
SUMARIO
MINUTO DE SILENCIO
Desde la curul, la diputada Xitlalic Ceja García, del PRI, solicita un minuto de silencio en memoria de Gisele, Joaquín, y Emmanuel, jóvenes que fueron asesinados la madrugada del 14 de febrero en las inmediaciones de Angelópolis, Puebla
El diputado J. Jesús Jiménez, de Morena, solicita un minuto de silencio en memoria de los 65 mineros, que hace 20 años, el 19 de febrero de 2006, perdieron la vida en Pasta de Conchos
La diputada Rosalinda Savala Díaz, de Morena, solicita un minuto de silencio en memoria de la agente del ministerio público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Enriqueta López Loeza, asesinada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en días recientes
En atención a lo solicitado por la diputada Xitlalic Ceja García, del PRI, el diputado J. Jesús Jiménez, de Morena, y la diputada Rosalinda Savala Díaz, de Morena, la Presidencia concede un minuto de silencio
MINUTO DE APLAUSOS
Desde la curul, la diputada Paulina Rubio Fernández, del PAN, interviene para solicitar un minuto de aplausos para Donovan Carrillo por su destacada participación en patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. La Presidencia obsequia la solicitud
Desde la curul, intervienen para hacer comentarios diversos:
-La diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, de Morena, se refiere a un asunto mencionado durante la sesión del día de ayer por la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del PT, sobre el abuso a infancias en Oaxaca
-La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del PT, responde alusiones personales, en relación con el tema del abuso a infancias en Oaxaca
-El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena, expresa su apoyo al diputado Leonel Godoy Rangel, ante las acusaciones que se han realizado en su perjuicio
-La diputada Margarita García García, del PT, hace comentarios relativos a lo que está sucediendo en el gobierno del estado de Oaxaca
La Presidencia hace aclaraciones al respecto
-El diputado Gibrán Ramírez Reyes, de MC, hace comentarios relativos a lo que está sucediendo en el gobierno del estado de Oaxaca
-La diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, de Morena, realiza un exhorto a las personas legisladoras de los distintos grupos parlamentarios, para mantenerse en el ánimo que ha permitido legislar en favor de las mujeres
EFEMÉRIDES
La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, dirige un mensaje a la Asamblea con motivo del Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo, acto seguido, invita a la asamblea a otorgar un minuto de aplausos
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual
Para fundamentar el dictamen, hacen uso de la tribuna:
-El diputado Julio César Moreno Rivera, de Morena, en nombre de la Comisión de Justicia
-La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, de Morena, en nombre de la Comisión de Igualdad de Género
Desde la curul, interviene:
-El diputado Federico Döring Casar, del PAN, para hacer moción de orden y referirse al procedimiento. La Presidencia realiza aclaraciones
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hacen uso de la voz:
-La diputada Anayeli Muñoz Moreno, de MC
-La diputada Xitlalic Ceja García, del PRI
-La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI
-La diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del PT
-La diputada Ana Luisa del Muro García, del PT
-El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, del PVEM
-La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN
-La diputada Alma Delia Navarrete Rivera, de Morena
-La diputada María Teresa Ealy Díaz, de Morena
Durante la discusión en lo general se expresan, a favor:
-La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, de MC
-El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI
-La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, del PT
-La diputada Vanessa López Carrillo, del PT
-La diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del PVEM
-La diputada Tania Palacios Kuri, del PAN
-La diputada Estela Carina Piceno Navarro, de Morena
Durante la segunda ronda de intervenciones en lo general, participan, a favor:
-La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, de MC
-La diputada Anais Miriam Burgos Hernández, de Morena
-La diputada Irma Yordana Garay Loredo, del PT
-La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT
-La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM
-La diputada Ana María Balderas Trejo, del PAN
-La diputada María de Jesús Rosete Sánchez, de Morena
Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular
Para rectificar hechos, participan:
-El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del PT
-La diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del PAN
La Presidencia instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico para la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto
Se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
La diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de incorporación de la licencia menstrual. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional en la celebración de tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, en nombre propio y el diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley de Comercio Exterior, en materia de certificación de no deforestación para la exportación de productos y subproductos agropecuarios. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen
El diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de impulsar la adopción de prácticas agroecológicas en los sistemas de producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
El diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen
El diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen
El diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 151 de la Ley General de Educación, con el propósito de evitar cobros por reinscripción. Se turma a la Comisión de Educación, para dictamen
El diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de reconocimiento y fortalecimiento de las figuras educativas del Conafe. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
La diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 y las fracciones I, II y IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de su derecho de acceso a la cultura física y al deporte a cargo del Estado. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
La diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Ter y V Bis al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
La diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de mayo de cada año Día del Respeto y Protección a la Lactancia Materna en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
La diputada Azucena Arreola Trinidad, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de disminución del tiempo que permanezcan los clientes en el Buró de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada Paola Espinosa Sánchez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de perspectiva de género. Se turna a la Comisión del Deporte, para dictamen
La diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Prevención del Suicidio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
La diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
El diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa. Se turna a la Comisión de Ganadería para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
La diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
El diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma en diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de entrega de copias legibles de las actas elaboradas en mesas directivas de casillas. Se turna a la Comisión de Reforma Político-Electoral, para dictamen
La diputada Graciela Domínguez Nava, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deportes autóctonos y de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Deporte, y Educación, para dictamen
La diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Bis y se reforman los artículos 12, 44 y 58 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y se reforman los artículos 41, 55 y 112 de la Ley de Migración, para armonizar la legislación mexicana a los estándares internacionales y nacionales y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la unidad familiar de las personas con necesidades de protección internacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos Migratorios, para dictamen
El diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud, en materia de contratación de personal médico y enfermería de origen indígena. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
La diputada Herminia López Santiago, en nombre propio y de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, ambas del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Cuitláhuac. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publica la votación del dictamen:
De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual (en lo general y en lo particular)
ASISTENCIA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Señora presidenta, se tienen registrados 460 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (14: 05 horas): Se abre la sesión ordinaria vespertina del miércoles 18 de febrero de 2026.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules y contiene los asuntos a tratar de esta sesión.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: «Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 18 de febrero de 2026
Comunicaciones oficiales
Acuerdo de los órganos de gobierno
Dictamen a discusión
De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
Iniciativas
Que adiciona un artículo 36 Bis a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y declara el Día Nacional del Organillero, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Pelaéz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los numerales 1 y 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de calidad sanitaria del agua para uso y consumo humano y su saneamiento, suscrita por los diputados Luis Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de incorporación de la licencia menstrual, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de la incorporación de la licencia menstrual, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de vinculación obligatoria entre planeación y presupuesto y del sistema integrado de seguimiento del PND, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de pensiones por ascendencia, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de explotación sexual infantil en el contexto de viajes y turismo, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de explotación sexual infantil en el contexto de viajes y turismo, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de alentar la competitividad pesquera y acuícola, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de impulsar la adopción de prácticas agroecológicas en los sistemas de producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 312 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de reuniones de comisiones en modalidad semipresencial, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de tarifas especiales para servicios de uso doméstico, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones del artículo 3o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 26 de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 24 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer y garantizar los derechos de la naturaleza, a cargo del diputado Ramón Ángel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de protección a los jornaleros agrícolas indígenas, a cargo del diputado Gerardo Olivares Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la convivencia o cohabitación forzada, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de anuncios y publicidad e información engañosa patrocinada, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 260 Bis al Código Penal Federal, en materia de prevención y atención al abuso sexual, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 54, 55 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de plurinominales, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres ejidatarias, a cargo de la diputada Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de binomio canino, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de reconocimiento y fortalecimiento de las figuras educativas del Conafe, a cargo del diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de corredores biológicos y conectividad ecológica, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 39 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital y ciberacoso, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 5o. y 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia política de género ocasionada por inteligencia artificial, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, en materia de violencia digital por medio de inteligencia artificial, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, en materia de ciberhostigamiento, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 42 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a fin de establecer días de descanso obligatorio del 24 de diciembre al 2 de enero para las personas trabajadoras que desempeñan funciones no esenciales, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 14 de septiembre de cada año Día del Legislador en México, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 24 y las fracciones I, II y IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de su derecho de acceso a la cultura física y al deporte a cargo del estado, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 28 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que reconoce el derecho al acompañamiento en trámites para las personas adultas mayores, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 27 Bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de establecer la obligación de que las instituciones públicas ubicadas en zonas rurales adquieran prioritariamente bienes y productos producidos en la misma comunidad o región, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción II Ter y V Bis al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 11 de mayo de cada año Día del Respeto y Protección de la Lactancia Materna en México, a cargo de la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, para ampliar el derecho de las personas a cuentas de depósito y crédito sin comisiones, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el decreto publicado en el DOF del 29 de diciembre de 1966, mediante el cual se inscribió con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Margarita Maza de Juárez a efecto de modificar la inscripción para que se lea Margarita Maza Parada, suscrita por las diputadas Anais Miriam Burgos Hernández y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la denominación del capítulo IV y los artículos 16 y 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de entrega de copias legibles de las actas elaboradas en mesas directivas de casilla, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deportes autóctonos, y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Graciela Domínguez Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción III al artículo 37, recorriendo los subsecuentes, de la Ley General de Educación Superior, a cargo de la diputada Gloria Sánchez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma las fracciones I y II del artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Francisco Javier Velázquez Vallejo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud, en materia de contratación de personal médico y enfermería de origen indígena, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el primer párrafo del artículo 87, y el artículo 94; adicionan un párrafo tercero al artículo 85; un párrafo segundo y tercero al artículo 87, un párrafo segundo al artículo 88 y un párrafo tercero al artículo 95, todos de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de los derechos humanos en la formación médica, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que declara el 5 de junio como el Día Nacional de la Lucha Contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, mediante el reconocimiento de la miel como producto estratégico, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 5o., 6o. y 9o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de preservación, reconocimiento y memoria de las lenguas indígenas en peligro de desaparición y de las lenguas indígenas extintas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el primero y segundo párrafo del artículo 47 y adiciona un artículo 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección digital y prevención del acoso y violencia digital, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de sanciones, a cargo de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en materia de plazos obligatorios para la inscripción al Registro Nacional de Víctimas, a cargo de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de licencias de maternidad, a cargo del diputado Arturo Olivares Cerda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 43 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prohibición del polarizado en vehículos oficiales de seguridad pública y fortalecimiento de su identificación visual, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el numeral 2o. de la fracción VIII y el numeral 4 de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, a cargo del diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de Violencia Obstétrica, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación nacional de largo plazo, vinculación entre planeación, presupuesto y seguimiento del PND, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de visión nacional de largo plazo, participación ciudadana vinculante y unidad de análisis prospectivo, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Planeación del Sistema Nacional de Salud, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 85 y 95 de la Ley General de Salud, en materia de organización de jornadas laborales, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 37 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 2o. y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de situaciones de riesgo, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto por el que declara el 14 de noviembre de cada año como Día Nacional de las y los Vendedores Ambulantes, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y del Código Penal Federal, en materia de violencia sexual cometida en el servicio de transporte público y transporte privado por aplicación, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 298 y 301 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para garantizar el derecho a la educación integral en sexualidad y a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de inclusión financiera y autonomía económica de las mujeres del medio rural, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de Salud Mental, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de promoción de la minería urbana y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, a cargo del diputado Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, de la Ley de Aviación Civil y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de atención integral de las personas con lesiones por quemaduras y de atención especializada para niñas, niños y adolescentes con lesiones por quemaduras, así como para incorporar dos institutos nacionales especializados en quemaduras, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 212 y 215 de la Ley General de Salud, en materia del sello rojo, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de dar licencias a trabajadores con pacientes oncológicos o de radioterapia, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la continuidad de servidores públicos en materia de seguridad, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley General de Educación, con el propósito de evitar cobros por reinscripción, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, con el propósito de que el periodismo sea considerado una profesión, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 92 Quáter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, garantizando que los proveedores den garantía de abastecimiento a los vendedores, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 35 Bis y 42 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que los vehículos oficiales cuenten con extintor, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 72 de la Ley General de Salud, en materia de atención a la depresión infantil, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 15 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de derechos y no discriminación para garantizar la igualdad y el pleno respeto a todas las personas, sin distinción alguna por motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de eliminación de cobro al servicio de internet, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 322 Bis al Código Civil Federal, en materia de obligaciones alimentarias, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de disminución del tiempo que permanezcan los clientes en el buró de crédito, a cargo de la diputada Azucena Arreola Trinidad, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 29 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de incorporación de criterios de vulnerabilidad territorial y riesgo en la determinación de las zonas de atención prioritaria, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento del programa de vacunación universal, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 1 de julio de cada año Día Nacional de la Partera Rural, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Francisco Javier Velázquez Vallejo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de valoración psicológica previa para la protección integral de menores de 18 años en procedimientos médico quirúrgicos de carácter estético, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la primera fracción del artículo 6o. de la Ley de Vivienda, en materia de promover oportunidades de acceso a la vivienda para jóvenes, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de avances tecnológicos, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 31, recorriéndose los subsecuentes, de la Ley General de Cambio Climático, en materia de mitigación climática basada en ecosistemas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 15 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prosperidad compartida, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción VII del artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de participación de las comunidades indígenas, afromexicanas y de la comunidad académica y científica en la mitigación del cambio climático, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de educación ambiental comunitaria con participación de niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XVII, recorriéndose la subsecuente, del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección y reposición de árboles en zonas urbanas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XI del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de planeación y protección urbana frente a temperaturas extremas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción X Bis del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de movilidad urbana sustentable, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción IX del artículo 4o. de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de movilidad activa con enfoque ambiental, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 27 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Montserrat Ruiz Páez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 50 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa, a cargo del diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de la venta de boletos para espectáculos públicos, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 62 Bis a la Ley General de Salud, en materia de implementación de protocolo nacional para la atención integral en casos de muerte gestacional y perinatal en México, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 28 de la Ley del Sector Eléctrico, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional de Reinserción Social, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de operaciones encubiertas y entregas vigiladas, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 296 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de prima por transferencia de las personas deportistas profesionales, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de permisos de paternidad, a cargo del diputado Arturo Olivares Cerda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, para fortalecer el reconocimiento de beneficiarias y beneficiarios con discapacidad, a cargo de la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inteligencia artificial, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de prevención, sanción y atención integral del reclutamiento forzado, a cargo del diputado Oscar Iván Brito Zapata, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 116 de la Ley General de Víctimas, en materia del fomento de la cultura de la denuncia desde la edad temprana, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de prevención de lesiones y muertes por atragantamiento, a cargo de la diputada Jéssica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en materia del adecuado tratamiento de los datos personales, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre Cuitláhuac, suscrita por las diputadas María de los Dolores Padierna Luna y Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o., 25 y 35, y se adiciona un artículo 28 Bis de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en materia de plagio de diseños, creaciones artesanales o expresiones culturales tradicionales, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y el artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal, en materia de soberanía nacional, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción IV del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de nuevas tecnologías, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales, a cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de conectividad ecosistémica y servicios ecosistémicos de polinización, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 8 de julio de cada año Día Nacional de los Bosques, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de revictimización, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de educación para las personas adultas mayores, a cargo de la diputada Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 182 Bis de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción V del Inciso C) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 1253, fracción I, del Código de Comercio, en materia de derecho a la probanza, debido proceso y tutela judicial efectiva, a fin de eliminar un requisito formal declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 50 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 79 Bis de la Ley General de Protección Civil, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas y se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 185 y adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 186 de la Ley Federal de Derechos, se adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en materia de gratuidad del primer registro y otorgamiento del título profesional en las instituciones de educación superior pública, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara al 3 de enero como el Día Nacional de los Ejidos y las Comunidades Agrarias, a cargo de la diputada Zoraya Villacis Palacios, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 150 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 32 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de identificación y etiquetado de carne 100% mexicana, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera y productiva con enfoque comunitario, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 233 y 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, a cargo del diputado Jesús Irugami Perea Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 39 Bis al Código Fiscal de la Federación, en materia de Zona Estratégica Fronteriza Insular, a cargo de la diputada Freyda Maribel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821, a cargo del diputado Zenyazen Roberto Escobar García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y del Código Penal Federal, en materia de protección, bienestar y tenencia responsable de animales de compañía, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del régimen de propiedad en condominio, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a reparar y sostenibilidad del consumo, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de derecho a reparar y libre concurrencia en los servicios de reparación, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para garantizar el derecho a reparar y fortalecer los derechos de las personas consumidoras, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de responsabilidad extendida del productor, prevención de residuos y prolongación de la vida útil de los bienes, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de economía circular, prevención de residuos y derecho a reparar, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 41 base I, primer párrafo; 52; 53 segundo párrafo y 54 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa María Castro Salinas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en materia de durabilidad, reparabilidad y disponibilidad de refacciones, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter y 49 Quintus de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de víctimas indirectas de feminicidio, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, en materia de víctimas indirectas de feminicidio, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de reconocimiento, protección y derechos procesales de las víctimas indirectas de feminicidio, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 4o. y 31 la Ley General de Víctimas, en materia de víctimas indirectas de feminicidio, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción VI del artículo 9o. de Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de enfoque preventivo del ámbito situacional por medio del uso de espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas y de esparcimiento, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones a la Ley de Energía para el Campo, en materia de actualización institucional y lenguaje incluyente, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 48 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de reasignación operativa progresiva del personal policial en etapa previa al retiro, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 42 y 52 de la Ley de Migración, en materia de regularización y vías legales de estancia para la población migrante en situación de permanencia forzada en México, suscrita por el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, para crear el Sistema Nacional de Atención Integral en Salud Mental Infantil, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional en la celebración de tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 60 y 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de consentimiento de referencias personales en trámites de crédito, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de perspectiva de género, suscrita por la diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de fortalecimiento económico de las mujeres emprendedoras, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona un artículo 84 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de comercialización y reventa de boletos para espectáculos, a cargo del diputado Alejandro Avilés Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección y fomento a la pesca artesanal, a cargo del diputado Alejandro Avilés Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona los artículos 216 Ter y 216 Quáter a la Ley General de Salud, en materia de alimentos y bebidas con colorantes artificiales que ponen en riesgo la salud, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 414 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de regulación de patines y motocicletas de motor de baja potencia, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 20 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de la creación de espacios de valor ambiental, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 444 y 444 Bis del Código Civil Federal, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de implementación de medios digitales en el proceso legislativo, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los ecosistemas digitales e inteligencia artificial, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de prohibir la retención de recursos federales etiquetados a los municipios por parte de las entidades federativas, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de cirugías estéticas para menores de 18 años, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de profesionalización policial y coordinación interinstitucional, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 44 Bis, 150 Ter y 150 Quater a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de Prevención del Suicidio, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de fortalecimiento de las comisiones de ordenamiento de las zonas metropolitanas interestatales e intermunicipales, a cargo del diputado Juan Moreno de Haro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de protección integral a la salud de personas practicantes de manifestaciones culturales tradicionales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que impliquen riesgo físico, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley del Banco de México, en materia de accesibilidad e inclusión en el papel moneda, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de formación tecnológica y financiera en las sociedades cooperativas, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación penal única, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer a los ecosistemas como sujetos de derecho, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de impuestos para campos de golf, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 1o. y 6o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer a los ecosistemas como sujetos de derecho, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de prescripción de faltas administrativas graves, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 83 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de educación penitenciaria, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 75 Bis y 75 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de protección de las personas consumidoras en las preventas inmobiliarias, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de tarifas de estacionamiento y accesibilidad económica en los servicios de movilidad, a cargo del diputado Gildardo Pérez Gabino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en materia de reparación integral por maltrato animal, a cargo del diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de Aeropuertos, en materia de servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles en aeropuertos, suscrita por los diputados Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Pablo Vázquez Ahued y la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley General para el Bienestar y Cuidado de Animales Domésticos y Comunitarios, a cargo de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Centro de Análisis y Consulta Indígena, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para crear el Centro de Análisis y Consulta Indígena, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 37 y 38 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de igualdad sustantiva, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General para la Protección y Gestión del Espacio Público, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Gloria Sánchez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o., 11, 132 fracción XXXI y 291-R de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, en materia de generación y manipulación digital de contenido íntimo sexual, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 28 Bis y reforma los artículos 12, 44 y 58 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y reforma los artículos 41, 55 y 112 de la Ley de Migración, para armonizar la legislación mexicana a los estándares internacionales y nacionales y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la unidad familiar de las personas con necesidades de protección internacional, a cargo de la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de reconocimiento y acreditación del concubinato para el acceso a derechos de seguridad social, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sobrerrepresentación, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de riesgos en espacios públicos, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permisos laborales para madres, padres o personas tutoras de niñas y niños con trastorno del espectro autista, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de etiquetado de emisiones de carbono en productos de consumo, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer 5 días de trabajo con 2 días de descanso obligatorio ante la reducción de la jornada laboral a 40 horas, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de establecer incentivos para empresas que implementen esquemas de flexibilidad sin cobro de horas extra ante la reducción de la jornada laboral a 40 horas, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, para tipificar los delitos relacionados con la manipulación deportiva y apuestas, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de conflictos de interés entre casas de apuestas y clubes deportivos profesionales, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 202 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en materia de protección del derecho de niñas, niños y adolescentes a un entorno digital seguro, accesible y apropiado a su edad, a cargo del diputado Ricardo Madrid Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley de Comercio Exterior, en materia de medidas para impedir la importación de mercancías vinculadas con las peores formas de trabajo infantil, a cargo del diputado Ricardo Madrid Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley de Comercio Exterior, en materia de certificación de no deforestación para la exportación de productos y subproductos agropecuarios, suscrita por los diputados Jesús Martín Cuanalo Araujo y Joaquín Zebadúa Alba, de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, respectivamente.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 40 horas laborales, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto por el por el que se Inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión A los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, a cargo de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de medición y disminución de la huella de carbono, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para prohibir en aplicaciones digitales las alertas sobre dispositivos de control de velocidad y seguridad vial, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de aguinaldo, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en materia de protección a usuarios y acceso a seguros de salud, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 92 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de responsabilidad ambiental en eventos deportivos masivos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
De decreto por el que se declara el 10 de octubre de cada año como Día Nacional de la Salud Mental en el Deporte, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de bosques urbanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de adopciones para las fuerzas armadas, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de movilidad accesible en eventos masivos, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud, en materia de tamizaje neonatal ampliado y prevención de la salud materno-infantil, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de tamizaje neonatal ampliado y atención médica materno-infantil, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos laborales de las y los agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la federación, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
MINUTO DE SILENCIO
EN MEMORIA DE GISELE, JOAQUÍN, Y EMMANUEL, JÓVENES ASESINADOS EN LAS INMEDIACIONES DE ANGELÓPOLIS, PUEBLA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tengo tres solicitudes registradas y dos minutos de silencio. Tengo registrada en los minutos de silencio a la diputada Xitlalic Ceja, al diputado Jesús Jiménez; a las intervenciones desde curul a las diputadas Paulina Rubio, Rosalinda Savala y diputada Míriam de los Ángeles. Si me permiten, iniciamos con los minutos de silencio y, posteriormente, con las intervenciones, entendiendo que ambos son minutos de silencio y, por tanto, si no tienen inconveniente, lo haremos en un solo momento. Adelante, diputada Xitlalic Ceja García.
La diputada Xitlalic Ceja García(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solicito al pleno de esta asamblea respetuosamente un minuto de silencio en memoria de Gisele, en memoria de Joaquín, en memoria de Emmanuel, tres jóvenes que fueron asesinados la madrugada del 14 de febrero en las inmediaciones de Angelópolis y que, lamentablemente, no son sólo cifras de violencia, datos: son hombres, mujeres, que perdieron la oportunidad, son historias cortadas, son mujeres y hombres a los que se les cortaron las alas para tener un gran futuro.
Lamentablemente, las familias hoy lloran y la Cámara de Diputados no puede mantenerse ni omisa. Necesitamos no solamente alzar la voz y honrarlos a través de este minuto de silencio. Requerimos poner mucha atención para que más jóvenes no sean asesinados en este país, producto de la falta de medidas que son no solamente importantes, indispensables. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Por supuesto así lo haremos en este pleno.
EN MEMORIA DE LOS 65 MINEROS QUE PERDIERON LA VIDA EN LA MINA PASTA DE CONCHOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
El diputado J. Jesús Jiménez(desde la curul): Con su permiso, presidenta. Para solicitar un minuto de silencio en memoria de mis 65 hermanos mineros que hace 20 años, el 19 de febrero de 2006, perdieron la vida en Pasta de Conchos, víctimas de la negligencia de Grupo México. Mis compañeros que perdieron la vida en ese homicidio industrial serán reconocidos por su valor, su trabajo, su dedicación y la hermandad que expresaron hasta el último minuto. Por la memoria y la dignidad de los mineros y sus familias, hasta lograr la victoria. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Así se hará, diputado.
EN MEMORIA DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, ENRIQUETA LÓPEZ LOEZA, ASESINADA EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Si nos permiten, les solicitaría amablemente y entiendo que ya no hay ninguna otra petición de minuto de silencio. Eh, adelante, diputada.
La diputada Rosalinda Savala Díaz(desde la curul): Gracias, presidenta. Para solicitar un minuto de silencio por el cruel y atroz asesinato que ocurrió el día de ayer en contra de la licenciada Enriqueta López Loeza, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Hechos que sucedieron en la tenencia de Guacamayas, del municipio de Lázaro Cárdenas. Hechos que duelen y generan coraje e impotencia para quienes conocimos y trabajamos en coordinación con la licenciada Enriqueta, mujer íntegra, con profundo compromiso por la justicia de México y de nuestro municipio de Lázaro Cárdenas. Desde esta curul quiero exhortar a las autoridades para que agilicen los trámites y sobre todo exista justicia para la licenciada Enriqueta y su familia. Ni una más ni una menos. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Como lo ha solicitado el diputado Jesús Jiménez, la diputada Xitlalic Ceja y la diputada Rosalinda Savala, si son tan amables ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias, legisladores.
MINUTO DE APLAUSOS
EN RECONOCIMIENTO A DONOVAN CARRILLO, POR SU PARTICIPACIÓN EN PATINAJE ARTÍSTICO DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO MILÁN-CORTINA 2026
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio. Adelante, diputada.
La diputada Paulina Rubio Fernández(desde la curul): Gracias, presidenta. Siempre se nos dice allá afuera que hagamos famosas a las personas correctas. Por eso, es que hoy me atrevo a solicitar su amable intervención para que este pleno pueda conceder un minuto de aplausos a un joven mexicano que nos hizo vibrar hace unas semanas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Un joven zapopano, de Jalisco, pero que se ha convertido en un estandarte de lo que es luchar por los sueños, de lo que es ir contra toda adversidad y sacar la casta por tu país.
Desde la Cámara de Diputados reconocemos la brillante participación de Donovan Carrillo, en el patinaje artístico, colocándose entre los 25 mejores del mundo, en un país en donde evidentemente la disciplina no es la potencia de México y que, sin embargo, persiguió sus sueños con todo ahínco y con todo el esfuerzo.
El más merecido homenaje para Donovan y, sobre todo, que sirva de ejemplo para todos los jóvenes mexicanos de que, persiguiendo los sueños, las cosas se cumplen, y en su participación, en sus segundos juegos olímpicos, todo nuestro reconocimiento para Donovan Carrillo, el jalisciense que nos hizo vibrar el corazón la semana pasada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro que sí, querida vicepresidenta. Esta Mesa Directiva acompaña, por supuesto, el reconocimiento que esta Cámara de Diputados, a propósito de su solicitud, rinde esta tarde a Donovan Carrillo. Un mexicano, un jalisciense que ha demostrado que con disciplina, trabajo y amor se consiguen muchísimas cosas, de inicio, se consigue el reconocimiento de su nación para él. Muchísimas gracias. Adelante, por favor.
(Minuto de aplausos)
Gracias, diputada. Tenemos a la diputada Míriam de los Ángeles Vázquez, Rosalinda Savala y Martha Aracely, y a la diputada Margarita. Con Margarita cerramos, si les parece bien, porque vamos a las iniciativas y vamos a los dictámenes. Adelante, diputada Míriam de los Ángeles Vázquez, a sus órdenes.
La diputada Míriam de los Ángeles Vázquez Ruiz(desde la curul): Gracias, presidenta. Sólo para la rectificación de hechos en un tema de Oaxaca. Sólo para aclarar que en el asunto mencionado ayer por la diputada Aracely sobre el abuso a infancias en Oaxaca, se basa en rumores, prejuicios, y no existe prueba de tales hechos. Desde luego que la diputada tiene la libertad de actuar bajo la mejor de sus consideraciones, pero sus dichos sin pruebas es sólo violencia institucionalizada.
Porque al hablar de las infancias tenemos que guiarnos por el principio de su interés superior, y, por ello, no comparto utilizar a las infancias para un fin distinto que no sea su bienestar integral. Aprovecho la ocasión para expresarle mi apoyo y solidaridad con la gestión del sistema DIF Oaxaca, y a su presidenta honoraria, señora Irma Bolaños. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Han quedado públicas sus aseveraciones. Tienen ahora el uso de la palabra la diputada Rosalinda Savala Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Me informan que no se encuentra en el recinto. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez. Adelante, diputada.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez(desde la curul): Primero, voy a responder a la diputada Míriam. No hice ninguna aseveración ni confirmé, sólo pedí la intervención del gobierno federal, de la Procuraduría Federal de Protección a la Niñez para que inicie las investigaciones, justo porque no sabemos si es real o no el maltrato que está sucediendo con los niños del DIF en Oaxaca. **—No lo soy, utilizando—. Afortunadamente tengo trabajo, trabajé para el Pacto por la Primea Infancia como coordinadora estatal en Oaxaca, tengo reconocimiento de mi trabajo y del diagnóstico que realicé durante cuatro años en el estado de Oaxaca, así que no hablo sin conocimiento de causa.
Todo lo que digo es porque lo he trabajado y sé los mecanismos para poder tener acceso a la justicia. Y es lo que pido para los niños de Oaxaca, acceso a la justicia. Hay que ponerse a estudiar un poquito. Cuando uno pide una investigación es porque no se está aseverando o confirmando nada. Lo que queremos es clarificar todo. Por otro lado, eso fue por las alusiones personales, pero desde mi papel como ingeniero agrónomo quiero hacer un reconocimiento a todos los ingenieros agrónomos, que este 22 de febrero se celebra, pues nos dan los alimentos a cada uno de nosotros y mantienen a México.
La agronomía, la Escuela Nacional de Agronomía, la ENA, ahora Universidad Autónoma Chapingo, celebra un año más de su creación como primera escuela de agronomía en América Latina, por eso envío un afectuoso saludo y felicitación a todos los agrónomos de nuestro querido país, de México. Y pido un minuto de aplausos para los agrónomos de nuestro país, porque se lo ganan día a día trabajando de sol a sol. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia(desde la curul): Gracias, presidenta. Hablo a título personal y en nombre de varios compañeros del Grupo Parlamentario de Morena para dar nuestro firme respaldo al compañero Leonel Godoy Rangel, ante las temerarias acusaciones de que ha sido víctima por la viuda del difunto compañero Carlos Manzo.
Lamentamos profundamente esa muerte. Se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero me parece que el rumbo que ha tomado esta acusación es temeraria, es una ruta equivocada. Quienes conocemos Leonel Godoy sabemos de su calidad moral y de su compromiso con la justicia. Leonel Godoy, tienes nuestro respaldo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Han quedado aceptadas las aseveraciones, diputado. Muchas gracias. La diputada Míriam de los Ángeles me está solicitando el uso de la palabra. Querida diputada, yo entiendo, por supuesto, pero no vamos a abrir un debate. Yo le solicito solamente, usted aludió a la diputada, la diputada ya contestó y no puede haber alusiones sobre alusiones.
Permítannos continuar con la sesión. Y si hay un debate para este tema específico de Oaxaca o de la violación de derechos humanos o no en ese estado, si me permite, lo procesamos en el transcurso de esta sesión que, por supuesto, podrá pactarse con los grupos parlamentarios. La diputada Margarita García García y con ella concluimos esta etapa. Diputada, si es tan amable.
La diputada Margarita García García: Muchas gracias, diputada presidenta. Me preocupa lo que está sucediendo a nivel nacional, porque México está siendo un foco rojo a nivel internacional, del actuar de los gobernantes, del actuar de los funcionarios. Y por eso me preocupa mi querido y bello estado de Oaxaca.
No necesité irme a otro municipio para que fuera diputada. Las mujeres oaxaqueñas, orgullosamente mixteca nacida, y por eso porto la ropa de mixteca y de todas mis regiones. No necesito ser zalamera para quedar bien con la gente. Y Aracely, una mujer indígena oaxaqueña, tampoco fue a pedir una constancia de otro distrito electoral para estar aquí.
Con esto quiero decir que lo que está sucediendo en el DIF es un tema ya internacional. Para quien no quiera verlo, está una prueba, desgraciadamente vergonzosa. La presidenta del DIF, Irma Bolaños, tapó una alberca que servía para darles terapia a los niños discapacitados del DIF, y la tapó con cemento para llevarse a los niños a una alberca que es de su propiedad y hacer negocio. Ese no es un tema oculto.
Además, hay pruebas para quienes quieran ver que los adolescentes que han denunciado cómo les han robado el dinero de sus tarjetas, cómo los llevan a trabajar, cómo los golpean en la institución y nadie dice nada.
Por eso, como la verdadera voz del pueblo, efectivamente hay quejas ante la Procuraduría, ante derechos humanos; por supuesto, esto llegará ante la Comisión Interamericana. Así que no vengan a solapar algo vergonzoso. Mejor pongámonos a trabajar los oaxaqueños y oaxaqueñas bien nacidos, pues eso ha sucedido por el hartazgo que demostró el pueblo el 25 de enero, cuando dijo no te queremos gobernador y hoy hacen cambios de simulación para poner a funcionarios nuevamente hermanos, hermanas y llenar de nepotismo.
Sé que nos duele porque somos de la cuarta transformación, pero en el PT no vamos a solapar a corruptos, cínicos y sinvergüenzas para que le haga daño a este país y para que nuestra presidenta esté cargando con algo que ella no debe y no teme. Las mujeres bien nacidas de Oaxaca no solaparemos este tipo solamente porque nuevamente queremos ser diputadas con un certificado falso donde no es nuestra identidad.
Así es que Margarita García García, orgullosamente mixteca y oaxaqueña, levantará la voz por todos y por todas de lo que está sucediendo en el país y en Oaxaca. Todo el poder al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Reitero, por supuesto que esta Mesa Directiva está absolutamente abierta a que podamos abrir un debate en específico y podamos agendarlo en el orden del día. El próximo 20 de febrero es el Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo y esta Presidencia... permítame, diputado. El diputado Gibrán. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Gibrán Ramírez Reyes(desde la curul): Para participar en el marco de la miscelánea legislativa, como han hecho mis compañeras.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Gibrán Ramírez Reyes (desde la curul): Bueno, quiero recordar o hacer del conocimiento de quienes no lo sepan que he presentado un par de puntos de acuerdo porque me preocupa mucho el tema de Oaxaca, que en efecto se está convirtiendo en un escándalo internacional.
El primero de ellos es para que exhortemos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a aclarar cómo va a corregir en próximos ejercicios electorales el fraude acreditado que hubo en el ejercicio de revocación de mandato para Salomón Jara.
Y uno segundo, para que declare al Senado, para que declare la desaparición de Poderes en nuestro estado, porque yo también soy mixteco y soy chontal, que es mal gobernado por un dictador que ha tomado los tres Poderes y que ha consentido a grupos mafiosos que sólo piensan en negocios y en seguir oprimiendo a su pueblo. Eso es todo. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Me informan que la diputada Karina Pérez Popoca, quien no ha usado el micrófono, solicita el uso de la palabra. Entendiendo y solicitando templanza a mis compañeras que lo han solicitado, permitiremos por supuesto el uso de la palabra a la diputada Pérez Popoca, más allá de un debate con la intencionalidad de que pudieran hablarnos. Adelante, diputada.
La diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca(desde la curul): ...palabra y es mi derecho, presidenta...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Sí. Adelante, diputada; se le concede el uso de la palabra.
La diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca (desde la curul): ...se lo agradezco. Solamente haré un exhorto a todos los compañeros y compañeras de las bancadas, de las diferentes bancadas, me indigna y me avergüenza y va en general el hecho de que aquí se aprueben leyes que van en contra de la violencia entre las mujeres y con las mujeres, y somos las primeras que fomentamos desde este espacio legislativo el que tema de sororidad y empatía, pero principalmente lo que se vota sea una simulación absoluta.
Podemos defender nuestros puntos de vista y no justificar las atrocidades que se realizan en las bancadas, pero eso no nos da derecho a atacarnos entre nosotras para demostrar que tenemos la razón. El lenguaje que debemos ocupar tiene que ver con el crecimiento maduro, político que tenemos y dejar de estar insultándonos o mandándonos indirectas.
Lo que tenga que ver con indirectas que se vea afuera, pero que en este espacio legislativo se respete la ley que aprobamos y que dice no a la violencia contra las mujeres, porque entonces somos unas incongruentes y no le pidamos a la sociedad y a las mujeres que no se genere una violencia entre ellas. La primera violencia que debemos nosotros de repudiar es la que nace entre legisladoras. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a todas y a todos por sus participaciones.
EFEMÉRIDES
DÍA INTERNACIONAL DEL CAMARÓGRAFO Y DEL FOTÓGRAFO
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Informaba: el próximo 20 de febrero es el Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo y, si me permiten la inclusión de género, de las camarógrafas y de las fotógrafas, esta Cámara de Diputados trabaja todos los días y puede llegar a 134 millones de mexicanos gracias a la lente de quienes el 20 de febrero tendrán el reconocimiento internacional.
Si me permiten, agradeceré con nombre y apellido a las personas, hombres y mujeres que acompañan el trabajo de los 500 diputados de todos los grupos parlamentarios, todos los días en esta Cámara de Diputados. Muchísimas, muchísimas gracias a los camarógrafos: Jesús Colín, Édgar Trejo Mendoza, Gabriel Ávila Mancilla, Miguel Villa, Víctor Castillo, Miguel Ángel Brígido Castro, Marco Antonio Espejel, Carlos Negrete, Efraín Cornejo, Juan Dimas, Eduardo Casanova, Christian Meléndez, Daniel Casillas, Marco Pineda y Manuel Morelos.
También, a los fotógrafos, a las fotógrafas que todos los días nos acompañan y transmiten nuestro trabajo a través de su maravillosa profesión: Diego Israel Simón Sánchez, Ana Gabriela Esquivel Alba, Laura Lovera Cervantes, Aidé Araceli Martínez Ortiz, Luis Ramón Barrón Tinajero, Mateo Reyes Arellano, Mario Jaso Jaso, David Augusto, Montserrat López, Eduardo Miranda, María Luisa Severiano, Cristina Rodríguez, Alfredo Moreno, Óscar Mireles, Érick Lugo, Jesús Quintana y Lidia Flores. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañar este esfuerzo diario de las y los legisladores mexicanos.
Por supuesto, agradezco, esta Mesa agradece a todos los camarógrafos y fotógrafos de todos los grupos parlamentarios que nos acompañan todos los días. Gracias, en verdad, muchas gracias por su trabajo diario. Muchas gracias, gracias a todos, compañeros, gracias a todos por su trabajo siempre.
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto con el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
Para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión de Justicia tiene el uso de la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera hasta por 10 minutos. Adelante, querido presidente.
Me informan que se encuentran aquí en el pleno, invitados, por cierto, por el diputado Julio César Moreno Rivera, servidores públicos del área de Participación Ciudadana de esta, nuestra alcaldía, Venustiano Carranza. Gracias por estar aquí, gracias por su trabajo y gracias por recibirnos todos los días en esta alcaldía.
El diputado Julio César Moreno Rivera:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a fundamentar este dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género. Hoy discutimos una decisión de Estado frente a una realidad que durante demasiado tiempo fue minimizada, malinterpretada o, peor aún, normalizada. Hablamos del abuso sexual, una de las violencias más extendidas, silenciadas y devastadoras que existen.
Esta reforma del artículo 260 del Código Penal Federal representa un cambio profundo, necesario y urgente. Es una redefinición clara de lo que el Estado mexicano reconoce como abuso sexual y de cómo deben protegerse la dignidad, libertad e integridad de las personas. Un gran avance es la claridad. La ley deja atrás ambigüedades, establece que el abuso sexual comprende cualquier acto sexual realizado sin consentimiento: tocamientos, caricias, toces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. La conducta se define con precisión para evitar vacíos legales que históricamente han favorecido la impunidad.
La reforma coloca al consentimiento en el centro de la norma. El consentimiento debe ser libre, voluntario y plenamente válido. No existe consentimiento cuando la voluntad ha sido anulada o viciada mediante violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, abuso de autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad. Ahora, con esta reforma, el Código Penal Federal lo dice con absoluta contundencia: el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento.
Este principio no es retórico, es una protección directa contra prácticas revictimizantes que durante años trasladaron la carga a la víctima, en lugar de centrarla en la conducta del agresor. De igual manera, se tiene una protección efectiva al establecer que este delito se perseguirá de oficio, el Estado asume su responsabilidad sin depender exclusivamente de la denuncia.
Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por vergüenza, por amenazas o por desconfianza. La justicia no puede quedar condicionada al temor de quien ha sufrido una agresión. Esta reforma también fortalece la certeza jurídica, porque brinda reglas claras a las autoridades investigadoras, a los jueces y para las propias víctimas, ya que reduce los márgenes de interpretación arbitraria y alinea la legislación con estándares internacionales en materia de derechos humanos, dignidad humana y autodeterminación sexual.
Compañeras y compañeros legisladores, detrás de esta discusión hay realidades dolorosas, personas que fueron tocadas sin consentimiento, en el transporte público. Niñas, adolescentes y mujeres que fueron obligadas a soportar actos que vulneraron su integridad. Víctimas que no gritaron, no pudieron resistir, quedaron paralizadas por el miedo y cuyo silencio fue injustamente utilizado en su contra.
Esta reforma corrige esta injusticia histórica, el Código Penal Federal deja de exigir heroísmos imposibles a las víctimas y centra su mirada donde debe estar, en la conducta del agresor. Por ello, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor de este dictamen, su voto traduce una legislación más clara, justa y humana. Fortalece la protección de la dignidad, la libertad y la seguridad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y de toda persona que hoy puede ser víctima de este delito.
Hoy damos un paso histórico, reconocemos que la ley es perfectible, lo que nos permite armonizar y modificar la legislación cuantas veces sea necesario, para evitar lagunas que faciliten a los agresores un actuar con impunidad. Las reformas de abuso sexual sin perspectiva de género es una justicia incompleta. Con este voto cerraremos la brecha entre la norma y la realidad social, garantizando que la autoridad investigadora y los juzgadores estén al servicio de la integridad de cada mujer en toda la República Mexicana.
Por cierto, celebro y reconozco la gran participación de las y los diputados de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad. Gracias, compañeros, los invito a votar a favor. Enhorabuena. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Para fundamentar en nombre de la Comisión de Igualdad de Género se concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Kristal Vences Valencia hasta por 10 minutos. Adelante, muchas gracias.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia:Muchas gracias, diputada presidenta. Desde esta máxima tribuna, hermana, hija, madre, amiga, desde aquí todas y todos te decimos: sí te creo. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna quiero reconocer el trabajo, la coordinación y el esfuerzo para que esta minuta hoy sea una realidad. Por eso quiero reconocer a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anais Burgos, por todo su compromiso para que esta iniciativa pudiera ser aprobada en comisiones.
También quiero reconocer al presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, por hacer que todas y todos los diputados y diputadas se sumen a esta iniciativa que, sin duda, cambia la realidad y la vida de todas las mujeres y niñas del país. Por último, y no menos importante, desde aquí queremos reconocer el compromiso y el esfuerzo que siempre ha puesto nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Presidenta, presidenta, presidenta.
Con esta reforma damos un paso firme para fortalecer la justicia y para mandar un mensaje claro a los ciudadanos, de que la violencia sexual no puede seguir siendo minimizado ni por la sociedad ni por la ley y mucho menos por el Estado. La reforma, que modifica los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual, nace de una realidad que, por desgracia, han vivido o están viviendo miles de mujeres en el país.
Porque cuántas de nosotras, compañeras, hemos tenido que vivir una situación donde nos toquen o nos acaricien sin nuestro consentimiento, ya sea en el transporte, en la escuela, en las calles. Es necesaria esta reforma porque basta ya de que se repita una y otra vez. Porque cuántas jóvenes han sido obligadas a soportar roces o caricias en su centro de trabajo y sólo por el miedo de perder su empleo. Cuántos hemos conocido de alguien que tiene poder, que es un jefe, que es un profesionista, que tiene mayor jerarquía y que por esto se aprovecha de su posición para abusar y violentar a su paso, creyendo con todo el descaro que por estar en este contexto no habrá consecuencias.
Durante años las víctimas se han enfrentado no sólo a la agresión, sino también a una ley que no siempre fue clara, a un sistema que las revictimizaba, y que aún les preguntaba: ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no te resististe? ¿Por qué no hiciste algo más para detenerlo? Por ello, esta minuta representa un avance fundamental en cinco puntos importantes:
El primero, que es ampliar la definición con mayor claridad del delito de abuso sexual. Aquí se incluye reconocer expresamente que el abuso sexual incluye tocamientos, caricias, roses corporales, exhibiciones o representaciones sexuales.
Segundo, porque coloca al consentimiento en el centro. La reforma establece de manera clara que no hay consentimiento cuando existe violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, abuso de poder o cualquier situación que anule la voluntad de la persona. Esto cambia totalmente el enfoque, ya que la responsabilidad ya no caerá en la víctima como hasta ahora, caerá en el agresor, en el que comete el delito, porque es él, el que tiene que pagar la acción y el delito que cometió.
Tercero, esta iniciativa fortalece la actuación del Estado mexicano, porque establece que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio. Esto significa que ya no dependerá únicamente de la denuncia de la víctima. Porque sí, el miedo ha sido una constante en este país, porque sí, el miedo nos intimida, el miedo nos hace callar, pero desde aquí estamos dando herramientas para que nunca más la voz de las mujeres vuelva a ser silenciada.
Cuarto punto, ajusta las penas de tal manera que ahora se tendrá no sólo una sanción de tres a siete años, teniendo como medida la pena de cinco, sino que también se hará que el agresor repare de manera integral el daño y la implementación de medidas para evitar la repetición. Tener cursos con perspectiva de género, porque lo que queremos es transformar, educar y cambiar de manera cultural lo que se ha normalizado por años.
Como quinto punto, y muy importante, se amplían y se fortalecen las agravantes, reconociendo así muchas de las actividades, muchos de los actos que no se reconocían, que es el abuso de poder, cuando se utilizan sustancias como drogas sintéticas, el alcohol o medicamentos para anular la voluntad de la víctima. Y se reconoce también cuando existe una situación de vulnerabilidad, ayudando así, compañeras y compañeros, a evitar que los agresores sigan aprovechándose de su posición.
Con este avance se termina, y aquí recalco, se termina, con el estigma de que las víctimas son responsables de lo que les pasó. Nosotras sí les creemos y no permitiremos que ninguna mujer más vuelva a sufrir este tipo de delitos.
La reforma se alinea con estándares internacionales, pero sobre todo, compañeras y compañeros, con una exigencia legítima: que las mujeres puedan vivir con dignidad, con respeto, que las mujeres puedan caminar por las calles, estar en sus centros de trabajo, estar en las escuelas, estar en sus hogares y vivir sin miedo, vivir libres de todo tipo de injusticias, porque desde aquí, desde esta Cámara de diputadas y de diputados les mandamos el mensaje claro de que tenemos el compromiso con ellas y de que la presidenta de la República tiene un firme compromiso con terminar con todo tipo de violencias.
También reconocemos desde aquí el esfuerzo enorme que ha puesto la Secretaría de las Mujeres como su titular, la secretaria Citlalli Hernández Mora. Nunca más una mujer violentada. Nunca más una mujer silenciada. Desde aquí y desde ahora les decimos a todos los agresores y a todos los violentadores que lo piensen dos veces antes de cometer un acto así, porque, sí, escúchenlo bien, el abuso sexual no se justifica.
Y que quede claro: el que lo haga, lo pague. Nunca más la impunidad. Nunca más de voltear la cara hacia otro lado. Nunca más de decirnos: calladita te ves más bonita, porque los trapos sucios se lavan en casa. Ya no. Se acabó el silencio de nuestras mujeres, niñas y adolescentes. Desde aquí quiero concluir, diputada presidenta, diciéndoles a los que hoy nos acompañan, a los que nos ven a través de las redes sociales, a través del Canal del Congreso, que hoy más que nunca México y la justicia estará del lado de las víctimas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Federico Döring Casar. Adelante, diputado. Gracias.
El diputado Federico Döring Casar(desde la curul): Gracias, presidenta, para una moción de procedimiento.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputado.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): La oradora ha hecho uso de la palabra con base en el 104 del Reglamento, está obligada a fundamentar de manera institucional el dictamen, no a hacer una apología partidista de un instrumento que se acordó en la Junta de Coordinación Política incorporar al orden del día de hoy por unanimidad.
No es una iniciativa del Ejecutivo federal, es una minuta que viene de legisladoras del Senado de la República. Y fueron altamente indebidos y fuera de lugar las porras, los elogios a los funcionarios y funcionarias del gobierno federal que no son parte de este proceso legislativo, todavía. Y ha vulnerado el pacto de institucionalidad, porque debe hablar en nombre de todas las legisladoras de la Comisión de Equidad, de Igualdad de Género.
No es quien fija postura a nombre de su partido, esas oradoras serán las diputadas Alma Delia Navarrete Rivera y María Teresa Ealy Ortiz. Ella debió hablar a nombre institucional de todas las mujeres del Congreso, y no con elogios y complacencias partidistas.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Esta Presidencia, por supuesto sin menoscabo del derecho de cada legislador o legisladora de expresarse, solamente les dice: sí se puede ser institucional, sí se puede. Hay que hacer un ejercicio todos los días. Tiene ahora el uso de la palabra cada grupo parlamentario y, por tanto, iniciamos con la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Sí, gracias.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno:Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo a todas las y los compañeros y, en especial, a las y los alumnos de la preparatoria Bosques, del Colegio Bosques, de Aguascalientes, que nos acompañan.
Quiero decirle que la diputada que me antecedió en el uso de la voz, Julieta Vences, tiene todo el derecho moral de hablar aquí de ese tema. Lo digo porque un diputado de Acción Nacional gritaba por el tema de Cuauhtémoc Blanco. Porque la diputada Vences, con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Burgos, y otras compañeras de la Comisión de Igualdad de Género, fue coherente. Mostraron su compromiso con las mujeres y sí le creyeron a la víctima, porque decidieron, aún y con presiones, votar justamente para que el diputado Cuauhtémoc Blanco se le quitara el fuero y fuera investigado.
Porque quiero decirles que el 25 de marzo del año pasado, esta Cámara le falló a las mujeres de México. Gracias a la mayoría de Morena en esta Cámara, al Verde y a sus aliados de ocasión, el PRI, se les dijo a las víctimas de violencia sexual que cuando el agresor tiene fuero, lo que ellas digan no importa. Se les dijo a las mujeres de México el 25 de marzo que, aunque denuncies, la justicia no llega para todas. No vamos a olvidar el caso de Cuauhtémoc Blanco en esta Cámara, como no lo hacen las mujeres mexicanas.
Ayer en comisiones unidas decía un compañero diputado que ante el abuso sexual no puede haber indiferencia institucional y yo agregaría, tampoco puede haber complicidad. Es lo que hoy tenemos que demostrar con hechos.
Por eso es tan importante que hoy le mandemos el mensaje correcto con estas reformas legislativas a las mujeres, pero también a todas aquellas personas que han enfrentado abuso sexual, porque estas reformas hoy tocan uno de los temas más dolorosos para miles de personas en México, uno de los temas más fuertes que puede vivir una persona, porque el abuso sexual deja huellas imborrables, pero además las víctimas, que evidentemente siempre están en un grado de indefensión y de vulnerabilidad, acompañan ese dolor con vergüenza y eso no debería suceder, pero también las acompaña el miedo, por eso es tan difícil hablar, por eso es tan difícil denunciar el abuso sexual.
Peor aún, hay desconfianza porque existe la revictimización. Hay mujeres que han sido revictimizadas no sólo con expresiones, sino con sentencias donde se juzga a la víctima porque no opuso la suficiente resistencia que debería poner antes de ser abusada sexualmente o durante el acto, o porque no dijo nada, se quedó callada, pero no analizaban que estaba pasmada y no era consentimiento quedarse callada, estaba pasmada por el horror de vivir una agresión sexual.
Imaginen a una niña de 15 años que fue abusada sexualmente, sintiéndose completamente sola y preguntándose si no opuso la suficiente resistencia para evitar eso, si el no que puso no fue suficiente, preguntándose si tuvo la culpa. No. Las víctimas no son las culpables. No podemos permitir eso.
Por eso hoy quiero destacar el avance que estamos haciendo en el Código Penal Federal, con este cambio como explicaban quienes me antecedieron en el uso de la voz se pretende eliminar interpretaciones que minimicen el abuso, aclarando que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no significan consentimiento.
Se pone como elemento central el análisis, justamente para el tema del consentimiento, porque es injusto que a las mujeres se les culpe, se les pida toda la carga de la prueba, se analiza justamente elementos como las amenazas, como la coerción que está existiendo en ese momento, la pasividad que ellas puedan tener ante esa agresión y, por supuesto, también si se encuentran bajo los efectos de alguna sustancia.
No podemos seguir permitiendo casos como el que se dio a conocer en 2024, en febrero, que decidió un juez, Martínez Vitela, que decidió absolver a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años porque decían que la niña no lo había expresado de forma correcta porque no recordaba el lugar, el día, el horario. Es urgente no solamente legislar con perspectiva de género, sino también que se juzgue con perspectiva de género.
Las cifras son terribles: 90 casos de abuso de violación, de abuso de violación que son denunciados en México, cada día 90, eso es solamente la punta del iceberg, solamente lo que alcanza a verse en las denuncias, porque la cifra negra es altísima por el miedo, por la desconfianza entre las autoridades, porque no tenían elementos las mujeres y las personas víctimas de abuso sexual para denunciar.
Por eso quiero reconocer también que se está modificando la definición de abuso sexual, se establece explícitamente qué entender por acto sexual, el delito se va a perseguir de oficio, la actualización busca reconocer patrones de manipulación y coerción típicos, especialmente en contextos de marginación, de pobreza, protegemos a niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Se propone que los agresores no solamente enfrenten penas de cárcel, sino que sean obligados a tomar talleres de reeducación con perspectiva de género, habremos de legislar más adelante y reglamentar el contenido de estos talleres y verifica que en efecto sí se den esos talleres para combatir la violencia de género desde su origen. La incorporación de agravantes que reflejan las circunstancias particulares en las que ocurre el abuso sexual y estas agravantes son justamente la relación de poder entre víctima y agresor, la reincidencia, el uso de la fuerza física o psicológica.
