«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la fiscalización de obras públicas cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos o accidentes eliminando trabas a la fiscalización, durante el ejercicio fiscal en curso y anteriores, al tenor de la siguiente

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico de fiscalización con la que cuenta la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de llevar a cabo la fiscalización de los recursos públicos de la Federación, atribución destacada que fue considerada para integrarla, incluso, como parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en nuestro texto constitucional.

La función de fiscalización de los recursos públicos es una de las más importantes y relevantes en nuestro país, en tanto que, en esta nueva disyuntiva en que se ha colocado a nuestras instituciones en las que ya no tendrán los controles de una autoridad independiente que les exija transparentar la información generada de sus diversas facultades, hace necesario que la Cámara de Diputados, cuente con el apoyo de una ASF fuerte y consolidada, que actúe en estricto apego a los principios constitucionales que guían su función, como lo son la legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en la revisión de la cuenta pública federal.

La Auditoría Superior de la Federación se erige como el pilar central dentro del sistema, siendo la única institución con atribuciones que superan a las de cualquier otro integrante del Sistema Nacional Anticorrupción. Su responsabilidad abarca la fiscalización de todos los entes públicos federales y, cuando corresponde, también de aquellos de otros niveles de gobierno que gestionen recursos federales. Asimismo, extiende su alcance a particulares que, por su relación con el gobierno, reciban o administren fondos federales por cualquier motivo.

Esta tarea es de gran relevancia, ya que tanto los estados como los municipios reciben cuantiosos recursos provenientes de la Federación, lo que implica una labor de fiscalización de gran magnitud. Por ello, es fundamental no perder de vista el objetivo de la fiscalización: vigilar que los recursos públicos se utilicen para los fines a los que fueron destinados, con lo cual se contribuirá, además, a hacer más eficaz la lucha contra la corrupción, todo ello en beneficio directo para la sociedad.

En la consecución de dicho objetivo, la ASF debe tener acceso pleno, oportuno y verificable a la información de los sujetos auditados, por lo que la obligación de estos de entregar información no es un acto discrecional, sino que es parte de su obligación constitucional y que se fundamenta además en el cumplimiento del principio de máxima publicidad, que debe regir toda actuación estatal y que exige que la información sobre uso de recursos públicos sea accesible.

La ASF sólo puede evaluar la eficiencia, economía y eficacia del gasto si recibe información completa sobre planeación, contratación, ejecución, modificaciones, pagos y supervisión.

En tal sentido, la realización de obras públicas es una actividad a la que se le dio prioridad desde el 2018, año en el que el titular del Ejecutivo Federal consideró la realización de importantes obras públicas que a su decir, eran indispensables para el desarrollo nacional, tales como lo fueron y siguen siendo en algunos casos, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Olmeca en Dos Bocas Veracruz, el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, mismas a las que se le han destinado una cantidad importante de recursos públicos y cuya eficiencia y eficacia ha sido puesta en duda pues no han dado los resultados esperados para el desarrollo nacional.

Incluso en su construcción se han detectado importantes sobrecostos en los recursos asignados que han tenido que ser cubiertos por el gobierno federal, y en donde, incluso, el mismo Ejecutivo federal las catalogó como obras de seguridad nacional e interés público, negando con ello el acceso a la información de estas obras para una debida vigilancia ciudadana, así como también se confirieron procedimientos especiales en materia de permisos administrativos para su ejecución.

Son varias las observaciones que ha realizado la ASF desde el comienzo de su construcción. Los informes de fiscalización de las Cuentas Públicas 2019 a 2023 muestran que proyectos como el Tren Maya, la refinería Olmeca en Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles presentan deficiencias recurrentes en planeación, contratación, ejecución y comprobación del gasto.

La organización México Evalúa realizó un estudio en el que arroja datos relevantes en este tema:

• “El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del sexenio y destinado principalmente a la provisión de servicio ferroviario en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha costado 176 por ciento más de lo prometido. De acuerdo con notas periodísticas, López Obrador aseguró que su construcción costaría 156 mmdp, equivalentes a 197 mmdp en pesos constantes de 2024. Sin embargo, a mitad de su administración, en 2022, el costo ya había alcanzado 242 mmdp, rompiendo su promesa inicial. Al cierre del sexenio, la cifra se disparó hasta 544 mmdp, lo que representa un sobregasto de 248 por ciento (347 mmdp) más de lo prometido.

• A esto se suman 28.7 mdp adicionales para la reubicación de asentamientos humanos en el derecho de vía del tren, incluyendo la compra de terrenos y la construcción de vivienda para las familias afectadas. Debido a este proceso de reubicación, muchas de las comunidades desplazadas han denunciado afectaciones a su modo de vida, pérdida de tierras y falta de transparencia en la compensación recibida, lo que ha convertido la obra en un símbolo de improvisación y opacidad. Por si no fuera suficiente, tiene otros 45 mmdp aprobados para 2025. Es importante señalar que estos montos no se incluyen en el costo total del Tren Maya, ya que se registran bajo otra clave presupuestaria, lo que oculta parcialmente el gasto real de la obra y dificulta una evaluación completa de su impacto financiero.

• Si bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) costo menos de lo proyectado, en realidad trajo consigo un sobrecosto por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Para la construcción del AIFA inicialmente se estimó un presupuesto de 74.5 mmdp (equivalente a 96 mmdp en pesos constantes de 2024). En 2020, apenas se desembolsaron 6 mmdp; en 2021 el costo acumulado alcanzó los 41 mmdp. Finalmente, construir el AIFA costó 89 mmdp, 7 mmdp por debajo de lo estimado. No obstante, al gasto de construcción se suma el costo de la cancelación del NAICM, que ascendió a 146 mmdp, según la ASF. De esta forma, el gasto total por la construcción del AIFA fue de 235.3 mmdp, lo que representa un sobrecosto de 145 por ciento (139 mmdp) sobre el presupuesto prometido.

• ...el sobregasto de la refinería Dos Bocas, que más que duplicó su presupuesto original hasta alcanzar los 19,653 millones de dólares en 2024 y equivalentes a 398 mmdp, según notas periodísticas.

• Cabe precisar que ni en la Cuenta Pública ni en los informes trimestrales de Hacienda se han informado los costos de este proyecto. No obstante, en los informes a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) es posible saber que hasta 2023 Pemex ha gastado 355.9 mmdp, esto es 144.5 mmdp por encima del costo prometido de 211.4 mmdp (8,000 millones de dólares).

• Para colmo, a pesar de que fue diseñada para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo, en agosto de 2024 Dos Bocas operaba apenas al 50 por ciento de su capacidad, refinando 170,000 barriles diarios. Además, su producción de gasolina fue de sólo 1,144 barriles diarios. La falta de información oficial clara y las inconsistencias en sus cifras han generado cuestionamientos sobre la eficiencia y rentabilidad del proyecto, reforzando la percepción de que ha sido una mala asignación de recursos con escaso impacto en la autosuficiencia energética.

• De esta forma, con datos oficiales, el sobrecosto del Tren Maya, AIFA y Dos Bocas, asciende a 630.5 mmdp. No obstante, este número sólo considera el gasto de Dos Bocas hasta 2023. Si consideramos información de prensa, como Reforma, El Economista, Forbes y Bloomberg, se puede constatar que en 2024 el costo de Dos Bocas llegó a 19,653 millones o 398.5 mmdp, esto es un sobreejercicio de 187 mmdp. Así, el sobrecosto de las tres obras insignia de López Obrador asciende a 673 mmdp.”

Aunado a lo anterior, el 28 de diciembre de 2025, se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en su tramo Z, en el cual hasta se dio cuenta del lamentable fallecimiento de 14 personas y por lo menos 98 personas lesionadas.

El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), incluyendo el Tren Interoceánico, ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en revisiones previas de la Cuenta Pública. De manera general se señalan las siguientes:

• Cuenta Pública 2019.- Se detectó un probable daño a la Hacienda Pública por más de 4 millones de pesos debido a bonificaciones por derecho de piso sin autorización. Montos pendientes por aclarar: 4,013,760.20 pesos.

• Cuenta Pública 2020.- Pagos indebidos por materiales y penalizaciones no justificadas. Falta de documentación para justificar erogaciones por servicios personales y diferencias en registros presupuestales. Retrasos y penalizaciones no aplicadas en contratos de locomotoras. Falta de control en el suministro y facturación de diésel. Montos pendientes por aclarar: 25,684,551.13 pesos (operación) y 4,736,273.40 pesos (inversiones físicas).

• Cuenta Pública 2021.- Pagos en exceso por más de 3 millones de pesos en contratos de obra pública debido a inconsistencias en matrices de precios y cobro de materiales no utilizados. Duplicidad de pagos y facturación de insumos no utilizados. Montos pendientes por aclarar: 8,003,187.8 pesos.

• Cuenta Pública 2022.- Pagos en exceso por inconsistencias en precios unitarios y conceptos no previstos en contratos. Montos pendientes por aclarar: 169,824.8 pesos.

• Cuenta Pública 2023.- Pagos en exceso por más de 28 millones de pesos debido a inconsistencias en la integración de matrices de precios unitarios en varios contratos de obra pública. Montos pendientes por aclarar: 28,849,661.6 pesos.

La suma total de estas irregularidades cuantificadas asciende a por lo menos 71.6 millones de pesos, representando un posible daño al erario que no ha sido plenamente aclarado ni recuperado.

Por otra parte, el análisis de la ejecución presupuestal para 2025 revela graves anomalías: el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobó inicialmente 25,122.9 millones de pesos, reducido posteriormente a 3,940.6 millones mediante ajustes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que equivale a una reducción drástica de 21,182.3 millones de pesos menos de lo aprobado por la Cámara de Diputados, con subejercicios notorios en categorías como provisiones para desarrollo regional (0 millones erogados) y operación de cuerpos de seguridad (subejercicio de 113.1 millones).

Estos subejercicios indican ineficiencia en la utilización de recursos, posiblemente derivada de falta de planeación o malversación. El proyecto, inaugurado parcialmente en diciembre de 2023 (Línea Z) y noviembre de 2025 (tramo inicial de Línea K), sigue en construcción y rehabilitación, con erogaciones acumuladas estimadas en de 53 a 55 mil millones de pesos hasta la fecha, superando las proyecciones iniciales de 20 mil millones para rehabilitación de vías y de 120 a 150 mil millones para el corredor completo. Reportes independientes confirman sobrecostos del 33 por ciento al 66 por ciento en componentes clave, atribuidos a improvisación y supervisión inadecuada, lo que podría implicar responsabilidades de servidores públicos.

El descarrilamiento del tren ha motivado la aparición de nuevos datos de alerta respecto de la construcción de dicha obra. El medio Latinus, ha dado a conocer nuevos audios y videos en los que se escucha a Amílcar Olán, amigo y operador de los hijos del expresidente Obrador, establecer los precios del balasto y sus acuerdos, así como las ganancias millonarias que ha tenido entre otros, con el suministro de balastro, por ejemplo, con la línea K.

La realización de obra pública es una de las áreas a las que el Estado les otorga mayor inversión y, por tanto, uno de los espacios donde el riesgo de ineficiencia, sobreprecio o mala planeación es más alto, y en ello, la fiscalización es imprescindible pues con ella no solo se detectan irregularidades, sino que también mejora la calidad del gasto y fortalece la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura útil y sostenible.

Por ello, presentamos esta propuesta que tiene por objeto principal, establecer como causas habilitantes de la realización de revisiones durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores, la existencia de indicios de hechos de corrupción, cuando se registren sobrecostos en adquisiciones o en la ejecución de alguna obra pública o cuando ocurran accidentes en la infraestructura de alguna de ellas, se encuentren o no concluidas.

Así mismo, se elimina la facultad discrecional del Auditor Superior de la Federación de autorizar o no la realización de dichas revisiones, evitando riesgos de discrecionalidad en la revisión de hechos que hayan sido denunciados. Debe existir certeza en que la revisión del ejercicio de los recursos públicos se está llevando a cabo de manera imparcial y con veracidad, por lo que cualquier denuncia debe ser atendida y los resultados de dicha investigación deben ser debidamente informados a la sociedad, pero además, tal y como se propone en este proyecto, todas las entidades involucradas deberán entregar la información solicitada sin que sin que en ningún caso pueda clasificar como información reservada ni invocarse la seguridad nacional respecto del manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos.

De ahí que, para dotar de transparencia debida a dicho procedimiento, otro objetivo de la presente iniciativa sea precisamente que el Auditor presente un informe por escrito y de manera presencial ante el pleno de la Cámara de Diputados, respecto de los resultados de dichas revisiones, así como las acciones de responsabilidad interpuestas como consecuencia.

La participación de esta Cámara de Diputados resulta fundamental para cumplir efectivamente con su obligación constitucional de revisar la cuenta pública, por lo que también se le faculta para solicitar la realización de dichas revisiones, por pedido de una quinta parte de los integrantes de la Cámara.

Para la mayor clarificación de la propuesta de reforma, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo que se trata es de otorgar certeza a que toda obra pública será auditada con información completa y verificable de manera inmediata, lo cual contribuirá a disuadir actos de corrupción por servidores públicos y contratistas, de modo que estos podrán ajustar su conducta a las disposiciones legales al saber que la fiscalización será exhaustiva.

Con esta propuesta se permitirá que la ASF pueda revisar durante el ejercicio fiscal en curso, lo cual evita esperar a la Cuenta Pública del año siguiente. Esto es crucial en obras públicas, donde los problemas deben detectarse mientras aún pueden corregirse, además de que se podrá detectar de manera temprana irregularidades, sobrecostos o fallas técnicas, o bien revisar ejercicios anteriores cuyas resoluciones no hayan sido observadas y que ello haya influido en la ocurrencia de accidentes.

Lo anterior es importante también porque la ASF es una de las principales instituciones con las que contamos para detectar conductas constitutivas de responsabilidades, tanto de carácter administrativo como penales, lo cual justifica su participación dentro del Sistema nacional Anticorrupción.

Por ello, el hecho de que pueda fiscalizar en tiempo real el cumplimiento de las disposiciones relativas al manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos, incluso, para vigilar la solventación de observaciones previamente emitidas, se convierte en un aspecto fundamental para evitar la impunidad, ya que con ello las autoridades correspondientes podrán contar con mayores elementos de valoración para determinar la responsabilidad de todos los sujetos que pudieron participar en la comisión de un delito, o bien, que fueron causa de la ocurrencia de algún accidente, como tal y como acontece en este momento en la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Derivado de investigaciones de la Fiscalía General de la República, y según se dice, después de la verificación de cuestiones relativas a la infraestructura del tren y de las vías, se ha determinado que este ocurrió por un exceso de velocidad ubicando como responsables a las personas directamente responsables de la operación del tren, entre los que se encuentran el conductor y el supervisor, sin hacer una revisión exhaustiva y los antecedentes de corrupción registrados durante su construcción, cuestiones de fondo que pudieron intervenir en su comisión como lo son deficiencia en infraestructura, mal estado del tren, fallas de seguridad y protección civil entre otras.

Debemos agotar todas las instancias con las que cuenta el Estado para sancionar a los verdaderos responsables por la realización de cualquier acto que se haya desarrollado fuera de la normatividad y que haya contribuido a tan lamentable accidente. Al no investigarse ese tipo de situaciones nuestro país continuará sumergido en la impunidad.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción I del Apartado A del cuarto párrafo del artículo 6; y el último párrafo de la fracción I del párrafo quinto del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma la fracción I del apartado A del cuarto párrafo del artículo 6; y el último párrafo de la fracción I del párrafo quinto del artículo 79, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

...

...

...

A. ...

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En ningún caso podrá reservarse la información relativa a ejercicio de recursos públicos. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. a VIII. ...

B. ...

Artículo 79. ...

...

...

...

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. ...

...

...

...

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, cuando existan indicios de hechos de corrupción, se registren sobrecostos en adquisiciones o en la ejecución de alguna obra pública o cuando ocurran accidentes en la infraestructura de alguna de éstas, se encuentren o no concluidas y en las demás situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias o a solicitud de una quinta parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, revisará durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley, sin que en ningún caso pueda clasificarse como información reservada ni invocarse la seguridad nacional respecto del manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico por escrito y ante el Pleno de la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;

II. a IV. ...

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones a la legislación secundaria a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto en su plazo de 60 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Megaproyectos archivos - Números de Erario Escrito por México Evalúa en febrero 20, 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026.– Diputado José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para permitir la fiscalización de obras públicas cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos o accidentes eliminando trabas a la fiscalización, durante el ejercicio fiscal en curso y anteriores, al tenor de la siguiente

La fiscalización de los recursos públicos constituye una de las funciones esenciales para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del Estado.

En un contexto donde diversas instituciones han quedado sin la supervisión de un órgano independiente que les exija transparentar la información derivada de sus atribuciones, resulta indispensable que la Cámara de Diputados cuente con una Auditoría Superior de la Federación sólida, profesional y plenamente consolidada. Su actuación debe regirse estrictamente por los principios constitucionales de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, especialmente en la revisión de la Cuenta Pública federal.

No debe perderse de vista que la fiscalización tiene un propósito fundamental: asegurar que los recursos públicos se utilicen conforme a los fines para los que fueron asignados. Cumplir con este objetivo fortalece la lucha contra la corrupción y genera beneficios directos para la sociedad.

Para lograrlo, la ASF requiere acceso pleno, oportuno y verificable a la información de los sujetos auditados. La entrega de datos no es una concesión voluntaria, sino una obligación constitucional sustentada en el principio de máxima publicidad, que exige que toda información relacionada con el uso de recursos públicos sea accesible y transparente.

La presente iniciativa desarrolla en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación las propuestas de reforma presentadas en la Iniciativa de reforma Constitucional presentada por este Grupo Parlamentario, en la cual se propone eliminar la facultad discrecional del Auditor Superior de la Federación de autorizar o no la realización de revisiones durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores, ello, con la finalidad de evitar riesgos de discrecionalidad en la revisión de hechos que hayan sido denunciados; establecer la obligación del Auditor de presentar un informe por escrito y de manera presencial ante el pleno de la Cámara de Diputados, los resultados de dichas revisiones, así como las acciones de responsabilidad interpuestas como consecuencia, así como facultar a esta Cámara de Diputados para solicitar la realización de dichas revisiones, por pedido de una quinta parte de los integrantes de la Cámara.

De igual manera, se retoman como hechos habilitantes de dichas revisiones la existencia de indicios de hechos de corrupción, cuando se registren sobrecostos en adquisiciones o en la ejecución de alguna obra pública o cuando ocurran accidentes en la infraestructura de alguna de ellas, se encuentren o no concluidas.

De manera complementaria, se presentan reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de precisar la prohibición de clasificar como información reservada ni invocar la seguridad nacional respecto del manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos.

Estas propuestas surgieron de la problemática expuesta en el proyecto constitucional arriba citado, la cual se basa en la existencia de diversos actos posiblemente constitutivos de hechos de corrupción durante la construcción de diversas obras consideradas como prioritarias por el Gobierno Federal, como los siguientes:

En marzo de 2024, el medio de comunicación Latinus, dio a conocer conversaciones sostenidas entre contratistas a los que se les adjudicaron contratos para realizar el suministro de balastro para las vías del tren. En ellas resaltan aspectos como la entrega de miles de metros cúbicos de balasto en el Tren Maya sin certificaciones de calidad del balastro suministrado por Amílcar Olan, amigo de quien fue supervisor honorario de dicha obra, Gonzalo López Beltrán (hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador), puesto utilizado para omitir la debida vigilancia en la construcción. Incluso durante la conversación registrada se da un reconocimiento expreso de los mismos involucrados sobre la mala calidad de los materiales: “Ya cuando se descarrile el tren será otro pedo” se escucha decir a Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que, además, está señalado por el medio Latinus como parte de una red de tráfico de influencias conocida como “El Clan”.

El 25 de marzo de 2024, un vagón del convoy D006 se descarriló a la altura de la estación Tixkokob, mientras que el 19 de agosto de 2025, otro vagón del Tren Maya sufrió un descarrilamiento en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 (Calkiní, Campeche-Izamal, Yucatán), durante un trayecto de Mérida a Cancún, sin que se reportaran heridos, pero que representó un nuevo hecho que evidenció la necesidad de activar protocolos de supervisión y seguimiento de las obras, y de lo cual el gobierno parece seguir siendo omiso.

En la cuenta pública de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un incremento en el monto contratado de 115 puntos porcentuales, pagos en exceso a contratistas, al igual que precios de materiales y mano de obra por encima de los costos del mercado, por lo que solo en el tramo 1, hubo mil 98 millones de pesos por aclarar. En términos generales, detectó irregularidades por 2 mil 592 millones de pesos en obras del Tren Maya, siendo el pago a sobreprecio a contratistas, materiales y mano de obra, parte de lo que encontró la ASF en su evaluación.

Incluso el medio “Analisis.mx” ha señalado que “En el Tramo 1 (Palenque-Escárcega), se detectó un sobrecosto de 3,389 mdp, equivalente al 115.5% del monto contratado, además de 585 mdp en pagos excesivos por conceptos como cercado y mano de obra. En el Tramo 4 (Izamal-Cancún), la ASF reportó 422.6 mdp por aclarar, incluyendo drenajes construidos con dimensiones inadecuadas y pavimentos deficientes. El Tramo 5 (Playa del Carmen-Tulum) acumuló 192 mdp en sobrepagos relacionados con pilotes y obra civil. Desde 2019, se han señalado contratos adjudicados sin cumplir la Ley de Obras Públicas y gastos injustificados, como 135 mdp en asesorías legales en 2021 que pudieron ser gestionadas por dependencias públicas.

De las 259 observaciones acumuladas, solo 69 derivaron en recomendaciones, y ninguna ha resultado en sanciones administrativas o penales relevantes, según los reportes de la ASF. El informe de la Cuenta Pública 2023 destaca que la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno no ha dado seguimiento a estas observaciones, lo que refuerza la idea de una fiscalización sin impacto real.”

Aunado a lo anterior, el descarrilamiento del tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, que dejó como resultado el fallecimiento de 14 personas y por lo menos 98 personas lesionadas, exige una investigación reforzada de los hechos ocurridos, así como de las causas que lo motivaron.

Esa obra, inaugurada parcialmente en diciembre de 2023 (Línea Z) y noviembre de 2025 (tramo inicial de Línea K), sigue en construcción y rehabilitación, con erogaciones acumuladas estimadas en de 53 a 55 mil millones de pesos hasta la fecha, superando las proyecciones iniciales de 20 mil millones para rehabilitación de vías y de 120 a 150 mil millones para el corredor completo. Reportes independientes confirman sobrecostos del 33% al 66% en componentes clave, atribuidos a improvisación y supervisión inadecuada, lo que podría implicar responsabilidades de servidores públicos.

De tal modo, considerando las diversas anomalías y actos de corrupción que se han registrado durante su construcción, han aparecido nuevos datos de alerta respecto de la construcción de dicha obra. El medio Latinus, ha dado a conocer nuevos audios y videos en los que se escucha a Amílcar Olán, amigo y operador de los hijos del expresidente López Obrador, establecer los precios del balasto y sus acuerdos, así como sus ganancias millonarias.

Por todo lo anterior, y para tener mayor claridad respecto del contenido de esta propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

La experiencia en la construcción de dichas obras, entre otras, demuestra que existen importantes casos de corrupción en infraestructura, como lo han sido sobrecostos, contratos simulados, obras inconclusas, desvíos, asignación de contratos a modo, se han producido en contextos donde no se da cumplimiento estricto a las obligaciones de entrega de información en donde las dependencias involucradas no pueden retrasarla o fragmentarla.

Por ello, se debe otorgar certeza a que toda obra pública será auditada con información completa y verificable de manera inmediata, lo cual contribuirá a disuadir actos de corrupción por servidores públicos y contratistas, de modo que estos podrán ajustar su conducta a las disposiciones legales al saber que la fiscalización será exhaustiva.

