgnacioFavor
26 Sánchez Rivera, Miguel ÁngelAusente
27 Vazquez Ahued, PabloAusente
28 Zavala Gutiérrez, Juan IgnacioFavor
Favor: 24
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 28
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Mendoza Arias, Guadalupe AraceliFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1