A todas nos ha pasado en algún momento algún tipo de agresión, de violencia, en espacios privados, pero también algún tocamiento en la calle, el transporte, el trabajo, la vía pública. El tema se visibilizó cuando la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum fue víctima de un tocamiento sin su consentimiento, porque nadie está a salvo, ninguna mujer, ninguna persona, nadie está a salvo.
Tenemos que seguir legislando con perspectiva de género. Y, además, tenemos que llevar este modelo a las legislaciones locales, el siguiente paso es la homologación. Ahí es donde también radica el problema. Y termino: hace unos días estuvo aquí y fuimos convocadas por parte de la presidenta, a un evento con la relatora especial de la ONU, en esta Cámara, donde alertó que pese a los avances normativos que tenemos en México, las mujeres en el país siguen siendo víctimas de violencia de género en niveles alarmantes. Y, esto se está agravando por la militarización y por las medidas de austeridad.
Por eso termino diciendo: sigamos legislando, sigamos haciendo estas leyes, modificando los códigos penales, pero para hace efectivos los cambios necesitamos un presupuesto mínimo ante las medidas o para las medidas de ayuda, de atención y reparación para las víctimas.
Por eso, la bancada naranja, la bancada de Movimiento Ciudadano apoya estas reformas, reconoce la urgencia real de proteger a las mujeres, a las niñas, a los niños, a las personas que han enfrentado abuso sexual en nuestro país. Que la justicia sea efectiva, que sea sensible ante la realidad que vivimos en México. Es cuanto. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Aprovechamos para dar la más cordial bienvenida a los estudiantes y profesores del Colegio Bosques de Aguascalientes, invitados precisamente por la diputada Anayeli Muñoz Moreno. Sean bienvenidos, bienvenidas. También aprovechamos para desearle un muy feliz cumpleaños a la diputada Sandra González, esperando que la pase muy bien y deseándole lo mejor, diputada.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Xitlalic Ceja García, del PRI, para hablar por 2 minutos 30 segundos. Me indican también que es cumpleaños de la diputada Liliana Ortiz. Diputada, le deseamos lo mejor, que pase muy feliz día; nuestros mejores deseos.
La diputada Xitlalic Ceja García:Con la venia de la Presidencia. Hoy me dirijo a cada una de las mujeres que no tuvieron la oportunidad de ser beneficiadas por esta legislación. Por millones de mujeres que fueron abusadas y que lamentablemente hoy se celebre como una victoria. El tener un avance en lo que tiene que ser un derecho no es un favor para nadie.
Los derechos de las mujeres no son concesiones, no son oportunidades, no son una ventaja que nos están dando. Hoy, las heridas de millones de mujeres son latentes y desafortunadamente heredan una gran cantidad de daños colaterales, no solamente para ellas sino para sus familias.
Hoy me dirijo a ti que no pudiste defenderte porque eras una niña y no solamente no te iban a creer: no sabías cómo explicar esa crueldad de la que fuiste víctima. Hoy me dirijo a ti, mujer, que tuviste miedo de ir a denunciar y que tuviste, además, desconfianza en las autoridades. Hoy me dirijo a cada una de esas 7 de cada 10 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.
La Cámara de Diputados hoy tiene una enorme —no sólo reto— oportunidad de modificar todo lo que es una herencia, una deuda histórica hacia las mujeres. Pero si no se le genera presupuesto, si para el siguiente ejercicio fiscal no convocamos a la Comisión de Presupuesto para destinar más recursos, para que esto no quede solamente como discursos, ya legislamos y nos lavamos las manos y que le hagan como puedan las víctimas, sin atención, sin que puedan tener refugios para víctimas de maltrato, sin que puedan existir no solamente todas las áreas en coordinación para atender estos casos de violencia.
Se dice fácil legislar y venir aquí a celebrar que hoy se toman acciones. Lo que hoy están haciendo son palabras y letras. Necesitamos que la Comisión de Presupuesto, de una vez por todas, asuma el rol. Porque por cada 10 pesos del Presupuesto, sólo le destinaron 60 centavos para poder atender los temas de las mujeres en el anexo 13.
Sin duda, ampliar estos derechos, sin duda, estas definiciones y esta minuta llega muy tarde. Hoy tenemos una gran oportunidad, sí, pero si al aprobar el Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, en esta misma tribuna no vemos a las diputadas y diputados exigiendo los recursos, déjenme decirles que serán uno de los más que pasarán a la historia por simplemente tomar el discurso, tomar simplemente una bandera que tendría que ser una bandera política... no tendría que ser una bandera política: tendría que ser una bandera blanca a favor de la causa de las mujeres.
Lamentablemente, hoy se dice fácil desde esta tribuna, pero el dolor y el daño que han sufrido millones de mujeres no lo repara nada. Qué bueno que con estas acciones punitivas vamos a poder evitar más situaciones de violencia contra las mujeres, pero desafortunadamente si no tomamos acciones, si no hacemos las medidas que corresponden, si no hay esta comunicación entre los tres niveles de gobierno, entre los tres órdenes de gobierno, serán sólo más papeles, más documentos, más letras, más palabras a esta Constitución, y estamos cansadas de que nos utilicen como discurso, pero que no seamos producto de las acciones de un gobierno.
Hoy que tenemos a una mujer presidenta, tendríamos que partir de los hechos y no simplemente de un maquillaje para cubrir y encubrir esta ley. Vamos a favor, pero estamos en contra de que simplemente en el presupuesto no se garantice el derecho hacia las mujeres. Es cuanto, muchísimas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ariana del Rocío Rejón, del PRI, hasta por dos minutos treinta segundos. Y aprovechamos también para seguir con las felicitaciones, a la diputada Leide Avilés, de Chimalhuacán, compañera, muchas felicidades por su cumpleaños, pásela bien, nuestros mejores deseos, un fuerte abrazo.
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara:Con su venia. Ojalá que, así como le gritan y le aplauden a la presidenta, también le exigieran presupuesto para las mujeres. Diputadas y diputados, hoy esta Cámara tiene que mirar de frente una realidad que duele y avergüenza.
La violencia sexual no es un hecho aislado, es un fenómeno persistente. Entre enero y octubre de 2025 se registraron casi 7 mil llamadas de emergencia por abuso sexual. Más de 50 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso, pero lo más preocupante, es que casi el 90 por ciento de las mujeres no denuncian. Esto no es una estadística, son vidas marcadas, son proyectos rotos, son miedos cotidianos.
Esta reforma hace algo esencial, pone el consentimiento en el centro y lo define con claridad. El consentimiento no se adivina, se expresa. Compañeras y compañeros, no podemos seguir legislando desde la comodidad, la ley lo dice con todas sus letras, no puede presumirse silencio, pasividad o falta de resistencia.
Y no hay consentimiento cuando la voluntad está viciada por violación, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, autoridad o vulnerabilidad. Además, se reconoce lo que tantas víctimas han denunciado: el abuso puede ocurrir en público o privado, con o sin contacto físico, incluidos tocamientos, caricias, roces, exhibiciones y obligar a actos, observar actos sexuales.
A mis compañeras y compañeros legisladores les decimos: sí, sí es un paso. Pero esto no basta, no podemos seguir romantizando lo que por ley debe ser un derecho. No podemos seguir romantizando cuando no se asigna presupuesto. Pero aquí viene lo que el PRI tiene la obligación a decir con firmeza: si el gobierno no investiga, no protege y no acompaña, la reforma se queda en un simple papel. No podemos seguir legislando sin presupuesto mientras faltan ministerios públicos, peritajes oportunos, refugios, asesoría jurídica y atención psicológica real.
Diputadas y diputados, necesitamos protocolos, capacitación sin estereotipos y resultados medibles. Hoy, hoy acompañamos esta reforma porque es correcta, pero también advertimos: cada día sin justicia es una invitación a la impunidad. Ni una más en silencio ni una más sola ni una más sin Estado. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos 30 segundos.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez:Muchísimas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Por supuesto que me voy a dirigir al querido pueblo de México. Lo que hoy estamos aprobando, me gustaría aclararlo, no es lo único que se ha venido haciendo en torno, para eliminar la violencia en contra de las mujeres, porque los discursos de mis compañeras anteriores pareciera que así lo entienden. Que no se hagan las cosas como en su momento ellos las hicieron y que, por supuesto, que no funcionaron porque, si no, aquí continuarían en el poder, no significa que no se estuviera haciendo nada.
Nada más voy a traer un caso a la memoria, porque de pronto me molesta mucho que vengan en esta actitud muy mentirosa y deshonesta. Recuerden que una mujer estuvo en prisión, porque la mandaron a prisión por encubrir y a proteger a hombres, y provienen del gobierno de Enrique Peña Nieto, y saben a qué mujer me refiero, y no la voy a nombrar porque no la quiero revictimizar. Pero así gobernaban ellos y así quieren que gobierne nuestra presidenta de la República. Quiero decirles que están completamente equivocados.
Hoy estoy de acuerdo en esta propuesta como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Es una minuta que viene del Senado, que, por supuesto que es perfectible, que hay algunas deficiencias que en su momento el Grupo Parlamentario del PT va a observar, porque nos interesa que lo que hagamos, y lo hagamos bien.
Comentaré lo siguiente. Estoy de acuerdo en que haya más agravantes, pero no estoy tan de acuerdo en la disminución de la pena. Es algo que tenemos que observar, es algo que tenemos que reflexionar y, por supuesto, que tenemos que comentar. Nosotros lo dejamos sobre el tintero y que en su momento alguna compañera o compañero de mi grupo parlamentario seguramente va a tocar este tema a fondo.
Quiero decirles que el silencio no es consentimiento, la pasividad tampoco es consentimiento, el miedo no es consentimiento. Tipificar con claridad que no existe consentimiento cuando media la violencia, intimidación, abuso de poder, engaño o vulnerabilidad, no es un exceso punitivo, es cerrar la puerta a la impunidad.
Las estadísticas nos obligan a actuar, las víctimas nos obligan a legislar con firmeza. No podemos mantener tipos penales ambiguos que permitan interpretaciones que revictimicen. Esta reforma no criminaliza y, mucho ojo, esta reforma no criminaliza relaciones consensuadas, protege la libertad sexual, no vulnera garantías, fortalece la certeza jurídica, no presume culpabilidad, define con precisión cuando hay abuso.
Desde el Partido del Trabajo sostenemos que el Estado debe enviar un mensaje claro: en México, la dignidad no se negocia y el consentimiento es la frontera entre la libertad y el delito. Hoy no discutimos ideologías, no se equivoquen: el dictamen salió por unanimidad, podemos pertenecer a grupos parlamentarios distintos, con formación política e ideológica distinta, pero tenemos objetivos en común. No politicen lo que no se debe politizar.
Estamos legislando para proteger los derechos fundamentales. Y en materia de violencia sexual la neutralidad no es opción, la claridad jurídica sí es justicia. Por eso en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo decimos, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, y muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Luisa del Muro García; 2 minutos 30 segundos.
La diputada Ana Luisa del Muro García:Con tu venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Ana Luisa del Muro García: Compañeras y compañeros legisladores, hablemos de abuso sexual. Lo que estamos discutiendo el día de hoy no es un trámite más, hoy estamos hablando del derecho de las mujeres a vivir sin miedo, del derecho a que nuestro cuerpo sea respetado y de la obligación que tiene el Estado de proteger a las víctimas, porque el abuso sexual es una de las violencias más dolorosas y persistentes, una violencia que rompe infancias, que deja cicatrices invisibles, que destruye proyectos de vida y que durante demasiado tiempo ha sido minimizada, silenciada o puesta en duda.
Desde el Partido del Trabajo lo decimos con toda claridad, siempre estaremos del lado de las mujeres. Y no es un discurso vacío, es una postura política, ética y de humanidad, porque las mujeres representamos el 52 por ciento de la población mexicana y aun así seguimos siendo quienes más padecemos la violencia sexual, el abuso, el silencio institucional y la revictimización. Eso es inaceptable.
Este dictamen reforma el Código Penal Federal, integrando algo fundamental: el consentimiento. Deja claro que el silencio no es consentimiento, que la pasividad no es consentimiento, que la falta de resistencia jamás puede interpretarse como permiso. La reforma protege a las víctimas porque:
1. Define con claridad qué es el abuso sexual, incluyendo conductas que durante años fueron minimizadas o normalizadas,
2. Reconoce que la violencia puede ocurrir tanto en espacios públicos como privados,
3. Establece agravantes cuando hay abusos de poder, relaciones de confianza, autoridad o vulnerabilidad,
4. Cuando a la reparación integral del daño y garantiza atención psicológica especializada para las víctimas.
Y algo muy importante es que este delito se perseguirá de oficio. Ya no se deja sola a la víctima frente a su agresor, ahora es el Estado quien asume esa responsabilidad. Compañeras y compañeros, durante demasiado tiempo a las mujeres se nos ha pedido probar lo imposible, se nos ha cuestionado cómo vestíamos, dónde estábamos, por qué no gritábamos más fuerte. Y eso se acabó.
Y quiero decirle también desde esta tribuna a toda la comunidad LGBTQI+ y a los hombres que han sido violentados que su lucha también es nuestra. Y los derechos humanos no tienen género, la dignidad humana es para todos. Y esta reforma nos protege a todas y todos. Hoy estamos enviando un mensaje muy poderoso: en México no hay espacio para la impunidad frente a la violencia sexual. En el Partido del Trabajo no somos neutrales frente a la violencia, no tomamos partido. Tomamos partido para proteger a las víctimas.
Votar a favor de este dictamen es decirle a cada mujer, a cada niña, a cada niño, adolescente y a cada hombre de México que no están solos. Es avanzar hacia una justicia con perspectiva de género, es cumplir nuestra responsabilidad histórica. Por ellas, por las que alzaron la voz, por las que no pudieron hacerlo a favor de las víctimas, y a favor de una vida libre de violencia para nuestro país. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva:Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El dictamen a la minuta que hoy discutimos tiene como elemento central la necesidad de fortalecer como marco legal para enfrentar la violencia sexual con seriedad, responsabilidad y sentido de justicia.
Este documento, aprobado ayer por las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, reforma de manera integral los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, y coloca en el centro de discusión la protección de las víctimas, que en su gran mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Durante mucho tiempo, la legislación penal ha arrastrado ambigüedades que dificultan la adecuada persecución de los delitos sexuales conocidos como delitos ocultos, y en muchos casos han trasladado injustamente la carga de la prueba a las víctimas.
Esta reforma plantea fundamentalmente que el consentimiento sea el elemento central para definir el delito, y que este no pueda presumirse del silencio o la falta de resistencia. Significa reconocer que el miedo o la intimidación pueden paralizar a las víctimas y que la ausencia de resistencia nunca debe interpretarse como aceptación.
La violencia no distingue espacios y la ley tampoco debe hacerlo. Al incluir expresamente conductas comunes en espacios públicos, se darán respuestas a prácticas que afectan cotidianamente a miles de personas y que, sin embargo, muchas veces quedan impunes o son minimizadas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país se denuncian más de 25 mil delitos sexuales al año, siendo el abuso sexual uno de los más recurrentes. No obstante, la cifra negra no supera el 90 por ciento, lo que significa que la gran mayoría de estos delitos no se denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza hacia las instituciones.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En el ámbito laboral y escolar, el hostigamiento y el acoso sexual siguen siendo prácticas normalizadas que afectan la dignidad, la integridad y el desarrollo de miles de mujeres y adolescentes.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, organismos internacionales advierten que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños experimentará algún tipo de violencia sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Estas cifras no son sólo estadísticas, son vidas marcadas por el miedo, el silencio y muchas veces por la impunidad.
En materia de sanciones, la propuesta demuestra un enfoque equilibrado y sumamente responsable. Se establece una pena base de tres a siete años de prisión y multa, acompañada de un sistema de agravantes que permite graduar la penalidad según las circunstancias específicas de cada caso. Este diseño evita castigos desproporcionados que no resuelven las causas del problema y propone, en cambio, una respuesta conveniente, preventiva y simbólicamente clara. La violencia sexual y el hostigamiento son inaceptables y deben ser sancionados conforme derecho y con todo el peso de la ley.
Aquí cobra especial relevancia el hostigamiento sexual, una forma de violencia que ocurre precisamente en relaciones de poder, en espacios laborales, educativos, institucionales o religiosos, donde la víctima se encuentra en situación de subordinación frente a su agresor.
Uno de los avances más relevantes de esta propuesta es que no se limita al castigo, sino que reconoce que la justicia no se agota en la prisión y que la reparación integral del daño es indispensable para restituir, en la medida de lo posible, los derechos de las víctimas.
La incorporación de medidas no punitivas orientadas a modificar los patrones culturales que propician la violencia sexual es una decisión visionaria. La prevención y el cambio cultural son la única vía para reducir de manera sostenida este tipo de delitos. La propuesta de establecer garantías de no repetición como la atención psicológica especializada para las víctimas, así como medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción refleja un enfoque humano y moderno de la administración.
Este delito será perseguido de oficio, lo cual elimina obstáculos que históricamente han impedido que muchos casos lleguen investigarse ya sea por miedo, presión o falta de recursos de las víctimas para que el Estado asuma toda la responsabilidad de actuar, investigar y proteger sin trasladar esa carga a quien ya ha sufrido una agresión.
Finalmente, la inclusión de talleres reeducativos con perspectiva de género y la prestación de servicio social como parte de la pena, introduce un elemento socialmente transformador. La sanción no sólo debe castigar, debe buscar que los agresores comprendan la magnitud del daño causado, cuestione las conductas que lo llevaron a cometerlo y reduzcan la probabilidad de reincidir. Prevenir es tan importante como sancionar.
Acompañar este dictamen es avanzar hacia un país donde mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan vivir y desarrollarse en libertad, sin miedo, donde la justicia sea efectiva y donde la dignidad de las personas sea verdaderamente respetada. Por todo esto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de la presente propuesta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo:Con su venia, presidente. El Grupo Parlamentario del PAN votará a favor con las consideraciones que tenemos ahorita, pero que además en su momento y en el turno las diputadas oradoras a favor hablarán por parte de nosotros. El abuso sexual es uno de los temas más sensibles en nuestra vida diaria, está en todos los órdenes, en todos los ambientes, en todos los lugares, en todos los sitios, en todas las partes.
El propio dictamen reconoce que el abuso sexual constituye una de las formas más extendidas y menos denunciadas de violencia, particularmente en contra de mujeres y no sólo de mujeres, sino también de niñas, niños y adolescentes, así como a personas en situaciones de vulnerabilidad, es persistente en México.
Es cierto que todos los que estamos aquí conocemos muchos casos que han salido en las redes sociales, en los medios y hasta en documentales. Pero, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí conocemos casos particulares, la mayoría de nosotros muy cercanos, casos que no están en las redes, que no están en los medios, que se quedaron en silencio y que hicieron llorar a niños, a niñas, abuelos, a padres.
Se trata de esos delitos de la vida diaria de los que nadie quiere hablar, de los que se guardan en la casa, de los que se guardan en ese apartado del corazón de una mamá para el dolor que se calla. Sí es cierto que este dictamen, mejorable sin duda alguna, y vamos a contar algunas cosas, pero de verdad, tiene cosas de un avance muy claro que para muchos de nosotros es muy importante: uno es el consentimiento, que el silencio no sea interpretado como consentimiento.
Nunca lo ha sido en estos casos, precisamente los abusos sexuales, precisamente en estos casos, pero también como en muchos otros, el que calla no otorga. No está dando permiso, no está consintiendo. Segundo. Me parece que hay una ampliación del delito y que, además, lo hace más claro de acuerdo con los estándares internacionales. Y, eso también va a ayudar a saber qué es lo que está pasando y también a una víctima, reconocerse como víctima.
Que se persiga de oficio. Es natural que eso se haya decidido. Y, perseguir de oficio no significa que haya discrecionalidad absoluta o que sea cuando se le dé la gana a la autoridad. No es tan sencillo perseguir de oficio y, sin embargo, sí facilita, precisamente, que el agresor se vaya a la cárcel o que responda con justicia. Y hasta con dinero.
Es un acierto incorporar agravantes, y ahí sí, el dictamen me parece que es un buen cuadro de lo que había antes y de lo que es ahora. Muchas de ellas no estaban previstas en el Código, pero sí en la realidad. Sólo quiere advertir algo que me parece importante por lo que significa una reforma al Código Penal Federal que normalmente se copia igualito en los estados: Algunas agravantes, yo pienso que son innecesarias. Por ejemplo, las que se refieren a profesionistas, incluso —si me apuran— servidores públicos, ministros de culto. Me parece que son precisiones que no debieron existir y debieron haberse integrado en una sola fracción.
Ya sé que aquí sobran jacobinos, pero precisar un oficio obligaría a precisar todos. Es el caso innecesario de la fracción VIII que se refiere, por ejemplo, a ministros de culto y que cabría perfectamente en la fracción VII o IV. Creo también lo mismo en el caso de los profesionistas.
Se discutió también, y acabo de oírlo, que la... pues, la contradicción o, por lo menos, el considerar que la reducción de la pena no debió haber sido. Pero sí quiero señalar que reducir la pena, pero, al mismo tiempo, hacer unas agravantes más claras y que son verdaderamente agravantes e integrar en la pena la rehabilitación y los talleres que reeducarían y que ayudarían a la prevención, eso compensa, entonces, la reducción de la pena.
Estoy de acuerdo en que, para reducir una pena, no puede ser como único criterio el promedio de los Códigos Penales de los estados. Yo creo que ahí sí debería de revisarse. El Grupo Parlamentario del PAN votará a favor por lo dicho, por lo que diremos más adelante, por lo sensible que es este delito, por lo sensible que significa la vida de las familias y de la sociedad y por la pedagogía de la norma jurídica. Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, de Morena, para hacer uso de la tribuna, hasta por dos minutos y medio.
La diputada Alma Delia Navarrete Rivera:Antes de empezar, compañeras diputadas y diputados, quiero agradecer y reconocer a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Anais Burgos; al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Hoy estamos aquí como grupo parlamentario presentando nuestra postura y me resulta particularmente gratificante esta posibilidad de dirigirme a ustedes.
Sin minimizar el incidente de acoso recibido por nuestra querida presidenta, Claudia Sheinbaum, en meses pasados, el dictamen se centra específicamente y su objetivo es, en nuestro compromiso como legisladoras y como legisladores, por la construcción de una sociedad libre de violencia, guiada por el reconocimiento y respeto de la dignidad humana, así como la aplicación de la justicia como herramienta que contribuya de manera efectiva a la disminución y erradicación del delito de abuso sexual y donde las máximas beneficiadas sean las mujeres mexicanas y personas que han sido víctimas de este delito. Las mujeres en su mayoría vivimos la violencia, el acoso y el abuso sexual como el pan de cada día.
Con el permiso de la Presidencia y del pueblo de México, al que servimos todas y todos. Compañeras y compañeros, dando seguimiento a lo instruido a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que con su sensibilidad y tenía que llegar una mujer para que estos delitos se tipificaran y se ampliara su concepto, tuvieron que haber pasado varios incidentes, como a todas las mujeres mexicanas seguramente nos ha pasado o conocemos a alguien que han sido víctimas de abuso sexual, hoy fijamos nuestra posición a favor de una reforma necesaria, responsable y acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, la actualización integral del tipo penal de abuso sexual, de los artículos 260 y 266 Bis.
Toca este delito una de las fibras más profundas de nuestra vida social, la protección de la dignidad humana frente a la violencia sexual. El abuso sexual no es sólo un delito, es una experiencia traumática, que hiere la integridad, limita el proyecto de vida y deja huella que a menudo acompañan a las víctimas durante años, atenta contra su libertad, su seguridad, su bienestar emocional y su derecho básico a vivir sin miedo, lesiona la paz social y la convivencia comunitaria.
No perdamos de vista que el abuso sexual adopta múltiples formas, que afecta a personas de todas las edades y que frecuentemente está ligado a relaciones de poder, de jerarquía, autoridad, consanguinidad, custodia, confianza o dependencia. Reconocer esta realidad es un acto de honestidad y también un acto de responsabilidad. La ley debe reflejar esa complejidad, distinguiendo entre conductas básicas y agravadas, para ofrecer una respuesta justa y proporcional.
Esta reforma coloca en el centro un principio ético fundamental: el consentimiento libre y voluntario. Este concepto se introduce y se considera en este dictamen. Al establecer que el consentimiento no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia enviamos un mensaje claro: ninguna persona está obligada a demostrar fuerza para merecer justicia. En cambio, no sólo armoniza nuestra legislación con estándares internacionales, también abre las puertas a un sistema más empático que mira a las víctimas desde su dignidad, y no sólo desde el juicio.
¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué estamos proponiendo? Que siempre han sido revictimizadas, desafortunadamente, por el patriarcado y por el pacto patriarcal. Siempre los jueces, si es que eran varones, siempre juzgaron a las mujeres por la forma en que iban vestidas, porque no se defendieron, sólo revictimizaban, sólo revictimizaban; y por eso nadie denunciaba. Hoy se perseguirá de oficio.
Hay que reconocer que el abuso puede ocurrir en espacios públicos y privados, con o sin contacto físico. Permite visibilizar formas de violencia que durante décadas fueron minimizadas o normalizadas. Ampliar el concepto de acto sexual, incluyendo términos como: tocar, exhibir y obligar a alguien a mostrar su cuerpo, nos permite visibilizar a todas ellas como formas de agresión que vulneran el bienestar emocional y libertad sexual. Un componente valioso de esta reforma es un enfoque equilibrado en materia de sanciones. Establece una pena base razonable...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Alma Delia Navarrete Rivera: Concluyo en un momento, presidente. Gracias. ...y un sistema de agravantes que permite valorar la gravedad de cada caso sin caer en excesos punitivos. La justicia no es venganza y las penas deben tener sentido humano, social y preventivo. Estas medidas reflejan una visión de justicia que busca prevenir, sanar y construir entornos más seguros.
Compañeras, compañeros diputados, legislar no es escribir normas, es atender y tender la mano a quienes han sido lastimadas, es abrir caminos hacia la justicia, es proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con esta reforma avanzamos hacia un sistema más humano, más justo y consciente de la dignidad de cada persona.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Alma Delia Navarrete Rivera: Nuestro deber es claro, priorizar a las víctimas, escuchar su voz, reconocer su dolor y construir leyes que protejan su integridad, su libertad y su derecho a vivir sin violencia. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Teresa Ealy Díaz, hasta por dos minutos treinta segundos. Se les recuerda a todas las oradoras y oradores que es un tema de mucha relevancia, pero aun así les pide ajustarnos al tiempo. Hemos sido bastante tolerantes con todas y con todas, pero guardemos un poco de prudencia para los demás oradores que también quieren hacer uso de la tribuna. Adelante, diputada Ealy.
La diputada María Teresa Ealy Díaz:Gracias. Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada María Teresa Ealy Díaz: Compañeras y compañeros legisladores, hoy no estamos discutiendo un artículo más del Código Penal, estamos decidiendo de qué lado de la historia queremos estar. Del lado de la ambigüedad, que durante décadas protegió agresores, o del lado de las mujeres que han sido obligadas a explicar, justificar y hasta defender su propio dolor.
Desde esta tribuna, en nombre de mi Grupo Parlamentario de Morena, lo decimos con claridad: la ley en México debe de estar del lado de las víctimas, no de quienes violentan su dignidad. Esta reforma no surge de la casualidad, surge de una realidad que duele y que exige respuestas estructurales.
Hoy estamos corrigiendo esta deuda histórica, y lo hacemos con un eje claro, el consentimiento, y desde tribuna lo afirmamos con firmeza. El silencio no es consentimiento, la pasividad no es consentimiento, la falta de resistencia no es consentimiento. El consentimiento no se presume, se expresa, y cuando no existe, hay violencia. Además, ampliamos la definición de abuso sexualpara reconocer conductas que antes quedaban en zonas grises. Porque lo que no se nombra no se protege, y lo que no se protege se repite.
El dictamen establece sanciones claras y agravantes bien definidas, porque no basta con castigar, tenemos que transformar las condiciones culturales que permiten que la violencia ocurra. Eso es justicia integral, eso es justicia con perspectiva de género. Eso es justicia con dignidad.
Compañeras y compañeros, desde Morena hemos asumido que la transformación del país también significa garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia. Nuestra presidenta ha sido clara y firme, las mujeres están en el centro de su proyecto nacional, no como discurso, sino como eje estructural de gobierno.
Esta reforma es coherente con esa visión de país, no puede haber igualdad sustantiva si la libertad sexual sigue siendo vulnerada. Legislar en esta materia no es un gesto político, es una obligación ética, es coherencia con nuestra agenda histórica de mujeres, es respaldo a la transformación de proyecto que encabeza nuestra presidenta. Cada vez que una mujer duda si denunciar, el sistema le ha fallado. Cada vez que se cuestiona su palabra, el daño se multiplica. Cada vez que la ley es ambigua, la impunidad encuentra espacio.
Hoy, esta Cámara puede enviar un mensaje distinto, un mensaje que le diga con claridad a las mujeres: te creemos, te protegemos y la ley está de tu lado. Desde Morena reafirmamos que el Estado no será indiferente frente a los abusos sexuales. No estamos legislando para la coyuntura, estamos legislando para cambiar las estructuras. Hoy votamos por las mujeres de México. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para registrar reservas.
Está a discusión en lo general. Se otorgará el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados hasta por cinco minutos para hablar en contra y a favor. En primera instancia, tiene el uso de la palabra la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora:Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora: Durante muchos años en este país se analizó más la reacción de la víctima que la conducta del agresor. Se preguntó por qué no gritó, por qué no se fue, por qué no denunció antes. Y, mientras eso pasaba, muchas mujeres sintieron que además de haber sido vulneradas tenían que justificar lo que habían vivido.
Esta reforma cambia ese punto de partida, establece, como ya se mencionó, que el consentimiento no puede presumirse del silencio ni de la falta de resistencia física y reconoce que cuando existe intimidación, abuso de confianza, autoridad o una situación de vulnerabilidad no puede hablarse de consentimiento.
Eso significa algo fundamental, la ley deja de exigir explicaciones a quien sufrió la agresión y comienza a exigir responsabilidad a quien la cometió. Movimiento Ciudadano vota a favor porque esta reforma parte de una verdad que muchas mujeres conocen bien, la violencia sexual no siempre ocurre en la oscuridad de la calle. Muchas veces ocurre en relaciones cercanas, en espacios laborales o educativos, donde existe una asimetría de poder.
Por eso, el dictamen prevé agravantes cuando hay abuso de autoridad o condiciones de vulnerabilidad. También se establece la persecución de oficio; ello implica que el Estado asume su responsabilidad y no deja sola a la víctima frente al sistema. Y se incorporan medidas orientadas a reducir la reincidencia, entendiendo que la justicia debe ir más allá de la sanción.
A las mujeres que nos escuchan: esta reforma no promete que cambiará todo de un día para otro, pero sí envía un mensaje distinto, su silencio no es consentimiento, y su dignidad no está en duda. También deja algo sembrado hacia el futuro, que nuestras hijas no tengan que aprender a defenderse, sino que nuestros hijos aprendan a respetar.
La reflexión indudablemente es clara, el consentimiento es el límite, y cuando ese límite se cruza, la responsabilidad debe recaer plenamente en quien decidió ignorarlo. Movimiento Ciudadano vota a favor porque ninguna mujer debe volver a explicar por qué no gritó, por qué no huyó o por qué tardó en denunciar. La ley tiene que dejar de sospechar de las víctimas y empezar a protegerlas con determinación. Que la ley esté siempre del lado correcto. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Emilio Suárez Licona:Compañeras y compañeros, lo que no se nombra no existe, por eso es indispensable llamar las cosas por su nombre y hacerlo con precisión jurídica. La correcta tipificación de los delitos no es un ejercicio trivial, sino que se enmarca como la condición necesaria para que haya justicia real y tangible. Es la diferencia entre que un agresor responda ante la ley o que la impunidad encuentre refugio en definiciones ambiguas.
¿Cuántas mujeres, niñas, niños y adolescentes han quedado sin justicia porque no hubo violación sino, según se dijo, sólo tocamientos? ¿Cuántas veces se ha pretendido justificar la conducta de un agresor alegando que la víctima consintió los hechos?
Con esta reforma, ese margen de impunidad se reduce de manera relevante. Ciertamente, este dictamen toca una de las fibras más sensibles de nuestra sociedad, en un entorno en el que los delitos sexuales marcan vidas enteras. Lo hace precisando conceptos clave como el del acto sexual, que ahora comprende tocamientos, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
Con ello se amplía la protección jurídica y se limita el espacio para interpretaciones restrictivas que históricamente han favorecido a los agresores. Esta reforma también incorpora el principio de no repetición, al establecer la participación de los agresores en procesos de reeducación orientados a modificar conductas y prevenir reincidencias. El impacto es contundente al dejar claro que no basta con sancionar, sino que es necesario construir condiciones para que la violencia no vuelva a ocurrir.
Otro aspecto relevante es la redefinición del consentimiento. Se establece con claridad que el consentimiento no existe cuando la voluntad de la víctima está anulada o viciada y que tampoco puede inferirse del silencio, la pasividad y la ausencia de resistencia física. Esta precisión cierra una de las vías más frecuentes de evasión de responsabilidad penal.
Asimismo, el dictamen fortalece las agravantes del delito. Cuando los hechos ocurran en un lugar solitario, medie violencia, participen varias personas o haya relación previa de poder, dependencia o jerarquía sobre la víctima, las penas incrementarán acotando margen de escape de los agresores. Un cambio sustantivo es que la reforma coloca a las víctimas en el centro, el Estado asume la obligación de protegerlas, resguardar su identidad y evitar su revictimización al establecer que el delito se persiga de oficio sin necesidad de denuncia previa.
Detalle no menor es que esta propuesta se encuentra en sintonía con iniciativas que he presentado ante esta soberanía para erradicar la violencia sexual, una de ellas busca eliminar la noción de consentimiento en los casos de abuso contra niñas, niños y adolescentes, otra propone reformas en materia de violencia digital y de correcta denominación de diversas formas de violencia, porque lo reitero definir con precisión jurídica aquello que debe sancionarse puede ser la diferencia entre la justicia real y la impunidad.
Por ello y con responsabilidad el PRI expresa su respaldo total a esta reforma proveniente de la colegisladora en la convicción de que fortalece la protección de la dignidad, la libertad y la integridad de las personas, esto, al tiempo de hacer votos porque las iniciativas presentadas por quienes integramos esta asamblea que vayan en el mismo sentido puedan dictaminarse en favor de las mexicanas y los mexicanos.
Finalizo expresando mi profunda solidaridad y respeto hacia todas las víctimas del delito de abuso sexual, desde esta Cámara asumimos el compromiso de legislar para enfrentar la impunidad más dolorosa, la que ocurre todos los días. Gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Diana Karina Barreras Samaniego. Adelante, diputada.
La diputada Diana Karina Barreras Samaniego:Con su venia, presidente. Cuando hablamos de delito de abuso sexual, no hablamos de conceptos jurídicos sino hablando de personas concretas, de mujeres que enfrentan no sólo la agresión sino la duda y la revictimización. Por eso, este dictamen es tan importante, porque actualiza el tipo penal y coloca en el centro algo que debía quedar sumamente claro: el consentimiento.
Hoy, la ley establece de manera expresa que el consentimiento debe ser libre, informado y voluntario. Y el silencio o la falta de resistencia física no pueden interpretarse como consentimiento. Éste es un avance significativo, también es positivo. Porque se amplían las agravantes y se reconocen contextos de poder, subordinación y sabemos que muchas agresiones no ocurren entre iguales donde hay dependencias, autoridades o miedo.
Asimismo, la persecución de oficio fortalece la responsabilidad del Estado. No podemos dejar en manos exclusivas de la víctima la carga de activar la justicia cuando hablamos de una afectación tan grave como la libertad sexual. Reconozco la importancia de precisar el consentimiento, de sistematizar agravantes y de mejorar la claridad normativa. También sostengo que debemos de ser consistentes en la defensa de las víctimas. Es por ello que seguiremos trabajando respecto a las penas.
Porque proteger la libertad y la dignidad sexual exige claridad jurídica y también firmeza del Estado. Además, esta reforma tiene un impacto más allá del ámbito penal. Cuando el Estado define con claridad qué conductas constituyen abuso sexual y fija estándares precisos sobre el consentimiento se envía un mensaje preventivo a la sociedad. Las leyes no solamente sancionan: también educan, delimitan lo inadmisible.
Por eso, mi voto será a favor de este dictamen, por los avances que representa, porque proteger la libertad y la dignidad sexual exige claridad jurídica y también firmeza del Estado. Es cuanto, presidente. Todo el poder al pueblo.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Muchas gracias, diputada Diana Karina Barreras Samaniego. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo, hasta por dos minutos, treinta segundos.
La diputada Vanessa López Carrillo:Con el permiso de las mujeres de México. Hoy alzamos la voz no sólo para respaldar un dictamen, sino para reafirmar el espíritu de transformación que vive nuestro país. La reforma de los artículos 260 y 266 del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual, es congruente con el proyecto de nación que impulsa la cuarta transformación: poner en el centro al pueblo y especialmente a quienes históricamente han sido olvidadas y vulneradas.
La cuarta transformación no es sólo un cambio de gobierno: es un cambio de conciencia, es entender que no puede haber justicia social si no hay justicia para las mujeres, para las niñas, los niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. No puede haber transformación verdadera mientras persista la impunidad frente a uno de los delitos que más hieren la dignidad humana. Reformar estos artículos significa cerrar brechas legales, fortalecer la protección de las víctimas y enviar un mensaje contundente. En el México de la transformación, el cuerpo de las personas no se toca sin su consentimiento. La dignidad no se negocia y la violencia no se tolera.
La reforma recoge una exigencia histórica del movimiento de mujeres, de colectivas, de madres, de sobrevivientes que durante años tocaron puertas y que hoy encuentran en el Congreso una mayoría comprometida con la justicia, pero sobre todo con la igualdad sustantiva. Legislamos con perspectiva de género, sensibilidad social y profundo humanismo, pues eso es la cuarta transformación: humanismo mexicano. Es entender que la ley debe proteger primero a quien más lo necesita, es romper con la indiferencia del pasado y asumir que el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar con firmeza la violencia.
A las mujeres de México decimos: su lucha ha sido escuchada. A las familias que han exigido justicia decimos: estamos construyendo un marco legal más fuerte para que nunca más la impunidad sea la regla. El dictamen no es un trámite sino un acto de congruencia con el mandato popular que exige transformar las estructuras que generan desigualdad y violencia. Desde el Partido del Trabajo no regateamos a las mujeres de México porque estamos convencidas y convencidos de que sin justicia para las mujeres no hay transformación.
Desde esta tribuna decimos a todas las mujeres de México, nunca más una mujer violentada, nunca más una niña vulnerada sexualmente, nunca más un adolescente que se calle. Alzamos la voz con firmeza y decimos: la transformación llegó y llegó para quedarse, de la mano de la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que vivan las mujeres de México. Que vivan las niñas y adolescentes. Unidad nacional, todo el poder a las mujeres.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo:Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy discutimos responde a una exigencia histórica de justicia de mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país, por ello es fundamental transformar la manera en que el Estado mexicano entiende, previene y sanciona la violencia sexual.
Hoy se busca colocar la dignidad humana y la integridad personal en el centro de la ley. En este sentido, el gobierno de México ha presentado el Plan Integral contra el Abuso Sexual con un objetivo claro, garantizar el acceso a la justicia e impulsar un cambio cultural profundo, considerando acciones concretas como la homologación del abuso sexual como delito grave en todo el país, la capacitación institucional, campañas de concientización y el fortalecimiento de la denuncia.
Hablar de abuso sexual, es también hablar de la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural. Lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los estereotipos de género sostienen y reproducen la violencia. El Estado debe actuar con debida diligencia para desmantelar esas estructuras y garantizar que ninguna mujer vuelva a ser violentada por prejuicios convertidos en norma.
El abuso sexual es una de las formas más crueles de violencia porque no sólo hiere el cuerpo: hiere también la esencia misma de la persona, arrebata la libertad, impone el miedo y rompe la confianza, convierte a la víctima en objeto y le niega su autonomía. Por ello no es únicamente un delito contra la integridad física sino una negación absoluta de la dignidad humana. Ninguna sociedad puede llamarse justa si permite que esas agresiones permanezcan impunes. Debemos comprender que detrás de cada caso hay una historia de dolor y silencio.
En este contexto, la regulación vigente resulta insuficiente frente a la complejidad y gravedad de la violencia sexual en el país. Hay vacíos normativos que obstaculizan el acceso a la justicia, particularmente para las mujeres. El dictamen que hoy discutimos actualiza el concepto de consentimiento, elemento central para comprender la violencia sexual, pues la redacción actual de la ley exige pruebas imposibles a las víctimas.
Conforme a los estándares establecidos por la CEDAW, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional, el consentimiento debe ser libre y voluntario. El hecho de que la víctima no se haya defendido o haya guardado silencio no significa que consienta el abuso.
Hoy reconocemos que no hay consentimiento cuando la voluntad ha sido anulada por la violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o vulnerabilidad. El silencio o la falta de resistencia no pueden interpretarse como consentimiento. Se incorpora además un sistema sólido de agravantes cuando haya violencia, pluralidad de agresores, abuso de autoridad o vulnerabilidad de la víctima, fortaleciendo la respuesta del Estado según la gravedad del daño.
Estos cambios consideran también garantías de la no repetición, como talleres reeducativos y medidas orientadas a transformar patrones culturales que reproducen la violencia, así como la reparación integral del daño con atención psicológica especializada para las víctimas. El abuso sexual no es un acto privado, ni un problema menor, es una violación a la libertad, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad y merece una respuesta firme del Estado.
En el Partido Verde votamos por un país donde el consentimiento importe, donde la dignidad no sea negociable y donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Sí, votamos por un modelo de justicia más claro, más humano y verdaderamente centrado en las víctimas. Por ello, votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto. Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Tania Palacios Kuri, del PAN, hasta por cinco minutos.
La diputada Tania Palacios Kuri:Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Tania Palacios Kuri: Compañeras y compañeros diputados, hoy no solamente estamos discutiendo una minuta que nos llegó del Senado, estamos discutiendo si México va a seguir llegando tarde. Porque mientras nosotros debatimos conceptos jurídicos o quien se lleva la medalla, hay niñas, niños, adolescentes, mujeres en su mayoría, que no saben que lo que les hicieron tiene nombre y tiene delito.
México, sin duda, sigue rezagado en muchos temas, pero la definición del consentimiento no es solamente un vacío técnico, es un vacío humano. Por eso quiero dejar asentado en este debate que el Grupo Parlamentario del PAN, y su servidora, han presentado ya en diferentes ocasiones iniciativas relacionadas con este tema.
En lo particular, su servidora, el 25 de febrero del año pasado, presentó 2 iniciativas que reforman los delitos que atentan contra la libertad sexual para armonizarlos con la recomendación general 35 de la CEDAW y con estándares internacionales, que se resumen en lo que ya se ha venido platicando. Sin consentimiento, hay delito, sin matices, sin interpretaciones y sin excusas. Y queremos comentarles, además, que estas iniciativas no solamente vienen a complementar, sino a ampliar lo que contiene la minuta que hoy estamos discutiendo.
Esas iniciativas siguen esperando, hoy que se abre la agenda legislativa en esta materia lo que les pedimos es que recuerden que México ya no puede esperar, que las víctimas ya no pueden esperar, porque cada día sin actualizar nuestra legislación es un día en el que una mujer tiene que probar que se resistió, en vez de que el agresor tenga que probar que hubo consentimiento. Y eso no es justicia, eso es rezago.
Celebramos el dictamen que hoy discutimos, celebramos que se establezca que el silencio no puede interpretarse como consentimiento. Celebramos que la pasividad no sea aceptación y que se fortalezca el tipo penal de abuso sexual. Esto es sin duda un avance, pero incompleto, pues el consentimiento no puede ser solamente una clausula decorativa en un solo artículo, debe ser parte de la columna vertebral de todo el sistema penal en materia sexual.
Esta minuta reforma el artículo 260, sobre el abuso sexual: amplía su definición, incorpora agravantes, pero no toca otros delitos, como el de violación. Y si el consentimiento es el eje, que lo sea en todos los delitos sexuales de esta naturaleza, no solamente en uno.
Esta iniciativa que les comento que presentamos desde el año pasado propone reformar el artículo 265 para que el delito de violación se configure expresamente cuando se realice cópula sin consentimiento y además definir de manera transversal el consentimiento para todo el tirulo decimoquinto. Es decir, que no solamente sea un ajuste aislado, sino una corrección estructural.
Definir que el consentimiento debe ser libre, claro e inequívoco, porque la libertad sexual no se protege por artículos sueltos, se protege con arquitectura jurídica sólida. Tenemos que ser conscientes de todas las víctimas que quedaron en los escombros, en la base del iceberg de lo que no se denunció, de lo que quedó en la impunidad.
Ya hemos escuchado, los datos son más de 90 por ciento de los casos, porque la libertad sexual no admite medias tintas, así que esto es una invitación para abrir agenda, para cerrarle la puerta a ambigüedad, a la impunidad, porque legislar no es administrar inercias, la neutralidad también es complicidad.
Y detrás de cada concepto jurídico hay una historia. Hay una niña que no entendía por qué pasó eso, que no gritó porque tenía miedo, que no se resistió porque se paralizó, que después escuchó un “no hubo violencia suficiente”. Una mujer fue drogada, se despertó sin memoria clara, tuvo que explicar por qué no forcejeó, como si la carga de la prueba recayera en su propio cuerpo. Hay adolescentes que creen que, si no dijeron “no” con suficiente fuerza, entonces quizá no fue su culpa.
Y no, la culpa no es de quien pudo moverse. La culpa no es de quien se quedó en shock. La culpa no es de quien fue manipulada, engañada o intimidada. Hoy no estamos legislando para el expediente, estamos legislando para la niña que aún no sabe cómo llamar lo que vivió. Para la mujer que aún duda si puede o quiere denunciar.
Así que la petición el día de hoy es a que lo hagamos bien, a que lo hagamos completo, a que lo hagamos ahora. Porque cada día que postergamos esta definición es un día más en el que alguien se pregunta si lo que vivió fue delito. Y a las mujeres que nos escuchan el día de hoy les decimos: decir no fue suficiente, ya fue suficiente. Ya nadie te va a preguntar por qué no te defendiste. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Carina Piceno, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro:Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro: Hoy nos reunimos para hablar de algo que duele e incomoda, pero que no podemos ignorar: el abuso sexual. Durante demasiado tiempo, el silencio ha protegido a los agresores más que a las víctimas. Durante demasiado tiempo, quienes han sufrido abusos han cargado con miedo, vergüenza y desconfianza hacia las instituciones que debían protegerlas.
Hoy es un día, además de histórico, sumamente importante para el día a día de miles y millones de mujeres de nuestro país. Ello luego de que diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas de este Congreso trabajamos de manera conjunta en la búsqueda de proteger uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes: a la mujer y, por supuesto, su desarrollo de personalidad. El tema es discutir sobre la minuta proveniente del Senado de la República, por la cual se plantea una reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
El dictamen nace de tres vertientes. La primera es la necesidad de adaptar el marco jurídico mexicano con la realidad que vivimos, por un lado, y por otro, con las disposiciones internacionales, ya que, como es sabido, otros países de América Latina como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay, han caminado en la misma dirección en que hoy lo hacemos en esta Cámara.
La segunda, de la atención de diversos tratados internacionales, como la recomendación general del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Corte Penal Internacional y la ONU, entre otros.
Y la tercera, con la finalidad de armonizar la legislación con el Plan Integral contra el Abuso Sexual, publicado el 6 de noviembre de 2025 por la primera titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, a quien reconozco plenamente su trabajo al frente de esta importante Secretaría.
¿Qué hacemos hoy? Cambiar el Código Penal Federal para establecer claramente el tipo penal del abuso sexual, con el objetivo de evitar que quienes escudándose en una versión sesgada de la ley se salga con la suya, esgrimiendo alguna atipicidad a sabiendas de que en materia penal se exige la adecuación estricta de la conducta al tipo penal contenido en la ley. No obstante, que en los hechos sí exista agravio a la mujer, es decir, se haya cometido un tipo de abuso sexual que de manera frustrante muchas veces ha quedado sin sanción.
También se propone ampliar las posibles conductas que pueden ser tipificadas como delito al considerar que no son sólo tocamientos, sino también caricias, roces corporales, obligar a cualquier persona exhibir su cuerpo sin su voluntad, sumados a los vicios de consentimiento que puedan haber para efectuarlos tales como violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza o de autoridad o cualquier otra situación que aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima le obligue a realizar cosas sin su manifestación expresa y clara del ánimo de hacer acción alguna.
De igual forma, se establecen agravantes: si la mujer está en estadios tales como embarazo, lactancia, bajo los influjos del alcohol o de sustancias que afecten o puedan afectar su consentimiento y discernimiento, cuando se aprovechen de relaciones de supra a subordinación, entre otras. No se trata sólo de castigar, se trata de transformar. Transformar la cultura del silencio en una cultura de respeto, transformar el miedo en confianza, transformar el dolor en acción.
Hoy tenemos la oportunidad de decir con firmeza: el abuso sexual no será tolerado, no será minimizado y no quedará impune. Hoy, orgullosamente con la cuarta transformación nadie queda fuera, ninguna mujer queda desprotegida ni vulnerable. Hoy sin duda alguna, por supuesto que es tiempo de mujeres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Iniciamos la segunda ronda con la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre:Hoy subo a esta tribuna con una convicción profunda y con una indignación que compartimos millones de mujeres en este país. Porque hablar de abuso sexual en México no es hablar de un delito aislado, es hablar de una herida abierta, es hablar de una violencia que se repite todos los días, en todos los espacios y que demasiadas veces queda impune.
En México, más del 45 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han vivido violencia sexual a lo largo de su vida. Eso no es estadística, es una realidad estructural. Es hablar de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad que han sido silenciadas, ignoradas o cuestionadas.
Es hablar de un Estado que durante décadas les exigió demostrar lo imposible. Que gritaron, que pelearon, que resistieron, que no se quedaron quietas.
El Centro de esta discusión sobre la reforma de abuso sexual recae en una palabra: consentimiento. Una palabra que durante años fue manipulada, silenciada, distorsionada, porque a las mujeres nos han dicho cosas para hacernos creer que sí consentimos un acto sexual.
Nos dijeron que si no gritamos, aceptamos. Nos dijeron que si no corrimos, aceptamos. Nos dijeron que si no nos defendimos con suficiente fuerza, aceptamos. Nos dijeron que si antes hubo cariño, entonces el permiso ya estaba dado. Nos dijeron que si era nuestro novio, nuestro esposo, nuestro amigo, entonces no podía ser abuso. Nos dijeron que si bebimos alcohol fue nuestra responsabilidad. Nos dijeron que si no denunciamos de inmediato, entonces exageramos.
Pero consentir es decidir libremente, y se puede retirar en cualquier momento. Eso que parece obvio no estaba claramente protegido en la ley. Durante demasiado tiempo el tipo penal se construyó alrededor de la fuerza visible, como si la violencia sexual solo existiera cuando deja golpes, como si el trauma tuviera que probarse en la piel.
Esa reforma amplía y clarifica el concepto de acto sexual. Reconoce que el abuso puede consistir en tocamientos, en roces, en exhibiciones forzadas, en obligar a observar, en obligar a mostrar el cuerpo, incluso, sin contacto físico, y eso es profundamente importante.
Pero la reforma no se queda ahí, fortalece el régimen de agravantes y reconoce contextos reales donde la violencia ocurre. Cuando hay violencia moral, cuando el abuso se comete en un lugar despoblado o solitario, cuando existe o ha existido una relación de confianza, sentimental, laboral, educativa o religiosa, cuando la víctima se encuentre en estado de embarazo; cuando el delito se comete por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género; cuando la víctima esté en estado de indefensión.
Es decir, reconoce que la violencia sexual casi nunca ocurre en igualdad de condiciones: ocurre en contextos de poder y el Estado tiene la obligación de ver ese poder y sancionarlo.
Y sí, esta reforma opta por una política penal racional. No confunde justicia con populismo punitivo. No parte de la idea simplista de que más años de prisión automáticamente reduce delitos. Parte de algo más complejo y más honesto: necesitamos tipos penales claros, aplicables y proporcionales.
Por eso, combina sanción con prevención, incluye talleres reeducativos obligatorios con perspectiva de género, medidas de no repetición, reparación integral del daño, atención psicológica especializada para la víctima.
Porque castigar es necesario, pero prevenir la reincidencia también lo es y transformar patrones culturales es indispensable. Como mujer y como feminista, quiero decir algo con claridad: el consentimiento no es una formalidad: es la frontera entre la libertad y la violencia. Y durante demasiado tiempo, esa frontera fue borrosa en los juzgados.
Hoy estamos diciendo que no más. No más interpretaciones que exijan una resistencia heroica. No más estereotipos sobre cómo debe comportarse una víctima. No más dudas sembradas sobre la palabra de quien denuncia.
En México, demasiadas víctimas han sido obligadas a cargar con la culpa, con la vergüenza y con el silencio. Hoy, desde esta tribuna, les decimos que no están solas, que su palabra importa, que su dignidad importa, que su libertad importa y que este Congreso tiene la obligación de legislar para protegerlas, no para juzgarlas.
Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, votaremos a favor, porque creemos en un país donde la justicia sea una realidad, donde la violencia sexual no sea normalizada, donde el consentimiento sea la regla y no la excepción, donde la libertad e integridad sexual sean derechos garantizados y no un privilegio. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Anaís Burgos, de Morena, hasta por cinco minutos.
Y aprovechamos para desearle feliz cumpleaños a mi querido tocayo y paisano, Sergio Gil. Felicidades. Los mejores deseos. Adelante.
La diputada Anais Miriam Burgos Hernández:Muy bien. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, lo que hoy hablamos es un delito que nos ocurre a todas las mujeres en el ámbito público, pero también en el privado, en nuestras casas y en las calles, en las oficinas, en las escuelas, en el transporte, donde debería de existir seguridad y, sin embargo, muchas veces hay silencio y miedo.
El abuso sexual no pasa, se comete y deja una huella profunda en el cuerpo, en la mente y en la dignidad de la víctima. Nuestro deber es que el Estado responda con seriedad, con eficacia y sin revictimizar.
Las estadísticas nos dicen que hay una alta incidencia de delitos sexuales contra las mujeres y una marcada desigualdad en su impacto. ¿Y por qué no se denuncia este delito? Porque todavía hay estigma, vergüenza, miedo, desconfianza.
La gran mayoría de las víctimas no denunciamos, dentro de ese silencio pesan factores como la vergüenza, el miedo a las represalias y el temor a que la familia se entere. Ese dato nos enfrenta a una verdad incómoda, si la persecución depende de que la víctima pueda denunciar, el Estado llega tarde.
Por eso, esta reforma hace un cambio crucial, el abuso sexual se perseguirá de oficio, esto no es un tecnicismo, es reconocer que cuando hay miedo, dependencia, amenaza o vergüenza, exigir acción a la víctima como requisito para que el Estado actúe es injusto. Con esta oficiosidad el mensaje cambia, les decimos a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, no están solas, el Estado tiene la obligación de investigar.