Es indispensable que la ASF cuente con las facultades suficientes y este obligada a revisar las cuentas públicas en curso, así como las anteriores a efecto de esclarecer y determinar que las observaciones realizadas han sido debidamente solventadas y determinar si una posible omisión de estas pudo haber influido en la ocurrencia de accidentes, como el ocurrido en el Tren interoceánico.

Además, el contar con una estricta labor de fiscalización coadyuvará a la estricta aplicación de la función de esta Cámara de Diputados de control parlamentario sobre el gasto público, fortaleciendo con ello la coordinación entre poderes y el respeto a los sistemas de pesos y contrapesos que existen en toda sociedad democrática.

No esta demás señalar la importancia de labor. Todos en esta cámara sabemos que otorgarle las herramientas necesarias para la realización de su labor debe ser una de nuestras principales tareas, y por lo que respecta al combate a la corrupción se le deben otorgar las facultades necesarias específicamente para que no tenga trabas de ningún tipo para la realización específica de esta tarea. Sin información completa, la fiscalización se convierte en un ejercicio meramente formal, incapaz de cumplir su función constitucional de control y rendición de cuentas.

En el 2023, Transparencia Internacional recomendó a nuestro país que “dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, la fuerza de las partes es la fuerza del sistema. Si cada una de las instituciones que lo conforman falla en su tarea institucional, el sistema anticorrupción no podrá dar los resultados que exige la población.”

Lo anterior es importante también porque la ASF es una de las principales instituciones con las que contamos para detectar conductas constitutivas de responsabilidades, tanto de carácter administrativo como penales, lo cual justifica su participación dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ello, el hecho de que pueda fiscalizar en tiempo real el cumplimiento de las disposiciones relativas al manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos, incluso, para vigilar la solventación de observaciones previamente emitidas, se convierte en un aspecto fundamental para evitar la impunidad, ya que con ello las autoridades correspondientes podrán contar con mayores elementos de valoración para determinar la responsabilidad de todos los sujetos que pudieron participar en la comisión de un delito, o bien, que fueron causa de la ocurrencia de algún accidente, como tal y como acontece en este momento en la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Derivado de investigaciones de la Fiscalía General de la República, y según se dice, después de la verificación de cuestiones relativas a la infraestructura del tren y de la vías, se ha determinado que este ocurrió por un exceso de velocidad ubicando como responsables a las personas directamente responsables de la operación del tren, entre los que se encuentran el conductor y el supervisor, sin hacer una revisión exhaustiva y los antecedentes de corrupción registrados durante su construcción, cuestiones de fondo que pudieron intervenir en su comisión como lo son deficiencia en infraestructura, mal estado del tren, fallas de seguridad y protección civil entre otras.

Debemos agotar todas las instancias con las que cuenta el Estado para sancionar a los verdaderos responsables por la realización de cualquier acto que se haya desarrollado fuera de la normatividad y que haya contribuido a tan lamentable accidente. Al no investigarse ese tipo de situaciones nuestro país continuará sumergido en la impunidad.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo de la fracción XI y la fracción XIV del artículo 17; el primer párrafo del artículo 59; las fracciones IV y V y los párrafos último y penúltimo del artículo 61; el artículo 62; el artículo 63; el artículo 65; y la fracción XVIII del artículo 89; y se adiciona una fracción VI al artículo 61; todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I. a X. ...

XI. ...

La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos federales, ejecución de obra pública, adquisiciones y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de manera indelegable por el titular de la Auditoría y los auditores especiales a que se refiere esta ley.

...

...

XII. y XIII. ...

XIV. Efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones y para verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones;

XV. a XXVIII. ...

Artículo 59. La facultad prevista en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , será ejercida derivado de denuncia fundada presentada por cualquier persona o a solicitud de una quinta parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley. En dichos supuestos, la Auditoría Superior de la Federación, revisará la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión. En el ejercicio de dicha facultad, no podrá clasificarse como información reservada ni invocarse la seguridad nacional respecto del manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos.

...

Artículo 61. ...

I. a III. ...

IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos;

V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio, y

VI. Cuando existan indicios de hechos de corrupción, se registren sobrecostos en adquisiciones o en la ejecución de alguna obra pública o cuando ocurran accidentes en la infraestructura de alguna de ellas, se encuentren o no concluidas.

La Auditoría Superior de la Federación informará al denunciante el inicio de la revisión correspondiente.

En el caso de las denuncias a través de medios electrónicos, el aviso se realizará por el mismo medio de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 62.- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación, ordenará la revisión de la gestión financiera correspondiente, ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en revisión, en los términos previstos en esta ley.

Artículo 63.- Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a proporcionar en el mismo acto, la información que les solicite la Auditoría Superior de la Federación. En ningún caso podrá clasificarse como información reservada ni invocarse la seguridad nacional respecto del manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos

Artículo 65.- De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, la Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe a la Cámara en los términos previstos en el artículo 79 Constitucional, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría. Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás legislación aplicable.

Artículo 89. El Titular de la Auditoría Superior de la Federación tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVII. ...

XVIII. Ordenar, previa denuncia o a solicitud de una quinta parte de los integrantes de la Cámara, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores conforme lo establecido en la presente Ley,

XIX. a XXXIII. ...

...

Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo del artículo 4 y la fracción II del artículo 114; y se adiciona una fracción III al artículo 114, todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

La información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional conforme a los términos establecidos por esta Ley, excepto cuando esta se refiera al manejo, aplicación o custodia de recursos públicos.

Artículo 114. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. ...

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables; o

III. Se trate de información relacionada con el manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Auditoría Superior de la Federación actualizará las disposiciones internas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, en un periodo de 30 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026.– Diputados: José Elías Lixa Abimerhi, Juan Antonio Meléndez Ortega, Noel Chávez Velázquez, Humberto Ambriz Delgadillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación ambiental, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación ambiental, al tenor de la siguiente:

En la actualidad, uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad es el cambio climático, fenómeno que ha dejado de ser una advertencia científica para convertirse en una realidad palpable con impactos cada vez más severos. Las consecuencias que durante décadas fueron advertidas por la comunidad científica hoy se manifiestan de manera directa y acelerada, afectando tanto a los ecosistemas como a las condiciones de vida de la población.

La pérdida progresiva de hielo marino, el aumento sostenido y acelerado del nivel del mar, así como la presencia de olas de calor más frecuentes, prolongadas e intensas, son solo algunos de los efectos visibles de este fenómeno global.

Estas alteraciones no solo representan una amenaza ambiental, sino que también generan impactos sociales, económicos y en la salud pública, lo que nos obliga a asumir un papel activo y responsable en la adopción de medidas que contribuyan a la mitigación y adaptación frente al cambio climático.

En este sentido, la educación se presenta como una de las herramientas más eficaces para enfrentar los retos ambientales actuales, específicamente, la educación ambiental desempeña un papel estratégico al fomentar una mayor comprensión sobre la relación entre las actividades humanas y el entorno natural, así como al promover valores, conocimientos y conductas orientadas al uso responsable de los recursos naturales.

A través de la formación ambiental es posible generar una ciudadanía informada y comprometida, capaz de participar activamente en la prevención, mitigación y atención de los problemas ambientales.

Asimismo, la educación ambiental fortalece la toma de decisiones individuales y colectivas, impulsa prácticas sostenibles y contribuye a la construcción de una cultura de respeto y protección del medio ambiente, elementos indispensables para garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

En este orden de ideas, la educación ambiental se sustenta en una serie de componentes fundamentales que permiten formar una ciudadanía consciente, informada y comprometida con la protección de su entorno.

En primer lugar, resulta indispensable promover la conciencia y la sensibilidad frente al ambiente y a los desafíos que enfrenta, a fin de que las personas reconozcan la relevancia de los ecosistemas y la urgencia de su conservación.

De igual manera, la educación ambiental debe garantizar la adquisición de conocimientos y una comprensión integral del medio ambiente, de sus procesos naturales y de la interacción que existe entre las actividades humanas y la naturaleza.

Asimismo, es esencial fomentar actitudes de responsabilidad, interés y preocupación por el entorno, así como la motivación para mejorar o preservar la calidad ambiental en los distintos ámbitos de la vida social, económica y comunitaria.

A ello se suma el desarrollo de habilidades que permitan identificar problemas ambientales, analizar sus causas y participar de manera informada en la búsqueda de soluciones viables y sobre todo sostenibles.

Finalmente, la educación ambiental debe incentivar la participación activa de la sociedad en acciones y actividades orientadas a la prevención, atención y solución de los desafíos ambientales, fortaleciendo con ello la corresponsabilidad social y el compromiso colectivo con el cuidado del medio ambiente.

En este orden de ideas, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la educación ambiental constituye un enfoque pedagógico integral que busca formar personas capaces de desempeñar un papel crítico y responsable dentro de la sociedad. Este proceso educativo tiene como finalidad fortalecer una relación equilibrada y respetuosa entre el ser humano y la naturaleza, al tiempo que proporciona las herramientas necesarias para comprender y analizar la problemática ambiental que enfrenta el país y el mundo.

A través de esta las y los individuos adquieren conciencia sobre el impacto de sus acciones y sobre el papel que desempeñan en la transformación social, orientada a la construcción de mejores condiciones de vida. Asimismo, este enfoque promueve la formación de actitudes, valores y principios éticos que impulsan el compromiso social, la participación informada y la corresponsabilidad en la protección del medio ambiente.

Por todo lo antes expuesto, desde el Partido Verde se sostiene la convicción de que la educación constituye una herramienta fundamental para transformar y mejorar la realidad social y ambiental del país. En este sentido, resulta indispensable aprovechar y fortalecer el potencial de niñas, niños y jóvenes, reconociéndolos como agentes de cambio, por ello, dotarlos de una formación ambiental sólida permitirá que cuenten con las herramientas necesarias para impulsar procesos de restauración y conservación de los ecosistemas, fomentar modelos de producción y consumo más responsables y, sobre todo, avanzar hacia estilos de vida más sostenibles que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Para un mejor entendimiento de la propuesta aquí planteada se presente el siguiente cuadro comparativo:

El objetivo central de la educación ambiental se basa en desarrollar una población que cuente con el conocimiento, las habilidades y el compromiso para trabajar de manera conjunta e individual en la construcción de soluciones efectivas a los problemas existentes, pero sobre todo, con un enfoque preventivo ante los nuevos conflictos ambientales.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la región de América Latina y el Caribe se encuentra entre las más vulnerables a los efectos del cambio climático y a la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos. Estas condiciones han provocado impactos significativos en la salud y la vida de la población, así como afectaciones graves en la seguridad alimentaria y en el desarrollo social y económico de los países de la región. En particular, niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados que profundizan las desigualdades existentes, lo que evidencia la necesidad de adoptar políticas públicas y marcos normativos que fortalezcan la prevención, la adaptación y la protección de los sectores más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación ambiental.

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. a XV. ...

XVI. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental. La cual deberá impartirse de manera obligatoria en los niveles básico, medio superior y superior, así como en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta;

XVII. a XXV. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, Los efectos del cambio climático, NASA. Disponible en:

https://ciencia.nasa.gov/cambio-climatico/los-efectos-del-cambio -climatico/

2 Véase, La importancia de la educación ambiental, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Disponible en:

https://espanol.epa.gov/espanol/la-importancia-de-la-educacion-a mbiental

3 Véase, la Educación Ambiental, SEMARNAT. Disponible en:

https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServleta7ab.h tml

4 Véase, Una tarea pendiente: 5 razones por las que necesitamos educación ambiental, UNICEF. Disponible en:

https://www.unicef.org/lac/historias/una-tarea-pendiente-cinco-r azones-por-las-que-necesitamos-educacion-ambiental

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Hilda Magdalena Licerio Valdés, Adolfo Alatriste Cantú, Alejandro Pérez Cuéllar, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Erika Santana González, Anabel Acosta Islas, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Azucena Huerta Romero, Blanca Estela Hernández Rodríguez, Carlos Alberto Guevara Garza, Carlos Alberto Puente Salas, Carlos Enrique Caturosas Villarreal, Casandra Prisilla de los Santos Flores, Celia Esther Fonseca Galicia, Cindy Winkler Trujillo, Ciria Yamile Salomón Durán, Claudia Sánchez Juárez, Deliamaría González Flandez, Ernesto Núñez Aguilar, Fátima Almendra Cruz Peláez, Gabriela Benavides Cobos, Gerardo Villarreal Solís, Héctor Pedroza Jiménez, Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, Jonathan Puertos Chimalhua, Jorge Luis Villatoro Osorio, José Antonio Gali López, José Braña Mojica, Juan Luis Carrillo Soberanis, José Luis Fernández Martínez, José Luis Hernández Pérez, Juan Carlos Valladares Eichelmann, Julio Javier Scherer Peyeron, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Liliana Carbajal Méndez, Luis Enrique Miranda Barrera, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Luisa Mendoza Mondragón, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, Marco Antonio de la Mora Torreblanca, María del Carmen Nava García, María Graciela Gaitán Díaz, Ma. Leonor Noyola Cervantes, Mayra Espino Suárez, Luis Orlando Quiroga Treviño, Oscar Bautista Villegas, Ricardo Astudillo Suárez, Ricardo Gallardo Juárez, Ricardo Madrid Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley General de Protección Civil, en materia de regulación de vehículos aéreos no tripulados (drones), a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Miguel Alejandro Alonso Reyes, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el nombre del capítulo II y se adiciona un artículo 211 Bis ambos del Código Penal Federal; se adicionan un capítulo VII Bis denominado De los vehículos aéreos no tripulados, y los artículos 85 Bis, 85 Ter, 85 Quáter y 85 Quinquies de la Ley de Aviación Civil; un artículo 63 Bis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; un artículo 45 Bis de la Ley General de Protección Civil y finalmente, un artículo 211 Bis al Código Penal Federal, en materia de regulación sobre drones, al tenor de la siguiente

Los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados, surgieron inicialmente con fines militares durante el siglo XX. En las décadas de 1950 a 1980 se consolidaron como herramientas de reconocimiento y vigilancia aérea, mientras que en los años noventa el modelo Predator marcó un hito en la guerra moderna al incorporar cámaras y sistemas de ataque remoto.

Con el avance tecnológico de los años 2000, la miniaturización de componentes y la reducción de costos hicieron posible que los drones fueran accesibles al público en general y hoy en día se han convertido en dispositivos multifuncionales presentes en sectores como la agricultura, la logística, la seguridad, el entretenimiento y la investigación científica. El término “dron”, proveniente del inglés drone —que originalmente hacía referencia al zumbido de las abejas— ha sido reconocido por la Real Academia Española como la forma correcta para referirse a estas aeronaves.

La versatilidad de los drones ha permitido su integración en múltiples actividades de gran beneficio social y económico. Se utilizan en la producción audiovisual para cine, televisión y publicidad, en la fotografía turística e inmobiliaria, y en la cobertura de eventos. En el ámbito logístico, empresas de paquetería y salud los emplean para entregar productos y medicinas en zonas remotas. En la agricultura de precisión, los drones permiten monitorear cultivos, controlar plagas y optimizar el uso de agua y fertilizantes. También son esenciales en la inspección de infraestructuras críticas como torres eléctricas, puentes, oleoductos, parques eólicos y paneles solares. En materia de seguridad, se aplican en el monitoreo urbano y fronterizo, así como en operaciones policiales y de rescate. Otros usos incluyen la cartografía y topografía, la investigación científica y ambiental, el control de incendios forestales, la publicidad mediante espectáculos de luces, las carreras recreativas y el apoyo en emergencias médicas con transporte de desfibriladores y kits de rescate.

Y con ello, el mercado de drones reflejo un gran auge que, en México alcanzó un valor de más de 696 millones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 1,600 millones para 2030, con un crecimiento anual cercano a 16 por.ciento. Este crecimiento exige un marco regulatorio sólido que acompañe su expansión y garantice la seguridad ciudadana y la protección de la privacidad.

No obstante, al ser aparatos electrónicos, también presentan fallas y provocar accidentes y fallos técnicos representan otro problema, ya que pueden provocar colisiones con aeronaves tripuladas, daños a infraestructuras críticas y lesiones a personas; además, el uso irresponsable en espacios públicos, como aeropuertos, hospitales o eventos masivos, puede interferir en operaciones de emergencia y rescate.

Otro aspecto relevante es que el uso indebido de drones ha generado crecientes preocupaciones, pues cada vez son empleados con mayor frecuencia por la delincuencia organizada, lo que representa una seria amenaza para la seguridad pública. Entre los principales riesgos se encuentran el transporte de drogas, armas u objetos ilegales hacia cárceles o zonas restringidas, así como su utilización en actos de espionaje y ataques coordinados. Asimismo, se han documentado violaciones a la privacidad mediante grabaciones no autorizadas y prácticas de vigilancia encubierta.

Los impactos de estos malos usos son múltiples y de gran alcance. A nivel social, comprometen la seguridad ciudadana al facilitar la comisión de delitos y generar un ambiente de desconfianza hacia la tecnología. En el plano económico, los accidentes y daños materiales ocasionan pérdidas significativas y obligan a destinar recursos adicionales para reforzar la seguridad. En el ámbito legal, la rápida evolución tecnológica ha dejado vacíos normativos que dificultan sancionar y prevenir estas prácticas indebidas, lo que incrementa la vulnerabilidad de las instituciones y de la población. En el plano individual, los daños se reflejan en la invasión de la privacidad, la exposición no consentida de la vida personal y el riesgo físico derivado de accidentes, afectando la integridad, la tranquilidad y la confianza de las personas.

Ante este panorama, resulta imperante establecer un marco normativo claro y estricto que garantice la seguridad aérea y terrestre, proteja la privacidad de los ciudadanos, prevenga delitos y usos maliciosos, y promueva un uso responsable y seguro de la tecnología. La regulación debe contemplar la creación de un registro oficial de drones, que permita identificar cada aeronave y vincularla con su propietario o responsable. Dicho registro debe incluir características esenciales como el número de folio único asignado, el modelo y fabricante, las dimensiones y peso del dron, su capacidad de carga, el alcance máximo de vuelo, el tipo de batería o fuente de energía, los sistemas de seguridad incorporados y las especificaciones técnicas de cámaras u otros sensores. Además, debe consignarse el nombre del propietario, su domicilio y datos de contacto, así como la licencia o permiso correspondiente para su operación.

Es igualmente importante que el registro precise el giro, servicio o fin para el que se utilizará el dron, diferenciando entre usos recreativos, comerciales, científicos, agrícolas, de seguridad o de emergencia. Esta clasificación permitirá establecer requisitos específicos según el nivel de riesgo y garantizar que los drones con mayor capacidad o funciones avanzadas estén sujetos a controles más estrictos.

De igual forma, la legislación deberá prever mecanismos de protección frente a fallas técnicas o mecánicas, estableciendo estándares mínimos de seguridad que reduzcan el riesgo de accidentes, caídas o incendios derivados de desperfectos en los equipos. Ello incluye la obligación de incorporar sistemas redundantes de control, materiales resistentes al fuego, protocolos de apagado seguro y certificaciones periódicas de mantenimiento. Con estas disposiciones se busca salvaguardar la integridad física de las personas, proteger bienes materiales y garantizar que el uso de drones se realice bajo principios de responsabilidad, prevención y seguridad pública.

Asimismo, la regulación debe prever disposiciones especiales para el uso de drones por menores de edad, estableciendo claramente cuáles modelos y características son aptos para este grupo, bajo qué condiciones pueden ser operados y con qué tipo de supervisión adulta. De esta manera se fomenta el aprendizaje y la innovación tecnológica sin poner en riesgo la integridad física de los menores ni la seguridad de terceros.

El registro de drones debe ser un instrumento integral que no solo identifique a cada aeronave y a su propietario, sino que también delimite sus características técnicas, capacidades y usos autorizados. La precisión en estos datos permitirá prevenir delitos, reducir accidentes, proteger la privacidad y garantizar que el desarrollo de esta tecnología se dé en un marco seguro, ético y en beneficio de la sociedad.

La regulación de los drones no busca limitar la innovación, sino asegurar que esta se desarrolle en condiciones que fortalezcan la seguridad pública, la confianza ciudadana y el respeto a los derechos individuales.

Decreto por el que se reforma el nombre del Capítulo II del Título Noveno y se adiciona un artículo 211 Bis 8 ambos del Código Penal Federal; se adicionan un Capítulo VII Bis denominado “De los vehículos aéreos no tripulados” y los artículos 85 Bis, 85 Ter, 85 Quáter y 85 Quinquies de la Ley de Aviación Civil; un artículo 63 Bis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; un artículo 45 Bis de la Ley General de Protección Civil, en materia de regulación sobre drones

Primero. Se reforma el nombre del capítulo II del Título Noveno y se adiciona un artículo 211 Bis 8 ambos del Código Penal Federal, en materia de regulación sobre drones, para quedar como sigue

Título Noveno

Capítulo IIAcceso ilícito a sistemas , equipos de informática y uso de vehículos aéreos no tripulados

Artículo 211 Bis 8. El uso indebido de drones para captar, obtener, almacenar o difundir imágenes, grabaciones o sonidos sobre datos personales mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados sin consentimiento, será sancionado con pena de prisión de doce meses a diez años y de 1000 a 2 mil 500 días de multa.

Cuando la conducta prevista en el presente artículo sea realizada por integrantes de la delincuencia organizada, o tenga por objeto facilitar, encubrir, apoyar o ejecutar actividades vinculadas al crimen organizado, la pena se aumentará hasta en una mitad, imponiéndose prisión de hasta quince años y de 3000 a 5000 días de multa.

Segundo. Se adicionan una capítulo VII Bis denominado De los vehículos aéreos no tripulados, y los artículos 85 Bis, 85 Ter, 85 Quáter y 85 Quinquies de la Ley de Aviación Civil, en materia de regulación sobre drones, para quedar como sigue

Ley de Aviación Civil

Artículo 85 Bis. Todo vehículo aéreo no tripulados con peso superior a 250 gramos deberá inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves No Tripuladas.

Artículo 85 Ter. Los operadores de vehículos aéreos no tripulados destinados a fines personales, de servicio, comerciales, de seguridad o investigación deberán contar con licencia expedida por la autoridad aeronáutica.

Artículo 85 Quáter. Se establecen restricciones de vuelo de vehículos aéreos no tripulados en zonas escolares, hospitales, viviendas y concentraciones masivas.

Artículo 85 Quinquies. La autoridad aeronáutica emitirá lineamientos técnicos complementarios.

Tercero. Se adicionan un artículo 63 Bis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en materia de regulación sobre drones, para quedar como sigue

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Artículo 63 Bis. Se sancionará con prisión al que con que capte y obtenga imágenes grabaciones, sonidos sobre datos personales mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados. Se prohíbe el uso de tecnologías invasivas de reconocimiento facial y cámaras térmicas.

Esta información sólo podrá obtenerse mediante la manifestación y consentimiento expreso de la persona a quien pertenezcan la información o que exista, una orden judicial.

Los datos obtenidos deberán proporcionarse al titular y eliminarse de cualquier registro adicional, en un plazo máximo de 48 horas o 15 días, salvo autorización legal

Cuarto. Se adiciona un artículo 45 Bis de la Ley General de Protección Civil, en materia de regulación sobre drones, para quedar como sigue

Ley General de Protección Civil

Artículo 45 Bis. Los operadores de vehículos aéreos no tripulados deberán acreditar capacitación en prevención de riesgos y primeros auxilios, así como de la autorización que determine la medida en que podrán ser volados. El incumplimiento será sancionado conforme a la legislación aplicable

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La autoridad competente deberá expedir, en un plazo no mayor a 180 días naturales, el reglamento que establezca los procedimientos para el registro de drones, incluyendo las características técnicas, folio único, capacidad de carga, alcance de vuelo, sistemas de seguridad y el giro o servicio autorizado.

