
Comisión Permanente
Primer Receso del Segundo Año de EjercicioSUMARIO
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite comunicación por la que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Alejandro Gertz Manero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.Se turna a la Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite el Reporte bimestral noviembre-diciembre del 2025, concerniente al uso de los tiempos oficiales en radio y televisión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados
De la Cámara de Senadores, por medio de las cuales remite:
-El primer Informe de actividades de la senadora Alma Anahí González Hernández. Se remite a la Cámara de Senadores
-La comunicación del Congreso de Hidalgo, con el que se informa la clausura del primer periodo ordinario de sesiones y la elección e instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.De enterado. Se remite a la Cámara de Senadores
Del senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 1 de febrero del presente año. De enterado. Se remite a la Cámara de Senadores
Del Instituto Nacional Electoral, por la que remite el listado de resultados de las votaciones en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y anexos, integrado en orden de prelación conforme a los criterios aprobados en el órgano superior de dirección del instituto.De enterado. Se remite a la Cámara de Senadores
De la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la que remite el Informe de evaluación de la política y las medidas de austeridad republicana en el ejercicio 2024. Se turna Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados
De la Secretaría de Cultura, por medio de la cual remite el cuarto Informe trimestral de 2025 con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados a través de los programas S057, Programa del Fondo Nacional de Fomento de Artesanías, Fonart. S268, Programa de Apoyos de Cultura; y el S303, Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales; el S283, Fomento del Cine Mexicano; y el U282, Estímulos de Creación Artística de Reconocimientos a la Trayectoria y Apoyos al Desarrollo de Proyectos Culturales y vertientes en el programa que conforman, los cuales están sujetos a las normas de operación. Se turna a las comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual remite la información relativa al pago de las participaciones de las entidades federativas, correspondientes a diciembre de 2025, desagregadas por el tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comprobación correspondiente a diciembre de 2024. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores
Del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, la Escuela Nacional Oficial de Irapuato, en la Escuela Normal Oficial de León y la Escuela Normal Superior de Guanajuato remiten el tercer Informe trimestral de 2025, de recursos y cumplimientos de metas y objetivos del Programa U079, Expansión de Educación Media Superior y Superior. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, de la Cámara de Diputados
De diversas dependencias, por medio de los cuales remiten ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente en su segundo receso del primer año de ejercicio de LXVI Legislatura, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, conforme corresponda
De la Secretaría de Salud, por las que remite:
La información relativa a las contrataciones por honorarios y reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados, correspondientes al periodo enero-diciembre del ejercicio fiscal 2025. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, de la Cámara de Diputados
El Informe presupuestal y programático correspondiente al cuarto trimestre de 2025 del programa sujeto a reglas de operación denominado Programa de Atención a Personas con Discapacidad, cifras preliminares. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, de la Cámara de Diputados
ACUERDOS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
Del Congreso de Coahuila, se recibió el acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión para que promueva la creación de una ley que permita a las víctimas de fraudes bancarios acceder a la información necesaria para probar su inocencia y afectación patrimonial. Se remite a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores
Del Congreso de Coahuila, se recibió el acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión a impulsar prioritariamente un marco regulatorio integral para la inteligencia artificial en México, garantizando derechos humanos, ética y transparencia mediante un proceso de parlamento abierto. Se remite a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores
INICIATIVA DE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL
De la titular del Poder Ejecutivo federal se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del Congreso de la Ciudad de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Ciudad de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 12, un último párrafo al artículo 14 y un artículo 222 Bis a la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Senadores
Del Congreso de la Ciudad de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores
De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con el que remite el Informe de resultados respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. De enterado
INICIATIVA CIUDADANA
Se recibió iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados
EFEMÉRIDES
Para referirse a la efeméride, en nombre de su grupo parlamentario, hacen uso de la tribuna:
-El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC
-La diputada Ana Isabel González González, del PRI
-La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT
-La diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del PVEM
-La senadora Gina Gerardina Campuzano González, del PAN
-La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y a sus dos cámaras a impulsar diversas acciones de la agenda feminista para fortalecer, profundizar y garantizar la igualdad sustantiva
La Presidencia instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión votación de inmediato.En votación económica, se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites
Durante la primera ronda de intervenciones se expresan, a favor:
-La senadora Virginia Marie Magaña Fonseca, del PVEM
-La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de Morena
En votación económica, no se considera suficientemente discutida
Durante la segunda ronda de intervenciones, participan, a favor:
-La senadora Gina Gerardina Campuzano González, del PAN
-La senadora Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena
En votación económica, se considera suficientemente discutida. Aprobado. Comuníquese
El diputado Miguel Ángel Salim Alle, en nombre propio y del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, ambos del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Fiscalía General de la República, y a la Auditoría Superior de la Federación, a esclarecer integralmente el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los usuarios. Se turna a la Tercera Comisión, Asuntos Económicos
La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que, a través de la ESAF, realice una auditoría al presidente municipal de Cuautla, Morelos, respecto a la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal 2025. Se turna a la Tercera Comisión, Asuntos Económicos
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a reforzar y coordinar los protocolos de recepción, identificación y atención integral de niñas, niños y adolescentes deportados, garantizando en todo momento el principio de interés superior de la niñez, así como el respeto irrestricto de sus derechos humanos, con especial énfasis en aquellos que viajan no acompañados o en situación especial de vulnerabilidad. Se turna a la Segunda Comisión, Asuntos Sociales
La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, en nombre propio, y de las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades económicas competentes a atender el incremento registrado en el precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a fin de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Se turna a la Tercera Comisión, Asuntos Económicos
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, en nombre propio, y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gabinete de seguridad a informar a esta soberanía sobre las motivaciones, el fundamento legal y las autoridades implicadas en la autorización del ingreso de la aeronave estadounidense C130J Hércules, a territorio nacional. Se turna a la Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales
La diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, en nombre propio y del diputado Jaime Genaro López Vela, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo para solicitar a los congresos de las entidades federativas realizar las modificaciones legislativas necesarias para el reconocimiento de la identidad de género. Se turna a la Segunda Comisión, Asuntos Sociales
El siguiente punto del orden del día es la discusión de cuatro dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión, Asuntos Económicos, a saber:
-Se exhorta a la Agencia Federal de Aviación Civil, y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que instrumenten acciones dirigidas a la protección de los derechos de los usuarios del servicio al público de transporte de pasajeros
-Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se realicen los estudios técnicos necesarios para la construcción de un retorno en la carretera federal México 45, kilómetro 24+800
-Para exhortar a las secretarías de Movilidad y homólogas de las 32 entidades federativas a implementar las licencias de conducir digitales
-Se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las acciones de monitoreo y detección temprana, para la atención de la plaga del escarabajo barrenador
Para fundamentar los dictámenes en conjunto, en nombre de la comisión, se concede el uso de la palabra a:
-El diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN, presidente de la Tercera Comisión
Para referirse a los dictámenes, intervienen:
-El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de MC
-La diputada Ana Isabel González González, del PRI
-La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT
-La diputada Any Marilú Porras Baylón, de Morena
Suficientemente discutidos. Aprobados. Comuníquense
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y el artículo 25 del Código Civil Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, de la Cámara de Diputados
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y los artículos 46 y 55 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados
La senadora Gina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y atención de enfermedades zoonóticas y plagas con impacto en la salud pública. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Senadores
La senadora Gina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de prevención, vigilancia y atención temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, de la Cámara de Senadores
La senadora Gina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de prevención, vigilancia y detección temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias con impacto en la salud pública. Se turna a la Comisión de Ganadería, de la Cámara de Senadores
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal, en materia de protección de bases de datos poblacionales estratégicas del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana, y de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados
La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, que tipifica el delito de fraude procesal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores
El senador Ángel García Yáñez, en nombre propio y del senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativo al registro de líneas celulares. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulo fiscal a la permanencia y escalamiento productivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se reforma el numeral 22 de la fracción I del artículo 18, y se adiciona un artículo 18 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con motivo de celebrar el 8 de mayo de cada año como el Día Nacional en Memoria del Natalicio del Padre de la Patria don Miguel Hidalgo y Costilla. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados
El diputado Fidel Daniel Chimal García, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 308 Ter a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados
El diputado Fidel Daniel Chimal García, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados
La diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 202 y 202 Bis del Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez, del PT, en nombre propio y del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de enero como el Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados
La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que se recibió una iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Se remite al Instituto Nacional Electoral, para que se realice la verificación de los requisitos que establece la ley
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
ASISTENCIA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de legisladoras y legisladores.
La secretaria senadora diputada Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta. Actualmente se tiene el registro de 30 ciudadanas legisladoras y legisladores presentes. Por tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (12:26 horas): Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de enero de 2026.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto. En votación económica consulto a la asamblea si sea dispensa la lectura al orden del día. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano, gracias. Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano. Quienes se abstengan favor de levantar la mano. Sí se dispensa la lectura.
«Primer receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 21 de enero de 2026
Acta de la sesión anterior
Comunicaciones
De la Secretaría de Gobernación
Remite comunicación por la que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Alejandro Gertz Manero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.
Remite de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, el reporte bimestral noviembre-diciembre de 2025, concerniente al uso de los tiempos oficiales en radio y televisión.
De la Cámara de Senadores
Remite el primer Informe de actividades de la senadora Alma Anahí González Hernández.
Remite del Congreso del estado de Hidalgo, oficio por el que informa la clausura del primer periodo ordinario de sesiones y de la elección de integrantes e instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.
Reincorporación de senador
Del Instituto Nacional Electoral
Remite el listado con los resultados de las votaciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, y anexos, integrado en orden de prelación conforme a los criterios aprobados por el órgano superior de dirección del instituto.
De la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Remite el Informe de evaluación de la política y las medidas de austeridad republicana del ejercicio 2024.
De la Secretaría de Cultura
Remite el cuarto informe trimestral de 2025 con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados a través del Programa S057 "Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart); S268 "Programa de Apoyos a la Cultura"; S303 "Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales"; S283 "Fomento al Cine Mexicano" y vertientes que lo conforman, los cuales están sujetos a las Reglas de Operación.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2025, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2024.
El Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, la Escuela Normal Oficial de Irapuato, la Escuela Normal Oficial de León y de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato
Remiten el tercer Informe trimestral 2025 de recursos y cumplimientos de metas y objetivos del Programa U079, "Expansión de la Educación Media Superior y Superior".
Contestaciones a puntos de acuerdo
La Secretaría de Gobernación remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.
Remite de diversas dependencias, tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados durante el Segundo Receso de la Comisión Permanente.
Remite de diversas dependencias, cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
De la Secretaría de Salud
Remite información relativa a las Contrataciones por Honorarios y Reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados correspondientes al periodo enero-diciembre del ejercicio fiscal 2025.
Remite el Informe presupuestal y programático, correspondiente al cuarto trimestre de 2025 del programa sujeto a reglas de operación denominado: programa de atención a personas con discapacidad (cifras preliminares).
Del Congreso del estado de Coahuila
Remite acuerdo por el que exhorta al honorable Congreso de la Unión, para que por conducto de las comisiones que estimen pertinente, se elabora un proyecto de ley que permita garantizar que las personas que son víctimas de delitos como el robo de dinero de las cuentas bancarias, y la asignación de créditos no solicitados y cobrados por terceros (estafadores), puedan acceder a la información necesaria para verificar quien recibió el dinero y quien realizó los trámites, como medida lógica y apegada a principios elementales del derecho para poder demostrar su inocencia y afectación legal a su patrimonio.
Remite acuerdo por el que exhorta al honorable Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus atribuciones y tomando como referencia las iniciativas previamente presentadas en la materia, impulse y continúe de manera prioritaria los procedimientos legislativos necesarios para la construcción de un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México, que garantice la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la ética y la transparencia en el desarrollo y uso de estas tecnologías, privilegiando la implementación de un proceso de parlamento abierto que permita la participación efectiva de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados.
Iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal
Con proyecto de decreto por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá.
Iniciativas del Congreso de la Ciudad de México
Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 12, un último párrafo al artículo 14 y un artículo 222 Bis a la Ley del Seguro Social.
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
Remite el informe de resultados respecto de la solicitud de Iniciativa Ciudadana que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
Iniciativa ciudadana
Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
Acuerdo de la Comisión Permanente
Agenda política
Comentarios relativos al aumento histórico de los ingresos públicos en el país, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.
Comentarios relativos a la atención a víctimas del tren interoceánico, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes a discusión de las Comisiones de Trabajo
Iniciativas
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana, a cargo de la senadora Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 213-Ter al Código Penal Federal, a cargo de la senadora Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de prima de antigüedad, a cargo de la senadora Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de prevención, detección y atención al cáncer de mama, a cargo de la senadora Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria, a cargo de la senadora Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de delitos por hechos de corrupción, a cargo de la senadora Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 3o. y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar el concepto de joven rural y establecer las bases para el diseño e implementación políticas públicas, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 9o. y 74 de la Ley General de Educación, en materia de deserción escolar y estrategias de permanencia escolar, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en materia de formación continua con criterios de inclusión y equidad, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia contra el chapulineo de partidos políticos entre los representantes del Poder Legislativo Federal y las legislaturas locales, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Turismo, en materia de personas prestadoras de servicios turísticos, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y atención de enfermedades zoonóticas y plagas con impacto en la salud pública, a cargo de la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 74 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a fin de reconocer como derecho laboral el descanso remunerado en la fecha de cumpleaños de la persona trabajadora o, a elección de ésta, el pago doble de la jornada laboral, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General para la Coordinación de la Ciberseguridad, a cargo de la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de inclusión y apoyo a mujeres campesinas y jornaleras, suscrita por diversos senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 21 de abril de cada año Día Nacional de la Leucemia Mieloide Aguda, a cargo del senador Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 26 de junio de cada año Día Nacional del Hematólogo, a cargo del senador Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 9o. la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 8o. de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de informes del cumplimiento de obligaciones de derechos humanos ante organismos internacionales, a cargo de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 61 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, recorriéndose los demás sucesivamente, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 132 Bis de la Ley del Sector Eléctrico y el artículo 97 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que declara el 30 de enero como el Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que declara el 3 de enero como el Día Nacional de Felipe Carrillo Puerto, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducciones fiscales por gastos médicos derivados del parto del hijo o hija del contribuyente, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de fomento de la cultura organizacional de pueblos indígenas y afromexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de detenciones donde exista presencia de personas menores de edad, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para la protección del espacio barrial y comunitario frente a la gentrificación, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cirugías con fines exclusivamente estéticos en personas menores de edad, a cargo de la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 53, 54 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de aportaciones de mexicanos, en el exterior a partidos políticos, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un inciso h) al artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un Capítulo XIII, al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adiciona un Capítulo X a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de estímulos fiscales en la frontera norte, a cargo del diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de control prenatal, a cargo de la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 113 del Código Penal Federal, en materia de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, a cargo del senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, en materia de prevención, detección temprana y atención integral del cáncer de mama, a cargo del senador Emanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 46 de la Ley de Minería, a cargo del senador Pablo Guillermo Ángulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el primer párrafo y la fracción XXVII del artículo 132 y la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para prorrogar el periodo de lactancia a las madres o personas lactantes trabajadoras, a cargo del diputado J. Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de armonización del plazo para cobro de ISR de la prima vacacional de las personas trabajadoras en México, a cargo del diputado J. Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de Defensoría Pública, en materia de representación infantil especializada, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 211 Bis 8 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 25 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y los artículos 46 y 55 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción V Bis al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de fomento al consumo de productos de origen nacional y uso de la marca de certificación Hecho en México, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y reforma el numeral 22 de la fracción I del artículo 18 y adiciona un artículo 18 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con motivo de celebrar el 8 de mayo de cada año como Día Nacional en Memoria del Natalicio del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, a cargo del diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de la integración paritaria de las Cámaras del Congreso de la Unión, suscrita por la diputada Anais Miriam Burgos Hernández y la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, que tipifica el delito de fraude procesal, a cargo de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 308 Ter a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de intercambio de servicios entre las instituciones del sector salud, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social y 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de licencias laborales por cuidados médicos de hijas e hijos diagnosticados con enfermedades raras, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de economía digital, economía colaborativa y clusters productivos, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el fin de incorporar la innovación tecnológica, la economía digital, la economía colaborativa y los clusters productivos en el desarrollo forestal sustentable, garantizando la participación activa de las MIPyMES, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 34 la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 59 Bis y 73 Bis de la Ley General de Turismo, en materia de registro obligatorio de niñas, niños y adolescentes en servicios de hospedaje, para garantizar su seguridad y el respeto al interés superior del menor, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de prevenir, detectar, atender, erradicar y difundir todas las expresiones o formas de violencia sexual en el ámbito educativo, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para garantizar la exención del pago de impuestos a jóvenes de entre 18 y 29 años que estudian y trabajan, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de prevención, vigilancia y atención temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias, a cargo de la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de prevención, vigilancia y detección temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias con impacto en la salud pública, cargo de la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permiso de paternidad, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de atención preferente a niñas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 27 y 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delimitación, cartografía y protección del territorio marítimo nacional, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de presunción de inocencia, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal, en materia de protección de bases de datos poblacionales estratégicas del estado, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley General de Educación Superior, en materia de promoción, investigación, estudio, desarrollo, formación académica y el uso ético y socialmente responsable de la inteligencia artificial en centros de educación superior, a cargo de la senadora Geovanna Bañuelos de La Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal Federal, en materia de pornografía por razón de su orientación sexual, identidad de género o condición social, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 202 y 202 Bis del Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativo al registro de líneas celulares, a cargo del senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 10 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de cobros adicionales injustificados por la sustitución de insumos en alimentos y bebidas, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención y atención de la diabetes infantil, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho al sufragio de personas que se encuentran en prisión preventiva, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley General de Protección y Bienestar de los Animales, suscrita por los diputados Laura Irais Ballesteros Mancilla y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, en materia de consumo de hongos psicoactivos, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención integral al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), a cargo de la diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 203 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, a cargo de la diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación alimentaria, a cargo de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de medidas de inclusión para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a las playas marítimas y a la zona federal marítimo terrestre contigua a las mismas, a cargo de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, en materia de acceso al expediente clínico, a cargo del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulo fiscal a la permanencia y escalamiento productivo, a cargo del senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conabio y a la Profepa, a fortalecer las acciones de monitoreo, investigación, conservación y educación ambiental relacionadas con los marsupiales en México, particularmente del tlacuache, y se evalué la pertinencia de incluirlo como especie sujeta a protección especial en zonas donde existan evidencias de afectación poblacional, a cargo de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader, a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos del país, a promover e implementar mercados de venta directa entre productores y consumidores, como mecanismo para fortalecer la economía rural, impulsar la producción local, garantizar precios justos y reducir la intermediación en la cadena agroalimentaria, a cargo de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a valorar incrementar los aranceles aplicados a los productos y subproductos de coco que se importan y provienen sobre todo de Asia, de Brasil y otras latitudes, por la competencia desleal y perjuicios a los productores, la producción, procesamiento del coco y sus derivados, a cargo de la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ética y compromiso moral, a cargo de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a evaluar el incremento de los aranceles aplicables a los productos y subproductos del coco importado, con el objetivo de prevenir la competencia desleal y evitar afectaciones a las y los productores nacionales, así como a la producción, procesamiento y comercialización del coco y sus derivados, suscrita por la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SICT, a atender la problemática relacionada con las placas de traslado y a permitir su utilización en las nuevas infraestructuras viales, con el propósito de fortalecer el comercio exterior y la competitividad en la franja fronteriza norte, suscrita por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que libere los recursos destinados a los proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico para Baja California, suscrita por el senador Armando Ayala Robles, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, a que suspenda la aplicación del incremento a las tarifas del transporte público, e inicie un proceso de revisión integral y participativa que permita armonizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte con la protección efectiva del derecho humano a la movilidad, suscrita por el senador Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se apoya la posición del gobierno mexicano en contra del intervencionismo en nivel internacional suscrita por la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita información a las autoridades de energía, respecto de la operación, producción y costos de la Refinería Olmeca conocida como Dos Bocas, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo con relación a diversas acciones, relativas al reciente descarrilamiento de un tren de pasajeros en el Istmo de Tehuantepec, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a realizar acciones de investigación, saneamiento y protección al derecho humano al agua en la comunidad Ixtaczoquitlán de Veracruz, a cargo del senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Condusef, así como a la CNBV, a llevar a cabo las acciones y medidas necesarias que correspondan, para proteger, atender y resolver las reclamaciones, quejas y denuncias interpuestas por los usuarios de Prestamos Feliz, S.A. de C.V. Sofom, por presunto fraude, cobros y descuentos indebidos, por concepto de los servicios de otorgamiento de crédito y cobro de intereses, principalmente a personas pensionadas adultas mayores, a cargo de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades el estado de Jalisco, a diseñar e implementar una estrategia metropolitana integral de gestión hídrica, a cargo del senador Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de las entidades federativas y del estado de Chiapas, a instrumentar medidas e implementar acciones que fortalezcan y actualicen la estrategia de prevención, detección y erradicación del matrimonio infantil, las uniones tempranas y las uniones forzadas, particularmente en comunidades indígenas y zonas de alta marginación, a cargo del senador Emanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a fortalecer los mecanismos de control, supervisión y vigilancia sobre los costos de insumos y procedimientos médicos cobrados por hospitales privados, así como a sancionar o corregir los sobrecostos, prácticas abusivas u onerosidad excesiva que se detecten, a fin de proteger los derechos de las y los consumidores, a cargo de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Administración Pública Federal, a reforzar la vigilancia, supervisión, protección y estándares de seguridad de los datos personales de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, ante recientes vulneraciones de seguridad derivadas de la implementación del registro obligatorio de líneas móviles, con fundamento en el marco constitucional, legal vigente, criterios de la SCJN y estándares internacionales en materia de protección de datos personales, a cargo de la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SECTUR, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, a considerar convocar a las y los artesanos mexicanos, a que produzcan sus artesanías 100% auténticas con enfoque hacia el turismo del mundial de futbol 2026, a que se coordinen en un catálogo publicitario de piezas y consideren habilitar espacios de venta temporal en aeropuertos, tren maya y demás sitios de contacto turístico, para que también conozcan a México por medio de sus artesanías, a cargo de la senadora Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la CDMX, a esclarecer, corregir y transparentar las condiciones en las que permanecen los perros trasladados del refugio franciscano, ante señalamientos de que fueron llevados por la autoridad a espacios donde continúan bajo condiciones de maltrato animal, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a implementar una campaña nacional de revisión preventiva de tanques de gas LP y de información a la población para la prevención de fugas, explosiones e incendios, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a adoptar medidas y transparentar información para mitigar el alto precio de las gasolinas en México, particularmente por su elevada carga fiscal y costos logísticos, a fin de proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad productiva; así como a informar sobre los resultados del acuerdo de estabilización del precio de la gasolina regular, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a la SHCP, y a la autoridad educativa de los 32 estados de la República Mexicana, a realizar las acciones de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura educativa a fin de garantizar espacios seguros, dignos e inclusivos en los planteles escolares, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a informar y transparentar la situación jurídica del predio donde operaba el refugio franciscano, y a rendir un informe público sobre el estado, resguardo y destino de los animales rescatados, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la SHCP y de la SRE, a atender de manera inmediata y prioritaria el pago puntual de salarios y prestaciones adeudados al personal del servicio exterior mexicano, garantice su regularización y establezca mecanismos permanentes de revisión y actualización salarial, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y a las entidades federativas, a fortalecer de manera coordinada las acciones de prevención, sanción y atención de accidentes de motociclistas a nivel nacional, así como a combatir la impunidad en casos de violencia vial, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SICT, al gobierno del estado de Oaxaca y a las autoridades competentes, a atender de manera urgente las malas condiciones de las carreteras en el estado de Oaxaca, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a la FGR y a las empresas concesionarias de telecomunicaciones, a fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate a las llamadas de extorsión provenientes del extranjero, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a replantear el registro obligatorio de datos personales asociados a las líneas de telefonía móvil, a fin de garantizar la protección de datos personales, la privacidad y la seguridad de las personas usuarias, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNPC, a la Secretaría de Bienestar y al gobierno del estado de Guerrero, a realizar un censo real, completo y transparente, así como a garantizar la entrega inmediata y sin discrecionalidad de los apoyos a las personas damnificadas por el sismo ocurrido en el municipio de San Marcos, Guerrero, a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a STPS y a la Profeco, a verificar que las empresas de plataformas digitales cumplan con las disposiciones laborales vigentes, suscrito por los diputados Fernando Mendoza Arce y Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la SE, en coordinación con la Secretaría de Economía e Innovación del estado de Baja California, fortalezcan acciones de fomento a la productividad, competitividad y permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado de Nuevo León, al gobierno del estado de Nuevo León y a las autoridades responsables del proyecto de la Línea 4 del Metro de Monterrey, a que en términos del derecho de acceso a la información pública, proporcionen ante esta honorable Cámara de Diputados la entrega de información técnica, administrativa y de gestión del proyecto de la Línea 4 del Metro de Monterrey; así como la emisión de un informe detallado sobre las afectaciones detectadas al drenaje pluvial de la ciudad en el tramo de construcción de la Avenida Constitución, Venustiano Carranza y Zonas Colindantes; y el análisis de riesgos y medidas de protección civil implementadas para mitigar efectos adversos en caso de lluvias, inundaciones y deterioro de infraestructura, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la SEMARNAT, para que en el ámbito de sus atribuciones evalúen, supervisen y, en su caso, adopten medidas para prevenir los impactos ambientales derivados del proyecto de gas natural licuado Saguaro, en la región del Golfo de California, a fin de proteger el patrimonio natural de la humanidad, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a los gobiernos de la CDMX, Guadalajara y Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen una estrategia de derechos humanos que incluya medidas contra la trata de personas y la protección de menores, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo para solicitar a los congresos de las entidades federativas de Aguascalientes y Chihuahua, a realizar las modificaciones legislativas necesarias para el reconocimiento del matrimonio igualitario, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo para solicitar a los congresos de las entidades federativas, a realizar las modificaciones legislativas necesarias para el reconocimiento de la identidad de género, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, a realizar las acciones de colaboración y, prevean y destinen los recursos económicos presupuestales suficientes al Fondo de Salud para el Bienestar, a efecto de fortalecer el SNS y garantizar su universalización, a cargo de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y a sus dos Cámaras, a impulsar diversas acciones de la agenda feminista para fortalecer, profundizar y garantizar la igualdad sustantiva, a cargo de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, a investigar exhaustivamente los actos de maltrato animal ocurridos en las calles Tzetzales y Pimas, de la colonia Aztecas en Ciudad Juárez, así como al Congreso del estado de Chihuahua, a fortalecer la legislación en materia de protección y bienestar animal, a fin de endurecer las penas aplicables, a cargo de la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semar, a la SICT, a la FGR y a la ASF, a esclarecer integralmente el accidente del tren interoceánico ocurrido en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los usuarios, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, al Conadis, a las autoridades de las entidades federativas y de la CDMX, a fortalecer las medidas de accesibilidad y eliminación de barreras físicas, comunicativas, digitales y actitudinales en los espacios y procesos de participación pública, a fin de garantizar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fortalecer las acciones de prevención, protección, atención integral y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos derivados del uso de plataformas digitales y videojuegos en línea, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fortalecer las acciones, protocolos y políticas públicas para prevenir y atender de manera integral el trabajo infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y las senadoras Gina Gerardina Campuzano González y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, a realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control, particularmente mediante campañas de vacunación, para prevenir y atender los casos de sarampión, a cargo por la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Banco de México, a rendir un informe integral y detallado ante esta Soberanía, de la estrategia de política monetaria ante el repunte de la inflación subyacente y la pérdida de credibilidad en sus pronósticos de convergencia, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a armonizar sus Códigos Penales con el artículo 209 Quáter del Código Penal Federal, en materia de cohabitación forzada de menores de edad, a cargo de la senadora Laura Esquivel Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS y ISSSTE, a implementar y fortalezcan programas permanentes de orientación, asesoría y acompañamiento gratuito dirigidos a personas adultas mayores para la realización de trámites de pensión, a cargo de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, a llevar a cabo estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del ciberacoso y ciberbullying, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, a aplicar las medidas necesarias para eliminar o sustituir el uso de productos que contengan sustancias disruptoras endocrinas u hormonales, mediante su regulación en la importación o exportación y con la disposición de etiquetado como medio de información y conocimiento para los consumidores de las consecuencias a su salud, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente municipal de Cuautla, Morelos, a que presente ante el Congreso de dicho estado un informe detallado, real y verificable acompañado de documentación comprobatoria que permita conocer con certeza el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones administrativas adoptadas sin tomar en cuenta al cabildo, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que, a través de la ESAF, realice una auditoría al Presidente municipal de Cuautla Morelos, el C. Jesús Corona Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal ejercido en 2025, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía General de dicha entidad, a informar y fortalecer las acciones para combatir el delito de extorsión en favor de los comercios establecidos, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader y la Senasica, a diseñar e implementar una estrategia integral de atención, sanidad y fortalecimiento productivo del sector citrícola en el estado de Nuevo León, que contemple acciones de prevención, control y manejo de plagas y enfermedades, mediante esquemas sostenibles con apoyo técnico y científico, a cargo del senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del estado de Oaxaca y a las autoridades municipales y estatales, a atender las irregularidades que estén sucediendo previo al proceso de la revocación de mandato, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones, a realizar una auditoría al gasto federalizado, a fin de deslindar responsabilidades y rendir cuentas sobre el proyecto de transporte público Bus Laguna, en la ciudad de Torreón, Coahuila, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INM y al SNDIF, a reforzar y coordinar los protocolos de recepción, identificación y atención integral de niñas, niños y adolescentes deportados, garantizando en todo momento el principio del interés superior de la niñez, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos, con especial énfasis en aquellos que viajan no acompañados o en situación de especial vulnerabilidad, a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a prevenir, atender y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, en cumplimiento del interés superior de la niñez y del derecho a una vida libre de violencia, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo y a la comandancia de la GN, a fin de que integren una estrategia general de seguridad en el tramo carretero de Tepeji del Río (57D) de la autopista 57 México- Querétaro, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, a implementar de manera inmediata un programa extraordinario de regularización para la expedición de títulos y el registro ante la dirección general de profesiones de las y los egresados de las universidades para el bienestar Benito Juárez García y remitan a esta soberanía un informe detallado que explique las causas administrativas, técnicas o normativas que han generado el rezago en la titulación, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, y a la SHCP, a atender de manera urgente, integral y definitiva la falta de pago de sueldos, prestaciones y estímulos laborales que enfrentan maestras, maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Campeche, garantizando el pleno respeto a sus derechos laborales y humanos, así como la continuidad del servicio educativo público sin afectaciones a la comunidad estudiantil, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SABG y a la CRT, a atender la situación laboral derivada de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y garanticen el respeto a los derechos laborales de sus extrabajadoras y extrabajadores, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que, en el marco del seguimiento a la armonización e implementación de los artículos transitorios del decreto en materia de fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado en el DOF el 16 de julio de 2025, remitan un informe detallado sobre el avance de dicha implementación, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a atender y brindar las condiciones laborales adecuadas al personal del servicio exterior mexicano adscrito a la embajada de México en el Reino Unido, luego de la difusión de las denuncias de hostigamiento laboral y comportamiento inadecuado en contra de la embajadora Josefa González- Blanco, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y exhorta a las autoridades de salud federales y estatales a fortalecer las acciones de prevención, detección oportuna, atención integral y sensibilización, en materia de salud mental en México, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades económicas competentes, a atender el incremento registrado en el precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a fin de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas a implementar las acciones de rescate ante el abandono y deterioro de la red nacional de bibliotecas públicas, así como a que instrumente acciones que dignifiquen las condiciones de trabajo del personal que ahí labora, suscrito por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al pleno del Tribunal Superior Agrario, a modificar el acuerdo general 5/2025, a fin de restablecer un tribunal unitario agrario en el estado de Campeche y con ello evitar afectaciones económicas y administrativas a ejidatarios de dicha entidad federativa, a cargo del senador Pablo Guillermo Angulo Briseño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a cumplir la sentencia del caso Ascencio Rosario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gabinete de Seguridad, a informar a esta Soberanía sobre las motivaciones, el fundamento legal y las autoridades implicadas en la autorización del ingreso de la aeronave estadounidense C-130J hércules a territorio nacional, suscrito por legisladores y legisladoras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales, a investigar presuntos hechos de fraude relacionados con la compra-venta de vehículos en el estado de Yucatán, así como a implementar medidas de prevención y protección a las personas consumidoras, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la CEAV, a garantizar a las víctimas y sus familiares del descarrilamiento del tren interoceánico un acompañamiento efectivo a fin de que puedan acceder a los derechos de reparación integral del daño, acceso a la verdad y no repetición, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a través del SAT, para que establezca criterios para permitir la deducción del IVA trasladado en la adquisición de bienes o prestación de servicios recibidos, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de General Zuazua, Nuevo León, a ejercer acciones urgentes de mantenimiento, instalación y modernización del alumbrado público del municipio, a fin de garantizar el funcionamiento continuo y adecuado de las luminarias existentes en calles, avenidas, parques y espacios públicos, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob de la CDMX, a través de la Seduvi, así como al Ayuntamiento del municipio de Naucalpan de Juárez del estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen y, en su caso, autoricen la incorporación del nombre Julio Scherer García en una de las vialidades, suscrito por los diputados Gibrán Ramírez Reyes y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semar, a la FGR, al SAT y a la ANAM, a hacer público un informe que detalle el aseguramiento de combustible de procedencia ilegal realizado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, incluyendo, entre otros elementos, el volumen real de hidrocarburos ingresados al país, el destino final del combustible asegurado y el monto total de la evasión fiscal detectada, suscrito por los diputados Gibrán Ramírez Reyes, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la Comisión Permanente, a condenar el desplazamiento forzado y los ataques contra civiles en Aleppo, Siria, a cargo de la senadora Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, por conducto de la CNPC, y en coordinación con las áreas de protección civil de las 32 entidades federativas, implemente y fortalezca jornadas informativas nacionales dirigidas a la población sobre los frentes fríos que afectan al país, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a realizar el pago inmediato del incremento salarial 2025 y transparentar el ejercicio de los recursos del capítulo 1000 Servicios Personales, suscrito por los diputados Ariana del Rocío Rejón Lara y Federico Döring Casar integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, respectivamente.
Efemérides
Con motivo del Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916, a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se dispensa su lectura.
La secretaria senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto. Consulto a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, considerando que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano, gracias. Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano. Quienes se abstengan favor de levantar la mano. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del de la Unión, celebrada el miércoles catorce de enero de dos mil veintiséis, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
Apertura de la sesión.
En el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladoras y legisladores, a las doce horas con doce minutos del miércoles catorce de enero de dos mil veintiséis, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La Presidencia instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, mismo que contiene los asuntos a tratar en la presente sesión. En votación económica, se dispensa la lectura.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
La Presidencia instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se dispensa su lectura, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se aprueba.
Comunicaciones oficiales.
Se da cuenta con comunicaciones oficiales:
a) Del Senado de la República, por las que remite los siguientes oficios, a saber:
• Del Congreso del estado de Guanajuato, por el que informa la clausura del primer periodo ordinario de sesiones, y la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.
• Del Congreso del estado de Tamaulipas, por el que informa de la elección de la Mesa Directiva que dirigió los trabajos de la sesión pública extraordinaria y la correspondiente clausura, realizadas el diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.
• Del Congreso del estado de Zacatecas, por el que informa la elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura.
• Del Órgano de Administración Judicial, por el que presenta su Primer Informe de Labores.
• Del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, por el que informa la designación de la licenciada Alejandra Velarde Félix, como presidenta de dicho órgano jurisdiccional.
De enterado, remítanse a la Cámara de Senadores.
b) Del Instituto Nacional Electoral, por la que remite el listado con los resultados de las votaciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación dos mil veinticuatro - dos mil veinticinco, integrado en orden de prelación conforme a los criterios aprobados por el órgano superior de dirección del instituto. De enterado, remítase a la Cámara de Senadores.
c) Del Servicio de Administración Tributaria, por la que informa que, a través de sus unidades administrativas centrales y desconcentradas con atribuciones para dar destino a las mercancías de comercio exterior, que no resultan transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, durante el mes de diciembre de dos mil veinticinco, no se realizó ninguna entrega de bienes en asignación o donación. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
d) De diversas dependencias, por las que remiten dieciocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y por la Comisión Permanente en su segundo receso del primer año de la Sexagésima Sexta Legislatura, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a la Cámara de Senadores, y a la Cámara de Diputados.
e) Del Congreso del estado de Chihuahua, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos diecisiete de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, treinta y siete del Código Fiscal de la Federación, y tres de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
f) Del Congreso del Estado de Nayarit, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
g) Del Congreso de la Ciudad de México, por la que remite las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:
• Por el que se reforma la fracción ocho del artículo ochenta y cuatro de la Ley del Seguro Social, en materia de derechohabientes. Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Por el que se adiciona una fracción cuatro Bis al artículo treinta de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Por el que se declara el doce de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afromexicana y la Lucha contra el Racismo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Por el que se reforma la fracción cuarenta y ocho, y se adiciona una fracción cuarenta y nueve al artículo cuatro de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Por el que se reforma el artículo sesenta y tres de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Por el que se reforma la fracción treinta cuatro, y se adiciona una fracción treinta y cuatro Bis al artículo nueve de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos a la fracción diecinueve Bis del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo a distancia y horarios escalonados en casos de contingencia ambiental. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Por el que se reforma y adiciona la fracción cinco del artículo ciento treinta y uno del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de investigación de feminicidios y transfeminicidios. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.
h) Del diputado Juan Hugo de la Rosa García, de Morena, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Décimo Séptimo Distrito Electoral del Estado de México, a partir del nueve de enero del año dos mil veintiséis. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Acuerdo de la Mesa Directiva.
La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a la presentación del Informe de actividades del año dos mil veinticinco de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En votación económica, se aprueba. Comuníquese.
Agenda Política.
El siguiente punto del orden del día es el apartado de Agenda Política, correspondiente a comentarios relativos a la situación económica del país, a cargo de los grupos parlamentarios.
Primera ronda.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra, para referirse al tema, a las legisladoras y legisladores: senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena; diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; senador Ángel García Yáñez, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación de la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México; y diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional.
Segunda ronda
En la segunda ronda se concede el uso de la palabra, a las legisladoras y legisladores: diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo; senador Homero Davis Castro, y diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, ambos de Morena.
Posteriormente, intervienen, para rectificación de hechos, las legisladoras: diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional; y senadora Beatriz Mojica Morga, de Morena.
Agenda política.
El siguiente punto del orden del día es el apartado de Agenda Política, correspondiente a comentarios relativos a la situación política del país, a cargo de los grupos parlamentarios.
Primera ronda.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra, para referirse al tema, a las legisladoras y legisladores: senador Francisco Chíguil Figueroa, de Morena; senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del Partido Revolucionario Institucional; diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México; y diputada Silva Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional.
Segunda ronda
En la segunda ronda se concede el uso de la palabra, a las legisladoras y legisladores: diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo; diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Morena; diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional; y
Desde su curul, interviene la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, para hacer comentarios relativos a las expresiones audiovisuales que se encuentran frente a la Tribuna. La Presidencia realiza aclaraciones.
Diputado Luis Arturo Oliver Cen, de Morena.
Posteriormente, interviene, para rectificación de hechos, la senadora Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena.
Presentación de iniciativas de legisladoras y legisladores.
El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas con proyecto de decreto. En consecuencia, se concede el uso de la palabra, a las legisladoras y legisladores:
• Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, que expide el nuevo Reglamento de la Cámara de Senadoras y Senadores, suscrita por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Simey Olvera Bautista, todas de Morena. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores, para dictamen.
Desde su curul, interviene la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, para solicitar a la Presidencia, adherirse a la iniciativa de la senadora Castillo Juárez.
• Diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiséis, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, ambos del Partido Acción Nacional, y por legisladores integrantes de su bancada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona el artículo doce Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de protección de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
• Diputada Ana Isabel González González, que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de eliminación del impuesto a los videojuegos, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para dictamen.
• Senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de carrera policial horizontal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, para dictamen.
• Diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, de Morena, quien presenta tres iniciativas: la primera que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de derechos del consumidor de las personas con discapacidad; la segunda iniciativa que reforma y adiciona el artículo veintisiete de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de turismo accesible; y la tercera iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo accesible. Se turnan la primera iniciativa a la Comisión de Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, de la Cámara de Diputados, para dictamen; la segunda iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, para dictamen; y la tercera iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para dictamen.