Se ha dicho que se ajustó la penalidad y hoy quiero decirlo con claridad y responsabilidad, esto no es una decisión aislada ni superficial, es una decisión técnica y estratégica para que el sistema sea más eficaz, para que haya más justicia real y menos impunidad.
Compañeras y compañeros, el dictamen parte de un diagnóstico del marco vigente, tal como estaba diseñado el modelo no estaba dando resultados suficientes, demasiados casos no concluyen con sentencia condenatoria y demasiadas víctimas no obtienen justicia.
Segundo. El ajuste del rango no se entiende sin el objetivo de reparación integral del daño. El dictamen busca que la víctima tenga acceso a medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Para que eso sea jurídicamente viable, el marco procesal exige condiciones que permitan activar mecanismos que hagan posible la reparación.
Dicho directo: si mantenemos penas solo para sonar duro, pero que en la práctica bloquean soluciones que obligan a reparar, acompañar y garantizar no repetición, el resultado puede ser más procesos largos, más desgaste y más revictimización. La justicia no puede ser una carrera de resistencia que las víctimas tengan que recorrer durante años para al final quedar sin reparación.
Y aquí viene el punto más importante para despejar dudas: la reforma no abre la puerta a la impunidad, al contrario, cierra la puerta para que el agresor no se salga por las rendijas. ¿Cómo? Con algo que antes estaba insuficientemente desglosado, las agravantes.
El tipo base se ajusta para permitir un modelo que haga operables la reparación integral y las medidas de no repetición; pero, y esto es clave, las penas se aumentan cuando el delito se comete en circunstancias agravadas.
¿Y cuáles son esas circunstancias, compañeras y compañeros? Precisamente las más frecuentes en la realidad: violencia, coacción, coautoría, lugares aislados, relación de confianza o de poder, custodia, guarda, tutela o dependencia económica, que sea servidor público que abusa de su cargo, profesionista, ministro de culto, víctima bajo efectos de sustancias, embarazo o puerperio, ataques por orientación sexual o identidad de género, estado de indefensión, entre otras.
Esto significa algo muy concreto: la mayoría de los agresores no están en el tipo simple, la mayoría encaja en los supuestos agravados: porque hay relación previa, porque hay jerarquía, porque hay vulnerabilidad, porque hay abuso de confianza o de poder. Y ahí es donde la reforma es contundente: las penas suben, las salidas fáciles se cierran y la conducta se sanciona con mayor proporcionalidad.
Les quisiera decir a los diputados del PRI y del PAN, pero ya no están, se lo digo al pueblo de México y a las mujeres mexicanas: Esta iniciativa no sería posible sin la presidenta de México. Tuvieron gobernantes que lo que hicieron fue revictimizarnos. Ustedes construyeron fiscalías sin perspectiva de género.
Nos señalaron, tuvieron representantes populares acusados de abuso, de acoso y nunca los escuchamos decir nada, pero tuvo que llegar la presidenta de la República para que esto cambiara.
Es tiempo de mujeres. Con ella llegamos todas, y con nuestra secretaria Citlalli Hernández, existe la política pública para que dejara de ser Instituto de la Mujer y se construyera, y construyéramos, la primera Secretaría de las Mujeres.
Las mujeres en México no estamos solas, tenemos a la presidenta y en México tenemos mucha presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene hora el uso de la palabra la diputada Irma Yordana Garay Loredo. Y esta Presidencia hace un extrañamiento a todos los cumpleañeros del día de hoy porque, hasta el momento, no hemos recibido una rebanada de pastel. Que han sido varios.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo:Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo: A nuestro querido pueblo de México, pero principalmente a nuestras infancias, adolescencias y mujeres de todos los estados. En especial de mi querida Tlaxcala.
Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy nos reunimos para seguir avanzando en el camino de la justicia, un anhelo de las mujeres de cada rincón de nuestro país. Nos reunimos para continuar alzando la voz por todas aquellas que viven una realidad que las lastima, y que muchas veces padecen en silencio: el abuso sexual.
En México, millones de niñas, niños y adolescentes, sufren en el anonimato, sufren muchas formas de violencia, tales como: la psicológica, física, patrimonial, emocional y sexual. Violencias que dejan secuelas profundas e imborrables, reflejando las heridas que muchas hemos cargado durante años y que permanecen abiertas, causando dolor y daños profundos que no siempre son visibles, pero que marcan para siempre nuestras vidas.
Con frecuencia, ese tipo de violencia ocurre precisamente en lugares donde deberíamos sentirnos protegidas, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las comunidades, incluso en lugares que tendrían que brindar paz y tranquilidad.
Por ello, con esta reforma estamos dando un paso firme para que ninguna persona vuelva a quedarse callada, que tengan la certeza de que nunca más el silencio o la falta de resistencia podrán ser considerados como un consentimiento. Además, se garantiza la reparación del daño causado porque la justicia no puede ni debe ser una simulación.
Desde el Partido del Trabajo colocaremos siempre en el centro los derechos de las mujeres, trabajando en unidad, con determinación, para que el acceso a la justicia no se quede únicamente en el papel ni en el discurso, porque el tiempo de las mujeres no se detiene, por el contrario, avanza con más fuerza, dignidad y humanismo.
Desde cada trinchera seguiremos dando la batalla para que el futuro de nuestras niñas y mujeres de México sea libre de violencia, sin miedo y con mejores condiciones de vida para todas, donde ninguna barrera estructural violente su libertad, sus metas y sus aspiraciones. Es cuanto. Gracias.
Presidencia del diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por dos minutos con 30 segundos.
La diputada Lilia Aguilar Gil:Buenas tardes y con la venia de la asamblea. Quiero utilizar este tiempo no para hablar de los beneficios de los que ya todo el mundo ha hablado, sino de las áreas de oportunidad que tiene esta minuta y que por el acuerdo parlamentario nosotros no hemos podido subir reservas, pero que es indispensable hablar de ellas.
Dos, tres cosas. Primero. Sí, en efecto, clarifica la definición de abuso y pone en el centro la ausencia de consentimiento. Es decir, una mujer que existe, una mujer o un hombre que de alguna manera dice que no quiere estar en el acto sexual o en el abuso, se considera que no hay consentimiento y, como consecuencia, se da seguimiento.
Pero la verdad es que adolece esta iniciativa, primero, se suben las penas en relación a lo que se considera en muchos estados como Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León. El mismo caso que tuvimos en el caso de extorsión y que se nos dio la razón con el tiempo de que teníamos que subir las penas.
Se nos decía que era porque existían agravantes. Pues sí, existen agravantes, sobre todo para los padres de familia, tíos o los que sean dueños de la dependencia económica, pero la aumentan en un tercio de la pena.
Es decir, les voy a contar muy rápido el caso de un padre de familia, Aldo Soto Ruiz, un violentador, que, abusó a su hija de cinco años, cinco años, el año antepasado. Y que los jueces Carlos Jiménez y Leticia Damián, sin ningún sentido común, lo dejaron libre.
Y ¿saben cuál era el argumento? Que la niña se había mostrado tranquila. Una niña de cinco años que su padre la abusó. Por dios. Y el consentimiento puede ser también una trampa para los niños y las niñas.
Si un padre de familia, un tío de confianza le dice: te voy a tocar el pene o te voy a tocar el pubis, el niño, en la relación de confianza que tiene, puede dar consentimiento. Pero eso no puede ser una situación de excepción.
¿Qué es lo que el PT está proponiendo en este tema? Primero, que no se bajen las penas, el agravante no es suficiente. Para que ustedes me entiendan, con esta reforma ese hombre que violentó a su niña hace un año y medio estaría penando siete años en prisión. Siete años por hacerle, cambiarle la vida a una niña.
No podemos, sí tenemos que hablar de los logros, pero los logros se pueden eclipsar por este asunto. Y tenemos que exceptuar del consentimiento-no consentimiento a los menores de edad.
Miren, yo no soy ni jacobina ni creo que las penas aumentadas disminuyan la incidencia, pero lo que sí creo es que en un delito tan delicado donde existe solamente 1.5 por ciento de las denuncias llegan a un juicio y a una resolución, solamente 1.5. Nosotros creemos que tenemos que quitar todas las barreras y que no podemos dejar estos tres estados que ya tienen detenidos por abuso sexual en indefensión, sobre todo a las niñas y los niños.
Reconocemos el avance, pero creo que quedamos debiendo. Lo presentaremos en una iniciativa, pero está para la reflexión. El avance no es suficiente si lo hacemos a medias. Reconozco que la iniciativa es de primera y que no hubiese sucedido si no tuviéramos una presidenta mujer. No debe no considerarse eso, escatimarse, pero lo cierto es que dejamos todavía una puerta abierta, porque los animales que abusan niños y los tocan valiéndose de su autoridad, valiéndose de su autoridad tendrán una puerta y una salida.
¿Por qué? Porque el que abusa de un niño y una niña, sobre todo, de manera consuetudinaria hace un delito planeado y no deberíamos de darle de ninguna manera la salida de la preliberación, que también está considerada en esta reforma. Decía la diputada Maribel...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil:...y lo trajo a mi vista, que se dice que los cursos de capacitación en cuestión de género y de violencia deben ser un elemento importante, dice la reforma. Lo que nosotros debemos decir es que debe de ser obligatorio, pero además de ser obligatorio, debe retirarse si no cumple con los requisitos de ley.
Le estamos dando salidas a los violentadores y eso de verdad no es posible, no en los tiempos de la cuarta transformación. Con esto culmino. Felicito a la asamblea, pero quiero decirles que quedamos debiendo. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón:Gracias, presidente diputado. Sin duda alguna coincidimos que la ley no es perfecta, por supuesto, se irá construyendo y será perfectible. El dictamen de la minuta que hoy discutimos tiene como propósito principal reforzar nuestro marco jurídico para atender la violencia sexual con firmeza, responsabilidad y un auténtico sentido de justicia.
Este documento aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia, e Igualdad de Género, plantea una reforma integral en el artículo 260 del Código Penal Federal y sitúa en el centro del análisis lo esencial, la dignidad y la integridad de las personas, principalmente de mujeres que sufren violencia sexual.
Lamentablemente ser mujer en México también significa seguir viviendo con miedo, miedo a caminar sola, a regresar tarde a casa, a denunciar y cuando llegas al Ministerio Público resulta que el delito no encuadró.
En nuestro país, hasta noviembre de 2025 se aperturaron 25 mil carpetas de investigación por abuso sexual, 7 de cada 10 mexicanas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y cuando se permite que escale esta violencia, cada 10 mujeres son asesinadas y apenas 1 de cada 10 feminicidios logra una sentencia.
Durante mucho tiempo la legislación penal ha arrastrado ambigüedades que dificultan la adecuada persecución de delitos sexuales. Por ello, esta reforma al Código Penal plantea fundamentalmente que el consentimiento sea el elemento central para definir el delito. Que este consentimiento no pueda presumirse del silencio o la falta de resistencia.
En cuanto a las sanciones se fija una pena inicial de 3 a 7 años de prisión, además de multas contemplando y reforzando un esquema de 12 agravantes que permitan ajustar la sanción conforme a las particularidades de cada caso. Es decir, no solamente la sanción se habrá de generar en el centro de los 3 a 7 años, sino con las agravantes tendrán que ir aumentando.
De igual forma se establece que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio eliminando barreras que históricamente han dificultado la investigación de numerosos casos debido al miedo, a la presión o a la falta, justo, de recursos de la víctima, con ello el Estado asume plenamente su deber de actuar, investigar y proteger eliminando la revictimización.
Finalmente, la incorporación de talleres de reeducación con perspectiva de género y la realización de servicio a la comunidad como parte de la sanción, introduce componentes transformadores que atacan la raíz tan profunda que en la mayoría de los casos surge del contexto familiar y social, y así lograr una verdadera reinserción social y la conciencia del daño causado.
De esta medida se destaca que el enfoque en prevención para lograr un cambio cultural y disminuir de manera sostenida las conductas delictivas, la igual sustantiva no se decreta, se construye, se construye con prevención, con educación sexual integral, combatiendo los distintos tipos de violencia.
Por supuesto, en este rol social cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. Esta ley solamente se podrá dar cumplimiento si cada quien hace lo que le corresponde: sociedad, por supuesto gobierno, pero también los ejecutores y administradores de la justicia.
El abuso sexual degrada la seguridad y la confianza, cala muy hondo en el psique de las víctimas. Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, con el fin de mejorar y otorgar herramientas para la prevención del delito.
Por la justa aplicación de la ley y un México libre de violencia, es cuanto, presidente diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana María Balderas Trejo:Con su venia, presidente. Hoy discutimos la reforma a los artículos 260, 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual. Un tema que nos obliga a actuar con responsabilidad, sensibilidad y con visión de Estado.
No estamos frente a una discusión meramente técnica, estamos ante una decisión que impacta directamente a la protección de la dignidad e integridad de las personas, particularmente de quienes se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad: las víctimas.
Desde el Partido Acción Nacional hemos sostenido una postura clara, que México necesita leyes que protejan efectivamente a las víctimas, que garanticen justicia y que fortalezcan el Estado de derecho.
Por eso, acompañamos esta reforma en su propósito, únicamente, de actualizar el tipo penal conforme a estándares constitucionales e internacionales, incorporando una definición más amplia y clara del delito de abuso sexual y reconociendo que el consentimiento no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima. El silencio es no, la pasividad es no y la falta de resistencia física es no.
Este avance es fundamental. Durante demasiado tiempo, interpretaciones restrictivas han permitido que el miedo, la parálisis o la imposibilidad de reaccionar se utilicen en perjuicio de quien sufrió violencia sexual.
Reconocer explícitamente este principio contribuye a colocar a las víctimas en el centro del sistema de justicia y fortalece la protección de sus derechos humanos. Asimismo, valoramos positivamente que se establezca la persecución de oficio del delito conforme a la legislación aplicable.
Estas medidas pueden facilitar la denuncia, mejorar el acceso a la justicia y enviar un mensaje claro de que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar la violencia sexual. Sin embargo, nuestra responsabilidad legislativa también nos exige señalar con claridad aquellos aspectos que generen preocupación y que deben analizarse con seriedad.
La reconfiguración del tipo penal incluye una reducción en el rango de sanciones, pasando de 6 a 10 años de prisión a un margen de 3 a 7 años. Esta modificación resulta debatible frente a la gravedad del bien jurídico que se tutela.
Si bien se argumenta la armonización con legislaciones estatales y la posibilidad de facilitar salidas alternas en el proceso penal, debemos preguntarnos si esta disminución responde verdaderamente al interés superior de las víctimas o si podría percibirse como un mensaje contradictorio frente a la necesidad de combatir la impunidad.
Igual que la reparación del daño. Quiero que me digan cómo se puede reparar este daño. Además, establecer la persecución de oficio implica mayor responsabilidad para las instituciones, implica presupuesto.
Diputadas y diputados, presupuesto. No basta con modificar la ley. Es indispensable garantizar que el Estado cuente con ministerios públicos y fiscalías que estén capacitados, peritos especializados y protocolos adecuados para investigar con perspectiva de género y de derechos humanos. Sin fortalecimiento institucional, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en el papel. Esta reforma requiere presupuesto.
En Acción Nacional creemos en una política criminal seria, alejada del populismo punitivo, pero también comprometida con la protección real de las víctimas. La justicia no se construye únicamente con el aumento o la disminución de penas, sino con leyes claras, instituciones sólidas y procesos eficaces que generen confianza ciudadana.
Lo vemos como un avance, solo eso, y un pequeño avance, por ello acompañaremos el sentido del voto a favor de esta reforma, reconociendo en la definición del consentimiento y en el fortalecimiento del marco jurídico, pero reiteramos en Acción Nacional la importancia de mantener un análisis crítico y responsable sobre sus efectos en la sanación del delito y en la capacidad del Estado para implementarla.
No se trata de competir por quién propone una sanción madura o más grande, se trata de construir un sistema que funcione y que dé resultados. Las víctimas merecen justicia efectiva, no discursos. Merecen instituciones que actúen, no promesas que se queden en esta tribuna.
Sigamos trabajando para que esta reforma contribuya verdaderamente a erradicar la violencia sexual, a proteger a quienes más lo necesitan y a fortalecer el marco de justicia que nuestro país y nuestro querido México exige.
Nuestro compromiso en Acción Nacional es seguir trabajando para que el marco legal garantice protección efectiva, justicia pronta y reparación integral, porque las víctimas no necesitan discursos. Lo repito, necesitan instituciones que funcionen y leyes que verdaderamente las respalden. Esta reforma, repito, exige presupuesto.
Porque México está viviendo una pandemia de violencia sexual, yo escuché aquí decir: yo sí te creo. Escuché a muchas diputadas decir: yo sí te creo. Pero recuerden que hace meses no le creyeron a una, por defender a otro. Es cuanto, presidente, gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez:Con la venia de la Presidencia. Hoy vengo a hablar como mujer, como madre y como abuela que lucha todos los días porque este sea un mejor lugar para nosotras; porque nacer mujer no signifique tener que aprender a sobrevivir a las múltiples violencias.
Como representante popular, todos los días escucho historias que duelen, que marcan vidas y que muchas veces se quedan atrapadas en el silencio. Estoy aquí para alzar la voz por las que no pudieron hablar, por las infancias que fueron robadas y que hoy siguen siendo una herida abierta en miles de hogares.
El abuso sexual no es solo un delito tipificado en el Código Penal, es una agresión profunda a la dignidad humana. Es una ruptura de la confianza más básica. Es una violencia que no solo lastima el cuerpo, sino que quiebra la inocencia, deja cicatrices invisibles y trastoca para siempre la vida de las víctimas, de sus familias y hiere profundamente el tejido social.
Durante años, muchas víctimas no denunciaron por vergüenza, por miedo o porque el sistema no les creyó. Esa es una deuda histórica que tenemos como Estado y esa deuda hoy empieza a saldarse.
El dictamen que presentan las comisiones de Justicia, y de Igualdad de Género, fortalece nuestra legislación para proteger bienes jurídicos fundamentales: la libertad y autodeterminación sexual y la dignidad humana.
Con esta reforma enviamos un mensaje claro y firme: en México no habrá tolerancia para quien atente contra la libertad sexual de otra persona. Yo vengo de un barrio golpeado por la violencia y el abandono. De ahí aprendí que el silencio frente al abuso no es una opción y que la justicia no puede seguir llegando tarde para quienes han sido las víctimas.
Este dictamen se alinea y refuerza el Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado el 6 de noviembre de 2025 por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual.
La erradicación de este delito no es un tema de partidos, mucho menos de colores, es un tema de conciencia. Hoy debemos estar del lado de quienes fueron vulneradas y decirles con claridad: no están solas, el Estado les cree, las protege y las respalda.
Que nunca más una niña tenga que crecer creyendo que el silencio es su única defensa. Que nunca más una mujer tenga que cargar sola con el peso de una agresión que no provocó. Que esta reforma no sea solo letra en la ley, sino una esperanza en la vida de quienes han sufrido.
Que cada voto sea a favor un mensaje claro, su dignidad importa, su palabra vale y su justicia no puede esperar. Porque un país que protege a sus mujeres y a sus niñas es un país que protege su futuro.
Que esta reforma marque un antes y un después. Ni una víctima más en el abandono, y ni un agresor más en la impunidad. Porque la dignidad, por la justicia, por la dignidad y por el compromiso que se merecen las mujeres y las niñas de este país, mi voto será a favor de este dictamen.
Porque como lo ha dicho nuestra presidenta, es tiempo de mujeres sin violencia, porque el segundo piso de la cuarta transformación es violeta. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Agotada la lista de oradores, consulte. En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Suficientemente discutido.
Informo a la asamblea que se han registrado, por hechos, la diputada Noemí Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN, y el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra la diputada Noemí Luna. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Noemí, ¿qué? Bueno, gracias. Gracias, presidente. Primero, felicitar a las comisiones unidas que dictaminaron esta minuta, a la propia colegisladora, pero no podemos soslayar lo que también dijo mi compañera Lilia Aguilar, que se quedó corta la penalidad, porque anteriormente era de 6 a 10 años y la bajaron de 3 a 7.
Si bien hay un agravante, un catálogo de agravantes, la pena no va a ser superior en los mismos 10 años. Y no es punitivismo penal ni populismo penal, es realismo penal. Un perpetrador no puede, con subterfugios jurídicos, preliberaciones, salir y volver a cometer este tipo de delitos sexuales atroces.
Nosotros no queremos romper el consenso y que la minuta se vaya en sus términos aprobados por esta Cámara de Diputados, pero desde hoy anunciamos que vamos a proponer una reforma para que la penalidad vuelva a ser la anterior. Sería cuanto. Y calma por ahí... panista.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado Mejía. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Noemí Luna.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Desde el Partido, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Sonido en la curul de la diputada Noemí Luna.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (desde la curul): Gracias, presidente. Desde el Partido de Acción Nacional también reconocer que hay un dictamen...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Si se pudiera acercar un poco más al micrófono, diputada.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (desde la curul): Gracias, presidente. Desde el Partido de Acción Nacional también reconocer que, cuando se trata de cuestiones que son en beneficio de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres en general, se pueden lograr consensos.
Pero la ley por sí sola no sana el dolor. Las víctimas no necesitan discursos impecables. Las víctimas no necesitan leyes robustas. Necesitan instituciones valientes. Necesitan saber que si se denuncia no estarán solas y que, si se señala a un agresor, no se toparán con un muro de complicidades, como ya ha sucedido.
Por eso la invitación también es que, una vez que la ley sea una realidad, se ejecute sin distinción de quién es el violentador. Gracias, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema de votación, hasta por minutos, para que las y los diputados procedan a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Esta presidencia y esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a la Casa de las Leyes, al embajador de Finlandia en México Ari Mäki, invitado por el diputado Jaime López Vela, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados, señor Embajador.
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame, secretaria, si es tan amable, permítame. Es que tenemos aquí a una legisladora levantando la mano. Discúlpeme, secretaria.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Sigue abierto el sistema electrónico de votación para las diputadas y los diputados que falten de emitir su voto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame, secretaria, porque están facilitando el acceso de algunos legisladores. Entiendo que ya tenemos a la... ya, ¿verdad, diputada? Ya, perfecto. Gracias, secretaria.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Presidenta, se emitieron 431 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado en lo general y en lo particular por 431 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos ahora al apartado de las iniciativas. Tenemos iniciativas de todos los grupos parlamentarios registradas. Por tanto, iniciamos con la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de incorporación de la licencia menstrual. Adelante, diputada.
La diputada Rufina Benítez Estrada:Buenas tardes, compañeros diputados, diputadas, pueblo de México. Acudo a esta tribuna para presentar, ya en diciembre pasado habíamos abordado este tema en otra iniciativa, pero en el ámbito laboral, hoy es en el ámbito escolar.
Es una iniciativa que busca este reconocimiento en la Ley General de Educación para nuestras niñas de primaria, de secundaria, de preparatoria, de nivel universitario que padecen, las mujeres padecemos, yo creo que de hecho hay datos que entre un 60 un 80 por ciento del total de las mujeres hemos pasado por estos momentos molestos y que derivan del periodo menstrual.
Lo que buscamos con esta iniciativa es agregar la fracción XI al artículo 72 de la Ley General de Educación que busca la indicación expresa en la ley para que las mujeres y personas menstruantes puedan tener un permiso académico por menstruación dolorosa o incapacitante debidamente acreditada, conforme a los lineamientos que emita la autoridad educativa, sin que ello afecte su historial académico, evaluaciones, asistencia o permanencia escolar.
Es muy común en los centros de salud, en los servicios de urgencias que llegan estudiantes alumnas todavía con su uniforme escolar, llorando, con nausea, con vómito por un dolor intenso en el abdomen bajo. Una menstruación dolorosa que en términos médicos se conoce como dismenorrea y que resulta hay, sin duda, profesores, profesoras que entienden y ayudan a las jóvenes, pero hay profesores que no.
Entonces, el hecho de que parta de una iniciativa de los profesores o profesoras, creo que no debe ser, creo que debe quedar explícito, muy claro en la Ley General de Educación.
Es por eso que estamos planteando esta iniciativa, ya se han hecho esfuerzos en este sentido, pero no han prosperado.
Creo que tenemos que ir avanzando, estamos en momentos de transformación, lo acabamos de ver hace un momento, con esta reforma tan importante en materia de abuso sexual, pero tenemos que seguir avanzando y que ese hecho biológico, natural que tenemos todas las mujeres, pues sea tratado con el mayor apoyo y que debe estar en las leyes para que esos momentos tan dolorosos, pues se puedan atender de la mejor manera.
Es muy común, como ya lo comentaba, lo hemos visto en los centros de salud, realmente las niñas sufren mucho, a veces, incluso, requiere de hospitalización, porque es tan fuerte el dolor que es necesario hospitalizar para descartar otros problemas patológicos más delicados.
Es por eso que hacemos este llamado para seguir avanzando en los derechos de las mujeres, porque con ello esta legislatura daría pleno cumplimiento al artículo 1o. de la Constitución que prohíbe toda forma de discriminación, al artículo 3o. que reconoce el derecho a la educación, así como al artículo 4o., que garantiza el derecho a la salud. Entonces, pues esta es la iniciativa que hoy presento y, bueno, ojalá pueda concluirse de manera favorable. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de incorporación de la licencia menstrual, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, correspondiente a la LXVI Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de incorporación de la licencia menstrual.
Exposición de MotivosLa LXVI Legislatura, en nuestro país, busca la consolidación de un pleno Estado de Derecho, cumpliendo con la actualización y armonización de la legislación mexicana, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Aplicando lo anterior al contexto del desempeño de las mujeres y personas menstruantes en el ámbito laboral, es indispensable reconocer las condiciones fisiológicas propias que pueden intervenir, modificar o afectar su desempeño en diversos ámbitos de la vida. La licencia menstrual busca atender una realidad biológica que, históricamente, ha sido invisibilizada.
En el año 2011 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada de manera fundamental, esto con la finalidad de incorporar el reconocimiento a los derechos humanos en nuestra Carta Magna.
Además de lo anterior, con las recientes reformas en materia de igualdad sustantiva, resulta evidente la importancia de continuar el trabajo para seguir consolidando este principio no solo en el papel, sino en la realidad, buscando el ejercicio y garantía de los mismos derechos, oportunidades y condiciones para el pleno desarrollo. Con esto se busca contribuir para hacer efectiva la igualdad en la vida cotidiana.
De acuerdo con datos oficiales, nuestro país presenta una población total de 126,014,024 personas, de las cuales 61,473,390 son hombres y 64,540,634 son mujeres, lo que equivale al 51.2 por ciento de la población total (Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020).
Resulta importante precisar la distinción entre la población de hombres y la de mujeres, ya que la iniciativa que se presenta en este acto va enfocada a ese 51.2 por ciento de la población de mujeres y personas menstruantes, ya que las mujeres, en determinada etapa de la vida experimentan el ciclo menstrual.
Este proceso fisiológico que viven las mujeres y personas menstruantes puede explicarse a como sigue: “El sistema reproductor femenino, a diferencia del masculino, experimenta cambios cíclicos regulares conocidos como ciclo menstrual, que sirve como preparación periódica del cuerpo para la ovulación y un posible embarazo. El aspecto más notable del sistema reproductor femenino es la menstruación, o sangrado vaginal cíclico, que ocurre junto con una serie de cambios hormonales coordinados. La menstruación, suele comenzar alrededor de la pubertad y cesa con la menopausia (Fisiología, ciclo menstrual, 2024).
En México, millones de mujeres y personas menstruantes presentan día a día dolores que llegan a ser incapacitantes en muchos de los casos, ello derivado de la menstruación, lo que medicamente se ha conceptualizado como, dismenorrea. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la dismenorrea provoca dificultad en el desempeño de las actividades diarias normales. Se estima que el 50 por ciento de las mujeres han presentado dismenorrea en algún momento de sus vidas. Aunado a lo anterior, diversos estudios científicos señalan que entre el 50 por ciento y 80 por ciento de la población menstruante presenta molestias que llegan a ser significativas e influyen de cierta manera en el desarrollo de sus actividades cotidianas, mientras que al menos un 10 por ciento padece dolores intensos que limitan su capacidad para el desarrollo normal de sus actividades cotidianas, lo que incluye el desempeño escolar y laboral.
De conformidad con el informe presentado a partir de la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México en 2022, el 20 por ciento de las adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes que estudian o trabajan no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en escuelas, oficinas u hogares; 9 de cada 10 adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes encuestadas considera muy importante para su vida cotidiana el implementar diferentes tipos de iniciativas (eliminar el 16 por ciento de impuesto, favorecer/otorgar permisos menstruales y aumentar la disponibilidad de mayores recursos públicos para acceder a productos menstruales). Se señala que, sin distinción por escenario evaluado, la ignorancia y la desinformación son las principales razones mencionadas como explicación a las malas situaciones vividas, como lo son: los comentarios inapropiados en la calle, las frases molestas de familiares y las burlas de colegas o compañeros son las situaciones desagradables que han tenido que vivir las adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes durante sus ciclos. La intensidad de los dolores y el miedo a manchar la ropa son las dos principales razones que explican por qué dejan de realizar diferentes actividades.
De conformidad con el “Manual sobre salud menstrual para niñas, niños y adolescentes”, publicado por la UNICEF, “la salud menstrual consiste en sentirse bien, a gusto con nosotras mismas en todos los sentidos: física, emocional y socialmente, en todos los momentos de nuestra vida. Tener salud menstrual nos posibilita crecer y desarrollarnos plenamente, con buena autoestima, conocer el maravilloso lenguaje cíclico de nuestro cuerpo y poder vivir con dignidad, sin tabú ni vergüenza y con la posibilidad de gozar de todos nuestros derechos humanos”.
La incorporación del reconocimiento de una licencia menstrual en el marco normativo puede señalarse como una medida de acción afirmativa que materializa los principios de igualdad y no discriminación previstos en el artículo 1o. constitucional. Al tiempo que fortalece el derecho a la salud y al trabajo digno, educación, previstos en los artículos 4, 123 y 3 respectivamente.
En otros países la licencia menstrual se ha aprobado y lleva ya en operación algunos años, como ejemplo tomamos el caso de España que, en diciembre de 2022, aprobó el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva la que contempla una baja menstrual retribuida para las mujeres que sufren fuertes cólicos menstruales.
En la actualidad, la licencia menstrual se busca beneficie a las mujeres y personas menstruantes desde la llegada de la menstruación hasta su término, lo que implica el goce de este derecho en los distintos ámbitos de desarrollo de las mujeres y personas menstruantes. Con la presente iniciativa se busca garantizar el derecho efectivo en todos los niveles educativos.
El objetivo general de la presente iniciativa es contribuir en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas menstruantes a fin de solicitar una licencia escolar durante los días de incapacidad derivada del ciclo menstrual doloroso, sin que esto le implique afectación alguna en sus derechos laborales o alguna forma de discriminación.
Se busca que esta medida contribuya para la creación efectiva de un entorno escolar inclusivo al reconocer de forma explícita las necesidades biológicas que afectan la vida laboral de las mujeres y personas menstruantes.
Dentro de las facultades establecidas para el Congreso de la Unión, se encuentra la de expedir las leyes del trabajo según lo establecido en la fracción XXV del artículo 73 Constitucional. El Congreso de la Unión emitió la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019.
En la siguiente tabla se presenta, de manera sintetizada el contenido del proyecto de reforma a la ley:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación
Artículo Único: La reforma al artículo 72 de la Ley General de Educación, que se propone quedará conforme a lo siguiente:
Capítulo X Del educando como prioridad en el Sistema Educativo NacionalArtículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:
...
XI. Gozar de un permiso académico por menstruación dolorosa o incapacitante, debidamente acreditado conforme a los lineamientos que emita la autoridad educativa, sin que ello afecte su historial académico, evaluaciones, asistencia o permanencia escolar.
TransitorioÚnico: La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias bibliográficas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Censo de Población y Vivienda, 2020.
2 Secretaría de Salud. Qué es la dismenorrea, 2015.
https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-dismenorrea
3 Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, 2020.
https://www.essity.mx/Images/Reporte%20Resultados%20Encuesta%20E ssity%20MD%20y%20UNICEF_tcm347-146768.pdf
4 National Library of Medicine. Fisiología, ciclo menstrual, Dhanalakshmi K. Thiyagarajan; Hajira Basit; Rebeca Jeanmonod. 2024.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500020/
5 Manual sobre salud menstrual para niñas, niños y adolescentes, UNICEF, 2024.
https://www.unicef.org/mexico/media/7201/file/Manual%20para%20ni %C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Rufina Benítez Estrada, Maribel Solache González, Catalina Díaz Vilchis, Mónica Herrera Villavicencio, Carmelo Cruz Mendoza, Kenia Gisell Muñiz Cabrera, María Damaris Silva Santiago, Herminia López Santiago, Pedro Mario Zenteno Santaella (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional en la celebración de tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza:Gracias, presidenta. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy no vengo a hablar solamente de una reforma constitucional: vengo a hablar del agua, del campo, de miles de familias que están viendo cómo su tierra se queda seca mientras nosotros seguimos aquí discutiendo.
Esta iniciativa se tomó en abril del 2025 por el Partido Acción Nacional y hoy lo retomo porque lo que está sucediendo en nuestro país lo acontece. México enfrenta una de las crisis hídricas más graves de su historia reciente. No es alarmismo: es una realidad que ya impacta el empleo, la producción y la mesa de las familias.
En el norte del país: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, el campo se está paralizando. Como ejemplo, en Tamaulipas, el distrito de riego 025, llamado Bajo Río Bravo, uno de los más importantes del país, tiene cerca de 200 mil hectáreas de riego destinadas a sorgo, maíz, algodón y soya. Hoy, 150 mil de esas hectáreas no se encuentran sembradas por falta de agua. Esto no es una cifra: son empleos que no se generan, familias que no cosechan y economía local que se detiene.
El agua que alimenta al distrito 025 depende de las presas Falcón, Marte R, Gómez y el Río Bravo. Este pertenece al Tratado de 1944 que obliga a México a entregar mil 750 millones de metros cúbicos cada cinco años a Estados Unidos, el tratado debe cumplirse en lo estipulado. Para cumplir no se debe entregar agua de afluentes distintos a los mencionados en el tratado, que es lo que está sucediendo actualmente.
Y no solo el campo está comprometido, en la frontera del norte se necesitan 350 millones de metros cúbicos para abasto de la población fronteriza, ahorita solo se cuenta con 135 mil millones de metros cúbicos, esto pone en riesgo a la frontera. Y lo mismo sucede con Monterrey, que ya se tomaron 400 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo.
Nadie propone incumplir los compromisos internacionales, lo que decimos es que no se puede cumplir comprometiendo la supervivencia del campo mexicano. Mientras se priorizaba entregas extraordinarias, productores denunciaban quedarse sin agua en plena temporada agrícola.
Por eso, esta iniciativa es fundamental, propone que cuando se firmen minutas que comprometan las aguas nacionales, también se exija la consulta a los mexicanos y la aprobación del Senado. Que se escuche a la población afectada, que el Senado revise no solo el tratado sino sus instrumentos derivados para que se regale agua mexicana a través de acuerdos ilegales del gobierno de la República.
Necesitamos que nuestra presidenta esté bien informada y que se rodee de técnicos que sí conozcan de la materia. No basta con la confianza para dar resultados, se requiere capacidad y experiencia.
Hace meses aquí en esta tribuna, Morena decía que sin maíz no hay país. Hoy les digo, que sin campo y sin agua no hay país. No se equivoquen, no se confundan, en enero de este año se importó 2 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico, México no es autosuficiente en maíz amarillo, importamos millones de toneladas cada año, principalmente de Estados Unidos, importamos maíz transgénico para alimentar ganado y sostener cadenas productivas.
Esta reforma es a favor de México, a favor de la gestión estratégica del agua, a favor de evitar mayor dependencia alimentaria es un tema de seguridad nacional.
El campo está en un punto de quiebre. El agricultor quiere agua suficiente, financiamiento real y cadenas de distribución con reglas claras para poder competir con el maíz extranjero. Nuestros agricultores compiten contra maíz transgénico extranjero con subsidio, desventajas comerciales y ahora, además, escasez de agua.
Esto es condenarlos a desaparecer. Si el campo desaparece, México pierde independencia. No es un debate ideológico, es supervivencia productiva. El agua se está acabando, el campo se está deteniendo y México no puede quedarse sin alimentos propios. Hoy no podemos hablar de partidos, sino de tierra, de agua y de familias que viven del campo.
Convoco con muchísimo respeto a todas y todos los diputados de cada fuerza política y de los estados involucrados a revisar el Tratado de 1944 a que se inicie inmediatamente una revisión y un análisis profundo de su impacto actual y que nos sumemos al Senado en el ámbito de sus facultades para incidir en las decisiones que el país necesita.
Nuestros agricultores no distinguen colores cuando ven secarse sus parcelas. Nos necesitan unidos, responsables y valientes antes de que pongamos en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Actuemos ahora con sensibilidad, con visión de Estado y con amor por México, antes de que colapse nuestro campo. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional en la celebración de tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, y los integrantes la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional en la celebración de tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosEsta propuesta de reforma constitucional no constituye un planteamiento aislado ni improvisado. Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional han impulsado previamente esta iniciativa en abril de 2025; sin embargo, ante el agravamiento sustancial de la crisis hídrica que enfrenta el país —y de manera particularmente crítica en los estados del noreste mexicano— resulta impostergable retomar el debate y actualizar su justificación. La dimensión que hoy ha alcanzado la problemática del agua exige una respuesta institucional firme, estratégica y con visión de Estado.
México enfrenta actualmente un escenario de estrés hídrico estructural. Las sequías prolongadas, la disminución sostenida de los niveles en presas estratégicas y la presión creciente sobre cuencas internacionales han configurado un panorama que ya no puede ser atendido únicamente con medidas administrativas coyunturales. La crisis hídrica está generando consecuencias delicadas para la economía nacional, para el sector agropecuario y, de manera particularmente preocupante, para la soberanía alimentaria del país.
El agua es no sólo un recurso natural sino un insumo estratégico para la producción de alimentos, para el empleo rural y para la estabilidad social de amplias regiones del territorio nacional. Cuando su disponibilidad se ve comprometida, los efectos trascienden el ámbito local y adquieren una dimensión económica y geopolítica.
Un ejemplo claro de esta situación es el distrito de riego 025, Bajo Río Bravo, al norte de Tamaulipas, uno de los distritos de riego más importantes de México. Cuenta con una superficie aproximada de 200 mil hectáreas destinadas principalmente al cultivo de sorgo y maíz, productos básicos para el abasto nacional y pieza clave de la cadena agroalimentaria.
La operación de este distrito depende directamente del agua proveniente de las presas Falcón y Marte R. Gómez, así como de las aportaciones del río Bravo, cuerpos de agua cuya administración y control recaen, en buena medida, en autoridades federales. En consecuencia, cualquier determinación sobre distribución, liberación o asignación de volúmenes impacta de manera inmediata en la viabilidad productiva de la región.
La crisis que hoy enfrenta el distrito 025 no es un fenómeno aislado ni reciente; sin embargo, en los ciclos agrícolas más recientes se ha profundizado de forma alarmante. Más de 50 mil hectáreas han quedado sin sembrar debido a la falta de agua. Esta cifra representa una pérdida directa de superficie productiva, con impactos económicos, sociales y alimentarios de gran magnitud.
La reducción de superficie cultivada no solo afecta la producción de granos; impacta empleos rurales, cadenas productivas, proveedores, transportistas, agroindustrias y economías locales completas. La falta de agua paraliza el sistema integral de riego y pone en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen del campo.
La crisis hídrica en el norte del país ha escalado a niveles que incluso complican relaciones interestatales e internacionales. Las decisiones de distribución adoptadas en el ámbito federal han generado tensiones regionales al reducir volúmenes disponibles para estados productores estratégicos.
La problemática en Tamaulipas y Nuevo León adquiere una dimensión adicional al estar vinculada a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el marco del Tratado de Aguas de 1944. Dicho instrumento establece que México debe aportar a Estados Unidos un volumen promedio mínimo de mil 750 millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años provenientes de los afluentes mexicanos del río Bravo.
En un contexto de abundancia, este esquema opera bajo parámetros técnicos previsibles. Sin embargo, en un escenario de sequía prolongada y reducción de aportaciones naturales, el cumplimiento de estos compromisos se vuelve particularmente complejo y socialmente sensible.
La escasez de agua ha vuelto a colocar el tema hídrico como un punto delicado en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Recientemente, en el marco del cumplimiento extraordinario del tratado, se priorizaron entregas adicionales de agua hacia el vecino país del norte —incluyendo liberaciones desde infraestructura vinculada al noreste mexicano—, lo cual derivó en que productores locales reportaran quedarse “sin una gota” para riego en plena temporada agrícola, con efectos directos en siembras y producción.
Este contraste evidencia la necesidad de fortalecer el marco constitucional para asegurar que, en la celebración o modificación de tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, exista una ponderación integral de los impactos económicos, sociales y territoriales que tales decisiones generan en regiones estratégicas del país.
El 1 de abril de 2025 fue publicada una reforma del artículo 40 constitucional, que reforzó el principio de soberanía nacional, estableciendo que el pueblo de México no aceptará actos desde el extranjero que lesionen la independencia, integridad o soberanía de la Nación. La presente iniciativa busca complementar ese espíritu constitucional, estableciendo mecanismos que garanticen que el aprovechamiento estratégico de los recursos hídricos nacionales sea protegido con visión de largo plazo.
Es importante subrayar que esta propuesta no pretende desconocer compromisos internacionales ni vulnerar el principio de buena fe en las relaciones exteriores. Por el contrario, busca fortalecer la legitimidad interna de las decisiones que se adopten en esta materia, dotándolas de mayor respaldo democrático y transparencia.
La iniciativa plantea que los tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación requieran, previo a su aprobación legislativa, un mecanismo de consulta a la población potencialmente afectada.
No obstante, para garantizar la plena constitucionalidad y operatividad de este mecanismo, se establece expresamente que su implementación deberá ser precedida por las adecuaciones normativas necesarias, incluyendo los ajustes correspondientes al artículo 35 constitucional y a la legislación reglamentaria en materia de consulta popular, a efecto de definir autoridad convocante, ámbito territorial, umbrales de participación y efectos jurídicos.
De igual forma, se considera imprescindible que en el ámbito y operatividad de esta propuesta en inmediato se establezcan los mecanismos normativos que permitan la revisión y consideración o reconsideración de los términos de los tratados internacionales vigentes. Cualquier revisión, modificación o eventual denuncia de instrumentos internacionales deberá sujetarse a los procedimientos constitucionales y al derecho internacional aplicable, incluyendo el análisis técnico y jurídico correspondiente por parte del Senado de la República.
La reforma que se propone busca equilibrar soberanía, responsabilidad internacional y protección del interés nacional. En un momento en que el país enfrenta una crisis hídrica con consecuencias económicas profundas, fortalecer los mecanismos constitucionales de deliberación y participación no es un acto político coyuntural, sino una medida estructural orientada a preservar la estabilidad productiva, la seguridad alimentaria y la soberanía nacional.
Hoy más que nunca, el agua debe entenderse como un recurso estratégico cuya administración exige visión de Estado, coordinación institucional y responsabilidad intergeneracional. Esta iniciativa constituye un paso en esa dirección.
La presente iniciativa no pretende introducir una prohibición absoluta ni rígida en materia de política exterior, sino establecer salvaguardas constitucionales que obliguen al Estado mexicano a incorporar criterios de evaluación territorial, productiva y social antes de comprometer el aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la Nación en instrumentos internacionales.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Este principio no es meramente declarativo; constituye uno de los pilares históricos del constitucionalismo mexicano y representa la base jurídica de la soberanía sobre los recursos naturales.
Si la nación es la titular originaria de las tierras y aguas, resulta jurídicamente congruente que cualquier decisión que implique compromisos internacionales sobre su aprovechamiento estratégico sea adoptada según parámetros de máxima responsabilidad institucional y con mecanismos de participación democrática adecuados.
El Tratado de Aguas de 1944, celebrado entre México y Estados Unidos, es un ejemplo claro de instrumento internacional que regula el aprovechamiento de recursos hídricos compartidos. Dicho tratado establece, entre otras disposiciones, que México debe aportar a Estados Unidos un volumen promedio mínimo de mil 750 millones de metros cúbicos en ciclos quinquenales provenientes de los afluentes mexicanos del río Bravo.
Si bien este instrumento ha sido históricamente un pilar de la cooperación bilateral en materia hídrica, el contexto climático, demográfico y productivo actual es sustancialmente distinto al de 1944. El crecimiento poblacional, la expansión agrícola, la variabilidad climática y la reducción en los niveles de almacenamiento de presas estratégicas obligan a replantear la manera en que se toman decisiones vinculadas al cumplimiento de dichos compromisos.
La crisis hídrica no puede analizarse únicamente desde la óptica diplomática; debe considerarse también su impacto en la estabilidad económica nacional, en la producción de alimentos y en la cohesión social de regiones enteras. Cuando la liberación de volúmenes para cumplir compromisos internacionales coincide con ciclos agrícolas críticos y con niveles históricamente bajos en presas estratégicas, el efecto inmediato recae en productores nacionales, en empleos rurales y en la cadena agroalimentaria.
En este contexto, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer la intervención del Senado de la República en el análisis no solo de los tratados internacionales en su origen, sino también de los instrumentos jurídicos derivados de éstos —actas, acuerdos técnicos o modificaciones operativas— que puedan generar efectos materiales relevantes en el territorio nacional.
El diseño constitucional actual establece en el artículo 76, fracción I, que corresponde al Senado aprobar los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar o enmendar los mismos. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que existen instrumentos derivados cuya trascendencia material puede equipararse a la de una modificación sustantiva del tratado, sin que necesariamente pasen por un análisis legislativo integral.
Por ello, la presente iniciativa propone clarificar y robustecer el papel del Senado, incorporando expresamente la revisión de instrumentos jurídicos derivados de tratados internacionales cuando éstos incidan en el aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación.
De igual forma, se plantea que, tratándose de tratados internacionales relativos al aprovechamiento estratégico de recursos hídricos o territoriales, deba establecerse un mecanismo de consulta a la población potencialmente afectada. Esta consulta no busca sustituir la conducción de la política exterior —atribución constitucional del Ejecutivo federal— ni invadir la esfera competencial del Senado, sino complementar el proceso deliberativo con un elemento de legitimidad democrática territorial.
Para garantizar la plena constitucionalidad de este mecanismo, podemos dejar en calidad de prioritario revisar y realizar las adecuaciones normativas que resulten necesarias, a fin de definir con precisión lo necesario, como lo es el alcance territorial, autoridad organizadora y efectos jurídicos.
El propósito de esta reforma no es debilitar la política exterior mexicana ni desconocer el principio pacta sunt servanda que rige en el derecho internacional. Por el contrario, busca fortalecer la posición negociadora del Estado mexicano al dotar a sus decisiones de mayor respaldo institucional y social.
Un Estado que incorpora mecanismos de análisis técnico, participación democrática y deliberación parlamentaria sólida en la celebración o modificación de tratados internacionales no se debilita frente a sus contrapartes; se fortalece, al sustentar sus posiciones en una legitimidad interna robusta.
La actual coyuntura hídrica ha puesto en evidencia que la administración del agua no puede reducirse a un asunto técnico-operativo. Se trata de un tema de seguridad nacional en su dimensión alimentaria, económica y territorial. La soberanía alimentaria depende, en buena medida, de la capacidad del país para garantizar la disponibilidad suficiente de agua para sus distritos de riego estratégicos.
Permitir que decisiones de alto impacto productivo se adopten sin mecanismos adicionales de evaluación y consulta puede generar tensiones sociales innecesarias, afectar la confianza institucional y comprometer la estabilidad de regiones productivas clave.
Por ello, la presente reforma pretende construir un equilibrio entre tres principios fundamentales:
• El respeto de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
• La defensa del interés nacional y la soberanía sobre los recursos estratégicos.
• La participación democrática y la deliberación parlamentaria reforzada en decisiones de alto impacto territorial.
El fortalecimiento constitucional que aquí se propone responde a una realidad concreta: el agua se ha convertido en uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI. Su administración exige visión de largo plazo, coordinación entre poderes y niveles de gobierno, y mecanismos que permitan anticipar y mitigar conflictos.
En consecuencia, esta iniciativa no solo retoma una propuesta previamente planteada por legisladores de Acción Nacional, sino que la actualiza y la robustece ante una crisis que ya no admite postergaciones. El noreste mexicano enfrenta hoy una situación que impacta directamente la producción de alimentos básicos, la estabilidad económica regional y la relación bilateral en materia hídrica.
Atender esta problemática desde el ámbito constitucional constituye una acción preventiva y estructural. No se trata de reaccionar ante un conflicto específico, sino de establecer reglas claras que orienten la actuación futura del Estado mexicano cuando se encuentren en juego recursos estratégicos para el desarrollo nacional.
El fortalecimiento de la soberanía no se expresa únicamente en declaraciones normativas; se materializa en instituciones sólidas, procedimientos transparentes y decisiones respaldadas por análisis técnico y participación democrática.
En congruencia con lo expuesto, resulta indispensable profundizar en uno de los ejes centrales de la presente reforma: el reconocimiento expreso y reforzado del papel del Senado de la República en el análisis, aprobación y eventual revisión de los tratados internacionales y de los instrumentos jurídicos que de ellos se deriven cuando estén involucrados el aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación.
La Constitución vigente establece con claridad que corresponde al Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que éste suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. No obstante, la práctica reciente ha evidenciado que existen instrumentos técnicos, actas o acuerdos derivados de tratados internacionales que, sin modificar formalmente el texto del tratado, pueden incidir de manera significativa en su aplicación práctica y en los efectos materiales que generan en el territorio nacional.
En materia hídrica, esta circunstancia cobra especial relevancia. Determinaciones operativas o acuerdos derivados pueden alterar calendarios de entrega, criterios de medición, parámetros de cumplimiento o mecanismos de compensación, produciendo impactos concretos en distritos de riego, productores y economías regionales. Si tales instrumentos generan efectos equivalentes a una modificación sustantiva en la ejecución de un tratado, resulta constitucionalmente razonable que el Senado conozca de ellos y ejerza su función de control político y deliberación institucional.
Por ello, la reforma propuesta de los artículos 76 y 89 de la Constitución busca clarificar y robustecer el alcance de la intervención del Senado, estableciendo expresamente que su facultad de aprobación se extiende también a los instrumentos jurídicos que se deriven de tratados internacionales, particularmente cuando estos incidan en el aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación.
Esta precisión normativa no invade la esfera competencial del Ejecutivo Federal ni limita su facultad de dirigir la política exterior; por el contrario, fortalece el equilibrio entre poderes, reafirma el sistema de pesos y contrapesos y dota de mayor legitimidad institucional a las decisiones adoptadas en el ámbito internacional.
La reforma incorpora la previsión de que los tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la Nación requieran, previo a su aprobación legislativa, del consentimiento de la población afectada a través de un mecanismo de consulta. Como se ha señalado previamente, la implementación operativa de dicho mecanismo deberá sujetarse a las adecuaciones normativas necesarias para garantizar su plena constitucionalidad, claridad procedimental y viabilidad técnica.
La reforma constitucional constituye el punto de partida para un desarrollo legislativo posterior que precise modalidades, alcances, procedimientos y efectos jurídicos de la consulta, asegurando que su instrumentación se realice bajo parámetros de certeza jurídica, respeto al orden constitucional y armonización con el sistema de democracia participativa previsto en el artículo 35 de la propia Constitución.
En lo relativo a las disposiciones transitorias que acompañan el proyecto de decreto —y que se mantienen en los términos propuestos en el comparativo y texto antes presentado—, éstas cumplen una función de orden y transición normativa, orientada a garantizar que el nuevo marco constitucional pueda aplicarse de manera progresiva y ordenada.
El transitorio relativo a los tratados internacionales vigentes en materia de aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la Nación no implica su cancelación automática ni su desconocimiento unilateral, sino que prevé su sujeción a un análisis conforme al nuevo marco constitucional. Ello deberá realizarse bajo los principios del derecho internacional aplicable, respetando los procedimientos previstos en los propios instrumentos internacionales y en la legislación nacional correspondiente.
De igual forma, el transitorio que otorga a la Cámara de Senadores un plazo determinado para ratificar o, en su caso, solicitar la modificación de instrumentos jurídicos derivados de tratados internacionales vigentes tiene como propósito asegurar que el órgano legislativo ejerza de manera plena y efectiva las facultades que la reforma le reconoce, garantizando una revisión institucional ordenada.
Finalmente, el transitorio relativo a los instrumentos derivados del Tratado de 1944 —incluida el Acta 331— tiene como finalidad que el Senado cuente con la información técnica necesaria para realizar un análisis exhaustivo y transparente, asegurando que cualquier determinación futura se adopte con base en datos objetivos, evaluaciones técnicas y criterios de interés nacional.
El fortalecimiento del papel del Senado en esta materia no debe entenderse como un obstáculo a la cooperación internacional, sino como un mecanismo que robustece la posición del Estado mexicano al incorporar deliberación democrática, control constitucional y respaldo institucional en decisiones de alta trascendencia estratégica.
En suma, se busca articular un modelo constitucional más equilibrado, en el que la conducción de la política exterior, la protección de los recursos estratégicos y la participación democrática converjan en un esquema de responsabilidad compartida entre poderes.
La crisis hídrica que enfrenta el noreste del país no es un episodio pasajero; es una advertencia estructural sobre la necesidad de fortalecer nuestras instituciones y anticipar escenarios complejos. El agua es un recurso vital para la producción de alimentos, para la estabilidad económica y para la paz social. Su administración responsable es condición indispensable para preservar la soberanía nacional y la seguridad alimentaria de las generaciones presentes y futuras.
Por ello, esta iniciativa —retomada y fortalecida ante la gravedad de la coyuntura actual— constituye una propuesta integral orientada a consolidar el principio de soberanía sobre los recursos de la nación, robustecer el equilibrio entre poderes y garantizar que las decisiones en materia de tratados internacionales relacionados con tierras y aguas se adopten con responsabilidad, legitimidad democrática y visión estratégica de largo plazo.
Para una mejor identificación del texto normativo que se pretende reformar, se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación.
Con esta propuesta, se fortalece el espíritu de la reforma del 1 de abril de 2025 al artículo 40 constitucional, en el sentido del respeto irrestricto de la soberanía nacional; se empodera a la ciudadanía que se vería afectada por un tratado internacional, bajo la premisa de la “soberanía popular”, en un ejercicio de gobernanza; y se evita que instrumentos jurídicos que se desprenden de tratados internacionales puedan afectar a nuestra nación.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración del pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional en la celebración de tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación
Único. Se reforman los artículos 40, segundo párrafo; 76, fracción I, segundo párrafo; y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 40. ...
El pueblo de México, en ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones, ceder el aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
...