Tercero. Los propietarios de drones que ya se encuentren en operación tendrán un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del reglamento, para inscribir sus vehículos aéreos no tripulados en el registro oficial y obtener el folio correspondiente.

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberá emitir lineamientos específicos para el uso de drones por menores de edad, estableciendo las condiciones de supervisión, características técnicas permitidas y responsabilidades de los tutores legales.

Quinto. Las disposiciones contenidas en este decreto no afectarán las operaciones de drones destinados a actividades de seguridad nacional, defensa, protección civil o funciones policiales, tales como vigilancia aérea estratégica, patrullaje fronterizo, reconocimiento y monitoreo de instalaciones críticas, apoyo en operaciones militares, protección de infraestructura energética, telecomunicaciones y transporte, así como tareas de búsqueda y rescate, atención a desastres naturales, control de incendios forestales y auxilio en emergencias. Asimismo, se incluyen las labores de seguridad pública y policial, como patrullajes preventivos, persecución de delitos, investigación criminal, control de multitudes y apoyo en operativos de seguridad ciudadana. Dichas operaciones se regirán por sus propias normas y protocolos especializados.

Sexto. En tanto se expiden los reglamentos y lineamientos previstos, las autoridades competentes podrán emitir disposiciones administrativas provisionales para garantizar la seguridad aérea, la protección de la privacidad y la prevención de delitos relacionados con el uso indebido de drones.

Notas

1 Historia de los Drones|Estudyando.

2 “Drones: Revolucinando la industria militar, civil y comercial. Revista literaria El Candelebro.

3 “Drones en México: Innovación y revolución en diversas industrias” Boarding Pass Service BPDrone.

4 Mercado de Drones en México|Tamaño, Informe 2035.

5 Coordinación de Comunicación Social, Aprueban en el Senado reforma que regula uso de drones para tareas de seguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Miguel Alejandro Alonso Reyes, Adasa Saray Vázquez Vázquez, Alejandro Avilés Álvarez, Ana Isabel González González, Ariana del Rocío Rejón Lara, Catalina Díaz Vilchis, Christian Mishel Castro Bello, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Emilio Manzanilla Téllez, Emilio Suárez Licona, Fuensanta Guerrero Esquivel, Humberto Ambriz Delgadillo, José Gloria López, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Lorena Pinzón Rivera, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Marcela Guerra Castillo, Mario Calzada Mercado, Mario Zamora Gastélum, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Verónica Martínez García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental en los planteles educativos, a cargo de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación, y de Salud, en materia de atención de la salud mental en los planteles educativos, con base en la siguiente

En los últimos años, México ha enfrentado una crisis silenciosa pero profunda: la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Los datos oficiales y los hechos recientes demuestran que la falta de atención oportuna y preventiva en los planteles educativos ha derivado en un deterioro preocupante del bienestar emocional de los estudiantes, en el incremento de la violencia escolar y, en los casos más graves, en tragedias que han enlutado a familias y comunidades enteras.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta 2024 sólo 1.4 por ciento de las escuelas primarias y secundarias públicas del país cuentan con psicólogos en su plantilla. En cifras absolutas, esto significa que de 86 mil 800 primarias, únicamente 693 tienen un especialista en psicología, y de 35 mil 800 secundarias, sólo mil 64 disponen de uno. La carencia es aún más grave en los planteles de nivel medio superior, donde apenas 314 docentes de 134 bachilleratos tienen formación profesional en psicología.

Este déficit contrasta con la magnitud de los problemas detectados. Expertos en salud mental, como la Red por los Derechos de la Infancia en México, advierten que la mitad de las problemáticas mentales en jóvenes se manifiestan antes de los 15 años, por lo que la intervención temprana es crucial. Sin embargo, la falta de servicios escolares especializados ha dejado a millones de estudiantes sin orientación, sin acompañamiento emocional y sin herramientas para enfrentar la depresión, la ansiedad, la exclusión y la violencia cotidiana.

Las cifras son alarmantes. En 2024 se registraron 8,856 suicidios en México, de los cuales más del 50 por ciento correspondieron a jóvenes de entre 15 y 24 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El suicidio se mantiene como la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, y las tasas han aumentado casi 50 por ciento en la última década. En la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) de 2023, 6.2 por ciento de niñas, niños y adolescentes declaró sentirse deprimido de manera constante, 8 por ciento manifestó sentirse triste con frecuencia y 9.9 por ciento dijo que rara vez o nunca disfrutaba la vida.

A esta crisis emocional se suma un incremento sostenido de la violencia en entornos escolares. Entre 2016 y 2022, la Secretaría de Salud registró 5,936 lesiones intencionales ocurridas dentro de escuelas, y en 2023 se documentaron 943 hospitalizaciones de menores por agresiones físicas en planteles educativos, la cifra más alta en la última década. El bullying afecta a cerca de 3 de cada 10 estudiantes entre 12 y 17 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.

Los casos recientes de violencia extrema han encendido alertas en todo el país. El 22 de septiembre de 2025, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM asesinó a un compañero de 16 años con una navaja, un hecho que conmocionó a la opinión pública. En Acapulco, Guerrero, dos jóvenes se suicidaron, uno arrojándose a los acantilados de La Quebrada y otro más de un puente peatonal. En años anteriores, tragedias como la del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, donde un alumno disparó contra su profesora y compañeros, y la agresión en Teotihuacán, Estado de México, donde una estudiante golpeó con una piedra a su compañera hasta causarle la muerte, mostraron la urgencia de atender la salud mental desde las escuelas.

Estas tragedias no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis estructural. Como ha señalado la Red por los Derechos de la Infancia en México, que la tragedia del CCH Sur no es un hecho aislado, sino una herida social que pone en evidencia la falta de prevención y atención en salud mental dirigidas a niñas, niños y adolescentes en México. La falta de servicios psicológicos, la insuficiente detección de riesgos y la ausencia de espacios seguros para el diálogo emocional.

La pandemia de Covid-19 agravó esta situación. El aislamiento, el uso excesivo de redes sociales, la exposición a discursos de odio y la soledad emocional han incrementado los trastornos mentales en adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, pero el 85 por ciento no recibe tratamiento. En México, la proporción es aún más desfavorable: existen apenas 4 mil 500 psiquiatras para 130 millones de habitantes, cuando deberían ser al menos 7 mil 500, según los estándares de la OMS.

A pesar de la gravedad del problema, no existe un marco jurídico que obligue a las autoridades educativas a garantizar la atención psicológica y emocional dentro de las escuelas, ni un sistema nacional de prevención y acompañamiento para el bienestar mental de la comunidad escolar.

La Ley General de Educación reconoce en su artículo 11 que la educación debe procurar el desarrollo humano integral y el bienestar social; sin embargo, no existe un mandato específico que garantice la atención psicológica o psicoemocional en las escuelas.

Por su parte, el artículo 73 establece que el Estado debe asegurar la protección física, psicológica y social de los educandos, pero carece de mecanismos operativos, presupuesto y coordinación con el sector salud.

La Ley General de Salud reconoce en el capítulo VII, “Salud mental”, que la atención mental es prioritaria y que debe brindarse con enfoque comunitario, interdisciplinario y con respeto a los derechos humanos (artículos 72 a 74 Bis).

Sin embargo, tampoco contempla una vinculación obligatoria con el sistema educativo ni la creación de programas permanentes dentro de los planteles escolares. En consecuencia, la falta de coordinación entre la SEP y la Secretaría de Salud ha derivado en políticas parciales, asistemáticas y sin continuidad. Esta iniciativa busca subsanar ese vacío.

Es indispensable por tanto que el Estado mexicano asuma la salud mental escolar como un componente esencial del derecho a la educación y del derecho a la salud, ambos reconocidos en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 4.

La creación de un Programa Nacional de Atención Psicoemocional en Escuelas de Educación Básica y Media Superior permitirá detectar oportunamente los casos de riesgo, prevenir la violencia, reducir los índices de suicidio juvenil y garantizar entornos escolares protectores, inclusivos y saludables.

No se trata solo de castigar la violencia o reaccionar ante las tragedias, sino de prevenirlas. De construir escuelas que acompañen, escuchen y protejan. De lograr que nunca más un adolescente sienta tal abandono y soledad que decida atentar contra su vida o la de otra persona.

La presente iniciativa tiene por objeto:

• Garantizar la atención integral a la salud mental y emocional de niñas, niños y adolescentes dentro del Sistema Educativo Nacional.

• Establecer la obligatoriedad de contar con personal capacitado en orientación y apoyo psicológico en los planteles públicos de educación básica y media superior.

• Crear el Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar, a cargo de la SEP en coordinación con la Secretaría de Salud.

• Desarrollar protocolos nacionales de detección temprana, prevención del suicidio, atención de crisis y canalización clínica.

• Incluir la formación en salud emocional en la capacitación docente permanente.

Con la aprobación de esta reforma se prevé:

• Disminuir la incidencia de suicidios y conductas autodestructivas entre adolescentes.

• Reducir los índices de acoso, violencia y deserción escolar.

• Mejorar el rendimiento académico y la convivencia escolar.

• Promover entornos educativos seguros, empáticos y saludables.

• Avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, salud y educación inclusiva.

La iniciativa se sustenta en los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan el derecho a la educación y a la protección de la salud. Asimismo, en las fracciones XVI, XXV y XXIX-P del artículo 73, que facultan al Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, educación y derechos de la niñez.

De igual forma, la propuesta se armoniza con los tratados internacionales ratificados por México, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 2, 24 y 28), la Constitución de la OMS y la Constitución de la UNESCO, que reconocen la salud y la educación como derechos fundamentales y condiciones para el desarrollo integral.

Por las razones expuestas, se propone la presente iniciativa con proyecto de decreto para establecer la obligación de garantizar la atención integral a la salud mental en los planteles educativos del país.

Primero. Se adicionan el artículo 18 Bis y el Capítulo IV Bis, “De la salud mental y bienestar emocional en los planteles educativos”, que comprende los artículos 73 Bis a 73 Quinquies, a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Ley General de Educación

Artículo 18 Bis.- La educación deberá fomentar el bienestar integral del educando, incluyendo su salud mental y emocional, como condición indispensable para el aprendizaje, la convivencia pacífica y el desarrollo humano pleno.

Artículo 73 Bis.- Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar la atención integral a la salud mental de las y los educandos, mediante la implementación de programas permanentes de promoción, prevención, detección temprana, atención y canalización de casos que requieran intervención especializada.

Las autoridades educativas, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementarán evaluaciones psicoemocionales periódicas, autorizadas por ésta, con base en protocolos científicos y con consentimiento informado de madres, padres o personas tutoras. Los resultados tendrán carácter confidencial, preventivo y no punitivo, y se utilizarán exclusivamente para orientación y canalización a los servicios de salud correspondientes.

Artículo 73 Ter. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá el Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar, con objeto de

I. Fortalecer el bienestar emocional y la salud mental en las comunidades escolares;

II. Brindar orientación psicológica, acompañamiento emocional y contención en situaciones de crisis;

III. Prevenir el suicidio, la violencia escolar, el acoso, las adicciones y otras conductas de riesgo;

IV. Promover entornos escolares seguros, inclusivos y empáticos; y

V. Generar mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas sobre los resultados del programa.

Las instituciones de educación superior, en el ámbito de su autonomía, podrán suscribir convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para implementar programas de atención y promoción de la salud mental dirigidos a su comunidad estudiantil, docente y administrativa.

Artículo 73 Quáter. Las escuelas de educación básica y media superior deberán contar, de manera progresiva, con personal especializado en psicología, trabajo social o áreas afines, que integren los servicios de atención psicoemocional escolar.

Artículo 73 Quinquies. Las autoridades educativas federales y locales deberán garantizar la capacitación permanente del personal docente y directivo en temas de salud mental, bienestar emocional, prevención del suicidio, mediación escolar y primeros auxilios psicológicos.

Segundo. Se adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 74 Quáter. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, implementará el Programa Nacional de Atención y Promoción de la Salud Mental en el Sistema Educativo Nacional, con el propósito de garantizar servicios de atención psicológica preventiva y de primer contacto en los planteles educativos públicos de educación básica y media superior.

El programa deberá incluir

I. Estrategias de detección temprana y referencia clínica oportuna de casos de riesgo;

II. Protocolos de atención psicoemocional ante crisis, violencia o suicidio;

III. Capacitación interdisciplinaria para el personal educativo y de salud;

IV. Mecanismos de evaluación de impacto y registro estadístico de la salud mental escolar con centros de salud y hospitales; y

V. Campañas de sensibilización para reducir el estigma y promover la cultura del cuidado emocional.

La Secretaría de Salud promoverá en coordinación con la Secretaría de Educación Pública convenios con instituciones de educación superior públicas y privadas para extender el Programa Nacional de Atención y Promoción de la Salud Mental al ámbito universitario, respetando la autonomía universitaria y la diversidad institucional.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, deberá emitir los Lineamientos Generales para la Implementación del Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las secretarías de Educación Pública, y de Salud deberán establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los gobiernos de las entidades federativas y los sistemas DIF, a fin de garantizar la operación y sostenibilidad de los programas previstos en el presente Decreto.

Cuarto. Las dependencias competentes deberán realizar los ajustes presupuestarios necesarios dentro de su presupuesto autorizado, a fin de garantizar la operación de los programas y acciones derivados del presente Decreto, conforme a la disponibilidad presupuestaria y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Quinto. Las autoridades educativas locales dispondrán de un plazo máximo de tres años para garantizar la presencia de personal especializado en salud mental en al menos el 50% de los planteles públicos de educación básica y media superior de su jurisdicción.

Notas

1 La violencia en escuelas y universidades como en el CCH Sur, nos recuerda la urgencia de atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes

https://derechosinfancia.org.mx/v1/la-violencia-en-escuelas-y-un iversidades-como-en-el-cch-sur-nos-recuerda-la-urgencia-de-atender-la-salud-men tal-de-ninas-ninos-y-adolescentes/

2 Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025 /EAP_Suicidio_25.pdf

3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut Continua 2023):

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutsin2023/doctos/informes /Informe-ENSANUT-Primera.Infancia-Sinaloa-2023.pdf

4 La salud mental de los adolescentes:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-m ental-health

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Adasa Saray Vázquez Vázquez, Alejandro Pérez Cuéllar, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Laura Ruiz López, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ariana del Rocío Rejón Lara, Beatriz Milland Pérez, Carlos Ventura Palacios Rodríguez, Catalina Díaz Vilchis, Celia Esther Fonseca Galicia, Christian Mishel Castro Bello, Cindy Winkler Trujillo, Claudia Leticia Garfías Alcantara, Claudia Quiñones Garrido, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Felicita Pompa Robles, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Flor de María Esponda Torres, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Gabriela Valdepeñas González, Gilberto Herrera Solórzano, Irma Juan Carlos, Israel Betanzos Cortés, Iván Peña Vidal, Javier Octavio Herrera Borunda, Jazmín Yaneli Villanueva Moo, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Josefina Anaya Martínez, Julieta Kristal Vences Valencia, Julieta Villalpando Riquelme, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Karina Isabel Martínez Montaño, Karina Margarita del Río Zenteno, Katia Alejandra Castillo Lozano, Leide Avilés Domínguez, Leticia Farfán Vázquez, Lorena Piñón Rivera, Luis Humberto Aldana Navarro, Magda Erika Salgado Ponce, María Angélica Granados Trespalacios, María de Jesús Rosete Sánchez, María Magdalena Rosales Cruz, Mildred Concepción Ávila Vera, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Mónica Fernández Cesar, Mónica Herrera Villavicencio, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Rocío López Gorosave, Rosa Margarita Graniel Zenteno, Rosa María Castro Salinas, Rosalinda Savala Díaz, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Sebastían Ebrard Lestrade, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Ulises Mejía Haro, Verónica Martínez García, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Zaria Aguilera Claro (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de violencia digital, a cargo de la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Delhi Miroslava Shember Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente

I. La violencia de género contra las mujeres en línea es una forma universal de discriminación basada en el género y una violación de los derechos humanos, impulsada por los desequilibrios de poder y la misoginia.

La violencia digital contra las mujeres causa graves daños y sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales o económicos. Además, puede tener un efecto paralizador, al impedir la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública, lo que entraña graves repercusiones sanitarias, sociales y económicas en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Afecta también el acceso al internet de las mujeres, conlleva daños colectivos y sociales, y propicia el desarrollo de tecnologías digitales con sesgos de género.

II. Con la entrada en vigor el primero de junio de dos mil veintiuno del decreto por el que se adicionó el artículo 199 Octies dentro del Código Penal Federal, en el que quedó establecido el delito de violación a la intimidad sexual en el país, el cual quedó descrito de la siguiente manera:

Aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

III. En la actualidad, el acceso a internet y a dispositivos electrónicos ha crecido significativamente en nuestro país, avance con el que también se han visto aumentados los casos en los que involucran la violencia digital, lo que representa un problema que afecta principalmente a mujeres y niñas, generando inseguridad y secuelas psicológicas en las personas que han sido víctimas.

Existen diversos factores que hacen que el espacio digital sea un medio atractivo para que los agresores decidan perpetrar este tipo de violencia. La facilidad de la comunicación por Internet, junto con el anonimato, el seudonimato, la asequibilidad, la impunidad y la responsabilidad limitada, contribuyen a facilitar este tipo de acciones. Además, la falta de medidas preventivas, de respuesta y de denuncia agrava el uso de las plataformas digitales para cometer abusos.

Pese a los avances legislativos a nivel federal a partir de la entrada en vigor de la “Ley Olimpia” en junio de 2021 que reconocen este tipo de violencia en nuestro país, se sigue presentando este tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas en contextos digitales.

Según datos del Inegi, en el caso de México, 13 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado alguna situación de violencia a través de medios digitales a lo largo de su vida, como publicación de información personal, fotos o videos para dañarlas o el envío de mensajes o publicación de comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas a través de redes sociales.

III. El vertiginoso avance de las tecnologías digitales y la incorporación progresiva de herramientas basadas en inteligencia artificial, han generado transformaciones profundas en múltiples dimensiones de la vida contemporánea. Si bien estas innovaciones ofrecen beneficios sustanciales en diversos ámbitos, también han dado lugar a nuevas formas de violencia que afectan la privacidad, la integridad y la seguridad de las personas. En este contexto, las mujeres constituyen uno de los grupos más vulnerables, al ser blanco de distintas manifestaciones de violencia digital.

Entre las prácticas más recurrentes se encuentran el uso de inteligencia artificial para la generación y difusión de contenido falso, la manipulación de imágenes y la suplantación de identidad. Estas acciones no solo transgreden derechos fundamentales, sino que pueden tener un impacto severo e irreversible en la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas.

Frente a este escenario, se vuelve urgente la formulación de respuestas integrales por parte del Estado, lo que implica, entre otras acciones, la revisión y actualización del marco normativo vigente. Dicha adecuación debe orientarse a garantizar una protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres en el entorno digital, considerando tanto la naturaleza dinámica de las tecnologías como la complejidad de las violencias que en él se configuran.

La violencia digital, manifestada en conductas como el ciberacoso, la suplantación de identidad y la creación o difusión de contenidos manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial, constituye una forma emergente de agresión que atenta contra derechos fundamentales, particularmente la privacidad, la dignidad y la integridad psicoemocional de las mujeres. Este tipo de violencia, al reproducir patrones estructurales de desigualdad y dominación de género, debe ser analizado desde una perspectiva crítica que recupere los aportes del feminismo jurídico.

Desde este enfoque, la violencia digital no puede entenderse como un fenómeno aislado o meramente tecnológico, sino como una manifestación contemporánea de las violencias que históricamente han afectado a las mujeres, ahora mediadas por entornos digitales. Estas prácticas, al impactar desproporcionadamente en las mujeres y limitar su participación plena y segura en los espacios digitales, refuerzan dinámicas de exclusión y subordinación, contrarias a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el marco constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

En consecuencia, se vuelve jurídicamente urgente e ineludible la adecuación del ordenamiento legal nacional para reconocer explícitamente estas formas de violencia como violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Esta adecuación debe incorporar un enfoque interseccional y de género que permita identificar las múltiples y complejas formas en que se configura la violencia digital, así como garantizar una respuesta integral del Estado. Dicha respuesta debe comprender no solo la sanción efectiva de los agresores, sino también la prevención, protección y reparación del daño hacia las víctimas, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a los principios rectores de la debida diligencia.

El marco jurídico mexicano, y en particular el Código Penal Federal, presenta un rezago significativo frente a los desafíos que plantean las nuevas realidades tecnológicas. La legislación vigente no contempla de manera específica las conductas delictivas vinculadas con el uso indebido de herramientas basadas en inteligencia artificial, ni establece definiciones claras y actualizadas sobre las diversas manifestaciones de violencia digital. Esta omisión normativa constituye una laguna jurídica que permite que los agresores, amparados en el anonimato y la complejidad técnica de estas tecnologías, evadan la responsabilidad penal, a pesar del daño profundo y sostenido que pueden causar a sus víctimas.

Particularmente preocupante es el uso de tecnologías como la manipulación de imágenes y videos, prácticas que, al estar dirigidas en gran medida contra mujeres, reproducen patrones de violencia simbólica y sexual en el entorno digital. Estas formas de agresión no solo provocan daños emocionales graves, sino que también afectan la reputación pública de las víctimas, impactando negativamente en su vida social, profesional y familiar. Esta situación evidencia cómo el orden jurídico reproduce estructuras patriarcales al no brindar herramientas eficaces para el acceso a la justicia de las mujeres en entornos digitales.

IV. Ante este panorama, resulta imperativo que el Código Penal Federal, en el Título Séptimo Bis, Capítulo I, artículo 199 Octies, del delito de violación a la intimidad sexual, incorpore nuevas figuras típicas que reconozcan expresamente los riesgos y afectaciones derivados del uso ilícito de tecnologías emergentes. Esta reforma legislativa se orienta hacia un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e interseccionalidad, que no solo tipifique adecuadamente estas conductas, sino que también establezca mecanismos de protección, prevención, sanción y reparación integral para las víctimas. De lo contrario, el Estado mexicano continuará incumpliendo su obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el digital.

La legislación vigente en nuestro Código Penal Federal, no contempla de manera específica las conductas delictivas vinculadas con el uso indebido de herramientas basadas en inteligencia artificial, ni establece definiciones claras y actualizadas sobre las diversas manifestaciones de violencia digital. Esta omisión normativa constituye una laguna jurídica que permite que los agresores, amparados en el anonimato y la complejidad técnica de estas tecnologías, evadan la responsabilidad penal, a pesar del daño profundo y sostenido que pueden causar a sus víctimas.