Efemérides.
El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.
La Presidencia concede el uso de la palabra, para referirse al tema, a las legisladoras y legisladores: senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano; diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional; senadora Virginia Marie Magaña Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional; y diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, de Morena.
El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Quince de enero, Conmemoración del Natalicio del Dr. Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles.
La Presidencia concede el uso de la palabra, para referirse al tema, a las legisladoras y legisladores: senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano; diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional; diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional; y senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena.
Clausura de la sesión.
La Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar, el miércoles veintiuno de enero de dos mil veintiséis, a las once horas, precisando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La secretaria senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Está a discusión el acta de la sesión anterior. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de levantar la mano, gracias. Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano. Quienes se abstengan favor de levantar la mano. Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobada el acta.
Honorable asamblea, con profundo pesar cumplimos el penoso deber de informar el sensible fallecimiento de la señora Irma García López, madre de nuestro compañero y amigo, el diputado Fidel Daniel Chimal García.
Quienes integramos este cuerpo legislativo nos unimos a la pena que embarga a la familia Chimal García, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias y deseando pronta resignación ante esta pérdida. Que su alma descanse en paz. Nuestro más sentido pésame, querido diputado Chimal. Continúe, secretaria, por favor.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: La Secretaría de Gobernación remite comunicación por la que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Alejandro Gertz Manero, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: La Secretaría de Gobernación remite el reporte bimestral noviembre-diciembre de 2025 concerniente al uso de los tiempos oficiales en radio y televisión.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28 fracciones I y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, remito en formato impreso el Reporte bimestral noviembre-diciembre de 2025, concerniente a l uso de los tiempos oficiales de radio y televisión, el cual fue entregado en esta unidad administrativa mediante oficio número SG/DGRTC/0016/2026 signado por el ciudadano Oscar Jaime Camacho Guzmán, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de esta secretaría.
Lo anterior, para efectos de que dicho informe sea turnado a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 42 fracción IV de la Ley General de Comunicación Social.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
Atentamente
Ciudad de México, a 8 de enero de 2026.– Juan Ramiro Robledo Ruiz (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Se recibió de la Cámara de Senadores el primer informe de actividades de la senadora Alma Anahí González Hernández.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Senado de la República.– LXVI Legislatura.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura.– Presente.
Al tiempo de enviarle un afectuoso saludo, me permito hacer entrega en formato electrónico de mi informe de actividades legislativas como senadora de la República electa por Quintana Roo, el cual corresponde al primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Por lo anterior mucho agradeceré que dicte sus apreciables instrucciones al área correspondiente a fin de que dicho documento sea publicado en el portal oficial del Senado de la República.
Sin otro particular por el momento, me despido afectuosamente y le reitero mis distinguidas consideraciones.
Respetuosamente
Ciudad de México, a 13 de enero de 2026.– Senadora Anahí González Hernández (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De enterado. Remítase a la Cámara de Senadores.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Se recibió de la Cámara de Senadores oficio del Congreso de Hidalgo con el que se informa de la clausura del primer periodo ordinario de sesiones y de la elección e instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
«Congreso del estado de Hidalgo.
Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura.– Presente.
Estimada senadora:
Reciba un afectuoso saludo, por instrucciones de la Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y actuando en suplencia de la Secretaría, comunico lo siguiente:
1. En sesión ordinaria celebrada el presente día, se eligió a las y los integrantes de la Diputación Permanente que fungirán durante el primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.
Presidente: Diputado José Luis Rodríguez Higareda.
Vicepresidenta: Diputada Paloma Barragán Santos.
Secretario: Diputado Francisco Javier Téllez Sánchez.
Secretaria: Diputada María del Rosario Guerrero Martínez.
Integrante: Diputada Claudia Lilia Luna Islas.
Integrante: Diputado Avelino Tovar Iglesias.
Integrante: Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante.
Integrante: Diputada Mónica Leanett Reyes Martínez.
Integrante: Diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal.
Suplente general: Diputado Juan Pablo Escalante Urban.
Suplente general: Diputada Hilda Miranda Miranda.
2. Se dio clausura de los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.
3. Se Instaló la Diputación Permanente que actuará durante el primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.
Agradezco su invaluable apoyo para acusar recibo a la recepción del presente documento a los siguientes correos electrónicos.
Le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 de diciembre de 2025.– Doctor Jesús López Serrano (rúbrica), secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado Libre y Soberano de Hidalgo.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De enterado. Remítase a la Cámara de Senadores.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Se recibió oficio del senador Higinio Martínez Miranda por el que informa de la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 1 de febrero del año en curso.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Senado de la República.– LXVI Legislatura.
Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.– Presente.
Estimada senadora Presidenta:
Con fundamento en lo previsto en el artículo 14, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, me permito informar a esta Cámara de Senadores la reincorporación al ejercicio de mis funciones legislativas como senador de la República a partir del 1 de febrero del año en curso.
Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, 20 de enero de 2026.– Senador Higinio Martínez Miranda (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De enterado. Remítase a la Cámara de Senadores.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: El Instituto Nacional Electoral remite la lista de resultados de las votaciones en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y anexos, integrado en orden de prelación conforme a los criterios aprobados en el órgano superior de dirección del instituto.
«Instituto Nacional Electoral.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con fundamento en el artículo 41, numerales 1 y 2, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, con relación al punto de acuerdo tercero del acuerdo INE/CG1529/2025, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2025, en atención al acuerdo INE/CG1426/2025 y en alcance al oficio INE/SE/3845/ 2025 me permito notificar acuerdo y remitir a esa soberanía el listado con los resultados de las votaciones del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y anexos, integrado en orden de prelación conforme a los criterios aprobados por el órgano superior de dirección de este Instituto.
Para tal efecto, los documentos en comento se encuentran disponibles para su consulta y descarga en los enlaces electrónicos que se adjuntan:
Vínculo del acuerdo:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123 456789/186702/CGex202512-18-ap-4-Gaceta.pdf
Vínculo del anexo:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123 456789/186702/CGex202512-18-ap-4-a.pdf
Lo anterior, con el objeto de dar certeza y viabilidad material a los supuestos normativos previstos en el primer párrafo del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo relativo a la ocupación de vacancias generadas con posterioridad a la conclusión del citado proceso electoral.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, enero 16, 2026, .– Juan Manuel Vázquez Barajas (rúbrica), encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el INE. (Con fundamento en el artículo 16 párrafo 2, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con el oficio INE/PC/1263/2024.)
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De enterado. Remítase a la Cámara de Senadores.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno remite el Informe de evaluación de la política y las medidas de austeridad republicana en el ejercicio 2024.
«Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Doctora Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como el numeral 6, inciso h, de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana, en mi carácter de presidenta del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana, con fundamento en los numerales 5, inciso a, y 7, inciso m, de los mencionados lineamientos, me permito presentar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el informe de evaluación de la política y las medidas de austeridad republicana del ejercicio de 2024, elaborado con base en la información generada por los entes públicos obligados.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 14 de enero de 2026.– Maestra Raquel Buenrostro Sánchez (rúbrica), secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: Se recibió de la Secretaría de Cultura el cuarto informe trimestral de 2025 con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados a través de los programas S057, Programa del Fondo Nacional de Fomento de Artesanías, Fonart; S268, Programa de Apoyos de Cultura; S303, Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales; S283, Fomento del Cine Mexicano; y U282, Estímulos de Creación Artística de Reconocimientos a la Trayectoria y Apoyos al Desarrollo de Proyectos Culturales y vertientes en el programa que conforman, los cuales están sujetos a reglas de operación.
«Secretaría de Cultura.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69, último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, referente a la obligación de reportar trimestralmente la información relacionada con la normativa requerida.
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del programa S057·Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart) y vertientes que lo conforman, el cual está sujeto a reglas de operación.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.– María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»
–––––––– o ––––––––
«Secretaría de Cultura.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69, último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, referente a la obligación de reportar trimestralmente la información relacionada con la normativa requerida.
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del programa S268 Programa de Apoyos a la Cultura y vertientes que lo conforman, el cual está sujeto a reglas de operación.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.– María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»
–––––––– o ––––––––
«Secretaría de Cultura.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69, último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, referente a la obligación de reportar trimestralmente la información relacionada con la normativa requerida.
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del programa S303 Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales y vertientes que lo conforman, el cual está sujeto a reglas de operación.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.– María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»
–––––––– o ––––––––
«Secretaría de Cultura.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69, último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, correspondiente a la obligación de informar sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como los informes sobre el cumplimiento de metas y objetivos del programa S283 Fomento al Cine Mexicano.
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del programa U283 Fomento al Cine Mexicano.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.– María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»
–––––––– o ––––––––
«Secretaría de Cultura.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69, último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, correspondiente a la obligación de informar sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como los informes sobre el cumplimiento de metas y objetivos del programa S282 Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales.
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del programa U282 Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.– María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones de Cultura y de Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa al pago de las participaciones de las entidades federativas correspondientes a diciembre de 2025, desagregadas por tipo de fondo, efectuando la comprobación correspondiente al mismo mes de 2024.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 2025, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2024.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.– La subsecretaria María del Carmen Bonilla Rodríguez (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados; y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: Gracias. El Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, la Escuela Nacional Oficial de Irapuato, la Escuela Normal Oficial de León y la Escuela Normal Superior de Guanajuato remiten el tercer informe trimestral de 2025 de recursos y cumplimientos de metas y objetivos del programa U079, Expansión de Educación Media Superior y Superior.
«Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada. la Educación Media Superior y Superior
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.– Presente.
Con el gusto de saludarla, tengo a bien remitir el tercer informe trimestral de recursos y cumplimiento de metas y objetivos del programa U079, vertiente B, ejercicio fiscal de 2025, correspondiente al periodo octubre-diciembre del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada.
En caso de alguna duda, la estará atendiendo Lizbeth Adriana Ramírez González, secretaria administrativa del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, a través del correo electrónico lizbeth.ramirez@seg.guanajuato.gob.mx o en el teléfono (477) 340 5086.
Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 35, fracción II, y 37 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, así como del numeral XV.1 de los Criterios Generales para la Distribución de los Recursos Autorizados al Programa Presupuestario U079, Expansión de la Educación Media Superior y Superior (tipo superior) año 2025.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Guanajuato, Guanajuato, a 12 de enero de 2026.– Víctor Alfonso González Gutiérrez (rúbrica), director de Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada.»
«Escuela Normal Oficial de Irapuato.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.– Presente.
Por medio del presente me permito hacer llegar el tercer informe trimestral de recursos y cumplimiento de metas y objetivos del programa U079, Expansión de la Educación Media Superior y Superior (tipo superior), vertiente B, ejercicio fiscal de 2025 correspondiente al periodo octubre-diciembre de la Escuela Normal Oficial de Irapuato.
En caso de alguna duda, le estará atendiendo el contador público Alan Armando García León Zamudio, secretario administrativo de la Escuela Normal Oficial de Irapuato, a través del correo electrónico a_garcialeon@seg-gto.gob.mx o en el teléfono (462) 141 69 51.
Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 35, fracción II, y 37 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, así como del numeral XV.1 de los Criterios Generales para la Distribución de los Recursos Autorizados al Programa Presupuestario U079, Expansión de la Educación Media Superior y Superior (tipo superior) año 2025.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Irapuato, Guanajuato, a 12 de enero de 2026.– Maestro Alejandro Trejo Ávila (rúbrica), director de la Escuela Normal Oficial de Irapuato.»
–––––––– o ––––––––
«Escuela Normal Oficial de León.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.– Presente.
Con el gusto de saludarla, tengo a bien remitir el tercer informe trimestral de recursos y cumplimiento de metas y objetivos del programa U079, vertiente B, ejercicio fiscal de 2025, correspondiente al periodo octubre-diciembre de la Escuela Normal Oficial de León.
En caso de alguna duda, le estará atendiendo María del Socorro Elizabeth Torres Vázquez, secretaria administrativa de la Escuela Normal Oficial de León a través del correo electrónico m_torresv8m7@seg.gto.gob.mx o en el teléfono 477 406 87 66.
Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 35, fracción II, 37 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, así como del numeral XV.1 de los Criterios Generales para la Distribución de los Recursos Autorizados al Programa Presupuestario U079, Expansión de la educación media superior y superior (tipo superior), año 2025.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
León, Guanajuato, a 12 de enero de 2026.– Alma Verónica Tavares Viramontes (rúbrica), directora de la Escuela Normal Oficial de León.»
–––––––– o ––––––––
«Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.– Presente.
Por la presente y por instrucciones del licenciado Luis Arturo Ledesma Hernández, director para la Atención y Operación de Instituciones de Educación Superior, me permito remitir el tercer informe trimestral de recursos y cumplimiento de metas y objetivos del programa U079, vertiente B, ejercicio fiscal de 2025 correspondiente al periodo octubre-diciembre de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato.
En caso de alguna duda, le estará atendiendo José Antonio Sánchez Uribe, secretario administrativo de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato a través del correo electrónico j_sanchezu@seg.guanajuato.gob.mx o en el teléfono (473) 7325841, extensión 131.
Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 35, fracción II, y 37 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, así como del numeral XV.1 de los Criterios Generales para la Distribución de los Recursos Autorizados al Programa Presupuestario U079, Expansión de la educación media superior y superior (tipo superior) año 2025.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Guanajuato, Guanajuato, a 12 de enero de 2026.– María Jhovana Citlaly Ramírez Espinosa (rúbrica), directora de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, de la Cámara de Diputados.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de diversas dependencias ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente en su segundo receso.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28, fracciones I y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, remito copia del oficio número CESP.888/2025, suscrito por el licenciado Publio Rivera Rivas, director general de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, relativo a informar sobre el área total afectada a causa del incendio ocurrido en el mes de agosto de 2025, su severidad y plan integral de remediación, restauración y reforestación para el Area de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, en el estado de Quintana Roo.
En ese sentido, la dependencia, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informa el total del área afectada y los daños causados, determinando que se trató de un incendio superficial, con una superficie de estrato quemado de 782.6971 hectáreas. y una clasificación de impacto moderado, en un tipo de vegetación de dunas costeras, cuya afectación fue al interior del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam. Asimismo, remite la propuesta de plan integral de remediación, restauración y reforestación para la zona afectada titulada Restauración de la duna costera y manglar del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Quintana Roo, Mexico,elaborada en el mes de noviembre del año en curso.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2025.– Juan Ramiro Robledo Ruiz (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»
–––––––– o ––––––––
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28, fracciones I y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, remito copia del oficio número CESP.881/2025, suscrito por el licenciado Publio Rivera Rivas, director general de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, relativos a fortalecer los mecanismos de detección y reporte de venta ilegal de vida silvestre en el estado de San Luis Potosí; continuar con las acciones coordinadas en las labores de prevención, investigación y combate de delitos medioambientales y en contra de la fauna silvestre.
En ese sentido, la dependencia a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa las acciones que actualmente se implementan y las que se propone fortalecer a corto y mediano plazo por conducto de la Oficina de Representación en el Estado de San Luis Potosí como la inspección y vigilancia en puntos críticos de comercialización ilegal en carreteras, centros de distribución de paquetería, así como mercados y tianguis locales.
Asimismo, comunica que se mantienen activas diversas campañas informativas a nivel nacional enfocadas en la protección de especies silvestres y en desalentar su comercio ilegal. Además, la Profepa ha reforzado sus esfuerzos mediante la implementación de estrategias orientadas a la detección, prevención y sanción de la venta de ejemplares a través de internet.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2025.– Juan Ramiro Robledo Ruiz (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»
–––––––– o ––––––––
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28, fracciones I y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, remito copia del oficio número 100.2025.OEL.146, suscrito por el licenciado Emilio Pinedo Rovelo, director de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, relativo a continuar implementando programas de fomento empresarial para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y evalúen la posibilidad de reforzar las acciones para impulsar la contratación de jóvenes y mujeres, así como las políticas públicas encaminadas a reducir la brecha de género.
En ese sentido, la dependencia informa que desarrolla e impulsa diversos programas y estrategias orientados a fortalecer las capacidades productivas de las Mipymes, con especial énfasis en la inclusión de mujeres y jóvenes emprendedores en el ecosistema empresarial, como los siguientes: habilitación de la plataforma MIPYMESMX, así como del canal de difusión de WhatsApp, a fin de promover el desarrollo y fortalecimiento de los negocios; implementación del programa Mujer Exporta MX, con el objetivo de disminuir las brechas de género y democratizar el comercio exterior; instalación de las Jornadas de la mano con tu negocio, bajo el propósito de acercar los trámites de los gobiernos federal y estatal, así como otorgar capacitaciones en digitalización, financiamiento e inclusión comercial; impartición de talleres a través del evento híbrido Mipymes en la ruta digital para el fortalecimiento de habilidades digitales; e implementación del programa Partnering in Business with Germany como una herramienta de colaboración entre los gobiernos de México y Alemania a fin de fomentar conexiones comerciales y alianzas de largo plazo entre empresas mexicanas y el mercado alemán.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2025.– Juan Ramiro Robledo Ruiz (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»
–––––––– o ––––––––
«Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
En atención al oficio de número CP2R3A.-1296.12, enviado por la Primera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a analizar la viabilidad jurídica y presupuestaria para fortalecer los modelos institucionales y de atención de las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de sus capacidades de operación, coordinación intermunicipal y mecanismos de protección interinstitucionales, estableciéndolos como organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Hidalgo. Se emiten los siguientes comentarios:
Como punto de partida, se señala que en el estado de Hidalgo se ha priorizado como política pública integral la protección, defensa y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo los mandatos de convencionalidad y de constitucionalidad, mismos que nos marcan como premisa básica y fundamental: el interés superior de la niñez, y el desarrollo integral de ésta, así como garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Considerando lo anterior, como criterios rectores para la elaboración de políticas públicas adecuadas y oportunas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de niñas, niños y adolescentes.
Reiterando la disposición de la Procuraduría General de Justicia, para coadyuvar en la construcción de un marco normativo eficaz, que genere certeza e impulse el mejor desarrollo de Hidalgo, quedo a sus órdenes.
Atentamente
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 1 de diciembre de 2025.– Licenciado David Magaña Muñoz (rúbrica), encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos.»
–––––––– o ––––––––
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Resumen ejecutivo:
1. Se hace referencia al oficio número DGPL 66-II-7-0827, expediente 1146, del 10 de diciembre de 2025, firmado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Paulina Rubio Fernández, y dirigido a la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
2. Por medio del presente se envía oficio con respuesta institucional del Inegi a la solicitud plasmada en el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2025, para los efectos a que haya lugar.
Hago referencia al dictamen de la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población a establecer una mesa de trabajo entre integrantes del Grupo interinstitucional para la Delimitación de las Metrópolis de México y representantes del gobierno de Baja California y de Ensenada con objeto de analizar los criterios por los cuales se reclasificó Ensenada como metrópolis municipal en el diagnóstico Metrópolis de México 202; y examinar la posibilidad de que dicho municipio sea considerado nuevamente zona metropolitana, a fin de garantizar su acceso a recursos, políticas y programas públicos que impulsen el desarrollo del municipio, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti (Morena) y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2025.
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que dicha proposición tiene como finalidad abordar el impacto de la reclasificación de Ensenada como metrópoli municipal en su capacidad para planificar y ejecutar proyectos estratégicos de desarrollo urbano. En este sentido, el diálogo propuesto permitiría que Ensenada reciba la atención necesaria para establecer criterios sobre las políticas urbanas en su configuración, evitar el regazo en infraestructura y facilitar que el gobierno local ajuste sus estrategias de planeación de manera eficiente.
Es pertinente señalar que el grupo interinstitucional, integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lleva a cabo ejercicios para delimitar las zonas metropolitanas, con base en fuentes de información estadística y geográfica censal disponible a nivel municipal.
Como resultado del ejercicio correspondiente a 2015, se identificaron y delimitaron 74 zonas metropolitanas. Justo en dicha delimitación, Ensenada fue clasificado como zona metropolitana definida con base en el criterio de franjas fronterizas y costas, siendo el caso de Ensenada ciudad costera. El criterio indica a la letra:
1d. Poseen ciudades de 200 mil o más habitantes que se ubican a una distancia máxima de 20 kilómetros de la franja fronteriza norte y sur, o ubicadas en las costas.
El municipio en cuestión no cumplía los criterios de conurbación intermunicipal ni mostró integración física y funcional con los municipios vecinos.
Para el ejercicio de delimitación correspondiente a 2020, se realizaron ajustes metodológicos y se establecieron tres categorías para definir las 92 metrópolis del país: 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbanas. Justo para municipios como Ensenada que carecen de conurbaciones intermunicipales e integración física con otros municipios se generaron otras categorías, de tal forma que se caracterizó como metrópoli municipal, con la definición de que se trata de un municipio que no forma parte de una zona metropolitana; sin embargo, cuenta con una población total de 300 mil habitantes o más y es económica o políticamente relevante para el estado. La localidad urbana que da origen a la metrópoli municipal cuenta con 200 mil habitantes o más.
Las zonas metropolitanas se definieron como el conjunto de municipios cuya relación se basa en un alto grado de integración física o funcional intermunicipal o interestatal y la población total de los municipios que la forman es de 200 mil habitantes o más. Por la falta de integración física o funcional intermunicipal o interestatal, según los criterios de la delimitación 2020, Ensenada no fue considerada zona metropolitana.
Como puede se ve en el mapa adjunto, correspondiente al anexo cartográfico de la publicación Metrópolis de México 2020, las grandes distancias existentes entre Ensenada y municipios colindantes imposibilitan la creación de conurbaciones y dificultan tener un alto grado de integración física y funcional.
Pese a no ser considerada zona metropolitana, se clasificó como metrópolis municipal reconociendo la importancia económica de Ensenada pues, como se observa en el siguiente cuadro, ocupa el cuarto lugar de entre las 22 metrópolis municipales del país en términos de productividad.
A reserva de que se establezca una mesa de trabajo con el gobierno de Baja California y el municipio de Ensenada, con la participación de representantes del grupo interinstitucional (Sedatu-ConapoInegi) como indica el punto de acuerdo, y pueda analizarse con mayor detalle la solicitud, con la información disponible al momento en que se identificaron y delimitaron las zonas metropolitanas del país en 2020, con base en los criterios estadísticos y geográficos establecidos por el grupo interinstitucional se caracteriza Ensenada en la clasificación de metrópoli municipal.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Notas
1 Sedatu, Conapo e Inegi (2015). “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015.” Sitio digital:
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas- metropolitanas-de-mexico-2015
2 Sedatu, Conapo e Inegi (2020). “Metrópolis de México 2020.” Sitio digital:
https://www.gob.mx/conapo/documentos/las-metropolis-de-mexico-2 020
Atentamente
Ciudad de México, a 9 de enero de 2026.– Maestro David Antonio Maravilla Flores (rúbrica), director general adjunto.»
–––––––– o ––––––––
«Gobierno del estado de Coahuila.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.
En atención del oficio número DGPL 66-II-3-862, expediente 1114, por medio del cual remitió al gobernador constitucional del estado, Manolo Jiménez Salinas, la proposición con punto de acuerdo presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, que contiene
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a su disponibilidad presupuestal, diseñen e implementen campañas de concientización que promuevan la importancia del uso de la moda sostenible y la promoción de la industria. textil ecológica como una medida para impactar menos el ambiente y transitar a nuevos hábitos de consumo sustentable.
Respecto al objetivo previsto en el exhorto citado, tengo a bien informarle que en nuestra dependencia, la Dirección de Cultura Ambiental ofrece programas y actividades que van encaminadas a la valoración del ambiente natural y cultural de Coahuila de Zaragoza, buscan promover una cultura ambiental que reconozca la importancia de la relación entre las personas y el ambiente natural, así como reconocer el valor de contar con un entorno social, sano, justo y equitativo para el desarrollo de todos los coahuilenses.
En ese tenor se llevan a cabo de manera trimestral los mercaditos ambientales en los que se promueven el intercambio, la venta o la donación de ropa y artículos de segunda mano, en los que se promueve la cultura del reúso, reciclaje y prolongar el tiempo de vida de artículos que no tienen por qué convertirse en un residuo.
Sin embargo, sabemos lo importante que es seguir insistiendo en formar personas comprometidas que participan activamente desde su ámbito de competencia y responsabilidad y fortalecer los conocimientos sobre el tema ambiental en los distintos sectores sociales, por lo que, atendiendo al exhorto planteado, aunado a lo que ya venimos llevando a cabo en torno a este tema, se diseñará además una campaña de información y concientización a través de nuestras redes sociales y medios de difusión y comunicación, en la que se haga particular énfasis sobre los impactos adversos al medio ambiente que tiene la industria textil y las ventajas del reúso, reciclaje y valorización de materiales de segunda mano.
Se emite el presente oficio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracciones I, II, III, IX, XX y XXXIV; y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 1o. y 5o. del Reglamento Interior da la Secretaría de Medio Ambiente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 13 de enero de 2026.– Diana Susana Estens de la Garza (rúbrica), secretaria de Medio Ambiente.»
–––––––– o ––––––––
«Gobierno del Estado de Puebla.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.– Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 15, 19, primer párrafo, 31, fracción I, y 32, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5, fracción VI y VI.1, 13, fracción X, 55, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación; 5, 68, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil con atención y seguimiento de su oficio número DGPL 6-II-3-863, expediente 3348, emitido el 10 de diciembre de 2025, relacionado mediante el similar OPE/5444/2025, de fecha 22 de diciembre de 2025, suscrito por la ciudadana Edith García Gómez, secretaria particular del ciudadano gobernador, documento recibido en la Oficialía de Partes de esta Unidad Administrativa, el 23 siguiente, con el volante de control de gestión al rubro indicado, ante usted manifiesto lo siguiente:
Tocante al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la sesión de fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, el cual hace mención de lo siguiente: “Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, con especial énfasis en las que integran zonas metropolitanas, así como sus Secretarías de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, Protección Civil, y demás instancias competentes a I. Implementar protocolos de actuación interinstitucional más ágiles para emergencias con materiales peligrosos, incluyendo la coordinación de cuerpo de bomberos, protección civil, servicios médicos y fuerzas de seguridad, bajo un esquema de coordinación metropolitana única a través de sus centros de mando correspondientes (C5 o sus equivalentes), II. Establecer horario de circulación para camiones pesados (más de 3.5 toneladas) y de transporte de materiales peligrosos, restringiéndolos a periodos nocturnos en vialidades secundarias y urbanas, son sanciones progresivas por incumplimiento. III. Definir. y demarcar vialidades exclusivas para al tránsito de camiones pesados y de unidades que transporten hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, limitándolos a corredores logísticos y excluyendo rutas residenciales de alta densidad; a fin de garantizar condiciones seguras para la población y fortalecer la seguridad vial conforme al enfoque de sistema seguros previstos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para lo cual se expresan las siguientes consideraciones técnico-jurídicas:
Respecto al número I, es procedente señalar respecto a las situaciones de alto riesgo, emergencia, desastre o calamidad, ocasionadas por la presencia de los fenómenos antropogénicos y las mismas ocasionados por los fenómenos químicos tecnológicos, según lo conceptuado tanto en la Ley General de Protección Civil como en la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, según el siguiente articulado de la primera normatividad mencionada:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por
XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos o provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
XVIII. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e Integridad de la población en general, generada o asociada con la Inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador;
XX. Fenómeno antropogénico: Agente perturbador-producido por la actividad humana;
XXV. Fenómeno químico-tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su Interacción molecular a nuclear, Comprende fenómenos destructivos como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames;
Artículo 65. Los fenómenos antropogénicos son en esencia provocados por la actividad humana y no por un fenómeno natural. Generan un marco de responsabilidad civil, por lo que no son competencia de los instrumentos financieros de gestión de riesgos previstos en esta ley.
De igual forma se señala que en estricto cumplimiento de lo exigido en el artículo 21 de la Ley General de Protección Civil, y su correlativo 69 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, se establece la figura técnica del “primer respondiente”; es decir, el primer nivel de respuesta y la intervención institucional de manera ordenada, de acuerdo con lo literalmente establecido en los artículos referidos:
Artículo 21. En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el plan de auxilio a la población civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente, a fin de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil. El reglamento de esta ley y las demás disposiciones administrativas en la materia establecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada para la atención de una emergencia o desastre.
La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las unidades internas de protección civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal o de la demarcación territorial correspondiente que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o delegacional de protección civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.
En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio o demarcación territorial, acudirá a la instancia de la entidad federativa correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.
De igual forma, la coordinación general bajo mi responsabilidad, en una situación de alto riesgo, emergencia o desastre relacionado con la materia del presente asunto, aplica obligatoriamente lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSPC-2019, que establece los requisitos básicos para la implementación del Sistema de Comando de Incidentes, la cual establece los requisitos básicos que se deben implantar para la gestión de respuesta en la atención de incidentes, mediante la correcta implementación del Sistema de Comando de Incidentes, respecto al cumplimiento de todas las dependencias y entidades del sector público, así como los prestadores de servicio del sector privado y social que requieren implantar este sistema para la atención de un incidente y aquellos que por su naturaleza colaboren en acciones de mitigación, auxilio y recuperación ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.
Adicionalmente, se han establecido reuniones de trabajo y proyecto de convenio de colaboración interinstitucionales con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación coadyuvantes, en materia no solo correctiva sino preventiva, en pro de la protección de la vida, la salud y la integridad de la población y del ambiente.
De igual forma y través de la capacitación en materia de protección civil a los pequeños y grandes empresarios de este giro comercial y del exhorto institucional a dichas personas físicas y morales, a fin de que cuenten con la aprobación y registro ante esta Coordinación General de su programa interno de protección civil; sin omitir el ejercicio de las facultades legales de comprobación a través de los actos de molestia, se realizan inspecciones, supervisiones y verificaciones y dado caso de alto riesgo, a o desastre, se ejecutan medidas de seguridad, con aplicación de sanciones económicas.
Finalmente, y respecto a los números II y III del acuerdo referido, el marco jurídico aplicable a esta unidad administrativa, no contempla el ejercicio de las facultades legales relativas a los mismos.
Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención al presente, quedo de Usted, para cualquier aclaración.
Atentamente
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 7 de enero de 2026.– Bernabé López Santos (rúbrica), coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.»
–––––––– o ––––––––
«Gobierno del Estado de Campeche
Diputada Paulina Rubio Fernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.– Presente.
En atención del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2025, notificado mediante el oficio número DGPL 66-II-2-905, relacionado con el mantenimiento, expansión y fortalecimiento de los sistemas de bicicletas públicas (Ecobicis), me permito manifestar lo siguiente:
Al momento, el gobierno de Campeche no cuenta con infraestructura ni con un servicio público formal de movilidad activa correspondiente a un sistema de bicicletas públicas de carácter estatal o concesionado. No obstante, se reconoce plenamente la relevancia de este tipo de sistemas como parte fundamental del transporte sustentable y de la movilidad urbana segura en las ciudades.
Derivado de lo anterior, esta secretaría mantiene la disposición institucional para que, en el ámbito de sus atribuciones, se analicen la viabilidad y pertinencia de proyectos relacionados con la movilidad activa, en congruencia con los principios establecidos en la legislación vigente y con las recomendaciones emitidas por el Congreso de la Unión.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
San Francisco de Campeche, Campeche, a 12 de enero de 2026.– Arquitecto Bernhard Rehn (rúbrica), encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Poder Ejecutivo de Campeche.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Remítanse a las Cámaras de Senadores, y de Diputados, conforme corresponda.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: La Secretaría de Salud remite la información relativa a las contrataciones por honorarios y reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados, correspondientes al periodo enero-diciembre del ejercicio fiscal de 2025,.
«Secretaría de Salud.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Distinguida presidenta:
Anteponiendo un cordial saludo, hago referencia al oficio 411-UDPCSG-2026-00068, por medio del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicita se remita en forma directa al honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información establecida en los artículos 69, último párrafo; 75, fracción X, y 78, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Al respecto, y en términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, adjunto al presente el oficio DGPyP-0122-2026, de fecha 19 de enero de 2026, suscrito por el director general de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas de esta dependencia, así como en forma impresa y en disco compacto la información relativa a las “Contrataciones por Honorarios” y “Reporte del monto ejercido de los Subsidios Otorgados”, correspondientes al periodo de enero-diciembre del ejercicio fiscal de 2025.
En lo referente al resultado de las evaluaciones de los Programas Sujetos a Reglas de Operación, refiere el remitente que se encuentra publicado conforme al Programa Anual de Evaluación en la página web de esta Secretaría en el siguiente vinculo electrónico:
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/evaluaciones_fil tro.html
Asimismo, por lo que se refiere a las reglas de operación de los programas a través de los cuales se otorguen subsidios para fortalecer a los intermediarios que participen en el sector ahorro y crédito popular, otros intermediarios financieros, y de los programas en los que, por conducto de dichas instituciones, se otorguen subsidios a la población de menores ingresos, también se informa que no le aplica a la Secretaría de Salud.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de enero de 2026.– Licenciada María Alejandra Alegría Arrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, de la Cámara de Diputados.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: La Secretaría de Salud remite el informe presupuestal y programático correspondiente al cuarto trimestre de 2025 del programa sujeto a reglas de operación Programa de Atención a Personas con Discapacidad, cifras preliminares.
«Secretaría de Salud.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Distinguida presidenta:
Anteponiendo un cordial saludo, hago referencia al oficio 411-UDPCSG-2026-00068, por medio del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27 (anexo 25) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establecen que las dependencias a través de la coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la honorable Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.
Al respecto, y en términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, adjunto al presente el oficio DGPyP-0121-2026, de fecha 19 de enero de 2026, suscrito por el director general de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas de esta dependencia, así como en forma impresa y en disco compacto el Informe Presupuestal y Programático correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, del siguiente programa sujeto a reglas de operación: Programa de Atención a Personas con Discapacidad (cifras preliminares).
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de enero de 2026.– Licenciada María Alejandra Alegría Arrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, de la Cámara de Diputados.
ACUERDOS DE LOS CONGRESOS ESTATALES
SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE PROMUEVA LA CREACIÓN DE UNA LEY QUE PERMITA A LAS VÍCTIMAS DE FRAUDES BANCARIOS ACCEDER A LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PROBAR SU INOCENCIA Y AFECTACIÓN PATRIMONIAL
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del Congreso de Coahuila acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a promover la creación de una ley que permita a las víctimas de fraudes bancarios acceder a la información necesaria para probar su inocencia y afectación patrimonial.
«Congreso de Coahuila.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
En sesión celebrada el 13 de enero de 2026, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo planteada por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, conjuntamente con las diputadas y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila, del Partido Acción Nacional, “con objeto de que esta honorable Diputación Permanente envíe un atento exhorto a las dos Cámaras del honorable Congreso de la Unión, para que, por conducto de las comisiones que estimen pertinentes, se elabore un proyecto de ley que permita garantizar que las personas que son víctimas de delitos como el robo de dinero de las cuentas bancarias, y la asignación de créditos no solicitados y cobrados por terceros (estafadores), puedan acceder a la información necesaria para verificar quién recibió el dinero y quién realizó los tramites, como medida lógica y apegada a principios elementales del derecho para poder demostrar su inocencia y afectación ilegal a su patrimonio”.
Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente resolvió sobre su aprobación mediante el cual se determinó lo siguiente:
Único. Se envía un atento exhorto a las dos Cámaras del honorable Congreso de la Unión, para que, por conducto de las comisiones que estimen pertinentes, se elabore un proyecto de ley que permita garantizar que las personas que son víctimas de delitos como el robo de dinero de las cuentas bancarias, y la asignación de créditos no solicitados y cobrados por terceros (estafadores), puedan acceder a la información necesaria para verificar quién recibió el dinero y quién realizó los tramites, como medida lógica y apegada a principios elementales del derecho para poder demostrar su inocencia y afectación ilegal a su patrimonio.
En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.
Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de enero de 2026.– Mariana Alejandra Sánchez Simental (rúbrica), la Oficial Mayor del Congreso del Estado.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se remite a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A IMPULSAR PRIORITARIAMENTE UN MARCO REGULATORIO INTEGRAL PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MÉXICO, GARANTIZANDO DERECHOS HUMANOS, ÉTICA Y TRANSPARENCIA MEDIANTE UN PROCESO DE PARLAMENTO ABIERTO
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del Congreso de Coahuila acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a impulsar prioritariamente un marco regulatorio integral para la inteligencia artificial en México, garantizando derechos humanos, ética y transparencia mediante un proceso de parlamento abierto.
«Congreso de Coahuila.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
En sesión celebrada el 13 de enero de 2026, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo planteada por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, conjuntamente con el diputado integrante del Grupo parlamentario Alianza Coahuila “Por el que se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus atribuciones y tomando como referencia las iniciativas previamente presentadas en la materia, impulse y continúe de manera prioritaria los procedimientos legislativos necesarios para la construcción de un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México, que garantice la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la ética y la transparencia en el desarrollo y uso de estas tecnologías, privilegiando la implementación de un proceso de parlamento abierto que permita la participación efectiva de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados”.
Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente resolvió sobre su aprobación mediante el cual se determinó lo siguiente:
Único. Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus atribuciones y tomando como referencia las iniciativas previamente presentadas en la materia, impulse y continúe de manera prioritaria los procedimientos legislativos necesarios para la construcción de un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México, que garantice la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la ética y la transparencia en el desarrollo y uso de estas tecnologías, privilegiando la implementación de un proceso de parlamento abierto que permita la participación efectiva de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados.
En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.
Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de enero de 2026.– Mariana Alejandra Sánchez Simental (rúbrica), la Oficial Mayor del Congreso del Estado.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se remite a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
INICIATIVA DE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL
SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE TRES MONEDAS CONMEMORATIVAS DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026, ORGANIZADA POR MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del Ejecutivo federal iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del Congreso de Ciudad de México iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
«Congreso de la Ciudad de México.
Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 31, 32 fracciones XXI y XXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, le comunico que el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2025, tuvo a bien aprobar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforma el inciso C) del artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
En tal razón, me dirijo a usted para remitir en versión impresa y electrónica los documentos que a continuación se enlistan:
1. Iniciativa con proyecto de decreto.
2. Dictamen de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
3. Propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforma el inciso C) del artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
4. Versión estenográfica de la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2025.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Recinto Legislativo, a 11 de diciembre de 2025.– Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del Congreso de Ciudad de México iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción V al artículo 12, un último párrafo al artículo 14 y el artículo 222 Bis a la Ley del Seguro Social.
«Congreso de la Ciudad de México.
Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores de la LXVI Legislatura.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 31, 32 fracciones XXI y XXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, le comunico que el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2025, tuvo a bien aprobar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se adiciona una fracción V al artículo 12, un último párrafo al artículo 14 y un artículo 222 Bis a la Ley del Seguro Social.
En tal razón, me dirijo a usted para remitir en versión impresa y electrónica los documentos que a continuación se enlistan:
1. Iniciativa con proyecto de decreto.
2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Igualdad de Género.
3. Propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se adiciona una fracción V al artículo 12, un último párrafo al artículo 14 y un artículo 222 Bis a la Ley del Seguro Social.
4. Versión estenográfica de la sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2025.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Recinto Legislativo, a 11 de diciembre de 2025.– Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Senadores.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del Congreso de Ciudad de México iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, con lo que se recorren los subsecuentes, al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
«Congreso de la Ciudad de México.
Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores de la LXVI Legislatura.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 31, 32 fracciones XXI y XXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México le comunico que el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2025, tuvo a bien aprobar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En tal razón, me dirijo a usted para remitir en versión impresa y electrónica los documentos que a continuación se enlistan:
1. Iniciativa con proyecto de decreto.
2. Dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
3. Propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
4. Versión estenográfica de la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2025.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Recinto Legislativo, a 11 de diciembre de 2025.– Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura.»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió oficio de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con el que remite el informe de resultados respecto a la solicitud de iniciativa ciudadana que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De enterado.
INICIATIVA CIUDADANA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: Presidenta, se recibió iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese la iniciativa ciudadana a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados.
Damos la bienvenida a esta sesión al excelentísimo señor Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba en México, quien, acompañado de la segunda jefa de misión, Johana Tablada de la Torre, y del consejero político José Ángel Maury de Toro, asistió a una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside nuestro querido compañero Pedro Vázquez González. Muchísimas gracias por su presencia.