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, adicionar, actualizar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, o sobre los instrumentos jurídicos que de estos se deriven. Aquellos tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la Nación, previamente requerirán del consentimiento de la población afectada, a través de una consulta popular;
II. a XIV. ...
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
I. a IX. ...
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, adicionar, actualizar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, o sobre los instrumentos jurídicos que de estos se deriven, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Los tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, requerirán, antes de aprobación del Senado, del consentimiento de la población afectada, a través de una consulta popular. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
XI. a XX. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, que se encuentren vigentes a la fecha de publicación del presente decreto, deberán ser sometidos a consulta popular dirigida a la población de las regiones afectadas, en el plazo de seis meses. Si el resultado de la consulta fuese mayoritariamente en contra de la ratificación del tratado, éste quedara inmediatamente sin efectos para el Estado mexicano”.
Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la Cámara de Senadores contará con ciento ochenta días naturales, posteriores a su entrada en vigor, para ratificar o, en su caso, solicitar al Ejecutivo federal la modificación, de aquellos instrumentos jurídicos derivados de tratados internacionales y convenciones diplomáticas que se encuentren vigentes.
Cuarto. En tratándose de los instrumentos jurídicos vigentes que se derivan del Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el golfo de México, del 14 de noviembre de 1944, el Ejecutivo federal contará con un plazo de treinta días naturales para remitir al Senado el acta 331, “Medidas para mejorar la confiabilidad y predictibilidad de las entregas de agua del río Bravo, en beneficio de México y Estados Unidos”, firmado el 7 de noviembre de 2024 por la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, así como la demás información técnica necesaria para el efecto de que aquella Cámara analice y, en su caso, ratifique el referido instrumento en los siguientes diez días naturales. El Senado deberá garantizar estrictamente que las aguas propiedad de la nación, descritas en el artículo 27 de esta Constitución, sólo puedan ser aprovechadas en territorio nacional para el beneficio de la población mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.– Diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y LEY DE COMERCIO EXTERIOR
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley de Comercio Exterior en materia de certificación de no deforestación para la exportación de productos y subproductos agropecuarios, suscrita por el diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo:Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, señora presidenta.
Al pueblo de México, su servidor, diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del Partido Verde, en mi representación, y también de mi compañero diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Partido Morena, venimos ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, para presentar iniciativa para modificar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Comercio Exterior, para evitar que la tala inmoderada de los bosques y las selvas por causa de cambio de uso de suelo para la generación de productos agropecuarios, siga siendo una causa de pérdida, no solamente de territorio forestal, sino también de riesgo para el comercio exterior de productos agroalimentarios de México.
Si bien, la producción agroalimentaria es prioritaria en México, también es la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de México. Más aún, porque los servicios ambientales que proveen las masas arboladas, los bosques y las selvas de México, son indispensables para la propia producción agroalimentaria.
Recordemos que nuestros recursos naturales son la fuente de la regulación de la temperatura, de la materia orgánica, de la conservación del suelo, de la generación de oxígeno, pero más importante, es elemental conservar las masas arboladas para contar con agua para la producción agroalimentaria.
Irónicamente, al estar talando bosques para la producción agroalimentaria, estamos poniendo en riesgo esta misma, pero, además, la biodiversidad de nuestro país. Estos servicios ambientales son, además, elementales para la vida misma, para la sociedad. Por otro lado, los productos agropecuarios son también de suma importancia para el comercio exterior de nuestra nación.
Simplemente, la exportación de productos agroalimentarios a Estados Unidos se estima por encima de los 50 mil millones de dólares. Y la tala de bosques y selvas para el establecimiento de producción agrícola o pecuaria puede poner en riesgo este importante mercado del cual dependen miles y miles de familias y que es tan impactante para la economía de nuestro país, pues Estados Unidos ha publicado un marco de política para combatir la deforestación ilegal por estas causas. ¿Qué quiere decir? Que ante la deforestación es probable que Estados Unidos no acceda a comparar productos mexicanos.
Además, perdón, además de que Europa y otros países están, con justa razón, tomando medidas similares. Perdón. Por eso es importante certificar que los productos agropecuarios en nuestro país estén libres de deforestación, ejemplo, el aguacate, la palma, los cítricos, el café, entre otros.
Además, insisto, acabar con la masa arbolada es afectar los recursos naturales indispensables para la producción agroalimentaria. Es por eso que proponemos reformar el artículo 15 de la Ley General de Comercio Exterior, adicionar la fracción IV en materia de regulación y restricción no arancelaria a la exportación de mercancías cuando se trate de preservar la flora y fauna en peligro de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies y evitar la deforestación.
Asimismo, reformar los artículos 10, 14 y 68 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México para facultar a la federación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder certificar que los productos agropecuarios son libres de tala de bosques y de selvas.
Como pueden ver, esta reforma es a favor de los recursos naturales, es a favor de la biodiversidad y es a favor de la vida misma, pero, sobre todo, es a favor de proteger los productos agroalimentarios que exportamos orgullosamente a Estados Unidos y al resto del mundo. Y también es defender la economía de miles de familias campesinas que orgullosamente generan estos productos que nos representan en el mundo entero. Esto con una visión de producción sostenible y responsable.
Quisiera dar mi reconocimiento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la visión de sostenibilidad al respecto. Y quiero hacer una mención especial al grupo de asesores del Partido Verde, encabezados por Gregorio Pulido, por su respaldo y apoyo para este trabajo también.
Muchas gracias. Dejo esta iniciativa en sus manos. Es cuanto. Dios les bendiga. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a las comisiones de Medio Ambiente, y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de impulsar la adopción de prácticas agroecológicas en los sistemas de producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández:Ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso del pueblo de México. Vengo... Hay que sacar un 10, Borrego. Vengo a hablar del mismo tema: del campo.
Hemos quedado a deberle mucho al campo. Si iniciamos desde que el campesino quiere sembrar la tierra, el precio del diésel para mover las máquinas es muy alto. Si nos vamos a la semilla, quienes ganan son las grandes empresas fuera del país, que les venden el precio carísimo la semilla a los campesinos, y que no es semilla producida en México.
Si nos vamos a los fertilizantes, si nos vamos a cada una de las etapas de aplicación para poder cosechar, todos esos insumos la mayoría, la mayoría vienen de las grandes transnacionales.
Todavía el campesino, y lo alabo ahorita, el problema del agua ahí está: escasa y cara, y con deficiencias técnicas para que llegue hasta la parcela. Y nos vamos a los precios de garantía, de la misma manera.
Y dicen los campesinos que sale más caro —escúchenlo bien—, que sale más caro ir a una ida al baño que un kilo de maíz, porque la ida al baño vale 10 pesos y el kilo de maíz vale menos de 6 pesos. Esa es la gran diferencia.
Pero el problema no para ahí, el problema para el campesino y para todos los mexicanos y para el campo es todavía mucho más grave: la aplicación de los químicos, la aplicación de todos los insumos que se aplican a la parcela y que la están asfixiando, la están enfermando y la están enfermando de cáncer.
Más de la mitad de las tierras del país ya tienen problemas graves, graves problemas que tienen, que ha causado en esa problemática que se ocupa ahí y ahí está el problema, una actividad de verdad muy seria, agroecológica como alternativa moderna a la producción del sector rural como una estrategia de supervivencia nacional para el campo.
La realidad, pues es muy cruda. Insistimos, nos dice que nuestros sistemas agroindustriales han generado deforestación, pérdida de diversidad, degradación del suelo y contaminación del agua. Nada más fíjense qué problema tan fuerte. Y esto lo hemos aumentado, la producción, sí, pero a costa de hipotecar el futuro de la nación aplicando estos productos.
Tenemos pues un país que pierde sus suelos fértiles, pierde su capacidad productiva y aparte pierde su soberanía. Un país que pierde su agua y pierde su estabilidad, es un país que depende de insumos externos, pierde su independencia económica y eso es geopolítica agrícola. Es un grave problema no nada más de México, sino de carácter mundial.
¿Y qué es la agroecología en términos de poder? Es un sistema productivo que reduce la dependencia de fertilizantes y tecnologías tóxicas, recupera los ecosistemas devastados por la agricultura industrial, fortalece la autonomía del productor rural y protege la salud del consumidor y del medio ambiente. Es estrategia de Estado de largo plazo.
Esta iniciativa envía un mensaje claro, en México la tierra no es un laboratorio extranjero ni el campesino es un cliente cautivo. El campo es signo de la soberanía nacional. Decidamos si México será dueño de su tierra o seguirá alquilando su futuro.
La presente iniciativa propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la asistencia técnica, capacitación y programas productivos del sector rural, a cargo del sector público, adopten criterios agroecológicos. No como recomendación, no como discurso, más bien como política pública estructural del Estado mexicano.
Impulsar y adoptar prácticas agroecológicas en los sistemas de producción rural servirá para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales porque quien no planifica y protege su sistema de producción de alimentos, termina siendo planificado por otros.
La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Marco Tulio Cicerón.
Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias por su atención y sáquense un diez. Es cuanto. Arriba Navolato.
«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de impulsar la adopción de prácticas agroecológicas en los sistemas de producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de impulsar la adopción de prácticas agroecológicas en los sistemas de producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera, bajo la siguiente
Exposición de MotivosLa agroecología, entendida como la conjunción de técnicas agrícolas y de gestión de recursos, encauzada a la producción bajo criterios de sostenibilidad, sustentabilidad e innovación de mecanismos, aplicables estos a través de procesos que promueven la biodiversidad, el uso de conocimientos y prácticas tradicionales, distantes de los métodos productivos convencionales marcados por la competencia y exigencia de los mercados, se perfila como un modelo necesario para el cuidado y armonía con el medio ambiente y la salud de los consumidores.
Ocurre así un agroecosistema, cuya esencia considera y cuida las relaciones entre plantas, animales, suelo, agua, clima y seres humanos. La aplicación del modelo deriva en cultivos diversos, menor dependencia de insumos externos y uso de nutrientes reciclados. Deja de lado el uso de tecnologías toxicas que atenta contra la salud humana y la del medio ambiente que rodea a los sistemas productivos primarios.
A partir del reconocimiento de que los sistemas agroalimentarios tradicionales son altamente productivos, a costa de arrojar saldos como la deforestación de vastas zonas, agotamiento de los suelos, escasez de agua y daños al medio ambiente por la pérdida de biodiversidad, surge la agroecología como un conjunto de mecanismos modernos, que bajo un orden integral “aplica conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas”.
Conforme al sector público de México, el nuevo sistema productivo en el sector rural es opuesto “a la reducción de la biodiversidad y uso de todo agroquímico, por su contaminación y destrucción del ambiente, así como al excesivo e inadecuado uso de la mecanización”.
A saber, la agroecología es un elemento esencial en la ruta de alcanzar una alimentación y agricultura sostenibles, según lo determinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Este mecanismo está compuesto por elementos como la diversidad, al entender que este factor “es fundamental en las transiciones agroecológicas para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición y, al mismo tiempo, conservar, proteger y mejorar los recursos naturales”.
Otro elemento es la creación conjunta e intercambio de conocimientos, al entender que “las innovaciones agrícolas responden mejor a los desafíos locales cuando se crean conjuntamente mediante procesos participativos”. Uno siguiente son las sinergias, reconocidas como mecanismo que “potencia las principales funciones de los sistemas alimentarios, lo que favorece la producción y múltiples servicios ecosistémicos”.
Está también la eficiencia, al reconocerse el hecho de que “las prácticas agroecológicas innovadoras producen más utilizando menos recursos externos”. Un factor siguiente: el reciclaje, que se traduce en “una producción agrícola con menos costos económicos y ambientales”.
Un elemento más lo es la resiliencia, dado que su mejora entre “las personas, las comunidades y los ecosistemas es fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles”. Otro más, los valores humanos y sociales, como medio para “proteger y mejorar los medios de vida, la equidad y el bienestar social”. Algo “fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles”.
La cultura y tradiciones alimentarias suman otro elemento, consistente éste en apoyos a través de “dietas saludables, diversificadas y culturalmente apropiadas”. Expresión ello de que la agroecología “contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición al tiempo que mantiene la salud de los ecosistemas”.
En la lista de elementos, están también la gobernanza responsable “a diferentes escalas, de la local a la nacional y la mundial”, cuya adopción es necesaria “para lograr una alimentación y una agricultura sostenibles”. Asimismo, la economía circular y solidaria, como factores “que reconectan a productores y consumidores”, al ofrecer “soluciones innovadoras para vivir dentro de los límites de nuestro planeta y, al mismo tiempo, afianzan las bases sociales para el desarrollo inclusivo y sostenible”.
El enfoque productivo de la agroecología “depende de las condiciones específicas de cada contexto, por lo que es adaptable a cada entorno ambiental, social, económico, cultural y político”. Fundamental para este propósito resulta “el intercambio de conocimientos”, como medio necesario para hacer frente a “los desafíos de los sistemas alimentarios, en particular la adaptación al cambio climático”.
De acuerdo con la Declaración del Foro Internacional de Agroecología, realizado en Nyéléni, Malí en febrero de 2015, “las soluciones reales a las crisis climáticas, de desnutrición, etc., no pueden partir de un sometimiento al modelo industrial”. En todo caso “debemos transformarlo y construir nuestros propios sistemas alimentarios locales que propicien vínculos entre el medio rural y el urbano, y se basen en una verdadera producción de alimentos agroecológicos”.
La resolución advierte que no debe permitirse el que la agroecología “sea una herramienta más del modelo de producción alimentaria industrial”, sino que más bien sea contemplada “como una alternativa esencial a ese modelo y como el medio para transformar la manera en que producimos y consumimos los alimentos en algo mejor para la humanidad y para nuestra Madre Tierra”.
Al explicar que la agroecología “es una forma de vida”, que va más allá de ser “un simple conjunto de dispositivos tecnológicos y prácticas de producción” y argumentar que este mecanismo “no puede aplicarse de la misma manera en todas las regiones”; éste debe estar basado “en principios que, aunque puedan ser similares en la amplia diversidad de nuestros territorios, pueden ponerse y se ponen en práctica de muy distintas maneras, de forma que cada sector contribuye con los matices de su realidad y cultura locales”.
El resolutivo informa que “las prácticas de producción de agroecología, se basan en principios medioambientales como la fabricación de vida en el suelo, el reciclado de nutrientes, la gestión dinámica de la biodiversidad y la conservación de energía en todas las escalas”.
Es un moderno mecanismo que gracias a su aplicación “disminuye drásticamente nuestro uso de materias adquiridas externamente que sólo se pueden comprar a la industria”. Especifica qué a partir de ello, no se utilizan “agrotoxinas, hormonas artificiales, transgénicos u otras tecnologías nocivas”.
Entre otras políticas a considerar para el fomento de la producción agroecológica, según las estrategias que propone la declaración en comento, éstas deben ser territoriales y tener un carácter holístico, que “protejan el acceso a la tierra y a los recursos para fomentar una inversión a largo plazo” a cargo de los entes productores de alimentos. Asimismo, que “garanticen un enfoque inclusivo y responsable en la administración de los recursos, producción alimentaria, políticas de contratación pública, infraestructuras urbanas y rurales y planificación urbana”.
Donde además se “fomenten procesos de planificación verdaderamente democratizados en conjunción con los gobiernos y autoridades locales pertinentes”, se promuevan desde luego “normativas de saneamiento y salud pública apropiadas que no discriminen” a quienes “practican la agroecología”. Que también impulsen “políticas para integrar los aspectos de salud y nutrición de la agroecología y de las medicinas tradicionales”.
Que garantice asimismo el acceso y “el control de los pastos, las rutas de migración y fuentes de agua”, tanto como “servicios móviles tales como los sanitarios, de educación y veterinarios, que se basen en y sean compatibles con las prácticas tradicionales”, donde también confirmen “los derechos consuetudinarios sobre el bien común”; se aseguren además “políticas de semillas” para garantía de “los derechos colectivos”.
Importante considerar en estas estrategias la integración de la juventud, donde se atraiga y preste apoyo a este grupo de edad “para que se sumen a la producción de alimentos agroecológicos mediante el afianzamiento del acceso a la tierra y a los recursos naturales, garantizando ingresos justos y el intercambio y transmisión de conocimientos”. Brindar soporte también “a la producción urbana y periurbana agroecológica”.
Figura asimismo la protección a “los derechos de las comunidades que practican la caza y recolecta salvaje en sus áreas tradicionales”, con el fomento de “la restitución de los territorios a sus niveles ecológicos y culturales anteriores”, aplicándose además “políticas que garanticen los derechos de pesca de las comunidades”.
Otras estrategias a seguir consideran sean aplicables “Directrices Voluntarias sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques del Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial y las Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala de la FAO”. También, sean desarrolladas y aplicadas “políticas y programas que garanticen el derecho a una vida digna para las trabajadoras y los trabajadores rurales”, donde se incluya “una verdadera reforma agraria y una formación en agroecología”.
Es la agroecología un sistema productivo novedoso que “valora la vida de las personas, los pueblos y el planeta por sobre las ganancias”, el cual “se basa en una visión de largo plazo que va más allá de la agricultura”. Esto significa “transformar todo el sistema alimentario”, precisa el artículo “agroecología para la soberanía alimentaria”, que pública el portal electrónico Amigos de la Tierra Internacional, definida como: “la federación de organizaciones ecologistas de base más grande del mundo”.
Un sistema productivo integral que responde a nuevas necesidades de respeto y cuidado al medio ambiente, con criterio de sustentabilidad y sostenibilidad, que “coloca en manos de los pueblos las semillas, la biodiversidad, la tierra y los territorios, aguas, conocimientos, cultura y bienes comunes para que puedan lograr la soberanía alimentaria”. Un movimiento, por el cual se “busca transformar completamente nuestros sistemas alimentarios, más que reformar los modelos industriales”.
En síntesis, coincido con aquellas opiniones que validan y sustentan a la agroecología como un novedoso sistema, cuyos beneficios son evidentes al tener “el potencial de generar los ecosistemas que han sido devastados por la agricultura industrial”. Este mecanismo moderno “constituye un marco vivo, coherente, transdisciplinario e integral mediante el cual se pueden estudiar sus prácticas y resultados”.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 35. ...
I. a VII. ...
VIII. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación qué bajo criterio de adopción de prácticas agroecológicas, sea garantizada a los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros.
IX. a XXVI. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes de consulta
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/sabes-que-es-la-agroecologia
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/10/Declaracion-d el-Foro-Internacional-de-Agroecologia.pdf
https://www.foei.org/es/que-hacemos/soberania-alimentaria/agroec ologia-para-la-soberania-alimentaria/#:~: text=Las%20pr%C3%A1cticas%20agroecol%C3%B3gicas%20siguen%20los,semillas%20local es%20y%20razas%20animales.)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, Carmelo Cruz Mendoza, Kenia Gisell Muñiz Cabrera, Maribel Solache González (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas: la primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. La segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas Nacionales. Y, la tercera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 151 de la Ley General de Educación, con el propósito de evitar cobros por la reinscripción. Adelante, diputado. Gracias.
El diputado Yerico Abramo Masso:Y la cuarta que tiene que ver con otro tema presupuestal, pero ya la mandé a Mesa Directiva para no ocupar tanto tiempo.
Amigas y amigos legisladores vengo a esta tribuna a nombre de las y los coahuilenses y de las y los mexicanos que han luchado por tener un espacio en el deporte nacional.
La Comisión Nacional del Deporte es la Conade, hoy para 2026 se ejercerá un presupuesto de cerca de 2 mil 500 millones de pesos, cuando en el 2025 tuvo autorizado cerca de 2 mil 633 millones de pesos.
Por eso, propongo a esta legislatura, compañeras y compañeros legisladores, que se pueda autorizar que en materia deportiva para poder ser mucho más competitivos en las justas olímpicas nacionales, regionales, centroamericanos e internacionales no se reduzca el presupuesto, nunca. Siempre tenga que tener una autorización el paquete económico de la inflación más un punto, que siempre tengamos un incremento en términos reales en pro de las y los deportistas de nuestro país. Esa es la primera.
La segunda, amigas y amigos, es para reformar el artículo 151 de la Ley de Educación, cuántas de ustedes, cuántos de todos nosotros pagamos una colegiatura de una escuela pública o una inscripción de una escuela privada.
Hoy, amigas y amigos legisladores, cuando vas a hacer la carrera de derecho, alguna ingeniería, la carrera de contador público o cualquier carrera de diseño que desees hacer, te cobran una inscripción si vas a una escuela particular, a una universidad particular o a una universidad privada o a una universidad pública. Y cuando te registras te dicen, vas a pagar inscripción, okey, la pago, y cada mes tendrás que pagar tu mensualidad, tu colegiatura o tu semestre o anualidad.
Estoy proponiendo, compañeras y compañeros legisladores, que el año en que te cobran la reinscripción quede fuera del paquete de cobros e ingresos de las universidades. Porque no es justo que, si tú ya pagaste una inscripción para iniciar una carrera de cinco años o cuatro años, cada año te estén cobrando reinscripciones colegios privados, preparatorias, secundarias, universidades, maestrías, posgrados etcétera.
Vamos a fortalecer la educación de nuestro país, recordemos que hay 34.5 millones de estudiantes en México, muchos de ellos en escuelas privadas y muchos otros de ellos en escuelas públicas que también cobran reinscripciones.
La otra ley, compañeras y compañeros, que estoy proponiendo, es modificar la Ley de Aguas Nacionales de nuestro país.
En México, con datos del 2022 había 3 mil 440 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales se encuentran en operación, al día de hoy, el 65.6 por ciento.
Los estados que más tienen buena operación de sus sistemas de aguas residuales son Sinaloa con 282, Oaxaca con 186, Jalisco con 143 plantas de aguas residuales, Tlaxcala con 138 y Guanajuato con 127.
¿Qué está pasando, amigas y amigos, con las aguas residuales en México? Se limpian y el 97.2 por ciento de las aguas residuales se tiran a los arroyos.
Está bien, se cumple la norma oficial ambiental, se regresa el agua a los arroyos para que pueda tomar su cauce, ya sea tratada tipo 2 o tipo 3. ¿Pero qué pasa en algunas zonas industriales? Hablo de la zona de donde vengo yo: Coahuila, Saltillo, la zona industrial de Ramos Arizpe. El 98 por ciento del agua que sale de Saltillo en Ramos Arizpe es tratada y se regresa al arroyo y solamente se vende el 2 por ciento de esa agua tratada.
En la industria ya existe una línea morada para vender el agua, ya está canalizada a las empresas, pero las empresas no las compran, y no las compran porque cuando tú te sientas con el empresario y le dices, ¿por qué no compras agua tratada, en vez de usar el agua de pozo que sale de tu concesión federal?
Te dice, yo soy un convencido de que hay que utilizar el agua tratada en nuestro país, diputado Yerico, pero si yo uso el agua tratada, el próximo año que yo llegue hasta la Comisión Nacional del Agua y que ellos me midan cuánta agua saqué del subsuelo, la Comisión Nacional del Agua me va a decir, tu concesión es para sacar un millón de metros cúbicos al año y solamente utilizaste 300 mil, porque los otros 700 mil los usaste de agua tratada, entonces, bajo tu concesión a 300 mil metros cúbicos. Ningún empresario, ninguna industria quiere perder un derecho que tiene desde hace años.
Por eso, amigas y amigos legisladores, démosle esa oportunidad. Que la CNA no sancione a quien tome una política ambiental de utilizar agua tratada en vez de agua del subsuelo. Cuidemos México en un momento de estrés hídrico nacional.
Por eso, amigas y amigos, compañera presidenta, vengo hasta esta tribuna a presentar estas tres iniciativas de ley y otra más que se fue ya a Mesa Directiva de manera directa para poder construir una mejor agenda ambiental, ayudar a la economía de las escuelas y de las familias en materia educativa y a las y los deportistas de todo el país, fortaleciendo el presupuesto de la Conade, que siempre crezca más allá de la inflación en términos reales. Estoy a sus órdenes. Vamos a trabajar juntos por México, que vamos todos paso a paso. Muy buenas tardes. Gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Yerico Abramo Masso, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es el organismo público encargado de conducir la política nacional en materia de cultura física y deporte. En la Ley General de Cultura Física y Deporte se establece que el Director General de la Conade tiene, entre sus atribuciones, formular los programas institucionales y el presupuesto de la Conade, y presentarlos para aprobación de su Junta Directiva.
En la práctica presupuestaria, puede suceder que el monto propuesto para un ejercicio fiscal aumente o permanezca similar en términos nominales, pero pierda poder de compra por efecto de la inflación. Cuando esto ocurre, el presupuesto “alcanza” para menos bienes, servicios y capacidades institucionales, generando una reducción real que puede afectar el cumplimiento de objetivos públicos en activación física, cultura física y deporte.
La comparación “en términos reales” se refiere a comparar montos ajustados por inflación, es decir, por el cambio general de precios. En México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es el indicador oficial que mide la variación de precios de una canasta representativa del consumo de los hogares y explica cómo dichos cambios afectan el poder adquisitivo.
La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
Adicionalmente, el artículo 1o. constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme, entre otros, al principio de progresividad, evitando retrocesos injustificados en la protección y ejercicio de derechos.
Asegurar que, al formular el presupuesto, se procure no disminuirlo en términos reales, es congruente con el deber estatal de sostener capacidades públicas para promover y fomentar el derecho constitucional referido.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país, elaborado por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.
En el mismo sentido el Sistema de Información Legislativa, dependiente de La Secretaría de Gobernación señala que el PEF presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre gasto público y esos recursos pueden ordenarse en la división de Gasto No Programable y Gasto Programable.
El Gasto No Programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la Ley como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal.
El Gasto Programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o las relaciones con otros países, etcétera.
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en México éste deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de Diputados que tiene como facultad exclusiva aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobado.
Cada año el recinto legislativo es escenario de una amplia discusión para la aprobación de recursos para enfrentar los diversos retos que enfrenta nuestro, es por ello que proponemos que los recursos asignados cada año en el presupuesto federal para la la cultura física y el deporte en nuestro país, nunca sea menor en términos reales a los del ejercicio fiscal anterior.
Como un referente de esta propuesta, está el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social que establece que: el Presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al gobierno federal.
En el mismo sentido, el artículo 121 de la Ley General de Educación cuando hace referencia al financiamiento de la educación, señala que: el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.
En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.
Cabe destacar que en esta Legislatura, el pasado 2 de julio de 2025 se aprobó en la cuarta reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por el diputado Eruviel Ávila Villegas, del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de presupuesto presentada por el suscrito, mediante la cual propuse reforma al artículo 30 de la esa Ley para que el monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Por otra parte, y en respaldo a esta propuesta, el pasado 30 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum, descartó que en enero (de 2025) se registre un “gasolinazo” debido a la actualización del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), aunque informó que dio instrucciones a la Secretaría de Energía de que se reúna con los empresarios gasolineros, para evitar especulaciones sobre el precio del combustible.
Señaló que “Es falso (un aumento de precios a las gasolinas). Eso viene desde la ley del IEPS, que establece que aumenta de acuerdo con la inflación del año anterior; la inflación está cerrando más o menos en 4.3 por ciento, entonces, eso es lo que tiene de aumento. Es una ley que hay desde hace mucho tiempo”, explicó.
La presidenta de México aseguró que los incrementos de precios deben limitarse únicamente a variaciones inflacionarias.
Como se puede observar en los párrafos anteriores, esta propuesta de reforma ya está incluida en otras leyes, además, coincide con la opinión de la presidenta de nuestro país, en el sentido de que, no se considera aumentos en los precios de los combustibles, sino un simple ajuste por inflación, por lo que consideramos que los presupuestos de las diversas áreas de la administración pública, mínimamente se debieran actualizar cada año, como lo sostiene la presidenta.
Por lo expuesto, consideramos pertinente la propuesta de procurar que el presupuesto destinado a la Conade no sea inferior en términos reales a los del ejercicio del año anterior, con lo que se fortalecería la planeación, la continuidad de programas y la capacidad operativa, especialmente en funciones donde los costos (eventos, material, traslados, mantenimiento de instalaciones, apoyos y operación) suelen moverse con la inflación y para una mejor identificación de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo.
En atención a lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para someter a la consideración de este pleno y solicitar su respaldo a la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo de y la fracción II del artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 21. La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. ...
II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como el presupuesto de la Conade, y presentarlos para su aprobación a la junta directiva; procurando que, en la formulación del Presupuesto, éste no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio fiscal inmediato anterior;
III. a XLI. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcfd.htm.
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ inpc/inpc_2q2025_10.pdf.
3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.
4 https://www.pef.hacienda.gob.mx/.
5 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189.
6 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm.
7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm.
8 https://www.eleconomista.com.mx/economia/sheinbaum-descarta-gasolinazo-enero-ac tualizacion-ieps-20241231-740136.html
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 de febrero de 2026.– Diputado y diputadas: Yerico Abramo Masso, Cindy Winkler Trujillo, Karina Isabel Martínez Montaño, Maribel Solache González (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
LEY GENERAL DE AGUAS Y LEY DE AGUAS
El diputado Yerico Abramo Masso:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y de la Ley de Aguas.
(La iniciativa podrá ser consultada en el Diario de los Debates de esta fecha, en el Anexo II)La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El diputado Yerico Abramo Masso:
«Iniciativa que adiciona el artículo 151 de la Ley General de Educación, con el propósito de evitar cobros por reinscripción, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Yericó Abramo Masso, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y quinto al artículo 151 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosPara el ciclo escolar 2024-2025, la matrícula total considerada en México superaba los 34.8 millones de estudiantes en los tres principales niveles educativos. El grado promedio de escolaridad es de 9.9 años, con una tasa de analfabetismo de 4.5 por ciento. La educación media superior presentó la mayor tasa de abandono siendo de 11.3 por ciento.
La educación en México (2024-2025):
Matrícula total: Más de 34.8 millones de alumnos (incluyendo educación básica, media superior y superior).
Educación básica (2023-2024): Más de 24 millones de alumnos.
Educación media superior (2024-2025): Aproximadamente 5.5 millones de estudiantes, con 425 mil 826 docentes.
Abandono escolar: El mayor índice de deserción se concentra en el nivel medio superior (11.3 por ciento), seguido por secundaria (3.7 por ciento) y primaria (0.6 por ciento).
Rezago educativo: Cerca de 50.5 millones de mexicanos mayores de 15 años se encuentran en situación de rezago educativo.
Conectividad: Durante el ciclo 2021-2022, 72.1 por ciento de estudiantes de 3 a 29 años contaba con internet en casa, cifra que sube a 91.3 por ciento en nivel superior.
Educación Superior: México ocupa el lugar 31 en población con educación superior, con un 20.4%.
La deserción escolar en nuestro país ha sido un fenómeno constante y complejo impulsado principalmente por factores socioeconómicos, como la necesidad de proveer, trabajar, o por falta de recursos, también encontramos como una de las principales razones los bajos logros académicos, malas calificaciones, deserción temprana o desinterés escolar, asimismo la influencia de problemas familiares como falta de apoyo, inasistencia crónica e incluso embarazo.
De todas las anteriores, las barreras económicas son las que suelen, en su mayoría obligar a estudiantes a posponer y abandonar sus estudios para aportar al ingreso familiar o disminuir la carga económica de lo que esto implica.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa, mediante su “Comunicado 244.” que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, o la entrega de documentación a los educandos, al pago de contraprestación alguna.
La SEP precisa que la Ley General de Educación establece que “se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”.
Refiere que en el artículo 6o. del ordenamiento federal se señala que en ningún caso se entenderá como contraprestaciones del servicio educativo cualquier donación o cuota voluntaria destinadas a la educación que imparte el Estado.
Establece que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.
Considerar la eliminación del cobro de “reinscripción” en instituciones educativas, tanto en el sector público como en el privado, se argumenta principalmente bajo la premisa de reducir significativamente la carga económica familiar y personal, y garantizar la continuidad académica de las y los estudiantes. La propuesta actual de prohibir este cobro busca principalmente que el pago por inscripción se realice una sola vez al ingresar al nivel educativo, y este sea efectivo durante la durabilidad completa y total de cada grado académico.
Las implicaciones de la educación en cada nivel implican no solo el pago de gastos de inscripción y en su defecto reinscripción, sino también representa una carga financiera adicional y sumamente significativa que, por lo regular suele coincidir con otros gastos escolares como útiles, materiales, uniformes y libros.
La reinscripción es considerada un proceso meramente administrativo para continuar estudios en la misma institución, no un nuevo servicio que justifique un cobro similar a la inscripción inicial. Por lo que consideramos que la eliminación de esta cuota tendría como beneficio la disminución de la deserción escolar, ya que, de este modo muchos proveedores o padres de familia verían factible que los estudiantes continúen de manera ininterrumpida con sus estudios.
Si bien en la educación pública, se enfatiza que la educación es un derecho garantizado por el Estado y que la reinscripción no debe ser un requisito para la permanencia, se ha observado continuamente esta práctica, y aunque algunos pudieran creer que quienes de manera privilegiada estudian en instituciones particulares, cabe resaltar que dicho derecho no debería de ser susceptible a excepciones por este tipo de causas, considerando que dentro de este grupo hay quienes han sido beneficiados con becas de aprovechamiento, reconociendo la disciplina y dominio de conocimientos e inteligencia de esos alumnos.
En tal sentido se propone agregar un párrafo cuarto y quinto al artículo 151 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:
En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para someter a la consideración de este Pleno y solicitar su respaldo a la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y quinto al artículo 151 de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto y quinto al artículo 151 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 151.
...
...
Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.
Las instituciones educativas, tanto públicas como particulares, podrán realizar el cobro por concepto de inscripción al inicio de cada nivel educativo o programa de estudios. Queda prohibido en apego a lo anteriormente descrito, el cobro de cuotas de reinscripción o cualquier otro cargo administrativo similar por la continuidad de los estudios en ciclos subsecuentes del mismo programa.
El cobro de reinscripción únicamente será procedente de forma única y excepcional cuando el alumno haya interrumpido sus estudios por un periodo igual o mayor a un ciclo escolar (cuatrimestre, semestre etc., según el plan de estudios de cada institución) y en consecuencia solicite su reincorporación al programa académico.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/09/25/abandono-escolar-de-ninas-ninos -y-adolescentes-en-mexico-2016-2024/#:~: text= Adem%C3%A1s%20de%20esto%2C%20seg%C3%BAn%20los%20datos%20de,3.7%20en%20secundari a%20y%200.6%20en%20primaria.
2 https://www.youtube.com/watch?v=Gl49J27AwBY
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ ENAPE/ENAPE2021.pdf
4 https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-244-en-ningun-caso-se-podra-condiciona r-la-inscripcion-o-acceso-a-la-escuela-a-pago-alguno-sep
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2026.– Diputado y diputadas: Yerico Abramo Masso, Cindy Winkler Trujillo, Karina Isabel Martínez Montaño, Maribel Solache González (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen, entendiendo que la cuarta a la que hizo referencia ya ha sido turnada. Muchas gracias, diputado.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de reconocimiento y fortalecimiento de las figuras educativas del Conafe. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Farías Bailón:Muchas gracias, presidenta. Dios bendiga al pueblo de México. Hoy quiero hablarles a las mexicanas y mexicanos de esos de los que nos sentimos orgullosos porque son chingones; de esos mexicanos de a de veras que ponen su esfuerzo, su alma, su corazón, su entrega, su amor por las niñas y por los niños de esos lugares más recónditos, alejados y en situaciones de vulnerabilidad y más marginados de este país. Esos lugares que, por supuesto, no conoce el secretario de Educación, Mario Delgado, porque él solo sabe de viajes a Portugal, a Europa y a lugares finos y caros.
Los funcionarios corruptos de Morena que están en el gobierno federal no conocen, quizá, la historia de miles de mexicanos que trabajan en esta importante labor como lo es mi amigo Guillermo Málaga, de la comunidad de El Desengaño, en el municipio de Candelaria, Campeche, que todos los días, de lunes a viernes, para ir a dar clases, recorre 25 kilómetros de la comunidad de El Desengaño en bicicleta hasta la comunidad de Arroyo Veinticuatro de Mayo para poder llevar alfabetización a las niñas y niños. Muchas veces, con cargas laborales de grupos polivalentes, es decir, tanto de jardín de niños como primaria y como secundaria.
Los funcionarios corruptos de Morena que tanto se abrazaron y que tanto se escudaron en que eran pueblo, ahora solo lo ignoran. Y me queda claro que estos funcionarios jamás irían a los lugares y asentamientos en donde las escuelas de Conafe, como los pueblos, los ejidos y asentamientos irregulares del país, y no se interesan por la educación de los más desprotegidos.
También quiero hablarles de otro indolente cómplice de la explotación laboral en pleno siglo XXI, porque esa es la palabra correcta. El flamante doctor Gabriel Cámara Cervera, porque podrá tener todos los títulos del mundo que quiera, que por cierto bien que odia a los países capitalistas, pero estudió en uno de ellos, en Estados Unidos.
Me queda claro que el hábito no hace al monje y también me queda claro que es usted un vil y ruin cómplice del atropello de nuestras hermanas y hermanos mexicanos que trabajan largas jornadas laborales, además muchas condicionadas. Donde no llega la educación, llegan los educadores comunitarios a brindar esa importante labor patriótica.
Es una bofetada y un escupitajo a los educadores de parte de este gobierno, en palabras de un educador de Oaxaca, Juan, quien me pidió omitir su apellido para no sufrir las persecuciones de este gobierno, nosotros somos, dice Juan, quienes realmente construimos el futuro, quienes realmente labramos a las niñas y a los niños y las futuras generaciones. Para ganar 5 mil pesos al mes, 5 mil pesos al mes que se traducen con 166 pesos diarios ni siquiera el salario mínimo del que tanto presumen que se han elevado, sin prestaciones, además, y sin la seguridad social correspondiente.
Mario Delgado y Gabriel Cámara, ustedes o sus hijos o la recua de familiares, ¿vivirían con 5 mil pesos al mes? ¿5 mil pesos al mes de trabajar largas jornadas laborales? Claro que no. A ellos no les daría ni siquiera para el champán que se degustó en Portugal ni para eso, cínicos.
No que la máxima obradorista era primero los pobres, ¿en dónde quedan los pobres del país? En donde hoy en día, estoy seguro, que estos funcionarios ni siquiera saben las necesidades de estos estudiantes, si desde las oficinas centrales toman las decisiones, que por cierto son malas decisiones.
Ustedes qué van a saber, acaso, que hay escuelas de cartón o de tabla o escuelas de palapa o de guano o escuelas que no tienen piso firme, que todavía tienen piso de tierra. O qué van a saber ustedes si los troncos son improvisadas sillas para tomar clases, de los niños, troncos y tablas que son las mesas.
Y qué van a saber estos funcionarios públicos corruptos de este régimen, si ni siquiera han recorrido el corazón de los pueblos y de los lugares que realmente necesitan el impulso a la educación.
Hoy ustedes, estos funcionarios, es una vergüenza que los jóvenes que trabajan en este sistema tengan que poner dinero de su bolsa para poder comprar materiales, para poder hacer su trabajo; pero, además de eso, también deben poner dinero para el transporte de viajar de una comunidad a otra porque ustedes alegan que las escuelas de Conafe deben ser autogestoras, autogestoras del bienestar.
¿Qué acaso los materiales y lo que requieren de mobiliario van a aparecer, y pizarrones, por obra de arte? Pues claro que no. Ahí se le ingenian los líderes comunitarios, que hay que reconocer esta importante labor. A mí me daría vergüenza decir que formo parte de la 4T y que todo lo que toca destruye y que ni Conafe se ha salvado de esta destrucción.
Director general, señor Gabriel Cámara Cervera, es usted uno de los funcionarios obsoletos de este régimen. No aporta al desarrollo educativo de este país. Sus ideas quedaron rancias y en desventaja con otros modelos educativos del país, donde la educación sí es prioridad. Usted es el creador, o más bien, el destructor por echar a andar esa metodología de la relación tutora de educación comunitaria.
Usted quitó los libros de Conafe, les quitó los programas de estudio a los educadores comunitarios y es su responsabilidad que ahora las nuevas generaciones de niñas y niños en las comunidades, ejidos y rancherías recónditas no estén aprendiendo el básico de matemáticas, español, ciencias ni siquiera la geografía y la lectura como era antes, con el método tradicional, que funcionaba.
Ahora, a los malos gobiernos les conviene tener más dormido e ignorante al pueblo porque es la forma de poder controlarlo. Y ya lo decía el expresidente, que los ignorantes y analfabetas son los que más votan por Morena, palabras de él.
Además, hago un exhorto a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien es una mujer inteligente, y de eso no tengo la menor duda, que cambie o que corra a este señor, como corrió a Marx Arriaga, pues figuras como él, incompetentes, son gente que desprestigian la educación del país.
Señoras y señores, tengan dignidad y den la cara a los educadores comunitarios que se manifestaron el mes de enero pasado en todo el país, esperando ser atendidos.
Por eso, esto y más, siendo la voz del pueblo, desde esta tribuna, mi iniciativa consta en reconocer y dignificar la figura educativa del Conafe como parte integrante del sistema nacional educativo, es decir, darle su lugar en la Ley General de Educación.
Para concluir, si tanto les llama la atención lo que digo, voy a concluir. Se les tiene que reconocer el salario mínimo que corresponde a 9 mil 582 pesos mensuales. Pues, repito, quién vive con 166 pesos, 5 mil pesos al mes.
Además, de reconocerles la seguridad social y, sumado a esto, debe ser por ley el aguinaldo correspondiente al sueldo, y no como en el mes pasado de diciembre, que les volvieron a escupir la cara a estas personas que trabajan ahí, a educadores comunitarios, otorgando 980 pesos o mil 200 pesos. Si a eso se le puede llamar así aguinaldo, y vaya que es un abuso laboral.
Para concluir, a los educadores comunitarios y de acompañamiento y de toda la estructura de Conafe, incluso con licenciaturas, con carreras profesionales, yo creo en ustedes, y creo que porque son hombres y mujeres de bien que forman a la niñez de este país, en donde el sistema educativo tradicional no puede llegar.
Porque como decía Gabriela Mistral, y para concluir: la educación es, tal vez, la forma más alta de buscar a dios. Muchas gracias y buenas tardes.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de reconocimiento y fortalecimiento de las figuras educativas del Conafe, a cargo del diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Francisco Javier Farías Bailón, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosEl Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) es un organismo púbico, fundado en México en 1971 con el propósito de dar oportunidades de acceso a la educación a niños y jóvenes de poblaciones vulnerables. Los servicios de educación comunitaria del Conafe se dirigen a localidades pequeñas, menores a dos mil 500 habitantes, en las que predominan bajos índices de desarrollo humano y social.
El Conafe es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), su función es otorgar servicios de educación comunitaria desde la primera infancia a niñas, niños y adolescentes (NNA) que habitan en localidades de alta y muy alta marginación del país, es decir, en donde no es posible contar con un servicio educativo regular.
A lo largo de su existencia, ha puesto en marcha estrategias que le han permitido llevar su propuesta educativa a poblaciones con gran diversidad multicultural y multilingüística, lo cual ha requerido de adecuaciones curriculares aptas para grupos específicos como la población infantil agrícola, la migrante y los niños que viajan con sus padres en compañías circenses.
De esta necesidad de atender a una población cada vez más diversa, se dio origen a modelos pedagógicos en los niveles preescolar y primaria, y más tarde en atención a la primera infancia y secundaria, los cuales han tenido como eje rector a la Educación Comunitaria, generando procesos que promueven la participación y organización de las localidades.
El Conafe tiene un modelo educativo de tipo humanista que, busca desarrollar en cada integrante del proceso, la capacidad de aprender mediante el diálogo y la colaboración, respetando ritmos e intereses de cada aprendiz y despertando el entusiasmo por aprender, no sólo en la escuela, sino a lo largo de toda la vida.
En este contexto, la oferta educativa del Conafe tiene algunos componentes distintivos:
• La participación comunitaria en la organización, instalación y mantenimiento de las escuelas y el servicio, para garantizar seguridad, protección, cobijo y alimento a las figuras educativas durante su estancia.
• La atención prioritaria a la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad cultural de las comunidades.
Sin embargo, el Conafe no alcanza a atender a toda su población objetivo, de acuerdo con estimaciones elaboradas a partir de la información del Censo de Población y Vivienda 2020, permiten identificar alrededor de 600 mil niñas y niños de 0 a 2 años, en 30 mil 306 pequeñas localidades rurales que no cuentan con el servicio educativo de educación inicial. Asimismo, se calcula que alrededor de 700 mil infantes de tres a 14 años, no asisten a educación preescolar, primaria o secundaria en localidades rurales de alta y muy alta marginación.
Los menores que habitan en pequeñas comunidades rurales en condiciones de vulnerabilidad, en su mayoría, no son atendidos por los sistemas educativos estatales, esto por el reducido número de planteles con los que se cuenta por localidad. De esta forma, el Conafe, es la única institución del país que puede asegurar su acceso a la educación básica. Sin embargo, la población objetivo del Conafe es mayor porque no todas las NNA finalizan su educación básica a los 14 años debido principalmente a la falta de escuelas cercanas, así como al ingreso tardío a la escuela y al abandono escolar.
Existen también otras pequeñas poblaciones de NNA en condiciones de pobreza o gran vulnerabilidad que no asisten a la escuela convencional como son las NNA que acompañan a sus familias en campamentos de jornaleros agrícolas o migrantes, así como los alojados en albergues o refugios de mujeres víctimas de violencia, comunidades indígenas en la Ciudad de México, y de familias circenses. Estas poblaciones también forman parte de la población objetivo del Conafe.
Los servicios educativos que brinda el Conafe, por el contexto poblacional de las localidades, son en su totalidad multigrado o multinivel, y presentan como un desafío, asegurar el acceso de todas las NNA sin educación básica y lograr su permanencia hasta la conclusión de la educación secundaria. Para ello, los programas de becas que impulsa el Gobierno federal son de alta relevancia para las localidades que atiende la institución.
Durante las últimas tres décadas, el crecimiento de los servicios de educación inicial tuvo una lógica de expansión territorial sin considerar su integración con los niveles restantes de educación preescolar, primaria y secundaria. La falta de convergencia de todos los servicios que integran la educación básica en las localidades propició que muchas niñas y niños iniciaran sus trayectorias educativas a partir de la asistencia a escuelas de educación preescolar o de primaria.
Los servicios brindados por esta institución se operan mediante la participación de personas que se denominan Líderes para la Educación Comunitaria (LEC), las cuales son jóvenes de 16 a 29 años, originarios del medio rural, que han concluido sus estudios de nivel secundaria, medio superior o superior. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el apoyo mensual que se otorga es de 4 mil 123 pesos mensuales, para los líderes para la educación comunitaria, y de 2 mil 83 a 2 mil 291 pesos, para las promotoras educativas, un ingreso menor al salario mínimo y a la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Las comunidades educativas del Conafe albergan entre sus estudiantes a más de 300 mil niños en grupos de educación multigrado y multinivel comprendiendo los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria. Los alumnos son originarios de poblaciones rurales, indígenas, migrantes o urbano-marginales cuyas realidades sociales con frecuencia quedan fuera del alcance de los programas de estudio oficiales. Con el propósito de atender esta necesidad, el Conafe desarrolló un modelo educativo que parte de los programas de estudio oficiales para adaptarlos a las condiciones contextuales de las comunidades en las que presta sus servicios.
El Modelo Educativo ABCD (Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo) del Conafe fue puesto en marcha en 2016, entre sus propósitos busca atender la diversidad del alumnado a fin de que todos adquieran una formación como ciudadanos reflexivos provistos con los elementos esenciales para acceder al conocimiento científico, técnico y cultural, sin distinción de clase económica, social o cultural. La estructura curricular de este modelo atiende los campos formativos del plan de estudios nacional para la educación básica e incluye la “participación en comunidad” como un campo complementario.
De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Conafe presenta la menor tasa de eficiencia terminal (69.2 por ciento en primaria y 53.1 por ciento en secundaria) y bajos resultados en las pruebas de logro educativo, como lo es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), en cuyos términos la mayor parte de la población de estudiantes atendidos por el programa se encuentra en los niveles I y II —que son los más bajos en las dos áreas evaluadas: lenguaje y comunicación, y matemáticas.
Sin embargo, es importante subrayar que 83.5 por ciento de los centros de enseñanza de este instituto se ubican en comunidades de alta y muy alta marginación social y que alrededor de 58 por ciento de los mismos se encuentra en zonas aisladas, lo que se asocia con bajos resultados en el aprendizaje. Uno de los aspectos que llama la atención en este contexto es el referente a la formación de los Líderes para la Educación Comunitaria (LEC); estudios realizados sobre el perfil del instructor comunitario de Conafe coinciden en que dichos educadores desconocen el uso de estrategias de enseñanza constructivistas, algunos de ellos no logran dimensionar la tarea que realizan y guardan una débil autopercepción como agentes transformadores.
En este sentido, existe una investigación sobre los procesos de formación pedagógica e identidad profesional de los LEC, en la cual se concluye que es a través de la práctica como estos jóvenes adquieren habilidades para la docencia (no propiamente en las etapas de formación inicial y permanente), y se sugiere, además, que el ejercicio de la docencia a este nivel impacta también en la construcción de su identidad como líderes comunitarios. Desde una óptica complementaria, esposible entender la resignificación de la identidad profesional de los maestros rurales como uno de los aspectos fundamentales para hacer visible el papel que desempeñan las escuelas en estos contextos.
Respecto al modelo ABCD, se identificaron como fortalezas el fomento de la autonomía de los alumnos, el trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias investigativas, sin embargo, también hallaron la presencia de prácticas pedagógicas tradicionales que competían con las prácticas innovadoras; de igual forma, percibieron una fisura entre la escuela y los padres de familia, ya que éstos esperan que sus hijos realicen tareas de aprendizaje tradicionales como condición para reconocer qué están aprendiendo, de tal manera que no terminan por comprender ni identificarse con las apuestas del modelo.
De la misma manera, se encontró que para los líderes la puesta en marcha del modelo ABCD es problemática por el marcado rezago escolar presente en las comunidades, pero también por la alta presencia de estudiantes especiales y, de manera particular, por la renuencia de los jóvenes a asumir con mayor autonomía su proceso educativo.
Desafortunadamente, no se dispone de información sistemática para valorar la eficacia del Conafe y mucho menos del modelo ABCD, por lo que reforzar su operatividad en contextos concretos se reconoce como una necesidad imperante en el entendido de que se trata de una apuesta nacional por ofrecer el servicio educativo en comunidades que no tienen acceso al sistema educativo oficial. De igual forma, la figura de los LEC requiere mayor atención considerando la formación exigua que reciben para encarar las altas exigencias de la educación en zonas rurales y urbano-marginales.
La inclusión explícita de las figuras educativas del Consejo Nacional de Fomento Educativo en la Ley General de Educación constituye un paso indispensable para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en las comunidades más apartadas y en situación de vulnerabilidad. Los instructores comunitarios y demás agentes educativos del Conafe han sostenido, durante décadas, la presencia del Estado en zonas donde no existen servicios regulares, asegurando continuidad pedagógica, arraigo comunitario y atención pertinente a niñas, niños y adolescentes que, de otro modo, quedarían excluidos del sistema educativo nacional.
Sin embargo, su labor no se encuentra reconocida con la claridad normativa necesaria, lo que genera vacíos en materia de derechos laborales, formación profesional, estabilidad y condiciones de servicio.
Incorporar a los maestros del Conafe en la Ley General de Educación permitiría establecer un marco jurídico uniforme que reconozca su función docente, su carácter estratégico y su contribución al cumplimiento del mandato constitucional de garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esta propuesta de reforma pretende fortalecer la coordinación entre federación, entidades federativas y comunidades, asegurando que la prestación del servicio educativo comunitario cuente con estándares mínimos de profesionalización, evaluación formativa, acompañamiento pedagógico y acceso a programas de desarrollo profesional docente.
Asimismo, el reconocimiento legal de los maestros del Conafe contribuiría a cerrar brechas históricas en materia de justicia laboral y educativa. Al dotarles de un estatus jurídico claro, se posibilita la construcción de políticas públicas que atiendan sus necesidades específicas: seguridad social, incentivos por servicio en contextos de alta marginación, rutas de profesionalización y mecanismos de transición hacia el servicio docente regular. Esto no sólo dignifica su labor, sino que fortalece la permanencia del personal en las comunidades, reduciendo la rotación y mejorando los resultados de aprendizaje.
Finalmente, incorporar a los maestros del Conafe en la Ley General de Educación envía un mensaje político y social contundente: el Estado reconoce que la equidad educativa no puede alcanzarse sin quienes, con compromiso y vocación, llevan la escuela a los territorios donde más se necesita. Esta reforma permitiría consolidar un modelo comunitario que ha demostrado eficacia y pertinencia cultural, y que requiere un respaldo normativo acorde con su importancia estratégica para el país.
La propuesta de reforma incorpora un conjunto de disposiciones destinadas a reconocer formalmente el servicio educativo comunitario y a las figuras educativas del Conafe como parte integral del Sistema Educativo Nacional.
De esta forma, se daría un paso fundamental al reconocer a las figuras educativas del Conafe como agentes docentes del Sistema Educativo Nacional. Este reconocimiento no sólo dignifica su labor, sino que abre la puerta a que accedan a programas de formación inicial y continua, procesos de evaluación con fines formativos, certificación de competencias y mecanismos de movilidad profesional. En términos prácticos, se coloca a los instructores comunitarios en un marco jurídico que les permite desarrollarse profesionalmente y mejorar la calidad del servicio que brindan.
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma propuesta:
En tal virtud, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de reconocimiento y fortalecimiento de las figuras educativas del Conafe
Único. Se adiciona una fracción XIV al artículo 9; una fracción XV al artículo 34; un párrafo segundo al artículo 36; y una fracción VII al artículo 62 y se reforma el artículo 35 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 9. ...
I. a XIII. ...
XIV. Reconocer, fortalecer y garantizar el funcionamiento del servicio educativo comunitario y de las figuras educativas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), asegurando su profesionalización, condiciones de servicio y participación en la prestación del servicio educativo en comunidades rurales, indígenas y de difícil acceso.
Artículo 34. ...
I. al XIV. ...
XV. Los Líderes para la Educación Comunitaria del Conafe, como agentes docentes responsables de la prestación del servicio educativo comunitario en localidades rurales, indígenas, migrantes y de difícil acceso, mediante modelos pedagógicos multigrado y con participación de la comunidad.
...
Artículo 35....
I. a IV. ...
Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Nacional la formación para el trabajo, la educación indígena y comunitaria, la educación para personas adultas, la educación física y la educación tecnológica.
..
...
Artículo 36. ...
Quienes ejerzan la función de Líderes para la Educación Comunitaria del Conafe serán reconocidos como agentes docentes del Sistema Educativo Nacional. En consecuencia, tendrán acceso a programas de formación inicial y continua, procesos de evaluación con fines formativos, certificación de competencias, así como mecanismos de movilidad y profesionalización.
Artículo 62. ...
I. a VI. ...
VII. Fortalecer y actualizar al Consejo Nacional de Fomento Educativo para garantizar el derecho a la educación en comunidades rurales, indígenas, migrantes y de difícil acceso, mediante estrategias cultural y territorialmente pertinentes.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Educación Pública contará con un plazo de 180 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir los lineamientos derivados del presente decreto.