Resulta imperativo que nuestro actual sistema penal contemple sanciones proporcionales a la lesividad de las conductas que implican la vulneración a la intimidad personal, en particular aquellas relacionadas con la difusión, obtención o uso indebido de imágenes, audio video de carácter intimo sexual sin consentimiento. La gravedad de este tipo de delitos, que atentan directamente contra derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad humana y la integridad emocional, exige una respuesta normativa y judicial que garantice la protección efectiva de las víctimas. En este sentido, el marco jurídico debe establecer penas que sean lo suficientemente disuasorias, a fin de asegurar que quienes incurran en dichas conductas reciban sanciones acordes con el daño causado y se refuerce el principio de tutela penal mínima pero eficaz en materia de derechos fundamentales.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199 Octies. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya , manipule o publique imágenes, videos o audios a través del uso de la inteligencia artificial de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Estas conductas se sancionarán con una pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.–  Diputadas y diputados: Delhi Miroslava Shember Domínguez, Alejandro Pérez Cuéllar, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Laura Ruiz López, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Arturo Olivares Cerda, Beatriz Milland Pérez, Carlos Ventura Palacios Rodríguez, Catalina Díaz Vilchis, Celia Esther Fonseca Galicia, Claudia Leticia Garfias Alcantara, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Felicita Pompa Robles, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Flor de María Esponda Torres, Gabriela Valdepeñas González, Humberto Ambriz Delgadillo, Humberto Coss y León Zúñiga, Iván Peña Vidal, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Jesús Fernando García Hernández, Jorge Luis Sánchez Reyes, Josefina Anaya Martínez, Julieta Villapando Riquelme, Karina Isabel Martínez Montaño, Karina Margarita del Río Zenteno, Leide Avilés Domínguez, Leonel Godoy Rangel, Leticia Farfán Vázquez, Luis Arturo Oliver Cen, Luis Humberto Aldana Navarro, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Mario Zamora Gastélum, Merary Villegas Sánchez, Mildred Concepción Ávila Vera, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Mónica Fernández Cesar, Olga Leticia Chávez Rojas, Petra Romero Gómez, Petra Romero Gómez, Rocío López Gorosave, Rosa María Castro Salinas, Ruth Maricela Silva Andraca, Sebastián Ebrard Lestrade, Vanessa López Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 24 y 69 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, suscrita por la diputada Nubia Iris Castillo Medina y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Nubia Iris Castillo Medina, diputada federal de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del artículo 69 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 24, de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, al tenor de lo siguiente:

El patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas constituye una manifestación esencial de la diversidad cultural de la nación y un componente fundamental de su identidad colectiva. La protección de dicho patrimonio no sólo responde a un mandato constitucional, sino a la obligación del Estado mexicano de garantizar el respeto a la libre determinación, autonomía y sistemas normativos propios de estos pueblos.

De conformidad con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en México existen 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, los cuales representan aproximadamente 23.2 millones de personas, equivalentes al 19.4 por ciento de la población nacional. Una proporción significativa de estas comunidades conserva expresiones culturales colectivas –como textiles, diseños, conocimientos tradicionales, música, rituales y símbolos– que han sido históricamente objeto de uso, reproducción y comercialización sin autorización, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos jurídicos efectivos para su protección.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas reconoce en su artículo 24 la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado para cualquier uso del patrimonio cultural. No obstante, la redacción vigente no define con precisión los elementos mínimos que permitan verificar la validez de dicho consentimiento, lo que ha generado dificultades en su aplicación administrativa y jurisdiccional, así como espacios de discrecionalidad que pueden traducirse en prácticas de simulación del consentimiento.

Diversos organismos internacionales han advertido que, cuando los marcos normativos carecen de criterios claros sobre el consentimiento, los procesos de consulta pueden verse viciados por coacción directa o indirecta, presión económica o asimetrías de información, particularmente en contextos donde intervienen terceros con mayor capacidad financiera o técnica. En estos supuestos, el consentimiento pierde su carácter libre e informado, vulnerando los derechos colectivos de las comunidades titulares del patrimonio cultural.

Por estas razones, la presente iniciativa propone reforzar el artículo 24 mediante la adición de un segundo párrafo, sin alterar su estructura ni modificar el contenido sustantivo del precepto, a fin de precisar los elementos mínimos del consentimiento libre, previo e informado. La adición establece expresamente que el consentimiento deberá otorgarse sin coacción, presión o condicionamiento; antes de cualquier acto de uso o aprovechamiento; con información suficiente, veraz y culturalmente adecuada; y respetando las lenguas, autoridades tradicionales y procesos internos de toma de decisiones de las comunidades.

Este reforzamiento normativo es congruente con los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado que la validez del consentimiento exige la ausencia de vicios de la voluntad y el acceso a información suficiente y comprensible, especialmente tratándose de derechos colectivos de pueblos indígenas.

De manera complementaria, la iniciativa incorpora una adición al artículo 69, fracción II, para incluir expresamente la coacción o cualquier forma de presión como infracción a la ley cuando ésta se relacione con la apropiación indebida o el aprovechamiento no autorizado del patrimonio cultural. Esta modificación permite articular el reconocimiento del derecho con el régimen de responsabilidades y sanciones previsto en el artículo 70, fortaleciendo la eficacia jurídica del consentimiento libre, previo e informado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha señalado que una parte significativa de los casos de uso indebido de expresiones culturales tradicionales a nivel mundial está asociada a deficiencias en los procesos de consentimiento, particularmente por falta de información clara o por presiones económicas indirectas. En este contexto, la tipificación expresa de la coacción como infracción constituye una medida preventiva y disuasoria frente a prácticas que vulneran los derechos culturales colectivos.

La armonización entre los artículos 24, 69 y 70 fortalece la coherencia interna de la ley y facilita su aplicación por parte de las autoridades, al permitir identificar con claridad el estándar del consentimiento válido, la conducta infractora y la sanción correspondiente. Asimismo, la propuesta se encuentra alineada con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los estándares internacionales que reconocen el consentimiento libre, previo e informado como condición indispensable para la validez de cualquier acto que afecte el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En consecuencia, la iniciativa no amplía de manera desproporcionada el régimen sancionador, sino que refuerza la protección efectiva del patrimonio cultural, mejora la certeza jurídica y consolida un enfoque de respeto, interculturalidad y dignidad, en congruencia con los fines de la ley.

Por ello se expone a continuación la normativa actual contra la reforma propuesta:

En consecuencia, la iniciativa no amplía de manera desproporcionada el régimen sancionador, sino que refuerza la protección efectiva del patrimonio cultural, mejora la certeza jurídica y consolida un enfoque de respeto, interculturalidad y dignidad, en congruencia con los fines de la ley.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 24 y se reforma la fracción II del artículo 69 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 69 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

Para efectos del presente artículo, el consentimiento libre, previo e informado deberá otorgarse sin coacción o condicionamiento alguno, antes de cualquier acto de uso o aprovechamiento del patrimonio cultural, con información suficiente, veraz y culturalmente adecuada, proporcionada en la lengua de la comunidad cuando así lo solicite, y respetando sus sistemas normativos, autoridades tradicionales y procesos de toma de decisiones. La falta de dicho consentimiento o su obtención irregular invalidará cualquier autorización o acto jurídico relacionado.

Artículo 69. ...

I. ...

II. La apropiación indebida o aprovechamiento por terceros , utilizando la coacción o cualquier forma de presión, sin autorización y para beneficio propio, del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a que se refiere esta Ley;

III. a VII. ...

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2023). Atlas de los pueblos indígenas y afromexicanos de México.

2 Congreso de la Unión. (2022). Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

3 Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2021). Derechos de los pueblos y comunidades indígenas: consentimiento libre, previo e informado.

5 Unesco. (2017). Protecting traditional cultural expressions: A practical guide.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputada y diputado: Nubia Iris Castillo Medina,  José Manuel Hinojosa Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III al Título Quinto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente:

México es una de las naciones con mayor riqueza biológica en el planeta. Ocupa el quinto lugar a nivel mundial en biodiversidad y es considerado uno de los 17 países “megadiversos”, ya que alberga entre el 10 y el 12 por ciento de todas las especies del mundo. Sin embargo, esta vasta riqueza natural ha estado sujeta a presiones severas, muchas de ellas derivadas de actividades ilegales como la deforestación clandestina, la extracción no autorizada de especies, la caza y pesca furtiva, así como el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, que se ha convertido en uno de los delitos ambientales más preocupantes de las últimas décadas.

El tráfico ilegal de especies es una actividad criminal que no solo destruye hábitats naturales y pone en riesgo la supervivencia de especies endémicas, sino que también afecta la salud pública, la economía y la estabilidad de comunidades enteras que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.

De acuerdo con datos de organismos internacionales como Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico ilegal de especies ocupa el cuarto lugar entre las actividades ilícitas más lucrativas a nivel global, solo por detrás del tráfico de drogas, armas y personas. En este contexto, México no solo es un país de origen de especies traficadas, sino también un territorio de tránsito y destino, lo que agrava la situación.

A nivel nacional, el marco jurídico ambiental ha avanzado considerablemente en las últimas décadas. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como leyes específicas tales como la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Código Penal Federal contemplan diversas disposiciones para prevenir, sancionar y reparar los daños causados al medio ambiente. Sin embargo, aún existen vacíos institucionales que permiten que muchos infractores reincidan o eludan la justicia sin consecuencias significativas. Uno de los principales problemas es la falta de un mecanismo formal y nacional que concentre la información relativa a personas físicas o morales que han sido condenadas por delitos ambientales y que permita su consulta por parte de autoridades y ciudadanos interesados.

Ante esta situación, la presente iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Infractores Ambientales, un instrumento que concentrará en una base de datos oficial y de acceso público la información sobre quienes hayan sido encontrados penalmente responsables de delitos en contra del ambiente, particularmente aquellos relacionados con la vida silvestre. Este registro incluirá también a empresas que hayan sido vinculadas, mediante sentencia judicial firme, al tráfico ilegal de especies, así como un listado actualizado de embarcaciones, aeronaves y vehículos que hayan sido incautados por su participación en actividades ilícitas relacionadas con la explotación de recursos naturales.

El objetivo central de este Registro es fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para prevenir la reincidencia en delitos ambientales, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar mayor transparencia en los procesos de evaluación, regulación y otorgamiento de permisos o concesiones. De esta manera, el Registro no solo tendrá un carácter punitivo, sino también preventivo y estratégico, al permitir a las autoridades ambientales, judiciales y administrativas consultar los antecedentes de personas y empresas antes de establecer cualquier vínculo jurídico con ellas. Así, por ejemplo, se evitará que empresas con historial delictivo ambiental participen en licitaciones públicas, obtengan permisos de aprovechamiento forestal o reciban concesiones para operar en áreas naturales protegidas.

Además, el Registro funcionará como un insumo clave para el desarrollo de políticas públicas más eficaces en materia de conservación, vigilancia ambiental y seguridad. Al contar con información detallada sobre los vehículos y embarcaciones incautadas, será posible identificar patrones geográficos y logísticos del crimen ambiental organizado, fortalecer las capacidades de inteligencia y focalizar los esfuerzos de inspección y monitoreo en las zonas de mayor riesgo ecológico. También será una herramienta útil para la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación, que podrán acceder a la información para ejercer un seguimiento responsable y coadyuvar en la rendición de cuentas.

Cabe destacar que el Registro deberá operar con estricto apego a los principios de legalidad, debido proceso y protección de datos personales. Su diseño normativo contemplará los mecanismos necesarios para garantizar que solo se incluyan en él aquellas personas y empresas respecto de las cuales exista una resolución judicial firme, es decir, que hayan agotado todas las instancias legales. Asimismo, la permanencia de los datos en el registro estará sujeta a criterios objetivos, como la naturaleza del delito, el grado de participación y el tiempo transcurrido desde la sentencia. De esta forma, se evita su utilización con fines discriminatorios o indebidos, y se preserva el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos fundamentales de las personas.

La creación de este Registro responde también a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, particularmente en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 15, que llama a adoptar medidas urgentes para combatir la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, así como a integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación nacional.

En suma, la creación del Registro Nacional de Infractores Ambientales es una medida necesaria, oportuna y justa, que permitirá a México avanzar hacia una verdadera justicia ambiental, basada en la transparencia, la legalidad y la corresponsabilidad. No basta con sancionar a quienes dañan el medio ambiente, es indispensable impedir que continúen beneficiándose del mismo entorno que han vulnerado. Es deber del Estado garantizar que las actividades productivas, económicas y sociales se desarrollen con pleno respeto a la naturaleza y a las generaciones futuras.

Por lo anterior, y con base en las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III al título quinto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo Tercero, denominado “Del Registro Nacional de Infractores Ambientales” y que contiene los artículos 159 Ter, 159 Ter 1, 159 Ter 2, 159 Ter 3, 159 Ter 4, 159 Ter 5 y 159 Ter 6, al Título Quinto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 159 Ter. Se crea el Registro Nacional de Infractores Ambientales como un instrumento de carácter administrativo, público y consultable, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de concentrar, sistematizar y actualizar la información relativa a personas físicas y morales que hayan sido condenadas por delitos ambientales, a fin de dar efectiva protección y restitución a los derechos medioambientales de la población afectada.

Artículo 159 Ter 1. El Registro Nacional de Infractores Ambientales tendrá como objetivo:

I. Prevenir la reincidencia en delitos ambientales;

II. Facilitar la toma de decisiones por parte de autoridades federales, estatales y municipales en materia ambiental, administrativa y judicial;

III. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas;

IV. Fortalecer la inteligencia ambiental y la vigilancia estratégica, y

V. Promover la legalidad y el respeto a los recursos naturales del país.

Artículo 159 Ter 2. El Registro incluirá, como mínimo, la siguiente información:

I. Nombre completo de las personas físicas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente y la vida silvestre;

II. Razón social y datos registrales de las personas morales que hayan sido condenadas o declaradas penalmente responsables por delitos ambientales;

III. Relación de empresas vinculadas por resolución judicial al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre;

IV. Listado detallado de embarcaciones, aeronaves y vehículos incautados por su participación en delitos ambientales, y

V. Fecha de la sentencia, delito por el cual se dictó condena, autoridad que la emitió y tiempo de permanencia en el Registro.

Artículo 159 Ter 3. La información contenida en el Registro se actualizará de forma mensual y será proporcionada por las siguientes autoridades:

I. Poder Judicial de la Federación y tribunales locales;

II. Fiscalía General de la República y fiscalías estatales;

III. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

IV. Secretaría de Marina y Guardia Nacional, y

V. Otras autoridades competentes en la materia.

Artículo 159 Ter 4. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la autoridad responsable de:

I. Administrar, operar y mantener actualizado el Registro;

II. Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para su integración y operación;

III. Expedir los lineamientos técnicos para el uso y protección de la información, y

IV. Garantizar el respeto a los derechos humanos y a la protección de datos personales.

Artículo 159 Ter 5. El acceso y consulta del Registro será libre para las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. Cualquier persona podrá acceder a la información pública contenida en el Registro, conforme a la normatividad vigente en materia de transparencia y protección de datos personales.

Artículo 159 Ter 6. Los datos permanecerán en el Registro por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de cumplimiento de la condena. Transcurrido dicho plazo, podrán ser eliminados previa solicitud y verificación de cumplimiento de las condiciones legales aplicables. El Registro emitirá certificados de no inscripción a petición de la parte interesada.

Para efecto de lo anterior, se dispondrá de un sitio web en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita, mismo que contendrá como mínimo la siguiente información:

I. Nombre o nombres, apellidos y Clave Única de Registro de Población del infractor, y

II. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro y estado de cumplimiento de la sentencia.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá emitir los lineamientos generales para la operación del Registro Nacional de Infractores Ambientales en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las autoridades judiciales, ministeriales, ambientales, de seguridad pública y aduaneras deberán remitir la información requerida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la integración del Registro dentro de un plazo no mayor a noventa días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de los lineamientos a que se refiere el artículo anterior.

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto deberá contemplar los recursos necesarios para el inicio de operaciones del Registro Nacional de Infractores Ambientales.

Quinto. Las entidades federativas podrán establecer registros estatales de infractores ambientales, coordinados con el Registro Nacional, conforme a las disposiciones que emitan los congresos locales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Luis Enrique Miranda Barrera, Celia Esther Fonseca Galicia, Christian Mishel Castro Bello, Cindy Winkler Trujillo, Claudia García Hernández, Fátima Almendra Cruz Peláez, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Hilda Magdalena Licerio Valdés, Jesús Fernando García Hernández, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, María Soledad Luévano Cantú, Mayra Espino Suárez, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Ruth Maricela Silva Andraca, Sebastián Ebrard Lestrade, Vanessa López Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de garantizar la actualización y depuración permanente del padrón de pescadores y acuicultores que acceden a los beneficios de los programas de apoyo oficial a sus actividades, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de garantizar la actualización y depuración permanente del padrón de pescadores y acuicultores que acceden a los beneficios de los programas de apoyo oficial a sus actividades, al tenor de la siguiente

Para aquellas personas dedicadas a la captura y al cultivo de recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marinas como continentales, acceder a los programas públicos de apoyo y fomento a sus actividades, constituye un incentivo y esperanza de bienestar individual y colectivo para una mejor calidad de vida; que les generan condiciones de autosuficiencia alimentaria y les ayudan a mitigar los efectos adversos derivados por vedas y baja productividad en las pesquerías.

Es así que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), opera diversos programas de apoyo a pescadores y acuicultores mexicanos, destinados al fomento de las actividades propias de estos sectores productivos; para lo cual existe la obligación de contar con un Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.

La información relativa a este registro considera a “las personas físicas o morales que se dediquen a la pesca y la acuacultura”, exceptuando a “las personas físicas que realicen actividades de pesca deportivo-recreativa y de pesca para consumo doméstico”.

Comprende además “la información sobre los permisos y concesiones expedidos que incluya el nombre del titular, especies, artes y equipos de pesca, vigencia, cuotas de captura o zonas de captura”. Asimismo, listado de “las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera”, tanto como “las unidades de producción acuícola, incluyendo parques, granjas y laboratorios”.

También a “las personas físicas o morales que cuenten con certificados de sanidad, inocuidad o calidad” y a “las escuelas pesqueras y los centros dedicados a la investigación o enseñanza en materia de flora y fauna acuáticas aprovechables para la pesca y la acuacultura”. Dispone que para ello serán expedidos los certificados “de registro correspondiente”.

Los programas a cargo de Conapesca incluyen en primer término el componente “Bienpesca”, gracias al cual se otorga un apoyo anual en dinero a “productores pesqueros y acuícolas de pequeña escala en todo el país”, priorizando su aplicación “en regiones con mayor rezago y potencial productivo”.

En esencia, este programa que “tiene cobertura nacional” y como misión “favorecer a los más desprotegidos y alcanzar mayores condiciones de bienestar, igualdad y justicia social”, está orientado a contribuir a la autosuficiencia alimentaria de los beneficiarios.

Ponderar que “en el sector de la pesca, los volúmenes de captura han registrado un comportamiento variable en los últimos años, oscilando en torno a los 2 millones de toneladas de más de 50 especies pesqueras que forman parte de la dieta mexicana”, es indicativo de que “existe un margen de mejora”, motivo por el que el “Bienpesca busca impulsar el incremento de la producción tanto para su autoconsumo como para la venta de excedentes”. Un programa que tiene por meta “mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas y que las y los pescadores y acuicultores reciban un precio justo por sus productos”.

El programa garantiza “la realización de acciones de capacitación” en materia de “buenas prácticas de manejo, mantenimiento sanitario y seguridad laboral”. En temas como: “principios básicos de administración, comercialización y valor agregado, legislación y normatividad pesquera y acuícola, organización social productiva, introducción a la maricultura y a la acuacultura rural”, así como al “consumo y valor nutricional de pescados y mariscos”.

La aplicación de este componente de apoyo al sector pesquero y acuícola, cumple el dictado de “la reforma que plasmó los Programas para el Bienestar en la Constitución, cuyo artículo 27 indica que el Estado debe garantizar un apoyo anual directo a los pescadores de pequeña escala”, que debe ocurrir “en el marco de procurar un desarrollo rural integral y sustentable”.

Otros programas a considerar son el de Energía Eléctrica para Uso Acuícola, el cual ofrece “una cuota energética anual para reducir los costos de electricidad en un máximo de 50 por ciento antes del impuesto al valor agregado (IVA)”. Un componente más, el de “Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura”, que “busca aumentar la producción y la productividad para mejorar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria”.

Entre otras acciones y estrategias a cargo de la Conapesca, que estarán vigentes para el año que corre y que representan un apoyo indirecto de programas para los pescadores y acuicultores, están la de Expansión de Zonas de Refugio Pesquero, por las cuales se busca triplicar su número “para recuperar pesquerías y proteger el entorno”. Además, el Sistema Nacional de Trazabilidad, que consiste en el desarrollo de un sistema para el rastreo de productos pesqueros.

Aparte, el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero, el de conexión con el mercado nacional, para fortalecer “las economías locales conectando a pequeños productores” y el de Revitalización de oficinas del organismo, con el propósito de fortalecer el vínculo con las comunidades pesqueras y acuícolas.

El conjunto de estos programas, conforme al espíritu que los motivó, tienen por propósito beneficiar a legítimos pescadores y acuicultores para mejorarles su calidad de vida, generar prácticas sostenibles, desarrollar infraestructura, mejorar la administración y comercialización, impulsando el autoconsumo y la venta de productos, fortaleciendo en consecuencia la economía local.

Sin embargo, esta legitimidad se ha visto trastocada, según las denuncias presentadas por grupos de pescadores y acuicultores auténticos, que en reiteradas ocasiones han denunciado la existencia de un padrón irreal de beneficiarios de programas como el componente de Bienpesca; lo cual contraviene y violenta la transparencia que debe prevalecer por disposición legal y administrativa.

Se ha informado que personas ajenas o que no guardan relación directa con actividades pesqueras y acuícolas, como médicos, maestros, y en general otros trabajadores y hasta estudiantes, figuran en la lista del padrón del programa Bienpesca; en tanto pescadores en activo no recibían el apoyo económico que garantiza este componente.

La irregularidad en referencia fue expuesta en julio del año pasado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura del gobierno de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, al tiempo que manifestó “su inconformidad ante la falta de control y transparencia en la asignación de recursos por parte del gobierno federal”.

Se refirió en particular al caso de Sinaloa, al precisar que en ese estado se contaba con “un padrón muchísimo más grande, el más grande de todo el país”, donde las cifras variaban entre 32 mil y 33 mil personas. Un porcentaje que “no corresponde verdaderamente a personas que viven de la pesca, que es otro tipo de personas que laboran ahí, hay denuncias de que hay doctores, de que hay maestros, de que hay trabajadores de otros oficios, podría decirse, y que ellos reciben el beneficio”, externó la funcionaria.

No obstante que “el gobierno del estado aporta recursos millonarios al programa”, estimados en 2024 en más de 120 millones de pesos”, la administración estatal “no tiene control sobre el padrón, ya que este lo administra Conapesca”, comentó.

Al denunciar que “los presidentes de algunas cooperativas inflan los listados para beneficiar a personas ajenas, dejando fuera a quienes verdaderamente mantienen viva la actividad pesquera”, la secretaria Guerra Mena lamentó: “no es justo que los verdaderos pescadores queden fuera por culpa de favoritismo o malas prácticas”.

Demandó asimismo “certeza y justicia para el sector”, toda vez que “no puede seguir pasando que quienes más lo necesitan sean los que menos reciben”, al tiempo de precisar la necesidad de “que se realice un nuevo censo en los campos pesqueros, para que se actualice el padrón del programa Bienpesca”, ante la evidencia de “que se han detectado algunas irregularidades que son necesarias atenderlas y llegar a una solución”.

Acreditados como pescadores auténticos debidamente registrados, denunciantes se han referido a la existencia de “un sobreinflado del padrón del programa bienpesca”, por el cual, acusan, resultan beneficiadas “personas que no son realmente pescadores o acuicultores, presuntamente manipulado por mafias que gestionan los permisos en complicidad con los permisionarios o patrones”.

Ante evidencias documentadas, está la exigencia de que se levanten nuevos censos en las comunidades pesqueras y acuícolas, que se cruce y valide la autenticidad de la información levantada para detectar y auditar a tiempo falsedades y prevenir así irregularidades que vayan contra la debida aplicación de la normatividad referente a los programas de apoyo a la pesca y la acuacultura.

Esto significa que deba tener lugar una permanente actualización y auditoría, que se traduzca en una depuración del padrón de pescadores y acuicultores inscritos en los programas de apoyo público. De lo contrario, seguirá la comisión de prácticas incorrectas como lo es el hecho de que los recursos sigan beneficiando a personas equivocadas, gracias a listados elaborados de manera y forma ilícita.

Para el tema que ocupa la presente iniciativa, depurar implica actualizar y corregir la información, a través de la verificación, certificación y desglose de datos. Una tarea confiable para garantizar que solo los pescadores y acuicultores legítimos estén registrados. Una medida que permita tener certeza de quienes se dedican, cuantas embarcaciones y que otras herramientas están destinadas a la pesca y la acuacultura. Que sirva además para encauzar los apoyos a las y los trabajadores que realmente viven de estas actividades económicas.