EFEMÉRIDES
PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente capítulo del orden del día es la efeméride con motivo del Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916. Tendremos la participación de los grupos parlamentarios, iniciando con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, senador.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas: Gracias, presidenta. El feminismo no es una moda, una ocurrencia reciente ni una causa pasajera. El feminismo es memoria, historia, lucha sostenida. Hace 110 años, en enero de 1916, se celebró en Yucatán el Primer Congreso Feminista, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida pública de las mujeres en el país.
En el pleno contexto de la Revolución Mexicana, un momento de ruptura, transformación y disputa por el futuro del país, las mujeres decidieron que no podían seguir al margen. Decidieron que sus voces no estaban hechas sólo para el ámbito privado sino para la vida pública, para la discusión política y la toma de decisiones, y lo hicieron con valentía.
En aquel Congreso, las mujeres exigieron derechos civiles y políticos cuando aún no eran reconocidas como ciudadanas plenas. Por primera vez se reflexionó de manera pública y colectiva sobre las condiciones necesarias para que las mujeres pudieran vivir en igualdad de condiciones, acceso a la educación, al trabajo, a la autonomía, a divorciarse, a la participación política. En medio de una revolución armada, alzaron la voz y demostraron que su lucha también era revolución.
Gracias a la constancia, a la organización, a la insistencia de miles de mujeres se logró lo que durante décadas se consideró imposible, el voto de las mujeres. Ese Congreso no es un ejercicio nostálgico sino un acto de justicia y memoria, reconocer a quienes fueron incansables, a quienes abrieron camino cuando no había garantías, cuando el costo de hablar era muy alto; y aunque no llevan más de un siglo con derechos políticos plenos, los avances han sido monumentales.
Hoy, las mujeres participan en todos los ámbitos de la vida pública, ocupan espacios de decisión, transforman leyes, transforman narrativas. Por eso conmemorar el primer Congreso feminista de Yucatán es recordar que el feminismo llegó para quedarse, pues nació de una necesidad profunda de justicia e igualdad, es reconocer que cada generación tiene la tarea de continuar la lucha, de ampliar derechos y de no permitir retrocesos, y como hombres nos toca aprenderlo, atestiguarlo y romper con aprendizajes y patrones machistas.
Que la memoria de aquellas mujeres de 1916 nos inspire a no conformarnos y como hombres a reconocer y cuestionar nuestros privilegios, asumir una postura responsable y usar nuestra posición para acompañar, jamás obstaculizar, la lucha feminista por la igualdad y la justicia. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Ana Isabel González González:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Ana Isabel González González: Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos conmemorando una fecha muy especial, y no nada más hablo para las mujeres, una fecha muy especial también para los hombres, porque tenemos que dejar en claro que si hablamos de la lucha que han tenido las mujeres, por ejemplo, desde este Congreso feminista, donde tuvieron que haber pasado más ya de 110 años para que sigamos buscando las oportunidades de poder estar en los espacios públicos, como inició así esa lucha.
Hay que reconocer también que los hombres definitivamente deben sentirse orgullosos de que las mujeres sigamos avanzando en esta materia, pero, así como podemos hablar de lo que hizo Hermila Galindo, Elvia Carrillo, por ejemplo, también, para levantar la voz y mencionar qué seguía para las mujeres en materia de política y de la lucha de los derechos de las mujeres en el país.
Ahí fue ese primer paso, se reunieron más de 600 delegadas para levantar la voz, para exigir que la mujer pudiera ser votada, para exigir que la mujer también tuviera la oportunidad de una igualdad salarial, que creo que el día de hoy, por eso mencionaba, después de 110 años todavía seguimos en esa lucha. Claro, hemos avanzado muchísimo. Hoy tenemos una Cámara de Diputados igualitaria, hoy tenemos una Cámara de Diputados con paridad. Totalmente, hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero la lucha continúa.
Y cuando digo que la lucha continúa, es porque hoy no tenemos igualdad salarial. Se han hecho modificaciones en la Cámara de Diputados en materia de igualdad sustantiva, pero falta que se refleje ese trabajo, y lo que se ha impreso en nuestras leyes que ahora sea llevado realmente a la vida cotidiana, real, no nada más de nosotras que tenemos hoy la oportunidad y que somos bendecidas de tener este gran cargo que nos ha dado la ciudadanía, las y los mexicanos en las diferentes entidades federativas, sino también para que todas las mujeres que hallan afuera de esta Cámara sepan que también son merecedoras de un espacio público.
Claro, que también pueden levantar la voz para tener, como en aquel entonces se pedía no nada más el tema de la igualdad salarial, sino también el de la educación superior que se exigía en ese año. Hoy, 21 de enero de 2026, les pido, compañeras y compañeros, que reflexionemos, que veamos obviamente lo que se ha logrado. Que aplaudamos y estemos orgullosas y orgullosos de lo que se ha avanzado, pero que reconozcamos que nos falta mucho por hacer.
Apenas el año pasado, los registros de 5 mil muertes violentas a mujeres en nuestro país, llaman mucho la atención. Hay que seguir trabajando en eso, hay que seguir trabajando por nuestros derechos, pero también para bajar esa brecha que ha existido durante todos los tiempos en materia salarial, pero también en materia de desigualdad y también en discriminación, hay que decirlo como es, son palabras fuertes, pero para eso es esta tribuna.
Claro, hoy festejamos, celebramos lo que sucedió en ese Primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, pero hoy reflexionemos para lo que nos falta por trabajar y seamos coherentes para lograrlo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal. Adelante, querida secretaria.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en enero de 1916, cuando a las mujeres se nos exigían silencio, obediencia y gratitud, un grupo de mujeres decidió desobedecer, hablar, organizarse, romper la historia escrita por otros y empezar a escribir la propia.
En un México herido por la revolución, pero también lleno de esperanza, nació en Mérida, Yucatán, el Primer Congreso Feminista de México. No fue una reunión, fue una rebelión. No fue un gesto simbólico, fue un acto de dignidad política. Fue el momento en que las mujeres entendieron que la igualdad no se pide, se arrebata.
Aquellas mujeres maestras, periodistas, obreras, escritoras, madres, activistas se atrevieron a decir lo que nadie quería escuchar: no hay revolución posible si deja afuera a las mujeres, no hay justicia si se nos niega la voz, no hay patria si la mitad del pueblo vive sometida. En sus debates se habló de educación, de trabajo, de derechos civiles, de participación política, de libertad. Se habló de lo que hoy llamamos derechos humanos, pero que entonces era simplemente sobrevivir con dignidad en un país que nos quería invisibles.
Ese Congreso fue el nacimiento de un feminismo mexicano con raíces propias, nacido del suelo, del campo, de la escuela rural, del telar, de la fábrica, del hogar. Un feminismo que no se imitó, que no pidió permiso, que no esperó reconocimiento, un feminismo que brotó de las mujeres indígenas que sostuvieron comunidades enteras de las maestras que alfabetizaron el país, de las soldaderas que cargaron la revolución en el cuerpo y en el alma, de las madres que resistieron con hambre y coraje y de todas las que, sin nombre en los libros, sostuvieron a México con su trabajo y con su lucha.
El Primer Congreso Feminista rompió un silencio de siglos, las mujeres comenzaron a nombrar la violencia, la desigualdad, la exclusión, la injusticia. Sin embargo, no se les reconocieron entonces todos sus derechos, se sembró una semilla que ya nadie pudo arrancar. Y esta semilla creció durante décadas hasta que en 1953 las mujeres conquistaron el derecho al voto, pero que no se nos olvide, ese derecho nació en 1916, en la palabra de mujeres valientes que se atrevieron a imaginar un país distinto.
La lucha feminista en México no ha sido lineal ni cómoda, ha sido una lucha de resistencia frente a un sistema patriarcal que nos quiso fuera de la historia, de la política y del poder, pero aquí estamos organizándonos, legislando, decidiendo, transformando, hoy hablamos de paridad, de derechos laborales, de educación superior, de una vida libre de violencia, de autonomía sobre nuestros cuerpos porque otras mujeres antes que nosotras abrieron la grieta.
Y hoy, desde el Congreso paritario, desde esta tribuna que también nos fue negada, afirmamos con claridad: no estamos aquí por concesión sino por conquista. Somos herederas de aquella rebeldía y responsables de no traicionarla. El primer Congreso feminista no es mirar al pasado con nostalgia, es mirarlo con compromiso, es reconocer que cada derecho fue arrancado al silencio, que cada avance fue colectivo y que cada paso fue político.
Honrar a las mujeres de 1916 es continuar su causa, es legislar con perspectiva de género, es no retroceder, es no callar, es no pedir permiso, porque la historia de México no se entiende sin las mujeres y el futuro de este país solo puede construirse con nosotras al frente, con poder, con derechos plenos, con dignidad y con justicia. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, secretaria. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca: Compañeras, compañeros diputados. En enero de 2026 se conmemora el 110 aniversario del Congreso de Yucatán, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la lucha por la justicia, la igualdad y los derechos de las mujeres en el país. En 1916, mientras México seguía inmerso en un proceso revolucionario, un grupo de mujeres se reunía de manera abierta para debatir su lugar en la vida pública y el rumbo del país que estaba por redefinirse constitucionalmente.
Aquel encuentro, celebrado en Mérida y conocido como el primer Congreso feminista, significó una ruptura histórica, por primera vez las mujeres debatieron públicamente sus derechos en un contexto en el que no eran tomadas en cuenta para participar en el ejercicio del poder ni para pronunciarse sobre los temas de la vida pública.
Frente a esa exclusión alzaron la voz y colocaron su agenda en la esfera pública. Recordar ese Congreso no es solo evocar nuestros nombres o fechas, es reconocer la valentía, la visión y las estrategias de quienes imaginaron un horizonte en el que las mujeres fueran reconocidas como sujetas plenas de derechos civiles y políticos. Ahí se plantearon demandas concretas en materia de educación, participación política y derechos civiles y laborales. Demandas que enfrentaron resistencia, pero que perduraron porque se sustentaban en principios universales de equidad, libertad y de dignidad humana.
Hoy, 110 años después, es innegable que hemos avanzado. Existe un mayor acceso a las mujeres a la educación, leyes con perspectiva de género, mecanismos de protección para las víctimas de violencia y una presencia cada vez más amplia de mujeres en los espacios de toma de decisiones. Prueba de ello es la reciente reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, que reconoce que no basta con proclamar la igualdad ante la ley, sino que el Estado tiene la obligación de garantizar que esa igualdad sea real, efectiva y medible en la vida cotidiana.
Esta conmemoración también es un llamado urgente a la acción. La igualdad formal no garantiza por sí sola la igualdad real. Persisten brechas salariales, techos de cristal, violencia de género y barreras estructurales que limitan el pleno ejercicio de derechos, particularmente para las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, con discapacidad y las mujeres trans.
La memoria del Congreso Feminista de Yucatán nos convoca a actuar en tres frentes inseparables: asegurar derechos, transformar la cultura a través de la educación en igualdad y la deconstrucción de estereotipos, así como a impulsar una inclusión interseccional que no deje a ninguna mujer atrás como lo mandata el principio de igualdad sustantiva, hoy consagrado en la Constitución.
Cada avance conquistado a lo largo de estos 110 años debe protegerse, defenderse y profundizarse. Honrar el Congreso Feminista de Yucatán es no sólo un acto simbólico sino una responsabilidad constitucional y política con las mujeres de hoy y las generaciones que vendrán. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Campuzano González, del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora.
La senadora Gina Gerardina Campuzano González: Con su permiso, presidenta. Hace 110 años, en enero de 1916, más de 600 mujeres se reunieron en el teatro Peón Contreras, de Mérida, para hacer algo que en su tiempo fue profundamente incómodo: exigir derechos. Eran en su mayoría maestras, mujeres que habían vivido la exclusión, que habían sostenido el país educando generaciones enteras, sin reconocimiento ni derechos políticos y, aun así, decidieron organizarse, debatir y levantar la voz.
No fue una concesión del poder: fue una exigencia histórica. Ahí estuvieron mujeres como Consuelo Zavala, Elvia Carrillo Puerto y muchas otras. Y aunque no estuvo presente la voz de Hermila Galindo, resonó con fuerza cuando habló de educación científica, autonomía económica y participación política de las mujeres en igualdad de condiciones.
El Congreso no fue simbólico: había una grieta irreversible en la historia de México. De ahí nació el camino al voto y la participación política de las mujeres. Hoy, más de un siglo después, ese legado vive en esta tribuna. Hemos avanzado en paridad, leyes contra la violencia, mayor presencia de mujeres en la vida pública, pero no nos engañemos: hoy México sigue teniendo costos concretos, que no son discurso sino decisiones del gobierno.
A las mujeres se les ha quitado acceso oportuno a la salud, especialmente en tratamientos contra el cáncer. Se han debilitado programas de atención materna y preventiva, se eliminaron estancias infantiles, obligando a miles de madres a elegir entre trabajar o cuidar. Se han recortado albergues y refugios para mujeres víctimas de la violencia, dejándolas solas, teniendo que tomar decisiones de si... Dejándolas solas cuando huir —perdón— es la única forma de sobrevivir. Eso no es austeridad, eso es abandono institucional con rostro de mujer.
Por eso, esta efemérides no es solo memoria, es una advertencia. Porque hoy también se pretende cambiar las reglas electorales desde el poder, en una reforma que muchos llaman ya la ley Maduro, porque concreta decisiones y debilita contrapesos.
La historia es clara: cuando el poder se concentra, las primeras en perder somos las mujeres. La paridad no se sostiene sola, la representación política de las mujeres no es automática, depende de instituciones fuertes y de un árbitro autónomo, como el Instituto Nacional Electoral. Debilitarlo no es una reforma técnica, es un retroceso democrático. Desde Acción Nacional lo decimos con claridad: no hay democracia plena sin mujeres. No hay igualdad quitándonos salud, protección y oportunidades, y no hay justicia cuando el Estado abandona a quienes más lo necesitan.
Hoy, al recordar a las mujeres del Primer Congreso Feminista no sólo honramos su memoria, asumimos una responsabilidad. Que este aniversario no sea sólo un discurso sino un compromiso real con las mujeres de hoy. Porque no necesitamos permiso para liderar sino un Estado que no nos quite lo que tanto nos ha costado conquistar. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Adelante, secretaria, en nombre de su grupo parlamentario, Morena. Muchas gracias.
La senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias. Con su venia, presidenta. Cuando una mujer va a hacer cosas trascendentales, va a hacer cosas que realmente benefician a un colectivo de personas, lo primero que se hace es buscar denostarla, humillarla, discriminarla.
Y eso, como pasa hoy, pasó hace muchísimos años con alguien que inició todo este movimiento del Congreso Feminista, que fue nada más y nada menos que Rita Cetina, quien tuvo que aguantar muchísimos de estos intentos por obstaculizar su trabajo.
Imagínense que ella, siendo maestra y teniendo un instituto para niñas, desde los grupos conservadores le decían que no podía enseñar ni retórica, que es lo más importante para lo que estamos haciendo hoy, ni pedagogía. ¿Cómo una maestra va a educar a otras maestras sin la pedagogía?
Pero bueno, su trabajo a pesar de todos estos obstáculos rindió muchísimos frutos. Y es así como se formaron tiempito después un grupo de jóvenes, de mujeres jóvenes calificadas como el azote del conservadurismo de aquella época, esto dicho por la doctora Piedad Peniche, quien es la autora de un libro al que me encanta siempre recurrir en estos momentos que es La Siempreviva, Las Siemprevivas se llama.
A pesar de esta situación, tengo que comentar antes de entrar con Elvia Carrillo Puerto y todo este grupo de mujeres, que en el transcurso del año anterior a que empiece el Congreso Feminista, pues tuvieron el apoyo de un hombre, como lo hemos obtenido a lo largo de estos tiempos ¿no? Porque también nuestros compañeros tienen que votar o tuvieron que votar para que esto sea una realidad.
Y era y nada más y nada menos que el general Salvador Alvarado, y él fue el que apoya el Congreso Feminista, pero antes de ello, por ejemplo, envió reformas del Código Civil para permitir el divorcio absoluto. Es decir, que ya no sea una simple separación física, como en aquella época, y la mujer quede en garantía mientras se da el proceso de divorcio en casa de otro matrimonio.
Porque al final no perdían, el exesposo no perdía la tutela de la mujer, y hasta administraba sus bienes ya no siendo su pareja. O sea, que cañón ¿verdad? Que difícil, y que humillante y denigrante para nosotras. Pero, bueno, eso pasó en enero de 1915.
También ordenó a través de una circular emitida a los militares, para que se les dejara a las mujeres participar dentro de la administración pública. Es decir, su incorporación ya a los trabajos de la administración. Ojo, no podían ser mujeres casadas, tenían que ser mujeres solteras. Y en aquel entonces las mujeres solteras se emancipaban a los 30 años, es decir, adquirían su estatus de ciudadanas, entre comillas, porque no teníamos igualdad jurídica.
Y fue, esto pasó en abril de 1915, y hasta julio de ese año no se reformó la Ley de Educación para abrir las puertas a las mujeres a la universidad, ahora sí entraban en la universidad normalista, julio de 1915. Y ese mes se decretaron la igualdad jurídica de hombres y mujeres y la emancipación de estas últimas a los 21 años.
Entonces, esos cuatro sucesos importantes de 1915 dan pie ahora sí a que al siguiente año pudiera darse del 13 al 16 de enero de 1916, este Primer Congreso Feminista, donde se reunieron 620 mujeres, en su mayoría maestras, que se atrevieron a cuestionar de forma pública una serie de temas que hasta entonces pasaban en teoría desapercibidos para los grandes hombres revolucionarios, temas como el derecho a ser escuchadas y considerarse ciudadanas en igualdad de oportunidades y condiciones que los hombres.
Ese esfuerzo marcó el inicio de una incansable lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres en el país, en ese primer intento de cambiar las normas sociales que sometían a la mujer a permanecer en el ámbito privado, ¿por qué? Porque no podían estar en la vida pública, no podían ser parte de nada, acuérdense, siempre estaban bajo el mando del marido o bajo el mando de los padres.
Eso marcó el inicio de la lucha colectiva para exigir los derechos que hoy como mujeres podemos ejercer, como el de la ciudadanía, el derecho a votar y ser votadas y el derecho a la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, que hasta hoy parece que a muchas mujeres no les ha terminado de interesar o no quieren entender qué es lo que esto significa. Entre las asistentes a tan reconocido Congreso se encontraba por supuesto Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Cicero, Rosa Torres, Amalia Gómez Flota de Aguilar y Consuelo Zavala, entre muchas otras.
La presidenta del Congreso fue Adolfina Valencia, y se atrevieron a debatir públicamente respecto a temas de gran calado como el derecho al voto, el derecho al divorcio, a pesar de que ya había sido decretado, todavía tenía secuelas o secuencias que tenían que ser jurídicamente determinadas y por supuesto la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos que permitieran decidir sobre el rumbo de sus propias vidas a través de la autonomía de sus cuerpos y, por supuesto, la emancipación económica.
El encuentro fue tan relevante que siete años después, también en Yucatán, se realizaron los primeros comicios locales en los que las mujeres pudieron votar y ser votadas. Lograron ser elegidas diputadas locales Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cicero y Beatriz Peniche Barrera.
Pero les voy a decir algo, recurran ustedes al Diario de los Debates, recurran a los anales del Congreso y ¿saben qué? No aparecen, poco tiempo después las quitaron de sus cargos, por eso no aparecía en el registro. Este primer Congreso feminista como pueden ver fue un gran precedente que inició la discusión de la vida pública para lograr que las mujeres contáramos con estos derechos políticos y sociales en igualdad de condiciones.
Obviamente, el trabajo de ellas y el trabajo de todas las sufragistas que, a lo largo de todos estos años, de estos 110 años hicieron, nos da la oportunidad de llegar hasta este momento de tener un Congreso de la Unión de formación paritaria y, a su vez, con un amplio andamiaje jurídico que protege a las mujeres de cualquier tipo de violencia en razón de género, aunque algunas insisten en perpetuarlos.
Nos aseguran derechos laborales en igualdad de condiciones y recientemente ha reconocido la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública, lo aprobamos nosotras, hoy estamos aquí.
Por supuesto, era inimaginable y, por tanto, no se menciona en los anales de ese Congreso que a los 108 años después tengamos a la primera mujer presidenta de la República, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y de la que nos sentimos sumamente orgullosas, muy orgullosas y, por supuesto, que debemos honrar junto a ella la memoria de todas esas mujeres valientes y no nos vamos rendir y seguiremos luchando por aquellas cosas que nos faltan, principalmente la educación total plena, porque solo alguien con educación es completamente libre, no hay más.
Por último, esto no lo mencioné hace algunos días que se dio esta reunión nuevamente en la casona de Xicoténcatl, el teatro José Peón Contreras donde nos reunimos, donde se reunieron esas mujeres hace muchísimos años, hace 110 años y nos reunimos muchas de ustedes aquí presentes y su servidora también hace 10 años, ese teatro se encuentra cerrado.
El teatro sufrió en noviembre de 2022, entre comillas, un “cortocircuito” por falta de mantenimiento. Se quemó buena parte del teatro, y sufrimos no sólo las y los yucatecos por la infraestructura física del mismo, sufrimos los que están en la cultura, todos, pues el teatro era el núcleo cultural de todo el sureste y, por supuesto, las mujeres porque ahí están nuestras memorias.
Hacemos muchos votos para que el trabajo que está haciendo el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, con el INAH tenga muchos más frutos y podamos tener en breve ese teatro donde nos habría gustado reunirnos en estos 110 años de esta gran lucha. Muchísimas gracias y ya saben no bajemos la guardia, las mujeres siempre en México daremos la cara, estaremos firmes, esforzadas y valientes por hacer que nuestro país avance a pesar de cualquier obstáculo. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora. Vamos con esta intervención a concluir la efeméride, reconociendo la importancia de este Congreso Feminista en Yucatán, que permite que hoy la Cámara de Diputados y el Senado de la República sean paritarios y que, gracias a la apertura, el diálogo y el entendimiento votó para que en esta legislatura la senadora Laura Itzel Castillo presidiera el Senado y una servidora la Cámara de Diputados. Muchas gracias a todas y a todos nuestros compañeros por este espacio deliberativo hoy para este día reconocer el trabajo de millones de mujeres que nos han antecedido.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
EXHORTO AL CONGRESO DE LA UNIÓN A IMPULSAR DIVERSAS ACCIONES DE LA AGENDA FEMINISTA PARA FORTALECER, PROFUNDIZAR Y GARANTIZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos ahora a iniciar esta ronda de puntos de acuerdo. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y a sus dos Cámaras a impulsar diversas acciones de la agenda feminista para fortalecer, profundizar y garantizar la igualdad sustantiva. Adelante, senadora.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Quiero decir que continuando la conmemoración de que han hablado todas nuestras compañeras y compañero, en torno a este Congreso Feminista que se realizó hace 110 años, donde las mujeres plantearon el derecho al voto, la participación política, el control de la natalidad, la educación, la salud, es decir, mujeres subversivas de aquella época, por estar planteando esa serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos ahora conquistados.
Y el punto de acuerdo que estamos considerando para el día de hoy es un punto de acuerdo resultado del Congreso Feminista que llevamos a cabo el pasado 16 de enero en la Casona de Xicoténcatl, justamente para honrar a aquellas mujeres valientes que se atrevieron a plantear toda esta serie de cuestiones que a 110 años sabemos que hemos avanzado de una manera rotunda, hasta el hecho de contar en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con lo que es la igualdad sustantiva.
Con este reconocimiento y en este sentido también, como dijo nuestra compañera la presidenta Kenia López Rabadán, pues desde luego ahora contamos con 2 presidentas, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, con 12 gobernadoras y con una jefa de Gobierno, estamos con órganos como es el Instituto Nacional Electoral también encabezado por una mujer, el Banco de México, el Inegi.
Desde luego, en ambas Cámaras hemos alcanzado la paridad, de igual manera en diferentes congresos locales y estos avances son resultado también, desde luego, no diríamos que ninguna concesión graciosa, sino de la lucha que hemos dado desde los diferentes espacios de participación, para que realmente seamos reconocidas como sujetos actuantes con todos los derechos que nos corresponden.
Porque Mao Tse Tung decía que la mitad del cielo eran mujeres, nosotras decimos que más de la mitad de la Tierra y más del padrón electoral somos mujeres y que estas mujeres tenemos que estar representadas en todos los ámbitos en el país.
Por eso, en este Congreso que realizamos planteamos una declaratoria y ahí aprobamos que esta declaratoria tendría que haber sido presentada, desde luego, en el pleno de esta Comisión Permanente. Quiero señalar que ha sido firmada por diferentes diputadas, por senadoras que también están aquí presentes.
En este sentido, desde luego, en este Congreso Feminista participaron del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, activistas, académicas y todas aprobaron que hoy presentáramos este punto de acuerdo para que pueda aparecer desde luego en el Diario de los Debates. Y este punto de acuerdo, esta declaratoria del Congreso Feminista desarrollado el pasado 16 plantea lo siguiente:
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce formalmente al Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916 como el antecedente histórico de las grandes transformaciones para alcanzar la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres en el país.
Por lo anterior, se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a inscribir en sus respectivos muros de honor una frase alusiva que reconozca la acción histórica de aquellas valientes precursoras, organizadoras y participantes de este histórico Congreso, con el objetivo de impulsar acciones de memoria activa orientadas a la discusión cultural, educativa y documental del legado feminista histórico como parte de la construcción democrática y la justicia social.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la Unión a reforzar y continuar impulsando una agenda de igualdad sustantiva que garantice todos los derechos sociales, económicos, políticos y culturales para alcanzar la justicia, libertad, seguridad, educación y trabajo de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva y paridad, considerando una perspectiva interinstitucional e integracional en donde se reconozca a las diversidades de todas las mujeres.
Somos herederas honrosas de las mujeres que lucharon por la igualdad. Por tal motivo, éste es el punto de acuerdo que les planteamos de urgente y obvia resolución para seguir avanzando conforme lo plantea el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la progresividad. Y en eso estamos comprometidas para continuar la lucha hasta alcanzar verdaderamente esta igualdad plena entre hombres y mujeres. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted senadora. En términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, en votación económica, si la proposición se considera de urgente resolución.
La secretaria senadora Gina Gerardina Campuzano González: En votación económica se consulta, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias. Se considera de urgente resolución.
Por tanto, se somete a discusión y votación de inmediato. Ha solicitado el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Virginia Marie Magaña Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senadora.
La senadora Virginia Marie Magaña Fonseca: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros legisladores, en 2024 México inició una nueva etapa histórica con la llegada de la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbau Pardo.
Este hecho no es casualidad ni logro individual, es fruto de una lucha firme y profundamente colectiva de miles de mujeres que durante más de un siglo se negaron a aceptar la exclusión. Feministas, maestras, obreras, campesinas e intelectuales abrieron camino cuando hacerlo implicaba enfrentar estigmas y resistencias profundas. Uno de los momentos fundamentales fue el Primer Congreso Feminista de México, celebrado en Mérida, Yucatán, en 1916, con más de 600 participantes. En ese Congreso se planteó una idea plenamente vigente, que la igualdad reconocida en la ley resultaba insuficiente si no se traduce en condiciones reales para ejercerla.
Aquellas mujeres entendieron que, sin educación, sin autonomía económica y acceso efectivo a los espacios de decisión, la igualdad se convertía en promesa vacía. Desde entonces cada avance ha sido conquistado el voto femenino en 1953, las cuotas de género, las reformas de paridad. Hoy, más de un siglo después, México cuenta con una presidenta electa con legitimidad histórica. Sin duda es una victoria colectiva, pero también es un punto de partida, no de llegada.
Las desigualdades estructurales persisten en múltiples formas, en la carga desproporcionada de los cuidados que asumimos las mujeres, en las violencias de género que limitan los proyectos de vida, el acceso desigual a la justicia y en una autonomía económica que sigue siendo excepción y no regla. Por eso hablamos de igualdad sustantiva como obligación del Estado mexicano. Avanzar hacia allá implica cerrar brechas reales, transformar el sistema de cuidados, garantizar justicia con perspectiva de género y asegurar la paridad.
Desde el Partido Verde Ecologista de México continuaremos promoviendo iniciativas en materia de cuidados, una vida libre de violencias y autonomía económica para las mujeres, convencidas y convencidos de que los derechos requieren un marco jurídico adecuado y mecanismos efectivos de exigibilidad. Honrar a las mujeres que nos antecedieron significa asumir con responsabilidad la agenda feminista. Una sociedad que garantiza la igualdad de género es una sociedad verdaderamente democrática. Esa es nuestra responsabilidad histórica y nuestro compromiso. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez:Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En este punto de acuerdo que nos propone la senadora Laura Itzel Castillo, quisiera retomar que nos invita a las Cámaras a algo importante para materializar la lucha de las mujeres: impulsar diversas acciones de la agenda feminista para fortalecer, profundizar y garantizar la igualdad sustantiva.
Es fundamental tener un compromiso con esta agenda y no dejar de avanzar en los derechos que hemos conquistado a través de varias centurias. En el caso de la frase alusiva que nos invita a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, será fundamental ponernos de acuerdo y pronto develar estas frases aquí en el pleno de esta tribuna. En el caso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que aparte de ser un orgullo para las mujeres y para la nación, ha propiciado que se rescate la memoria histórica y los nombres de nuestras mujeres.
La Reina Roja que es una figura maya de gran relevancia histórica. También tenemos a Tecuichpo Ixcaxochitzin, que es la Flor Blanca o la Flor del señor Moctezuma. Hija del gran tlatoani Moctezuma II, que es símbolo de la continuidad histórica y de la experiencia indígena durante la transición tras la Conquista. La Señora Seis Mono, que es señora mixteca de Huachino, gobernante mixteca reconocida en nuestros códices.
Xiuhtlaltzin, flor de tierra tolteca, figura asociada a la tradición tolteca, que simboliza el vínculo espiritual con la tierra y la transmisión cultural. Malintzin, Señora de la Palabra, la lengua, la traductora. Intérprete y mediadora clave entre nuestras culturas. Eréndira, que es defensora purépecha, heroína indígena que resistió la invasión española.
Así se han reivindicado sus nombres y sus figuras, su lucha y sus acciones. Pero también Rita Cetina, que es precursora de los derechos de nosotras. Sembradora de conciencia feminista, a través de la educación. Ella entendió que educar a una mujer era transformar a toda la sociedad. Elvia Carrillo Puerto, quien hizo de la lucha feminista una causa de vida. Hermila Galindo, revolucionaria feminista, pionera en exigir el voto femenino en México cuando alzar la voz significaba enfrentarse al poder.
Y Rosa Torres González, la primera mujer electa para un cargo público en nuestro país, quien demostró que las mujeres no sólo podíamos participar, sino gobernar. Y hoy tenemos esta gran alianza de nuestras presidentas en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también la presidenta de México.
Este trayecto que hemos pasado las mujeres será fundamental para que las niñas y las adolescentes pueden ejercer sus derechos de manera plena. Hemos avanzado mucho, pero tenemos muchas tareas pendientes. Hemos logrado que mujeres y hombres no sólo seamos iguales ante la ley, sino que garanticemos como Estado condiciones reales y efectivas para ejercer esta igualdad.
Debemos tener también la eliminación de las brechas de desigualdad, sobre todo en materia laboral y en salario. La perspectiva de género en todas las políticas públicas debe hacerse realidad en todas las entidades. La vida libre de violencia como derecho es una conquista que, lamentablemente, ha sido atravesada por muchísima violencia que hemos recibido en todos los ámbitos de nuestra existencia. La igualdad salarial y laboral, y la participación política en condiciones igualitarias es fundamental para garantizar nuestro desarrollo en toda magnitud.
Corresponsabilidad de los cuidados, eso es fundamental, que las personas, los hombres y las mujeres hagan conciencia de toda la tarea que significan los cuidados y podamos distribuir las tareas de forma equitativa. El enfoque interseccional, la armonización legislativa de todos los códigos, leyes, y todas las leyes secundarias y locales, tendremos que armonizarlas, y es algo que llevará su tiempo y tenemos esa materia pendiente para ejercer las políticas públicas de manera transversal.
Y también debemos garantizar que la felicidad sea algo que se conquiste con el piso bien planito para las niñas, para que podamos seguir mostrándoles que los sueños se hacen realidad y que la lucha no es en vano. Que después de estos 110 años del Congreso Feminista, hoy al fin logramos paridad en todo y una presidenta mujer en México. Muchas gracias. Y enhorabuena, senadora, por este punto de acuerdo. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si la proposición se considera suficientemente discutida.
La secretaria senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Consulto a la asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano. Quienes se abstengan favor de levantar la mano. Mayoría por la negativa, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por tanto, no se considera suficientemente discutida.
Abrimos una siguiente ronda. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora.
La senadora Gina Gerardina Campuzano González: Compañeras y compañeros, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hablar de igualdad sustantiva no es hablar de discursos correctos, ni de frases bien intencionadas, es hablar de la vida real de millones de mujeres en México. Es hablar de mujeres que siguen enfrentando obstáculos todos los días. De mujeres que siguen cargando responsabilidades desiguales. De mujeres que aun así sostienen familias, comunidades y al propio país.
La igualdad sustantiva no significa que todas las mujeres... La igualdad sustantiva no significa que todas las mujeres seamos iguales, significa que todas tengamos las mismas oportunidades, la misma protección y el mismo valor ante el Estado, porque cuando una mujer no puede acceder a la justicia, la igualdad no existe. Cuando una mujer no puede acceder a la salud, la igualdad no existe. Cuando una mujer vive violencia, exclusión o discriminación, la igualdad sigue siendo una deuda pendiente.
Desde el Partido Acción Nacional lo decimos con claridad y orgullo: fuimos el primer partido político en México que presentó una iniciativa para reconocer el voto de las mujeres, ese hecho no es menor, no es anecdótico, marca una convicción profunda, creer en la dignidad, la libertad y la participación política plena de las mujeres cuando todavía no era una causa asumida por el Estado.
A lo largo de su historia, Acción Nacional ha sido un promotor constante de los derechos de las mujeres, de su participación política y de su igualdad ante la ley, esa historia no es solo un antecedente, es una responsabilidad permanente, por eso para el PAN la igualdad sustantiva no es una consigna ni una moda política, es un compromiso que exige coherencia, acciones reales y voluntad para avanzar, venga de donde venga la propuesta.
Este exhorto parte de una verdad fundamental, la igualdad no se construye con palabras, se construye con decisiones, se construye con políticas públicas, se construye con acciones que impacten la vida de las mujeres. Fortalecer la agenda de igualdad sustantiva es fortalecer la democracia, es apostar por una sociedad más justa, libre y humana, es reconocer que cuando a las mujeres les va bien, a México le va mejor.
Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro y responsable, que la igualdad importa, que los derechos importan y que la dignidad de las mujeres debe de ser una prioridad para el Estado más allá de partidos políticos. Por esas razones, por congruencia con nuestra historia y por convicción democrática, nuestro voto es a favor del presente exhorto. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora.
La senadora Sandra Luz Falcón Venegas: Con su permiso, presidenta. En 1916, cuando el país salía de uno de los momentos más históricos, más relevantes, surgía en Mérida una reunión que se atrevió a hacer algo profundamente transformador en el contexto de la época, una sociedad que hoy cumple 110 años y que sembró el reconocimiento de la vida democrática de las mujeres en México.
Justamente en el contexto de estos 110 años, nuestra querida amiga, senadora Laura Itzel Castillo, está presentando este punto de acuerdo. En aquel primer Congreso Feminista en 1916, de la mano de las mujeres valientes como Elvia Carrillo Puerto, Consuelo Zavala o Aurora Yáñez, quienes defendían la educación, el sufragio femenino y la organización política de las mujeres, nos hace recordar que el feminismo en México es una ética de vida diaria. Aquel Congreso feminista no fue sólo una reunión sino una propuesta para construir un México donde participar, opinar y alzar la voz no fuera un riesgo por razones de género.
Con este punto de acuerdo reconocemos a las mujeres de 1916 que a través de debates y organización se atrevieron a incomodar, no retrocedieron en la exigencia de derechos, su lucha sigue viva en cada espacio de representación, en cada hogar, en cada escuela y en cada familia, nuestros derechos han costado y deben protegerse.
Hoy hemos logrado avances en educación, en la participación política de las mujeres, hemos impulsado leyes, políticas públicas para proteger a las mujeres. Ya podemos ser llamadas ingenieras, mecánicas, pintoras, químicas, antropólogas, administradoras, veterinarias, juezas, astronautas, diputadas y, claro, presidenta de la República. Hagamos que lo que hoy se propone se convierta en un llamado a la responsabilidad pública y al reconocimiento hacia las mujeres que siempre han pensado y luchado en un tiempo en dónde ser mujer y opinar es sinónimo de rebeldía.
Nuestra igualdad, nuestra dignidad y reconocimiento busca construir espacios dónde ser mujeres no represente un riesgo y que la violencia, la desigualdad y la exclusión hacia nuestro género son pensamientos que deben transformarse. Con esta proposición nos hacemos cargo, porque reconoceremos que nuestros derechos no se han logrado solos, que a pesar de 110 años aún existe una deuda histórica con nosotras las mujeres.
Entendemos que las desigualdades siguen vigentes, pero asumimos que hoy seguimos teniendo la obligación de actuar para sostener estos derechos. Evitar retroceder y, lo más importante, exigir coherencia entre discursos y acciones.
A 110 años de aquel Congreso Feminista se han logrado marcos legales óptimos, reconocimiento de derechos, participación y visibilidad política. Nuestra labor es sostenerlos con políticas públicas incluyentes, presupuestos con enfoque de género y lo más importante, la voluntad personal e institucional para que nosotras las mujeres estemos seguras, podamos decidir y tengamos justicia y autonomía. Nuestra historia está escrita con organización, pensamiento y lucha colectiva. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutido.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutida. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE MARINA, A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A ESCLARECER INTEGRALMENTE EL ACCIDENTE DEL TREN INTEROCEÁNICO, OCURRIDO EN OAXACA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025, DETERMINAR RESPONSABILIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Salim Alle para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación a esclarecer integralmente el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los usuarios, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle:Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle: Muy buenas tardes. Hoy vengo a hablar de este trágico accidente del Tren Interoceánico, que también comentamos la semana pasada. La ciudadanía y seguramente la 4T cree, piensa que ya se nos olvidó y que ya se le olvidó a la ciudadanía, pues ¿qué creen? Pues no.
Hoy andan muy entretenidos porque les aterrizó un avión Hércules en el aeropuerto de Toluca y no vayan a pensar que venían por ya saben quién. Todavía no, todavía no. Entonces, sí, sí andaban muy distraídos ahorita con un avión y se les va el tema del Tren Interoceánico, pero no, aquí se los vamos a recordar con el punto de acuerdo que subió mi compañero Ernesto Sánchez.
Vengo a presentar este punto de acuerdo por el que se exhorta de manera urgente y enérgica a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación.
Compañeras y compañeros diputados y senadores, hoy hablaremos del Tren Interoceánico, que se descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025, pues ya casi ha pasado un mes sobre este lamentable suceso y las autoridades del gobierno de México no han esclarecido de forma integral qué sucedió. Así, como tampoco se han determinado las responsabilidades de las personas.
Estamos hablando de 14 personas fallecidas y de más de 100 lesionados, de sus familias y de la ciudadanía que merecen conocer, sin sesgos políticos y con pleno rigor técnico, qué fue lo que sucedió, qué falló, quién o quiénes son los responsables y qué sanciones administrativas y penales se les van a imponer. Por eso a través de este punto de acuerdo estamos exhortando a la Marina para que suspenda de forma preventiva la operación del tren, del tramo ferroviario del Tren Interoceánico, donde ocurrió este lamentable accidente.
Asimismo, exhortamos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a informar a esta soberanía sobre lo ocurrido. ¿Cuál es el estado técnico y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en este tramo? Que se nos informe sobre la flexibilidad, existencia y vigencia de los dictámenes técnicos que ocurrieron en este lamentable accidente. Que se nos informe sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad ferroviaria aplicables y las acciones de supervisión y verificación realizadas antes del accidente.
No tenemos duda de que hay que exhortar a la Fiscalía General de la República a agilizar la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico que garantice la seguridad de las personas que ahí estuvieron, en el accidente.
También es necesario exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a practicar una auditoría integral y específica sobre la planeación, contratación, operación, mantenimiento y ejercicio de recursos públicos del Tren Interoceánico, enfatizando los aspectos de seguridad ferroviaria, de mantenimiento de estructura y de capacitación del personal para que pueda determinar, en todo caso, cuáles son las responsabilidades.