Notas
1 Gobierno de México. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Recuperado el 5 de enero de 2026 de:
https://www.gob.mx/conafe/es/archivo/documentos
2 Gobierno de México. Recuperado el 7 de enero de 2026 de:
https://www.gob.mx/Conafe/que-hacemos
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Programa Institucional 2023-2024 del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Recuperado el 11 de septiembre de 2025 de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5706830
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Gobierno de México. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Recuperado el 2 de septiembre de 2025 de:
https://www.gob.mx/conafe/es/archivo/documentos
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Zavala Berbena, María Alicia, & Rivera Sepúlveda, Álvaro Andrés. (2023). El modelo educativo del Conafe desde la perspectiva de los líderes educativos comunitarios. Revista electrónica de investigación educativa, 25, e26. Epub 27 de febrero de 2024.
https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e26.4925
13 Juárez Bolaños, D., & Lara Corro, E. S. (2018). Procesos de enseñanza en escuelas rurales multigrado de México mediante Comunidades de Aprendizaje. Tendencias Pedagógicas, 31, 9—26.
https://doi.org/10.15366/tp2018.31.001
14 Ibidem.
15 Ibidem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputado Francisco Javier Farías Bailón (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 y las fracciones I, II y IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de su derecho de acceso a la cultura física y al deporte a cargo del Estado. Adelante, diputada.
La diputada Catalina Díaz Vilchis:Distinguidos integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, compañeras y compañeros legisladores del pueblo de México. Hoy me dirijo a ustedes no solo como diputada, como diputada federal, sino como una mujer que vive una discapacidad, y como deportista paralímpica, que ha encontrado en el deporte una herramienta de libertad, de dignidad, de superación.
Hoy vengo a presentar una iniciativa que reforma el artículo 24 y la fracción I y IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con un objetivo muy claro, garantizar de manera real, efectiva, el derecho de las personas con discapacidad el acceso a la cultura física y al deporte.
Porque el deporte no es un lujo, no es un privilegio, es un derecho humano, un derecho que transforma las vidas. Cuando una persona con discapacidad accede al deporte no solo mejora su salud, recupera su confianza, construye autonomía, se siente parte de una sociedad. Y, sin embargo, hoy en México este derecho sigue enfrentando barreras, infraestructuras que no es accesible, programas que no están adaptados, personas sin capacitación y muchas veces indiferencia.
La discapacidad sigue existiendo ligada a la pobreza, a la falta de oportunidades. Nuestra Constitución es clara, todas las personas somos iguales ante la ley y merecemos vivir sin discriminación, incluyendo el derecho de vida activa, saludable e inclusiva. La inclusión no solo se logra con buenas intenciones, se logra con un presupuesto, con una infraestructura, con programas adaptados, con capacitación y con voluntad política.
Por eso, esta iniciativa fortalece las responsabilidades de la federación, de los estados, de los municipios para que el deporte incluyente llegue a cada comunidad del país, porque nadie debería quedarse fuera con una rampa que no existe o por la falta de oportunidades.
El deporte rompe barreras, el deporte transforma realidades, el deporte construye inclusión y hoy, hoy, en nuestras manos las posibilidades de contribuir un derecho escrito en un derecho vivido.
Compañeras y compañeros legisladores, la inclusión —se debe pedir como un— no se debe pedir como un favor, se debe garantizar como justicia. Hoy no legislo como diputada, legislo como mujer, como deportista y como persona que la discapacidad no solo está en el cuerpo, está en las barreras que la sociedad nos impone. Cuando una persona con discapacidad avanza, avanza todo México.
Por último, hago un llamado a todos ustedes para que apoyen esta iniciativa que honra el esfuerzo y la dignidad de millones de personas con discapacidad encuentren en el deporte una esperanza y una oportunidad de superación. Queremos un México verdaderamente fuerte, un México que no deje a nadie atrás. Es cuanto. Que viva México. Que viva la doctora Claudia Sheinbaum. Viva México, señores.
«Iniciativa que reforma el artículo 24 y las fracciones I, II y IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de su derecho de acceso a la cultura física y al deporte a cargo del estado, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Catalina Díaz Vilchis, diputada federal de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 6, la fracción I del numeral 1, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 y las fracciones I, II y IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, bajo la siguiente
Exposición de MotivosLa vida de las personas con discapacidad se traduce en grandes dificultades que no les permiten desempeñarse plenamente y con libertad como toda persona en cualquier parte del mundo; invirtiendo más tiempo y dedicación para acceder a las actividades cotidianas, acceder a la educación, al trabajo, a los servicios de salud, a participar en actividades recreativas o deportivas o cualquier tipo de actividad, debido a diversas barreras.
La última Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), realizada en el 2022 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), arrojo que el 65.8 por ciento de la población de 12 años y más con discapacidad estivo de acuerdo en que la mayoría de la gente considera que las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente. Mientras que el 49.6 por ciento declaró haber sido discriminado por tener alguna discapacidad.
Sin embargo, una de las primeras prerrogativas reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 1º, quinto párrafo dentro del capítulo de los derechos humanos y sus garantías, que “queda prohibida toda discriminación motivada entre otras, por las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Desafortunadamente, aún hay mucho por hacer en materia de discapacidad en nuestro país y se vuelve necesario implementar soluciones y alternativas que permitan los avances que requiere dicha población.
La Organización Mundial de la Salud dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen diferencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo qué, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Según el Informe Mundial sobre Discapacidad, alrededor del 15 por ciento de la población vive con algún tipo de discapacidad. Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. Es evidente que la población en general no contempla que la edad es un factor para adquirir discapacidad con el paso del tiempo o por alguna eventualidad de enfermedad o accidente a cualquier edad, aun siendo temporal.
“La discapacidad es un problema de salud pública tan importante como la mortalidad, debido a las repercusiones en la vida de quien la presenta, ya que conlleva un deterioro del estado general de salud, peor calidad de vida, menor participación económica y tasas más altas de pobreza. Además de la presencia de discapacidad física mental o de otro tipo, implica el deterioro en la capacidad de respuesta necesaria para establecer y mantener relaciones interacciones y participación cómo lo haría una persona sana. Quienes viven con una discapacidad se enfrentan a mayores barreras en el acceso a los servicios de salud y a una mayor exclusión social. Por tanto, el estado debe implementar muchos más cambios, poniendo especial atención a los grupos con mayor rezago y vulnerabilidad, siendo uno de los principales, el sector de las personas con discapacidad.
Recientemente la Organización Mundial de la Salud, publicó “datos y cifras, que muestran el crudo panorama de los principales padecimientos que enfrentan las personas con discapacidad, puntualizando que:
• Se calcula que 1300 millones de personas – es decir, 1 de cada 6 personas en todo el mundo – sufren una discapacidad importante.
• Algunas personas con discapacidad mueren hasta 20 años antes que las personas sin discapacidad.
• Las personas con discapacidad tienen dos veces más riesgo de desarrollar afecciones como la depresión, el asma, la diabetes, el ictus, la obesidad o problemas de salud bucodental.
• Los establecimientos de salud inaccesibles suponen una dificultad hasta 6 veces mayor para las personas con discapacidad.
• Los medios de transporte inaccesibles e inasequibles suponen una dificultad 15 veces mayor para las personas con discapacidad que para las personas sin discapacidad.
• Las desigualdades en materia de salud se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, como la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación y el empleo, y las barreras que encuentran en el propio sistema de salud”.
La actividad física y el deporte para las personas con discapacidad, es de vital importancia no solo por los motivos rehabilitación, sino por motivos de salud y conservación de una mejor calidad de vida, sin embargo, los últimos reportes de INEGI, el primero publicado el 3 de diciembre de 2021, sobre de estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad y el segundo sobre la práctica deportiva y el ejercicio físico, publicado el 26 de enero de 2023, omiten datos importantes que hagan referencia al porcentaje de población con discapacidad en nuestro país, que realiza alguna actividad física o deportiva; datos que nos demostrarían las cifras de las personas con discapacidad que se mantienen o mejoran su salud.
El deporte para personas con discapacidad ha existido por más de 100 años, sin embargo, el deporte paralímpico hasta después de la segunda guerra mundial fue ampliamente introducido. En 1944, a petición del gobierno británico, el doctor Ludwig Guttmann abre un centro para atender a lesionados de columna vertebral y ayudar al gran número de veteranos de guerra y civiles que habían sido heridos. El doctor Guttmann, implementó protocolos a su manera y posteriormente, a sus pacientes más recuperados, los incitó a realizar actividades físicas y deportivas, para que fuese el medio que les permitiera levantarse y movilizarse. Fue entonces que el deporte de rehabilitación evolucionó a deporte recreativo y más tarde en deporte competitivo.
El 29 de Julio de 1948 el Dr. Guttmann organizó la primera competencia en silla sobre ruedas a las que llamó Stoke Mandeville Games, dieciséis militares y mujeres participaron en tiro con arco. En 1952 exmilitares holandeses participaron en los primeros juegos internacionales en la misma ciudad de Stoke Mandeville, estos juegos se convirtieron en un hito y los juegos paralímpicos que tuvieron lugar en Roma Italia en 1960, participaron 400 atletas de 23 países.
El movimiento paralímpico internacional, influyó fuertemente en todo el mundo y en nuestro país y para el año de 1963 el Psicólogo Jorge Antonio Beltrán Romero quien fuera persona con discapacidad, del Instituto Mexicano de Rehabilitación, apoyado por otras instituciones representadas por los doctores Leobardo Ruiz, el Dr. Ramos Méndez y el Dr. Vázquez Vela, implementan la actividad deportiva también en pacientes con discapacidad y envían a la primera participación Mexicana a los juegos mundiales de Stoke Mandeville, dando paso al nacimiento del deporte paralímpico en México, mismo que creció a pasos agigantados por iniciativa de organizaciones encargadas de la salud y no por iniciativa de las organizaciones deportivas que ya existían desde entonces.
La participación de México, tan solo en los Juegos Paralímpicos, desde sus inicios a la fecha, ha aportado 328 preseas, de las cuales 107 son de oro, 97 de plata y 123 de bronce; sin embargo, el reconocimiento no es el mismo, pero el impacto de estos resultados ha motivado a miles de niños jóvenes y adultos con discapacidad no solo a incursionar a incursionar en el deporte, sino los ha motivado a romper límites y salir en busca de sus sueños y metas.
Por otro lado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dicta en el artículo 25 que, los Estados parte reconocen que las personas con discapacidad, tienen el derecho de gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y que adoptarán las medidas pertinentes para asegurar su acceso a los servicios de salud, destacando el inciso b, qué dice que proporcionará los servicios de salud qué necesiten, específicamente por consecuencia de la propia discapacidad.
Sabiendo que es más económico prevenir, que atender un problema de salud, la actividad física y deportiva representa un seguro de vida para las personas que viven con una discapacidad, por ello se vuelve necesario que los planes y programas a cargo de todo el aparato que representa el estado y que inciden directamente en la salud de la población, deban adoptar las medidas necesarias para que una de las alternativas más viables, sea proporcionar el derecho a su acceso a las actividades recreativas y deportivas en todo lo largo y ancho del país.
Aunado a que el deporte al ser un derecho humano consagrado en el artículo 4º Constitucional, la práctica deportiva que es de interés público y social, apunta que las obligaciones estatales y generales establecidas en las legislaciones secundarias y que por imperativo del artículo 1º Constitucional, deban insertar nuevas propuestas legislativas para proteger y garantizar a toda la población mexicana a ejercer su derecho de acceder a la cultura física y a la práctica deportiva sin distinción por motivos de discapacidad.
Por lo antes expuesto, se realiza la siguiente propuesta resaltada en negrillas en el cuadro comparativo:
Proyecto de decreto que reforma al artículo 24 y las fracciones I, II y IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento del derecho al acceso a la cultura física y al deporte
Único. Se reforman el artículo 24 y las fracciones I, II y IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Artículo 24. La Federación, los estados, las dependencias de la administración pública federal, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y los sectores sociales o privados, promoverán el derecho de las personas con discapacidad a la cultura física y al deporte. Para tales efectos, realizarán las siguientes acciones:
I. Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, materiales, técnicos, humanos y financieros, requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus distintas fases de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico;
II. Elaborar con las asociaciones deportivas nacionales, estatales o municipales, conjuntamente con la dependencia que corresponda, los Programas de Deporte Paralímpico o adaptado y su presupuesto.
III. ....
IV. Atender los asuntos de la comunidad de deportistas que hagan a través de sus representantes, así como atender las demás que dispongan otros ordenamientos.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas, deberán adecuar sus disposiciones legales a lo previsto en esta reforma, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. El Ejecutivo Federal deberá expedir las reformas necesarias al Reglamento de esta ley, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Notas
1 Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación. Obtenido de
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis-2022
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma al 06/06/2023. Obtenida de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3 Organización Mundial de la Salud, Discapacidad. Obtenido de
4 Gobierno de México, Discapacidad: un fenómeno biológico y social. Obtenido de
https://www.insp.mx/avisos/5156-discapacidad-fenomeno-biologico- social.html
5 Organización Mundial de la Salud, publicación del 7 de marzo de 2023. Obtenida de
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-a nd-health
6 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Obtenido de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_PersDiscap21.pdf
7 Inegi, Módulo de Práctica deportiva y ejercicio Físico. Recuperado de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ mopradef/mopradef2022.pdf
8 Historia de los Juegos Paralímpicos. Obtenidos de
https://www.paralympic.org/ipc/history
9 Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Obtenido de
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Catalina Díaz Vilchis, Azucena Arreola Trinidad, Carmelo Cruz Mendoza, Claudia Leticia Garfias Alcántara, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Julieta Villalpando Riquelme, Karen Yaiti Calcaneo Constantino, Kenia Giselle Muñiz Cabrera, Margarita Corro Mendoza, Maribel Soloache González, Mayra Dolores Palomar González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Mónica Herrera Villavicencio, Pedro Mario Zenteno Santaella, Petra Romero Gomez, Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias diputada, túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Ter y V Bis al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Y la segunda, con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de mayo de cada año Día del Respeto y Protección a la Lactancia Materna en México. Adelante, diputada.
La diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino:Con su venia, presidenta. Diputadas, diputados, hoy me siento honrada de presentar ante este recinto dos iniciativas que tocan de manera profunda la vida de nuestras familias y, sobre todo, el bienestar de las madres y sus recién nacidos.
La primera de ellas es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de mayo de cada año Día del Respeto y Protección de la Lactancia Materna en México. Esta propuesta nace de la urgencia de abolir el tabú que todavía rodea a la lactancia materna en nuestra sociedad.
La lactancia materna no debe ser vista como un acto privado que debe ocultarse, sino como un acto de amor que merece ser celebrado y respetado. Amamantar es dar vida, es proporcionar amor y nutrición en su forma más pura. Es tiempo de unirnos en la celebración de la vida a través de la lactancia, promoviendo un entorno donde las mujeres se sientan empoderadas y libres para amamantar cuando y donde lo deseen.
Debemos trabajar juntas y juntos para desmitificar esta práctica esencial y apoyar a las mujeres que ejercen su derecho a nutrir a sus hijos, en cualquiera de los espacios en donde se encuentren. Reconocer la lactancia como un pilar fundamental en el desarrollo de nuestros niños y niñas es un paso hacia una cultura que valora y respeta la maternidad.
Mi segunda iniciativa es con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones II Ter y V Bis al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, una iniciativa de protección y respeto a la licencia de maternidad. El objetivo primordial de esta iniciativa es garantizar que las madres trabajadoras gocen plenamente de su licencia de maternidad.
Actualmente, en el sector privado han adoptado prácticas que obligan a las madres a continuar laborando desde casa durante su licencia, bajo la premisa de que no deben separarse de la empresa por un periodo de seis semanas antes del parto y seis semanas después del parto. Esta situación, más que un apoyo, se convierte en una carga que afecta tanto la salud de la madre como el bienestar de su recién nacido.
El posparto —conocido como puerperio— es un momento crítico para la recuperación física y emocional de la madre. Es fundamental que durante este periodo la mujer pueda concentrarse en sanar y establecer un vínculo fuerte con su bebé sin las distracciones y presiones del trabajo.
La lactancia, el descanso y la atención a las necesidades del recién nacido son esenciales y esta iniciativa busca asegurar que las madres tengan el espacio y el tiempo necesario para que cumplan con estos aspectos cruciales.
Además, establecemos la necesidad de proteger los días de vacaciones que por derecho corresponden a cada madre. Es inaceptable que, tras el ejercicio de su licencia de maternidad, las mujeres se enfrentan a situaciones adversas a sus lugares de trabajo, donde se les considera un abuso demandar sus días de descanso. Las trabajadoras deben ser tratadas con respeto y dignidad, no solo como empleadas, sino como las más valiosas contribuyentes a la sociedad.
A través de esta propuesta buscamos eliminar los conflictos que muchas mujeres enfrentan entre ser madres y profesionales. Deseamos que el sueño de ser madre y trabajadora no signifique tener que elegir entre una u otra opción, sino que ambas puedan coexistir en un ambiente laboral que valore y respete la vida y el sacrificio que implica la maternidad.
Por todo lo anterior, invito a todas las, y los, legisladores que hagamos de estas iniciativas un paso hacia la construcción de un futuro en el que cada madre tenga la oportunidad de disfrutar de su licencia de maternidad en su totalidad, sin presiones ni cargas adicionales. Es hora de reconocer y valorar el papel fundamental que desempeñan las mujeres al dar vida y ser profesionales competentes.
Apostemos al respeto, la igualdad y el bienestar de nuestras trabajadoras y permitamos que cada madre se transforme en la fuerza extraordinaria que puede ser, sin limitaciones ni dilemas. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que adiciona una fracción II Ter y V Bis al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Karen Yaití Calcáneo Constantino, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 68, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosTener un bebé es uno de los momentos más felices en la vida de una mujer. Pero también presenta desafíos físicos y emocionales.
El puerperio, mejor conocido como posparto, es el período que sigue al parto, en el que el organismo de la mujer vuelve a la normalidad previa al embarazo. En este tiempo, el cuerpo de la mamá experimenta muchos cambios, los cuales depende del tipo de parto y si se está dando el pecho o no. Se trata de una etapa crucial para las madres, pues no sólo su cuerpo experimenta cambios significativos, también su rutina y estilo de vida por la llegada del bebé a casa.
Durante este tiempo, todos los órganos involucrados en el embarazo y el parto se recuperarán paulatinamente, por lo que es común que, tras la expulsión de la placenta y la episiotomía, se presenten sangrados vaginales (loquios), secreciones uterinas que debe expulsar y pueden durar entre 30 o 40 días, durante los cuales irán cambiando de aspecto.
Las complicaciones más frecuentes después del parto son las siguientes:
• Sangrado excesivo (hemorragia puerperal o hemorragia posparto)
• Infección del útero
• Infecciones de la vejiga o los riñones
• Infección mamaria (mastitis)
• Depresión puerperal
La hemorragia puerperal puede producirse poco después del parto, pero puede presentarse hasta 6 semanas más tarde.
El riesgo de formación de coágulos de sangre aumenta durante 6 semanas después del parto (Trastornos tromboembólicos durante el embarazo). La formación de coágulos de sangre en las venas profundas de las piernas (trombosis venosa profunda) hace que estos coágulos puedan pasar a los pulmones (embolia pulmonar), lo que constituye una afección potencialmente mortal.
Por estas razones es importante que la madre tenga los siguientes cuidados
• Descansar lo máximo posible. Puede que lo único que pueda hacer sea comer, dormir y cuidar a su bebé. Y eso está bien. Tendrá pérdidas de sangre, como si tuviera un período menstrual fuera de fecha, durante casi seis semanas.
• También puede que tenga las piernas y los pies hinchados, se sienta constipada y tenga calambres. Aún si no está amamantando, puede que salga leche de sus pezones y sienta que sus pechos le duelen, están sensibles o con malestar.
• Siga las indicaciones de su médico sobre la actividad física que puede hacer en las próximas semanas, como subir escaleras y caminar.
• Los médicos normalmente recomiendan no tener relaciones sexuales de cuatro a seis semanas después del parto.
Además de los cambios físicos, puede que se sienta triste. Si la mamá está muy triste y no puede cuidar de sí misma o de su bebé, puede que esté sufriendo una afección seria llamada depresión posparto.
La depresión posparto es una condición seria que puede afectar a muchas mujeres después del parto, si bien la tristeza posparto puede ser temporal, la depresión posparto puede requerir atención y tratamiento para asegurar el bienestar de la madre y el desarrollo saludable del bebé.
Los sentimientos más comunes en estas madres que acaban de dar a luz son ansiedad, irritación, tristeza con llanto e inquietud. Esta situación también se conoce como baby blues y no llega a ser un tipo grave de depresión.
Si estos sentimientos de tristeza no desaparecen o se hacen más extremos, la mujer puede caer en una depresión más intensa que se prolongue en el tiempo, llegando a durar varios meses o incluso años.
La mayoría de las personas piensa que la depresión posparto y la tristeza posparto son lo mismo. En realidad, no lo son. La tristeza posparto desaparece entre 1 y 2 semanas después del parto, pero la depresión posparto puede ser crónica y puede durar mucho más si no se toman las medidas necesarias.
La depresión posparto comienza después del parto. Inicialmente, puede ser difícil determinar los síntomas ya que el proceso de dar a luz generalmente hace que la mujer se sienta cansada y triste, pero con el tiempo los signos se vuelven obvios y fáciles de identificar. La fase de depresión dura de 4 a 6 semanas después del parto. En algunos casos, puede comenzar durante el embarazo y durar hasta 1 año y algunos estudios sugieren incluso que en algunas mujeres la depresión posparto puede durar hasta 3 años después del parto.
Las mujeres con antecedentes de enfermedades mentales, embarazos complicados o falta de apoyo familiar son más propensas a sufrir una depresión posparto prolongada. Por lo tanto, es fundamental tener cuidado y ser consciente de sus sentimientos. Tomar los pasos correctos en el momento adecuado puede ayudar a que se recupere de la confusión emocional.
Además de la salud materna, la madre también debe centrarse en el bienestar del recién nacido. El cuidado de un recién nacido es una tarea importante y emocionante para los padres.
Los primeros cuidados del recién nacido son fundamentales para asegurar su salud y bienestar desde el momento en que llega al mundo. Estos cuidados incluyen la exploración física, las pruebas de cribado y los cuidados en los primeros días después del nacimiento. Durante esta exploración, se examina al bebé en busca de cualquier anomalía o signo de enfermedad. Se revisa su piel, cabeza, ojos, oídos, nariz, boca, corazón, pulmones, abdomen, genitales y extremidades. También se mide su peso, longitud y circunferencia de la cabeza. Es importante mencionar que algunos bebés pueden presentar ciertas condiciones comunes al nacer, como el acné neonatal, la ictericia o el eritema tóxico. Estas condiciones suelen ser temporales y no requieren tratamiento, pero es fundamental informar al médico si se nota algún cambio preocupante en la piel o en el comportamiento del bebé.
Al hablar de sueño entendemos que el sueño infantil es más ligero y fragmentado porque su cerebro está en pleno desarrollo. Los despertares nocturnos protegen: evitan que el bebé entre en fases de sueño demasiado profundo y favorecen una mejor autorregulación. Despertarse también es una forma de sobrevivir.
Un recién nacido que se despierta es un bebé cuyo sistema funciona como debe. Cada despertar es una señal, no un capricho, es hambre, incomodidad, necesidad de contacto, miedo, maduración neurológica. El bebé no piensa “voy a molestar”. Su cuerpo simplemente dice: “Necesito ayuda para volver a estar seguro”. Dormir del tirón no es un objetivo biológico en la infancia, Llega con la maduración, no con el entrenamiento. Y llega antes cuando el bebé se siente acompañado y seguro. Acompañar no malcría. Responder no estropea el sueño. Los despertares nocturnos también construyen salud.
En conclusión
En la maternidad, la transición del embarazo al parto es profunda y, a menudo, abrumadora. Las madres experimentan cambios físicos y emocionales significativos que exigen atención y respeto. Esta fase no solo implica el cuidado del recién nacido, sino también los desafíos de la recuperación posparto. Es crucial promover iniciativas que garanticen que las madres tengan días de descanso adecuados, ya que este apoyo es vital para su bienestar y el desarrollo saludable de su recién nacido.
La necesidad de descanso y cuidado durante este período es fundamental. Al respetar y apoyar la necesidad de tiempo libre de las madres, no solo promovemos su salud, sino que también contribuimos positivamente al desarrollo del recién nacido. Las madres que tienen la oportunidad de descansar y centrarse en su propio cuidado están mejor preparadas para apoyar a sus recién nacidos emocional y físicamente. Este entorno enriquecedor es esencial para fomentar apegos seguros, cruciales para el desarrollo infantil.
Al reconocer y abordar los cambios físicos y emocionales que conlleva la maternidad, podemos ayudar a prevenir afecciones como la depresión posparto y garantizar el desarrollo saludable de los recién nacidos. Aboguemos por un entorno de apoyo donde las madres puedan prosperar, porque cuando se las respeta y se las cuida, se sienta una base sólida para familias y sociedades más saludables.
Reconocer estos desafíos es esencial, y es con esta comprensión que presento esta iniciativa que busca apoyar a las madres durante el vulnerable período posparto brindándoles los derechos y las protecciones necesarias.
Proyecto de DecretoSe adiciona una fracción II Ter y V Bis, al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
I. ...
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.
II Bis. ...
II Ter. Durante los períodos de descanso después del parto a los que se refiere la fracción II, no se permitirá hacer trabajo de oficina en casa, ni cualquier otro trabajo ajeno a la empresa o institución a la que pertenezca la madre trabajadora, esto con el propósito de no interrumpir la etapa de recuperación puerperio de la madre y el cuidado de su infante o infantes;
III.- ...
IV.- ...
V.- Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;
V Bis. Los periodos de descanso a los que se refiere la fracción II, no corresponden a los días vacacionales a los que se refiere esta ley, es importante que la madre trabajadora comunique a su empleador sobre su solicitud y se respeten sus días de vacaciones incluso después de haber solicitado los días de posparto a los que se refiere la fracción II;
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.somosmamas.com.ar/maternidad/que-es-posparto/¿Qué es posparto? ¿Qué cambios se producen después del parto?
2 https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/cuidados-posparto/introducci %C3%B3n-a-la-atenci%C3%B3n-posparto Introducción a la atención posparto - Salud femenina - Manual MSD versión para público general
3 https://medlineplus.gov/spanish/postpartumcare.htmlCuidados después del parto: MedlinePlus en español
4 https://www.reproduccionasistida.org/depresion-postparto/#por-que-ocurre-la-dep resion-despues-del-parto La depresión posparto: causas, síntomas y tratamiento
5 https://okdiario.com/bebes/cuanto-puede-durar-depresion-posparto-6110715 ¿Cuánto puede durar la depresión posparto? ¿Cómo tratar?
6 https://blog.centropediatria.es/cuidados-del-recien-nacido/ Cuidados del recién nacido: consejos y recomendaciones
7 https://www.pediatrabarreto.com/Inicio | Aprendiendo a comer Guía del sueño infantil
Palacio Legislativo, a 10 de febrero del 2026.– Diputadas y diputados: Karen Yaiti Calcaneo Constantino, Azucena Arreola Trinidad, Carmelo Cruz Mendoza, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Herminia López Santiago, Julieta Villalpando Riquelme, Karina Isabel Martínez Montaño, Kenia Gisell Muñiz Cabrera, María Damaris Silva Santiago, Maribel Soloache González, Mayra Dolores Palomar González, Petra Romero Gomez (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
SE DECLARA EL 11 DE MAYO DE CADA AÑO DÍA DEL RESPETO Y PROTECCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA EN MÉXICO
La diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino:
La suscrita, Karen Yaití Calcáneo Constantino, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 66, 68, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEl Día del Respeto y Protección de la Lactancia Materna en México es una fecha que deberíamos conmemorar no solo como un acto de alimentación, sino como un homenaje a la vida misma. La lactancia materna es un proceso natural que ofrece innumerables beneficios tanto para el bebé como para la madre, y es fundamental que dejemos de tratarla como un tabú. Es hora de apoyar a las mujeres que eligen amamantar y de normalizar este acto, que debería ser celebrado sin juicios ni estigmas.
La lactancia materna es un acto natural que no solo satisface las necesidades nutricionales del bebé, sino que también establece una conexión emocional profunda entre la madre y su hijo. Su impacto positivo abarca múltiples áreas del desarrollo infantil, la salud materna e incluso la sociedad en su conjunto. Contiene anticuerpos y factores inmunológicos que protegen al bebé contra infecciones, alergias y enfermedades crónicas como el asma. Además, amamantar reduce el riesgo de cáncer de mama en un 26 por ciento y de ovarios en un 37 por ciento, gracias a la regulación hormonal y a los procesos implicados en la lactancia también, las madres que amamantan tienen un 32 por ciento menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 enfermedad metabólica.
Sin embargo, a pesar de estos beneficios claramente demostrados, muchas mujeres enfrentan restricciones sociales y culturales al intentar amamantar en público. A menudo se sienten cohibidas o avergonzadas debido a la presión social que considera la lactancia como algo inapropiado o vergonzoso. Este estigma no solo afecta a las madres, sino también a sus hijos, quienes podrían no recibir los nutrientes esenciales que necesitan en sus primeros meses. Al declarar abiertamente que la lactancia es una práctica normal y natural, estamos no solo apoyando a las madres, sino también promoviendo un entorno más saludable para nuestros niños.
Es crucial que cambiemos la narrativa alrededor de la lactancia materna. Esto puede lograrse mediante campañas de concientización que eduquen a la población sobre los beneficios de amamantar y promuevan espacios seguros y acogedores para que las madres puedan hacerlo sin sentir vergüenza. Cada vez que una madre amamanta en público, está desafiando las normas sociales, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de apoyarla y validar su elección.
Al abolir el tabú que rodea a la lactancia, avanzamos hacia una cultura que valora y respeta la maternidad. Debemos reconocer que lactar es dar vida; es proporcionar amor y nutrición en su forma más pura. Este Día de la Lactancia en México, debemos unirnos en la celebración de la vida a través de la lactancia, promoviendo un entorno donde las mujeres se sientan empoderadas para amamantar cuando y donde lo deseen.
Conclusión
La lactancia no debe ser vista como un acto privado que debe ocultarse, sino como un acto de amor que debe ser celebrado. Apoyemos a las mujeres que dan lactancia y trabajemos juntos para desmitificar esta práctica esencial. La lactancia es vida y merece ser honrada y respetada en todas partes.
Por las consideraciones arriba vertidas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto para declarar el 11 de mayo de cada año “Día del Respeto y Protección de la Lactancia Materna en México”
Único. Declara el 11 de mayo de cada año “Día del Respeto y Protección de la Lactancia Materna en México”.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 La importancia de la lactancia materna: un regalo para toda la vida | Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades | Gobierno |gob.mx (www.gob.mx)
Palacio Legislativo, a 10 de febrero del 2026.– Diputadas y diputados: Karen Yaiti Calcaneo Constantino, Azucena Arreola Trinidad, Carmelo Cruz Mendoza, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Karina Isabel Martínez Montaño, Kenia Gisell Muñiz Cabrera, María Damaris Silva Santiago, Maribel Soloache González, Mayra Dolores Palomar González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Petra Romero Gomez, Rosa María Castro Salinas (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Azucena Arreola Trinidad, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de disminución del tiempo que permanezcan los clientes en el Buró de Crédito. Adelante, diputada.
La diputada Azucena Arreola Trinidad:Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia. La iniciativa que vengo a proponer el día de hoy fue inscrita el año pasado y tiene como objetivo hacer realidad la justicia financiera para millones de personas que han visto afectados sus derechos, frenado sus sueños y aspiraciones a una mejor calidad de vida, esto solo porque en algún momento las dificultades económicas les impidieron cubrir a tiempo una deuda o simplemente resultó impagable, y me refiero al historial negativo en el Buró de Crédito, y específicamente de la carga inmerecida de vivir con un castigo sin sentencia.
Por décadas se nos ha dicho que el Buró de Crédito es una herramienta de medición, que es una lista negra, se nos dice que es solo un historial, pero qué pasa cuando ese historial se convierte en una sentencia de muerte financiera de hasta seis años, esto es profundamente injusto.
Es por eso que la presente iniciativa que propongo es reformar el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para que estas sociedades conserven los historiales crediticios que les sean proporcionados por los usuarios y que solo durante el tiempo que implique el incumplimiento del pago y diez días hábiles después de haberse incorporado al cumplimiento en el historial de cualquier persona física o moral. Conservarlos durante 72 meses, como actualmente establece la ley, es una violación a los derechos económicos de las personas, una afrenta a su dignidad y un freno a su desarrollo productivo.
Y que quede claro que no estamos fomentando que las personas no paguen sus deudas, por el contrario, la iniciativa estimula la cultura del pago, toda vez que le pone fin a este estigma y la consecuente exclusión financiera.
Esto, por estar registrado con un historial negativo, dificultando el acceso a créditos, hipotecas, incluso, en algunos casos, a oportunidades de empleo o vivienda.
¿Y saben ustedes quiénes son los más afectados por los registros negativos en el Buró de Crédito? Las y los jóvenes. Es decir, más del 23 por ciento de la población del país que apenas empieza en su desarrollo productivo y que por las dificultades económicas que implica el inicio de su vida laboral, muchas veces se les complica cubrir sus deudas a tiempo.
Y, ¿cómo es posible que una deuda quizás pequeña, tenga más peso y mayor duración que la capacidad de una persona para reestructurar su vida y sus finanzas?
Durante estos seis años, el sistema te etiqueta como una persona de alto riesgo, se te cierran las puertas para adquirir un crédito hipotecario para una casa, un crédito automotriz o para ir a trabajar, o incluso, un financiamiento para emprender tu propio negocio. Esto es un círculo vicioso, te castigan por no tener dinero, impidiendo el acceso a herramientas que te ayudarán a generar más dinero.
Y es más injusto aún el mito de la condonación, muchos creen que, tras la quita, el pago parcial de la deuda, el dolor termina. Pero no es cierto, la mancha permanece ahí, indicando a todos los bancos que alguna vez te atrasaste, ignorando el esfuerzo que significó pagar ese remanente o un salario que muchas veces, apenas alcanza. Insisto, no estamos pidiendo no pagar las deudas, estamos exigiendo justicia, empatía y proporcionalidad.
El sistema actual mantiene registros negativos durante seis años por montos medios y altos, aun cuando ya hayas cubierto tu deuda. Es decir, ya pagaste y no te buscan ni los bancos, ni las distribuidoras de autos, ni las tiendas departamentales, no existe una sentencia en tu contra en ningún tribunal, pero sigues teniendo una marca que durante seis años te hace imposible comprar o contratar algún crédito.
Esto es obsoleto y punitivo, es invasivo de privacidad y debe terminar. Necesitamos que la dignidad financiera no sea un lujo, sino un derecho. Es tiempo de reformar el sistema, de reducir esos tiempos de castigo sin sentencia. Que la educación financiera sea el camino y no la asfixia crediticia. Porque todos merecemos una segunda oportunidad y seis años es demasiado tiempo para estar en la sombra.
Por eso, diputadas y diputados, invito a que apoyemos a las y los mexicanos, que somos muchos mexicanos que nos encontramos en esta situación, y les pido que consideren esta iniciativa para beneficio del pueblo. Muchísimas gracias, presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Paola Espinosa Sánchez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de perspectiva de género, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento ante esta soberanía una iniciativa necesaria, urgente y profundamente justa con la que se pretende integrar de manera obligatoria y transversal la perspectiva de género en la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Durante años hemos reconocido al menos en el papel que el deporte es un derecho humano. Sin embargo, este reconocimiento no ha sido suficiente para garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres que puedan ejercer en igualdad de condiciones su deporte.
La realidad es contundente. El sistema deportivo nacional sigue operando con reglas y estructuras que no fueron diseñadas para ellas. Esto se confirma cuando escuchamos las experiencias de mujeres y niñas en el deporte. Muchas abandonan su disciplina desde edades tempranas porque se enfrentan a ambientes hostiles, estigmas sobre sus cuerpos y prejuicios hostiles en el deporte y que para ellas no está bien.
En múltiples espacios deportivos, las agresiones, el acoso y la violencia siguen siendo prácticas normalizadas, mientras las deportistas conviven con sus propios agresores por falta de mecanismos claros de prevención y sanción.
A esto se suma la precariedad económica y la ausencia de apoyo institucional, que obliga a muchas atletas a sostener dobles jornadas o buscar ingresos extras para poder continuar compitiendo.
Nada de esto ocurre por casualidad, son consecuencias directas de un sistema que durante años ha puesto a las mujeres en segundo plano.
Frente a esta realidad no podemos seguir aceptando que las instituciones encargadas de dirigir la política deportiva del país actúen como si estas desigualdades fueran inevitables, porque no lo son. Son consecuencias de decisiones que se han tomado o dejado de tomar desde quienes deberían garantizar entornos seguros, equitativos y transparentes.
La autoridad deportiva nacional ha preferido administrar la crisis, en lugar de solucionarla. Ha cerrado los ojos ante las denuncias y ha permitido que la falta de controles, de perspectiva y de seriedad terminen siendo la regla y eso, compañeras y compañeros, es inaceptable para un Estado que dice respetar los derechos de las mujeres.
Hoy las atletas mexicanas siguen enfrentando violencia, discriminación, abandono presupuestal y brechas salariales escandalosas, basta recordar que mientras un futbolista varonil que apenas debuta puede ganar 600 mil pesos al mes, una jugadora de la liga femenil percibe entre 7 mil 500 y 8 mil pesos al mes, no es su talento lo que define esta diferencia, es la estructura del deporte en México.
Compañeras y compañeros, estamos hablando de historias reales, de niñas que abandonan el deporte seis veces más que los niños, de jóvenes que entran en lugares deteriorados, de atletas que deben trabajar doble jornada para pagar sus viajes, de mujeres que no ascienden a puestos directivos, de madres deportistas que carecen de condiciones mínimas para consolidar su maternidad en el deporte.
Estamos hablando de sueños que se apagan por falta de oportunidades, por miedo, por violencia o simplemente porque el Estado no está a la altura de su obligación constitucional.
Por eso, esta iniciativa propone cambios concretos:
Primero, elevar la perspectiva de género a principio de rector del derecho al deporte, esto significa que deje de ser una recomendación y se convierta en un mandato legal.
Segundo, obligar a que el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte se diseñe con perspectiva de género, con diagnósticos, metas y presupuestos claros.
Tercero, fortalecer las atribuciones de la Conade para que garantice una distribución equitativa del presupuesto entre el deporte femenil y varonil, y publique información desagregada por sexo, para identificación de brechas de género y la adopción de medidas correctivas.
Cuarto, crear un registro oficial de casos de violencia entre mujeres y niñas en el deporte, un paso indispensable orientado al diseño de políticas públicas para la prevención.
Quinto, asegurar que los espacios deportivos públicos sean de acceso igualitario, seguros y libres de discriminación porque el deporte no solo forma atletas, forma ciudadanía, salud, autoestima, autonomía y futuro; y cuando negamos el acceso igualitario al deporte, estamos negando todo esto.
Hoy, esta Cámara tiene la oportunidad de corregir décadas de desigualdad estructural, dejar de mirar hacia otro lado y reconocer que, sin igualdad sustantiva en el deporte, no hay igualdad plena en México.
Hago un llamado a todas y a todos ustedes para respaldar esta iniciativa. No es una reforma simbólica, es una reforma que cambiará vidas, que abrirá puertas, que dará seguridad y dignidad a millones de mexicanas.
El deporte no puede seguir siendo un privilegio. El deporte es un derecho y ese derecho debe ser igual para todas y para todos. Muchas gracias. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de perspectiva de género, suscrita por la diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Paola Milagros Espinosa Sánchez, en nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de perspectiva de género, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosI. Planteamiento del problema y objeto de la iniciativa
Aunque el derecho a la cultura física y al deporte está reconocido constitucionalmente, en México su ejercicio aún no se garantiza en condiciones de igualdad sustantiva. El sistema deportivo nacional opera sin una incorporación expresa, obligatoria y transversal de la perspectiva de género, lo que ha permitido la persistencia de prácticas discriminatorias, brechas de acceso y condiciones desiguales para las mujeres.
La ausencia de mandatos normativos claros en la planeación, gobernanza y asignación de recursos ha limitado la capacidad del Estado para prevenir la violencia, garantizar entornos seguros y asegurar oportunidades equitativas de participación y desarrollo. Por ello, esta iniciativa busca fortalecer la Ley General de Cultura Física y Deporte para contribuir a la reducción de las desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres, particularmente en el acceso a recursos públicos, infraestructura, apoyos institucionales y condiciones de seguridad en el ámbito deportivo.
II. Derecho a la cultura física y la práctica del deporte: reconocimiento constitucional e internacional
En nuestro país, la cultura física y la práctica del deporte son reconocidos como un derecho humano, conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, este reconocimiento no es meramente declarativo, sino que impone al Estado y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar su ejercicio efectivo, con apego a los principios de igualdad y no discriminación.
El derecho al deporte cumple con una función transversal en la garantía de otros derechos humanos, al incidir de manera directa en la salud física y mental de las personas, en el desarrollo integral y en la construcción de condiciones de vida digna, por ello, su protección no puede entenderse de forma aislada sino como parte de un entramado de derechos interdependientes e indivisibles, entre los que destacan el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, al esparcimiento y a la educación.
El Estado mexicano ha asumido compromisos internacionales relevantes al suscribir y ratificar diversos instrumentos jurídicos que reconocen el deporte como un derecho humano, ya sea de manera implícita o explícita. Entre ellos destacan las Convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Esta última, en particular, establece de forma expresa la obligación de los Estados parte de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar condiciones de igualdad sustantiva en el acceso y la participación en la educación física y el deporte, asegurándole las mismas oportunidades que a los hombres para participar activamente en dichas actividades.
Así pues, el reconocimiento constitucional e internacional del derecho al deporte exige acciones concretas y sostenidas por parte de las autoridades orientadas no solo a fomentar la práctica deportiva, sino a garantizar que esta se realice en condiciones de igualdad, inclusión y accesibilidad, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.
III. Mujeres en el deporte: diagnóstico Internacional
En el ámbito internacional, organismos han reconocido la persistencia de desigualdades estructurales que limitan el acceso, la participación y el desarrollo de mujeres y niñas en el deporte.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha advertido que, pese a los avances logrados en materia de paridad en competiciones internacionales, las mujeres continúan enfrentando brechas significativas relacionadas con la discriminación, la violencia y la falta de condiciones equitativas para su desarrollo deportivo, esta situación revela que la igualdad formal todavía no se traduce en condiciones reales que garanticen el ejercicio pleno del derecho al deporte en contextos seguros e inclusivos.
ONU Mujeres ha documentado que las desigualdades de género se reproducen de manera transversal en todo el ámbito deportivo, en su Guía para un ecosistema deportivo con perspectiva de género, señala que la baja presencia de mujeres en roles directivos, técnicos y de toma de decisiones, así como las brechas estructurales en financiamiento, infraestructura, visibilidad y formación, constituyen obstáculos persistentes que afectan la participación femenina en todas las etapas del ciclo deportivo.
Se ha documentado que la violencia contra mujeres y niñas en ámbitos relacionados con la práctica del deporte constituye uno de los problemas más graves y extendidos, pues se ha señalado que una proporción significativa de atletas mujeres ha experimentado violencia o abuso durante su infancia en dichos entornos, lo que evidencia la ausencia de mecanismos eficaces de prevención, atención y sanción al interior de las estructuras tradicionales.
Otra tendencia identificada internacionalmente es la persistencia de brechas de inversión entre el deporte femenil y varonil, estas disparidades se manifiestan en menores recursos destinados a entrenamientos, becas, infraestructura, servicios técnicos y oportunidades de competencia para mujeres y niñas. Esta diferencia de trato no solo limita el desarrollo competitivo, sino que también obstaculiza la profesionalización del deporte femenil perpetuando estereotipos y desigualdades económicas en perjuicio de las deportistas.
Tanto la UNESCO como ONU Mujeres coinciden en que la incorporación obligatoria de la perspectiva de género en la gobernanza deportiva es una condición indispensable para transformar de manera efectiva los sistemas deportivos nacionales. Las recomendaciones internacionales subrayan la importancia de adoptar marcos normativos sólidos, presupuestos etiquetados con enfoque de género, mecanismos de monitoreo y transparencia y protocolos obligatorios de prevención y atención de la violencia para garantizar la igualdad sustantiva y construir entornos deportivos seguros, inclusivos, libres de discriminación.
IV. Diagnóstico nacional y regional
México no es lejano al contexto deportivo internacional en cuanto a desigualdad, datos más recientes del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef) de 2024 del Inegi confirman la persistencia de una brecha significativa en la participación deportiva: sólo 36 por ciento de las mujeres de 18 años y más realizan actividad física en su tiempo libre, frente a 46 por ciento de los hombres, lo que representa una diferencia de casi 10 puntos porcentuales. Asimismo, la inactividad física afecta a 65.2 por ciento de las mujeres en comparación con 54 por ciento de los hombres, y 21 por ciento de las mujeres reportó no haber practicado nunca deporte en su vida, cifra muy superior a 15.9 por ciento observado entre los hombres, lo que revela una exclusión persistente y estructural de las mujeres en el deporte.
Las razones detrás de estas brechas son múltiples. El propio Mopradef identifica entre los principales motivos para dejar de hacer ejercicio o no realizarlo la falta de tiempo, el cansancio por el trabajo y los problemas de salud; factores que, en el caso de las mujeres, se agravan por la doble jornada, ya que son ellas quienes mayormente se encargan además, de las tareas de cuidados y trabajo doméstico no remunerado pues dedican en promedio 39.7 horas semanales a estas actividades mientras que los hombres solo 18.2 horas, lo que reduce la energía, el ánimo y la posibilidad de reservar siquiera una hora para el deporte.
Estas desigualdades no solo se quedan en el hogar, en los espacios deportivos también persisten las prácticas discriminatorias y violentas que desincentivan la participación femenina. La infografía Mujeres en el deporte 2025 documenta que las mujeres en la adolescencia abandonan 6 veces más el deporte y si bien, no se especifica cuáles son las causas, se puede relacionar con los demás datos que revela: estigmas, agresiones, acoso, violencia sexual y brecha salarial.
Las atletas, desde edades muy tempranas, enfrentan diversas formas de violencia que comienzan con comentarios y juicios sobre sus cuerpos, pues a muchas se les inculcan ideas como que “el deporte es para hombres” o que la práctica deportiva las hará “verse masculinas”, lo que refuerza estereotipos de género que pretenden delimitar qué actividades son socialmente aceptables para las mujeres. Esta problemática no se limita al ámbito simbólico, pues 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física, verbal o sexual en su entorno, y en numerosos casos se ven obligadas a convivir con sus agresores (entrenadores, colegas, dirigentes o incluso aficionados), lo que propicia la normalización de estas conductas y la permanencia de altos niveles de impunidad.
Una situación más en esta problemática es la brecha salarial entre deportistas, se ha identificado que, en el futbol, por ejemplo, un salario de la liga femenil es de siete mil quinientos a ocho mil pesos al mes, mientras que el de un hombre que acaba de debutar es de seiscientos mil pesos, es decir, ellas no ganan ni el 10 por ciento de lo que ganan ellos; en esta realidad, no es el talento lo que determina la diferencia, sino estructuras históricas que han privilegiado el deporte masculino. Muchas atletas viven una doble jornada, cumplen con los entrenamientos, pero también con empleos adicionales para poder costear lo necesario para permanecer en el deporte, a falta de patrocinios y cobertura mediática, su lucha no es solo deportiva, sino económica.
Esta precariedad no es fortuita, es la ausencia de perspectiva de género en la planeación presupuestal y en los criterios de inversión que reproduce un sistema que “tolera” que las mujeres participen pero que no les garantiza condiciones dignas.
En el plano institucional, investigaciones sobre la Conade muestran que la desigualdad también se reproduce en los espacios en donde se toman las decisiones: las mujeres siguen siendo minoría en los cargos directivos y la falta de una adecuada implementación de políticas claras para la prevención del acoso, la vida laboral o la capacitación en temas de género deja un vacío que impacta directamente en la protección de las deportistas.
Si bien la presente iniciativa se formula en el ámbito federal, quien la suscribe no omite hacer referencia al contexto deportivo del estado que representa, esto es, el estado de Jalisco, el cual resulta ilustrativo de la situación que prevalece a nivel nacional.
En Jalisco, el Diagnóstico del Área Metropolitana de Guadalajara revela un dato contundente: sólo 33.2 por ciento de quienes practican deporte son mujeres, eso significa que, en las canchas, las albercas y los gimnasios, las niñas y adolescentes crecen con la sensación de que estos espacios no fueron diseñados para ellas. La presencia limitada de entrenadoras (menos de 40 por ciento), refuerza esa percepción, ya que pocas veces ven a una mujer ocupando el rol de liderazgo técnico, estratégico o institucional; esta ausencia simbólica impacta directamente en la permanencia y en la confianza con la que las jóvenes se desenvuelven en ambientes deportivos que históricamente han privilegiado a varones.
El deporte universitario en Jalisco confirma este patrón: sólo el 28 por ciento de las mujeres continúa en alto rendimiento después de los 22 años, es decir, hay poca permanencia, esto debido a la falta de recursos que obliga a las atletas a tener que vender comida para costear viajes, entrenar en auditorios deteriorados y a firmar reglamentos que condicionan sus becas mientras que los equipos masculinos acceden a mejores instalaciones como gimnasios nuevos. Estas historias revelan que la desigualdad no solo se produce por falta de recursos, sino también por prácticas institucionales que reproducen jerarquías de género.
Finalmente, también se documenta la baja representación femenina en puestos de decisión en el Code Jalisco, en donde solo un tercio de sus cargos directivos son mujeres, muestra de que la desigualdad también opera desde arriba pues ahí se decide qué equipos reciben más presupuesto, qué instalaciones se renuevan primero, qué programas se impulsan y qué proyectos se dejan de lado.
En conjunto, todo lo expuesto evidencia que las desigualdades que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres en el deporte mexicano no son hechos aislados, sino el resultado de estructuras históricas que han normalizado su exclusión, limitado su participación y precarizado su desarrollo. No se trata únicamente de brechas numéricas o carencias institucionales, se trata de vidas que han tenido que adaptarse a un ecosistema deportivo que no fue diseñado para ellas, de sueños que se posponen y de talentos que se pierden por falta de condiciones dignas, seguras y equitativas. Esta realidad confirma que el derecho al deporte, reconocido constitucionalmente como un derecho humano, sigue siendo inaccesible para millones de mexicanas cuyos contextos cotidianos siguen marcados por la desigualdad.
Por ello, el presente proyecto no surge de una aspiración abstracta, sino de la necesidad urgente de transformar un sistema que les ha exigido demasiado mientras les ha ofrecido muy poco. Corresponde ahora al Poder Legislativo asumir su responsabilidad constitucional y garantizar un marco jurídico que deje de depender de voluntades o esfuerzos aislados, y establezca en la ley las bases mínimas para construir un deporte nacional verdaderamente igualitario.
V. Propuesta de reforma
Se propone fortalecer la Ley General de Cultura Física y Deporte. Para ello, la reforma adiciona la perspectiva de género como un principio base para el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte; al incluirla en la ley, la perspectiva de género deja ser un componente accesorio o programático y se convierte en un mandato transversal que debe guiar la actuación de las autoridades responsables de promover y garantizar este derecho, asegurándose así que cada política, programa, estrategia y decisión institucional considere las desigualdades, injusticias y la jerarquización de las personas basada en el género.
También, se plantea que la planeación nacional del deporte incorpore explícitamente este enfoque, al establecer que el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte deberá formularse bajo una visión transversal y con perspectiva de género, esto permitirá que esta metodología sea un criterio operativo al momento de definir diagnósticos, objetivos, metas, estrategias y presupuestos.
De igual forma, se fortalecen las atribuciones de la Conade, incorporándole la responsabilidad de promover una distribución equitativa y progresiva del presupuesto entre el deporte femenil y varonil, así como de generar y publicar información presupuestal desagregada por sexo, con el fin de identificar disparidades en la asignación de recursos y adoptar medidas correctivas.
Asimismo, y sin ignorar la reciente aprobación de una iniciativa que versa sobre el tema de la violencia en el deporte, a fin de abonar a la imperante necesidad de contar con espacios seguros, se establece la obligación de integrar un registro oficial de casos de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito deportivo, herramienta esencial para su prevención, atención y para el diseño de políticas basadas en evidencia.
Finalmente, se propone que, en coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales se garantice el acceso igualitario de mujeres, niñas y adolescentes a las instalaciones deportivas públicas y asegurar que estos espacios operen bajo condiciones de seguridad, inclusión y no discriminación. Con ello, se busca consolidar un sistema deportivo donde todas las autoridades asuman la responsabilidad de crear entornos dignos, accesibles y seguros para la participación femenina.
Para mayor claridad, a continuación, se compara el texto vigente de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la respectiva propuesta de reforma:
Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de perspectiva de género
Único. Se reforman los artículos 3, fracción XIV, 9, párrafo tercero, 30, fracción XXIII, y 41, fracción IX; y se adiciona la fracción XXIX, con lo que se recorren las subsecuentes, al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. a XIII. ...
XIV. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la no discriminación por razón de género y la perspectiva de género.
Artículo 9. ...
...
La Conade, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, el cual deberá realizarse con una visión transversal y con perspectiva de género, debiendo contener al menos.
I. a IV. ...
...
Artículo 30....
I. a XXII. ...
XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte, la prevención de la violencia , incluyendo un registro oficial de los casos cometidos contra mujeres y niñas en el ámbito deportivo, orientado al diseño y evaluación de políticas públicas y a la generación de entornos deportivos seguros y el fomento de la cultura de paz en el deporte;
XXIV. a XXVIII. ...
XXIX. Promover una distribución equitativa y progresiva del presupuesto destinado al deporte femenil y varonil, así como generar y publicar información presupuestal desagregada por sexo sobre la asignación y ejercicio de los recursos públicos en materia de cultura física y deporte, para la identificación de brechas de género y la adopción de medidas correctivas;
XXX. Celebrar todos los contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue creado; y
XXXI. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen.
Artículo 41. ...
I. a VII. ...
IX. Promover, formular y ejecutar políticas para garantizar la participación en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres que fomenten actividades físicas y deportivas , asegurando el acceso igualitario a las instalaciones deportivas públicas, así como su carácter accesible, seguro y libre de discriminación y violencia.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Conade deberá emitir los lineamientos para el registro oficial de los casos de violencia cometidos contra mujeres y niñas en el ámbito deportivo a que se refiere la fracción XXIII del artículo 30 de la ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 17 de febrero de 2026.– Diputadas y diputados: Paola Milagros Espinosa Sánchez, David Azuara Zúñiga, Jesús Roberto Corral Ordóñez, José Manuel Hinojosa Pérez, Omar Antonio Borboa Becerra, Verónica Martínez García (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese esta iniciativa de la Comisión del Deporte, para dictamen.