Sea un saneamiento del padrón y una transparencia de programas, el cual permita que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesiten. Los propios pescadores y acuacultores en las comunidades se conocen y saben de aquellas personas que sin realizar actividad pesquera o acuícola alguna, reciben los beneficios de apoyo económico. Resultan ser también en otros casos, beneficiarios que no cuentan con permisos vigentes y mucho menos están vinculados a alguna cooperativa u organización pesquera o acuícola.

Esta situación ha escalado a otras variantes irregulares, como son los intentos de fraude, bajo el ofrecimiento de registro al componente Bienpesca a través de modos y formas diversas. Un hecho que agrava las cosas y el panorama falto de apoyos estructurales todavía más completos que demandan las comunidades pesqueras y acuícolas.

La Conapesca alerta que “los intentos de fraude más comunes ocurren a través de redes sociales, donde usuarios ofrecen supuestas tarjetas bancarias inscritas a dicho programa a cambio de un pago”. Hace referencia también a “otro modus operandi”, el cual “ocurre vía telefónica, en la que contactan a cooperativas”, haciéndose pasar por personal del organismo “o gestores, y solicitan dinero para acelerar el proceso o recibir documentación”.

La presente iniciativa propone así que el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, cuyo objeto está en la inscripción y actualización obligatorias, se caracterice por implicar una depuración de carácter permanente y no sea el procedimiento una medida administrativa discrecional sino más bien un precepto legal.

En razón de lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 122. El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura estará a cargo de la Secretaría, tendrá carácter público y tiene por objeto la inscripción y actualización obligatorias que implique una depuración permanente de la siguiente información relativa a las actividades pesqueras y acuícolas:

I. a VI. ...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes de consulta

https://programasparaelbienestar.gob.mx/bienpesca/

https://www.luznoticias.mx/2025-07-05/sinaloa/bienpesca-para-los -pescadores-detectan-personas-que-no-se-dedican-a-la-actividad-en-el-padron/251 110

https://noticieroaltavoz.com/padron-de-bienpesca-en-sinaloa-esta -inflado-y-debe-depurarse/

https://www.gob.mx/conapesca/articulos/alerta-conapesca-a-derech ohabientes-del-programa-bienpesca-por-fraudes-en-redes-sociales-388857?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, Emilio Manzanilla Téllez, Felipe Miguel Delgado Carrillo, José Gloria López, Leticia Farfán Vázquez, Rosalía León Rosas, Santiago González Soto, Vanessa López Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 38 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de homologación de lineamientos para la aplicación de pruebas de alcoholemia, a cargo del diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

La conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol constituye una de las principales causas de siniestros viales con consecuencias fatales en el país. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial reconoce esta problemática y faculta a las autoridades competentes para implementar acciones orientadas a su prevención; sin embargo, en la práctica, la aplicación de las pruebas de alcoholemia presenta diferencias sustanciales entre entidades federativas y municipios.

Actualmente, los operativos de alcoholemia se rigen por criterios locales dispares en cuanto a calibración de dispositivos, procedimientos de aplicación, resguardo de resultados, cadena de custodia y mecanismos de reporte. Esta heterogeneidad ha generado incertidumbre jurídica, cuestionamientos sobre la confiabilidad de las pruebas y, en algunos casos, desconfianza ciudadana respecto de la legalidad y transparencia de los operativos.

La ausencia de lineamientos técnicos homologados a nivel nacional dificulta la estandarización de buenas prácticas, debilita la defensa jurídica de las autoridades y limita la eficacia preventiva de los operativos, aun cuando su finalidad sea legítima y necesaria para la protección de la vida y la integridad de las personas usuarias de las vías.

La experiencia comparada demuestra que la homologación de criterios técnicos mínimos en materia de alcoholemia fortalece la legalidad de los procedimientos, reduce la discrecionalidad, incrementa la aceptación social de los operativos y contribuye de manera efectiva a la reducción de siniestros viales asociados al consumo de alcohol.

Por ello, la presente iniciativa propone una intervención normativa puntual, consistente en establecer la obligación de emitir lineamientos técnicos homologados de observancia general para la aplicación de las pruebas de alcoholemia, sin crear nuevos operativos, sin invadir competencias locales y sin generar impactos presupuestales adicionales.

Con esta reforma se busca fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y la eficacia de los operativos de alcoholemia, consolidando una política de seguridad vial basada en estándares técnicos claros, verificables y respetuosos del marco constitucional de competencias.

Contenido de la reforma

La iniciativa tiene como objetivos:

• Establecer criterios técnicos homologados para la aplicación de pruebas de alcoholemia en todo el país.

• Garantizar la legalidad, confiabilidad y transparencia de los dispositivos de medición.

• Reducir la discrecionalidad en los operativos y fortalecer la certeza jurídica.

• Contribuir a la prevención efectiva de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Cuadro comparativo

El texto vigente establece la obligación de implementar acciones para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol; sin embargo, no contempla la existencia de lineamientos técnicos homologados que regulen de manera uniforme la aplicación de las pruebas de alcoholemia en todo el país.

La reforma incorpora una obligación expresa de emisión de lineamientos técnicos de observancia general, lo que fortalece la certeza jurídica, reduce la discrecionalidad administrativa, mejora la defensa legal de los operativos y refuerza la confianza ciudadana, sin crear nuevas cargas administrativas ni impactos presupuestales adicionales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar como sigue:

Artículo 38. Las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán implementar acciones y programas para prevenir la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas, así como establecer medidas de control y vigilancia que contribuyan a reducir los siniestros de tránsito asociados a dichas conductas.

Asimismo, para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en el ámbito de sus atribuciones, deberá emitir lineamientos técnicos homologados de observancia general, que establezcan criterios mínimos para la aplicación de pruebas de alcoholemia en el territorio nacional, incluyendo la calibración y certificación de dispositivos, los procedimientos de aplicación, la cadena de custodia, el registro y resguardo de resultados, así como los mecanismos de reporte, con el objeto de garantizar la legalidad, confiabilidad, transparencia y certeza jurídica de los operativos, sin invadir las competencias de las entidades federativas y los municipios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial contará con un plazo de noventa días naturales para emitir los lineamientos técnicos previstos en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Ariana del Rocío Rejón Lara, Christian Mishel Castro Bello, Emilio Lara Calderón, Humberto Ambriz Delgadillo, Israel Betanzos Cortés, Lorena Piñón Rivera, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Santiago González Soto, Verónica Martínez García (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 54 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, en materia de silencio administrativo positivo y plazos máximos para trámites de bajo riesgo, a cargo del diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos tiene como objeto establecer un marco normativo orientado a la simplificación administrativa, la reducción de costos burocráticos y la mejora en la atención de trámites y servicios a cargo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Dicho ordenamiento ya reconoce expresamente la figura de la afirmativa o negativa ficta, así como la obligación de que las autoridades informen los plazos de resolución de los trámites y servicios. No obstante, la legislación vigente no establece un plazo máximo uniforme ni una consecuencia jurídica obligatoria frente a la inactividad de la autoridad, particularmente en aquellos trámites que, por su naturaleza, se encuentran clasificados como de bajo riesgo.

Esta ausencia normativa genera incertidumbre jurídica, incentiva retrasos injustificados y debilita los principios de simplificación, proporcionalidad y certeza jurídica que la propia ley reconoce como rectores de la actuación administrativa.

La presente iniciativa no introduce figuras nuevas ni modifica el diseño institucional de la ley. Su propósito es hacer operativa una herramienta ya prevista en el ordenamiento, mediante la fijación de un plazo máximo de resolución y la aplicación efectiva de la afirmativa ficta, exclusivamente en trámites de bajo riesgo, conforme a la normatividad aplicable.

La reforma propuesta mantiene intactas las facultades de verificación, inspección y revisión posterior de las autoridades, por lo que no elimina controles ni genera riesgos regulatorios, y se limita a corregir la inacción administrativa como fuente de discrecionalidad. Se trata de una micro-reforma normativa, de intervención mínima y alto impacto, orientada a fortalecer la certeza jurídica, reducir tiempos de espera y consolidar una administración pública más eficiente, sin implicaciones presupuestales adicionales.

Contenido de la reforma

La iniciativa tiene como objetivos:

• Establecer un plazo máximo de resolución para trámites clasificados como de bajo riesgo.

• Hacer exigible la afirmativa ficta ya prevista en la ley.

• Reducir la discrecionalidad derivada de la inactividad administrativa.

• Fortalecer la certeza jurídica y la eficiencia en la atención de trámites y servicios.

Cuadro comparativo

La ley vigente ya contempla la afirmativa ficta como una figura jurídica aplicable a los trámites administrativos; sin embargo, su aplicación queda sujeta a la discrecionalidad normativa de cada autoridad.

La adición propuesta no altera el texto vigente, sino que lo complementa para dotarlo de eficacia normativa, estableciendo un plazo máximo razonable y una consecuencia jurídica clara ante la inactividad administrativa, limitada exclusivamente a trámites de bajo riesgo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 54 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 54 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, para quedar como sigue:

Artículo 54. Los Sujetos Obligados deberán registrar en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, al menos, la siguiente información:

I. a VIII. ...

IX. El plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el trámite o servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa o negativa ficta.

Tratándose de trámites clasificados como de bajo riesgo conforme a la normatividad aplicable, el plazo máximo de resolución no podrá exceder de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que exista resolución expresa, la solicitud se entenderá resuelta en sentido favorable al solicitante, sin perjuicio de las facultades de verificación, inspección o revisión posterior que correspondan a la autoridad.

X. a XV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Sujetos Obligados contarán con un plazo de noventa días naturales para adecuar la información de sus trámites y servicios en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Ariana del Rocío Rejón Lara, Christian Mishel Castro Bello, Emilio Lara Calderón, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Humberto Ambriz Delgadillo, Israel Betanzos Cortés, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Verónica Martínez García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Cindy Winkler Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

El artículo 149 Ter del Código Penal Federal tipifica el delito de discriminación como una conducta que atenta directamente contra la dignidad humana y el principio constitucional de igualdad. Este precepto penal responde a la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de combatir prácticas históricas de exclusión que afectan a diversos grupos sociales.

El artículo 149 Ter encuentra su fundamento en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La tipificación penal de la discriminación fortalece este mandato constitucional al sancionar conductas que niegan o restringen derechos de manera injustificada.

El bien jurídico tutelado por el artículo 149 Ter es la dignidad humana, entendida como el valor intrínseco de toda persona. La discriminación, al excluir, humillar o menoscabar derechos, vulnera directamente este principio fundamental y afecta la cohesión social, justificando la intervención del derecho penal como último recurso del Estado.

Si bien existen mecanismos administrativos y civiles para combatir la discriminación, el legislador consideró indispensable establecer una sanción penal para aquellas conductas graves que impliquen una negación sistemática o deliberada de derechos. El artículo 149 Ter cumple una función disuasoria y reafirma que la discriminación no es solo una falta ética o administrativa, sino una conducta jurídicamente reprochable.

Este precepto penal reconoce que ciertos sectores de la población han sido históricamente discriminados, lo que ha limitado su acceso efectivo a derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la salud, la justicia y la participación social. Al sancionar penalmente estas conductas, el Estado busca garantizar una protección reforzada a los grupos en situación de vulnerabilidad.

La discriminación genera desigualdad estructural, marginación y violencia social. El artículo 149 Ter contribuye a prevenir estas consecuencias al establecer límites claros a las conductas que promueven la exclusión o el trato desigual injustificado, favoreciendo una convivencia social basada en el respeto y la inclusión.

La tipificación del delito de discriminación se encuentra alineada con tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los instrumentos de las Naciones Unidas en materia de igualdad y no discriminación. De esta forma, el artículo 149 Ter refuerza el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

El artículo 149 Ter tiene también una función simbólica relevante, al establecer un mensaje claro de que el Estado mexicano no tolera prácticas discriminatorias. Esta función pedagógica contribuye a transformar patrones culturales arraigados que perpetúan la exclusión y la desigualdad.

La aplicación del artículo 149 Ter debe realizarse con estricto respeto a los principios de legalidad, presunción de inocencia y libertad de expresión. La norma no sanciona ideas u opiniones, sino conductas concretas que tengan como efecto la negación o restricción de derechos, garantizando un equilibrio entre la protección de la dignidad humana y las libertades fundamentales.

El artículo 149 Ter del Código Penal Federal constituye un instrumento jurídico esencial para combatir la discriminación y garantizar la igualdad sustantiva en México. Su correcta aplicación fortalece el Estado de Derecho, protege la dignidad humana y contribuye a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

Argumentos que sustentan la iniciativa

La modificación de la pena prevista para el delito de discriminación, estableciendo una sanción de dos a cuatro años de prisión o de trescientos sesenta y cinco días de trabajo a favor de la comunidad, responde a la necesidad de fortalecer la protección del principio de igualdad y no discriminación, reconocido como uno de los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho.

La discriminación no constituye una conducta menor, ya que genera efectos profundos y duraderos en la vida de las personas, al limitar el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la justicia. El aumento de la pena permite que la sanción sea proporcional al daño social y personal que produce este delito, reconociendo la gravedad de la afectación a la dignidad humana.

La ampliación del marco punitivo cumple una función preventiva general, al inhibir conductas discriminatorias en ámbitos públicos y privados. Al establecer una pena mayor, el Estado envía un mensaje claro de que la discriminación no será tolerada y que su comisión tendrá consecuencias jurídicas reales y efectivas.

Diversos grupos sociales han sido históricamente objeto de prácticas discriminatorias. El incremento de la sanción permite una tutela penal más eficaz para estas personas, garantizando que el orden jurídico responda de manera firme frente a conductas que perpetúan la exclusión, la desigualdad estructural y la violencia social.

La posibilidad de imponer trabajo a favor de la comunidad hasta por trescientos sesenta y cinco días representa una alternativa que privilegia la reinserción social y la concientización del infractor. Este tipo de sanción permite que la persona responsable comprenda el impacto social de sus actos, contribuyendo a la reparación simbólica del daño y a la transformación de conductas.

El aumento del rango de la sanción otorga al juzgador mayores elementos para individualizar la pena, considerando circunstancias como la reiteración de la conducta, la posición de poder del agresor, el impacto en la víctima y la existencia de agravantes. Esto fortalece la justicia penal al permitir sanciones acordes a la gravedad concreta del caso.

La reforma resulta congruente con el artículo 1o. constitucional y con los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de discriminación. Un marco sancionador más robusto demuestra el compromiso del Estado con la igualdad sustantiva y la erradicación de prácticas discriminatorias.

La modificación de la pena tiene una función pedagógica relevante, al contribuir a la construcción de una cultura de respeto, inclusión y tolerancia. La sanción penal no solo castiga la conducta, sino que reafirma los valores democráticos y los derechos humanos que rigen la convivencia social.

La modificación de la pena prevista en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para establecer una sanción de dos a cuatro años de prisión o de hasta trescientos sesenta y cinco días de trabajo a favor de la comunidad, fortalecería el combate a la discriminación, garantizaría una protección más efectiva de la dignidad humana y consolidaría un marco jurídico acorde con los principios constitucionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El aumento de la pena, incluyendo la opción de trabajo a favor de la comunidad, no solo castiga la conducta discriminatoria, sino que promueve la reparación del tejido social. Al obligar al infractor a participar en actividades que beneficien a la comunidad, se fomenta la conciencia sobre el impacto de sus actos, contribuyendo a la transformación cultural y al fortalecimiento de la igualdad y la inclusión. Este enfoque combina sanción y educación, generando un efecto restaurativo que beneficia tanto a la víctima como a la sociedad en su conjunto.

A continuación, se presenta el texto comparativo del ordenamiento vigente y la propuesta de reforma que se propone:

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

Artículo Único. Se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de dos a cuatro años de prisión o de trescientos sesenta y cinco días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. a III. ...

...

...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sitios de internet consultados

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/discriminacion/

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_cartilla_discr iminacion.pdf

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/ 123456789/1939/CI-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://unamglobal.unam.mx/global_revista/la-discriminacion-en-m exico-afecta-a-mas-del-20-de-la-poblacion/

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ENADIS/ENADIS_Nal22.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Cindy Winkler Trujillo, Santiago González Soto, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Mónica Fernández César, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Celia Esther Fonseca Galicia, Alejandro Pérez Cuéllar, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Karina Isabel Martínez Montaño, Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Sanidad Animal, al tenor de la siguiente

1. Introducción

La relación entre los seres humanos y los animales ha experimentado una profunda transformación a lo largo de las últimas décadas. De una concepción meramente instrumental, en la que los animales eran vistos exclusivamente como bienes, recursos productivos o medios para la satisfacción de necesidades humanas, se ha transitado hacia un entendimiento ético, científico y jurídico que reconoce que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, capaces de experimentar dolor, placer, miedo, estrés y otros estados subjetivos. Este cambio de paradigma no es únicamente una cuestión moral, sino una exigencia derivada de los avances de la ciencia, particularmente de la etología, la neurobiología y la medicina veterinaria, así como de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de bienestar animal.

En México, este proceso ha tenido expresiones normativas relevantes, sobre todo en el ámbito local. Un ejemplo emblemático es la legislación de la Ciudad de México, cuyo marco jurídico reconoce expresamente a los animales como seres sintientes y establece obligaciones específicas para su protección, cuidado y bienestar. No obstante, a nivel federal persisten definiciones y disposiciones que responden a un enfoque tradicional, insuficiente para atender los desafíos contemporáneos en materia de sanidad, bienestar y protección animal.

La Ley Federal de Sanidad Animal constituye uno de los principales instrumentos normativos que regulan la relación del Estado mexicano con los animales, en particular aquellos que se encuentran bajo control humano, ya sea con fines productivos, de trabajo, de investigación, de exhibición o de compañía. Sin embargo, la definición vigente de “animales vivos” contenida en su artículo 4 no incorpora el reconocimiento de la sintiencia animal, lo que genera un vacío conceptual que limita la correcta interpretación y aplicación de la ley.

En este contexto, la presente exposición de motivos tiene como finalidad justificar la necesidad de reformar el artículo 4 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a fin de reconocer y definir a los animales como seres sintientes que enfrentan procesos subjetivos y emocionales, con especial énfasis en aquellos que se encuentran en cautiverio. Esta reforma busca armonizar la legislación federal con los avances científicos, los estándares éticos contemporáneos y las experiencias legislativas exitosas, como la desarrollada en el Congreso de la Ciudad de México.

Objetivos de la reforma

La modificación propuesta al artículo 4 de la Ley Federal de Sanidad Animal persigue los siguientes objetivos generales y específicos:

Reconocer explícitamente en la legislación federal que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar sensaciones físicas y estados subjetivos, a fin de fortalecer su protección jurídica y garantizar un trato digno y respetuoso conforme a los avances científicos y éticos actuales.

Objetivos específicos

1. Incorporar en la definición legal de “animales vivos” el concepto de sintiencia, entendida como la capacidad de experimentar dolor, placer, miedo, estrés y otras emociones.

2. Armonizar la Ley Federal de Sanidad Animal con las legislaciones locales avanzadas, particularmente la de la Ciudad de México, que ya reconocen a los animales como seres sintientes.

3. Fortalecer la interpretación y aplicación de las disposiciones en materia de sanidad y bienestar animal, especialmente respecto de los animales que se encuentran en cautiverio.

4. Contribuir a la consolidación de un marco jurídico coherente con los estándares internacionales de bienestar animal.

5. Promover una cultura institucional y social de respeto hacia los animales, basada en el reconocimiento de su valor intrínseco como seres vivos.

Justificación de la reforma

Avances científicos y reconocimiento de la sintiencia animal

En las últimas décadas, la ciencia ha demostrado de manera contundente que numerosos animales poseen sistemas nerviosos complejos que les permiten experimentar sensaciones físicas y estados emocionales. La etología moderna ha documentado comportamientos asociados al dolor, al placer, al miedo, a la ansiedad y al apego, mientras que la neurociencia ha identificado estructuras cerebrales y mecanismos fisiológicos que sustentan dichas experiencias.

El reconocimiento de la sintiencia animal no es una postura ideológica, sino una conclusión respaldada por evidencia científica. Ignorar este conocimiento en la legislación implica mantener normas desfasadas que no reflejan la realidad biológica de los animales ni las responsabilidades éticas derivadas de su manejo y utilización por parte de los seres humanos.

La definición vigente de “animales vivos” en la Ley Federal de Sanidad Animal se limita a una enumeración de especies, excluyendo a las provenientes del medio acuático, pero omite cualquier referencia a la capacidad de los animales para sentir. Esta omisión reduce a los animales a meros objetos de regulación sanitaria, sin considerar su dimensión subjetiva, lo cual resulta incompatible con los conocimientos científicos actuales.

Fundamentación ética y jurídica del reconocimiento de los animales como seres sintientes

El reconocimiento de los animales como seres sintientes constituye un principio ético fundamental para el desarrollo de un derecho animal moderno. Diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), señalan que los animales poseen necesidades de bienestar que deben ser respetadas y que la crueldad hacia ellos debe erradicarse.

Asimismo, la Declaración establece que todo animal tiene derecho al respeto y a un trato digno, reconociendo implícitamente su capacidad de sufrir. Si bien estos instrumentos no son jurídicamente vinculantes, han influido de manera significativa en la evolución de las legislaciones nacionales, incluyendo la mexicana.

Desde una perspectiva constitucional, el reconocimiento de la sintiencia animal se vincula con el principio de dignidad, la protección del medio ambiente y el deber del Estado de promover un desarrollo sostenible. La protección de los animales no es un fin aislado, sino parte de un entramado normativo orientado a garantizar una convivencia armónica entre los seres humanos y los demás seres vivos.

Experiencia legislativa del Congreso de la Ciudad de México

La Ciudad de México ha sido pionera en el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes. Su Ley de Protección y bienestar de los Animales establece expresamente en su artículo primero, que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, lo que ha permitido desarrollar políticas públicas más integrales en materia de protección, bienestar y trato digno.

Este reconocimiento ha tenido efectos positivos tanto en el ámbito normativo como en el institucional, al proporcionar criterios claros para la actuación de las autoridades y para la interpretación de las obligaciones de los particulares. La experiencia del Congreso de la Ciudad de México demuestra que la incorporación del concepto de sintiencia animal en la ley no genera inseguridad jurídica, sino que fortalece la coherencia y eficacia del marco normativo.

Resulta, por tanto, necesario que la legislación federal retome y amplíe este enfoque, evitando una fragmentación normativa en la que los animales sean reconocidos como seres sintientes en el ámbito local, pero tratados de manera meramente instrumental en el ámbito federal.

Importancia del reconocimiento de la sintiencia en animales en cautiverio

Los animales en cautiverio, ya sea en unidades de producción, centros de investigación, zoológicos, circos, refugios o establecimientos comerciales, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, pues dependen casi por completo de los seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas.

Reconocerlos como seres sintientes implica aceptar que las condiciones de cautiverio pueden generar sufrimiento físico y psicológico si no se gestionan adecuadamente. El estrés crónico, el dolor no tratado, la falta de estimulación y la imposibilidad de expresar comportamientos naturales son problemáticas ampliamente documentadas en animales bajo confinamiento.

La reforma propuesta permitiría que la Ley Federal de Sanidad Animal sea interpretada y aplicada desde una perspectiva de bienestar integral, considerando no solo la ausencia de enfermedades, sino también la calidad de vida de los animales. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la sanidad animal, el bienestar y la salud pública están estrechamente interrelacionados.

La ausencia del reconocimiento de la sintiencia animal en la legislación federal genera incoherencias normativas y limita la eficacia de las políticas públicas en la materia. Al definir a los animales como seres sintientes, la ley proporciona un criterio transversal que puede orientar la elaboración de normas oficiales, protocolos de inspección y programas de capacitación.