Finalmente, en el Grupo Parlamentario del PAN creemos que se debe exhortar al Ejecutivo federal a garantizar una atención integral de las víctimas y familias de los fallecidos. Que se les garantice la reparación integral de los daños y perjuicios. Que se comprometa a brindarles acompañamiento permanente de apoyos médicos, económicos, sociales y morales.
No podemos aceptar que estas tragedias solamente se archiven como estadísticas, porque las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico merecen algo más que discursos, merecen verdad, justicia y reparación. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar, a la SICT, a la FGR y a la ASF a esclarecer integralmente el accidente del tren interoceánico ocurrido en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los usuarios, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera urgente y enérgica a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, a esclarecer integralmente el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los usuarios , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el marco de los proyectos estratégicos impulsados por el actual gobierno federal, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue anunciado como una obra emblemática destinada a transformar la dinámica económica y social del sur de México. Se presentó como un eje de modernidad, integración y progreso, con la promesa de conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México y de convertir al Istmo en un polo logístico de alcance internacional. La narrativa oficial insistió en que este proyecto representaba una oportunidad histórica para reducir desigualdades regionales, generar empleos y atraer inversiones. Sin embargo, la tragedia ocurrida el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca ha puesto en evidencia las fragilidades de un modelo de gestión que privilegió la propaganda sobre la planeación y la seguridad.
El accidente se registró a las 09: 28 horas en el tramo Nizanda—Chivela de la Línea Z del Tren Interoceánico. El convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, con aproximadamente 250 personas a bordo. El saldo fue devastador: trece personas fallecidas, noventa y ocho lesionadas, treinta y seis hospitalizadas y una persona aún no localizada. La Fiscalía General de la República inició investigaciones inmediatas y mantiene bajo resguardo la caja negra ferroviaria, mientras que la Secretaría de Marina, responsable de la operación del proyecto, confirmó los datos oficiales. De manera preliminar se señaló que la locomotora principal se salió de las vías, provocando el descarrilamiento.
Más allá de las cifras, el accidente representa una herida profunda para Oaxaca y para México. Detrás de cada número hay familias que hoy enfrentan pérdidas irreparables, comunidades que viven con miedo y desconfianza, y ciudadanos que confiaron en un transporte que debía garantizar seguridad. Madres que viajaban con sus hijos para visitar familiares en fin de año, trabajadores que se desplazaban confiando en un servicio público, comunidades que habían depositado esperanza en un proyecto que se les prometió como motor de desarrollo. La dimensión humana de la tragedia obliga a reconocer que no se trata únicamente de un fallo técnico, sino de un problema estructural que exhibe la vulnerabilidad de los pasajeros frente a la falta de protocolos de seguridad y la improvisación en la operación de un proyecto de gran escala.
El impacto político y social es innegable. El accidente desnuda la improvisación y la falta de responsabilidad en la operación de un proyecto que fue presentado como emblema del gobierno federal. La tragedia obliga a replantear la solidez de los estudios técnicos detrás de los megaproyectos, la supervisión de la seguridad de los pasajeros y los mecanismos de transparencia que deberían garantizar que la inversión pública no se traduzca en riesgos mortales. La confianza ciudadana en las instituciones se ve debilitada cuando proyectos estratégicos, financiados con recursos públicos y anunciados como motores de desarrollo, terminan convertidos en escenarios de dolor y pérdida.
Diversos especialistas en infraestructura y transporte habían advertido previamente sobre riesgos asociados al Tren Interoceánico. Se señaló la falta de mantenimiento en las vías férreas existentes, la carencia de estudios técnicos actualizados, la ausencia de protocolos de seguridad homologados con estándares internacionales y la militarización de la operación sin experiencia técnica ferroviaria. Estas críticas fueron desestimadas por el gobierno federal, que priorizó la narrativa política sobre la planeación técnica. El accidente confirma la pertinencia de dichas advertencias y obliga a reconocer que la responsabilidad institucional no puede limitarse a un error operativo, sino que involucra el diseño del proyecto, la operación bajo una institución sin experiencia ferroviaria, la ausencia de auditorías externas y la opacidad en la información sobre costos, mantenimiento y seguridad.
El accidente del Tren Interoceánico abre la discusión sobre la necesidad de fortalecer el marco regulatorio en materia de infraestructura crítica. Se requieren reformas que garanticen protocolos de seguridad homologados con estándares internacionales, auditorías externas obligatorias en proyectos estratégicos, transparencia en la operación y mantenimiento de infraestructura pública, y responsabilidad institucional clara en caso de accidentes. La tragedia en Oaxaca no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de gestión que privilegia los anuncios sobre la seguridad y la propaganda sobre la planeación.
El accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no puede entenderse únicamente como un hecho aislado dentro de la historia ferroviaria de México, sino como parte de una cadena de eventos que revelan las debilidades estructurales en la planeación, operación y supervisión de proyectos estratégicos. A lo largo de la historia nacional, los accidentes ferroviarios han sido recurrentes, y cada uno de ellos ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con marcos regulatorios más sólidos y con instituciones capaces de garantizar la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, las lecciones aprendidas en el pasado no siempre se han traducido en reformas efectivas, lo que ha permitido que se repitan tragedias como la ocurrida en diciembre de 2025.
En comparación con otros países, México enfrenta un rezago significativo en materia de seguridad ferroviaria. Mientras que en Europa y Asia se han implementado sistemas de control automatizado, auditorías externas periódicas y protocolos de mantenimiento homologados con estándares internacionales, en México persisten prácticas obsoletas, falta de inversión en infraestructura y ausencia de mecanismos de transparencia. El accidente del Tren Interoceánico exhibe esta brecha y obliga a reconocer que la modernización de los proyectos estratégicos no puede limitarse a la construcción de nuevas vías o a la adquisición de locomotoras, sino que debe incluir un rediseño integral de los sistemas de seguridad y supervisión.
El impacto económico del accidente es también considerable. El Corredor Interoceánico fue concebido como un motor de desarrollo regional, capaz de atraer inversiones y generar empleos. La tragedia ha debilitado la confianza de los inversionistas y ha generado incertidumbre en las comunidades locales, que ahora cuestionan la viabilidad del proyecto. Los recursos públicos invertidos en la obra se ven comprometidos por la falta de resultados tangibles y por el riesgo de que nuevos accidentes afecten la operación. Además, las pérdidas humanas y materiales tienen un costo social incalculable, pues afectan directamente a las familias y comunidades que habían depositado su esperanza en el proyecto.
La responsabilidad política y administrativa es ineludible. La operación del Tren Interoceánico quedó bajo la Secretaría de Marina, institución que carece de experiencia técnica en materia ferroviaria. La decisión de militarizar la gestión de proyectos estratégicos fue justificada bajo el argumento de garantizar seguridad y eficiencia, pero el accidente demuestra que la falta de especialización puede tener consecuencias graves. La Fiscalía General de la República investiga las causas del accidente, pero más allá de las responsabilidades técnicas, es necesario determinar las responsabilidades políticas de quienes tomaron decisiones sin considerar los riesgos asociados. La opacidad en la información sobre costos, mantenimiento y protocolos de seguridad refuerza la percepción de improvisación y negligencia.
El accidente también tiene un impacto social profundo. Las comunidades del Istmo de Tehuantepec habían recibido el proyecto como una promesa de desarrollo y modernidad. Hoy enfrentan miedo, desconfianza y dolor. La tragedia ha debilitado la relación entre el Estado y las comunidades, generando un clima de incertidumbre que puede afectar la gobernabilidad en la región. La confianza ciudadana en las instituciones se ve erosionada cuando los proyectos estratégicos, financiados con recursos públicos y anunciados como motores de desarrollo, terminan convertidos en escenarios de pérdida y sufrimiento.
La necesidad de reformas legislativas es evidente. El accidente del Tren Interoceánico obliga a replantear el marco regulatorio en materia de infraestructura crítica. Se requieren reformas que garanticen protocolos de seguridad homologados con estándares internacionales, auditorías externas obligatorias en proyectos estratégicos, transparencia en la operación y mantenimiento de infraestructura pública, y responsabilidad institucional clara en caso de accidentes. Además, es necesario establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan a las comunidades involucradas supervisar la operación de los proyectos y exigir rendición de cuentas.
El análisis comparado con otros países ofrece lecciones valiosas. En Japón, por ejemplo, los sistemas ferroviarios cuentan con protocolos de seguridad altamente sofisticados, que incluyen sensores automatizados, auditorías externas y capacitación constante del personal. En Alemania, la transparencia en la operación de los proyectos estratégicos es un requisito legal, y las auditorías externas son obligatorias. En México, la ausencia de estos mecanismos ha permitido que se repitan tragedias como la ocurrida en Oaxaca. La modernización de los proyectos estratégicos debe incluir la adopción de estándares internacionales y la implementación de mecanismos de supervisión independientes.
La dimensión humana del accidente no puede ser ignorada. Detrás de cada cifra hay historias de dolor y pérdida. Madres que viajaban con sus hijos para visitar familiares en fin de año, trabajadores que confiaron en un transporte que debía garantizar seguridad, comunidades que habían depositado su esperanza en un proyecto que se les prometió como motor de desarrollo. La tragedia obliga a reconocer que la seguridad de los ciudadanos debe ser la prioridad en cualquier proyecto estratégico, y que la improvisación y la negligencia tienen consecuencias irreparables.
El mensaje político es claro: el desarrollo regional es necesario y urgente, pero debe construirse con rigor técnico, responsabilidad institucional y respeto absoluto a la vida de los ciudadanos. La tragedia en Oaxaca no puede reducirse a un accidente aislado, sino que debe ser entendida como el reflejo de un modelo de gestión que privilegia la propaganda sobre la planeación y los anuncios sobre la seguridad. El PAN reafirma su compromiso de ser voz crítica y responsable, exigiendo investigación independiente y transparente, determinación de responsabilidades técnicas, administrativas y políticas, protocolos de seguridad verificables con auditorías externas, y atención integral a las víctimas y sus familias.
El accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca es un llamado de atención para todo el país. La modernización de los proyectos estratégicos no puede limitarse a la construcción de nuevas vías o a la adquisición de locomotoras, sino que debe incluir un rediseño integral de los sistemas de seguridad y supervisión. La confianza ciudadana en las instituciones depende de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para responder con responsabilidad y transparencia en caso de accidentes. La tragedia obliga a replantear la forma en que se diseñan, operan y supervisan los proyectos estratégicos en México, y a reconocer que la seguridad de los ciudadanos debe ser la prioridad en cualquier proyecto de desarrollo. Referencias
El Universal. (2025, diciembre 28). Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos en Oaxaca. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx
Milenio. (2025, diciembre 28). Tragedia en Oaxaca: Tren Interoceánico con 250 pasajeros se descarrila; 13 muertos. Milenio. https://www.milenio.com
Infobae México. (2025, diciembre 28). Accidente del Tren Interoceánico: una persona desaparecida y 13 fallecidos en Oaxaca. Infobae. https://www.infobae.com/ mexico
La Jornada. (2025, diciembre 28). Descarrilamiento del Tren Interoceánico exhibe fallas en operación y supervisión. La Jornada. https://www.jornada.com.mx
Forbes México. (2025, diciembre 28). Impacto político y social del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca. Forbes México. https://www.forbes.com.mx
Quadratín Oaxaca. (2025, diciembre 28). Confirman descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Quadratín Oaxaca. https://oaxaca.quadratin.com.mx
Expansión Política. (2025, diciembre 28). Secretaría de Marina confirma accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca. Expansión Política. https://politica.expansion.mx
TV Azteca Noticias. (2025, diciembre 28). Descarrilamiento del Tren Interoceánico: 13 muertos y 98 lesionados. TV Azteca. https://www.tvazteca.com
Las consideraciones que derivan del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca deben partir de un reconocimiento integral de la magnitud de la tragedia y de las responsabilidades institucionales que se desprenden de ella. No se trata únicamente de un hecho desafortunado, sino de un acontecimiento que exhibe las debilidades estructurales en la planeación, operación y supervisión de proyectos estratégicos en México. La Cámara de Diputados, en su carácter de órgano de representación nacional, tiene la obligación de analizar con rigor las implicaciones de este accidente y de establecer las bases para que hechos similares no vuelvan a repetirse.
El primer elemento a considerar es la dimensión humana de la tragedia. Trece personas fallecidas, noventa y ocho lesionadas y una persona aún no localizada no son cifras abstractas, sino vidas truncadas, familias en duelo y comunidades que enfrentan el dolor y la incertidumbre. Cada víctima representa una historia interrumpida, un proyecto de vida que se vio afectado por la falta de seguridad en un transporte que debía ser confiable.
La Cámara no puede permanecer indiferente ante este sufrimiento, y debe reconocer que la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos es un mandato constitucional que debe prevalecer sobre cualquier interés político o propagandístico.
El segundo elemento es la responsabilidad institucional. El Tren Interoceánico fue presentado como un proyecto estratégico bajo la operación de la Secretaría de Marina, institución que carece de experiencia técnica en materia ferroviaria. La decisión de militarizar la gestión de proyectos estratégicos fue justificada bajo el argumento de garantizar seguridad y eficiencia, pero el accidente demuestra que la falta de especialización puede tener consecuencias graves. La Cámara debe considerar que la asignación de responsabilidades en proyectos de infraestructura crítica no puede basarse en criterios políticos o propagandísticos, sino en la capacidad técnica y en la experiencia comprobada de las instituciones responsables.
El tercer elemento es la necesidad de transparencia. La opacidad en la información sobre costos, mantenimiento y protocolos de seguridad refuerza la percepción de improvisación y negligencia. La Cámara debe considerar que la transparencia no es un requisito accesorio, sino un principio fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones. La falta de información clara y verificable sobre el proyecto impide que los ciudadanos puedan evaluar su viabilidad y seguridad, y genera un clima de desconfianza que afecta la gobernabilidad en la región.
El cuarto elemento es la pertinencia de las críticas previas al proyecto. Diversos especialistas en infraestructura y transporte habían advertido sobre riesgos asociados al Tren Interoceánico, incluyendo la falta de mantenimiento en las vías férreas existentes, la carencia de estudios técnicos actualizados, la ausencia de protocolos de seguridad homologados con estándares internacionales y la militarización de la operación sin experiencia técnica ferroviaria. Estas críticas fueron desestimadas por el gobierno federal, que priorizó la narrativa política sobre la planeación técnica. La Cámara debe considerar que la desestimación de las advertencias de los especialistas constituye una negligencia institucional que contribuyó al accidente.
El quinto elemento es el impacto económico y social. El Corredor Interoceánico fue concebido como un motor de desarrollo regional, capaz de atraer inversiones y generar empleos. La tragedia ha debilitado la confianza de los inversionistas y ha generado incertidumbre en las comunidades locales, que ahora cuestionan la viabilidad del proyecto. La Cámara debe considerar que el impacto económico del accidente no se limita a las pérdidas materiales, sino que incluye la pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El sexto elemento es la necesidad de reformas legislativas. El accidente del Tren Interoceánico obliga a replantear el marco regulatorio en materia de infraestructura crítica. La Cámara debe considerar que se requieren reformas que garanticen protocolos de seguridad homologados con estándares internacionales, auditorías externas obligatorias en proyectos estratégicos, transparencia en la operación y mantenimiento de infraestructura pública, y responsabilidad institucional clara en caso de accidentes. Estas reformas no son opcionales, sino indispensables para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la viabilidad de los proyectos estratégicos.
El séptimo elemento es el análisis comparado con otros países. En Japón, los sistemas ferroviarios cuentan con protocolos de seguridad altamente sofisticados, que incluyen sensores automatizados, auditorías externas y capacitación constante del personal. En Alemania, la transparencia en la operación de los proyectos estratégicos es un requisito legal, y las auditorías externas son obligatorias. En México, la ausencia de estos mecanismos ha permitido que se repitan tragedias como la ocurrida en Oaxaca. La Cámara debe considerar que la modernización de los proyectos estratégicos debe incluir la adopción de estándares internacionales y la implementación de mecanismos de supervisión independientes.
El octavo elemento es el mensaje político. La tragedia en Oaxaca no puede reducirse a un accidente aislado, sino que debe ser entendida como el reflejo de un modelo de gestión que privilegia la propaganda sobre la planeación y los anuncios sobre la seguridad. La Cámara debe considerar que el desarrollo regional es necesario y urgente, pero debe construirse con rigor técnico, responsabilidad institucional y respeto absoluto a la vida de los ciudadanos. El compromiso de la Cámara debe ser garantizar que los proyectos estratégicos se diseñen, operen y supervisen con criterios técnicos y con mecanismos de rendición de cuentas que aseguren la protección de los ciudadanos.
Las consideraciones finales deben partir de la premisa de que el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no es un hecho aislado ni un evento fortuito, sino el resultado de una cadena de decisiones institucionales que privilegiaron la propaganda sobre la planeación y la improvisación sobre la técnica. La Cámara de Diputados tiene la obligación de reconocer que la tragedia exhibe un modelo de gestión que carece de rigor técnico y que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. La protección de la vida y la integridad de las personas es un mandato constitucional que debe prevalecer sobre cualquier interés político, y la falta de cumplimiento de este mandato constituye una responsabilidad institucional que no puede ser ignorada.
La responsabilidad política es un aspecto central. El gobierno federal presentó el Tren Interoceánico como un proyecto estratégico, pero la operación fue asignada a la Secretaría de Marina, institución que carece de experiencia en materia ferroviaria. La decisión de militarizar la gestión de proyectos estratégicos fue justificada bajo el argumento de garantizar seguridad y eficiencia, pero el accidente demuestra que la falta de especialización puede tener consecuencias graves. La Cámara debe considerar que la asignación de responsabilidades en proyectos de infraestructura crítica no puede basarse en criterios políticos o propagandísticos, sino en la capacidad técnica y en la experiencia comprobada de las instituciones responsables. La responsabilidad política no se limita a quienes operan el proyecto, sino que incluye a quienes tomaron decisiones sin considerar los riesgos asociados.
La responsabilidad administrativa también debe ser determinada. La Fiscalía General de la República investiga las causas del accidente, pero más allá de las responsabilidades técnicas, es necesario establecer las responsabilidades administrativas de quienes omitieron protocolos de seguridad, desestimaron las advertencias de los especialistas y permitieron que el proyecto operara sin auditorías externas. La Cámara debe considerar que la falta de cumplimiento de las obligaciones administrativas constituye una negligencia institucional que contribuyó al accidente. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben actuar con diligencia, transparencia y responsabilidad, y la omisión de estas obligaciones debe ser sancionada conforme a la ley.
La necesidad de reformas legislativas es evidente. El accidente obliga a replantear el marco regulatorio en materia de infraestructura crítica. La Cámara debe considerar que se requieren reformas que garanticen protocolos de seguridad homologados con estándares internacionales, auditorías externas obligatorias en proyectos estratégicos, transparencia en la operación y mantenimiento de infraestructura pública, y responsabilidad institucional clara en caso de accidentes. Estas reformas deben incluir la creación de un organismo independiente encargado de supervisar la seguridad de los proyectos estratégicos, con facultades para realizar auditorías externas y para exigir la rendición de cuentas de las instituciones responsables.
La participación ciudadana es otro aspecto fundamental. Las comunidades del Istmo de Tehuantepec habían recibido el proyecto como una promesa de desarrollo y modernidad, pero hoy enfrentan miedo, desconfianza y dolor. La Cámara debe considerar que la participación ciudadana en la supervisión de los proyectos estratégicos es indispensable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La creación de mecanismos de participación ciudadana permitiría a las comunidades involucradas supervisar la operación de los proyectos y exigir que se cumplan los protocolos de seguridad.
El análisis comparado con otros países ofrece lecciones valiosas. En Japón, los sistemas ferroviarios cuentan con protocolos de seguridad altamente sofisticados, que incluyen sensores automatizados, auditorías externas y capacitación constante del personal. En Alemania, la transparencia en la operación de los proyectos estratégicos es un requisito legal, y las auditorías externas son obligatorias. En México, la ausencia de estos mecanismos ha permitido que se repitan tragedias como la ocurrida en Oaxaca. La Cámara debe considerar que la modernización de los proyectos estratégicos debe incluir la adopción de estándares internacionales y la implementación de mecanismos de supervisión independientes.
La dimensión humana del accidente no puede ser ignorada. Detrás de cada cifra hay historias de dolor y pérdida. Madres que viajaban con sus hijos para visitar familiares en fin de año, trabajadores que confiaron en un transporte que debía garantizar seguridad, comunidades que habían depositado su esperanza en un proyecto que se les prometió como motor de desarrollo. La tragedia obliga a reconocer que la seguridad de los ciudadanos debe ser la prioridad en cualquier proyecto estratégico, y que la improvisación y la negligencia tienen consecuencias irreparables.
El mensaje político es claro: el desarrollo regional es necesario y urgente, pero debe construirse con rigor técnico, responsabilidad institucional y respeto absoluto a la vida de los ciudadanos. La tragedia en Oaxaca no puede reducirse a un accidente aislado, sino que debe ser entendida como el reflejo de un modelo de gestión que privilegia la propaganda sobre la planeación y los anuncios sobre la seguridad. La Cámara debe considerar que su compromiso es garantizar que los proyectos estratégicos se diseñen, operen y supervisen con criterios técnicos y con mecanismos de rendición de cuentas que aseguren la protección de los ciudadanos.
En conclusión, las consideraciones derivadas del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca obligan a la Cámara de Diputados a reconocer la magnitud de la tragedia, a determinar las responsabilidades políticas y administrativas, a impulsar reformas legislativas que garanticen la seguridad de los ciudadanos y a establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan la supervisión de los proyectos estratégicos. La protección de la vida y la integridad de los ciudadanos debe ser la prioridad en cualquier proyecto de desarrollo, y la falta de cumplimiento de este mandato constituye una responsabilidad institucional que no puede ser ignorada.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera urgente y enérgica a la Secretaría de Marina para que suspenda de forma preventiva la operación del tramo ferroviario del Tren Interoceánico donde ocurrió el accidente del 28 de diciembre de 2025, hasta en tanto se acredite, mediante auditorías técnicas externas, independientes y verificables, que las condiciones de seguridad ferroviaria cumplen con los estándares tanto nacionales como internacionales, y remita a esta soberanía un informe técnico detallado en un plazo no mayor a treinta días naturales.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe por escrito a esta soberanía, en un plazo máximo de treinta días naturales, sobre:
a) el estado técnico y de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en el tramo Nizanda—Chivela;
b) la existencia y vigencia de dictámenes técnicos, certificaciones y evaluaciones de riesgo conforme a lo dispuesto por la normatividad de la materia;
c) los protocolos de seguridad ferroviaria aplicables y su grado de cumplimiento; y
d) las acciones de supervisión y verificación realizadas con anterioridad al accidente.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que agilice la investigación del accidente del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, que ésta se realice con plena autonomía, exhaustividad y transparencia, y contemple el deslinde de responsabilidades sin limitarse a errores operativos individuales, informando oportunamente a esta soberanía sobre los avances y resultados de la investigación.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, realice una auditoría integral y específica sobre la planeación, contratación, operación, mantenimiento y ejercicio de recursos públicos del Tren Interoceánico, con énfasis en los aspectos de seguridad ferroviaria, mantenimiento de infraestructura y capacitación del personal, y determine, en su caso, las responsabilidades por acción u omisión.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que garantice atención integral, reparación del daño y acompañamiento permanente a las víctimas del accidente y a sus familiares, incluyendo atención médica, psicológica, apoyo social, indemnización conforme a la ley y medidas de garantía de no repetición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2026.– Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a la Tercera Comisión, Asuntos Económicos.
EXHORTO AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA ESAF, REALICE UNA AUDITORÍA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS, RESPECTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene —gracias a usted— la palabra hasta por cinco minutos la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Morelos a practicar por la ESAF una auditoría al presidente municipal de Cuautla, Morelos, respecto a la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal de 2025. Adelante, senadora.
La senadora Juanita Guerra Mena: Con su venia, diputada presidenta. Con la gran venia del pueblo de Morelos y en específico de la heroica histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Presenté este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Congreso de Morelos a practicar a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización ESAF, una auditoría al presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal en el ejercicio de 2025.
La rendición de cuentas es y debe ser clara, porque ésta no debe ser opcional. Es obligación de quienes ejercen recurso público transparentarlo, su uso para conocimiento de la propia ciudadanía, quien pagamos impuestos.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece claramente en el artículo 36: Durante el ejercicio del ayuntamiento en diciembre, el presidente municipal presentará por escrito el informe respecto a las actividades desarrolladas por la administración pública municipal en el estado, ese estado que debe guardar y por la anualidad que corresponda.
Éste no deberá limitarse a una exposición política o narrativa, sino que debe contener información financiera, presupuestal y administrativa suficiente que permita evaluar el destino y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de metas y programas establecidos.
Es de suma importancia establecer que, en el informe anual presentado por el presidente municipal de Cuautla, Morelos, no se especifican los movimientos del presupuesto municipal ni se detalla el ejercicio del gasto público, las adecuaciones presupuestales, el destino específico de los recursos ni la situación financiera real del municipio.
Y esto conlleva al tema de seguridad. Debe rendir cuentas para la seguridad de las y los cuautlenses, que esto, en una adecuada fiscalización y evaluación de gestión pública. Por ello, dicha omisión vulnera el derecho de acceso a la información pública, limita las facultades de supervisión y control del órgano colegiado municipal, y genera un escenario de opacidad financiera que puede traducirse en responsabilidades administrativas financieras o incluso en otra naturaleza conforme a la legislación. Y para muestra tres ejemplos contundentes:
Primero. Menciona —que el presidente municipal de Cuautla— la construcción de cinco arcos de seguridad, cuando es ampliamente conocido por la comunidad y, sobre todo, la ciudadanía cuautlense que únicamente hay dos arcos, además de que se les conocen los montos y los recursos utilizados y aplicados. Segundo, la presentación de la famosa banda, que informe un presidente, por lo cual se desconoce el uso del recurso público, cuánto fue el monto erogado, si haber sido el punto de acuerdo aprobado. Este no fue aprobado por el cabildo y eso es vulneración porque también hacen desvío de un recurso público.
Cuautla está sumido en un alto índice de violencia, sobre todo por la delincuencia. Y el presidente municipal preocupándose de un grupo musical, llevar a un informe. Vaya manera en que administra el recurso público del municipio.
Para los cuautlenses, se requieren servicios. Para los cuautlenses, se requiere seguridad. Para los cuautlenses, se quiere y requiere garantía. Por ello, a la fecha el que no se ha pagado el aguinaldo, la segunda parte de aguinaldo de los trabajadores, eso es no tener vergüenza. La ley por parte en el estado de Morelos establece que las fechas para el pago total sería el 15 de diciembre o al 15 de enero. Aún no reciben su aguinaldo completo los trabajadores por la irresponsabilidad del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián.
Por todo lo anterior solicito de forma respetuosa a esta asamblea que por medio de este punto de acuerdo la intervención de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización en el estado de Morelos, la ESAF, para realizar la auditoría del ejercicio de Cuenta Pública del año 2025, a fin de garantizar la legalidad, transparencia y la correcta aplicación del presupuesto del municipio de la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos.
Esclarecer el manejo de los recursos públicos, se determinen las responsabilidades a que haya lugar y se garantice el derecho de la ciudadanía a una gestión pública transparente y completamente responsable. Porque las cuentas claras, porque también los ciudadanos se merecen servicio de calidad. Por eso presento este punto de acuerdo. Viva la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Viva Morelos. Viva México. Es cuanto, presidenta.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Morelos, para que, a través de la ESAF, realice una auditoría al presidente municipal de Cuautla, Morelos, el ciudadano Jesús Corona Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal ejercido en 2025, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM
La suscrita senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la LXVI Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se Exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos, para que, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), realice una auditoría al Presidente Municipal de Cuautla Morelos, El C. Jesús Corona Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal ejercido en 2025, al tenor de lo siguiente
Antecedentes
La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos constituyen principios fundamentales del Estado democrático y de derecho, consagrados en el artículo 6o, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a todas las autoridades a informar de manera clara, completa y verificable sobre el uso del erario.
Artículo 6o. ...
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
En este mismo sentido, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece en su artículo 36, que “durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, el Presidente Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las actividades desarrolladas por la administración pública municipal y el estado que guarda ésta, por la anualidad que corresponda”, este no deberá limitarse a una exposición política o narrativa, sino que debe contener información financiera, presupuestal y administrativa suficiente, que permita evaluar el destino y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de metas y programas establecidos.
No obstante, es de suma importancia establecer, que en el Informe Anual presentado por el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, no se especifican los movimientos del presupuesto municipal, ni se detalla el ejercicio del gasto público, las adecuaciones presupuestales, el destino específico de los recursos, ni la situación financiera real del municipio, lo que impide una adecuada fiscalización y evaluación de la gestión pública.
Dicha omisión vulnera el derecho de acceso a la información pública, limita las facultades de supervisión y control del órgano colegiado municipal y genera un escenario de opacidad financiera, que puede traducirse en responsabilidades administrativas, financieras o incluso de otra naturaleza, conforme a la legislación aplicable.
Si bien es cierto que el pasado 8 de enero del año en curso, el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, acudió a rendir su Primer Informe Anual de Actividades, lo cierto es que dicho acto careció de la información sustantiva que la ley y los principios de transparencia y rendición de cuentas exigen.
En efecto, durante dicho informe no se detalló el trabajo efectivamente realizado, la distribución del gasto público, tampoco se especificaron las obras públicas ejecutadas o pendientes dentro del Municipio, tampoco se informaron de manera clara y oportuna los diversos movimientos de personal realizados en su gabinete, mismos que se llevaron a cabo sin previo aviso ni autorización del Cabildo.
Resulta particularmente preocupante que el citado protocolo del Primer Informe Anual no se haya utilizado para informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración municipal, sino que, por el contrario, se haya convertido en un evento de carácter festivo, destacando la contratación de una agrupación musical cuyo costo se estima en aproximadamente dos millones de pesos, sin considerar los gastos derivados de la participación de otras agrupaciones musicales y la logística del evento.
Ante tales circunstancias, es indispensable que el Presidente Municipal informe y precise el origen del recurso público utilizado para cubrir el costo de dicho evento millonario, así como el procedimiento administrativo mediante el cual se autorizó el gasto, a fin de garantizar que los recursos públicos hayan sido ejercidos conforme a la legalidad, austeridad, eficiencia y transparencia que mandata la normatividad aplicable.
En este mismo sentido, se describirán de forma detallada las irregularidades cometidas por el presidente Municipal de Cuautla, Morelos, el C. Jesús Corona Damián en ejercicio de sus funciones, mismas que generan preocupación por la falta de transparencia, rendición de cuentas y apego al marco legal que rige la administración pública municipal. Conforme al artículo 41, fracciones IV, X, XVI y XXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos el Presidente Municipal está obligado a:
• Vigilar la correcta recaudación y aplicación de los recursos.
• Supervisar el funcionamiento de la Tesorería.
• Garantizar el manejo legal y transparente del presupuesto.
• Atender y solventar observaciones financieras.
Sin embargo, no se ha cumplido con la presentación regular, completa y oportuna de información financiera, particularmente en lo relativo a:
• cuentas bimestrales,
• ejercicio presupuestal,
• destino específico del gasto,
• variaciones presupuestales,
• adeudos, pasivos y compromisos financieros.
Esta omisión impide al Cabildo ejercer control, y vulnera el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
Durante el ejercicio del primer año de labores se realizaron múltiples cambios de titulares en áreas estratégicas como:
• Secretaría General,
• Seguridad Pública,
• Obras Públicas,
• SOAPSC.
Sin que exista constancia de:
• Oficios de nombramiento o remoción,
• Causas administrativas o jurídicas,
• Notificación formal al Cabildo,
• Actas de entrega-recepción interna.
Si bien el artículo 41 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos faculta al Presidente Municipal para nombrar y remover servidores públicos, dicha facultad no es absoluta ni discrecional, sino sujeta a control, documentación y legalidad.
El artículo 86, fracciones I, II, V, VII, VIII, X y XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos impone a la Contraloría Municipal la obligación de:
• Vigilar la legalidad de los actos administrativos.
• Fiscalizar recursos humanos, materiales y financieros.
• Practicar auditorías y revisiones.
• Llevar el registro de servidores públicos.
• Supervisar las entregas-recepciones internas.
• Informar irregularidades al Ayuntamiento.
No obstante, no existen informes, auditorías, dictámenes ni reportes que acrediten:
• La legalidad de los cambios de titulares,
• La supervisión de dichas áreas,
• La revisión de su desempeño,
• Ni la integración documental correspondiente.
Esta omisión compromete el sistema de control interno municipal y genera responsabilidad administrativa. Conforme a los artículos 24y 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos:
• Debió integrarse una Comisión de Recepción.
• Emitirse un dictamen sobre el estado de la administración recibida.
• Determinar observaciones a la administración anterior.
• Informar al Congreso del Estado.
A la fecha no existe constancia pública ni documental de:
• Dictámenes de entrega-recepción,
• Informes de la Contraloría,
• Observaciones administrativas o patrimoniales,
• Ni comunicación institucional ante el Congreso.
Esta omisión impide conocer el estado real del patrimonio municipal, archivos, obligaciones y responsabilidades heredadas.
Las omisiones descritas han generado:
• Debilitamiento institucional,
• Opacidad financiera,
• Desorden administrativo,
• Afectación directa a los servicios públicos,
• Deterioro del patrimonio municipal,
• Crisis de gobernabilidad,
• Dsconfianza ciudadana.
El informe que se rindió no refleja la realidad administrativa, y carece de sustento documental suficiente.
Finalmente, del Informe presentado por el Presidente Municipal, se destaca lo siguiente:
a) El Presidente Municipal no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones de rendición de cuentas.
b) La Tesorería Municipal ha omitido entregar información financiera esencial.
c) La Contraloría Municipal no ejerció plenamente sus funciones de control y fiscalización.
d) El proceso de entrega-recepción carece de dictámenes, informes y observaciones.
e) El Informe Anual presenta vicios estructurales de legalidad y transparencia.
2. Estas irregularidades ameritan revisión exhaustiva por los órganos fiscalizadores, así como un pronunciamiento político y jurídico firme del Cabildo.
Es por lo anterior, que se solicita la intervención de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), ya que es el órgano técnico especializado facultado para fiscalizar el uso de los recursos públicos Estatales y Municipales, por lo que resulta procedente solicitar su intervención a fin de garantizar la legalidad, transparencia y correcta aplicación del presupuesto del Municipio de Cuautla, Morelos.
Lo anterior, a fin de que se esclarezca el manejo de los recursos públicos, se determinen las responsabilidades a que haya lugar y se garantice el derecho de la ciudadanía a una gestión pública transparente y responsable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Morelos para que, por conducto de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), instruya la práctica de una auditoría integral al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, el C. Jesús Corona Damián en relación con la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal correspondiente al primer año de ejercicio (2025), con especial énfasis en el detalle de los ingresos y egresos municipales, los movimientos de personal, adecuaciones y modificaciones presupuestales realizadas y el destino específico de los recursos públicos ejercidos.
Nota
1 https://www.esafmorelos.gob.mx/2020/#:~: text=En%20la%20Enti-dad%20Superior%20de,recursos%20p%C3%BAblicos%20bajo%20cualq uier%20concepto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2026.– Senadora Juanita Guerra Mena (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, senadora. Túrnese a la Tercera Comisión, de Asuntos Económicos.
EXHORTO AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A REFORZAR Y COORDINAR LOS PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEPORTADOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, ASÍ COMO EL RESPETO IRRESTRICTO DE SUS DERECHOS HUMANOS, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN AQUELLOS QUE VIAJAN NO ACOMPAÑADOS O EN SITUACIÓN ESPECIAL DE VULNERABILIDAD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a reforzar y coordinar los protocolos de recepción, identificación y atención integral de niñas, niños y adolescentes deportados, garantizando en todo momento el principio de interés superior de la niñez, así como el respeto irrestricto de sus derechos humanos, con especial énfasis en los que viajan no acompañados o en situación especial de vulnerabilidad. Adelante, senadora.
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre: Muchísimas gracias, estimada presidenta. Con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Hay una herida abierta en el país, tiene que ver con la deportación de nuestras y nuestros hermanos migrantes, pero particularmente con la deportación de los menores de edad.
Ante esta realidad, pongo a su consideración que el Instituto Nacional de Migración y el Sistema DIF refuercen protocolos reales, humanos y coordinados de recepción, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ningún menor de edad sea repatriado sin verificación plena de su identidad, situación familiar y seguridad futura.
Pero también queremos exhortar de manera muy respetuosa a las y los gobernadores a asumir su responsabilidad. Porque un niño o una niña que regresa solo regresa vulnerable. Cada menor deportado sin protección es una puerta abierta a la trata, el reclutamiento, la desaparición ya la revictimización. Ése no puede ni debe ser el destino de nuestra niñez.
Hay cifras que no se leen, se sienten. Hay números que cuando los miramos dejan de ser estadísticas para convertirse en historias de miedo, de soledad y de infancia interrumpida. Casi 7 mil 500 niñas, niños y adolescentes mexicanos fueron deportados por autoridades estadounidenses en menos de un año. Sí. Escucharon bien, casi 7 mil 500 niñas y niños.
Más de 68 por ciento de ellos regresaron solos, sin una mano que los tomara, sin un abrazo que los protegiera, sin una voz que les dijera estás a salvo, estás en casa. Porque quienes venimos de un estado migrante sabemos lo que significa despedirse.
En Zacatecas, migrar no es una excepción sino una historia que se hereda. Es una maleta que se llena de sueños, pero también de ausencias. Y cuando son niñas y niños quienes cruzan fronteras, muchas veces, la mayoría de las veces empujados por la pobreza, por la violencia o el Estado... o por la esperanza el Estado no puede mirar hacia otro lado.
En 2025, 154 niñas y niños zacatecanos fueron deportados. Algunos regresaron sin madre, sin padre y sin nadie esperándolos en casa. La infancia no puede ser deportada como si fuera un trámite administrativo. Debemos seguir buscando instrumentos y herramientas para garantizar la dignidad humana, la igualdad entre la ley y el respeto a los derechos fundamentales, independientemente del estatus migratorio.
Es prioritario seguir generando un diálogo permanente y constructivo frente a políticas antiinmigrantes, y entender que la migración es un fenómeno estructural que requiere cooperación, entendimiento mutuo y políticas públicas integrales que prioricen la dignidad, la inclusión y la justicia social.
Hoy existen, y lo reconocemos por supuesto, mecanismos como los oficiales de protección a la infancia, los programas de repatriación y la asistencia consular. Pero también hay vacíos, falta de seguimiento, debilidad en la coordinación interinstitucional y ausencia de planes integrales de restitución de derechos, una vez que las niñas y los niños regresen a sus comunidades.
Como senadora zacatecana, seguiré luchando para que el interés superior de la niñez no sea un discurso, sino una acción inmediata. Que el regreso no sea un abandono, y que nuestro país cuide a sus niñas y niños, incluso cuando el mundo los expulsa.
Desde el Partido del Trabajo, creemos que la patria no se mide por sus fronteras, sino por cómo cuida a quienes más lo necesitan. Y no hay mayor deber, no debería haber mayor deber entre nosotras y nosotros que proteger a la niñez. Por eso levantamos la voz, porque las niñas y los niños migrantes no son cifras, son pueblo; no son expedientes, son futuro. Porque defender a la niñez migrante no es solo un acto de gobierno, es un acto de amor al pueblo y de lealtad a México. Muchísimas gracias por su atención.
Presidencia de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Túrnese a la Segunda Comisión, de Asuntos Sociales.
EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS AUTORIDADES ECONÓMICAS COMPETENTES A ATENDER EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA ENTRE DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026, A FIN DE PROTEGER EL PODER ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS MEXICANAS
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la senadora Anabell Ávalos Zempoaltec a para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y las autoridades económicas competentes a atender el incremento registrado en el precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a fin de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, suscrita por senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra, senadora.
La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca: Muchas gracias, presidenta. En el PRI estamos preocupados por la economía de las familias mexicanas. La cuesta de enero y el aumento de los precios es una realidad innegable, es reflejo de una economía que no crece, apenas un raquítico 0.6 por ciento.
Ese mal manejo de la economía es responsabilidad de este gobierno. Si no hay trabajo, empleos ni comercio, ¿cómo quieren que las personas tengan dinero para comprar lo esencial y necesario para alimentar a sus familias? El campo sigue olvidado, que es de donde vienen nuestros alimentos, pero no hay apoyos para los productores y los campesinos de maíz ni de otros granos básicos.