El diputado Corral está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez: Gracias, presidenta, para pedirle a la iniciadora, Paola Espinosa, que me permita registrarme en su iniciativa. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. La diputada Paola Espinosa ha accedido. Si algún otro legislador o legisladora desea suscribir la iniciativa, estará en esta Mesa Directiva, en la Secretaría.
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por diez minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Prevención del Suicidio. Adelante, diputada.
La diputada Verónica Martínez García:Con su venia, diputada presidenta. Hablar de suicidio es hablar de vidas que pudieron salvarse, es hablar de familias marcadas por el dolor, de personas que perdieron la esperanza y de una sociedad que aún no ha construido los mecanismos suficientes para prevenirlo.
Hoy, México enfrenta una realidad que no podemos ignorar. El suicidio no es solo un problema de salud mental, es un problema de salud pública, de justicia social y de responsabilidad de Estado. Por ello, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Prevención del Suicidio.
Agradezco la presencia de mi amiga, la psicóloga Judith Varela, que se encuentra en este recinto, especialista en estudios de suicidio, por su respaldo y acompañamiento a esta iniciativa. Con quien desde hace muchos años hemos encabezado y trabajado juntas en esta causa.
Nuestro país registra un incremento sostenido en casos de suicidio. En 2024 se registraron más de 8 mil 800 suicidios en México, pero el problema va más allá. Cada caso refleja una historia diferente entre la angustia, la ansiedad, el sufrimiento, la impulsividad, porque no todos los casos de suicidio tienen que ver, en su origen, con una depresión, sino que también ya se han registrado casos de homicidio-suicidio.
Ello revela una falta de expresión de sentimientos, del estigma social, de la falta de redes de apoyo y de acompañamiento. Hoy el Estado mexicano carece de un marco legal integral que articule políticas públicas, investigación científica y mecanismos efectivos para su prevención.
Aunque existen ya programas de acciones institucionales, nuestro país no cuenta con una legislación especializada que coordine los tres órdenes de gobierno, que genere información científica sistemática. Que garantice la atención integral a las personas en riesgo y que combata el estigma social.
La regulación actual es fragmentada y desigual entre las diferentes entidades federativas, por eso la importancia de homologar protocolos, estrategias y acciones. La evidencia científica reciente muestra algo fundamental, muchos suicidios ocurren sin diagnóstico previo de depresión, ni tampoco sin señales clínicas visibles.
Por ejemplo, el suicido neurótico, según el doctor Ringel, no da aviso, solo se consuma. Eso exige un cambio de enfoque, comprender el suicidio como un problema de salud pública, identificar los factores sociales, psicológicos, pero también los biológicos. Diseñar estrategias diferenciadas de prevención, crear un protocolo de actuación ante una crisis.
Les comparto que hace unas semanas acompañé a la esposa del gobernador Manolo Jiménez en la Universidad Autónoma de Coahuila, al implementarse el Código Centinela y el Código 100 en la máxima casa de estudios, lo cual, también debería de replicarse en universidades públicas y privadas en todo lo largo y ancho de nuestro país, con la finalidad de poder identificar a tiempo situaciones de riesgo suicida.
La iniciativa que hoy presento propone crear una Ley General de Prevención del Suicidio con un enfoque integral que contempla la coordinación entre la federación, los estados y los municipios, la prevención, atención y posvención, protocolos de detección temprana, capacitación del personal de salud, pero también del personal de educación y servicios públicos, campañas de sensibilización social, un registro nacional de casos, protección de derechos de las personas con ideación suicida, creación de un Comité Nacional de Investigación de Conducta Suicida, se trata de pasar de acciones aisladas a una política pública estructural.
Esta ley permitirá reducir la incidencia del suicidio, detectar riesgos de forma oportuna, fortalecer la atención psicológica y psiquiátrica, combatir la discriminación y el estigma, generar evidencia científica para mejores políticas públicas, pero, sobre todo, sobre todo proteger la salud mental como un derecho humano.
La propuesta se sustenta en el derecho a la protección a la salud, a la dignidad humana, al principio de no discriminación, a la obligación del Estado de proteger la vida y la salud de las y los mexicanos. La salud mental es un derecho fundamental, su protección es responsabilidad del Estado mexicano.
Legislar para el suicidio es legislar para salvar vidas, es ofrecer esperanza a quienes enfrentan crisis silenciosas, es acompañar a las personas, pero también a sus familias. Y hoy tenemos la oportunidad de transformar el dolor en prevención y la indiferencia en acción. Por ello, solicito, compañeras y compañeros, su respaldo para esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta.
Presidencia de la diputada Paulina Rubio Fernández
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.
Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma —permítanme un segundito. El diputado Theodoros Kalionchiz, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente (desde la curul): Presidenta, me quisiera también adherir a esta iniciativa de la diputada Verónica, ya que, en el centro, en la región centro de Coahuila padecemos un alto índice de suicidios, por eso también me adhiero a esta iniciativa, en soporte porque queremos nosotros que los suicidios en la región centro, pues, decrementen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado Kalionchiz. Y, diputada Verónica, se le pregunta si acepta la adhesión del diputado Kalionchiz. La acepta.
El Grupo Parlamentario del PRI también se une por ahí a la iniciativa de la diputada Verónica. La diputada Margarita Zavala. Y quien guste, estará a su disposición para firmarla.
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora la palabra a la diputada Diana Castillo, quien presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La diputada Diana Castillo Gabino:Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Diana Castillo Gabino: Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, la verdadera inclusión comienza cuando dejamos de ver límites y empezamos a reconocer esas fortalezas.
Hoy hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa en el marco del Día Internacional de Cero Discriminación, que se conmemora el próximo mes de marzo. Las personas con discapacidad viven en una sociedad en la cual deben superar las barreras existentes, que son en apariencia invisibles a los ojos de las personas.
Este sector de la población sigue teniendo un acceso limitado a la salud, educación, trabajo y seguridad social, mismos que son esenciales para garantizar una vida digna y plena.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 9 millones de personas que reportaron vivir con alguna discapacidad.
Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo reconocen el derecho al trabajo digno y sin discriminación para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.
La inclusión laboral implica que las personas con discapacidad accedan a empleo en igualdad de condiciones, con ajustes razonables, eliminación de barreras y acceso efectivo a todos los procesos del mercado laboral.
En este orden de ideas, la iniciativa que hoy presento ante este pleno tiene como objeto fundamental fortalecer el desarrollo e inclusión laboral plena a las personas con discapacidad en un marco de igualdad, de derecho y oportunidades. Sin discriminación y con perspectiva de género, a través del desarrollo y aplicación de políticas de inclusión, capacitación y autoempleo.
La reforma que propongo permitirá asegurar que la administración pública federal sea modelo de inclusión y acceso al empleo para las personas con discapacidad, así como fortalecer las políticas públicas laborales, promoviendo empleos dignos con seguridad social y desarrollo profesional.
Por todo lo anterior, presento a este pleno la presente iniciativa por la que se reforma la fracción XII del artículo 6, la fracción II del artículo 11 y se adiciona una fracción XXIII al artículo 6, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Apostar por la inclusión laboral es apostar por una sociedad donde el talento importa más que las barreras físicas o sociales. Que viva la inclusión laboral. Que viva la igualdad de oportunidades. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6o. y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Diana Castillo Gabino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6; la fracción II del artículo 11; y se adiciona una fracción XIII al artículo 6; todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad , al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosI. Marco teórico conceptual
Las personas con discapacidad, viven en una sociedad en la cual deben superar las barreras existentes que son en apariencia, invisibles a los ojos de las personas. Este sector de la población sigue teniendo un acceso limitado a los servicios públicos, salud, educación, trabajo y seguridad social, mismos que son esenciales para garantizarles una vida digna y plena.
La no discriminación hacia las personas con discapacidad es una cuestión de justicia. Por ello, debemos garantizar la igualdad de oportunidades a través de la eliminación de las barreras de comunicación, físicas, sociales y culturales que las excluyen de su plena incorporación y participación social.
La discapacidad debe entenderse como un fenómeno dinámico y multidimensional, resultado de la interacción entre personas con deficiencias (físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, permanentes o temporales) y barreras ambientales o actitudinales que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Este criterio coincide con la definición empleada por la propia Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, instrumento internacional vinculante ratificado por México.
Los tipos comunes de discapacidad son: Física o motriz: Dificultades para moverse o usar el cuerpo. Sensorial: Afecta la vista (visual) o el oído (auditiva). Intelectual: Limitaciones en el razonamiento, aprendizaje y memoria. Psicosocial o salud mental: Impacta la comunicación, relaciones sociales o estado de ánimo. Del desarrollo: Afecta el crecimiento y funcionamiento del cuerpo y cerebro. Múltiple: Combinación de dos o más tipos de discapacidades.
En este sentido, de acuerdo al objeto de la presente iniciativa, debemos concebir a la inclusión laboral como un derecho humano y eje de autonomía; el derecho al trabajo no es meramente una aspiración económica sino un derecho humano que reafirma la dignidad personal, la autonomía, la seguridad económica y la participación social plena.
La inclusión laboral implica que las personas con discapacidad accedan a empleo en igualdad de condiciones, con ajustes razonables, eliminación de barreras y acceso efectivo a todos los procesos del mercado laboral. Esto conlleva potenciar la igualdad sustantiva y material, más allá de la igualdad formal.
II. Problemática
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 México contaba con aproximadamente 130.3 millones de personas, de las cuales 9.5 millones (7.3 por ciento) reportaron vivir con alguna discapacidad.
De este universo poblacional, más de 50 por ciento son mujeres y más de la mitad corresponde a personas adultas mayores. Solo una fracción significativa participa en el mercado laboral formal, mientras que datos de censos económicos arrojan que solo cerca de 1.87 por ciento de las unidades económicas contrataron personal con discapacidad, lo que muestra grados importantes de exclusión estructural.
El nivel de participación económica activa de personas con discapacidad es notablemente inferior al de la población sin discapacidad, con tasas que rondan o están por debajo de 40-50 por ciento.
Estas cifras evidencian un rezago en inclusión laboral real, elevadas barreras de acceso al empleo formal, brechas de género y precariedad económica persistente.
Organismos como el Inegi en México definen a una persona con discapacidad como quien tiene mucha dificultad o no puede realizar al menos una actividad cotidiana (caminar, ver, escuchar, recordar, concentrarse).
Se señalan como retos principales, la falta de accesibilidad en espacios y transporte.
La discriminación en educación, empleo y salud. Las barreras de actitud y prejuicios sociales.
Barreras laborales significativas
Las personas con discapacidad enfrentan múltiples obstáculos:
• Discriminación en procesos de selección y falta de ajustes razonables para la participación plena.
• Accesibilidad insuficiente en espacios, tecnologías y comunicación, incluyendo procesos de reclutamiento y entrevistas.
• Brechas de capacitación y reconocimiento de competencias, lo que limita su competitividad en empleos formales.
• Segmentación en empleos informales o menos protegidos, con menores ingresos y sin seguridad social.
Además, existen brechas interseccionales como la desigualdad de género, que agrava la exclusión laboral para mujeres con discapacidad.
La ONU aborda la discapacidad principalmente a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que promueve su plena inclusión, estableciendo que la discapacidad surge de barreras sociales, no de la persona, y busca garantizar sus derechos en todos los ámbitos (educación, trabajo, vida política, cultural) y su participación en la Agenda 2030.
III. Marco jurídico
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o. prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo por motivo de discapacidad, y obliga al Estado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos.
El artículo 123, reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, orientando las políticas laborales hacia la igualdad sustantiva.
Estas disposiciones hacen del derecho al trabajo una obligación constitucional vinculante para los tres órdenes de gobierno.
Por otra parte, la legislación secundaria, en particular la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) es la norma marco que regula el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en México. En el Capítulo II relativo al Trabajo y Empleo, el artículo 11 establece las obligaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para promover el derecho al trabajo digno y la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, el texto actual del artículo 11, aunque reconoce acciones importantes (como prohibición de discriminación y diseño de políticas públicas), no contempla de manera explícita la obligación de promover mecanismos de inclusión activa en los procesos de selección y acceso al empleo en la administración pública federal ni enfatiza el desarrollo de competencias y empleabilidad continua.
Del mismo modo, el artículo 6 de la LGIPD, relativo a las facultades del titular del Poder Ejecutivo federal, carece de una redacción específica que vincule directamente la obligación de asegurar procesos de selección incluyentes y accesibles para las personas con discapacidad.
Como normativa internacional vinculante, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual en su artículo 27 consagra el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, incluyendo el acceso a empleo y la obligación de adoptar medidas que eliminen la discriminación, fomenten ajustes razonables y promuevan la inclusión en el empleo público y privado.
Finalmente, cabe señalar que la jurisprudencia y principios internacionales relevantes, señalan que, si bien la jurisprudencia mexicana específica, sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, es escasa; es relevante señalar que las interpretaciones de los tribunales nacionales y organismos internacionales tienden a enfatizar que toda norma debe leerse conforme al derecho internacional de los derechos humanos y con el principio pro persona, lo que obliga a adoptar medidas activas cuando existan grupos en situación de desventaja constitucionalmente protegidos.
Asimismo, doctrinas y sentencias han subrayado que la adopción de ajustes razonables y medidas efectivas de inclusión no puede quedar a la discreción administrativa, sino que deben constituir obligaciones claras en el diseño y ejecución de políticas públicas.
IV. Justificación, objeto y argumentos de sustento
El trabajo es uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo de las personas; con el empleo, existen posibilidades de mejorar las condiciones de vida y desarrollo personal; ésta ha sido una visión pendiente respecto de las personas con discapacidad; no basta el asistencialismo social; debemos dotar a este sector de la población, de los instrumentos necesarios para su desarrollo productivo, ésta es la mejor herramienta para su desarrollo y el reconocimiento de sus capacidades en un marco de igualdad y respeto.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad no puede seguir siendo un objetivo abstracto o una política de buenas intenciones; requiere mandatos normativos claros, obligaciones precisas y acciones concretas. Las reformas propuestas se sustentan en la Constitución, en normas internacionales vinculantes, en la evidencia estadística y en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto fundamental, fortalecer el desarrollo e inclusión plena de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad de derechos y oportunidades, sin discriminación y con perspectiva de género, a través del desarrollo y aplicación de políticas de inclusión laboral, capacitación y autoempleo.
Con la presente iniciativa, se propone el fortalecimiento del texto del artículo 6o. relativo a las facultades del ejecutivo. La problemática actual, que se propone atender, se refiere al artículo 6o. vigente, que establece una facultad genérica del Ejecutivo federal para establecer políticas públicas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no contiene un mandato explícito para garantizar procesos de selección incluyentes y accesibles en la administración pública federal.
La propuesta de reforma se justificación, con la modificación por la cual se propone adicionar con claridad la obligación de promover y garantizar que los procesos de selección de personal en la administración pública federal sean inclusivos y accesibles a personas con discapacidad, adoptando criterios técnicos y ajustes razonables, así como mecanismos de evaluación de impacto para eliminar barreras.
Esta precisión normativa es congruente con la obligación internacional asumida por México bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el mandato constitucional de igualdad y no discriminación.
La reforma y adición al artículo 11 relativa a las acciones de la Secretaría del trabajo y Previsión Social, plantea la problemática actual: El texto vigente del artículo 11 contempla funciones generales como prohibición de discriminación y diseño de políticas públicas, pero no establece con fuerza la promoción del autoempleo, desarrollo de competencias laborales específicas, mecanismos de acceso laboral continuo y seguimiento de trayectorias profesionales, ni aborda la inclusión activa en procesos estatales.
Asimismo, la reforma se justifica al incorporar el fomento del autoempleo y la capacitación continua como acciones obligatorias de política pública, reconociendo que muchas personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales para competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral formal.
De igual modo, fortalecer las estrategias de inclusión laboral, que incluyan diseñar, ejecutar, evaluar y monitorear programas de acceso al empleo, desarrollo de competencias, acompañamiento y permanencia en empleos formales.
Con ello se busca, garantizar la participación de personas con discapacidad en procesos públicos y privados, con indicadores cuantificables y mecanismos de rendición de cuentas.
Estas adiciones no solo cumplen con obligaciones internacionales, sino que responden a necesidades prácticas basadas en datos concretos de exclusión laboral estructural en México.
V. Análisis jurídico
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala en su artículo primero que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Por otro lado, el artículo 27, relativo al trabajo y empleo, señala que “Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entornolaborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.
En México, la Constitución federal, establece en su artículo primero que : todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
De acuerdo a lo anterior, la a reforma propuesta permitirá asegurar que la administración pública federal sea modelo de inclusión y acceso al empleo para las personas con discapacidad, así como fortalecer las políticas públicas laborales, promoviendo empleos dignos con seguridad social y desarrollo profesional.
Con ello, se busca promover la igualdad sustantiva, eliminando barreras estructurales en selección de personal y desarrollo de carrera.
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo con el texto vigente y las propuestas de modificación:
VI. Cuadro comparativo. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
VII. Denominación del proyecto de decreto y régimen transitorio
Por lo expuesto y fundado, la suscrita diputada Diana Castillo Gabino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:
Decreto que reforma la fracción XII del artículo 6; la fracción II del artículo 11; y se adiciona una fracción XIII al artículo 6; todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Único. Se reforma la fracción XII del artículo 6; la fracción II del artículo 11; y se adiciona una fracción XIII al artículo 6; todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Artículo 6. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo federal en materia de esta ley, las siguientes:
I. a XI. ...
XII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación, y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad ;y
XIII. Incorporar a las personas con discapacidad en las instancias de la administración pública federal, coadyuvando para que los procesos de selección sean incluyentes y accesibles a las personas con discapacidad, y
XIV. Las demás que otros ordenamientos le confieran.
Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:
I. ...
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral, autoempleo, y capacitación para las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias laborales y fortaleciendo su participación tanto en el sector público como en el privado, de modo que se proteja la capacitación, el empleo digno, la contratación y los derechos laborales, en su caso, de las personas con discapacidad;
III. a VIII. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 Fuente disponible en:
https://salud.edomex.gob.mx/salud/discapacidad
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputada Diana Castillo Gabino (rúbrica).»
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA DE PRECISIÓN Y REGENERATIVA
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos uso de la palabra al diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 10 minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa.
El diputado José Braña Mojica:Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado José Braña Mojica: Compañeras, compañeros diputados, a nivel global la ganadería se encuentra frente a un panorama desafiante. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la demanda mundial de proteína animal aumentará un 70 por ciento en el año 2050.
En nuestro país, la ganadería no es solo una simple actividad, sino representa la forma y el medio de sobrevivencia de más de 800 mil familias. Lamentablemente, la degradación de los suelos ganaderos, acompañado de la creciente presión internacional derivada de la huella de carbono, México corre el riesgo de quedarse fuera de los mercados globales si no apostamos hacia un modelo basado en la soberanía alimentaria, sustentabilidad ambiental y tecnificación del campo, pilares fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, presentado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
En este orden de ideas la iniciativa que hoy presento no busca imponer más burocracia, sino dotar al ganadero de herramientas tecnológicas y financieras que les sean útiles para desempeñar su gran labor.
Lo que buscamos con esta propuesta es transitar de una ganadería de supervivencia a una de datos, en dónde la eficiencia sea la moneda de cambio para obtener créditos y bonos internacionales. La acelerada demanda nos exige actuar y cambiar de paradigma.
Es necesario dejar de ver a la ganadería como una actividad generadora de gases de efectos invernaderos, para convertirla en una herramienta de captura de carbono. Lo anterior se podrá lograr a través del manejo regenerativo y el pastoreo rotacional.
Se ha comprobado que el suelo mexicano tiene la capacidad de capturar una importante cantidad de dióxido de carbono. Es por ello que con la emisión de esta normativa se introduce por primera vez el concepto de bono de carbono pecuario, permitiendo con ello que el ganadero reciba ingresos no solo por la venta de carne o leche, sino por el servicio ambiental de restaurar la tierra.
Con esta ley se propone democratizar la tecnología, no se trata de desplazar al pequeño productor, sino de dotar de las herramientas de precisión que hoy solo poseen los grandes productores.
Al vincular el Presupuesto federal a la transición tecnológica y la recuperación de suelos, estamos garantizando que el campo mexicano sea rentable, sostenible y sobre todo heredable para las próximas generaciones.
Por todo lo anterior expuesto y con plena conciencia de los desafíos que hoy enfrenta el campo mexicano consideramos indispensable atender la demanda integral y responsable de las necesidades de la actividad ganadera.
Con esa precisión presentamos la iniciativa para expedir la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa, una propuesta que busca impulsar la innovación tecnológica, acompañar a los productores en esta transición y sentar las bases de una ganadería más eficiente, sostenible y competitiva. Es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que expide la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa, a cargo del diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa ganadería en México no es solo una tradición, es el motor de supervivencia de más de 800,000 familias. Sin embargo, el modelo actual ha llegado a su límite biofísico. Con el 80 por ciento de los suelos ganaderos degradados y una presión internacional creciente por la huella de carbono, México corre el riesgo de quedar fuera de los mercados globales (como el T-MEC y el acuerdo con la UE) si no transita hacia la Ganadería de Precisión. bajo los ejes de Soberanía Alimentaria, Sustentabilidad Ambiental y Tecnificación del Campo, que son pilares del Plan Nacional de Desarrollo de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (específicamente el programa “República Alimentaria y con Justicia para el Campo”).
Esta iniciativa no busca imponer más burocracia, sino dotar al ganadero de herramientas tecnológicas y financieras. Proponemos pasar de una ganadería de “supervivencia” a una de “datos”, donde la eficiencia sea la moneda de cambio para obtener créditos y bonos internacionales.
I. La emergencia de la seguridad alimentaria y el cambio climático
A nivel global, la ganadería se encuentra en una encrucijada histórica. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la demanda mundial de proteínas animales aumentará un 70 por ciento para el año 2050.
Sin embargo, este crecimiento debe ocurrir en un planeta con recursos hídricos limitados y suelos en proceso de desertificación. En México, la situación es crítica: el 56 por ciento del territorio nacional está dedicado a la ganadería, pero el 80 por ciento de esta superficie presenta niveles alarmantes de degradación.
El modelo de ganadería extensiva tradicional, basado en el libre pastoreo sin control tecnológico, está agotando la capacidad de resiliencia de nuestros ecosistemas.
II. La brecha tecnológica y la competitividad en el T-MEC
Mientras que competidores directos como Estados Unidos, Brasil y Australia han implementado la “Ganadería 4.0”, México mantiene una brecha tecnológica que amenaza nuestra balanza comercial.
Actualmente, el 39.7 por ciento del PIB agropecuario depende de este sector, pero la falta de sistemas de trazabilidad digital impide que miles de pequeños productores accedan a mercados de alto valor.
La implementación de la Ganadería de Precisión (GPS, sensores de salud animal y monitoreo de biomasa por satélite) no es un lujo, sino una necesidad para garantizar la sanidad animal y la eficiencia productiva. Si no modernizamos nuestro marco legal, las barreras no arancelarias basadas en la “huella de carbono” que ya discuten nuestros socios comerciales del T-MEC y la Unión Europea, dejarán fuera a los productores mexicanos en menos de un lustro.
III. Hacia un modelo regenerativo: El suelo como activo nacional
La presente iniciativa propone un cambio de paradigma: dejar de ver a la ganadería como una actividad emisora de gases de efecto invernadero para convertirla en una herramienta de captura de carbono.
A través del manejo regenerativo y el pastoreo rotacional planificado, el suelo mexicano puede secuestrar gigatoneladas de CO2. Esta iniciativa introduce por primera vez en nuestra legislación el concepto de “ bonos de carbono pecuario”, permitiendo que el ganadero reciba ingresos no solo por la venta de carne o leche, sino por el servicio ambiental de restaurar la tierra.
IV. Justicia social para el pequeño productor
Históricamente, los apoyos federales se han centrado en la entrega de insumos físicos que no resuelven el problema de fondo. Esta ley propone democratizar la tecnología. No se trata de desplazar al pequeño productor, sino de dotarlo de las herramientas de precisión que hoy solo poseen los grandes conglomerados.
Al vincular el presupuesto federal a la transición tecnológica y la recuperación de suelos, estamos garantizando que el campo mexicano sea rentable, sostenible y, sobre todo, heredable para las próximas generaciones.
V. Datos y cifras relevantes a nivel nacional e internacional
A nivel nacional (México 2024-2025)
• Territorio: La ganadería ocupa aproximadamente 108.9 millones de hectáreas, lo que representa el 56 por ciento del territorio nacional.
• Economía: Aporta el 39.7 por ciento del PIB del sector primario. En 2025, el sector agropecuario mostró resiliencia con un crecimiento anual del 15.3 por ciento en el IGAE de agosto, a pesar de las sequías.
• Producción: México es el 6o. productor mundial de carne de res. Sin embargo, enfrenta un déficit en lácteos, importando más de 3,200 millones de dólares en productos lácteos anualmente.
• Problemática: El 80 por ciento de la superficie ganadera en México presenta algún grado de degradación de suelo debido al sobrepastoreo y la falta de tecnología.
A Nivel Internacional
• Emisiones: La FAO estima que la ganadería es responsable del 12 por ciento al 14.5 por ciento de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
• Tendencia 2030: Los mercados internacionales (como la Unión Europea) están empezando a exigir certificados de “ Deforestación Cero” y huella de carbono baja para importar carne, lo que pone en riesgo las exportaciones mexicanas si no se modernizan.
Actualmente, la ganadería se rige principalmente por la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Sin embargo, estas leyes están enfocadas en:
1. Sanidad y control de enfermedades.
2. Apoyos asistencialistas (entrega de sementales o forraje).
Una ley que incentive la tecnología de precisión (Internet de las Cosas, drones, sensores) y el manejo regenerativo (recuperación de suelos) como una obligación de Estado para garantizar la seguridad alimentaria frente al cambio climático.
El “Sistema Nacional de Trazabilidad Dinámica y Bonos de Carbono Ganadero”
Esta es la parte “Nueva” que no se ha presentado formalmente como una estructura legal integrada:
A. Creación del “Certificado de Ganadería Resiliente” (CGR)
No se trata de un simple sello de calidad, sino de un requisito para acceder a tasas preferenciales en la banca de desarrollo (FIRA). Para obtenerlo, el productor debe demostrar:
• Pastoreo Rotacional Planificado: Uso de cercos eléctricos solares para evitar la degradación del suelo.
• Monitoreo Satelital de Biomasa: Uso de datos de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) para saber exactamente cuánto pasto hay y no sobrecargar la tierra.
B. El “Impulso Tecnológico Obligatorio” (Ganadería de Precisión)
Propuesta de reforma para que el 15 por ciento del presupuesto federal destinado a la ganadería se etiquete exclusivamente para la adquisición de:
• Biotecnología Reproductiva: Para mejorar la conversión alimenticia (que el animal engorde más comiendo menos).
• Dispositivos de Monitoreo (Ear-tags inteligentes): Que detecten enfermedades antes de que se propaguen, reduciendo el uso de antibióticos en un 30 por ciento.
C. Mercado de bonos de carbono para pequeños productores
Establecer un esquema donde el Gobierno Federal actúe como “agregador” para que los pequeños ganaderos que regeneren suelos puedan vender créditos de carbono en los mercados internacionales, convirtiendo el estiércol y el manejo de pastos en una fuente de ingreso extra.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa
Artículo Único: Se expide la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa, para quedar como sigue:
Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa
Título PrimeroDisposiciones Generales Capítulo IArtículo 1. La presente ley es de interés público y tiene por objeto fomentar, regular y promover la transición de la ganadería tradicional hacia modelos de precisión y regenerativos que garanticen la soberanía alimentaria.
Artículo 2. Son objetivos de esta ley: la recuperación de la salud de los suelos, la captura de carbono, el uso eficiente del agua mediante tecnología y el bienestar de las familias productoras.
Capítulo IIArtículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por:
I. Ganadería de Precisión: Uso de tecnologías de la información (sensores, GPS, Big Data) para optimizar la producción individual por animal.
II. Ganadería Regenerativa: Práctica agropecuaria que busca restaurar la biodiversidad del suelo y el ciclo del agua a través del manejo holístico del pastoreo.
Título SegundoArtículo 4. El Estado promoverá el acceso a redes de conectividad en zonas rurales para facilitar el uso de herramientas de monitoreo satelital y biometría animal.
Artículo 5. Se crea el Sistema Nacional de Trazabilidad Digital, que permitirá conocer el historial de salud y alimentación de cada unidad animal desde su nacimiento hasta su consumo.
Título TerceroArtículo 6. Los productores que adopten esta ley deberán implementar planes de pastoreo rotativo programado para evitar la sobreexplotación del suelo y permitir su descanso natural.
Artículo 7. Queda prohibido el uso de agroquímicos de alta toxicidad en zonas declaradas de “Transición Regenerativa”, sustituyéndolos por bioinsumos y manejo orgánico.
Título CuartoDe los incentivos y el sentido social Capítulo IDe la Prosperidad CompartidaArtículo 8. Siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo, se dará prioridad en la entrega de apoyos tecnológicos a los pequeños productores, ejidatarios y comunidades indígenas para cerrar la brecha de desigualdad.
Artículo 9. Las instituciones financieras del Estado diseñarán productos crediticios con tasas preferenciales para la adquisición de infraestructura regenerativa (cercos eléctricos móviles, sistemas de captación de agua de lluvia).
Título QuintoDe la certificación y mercados Capítulo IDel Sello “Ganadería para el Bienestar”Artículo 10. Se crea el sello distintivo para productos provenientes de sistemas regenerativos, garantizando al consumidor un producto libre de hormonas y con impacto ambiental positivo.
Artículo 11. El gobierno federal incentivará la compra de estos productos en sus programas de asistencia social y comedores públicos.
Título SextoSancionesArtículo 12. El incumplimiento de las normas de bienestar animal o la falsificación de datos en los sistemas de precisión será sancionado con la revocación de los incentivos fiscales y multas proporcionales al daño ambiental causado.
Artículos TransitoriosPrimero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal dispondrá de un plazo de 180 días naturales para emitir el Reglamento de la presente ley.
Tercero. Las partidas presupuestales para el fomento de esta ley se ajustarán a los criterios de austeridad republicana.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 11 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: José Braña Mojica, Carmelo Cruz Mendoza, Karina Isabel Martínez Montaño, Maribel Solache González (rúbricas).»
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes: Compañeras y compañeros legisladores, en el Partido Verde creemos que la política solo sirve si sirve al pueblo, por eso presento ante este pleno una iniciativa para proteger mejor a quienes defienden la verdad y a quienes defienden los derechos humanos en nuestro país.
Es doloroso aceptarlo, pero en México buscar a un desaparecido o investigar temas incómodos como periodistas, se ha vuelto una actividad que pone en riesgo la vida. Esta realidad resulta lamentable, ya que la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran reconocidos en nuestra Carta Magna. Son derechos que no deberían verse limitados por la violencia, el miedo o la impunidad, sino por el contrario, ser protegidos y garantizados por el Estado.
Miles de familias hoy tienen una silla vacía en su mesa y viven con la incertidumbre de no encontrar a sus seres queridos. Además, es innegable que numerosas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han sido objeto de amenazas de muerte debido a su labor, lo que en muchos casos las ha obligado a suspender o limitar sus actividades. A ellos no podemos fallarles, a ellos debemos de brindarles protección efectiva y debemos hacerlo de manera expedita.
La iniciativa que el día de hoy presento no es un simple trámite administrativo, es un compromiso de humanidad. Queremos reformar el artículo 20 de la Ley para la Unidad de Reacción Rápida de Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Que se convierta en un escudo que brinde protección real y oportuna a quienes el día de hoy ejercen su labor en condiciones en riesgo y aquellos que alzan la voz para informar y sacar a la luz la verdad.
Lo que buscamos es que, ante una amenaza, no haya burocracia que entorpezca la acción del Estado. Queremos que el mecanismo de protección pueda establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes a fin de que se pueda garantizar las respuestas rápidas y eficaces. Porque en una situación de riesgo, cinco minutos de silencio administrativo pueden ser la diferencia entre un abrazo de regreso a casa o una tragedia más.
Esta reforma no exige más dinero: exige coordinación y compromiso para garantizar una protección eficaz y evitar que alguien más sea callado por reclamar la verdad y la justicia.
Compañeras y compañeros, las madres buscadoras nos han enseñado que el amor es más fuerte que el miedo; y las y los periodistas, que la verdad se defiende, incluso, en las circunstancias más adversas. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es darles las leyes que los protejan.
En el Partido Verde no vamos a descansar hasta que la defensa de los derechos humanos en México sea un derecho garantizado. No podemos permitir que su ejercicio quede reservado para unos cuantos ni que dependa del contexto, del territorio o del nivel de riesgo.
La protección debe ser universal porque los derechos humanos solo cumplen su función cuando son para todos y todas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 20 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la labor de búsqueda de personas desaparecidas constituyen actividades fundamentales para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, la rendición de cuentas y la garantía efectiva de los derechos humanos. Sin embargo, quienes realizan estas labores enfrentan contextos persistentes de riesgo, amenazas, agresiones y, en casos extremos, violencia letal, lo que exige una respuesta inmediata, coordinada y eficaz por parte del Estado.
Al respecto, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contempla un Mecanismo de Protección, cuyo objetivo es salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo derivado de su labor. Dicho mecanismo establece procedimientos ordinarios y extraordinarios, así como instancias específicas para la atención de casos de riesgo alto o inminente.
Dentro de esta estructura, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida desempeña un papel central, ya que es la instancia responsable de la atención inmediata y de la implementación de las Medidas Urgentes de Protección cuando existe peligro inminente para las personas que ejercen estas labores. Su naturaleza operativa y su integración con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la convierten en el órgano idóneo para articular respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de emergencia.
No obstante, la experiencia en la aplicación del Mecanismo ha evidenciado la necesidad de fortalecer de manera expresa la coordinación interinstitucional, especialmente en aquellos casos que involucran a personas defensoras, periodistas y, de forma particular, a quienes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas. Estos últimos enfrentan condiciones de vulnerabilidad agravada, al desarrollar su labor en contextos de violencia, impunidad y ausencia de garantías suficientes de seguridad.
Si bien el marco normativo vigente contempla esquemas generales de coordinación, resulta pertinente precisar en la ley la facultad de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida para establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes, a fin de garantizar respuestas inmediatas y efectivas ante amenazas o agresiones. Esta precisión normativa busca fortalecer la actuación institucional sin alterar la estructura del Mecanismo ni generar duplicidad de funciones.
Argumentos que la sustentan
Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas desempeñan un papel esencial en la vigilancia del actuar del Estado, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos fundamentales. No obstante, el ejercicio de estas labores se ha convertido en una de las actividades más riesgosas en México. De acuerdo con el informe de Artículo 19, en 2022 México fue el país más letal para periodistas en América Latina, al registrarse 13 asesinatos en un solo año, lo que evidencia la persistencia de condiciones de inseguridad y la insuficiencia de las medidas de protección existentes.
Esta situación no es ajena a las personas defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan de manera constante amenazas, hostigamientos y agresiones como consecuencia directa de su labor. Dentro de este contexto, las madres buscadoras de personas desaparecidas constituyen uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Su trabajo, orientado a la búsqueda de verdad y justicia frente a la crisis de desapariciones en el país, las expone a riesgos graves en un entorno marcado por la impunidad.
De acuerdo con datos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, más de 100 mil personas permanecen desaparecidas, lo que ha obligado a madres y familiares a asumir tareas que corresponden al Estado. Esta labor las ha convertido en blanco de intimidaciones, agresiones y amenazas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más del 50 por ciento de las organizaciones de defensa de derechos humanos han reportado amenazas graves contra sus integrantes, muchas de ellas dirigidas a personas involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas.
Si bien la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas representó un avance significativo en el marco jurídico nacional, diversos diagnósticos han evidenciado que su eficacia sigue siendo limitada. La “Red de Periodistas de a Pie” documentó en 2021 que alrededor del 60% de los periodistas que cuentan con medidas de protección continuaron siendo objeto de agresiones, lo que refleja la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta inmediata y la coordinación interinstitucional ante situaciones de riesgo.
En este contexto, resulta indispensable reforzar la actuación de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, instancia encargada de la atención inmediata y de la implementación de las Medidas Urgentes de Protección. La reforma al artículo 20 de la Ley tiene como finalidad precisar expresamente su facultad para establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes, a fin de garantizar respuestas inmediatas y efectivas ante amenazas o agresiones dirigidas a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas buscadoras.
Datos del INEGI señalan que miles de agresiones se cometen anualmente contra personas defensoras de derechos humanos, una proporción significativa de ellas contra quienes participan en labores de búsqueda. Asimismo, organizaciones como el INAI y el Centro Prodh han advertido deficiencias en la implementación de las medidas de protección, lo que incrementa la vulnerabilidad de las personas beneficiarias del Mecanismo.
La presente reforma se limita a fortalecer la coordinación institucional y la capacidad de respuesta inmediata del Estado, sin modificar la estructura del Mecanismo de Protección, sin crear nuevas atribuciones sustantivas ni generar duplicidad de funciones. En consecuencia, no implica impacto presupuestario adicional, ya que las acciones previstas se realizarán con los recursos humanos, materiales y financieros actualmente asignados a las instancias que integran el mismo.
Finalmente, la iniciativa se inscribe en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, particularmente los derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que obligan a garantizar una protección efectiva, oportuna y adecuada a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Por todo lo anterior, la reforma propuesta constituye una medida necesaria, proporcional y jurídicamente viable para fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas buscadoras, mediante una mejor coordinación interinstitucional y una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo, sin generar cargas presupuestarias adicionales para el Estado.
Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:
Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un representante de la Secretaría de Gobernación y un representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.
La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida podrá establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes, con el objeto de garantizar respuestas inmediatas y efectivas ante amenazas o agresiones dirigidas a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y quienes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Artículo 19. (2023). Voces contra la indiferencia: Informe sobre la libertad de expresión en México 2022. Artículo 19. Recuperado de
https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia
2 Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. (2022, noviembre 8). México supera las 100,000 personas desaparecidas. Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Recuperado de
https://movndmx.org/mexico-supera-las-100-mil-personas-desaparec idas
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2020. Resultados. Recuperado de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhe/ 2020/doc/cndhe_2020_resultados.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.– Diputadas y diputado: Ma. Leonor Noyola Cervantes, Carmelo Cruz Mendoza, Maribel Solache González (rúbricas).»
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Compañeras y compañeros diputados, hoy estoy en esta tribuna para un reclamo popular del pueblo de México, donde el tema son las elecciones menos costosas para un pueblo que declama austeridad.
La iniciativa responde al reclamo ciudadano, de reducir el costo de las elecciones. Se propone cambiar la fórmula del financiamiento de un 65 a un 20 por ciento del valor en UMA, esto busca acabar con el crecimiento tan rápido de los recursos para los partidos que aumentó en 360 por ciento desde el año 2000, mientras el salario mínimo apenas crecía.
Los principios y el convencimiento valen más que el dinero, Morena en el 2018 demostró que es posible ganar la presidencia y la mayoría del Congreso, movilizando ciudadanos y consciencias sin depender del dinero público. La fuerza de una causa reside en sus ideales y no en el presupuesto, prioridad al trabajo territorial y cercanía a la gente.
El exceso de dinero público convirtió a los partidos en maquinarias dependientes del presupuesto, se alejaron de la sociedad y sus valores. Al reducir el financiamiento, los partidos volverán al trabajo de campo, no se puede representar al pueblo si no se conocen sus necesidades.
El financiamiento como una cuestión de sensibilidad, reducir los costos es un asunto de principios frente a un diseño neoliberal, que permitió que el dinero público terminara financiando lujos personales o trampas electorales por justicia social. El Estado no puede priorizar a los partidos sobre el bienestar de los trabajadores.
Reasignación de recursos a programas sociales y becas. Los aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos anuales que se gastan en partidos, podrían tener un beneficio social mucho mayor.
La iniciativa propone que estos recursos se utilicen para becas para millones de estudiantes en educación superior, infraestructura en salud, educación, escuelas, hospitales rurales.
Tercero, Programa de Reducción de Pobreza y Apoyo a la Investigación. Cuarto, tener mejores carreteras para todo el país, para todo el transporte, para todos los ciudadanos, tener paradores seguros en las carreteras nacionales.
Ejercer una mejor vigilancia con la Guardia Nacional en las carreteras es un clamor que la gente pide a nivel nacional, no nada más el transporte, sino toda la ciudadanía que corre por las carreteras nacionales. Creemos que todo ese dinero se puede ahorrar para que pueda usarse en beneficios que verdaderamente beneficien al pueblo de México.
A efecto que los partidos puedan cumplir con sus obligaciones, la reducción será de forma gradual en tres años. Es una propuesta de un servidor y es un reclamo de los compañeros de mi distrito, del estado de Coahuila, donde los compañeros dicen que es una injusticia que los partidos estemos gastando tanto dinero en nuestras campañas y que muchos muchos diputados y presidentes de partidos locales lo único que hacen es que se clavan esa lana y no la reparten ni en las campañas a los que verdaderamente recorren los distritos y van a ver a la gente que verdaderamente quiere que escuche la problemática.
Creo que es muy importante y creo que debemos de analizarla. No es un capricho de un servidor, es una petición del pueblo de México, que es un tema que ya se debe también de manejar como el tema de los pluris y también acabar con el tema de que tengamos fuero.
Que todos los diputados que tengamos, que verdaderamente vayamos a territorio y tengamos problemas, que verdaderamente nos puedan sacar de la jugada de la Cámara y nos puedan acusar por todos los delitos que estemos cometiendo, que se acabe el fuero, que se acaben los pluris y que se acabe todo el desorden del pueblo, de todo el dinero que se está gastando de más, que hace mucha falta a México.
Les pido su apoyo para esta iniciativa, y si verdaderamente queremos que México cambie y que no un partido sea nada más, que verdaderamente hagamos la lucha para que las cosas sean diferentes. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 78, y 285 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos, de conformidad con la siguiente:
Exposición de MotivosEl financiamiento público de los partidos políticos en México constituye uno de los temas más controvertidos, complejos y fundamentales de la política electoral contemporánea, generando un debate permanente sobre la asignación de recursos públicos, la eficiencia del gasto, la corrupción institucionalizada, la legitimidad democrática y la justicia social. Desde la implementación del sistema de financiamiento público en 1977, en un contexto histórico específico de transición democrática y apertura política, y su consolidación mediante la reforma de 1997, México ha experimentado un crecimiento exponencial sin precedentes en los recursos destinados a los partidos políticos, transformándose en uno de los países con mayor gasto per cápita en este rubro a nivel mundial. Este crecimiento exponencial no se justifica por análisis alguno de costo-beneficio, sin que esto se haya traducido en mayor calidad democrática, menor corrupción, mayor confianza ciudadana en las instituciones partidarias, mejor representación política, o mejora alguna en los indicadores de gobernanza democrática. Por el contrario, la evidencia, los datos, los análisis académicos de instituciones reconocidas, los casos documentados de corrupción, y las encuestas de percepción ciudadana demuestran que el financiamiento público excesivo ha facilitado la corrupción, erosionado la legitimidad de los partidos políticos, contribuido a la crisis de confianza ciudadana que caracteriza al sistema político mexicano en la actualidad, y ha desviado recursos públicos que podrían haberse destinado a educación, salud, infraestructura, investigación científica o reducción de pobreza, generando beneficios sociales significativamente mayores.
El sistema de financiamiento público a partidos políticos en México tiene sus orígenes en la reforma electoral de 1977, implementada en un contexto histórico muy específico, diferente al actual, que requiere ser analizado en profundidad para comprender por qué las circunstancias han cambiado radicalmente. En aquel momento, el país se encontraba bajo un sistema de partido hegemónico donde el Partido Revolucionario Institucional dominaba de manera prácticamente absoluta la política nacional, controlaba todas las instituciones de poder, ganaba todas las elecciones con márgenes abrumadores, y no existía competencia electoral real. En este contexto, existía una demanda creciente, urgente y justificada por democratización y apertura del sistema político. Los argumentos que justificaban la introducción del financiamiento público en ese momento eran fundamentalmente tres, y cada uno de ellos era válido, racional y justificado en el contexto específico de 1977. Primero, se argumentaba que el financiamiento público permitiría que partidos políticos pequeños y de oposición tuvieran acceso a recursos para competir electoralmente, evitando que únicamente los partidos con mayor capacidad de recaudación privada pudieran participar efectivamente en elecciones. En 1977, el Partido Revolucionario Institucional tenía una capacidad de recaudación privada enormemente superior a la de los partidos de oposición, lo que hacía prácticamente imposible que estos últimos compitieran en condiciones equitativas. El financiamiento público era visto como un mecanismo para nivelar la cancha electoral y permitir que partidos pequeños pudieran competir. Este argumento era válido en 1977 porque la realidad política era que existía un partido hegemónico con recursos infinitamente superiores a los de la oposición. Sin financiamiento público, los partidos de oposición simplemente no podrían haber competido de manera efectiva.
Segundo, se sostenía que el financiamiento público generaría mayor transparencia en comparación con el financiamiento privado, que frecuentemente provenía de fuentes oscuras, corporativas, y generaba corrupción sistémica. En 1977, el financiamiento privado de partidos políticos era completamente opaco, sin regulación alguna, y generaba corrupción sistémica. No existían mecanismos de fiscalización, no existía transparencia, y los partidos políticos recibían dinero de fuentes sin que existiera control alguno. El financiamiento público era visto como un mecanismo para eliminar esta opacidad y generar mayor transparencia. Este argumento también era válido en 1977 porque la alternativa era un sistema completamente corrupto y opaco. El financiamiento público se presentaba como una solución a la corrupción sistémica que caracterizaba al financiamiento privado en esa época. Tercero, se buscaba nivelar la cancha electoral permitiendo que partidos de diferentes tamaños compitieran en condiciones más equitativas, fortaleciendo así la democracia y permitiendo una transición hacia un sistema multipartidista. Este argumento era válido en 1977 porque el objetivo era democratizar el sistema político y permitir que existieran múltiples partidos con capacidad de competir. La democratización era un objetivo legítimo y necesario en 1977. Sin embargo, estos argumentos, aunque válidos y justificados en el contexto específico de 1977, han dejado de ser aplicables en las circunstancias actuales. Esta es la aplicación del principio jurídico fundamental de mutandis mutandis, que establece que cuando las circunstancias que justificaban una norma legal cambian sustancialmente, la norma debe ser revisada, modificada o eliminada.
En 1977, México operaba bajo un sistema de partido hegemónico donde el Partido Revolucionario Institucional controlaba prácticamente todas las instituciones, ganaba todas las elecciones, y no existía competencia electoral real. El Partido Revolucionario Institucional ganaba las elecciones presidenciales con márgenes del 70, 80, o incluso 90 por ciento. No existía competencia real. Hoy, en 2026, México tiene un sistema multipartidista consolidado con múltiples partidos de tamaño similar, donde existe competencia electoral real, donde diferentes partidos han ganado elecciones presidenciales, donde los partidos compiten en condiciones relativamente equitativas, y donde el financiamiento público ya no es necesario para permitir competencia electoral. De hecho, en las elecciones de 2018, Morena ganó la presidencia, la mayoría en ambas cámaras del Congreso, demostrando que es posible ganar elecciones sin depender exclusivamente del financiamiento público. Morena fue capaz de movilizar recursos, recolectar aportaciones, y ganar las elecciones de manera contundente, demostrando que el financiamiento público no es necesario para ganar elecciones en el México actual. En segundo lugar, la capacidad de recaudación privada de los partidos ha aumentado significativamente. En 1977 y 1997, los partidos tenían limitada capacidad de recaudación privada, no existían mecanismos legales para recaudar fondos privados, y los partidos dependían casi exclusivamente del financiamiento público. Hoy, los partidos políticos mexicanos cuentan con sofisticados sistemas de recaudación de fondos privados, incluyendo aportaciones de militantes, donaciones de simpatizantes, aportaciones de fundaciones vinculadas a los partidos, eventos de recaudación de fondos, y otras fuentes legales que les permiten financiar sus actividades sin depender exclusivamente del financiamiento público.
En tercer lugar, la confianza ciudadana en partidos políticos ha colapsado a niveles históricos sin precedentes. En 1977 y 1997, se esperaba que el financiamiento público fortalecería la democracia y la confianza en partidos. Hoy, después de casi 50 años de financiamiento público masivo, la confianza ciudadana en partidos políticos ha alcanzado mínimos históricos, con solo el 19.3 por ciento de los ciudadanos mexicanos confiando en estas instituciones según la Encuesta de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta cifra es extraordinariamente baja y refleja un colapso profundo de legitimidad. Para contextualizar, la confianza en partidos políticos es significativamente menor que la confianza en otras instituciones públicas como el Poder Judicial (31.5 por ciento), la Guardia Nacional (39.6 por ciento), o el Ejército (40.4 por ciento). El financiamiento público no ha logrado su objetivo de fortalecer la confianza ciudadana, sino que ha fracasado completamente en este aspecto. La Encuesta MCCI-Reforma 2022, realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, encontró que el 56 por ciento de los encuestados considera que hay mucha corrupción en las autoridades electorales mexicanas, el 73% piensa que hay mucha corrupción en los partidos políticos y el 34% que estima que es en el PRI donde hay más corrupción. Estos datos son consistentes con la Encuesta de Cultura Cívica 2020, confirmando que la crisis de confianza en partidos políticos es profunda, persistente, y no es un fenómeno transitorio sino estructural. En cuarto lugar, los niveles de corrupción en partidos políticos se han incrementado, no reducido. En 1977 y 1997, se argumentaba que el financiamiento público reduciría la corrupción al eliminar la dependencia de fuentes privadas oscuras. Hoy, existe evidencia documentada de que el financiamiento público ha facilitado, no prevenido, la corrupción en los partidos políticos. Cuando los partidos dependen en gran medida del financiamiento público, los incentivos para recaudar fondos privados se reducen, pero los incentivos para desviar fondos públicos se incrementan. El financiamiento público excesivo crea oportunidades para la corrupción porque los partidos políticos pueden utilizar los fondos públicos de manera discrecional sin que exista un control efectivo.
El financiamiento público a partidos políticos en México ha experimentado un crecimiento exponencial sin precedentes en las últimas dos décadas, transformándose en uno de los mayores gastos públicos electorales a nivel mundial. Desde el año 2000, el financiamiento público a partidos políticos ha crecido de aproximadamente de 3 mil millones de pesos anuales a 10,378 millones de pesos anuales en 2024, representando un incremento del 360 por ciento en 24 años, equivalente a un crecimiento anual promedio del 6.8 por ciento. Este crecimiento exponencial y sin precedentes contrasta dramáticamente con el crecimiento del salario mínimo en México durante el mismo período. Según datos verificables de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo en México en el año 2000 era de 72.70 pesos diarios, mientras que en 2018 alcanzaba 85.77 pesos diarios, representando un crecimiento total de 17.97 por ciento en 18 años, equivalente a un crecimiento anual promedio de apenas 0.94 por ciento. Esta disparidad es profundamente injusta desde la perspectiva de la justicia social, el bienestar ciudadano, y la equidad. Mientras los trabajadores mexicanos, en la época neoliberal, veían crecer su salario mínimo a menos de 1 por ciento anual, los partidos políticos recibían incrementos anuales de 6 a 8 por ciento en financiamiento público, financiado con impuestos pagados por esos mismos trabajadores. Esta disparidad demuestra que el Estado priorizo el financiamiento de partidos políticos sobre el bienestar de los trabajadores mexicanos. El crecimiento del financiamiento de partidos políticos es 7.2 veces mayor que el crecimiento del salario mínimo, lo que demuestra una priorización clara del Estado hacia el financiamiento de partidos políticos en detrimento del bienestar de los trabajadores.
La magnitud del financiamiento público a partidos políticos en México es extraordinaria cuando se compara con otros países democráticos consolidados. México destaca por tener uno de los presupuestos más altos para financiamiento de partidos políticos en el mundo, tanto en términos absolutos como per cápita, sin que esto se traduzca en mayor calidad democrática, menor corrupción, o mayor confianza ciudadana en las instituciones políticas.
En España, según datos verificables del Tribunal de Cuentas de España, el financiamiento público a partidos políticos en 2024 consistió en subvenciones por representación parlamentaria de 52.7 millones de euros, más gastos electorales de 38 millones de euros en años electorales, totalizando aproximadamente 90 a 100 millones de euros anuales, equivalente a 98 a 109 millones de dólares estadounidenses. Con una población de 47 millones de habitantes, esto representa un gasto de aproximadamente 2.09 a 2.32 dólares estadounidenses por habitante anual. En Alemania, según datos verificables del Bundestag, el límite máximo de financiamiento público directo a partidos políticos es de 219.24 millones de euros anuales. Con una población de 83 millones de habitantes, esto representa un gasto de aproximadamente 2.88 dólares estadounidenses por habitante anual.
En América Latina, los datos son aún más contrastantes. En Chile, según datos verificables del Servicio Electoral de Chile, el financiamiento público a partidos políticos se calcula mediante una fórmula de 0.04 Unidades de Fomento por voto válido en la última elección de diputados. Esto resulta en un financiamiento anual en 2024 de aproximadamente 4 mil millones de pesos chilenos, equivalente a 4.4 millones de dólares estadounidenses. Con un padrón electoral de 15 millones, esto representa un gasto de aproximadamente de .28 dólares estadounidenses por habitante anual. En Argentina en 2024 los recursos asignados a los partidos políticos fueron de 2, 192 millones de pesos argentinos, equivalente a aproximadamente 2.4 millones de dólares estadounidenses. Con un padrón electoral de casi 36 millones de ciudadanos, esto representa un gasto de aproximadamente 0.06 dólares estadounidenses por elector anual. En Brasil, el Fondo Especial de Financiamiento de Campañas en 2024 fue de 1,099,820,376.49 reales brasileños, equivalente a aproximadamente 204 millones de dólares estadounidenses. Con un padrón electoral de 158 millones, esto representa un gasto de aproximadamente de 1.2 dólares estadounidenses por habitante anual. En contraste, México, según datos verificables del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento público a partidos políticos en 2024 fue de 10,378 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 576 millones de dólares estadounidenses, con un padrón de 99 millones de electores, esto representa un gasto de aproximadamente 5.82 dólares estadounidenses por habitante anual. Estas comparativas internacionales demuestran de manera incontrovertible, verificable y rigurosa que México gasta entre 5 y 9 veces más por habitante en financiamiento de partidos políticos que países democráticos desarrollados como Francia, España y Alemania, y que países latinoamericanos como Brasil, Chile y Argentina.
Tras décadas de operación, ha surgido una paradoja inquietante: el incesante incremento del financiamiento público no ha correlacionado con una disminución proporcional en la práctica de sobornos, compra de votos o, principalmente, en el rebase de los topes de campaña. Por el contrario, la abundancia de recursos públicos parece haber funcionado como un incentivo perverso para la profesionalización de la trampa electoral, donde el “dinero negro” opera en paralelo al “dinero blanco” del Estado, generando una inflación de costos de campaña que el propio Estado financia en parte, pero que los partidos se complementan con recursos no reportados.