Además, esta reforma contribuiría a armonizar la legislación mexicana con las tendencias internacionales, donde cada vez más países incorporan el reconocimiento de la sintiencia animal en sus constituciones y leyes marco. Este proceso no solo fortalece la imagen de México en el ámbito internacional, sino que también responde a una demanda social creciente de mayor protección y respeto hacia los animales.

Esta reforma cumple también una función pedagógica. Al reconocer legalmente que los animales son seres sintientes, el Estado envía un mensaje claro a la sociedad sobre la importancia del respeto y la empatía hacia los demás seres vivos. Este reconocimiento contribuye a la construcción de una cultura de legalidad y de responsabilidad ética en la relación con los animales.

Diversos estudios han señalado que la violencia hacia los animales está vinculada con otras formas de violencia social. En este sentido, fortalecer la protección jurídica de los animales puede tener efectos positivos más amplios en la convivencia social y en la promoción de valores como la compasión y la responsabilidad.

La reforma al artículo 4 de la Ley Federal de Sanidad Animal es una necesidad impostergable para el marco jurídico mexicano. La actual definición de “animales vivos” es anacrónica, pues ignora los avances científicos que prueban de manera contundente la sintiencia animal, es decir, su capacidad de experimentar dolor, placer, miedo y estrés. Perpetuar esta omisión genera un vacío ético y conceptual que no se alinea con la responsabilidad humana hacia otros seres vivos.

La propuesta de incorporar a los animales como “seres sintientes” dota de coherencia normativa al sistema federal, armonizándolo con los estándares internacionales y las legislaciones locales progresistas, como la de la Ciudad de México. Este nuevo criterio conceptual es fundamental para una correcta interpretación y aplicación de la ley, permitiendo abordar el bienestar integral de los animales, especialmente aquellos en cautiverio, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, el reconocimiento legal de la sintiencia animal cumple una función pedagógica y social. Al hacerlo, el Estado envía un mensaje claro sobre la importancia de la empatía y el respeto, contribuyendo a la construcción de una cultura de convivencia más ética y responsable. Por lo tanto, la modificación es esencial para cimentar un derecho animal moderno, integral y acorde a los imperativos científicos y morales de nuestro tiempo.

2. Propuesta

3. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Único. Se reforma el artículo 4, de la Ley General de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 4. - Para los efectos de la ley se entiende por:

Animales vivos: Todos los seres sintientes, capaces de experimentar sensaciones físicas y estados subjetivos tales como dolor, placer, miedo y estrés, con excepción de los provenientes del medio acuático ya sea marítimo, fluvial, lacustre o de cualquier cuerpo de agua natural o artificial;

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de -los-derechos-de-los-animales-223028

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputadas: Xóchitl Teresa Arzola Vargas, Alma Delia Navarrete Rivera, Gabriela Valdepeñas González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal, al tenor de la siguiente

1. Introducción

El bienestar animal ha adquirido, en las últimas décadas, una relevancia creciente dentro de la agenda pública nacional e internacional, no sólo como una cuestión ética o de sensibilidad social, sino como un componente esencial de la salud pública, la sostenibilidad productiva, la seguridad alimentaria y la protección ambiental. En este contexto, los Estados modernos han reconocido que la forma en que las sociedades se relacionan con los animales refleja principios fundamentales de responsabilidad, dignidad y respeto por la vida, los cuales deben expresarse en políticas públicas, normas jurídicas y prácticas institucionales coherentes.

En México, el marco jurídico en materia de sanidad y bienestar animal ha experimentado avances importantes, particularmente con la expedición y desarrollo de la Ley Federal de Sanidad Animal, cuyo objeto es regular y promover la sanidad, el bienestar y la productividad animal, así como la prevención y control de enfermedades que puedan afectar tanto a los animales como a la población humana. Sin embargo, la evolución del conocimiento científico, los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano y las nuevas exigencias sociales hacen necesario revisar y actualizar algunos de sus contenidos, a fin de asegurar que la legislación responda adecuadamente a los desafíos contemporáneos.

La presente iniciativa propone reformar los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal con el propósito de fortalecer el enfoque de bienestar animal, incorporando de manera expresa elementos que hoy resultan indispensables: el reconocimiento del espacio digno, las condiciones de salubridad, la posibilidad de esparcimiento y la prohibición de prácticas que, aun bajo criterios productivos, impliquen sobreexplotación o sufrimiento innecesario. Estas modificaciones no alteran la estructura general de la Ley, sino que la perfeccionan, precisando obligaciones y principios que ya se encuentran implícitos, pero que requieren claridad normativa para su correcta aplicación.

La reforma se sustenta en el entendimiento de que el bienestar animal no es incompatible con la productividad económica, sino que, por el contrario, constituye una condición para una producción responsable, eficiente y sostenible. Diversos organismos internacionales han señalado que los sistemas productivos que garantizan mejores condiciones de vida a los animales tienden a generar mejores resultados sanitarios, menor incidencia de enfermedades, mayor calidad de los productos y, en consecuencia, mayores beneficios económicos y sociales.

Asimismo, esta iniciativa se inscribe en el marco constitucional mexicano, particularmente en los principios de protección a la salud, al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, así como en la obligación del Estado de promover condiciones que permitan una convivencia armónica entre las actividades humanas y los demás seres vivos. La reforma propuesta busca, en suma, actualizar el contenido normativo de la Ley Federal de Sanidad Animal para que refleje estos principios, fortaleciendo la protección jurídica de los animales y contribuyendo al bienestar general de la sociedad.

2. Objetivos de la iniciativa

La iniciativa tiene como objetivo general fortalecer el marco jurídico del bienestar animal en México, mediante la precisión y ampliación de los principios y obligaciones establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Este objetivo general se desagrega en los siguientes objetivos específicos:

1. Reforzar el enfoque integral del bienestar animal

Incorporar de manera explícita una concepción amplia del bienestar animal que no se limite a la provisión de alimento y agua, sino que incluya el acceso a espacios dignos, condiciones adecuadas de salubridad, posibilidades de recreación y la expresión del comportamiento natural de cada especie.

2. Vincular el bienestar animal con la salud y la productividad sostenible

Precisar que la relación entre bienestar, salud y productividad debe desarrollarse bajo criterios éticos, evitando la sobreexplotación y el sufrimiento de los animales, aun cuando estos sean utilizados con fines económicos.

3. Establecer obligaciones claras para propietarios y poseedores de animales

Definir de forma más precisa las responsabilidades de quienes tienen animales domésticos o silvestres en cautiverio, a fin de garantizar condiciones mínimas de hábitat, higiene y esparcimiento, reduciendo ambigüedades normativas y facilitando la aplicación de la ley.

4. Alinear la legislación nacional con estándares internacionales

Actualizar la Ley Federal de Sanidad Animal conforme a los principios promovidos por organismos internacionales especializados en sanidad y bienestar animal, así como a las mejores prácticas reconocidas a nivel global.

5. Contribuir a la protección de la salud pública y del medio ambiente

Reconocer que el bienestar animal es un factor clave para la prevención de enfermedades zoonóticas, la protección de los ecosistemas y el desarrollo sostenible del sector agropecuario y productivo en general.

3. Diagnóstico

El bienestar animal constituye hoy un asunto de interés público, estrechamente vinculado con la protección de la salud, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el respeto a principios éticos fundamentales que rigen la convivencia social. En el marco del Estado constitucional de derecho, la regulación de las condiciones bajo las cuales los animales son utilizados, poseídos o aprovechados por el ser humano no puede limitarse a criterios meramente productivos o utilitarios, sino que debe atender a una concepción integral que reconozca su condición de seres sintientes y la responsabilidad jurídica que ello implica.

En México, la Ley Federal de Sanidad Animal representa el eje normativo central en materia de sanidad y bienestar animal a nivel federal. No obstante, a pesar de los avances que dicha ley ha significado, su contenido refleja todavía una visión parcial del bienestar animal, propia de un enfoque tradicional centrado en la sanidad básica y la productividad, que resulta insuficiente frente a los desarrollos científicos, jurídicos y normativos contemporáneos.

Insuficiencias normativas en el artículo 20 de la Ley Federal de Sanidad Animal

El artículo 20 establece los principios básicos que deben orientar la emisión de disposiciones en materia de sanidad animal, reconociendo, de manera correcta, la relación existente entre la salud y el bienestar de los animales. Sin embargo, su redacción vigente presenta ambigüedades y omisiones sustantivas que limitan su eficacia normativa.

Si bien el precepto reconoce la necesidad de proporcionar alimentos y agua suficientes, evitar el dolor innecesario y permitir la manifestación del comportamiento natural, no explicita las condiciones materiales mínimas indispensables para garantizar dichos principios. La ausencia de referencias expresas al espacio digno, a las condiciones del entorno y a las necesidades conductuales de los animales genera un margen de discrecionalidad interpretativa que puede traducirse en prácticas de confinamiento excesivo, hacinamiento o restricción prolongada de movilidad, incompatibles con un estándar adecuado de bienestar.

Desde una perspectiva jurídica, esta omisión resulta relevante, pues el principio de seguridad jurídica exige que las normas definan con claridad las obligaciones que imponen y los derechos que protegen, particularmente cuando se trata de bienes jurídicos de interés colectivo. La indeterminación normativa debilita la capacidad del Estado para prevenir, supervisar y sancionar conductas que afectan el bienestar animal, aun cuando estas no constituyan maltrato evidente en sentido estricto.

Adicionalmente, el propio artículo 20 establece que el bienestar de los animales utilizados con fines económicos se asocia con mayor productividad y beneficios económicos. Si bien esta afirmación es correcta desde el punto de vista empírico, su formulación actual carece de límites éticos y jurídicos explícitos, lo que permite que el bienestar sea interpretado únicamente como un medio para maximizar la producción, incluso mediante esquemas de sobreexplotación que generan sufrimiento animal.

Tal enfoque resulta incompatible con los principios constitucionales de protección a la salud, al medio ambiente y al desarrollo sostenible, así como con la tendencia del derecho comparado y del derecho internacional, que reconoce que la productividad no puede alcanzarse legítimamente a costa del deterioro grave del bienestar animal.

Deficiencias del artículo 21 en la delimitación de obligaciones

Por su parte, el artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal establece la obligación de los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio de proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuadas. Si bien esta disposición constituye un mínimo indispensable, resulta claramente insuficiente para garantizar condiciones reales de bienestar animal.

El precepto omite toda referencia a aspectos esenciales como el espacio apropiado para el hábitat, las condiciones de salubridad, la ventilación, la iluminación, la posibilidad de movimiento y el esparcimiento. Esta omisión tiene consecuencias prácticas relevantes, pues limita la actuación de las autoridades frente a situaciones de deterioro crónico del bienestar animal que no se manifiestan necesariamente en la falta de alimento o agua, pero sí en condiciones de vida indignas o incompatibles con las necesidades etológicas de las especies.

Desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, la falta de parámetros claros dificulta la acreditación de infracciones y reduce la eficacia de los mecanismos de prevención y control, generando un déficit de protección jurídica que afecta tanto a los animales como al interés público.

Estándares científicos e internacionales en materia de bienestar animal

El conocimiento científico contemporáneo ha demostrado de manera consistente que los animales son seres capaces de experimentar dolor, estrés, miedo y sufrimiento, así como estados positivos asociados al confort y la seguridad. En consecuencia, el bienestar animal se concibe hoy como un estado integral que abarca dimensiones físicas, mentales y conductuales.

Este enfoque ha sido adoptado por organismos internacionales especializados, como la Organización Mundial de Sanidad Animal, la cual define el bienestar animal como el estado en el que un animal se encuentra sano, cómodo, bien alimentado, seguro y capaz de expresar su comportamiento natural, sin padecer dolor, miedo o angustia innecesarios. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que el bienestar animal es un componente esencial de los sistemas agroalimentarios sostenibles y una condición para la sanidad y la calidad de los productos de origen animal.

Estos estándares internacionales, ampliamente aceptados, han sido incorporados en la legislación de diversos países y constituyen un referente para la interpretación y actualización de los marcos normativos nacionales. En este contexto, la legislación mexicana presenta un rezago normativo relativo, al no incorporar de manera expresa elementos que hoy se consideran básicos para la evaluación del bienestar animal.

Bienestar animal, productividad y desarrollo sostenible

La evidencia empírica demuestra que el bienestar animal no sólo es una exigencia ética y jurídica, sino también un factor determinante para la eficiencia y sostenibilidad de las actividades productivas. Animales sometidos a estrés crónico, hacinamiento o condiciones inadecuadas presentan mayores índices de enfermedad, mayor mortalidad y menor calidad productiva, lo que se traduce en mayores costos económicos y sanitarios.

Por el contrario, los sistemas productivos que garantizan condiciones adecuadas de espacio, higiene y manejo respetuoso tienden a generar mejores resultados sanitarios, menor uso de medicamentos veterinarios y mayor aceptación social de los productos. En este sentido, el bienestar animal constituye un elemento estratégico del desarrollo sostenible, en congruencia con los principios constitucionales y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Impacto del bienestar animal en la salud pública

Finalmente, el diagnóstico debe considerar las implicaciones del bienestar animal para la salud pública. Las condiciones de hacinamiento, insalubridad y estrés favorecen la aparición y propagación de enfermedades zoonóticas, incrementan el uso indiscriminado de antibióticos y representan un riesgo para la población humana.

El fortalecimiento del bienestar animal se inscribe, así, en el enfoque de salud integral que reconoce la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, y constituye una medida preventiva de alto impacto para la protección del interés público.

La reforma propuesta a los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal responde a la necesidad de actualizar y fortalecer el marco jurídico mexicano en materia de bienestar animal, a partir de una visión integral, ética y sostenible. Lejos de constituir una carga adicional injustificada, las modificaciones planteadas representan una oportunidad para mejorar la calidad normativa, la eficacia de las políticas públicas y la coherencia del sistema jurídico con los principios constitucionales y los compromisos internacionales del Estado mexicano.

La incorporación explícita de elementos como el espacio digno, las condiciones salubres, el esparcimiento y la prohibición de la sobreexplotación contribuye a una interpretación más clara y uniforme de la ley, facilitando su aplicación por parte de las autoridades competentes y promoviendo prácticas responsables entre propietarios, poseedores y productores.

Asimismo, la iniciativa reconoce que el bienestar animal y la productividad económica no son objetivos contradictorios, sino complementarios, siempre que se desarrollen bajo criterios de respeto, sostenibilidad y responsabilidad social. Al fortalecer el bienestar animal, se fortalece también la salud pública, la calidad de los productos, la protección ambiental y la confianza social en las instituciones.

En conclusión, esta iniciativa representa un paso significativo hacia la consolidación de un marco normativo moderno y humanista, acorde con los valores de una sociedad que reconoce la importancia de proteger a los animales como parte esencial de su desarrollo integral. Su aprobación contribuirá a una legislación más justa, efectiva y alineada con las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de sanidad y bienestar animal.

4. Propuesta

5. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Único. Se reforma el artículo 20 y 21, de la Ley General de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 20. - La Secretaría en términos de esta Ley y su Reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos.

I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los animales requiere de proporcionarles los cuidados necesarios con el fin de que accedan a alimentos y agua suficientes; un espacio digno para su estancia y recreación; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural;

II a IV...

V. El estado de bienestar de los animales, utilizados por el ser humano con fines económicos, se asocia con mayor productividad y beneficios económicos, los cuales deben alcanzarse evitando la sobreexplotación y el sufrimiento.

Artículo 21. - Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuada de acuerdo a su especie y etapa productiva, así como un espacio apropiado para su hábitat, en condiciones salubres y con capacidad para su esparcimiento.

Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputadas: Xóchitl Teresa Arzola Vargas, Gabriela Valdepeñas González, Alma Delia Navarrete Rivera, Mildred Concepción Ávila Vera, Claudia Leticia Garfias Alcántara, Josefina Anaya Martínez, Zaria Aguilera Claro, Leide Avilés Domínguez, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Karina Isabel Martínez Montaño (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, para fortalecer la operación de los puntos de verificación e inspección federal y garantizar la movilización pecuaria eficiente y segura, suscrita por la diputada Claudia Quiñones Garrido y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe la diputada Claudia Quiñones Garrido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, para fortalecer la operación de los puntos de verificación e inspección federal y garantizar la movilización pecuaria eficiente y segura.

La ganadería es la actividad económica del sector primario que se dedica a la cría, cuidado y domesticación de animales (como bovinos, porcinos, ovinos, aves) para obtener productos para el consumo humano, como carne, leche, huevos, lana y miel, y también para otros fines como el trabajo o la obtención de cuero y es fundamental para la alimentación y la economía .

Los tipos de ganadería son:

Extensiva: Los animales pastan en grandes extensiones de tierra.

Intensiva: Se crían en espacios reducidos con control total de alimentación y condiciones.

Mixta: Combina cultivos con la cría de animales. Autoconsumo: Para consumo propio de la familia o comunidad.

En el ámbito internacional, el comercio de ganado bovino está sujeto a estrictos controles sanitarios derivados de acuerdos bilaterales y multilaterales, particularmente con Estados Unidos, país que concentra la mayor parte de las exportaciones mexicanas de ganado en pie.

Durante 2024 y 2025, el intercambio comercial se vio severamente afectado por la detección de brotes del gusano barrenador ( Cochliomyia hominivorax), lo que llevó a las autoridades estadounidenses a imponer cierres y restricciones temporales a la importación de ganado mexicano, bajo un protocolo sanitario extraordinario y sin precedentes recientes.

Diversas fuentes especializadas estiman que estas medidas provocaron pérdidas económicas acumuladas de entre 700 y 850 millones de dólares, así como la suspensión de la exportación de más de 650 mil a 800 mil cabezas de ganado, afectando de manera directa a productores, engordadores y comercializadores mexicanos.

Este escenario ha incrementado la presión sobre los sistemas nacionales de inspección y verificación sanitaria, particularmente en los puntos de control de movilización interna.

México se ha consolidado como uno de los principales exportadores de ganado bovino en pie a nivel mundial, con una participación relevante en el comercio internacional, particularmente hacia los Estados Unidos, principal destino del ganado mexicano.

De acuerdo con información oficial del gobierno de México, la ganadería bovina representa aproximadamente 39.7 por ciento del producto interno bruto del sector primario, lo que la convierte en uno de los pilares productivos del país.

Durante los años 2024 y 2025, el sector ganadero mexicano ha enfrentado un escenario de alta vulnerabilidad sanitaria y operativa, derivado principalmente del resurgimiento del gusano barrenador del ganado y de las medidas restrictivas adoptadas por los Estados Unidos para proteger su estatus zoosanitario.

El 27 de noviembre de 2024, el gobierno de Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano tras detectarse un caso positivo de gusano barrenador, lo que marcó el inicio de una serie de restricciones que impactaron de manera directa a los productores nacionales.

Posteriormente, diversos análisis periodísticos documentaron que el retorno del gusano barrenador puso en jaque a la ganadería mexicana, provocando no solo cierres fronterizos, sino también pérdidas económicas severas, saturación del mercado interno y una caída en los precios pagados al productor.

En febrero de 2025, México logró una reanudación parcial de la exportación de ganado a Estados Unidos, aunque bajo protocolos sanitarios mucho más estrictos, con cupos limitados y mayores controles en los puntos de inspección.

Sin embargo, para abril de 2025, medios nacionales alertaron que el cruce de ganado en la frontera se encontraba severamente ralentizado, con inspecciones prolongadas, revisiones más exhaustivas y cuellos de botella en los puntos de verificación, lo que agravó la situación de los productores.

Finalmente, en mayo de 2025, Estados Unidos volvió a suspender la importación terrestre de ganado mexicano, confirmando que el problema sanitario seguía teniendo repercusiones estructurales en el comercio ganadero y evidenciando la fragilidad operativa del sistema de movilización e inspección nacional.

Los Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF), operados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), desempeñan un papel central en la contención de riesgos sanitarios y en el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia zoosanitaria.

No obstante, productores y organizaciones del sector han señalado problemas operativos persistentes en dichos puntos, entre los que destacan:

-Insuficiencia de personal operativo, lo que genera cuellos de botella en periodos de alta movilización pecuaria.

-Demoras prolongadas en los procesos de inspección, que impactan negativamente en la condición del ganado, provocando pérdida de peso, estrés térmico, deterioro de la salud animal y reducción del valor comercial.

-Heterogeneidad de criterios operativos entre distintos PVIF, lo que produce incertidumbre jurídica, duplicidad de requisitos y mayores cargas administrativas para los ganaderos.

Información del Senasica confirma la existencia de una amplia red de PVIF a nivel nacional, cuya operación y desempeño varía significativamente entre entidades federativas, sin que existan actualmente parámetros homogéneos de tiempo, transparencia y rendición de cuentas sobre su funcionamiento.

Esto revela que el problema que enfrenta el sector ganadero no es únicamente sanitario, sino también operativo y regulatorio. En particular, los PVIF se han convertido en un cuello de botella crítico en la movilización de ganado, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Las demoras prolongadas en los PVIF, derivadas en buena medida de la falta de personal, la ausencia de criterios homogéneos y la inexistencia de parámetros claros de tiempo y transparencia, han generado pérdidas económicas adicionales para los ganaderos, incluso en aquellos casos en los que el ganado cumple plenamente con los requisitos sanitarios.

La evidencia periodística muestra que estas demoras impactan directamente en: la pérdida de peso del ganado, el aumento del estrés y riesgos sanitarios, la reducción del valor comercial y la imposibilidad de cumplir con ventanas de exportación.

A pesar de la importancia estratégica de los PVIF, actualmente no existen en la ley parámetros nacionales claros que obliguen a: homologar requisitos, transparentar tiempos de inspección, justificar retenciones, ni someter estos procedimientos a una revisión obligatoria de mejora regulatoria.

Esta falta de regulación específica debilita la capacidad del Estado mexicano para responder con eficiencia ante crisis sanitarias y para demostrar, ante socios comerciales internacionales, la confiabilidad de su sistema de control zoosanitario.

La presente iniciativa se justifica en la necesidad de corregir fallas estructurales evidenciadas por la crisis sanitaria y comercial reciente, sin comprometer el rigor técnico de la inspección ni generar cargas presupuestales adicionales.

Al establecer: criterios nacionales homologados en los PVIF, tiempos de referencia con obligación de justificación, mecanismos de reporte y transparencia, y la revisión obligatoria de los trámites ganaderos.

Con esto se fortalece el sistema sanitario nacional, se reduce la discrecionalidad administrativa y se protege de manera efectiva la viabilidad económica del sector ganadero.

Asimismo, estas medidas permiten generar información verificable y sistematizada que puede ser utilizada por las autoridades mexicanas en procesos de negociación y cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos, para demostrar que México cuenta con un sistema de inspección eficiente, transparente y alineado con estándares internacionales.

La reforma propuesta no elimina controles sanitarios ni flexibiliza estándares; por el contrario, los hace más ordenados, verificables y funcionales, lo que resulta indispensable en un contexto de crisis sanitaria recurrente y alta dependencia del comercio exterior.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, para fortalecer la operación de los Puntos de Verificación e Inspección Federal y garantizar la movilización pecuaria eficiente y segura

Único. Se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Bis 2, y se reforma el artículo 48 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis. Los Puntos de Verificación e Inspección Federal deberán operar bajo criterios homogéneos a nivel nacional, conforme a las disposiciones que emita el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objeto de garantizar la eficiencia, proporcionalidad y transparencia en la inspección zoosanitaria de la movilización pecuaria.

Para tal efecto:

I. Senasica deberá emitir un Catálogo Nacional de Requisitos para la Movilización Pecuaria, de observancia obligatoria para todos los Puntos de Verificación e Inspección Federal. Ninguna autoridad federal, estatal o municipal podrá exigir requisitos distintos o adicionales a los previstos en dicho catálogo.