Este aumento es una falta de respeto a la canasta básica, pero no se cansan de decir que aumentaron el salario mínimo. ¿De qué sirve que aumenten por decreto el salario si no crean empleos ni dan condiciones para que haya nuevas inversiones? Las amas de casa quieren gritar una realidad en este Congreso: no nos alcanza para comprar la despensa. Es indudable, los precios en diversos productos de consumo popular registran un aumento imparable. A las familias no les alcanza y tienen que comprar menos.
Tan sólo en la Ciudad de México, la canasta básica promedió un costo de mil 960 pesos en enero de 2026, lo que representa un aumento de 68 pesos con 50 centavos, pues en diciembre pasado el costo fue de mil 892. Ese aumento de 70 pesos significa comprar menos, comprar menos jitomate, menos leche, menos aceite, menos frijol, pero de eso no quiere hablar el oficialismo. Para ellos vivimos en un país de ensueño, decía su líder, como Dinamarca.
Con el oficialismo observamos el aumento sostenido del precio de los alimentos básicos. Supera el crecimiento de los ingresos laborales impactando de manera directa en el bienestar de todos los hogares mexicanos. ¿Y saben a quién afecta con mayor dureza el aumento de los precios? Sin duda, a las familias y a los hogares con menos ingresos. Todo por un manejo irresponsable de la economía que nos está afectando.
El aumento del precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026 no constituye un hecho aislado sino que se inscribe en un contexto de presión inflacionaria persistente en los alimentos, lo que ha reducido el poder adquisitivo real de los salarios y ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad económica de millones de hogares.
Y, que no se olvide, no han publicado a la fecha la reforma para aumentar el salario a maestros, enfermeras, médicos y policías. Creo que ya es momento de que lo hagan, pero no lo hacen porque no tienen dinero, ¿cómo no quieren que suba la carestía?
Y no sólo es la canasta básica: en esta temporada invernal hay gasto de ropa abrigadora, medicinas por enfermedades respiratorias y el pago de impuestos del inicio del año como la tenencia y el predial, lo que reduce aún más la capacidad de gasto en los hogares que además enfrentan nuevas enfermedades.
Hoy tenemos un brote de sarampión, una enfermedad erradicada y que con un gobierno de cuarta que no da recursos a vacunas. Hoy, desde esta tribuna exigimos al Consejo Nacional de Salud que nos diga cuál es la realidad del brote de sarampión, pues en todos los estados hay brotes, y eso se da porque desde hace siete años no hay vacunas para los recién nacidos, para los niños, no hay tamizajes neonatales y hoy regresan el sarampión y otras enfermedades que se habían erradicado y que nos digan que nos tenemos que cubrir nuevamente con cubrebocas porque el sarampión es más altamente contagioso que incluso el covid.
Por eso, desde el PRI exhortamos a la titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda, de Agricultura, de Economía, de Salud y de Desarrollo Rural establezcan urgentemente un plan inmediato para contener el incremento en el precio de la canasta básica y también que nos den un reporte urgente de cuál es el estatus del brote de sarampión. No vaya a ser una pandemia. Es cuanto. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las autoridades económicas competentes a atender el incremento registrado en el precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a fin de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, suscrita por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Quienes suscriben, senadoras y senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
El derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad se encuentra reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, dicho derecho se ve afectado cuando el aumento sostenido en el precio de los alimentos básicos supera el crecimiento de los ingresos laborales, impactando de manera directa en el bienestar de los hogares mexicanos.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y la primera quincena de enero de 2026, se registró un incremento relevante en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, particularmente en el componente de alimentos, bebidas y productos agropecuarios, los cuales constituyen el núcleo de la canasta básica.
En dicho periodo, productos esenciales como huevo, pollo, carne de res, tortilla de maíz, leche, frutas y verduras presentaron aumentos de precio derivados de factores estacionales, incrementos en costos de producción, transporte y distribución, así como presiones inflacionarias acumuladas al cierre del año. Estos incrementos se reflejaron de manera inmediata en el gasto cotidiano de las familias, especialmente en aquellas con menores ingresos.
Información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advierte que el valor de la canasta alimentaria urbana y rural continúa en niveles elevados, lo que ha provocado que una proporción significativa de la población ocupada no pueda adquirir los alimentos básicos aun destinando la totalidad de su ingreso laboral, fenómeno que se ha visto agravado por los incrementos recientes observados al inicio de 2026.
El aumento del precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026 no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de presión inflacionaria persistente en los alimentos, lo que ha reducido el poder adquisitivo real de los salarios y ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad económica de millones de hogares.
Si bien el Ejecutivo Federal ha anunciado diversas medidas para contener la inflación y estabilizar los precios de productos esenciales, los incrementos registrados al inicio de 2026 evidencian que dichas acciones han sido insuficientes para evitar impactos inmediatos en el consumo básico, particularmente en los sectores más sensibles a variaciones de precios.
Por ello, resulta indispensable que las autoridades económicas y sociales del Estado mexicano adopten medidas inmediatas, focalizadas y coordinadas, orientadas a contener nuevos incrementos en los precios de la canasta básica y a mitigar los efectos ya registrados sobre el ingreso familiar.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a informar sobre las causas específicas del incremento en el precio de la canasta básica registrado entre diciembre de 2025 y enero de 2026, así como las medidas adoptadas para contener su impacto.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a reforzar de manera inmediata la vigilancia y monitoreo de precios de los productos que integran la canasta básica, con el fin de prevenir prácticas abusivas, especulación o incrementos injustificados en el inicio de 2026.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a implementar acciones emergentes para garantizar el abasto oportuno y estabilizar los precios de productos agroalimentarios básicos, particularmente aquellos que registraron incrementos al cierre de 2025 y en enero de 2026.
Cuarto. La Comisión Permanente exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a dar seguimiento específico al impacto del incremento de la canasta básica registrado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en los niveles de pobreza laboral, y a considerar dichos datos en la evaluación de la política social vigente.
Quinto. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la implementación de medidas temporales de apoyo a los hogares más afectados por el aumento reciente en los precios de los alimentos básicos, priorizando a familias de menores ingresos, personas adultas mayores y hogares con niñas y niños.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2026.– Senador y senadora: Manuel Añorve Baños y Anabell Ávalos Zempoalteca (rúbricas).»
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Túrnese a la Tercera Comisión, Asuntos Económicos.
EXHORTO AL GABINETE DE SEGURIDADA INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MOTIVACIONES, EL FUNDAMENTO LEGAL Y LAS AUTORIDADES IMPLICADAS EN LA AUTORIZACIÓN DEL INGRESO DE LA AERONAVE ESTADOUNIDENSE C130J HÉRCULES, A TERRITORIO NACIONAL
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: A continuación, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gabinete de seguridad a informar a esta soberanía sobre las motivaciones, el fundamento legal y las autoridades implicadas en la autorización del ingreso de la aeronave estadounidense C130J Hércules en territorio nacional, suscrita por las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra, diputado.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez:Gracias, presidenta. El día de ayer en el Foro Económico Global en Suiza, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dio un discurso que espero que estén escuchando en el gobierno de México.
Habló del fin de una era, o del fin de un orden, del fin del orden de la posguerra o el fin del orden liberal, de esa época donde se construyeron instituciones y reglas para limitar a los poderes globales hegemónicos y también para construir la época mundial de mayor paz y democratización en todo el mundo.
Fue un discurso sorprendentemente claro, inteligente y estratégico de lo que deben hacer las fuerzas y los países emergentes en todo el mundo frente al nuevo orden mundial. Y lo que sorprende del discurso es que México está completamente ausente, no está dentro de las coaliciones que plantea el primer ministro de Canadá, cuando debería ser un actor estratégico para México. No habla de México en ese realismo basado en valores ni en las distintas coaliciones que propone para abordar distintos temas.
En el nuevo orden global no se pueden separar las relaciones internacionales de los retos, por ejemplo, en materia de seguridad. Y, en ese sentido, negar lo evidente, negar lo que está pasando en el territorio nacional no es actuar, por ningún motivo, de manera estratégica.
Lo ha dicho la bancada naranja en el Senado de la República, encargado del tema de la política exterior, el canciller de México y el embajador de México en Estados Unidos poco o nada han dicho de cuál es la estrategia de nuestro país para enfrentar no solamente el orden del que ya he hablado, sino cómo hacer frente a esta nueva fuerza completamente desprovista de reglas e instituciones que lo contenían.
Y es muy preocupante la manera en que ahorita se va a votar el punto de acuerdo, pues lo que ha pedido la bancada naranja, lo que ha dicho Clemente Castañeda, como coordinador de las y los senadores, es muy claro: que explique el gobierno de México qué hacía o qué hace una aeronave extranjera en el territorio mexicano. No es más y no es menos, es lo único que estamos pidiendo, que haya una explicación clara y contundente de por qué hay una aeronave de Estados Unidos en el territorio nacional.
Porque la fracción III del artículo 76 de la Constitución es clarísima: dice que cualquier ingreso de tropas extranjeras debe ser autorizado por el Senado de la República. Ahí no dice cuando sea con fines logísticos o de colaboración u otro fin, es el ingreso.
Y por un lado se ha dicho que no requerían autorización, porque lo había pedido el gobierno de México. Y por otra parte dicen, que obedecía a una autorización que había dado previamente el Senado de la República. No tiene absolutamente ninguna justificación legal y constitucional o por lo menos no la conocemos hoy y por eso estamos presentando este punto de acuerdo, para que se expliquen los motivos por la que está esta aeronave en México.
Nosotros, desde Movimiento Ciudadano, no hemos sido mezquinos ni hemos sido maniqueos cuando el gobierno de México ha exigido que se respete la soberanía nacional. Hemos acompañado ese llamado de la presidenta de la República y lo mantenemos. Pero la soberanía nacional también se defiende justamente con el orden constitucional, respetando la Constitución de las mexicanas y los mexicanos.
Este punto de acuerdo es simplemente porque las mexicanas y los mexicanos exigimos una explicación clara, contundente, fundamentada y motivada de qué hacía, qué hace esta aeronave en el territorio mexicano nacional que nos une a todas y a todos. Es cuanto, presidenta.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gabinete de Seguridad a informar a esta soberanía sobre las motivaciones, el fundamento legal y las autoridades implicadas en la autorización del ingreso de la aeronave estadounidense C-130J Hércules a territorio nacional, suscrita por legisladores y legisladoras del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Clemente Castañeda Hoeflich, y los diputados Juan Zavala Gutiérrez y Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gabinete de Seguridad a informar a esta soberanía sobre las motivaciones, el fundamento legal y las autoridades implicadas en la autorización del ingreso de la aeronave estadounidense, C-130J Hércules a territorio nacional, el 17 de enero de 2026, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Durante la mañana del sábado 17 de enero, medios de comunicación consignaron el aterrizaje del avión militar Lockheed Martin C-130J Super Hércules en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). Este avión, de procedencia estadounidense, es utilizado para el servicio de operaciones militares, por lo que su ingreso a territorio mexicano requiere forzosamente de la autorización del Senado de la República, conforme lo dispone el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“ Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I.-II. (...)
III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.
IV.-XIV. (...)”.
Al respecto, el 18 de enero, a las 20: 23 horas, el Gabinete de Seguridad, a través de su cuenta de Xexpresó que fue un vuelo autorizado por las autoridades mexicanas, sin especificar cuáles, relacionado con actividades de capacitación:
“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.
Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”.
El mencionado vuelo coincide con la solicitud recibida por el Senado de la República el 17 de diciembre de 2025, por la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, mediante el cual remitió la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo federal, permitiera el ingreso a territorio nacional del personal de Navy SEAL y del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, a efecto de que participaran en el evento denominado Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales.
En dicho documento se solicita el ingreso de personal el Navy SEAL y del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos con armamento a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Estadounidense, aterrizando el 12 de enero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. El oficio detalla que ingresarían 19 elementos de los Navy SEAL y diez elementos del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales para participar en el evento Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales, que se llevará a cabo del 19 de enero al 15 de abril de 2026 en Champotón, Campeche.
Esta solicitud, a la que hace referencia el oficio remitido por la Secretaría de Gobernación, no fue discutida en comisiones ni votada en el pleno del Senado de la República.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación remitió un segundo oficio para solicitar la autorización de salida de tropas de la Armada de México a un evento en Mississippi, Estados Unidos de América, a realizarse del 18 de enero al 13 de marzo de 2026. En el documento adjunto se detalla que serían 40 cuarenta efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina que se trasladarían con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, a bordo de la aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 Hércules que despegaría el 18 de enero de 2026 del Aeropuerto internacional de Toluca.
Esta solicitud, en cambio, sí fue votada de manera positiva en el pleno del Senado de la República el martes 2 de diciembre de 2025.
En lo relativo al primer oficio referido, del ingreso de tropas, la Comisión de Marina convocó a la novena reunión extraordinaria de la Comisión, con fecha del lunes 5 de enero de 2026, a las 12: 00 horas, para discutir y votar el proyecto de dictamen relativo a la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo federal permita el ingreso de tropas de grupos de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América. No obstante, la reunión de la Comisión fue pospuesta, así como la posibilidad de abrir un periodo extraordinario para votar la autorización en el pleno, como lo había anunciado la senadora Laura Itzel Catillo, quien señaló que presentaría una iniciativa ante la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario el 13 de enero de 2026.
Derivado de lo anterior, se puede afirmar que en ningún momento la Comisión de Marina aprobó la solicitud para el ingreso de tropas, exclusivamente de la salida de tropas mexicanas; y el Senado de la República tampoco sesionó para permitir la entrada de tropas extranjeras a territorio mexicano. La Presidenta de la República, al ser cuestionada durante la conferencia matutina del 19 de enero de 2026, aseveró que no debía haberse consultado con el Senado y, de forma contradictoria, señaló que la autorización se acordó desde octubre de 2025:
“No tenía que haberse consultado [con el Senado] no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y que tenía que ver con un asunto de capacitación. Entonces , ya han entrado en otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron por el aeropuerto de Toluca; justamente pregunté cuál fue la razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”.
Contrario a lo que señala la titular del Ejecutivo federal, en octubre de 2025, no se aprobó ningún dictamen de salida de tropas, el más cercano a dicho mes, fue el dictamen de fecha 24 de septiembre de 2025, por el que se concedió autorización a la titular del Ejecutivo federal, para que permitiera la salida de tropas de la Armada de México, fuera del país, para participar en el evento SOF número 9 Aumentar la capacidad operacional de la unidad de operaciones especiales, a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025. El cual no coincide con la autorización, ni el vuelo antes comentado.
Debido a lo anterior, se considera de urgente y obvia resolución que la Comisión Permanente solicite a la titular del Ejecutivo federal, así como a la persona titular de la Secretaría de la Defensa, información que permita clarificar la autorización del ingreso de tropas estadounidenses a territorio mexicano, sin la aprobación del Senado de la República, quien tiene la facultad exclusiva para otorgarlas.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gabinete de Seguridad a informar a esta soberanía:
I. Las motivaciones y el fundamento legal mediante el cual se autorizó el ingreso de una aeronave estadounidense C-130J Hércules a territorio mexicano, en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), el 17 de enero de 2026;
II. Las autoridades mexicanas que otorgaron dicha autorización, precisando el acto administrativo o acuerdo correspondiente;
III. Las razones por las cuales no se sometió dicha autorización a la aprobación del Senado de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Notas
1 Gabinete de Seguridad de México [@GabSeguridadMX]. (2026, 19 de enero). Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación... [Tweet]. X.
https://x.com/gabseguridadmx/status/2013074688113549636?s=46&t=rPM4lPYGESYHH-RfyYk_Aw
2 Senado de la República. (2025). Secretaría de Gobernación, Oficio con el que remite, de la titular del Ejecutivo Federal, solicitud de autorización para que permita el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL´s y del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América. (Documento No. 155897). Gaceta del Senado.
https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/155897
3 Senado de la República. (2025). Gaceta del Senado: Documento 155523. Senado de la República.
https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/155523
4 Senado de la República. (2025). Convocatoria a la Novena Reunión Extraordinaria de la Comisión de Marina, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial, el lunes 5 de enero del 2026, a las 12: 00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo. (Documento No. 155919). Gaceta del Senado.
https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/155919
5 Senado de la República. (2025). Se informa que la Novena Reunión Extraordinaria de la Comisión de Marina, convocada para el lunes 5 de enero del presente año, se pospone hasta nueva fecha. (Documento No. 155922). Gaceta del Senado.
https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_comision_permanente/documen to/155922
6 Castillo Juárez, L. I. [@LauraI_Castillo]. (2025, 22 de diciembre.). La salida del país a tropas de la Armada de México, a fin de que participen en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de ... [Tweet]. X.
https://x.com/LauraI_Castillo/status/2003311847571599749?ref_sr c=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm% 5E2003311847571599749%7Ctwgr%5Edd9c67a057177e1a3ddde4f0cf09d541f3d8b4e2% 7Ctwcon%5Es1
7 Senado de la República. (2025). De la Comisión de Marina, el que contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización a la titular del Ejecutivo Federal, para que permita la salida de tropas de la Armada de México, fuera del país, para participar en el Evento SOF No. 9 “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025. (Documento No. 153307). Gaceta del Senado.
https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/153307
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2026.– Legisladores y legisladora: Juan Zavala Gutiérrez, Laura Hernández García, Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).»
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Túrnese a la Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales.
PARA SOLICITAR A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Ahora tiene la palabra la diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, hasta por cinco minutos, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a los congresos de las entidades federativas a realizar las modificaciones legislativas necesarias para el reconocimiento de la identidad de género, suscrita por el diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana:Con la venia de la presidenta. Compañeros legisladores, hoy hago uso de esta tribuna para hablar de un tema que no admite más postergaciones, un tema que interpela directamente a la dignidad humana, al Estado de derecho y al compromiso que esta soberanía tiene con todas las personas sin excepción alguna.
Hablar del derecho a la identidad de género no es hablar de privilegios ni de concesiones especiales, es hablar de derechos humanos, es hablar del derecho que tiene cada persona a ser quien es, a existir jurídicamente conforme su autopercepción y a vivir sin miedo, sin temor a la discriminación ni a sufrir actos de violencia.
Recorrer los caminos del progresismo no es un retroceso, como algunos pretenden hacerlo ver. El progresar significa avanzar siempre respaldando a quienes históricamente se han encontrado en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Quienes creen que la defensa de este derecho responde a una minoría están profundamente equivocados. No tenemos derecho a juzgar ni mucho menos a indagar el porqué de la identidad de género o de la evidencia personal de cada individuo. Todos, todas y todes tenemos los mismos derechos, somos mexicanos iguales ante la ley, aunque con distintas formas de ver y vivir la vida.
Y debemos tener presente que la mejor manera de ejercer nuestra libertad es viviendo con dignidad, con felicidad y siendo quienes realmente somos. La identidad de género forma parte esencial de la identidad personal, pues, se trata de una vivencia interna y profunda del género tal como cada persona la percibe y la vive.
Negar su reconocimiento jurídico no es una comisión menor, es una forma estructural de discriminación que impacta directamente al acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, a la seguridad social y en muchos casos al acceso a la justicia, es perpetuar la transfobia.
Yo les pregunto a todas y a todos ustedes: ¿A caso quienes menos han recibido de la vida no merecen más de la ley? En el ámbito internacional nuestro país ha asumido compromisos claros.
Y en la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que la identidad de género debe ser reconocida y protegida por los Estados como parte de un núcleo esencial de los derechos humanos. No hacerlo implica responsabilidad internacional y, más grave aún, la normalización de la exclusión.
Los datos son claros y no mienten. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 5 millones de personas en México se identifican como parte de la población de la diversidad del género sexual y de género, y cerca de 1 millón se conocen como personas transgénero, transexuales o con una identidad de género distinta al sexo asignado al nacer.
No estamos hablando de minorías invisibles: estamos hablando de ciudadanos, de ciudadanas, que trabajan y que contribuyen al desarrollo del país y que exigen con toda legitimidad ser reconocidos en igualdad de condiciones.
A pesar de estos avances normativos y de este contexto social, persisten entidades federativas donde el derecho a la identidad de género no ha sido plenamente reconocido en su legislación local. Esta disparidad genera una ciudadanía fragmentada donde el acceso a derechos depende del código postal y no de la Constitución.
Por ello, hacemos un llamado respetuoso a los gobiernos de Aguascalientes, de Chiapas, de Chihuahua, de Durango, de Nuevo León, de Querétaro, de Tabasco y de Tamaulipas para que avancemos juntos en el pleno reconocimiento de los derechos humanos.
Hoy me honra presentar este punto de acuerdo y someterlo a la consideración de esta honorable asamblea. Y con ello no vulneramos el federalismo, al contrario: lo fortalecemos.
Se trata de un exhorto respetuoso para que, en el ámbito de sus atribuciones, los congresos locales armonicen sus marcos normativos en los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Reconocer la identidad de género no le quita el derecho a nadie, no afecta creencias, no impone visiones únicas, no genera conflictos sociales, y lo que sí hace es brindar la certeza jurídica, proteger a las personas y enviar un mensaje claro y contundente: en México nadie sobra.
Compañeras y compañeros, legislar en favor de este tema es legislar en favor de la dignidad humana, es entender que el Estado no debe imponer identidades, sino reconocerlas.
La igualdad no se proclama: se construye con normas, políticas públicas y con la voluntad de quienes legislamos. Es por ello que les hago un llamado firme, respetuoso, acompañar este punto de acuerdo.
Hagamos de la progresividad una realidad y no solo un principio escrito en papel, porque un Estado que reconoce la identidad de sus personas es un Estado más justo. Y un Congreso que defiende la dignidad humana es un Congreso a la altura de nuestro tiempo. Aquí venimos a trabajar para todos, para todas y para todes. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a los congresos de las entidades federativas a realizar las modificaciones legislativas necesarias para el reconocimiento de la identidad de género, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe diputado Jaime Genaro López Vela del Grupo Parlamentario de Morena integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 2006 se formularon los Principios de Yogyakarta, un instrumento internacional que reúne 30 principios básicos sobre la orientación sexual y la identidad de género, con la finalidad de orientar a los Estados sobre la interpretación y aplicación del marco normativo internacional en materia de derechos humanos para las personas que se identifican como parte de este grupo de atención prioritaria.
En México se han implementado varias modificaciones legales con la finalidad de transformar la perspectiva convencional sobre el derecho a la autodeterminación y la identidad de género, en especial para las personas trans. Uno de estos cambios significativos ocurrió en 2008 con la reforma al artículo 135 Bis del Código Civil para el entonces Distrito Federal, que otorgó pleno reconocimiento a estos derechos al permitir que las personas trans solicitaran la emisión de una nueva acta de nacimiento que reconociera su identidad de género.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-24/17, estableció que los Estados deben garantizar que las personas puedan ajustar su nombre, imagen y género en los registros civiles para que coincidan con su identidad de género, sin necesidad de requisitos médicos o judiciales discriminatorios (Corte IDH, 2017, párr. 101). Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha afirmado que la discriminación contra personas transgénero socava los principios de derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ( ONU, 2020, párr. 2).
La CIDH recomienda que el término identidad de género sea incluido expresamente para mayor seguridad jurídica y visibilidad, también considera que un corolario del reconocimiento de la identidad de género como una categoría prohibida de discriminación bajo la Convención Americana, es precisamente el reconocimiento integral de la identidad de género de las personas trans.
El Estado en su calidad de garante de la pluralidad de derechos, debe respetar y garantizar la coexistencia de individuos con distintas identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales, para lo cual debe asegurar que todas ellas puedan vivir y desarrollarse con dignidad y el mismo respeto al que tienen derechos todas las personas, esa protección no se refiere simplemente al contenido de esos derechos, sino que a través de ella, el Estado también estaría garantizando la plena vigencia y ejercicio de otros derechos de las personas cuya identidad de género es diferente a la que es asociada con el sexo que les fue asignado al nacer; ya que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derechos a la salud, a la educación, la vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, señaló que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un parteaguas en el reconocimiento de los derechos humanos a favor de todas las personas, sin excluir a las personas trans, e incluso mandata que las normas se interpreten en armonía con este marco normativo, al que todas las autoridades deben ceñirse en el ánimo de promover, respetar, proteger, restituir y garantizar tales derechos.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
...
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover; respetar; proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las op1niones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La Constitución Política reconoce que la dignidad humana es base y condición de todos los demás derechos. Al respecto, el Pleno de la Corte, en el Amparo Directo 6/2008, sostuvo que del derecho a la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, a la dignidad personal y al libre desarrollo de la personalidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de escoger la apariencia personal, así como la libre opción sexual, en tanto que estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.
En este mismo sentido el marco jurídico mexicano reconoce el principio de igualdad ante la ley, el cual se instituye como un eje rector para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, sin distinción.
Relacionado al libre desarrollo de la personalidad está el derecho a la identidad personal y, particularmente, el derecho a la identidad de género, el cual supone la manera en que la persona se asume a sí misma.
La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la percibe, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
En este sentido la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión y de asociación.
Que en las entidades federativas no se reconozca y garantice plenamente este derecho puede a su vez obstaculizar el ejercicio de otros derechos fundamentales y, por ende, tener un impacto diferencial importante hacia las personas trans, las cuales suelen encontrarse en posición de vulnerabilidad. De ahí que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad, correspondan a la definición que tienen de sí mismos, se encuentra protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al nombre.
El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad debe ser observado a la luz del respeto y protección del derecho de toda persona a decidir, entendiéndose éste, como al derecho a tomar o elegir decisiones respecto a su desenvolvimiento y desarrollo personal, social o familiar; por lo que también, involucra su derecho a no sufrir afectaciones, restricciones por actos o decisiones públicas o privadas de otros agentes entorno a la libre voluntad de las personas respecto de sus propios actos o determinaciones, que les impidan ejercer libremente ese derecho, lo que tiene una importante relevancia al ser el derecho al libre desarrollo de la personalidad, del cual deriva el derecho a la identidad de género.
La Ciudad de México fue la primera en reconocer la identidad de género en 2008, otros estados se fueron sumando, el 18 de agosto de 2017 se publicaba en el Periódico Oficial de Michoacán la reforma del artículo 117 del Código Familiar para el estado de Michoacán de Ocampo. El estado de Nayarit aprueba la ley de identidad de género de manera temprana, en junio de 2017. En Jalisco el 7 de abril de 2022 se aprobó la modificación del artículo 23 de la Ley de Registro Civil, Coahuila se suma en 2023.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México la población LGBTI+ asciende a cinco millones de personas (5.1% de la población de 15 años y más), lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como población LGBTI+. Y la población transgénero, transexual o de otra identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer es de 909 mil, es decir, 0.9% de las personas de 15 años y más.
A pesar de lo anterior aún existen congresos que aún no legislan sobre el reconocimiento a la identidad de género como: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Querétaro Tabasco y Tamaulipas.
Esta solicitud se ha realizado por diversas personas legisladoras en diversos momentos de anteriores y la actual legislatura, sin embargo, ha se ha podido llevar ante el pleno.
Po lo anterior expuesto, se presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a los congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas, para que, en el marco de sus atribuciones, realicen las acciones legislativas necesarias para que se reconozca y respete la identidad de género de las personas.
Notas
1. Disponible en: Principios de Yogyakarta.
http://yogyakartaprinciples.org/wpcontent/uploads/2016/08/princ iples_sp.pd
2. Disponible en: Artículo 135 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género.
3. Disponible en: Gaceta Oficial del Distrito Federal. Disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Decr etos/DFDEC149.pdf
4. Disponible en: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia No. 19. Derechos de las personas LGTBI. Pág. 38
5. Disponible en: Íbidem, párr. 82.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2026.– Diputado Jaime Genaro López Vela (rúbrica).»
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Gracias, diputada. Túrnese a la Segunda Comisión, de Asuntos Sociales.
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO DE LA TERCERA COMISIÓN
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: El siguiente punto en el orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión de Trabajo, Asuntos Económicos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Salim, para fundamentar los dictámenes a nombre de la Comisión. Tiene la palabra hasta por diez minutos.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle:Con su venia, presidenta. Buenas tardes. Hoy tengo el honor de presidir la Tercera Comisión de Trabajo, de Asuntos Económicos de esta Comisión Permanente. Hoy por la mañana tuvimos la primera reunión ordinaria, en la que aprobamos cuatro dictámenes, tres de ellos por unanimidad y otro por mayoría de votos.
Quiero, primeramente, agradecer a las diputadas y senadoras, y a los diputados y diputadas que integramos esta Tercera Comisión de Asuntos Económicos, por su compromiso, su dedicación y su ánimo de buscar consensos y de construir acuerdos. Gracias a ello ha sido posible que los trabajos legislativos de esta Tercera Comisión sean fructíferos. Muchas gracias a todas mis compañeras y compañeros.
El primer dictamen recayó al punto de acuerdo, promovido por la diputada Roselia Suárez, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se propone exhortar a las personas titulares de la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, dentro de su respectivo marco de atribuciones, analice la viabilidad de instrumentar acciones dirigidas a los concesionarios, asignatarios o permisionarios del servicio público del transporte aéreo de pasajeros, para que las personas pasajeras puedan conocer de forma clara, veraz y oportuna, los términos del contrato, los derechos de los que gozan, las vías para hacer efectivos los mismos, los términos y condiciones del servicio contratado y las políticas de compensación asociadas a estos.
El segundo dictamen recayó al punto de acuerdo promovido por el diputado Alan Sahir Márquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por el que se propone exhortar a la persona titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, dentro del marco de sus atribuciones, analice la viabilidad de sus atribuciones en realizar estudios necesarios de tránsito, topografía, geotécnica, análisis de riesgo y estudio de impacto vial, para definir la solución óptima para la construcción de un retorno en la carretera federal 45 tramo León—Lagos de Moreno, a la altura del kilómetro 24, en la comunidad de Lagunillas, municipio de León, Guanajuato.
Que, por cierto, está la feria de León, están todos cordialmente invitados a los 450 aniversario de la ciudad de León, Guanajuato. Allá los esperamos.
El tercer dictamen recayó al punto de acuerdo promovido por el diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, por el que se propone exhortar a las personas titulares de las Secretarías de Movilidad u homólogos, de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, para que, dentro del marco de sus atribuciones, se considere la viabilidad de expedir versiones electrónicas de la licencia de conducir.
Finalmente, el cuarto dictamen recayó al punto de acuerdo promovido por la diputada Ivonne Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de MC, por el que se propone exhortar a la persona titular de la Comisión Nacional Forestal, para que, dentro del marco de sus atribuciones y, en su caso, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas que comprenden la península de Yucatán, analice la viabilidad de reforzar las acciones de detención temprana, monitoreo, control y manejo de plagas y enfermedades forestales.
Conmino al pleno de esta Comisión Permanente a que podamos construir los acuerdos que nos permitan votar estos dictámenes de forma favorable en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Gracias, diputado. Por tanto, para hablar sobre los dictámenes que han sido fundamentados, se concederá el uso de la palabra a los grupos parlamentarios, hasta por cinco minutos.
Tiene la palabra a continuación el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez:Con el permiso de la Mesa. Ya lo dijo Miguel Ángel Salim, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, o más bien ya explicó qué fue lo que se aprobó hace unos momentos en dicha comisión.
Nosotros acompañamos la votación en sentido positivo de tres de los cuatro dictámenes, entre los cuales, sobre todo, coincidimos con el exhorto que se hace a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la Procuraduría Federal del Consumidor para hacerles explícitos sus derechos a las y a los consumidores de estos servicios.
Y también el punto de acuerdo suscrito por el coordinador Rubén Moreira para que las secretarías de Movilidad de las entidades federativas analicen la viabilidad de expedir las licencias electrónicas.
Pero no podemos acompañar el exhorto que se hizo a la Comisión Nacional Forestal porque me parece que justamente le quita el sentido del punto de acuerdo que se estaba proponiendo, que proponía la coordinadora de la bancada naranja, Ivonne Ortega.
El sentido del punto de acuerdo era solicitar a la Comisión Nacional Forestal para que analice las distintas medidas para poder limitar el impacto que ha tenido el escarabajo barrenador en el manglar, particularmente en la península de Yucatán, que es un problema que está ampliamente documentado y que está documentado también que es la plaga más agresiva que afecta al manglar que es cómo muchos le dicen uno de nuestros pulmones que permite la existencia de múltiples ecosistemas y de mucha de la biodiversidad en esos ecosistemas.
Y el hecho de que se exhorte de manera amplia, de manera vaga o general y que se diga que se investigue o se analicen todas las plagas, le quita todo el sentido al punto de acuerdo, porque ese punto de acuerdo se hizo específicamente respecto de una problemática concreta que es el escarabajo barrenador en la península de Yucatán.
Incluso se propuso ahí que porque no lo hacíamos para todas las entidades federativas, pues cuando se hace de manera específica no solamente se le facilita el trabajo a la autoridad administrativa, sino que este Poder Legislativo puede vigilar, monitorear y dar seguimiento a la manera en que la propia autoridad está llevando a cabo su trabajo, cuando se hace de manera genérica y así de vaga, pues complica y dificulta muchísimo no solo el trabajo de la autoridad, sino también de este Poder Legislativo.
Nos parece que eso desnaturaliza y le quita la potencia al punto de acuerdo que presentó la coordinadora Ivonne Ortega y, por eso, nosotros votamos en abstención. Agradezco a mi compañera Ana González y al presidente de la Comisión Miguel Ángel Salim que hayan acompañado votando también en abstención este punto de acuerdo. Es cuanto.
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Ana Isabel González González:Con su permiso, diputada presidenta. Primero, me gustaría acompañara a legisladoras y legisladores, tanto diputadas federales, diputados federales, senadoras y senadores, agradecer la confianza depositada en su servidora para formar parte de esta Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Diputados, de igual manera también agradecerle a nuestro presidente por su trabajo, así como su secretaria técnica, para darle celeridad a los trabajos de la comisión y por tener el día de hoy dictámenes aprobados.
Como bien mencionaban anteriormente, son cuatro dictámenes los que aprobamos en la comisión y me gustaría nada más dejar en claro la importancia de los mismos, porque si hablamos del primero, que fue el que tratábamos, del crecimiento también que se ha dado en el transporte aéreo de pasajeros, pues es importante también que con este crecimiento el ciudadano sí tenga también la oportunidad de conocer esas políticas del consumo que tendrán en este tema.
Muchas veces entramos a las diferentes plataformas, hacemos las diferentes compras, pero no tenemos el conocimiento de qué pasa si logramos o no tener este consumo del cual se está haciendo el pago, los pagos y demás.
Entonces, creo que es muy importante que, con este crecimiento, esta solicitud que se hace y que se ha dictaminado de manera positiva, creo que es un tema bastante relevante.
Por otra parte, con la falta de infraestructura, que también depende en cuestiones de movilidad, lo que se hablaba de la carretera México 45, de la carretera federal, donde se hace la solicitud también de un retorno y obviamente, pues tiene que llevar a cabo todos los estudios necesarios, la factibilidad, ver si es posible, si donde se está solicitando en esa área de León, Guanajuato, tiene también la oportunidad de llevarse a cabo, creo que es muy importante que se hagan los trabajos para que no suceda como en algunas otras entidades federativas, donde empiezan a trabajar, se van de lleno con los trabajos antes de hacer hasta un previo estudio y termina todo truncado a la hora de los eventos.
Entonces, esos son los primeros dos dictámenes que vimos en la comisión. El tercero, que me llamó mucho la atención, fue el del escarabajo barrenador, ya me antecedía mi compañero Zavala, donde mencionaba de cómo se le cambia, propuso hacer un cambio al sentido realmente del exhorto que se estaba solicitando.
Porque si hablamos de plagas, yo creo que queda abierto, por decirlo de una manera, y extenso cuando hablamos de una plaga. Pero si hablamos específicamente desde lo que se estaba solicitando, era el escarabajo barrenador estaba llegando prácticamente a los manglares y que esto afectaba en cuestión, pues obviamente, de lo que se requiere para los cuidados y demás.
Entonces, creo que era muy importante que este exhorto fuera aprobado de la manera en la que fue propuesta para que así fuera realmente algo viable y benéfico para la zona de la península de Yucatán.
Sin embargo, con la modificación que se hace, creo que se cambia por completo la solicitud que hacía la promovente y por eso, aunque fue aprobado por la mayoría, sí se notó que no era lo que se solicitaba, y por eso mi voto fue en abstención.
Y en el cuarto, el último dictamen que me gustaría mencionar el día de hoy, que fue promovido por mi coordinador de bancada del PRI, Rubén Moreira, me gustaría mencionar que es algo bastante, bastante benéfico para las y los mexicanos.
Sabemos que aquí, tanto en Ciudad de México como en el Estado de México se comenzó con el tema de la digitalización de las licencias de manejar, después otras entidades federativas fueron sumándose a que esto fuera una realidad, pero lo que me llama mucho la atención es que el día de hoy hay entidades federativas que no se han animado o que también a lo mejor no tienen los medios para poder lograr esto.
¿Qué es lo que sucede con esta solicitud? Se promueve que en todas las entidades federativas de México se haga esta propuesta para que realmente, tanto no nada más la solicitud, sino el trámite, la renovación y que puedas también poder tener tu licencia de manera digital es algo bastante importante y es esta solicitud, la cual acompañamos con mucho gusto.
Repito, que viene del promovente, de nuestro compañero y coordinador, el diputado Rubén Moreira. Porque creo que es un documento, que los que tenemos la oportunidad de manejar, de trasladarnos y no nada más hablo en materia personal, sino también hasta de trabajo, sería mucho más práctico y fácil el poder llevar a cabo estos trámites que pudieran evitar los traslados de las personas, las filas y siempre vamos a estar a favor de la digitalización de los trámites que puedan hacer que sean más prácticos y que sean en menor tiempo para las y los mexicanos.
Entonces, después de tener esta reunión en la Comisión Tercera el día de hoy, tocado en temas de economía, creo que se ha avanzado en los temas que fueron directamente trasladados hacia nosotros y pues los invito, compañeros, a que sigamos trabajando de esa manera, ya que la próxima semana pues ya es el último día que tenemos prácticamente el lunes, para poder sacar todos los temas que tenemos pendiente, tanto en esta comisión como en las demás, y obviamente que sea fructífera toda la información que nos ha llegado y las propuesta que nos han llegado a esta Cámara de Diputados y obviamente ahora como Congreso de la Unión, también con los senadores en esta Comisión Permanente. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta senadora Laura Itzel Castillo Juárez: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro respaldo al sentido de los cuatro dictámenes que hoy se someten a consideración en este pleno, toda vez que persiguen como objetivo poner en el centro a las personas, la protección de sus derechos y el fortalecimiento de la acción del Estado en beneficio del interés público.
En primer lugar, respaldamos el exhorto dirigido a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de garantizar que las personas usuarias del transporte aéreo cuenten con información clara, veraz y oportuna sobre los contratos que celebran y sobre los mecanismos de compensación a los que tienen derecho.
Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que la defensa de los derechos de las y los consumidores no es un asunto menor, sino que es una obligación del Estado. Por ello, votar a favor de este exhorto es muestra de nuestro compromiso con la transparencia, la certeza jurídica y la protección de millones de personas usuarias.
También apoyamos el exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se analice la posibilidad de realizar los estudios técnicos necesarios para la construcción de un retorno en la carretera federal 45, en el tramo León-Lagos de Moreno.
Nuestro voto a favor se sustenta en el hecho de que impulsar y fortalecer la seguridad vial para salvar vidas es un imperativo ético frente a los lamentables hechos que han ocurrido en dicha carretera.
Y, en tercer lugar, respaldamos el punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Movilidad de las 32 entidades federativas a considerar la implementación y emisión de licencias de conducir digitales.
La modernización administrativa debe traducirse en trámites más sencillos, menores costos y mayor accesibilidad. La emisión de licencias digitales puede representar un paso para un gobierno más eficiente alineado con la transformación tecnológica, sin menoscabo de la seguridad ni de las atribuciones de las entidades federativas.
Por último, apoyamos el exhorto dirigido a la Comisión Nacional Forestal para que, en coordinación con las entidades federativas de la Península de Yucatán, refuercen las acciones de detección temprana, monitoreo, control y manejo de plagas y enfermedades forestales.