El caso más prominente y documentado de corrupción es el de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional desde 2018. En julio de 2022, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra Alejandro Moreno por los siguientes delitos específicos: lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, y desvío millonario de fondos, la investigación de la Fiscalía General de la República se centra en operaciones financieras sospechosas realizadas por Moreno y sus allegados, incluyendo transferencias bancarias de montos significativos a cuentas en el extranjero, compra de propiedades de lujo con fondos de origen dudoso, y otras operaciones que sugieren enriquecimiento ilícito. Durante su gestión como presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno ha enfrentado múltiples crisis internas que han resultado en renuncias masivas de militantes de proporciones sin precedentes. Entre 2019 y 2023, la base de militantes del Partido Revolucionario Institucional se redujo en un 79 por ciento, equivalente a aproximadamente 5 millones de militantes que abandonaron el partido. Esta reducción masiva de militancia es sin precedentes en la historia del Partido Revolucionario Institucional y refleja una crisis profunda de legitimidad interna, durante la gestión de Alejandro Moreno el Partido Revolucionario Institucional ha perdido 10 gubernaturas, ha experimentado un desempeño electoral catastrófico en las elecciones de 2024, con presencia limitada en el territorio nacional. En las elecciones de 2024, el Partido Revolucionario Institucional obtuvo solo el 6.5 por ciento de los votos, su peor desempeño electoral en su historia. Alejandro Moreno ha confirmado públicamente la expulsión de más de 20 militantes del Partido Revolucionario Institucional, argumentando que estos habían atentado contra la unidad del partido. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha revocado varias de estas expulsiones. En julio de 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la expulsión de Enrique Ochoa Reza del Partido Revolucionario Institucional, dándole un revés a Alejandro Moreno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que los partidos políticos no pueden expulsar arbitrariamente a sus militantes, y que deben respetar los derechos fundamentales de sus afiliados. la gestión de Alejandro Moreno ha sido caracterizada como el manejo del Partido Revolucionario Institucional como un feudo personal, con características de control centralizado del poder en la persona de Alito Moreno, expulsión selectiva de militantes que cuestionan su liderazgo, modificación de estatutos del Partido Revolucionario Institucional para permitir su reelección, represión de voces críticas dentro del partido, y utilización de los recursos públicos del partido para consolidar su poder personal, todo ello en virtud de los recursos públicos derivados de las prerrogativas del partido político.
Otros casos en donde a pesar del alto financiamiento que reciben los partidos políticos son:
Emilio Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2016 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue acusado en 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR) de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y lavado de dinero. En febrero de 2020, Lozoya aceptó su participación en un esquema de sobornos orquestado por Odebrecht para obtener contratos gubernamentales, y reveló que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento de la campaña presidencial del PRI en 2012. Según su testimonio ante la FGR, Lozoya coordinó la recepción de 10 millones de dólares de Odebrecht, de los cuales 4 millones fueron entregados directamente al entonces candidato Enrique Peña Nieto y a su equipo de campaña. Además, señaló que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el senador priista Jorge Emilio González Martínez (“El Niño Verde”) estuvieron involucrados en la operación.
Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, fue detenido en 2017 en España y extraditado a México por delitos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que durante su administración se desviaron más de 61,000 millones de pesos mediante contratos simulados, facturas falsas y empresas fantasma. Parte de esos recursos se utilizaron para financiar campañas locales y federales del PRI.
La FGR y el INE confirmaron que empresas vinculadas a Duarte transfirieron millones de pesos a comités directivos estatales del PRI sin justificación legal. Además, se identificó una red de “factureras” que emitían facturas por servicios no realizados, cuyos fondos terminaban en campañas electorales.
El exgobernador de Chihuahua (2010—2016), también del PRI, fue acusado de desviar más de 6,000 millones de pesos de programas sociales, nóminas y fondos federales. En 2020, fue detenido en Estados Unidos y extraditado en 2022. La ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontraron que recursos destinados a la alimentación escolar, vivienda y desarrollo rural se redirigieron a campañas del PRI y a cuentas personales. Además, se documentó el uso de tarjetas de débito prepagadas (“tarjetas monedero”) para repartir efectivo a votantes durante elecciones, una práctica prohibida por el INE.
El financiamiento público excesivo a los partidos políticos tiene impactos negativos significativos, documentados y verificables en múltiples dimensiones de la vida nacional. Desde la perspectiva económica, el financiamiento público excesivo a partidos políticos representa un gasto público que podría ser reasignado a programas de educación, salud, infraestructura, o reducción de pobreza, que generarían beneficios sociales significativamente mayores. Los 11,500 millones de pesos anuales destinados a financiamiento de partidos políticos podrían financiar, por ejemplo, 2,875 escuelas primarias nuevas con 500 estudiantes cada una, o 575 hospitales rurales con 100 camas cada uno, o programas de becas para 2 millones de estudiantes de educación superior, o 1,150 centros de investigación científica, o 11,500 kilómetros de carreteras nuevas, o 2,875 centros de salud rural. Esta reasignación de recursos generaría beneficios sociales enormemente mayores que el financiamiento de partidos políticos que gozan de baja confianza ciudadana. Desde la perspectiva del análisis económico riguroso, es necesario analizar el retorno sobre la inversión (ROI) del financiamiento actual de partidos políticos. El financiamiento público a partidos políticos se justifica tradicionalmente sobre la base de que genera beneficios democráticos, incluyendo mayor participación ciudadana, mayor confianza en instituciones, mayor calidad de representación política, y menor corrupción. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que estos beneficios no se han materializado. La confianza ciudadana en partidos políticos es solo del 18 por ciento, la participación electoral ha disminuido en los últimos 20 años, la corrupción en partidos políticos ha aumentado, y la calidad de representación política sigue siendo baja. Por lo tanto, el ROI del financiamiento público actual de partidos políticos es negativo o cercano a cero. Esto significa que el Estado está invirtiendo 10 mil millones de pesos anuales en una actividad que no genera los beneficios esperados.
En contraste, si estos 10 mil millones de pesos se reasignaran a educación, el retorno sobre la inversión sería significativamente mayor. Según estudios del Banco Mundial, cada peso invertido en educación primaria genera un retorno de 10 a 15 pesos en beneficios económicos a largo plazo, incluyendo mayor productividad laboral, menores tasas de criminalidad, mejor salud, y mayor participación cívica. Si los 10 mil millones de pesos se reasignaran a educación, se generarían beneficios económicos de entre 115,000 y 172,500 millones de pesos a largo plazo. De manera similar, si estos recursos se reasignaran a salud, el retorno sobre la inversión también sería significativamente mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, cada peso invertido en programas de salud preventiva genera un retorno de 4 a 6 pesos en beneficios económicos, incluyendo reducción de costos de tratamiento, mayor productividad laboral, y mejor calidad de vida. Si los 10 mil millones de pesos se reasignaran a salud, se generarían beneficios económicos de entre 46,000 y 69,000 millones de pesos a largo plazo. Esto demuestra que la reasignación de recursos también sería económicamente racional en el sector salud. Desde la perspectiva social, el financiamiento público excesivo a partidos políticos contribuye a la desigualdad social al destinar recursos públicos a instituciones que gozan de baja confianza ciudadana, mientras que millones de mexicanos viven en pobreza, carecen de acceso a educación de calidad, carecen de acceso a servicios de salud, y viven en condiciones de vulnerabilidad. La disparidad entre el crecimiento del financiamiento a partidos políticos (6.8 por ciento anual) y el crecimiento del salario mínimo (0.94 por ciento anual) demuestra que el Estado está priorizando el financiamiento de partidos políticos sobre el bienestar de los trabajadores mexicanos. Esta disparidad es contraria a los principios de justicia social y equidad que deben guiar la acción del Estado.
El estudio “Financiamiento público de partidos en México y su propuesta de reforma” de Héctor Díaz Santana, publicado en la Revista Mexicana de Derecho Electoral de la UNAM en 2020, establece que “el sistema electoral de México se caracteriza por tener uno de los mecanismos de financiamiento público de partidos más onerosos del mundo, lo que ha generado críticas constantes sobre la necesidad de reducir estos recursos públicos destinados a los partidos políticos”. Este estudio proporciona un análisis histórico riguroso del financiamiento de partidos desde 1977 hasta 2020, demostrando que el crecimiento ha sido exponencial y sin justificación racional.
En el estudio El financiamiento de los partidos políticos en el derecho comparado. Alternativas para México de Jorge Kristian Bernal Moreno expone que: “La preeminencia del financiamiento público de partidos políticos ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de la democracia en nuestro país, sin embargo, prolongar este subsidio en los términos y porcentajes actuales, de manera indefinida traería consecuencias devastadoras para el propio sistema democrático, al convertir a los partidos políticos en maquinarias dependientes del erario público, alejadas de la sociedad y de sus problemas, de sus necesidades, valores e ideales. Situación que implicaría la desaparición de una verdadera representatividad del pueblo en las instituciones de gobierno, la negación del contenido del artículo 41 constitucional, la enajenación de la soberanía popular.” Este estudio proporciona evidencia empírica de que el financiamiento público no ha reducido la corrupción, sino que la ha facilitado.
El estudio “La reducción del financiamiento público para partidos políticos en Jalisco (2017-2022)” de Jorge Guillermo Flores Díaz, publicado en la Revista Mexicana de Sociología en 2025, establece que “los partidos más grandes (PRI, PAN y PMC) optaron como prioridad por renunciar al financiamiento público para obtener una ventaja relativa en la competencia electoral, demostrando que pese a la desconfianza y falta de credibilidad ciudadana a los partidos, la reducción de financiamiento es viable”. Este estudio proporciona evidencia de que la reducción del financiamiento público es técnicamente viable y que los partidos pueden adaptarse a menores montos de financiamiento.
El estudio “Dinero Bajo la Mesa: Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas en México” de María Amparo Casar, publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2015, establece que “el financiamiento ilegal de campañas y partidos políticos es un problema sistémico que requiere de reformas constitucionales que reduzcan los montos de financiamiento público”. Este estudio documenta casos específicos de financiamiento ilegal y demuestra que el financiamiento público excesivo crea incentivos para la corrupción.
La presente iniciativa propone un período de transición de cuatro años para implementar la reducción gradual del financiamiento público. Este período de transición es suficiente para permitir que los partidos políticos se adapten a los nuevos montos de financiamiento, realicen ajustes administrativos, y reorganicen sus operaciones. Durante el período de transición, los partidos políticos tendrán la oportunidad de desarrollar nuevas fuentes de financiamiento privado, mejorar su eficiencia administrativa, y reducir gastos innecesarios. La experiencia internacional demuestra que un período de transición de cuatro años es suficiente para que los partidos políticos se adapten exitosamente a reducciones de financiamiento de esta magnitud.
Existe una demanda ciudadana clara, reiterada, documentada y masiva por reducir el financiamiento público a partidos políticos. Los casos documentados de corrupción de dirigentes de partidos políticos demuestran que el financiamiento público ha facilitado la corrupción, no la ha prevenido. Existe una demanda ciudadana clara, reiterada, documentada y masiva por reducir el financiamiento público a partidos políticos. Las circunstancias que justificaban el financiamiento público en 1977 han cambiado radicalmente, aplicándose el principio de mutatis mutandis. El análisis económico riguroso demuestra que la reasignación de recursos del financiamiento de partidos políticos a educación, salud, infraestructura, o investigación científica generaría retornos sobre la inversión significativamente mayores, entre 4 y 15 veces superiores al retorno actual del financiamiento de partidos políticos, a efecto de aportar mayor claridad respecto de la reforma propuesta se acompaña tabla comparativa de la propuesta de reforma:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos
Artículo Único. Se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. ...
...
...
I. ...
II. ...
...
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) a c). ...
...
...
III. a VI. ...
TransitoriosPrimero. La presente reforma constitucional entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las leyes reglamentarias necesarias para implementar la presente reforma dentro de un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigor.
Tercero. Durante el período de transición comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2029, el financiamiento público a los partidos políticos se calculará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el porcentaje del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que corresponda conforme a los siguientes años:
a) Año 2027: Cincuenta y seis por ciento (56%) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Esta cifra representa una reducción del veinte por ciento (20%) de la diferencia entre el porcentaje vigente antes de esta reforma (sesenta y cinco por ciento) y la meta final (veinte por ciento).
b) Año 2028: Cuarenta y dos punto cinco por ciento (42.5%) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Esta cifra representa una reducción adicional del treinta por ciento (30%) de la diferencia entre el porcentaje vigente antes de esta reforma (sesenta y cinco por ciento) y la meta final (veinte por ciento).
c) Año 2029: Veintinueve por ciento (29%) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Esta cifra representa una reducción adicional del treinta por ciento (30%) de la diferencia entre el porcentaje vigente antes de esta reforma (sesenta y cinco por ciento) y la meta final (veinte por ciento).
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf
2 https://contralacorrupcion.mx/encuesta-mcci-reforma-2022/files/Encuesta-MCCI-Re forma-2022-web.pdf
3 https://ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/financiamiento-p ublico/
4 https://www.gob.mx/conasami/documentos/evolucion-del-salario-minimo
5 https://www.cuentaspartidospoliticos.es/es/
6 https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/P/parteienfinanzierung-867846
7 https://www.tropezon.cl/2025/10/cuanto-dinero-reciben-los-partidos-politicos-en -chile-y-en-que-lo-gastan/
8 https://chequeado.com/el-explicador/elecciones-2023-cuanto-dinero-del-estado-re cibe-cada-frente-para-la-campana-presidencial/
9 https://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/fundo-partidario-1?tab=ancor a-3
10 https://contralacorrupcion.mx/el-expediente-contra-alito-su-hermano-y-sus-empre sas/
11 https://www.e-consulta.com/nota/2025-10-03/nacion/con-alito-moreno-8-de-cada-10 -militantes-dejaron-el-pri-nacional-en-4-anos
12 https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/ SUP-JDC-1441-2024-
13 https://contralacorrupcion.mx/el-monto-de-los-sobornos-para-campana-de-epn-en-2 012-fue-del-doble-declara-lozoya-ante-fiscalia/
14 https://animalpolitico.com/2018/02/duarte-desfalco-recursos-asf
15 https://panel.animalpolitico.com/red-karime-duarte/fabrica-de-empresas-fantasma -desvio-mas-de-3-mmdp-de-veracruz.html
16 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cesar-duarte-entre-delitos-electorales-de svios-a-favor-del-pri-y-ranchos-irregulares-exgobernador-fue-exonerado-por-eu/
17 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/view/159 00/16745
18 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1968/6.pdf
19 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-25032025000 200429&script=sci_arttext&tlng=es
20 https://integralia.com.mx/web/wp-content/uploads/2019/08/Dinero-Bajo-la-Mesa.-F inanciamiento-y-Gasto-Ilegal-de-las-Campan%CC%83as-en-Me%CC%81xico.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Francisco Javier Borrego Adame, Carmelo Cruz Mendoza, Herminia López Santiago, Karina Isabel Martínez Montaño, María Damaris Silva Santiago, Maribel Solache González, Pedro Mario Zenteno Santaella (rúbricas).»
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente:Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente: Es inaudito que México ocupe uno de los primeros lugares en el mundo con una de las más altas tributaciones financieras, uno de los primeros lugares de países que cobran más impuestos a sus ciudadanos. Sobre todo, en los últimos siete años los mexicanos pagamos impuestos a diestra y siniestra, los cuales son propuestos e implementados por el gobierno actual.
Hoy propongo, desde la bancada de Acción Nacional, una propuesta muy importante, la cual reforma el artículo 93 de la Ley del ISR, con el objeto de establecer de manera expresa, que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas esté totalmente exenta del pago de ISR, sin límite alguno. Lo cual beneficiará a millones de trabajadores mexicanos.
Las utilidades son derecho laboral, siendo un mecanismo de justicia distributiva y con responsabilidad económica destinadas a alinear el esfuerzo productivo con los beneficios económicos, permitiendo que quienes contribuyen directamente al éxito de una empresa compartan también parte de sus resultados positivos.
Es por ello, que alzo la voz a nombre de las y los trabajadores de nuestro país, para pedir al gobierno actual se elimine el ISR en las utilidades de las empresas y lleguen esas utilidades limpias a los trabajadores, y beneficios económicos derivados de la actividad productiva que deban reflejarse de manera justa en la vida de los trabajadores.
Desde esta tribuna le digo al gobierno actual, que ya basta de afectar a los que menos tienen, a los trabajadores que son quienes sostienen la economía en todo el país, afectando gravemente la economía de millones de familias mexicanas, pero también afectan a los empleadores, a los empresarios. No se dan cuenta que es un círculo de afectación a la economía de nuestro país que no nos deja avanzar.
Considero urgente exigir que esta reforma se analice, se discuta y se apruebe, que con ello se beneficien los bolsillos de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Los trabajadores pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos, eso es todo lo que nos quita el gobierno actual.
Mientras que este gobierno de la cuarta transformación y sus aliados se rascan la panza, corrompen, cobran impuestos al por mayor, una nación completa lucha contra la inflación que nos está acabando económicamente.
Las utilidades no son un ingreso generado por la capacidad contributiva individual del trabajador, sino el derecho social que busca redistribuir la riqueza generada por la empresa.
Actualmente la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 93, fracción XIV, establece que la participación de los trabajadores afiliados de la empresa se encuentra exenta del ISR únicamente por el equivalente a 15 días de salario mínimo, mientras que la fracción XV del mismo artículo dispone que por excedente se deberá pagar impuesto correspondiente.
Por ello, propongo que tratándose de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa esta estará totalmente exenta del pago del impuesto sobre la renta sin limitación alguna, así como por el excedente de los ingresos a que se refiere este artículo, con excepción de la participación de los trabajadores en utilidades de las empresas se pagará el impuesto en los términos de este título.
Justo este tema de abuso en el cobro de impuestos excesivos lo retomaré en la discusión de la reforma de las 40 horas. En Acción Nacional queremos que sea una reforma que ayude a los empleados y a los empleadores. Si no hay empresas, no hay generación de empleo.
Esta reforma laboral. Ya puse sobre la mesa en la Comisión de Trabajo que se elimine el pago del ISR y asistencia social a las empresas, y así como también los empleados a partir de las 40 horas trabajadas.
Ya basta de cobrar tantos impuestos, que es un dinero de todas y todos los mexicanos, porque el gobierno actual no tiene llenadera, los empresarios pagamos que los trabajadores tengan seguridad social para que tengan casa, para su retiro, impuestos sobre nómina, justo, este, el ISR en las utilidades de las empresas y así como también los trabajadores pagan sus propios impuestos, como el ISR, que es un dineral que lo recibe el gobierno actual.
Los invito a que chequen su recibo de nómina para que vean cuánto dinero nos está quitando y reteniendo el gobierno de la cuarta transformación, a los empleados y a los empleadores en impuestos. Y no solo eso también pagamos IVA en casi en todas nuestras compras, el IEPS, ISAN, predial, etcétera.
En Acción Nacional apoyamos a los empleados y a los empleadores para avanzar, porque queremos tener mexicanas y mexicanos exitosos, productivos, emprendedores, empresarios que generen empleo, que la economía de México sea de las mejores del mundo.
No más impuestos y retenciones al mayor. Mi discurso no termina aquí, nos vemos en la discusión de la reforma de las 40 horas, porque las diputadas y los diputados de Acción Nacional defenderemos los derechos de la clase trabajadora de todo el país. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario PAN
El que suscribe, Theodoros Kalionchiz de la Fuente y diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y del numeral 1 del artículo 77 del Reglamento de la Camara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIV y XV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas tiene su origen en una larga lucha social orientada a lograr una distribución más justa de la riqueza generada por la actividad económica. Durante el siglo XIX, la mayoría de los trabajadores carecía de derechos laborales básicos, entre ellos, el derecho a participar en las utilidades de las empresas. Fue a partir de la histórica lucha social detonada por la Revolución Mexicana que el Congreso Constituyente retomó ideas fundamentales, como las expuestas por Ignacio Ramírez, conocido como “El Nigromante”, quien sostenía que los trabajadores debían participar en las ganancias generadas por las empresas a las que aportaban su trabajo.
En México, este reconocimiento adquirió una relevancia histórica particular tras la Revolución Mexicana. El Constituyente de 1917, inspirado en los principios de justicia social y dignidad del trabajo, incorporó por primera vez en el mundo un catálogo de derechos laborales de rango constitucional, entre ellos, la idea de que los trabajadores no solo debían recibir un salario, sino también participar de las ganancias generadas por las empresas en las que laboran.
A partir de esta visión, la participación de los trabajadores en las utilidades fue concebida como un mecanismo de justicia distributiva y de corresponsabilidad económica destinado a alinear el esfuerzo productivo con los beneficios económicos, permitiendo que quienes contribuyen directamente al éxito de una empresa compartan también una parte de sus resultados positivos.
Cabe mencionar que el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de la empresa encuentra respaldo en diversos instrumentos internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Declaración de Filadelfia de 1944, establece que el trabajo no es una mercancía, reconociendo la necesidad de una distribución equitativa de los frutos del progreso.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que México es parte, dispone que toda persona tiene derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, así como a una remuneración que le proporcione una existencia digna para sí y para su familia. Este principio implica que los beneficios económicos derivados de la actividad productiva deben reflejarse de manera justa en la vida de los trabajadores.
En el mismo sentido, diversos sistemas jurídicos comparados reconocen mecanismos de participación de los trabajadores en los beneficios empresariales, ya sea mediante esquemas de reparto de utilidades, participación accionaria o incentivos colectivos. Estas figuras parten del principio de que el crecimiento económico solo es sostenible cuando los frutos del mismo se distribuyen de manera equilibrada.
En el marco jurídico nacional, la participación de los trabajadores en las utilidades se encuentra reconocida de manera expresa en el artículo 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precepto establece que los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas, conforme a los porcentajes y reglas que determine la ley.
Por tanto, este reconocimiento constitucional otorga al reparto de utilidades, una naturaleza jurídica distinta a la del salario, las gratificaciones o las prestaciones contractuales ya que no se trata de un pago discrecional ni de una prestación por tiempo trabajado, sino de un derecho fundamental que deriva directamente de la Constitución, en este sentido, considerar a las utilidades como un ingreso ordinario sujeto a gravamen, en los mismos términos que una gratificación o una prima, desnaturaliza su esencia constitucional. Las utilidades no son un ingreso generado por la capacidad contributiva individual del trabajador, sino un derecho social que busca redistribuir la riqueza generada por la empresa.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 93, fracción XIV, establece que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se encuentra exenta del ISR únicamente hasta por el equivalente a quince días de salario mínimo. La fracción XV del mismo artículo dispone que por el excedente se deberá pagar el impuesto correspondiente:
Artículo 93. ...
“ XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.”
XV. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior se pagará el impuesto en los términos de este Título.”
Este esquema provoca que, en la práctica, la mayor parte de las utilidades que reciben los trabajadores sea gravada con ISR, reduciendo de manera significativa el beneficio económico real que el derecho constitucional pretende garantizar. Además, se debe considerar que la empresa paga ISR sobre sus utilidades y, posteriormente, cuando estas utilidades se distribuyen a los trabajadores en cumplimiento de un mandato constitucional, el trabajador vuelve a pagar ISR sobre ese mismo valor económico. Esto resulta ser incompatible con la naturaleza jurídica como un derecho fundamental subordinándolo a una lógica recaudatoria.
De tal forma que, la presente iniciativa propone reformar las fracciones XIV y XV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de establecer de manera expresa que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas estará totalmente exenta del pago del ISR, sin límite alguno.
Esta reforma no implica una modificación al régimen fiscal de las empresas, ya que el pago de utilidades ya es deducible para efectos del ISR empresarial, la propuesta únicamente impacta en el tratamiento fiscal del ingreso que recibe el trabajador, eliminando la carga tributaria sobre un derecho constitucional de las y los trabajadores mexicanos.
La exención total del ISR en las utilidades permitirá que los trabajadores reciban íntegramente los recursos que les corresponden por ley, fortaleciendo su ingreso anual. Este aumento efectivo del ingreso disponible tendrá un impacto directo en el bienestar de millones de familias mexicanas, mejorando su acceso a alimentación, salud, educación y vivienda. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
DecretoSe reforman las fracciones XIV y XV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Único. Se reforman las fracciones XIV y XV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
I. a XIII. ...
XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. Tratándose de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ésta estará totalmente exenta del pago del impuesto sobre la renta, sin limitación alguna.
XV. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior, con excepción de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se pagará el impuesto en los términos de este Título.
XVI. a XXIX. ...
...
...
...
...
...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.– Diputados: Theodoros Kalionchiz de la Fuente, David Azuara Zúñiga (rúbricas).»
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado Kalionchiz. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de entrega de copias legibles de las actas elaboradas en mesas directivas de casillas.
El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez: Presento ante este honorable pleno la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de entrega de copias legibles de las actas elaboradas en mesas directivas de casillas durante la jornada electoral.
Lo hago con la convicción de que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en detalles técnicos que garantizan la equidad entre todas las fuerzas políticas.
La iniciativa, en primer lugar, plantea una problemática real documentada y reiterada en nuestros procesos electorales, lo inequitativo en la entrega de copias de las actas de jornada electoral de escrutinio y cómputo.
Como sabemos, las mesas directivas de casilla son órganos ciudadanos encargados de recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo, y dejar constancia documental de todo lo ocurrido el día de la jornada electoral. Las actas constituyen la base probatoria legal de los resultados electorales en las casillas.
En dichas actas se consigna información fundamental, número de votos por partido o candidatura, votos nulos, boletas sobrantes, incidentes escritos de protesta y condiciones de instalación y cierre de casilla. Sin estos documentos, simplemente no hay posibilidad de verificación, defensa jurídica y transparencia.
La ley vigente reconoce el derecho de los partidos políticos y candidaturas independientes, a través de sus representantes, a recibir copias de dichas actas. Sin embargo, el problema no radica en el derecho, sino en el mecanismo para hacerlo efectivo.
Hoy el artículo 256, párrafo cinco de la Legipe establece que las copias se entregarán conforme al orden de antigüedad de registro de los partidos políticos. Es decir, primero los partidos más antiguos y al final los de reciente creación.
A primera vista pudiera parecer un criterio administrativo menor, pero en la práctica genera una profunda desigualdad. Las actas se producen en papel autocopiante, cada copia sucesiva pierde calidad respecto a la anterior. Las primeras son nítidas, las últimas en muchos casos resultan borrosas e ilegibles.
Esto significa que los partidos que reciben las últimas copias enfrentan serias dificultades para leer las cifras, identificar incidencias o verificar datos esenciales. No se trata de una inconformidad menor, se trata de un obstáculo que puede derivar en indefensión jurídica.
Las actas son un insumo indispensable para solicitar recuentos, promover juicios de inconformidad, acreditar causales de nulidad y defender la voluntad popular. Si la copia es ilegible, la prueba se debilita y si la prueba se debilita, la justicia electoral se compromete.
La desigualdad se vuelve estructural cuando observamos que los niveles de representación de partidos en casillas son relativamente homogéneos, pero la calidad documental que reciben no lo es.
Por ello, la iniciativa que hoy presento tiene por objetivo cambiar el mecanismo de entrega de actas para eliminar el criterio de antigüedad en la entrega de copias y sustituirlo, estableciendo que la distribución se realice conforme al orden de votación obtenida en la elección inmediata anterior, iniciando con quien haya recibido mayor número de votos y continuando en forma descendiente.
Este criterio introduce objetividad, periodicidad y equilibrio. No es un privilegio permanente, sino una regla que se redefine elección tras elección conforme a lo más importante de los procesos electorales, que es la voluntad ciudadana.
Con ello, se busca reducir una desigualdad técnica derivada del uso del papel autocopiante, así como fortalecer la certeza, la transparencia y la legalidad derivada del proceso electoral.
Esta reforma no altera resultados, no modifica reglas de competencia ni otorga ventajas indebidas. Simplemente garantiza que todos puedan acceder en condiciones reales de igualdad a la información que da sustento a la legalidad electoral.
La democracia no solo se erosiona con fraudes como los que ya vivimos en el 2006 y en el 2012, sino también en desigualdades técnicas que, acumuladas, afectan la confianza en las instituciones electorales.
Asegurar copias legibles de las actas es asegurar el derecho a la defensa del voto, es proteger la cadena de certeza que inicia en la casilla y culmina en la declaración de validez de una elección. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de entrega de copias legibles de las actas elaboradas en mesas directivas de casilla, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de entrega de copias legibles de las actas de jornada y de escrutinio y cómputo, elaboradas por las mesas directivas de casilla durante las jornadas electorales.
Exposición de MotivosDe conformidad con el artículo 81, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las mesas directivas de casilla son los órganos formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos y las demarcaciones electorales de las entidades de la República, mismas que tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.
Asimismo, el artículo 82, párrafos 1 y 2, del mismo ordenamiento, señala que las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales y que, en los procesos en los que existan elecciones federales y locales concurrentes, se deberá instalar una casilla única conformada, además de las personas anteriores, con un secretario y un escrutador adicionales.
Por su parte, el artículo 259, párrafo 1, de la LGIPE refiere que los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios, tomando en consideración lo siguiente:
a) En elección federal cada partido político o candidato independiente, según sea el caso, podrá acreditar un representante propietario y un suplente,
b) En elección local cada partido político, coalición, o candidato independiente, según sea el caso, podrá acreditar un representante propietario y un suplente.
Aunado a ello, el párrafo 2 del artículo 259 en comento, faculta a los partidos políticos a acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales en que se divide el territorio, un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales.
Documentación levantada en las mesas directiva de casilla y su entrega a las representaciones de partidos políticos
A efecto de evidenciar las actuaciones realizadas por las personas integrantes de las mesas directivas de casillas, así como el desarrollo y resultados de la votación recibida en aquéllas, el artículo 273, párrafo 1, de la LGIPE ordena que el día de la elección se levante un acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes, así como las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones.
Enseguida, los párrafos 4 y 5 del mismo precepto, así como el diverso artículo 286, párrafo 3, de la LGIPE, señalan que en el acta de jornada electoral deberá constar la siguiente información:
a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;
b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de casilla;
c) El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, consignando en el acta los números de folios;
d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes;
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere;
f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla;
g) Hora de cierre de la votación, y
h) En su caso, causa por la que se cerró antes o después de las 18: 00 horas.
En el mismo tenor, los artículos 287, párrafo 1; 293, párrafo 1; y 294, párrafo 1 de la LGIPE prescriben que una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral respectivo, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en aquella, debiendo levantarse un acta de escrutinio y cómputo para cada elección que contendrá, por lo menos:
a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;
b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
c) El número de votos nulos;
d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores;
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y
f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes al término del escrutinio y cómputo.
Sobre el particular, resulta de la mayor importancia destacar que atento a lo estipulado en los artículos 259, párrafo 4, y 261, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tienen derecho a recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla, mismas que serán entregadas al representante general que así lo solicite en el evento de que no hubiera uno presente en la casilla.
Por cuanto hace a la producción de las actas de jornada y de escrutinio y cómputo de casilla de cada elección, así como sus copias, el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral ordena que las autoridades administrativas federal y locales deben producirlas en papel autocopiante con una capacidad de transmisión de escritura de hasta 11 copias.
Finalmente, en lo que interesa a esta iniciativa, se puntualiza que el párrafo 5 del artículo 259 de la LGIPE ordena que la entrega de las copias de las actas a las representaciones de los partidos políticos en las casillas debe hacerse en el orden de antigüedad del registro de cada uno de ellos, es decir, bajo una prelación delimitada, invariable e inamovible.
Utilidad de las copias de actas levantadas en casilla y necesidad de modificación del mecanismo para su entrega
A la conclusión de la etapa de jornada electoral, los partidos políticos realizan un cúmulo de actividades de naturaleza política y jurídica, para las cuales resulta indispensable contar con copias legibles de las actas levantadas en casilla, entre las que se encuentran la organización de su personal para acudir a los cómputos y recuentos en sede administrativa —que se realiza en forma ininterrumpida—, así como la preparación de los juicios de inconformidad y planteamiento de nulidades, mismas que tienen su fundamento e insumo en los datos consignados en la documentación en las actas levantas en las casillas.
Evidencia lo anterior el contenido del artículo 311, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, mismo que señala los casos en que debe realizarse un nuevo escrutinio y cómputo de la votación a partir de la información consignada en las actas levantadas en la casilla.
Asimismo, el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consigna las causales de nulidad recibida en casilla que únicamente pueden probarse con la documentación producida en la casilla el día de la jornada electoral.
En tal virtud, se insiste, las hipótesis descritas en los dispositivos antes citados sólo pueden ser analizadas y, en su caso, acreditadas a través de la confrontación de la afirmación de un partido político contra la información contenida en las actas que la consigna, por lo que resulta indispensable contar con aquellas —so pena de quedar en estado de indefensión—, particularmente en lo que hace al sistema de nulidades en materia electoral, en el que opera el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que, en la práctica, se traduce en una carga probatoria de imposible cumplimiento para quien no cuente con la documentación en mención.
En este orden de ideas, se tiene que, en principio, un partido político que cuente con copia de las actas levantadas en casilla tendrá la información, herramientas e insumos necesarios para defender sus intereses.
No obstante, las máximas de la experiencia demuestran que un documento elaborado con papel autocopiante reduce su legibilidad con cada reproducción subsecuente elaborada a partir de éstas; es decir, entre más copias se repliquen a partir de una copia al carbón, peor será la calidad de la copia.
Así, las hojas autocopiantes en las que se generan las copias de las actas de jornada y de escrutinio y cómputo pierden fidelidad con cada copia de ellas, de tal suerte que si en la segunda copia que se entregue a un partido (por ejemplo, al Partido Revolucionario Institucional) la calidad de las letras e información se verá poco calcada o remarcada respecto de la hoja anterior, ocasionando que en la subsecuentes copias y hasta la última (se reitera que por ley deben ser hasta 11 copias) los datos ya no serán legibles, lo que equivale en los hechos a no contar con la documentación indispensable y quedar en estado de indefensión.
La situación anterior se agrava si se tiene en consideración que el orden de entrega de la documentación en trato se encuentra vinculado inexorablemente a la fecha de registro del partido político al que se le entrega la documentación, de tal suerte que en un escenario ordinario en el que los todos o la mayoría de partidos cuentan con representación en las mesas directivas de casillas, los institutos políticos de reciente creación estarán condenados a recibir invariablemente copias de regular o mala calidad.
Prueba de lo anterior es que, a nivel federal, el partido Morena, al ser el último instituto político que obtuvo su registro, está condenado a obtener invariablemente la sexta y última copia de la documentación federal, detrás de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
La situación empeora tratándose de entidades federativas en las que existe uno o más partidos políticos locales y se presentan elecciones concurrentes con las federales, ya que, debido al modelo de casilla única mandatado por la LGIPE, aquellos accederán a las copias de las elecciones locales después de los seis institutos nacionales.
A efecto de evidenciar la desigualdad estructural que genera la entrega de las copias de las actas de casillas a partir del orden de registro de los partidos políticos, a continuación, se inserta un cuadro que muestra el total de acreditaciones de representantes generales y ante mesas directicas de casilla por partido político nacional en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024:
Enseguida, se inserta un cuadro que muestra el total de asistencia de representantes acreditadas ante mesas directicas de casilla por partido político nacional en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024:
La información anterior muestra que los partidos políticos nacionales cuentan con porcentajes homogéneos de acreditación y asistencia de representaciones en mesas directivas de casilla, lo que evidencia que los partidos con registro más reciente se encuentran en una posición de desventaja ocasionada por la previsión contenida en el artículo 259, párrafo 5, de la LGIPE antes examinado, por lo que resulta necesario modificar su redacción, a efecto de que el orden de reparto de las copias de actas se haga a partir de un sorteo que realice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cada proceso electoral. Por lo anteriormente expuesto, la iniciativa busca cumplir con lo siguiente:
• Eliminar el criterio actual de entrega de copias según el orden de registro de los partidos políticos, ya que este esquema genera una desventaja estructural para los partidos de registro más reciente, que reciben copias de menor calidad y, en muchos casos, ilegibles.
• Sustituir ese criterio por un sistema de sorteo, a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para determinar el orden en que se entregarán las copias legibles de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.
• Garantizar condiciones de equidad entre partidos políticos y candidaturas independientes, asegurando que todos tengan acceso real y efectivo a copias legibles de las actas, indispensables para la defensa jurídica de los resultados electorales.
• Prevenir estados de indefensión en los medios de impugnación electoral, ya que las actas de casilla son insumos esenciales para juicios de inconformidad, recuentos y nulidades, y su ilegibilidad impide ejercer plenamente esos derechos.
• Corregir una desigualdad técnica derivada del uso de papel autocopiante, cuya calidad disminuye progresivamente con cada copia, afectando principalmente a quienes reciben las últimas.
• Fortalecer la certeza, transparencia y legalidad del proceso electoral, al asegurar que la documentación electoral cumpla su función probatoria en igualdad de condiciones para todos los actores políticos.
Para dar mayor referencia sobre la iniciativa que se propone, se incorpora el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto, el suscrito, integrante de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Único. Se reforma el artículo 259 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 259
1 a 4 ...
5. La entrega de las copias legibles a que se refiere el párrafo anterior se hará en el orden de votación obtenida en la elección inmediata anterior, iniciando con el partido político o candidatura que haya recibido el mayor número de votos y continuando de manera descendente hasta aquel que hubiere obtenido el menor número de votos.
TransitorioArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Visible a fojas 45, 51, 53, 55, 142 y 143. Consultable en la liga
https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/662/20/2/Anexos-del-Re glamento-de-Elecciones.pdf/. Consultado el 09 de enero de 2026.
2 Por ejemplo, errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, o que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación.
3 Tales como instalar la casilla en un lugar diverso al autorizado sin causa justificada o recibir la votación personas que no habiten en la sección electoral.
4 Fuente: Informe final del registro de solicitudes, sustituciones, acreditación, así como la entrega del Formato de manifestación general de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, rendido en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión pública de 05 de septiembre de 2024. Consultado el 09 de enero de 2026. Visible a páginas 63 a 68. Visible en
file:///C:/Users/moroz/Downloads/CGex202409-05-ip-13.pdf
5 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Carlos Alonso Castillo Pérez, Claudia Leticia Garfias Alcántara, Herminia López Santiago, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Julieta Villalpando Riquelme, Karina Isabel Martínez Montaño, María Damaris Silva Santiago, Maribel Solache González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Pedro Mario Zenteno Santaella, Rosa María Castro Salinas (rúbricas).»
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Graciela Domínguez Nava, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deportes autóctonos y de la Ley General de Educación.
La diputada Graciela Domínguez Nava:México es cultura, es identidad, es memoria histórica. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Graciela Domínguez Nava: Hoy no vengo solamente a hablar de deporte, vengo a hablar de identidad, de memoria, de raíces. Los juegos y deportes autóctonos no son una actividad recreativa del pasado, son expresión viva de los pueblos originarios de México, son herencia cultural, son organización comunitaria, son disciplina, son filosofía de vida.
Cuando hablamos del ulama, heredero del ancestral juego de la pelota mesoamericano, cuando hablamos de la pelota purépecha de fuego, cuando hablamos del juego de pelota mixteca, cuando hablamos de las prácticas tradicionales de los pueblos rarámuri, mayas, zapotecos o yaquis, estamos hablando de siglos de historia que siguen latiendo en nuestras comunidades.
Nuestra Constitución, en el artículo 2o., reconoce la composición pluricultural de la nación sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y, en el artículo 4o., reconoce el derecho de toda persona a la cultura y a la práctica del deporte.
Sin embargo, aunque el deporte es un derecho, los deportes autóctonos no han sido plenamente visibilizados ni protegidos en la legislación secundaria. Han sobrevivido gracias a la voluntad de las comunidades y esa es la deuda que hoy buscamos saldar.
Esta iniciativa que propone reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte; y la Ley General de Educación, propone reconocer, preservar, fomentar y promover los juegos y deportes autóctonos como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación y cómo una expresión legítima del derecho al deporte con identidad cultural, porque no todo deporte debe venir de fuera, porque no todo campeonato debe medirse con estándares olímpicos, porque nuestras comunidades también tienen reglas, campeones, tradición y dignidad.
Los juegos autóctonos fortalecen el tejido social, fomentan valores comunitarios, impulsan la inclusión intergeneracional y preservan lenguas originarias, generan identidad en niñas, niños y jóvenes.
Además, promover los juegos autóctonos también es desarrollo económico regional, es turismo cultural, economía comunitaria y desde luego es reconocimiento internacional de nuestras raíces.
La UNESCO ha reconocido la importancia del patrimonio cultural inmaterial como un elemento fundamental para la diversidad cultural y la cohesión social. México no puede quedarse atrás en la protección de sus propias prácticas ancestrales.
Hoy tenemos la oportunidad de decirle a los pueblos originarios que no solo reconocemos su pasado, sino que caminamos con ellos hacia el futuro.
Y permítanme referirme a un Estado con una grandeza cultural histórica, que a través de la historia preserva el juego del ulama, mi tierra, Sinaloa. En Sinaloa, el ulama no es solamente un juego, es herencia viva, es historia que respira, es identidad que se transmite de generación en generación.
En comunidades sinaloenses todavía se escucha el golpe seco de la pelota sobre la cadera, todavía se marcan las canchas sobre la tierra, todavía hay hombres y mujeres que enseñan a las nuevas generaciones un juego que nació mucho antes de que existiera el México moderno.
Por eso, agradezco a la Asociación Civil entre Pueblos, a Dulce Libier Pérez y a Mercedes Cabrera, que son de Mazatlán, Sinaloa, a ellas que son testimonio de la lucha por preservar nuestras raíces históricas.
El ulama es uno de los últimos vestigios vivos del antiguo juego de pelota mesoamericano, no lo rescataron grandes presupuestos, no lo salvaron campañas mediáticas, lo preservaron las comunidades, lo preservaron los abuelos y las abuelas, lo sostuvieron las familias, lo defendió la identidad.
Y, hoy nos toca a nosotros hacer lo correspondiente, que el Estado mexicano esté a la altura de esta dignidad histórica. Porque cuando una niña o un niño aprende un juego o deporte autóctono, no solo aprende a jugar, aprende que su cultura vale, aprende que su historia importa, aprende que sus raíces no deben esconderse, sino sentirse con orgullo.
Si protegemos los juegos y deportes autóctonos protegemos algo más profundo, protegemos la memoria colectiva, protegemos la diversidad cultural, protegemos la esencia de México.
Que nunca más nuestros juegos ancestrales sobrevivan en silencio, que nunca más dependan únicamente del esfuerzo comunitario, que ahora sí cuenten con el respaldo de una ley.
Compañeras y compañeros, un país que honra su pasado construye con más fuerza su futuro. Un país que olvida sus juegos olvida su historia, pero un país que protege sus raíces fortalece su identidad. Legislar en favor de los juegos y deportes autóctonos es legislar en favor de México.
Es tiempo de que nuestras leyes reflejen lo que somos: una nación diversa, pluricultural y orgullosa de sus orígenes. La cultura indígena no es pasado: es raíz viva, memoria que camina y fuerza que sostiene la identidad de nuestra nación.
Por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestra comunidad, por nuestro México, sigamos legislando. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deportes autóctonos, y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Graciela Domínguez Nava, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Graciela Domínguez Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deportes autóctonos, y la Ley General de Educación, conforme la siguiente
Exposición de MotivosLa Cuarta Transformación de la vida pública de México reconoce que el verdadero desarrollo nacional no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también en la preservación de la identidad, la memoria histórica y el tejido social de los pueblos. En este sentido, mantener y fortalecer las culturas y los deportes autóctonos constituye un eje fundamental para la transformación social, cultural y comunitaria del país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, cuyas culturas, tradiciones y expresiones constituyen un patrimonio invaluable que debe ser protegido, promovido y fortalecido por el Estado. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación impartida por el Estado se orientará al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, con base en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, el fortalecimiento de la identidad nacional, el aprecio por la diversidad cultural y la promoción de valores que consoliden una sociedad justa, incluyente y solidaria.
En congruencia con este mandato constitucional, el Estado mexicano ha impulsado el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, concebida como un proyecto educativo integral que coloca en el centro a la comunidad, reconoce la diversidad cultural del país y promueve una educación con sentido social, humanista, intercultural y profundamente vinculada con las realidades históricas y culturales de los pueblos de México.
La Nueva Escuela Mexicana reconoce que la educación no se limita a la transmisión de conocimientos académicos, sino que constituye un proceso formativo integral que debe fortalecer la identidad, la cohesión social, el sentido de pertenencia y la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación. En este contexto, los deportes y juegos autóctonos y tradicionales representan una manifestación viva de la historia, los valores, la cosmovisión y las formas de organización comunitaria de los pueblos originarios y comunidades locales del país.
Los juegos y deportes autóctonos no sólo cumplen una función recreativa, sino que constituyen herramientas pedagógicas de alto valor formativo, al fomentar el trabajo colectivo, la disciplina, el respeto a las reglas, la transmisión intergeneracional del conocimiento, el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo físico, emocional y cultural de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, su práctica contribuye a una educación física con identidad, arraigada en el contexto cultural propio, y alineada con los principios de inclusión, interculturalidad y equidad que rigen a la Nueva Escuela Mexicana.
La incorporación de los juegos y deportes autóctonos en el texto constitucional fortalecerá la implementación efectiva de la Nueva Escuela Mexicana, al dotarla de herramientas pedagógicas coherentes con sus principios rectores; promoverá una educación con identidad y sentido comunitario; y contribuirá a la preservación del patrimonio cultural inmaterial de México, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
Los juegos y deportes autóctonos representan una manifestación viva de la identidad cultural de los pueblos originarios y comunidades tradicionales del país. Estas prácticas no sólo fomentan la actividad física y la salud, sino que transmiten valores comunitarios, saberes ancestrales, cohesión social y sentido de pertenencia intergeneracional.
Las culturas originarias y las expresiones deportivas tradicionales representan un legado ancestral que ha dado forma a la diversidad y riqueza cultural de México. Su preservación no sólo honra a los pueblos indígenas y comunidades originarias, sino que también reafirma el principio de justicia social que impulsa la Cuarta Transformación: reconocer, dignificar y garantizar los derechos históricos de quienes fueron marginados durante décadas.
Los juegos y deportes autóctonos, más allá de la competencia física, son espacios de convivencia comunitaria, transmisión de valores y fortalecimiento del sentido de pertenencia. Promueven la identidad colectiva, el respeto a las tradiciones y la cohesión social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.
En un contexto donde la violencia, el individualismo y la pérdida de referentes culturales afectan a amplios sectores de la sociedad, estas prácticas se convierten en herramientas de prevención social y construcción de paz.
Asimismo, la promoción de las culturas y deportes autóctonos contribuye al desarrollo integral de las comunidades, impulsando el turismo cultural, la economía local y el orgullo por lo propio. La Cuarta Transformación entiende que no hay bienestar duradero sin raíces culturales sólidas, ni progreso auténtico si se sacrifica la identidad nacional.
Por ello, es indispensable que el Estado mexicano continúe impulsando políticas públicas que protejan, difundan y fortalezcan las expresiones culturales y deportivas originarias, garantizando su transmisión a las nuevas generaciones. Mantener vivas estas tradiciones no es un acto del pasado, sino una apuesta por un futuro más justo, inclusivo y profundamente mexicano, en concordancia con los principios humanistas y sociales de la Cuarta Transformación.
“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) impulsa diversas iniciativas para su protección como la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, que en su artículo primero señala que los juegos, danzas y deportes tradicionales e indígenas, también en sus formas modernas y emergentes, expresan el rico patrimonio cultural mundial y deben ser protegidos y promovidos”.
Para la Unesco la salvaguarda y la promoción de los deportes y juegos tradicionales como prácticas deportivas y patrimonio cultural inmaterial es clave para el desarrollo futuro del deporte y las sociedades y constituyen de manera importante un mecanismo que mejora el diálogo intercultural y la paz, refuerza el empoderamiento de los jóvenes y promueve prácticas deportivas éticas.
Desde su Declaración de Paris en 2005, el organismo declaró que los juegos y deportes tradicionales constituyen un elemento importante del patrimonio cultural que conviene proteger y promover, en particular con miras a mejorar la calidad de la educación física y el deporte en los sistemas educativos.
El organismo sostiene además que, juegos y deportes tradicionales brindan a gobiernos, comunidades e individuos la oportunidad de expresar su orgullo y riqueza cultural.
México mantiene una riqueza extraordinaria con más de 200 actividades tradicionales relacionadas con prácticas lúdicas y deportivas, de acuerdo con la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la mencionada federación organizan anualmente un encuentro nacional con el propósito de preservar y difundir el patrimonio cultural y deportivo de México, a través de la práctica y exhibición de juegos y deportes tradicionales de diversas culturas indígenas.
De origen prehispánico destacan entre otros deportes el de Ulama en diversas modalidades, practicado mayormente en el estado de Sinaloa; la carrera de bola rarámuri, en Chihuahua, consistente en impulsar una bola de madera, con el pie, a través de largas distancias; en Oaxaca, la pelota mixteca donde se utiliza un guante como raqueta para pasar la pelota entre dos equipos que se enfrentan; en Michoacán, la pelota purépecha, que se practica con bastones de madera para empujar una pelota.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos juegos han enfrentado un proceso de marginación y desplazamiento como consecuencia de modelos culturales homogéneos, la falta de reconocimiento normativo y la ausencia de políticas públicas orientadas a su preservación, promoción y transmisión intergeneracional. Esta situación pone en riesgo su continuidad y debilita el tejido social de las comunidades que los practican y resguardan.
No obstante, la riqueza cultural del deporte ancestral, la Ley General de Cultura Física y Deporte no se refiere al deporte de manera específica cuando considera a los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería como parte del patrimonio cultural deportivo del país, mientras la Ley General de Educación carece de toda referencia al deporte autóctono no sólo en materia de educación física y deporte sino también en su capítulo específico en relación a la educación indígena.
La Ley General de Cultura Física y Deporte ciertamente dispone que la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán preservar, apoyar, promover, fomentar y estimular “los juegos tradicionales y autóctonos y la charrería”, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas.
La Cuarta Transformación de la vida pública de México ha asumido como eje fundamental la reivindicación de los pueblos originarios, la recuperación de la memoria histórica y el fortalecimiento de la identidad nacional desde una visión incluyente, justa y humanista. En este contexto, garantizar en la legislación el reconocimiento y la protección de los juegos autóctonos resulta congruente con el compromiso del Estado mexicano de promover la diversidad cultural, la igualdad sustantiva y el derecho de los pueblos y comunidades a preservar y desarrollar sus propias expresiones culturales.
Garantizar el reconocimiento legal de los juegos y deportes autóctonos permitirá:
• Preservar el patrimonio cultural inmaterial de la nación;
• Promover la práctica deportiva con enfoque comunitario e intercultural;
• Generar políticas públicas, programas y apoyos específicos para su difusión;
• Incluir estas disciplinas en los sistemas educativos, recreativos y deportivos;
• Impulsar la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.
Por ello, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de incorporar de manera expresa los juegos y deportes autóctonos como parte integrante del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, estableciendo obligaciones claras para las autoridades competentes en su promoción, preservación y desarrollo.
En el marco de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, resulta prioritario impulsar una política pública incluyente que reivindique las expresiones culturales y deportivas de los pueblos originarios, combata la exclusión histórica y fortalezca el tejido social desde una perspectiva de justicia social, identidad nacional y respeto a la diversidad cultural.
Asimismo, los juegos y deportes autóctonos cumplen una función social relevante al fomentar la actividad física, la convivencia comunitaria, la transmisión de valores culturales y la prevención de conductas de riesgo, particularmente entre niñas, niños y jóvenes. Su impulso contribuye al bienestar integral de las comunidades y fortalece el sentido de pertenencia, elementos indispensables para una transformación social profunda y duradera.
Por ello, resulta necesario establecer un marco jurídico claro que reconozca a los juegos autóctonos como parte del patrimonio cultural inmaterial de México, garantice su promoción, protección y difusión, y obligue a las autoridades competentes a diseñar e implementar políticas públicas que aseguren su preservación, enseñanza y práctica en condiciones de respeto a la autonomía y cosmovisión de los pueblos originarios. Legislar en esta materia no sólo es un acto de justicia histórica, sino una acción coherente con los principios de la Cuarta Transformación, que busca construir un país más equitativo, plural y orgulloso de sus raíces, donde el desarrollo no signifique la pérdida de identidad, sino el fortalecimiento de nuestra riqueza cultural.
Establecer en la legislación general la obligación del Estado de promover, proteger, difundir y fomentar estas prácticas deportivas tradicionales permitirá diseñar políticas públicas incluyentes, con enfoque intercultural y territorial, que garanticen su transmisión intergeneracional, su práctica en condiciones de dignidad y su incorporación a programas educativos, comunitarios y de desarrollo social.
Asimismo, el reconocimiento legal de los juegos y deportes autóctonos contribuye a fortalecer la identidad nacional, a promover el respeto a los derechos culturales, a incentivar la participación comunitaria y a generar oportunidades de desarrollo local, turismo cultural y bienestar social, especialmente en regiones rurales e indígenas.
Por ello, resulta necesario reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley General de Educación, con el fin de establecer disposiciones claras que reconozcan y preserven los deportes autóctonos y tradicionales como una manifestación legítima de la cultura física nacional, y para mandatar a las autoridades competentes a impulsar acciones, programas y apoyos que aseguren su preservación, promoción y desarrollo, en congruencia con los principios de justicia social, inclusión, pluralidad cultural y bienestar que orientan la transformación del país.
En apoyo a estos propósitos que desde luego deben incluirse claramente los deportes autóctonos, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman la Ley General de Cultura Física y Deporte, y la Ley General de Educación
Artículo Primero. Se reforman el párrafo segundo de la fracción II del artículo 30; la fracción II del artículo 41 y el último párrafo del artículo 88, y se adiciona un párrafo al artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar de la siguiente manera:
Artículo 30. ...
...
II. ...
Para efectos de esta fracción se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social, el deporte de rendimiento y el deporte autóctono.
Artículo 41. ...
I. ...
II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación, deporte a la población en general, el deporte social, el deporte de rendimiento y el deporte y juegos autóctonos, garantizando todas las manifestaciones y expresiones del deporte.
III a IX. ...
Artículo 88. ...
...
I. a VII. ...
Los Juegos Tradicionales y Deportes Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural deportivo del país y la federación; las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas Nacionales y Asociaciones Deportivas de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México correspondientes.
Los convenios de coordinación y colaboración referidos en el párrafo anterior precisarán los recursos presupuestales asignados para la promoción y fomento de los Juegos y Deportes Autóctonos, y garantizar la participación de los pueblos y comunidades que los practiquen en torneos o encuentros municipales, estatales o nacionales, por lo menos una ocasión anualmente en cada uno de dichos ámbitos.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 56 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera:
Artículo 56. ...
...
III. Desarrollar programas educativos que reconozcan y generen la preservación de la herencia cultural de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, en los que se incluya la promoción y práctica de los Juegos y Deportes Autóctonos, y promover la valoración de distintas formas de generar, interpretar y transmitir los conocimientos culturales, saberes, lenguas y tecnologías.