II. La inspección zoosanitaria deberá realizarse privilegiando la continuidad de la movilización pecuaria y la protección de la integridad del ganado. Para fines de control y evaluación administrativa, se establece un tiempo de referencia para la realización de la inspección, que no deberá exceder de treinta minutos en condiciones ordinarias.

III. Cuando la inspección exceda el tiempo de referencia señalado en la fracción anterior, la autoridad responsable deberá registrar y justificar la causa sanitaria específica que motive la demora, en el sistema digital que para tal efecto determine Senasica.

IV. La retención del ganado únicamente procederá por causas sanitarias debidamente fundadas y motivadas. Queda prohibida la retención por razones administrativas, logísticas o de otra índole ajena al riesgo sanitario.

V. Los Puntos de Verificación e Inspección Federal deberán remitir periódicamente a Senasica información relativa al número de inspecciones realizadas, tiempos promedio de revisión, volumen de ganado movilizado y eventos sanitarios detectados, conforme a los lineamientos que emita dicha autoridad.

Artículo 47 Bis 2. Las disposiciones, requisitos y procedimientos aplicables a la movilización pecuaria y a la operación de los Puntos de Verificación e Inspección Federal deberán observar los principios de:

I. Simplificación administrativa;

II. Proporcionalidad sanitaria conforme al riesgo;

III. Eliminación de requisitos duplicados;

IV. Homologación de criterios a nivel nacional;

V. Eficiencia operativa y protección de la integridad del ganado.

Artículo 48. La Secretaría mediante disposiciones de sanidad animal determinará las características y especificaciones que deben reunir las estaciones cuarentenarias, así como las regiones donde se justifique su establecimiento. En dichos establecimientos se mantendrán en aislamiento y observación los animales sujetos a control cuarentenario, así como los vehículos, maquinaria, materiales o equipo y otras mercancías que representen un riesgo y que hayan estado en contacto con éstos.

La Secretaría establecerá requisitos para permitir a personas físicas y morales la habilitación de instalaciones de su propiedad mediante su acondicionamiento, para que operen temporal y limitadamente como estaciones cuarentenarias o instalaciones para guarda-custodia cuarentena, en donde se realizarán los servicios veterinarios procedentes y, en su caso, el lugar donde se aplicarán los tratamientos o acondicionamientos a las mercancías de importación.

La Secretaría establecerá y administrará un Registro Nacional de Puntos de Verificación e Inspección Federal, de carácter público y digital, en el que deberá difundirse, al menos, la siguiente información:

I. Ubicación y responsable del punto de verificación;

II. Requisitos aplicables conforme al Catálogo Nacional de Requisitos para la Movilización Pecuaria;

III. Tiempos de referencia y tiempos promedio de inspección;

IV. Tarifas o derechos legalmente autorizados, en su caso;

V. Disposiciones sanitarias vigentes aplicables.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Senasica deberá emitir el Catálogo Nacional de Requisitos para la Movilización Pecuaria dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Senasica deberá habilitar y mantener actualizado el Registro Nacional de Puntos de Verificación e Inspección Federal dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizarán las adecuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente Decreto, sin generar erogaciones presupuestales adicionales.

Notas

1 https://concepto.de/ganaderia/

2 https://www.reuters.com/latam/domestico/CJAVQNESWJKJFK2O KXJXMYDTOA-2025-05-11/

3 https://elpais.com/mexico/2025-05-13/cinco-graficos-sobre-el-comercio-de-ganado -vacuno-entre-mexico-y-estados-unidos.html

4 https://dj.senasica.gob.mx/Contenido/files/2025/febrero/Impactoeconómicoanteelr iesgodedispersióndelvirusdelaEstomatitisVesicular%28VS%29 9eba2454-6c90-467c-87b2-3a513b23428c.pdf?

5 https://elpais.com/mexico/2024-11-27/estados-unidos-suspende-las-importaciones- de-ganado-mexicano.html

6 https://elpais.com/mexico/2024-12-16/el-regreso-del-gusano-barrenador-pone-en-j aque-a-la-ganaderia-mexicana.html

7 https://elpais.com/mexico/2025-02-06/mexico-reanuda-la-exportacion-de-ganado-a- ee-uu-con-protocolos-mas-estrictos.html

8 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2025/04/30/ cruce-de-ganado-en-la-frontera-esta-muuuuy-lento/

9 https://elpais.com/mexico/2025-05-11/estados-unidos-suspende-la-importacion-ter restre-de-ganado-mexicano.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Claudia Quiñones Garrido, Fidel Daniel Chimal García, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Julia Licet Jiménez Angulo, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, José Manuel Hinojosa Pérez, Paulo Gonzalo Martínez López, Nancy Aracely Olguín Díaz, Luis Agustín Rodríguez Torres, María del Rosario Vera, Amparo Lilia Olivares Castañeda, María Angélica Granados Trespalacios (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar a cuatro años la duración del mandato de los ayuntamientos, eliminando la reelección inmediata, al tenor de la siguiente

I. Marco histórico y político del municipio libre

El municipio libre, consagrado en el artículo 115 de la Constitución de 1917, se diseñó como la célula básica del federalismo mexicano. Su propósito original fue garantizar la proximidad del poder a la ciudadanía, facilitar la resolución de necesidades locales y evitar la concentración de poder. La duración trienal del cargo municipal y la prohibición de reelección fueron respuestas históricas a un contexto de limitación del poder local y búsqueda de alternancia.

II. Problemas del modelo trienal

El modelo de tres años presenta problemas recurrentes: insuficiencia temporal para proyectos de infraestructura, alta rotación del personal directivo (más de 80 por ciento en cada cambio de administración, según Inafed e IEEG), pérdida de capacidades institucionales y desalineación con programas estatales y federales que operan en horizontes de 4 a 6 años. Esto genera discontinuidad en obras y programas, afectando el acceso de la población a derechos básicos.

Además, el modelo trienal provoca que una gran cantidad de obras de infraestructura y programas sociales queden inconclusos, lo que implica un uso ineficiente o incluso mal inversión de recursos públicos. Las nuevas administraciones suelen descontinuar proyectos iniciados por sus antecesores, generando duplicidad de esfuerzos, desperdicio presupuestal y desconfianza ciudadana. Con mandatos de cuatro años, las administraciones municipales podrán planear, ejecutar y entregar proyectos completos, mejorando la eficiencia del gasto y la calidad de los servicios públicos.

La administración pública municipal requiere tiempos suficientes para consolidar procesos de planeación, ejecución y evaluación. Con el modelo trienal, gran parte del primer año se destina al arranque de la gestión y el último a la preparación de la sucesión política, quedando un margen real de apenas un año efectivo de gobierno. Al establecer periodos de cuatro años, se gana un año adicional de gestión sustantiva, lo que se traduce en mayor eficiencia administrativa y mejores resultados en beneficio de la población, sin sacrificar la rendición de cuentas periódica.

El constante cambio de autoridades municipales cada tres años genera desconfianza ciudadana, pues la población percibe que los proyectos nunca se consolidan y que las prioridades cambian según el gobierno en turno. Esto debilita la legitimidad democrática, porque los votantes observan un ciclo de promesas incumplidas y recursos mal empleados. Extender el mandato a cuatro años permitirá que la ciudadanía vea resultados tangibles durante la misma administración, fortaleciendo la confianza en los gobiernos locales.

III. Experiencia contemporánea y efectos de la reelección inmediata

La reelección inmediata, introducida en 2014, buscó fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, la práctica ha mostrado que en muchos casos los incentivos de los gobiernos municipales se orientaron a la campaña, privilegiando obras de bajo impacto pero alta visibilidad, en lugar de proyectos estratégicos de mediano y largo plazo. Asimismo, se observaron ventajas indebidas de los incumbentes.

IV. Duración del mandato: por qué cuatro años (y no tres o seis)

Tres años resultan insuficientes para un ciclo completo de planeación, financiamiento, ejecución y evaluación de proyectos municipales. En contraste, cuatro años permiten completar al menos un ciclo de políticas públicas con resultados tangibles. Seis años, aunque ofrecerían mayor continuidad, disminuyen el control ciudadano y aumentan el riesgo de concentración de poder local.

Por ello, cuatro años representan un equilibrio: otorgan continuidad suficiente para consolidar proyectos, pero preservan la rendición de cuentas mediante elecciones periódicas. La eliminación de la reelección inmediata asegura alternancia y evita ventajas indebidas.

V. Impacto económico y armonización electoral

El cambio de tres a cuatro años tiene beneficios presupuestarios y administrativos:

• Reducción de costos electorales: al espaciar las elecciones municipales, se disminuye en 25 por ciento la frecuencia de comicios en un periodo de 12 años.

• Armonización con elecciones federales y estatales: facilita la concurrencia electoral y evita procesos intermedios de baja participación y alto costo.

• Planeación presupuestaria: permite a los ayuntamientos contar con cuatro ejercicios fiscales completos, consolidando proyectos y mejorando la eficiencia del gasto.

VI. Perspectiva internacional

La duración de cuatro años en gobiernos locales es la norma en la mayoría de las democracias: Colombia, Chile, Argentina, Brasil, España y la mayoría de los estados de Estados Unidos. México y El Salvador son excepciones con periodos trienales, lo que limita la planeación y desalienta la inversión en proyectos de largo aliento.

VII. Evidencia empírica y académica

Estudios del Inegi (ENSU) muestran que más del 60 por ciento de la población percibe altos niveles de inseguridad en sus municipios, un problema que requiere estrategias de mediano plazo imposibles de resolver en tres años. El Coneval ha documentado que la falta de continuidad en programas sociales a nivel municipal limita la reducción de pobreza y desigualdad. La OCDE recomienda mandatos de al menos 4 años para gobiernos locales que busquen consolidar reformas institucionales y políticas públicas sostenibles.

VIII. Medidas complementarias

Para maximizar el efecto de la reforma se proponen medidas como:

a) Programas plurianuales de gestión municipal alineados a los cuatro años de mandato.

b) Mecanismos de evaluación pública anual con indicadores claros.

c) Profesionalización del servicio público municipal para reducir la rotación de personal.

d) Prohibición expresa de reelección inmediata para evitar ventajas incumbentes.

Anexos

• México y El Salvador son excepciones en la región con periodos de solo tres años, lo que limita su capacidad de planeación.

Anexo 3. Evidencia estadística.

• Rotación de funcionarios municipales: más de 80 por ciento del personal directivo cambia cada trienio (Inegi/IEEG).

• Percepción de inseguridad en municipios: más de 60 por ciento de la población considera inseguro su municipio (ENSU 2023-2025).

• Tasa de reelección: alrededor del 59-60 por ciento de alcaldes que buscaron reelegirse lo lograron en 2018 y 2021 (INE).

Anexo 4. Impacto económico y ahorro estimado

1. Costos actuales: en 2024 el gasto federal y local para elecciones asciende a 60,884 mdp; elecciones estatales como las de Oaxaca cuestan 850-900 mdp.

2. Diferencia de mandatos: en 12 años, con 3 años hay 4 elecciones; con 4 años hay 3 elecciones. 25 por ciento menos frecuencia.

3. Gasto susceptible: entre 40-50 por ciento del gasto electoral es variable (logística, boletas, capacitación, seguridad).

4. Estimación: Ahorro entre 10-12.5 por ciento del gasto electoral municipal; hasta 20-25 por ciento en escenarios de alta concurrencia.

5. Ejemplo Oaxaca: 3,600 mdp en 12 años (trienal) vs 2,700 mdp (cuatrienal). Ahorro: 900 mdp.

6. Conclusión: el cambio representaría un ahorro significativo que puede destinarse a infraestructura y servicios básicos.

Anexo 5. Bibliografía.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto vigente 2024).

• Diario Oficial de la Federación, Reforma político-electoral (2014).

• Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 23/2012.

• Inegi, Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) 2023-2025.

• Coneval, Medición de la pobreza (2022).

• OCDE, Estudios sobre gobernanza local (2021).

• ONU-Hábitat, Reconocimiento a Mérida (2018).

• Chacón, J. & Saldaña, M. (2023). Reelección de alcaldes en México.

• Linz, J. & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation.

Anexo 5. Resumen ejecutivo.

Objetivo: Esta Iniciativa propone reformar el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar a cuatro años la duración del mandato de los presidentes municipales, regidores y síndicos, y eliminar la reelección inmediata para el periodo inmediato.

Problema: El modelo trienal actual genera discontinuidad en proyectos de infraestructura y programas sociales; altos índices de rotación administrativa; duplicidad de esfuerzos; y percepciones ciudadanas de promesas incumplidas y mal uso de recursos públicos.

Propuesta: Establecer mandatos municipales de cuatro años sin reelección inmediata, acompañado de medidas complementarias de profesionalización, evaluación pública anual y programas plurianuales de inversión.

Beneficios esperados: (i) mayor capacidad para planear, ejecutar y evaluar proyectos completos; (ii) reducción de obras inconclusas y uso más eficiente del gasto público; (iii) ahorros en costos electorales estimados entre 10 por ciento y 25 por ciento en la parte variable del gasto municipal electoral; (iv) mejor alineación con programas estatales y federales.

Estimación económica: Al reducir la frecuencia de elecciones municipales en 25 por ciento (4 elecciones en 12 años, 3 elecciones en 12 años), y considerando que entre 40 y 50 por ciento del gasto electoral es variable, el ahorro estimado en el gasto electoral municipal se ubica entre 10 y 12.5 por ciento, pudiendo alcanzar 20—25 por ciento en escenarios de concurrencia electoral.

Medidas complementarias: obligación de programas plurianuales municipales (4 años), sistema de indicadores para evaluación anual, profesionalización del personal de mando medio y alto, y mecanismos de transparencia para destinar los ahorros a infraestructura y servicios.

Llamado a la acción: Esta reforma busca fortalecer la eficiencia de las administraciones municipales y optimizar recursos públicos; por ello se solicita el respaldo de las distintas fuerzas políticas para su pronta discusión y aprobación.

En atención de lo expuesto me permito presentar ante la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de gobierno municipal y duración de ayuntamientos

Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos no podrán ser electas para el periodo inmediato en los términos que la ley establezca.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y leyes locales a lo dispuesto en este decreto en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Los ayuntamientos electos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto concluirán sus mandatos conforme al periodo para el que fueron electos.

Cuarto. Para efectos de la organización de las elecciones y la reducción de costos logísticos, la autoridad electoral correspondiente podrá emitir lineamientos transitorios que permitan, de ser procedente y conforme a la ley, la concurrencia de procesos electorales locales con otros procesos estatales o federales, siempre que se salvaguarde el principio de certeza y equidad en la contienda.

Quinto. Queda sin efecto cualquier disposición legal que se oponga a lo establecido en este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputadas y diputado: María del Carmen Bautista Peláez, Carlos Ventura Palacios Rodríguez, Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma la fracción XII del Apartado B del artículo 2o., el párrafo relativo al derecho a un medio ambiente sano del artículo 4o., el primer párrafo del artículo 25, el primer párrafo del Apartado A del artículo 26 y la fracción XXIX-K del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Luis Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XII del Apartado B del artículo 2o., el párrafo relativo al derecho a un ambiente sano del artículo 4o., el primer párrafo del artículo 25, el primer párrafo del Apartado A del artículo 26 y la fracción XXIX-K del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La comunidad internacional ha consolidado, en las últimas décadas, un consenso fundamental: el desarrollo no puede seguir desvinculado de la protección ambiental, la cohesión social y el respeto a la diversidad cultural. El concepto de desarrollo sostenible se formuló de manera sistemática en el Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocido como Informe Brundtland, que lo definió como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

Sobre esa base, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015 la resolución A/RES/70/1, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que establece 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas, concebidos como un marco integrado que conjuga las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo.

La documentación oficial de las Naciones Unidas sobre los ODS insiste en que la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la preservación del planeta y el crecimiento económico incluyente son objetivos interdependientes y no compartimentos aislados.

El turismo ha sido reconocido expresamente como palanca para alcanzar diversos ODS. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU destaca, entre otros, el objetivo 8.9, que insta a “elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales”; el objetivo 12.b, sobre instrumentos para medir y monitorear los impactos del turismo sostenible; y el objetivo 14.7, relativo al incremento de los beneficios económicos para los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados a través del turismo sostenible.

En sintonía con ello, UN Tourism (antes Organización Mundial del Turismo) ha precisado que el turismo sostenible es el que toma plenamente en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales presentes y futuros, atendiendo las necesidades de visitantes, industria, medio ambiente y comunidades anfitrionas. Para ser sostenible, el turismo debe:

(i) hacer un uso óptimo de los recursos ambientales, conservando el patrimonio natural y la biodiversidad;

(ii) respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida; y

(iii) asegurar operaciones económicas viables a largo plazo, con beneficios socioeconómicos ampliamente distribuidos.

Esta visión se ha reforzado mediante redes y observatorios especializados en medir la sostenibilidad del turismo en los destinos.

México ha incorporado estos compromisos a su propio marco de planeación. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 reconoce que el desarrollo nacional debe orientarse al bienestar de las personas, a la protección de los derechos y al cuidado del medio ambiente, como parte de la transformación histórica que vive el país. Esta visión, sintetizada en el llamado nuevo humanismo mexicano, concibe la economía y las políticas públicas —incluidas las turísticas— como instrumentos al servicio de la dignidad humana, la justicia social, la inclusión y el respeto a la naturaleza. En la nueva etapa de planeación 2025—2030, el país ha ratificado la importancia de alinear sus políticas al horizonte de la Agenda 2030, como se desprende de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2025—2030 por la Cámara de Diputados.

En esta lógica, el turismo sostenible no se reduce a una actividad económica generadora de divisas, sino que se concibe como un vehículo para fortalecer el tejido social, proteger el patrimonio biocultural y redistribuir beneficios hacia comunidades históricamente excluidas. Para México, país megadiverso y pluricultural, esta perspectiva es estratégica: numerosos destinos turísticos se localizan en territorios habitados por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cuyos conocimientos tradicionales han sido fundamentales para conservar ecosistemas, paisajes culturales y prácticas comunitarias que hoy constituyen atractivos turísticos de alto valor. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas subraya el derecho de estos pueblos a mantener y fortalecer su relación espiritual con tierras, territorios y recursos, así como a determinar sus prioridades y estrategias de desarrollo.

Sin embargo, el texto constitucional mexicano presenta aún asimetrías y rezagos terminológicos que dificultan una plena armonización con dichos estándares. En distintas disposiciones coexisten referencias a “desarrollo integral”, “desarrollo nacional” y “desarrollo sustentable”, sin una articulación clara con el concepto de desarrollo sostenible adoptado por la ONU y la Agenda 2030. Esta falta de homogeneidad conceptual genera incertidumbre interpretativa y abre espacios para políticas sectoriales que no internalizan, de manera obligatoria, los criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural, particularmente en sectores como el turismo, el ordenamiento territorial y el aprovechamiento de recursos naturales.

Además, el marco constitucional vigente no explicita con suficiente fuerza el papel del turismo sostenible como política de Estado vinculada al cumplimiento de los ODS, ni el deber de articular la política turística con la planeación del desarrollo, la protección ambiental y la salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios. Esto contrasta con los desarrollos recientes del derecho internacional, que destacan al turismo como contribuyente directo a la Agenda 2030 y como herramienta para la conservación del patrimonio natural y cultural.

Por ello, la presente iniciativa propone ajustar la redacción de diversos preceptos constitucionales —entre ellos los relativos al desarrollo nacional, la planeación democrática, la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y las facultades del Congreso en materia de turismo— para

1. Armonizar la terminología constitucional con el estándar internacional de “desarrollo sostenible”, superando la dispersión entre “sustentable” y “sostenible” y vinculando expresamente el modelo de desarrollo al marco de la Agenda 2030 y de los ODS.

2. Reconocer expresamente el turismo sostenible como componente del desarrollo nacional, sujeto a criterios de justicia social, respeto a los derechos humanos, inclusión de las comunidades locales y protección de los ecosistemas, en sintonía con las definiciones de UN Tourism y las metas de los ODS.

3. Reforzar el mandato de protección y participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la definición de modelos turísticos y productivos en sus territorios, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La armonización constitucional propuesta tiene tres efectos principales:

(i) dota de mayor certeza y coherencia al sistema jurídico mexicano al alinear el texto fundamental con los compromisos internacionales que el propio Estado ha asumido;

(ii) proporciona un marco normativo claro para que las leyes generales y sectoriales —incluida la Ley General de Turismo— evolucionen hacia un enfoque de turismo sostenible, coherente con el nuevo humanismo mexicano y con la Agenda 2030; y

(iii) garantiza que el diseño de políticas turísticas incorpore, desde su origen, el respeto a las raíces de los pueblos originarios y el uso responsable de los bienes naturales y culturales que sustentan la actividad turística.

En particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2025—2030 estructura la acción del Estado en torno a diversos ejes generales, entre los que destacan “ Desarrollo sustentable” y el eje transversal “ Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, que obligan a que toda política sectorial —incluida la turística— se conciba como parte de un modelo de desarrollo que cuida el territorio, enfrenta la crisis climática y reconoce a los pueblos originarios del país —denominados en el propio PND como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas— como sujetos de derechos y no sólo como objetos de políticas asistenciales o de proyectos de inversión. Desde esta perspectiva, el turismo sostenible debe traducir en el territorio los principios del Humanismo Mexicano, garantizando que la actividad turística no reproduzca desigualdades ni despojo, sino que se convierta en herramienta de bienestar y fortalecimiento comunitario para las comunidades indígenas, afromexicanas y demás pueblos originarios del país.

En suma, no se trata de introducir un concepto de moda, sino de consolidar en el texto constitucional una evolución doctrinal ya reconocida a nivel internacional y en la práctica nacional: pasar de una visión fragmentada del turismo, centrada en indicadores de llegada de visitantes y divisas, a una visión integral de turismo sostenible que coloque en el centro a las personas, las comunidades y los ecosistemas. De esta forma, México podrá seguir cumpliendo sus compromisos con la Organización de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, honrar sus propias tradiciones humanistas y el papel histórico de los pueblos originarios en la construcción de un modelo de desarrollo más justo, incluyente y respetuoso del entorno.

Por lo expuesto se presenta a continuación la reforma propuesta:

Por lo anterior y con fundamento en los principios constitucionales, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide el siguiente

Decreto por el que se reforman la fracción XII del Apartado B del artículo 2o., el párrafo relativo al derecho a un ambiente sano del artículo 4o., el primer párrafo del artículo 25, el primer párrafo del Apartado A del artículo 26 y la fracción XXIX-K del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman la fracción XII del Apartado B del artículo 2o., el párrafo relativo al derecho a un ambiente sano del artículo 4o., el primer párrafo del artículo 25, el primer párrafo del Apartado A del artículo 26 y la fracción XXIX-K del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

B. ...

I. a XI. ...

XII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable y sostenible de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la creación de empleos, la incorporación de tecnologías y sus sistemas tradicionales de producción, para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Las políticas en materia de turismo que se realicen en territorios de pueblos y comunidades indígenas deberán diseñarse y ejecutarse con la participación efectiva de las comunidades, respetando sus sistemas normativos, su patrimonio biocultural y asegurando beneficios equitativos para los pueblos y comunidades.

...

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y promoverá el desarrollo sostenible. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.

...

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sostenible, con base en criterios de desarrollo sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, sostenibilidad y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

...

Artículo 73. ...

I. a XXIX-J. ...

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo y turismo sostenible, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporando criterios de protección ambiental y climática, preservación del patrimonio cultural y natural, y respeto a los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas, así como la participación de los sectores social, privado y comunitario;

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de hasta dos años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes generales en materia de turismo, ambiente, cambio climático, asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y demás que resulten pertinentes, a fin de armonizarlas con las disposiciones constitucionales en materia de desarrollo sostenible, turismo sostenible y protección de los derechos de las comunidades indígenas en cuyos territorios se realicen actividades turísticas.