Nuestro respaldo responde a la convicción de que la protección de los ecosistemas forestales es una tarea estratégica para el desarrollo sustentable y para el bienestar de las comunidades. Actuar de forma preventiva frente a plagas forestales no solo protege el medio ambiente, sino también la economía local y el patrimonio natural del país.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso con un Estado que actúa con responsabilidad y en beneficio del interés público, por lo que respaldamos el sentido de los exhortos aprobados en la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, al considerar que fortalecen la coordinación institucional, promueven una gestión pública eficaz y contribuyen a la estabilidad económica y social de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Any Marilú Porras Baylón, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Any Marilú Porras Baylón:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Any Marilú Porras Baylón: Compañeras y compañeros —gracias—, la aprobación del dictamen busca hacer justicia a millones de mexicanas y mexicanos que utilizamos el servicio de transporte aéreo en nuestro país.
El mercado de la aviación en México es uno de los más dinámicos y de mayor crecimiento a nivel mundial. Tan solo al cierre de 2024 las aerolíneas nacionales e internacionales movilizaron a más de 118 personas en territorio nacional.
Sin embargo, ese crecimiento oculta una realidad dolorosa en menoscabo del tiempo y de la dignidad de personas pasajeras. Detrás de esas cifras de éxito se observa un aumento considerable en las reclamaciones. Datos de la Profeco revelan la existencia de 28 mil 248 quejas registradas contra las aerolíneas.
Debemos ser sensibles ante lo que esa cifra representa, no solo son quejas ni expedientes que se crean, son historias de proyectos truncados, ahorros irrecuperables, reuniones familiares y de citas médicas canceladas, todo esto como consecuencia del manejo de las aerolíneas.
Los motivos de queja son constantes. ¿Cuáles son estas quejas? Cancelaciones por sobreventa, retrasos y de cambios de vuelos sin aviso previo, cobros indebidos, así como la pérdida o de daño de equipaje.
Cuando una aerolínea retrasa un vuelo o pierde una maleta no solo incumple un contrato, despoja a la persona usuaria de su tranquilidad y de uno de sus bienes más preciados, el tiempo, alterando sus planes y actividades. Y en muchas ocasiones afectando no solamente a los usuarios, sino también a las personas con las que tienen algún vínculo.
El problema central es que las aerolíneas han convertido los contratos en un laberinto de vicios ocultos y con pequeñas letras, que confunden al usuario y, lo más grave, deriva en un constante pisoteo de los derechos de los consumidores.
A pesar de que la Ley de Aviación Civil, en su artículo 47 Bis, establece el derecho del pasajero a conocer sus derechos y las políticas de compensación desde el momento de la compra, en la práctica esta disposición es ignorada.
Existe un desconocimiento y una omisión de información que deja a las personas usuarias en una total indefensión, obligándolas a enfrentar excesos administrativos para obtener una indemnización que por ley les corresponde.
Si bien es de reconocer que las aerolíneas extranjeras reciben un número menor de quejas, la situación con ellas también resulta preocupante. Por esas razones expresamos nuestro total apoyo y acompañamiento al presente dictamen, exhortando a la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, de actuar de inmediato.
Es esencial para las personas usuarias y para el propio mercado del transporte aéreo garantizar que la información sobre los derechos y las compensaciones de las personas usuarias sea clara, veraz y oportuna mediante mecanismos que faciliten la comprensión de estos términos.
Compañeras y compañeros, la justicia para el consumidor no puede seguir siendo un solo trámite burocrático interminable. Protejamos el derecho de la ciudadanía a viajar con certidumbre, pero, sobre todo, con respeto. No permitamos que el abuso de las aerolíneas continúe vulnerando los sueños y el esfuerzo de las y los mexicanos. Es cuanto, ciudadana presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se consideran suficientemente discutidos.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: En votación económica, se consulta a esta honorable asamblea si se consideran suficientemente discutidos. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse expresarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Suficientemente discutidos.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes.
La secretaria senadora Juanita Guerra Mena: En votación económica, se consulta a esta honorable asamblea si son de aprobarse los dictámenes. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, secretaria. Por tanto, aprobados los dictámenes. Comuníquense.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar tres iniciativas. Y enlisto: una, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y el artículo 25 del Código Civil Federal. Segunda. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y los artículos 46 y 55 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La tercera iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social.
Adelante, diputado.
El diputado Hugo Éric Flores Cervantes:Con su permiso, señora presidenta. Legisladoras, legisladores, hace poco más de 2 mil años se puso el fundamento teológico de la separación de funciones entre el Estado y la Iglesia. Jesús dijo: “Al César lo que es del César, y a dios lo que es de dios”.
La Biblia narra perfectamente en dos versiones distintas qué es lo que estaba aconteciendo. Se acerca un grupo de fariseos que querían encontrar algún delito a Jesús y le preguntan: “¿De quién es esta moneda?”. Y entonces Jesús les contesta: “Pues es del César”. Y ellos le dicen: “Y ¿es lícito pagarle tributo al César?”. Y Jesús toma la moneda y les dice: “Dad al César lo que es del César, y a dios lo que es de dios”.
Sí, en efecto, hay que pagar impuestos y es completamente distinta la función que tiene un gobierno. Este fundamento teológico, que después tanto Rousseau como Thomas Hobbes iban a desarrollar claramente qué es un Estado laico y qué es un Estado religioso.
Un Estado religioso tiene una religión oficial. Un Estado laico no tiene religión oficial. Se ha venido pervirtiendo algún tema y hemos llegado en momentos en distintos países, incluyendo México, a tener Estados jacobinos, donde se persigue inclusive a los que tienen una creencia religiosa.
Nuestra Constitución desde 57 y desde luego también la de 17, la del 17, lo plantea muy claramente, hay libertad religiosa para que todas las mexicanas y todos los mexicanos podamos o no tener religión.
El Estado laico respeta todas las religiones y respeta todas las iglesias y no promueve ni tiene ninguna religión. Ese es el verdadero Estado laico, lo demás, lo demás ya son deformaciones que han llevado a jacobinismo irracional de pensar que no se puede pronunciar o meter iniciativas que beneficien a instituciones religiosas en el marco del Estado laico.
El día de hoy yo vengo a presentar tres iniciativas que tienen que ver con asociaciones religiosas.
La primera, la primera es una reforma al Seguro Social. Sí, también en las iglesias hay clases sociales entre los liderazgos religiosos, y saben, conocemos a centenares, a centenares de ministros de culto que terminan su vida laboral y no tienen una pensión. Esta reforma tiene que ver con que todos los ministros de culto puedan acceder al Seguro Social, cuando su iglesia pague las aportaciones de manera voluntaria.
Esto no existe, y es poner en este catálogo de todas las personas que pueden acceder al Seguro Social, que, por cierto, es un derecho universal y, desde luego un derecho constitucional, que tenemos todas y todos los mexicanos. Queremos entonces, que miles, que miles de ministros de culto puedan acceder al Seguro Social a través del pago de sus cuotas de carácter voluntario.
La segunda tiene que ver con una modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, específicamente el artículo 25, también del Código Civil. Hoy hay muchas asociaciones religiosas que se dedican a la asistencia social, por creencias, por credo, por este sistema de valores que se tiene, de proteger a los infantes, a los huérfanos, a las viudas, a las personas de la tercera edad.
Hay cientos de asociaciones religiosas que se dedican a la asistencia social. Uno de cada tres mexicanos, de acuerdo a datos del Inegi, uno de cada tres mexicanos que está en algún albergue de asistencia social es administrado, manejado y liderado por alguna asociación religiosa.
Nuestra propuesta es muy sencilla, que todas las asociaciones religiosas que se dediquen a la asistencia social puedan tener un régimen fiscal al de la asociación civil, es decir, que puedan tener deducibilidad de impuestos. El requisito es uno, que tengan una actividad de asistencia social.
Muchas cosas que el gobierno y el Estado mexicano no puede hacer, lo pueden hacer organizaciones de carácter religioso. No estamos violando nada, absolutamente nada, estamos diciendo: a estas organizaciones que se dedican a la reconstrucción del tejido social, deberíamos darles beneficios fiscales y esta es la propuesta que hoy traigo.
Y la última, que tiene que ver con una actualización a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Desde que hubo el reconocimiento, por cierto, un reconocimiento tardío a la existencia de organizaciones sociales, aun sean de carácter religioso, en el 91 se les prohibió administrar o tener derechos de poder ser concesionarios de algún medio del Estado, porque recordémonos que es el Estado mexicano quien regula las concesiones de radio y televisión, y la idea aquí es muy sencilla, permitir que puedan administrar de manera legal, porque qué pasa el día de hoy, lo hacen, más con el internet, pero hoy estamos llenos, llenos de actividades de carácter religioso en medios de comunicación sin concesiones.
No estamos pidiendo beneficiar a ninguna iglesia, solamente estamos diciendo lo que nosotros pensamos desde el punto de vista jurídico y esto es muy sencillo, la realidad debe formar las leyes. La ley tiene que ser un espejo de la sociedad y en este espejo es muy sencillo, si hoy, a través de medios de comunicación concesionados por el Estado, hay actividad y predicación de carácter religiosa, debería permitirse a las AR, a las asociaciones religiosas, también ellas poder ser no solamente administradores, sino también concesionarios.
Quisiera yo decir para terminar esto. Esto es muy sencillo, no se trata de promover ninguna religión, porque seguimos creyendo en el Estado laico, y diría Jesús: a dios lo que es de dios y al César lo que es del César. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Ssobre la Renta y el 25 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Hugo Éric Flores Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Los primeros antecedentes de la beneficencia en México se pueden rastrear al término de la conquista de Tenochtitlán en 1521, en esta época, los indígenas fueron tratados de manera brutal por los conquistadores, ante lo cual surgieron personas e instituciones, sobre todo religiosas, dispuestas a protegerlos. Este apoyo solidario en los inicios de la Nueva España (Llamado entonces “ejercicio de la caridad cristiana”), tiene como ejemplo los hospitales, que no sólo servían para atender a los enfermos, sino también como hospedaje y centros de enseñanza.
Las instituciones hospitalarias constaban de un conjunto de edificios, en los cuales se tenía colegio, enfermería, casa de cuna, residencia para los habitantes del poblado e iglesia. Estas instituciones eran administradas por las órdenes religiosas, principalmente por parte de los franciscanos, agustinos y dominicos.
Por las tareas de evangelización e instrucción hacia los indígenas, se considera que los hospitales y los conventos fueron los primeros centros en los que se ejercía la acción solidaria. Fue así como las principales instituciones del sistema de apoyo solidario de la época colonial (sobre todo durante los siglos XVI y XVII), fueron los hospitales, las escuelas y las cofradías.
Durante las primeras décadas de la vida independiente de nuestro país, la Iglesia Católica fue la institución encargada de desempeñar las funciones asistenciales. Posteriormente a las Leyes de Reforma, el gobierno liberal tomó una parte de las instituciones de beneficencia en sus manos y creó la Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública, pero su acción se vio muy limitada.
Algunas de las instituciones de beneficencia permanecieron bajo el dominio de la Iglesia y así surgió la división entre la beneficencia pública y la privada. Como consecuencia de las Leyes de Reforma y de la lucha ideológica entre la Iglesia y el Estado, el sector de ayuda social durante las primeras décadas de la vida independiente de México sufrió un importante colapso, ya que el gobierno no contaba con la capacidad para atender este sector, y la Iglesia por la desamortización de sus bienes, junto con la orden de que tenía prohibido participar en dicho sector, tampoco contaba con los recursos y facilidades para hacerlo.
A partir de entonces, el Estado mexicano se hizo cargo de la beneficencia y asistencia social en el país, no obstante, las agrupaciones religiosas de las distintas confesiones no han dejado de desempeñar labores asistenciales, educativas y culturales entre otras.
En concordancia con lo anterior, en julio de 1992 se promulgó una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. A partir de ello se les concedió a dichas agrupaciones personalidad jurídica, debiendo cumplir con las obligaciones de cualquier organización establecida en México. En primer lugar, para que una asociación religiosa sea reconocida como tal y pueda con ello tener una personalidad jurídica, debe registrarse ante la Secretaría de Gobernación.
En el tema Fiscal, las Asociaciones Religiosas se regulan conforme al título tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir, como personas morales con fines no lucrativos. La fracción XVI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala como personas morales con fines no lucrativos a las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, o asociaciones religiosas constituidas de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Para cumplir las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y, en consecuencia, con el Servicio de Administración Tributaria, los requisitos van ligados a la solicitud del registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, es decir, se debe acreditar de la iglesia o agrupación religiosa que
1. Se ha ocupado, preponderantemente, de la observancia, práctica, propagación, o instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas.
2. Ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un mínimo de 5 años y cuenta con notorio arraigo entre la población, además de haber establecido su domicilio en la república.
3. Los miembros aportan bienes suficientes para cumplir con su objeto.
4. Cuenta con estatutos en los términos del segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y,
5. Tiene capacidad de adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto.
La autoridad fiscal también considera que las ofrendas, limosnas, aportaciones, diezmos y primicias recibidos de sus feligreses, miembros, congregantes, visitantes y simpatizantes por cualquier concepto relacionado con el desarrollo de sus actividades, no pagan el impuesto sobre la renta, por tratarse de ingresos obtenidos en la realización de su objeto previsto en sus estatutos, siempre que tales ingresos se apliquen a los fines religiosos y no sean distribuidos a sus integrantes.
Para recibir donativos deducibles, una organización o asociación civil, debe verificar que su objeto social se ubique en alguna de las actividades que pueden ser autorizadas, así como cumplir con los requisitos que disponen las leyes en la materia. Para tal efecto, se considera como objeto social el fin o actividad preponderante que va a llevar a cabo, el cual debe señalarse en el acta constitutiva y estatutos sociales.
Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles son: Asistenciales, educativas, de investigación científica o tecnológica, culturales, ecológicas, de preservación de especies en peligro de extinción, becantes, de obras o servicios públicos, de desarrollo social, de apoyo económico, museos y bibliotecas privadas y escuelas-empresas.
En este sentido, las agrupaciones y Asociaciones Religiosas realizan varias de estas actividades, principalmente asistenciales, educativas y culturales. Ahora bien, las asociaciones civiles que realizan cualquiera de las actividades antes mencionadas y son sujetas a donativos, tienen diversas ventajas fiscales como son
• Tributar para efectos fiscales como persona moral con fines no lucrativos. (Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.)
• Puede recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero, debiendo expedir los comprobantes respectivos.
• De manera general no es contribuyente del ISR.
• Con previa autorización del SAT puede aplicar los donativos deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de fideicomiso respectivo, siempre que se ubiquen en los supuestos de los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XVII, XIX, XX y XXV, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como 36, segundo párrafo y 134 de su Reglamento.
• Con previa autorización, no paga impuestos al comercio exterior por la entrada al país de mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, y que pasen a formar parte de su patrimonio, siempre que el donante sea residente en el extranjero.
Asimismo, las personas físicas pueden deducir los donativos no onerosos ni remunerativos que den a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, siempre y cuando el monto total de dichos donativos no exceda de 7 por ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente, persona física, en el ejercicio anterior a aquel en el que se efectúe la deducción.
En el caso de donativos en especie, pueden deducir el importe que corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales.
En consecuencia, si se considera como lo establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, solamente las actividades que realice una agrupación social para poder ser apta a recibir donativos deducibles, no existe ningún impedimento para que las Asociaciones Religiosas entren en este supuesto.
Adicionalmente, es relevante aludir a los resultados del Censo de Alojamientos de Asistencia Social de 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual tiene como principal finalidad generar información estadística respecto de las condiciones de vida de la población que reside en alojamientos de asistencia social.
En particular sobre los servicios que reciben los beneficiarios y sobre las características sociodemográficas de éstos y los trabajadores. Se puede constatar que el 29% de los alojamientos de asistencia social son sostenidos por agrupaciones religiosas.
A pesar de que es evidente que múltiples agrupaciones y asociaciones religiosas realizan actividades asistenciales de todo tipo, no son consideradas para recibir donativos deducibles, como si sucede con las asociaciones civiles, situación que las pone en desventaja para realizar este tipo de actividades.
Es de suma importancia que las personas, organizaciones, agrupaciones o asociaciones, que tengan como objeto o fin principal el fomento de la asistencia social en cualquiera de sus vertientes, puedan ser retribuidas, auxiliadas o compensadas de igual forma por el gobierno de México, sin ningún tipo de sesgo discriminatorio, particularmente por pertenecer o adscribirse a una religión o confesión determinada.
Por tanto, se busca que las asociaciones religiosas tengan la posibilidad de brindar certeza jurídica a sus potenciales donantes, lo que propiciaría una mayor percepción de donativos para sus obras de asistencia social, con la posibilidad de aplicar los donativos deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos, siempre que se ubiquen en los supuestos que establece para el efecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta y también para poder recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero.
Por tal razón se propone modificar el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incluir a las asociaciones religiosas dentro de las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles. Asimismo, se propone modificar el artículo 25 del Código Civil Federal para establecer Las asociaciones que se propongan fines religiosos puedan ser consideradas personas morales.
Se presenta el siguiente cuadro comparativo para una mejor comprensión de las modificaciones propuestas:
En tal virtud, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforman los artículos 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 25 del Código Civil Federal
Primero. Se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 82. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XVI, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta ley deberán cumplir lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley.
I. a IX. ...
...
Segundo. Se reforma el artículo 25 del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 25. Son personas morales
I. a V. ...
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, religiosos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.
VII. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Verduzco Igartúa, Gustavo. Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. El Colegio de México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 2003.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2026.– Diputado Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, de la Cámara de Diputados.
LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, Y LEY EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
El diputado Hugo Éric Flores Cervantes:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y los artículos 46 y 55 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
(La iniciativa podrá ser consultada en el Diario de los Debates de esta fecha, en el Anexo III)La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El diputado Hugo Éric Flores Cervantes:
«Iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Hugo Éric Flores Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como y 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad social tiene un papel fundamental en el desarrollo económico y social de la población, representa una herramienta para disminuir la desigualdad social y mejorar la productividad, debido a “su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social”.
La importancia de contar con seguridad social ha existido desde hace mucho tiempo, derivado de las situaciones de necesidad a las que se enfrentan las personas en diversos momentos de sus vidas y que se relacionan por ejemplo con aspectos como la vejez, las enfermedades, el desempleo, la muerte o cualquier otra causa que las imposibilite o les dificulte la obtención de medios básicos de subsistencia.
Su desarrollo es el resultado de un largo proceso histórico que abarca desde el momento en que pequeños grupos de trabajadores pertenecientes a ciertas actividades económicas se unieron con fines de protección mutua, hasta llegar a la protección como parte de una política pública diseñada por el Estado con el fin de disminuir los riesgos y contingencias, las enfermedades, los accidentes, atender lo relacionado con la maternidad, la vejez y la muerte.
Debido a su relevancia como elemento indispensable para disminuir la desigualdad y asegurar la dignidad de las personas, la seguridad social fue reconocida textualmente como derecho humano en un primer momento en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (abril de 1948):
Artículo 16. Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
Y con unos meses de diferencia (10 de diciembre de 1948) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en sus artículos 22 y 25:
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los documentos en la materia más importantes a nivel mundial, al hacer un reconocimiento universal de diversas normas habituales consideradas como indispensables para el desarrollo humano y social; y ser la base para la creación de diversos tratados internacionales de carácter vinculante que retoman su contenido, lo amplían o lo contextualizan atendiendo a las necesidades de diversos grupos de la población, tal como sucede con el derecho a la seguridad social.
El referido derecho humano a la seguridad social forma parte de los llamados “derechos sociales” que tienen como finalidad generar las condiciones mínimas de igualdad para que las personas puedan vivir con dignidad.
De esta manera, la protección social “desempeña un papel protagónico en las sociedades contemporáneas en términos de la inclusión y cohesión social, de la reducción de la pobreza y de las disparidades sociales, a la vez que interactúa, a través de diversos mecanismos, con la facilitación de la transformación productiva y la mejora de la productividad”.
En resumen, es posible afirmar que la seguridad social ha sido reconocida como un derecho humano fundamental que implica la posibilidad de recibir apoyo por parte del Estado cuando se presentan riesgos o contingencias (vejez, embarazo, enfermedad, desempleo, falta de vivienda, entre otras) que imposibilitan o dificultan el ejercicio de derechos, afectando con ello la dignidad humana.
En este punto, si se reconoce la seguridad social como derecho humano debe aceptarse que comparte las características fundamentales de todo derecho humano, esto es: Universalidad, integralidad e interdependencia; tal como se mencionó en la conferencia de Viena en 1993:
Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. (...)
Por otro lado, la responsabilidad directa de asegurar el ejercicio de la seguridad social corresponde al Estado, quien será el encargado de diseñar, instrumentar y administrar políticas y programas necesarios para garantizar el sistema de seguridad social, en algunos casos podrá apoyarse del sector privado, pero ello no implica que sus obligaciones desaparezcan.
Adicionalmente, no pude pasar desapercibido que existen condiciones fácticas que impiden a ciertos grupos de la población ejercer sus derechos de la misma manera que el resto, razón por la cual resulta fundamental que para hacer efectivo el derecho a la seguridad social se elimine cualquier criterio discriminatorio y se consideren y contextualicen las necesidades de cada grupo de la población para garantizar una igualdad sustantiva.
El derecho a la no discriminación ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva número 18, como un principio de ius cogens , por tratarse de una norma de derecho imperativo que integra el orden público internacional, y a la cual no pueden oponerse válidamente el resto de las normas del derecho internacional, y menos aun las que forman parte del derecho doméstico de los Estados; el término discriminación hace referencia a “toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos humanos”.
En este sentido, la mayoría de las leyes y políticas públicas no están diseñadas para garantizar la universalidad del derecho a la seguridad social y tampoco cuentan con mecanismos que permitan su ejercicio sin discriminación. Para lograr tal fin, sería necesario que, como un primer paso, los Estados sean conscientes de la heterocomposición de su población, para que una vez detectadas las barreras y necesidades de cada grupo se establezcan las acciones para hacerles frente y con ello lograr disminuir las condiciones que impiden el ejercicio efectivo del derecho humano a la seguridad social.
Muchas personas no pertenecen al sector formal y que dada su situación o características no cotizan en los sistemas de seguridad social, como es el caso de los migrantes, refugiados, trabajadores rurales, ministros de culto, entre otros; razón por la cual, es importante que los Estados contemplen regímenes no contributivos de protección social.
En otro orden de ideas, históricamente, los primeros antecedentes de la seguridad social se dan en el siglo VIII, cuando en Europa se dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus personas pobres, adultas mayores, enfermas sin trabajo, a las y los niños en situación de orfandad, cuando no contaban con ayuda familiar. En Inglaterra en el año de 1601 se estableció un impuesto obligatorio nacional para cubrir esta clase de asistencia parroquial y más tarde Suecia y Dinamarca adoptaron medidas similares.
En México, el movimiento revolucionario de 1910-1917, exigía la protección a las clases más vulnerables, principalmente a personas campesinas y obreras, surgiendo con él los servicios médicos como la Cruz Blanca y la Cruz Roja.
La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, de contenido social avanzado, sirvió como eje de la Seguridad Social. Derivado de lo anterior, el 19 de enero de 1943 se emitió la Ley del Seguro Social, creándose así el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia (que garanticen la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia) y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. La seguridad social se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.
A partir de la reforma constitucional del 10 junio del año 2011, la seguridad social como derecho humano, se encuentra protegida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en términos del artículo 1o., que señala:
En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
El artículo 123 de la Constitución establece el derecho humano a la seguridad social. En consecuencia, México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones públicas que proveen seguridad social, a saber:
• El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De forma obligatoria para las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de trabajo, las y los socios de sociedades cooperativas, y las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo.
• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De forma obligatoria para las personas trabajadoras de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial e Institutos Autónomos), en materia federal, así como para Ciudad de México. También para las personas trabajadoras de los estados, siempre que haya convenio entre éstos y el ISSSTE.
Sin embargo, como se ha señalado en párrafos anteriores, existen diversos grupos de trabajadores que no se pueden considerar formales por las características de las labores que desempeñan, tal como sucede con los ministros de culto y trabajadores de las iglesias o confesiones religiosas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el tercer trimestre de 2024, las personas que trabajaron de Sacerdotes, Pastores y otros Teólogos fueron 30.6 mil, siendo un 7.38 por ciento superior al segundo trimestre de 2024 (28.5 mil). En el mismo periodo se observó un salario promedio de $7.4 mil pesos, registrando una caída de 20.1 por ciento, respecto al segundo trimestre de 2024 ($9.27 mil pesos).
Durante el tercer trimestre de 2024, la informalidad laboral de Sacerdotes, Pastores y otros Teólogos alcanzó un 72.8 por ciento, lo que implicó un aumento de 1.18 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2024 (71.6 por ciento). La informalidad laboral de esta ocupación fue superior a la informalidad a nivel país en 18.1 puntos porcentuales durante el tercer trimestre de 2024.
Retomando el aspecto laboral, se observa que la práctica o el ejercicio de su ministerio por parte de los ministros de culto debe considerarse en principio como un trabajo lícito, a menos que tal actuación en un determinado caso concreto vaya en contra del orden público o de las buenas costumbres, según el criterio legal de lo “ilícito” acogido en los artículos 1830 y 1910 del Código Civil vigente en materia federal.
Por ello, a los ministros de culto les es perfectamente aplicable la garantía individual de libertad de trabajo consagrada así en el artículo 5o. de la Constitución:
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Los límites que a esa libertad de trabajo imponía a los ministros de culto el original artículo 130 de la Constitución de 1917 eran de dos clases muy diferentes: unas limitaciones que notoriamente afectaban a los derechos humanos, y otras limitaciones, en cambio, que sólo establecían incompatibilidades entre las funciones encomendadas a los ministros de culto y el desempeño de otros cargos o la realización de otras actividades.
Por lo anterior, existe un antecedente cercano de la posibilidad que tienen los ministros de culto de acceder a la seguridad social, en fechas recientes, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reunieron con líderes evangélicos del país, en donde se propuso la incorporación de más de 100 mil ministros de culto e integrantes de asociaciones religiosas al programa piloto de Personas Trabajadoras Independientes, que brinda un esquema de aseguramiento similar al otorgado a quienes laboran para un patrón.
De incorporarse a este esquema, los ministros de culto y diversos integrantes de asociaciones religiosas obtendrán la cobertura de los cinco seguros que prevé la Ley del Seguro Social: Seguro de Enfermedades y Maternidad, Seguro de Riesgos de Trabajo, Seguro de Invalidez y Vida, Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada Vejez, y Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.
En dicha reunión, el entonces director general del IMSS Zoé Robledo informó que, con base en el registro de la subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, son más de 100 mil ministros de culto en todo el país quienes podrían incorporarse al empleo formal.
Lo que permitiría incorporar a gente que no ha dejado de trabajar, que siempre ha hecho una gran aportación a la vida social en las comunidades, municipios, estados y que quizás la puerta del Seguro Social había estado cerrada con los esquemas previos que se ofrecían.
También señaló que, por un lado, está la posibilidad de hacer la incorporación a partir de la difusión y que cada persona lo haga de manera individual al ingresar sus datos, con la afiliación en línea; y la otra, es a través de los convenios con cada asociación de culto religioso para hacer el aseguramiento colectivo, ya que “los costos son accesibles si se piensa en todas las gamas del aseguramiento, empezando por la atención médica.
Desde el gobierno federal se hizo el compromiso de buscar algunos elementos hacia el aseguramiento de personas trabajadores independientes al Seguro Social, por lo cual se revisó el estatus jurídico de los ministros de culto religioso.
En este sentido, el IMSS cuenta con el esquema de aseguramiento para la incorporación de trabajadores independientes al régimen ordinario del Seguro Social que puede realizarse de forma individual, por lo que el objetivo de la presente iniciativa es el de reformar el artículo 13 de la Ley del Seguro Social para incluir a los ministros de culto y al personal a su cargo en este esquema de aseguramiento.
El ministerio de cualquier culto, puede ser una actividad muy sufrida en términos económicos, en algunos casos la menos remunerada, porque viven de las aportaciones de sus propios miembros y un alto porcentaje de ministros no perciben el salario mínimo, por lo que es importante voltear los ojos hacia este tipo de personas que son tan serviciales en la sociedad, lo que es un acto de justicia.
Se presenta el siguiente cuadro comparativo para una mejor comprensión de las modificaciones propuestas.
En tal virtud, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social
Único. Se reforma la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:
I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos, ministros de culto religioso y personal a su servicio y demás trabajadores no asalariados;
II. a V. ...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 ONU, Comité DESC, Observación general número 19, el derecho a la seguridad social (artículo 9), 4 de febrero de 2008.
2 Díaz, Mariana (2020). La seguridad social, un derecho humano universal. Recuperado el 13 de marzo de 2025 de
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6410/23.pd f
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III). Recuperado el 13 de marzo de 2025 de
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
4 Díaz, Mariana (2020). La seguridad social, un derecho humano universal. Recuperado el 13 de marzo de 2025 de
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6410/23.pd f
5 OIT. Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe, Lima: Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2018, página 11.
6 Díaz, Mariana (2020). La seguridad social, un derecho humano universal. Recuperado el 13 de marzo de 2025 de
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6410/23.pd f
7 Ibídem.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003). Opinión consultiva OC-18/03, del 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Recuperada en 14 de marzo de 2025 de
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf
9 Consultable en
https://www.eumed.net/librosgratis/2012b/1216/antecedentessegur i dad.html#_ftn2
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2026.– Diputado Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Gina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar las siguientes iniciativas y enlisto. Uno, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y atención de enfermedades zoonóticas y plagas con impacto en la salud pública. Segunda, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de prevención, vigilancia y atención temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias. Y, tercera, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de prevención, vigilancia y detección temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias con impacto en la salud pública. Adelante, senadora.
La senadora Gina Gerardina Campuzano González: Con su permiso, presidenta. Hoy vengo a encender una alarma sobre un problema que he estado insistiendo una y otra vez desde la tribuna y desde el trabajo legislativo. Un tema que este gobierno se niega a atender, pero cuya negación no lo hace desaparecer ni evita que esté costando vidas.
Estamos viendo el regreso de una pesadilla que creíamos enterrada, una plaga que mata animales y enferma a personas. Una enfermedad que ya habíamos vencido hoy vuelve a circular libremente por nuestro territorio. No es un accidente, es negligencia del gobierno que hoy se traduce en tragedia nacional, me refiero al regreso del gusano barrenador en México, una plaga que habíamos erradicado en 1991.
Hace más de 30 años, con menos tecnología que hoy, México logró erradicar esta amenaza, porque apostó por la prevención y por la ciencia. Hoy pese a que tenemos mejores herramientas esa misma plaga ha regresado.
Miren los datos, 500 nuevos casos en una semana, es un aumento del 4 por ciento en 7 días, esto no es un brote, es una epidemia descontrolada, mientras el gobierno decide mirar para otro lado. Esto es consecuencia del desmantelamiento de la vigilancia zoosanitaria, de los recortes al campo y el desprecio por la prevención como política de Estado.
Su retorno es una falla grave del gobierno que hoy se niegan a reconocer, pero vayamos a la realidad, más allá de cifras y tecnicismos, el regreso del gusano barrenador significa animales siendo consumidos vivos por larvas, en un sufrimiento atroz que ningún productor debería estar viendo en sus animales.
Y, de manera aún más grave, significa personas en comunidades rurales, niñas, niños y adultos mayores padeciendo miasis, una enfermedad que ya habíamos vencido y que es completamente prevenible.
¿Quiénes pagan el precio de esta regresión? Los de siempre, los más pobres, los pequeños y medianos productores, el corazón del campo mexicano enfrentando pérdidas devastadoras. Esto no es solo una crisis pecuaria, es una crisis de salud pública que pone en evidencia la desigualdad que persiste en nuestro país. Y no solo está costando sufrimiento humano y animal.
Hoy, no atender el gusano barrenador ya le cuesta a México miles de millones de pesos. Pérdidas para productores, exportaciones ganaderas totalmente detenidas. Estamos hablando de pérdidas que superan los 20 mil millones de pesos para la economía nacional.
La ciencia lo ha dicho con claridad, más del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas, emergentes en humanos, tienen origen animal. La salud de las personas y de los animales van juntas, cuando una falla, la otra también se pone en riesgo.
Pero este patrón pues ya lo conocemos, así actúan los gobiernos de Morena, cuando un problema les resulta incómodo, lo niegan, lo minimizan o dejan de hablar de él, como si el silencio pudiera borrarlo.
El ejemplo más claro es el sistema de salud que tenemos ahorita, porque no, no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Y lamentablemente, las niñas y los niños con cáncer siguen sin recibir sus tratamientos, una omisión que sigue costando vidas.
Y no lo olvidamos, no olvidamos el sarampión, una enfermedad que ya estaba erradicada. Lamentablemente, hoy vuelve a México con más de 7 mil casos. Esto por recortes de presupuesto en salud y por abandonar la prevención.
Y ahora, ahora con la novedad que tenemos la tarjeta de la salud. Claro que es importante tener un expediente digital y poder tratarnos en el IMSS, en el ISSSTE, cualquier hospital federal, pero pues han recortado recursos para la salud. Entonces qué van a hacer cuando llegue un paciente al hospital y no lo puedan atender, operar o darle tratamientos, exactamente como está pasando ahorita. Qué dirán de su tarjeta de la salud, pues que no va a servir para absolutamente nada.
Por eso, pues es entendible el que no quieran hablar de la prevención, ha sido el gobierno más corrupto de la historia, se han dedicado a desviar y a desaparecer el dinero. Y cuando se trata de invertir en prevención en salud o en el campo, simplemente dicen: no hay recursos.
Pero, aun así, pues no nos vamos a callar, porque el campo lo necesita, porque las comunidades rurales lo necesitan, porque visibilizar el problema es el primer paso para salvar vidas, por eso presento hoy esta iniciativa, porque no podemos depender de la improvisación y de la reacción tardía del gobierno.
Mi propuesta es clara, modificar la Ley General de Salud para la prevención, la vigilancia y la detección temprana de enfermedades que se transmiten de los animales a las personas y de las plagas de origen animal y que sean una prioridad obligatoria del gobierno.
La prevención es una obligación constitucional del Estado. Y que quede claro, aunque este gobierno no quiera hablar del tema, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando por el campo mexicano, por la salud pública y por la vida de quienes siempre pagan las consecuencias, porque las consecuencias de omitir siempre van a llegar. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y atención de enfermedades zoonóticas y plagas con impacto en la salud pública, a cargo de la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Gina Gerardina Campuzano González, senadora de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y atención de enfermedades zoonóticas y plagas con impacto en la salud pública, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
México enfrenta hoy un problema que el Estado no puede seguir tratando como si fuera ajeno o secundario: la reaparición y propagación de riesgos sanitarios de origen animal que afectan simultáneamente la salud pública, la vida cotidiana en comunidades rurales y la seguridad sanitaria del país. No es un tema de “campo” aislado; es un tema de salud humana, de prevención fallida y de responsabilidad constitucional.
En los últimos años se han acumulado señales claras de debilitamiento institucional: vigilancia insuficiente, reacción tardía y coordinación intermitente ante amenazas zoonóticas.
Estas fallas no son menores. Cuando el Estado llega tarde, quienes pagan el precio son las personas con menos acceso a servicios médicos, las familias en comunidades rurales y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. En estos escenarios, una plaga o enfermedad de origen animal no se queda en el corral o en el rancho: salta a la salud humana, genera complicaciones evitables y agrava desigualdades.
La reaparición del gusano barrenador es el ejemplo más evidente y más alarmante. Se trata de una plaga conocida y documentada, erradicada en el pasado gracias a políticas de vigilancia y control oportuno.
Que hoy haya vuelto no es casualidad; es un indicador de que falló la prevención. Y su impacto trasciende la productividad: el gusano barrenador puede provocar miasis en seres humanos, afectando particularmente a personas adultas mayores, población con heridas abiertas, y comunidades con acceso limitado a atención médica. Es decir, lo que comienza como un riesgo zoosanitario se convierte en un riesgo directo para la salud pública.
Este tipo de amenazas no pueden abordarse con una lógica reactiva ni con medidas aisladas. La diferencia entre contener un riesgo y permitir que se expanda está en la detección temprana, la vigilancia activa y la coordinación efectiva. En términos simples: cuando el Estado actúa tarde, el daño se multiplica.
La Constitución no permite que la autoridad se excuse en vacíos operativos. El artículo 4o. reconoce el derecho a la salud y obliga al Estado a garantizarlo; esto incluye el deber de prevenir riesgos previsibles y actuar con debida diligencia. El derecho a la salud no se cumple únicamente con atender enfermos: se cumple evitando que la población enferme cuando el riesgo es conocido y prevenible.
Si bien la Ley General de Salud contempla la prevención y control de enfermedades transmisibles y menciona zoonosis dentro del artículo 134, la legislación vigente no establece de manera expresa una obligación clara y operativa de prevención, vigilancia y detección temprana frente a riesgos zoonóticos reemergentes y plagas de origen animal que pueden afectar a personas, especialmente cuando dichas amenazas no están listadas en catálogos específicos o requieren reacción inmediata para evitar su propagación.
Dicho de otra forma: hoy existen herramientas dispersas, pero no existe un mandato legal expreso que cierre el espacio a la omisión cuando un riesgo de origen animal vuelve a aparecer o se expande. Ese vacío normativo provoca incertidumbre, retrasa decisiones y permite que la responsabilidad se diluya entre dependencias. Y en materia sanitaria, la dilación cuesta salud, cuesta vidas y cuesta bienestar.
La presente iniciativa atiende ese vacío con una solución concreta, jurídicamente correcta y plenamente viable:
1. Se adiciona una fracción al artículo 3 para reconocer expresamente como materia de salubridad general la prevención, vigilancia, detección temprana y atención de enfermedades zoonóticas y plagas de origen animal con impacto en la salud pública, particularmente las reemergentes o no previstas expresamente.
2. Se adiciona un párrafo operativo al artículo 134 para obligar a implementar acciones preventivas y de detección temprana, sin alterar el catálogo existente de enfermedades transmisibles, respetando la técnica legislativa y fortaleciendo la coordinación institucional.
Esta reforma no crea nuevas instituciones, no invade competencias del sector agropecuario ni genera erogaciones presupuestales adicionales. Lo que hace es algo más importante: convierte la prevención en obligación, cierra la puerta a la improvisación y obliga a actuar antes de que el daño se generalice.
Negar esta reforma sería sostener que el Estado puede seguir llegando tarde ante riesgos sanitarios previsibles. Sería aceptar que, frente a amenazas reemergentes, la respuesta puede depender de criterios discrecionales o de la voluntad del momento. Eso es inaceptable en un Estado constitucional de derecho.
Aprobar esta iniciativa es un acto mínimo de responsabilidad pública: significa proteger el derecho humano a la salud con una lógica preventiva, anticipatoria y coordinada; significa evitar que la omisión institucional se traduzca en afectaciones humanas evitables; significa que, ante amenazas como el gusano barrenador y otras plagas reemergentes, el Estado esté obligado a actuar con rapidez y eficacia.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Único. Se adiciona una fracción XV Ter al artículo 3, y se adiciona un párrafo final al artículo 134 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
I. a XV Bis.
XV Ter. La prevención, vigilancia, detección temprana y atención de enfermedades zoonóticas, así como de plagas y agentes biológicos de origen animal que representen un riesgo real o potencial para la salud pública, particularmente aquellas de carácter reemergente o no contempladas expresamente en otros ordenamientos.
XVI a XXVIII. ...
Artículo 134. ...
I. a XIV. ...
Asimismo, la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, deberá implementar acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y detección temprana frente a enfermedades zoonóticas y plagas de origen animal que, aun cuando no se encuentren expresamente listadas en las fracciones anteriores, representen un riesgo real o potencial para la salud pública, con especial atención en su carácter reemergente, su capacidad de propagación y su impacto en comunidades rurales y grupos en situación de vulnerabilidad.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud. (2023, 23 de octubre). Una sola salud (One Health).
2 One Health Joint Plan of Action (2022—2026): Working together for the health of humans, animals, plants and the environment. Organización Mundial de la Salud, FAO, Pnuma y OMSA.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 17 de diciembre de 2025.– Senadora Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Salud, de la Cámara de Senadores.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
La senadora Gina Gerardina Campuzano González:
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de prevención, vigilancia y atención temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias, a cargo de la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Gina Gerardina Campuzano González, senadora de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 55, fracción II; 56; 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de prevención, vigilancia y atención temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, el desarrollo rural sustentable exige que las políticas públicas incorporen mecanismos eficaces de prevención y gestión de riesgos que puedan comprometer la producción agropecuaria, el ingreso de las familias rurales y la seguridad alimentaria del país. Entre estos riesgos, la reaparición y propagación de plagas y enfermedades zoosanitarias constituye una amenaza directa, previsible y recurrente, cuyos efectos trascienden el ámbito sanitario para impactar de manera estructural la economía rural y los sistemas de abasto de alimentos.