III. a IX. ...
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Handbook_for_Primary_Sc hool_Teachers_Spanish.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2026.– Diputada Graciela Domínguez Nava (rúbrica).»
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Deporte, y Educación, para dictamen.
LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, Y LEY DE MIGRACIÓN
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Bis y se reforman los artículos 12, 44 y 58 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y se reforman los artículos 41, 55 y 112 de la Ley de Migración, para armonizar la legislación mexicana a los estándares internacionales y nacionales y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la unidad familiar de las personas con necesidades de protección internacional.
La diputada Rosa Irene Urbina Castañeda:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Rosa Irene Urbina Castañeda: Compañeras y compañeros, con permiso del pueblo de México. La iniciativa que hoy someto a su consideración no nace en el escritorio: nace en territorio, nace en la frontera sur de México, nace en Chiapas. Nace de mirar a los ojos a aquellas madres que cruzaron selvas y ríos huyendo de la violencia, de escuchar a niñas y niños que han sido separados de sus padres, de acompañar a familias que encontraron protección en nuestro país, pero que no han podido reencontrarse.
Nuestra Constitución reconoce el derecho a buscar y recibir asilo; incorpora los principios de no devolución, interés superior de la niñez y unidad familiar. Sin embargo, la realidad nos demuestra que aún existen obstáculos que impiden que ese derecho sea plenamente efectivo.
Por eso, hoy propongo reformar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y la Ley de Migración, para armonizarlas con los estándares internacionales y fortalecer el derecho humano a la reunificación familiar.
Porque una familia separada no es solamente una estadística migratoria: es una herida abierta. Esta iniciativa elimina requisitos desproporcionados como la acreditación de solvencia y dependencia económica para acceder a la reunificación familiar.
La protección internacional no puede condicionarse a la capacidad de demostrar ingresos bancarios cuando sabemos que las personas refugiadas llegan sin documentos, sin recursos y muchas veces sin nada más que la esperanza.
En su lugar, se propone un enfoque humanitario que reconozca la dependencia emocional y social, entendiendo que el vínculo familiar no se mide en estados de cuenta, sino en redes de cuidado, afecto y apoyo.
También se busca extender el derecho a la reunificación familiar a todas las personas con necesidades de protección internacional, solicitantes, personas con protección complementaria y refugiados, supplies.
La protección no puede fragmentarse, si el Estado reconoce que una persona no puede regresar a su país porque su vida o integridad están en riesgo, también debe garantizar que pueda vivir en familia.
Asimismo, se establece de manera expresa el reconocimiento por estatuto derivado a familiares que ya se encuentran en territorio nacional. No es justo que una misma familia tenga que iniciar múltiples procedimientos, revivir traumas y enfrentar duplicidades administrativas, cuando el vínculo familiar ya está acreditado.
Finalmente, se fortalece el principio de facilidades administrativas y la colaboración institucional entre la Comar, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque la burocracia no puede convertirse en una barrera para el ejercicio de los derechos humanos.
Compañeras y compañeros, esta reforma es coherente con el humanismo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un humanismo que pone al centro a las personas, que entiende que la política migratoria debe ser firme, pero profundamente humana. Que reconoce que México no solamente es un país de tránsito, sino también país de destino y de protección.
En la frontera sur hemos trabajado de la mano con agencias internacionales, como Acnur, OIM y Unicef, que han acompañado al Estado mexicano en la construcción de capacidades en atención a niñas, niños y adolescentes, y en la integración local.
Esta iniciativa recoge también esas experiencias y buenas prácticas internacionales, no estamos improvisando, estamos armonizando nuestra legislación con compromisos internacionales y con el principio constitucional de progresividad en materia de derechos humanos, porque defender la unidad familiar no es un acto de generosidad, es una obligación jurídica y moral.
Cuando una persona refugiada logra abrazar nuevamente a su hijo, cuando una madre deja de vivir con el miedo de no volver a ver a su familia, cuando una niña puede crecer en un entorno estable y protegido, no solo estamos cumpliendo la ley, estamos fortaleciendo el tejido social de nuestro país.
Hoy les pido que acompañemos esta iniciativa y que legislemos con sensibilidad, responsabilidad y visión de Estado. La frontera sur nos ha enseñado que la movilidad humana no se enfrenta con indiferencia, sino con humanidad.
Legislar por la reunificación familiar es apostar por la estabilidad, la integración y comunidades más fuertes, reconociendo que la familia es el primer espacio de protección y que el Estado debe ser garante de este derecho, nunca su obstáculo.
Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, de convertir el principio de unidad familiar en una garantía efectiva y no en una promesa pendiente, porque cuando nuestro país protege a quienes más lo necesitan, se engrandece. Es cuanto, presidenta.
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud, en materia de contratación de personal médico y enfermería de origen indígena.
El diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán:(Habla en maya ch'ol), diputada presidenta. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán: Compañeras y compañeros, diputadas y diputados. México es una nación pluricultural, así lo reconoce el artículo 2o. de nuestra Constitución.
Somos un país sustentado originalmente en sus pueblos indígenas. Sin embargo, durante décadas esa riqueza cultural no se vio reflejada plenamente en las instituciones del Estado y mucho menos en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Fue gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador que México volvió a mirar de frente a sus pueblos indígenas. Su gobierno colocó en el centro a quienes históricamente habían sido olvidados, iniciando una transformación profunda con justicia social y con una visión humanista del poder.
Hoy bajo el liderazgo de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, avanzamos hacía el segundo piso de la cuarta transformación, consolidando derechos, profundizando la inclusión y fortaleciendo las bases institucionales para que la igualdad sea una realidad tangible. Y a mí me consta, porque soy orgullosamente de una comunidad indígena.
En ese espíritu el día de hoy vengo a presentar esta iniciativa de reforma a los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud, para reconocer y considerar en la contratación a médicos, personal de enfermería y profesionales de la salud de origen indígena, debidamente titulados y capacitados.
Y en esta sesión quiero agradecer, con mucho respeto, a nuestro coordinador parlamentario, al diputado, doctor Ricardo Monreal Ávila, y al diputado presidente de la Comisión de Salud, a mi amigo, al diputado Pedro Zenteno Santaella, por su acompañamiento y porque siempre lo he molestado por temas de salud.
Porque el derecho a la salud no se limita a construir hospitales o surtir medicamentos, el derecho a la salud implica atención digna, culturalmente pertinente y lingüísticamente accesible.
Quiero decirles que en el 2010 se construyó un Hospital de las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para, es un proyecto en el cual fue para fortalecer la infraestructura de salud pública, en énfasis, para la población indígena. Desde el 2010, nos hagamos la pregunta, ¿cuántos años han pasado? ¿Quién fue el presidente? ¿Quiénes han sido los presidentes desde esa época?
Hospital de las Culturas para atención a los pueblos indígenas, hasta hoy solamente hay cuatro médicos indígenas. Y en la cabecera municipal de mi distrito, con cabecera San Cristóbal de las Casas, Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Zinacantán, hay clínicas, pero no lo atienden médicos indígenas.
Es lamentable que nuestras hermanas, nuestros hermanos indígenas y enfermeras y enfermeros no les den la oportunidad. No hablamos de privilegios, hablamos de justicia.
Esta iniciativa no baja estándares académicos, al contrario, exige títulos legalmente expedidos y registrados, como lo establece la propia Ley General de la Salud. Lo que agrega es un valor estratégico para el sistema, el conocimiento lingüístico y cultural como herramienta de salud pública.
Muchos jóvenes profesionistas indígenas, médicos y enfermeras titulados, enfrentan barreras y discriminación para acceder a plazas en sus propias regiones. Esta reforma combate esa desigualdad estructural y abre la puerta para que quienes conocen la lengua y la cultura puedan servir en sus comunidades con profesionalismo y dignidad.
Hay un ejemplo de una doctora cirujana egresada, la primera mujer de Zinacantán, Chiapas, a quien le mando saludos, la doctora Catalina María Pérez de la Cruz. No pudo obtener un espacio en una institución pública por ser indígena, por ser mujer. Hoy está dando su servicio comunitario allá en el municipio.
Entonces, ¿dónde quedan los derechos? Hablamos del derecho de la igualdad. No solamente Catalina, hay muchas profesionistas en el ramo de la medicina, enfermeras y enfermeros. Por eso hoy esta iniciativa, compañeras y compañeros, diputados, diputadas, con mucha humildad y respeto pido el apoyo de ustedes.
Con modificación al artículo 79 se hace justicia a todos los profesionistas, médicos y personal de enfermería de origen indígena.
La modificación al artículo 93 fortalece además el reconocimiento de la medicina tradicional indígena y establece que los programas de salud en comunidades indígenas se desarrollan en conjunto con personal médico y de enfermería de origen indígena, garantizando pertinencia cultural y respeto a los derechos humanos y una atención verdaderamente eficaz.
No se puede curar lo que no se comprende y no se puede comprender plenamente a un pueblo si no se escucha su lengua y su cosmovisión. Contratar médicos indígenas no solo es generar empleo, es construir puentes de confianza que salvan vidas, es reducir diagnósticos tardíos, es fortalecer la atención primaria, es hacer realidad el mandato constitucional de igualdad. Esta reforma es técnica, es viable y es constitucional, pero, sobre todo, es profundamente humana.
Quiero decirles, robarles un minuto. Un día una mujer indígena de una comunidad de Tila, sabe hablar el ch'ol, mi lengua materna, fue a una clínica de su comunidad. De su comunidad la mandan, no le entendieron, la mandan a la cabecera municipal del municipio. Del municipio la mandan a la cabecera distrital, que era Yajalón. De Yajalón la mandan a Palenque.
Y, por cierto, yo me encontraba en Palenque, y de Palenque no la querían atender, la mandaron a San Cristóbal de las Casas. ¿Y qué pasa ahí? Yo tuve que ir a pelear para que atendieran a la compañera, a la hermana mujer. Y la tuvieron que atender en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez. En ese sentido podemos entender que las mamás, que las mujeres sufren.
Por eso hoy presento esta iniciativa, que no es peligro para la Constitución, es un derecho de igualdad, es el derecho de las mujeres, es el derecho de las familias, de los enfermos. Por mi voz habla la voz de todas aquellas personas que necesitamos salud.
Tal vez nosotros, los que estamos aquí, podemos pagar una consulta médica, una clínica particular. Muchos de los doctores que están en las instituciones públicas han luchado con el tema de la salud. Por eso no contratan a nuestros hermanos, a nuestras hermanas indígenas que son profesionales, no les dan la oportunidad.
Por eso hoy pido al presidente de la comisión que defendamos esta iniciativa, porque también merecemos este derecho a los profesionistas, para que sigamos estudiando. No de vicio, no en balde, como decimos nosotros allá, para que sigamos transformando este segundo piso por la igualdad en la salud.
Que vivan los médicos, las enfermeras, los enfermeros. Y que viva Chiapas, que viva toda la nación indígena. Que vivan los pueblos indígenas. Y también quiero aprovechar, ya me está... ya me está quitando el tiempo nuestra diputada presidenta. Tengo el derecho igual, aquí está. Pero quiero mandar un saludo a Danielito, el niño ambientalista.
Hoy este producto, Danielito, que tú lo hiciste a base de reciclaje, Amelia, son de Chiapas. Este producto se lo voy a regalar en nombre de los pueblos indígenas de esta iniciativa a nuestra diputada presidenta. Diputada presidenta, en nombre del estado de Chiapas, también los pueblos indígenas, nosotros no somos rencorosos, hablamos fuerte, es la fortaleza, es la rabia que nosotros llevamos en el corazón. Que viva nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que viva la cuarta transformación.
«Iniciativa que reforma los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud, en materia de contratación de personal médico y enfermería de origen indígena, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud en materia de contratación de personal médico y enfermería de origen indígena.
No se puede curar lo que no se comprende. Al contratar a jóvenes médicos indígenas, no sólo estamos creando empleos; estamos construyendo puentes de confianza que salvan vidas
Dentro del ejercicio de la política con rostro humano, se debe reconocer que el derecho a la salud no se basa sólo con la construcción de muros y la compra de medicamentos. La esencia del derecho a la salud es poder tener acceso a una atención digna, culturalmente adecuada y lingüísticamente accesible, es por ello, que la contratación de personal de origen indígena con una debida formación técnica y profesional de excelencia, no debe ser una concesión, más bien un acto de justicia y una estrategia de salud pública de vanguardia.
Nuestro país es reconocido en el artículo 2o. constitucional como una nación con una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sin embargo, dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud en muchas partes o regiones esta pluriculturalidad no se ha visto reflejada para la integración de sus plantillas laborales.
México cuenta con más de 60 pueblos indígenas que hablan diversas lenguas y tienen cosmovisiones propias sobre la salud y la enfermedad. La falta de profesionales de salud bilingües o con formación intercultural limita la comunicación efectiva, genera desconfianza y dificulta el cumplimiento de tratamientos. En estados que cuentan con una profunda raíz indígena como por ejemplo el estado de Chiapas existe una necesidad crítica y urgente de médicos de origen indígena o que hablen lenguas indígenas (principalmente tzotzil, tzeltal y chol) dando paso a que las comunidades enfrenten barreras culturales y de lenguaje que en ciertos casos derivan en diagnósticos tardíos o en negligencias, muchos de nuestros jóvenes profesionistas de origen indígena (médicos, especialistas titulados o personal de enfermería), enfrentan problemas de discriminación que se convierte en una barrera que les impiden ocupar plazas en los centros de salud de sus propias regiones.
Si bien es cierto que en muchas regiones ya existe personal interprete para ayudar a una adecuada comunicación médico-paciente, en esta iniciativa se considera incluir a los médicos y personal de enfermería que ya cuenten con esos conocimientos lingüísticos de manera nativa.
A diferencia de la Ley Federal del Trabajo, la cual regula la relación laboral en materia de contratos y salarios, lo que se busca es regular la cuestión de la prestación de los servicios y la calidad de los profesionales abordado en el concepto de “Recursos Humanos para los Servicios de Salud”, por lo cual encausaremos esta reforma hacia la Ley General de Salud.
La Ley General de Salud no establece precisamente “cómo contratar”, más bien se enfoca en cuales son los requisitos que deben cumplir las y los proponentes para garantizar la seguridad de un paciente. En años recientes, la Ley General de Salud a incorporado el concepto de salud intercultural, esto quiere decir que el personal de salud ya sea que aun esté en formación o se encuentre contratado debe estar debidamente capacitado para atender a comunidades de carácter indígena respetando su cultura; sin embargo, hoy día no establece los mecanismos para la contratación obligatoria de médicos o personal de enfermería de origen y hablante indígenas para ser considerados y puedan ocupar dichas plazas, por tanto en aras del principio de la pertinenia cultural, es nuestro deber como legisladores atender esas causas que promuevan la eficiencia y empatía de un servicio de salud de calidad para nuestros pueblos indígenas.
Dicho lo anterior, esta reforma busca mejorar aspectos para las comunidades indígenas, fortaleciendo el sistema de salud, combatiendo la discriminación laboral e incentivando a las nuevas generaciones (estudiantes de medicina originarios de comunidades indígenas), no solamente para que sean tomados en cuenta para la ocupación de plazas en centros de salud, hospitales y lugares de carácter similar sino también para que tengan el dominio de las lenguas adecuadas a su región logrando de esta manera una atención eficiente y por ende tengan la motivación de regresar a sus comunidades teniendo mejores oportunidades de trabajo sin tener que emigrar a lugares lejanos; es vital recalcar que no se está bajando la vara académica, al contrario, se pide personal titulado y capacitado, pero con un valor agregado (en este caso el idioma y la cultura) que un médico no indígena normalmente no tiene.
Por otro lado, la comunicación efectiva es el pilar de la relación médico-paciente, llegando a representar un reto, sobre todo cuando nos enfrentamos a la barrera del lenguaje en las comunidades indígenas de México. La relación médico-paciente es el fundamento de la práctica profesional que se basa, entre otras cosas, en las habilidades del médico para comunicarse, generar confianza y empatía. El efecto en la salud del individuo requiere habilidades de comunicación efectiva que deben ser aprendidas no solo mediante la experiencia.
Para una mejor explicación, presento el siguiente cuadro comparativo con las adecuaciones propuestas a los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud:
Cuadro comparativo de la iniciativa de ley
Por lo motivado y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se reforman los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 79 y el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, partería profesional, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización, considerando a médicos y personal de enfermería de origen indígena, hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes .
...
Artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud.
De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena en aras de la pertinencia cultural. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas en conjunto con el personal médico y de enfermería de origen indígena, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico cuya formación bilingüe y conocimientos de la medicina tradicional hará eficaz el servicio, respetando siempre sus derechos humanos.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes
https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2020/mim202l.pdf
https://medicinainterna.org.mx/article/el-medico-frente-a-la-com unidad-indigena-en-mexico-barrera-del-lenguaje/
https://www.saludiario.com/atencion-medica-en-comunidades-indige nas-mexicanas-retos-y-modelos-de-exito/
https://raichali.com/2023/12/11/el-acceso-a-la-salud-empieza-por -la-lengua/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi =89978449&url=https://dplf.org/la-reforma-indigena-en-mexico-avances-pendie ntes-y-retos/&ved=2ahUKEwj0_aW-i76SAxXjke4BHSP2AfsQFnoECCwQAQ&usg=AOvVa w1VomMQ_D9yF3_ZqVxA4Eyb
Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de febrero de 2026.– Diputados y diputadas: Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Carmelo Cruz Mendoza, Claudia Leticia Garfias Alcántara, Herminia López Santiago, Isidro Enrique Villegas García, José Manuel Hinojosa Pérez, Julieta Villalpando Riquelme, María Damaris Silva Santiago, Maribel Solache González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Pedro Mario Zenteno Santaella, Rosa María Castro Salinas (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.
Concluimos el día de hoy esta sesión. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias, diputado. Me informan que el diputado Hinojosa está solicitando el uso de la palabra, entiendo, ¿será para adhesión? Si nos lo puede decir, por favor, en el micrófono. Si son tan amables.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (desde la curul): Sí. Para ver si el diputado me permite adherirme.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Sí, diputado Hinojosa. El diputado acepta su adhesión. Quienes estén de acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado Ramírez Guzmán, esta iniciativa estará en la Secretaría para la firma correspondiente.
INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL NOMBRE DE CUITLÁHUAC
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Concluimos esta ronda de iniciativas y esta sesión con la diputada Herminia López Santiago, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Cuitláhuac, suscrita por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Herminia López Santiago:Con su venia, diputada presidenta. Hay una frase muy famosa que dice: La historia la escriben los vencedores. Tal vez por ello, diversos relatos españoles han hecho invisible la existencia de Cuitláhuac, intentando eliminar de los registros históricos el periodo en que encabezó el territorio de Tenochtitlán y las acciones que definieron su perfil de valentía y firmeza.
Las hazañas de Cuitláhuac comienzan como general de las fuerzas mexicas durante el reinado de Moctezuma, quien no solo era el líder de aquel pueblo prehispánico, sino hermano de Cuitláhuac.
Tras la matanza del Templo Mayor durante la festividad del Tóxcatl, orquestada por Pedro de Alvarado, el conflicto entre los mexicas y españoles era inminente, después de la muerte de Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac fue nombrado tlatoani de Tenochtitlán, sitió a los españoles y a sus aliados durante 23 días, el ejército mexica bloqueó todas las salidas de la ciudad de Tenochtitlán, excepto la calzada de Tlacopan.
La noche del 30 de junio de 1520, Hernán Cortés no tuvo más que emprender la huida junto a sus soldados y aliados tlaxcaltecas, pero les fue imposible; al solo haber una salida, el ejército mexica ya los estaba esperando.
En una valiente lucha Cuitláhuac y su ejército derrotó y expulsó a los españoles y a sus aliados. Muchos soldados de Cortés murieron ahogados al caer al lago arrastrados por el peso de sus propias armaduras y de los cargamentos de oro y plata que transportaban, así es, eran los tesoros que habían saqueado de nuestro México.
Esa noche Cortés perdió la mayor parte de sus hombres, caballos y armamento por lo que al ver pasar los restos de sus tropas lloró de dolor al pie de un viejo ahuehuete al saberse vencido por los mexicas.
Durante 500 años a este hecho se le conoció como la Noche Triste, pero es momento de decirlo fuerte y claro, aquella noche del 30 de junio de 1520 fue la noche de la victoria, fue la noche que por primera vez un gobernante nacido en esas tierras logró repeler una invasión extranjera y defendió la soberanía de su territorio, ese gobernante es Cuitláhuac.
En 2026 se cumplen 550 años de su natalicio, razón por la cual la alcaldía Iztapalapa denominó este año como Año Conmemorativo de los 550 años del Natalicio de Cuitláhuac, símbolo de dignidad, resistencia, raíz histórica de nuestro territorio.
El humanismo mexicano tiene como objetivo reivindicar la historia de los pueblos originarios, así como recordar las hazañas heroicas de los mismos. Por ello, como legisladores es nuestro deber darle el lugar que le corresponde en la historia a Cuitláhuac, su nombre tiene que estar ahí junto al de Cuauhtémoc y al de Nezahualcóyotl, dado el contexto actual en el que se vive un clima de tensión geopolítica y donde las invasiones parecieran ser la solución entre naciones es preciso hablar de Cuitláhuac, el primer gobernante que expulsó a los invasores extranjeros.
Es importante reconocer las hazañas de este personaje que nos enseñó a defender la soberanía de nuestro país.
Por lo anterior, y en el marco del 550 aniversario del natalicio de Cuitláhuac, colocar su nombre en letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo y develarlo el 11 de marzo del presente año, dos días antes de que se cumplan 701 años de la fundación de Tenochtitlán es un primer paso para reivindicar a un héroe del que poco se habla en los libros de historia.
Brindarle a Cuitláhuac el lugar que se merece en la historia de nuestro país, así como a los pueblos indígenas, es dar paso a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, y cito: “la visión histórica que se tiene de la Conquista tiene que cambiar y dejar atrás la versión romanticista para reivindicar la grandeza de México que proviene de la diversidad cultural de entonces y de ahora”.
Muchas gracias. Les pido humildemente, compañeros y compañeras, su apoyo para esta iniciativa, y lograr este sentimiento que tenemos de hacerle justicia a Cuitláhuac.
Que viva Cuitláhuac y qué viva México. Que vivan todos los indígenas que defendieron el país, que lo siguen haciendo hasta el momento. Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre “Cuitláhuac”, suscrita por las diputadas María de los Dolores Padierna Luna y Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena
Las suscritas, Dolores Padierna Luna y Herminia López Santiago, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I,; y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre “Cuitláhuac”, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa vida y hazañas de Cuitláhuac, tlahtoani de México-Tenochtitlán cuenta con pocos registros históricos, entre los que destaca el “Códice Matritense” y el “Códice Florentino” en donde se le reconoce como un importante gobernante del territorio prehispánico.
Diversos relatos españoles han invisibilizado la existencia de Cuitláhuac, intentando eliminar de los registros históricos el periodo en que encabezó el territorio de Tenochtitlán y las acciones que definieron su perfil de valentía y firmeza.
Las hazañas de Cuitláhuac comienzan como tlacochcalcatl; es decir, como general de las fuerzas mexicas durante el reinado de Moctezuma, quien no sólo era el líder de aquel pueblo prehispánico, sino hermano de Cuitláhuac.
En el ejercicio de este cargo, Cuitláhuac fue fiel opositor a la recepción de los grupos españoles dentro del territorio mexica y uno de los protagonistas de la defensa de su pueblo; al respecto Fray Juan de Torquemada en el capítulo LXXX del libro “Monarquía indiana” volumen II menciona que fue Hombre astuto, sagaz y bullicioso, y la principal parte de echar de México a los castellanos, según se entendió, y que fortalecía la ciudad con fosos y trincheras y armaba la gente con largas picas; soltaba los tributos; ofrecía mercedes a los pueblos que resistiesen a los cristianos y los matasen y le enviasen las cabezas.
Su carácter también quedó enunciado en el capítulo LXXVII en donde se señala que Cuitláhuac “hermano de Motecuhzuma, cuya voluntad era de morir o defender que no entrasen castellanos en su tierra”.
Con la llegada de las fuerzas lideradas por Hernán Cortes, Moctezuma reunió a los integrantes de su Consejo, entre quienes destacaban el Señor de Texcoco y Cuitláhuac, Señor de Iztapalapan. Mientas que el primero estaba a favor de la recepción de los grupos españoles, el segundo mantenía una postura de negociación, pero sin intervención territorial pues reconocía que “una vez dentro no los podrían echar fácilmente”.
Pese a dichas advertencias y por órdenes del Emperador, Cuitláhuac recibió a Cortés bajo un protocolo de bienvenida y lo condujo a la reunión con Moctezuma. Posterior a ello se desarrollaron eventos de gran impacto como la matanza del Templo Mayor, orquestada por Pedro de Alvarado.
Esta masacre marcó una ruptura total de la aceptación de las fuerzas españolas por parte del pueblo mexica. Comenzó un levantamiento armado orquestado por Cuitláhuac en donde se ubican dos grandes acontecimientos: la muerte del Emperador Moctezuma mientras estaba en custodia de Cortés, y la salida de los grupos españoles por la calzada Tlacopan conocida actualmente como “la noche victoriosa”. En el capítulo XXIV del libro 12 del Códice Florentino se detalla esta partida:
Después que los españoles y los amigos que con ellos estaban se hallaron muy apretados, ansí (sic) de hambre como de guerra, una noche salieron todos de su fuerte, los españoles delante y los indios tlaxcaltecas detrás.
Esa noche, una vez descubierta la huida, el pueblo mexica, acompañado de otros pueblos que habían conformado una alianza, atacaron a los grupos españoles. A partir de la toma de la ciudad, ésta fue fortalecida.
La campaña de Cuitláhuac por expulsar a los españoles del territorio mexica contemplo entre otras acciones:
• Los ataques estratégicos a los campamentos españoles después de su huida.
• Creación y fortalecimiento de alianzas con pueblos cercanos.
• Fortalecimiento militar de la ciudad.
• Limpieza de los templos y regreso de las celebraciones originarias.
Pese al breve periodo como tlahtoani,las actividades de Cuitláhuac tomaron relevancia como Señor de Iztapalapan, Consejero de Moctezuma, General de las fuerzas mexicas y ferrero defensor del pueblo.
Evocar en la memoria histórica de México a un personaje de esta relevancia resulta fundamental en un contexto actual en que se vive un clima de tensión geopolítica derivado de intereses hegemónicos.
Los principios constitucionales que distinguen no sólo el marco jurídico mexicano, sino el derecho internacional: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; enmarcan el actuar no sólo de los gobiernos del mundo, avanza hasta los lazos de hermandad entre nuestros pueblos.
El ejemplo de vida de Cuitláhuac caracteriza la esencia del pueblo mexicano, un alma consolidada en fortaleza y defensa de lo propio, de nuestro origen y soberanía.
Cuitláhuac murió el 3 de diciembre de 1520 víctima de la viruela, una enfermedad no conocida que debilitó profundamente los pueblos de México y que fortaleció a las fuerzas españolas.
En 2026 se cumplen 550 años de su natalicio, razón por la cual la alcaldía Iztapalapa denominó este año como: Año Conmemorativo de los 550 años del natalicio de Cuitláhuac, símbolo de dignidad, resistencia y raíz histórica de nuestro territorio.
Por lo anterior, y en el marco del 550 aniversario del natalicio de Cuitláhuac, colocar su nombre en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo y develarlo el 11 de marzo del presente año, dos días antes de que se cumplan 701 años de la Fundación de Tenochtitlan; es un primer paso para reivindicar a un héroe del que poco se habla en los libros de historia, a un mexicano cuyo nombre se ha querido borrar intencionalmente por los conquistadores. Un hombre que defendió la soberanía nacional.
Es importante brindar a Cuitláhuac el lugar que se merece en la historia de nuestro país, así como a los pueblos indígenas, pues como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “la visión histórica que se tiene de la Conquista tiene que cambiar y dejar atrás la versión romancista para reivindicar la grandeza de México que proviene de la diversidad pluricultural de entonces y de ahora”.
Contenido de la iniciativa
Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre “Cuitláhuac”
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre “Cuitláhuac”.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirá la fecha, el orden del día y el protocolo para la sesión solemne de develación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2026.– Diputadas y diputado: Herminia López Santiago, Claudia Leticia Garfias Alcántara, Dolores Padierna Luna, Isidro Enrique Villegas García, Julieta Villalpando Riquelme, Karina Isabel Martínez Montaño, María Damaris Silva Santiago, Maribel Solache González, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Rosa María Castro Salinas (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (19:34 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima, que tendrá lugar el martes 24 de febrero del año en curso, a las 11 horas, agradeciendo a las y los integrantes, a los vicepresidentes y secretarios de esta Mesa Directiva y, por supuesto, a las y los legisladores por su templanza y su presencia el día de hoy. Citamos para el martes 24 de febrero a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por su presencia, diputadas, diputados.
––––– O –––––
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 5 horas 29 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 460 diputadas y diputados
• Asistencia
• Orden del día
• Minuto de silencio: 1 en atención a 3 solicitudes
• Minuto de aplausos: 1
• Efemérides: 1
• Dictamen con proyecto de decreto a discusión: 1
• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 24
• Cita y clausura
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 59
23-Morena, 10-PAN, 5-PVEM, 11-PT, 5-PRI, 5-MC
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
VOTACIONES
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual (en lo general y en lo particular)
MORENA
1 Abreu Artiñano, Rocío AdrianaFavor
2 Acosta Trujillo, JuanaFavor
3 Aguilera Claro, ZariaFavor
4 Aguirre Gallardo, José JavierFavor
5 Aldana Navarro, Luis HumbertoFavor
6 Alonso Gutiérrez, AgustínAusente
7 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor
8 Álvarez Nemer, Mónica AngélicaFavor
9 Álvarez Villaseñor, RaúlFavor
10 Anaya Martínez, JosefinaFavor
11 Anaya Villegas, SandraFavor
12 Andrade Zurutuza, DanielFavor
13 Antonio Altamirano, CarolFavor
14 Arellano Ávila, Giselle YunueenFavor
15 Armendáriz Guerra, Carmen PatriciaAusente
16 Armenta Oliveros, MagalyAusente
17 Arreola López, HaidydFavor
18 Arreola Trinidad, AzucenaFavor
19 Arzola Vargas, Xóchitl TeresaFavor
20 Asaf Manjarrez, DanielFavor
21 Ávila Anaya, Francisco Arturo FedericoAusente
22 Ávila Vera, Mildred ConcepciónFavor
23 Ávila Flores, Claudia SeleneFavor
24 Avilés Domínguez, LeideAusente
25 Ayala Leyva, Ana ElizabethFavor
26 Baldenebro Arredondo, Manuel de JesúsFavor
27 Ballesteros García, María de los ÁngelesFavor
28 Barrera Puc, Rocío NatalíFavor
29 Barrera Vázquez, AriadnaFavor
30 Basto González, Gabriela del CarmenFavor
31 Bautista Bravo, Juan ÁngelAusente
32 Bautista Pelaez, Maria del CarmenFavor
33 Beltrán Reyes, AnayFavor
34 Benítez Estrada, RufinaFavor
35 Benítez Tiburcio, MarianaFavor
36 Blancas Mercado, BrunoFavor
37 Blanco Bravo, CuauhtémocFavor
38 Borrego Adame, Francisco JavierFavor
39 Brito Zapata, Óscar IvánFavor
40 Brown Figueredo, Hilda AraceliFavor
41 Burgos Hernández, Anais MiriamFavor
42 Caamal Cocom, VenustianoFavor
43 Cabada Alvidrez, Hector A.Favor
44 Calcaneo Constantino, Karen YaitiFavor
45 Calderón Díaz, AlejandroFavor
46 Campos Plancarte, DanielAusente
47 Cárdenas Galván, ClaraFavor
48 Carranza Gómez, BeatrizFavor
49 Carrasco Godínez, MelvaFavor
50 Carrazco Macías, OlegariaFavor
51 Carrillo Cubillas, Mario MiguelFavor
52 Carvajal Hidalgo, AlejandroFavor
53 Castellanos Polanco, FavioFavor
54 Castillo García, Gilberto DanielFavor
55 Castillo López, EduardoFavor
56 Castillo Lozano, Katia A.Favor
57 Castillo Morales, Francisco AdriánFavor
58 Castillo Pérez, Carlos AlonsoFavor
59 Castillo Quintana, EldaFavor
60 Castro Salinas, Rosa MaríaFavor
61 Castro Trenti, Fernando JorgeAusente
62 Castro Villarreal, AntonioFavor
63 Cervantes de la Cruz, ElizabethFavor
64 Chávez Rojas, Olga LeticiaFavor
65 Chedraui Peralta, AlejandraFavor
66 Cornejo Gómez, Astrit ViridianaFavor
67 Corona Arvizu, ArmandoFavor
68 Corro Mendoza, MargaritaFavor
69 Coss y León Zuñiga, HumbertoFavor
70 Crespo Arroyo, RicardoFavor
71 Cruz Lucatero, José LuisFavor
72 Cruz Mendoza, CarmeloFavor
73 Cuevas Sánchez, CintiaAusente
74 De la Vega Sánchez, Alma LidiaAusente
75 De la Vega Vargas, Alma RosaFavor
76 Del Río Zenteno, Karina MargaritaFavor
77 Del Valle Ramírez, AlejandraFavor
78 Díaz Vilchis, CatalinaFavor
79 Domínguez Nava, GracielaFavor
80 Domínguez Rodríguez, Roberto ÁngelAusente
81 Domínguez Serna, Yoloczin LizbethFavor
82 Ealy Díaz, María TeresaFavor
83 Ebrarb Lestrade, SebastíanFavor
84 Escobar García, Zenyazen RobertoFavor
85 Espino Barrientos, ManuelAusente
86 Esponda Torres, Flor de MaríaFavor
87 Estrada Domínguez, Francisco JavierFavor
88 Farfán Vázquez, LeticiaFavor
89 Fernández Cesar, MónicaFavor
90 Fernández Fuentes, Luis HumbertoFavor
91 Fernández Samaniego, José ArmandoFavor
92 Fernández Sarabia, Zayra LinetteFavor
93 Ferraez Centeno, Ana MiriamAusente
94 Flores Bustamante, Juan ÁngelFavor
95 Flores Cervantes, Hugo EricAusente
96 García Antonio, BriceydaFavor
97 García Hernández, ClaudiaAusente
98 García Hernández, GabrielAusente
99 García Romero, Rafaela VianeyFavor
100 García Vidaña, Martha OliviaFavor
101 Garcés Medina, EdénFavor
102 Garfias Alcantara, Claudia LeticiaFavor
103 Godoy Rangel, LeonelFavor
104 Gómez Maldonado, MaiellaAusente
105 Gómez Pozos, MerilynAusente
106 González Hernández, Juan AntonioFavor
107 González Pérez, Sandra BeatrizFavor
108 Graniel Zenteno, Rosa MargaritaFavor
109 Guerrero Pérez, EleazarFavor
110 Gutiérrez Bocanegra, Julio ErnestoAusente
111 Gutiérrez Luna, Sergio CarlosFavor
112 Haces Barba, Pedro MiguelAusente
113 Hernández Mirón, CarlosFavor
114 Hernández Pérez, César AgustínFavor
115 Hernández Sáenz, Claudia AlejandraFavor
116 Hernández Tapia, Arturo RobertoFavor
117 Herrera Ruiz, GilbertoFavor
118 Herrera Solórzano, GilbertoFavor
119 Herrera Villavicencio, MónicaFavor
120 Higareda Segura, LuceroFavor
121 Higuera Esquer, Alma ManuelaFavor
122 Ibarra Ramos, Jesús AlfonsoAusente
123 Jiménez Godoy, Gabriela GeorginaFavor
124 Jiménez J., JesúsFavor
125 Jiménez Vásquez, Naty Poob PijyFavor
126 Juan Carlos, IrmaFavor
127 Lastra Bastar, Jaime HumbertoFavor
128 Lobo Román, Víctor HugoFavor
129 López de la Cruz, AmaliaFavor
130 López Gorosave, RocíoFavor
131 López Orozco, Diana IselaFavor
132 López Santiago, HerminiaFavor
133 López Vela, Jaime GenaroFavor
134 Luévano Cantú, María SoledadFavor
135 Maldonado Chavarín, AlbertoAusente
136 Martínez Montaño, Karina IsabelFavor
137 Mejía Haro, UlisesFavor
138 Mejía Méndez, RobertoAusente
139 Mendoza Arce, FernandoFavor
140 Mendoza Ramírez, Eunice AbigailFavor
141 Mendoza Ruiz, JacoboFavor
142 Michel López, MarcelaFavor
143 Mier Acolt, Jorge AlbertoFavor
144 Mier Bañuelos, Carlos IgnacioFavor
145 Millán Contreras, IvánFavor
146 Milland Pérez, BeatrizFavor
147 Mollinedo Cano, TeyFavor
148 Monreal Ávila, RicardoFavor
149 Montemayor Castillo, SantyFavor
150 Mora Eguiluz, CelesteAusente
151 Morales Mendoza, GabinoFavor
152 Morales Rubio, María GuadalupeFavor
153 Morán Sánchez, Leoncio AlfonsoAusente
154 Moreno Guerra, EvangelinaAusente
155 Moreno Méndez, Dora AliciaFavor
156 Moreno Ramírez, Claudia LisbethAusente
157 Moreno Rivera, Julio CésarFavor
158 Moreno Villatoro, Rosario del CarmenFavor
159 Muñiz Cabrera, Kenia GisellFavor
160 Murguía Lardizábal, DanielFavor
161 Narro Cespedes, JoséAusente
162 Narro Panameño, Blanca AraceliFavor
163 Navarrete Rivera, Alma DeliaFavor
164 Navarro Pérez, Beatriz AndreaFavor
165 Olguín Serna, Julia ArceliaFavor
166 Olivares Cerda, ArturoFavor
167 Oliver Cen, Luis ArturoFavor
168 Orozco Caballero, María del RosarioFavor
169 Ortega Tiburcio, Rosa GuadalupeFavor
170 Oseguera Kernion, AdriánFavor
171 Osorio Ferral, BerthaFavor
172 P. Ángeles Moreno, Tatiana TonantzinFavor
173 Padierna Luna, María de los DoloresFavor
174 Palacios Medina, Sandra PatriciaFavor
175 Palacios Rodríguez, Carlos VenturaAusente
176 Palomar González, Mayra DoloresFavor
177 Peña Vidal, IvánFavor
178 Peña Villa, José AlejandroFavor
179 Perea Cruz, Jesús IrugamiFavor
180 Pérez Bernabe, Jaime HumbertoFavor
181 Pérez Popoca, KarinaFavor
182 Piceno Navarro, Estela CarinaFavor
183 Polanco Morales, AnicetoFavor
184 Pompa Robles, FelicitaFavor
185 Porras Baylón, Any MarilúFavor
186 Prieto Gallardo, Ernesto AlejandroFavor
187 Pujol Irastorza, Jesús AntonioFavor
188 Quiroz Gallegos, Adriana BelindaFavor
189 Ramírez Cisneros, JéssicaFavor
190 Ramírez Cuéllar, AlfonsoAusente
191 Ramírez Guzmán, Emilio RamónFavor
192 Rendón Gómez, Juan GuillermoFavor
193 Rincón Chanona, SoniaFavor
194 Rivera Vivanco, ClaudiaFavor
195 Rodríguez Pérez, Luz MaríaFavor
196 Romero Gómez, PetraFavor
197 Rosales Cruz, María MagdalenaFavor
198 Rosete Sánchez, María de JesúsFavor
199 Rubio Sánchez, Mirna MaríaFavor
200 Ruiz López, Alma LauraFavor
201 Ruiz Páez, MontserratFavor
202 Saiden Quiroz, JéssicaFavor
203 Salgado Ponce, Magda ErikaFavor
204 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor
205 Sánchez Barrios, CarlosFavor
206 Sánchez Cervantes, FranciscoFavor
207 Sánchez Cordero Dávila, OlgaFavor
208 Sánchez López, GloriaAusente
209 Sánchez Reyes, Jorge LuisFavor
210 Santander Soto, GisselFavor
211 Santiago Rodríguez, GuillermoFavor
212 Savala Díaz, RosalindaFavor
213 Segura Trejo, Elena EdithFavor
214 Sepulveda García, Nadia YadiraFavor
215 Shember Domínguez, Delhi MiroslavaFavor
216 Sibaja Mendoza, AcielFavor
217 Silva Santiago, María DamarisFavor
218 Solache González, MaribelFavor
219 Suárez Montes de Oca, RoseliaFavor
220 Taja Ramírez, JavierAusente
221 Tenorio Adame, PaolaFavor
222 Ulloa Pérez, Carlos AlbertoFavor
223 Urbina Castañeda, Rosa IreneFavor
224 Valdepeñas González, GabrielaFavor
225 Valdés Peña, JesúsFavor
226 Valencia de la Mora, GriceldaFavor
227 Varela Domínguez, Juan CarlosFavor
228 Vargas Meraz, Teresita de JesúsFavor
229 Vázquez Vázquez, Adasa SarayFavor
230 Vázquez Alatorre, Antares GuadalupeFavor
231 Vázquez Arellano, ManuelFavor
232 Vázquez Conchas, RaymundoAusente
233 Vázquez García, DioniciaFavor
234 Vázquez Navarro, EnriqueFavor
235 Vázquez Ruiz, Miriam de los ÁngelesFavor
236 Vázquez Vázquez, AlfredoFavor
237 Velazco Bautista, AremyFavor
238 Velázquez Vallejo, FranciscoFavor
239 Velázquez Vázquez, MarcelaFavor
240 Vences Valencia, Julieta KristalFavor
241 Villacis Palacios, ZorayaFavor
242 Villalpando Riquelme, JulietaFavor
243 Villanueva Moo, Jazmín YaneliFavor
244 Villegas Canché, Freyda MarybelAusente
245 Villegas García, Isidro EnriqueFavor
246 Villegas Guarneros, DulceFavor
247 Villegas Sánchez, MeraryFavor
248 Vitela Rodríguez, Alma MarinaFavor
249 Zagal Ramírez, Xóchitl NashiellyFavor
250 Zebadúa Alva, JoaquínFavor
251 Zenteno Santaella, Pedro MarioFavor
252 Zúñiga Cerón, MariselaFavor
Favor: 218
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 34
Total: 252
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Anaya Llamas, José GuillermoFavor
2 Azuara Zúñiga, DavidFavor
3 Balderas Trejo, Ana MaríaFavor
4 Becerra Moreno, MónicaFavor
5 Borboa Becerra, Omar AntonioFavor
6 Castillo Medina, Nubia IrisFavor
7 Chimal García, Fidel DanielFavor
8 Cortés Mendoza, David AlejandroFavor
9 Damian Retes, César IsraelFavor
10 Döring Casar, FedericoFavor
11 Espinosa Sánchez, Paola MilagrosFavor
12 Ferreyro Rosado, AbrilFavor
13 García Jimeno Alcocer, Ma. LorenaFavor
14 Garza de la Garza, Samantha MargaritaFavor
15 Ginez Serrano, TeresaFavor
16 Gómez Cárdenas, Annia SarahíFavor
17 González Alonso, Carmen RocíoFavor
18 Granados Trespalacios, María AngélicaFavor
19 Guevara Rodríguez, Miguel ÁngelFavor
20 Gutiérrez Garza, Blanca LeticiaFavor
21 Gutiérrez Valtierra, Diana EstefaniaFavor
22 Guzmán Avilés, María del RosarioFavor
23 Hernández Cerón, AsaelFavor
24 Hinojosa Pérez, José ManuelFavor
25 Huerta Villegas, GenovevaFavor
26 Iñiguez Franco, José MarioFavor
27 Jiménez Angulo, Julia LicetFavor
28 Jiménez Delgado, Silvia PatriciaFavor
29 Kalionchiz de la Fuente, TheodorosFavor
30 Lixa Abimerhi, José ElíasFavor
31 Luna Ayala, Noemí BereniceFavor
32 López Rabadán, KeniaFavor
33 Márquez Alcalá, Laura CristinaFavor
34 Márquez Becerra, Alan SahirFavor
35 Martínez Cázares, GermánAusente
36 Martínez López, Paulo GonzaloFavor
37 Martínez Terrazas, Víctor AdriánFavor
38 Martínez Álvarez, ElizabethFavor
39 Monraz Ibarra, Miguel ÁngelAusente
40 Moya Bastón, Martha AmaliaFavor
41 Nader Nasrallah, Jesús AntonioFavor
42 Niño de Rivera Vela, Homero RicardoFavor
43 Olguín Díaz, Nancy AracelyFavor
44 Olivares Castañeda, Amparo LiliaFavor
45 Ortiz Pérez, LilianaFavor
46 Palacios Kuri, TaniaFavor
47 Pelayo Covarrubias, FranciscoFavor
48 Pérez Díaz, Víctor ManuelFavor
49 Pérez Herrera, VerónicaFavor
50 Quiñones Garrido, ClaudiaFavor
51 Ramírez Barba, Éctor JaimeFavor
52 Rementería del Puerto, JulenFavor
53 Rendón García, César AugustoAusente
54 Rodríguez Barroso, Diego ÁngelFavor
55 Rodríguez Heredia, María IsabelFavor
56 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor
57 Rubalcava Jimenéz, José AlfonsoFavor
58 Rubio Fernández, PaulinaFavor
59 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor
60 Sosa Pichardo, RobertoFavor
61 Sánchez Rodríguez, ErnestoFavor
62 Tejeda Cid, ArmandoFavor
63 Torres Cofiño, Marcelo de JesúsFavor
64 Torres Graciano, FernandoAusente
65 Téllez Hernández, Héctor SaúlFavor
66 Verástegui Ostos, César AugustoFavor
67 Vásquez Hernández, Eva MaríaFavor
68 Vázquez Jiménez, Alonso de JesúsFavor
69 Vera, María del RosarioFavor
70 Zavala Gómez del Campo, Margarita EsterFavor
Favor: 66
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 70
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Acosta Islas, AnabelFavor
2 Alatriste Cantú, AdolfoFavor
3 Astudillo Suárez, RicardoAusente
4 Ávila Villegas, EruvielFavor
5 Avilés Álvarez, AlejandroFavor
6 Bautista Villegas, OscarFavor
7 Benavides Cobos, GabrielaFavor
8 Bolaños-Cacho Cué, RaúlFavor
9 Braña Mojica, JoséFavor
10 Cabrera Lagunas, María del CarmenFavor
11 Canturosas Villarreal, Carlos EnriqueFavor
12 Carbajal Méndez, LilianaAusente
13 Carrillo Soberanis, Juan LuisFavor
14 Cota Cárdenas, Manuel AlejandroFavor
15 Cruz Pelaez, Fatima AlmendraFavor
16 Cuanalo Araujo, Jesús MartínFavor
17 De la Garza Villarreal, Héctor AlfonsoFavor
18 De la Mora Torreblanca, Marco AntonioAusente
19 De los Santos F., Casandra PriscillaFavor
20 Delgado Carrillo, Felipe MiguelFavor
21 Durán Reveles, José LuisFavor
22 Espino Suárez, MayraFavor
23 Fernández Cruz, Nayeli ArlenFavor
24 Fernández Martínez, José LuisFavor
25 Fonseca Galicia, Celia EstherFavor
26 Gaitán Díaz, María GracielaFavor
27 Gali López, José AntonioFavor
28 Gallardo García, FaustoFavor
29 Gallardo Juarez, RicardoFavor
30 González Flandez, DeliamaríaFavor
31 Guevara Garza, Carlos AlbertoFavor
32 Guzmán González, DenisseFavor
33 Hernández Pérez, José LuisFavor
34 Hernández Rodríguez, Blanca EstelaFavor
35 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor
36 Huerta Romero, AzucenaFavor
37 Licerio Valdés, Hilda MagdalenaFavor
38 López Hernández, Mario AlbertoFavor
39 Madrazo Silva, Carlos ArturoFavor
40 Madrid Pérez, RicardoFavor
41 Marín Rangel, IvánFavor
42 Mendoza Mondragón, María LuisaFavor
43 Miranda Barrera, Luis EnriqueFavor
44 Nava García, María del CarmenFavor
45 Noyola Cervantes, Ma. LeonorFavor
46 Núñez Aguilar, ErnestoAusente
47 Pedroza Jiménez, HéctorFavor
48 Pérez Cuellar, AlejandroFavor
49 Puente Salas, Carlos AlbertoFavor
50 Puertos Chimalhua, JonathanFavor
51 Quiroga Treviño, Luis OrlandoFavor
52 Ramírez Ramos, Antonio de JesúsFavor
53 Salomón Durán, Ciria YamileFavor
54 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor
55 Santana González, Ana ErikaAusente
56 Scherer Pareyon, Julio JavierAusente
57 Silva Andraca, Ruth MaricelaFavor
58 Trujillo Trujillo, Karina AlejandraFavor
59 Valladares Eichelmann, Juan CarlosFavor
60 Villarreal Solís, GerardoFavor
61 Villatoro Osorio, Jorge LuisFavor
62 Winkler Trujillo, CindyFavor
Favor: 56
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 62
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Gil, LiliaFavor
2 Aguilar López, José AlejandroFavor
3 Albores Gleason, Roberto ArmandoFavor
4 Barreras Samaniego, Diana KarinaFavor
5 Benavides Castañeda, José AlbertoAusente
6 Bernal Martínez, Mary CarmenFavor
7 Castillo Gabino, DianaFavor
8 Corral Ordóñez, Jesús RobertoFavor
9 Cruz Jimenez, Martha AracelyFavor
10 De la Luz Rivas, María IsidraAusente
11 Del Muro García, Ana LuisaFavor
12 Díaz, Luis ArmandoAusente
13 Durán Alarcón, Greycy MarianFavor
14 Elizondo Guerra, Olga JulianaFavor
15 Espinosa Ramos, Francisco AmadeoFavor
16 Flores Robles, Ramón ÁngelFavor
17 Galindo Alarcón, PatriciaFavor
18 Garay Loredo, Irma YordanaFavor
19 García García, MargaritaFavor
20 García Hernández, Jesús FernandoFavor
21 Gloria López, JoséFavor
22 Gómez Alarcón, Amarante GonzaloAusente
23 González Naveda, AdriánFavor
24 González Soto, SantiagoFavor
25 Guízar Macías, Francisco JavierAusente
26 Herrera Natividad, Olga LidiaAusente
27 León Rosas, RosalíaFavor
28 López Carrillo, VanessaFavor
29 López Ruiz, José AntonioFavor
30 López Sánchez, José AlejandroFavor
31 Manzanilla Téllez, EmilioFavor
32 Martínez Ruiz, MaribelFavor
33 Martínez Ventura, Luis EnriqueFavor
34 Mejía Berdeja, Ricardo SóstenesFavor
35 Merino Escamilla, Nora YessicaFavor
36 Montalvo Luna, José LuisFavor
37 Morelos Rodríguez, CarlosFavor
38 Moreno Hernández, Brigido RamiroAusente
39 Núñez Monreal, Magdalena del SocorroFavor
40 Olivares Mejía, GerardoFavor
41 Ortiz Rodríguez, Jorge ArmandoFavor
42 Rojo Pimentel, Ana KarinaFavor
43 Sandoval Flores, ReginaldoAusente
44 Santiago Pineda, WblesterAusente
45 Sánchez González, José LuisFavor
46 Téllez Marín, José LuisFavor
47 Vázquez Calixto, JavierFavor
48 Vázquez González, PedroAusente
49 Vilchis Contreras, Luis FernandoAusente
Favor: 38
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 49
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, YericoFavor
2 Alonso Que, Erubiel LorenzoFavor
3 Alonso Reyes, Miguel AlejandroFavor
4 Ambriz Delgadillo, HumbertoFavor
5 Arredondo Ramos, AbigailFavor
6 Barrera Maldonado, LeticiaFavor
7 Betanzos Cortés, IsraelFavor
8 Calzada Mercado, MarioAusente
9 Cantú Ramírez, Andrés MauricioFavor
10 Castro Bello, Christian MishelAusente
11 Ceja García, XitlalicFavor
12 Chávez Velázquez, NoelFavor
13 Domínguez Domínguez, César AlejandroAusente
14 Domínguez Ugarte, PalomaFavor
15 Espinoza Eguia, Juan FranciscoFavor
16 González González, Ana IsabelFavor
17 Guerra Castillo, MarcelaFavor
18 Guerrero Esquivel, FuensantaFavor
19 Gutiérrez Arroyo, Hugo EduardoFavor
20 Gutiérrez Mancilla, Carlos EduardoAusente
21 Jasso Nieto, Ofelia SocorroFavor
22 Lara Calderón, EmilioAusente
23 Martínez García, VerónicaFavor
24 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente
25 Moreira Valdez, Rubén IgnacioFavor
26 Moreno de Haro, JuanAusente
27 Navarro Acevedo, NadiaFavor
28 Ortiz González, GracielaFavor
29 Palma César, Víctor SamuelAusente
30 Piñón Rivera, LorenaFavor
31 Rejon Lara, Ariana del RocíoFavor
32 Ruiz Moreno, Laura IvonneFavor
33 Sánchez Sánchez, Luis GerardoFavor
34 Sandoval Hernández, Mónica ElizabethAusente
35 Suárez Licona, EmilioFavor
36 Yáñez Cuéllar, ArturoAusente
37 Zamora Gastélum, MarioFavor
Favor: 27
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 37
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Ballesteros Mancilla, LauraFavor
2 De Hoyos Walther, Gustavo A.Favor
3 Farías Bailón, Francisco JavierFavor
4 Flores Elizondo, PatriciaFavor
5 García León, María de FátimaFavor
6 Gaona Domínguez, EduardoAusente
7 Gil Rullán, SergioFavor
8 Gómez Villalobos, Tecutli José GuadalupeFavor
9 González Franco, AmancayFavor
10 Hernández García, LauraFavor
11 Jiménez Zamora, Mariana GuadalupeFavor
12 Longoria López, Paola MichellFavor
13 Lozoya Santillán, Jorge AlfredoFavor
14 Luna Vázquez, Hugo ManuelFavor
15 Mercado Castro, Dora PatriciaFavor
16 Muñoz Moreno, AnayeliFavor
17 Núñez Sánchez, Gloria ElizabethFavor
18 Ortega Pacheco, Ivonne AracellyAusente
19 Pérez Gabino, GildardoFavor
20 Ramírez Reyes, GibranFavor
21 Reyes de la Torre, Irais VirginiaFavor
22 Ruiz Massieu Salinas, ClaudiaFavor
23 Ruiz Hernández, Juan ArmandoFavor
24 Salas Rodríguez, Claudia GabrielaFavor
25 Samperio Montaño, Juan IgnacioAusente
26 Sánchez Rivera, Miguel ÁngelFavor
27 Vazquez Ahued, PabloFavor
28 Zavala Gutiérrez, Juan IgnacioFavor
Favor: 25
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 28
DIPUTADOS INDEPENDIENTES
1 Mendoza Arias, Guadalupe AraceliFavor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1