Tercero. La Federación, las entidades federativas y los municipios deberán considerar las reformas contenidas en el presente Decreto en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo estatal y municipal que correspondan, a efecto de alinear sus políticas públicas con el enfoque de desarrollo y turismo sostenibles previsto en la Constitución.

Notas

1 World Commission on Environment and Development (1987). Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. United Nations,

https://sdgs.un.org/sites/default/files/documents/5987our-common -future.pdf

2 Organización de las Naciones Unidas. (2015) Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (resolución A/RES/70/1),

https://agenda2030.mx/docs/doctos/A_RES_70_1_es.pdf

3 Organización de las Naciones Unidas (2016—2030). Objetivos de Desarrollo Sostenible: documentación de la ONU (2016—2030). Biblioteca Dag Hammarskjöld,

https://research.un.org/es/docs/dev/2016-2030

4 Organización de las Naciones Unidas (sin fecha). Sustainable tourism. Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development,

https://sdgs.un.org/topics/sustainable-tourism

5 UN Tourism (sin fecha). Sustainable development,

https://www.unwto.org/sustainable-development

6 UN Tourism (sin fecha). International Network of Sustainable Tourism Observatories,

https://www.unwto.org/insto

7 Gobierno de México. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/504974/Plan_Nacio nal__de_Desarrollo_2019_2024.pdf

8 Gobierno de México (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Diario Oficial de la Federación, 15 de abril de 2025 (edición vespertina). Disponible en el Diario Oficial de la Federación:

https://www.dof.gob.mx

9 Organización de las Naciones Unidas (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (resolución A/RES/61/295). UNICEF,

https://www.unicef.org/lac/informes/declaracion-de-las-naciones- unidas-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Luis Humberto Aldana Navarro, Mildred Concepción Ávila Vera, Rocío López Gorosave, Olga Leticia Chávez Rojas, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Luis Arturo Oliver Cen, Humberto Coss y León Zuñiga (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 30 de abril de cada año “Día de la Niñez”, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Petra Romero Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de abril de cada año “Día de la niñez”, conforme a la siguiente

La niñez constituye uno de los sectores más relevantes y, al mismo tiempo, más vulnerables de la población. En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), poco más del 30 por ciento de la población está conformada por niñas, niños y adolescentes. Este grupo enfrenta retos estructurales persistentes relacionados con la pobreza, el acceso desigual a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda digna, la seguridad, la protección contra la violencia y la discriminación.

La conmemoración del Día del Niño el 30 de abril tiene una tradición social y cultural profundamente arraigada en México desde principios del siglo XX; sin embargo, dicha fecha carece de un reconocimiento expreso en el marco jurídico federal como un día nacional con carácter de interés público, enfoque de derechos humanos y perspectiva de igualdad sustantiva.

Declarar formalmente el 30 de abril como Día de la Niñez en México no solo fortalece una tradición histórica, sino que permite consolidar un instrumento normativo que impulse políticas públicas, acciones institucionales y estrategias de sensibilización social orientadas a garantizar el desarrollo integral de la niñez, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, prohíbe toda forma de discriminación motivada, entre otras razones, por edad y género.

El artículo 4° constitucional reconoce expresamente el principio del interés superior de la niñez, estableciendo que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que el Estado debe otorgarles protección prioritaria.

En el ámbito internacional, México es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), la cual obliga a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos reconocidos en dicho instrumento. La conmemoración institucional del Día de la Niñez se alinea con el artículo 42 de la Convención, que exhorta a los Estados a dar amplia difusión a sus principios y disposiciones.

La presente iniciativa incorpora de manera transversal el enfoque de igualdad sustantiva entre niñas y niños, reconociendo que las desigualdades de género se reproducen desde la infancia y se profundizan a lo largo del ciclo de vida.

Diversos estudios de organismos internacionales como UNICEF y ONU Mujeres han documentado que las niñas enfrentan mayores riesgos de exclusión educativa, trabajo infantil no remunerado, matrimonios y uniones tempranas, violencia sexual y limitaciones en el acceso a oportunidades de desarrollo. Por su parte, los niños también enfrentan estereotipos de género que fomentan la violencia, la deserción escolar y la normalización de conductas de riesgo.

Declarar el Día de la Niñez con un enfoque de igualdad de género permite:

1. Fortalecer la cultura de derechos humanos desde edades tempranas, promoviendo la participación infantil y el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos.

2. Promover desde la infancia una cultura de igualdad, corresponsabilidad, respeto y erradicación de estereotipos de género.

3. Impulsar políticas públicas, campañas educativas y programas institucionales que fomenten el desarrollo integral sin discriminación.

Este enfoque es congruente con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que mandatan la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones del Estado.

La presente iniciativa es jurídicamente viable, ya que no crea nuevas obligaciones presupuestarias directas, ni implica la creación de estructuras administrativas adicionales. Su implementación se realizaría mediante acciones de difusión, coordinación institucional y promoción de derechos, utilizando los recursos existentes.

Asimismo, la propuesta es compatible con el marco normativo vigente y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, lo que incrementa su viabilidad política y legislativa. En ese sentido, la reforma propuesta cumple con los principios de austeridad republicana, racionalidad del gasto público y eficiencia administrativa, al no generar costos adicionales ni comprometer recursos públicos extraordinarios.

Por lo cual declarar el 30 de abril de cada año como “Día de la Niñez” en México representa un acto de coherencia constitucional, compromiso internacional y responsabilidad social. Esta iniciativa reconoce a la niñez como el centro de las políticas públicas, incorpora la igualdad de género como eje fundamental y fortalece la cultura de derechos humanos desde la infancia. Esta soberanía tiene la oportunidad histórica de consolidar un marco simbólico y normativo que reafirme el compromiso del Estado mexicano con el bienestar, la dignidad y el desarrollo integral de todas las niñas y niños, sin distinción alguna.

Por los argumentos antes expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa.

Se declara el 30 de abril de cada año como “Día de la Niñez”

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 30 de abril de cada año como “Día de la Niñez”.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los poderes Legislativo y Judicial, deberán incorporar la denominación “Día de la Niñez” en los materiales oficiales, calendarios oficiales, campañas institucionales, programas públicos, acciones de difusión y conmemoraciones públicas relacionadas con dicha fecha, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas y niños, así como fomentar una cultura de igualdad, inclusión, participación y respeto a su dignidad.

Notas

1 INEGI

2 CEPAL (2021)

3 CPEUM

4 Convención sobre los Derechos del Niño (ONU)

5 ONU Mujeres (2022)

6 UNICEF (2023)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Petra Romero Gómez, Catalina Díaz Vilchis, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Jorge Luis Sánchez Reyes, Luis Arturo Oliver Cen, Luis Humberto Aldana Navarro, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Humberto Coss y León Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 21 de noviembre “Día Nacional de la Pesca”, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Luis Sánchez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que declara el 21 de noviembre Día Nacional de la Pesca, conforme a la siguiente

La presente iniciativa tiene como objetivo declarar el 21 de noviembre Día Nacional de la Pesca, a fin de reconocer la aportación histórica, económica, alimentaria, cultural y social de las personas pescadoras de México, así como visibilizar los desafíos que enfrenta el sector para transitar hacia la sustentabilidad, la dignificación del trabajo y la justicia social.

México es una Nación intrínsecamente ligada al mar y al agua como fuente de vida y sustento. Cuenta con una vasta riqueza marina y una extensa línea costera de más de 11,000 kilómetros de litorales donde se puede pescar, los cuales abarcan la zona del Pacífico mexicano, incluidos los golfos de California y Tehuantepec, y el Atlántico, con el Golfo de México y el mar Caribe.

Su diversidad ecológica abarca mares templados, tropicales y fríos que sustentan ecosistemas únicos y especies de alto valor comercial. Asimismo, nuestro País cuenta con el 12 por ciento de la biodiversidad marina a nivel mundial y en los mares mexicanos habitan 2 mil especies endémicas. Respecto a los ríos, lagos y lagunas, el país cuenta con un volumen anual de 1.48 mil millones de metros cúbicos, dividido en aguas superficiales con el 58 por ciento y subterráneas con 42 por ciento.

Por tanto, su ubicación geográfica posiciona a México como uno de los 20 principales productores pesqueros, ubicándolo en el lugar número 14 a nivel mundial. Esto, de acuerdo con la información del Sistema de Información de Pesca y Acuacultura. Al ser privilegiados con esta ubicación podemos permitirnos una alta producción pesquera. Al 30 de noviembre de 2024 se tuvo una producción de 2 millones 33 mil 654 toneladas en el sector pesquero y acuícola nacional. De ellas, 273 mil 941 toneladas corresponden a la acuacultura y un millón 759 mil 713 toneladas a la pesca de captura.

Durante el mismo periodo, la producción generó un valor económico de 37 mil 588 millones de pesos, con 18 mil 275 millones provenientes de la acuacultura y 19 mil 313 millones de la actividad pesquera.

Según el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para 2022, en México se registraron aproximadamente 77 mil 461 embarcaciones, de las cuales 75 mil 689 son de pesca ribereña, 863 de camarón, 80 de túnidos, 98 de sardina anchoveta y de escama 731 embarcaciones. Ello la convierte en una actividad importante en términos de generación de empleos y en el desarrollo de comunidades costeras. Ya que de acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2023, existe un número de 223 mil personas registradas a nivel nacional que se dedican a la pesca y acuacultura.

En este contexto, resulta plenamente justificado que México declare el 21 de noviembre Día Nacional de la Pesca, al tratarse de una nación con una amplia vocación marítima, costera y acuícola, con más de once mil kilómetros de litoral, extensas lagunas costeras y miles de comunidades cuya subsistencia depende directa o indirectamente de esta actividad. La armonización de la conmemoración nacional con la fecha reconocida a nivel internacional no solo fortalece la coherencia del Estado mexicano con los compromisos globales en materia ambiental y alimentaria, sino que dignifica y visibiliza el trabajo de las y los pescadores mexicanos, históricamente relegados en la agenda pública.

A nivel internacional, cada 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Pesca (World Fisheries Day), una efeméride instaurada a partir de un consenso internacional forjado en 1997, durante la Conferencia Mundial de la Pesca Sostenible, celebrada en Nueva Delhi, India. Dicho encuentro reunió a más de 100 organizaciones de pescadores provenientes de 54 países, junto con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y especialistas en investigación pesquera y ambiental, culminando con la firma de un documento fundacional que estableció los principios, valores y objetivos que dan sustento a esta conmemoración a nivel global.

Desde entonces, el Día Mundial de la Pesca tiene como finalidad visibilizar la contribución estratégica de la pesca y la acuacultura a la seguridad alimentaria, la generación de empleo, el desarrollo económico de las comunidades costeras y rurales, así como a la preservación de los ecosistemas acuáticos. Esta fecha promueve la adopción de modelos de pesca sostenible, responsable y socialmente justos, reconociendo que la actividad pesquera no solo constituye un medio de subsistencia, sino también un componente esencial del equilibrio ambiental y del bienestar social.

La conmemoración del 21 de noviembre se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los vinculados con la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza, el trabajo decente y la conservación de la vida submarina. En este sentido, el Día Mundial de la Pesca trasciende su carácter simbólico para consolidarse como un referente ético, ambiental y político, que reconoce el papel histórico de las y los pescadores como actores fundamentales en la protección del patrimonio natural y alimentario de las naciones.

La coincidencia de una eventual conmemoración nacional con esta fecha internacional refuerza la armonización de México con los compromisos globales en materia de desarrollo sostenible, y reafirma su responsabilidad como País con amplia vocación pesquera y acuícola. Celebrar el Día Nacional de la Pesca el 21 de noviembre constituye, por tanto, un acto de coherencia institucional, reconocimiento social y responsabilidad ambiental, que fortalece la visibilidad del sector pesquero y el compromiso del Estado mexicano con la justicia social y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Esta fecha promueve la pesca sostenible como un eje estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para la protección de los ecosistemas acuáticos.

Asimismo, esta declaratoria permitiría institucionalizar el reconocimiento anual al sector pesquero, impulsar políticas públicas orientadas a la pesca responsable y generar espacios de reflexión sobre los principales retos que enfrenta la actividad, tales como la sobrepesca, las prácticas ilegales, no declaradas y no reglamentadas, el deterioro de los ecosistemas marinos y la deficiente gestión de residuos que amenaza la biodiversidad y la productividad futura.

En el marco de esta fecha, las comunidades pesqueras del país y del mundo realizan talleres, actividades culturales, reuniones comunitarias y expresiones artísticas, además de otorgarse en diversos países reconocimientos y estímulos a mujeres y hombres del sector que implementan buenas prácticas productivas en la pesca y la acuacultura. Declarar esta efeméride a nivel nacional contribuiría a replicar y fortalecer estas acciones en México, fomentando una cultura de respeto al mar y a los recursos hídricos.

El establecimiento del Día Nacional de la Pesca el 21 de noviembre reforzaría la corresponsabilidad social en el cuidado de ríos, lagos y mares, al reconocerlos como hábitats esenciales para los peces y otros organismos acuáticos, garantizando así la seguridad alimentaria, el desarrollo regional y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

En numerosos países, el 21 de noviembre, Día Mundial de la Pesca, se conmemora mediante actos públicos, premiaciones, marchas, foros, discursos oficiales y pronunciamientos de alto nivel, con el objetivo de visibilizar la relevancia social, económica y ambiental de esta actividad.

India, donde surgió esta conmemoración en 1997, realiza cada año movilizaciones de pescadores, encuentros comunitarios y posicionamientos gubernamentales en defensa de los derechos laborales y de la pesca sustentable.

En Bangladesh y Filipinas, naciones con alta dependencia de la pesca artesanal, se llevan a cabo foros públicos y campañas de concientización sobre la protección de los recursos marinos y el bienestar de las comunidades pesqueras.

En América Latina también hubo pronunciamientos relevantes. Julio Berdegué, entonces subdirector general de la FAO, subrayó la necesidad de sensibilizar a la opinión pública y a los gobiernos para impulsar programas integrales que mejoren la calidad de vida de quienes se dedican a la pesca y la acuacultura. Asimismo, la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola hizo suyo el Día Mundial de la Pesca mediante un mensaje en redes sociales, en el que reconoció el esfuerzo de quienes arriesgan la vida en el mar para llevar alimentos a miles de familias, destacando la producción sustentable y su contribución al cuidado de los ecosistemas y la seguridad alimentaria.

Sin embargo, en México la conmemoración del Día Mundial de la Pesca ha ocurrido únicamente de manera informal y sin carácter institucional. En 2024, no se registraron pronunciamientos oficiales ni actos públicos relevantes por parte de autoridades gubernamentales vinculadas al sector pesquero, reduciéndose la efeméride a expresiones aisladas en redes sociales. Esta situación evidencia un vacío simbólico e institucional: México no cuenta con un Día Nacional de la Pesca, pese a la relevancia económica, social, cultural y alimentaria del sector.

Por ello, resulta plenamente justificado y necesario que México declare el 21 de noviembre como Día Nacional de la Pesca, armonizando la conmemoración nacional con la fecha reconocida a nivel internacional, dignificando el trabajo de las y los pescadores, visibilizando los retos que enfrenta el sector y fortaleciendo una agenda pública orientada a la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades costeras y acuícolas del país.

Celebrar el Día Nacional de la Pesca el 21 de noviembre, en la misma fecha que el World Fisheries Day, no es únicamente un acto simbólico: es una decisión estratégica que posiciona a México dentro del mapa global de las naciones comprometidas con el futuro de los océanos, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades pesqueras.

Alinear la fecha nacional con la conmemoración internacional genera, al menos, cinco impactos relevantes:

1. Sincroniza agendas nacionales e internacionales

Al celebrar el mismo día que India, Canadá, Estados Unidos, Sri Lanka, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y varios países latinoamericanos, México se suma a un esfuerzo común de visibilización y acción, lo que incrementa la fuerza y el alcance de los mensajes relacionados con pesca y sustentabilidad.

2. Facilita la cooperación científica y técnica

La coincidencia de fechas permite que dependencias mexicanas, universidades, cooperativas y organizaciones civiles participen en foros globales, intercambien avances, compartan información y se integren a redes internacionales de gestión sostenible.

3. Fortalece la presencia de México en organismos multilaterales

La FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Marítima Internacional promueven la fecha como oportunidad para difundir resultados, compromisos y políticas nacionales. Alinear nuestro calendario facilita que México informe, evalúe y reciba apoyos en temas como pesca ilegal, economía azul y manejo costero.

4. Maximiza el alcance educativo y mediático

Los mensajes globales se amplifican cuando un País celebra la fecha simultáneamente: se generan campañas internacionales, materiales educativos y acciones comunitarias que México puede aprovechar sin duplicar esfuerzos.

5. Dignifica a pescadoras y pescadores en una conversación global

Celebrar el mismo día envía un mensaje poderoso:

“Quienes viven del mar, lagunas y ríos en México forman parte de una comunidad internacional que alimenta al mundo y preserva los ecosistemas acuáticos.”

En resumen, no adoptar esta misma fecha significaría aislar la voz mexicana del diálogo internacional, fragmentar esfuerzos de visibilización y perder herramientas de cooperación, por el contrario, incorporarnos plenamente al 21 de noviembre integra al País en una narrativa mundial, fortalece a sus comunidades pesqueras y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible.

La declaratoria del 21 de noviembre como Día Nacional de la Pesca se sustenta en un sólido Marco Jurídico Constitucional y legal que impone al Estado mexicano obligaciones claras y exigibles en materia alimentaria, económica, ambiental y social. En este sentido, el reconocimiento institucional de la pesca no constituye un acto simbólico aislado, sino una acción coherente con los principios constitucionales que rigen el desarrollo nacional y la garantía de derechos fundamentales.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho humano a la alimentación:

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Interpretado de manera sistemática, este precepto impone al Estado dos obligaciones fundamentales. Por un lado, la obligación de respeto y promoción, que implica reconocer y visibilizar a las cadenas productivas que proveen alimentos de alto valor nutricional, como la pesca. Por otro, la obligación de generar condiciones institucionales, a través de leyes, políticas públicas y una cultura de reconocimiento social, que permitan que sectores estratégicos como el pesquero contribuyan de manera efectiva al cumplimiento del derecho a la alimentación. En este contexto, la declaratoria del Día Nacional de la Pesca se erige como un auténtico acto de afirmación constitucional, al reconocer explícitamente el papel del sector pesquero en la garantía de este derecho humano.

El artículo 27 constitucional establece en la fracción XX:

... el desarrollo rural integral y sustentable... tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos...

Esta base no se limita al ámbito agrícola tradicional, sino que abarca todo el territorio productivo del país, incluyendo las zonas costeras, ribereñas y acuícolas. En consecuencia, declarar un día nacional dedicado a la pesca permite reconocerla como una actividad rural esencial, integrarla formalmente al concepto de abasto alimentario nacional y fortalecer su identidad institucional como parte estructural de la seguridad alimentaria del país.

Este fundamento constitucional es reforzado por diversas leyes reglamentarias que obligan al Estado a actuar de manera activa. En particular, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (2024) reglamenta el derecho previsto en el artículo 4° constitucional y obliga al Estado a diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a alimentos nutritivos. En este marco, la declaratoria del Día Nacional de la Pesca funciona como una herramienta concreta de implantación, al visibilizar a un sector clave en la producción de alimentos.

Asimismo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable define la soberanía alimentaria, promueve la participación de las comunidades rurales en la formulación de políticas alimentarias y reconoce a las actividades productivas primarias como pilares del sistema alimentario nacional. La pesca, particularmente en su dimensión artesanal y ribereña, materializa de forma directa estos principios, al constituir una fuente de sustento, identidad y alimentación para miles de comunidades en el país.

Por su parte, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece los principios de sustentabilidad, manejo responsable y aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos, además de reconocer a la pesca artesanal y a la acuacultura rural como actividades prioritarias. Si bien la declaratoria no legisla sobre el manejo de los recursos, sí refuerza los valores y principios que esta ley ya consagra, fortaleciendo su dimensión cultural, social e institucional.

A lo anterior se suman las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano, particularmente su participación en la FAO y la adopción de su Código de Conducta para la Pesca Responsable, así como su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 2 (Hambre Cero) y el ODS 14 (Vida Submarina). Celebrar el Día Nacional de la Pesca en la misma fecha que el World Fisheries Day permite alinear al País con estos compromisos globales, facilitar la cooperación internacional y legitimar las evaluaciones nacionales en el marco de foros multilaterales.

En suma, adoptar el 21 de noviembre como Día Nacional de la Pesca no constituye un simple acto ceremonial, sino la formalización de una obligación Constitucional y legal orientada a garantizar el derecho a la alimentación, fortalecer la soberanía alimentaria, promover el desarrollo sostenible y reconocer a las mujeres y hombres que, desde el territorio y las comunidades costeras y ribereñas, sostienen una actividad esencial para el bienestar y la seguridad alimentaria de México.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que declara el 21 de noviembre Día Nacional de la Pesca

Único. El Congreso de la Unión declara el 21 de noviembre Día Nacional de la Pesca.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (20 de enero de 2026). La pesca mexicana, una actividad inmensa como el mar. Gobierno de México,

https://www.gob.mx/conapesca/articulos/la-pesca-mexicana-una-ac tividad-inmensa-como-el-mar227722?idiom=es#:~: text= M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20m%C3%A1s%20de,habitan%202%20mil%20especies%20end%C 3%A9micas

2 Ídem.

3 ¿Cuánta agua hay en México? (20 de enero de 2026). DAPA,

https://www.dapa.gob.mx/cuanta-agua-hay-en-m%C3%A9xico

4 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (20 de enero de 2026). Ocupa México el decimocuarto lugar mundial en producción pesquera. Gobierno de México,

https://www.gob.mx/conapesca/prensa/ocupa-mexico-el-14vo-lugar- a-nivel-mundial-en-produccion-pesquera?idiom=es

5 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (20 de enero de 2026). Cierra Agricultura 2024 con resultados positivos en pesca y acuacultura. Gobierno de México,

https://www.gob.mx/conapesca/prensa/cierra-agricultura-2024-con -resultados-positivos-en-pesca-y-acuacultura-387149

6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (20 de enero de 2026). Los buenos resultados abonan a la soberanía alimentaria y a la transformación profunda de la pesca y la acuacultura, las cuales serán más prósperas, productivas y sostenibles en favor del bienestar de todas y todos los productores, y sus familias. Gobierno de México,

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/cierra-agricultura-2024-c on-resultados-positivos-en-pesca-y-acuacultura?idiom= es#:~: text=Con%20cifras%20preliminares%20de%20los,30%20de%20noviembre%20de%202024

7 Ídem.

8 Anuario estadístico de acuacultura y pesca de la comisión nacional de acuacultura y pesca 2022 (2022), página 206,

https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de- acuacultura-y-pesca

9 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2020). Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024. Gobierno de México,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616554/PROGRAMA_ Nacional_de_Pesca_y_Acuacultura_2020-2024baja.pdf

10 Pesca (20 de enero de 2026), 21 de noviembre: Las razones detrás de la conmemoración del Día Mundial de la Pesca, DataPortuaria,

https://dataportuaria.ar/nota/23413/21-de-noviembre-las-razones -detras-de-la-conmemoracion-del-dia-mundial-de-la-pesca/

11 Jesús Jiménez (20 de enero de 2026). Día Mundial de la Pesca; para México y varios países, un festejo twittero. Issuu,

https://issuu.com/jjfreeman/docs/notipesca_diciembre_2021/s/142 23182

12 Ídem.

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Jorge Luis Sánchez Reyes, Catalina Díaz Vilchis, Mildred Concepción Ávila Vera, Rocío López Gorosave, Luis Humberto Aldana Navarro, Olga Leticia Chávez Rojas, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Luis Arturo Oliver Cen, Jorge Luis Sánchez Reyes, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Alma Manuela Higuera Esquer, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Iván Peña Vidal, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Karina Isabel Martínez Montaño, Felicita Pompa Robles (rúbricas).»