La experiencia reciente ha demostrado que, cuando las respuestas institucionales se activan únicamente después de que el daño ya se ha materializado, los costos productivos, sociales y económicos se incrementan de forma significativa. Las plagas y enfermedades zoosanitarias no solo afectan a los animales, sino que generan pérdidas económicas, restricciones a la movilización y comercialización, y presiones adicionales sobre productores que, en muchos casos, carecen de la capacidad individual para enfrentar este tipo de contingencias.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como objetivos centrales fortalecer la productividad agropecuaria, mejorar el bienestar de la población rural y garantizar la seguridad alimentaria. No obstante, el marco normativo vigente no incorpora de manera expresa la prevención, vigilancia y atención temprana de riesgos zoosanitarios como un componente transversal del desarrollo rural, a pesar de que dichos riesgos inciden directamente en el cumplimiento de estos objetivos.
En la práctica, esta omisión limita la coordinación entre la política de sanidad animal y la política de desarrollo rural, reduciendo la eficacia de la acción pública ante amenazas zoosanitarias previsibles. Cuando no existe un mandato normativo claro de anticipación, la prevención se convierte en una acción discrecional y no en una obligación estructural, lo que debilita la capacidad del Estado para proteger oportunamente la producción pecuaria y la economía rural.
Integrar la prevención y vigilancia de plagas y enfermedades zoosanitarias al marco del desarrollo rural no implica crear nuevas estructuras ni generar cargas presupuestales adicionales. Por el contrario, significa optimizar el uso de las capacidades institucionales existentes, fortalecer la coordinación interinstitucional y reducir los costos futuros asociados a la atención tardía de emergencias sanitarias en el campo.
Asimismo, la prevención zoosanitaria es un elemento indispensable para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, al asegurar la continuidad de la producción agropecuaria y la estabilidad de los sistemas de abasto. Desde esta perspectiva, el desarrollo rural sustentable no puede concebirse sin incorporar medidas que protejan de manera anticipada la sanidad animal y la viabilidad productiva de las regiones rurales.
La presente iniciativa tiene por objeto incorporar de manera expresa la prevención, vigilancia y atención temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como un componente esencial para la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en el medio rural. Con ello, se busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar de forma coordinada y oportuna, evitando que riesgos previsibles se traduzcan en crisis productivas o sociales.
Esta reforma no modifica el diseño competencial vigente ni impone obligaciones adicionales a los productores. Su finalidad es dotar de mayor coherencia y eficacia al marco jurídico del desarrollo rural, promoviendo un enfoque preventivo que permita proteger la producción pecuaria, el ingreso rural y la seguridad alimentaria del país.
Aprobar esta iniciativa significa asumir con responsabilidad que el desarrollo rural sustentable no puede construirse reaccionando cuando el daño ya está hecho. Significa entender que la prevención zoosanitaria es una condición mínima para proteger la producción pecuaria, el ingreso de miles de familias rurales y la seguridad alimentaria del país. Esta reforma no crea burocracia, no impone cargas adicionales ni genera erogaciones presupuestales; únicamente establece un mandato claro de anticipación y coordinación frente a riesgos previsibles que, de no atenderse oportunamente, terminan convirtiéndose en crisis productivas, sociales y económicas. Acompañar esta propuesta es optar por un Estado que llega a tiempo, que protege al campo antes de que la pérdida sea irreversible y que cumple, con hechos, su obligación constitucional de garantizar el bienestar rural y el abasto de alimentos para todas y todos.
Por las consideraciones expuestas, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o.; se adiciona un párrafo cuarto al artículo 14; y se adiciona una fracción XV al artículo 32.; todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
Para el cumplimiento de los fines previstos en el presente artículo, el Estado deberá incorporar, de manera preventiva y coordinada, acciones de vigilancia, detección temprana y atención de plagas y enfermedades zoosanitarias que puedan afectar la producción agropecuaria, la economía rural y la seguridad alimentaria, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los recursos existentes.
Artículo 14.- ...
...
...
En la formulación y propuestas del Programa Especial Concurrente, la Comisión Intersecretarial deberá considerar medidas de coordinación para la prevención, vigilancia y atención temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias que afecten la producción pecuaria y la seguridad alimentaria, en términos de las leyes aplicables y en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 32. ...
...
...
I. a XIV. ...
XV. El impulso a acciones de prevención, vigilancia y atención temprana de riesgos sanitarios, zoosanitarios y fitosanitarios que puedan afectar la productividad agropecuaria, la salud animal, la inocuidad de los alimentos, el ingreso de los productores y la seguridad alimentaria, privilegiando esquemas de coordinación institucional, transferencia de capacidades técnicas y fortalecimiento de las unidades de producción rurales.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
i Organización Mundial de la Salud. (2023, 23 de octubre). Una sola salud (One Health).
ii One Health Joint Plan of Action (2022—2026): Working together for the health of humans, animals, plants and the environment. Organización Mundial de la Salud, FAO, PNUMA y OMSA.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2026.– Senadora Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
La senadora Gina Gerardina Campuzano González:
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de prevención, vigilancia y detección temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias con impacto en la salud pública, cargo de la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Gina Gerardina Campuzano González, senadora de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 55, fracción II, 56, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de prevención, vigilancia y detección temprana de plagas y enfermedades zoosanitarias con impacto en la salud pública, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México enfrenta hoy un escenario que el Estado no puede seguir atendiendo de manera reactiva ni fragmentada: la reaparición y propagación de plagas y enfermedades de origen animal que impactan de forma directa la salud pública, la producción pecuaria, la economía rural y la seguridad alimentaria del país. No se trata de un problema nuevo ni desconocido, sino de un riesgo previsible, cuyo manejo tardío evidencia vacíos normativos operativos, más que ausencia de atribuciones formales.
La Ley Federal de Sanidad Animal establece, desde su objeto y principios generales, un amplio catálogo de facultades para la autoridad en materia de diagnóstico, control, erradicación, cuarentena, movilización y medidas zoosanitarias. Sin embargo, el diseño actual del ordenamiento prioriza una lógica de reacción frente a la presencia de la enfermedad o la plaga, más que un mandato expreso de prevención, vigilancia y detección temprana ante riesgos reemergentes o no previstos específicamente en programas ordinarios.
En la práctica, esta diferencia es crucial. La Ley vigente faculta a la autoridad para actuar cuando el brote ya se manifestó, cuando el foco fue identificado o cuando la plaga ya generó afectaciones. No obstante, no impone de manera clara una obligación jurídica de anticipación, es decir, de actuar antes de que el daño se materialice, aun cuando el riesgo sea conocido, documentado y técnicamente prevenible. Este vacío permite que la respuesta dependa de criterios discrecionales, capacidades regionales desiguales o decisiones administrativas coyunturales.
La reaparición del gusano barrenador ilustra con claridad esta debilidad estructural. Se trata de una plaga históricamente conocida, erradicada en el pasado gracias a esquemas de vigilancia sistemática y detección temprana. Su reemergencia no obedece a la inexistencia de facultades legales, sino a la falta de un mandato normativo expreso que obligue a mantener mecanismos permanentes de prevención y vigilancia, incluso en ausencia de brotes activos. El resultado es previsible: cuando la autoridad actúa, el daño ya se expandió.
El impacto del gusano barrenador no se limita a la esfera productiva. Puede provocar miasis en seres humanos, afectando especialmente a personas adultas mayores, población con heridas abiertas y comunidades rurales con acceso limitado a servicios de salud. En estos casos, una plaga de origen animal trasciende el ámbito zoosanitario y se convierte en un problema de salud pública, evidenciando la necesidad de una respuesta integral y anticipatoria.
El marco constitucional no admite omisiones frente a riesgos previsibles. El artículo 4° de la Constitución obliga al Estado a garantizar el derecho a la salud con un enfoque preventivo, no meramente reactivo. Asimismo, el derecho a una alimentación adecuada se ve directamente comprometido cuando una plaga afecta la producción pecuaria, altera el abasto y encarece los alimentos. Estos derechos no se cumplen actuando cuando la crisis ya ocurrió, sino evitando que ocurra cuando el riesgo es conocido y controlable.
Si bien la Ley Federal de Sanidad Animal contempla conceptos como prevención, vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo, estos aparecen dispersos, asociados a programas, campañas o medidas específicas, pero sin un mandato legal transversal y obligatorio que cierre el espacio a la inacción frente a plagas y enfermedades zoosanitarias reemergentes o no previstas expresamente. En ausencia de este mandato, la prevención se convierte en una opción administrativa, no en una obligación jurídica exigible.
La presente iniciativa no pretende duplicar atribuciones ni alterar el diseño institucional existente. Por el contrario, fortalece y ordena lo ya previsto en la Ley, elevando la prevención, vigilancia y detección temprana a un nivel normativo claro, expreso y operativo. Se trata de cerrar el vacío entre la facultad y la obligación, asegurando que la autoridad actúe con anticipación y coordinación, y no únicamente cuando el daño ya es evidente.
Asimismo, esta reforma armoniza el marco zoosanitario con la reciente reforma a la Ley General de Salud en materia de enfermedades zoonóticas. Si el Estado ya reconoció, desde el ámbito de la salud pública, que debe prevenir riesgos de origen animal, resulta incoherente mantener un régimen zoosanitario que no tenga el mismo estándar de anticipación. Sin esta armonización, el combate a plagas como el gusano barrenador queda incompleto, reactivo y desarticulado, trasladando la carga operativa y económica a los productores.
Esta iniciativa no crea nuevas instituciones, no invade competencias, no genera erogaciones presupuestales adicionales y no impone cargas indebidas a los productores. Lo que hace es jurídicamente más relevante: convierte la prevención en obligación, elimina la discrecionalidad frente a riesgos previsibles y fortalece la capacidad del Estado para proteger simultáneamente la salud pública, la producción pecuaria y la seguridad alimentaria.
Negar esta reforma implicaría aceptar que, aun con riesgos zoosanitarios conocidos y documentados, el Estado puede seguir llegando tarde; que la anticipación es opcional y que el costo de la omisión puede seguir recayendo sobre el campo y la población. Esa postura es incompatible con un Estado constitucional de derecho y con la responsabilidad mínima que se debe a la sociedad.
Aprobar esta iniciativa significa dar coherencia al marco jurídico, fortalecer la prevención, proteger la salud humana, dar certeza a quienes producen alimentos y asegurar que, frente a amenazas zoosanitarias reemergentes, el Estado esté legalmente obligado a actuar antes de que el daño sea irreversible.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal
Único. Se adiciona una definición al artículo 4; se adiciona una fracción LXXI y se recorre la fracción subsecuente del artículo 6; se adiciona un párrafo final al artículo 16; y se adiciona un párrafo final al artículo 160, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:
Artículo 4. ...
...
Enfermedad o plaga reemergente: Aquella enfermedad o plaga de los animales que, habiendo reducido significativamente su presencia o habiendo sido erradicada en el territorio nacional o en una región del mismo, reaparece, incrementa su presencia o cuyo riesgo de reintroducción o propagación se actualiza por cambios epidemiológicos, ambientales, de movilización, comercio o condiciones fronterizas, y que puede representar un riesgo zoosanitario relevante, así como una afectación potencial a la salud pública o a la seguridad alimentaria.
...
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
I. a LXX. ...
LXXI. Implementar, de manera permanente y coordinada, acciones de prevención, vigilancia y detección temprana frente a enfermedades y plagas zoosanitarias reemergentes o no previstas expresamente en programas o campañas específicas, cuando representen un riesgo real o potencial para la salud pública, la producción pecuaria o la seguridad alimentaria.
...
...
Artículo 16. ...
I. a XXI. ...
Tratándose de enfermedades o plagas reemergentes, o de aquellas que, aun sin estar previstas expresamente en programas o campañas zoosanitarias, representen un riesgo real o potencial por su capacidad de propagación, la Secretaría deberá asegurar que dichas disposiciones incluyan acciones de prevención, vigilancia y detección temprana, con enfoque de administración de riesgos, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad epidemiológica, las regiones productivas y las zonas fronterizas.
Artículo 160. ...
Asimismo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica deberá incorporar acciones de prevención, vigilancia activa y detección temprana orientadas a identificar oportunamente la reaparición o propagación de enfermedades y plagas reemergentes o no previstas expresamente, cuando representen un riesgo real o potencial para la salud pública, la producción pecuaria o la seguridad alimentaria, y deberá coordinarse con las autoridades competentes para la implementación inmediata de las medidas zoosanitarias correspondientes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
i Organización Mundial de la Salud. (2023, 23 de octubre). Una sola salud (One Health).
ii One Health Joint Plan of Action (2022—2026): Working together for the health of humans, animals, plants and the environment. Organización Mundial de la Salud, FAO, PNUMA y OMSA.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2026.– Senadora Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Ganadería, de la misma Cámara de Senadores.
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Continuamos con el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal en materia de protección de bases de datos poblacionales estratégicas del Estado. Muchas gracias, diputado. Adelante.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México.
En la era digital, la fortaleza y la soberanía de una nación ya no se miden únicamente por la extensión de su territorio ni por la vigencia de sus fronteras físicas. Hoy, uno de los activos más valiosos del Estado se encuentra resguardado en sus sistemas digitales. me refiero a las bases de datos poblacionales que son el ADN de nuestra nación.
Son los datos que acreditan nuestra identidad, registros que permiten el acceso a la salud, a la seguridad social, a los derechos políticos y a los programas públicos. Información que define quiénes somos ante la ley y que hace posible el funcionamiento cotidiano del Estado mexicano.
Las bases de datos poblacionales como el Registro Nacional de Población, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS y el ISSSTE constituyen, en los hechos, la columna vertebral informativa del país. En ellas se concentra una parte esencial de la gobernabilidad, de la estabilidad institucional y de la confianza ciudadana.
Sin embargo, también debemos reconocer una realidad que enfrentan hoy todos los estados modernos. Los riesgos asociados al manejo y resguardo de la información han evolucionado. Los ataques cibernéticos, los accesos indebidos y las filtraciones de datos personales ya no son escenarios lejanos, sino amenazas concretas que pueden afectar a millones de personas, a millones de mexicanos.
Cuando una base de datos poblacional es vulnerada, no solo se compromete un sistema informático, se expone a la ciudadanía a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad; se debilita la confianza en las instituciones y se ponen en riesgo los servicios públicos esenciales.
Por ello, hoy es necesario entender que una base de datos estratégica puede ser tan relevante para el país como una red eléctrica, una vía de comunicación o cualquier infraestructura física crítica. Su protección es un tema meramente técnico, es un asunto de seguridad, de derechos y de responsabilidad del Estado.
Por ello, la iniciativa que hoy presento tiene un objetivo muy claro: reconocer jurídicamente a las bases de datos poblacionales estratégicas, como infraestructura física y como componentes de seguridad nacional.
Este cambio de enfoque permitirá fortalecer su protección mediante estándares más altos de seguridad informática, protocolos de prevención, detección y respuesta, y una mayor coordinación institucional.
Experiencias internacionales demuestran que es posible avanzar hacia modelos sólidos de protección de la información gubernamental, donde la tecnología, el marco jurídico y la responsabilidad institucional trabajan de manera conjunta. México tiene la capacidad y la oportunidad de dar este paso con visión de futuro hoy.
Esta propuesta no solo busca prevenir amenazas externas, también fortalece la ética en el servicio público. Al fortalecer la protección de los datos protegemos la identidad de las personas, la estabilidad institucional y la confianza de la ciudadanía.
Compañeras y compañeros legisladores, presentar hoy exige anticipar los riesgos del futuro, hoy tenemos la oportunidad de blindar el corazón de México y de enviar un mensaje claro desde esta tribuna. La información, las bases de datos de nuestra gente se respeta, se protege y se defiende dentro del Estado mexicano.
Desde el Partido Verde Ecologista de México los invito a acompañar esta iniciativa con altura de miras, convencidos de que el etiquetado de seguridad nacional e infraestructura física crítica de las bases de datos poblacionales debe ser una condición indispensable para que la tecnología sea siempre una herramienta de progreso y no un factor de vulnerabilidad. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de Seguridad Nacional; General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código Penal Federal, en materia de protección de bases de datos poblacionales estratégicas del Estado, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal, en materia de protección de bases de datos poblacionales estratégicas del Estado, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la era digital, la información poblacional se ha convertido en un activo estratégico del Estado mexicano. Las bases de datos que concentran datos personales de millones de personas —registros de identidad, padrones electorales, expedientes de seguridad social, entre otros— son hoy tan relevantes para el funcionamiento nacional como las instalaciones físicas de energía, comunicaciones o transporte. Su protección eficaz resulta esencial para garantizar la continuidad del Estado, la confianza ciudadana en las instituciones y el pleno ejercicio de derechos fundamentales.
No obstante, en los años recientes México ha enfrentado incidentes alarmantes de ciberataques, filtraciones masivas y venta ilegal de datos personales sustraídos de sistemas gubernamentales. Tales hechos han puesto de relieve graves vulnerabilidades en la custodia de la información poblacional, comprometiendo derechos constitucionales, la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática.
En este contexto, la presente iniciativa propone declarar a las bases de datos poblacionales estratégicas en poder del Estado como componentes de seguridad nacional e infraestructura crítica. Esta declaratoria permitirá reconocer jurídicamente su relevancia estratégica, establecer medidas reforzadas de protección y ciberseguridad, tipificar conductas delictivas específicas en torno a ellas y articular mecanismos institucionales acordes con los más altos estándares internacionales.
A continuación se exponen las razones que motivan la propuesta, justificando su necesidad, su encuadramiento constitucional y su consonancia con las mejores prácticas comparadas, en particular los modelos de protección de datos críticos desarrollados en Corea del Sur y Estonia.
Bases de datos poblacionales como infraestructura crítica del Estado
La Ley de Seguridad Nacional encomienda al Consejo de Seguridad Nacional la identificación e inventario de la infraestructura estratégica del país, entendida como aquellas instalaciones, sistemas y recursos cuya afectación pondría en peligro la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Tradicionalmente, este concepto se ha asociado a sectores como el energético, las comunicaciones, el sistema financiero o las instalaciones militares.
Sin embargo, la definición operativa de instalación estratégica es más amplia: comprende “los espacios, inmuebles, construcciones, equipos y demás bienes” indispensables para el funcionamiento de las actividades estratégicas definidas en la Constitución, así como aquellos que aseguran la continuidad del Estado. Importa subrayar que una instalación estratégica no se agota en edificaciones o infraestructura física; incluye también sistemas informáticos, software, redes de comunicación y personal especializado. En otras palabras, los sistemas de información gubernamentales pueden constituir infraestructura estratégica cuando resultan imprescindibles para la operación del país.
Bajo esa lógica, las bases de datos poblacionales —por ejemplo, el Registro Nacional de Población (Renapo) que administra la CURP, el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, las bases de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, entre otras— califican como infraestructura crítica. En ellas se concentran datos personales (nombre, fecha de nacimiento, domicilio, identificadores únicos, datos biométricos, historial de servicios) de prácticamente toda la población. Son la columna vertebral informativa para la prestación de servicios públicos esenciales: identificación de las personas, seguridad social, salud pública, planeación económica, política fiscal, seguridad pública y programas sociales, entre otros.
Su interrupción, destrucción, alteración masiva o uso indebido tendría un impacto profundamente disruptivo en la sociedad y en la gobernanza. Así, una pérdida de integridad en el Renapo afectaría la expedición de documentos de identidad en todo el territorio; una caída o manipulación maliciosa de la base del IMSS podría paralizar la atención médica y el pago de pensiones a nivel nacional; una filtración del padrón electoral vulneraría principios democráticos y socavaría la confianza en los procesos electorales. Escenarios de esa naturaleza comprometen directamente la seguridad nacional, entendida como la preservación del orden constitucional, las instituciones y la población frente a amenazas internas o externas.
El derecho comparado confirma que la información gubernamental esencial es tratada como componente crítico del Estado. En Estonia, país pionero en gobierno digital, la legislación define la infraestructura de información crítica como los sistemas de información y comunicación cuya continuidad, confiabilidad y seguridad son esenciales para el funcionamiento adecuado del país, integrándolos explícitamente en la infraestructura crítica nacional. De manera semejante, en Corea del Sur la normativa en la materia incluye los sistemas electrónicos vinculados con la administración pública y la seguridad nacional dentro de las infraestructuras de información a proteger con prioridad. En ambos casos se reconoce que la información poblacional e institucional es un activo estratégico que debe resguardarse al más alto nivel.
Siguiendo esta tendencia, México debe dar el paso normativo de reconocer explícitamente sus bases de datos poblacionales estratégicas como infraestructura crítica y objeto de seguridad nacional. Esta declaratoria proporcionará el marco legal para destinar recursos, capacidades y protocolos excepcionales de protección, del mismo modo que se hace con instalaciones estratégicas físicas como puertos, aeropuertos, refinerías o redes eléctricas.
Riesgos actuales: ciberataques, filtraciones masivas y venta ilegal de datos
Diversos incidentes recientes han puesto de manifiesto que nuestras bases de datos poblacionales están expuestas a amenazas reales e inminentes. Cada uno de ellos subraya la urgencia de reforzar su protección:
Ciberataques y filtraciones en el sector salud y seguridad social. Tan solo en el año 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrentó múltiples ataques cibernéticos de gran envergadura dirigidos a sus bases de datos, con robo masivo de información de millones de afiliados. En uno de los episodios más graves, se sustrajeron decenas de millones de registros de derechohabientes —incluyendo nombres, CURP, número de seguridad social y datos sensibles de salud—, comprometiendo información de casi la mitad de la población del país. Posteriormente se hizo público que un grupo de atacantes ofreció en mercados clandestinos de la web oscura los datos personales de alrededor de 20 millones de pensionados del IMSS por una suma irrisoria, confirmándose la veracidad de las muestras difundidas.
Aunque la institución negó haber sufrido un “hackeo” tradicional y atribuyó el incidente a una posible filtración interna por uso indebido de credenciales legítimas, lo cierto es que se habría tratado de un acto de traición o colusión desde el interior, igualmente grave que un ataque externo. Más allá de la vulneración a la privacidad, estos hechos exponen a los adultos mayores a delitos subsecuentes: extorsiones, fraudes de identidad, robos patrimoniales y otros ilícitos, al encontrarse sus datos personales a disposición de grupos criminales.
Vulneración de otras entidades y venta clandestina de datos. Los ciberdelincuentes no se han limitado al IMSS. Investigaciones recientes han documentado el compromiso de decenas de millones de registros personales custodiados por instituciones como el Infonavit, los cuales habrían sido ofrecidos ilegalmente en foros clandestinos. Asimismo, se detectó un ataque masivo que extrajo centenares de gigabytes de información de diversas dependencias federales —incluyendo de nueva cuenta datos del sector salud— sin que fuera posible contener o revertir el robo en tiempo real.
A nivel estatal, también se han acreditado intrusiones a sistemas de seguridad pública, como centros de comando (C5) y fiscalías, en las que se habrían exfiltrado bases de datos relacionadas con videovigilancia, investigaciones o reportes ciudadanos. Estos casos evidencian un patrón sistemático de ataques persistentes y coordinados contra bases de datos gubernamentales en distintos niveles de gobierno.
Filtraciones históricas del padrón electoral y registros de identidad. No es la primera vez que México enfrenta filtraciones masivas de datos poblacionales estratégicos. En 2016, una copia prácticamente completa del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral —con información personal de más de 90 millones de votantes— fue encontrada expuesta públicamente en un servidor de almacenamiento en el extranjero, sin contraseña ni cifrado. La base contenía nombres, domicilios, fechas de nacimiento y otros datos confidenciales.
Más preocupante aún fue el hecho de que el propio Instituto no reportó intrusiones externas en sus sistemas, lo cual sugiere que la filtración pudo realizarse desde dentro, por actores con acceso legítimo que extrajeron indebidamente la información. De forma similar, se han documentado intentos de intrusión al Registro Nacional de Población, cuya base central —que genera y administra la CURP— resulta especialmente atractiva para grupos criminales por su valor para suplantaciones de identidad y fraudes. Expertos han advertido que iniciativas recientes, como la creación de una CURP con fotografía y datos biométricos como nueva identificación oficial, incrementan el atractivo del Renapo para los mercados ilícitos y podrían motivar intentos redoblados de ataque contra esa plataforma.
Estos ejemplos demuestran que las bases de datos poblacionales de México ya son objetivo directo de ciberataques y filtraciones, tanto por parte de hackers motivados por lucro como, potencialmente, por grupos de delincuencia organizada e incluso actores extranjeros que buscan explotar nuestra información con fines ilícitos o de desestabilización. La venta ilegal de datos personales en mercados negros se ha convertido en una actividad lucrativa que erosiona la privacidad ciudadana y alimenta otras conductas delictivas. La oferta de millones de registros por montos reducidos evidencia la sobreabundancia de datos robados en circulación, haciendo fácil y barata la obtención de información personal de prácticamente cualquier individuo.
Se trata, en suma, de una amenaza multidimensional: a la seguridad de las personas, a la economía (por fraudes financieros y transaccionales), a la seguridad pública (por extorsiones y violencia asociada) y a la seguridad del Estado, en la medida en que se mina la confianza en las instituciones custodias de datos y se abre la puerta a actos de sabotaje o espionaje masivo.
Los riesgos actuales no son hipotéticos, sino palpables y documentados. Si no se actúa legislativamente, México continuará expuesto a pérdidas irremediables de información sensible, con costos incalculables para la sociedad y el gobierno. Blindar jurídicamente estas bases de datos como infraestructura crítica es una necesidad impostergable para elevar su prioridad de protección.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal, en materia de protección de bases de datos poblacionales estratégicas del Estado
Artículo Primero. Se reforman las fracciones XII y XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 5; se adiciona un artículo 6 Bis a la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:
Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. a XI. ...
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos ,
XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y
XIV. Cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, la información contenida en bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado, así como los actos tendentes a facilitar, encubrir o aprovechar dichas conductas. En general, se considerará amenaza a la seguridad nacional todo atentado cibernético, intrusión, divulgación no autorizada o sabotaje que vulnere la integridad, confidencialidad o disponibilidad de las bases de datos poblacionales estratégicas del país.
Artículo 6 Bis.- Las bases de datos poblacionales estratégicas en poder del Estado Mexicano se consideran parte de la infraestructura crítica nacional, por ser indispensables para la seguridad nacional y el interés público. Se entiende por bases de datos poblacionales estratégicas aquellas administradas por autoridades públicas que contienen datos personales de una proporción significativa de la población o datos de identidad de los habitantes, cuya alteración, destrucción, divulgación o uso ilícito podría:
I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad interior o la seguridad pública;
II. Afectar la continuidad de servicios esenciales del Estado o la garantía de derechos fundamentales de la población a gran escala, o
III. Lesionar la gobernabilidad democrática, la integridad de procesos electorales, la estabilidad económica o la confianza ciudadana en las instituciones, mediante el uso indebido de dicha información.
Artículo Segundo. Se adiciona un Capítulo III, denominado “De las Bases de Datos Críticas del Estado”, que contiene los artículos 76 Bis, 76 Ter, 76 Quáter y 76 Quintus, al Título Sexto de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para quedar como sigue:
Capítulo IIIDe las Bases de Datos Críticas del Estado
Artículo 76 Bis. Para efectos de esta ley, se considera Base de Datos Crítica del Estado aquella base de datos en posesión de sujetos obligados que, por su naturaleza estratégica o por el volumen o sensibilidad de los datos personales que contiene, resulte indispensable para la continuidad de funciones esenciales del Estado o cuya afectación pudiera comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o causar un daño grave a un amplio conjunto de personas.
En todo caso, tendrán carácter de bases de datos críticas del Estado, entre otras, las bases de datos poblacionales estratégicas determinadas conforme a la Ley de Seguridad Nacional y aquellas que sean calificadas como infraestructura de información crítica mediante lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y del Consejo de Seguridad Nacional.
Artículo 76 Ter. Los responsables de bases de datos críticas del Estado deberán implementar medidas de seguridad reforzadas de nivel alto, superiores a las establecidas con carácter general, a fin de garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad, autenticidad y resiliencia de la información. Entre dichas medidas, que serán proporcionales a la criticidad de la base de datos, se incluirán al menos:
I. Controles de acceso estrictos y monitoreo continuo, con mecanismos de autenticación robusta y registro permanente de cualquier acceso, consulta, modificación o transferencia de datos;
II. Cifrado criptográfico de los datos personales sensibles o de identificación en reposo y en tránsito, así como medidas de seudonimización o disociación cuando aplique, para minimizar riesgos en caso de filtración;
III. Planes periódicos de evaluación de vulnerabilidades y pruebas de penetración en los sistemas informáticos que soportan la base de datos, para detectar y subsanar oportunamente posibles brechas de seguridad;
IV. Protocolos de respuesta a incidentes de seguridad orientados a contener, mitigar y notificar cualquier vulneración de la seguridad de los datos personales. En caso de detectarse acceso no autorizado o pérdida/alteración de información en una base de datos crítica, el responsable deberá notificar de inmediato al órgano garante competente en materia de protección de datos personales y al Consejo de Seguridad Nacional, para la coordinación de acciones de contención y las investigaciones conducentes, y
V. Auditorías de seguridad y cumplimiento normativo al menos una vez al año a cargo del órgano interno de control o unidad equivalente, con participación, en su caso, de la autoridad garante en materia de datos personales, para verificar la eficacia de las medidas implementadas y formular recomendaciones. Los resultados de estas auditorías serán documentados y, tratándose de bases de datos poblacionales estratégicas, podrán ser clasificados como información reservada por seguridad nacional, conforme a la Ley General de Transparencia, siempre que su publicidad ponga en riesgo la protección de los datos o la seguridad de los sistemas.
Artículo 76 Quáter. Las instituciones responsables de bases de datos críticas del Estado deberán designar, en el ámbito de su Comité de Transparencia u órgano colegiado equivalente, a un Enlace de Seguridad de la Información encargado de supervisar el debido cumplimiento de las medidas de protección reforzadas. Este Enlace de Seguridad deberá ser un servidor público de nivel directivo con conocimientos especializados en seguridad de la información y protección de datos personales, cuyas funciones incluirán:
I. Coordinar la elaboración e implementación del Documento de Seguridad específico para la base de datos crítica, detallando políticas, procedimientos y controles particulares;
II. Fungir como punto de contacto institucional con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el Consejo de Seguridad Nacional y con el órgano garante de transparencia, para la atención de recomendaciones, lineamientos técnicos y eventuales incidentes relacionados con la base de datos crítica, y
III. Promover la capacitación continua del personal que maneja la base de datos crítica, en temas de seguridad de la información, ciberseguridad y manejo ético de los datos, estableciendo controles de confianza cuando la naturaleza de la información lo amerite.
Artículo 76 Quintus. El régimen de transparencia y acceso a la información aplicable a las bases de datos críticas del Estado deberá observar un equilibrio entre la máxima publicidad y la salvaguarda de la seguridad nacional y la privacidad. En ese sentido:
I. La existencia, finalidad y marco normativo de cada base de datos crítica del Estado serán públicos. Los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios electrónicos y en la Plataforma Nacional de Transparencia descripciones generales de dichas bases de datos, incluyendo su denominación, propósito, categoría de información que contienen y medidas básicas de protección implementadas, siempre que dicha información general no comprometa la seguridad de la base de datos.
II. Se considerará información reservada por motivos de seguridad nacional aquella que detalle la arquitectura de seguridad, los controles específicos, claves de cifrado, configuraciones técnicas o vulnerabilidades identificadas de la base de datos crítica, cuya divulgación pudiera facilitar riesgos o ataques. Asimismo, podrá reservarse la información cuyo acceso irrestricto pueda ser utilizado para fines que pongan en peligro la seguridad de las personas (por ejemplo, listados completos de población con datos personales). Estas reservas se harán conforme a los criterios y procedimientos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sujetas a prueba de daño y ponderación caso por caso.
III. La información de carácter personal contenida en bases de datos críticas del Estado se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y demás normas de protección de datos personales. En cualquier solicitud de acceso a datos personales contenida en dichas bases, el sujeto obligado deberá extremar precauciones para verificar la identidad y legitimidad del solicitante, aplicando controles adicionales si es necesario, en virtud de la criticidad de los datos solicitados.
IV. En caso de que alguna base de datos crítica contenga información no personal de interés público (por ejemplo, estadísticas agregadas, indicadores no confidenciales), se procurará ponerla a disposición en formatos de datos abiertos, con periodicidad y nivel de agregación que no comprometan la seguridad ni revelen datos protegidos. La publicación proactiva de información derivada de bases de datos críticas deberá ser aprobada por el Comité de Transparencia respectivo, siguiendo la asesoría del Enlace de Seguridad de la Información y atendiendo a las recomendaciones del órgano garante.
Artículo Tercero. Se adiciona una nueva fracción VI al artículo 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recorriéndose la actual en el orden subsecuente, para quedar como sigue:
Artículo 42 Ter.- A la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a V. ...
VI. Coordinar, con las dependencias y entidades de la administración pública federal que sean responsables de bases de datos críticas del Estado, las acciones orientadas a la protección, estandarización e interoperabilidad de dichas bases de datos. En ejercicio de esta atribución, la Agencia deberá emitir lineamientos y criterios técnicos para asegurar un nivel homogéneo y óptimo de seguridad informática en la administración de las bases de datos críticas, fomentando la adopción de mejores prácticas en ciberseguridad, respaldo de información, recuperación ante desastres y continuidad operativa. Asimismo, la Agencia impulsará la interoperabilidad regulada entre bases de datos críticas y otros sistemas gubernamentales, con el fin de aprovechar sinergias tecnológicas y evitar duplicidades, todo ello sin comprometer la confidencialidad de los datos ni vulnerar las disposiciones de protección de datos personales. La Agencia actuará en estrecha coordinación técnica con las dependencias titulares de cada base de datos crítica, brindándoles asesoría y apoyo en materia de innovación tecnológica y protocolos de seguridad, y coadyuvará con las autoridades competentes en seguridad nacional y protección de datos para garantizar el cumplimiento integral de los lineamientos de este ámbito.
VII. Definir los protocolos de seguridad de la información y comunicaciones de la administración pública federal;
...
...
...
Artículo Cuarto. Se adiciona un Capítulo III, denominado “Delitos en Materia de Bases de Datos Críticas del Estado”, que contiene los artículos 211 Bis 8, 211 Bis 9, 211 Bis 10, 211 Bis 11 y 211 Bis 12, al Título Noveno del Libro Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Capítulo IIIDelitos en Materia de Bases de Datos Críticas del Estado
Artículo 211 Bis 8. Comete el delito de acceso ilícito a una base de datos crítica del Estado quien, sin autorización y mediante cualquier medio, acceda a una base de datos crítica del Estado, u obtenga, copie, extraiga, interfiera o altere total o parcialmente los datos personales contenidos en la misma, o los sistemas o equipos que la soportan.
I. Si el agente modifica, daña, borra, destruye o inutiliza información contenida en la base de datos crítica, o provoca la interrupción de su funcionamiento, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos días.
II. Si el agente accede, conoce, descarga o copia información de la base de datos crítica sin causar daños o alteraciones a los sistemas, se le impondrán de tres a diez años de prisión y multa de trescientos a ochocientos días.
Artículo 211 Bis 9. Comete el delito de comercialización indebida de datos personales de una base de datos crítica del Estado quien, sin estar autorizado para ello, transfiera, venda, ceda, distribuya o divulgue a un tercero datos personales que formen parte de una base de datos crítica del Estado, con ánimo de lucro o beneficio propio o de un tercero, o con el objetivo de causar un perjuicio. A quien incurra en esta conducta se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa.
Artículo 211 Bis 10. Comete el delito de manejo ilícito de datos en bases de datos críticas del Estado por parte de personal autorizado aquel servidor público, funcionario, empleado o contratista que, estando autorizado para acceder o administrar una base de datos crítica del Estado en razón de su empleo o función, incumpla deliberadamente sus deberes de custodia o exceda los permisos otorgados con cualquiera de las finalidades siguientes: obtener, usar, sustraer, divulgar, alterar, falsificar o suprimir datos personales contenidos en la base de datos, fuera de los casos permitidos por la ley y sin consentimiento de la autoridad competente o de los titulares de los datos cuando se requiera.
I. Si la persona autorizada alterare, falsificare, destruyere, dañare o suprimiere datos de la base de datos crítica, o provocare la interrupción no autorizada de su operación, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de trescientos a novecientos días multa.
II. Si la persona autorizada obtiene, copia, extrae, divulga o transmite a terceros información contenida en la base de datos crítica, sin estar facultada para ello y al margen de los fines institucionales, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.
Además de las sanciones anteriores, al responsable de este delito que ostente la calidad de servidor público se le impondrá la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de cinco a diez años, según la gravedad de la conducta. En todos los casos del presente artículo, se entenderá que el autor actuó deliberadamente cuando conocía las restricciones legales sobre el uso de la información y aun así actuó en contravención de éstas con intención de beneficio propio o ajeno, o para causar daño o ventaja indebida.
Artículo 211 Bis 11. Comete el delito de omisión o negligencia grave en el manejo de bases de datos críticas del Estado el servidor público o encargado que, por falta de cuidado, inobservancia de sus deberes, incumplimiento de protocolos de seguridad o negligencia inexcusable, permita u origine con su conducta que personas no autorizadas accedan, obtengan, extraigan, alteren o difundan total o parcialmente los datos personales contenidos en una base de datos crítica del Estado, siempre que dicha conducta genere un riesgo efectivo o un daño a la seguridad de la información o a los derechos de los titulares de los datos.
A quien incurra en esta conducta se le impondrán de dos a siete años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. Tratándose de un servidor público, se le impondrá además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
Artículo 211 Bis 12. Agravantes especiales. Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias en la comisión de los delitos:
I. Cuando la información personal obtenida, revelada o utilizada indebidamente sea empleada con fines de lucro, ventaja económica o beneficio político para el autor del delito o terceros, o bien fuere difundida masivamente.
II. Cuando la conducta ilícita cause un perjuicio grave a la seguridad nacional, a la seguridad pública o a la defensa del Estado, ya sea porque los datos obtenidos se utilicen para cometer otros delitos de alto impacto (espionaje, terrorismo, extorsión masiva, etc.) o porque comprometan operaciones, planes o personal relacionado con la seguridad nacional.
III. Cuando el delito fuere cometido por un servidor público perteneciente a alguna institución de seguridad nacional, seguridad pública, procuración de justicia o fuerzas armadas, aprovechando los conocimientos, accesos o facilidades propios de su cargo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2026.– Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana, y de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, que tipifica el delito de fraude procesal. Adelante, senadora.
La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Vengo en mi calidad, por supuesto, de senadora, este tema lo venimos desde hace algún tiempo insistiendo, porque el fraude procesal sobre todo es uno de los temas que laceran más, sobre todo a las mujeres. A las mujeres porque la pobreza patrimonial, porque el despojo de sus tierras, porque el despojo de su propiedad, es uno de los temas que no podía yo dejar de subir a esta tribuna.
Y lo comento porque hace ya algunos años, quien fuera mi cuñada, Daniela Villanueva, tenía una enfermedad, lupus, y ella se dedicaba a ser una litigante, abogaba para que su propiedad no fuera despojada por un grupo de abogados, de funcionarios y de jueces al servicio de seguir defraudando a los habitantes de la alcaldía de donde yo soy originaria, que es la alcaldía de Milpa Alta.
Milpa Alta es una alcaldía que tiene el uso de suelo... es un uso de suelo comunal. Y ella, enferma de lupus, dio hasta el final la fuerza que la vida le permitió para defender y no ser despojada de su casa.
Sin embargo, no logró ver lo que hoy estoy presentando porque hay quienes se escudan desde los espacios como jueces, magistrados, MP, que actúan como pandilla, porque eso es lo que hay que decir. Actúan como pandilla y han llegado al grado de haberme denunciado porque dicen que no se ha logrado concretar el despojo porque he estado yo siempre presente al lado de mis sobrinas.
Y por eso cuando he viajado por otros lugares del país, en el caso de Baja California, es uno de los estados que ha avanzado mucho en el tema del fraude procesal.
Y por eso vengo a presentar este proyecto de reforma porque se ha reconocido al fraude procesal que es uno de los delitos más sofisticados en el ámbito penal mexicano, ya que, a diferencia de los fraudes comunes, dicho ilícito se comete durante el curso de un procedimiento judicial.
A través de la alteración o falsificación de documentos, testimonios falsos, peritajes carentes de veracidad se induce al error judicial para que se dicte una resolución injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero.
De esta forma, el delito de fraude procesal se configura con la presentación de documentación falsa, la ocultación de hechos relevantes, la simulación de actos jurídicos o con la utilización de testigos falsos en un juicio civil, familiar, mercantil, penal o administrativo.
Cabe precisar que la comisión de este delito puede generar, además, la afectación de otros bienes jurídicos que son protegidos como el patrimonio de las personas, cuando en dichos procesos o juicios se encuentra en el centro de litigio en la resolución sobre la ocupación, posesión y propiedad de bienes inmuebles, lo que puede resultar un despojo indebido de los mismos.
Considerando que en el Código Penal Federal no existe el tipo penal federal del delito de fraude procesal, ya que solo prevé en sus artículos 247, 243, 246 y 386, respectivamente, los tipos penales de los delitos de falsedad en declaraciones oficiales y de informes dados a una autoridad, falsificación de documentos en general y en fraude.
En diversas entidades federativas se encuentra tipificado con precisión dicho ilícito, como en los Códigos Penales. En la Ciudad de México se avanzó, aún falta avanzar en los temas de fondo en el estado de Baja California, con la finalidad de garantizar una eficaz y correcta administración de justicia, como bien jurídico tutelado, y la protección de otros bienes tutelados, como el patrimonio de las personas. Así como lograr una mayor efectividad del castigo de este ilícito.
Por eso, propongo establecer el tipo penal de este delito en el Código Penal Federal, en su Título Decimoprimero, Delitos cometidos contra la administración de justicia.
Concretamente, para establecer en el artículo 227-Bis, al que, con el propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo en beneficio de sí o de otro, altere o simule un acto jurídico, un acto escrito judicial o elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a engañar, inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con independencia del resultado final del proceso judicial o administrativo que se trate.
Se le impondrán de 12 meses a 8 años de prisión y multa de 50 a 250 veces el valor diario de la unidad, medida y actualización, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que resulten, como la falsedad de declaración, informes y falsificación de documentos.
Además de que se propone que dicho delito se persiga por querella, salvo que la cuantía o monto del beneficio pretendido exceda de 5 mil veces el valor diario de unidad, medida y actualización, cuando en la comisión de este delito participe un profesional del derecho, perito o litigante legalmente autorizado. Y se propone que, además de las penas anteriores, se le suspenda el derecho de ejercer dicha actividad por un término igual a la prisión impuesta.
Se propone, y con eso terminaría, en el régimen transitorio de esta propuesta, que, en un plazo no mayor de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas procedan a realizar las reformas legales que correspondan para armonizar su legislación con el presente decreto.
La Secretaría capitalina de la ciudad ha hecho una acción muy importante al registrarse, en el 2025, 4 mil 71 denuncias relacionadas con este delito. Se ha derivado esto, por supuesto, en mesas que ha atendido la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, ha logrado evitar que la simulación de compra-venta a través de la usurpación de identidad y juicios falsos, mejor conocidos como fraude procesal.
Es decir, celebro que desde esta alta tribuna logremos apoyar, no solo es el caso de esta familia que hoy no está presente ya con nosotros, sino de muchas mujeres en donde he estado, diferentes partes del país, que nos piden que el fraude procesal sea algo conocido para acabar con la pobreza patrimonial y con el despojo y el atropello que viven las mujeres mexicanas todos los días en esta gran nación. Es cuanto, presidenta de esta honorable Cámara de Diputados y de la Permanente. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, senadora. Túrnese a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.
LEY EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el senador Ángel García Yáñez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativo al registro de líneas celulares, suscrita por el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senador.
El senador Ángel García Yáñez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El senador Ángel García Yáñez: Gracias. Compañeras y compañeros senadores, compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para presentar a nombre de mi Grupo Parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo trigésimo transitorio a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con un objetivo muy claro, ajustar el plazo para el registro de líneas móviles y garantizar que simplemente, desde luego que sean viables, seguras y socialmente responsables.
Hoy quiero decirles que hagamos bien las cosas, que no legislemos con prisa, cuando lo que está en juego es la conectividad, la seguridad y los derechos de millones de mexicanos. Todas y todos coincidimos con un objetivo legítimo, combatir los delitos que se cometen a través de teléfonos móviles, como la extorsión, el fraude o robo de identidad.
Nadie aquí está en contra de la seguridad pública ni estamos defendiendo el uso anónimo de líneas telefónicas para delinquir. El debate no es si se debe registrar, sino cómo y en qué tiempos.
La ley vigente establece un plazo que, en los hechos, resulta materialmente, desde luego, imposible. Estamos hablando de registrar alrededor de 160 millones de líneas móviles en apenas unos meses. Eso implica casi un millón de registros diarios, todos los días, desde luego, sin descanso. Y no lo digo yo, lo dicen los operadores, las asociaciones del sector, los expertos técnicos y las propias fallas que ya estamos viendo y viviendo en las plataformas.
¿Qué pasa cuando la ley exige lo imposible? Pasa que colapsan los sistemas. Pasa que se abren riesgos de filtraciones de datos personales. Pasa que se deja fuera a comunidades rurales, indígenas y a personas que no tienen acceso inmediato a Internet o a documentos oficiales. Y pasa también que la ciudadanía pierde confianza en las instituciones.
La experiencia internacional es clara. Países como Filipinas, Kenia o Nigeria tuvieron que ampliar sus plazos para los registros acelerados que generaron más problemas que soluciones. Y México ya vivió algo parecido con el Renaut. Un esfuerzo costoso, invasivo y al final, ineficaz para reducir este delito tan grave.
Por eso es importante decirlo con toda claridad. Esta iniciativa no elimina el registro, no lo debilita y no lo posterga indefinidamente. Lo hace viable, gradual y seguro. Con esta propuesta planteamos extender el plazo a dos años para hacerlo bien, para proteger los datos personales, para no desconectar de golpe a millones de personas y para garantizar que la telefonía móvil siga siendo accesible para todas y para todos, porque hoy es una herramienta básica para trabajar, estudiar, comunicar y, desde luego, también pedir ayuda.
Esto no va en contra del Estado, al contrario, fortalece su capacidad regulatoria. No va contra la seguridad pública, la hace más eficaz. Y no va contra la ley, la vuelve razonable y aplicable. Compañeras y compañeros legisladores, también es escuchar la realidad y escuchar a quienes operan los sistemas, a quienes viven en zonas marginadas y a quienes dependen del teléfono como único medio de comunicación.
Y, desde luego, aprovecho esta tribuna para hablar, aunque sea brevemente por mi estado de Morelos, hoy Morelos vive una situación de inseguridad que no puede ni debe normalizarse. La violencia se siente en las calles, en las carreteras, en la vida cotidiana de las familias, por ello seguiré insistiendo a través de puntos de acuerdo que las autoridades refuercen las medidas de protección y hagan lo que les corresponde, porque la seguridad es una obligación del Estado y un derecho de la gente.
Regresando al tema, les pido que veamos esta iniciativa con responsabilidad, sin prejuicios y con visión a largo plazo. No pongamos al centro de las personas la seguridad jurídica y el derecho a la conectividad.
Por todo ello, les solicito respetuosamente su respaldo a esta propuesta no para frenar el registro, sino para hacerlo bien y mejor. Hacerlo seguro y hacer lo posible. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativo al registro de líneas celulares, a cargo del senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, senador Pablo Angulo Briceño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión relativo al registro de líneas celulares, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En el contexto de la creciente preocupación por la seguridad pública y el combate al delito cibernético, la regulación del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles se ha convertido en una prioridad estratégica para los reguladores de telecomunicaciones a nivel mundial.
De acuerdo con investigaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Asociación Mundial de Operadores Móviles — GSMA-, más del 90 por ciento de los países han implementado algún tipo de registro de tarjetas SIM, ya sea voluntario u obligatorio, con el objetivo de vincular identidades a números móviles para facilitar investigaciones penales y reducir fraudes como extorsiones y phishing.
Sin embargo, estos procesos han enfrentado desafíos significativos, incluyendo extensiones de plazos, problemas de inclusión digital y cuestionamientos sobre su efectividad real contra el crimen, como se detalla en reportes de la GSMA que destacan la falta de evidencia empírica sobre su impacto en la reducción de delitos.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- fundada en 1865, es la agencia especializada de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y las comunicaciones, con 193 Estados miembros. Como parte de la Organización de las Naciones Unidas, establece estándares globales para el intercambio de datos en telecomunicaciones, formula recomendaciones para fomentar la conectividad inclusiva y la ciberseguridad, y promueve la alineación de políticas nacionales con objetivos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La irrupción de las nuevas tecnologías ha llevado a la UIT a priorizar la innovación regulatoria, con iniciativas como el Marco de Ciberseguridad Global para proteger datos en registros masivos, el Programa de Identidad Digital Inclusiva para evitar exclusión de poblaciones vulnerables y el Índice de Preparación Digital que evalúa la capacidad de los países para implementar reformas digitales sin disrupciones.
Sus investigaciones destacan que los registros de la Subscriber Identity Module, conocida como la ficha SIM, incluyen requisitos como verificación biométrica, límites por usuario y plazos escalonados, pero advierten sobre riesgos como brechas de datos, sobrecarga operativa y resistencia social. La UIT recomienda plazos realistas y extensiones cuando sea necesario para garantizar inclusión y efectividad, enfatizando que los registros deben ser proporcionales y respaldados por marcos de privacidad robustos.
Las experiencias internacionales demuestran que la implementación de registros obligatorios de líneas móviles es viable mediante plazos extendidos, inversiones en tecnología y consideración de desafíos locales. A continuación, se presentan algunos casos como los de Filipinas, México (experiencia previa), Kenia, Nigeria y otros países africanos, complementados con el marco global de la UIT y GSMA para 2021-2025.
• Filipinas, (SIM Registration Act de 2022). La ley requirió el registro de todas las tarjetas SIM existentes en un plazo inicial de 180 días (hasta abril de 2023), con datos como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, ID gubernamental y selfie. Sin embargo, solo el 49 por ciento de los usuarios registraron (82.8 millones de SIMs), lo que llevó a una extensión de 90 días hasta julio de 2023, aprobada por el presidente Marcos para evitar desactivaciones masivas. Los desafíos incluyeron la creación de un mercado negro de SIMs pre-pagadas, barreras para poblaciones rurales sin acceso a internet o identificaciones y cargos extraoficiales por asistencia. Críticas por privacidad surgieron debido a fugas de datos previas, y la efectividad contra estafas se cuestionó, ya que criminales evaden el sistema. La extensión evitó disrupciones en servicios financieros y transporte, pero erosionó la credibilidad gubernamental.
• México, (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil - Renaut, 2009-2012). Implementado para combatir extorsiones, requirió huellas dactilares y datos personales. A pesar de registrar millones, fue abrogado en 2012 tras un aumento en extorsiones, falta de evidencia de reducción del crimen y preocupaciones por privacidad (destrucción de datos). La experiencia mostró que plazos cortos generan sobrecarga y brechas, sin beneficios sustanciales, lo que impulsó enfoques alternos como bloqueos de IMEI.
• Kenia, (Kenya Information and Communications Act 2013). Tuvo fuerza con multas por no registro. En 2022, un plazo de verificación en abril generó confusión y demandas legales por intrusividad como la exigencia de datos biométricos faciales no requeridos originalmente. Desafíos incluyeron exclusión de minorías sin identificaciones y temores de vigilancia gubernamental con llamados a la abrogación por inconstitucionalidad.
• Nigeria (2011-2021). Se solicitaron datos biométricos para ser enlazados al Número de Identidad Nacional. El registro tuvo plazos extendidos múltiples veces; en 2021 fue reanudado con desconexiones masivas, afectando inclusión financiera. Resistencia por costos y brechas de datos, con evidencia limitada de impacto en crimen.
Con las reformas a los artículos 6o. y 28 de la Constitución, la nueva legislación en telecomunicaciones, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, extinguió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. pero el plazo perentorio del artículo trigésimo transitorio ha generado problemas operativos.
La iniciativa presidencial que originó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada y promulgada priorizando cobertura, competencia y seguridad pública, aunque con críticas por concentración de facultades. Una de sus controvertidas disposiciones es el mandato de registro de líneas móviles para combatir delitos y asociar las líneas de teléfonos móviles a usuarios identificados
El artículo 103 de la Ley establece el mandato de registrar líneas móviles asociándolas a usuarios identificados mediante CURP, RFC (morales) o pasaporte (extranjeros), con excepciones para emergencias como lo establece el artículo 102, fracción X) de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El artículo 103 obliga a concesionarios a activar servicios solo en líneas registradas conforme a lineamientos de la Comisión de Reguladora de Telecomunicaciones disponiendo en el artículo Trigésimo Transitorio que la Comisión a emitir lineamientos en 120 días hábiles mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025 con implementación en 120 días hábiles posteriores que concluirán alrededor del 29-30 junio 2026.
Sin embargo, la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no contempla plazos flexibles para un registro masivo de alrededor de 158-160 millones de líneas, generando un vacío normativo que impide una implementación gradual alineada con estándares internacionales de la UIT.
Este plazo exige alrededor de 924,000 registros diarios considerado inviable por fallas técnicas que lleva a la saturación de plataformas, filtraciones de datos, riesgos de privacidad y sobrecarga operativa. Operadores han reportado intermitencias con costos estimados entre 4 mil millones de pesos en infraestructura. Asociaciones como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de las Información —Canieti— y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información —AMITI— han solicitado prórrogas, argumentando que el plazo perentorio es “materialmente imposible” debido a la escala (930,000 líneas al día que equivalen a 38,750 horas 24/7), fallas iniciales en plataformas y riesgos de brechas de datos, como la vulnerabilidad reportada que expuso información sensible.
Canieti envió una petición formal el 31 de diciembre de 2025 para extender el plazo, citando pruebas técnicas fallidas y alta demanda inicial que causó caídas generalizadas. La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales, AC —AMOMVAC— pidió un sistema unificado y prórroga, destacando sobrecarga y exclusión rural. En un pronunciamiento argumentó que: Diversos operadores han manifestado que una implementación acelerada y sin periodos razonables de transición incrementa el riesgo de fallas operativas, desconexión de usuarios y afectaciones desproporcionadas a comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, para quienes la telefonía móvil representa un medio esencial de comunicación, seguridad y acceso a servicios básicos.
Tal extensión se expone en el siguiente cuadro que expone los beneficios de contemplar el registro por el tiempo de dos años en lugar de que concluya en junio de 2026:
La extensión del plazo a dos años se estima razonable y oportuna para modernizar el proceso, diversificar enfoques y adaptarse a demandas de usuarios en un entorno digital. Beneficios clave incluyen mayor eficiencia operativa, inclusión digital para comunidades rurales, alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura) y fortalecimiento de la competitividad del sector de las telecomunicaciones sin suspensiones masivas y salvaguardando el derecho a la información y conectividad establecidos en el artículo 2o, apartado B, fracción IX y 6o, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto no viola la reserva estatal en telecomunicaciones, sino que lo fortalece mediante plazos razonables y protección de datos.
La iniciativa promueve el interés público al fomentar cumplimiento voluntario y reducir riesgos, sin costos adicionales significativos, y previene la desconexión que podría excluir a millones de usuarios en su derecho a gozar de estos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Por lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones:
1.- Reformar el artículo trigésimo transitorio para extender el plazo de registro a setecientos cuarenta días hábiles los cuales, una vez transcurridos, toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.
2.- Que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cuente con 90 días naturales para realizar las modificaciones necesarias a los Lineamientos a fin de aplicar el nuevo plazo para para la identificación de líneas del servicio móvil.
La propuesta de reformas se expone en el siguiente:
Cuadro comparativo
Conforme al artículo 169, numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado, esta iniciativa se relaciona con la Agenda 2030, Objetivo 09, Industria, Innovación e Infraestructura.
Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Único. Se reforma el artículo trigésimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:
Transitorios
Primero a Vigésimo noveno. ...
Trigésimo. ...
Transcurridos setecientos cuarenta días hábiles posteriores a la conclusión de la implementación de la medida a la que hace referencia el párrafo anterior, toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones realizará las modificaciones necesarias al Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025, para la implementación del plazo señalado en el segundo párrafo del artículo trigésimo transitorio, en un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 GSMA. Registro obligatorio de tarjetas SIM prepago, (20 de octubre, 2025), en:
https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good /public-policy/mobile-policy-handbook/consumer-protection/mandatory-registratio n-of-prepaid-sims/#:~: text=Background,required%20to%20identify%20the%20user.
2 GSMA. Identidad digital: tendencias regulatorias y el papel de la tecnología móvil, (18 de diciembre, 2025), en:
https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good /mobile-for-development/blog/digital-identity-regulatory-trends-and-the-role-of -mobile/
3 ITU. Sobre la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿Quiénes somos?, (2025), en:
https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx#/es
4 ITU. Conectando al mundo y más allá. Hacia una sociedad digital inclusiva, (2025), en:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/about.aspx #:~: text=%E2%80%8BWe%20work%20with%20ITU,%E2%80%8B
5 ITU. Security recommendations to protect against digital financial services SIM risks, including SIM swap fraud, 2024, en:
https://www.itu.int/en/ITU-T/dfs/seclab/Documents/Security%20 recommendations%20to%20protect%20against%20DFS%20SIM%20related%20risks.pdf
6 The PhilStar. NTC: No more SIM registration deadline extension, (Julio 2023), en:
https://www.philstar.com/headlines/2023/07/25/2283778/ntc-no-mo re-sim-registration-deadline-extension
7 Article 19. Filipinas: La Ley de Registro de tarjetas SIM socava las libertades en línea, (9 de marzo, 2022), en:
https://www.article19.org/resources/philippines-sim-card-regist ration-act-undermines-online-freedoms/#:~: text=Some%20of% 20the%20concerns%20include:%20*%20**Restricting,to%20repeal%20or%20substantiall y%20amend%20the%20SCRA.
8 El Economista. Concluyó destrucción de datos del RENAUT, (13 de mayo, 2013), en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Concluyo-destruccion-d e-datos-del-Renaut-20130512-0087.html
9 Access Now. Why Kenyans should say no to biometrics for SIM card registry, (marzo, 2023), en:
https://www.accessnow.org/kenya-sim-card-biometrics/
10 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo mediante el cual el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprueba y emite los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, 6 de diciembre de 2025, en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5775677&fech a=09/12/2025#gsc.tab=0
11 El Sol de México.
12 Amomvac. Pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales, AC sobre la necesidad de la implementación de una prórroga para la implementación de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Telefónicas Móviles, (enero, 2026), en:
https://amomvac.org/wp-content/uploads/2026/01/amomvac-Posicion amiento-1.pdf?pid=100001224
13 Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, consultada el 16 de enero de 2026 en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMTR.pdf
14 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023, en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 21 de enero de 2026.– Senadores: Ángel García Yáñez, Pablo Angulo Briceño (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Continuamos con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien tiene la palabra, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de estímulo fiscal a la permanencia y escalamiento productivo. Adelante, senador.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, presento esta iniciativa pensando en las familias que dependen de una fábrica, dependen de un taller, dependen de una planta que el día de hoy vive en incertidumbre, la manufactura mexicana está enfrente de un entorno complejo. La revisión del T-MEC, nuevas tensiones comerciales y un decreto interno que ajustó aranceles de importación por más de mil 400 fracciones arancelarias a partir de este año.
Cada decisión de este tipo mueve costos, mueve cadenas de suministro, mueve planes de inversión. La industria manufacturera aporta alrededor de una quinta parte del producto interno bruto nacional y cerca de una cuarta parte del empleo formal en el país.
Son millones de personas que encuentran ahí un salario que suele ser mejor que el promedio y, además, el acceso a seguridad social. Por eso, si una planta recorta turnos, si una planta baja cortinas, además de producción, se compromete el ingreso de comunidades enteras y se debilita la base productiva del país.
México tiene una oportunidad histórica con la relocalización de cadenas productivas. Pero esa oportunidad se puede esfumar si nuestras plantas no cuentan con el margen para modernizarse, para reconvertirse, para escalar su producción en el momento preciso.
Por eso, propongo adicionar un Capítulo Noveno Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para crear un estímulo fiscal a la permanencia y al escalamiento productivo de los establecimientos manufactureros.
En términos simples, se trata de un crédito fiscal aplicable contra el ISR, equivalente al 15 por ciento del incremento en ciertas inversiones elegibles respecto del promedio de los tres ejercicios anteriores.
Solo habrá beneficio cuando la empresa invierta más que antes en modernización productiva. ¿En qué se puede invertir para acceder al estímulo? En maquinaria y equipos nuevos, en automatización y digitalización de procesos, en proyectos de eficiencia energética, en proyectos de eficiencia energética, en adecuaciones productivas que amplíen la capacidad instalada en certificaciones y laboratorios que abren mercados y en capacitación especializada, para que las y los trabajadores adopten nuevas tecnologías y conocimientos. Todo debe de hacerse dentro de territorio nacional y debe de estar vinculado directamente a la operación productiva del establecimiento en cuestión.
El diseño es responsable con las finanzas públicas, es incremental, está acotado a erogaciones claramente definidas. No da lugar a devoluciones en efectivo y se aplicará bajo la estricta vigilancia de un comité técnico interinstitucional que verifique la elegibilidad de los proyectos y establezca techos anuales. Es decir, no es un cheque en blanco, es un instrumento de política industrial que premia a quien reinvierte y se actualiza.
Y el objetivo es claro, cuidar los empleos formales industriales, evitar paros técnicos, evitar cierres ante choques de costos y, sobre todo, ayudar a que nuestras fábricas den el salto a estándares de industria 4.0.
Si en lugar de congelar inversiones las empresas tienen un aliciente para seguir modernizándose gana la productividad, gana la competitividad, gana el trabajador que conserva su empleo y puede aspirar a mejores condiciones laborales.
Como senador por Nuevo León reconozco y conozco muy bien lo que está en juego. En mi estado, las manufacturas representan más de un tercio del producto interno bruto y alrededor de un tercio del empleo formal en nuestra entidad, pero esta iniciativa no está pensada solo para los grandes polos industriales, porque donde hay una línea de producción en riesgo, hay familias en riesgo.
Este estímulo no sustituye la necesidad de mejorar infraestructura, de garantizar energía suficiente, competitiva ni tampoco de simplificar la regulación, sin embargo, es una pieza más en una estrategia de resiliencia industrial nacional, complementa los esfuerzos de financiamiento y de capacitación, aportando un componente fiscal que hoy es insuficiente para poder acompañar la transformación tecnológica que el mundo exige a la industria mexicana.
Compañeras y compañeros, frente a un entorno internacional volátil tenemos dos caminos, resignarnos a que las decisiones externas definan nuestro futuro industrial, o bien, utilizar las herramientas que sí están en nuestras manos para proteger y fortalecer la capacidad productiva del país. Esta iniciativa elige el segundo camino.
No defiende los intereses de unos cuantos, defiende la continuidad de millones de empleos de calidad y la posibilidad de que México siga siendo un socio confiable y competitivo en las cadenas globales de valor.
Por las trabajadoras y los trabajadores de la manufactura, por las comunidades que dependen de este sector y por la responsabilidad que tenemos de preparar a México para los próximos años, les pido, compañeras y compañeros, acompañar esta propuesta y abrir el debate.
Que el mensaje sea claro, en tiempos de incertidumbre este Congreso apuesta por cuidar la planta productiva y por darle futuro a la industria que mantiene en pie a nuestro país. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulo fiscal a la permanencia y escalamiento productivo, a cargo del senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, senador Luis Donaldo Colosio Riojas, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IX Bis al Título Séptimo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el entorno internacional contemporáneo, la manufactura mexicana opera bajo condiciones de volatilidad comercial creciente, caracterizadas por el uso recurrente de medidas arancelarias como instrumento de presión económica y por la incertidumbre en torno a las reglas de acceso a mercados estratégicos. En particular, se ha intensificado el debate político y comercial alrededor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión ya se encuentra en curso y se ha señalado como fecha de conclusión el 1 de julio de 2026, lo que incrementa el riesgo de ajustes regulatorios, disputas comerciales y cambios en condiciones de operación para múltiples industrias integradas regionalmente.
A lo anterior se suma un cambio relevante en la política comercial interna: mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2025, se reformaron aranceles aplicables a la importación para mil 463 fracciones arancelarias, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida, asociada principalmente a mercancías originarias de países con los que México no cuenta con tratado comercial preferencial, contempla tasas reportadas entre 5 y 50 por ciento, abarcando un universo amplio de bienes vinculados con diversas ramas manufactureras, incluyendo insumos y productos intermedios. En consecuencia, además de sus efectos sobre competencia en mercado interno, puede generar presiones en costos, abastecimiento y reorganización de cadenas de suministro para establecimientos productivos que dependen de componentes importados en sus procesos industriales.
En estas condiciones, la política pública debe privilegiar instrumentos que permitan a los establecimientos manufactureros sostener su operación, conservar empleos formales y fortalecer su capacidad instalada, reduciendo la probabilidad de contracciones productivas, paros técnicos o pérdida de inversiones ante choques de costos y cambios abruptos en el entorno comercial. El estímulo fiscal propuesto responde a esa finalidad: incentivar la permanencia y el escalamiento productivo mediante la modernización, reconversión y actualización tecnológica de plantas manufactureras en todo el país, de forma que las empresas cuenten con un margen efectivo para absorber presiones externas, elevar productividad y asegurar continuidad operativa en un contexto de alta competencia global.
Resiliencia y competitividad del sector manufacturero
La presente iniciativa se inscribe en una estrategia de resiliencia industrial. Más que promover únicamente el comercio exterior, el objetivo central es fortalecer la continuidad operativa y la capacidad productiva instalada de nuestras industrias, incluso ante fluctuaciones globales adversas. La experiencia reciente de disrupciones en las cadenas de suministro mundiales (pandemia, conflictos geopolíticos) ha demostrado la importancia de mantener capacidades internas sólidas para proveer tanto al mercado externo como al interno. Un incentivo fiscal enfocado en la permanencia y modernización de los establecimientos manufactureros servirá como un amortiguador que permita a las empresas sortear periodos de incertidumbre sin recurrir al recorte masivo de personal o al diferimiento indefinido de inversiones en mejora productiva.
Preservar la planta industrial y los empleos formales asociados a ella es prioritario. La industria manufacturera típicamente ofrece puestos de trabajo de mayor calidad y con mejores salarios que el promedio nacional, contribuyendo significativamente a la seguridad social y al bienestar de miles de familias. Cada cierre de una fábrica o reducción significativa de su producción no sólo implica la pérdida de empleos directos, sino también afecta a cadenas de proveeduría locales, a la recaudación fiscal y a la capacidad productiva nacional de largo plazo. Por ello, se propone un estímulo fiscal que incentive a las empresas a invertir en actualizar sus procesos, capacitar a su personal e incrementar su producción, en lugar de recortar operaciones ante los embates externos. En otras palabras, se busca asegurar que las empresas puedan mantenerse operando y competitivas aun en contextos difíciles, evitando el estancamiento o retroceso industrial.
Es importante subrayar que esta medida no se limita a apoyar a sectores exportadores, sino que abarca a todos los establecimientos manufactureros del país, independientemente de si su mercado es externo o doméstico. Si bien las exportaciones manufactureras han sido motor del crecimiento (representan alrededor de 70 por ciento de las ventas externas de México), también el tejido industrial orientado al mercado interno requiere respaldo para modernizarse, elevar su productividad y substituir importaciones en áreas estratégicas. De este modo, el estímulo contribuirá tanto a consolidar a México como plataforma manufacturera global, como a fortalecer la soberanía industrial atendiendo la demanda nacional con producción propia. La resiliencia se construye diversificando riesgos: apoyando la exploración de nuevos mercados, el desarrollo de proveedores locales y la adopción de tecnologías que hagan a nuestras fábricas más eficientes y flexibles frente a cambios abruptos en las condiciones externas.
Importancia estratégica de la industria manufacturera en México
El sector manufacturero ha demostrado ser un pilar estratégico de la economía nacional. Contribuye aproximadamente con 21 por ciento del producto interno bruto PIB total de México y representa la principal actividad dentro de la industria no petrolera. Además, genera alrededor de 5.9 millones de empleos formales en el país, equivalentes a cerca de 26 por ciento de los trabajadores asegurados en el IMSS. Esto significa que más de una cuarta parte de los empleos formales dependen directa o indirectamente de la manufactura, lo cual subraya su trascendencia tanto en términos económicos como sociales. Asimismo, la industria de transformación ha impulsado el avance de otras actividades: alrededor de ella gravitan servicios logísticos, desarrollo de proveedores locales, centros de diseño e ingeniería, y un ecosistema educativo enfocado en carreras técnicas y de ingeniería. Mantener la competitividad del aparato productivo nacional es esencial para sostener este entramado de valor agregado y empleo de calidad.
No obstante, el dinamismo manufacturero no está garantizado bajo las condiciones actuales. Si bien en 2022 el PIB manufacturero nacional creció 5.6 por ciento, en 2023 sufrió una marcada desaceleración a apenas 1.3 por ciento, e incluso cayó en términos absolutos en 14 entidades federativas. Las organizaciones empresariales han manifestado preocupación por esta tendencia, especialmente en regiones tradicionalmente industriales como Nuevo León.
Otro factor estratégico es que la manufactura mexicana se encuentra en un momento bisagra por la reconfiguración global de las cadenas de suministro. México se ha consolidado como socio principal de Estados Unidos en intercambios manufactureros, con más de 80 por ciento de nuestras exportaciones dirigidas a ese mercado.
Las ventajas competitivas derivadas del T-MEC y la actual tendencia de relocalización de proveeduría cercana (nearshoring) presentan una oportunidad histórica para la industria nacional. Pero capitalizar esa oportunidad requiere que las plantas establecidas en México estén a la altura tecnológica y productiva que exigen las nuevas inversiones. No basta con atraer fábricas extranjeras; es crucial que las empresas ya establecidas puedan reconvertirse, escalar su producción e integrarse a las nuevas cadenas de valor que se están formando. De lo contrario, corremos el riesgo de desaprovechar la coyuntura y ver mermada nuestra participación en los mercados internacionales. En resumen, el estímulo fiscal propuesto funge como un instrumento de política industrial activa, encaminado a que la manufactura nacional dé el salto cualitativo y cuantitativo que las circunstancias demandan.
Nuevo León como pilar industrial y caso ejemplar
Si bien el incentivo aplicará a todo el país, resulta ilustrativo destacar la situación de Nuevo León, entidad emblemática de la industria manufacturera en México. Nuevo León ha consolidado una economía fuertemente basada en la transformación industrial: 36 por ciento del PIB estatal proviene de las manufacturas, proporción muy superior al promedio nacional, reflejando su especialización en este rubro. A nivel nacional, Nuevo León se ubica como la economía regional con mayor aporte al PIB manufacturero: contribuye con 12.6 por ciento del valor agregado manufacturero de todo México, ocupando el primer lugar entre las 32 entidades federativas. Este liderazgo manufacturero se traduce en cientos de miles de empleos: más de 657 mil personas trabajan en la industria manufacturera nuevoleonesa, cantidad que equivale aproximadamente a un tercio de todos los empleos formales del estado. Estas cifras evidencian que la salud del sector manufacturero es sinónimo de la salud económica y social de Nuevo León.
Los indicadores de producción y comercio exterior corroboran la relevancia de este polo industrial. En 2025, Nuevo León registró más de 27 mil 700 millones de dólares en exportaciones al primer semestre, consolidándose como el tercer estado exportador del país con cerca de 10.5 por ciento del total nacional. Se estima que alrededor de 70 por ciento de las exportaciones de Nuevo León provienen de la industria manufacturera, lo que ratifica a este estado como actor clave en el comercio global de México. Al mismo tiempo, Nuevo León ha logrado diversificar su base manufacturera hacia sectores de alto valor agregado. La entidad alberga más de 700 establecimientos manufactureros de diversos tamaños, entre los cuales unos 300 —agrupados en la asociación Index Nuevo León— representan más de 400 mil empleos enfocados principalmente a la exportación.
En cuanto a ramas industriales prioritarias, Nuevo León posee fortalezas notables. Destaca la industria metalmecánica (transformación de metales y fabricación de insumos industriales), la industria automotriz y de autopartes —con presencia de armadoras de vehículos y una densa red de proveedores—, la fabricación de maquinaria y equipo industrial, y la industria de electrodomésticos. Sobre este último rubro, cabe mencionar que Nuevo León produce alrededor de 21 por ciento de todos los electrodomésticos de México y alberga un clúster especializado que genera más de 35 mil empleos directos en la entidad. Sectores como el de aparatos eléctricos, electrónica, equipos de climatización, así como la manufactura de dispositivos médicos, también se han expandido en la región en años recientes. En conjunto, este entramado diversificado ha sido apuntalado por significativas inversiones nacionales y extranjeras: sólo en 2023, Nuevo León atrajo cifras récord de inversión extranjera directa, estimadas en hasta 45 mil millones de dólares, reflejo de la confianza en su ecosistema industrial.
La experiencia de Nuevo León ilustra por qué es crucial proteger y fomentar la modernización manufacturera. Aun estados líderes enfrentan desafíos ante choques externos. En 2023, el PIB manufacturero de Nuevo León creció 2.7 por ciento —superior al promedio nacional—, pero organismos locales prevén una desaceleración si no se refuerzan las ventajas competitivas. Representantes industriales de la entidad han subrayado retos como la posible imposición de nuevos aranceles de Estados Unidos y la urgencia de invertir en capacitación y tecnología para mantener la competitividad.
Características del estímulo fiscal propuesto
• Objeto de la iniciativa: Adicionar un capítulo IX Bis al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), a efecto de establecer un estímulo fiscal para la permanencia, modernización y escalamiento productivo de los establecimientos manufactureros. Este estímulo se concibe como un mecanismo de crédito fiscal que incentive la inversión incremental en el sector manufacturero, similar en estructura a otros estímulos vigentes en la LISR pero enfocado en la actualización tecnológica y ampliación de la capacidad productiva de las empresas industriales.
• Naturaleza del estímulo: Consistirá en un crédito fiscal equivalente a 15 por ciento del monto incremental de ciertas erogaciones elegibles realizadas por el contribuyente en el ejercicio fiscal de que se trate, comparado contra un promedio base. En otras palabras, se otorgará un crédito fiscal del 15 por ciento sobre el incremento de gastos o inversiones elegibles, respecto del promedio de los tres ejercicios fiscales anteriores. Este diseño sobre base incremental asegura que el beneficio tributario se obtenga únicamente cuando la empresa aumenta efectivamente sus esfuerzos de inversión o gasto en rubros de modernización, fomentando un comportamiento proactivo. La mecánica es análoga a la prevista en el artículo 202 de la LISR para gastos en investigación y desarrollo (I+D), donde se autoriza un crédito fiscal de 30 por ciento de los gastos incrementales en I+D por encima del promedio de los tres años previos. En el caso del presente estímulo, la tasa propuesta es de 15 por ciento, un porcentaje lo suficientemente atractivo para incidir en las decisiones de inversión, pero a la vez fiscalmente responsable y acotado a los incrementos sobre la línea base histórica de cada empresa.
• Erogaciones elegibles: Serán susceptibles de computarse para este crédito fiscal aquellas erogaciones directamente vinculadas con la modernización y escalamiento productivo de los establecimientos manufactureros. Sin ser exhaustivo, esto incluirá inversiones en maquinaria y equipo nuevos, implantación de tecnologías de automatización o digitalización de procesos (equipos y software industrial para Industria 4.0), gastos en investigación, diseño e ingeniería de producto o proceso, proyectos de eficiencia energética o economía circular en planta, así como capacitación especializada de la fuerza laboral operativa orientada a la adopción de nuevas tecnologías productivas. Se enfatiza que las erogaciones deben realizarse en territorio nacional y estar destinadas exclusiva y directamente a la mejora productiva de la planta industrial del contribuyente, lo cual se establecerá con claridad en la redacción del capítulo a adicionar. Gastos de naturaleza distinta (por ejemplo, mantenimiento operativo rutinario, gastos administrativos generales, compra de terrenos, etc.) quedarían excluidos, para enfocar el estímulo en su fin específico.
• Aplicación y acreditamiento: El crédito fiscal calculado (15 por ciento del gasto incremental elegible) podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se realicen las inversiones o gastos incrementales, disminuyendo directamente la carga tributaria del contribuyente. Si en un ejercicio el monto del crédito excede el ISR causado, se permitirá trasladar el remanente para acreditarse en los ejercicios siguientes (por ejemplo, hasta por los 10 ejercicios posteriores), hasta agotarlo. Este esquema de carry-forward, similar al previsto en el estímulo de I+D, garantiza que incluso empresas que en el corto plazo no generen utilidades suficientes (por encontrarse en procesos intensivos de inversión) puedan aprovechar plenamente el incentivo en años subsecuentes, una vez que sus proyectos rindan frutos en mayores utilidades. Como salvaguarda, se establecerá que si el contribuyente deja de aplicar el crédito en el primer ejercicio en que pudiera hacerlo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios futuros por esa porción no ejercida —esto para incentivar el uso oportuno del estímulo y evitar acumulaciones indefinidas.
• Control y transparencia: Dado que se trata de un beneficio fiscal, se contemplará incorporar mecanismos de control y transparencia en su otorgamiento. Un posible modelo a seguir es el del Comité Interinstitucional del estímulo de I+D (conformado por dependencias como la Secretaría de Hacienda, Economía, el Servicio de Administración Tributaria y otras) que evalúa y autoriza los proyectos beneficiarios.
Para el estímulo a la modernización manufacturera, podría adoptarse un esquema análogo donde un comité técnico verifique que las inversiones declaradas cumplen con la definición de erogaciones elegibles y emita las autorizaciones correspondientes. Esto permitiría también establecer un techo anual al monto total de estímulos otorgados, preservando el balance fiscal. Como referencia, el estímulo fiscal de I+D tiene un límite global de $1,500 millones de pesos anuales y hasta $50 millones por contribuyente. La iniciativa bajo exposición podrá proponer límites proporcionales, según las estimaciones de demanda del estímulo, a fin de focalizar el apoyo en las empresas manufactureras comprometidas con la reinversión productiva, sin comprometer indebidamente la recaudación nacional.
Precedentes normativos y prácticas internacionales
La creación de este estímulo fiscal encuentra sustento en precedentes normativos existentes en la legislación fiscal mexicana, así como en buenas prácticas internacionales de política industrial. En el ámbito interno, México ya ha utilizado créditos fiscales incrementales para incentivar actividades estratégicas. El ejemplo más cercano es el citado artículo 202 de la LISR, introducido en 2017, que otorga un crédito fiscal de 30 por ciento por gastos incrementales en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Dicho estímulo —vigente a la fecha— ha sido un instrumento valioso para motivar a las empresas a invertir en innovación, permitiendo que decenas de compañías accedan a recursos fiscales para desarrollar nuevos productos, materiales o procesos. La iniciativa que aquí se propone sigue una lógica similar, adaptada al campo de la modernización manufacturera. Al igual que con el I+D, existe una justificación de política pública para intervenir: en I+D se busca corregir una falla de mercado (subinversión en conocimiento tecnológico), mientras que en manufactura el desafío es superar la postergación de inversiones en actualización industrial debido a restricciones financieras o incertidumbre. En ambos casos, un incentivo fiscal ayuda a orientar recursos privados hacia objetivos de alto impacto económico de largo plazo.
Existen otros antecedentes a nivel federal de estímulos fiscales sectoriales. Por ejemplo, en años anteriores se han autorizado deducciones aceleradas o inmediatas para la adquisición de ciertos activos fijos, buscando detonar la inversión privada en activos productivos. Incluso en la Ley de Ingresos de la Federación de 2022 se incorporó un estímulo fiscal temporal para empresas que invirtieran en ciertos bienes de activo fijo, reconociendo la necesidad de apoyar la recuperación post-pandemia. Asimismo, actualmente operan estímulos fiscales regionales —como los de la Zona Fronteriza Norte— que reducen tasas impositivas para mitigar desventajas competitivas en regiones específicas. Estos ejemplos demuestran que el Estado mexicano ha recurrido a herramientas fiscales focalizadas cuando se trata de apuntalar la economía en áreas prioritarias o en coyunturas especiales. La presente iniciativa se enmarca en esa tradición, proponiendo un estímulo de aplicación nacional enfocado en el corazón del aparato productivo: la manufactura.
Volteando la mirada al contexto internacional, encontramos múltiples referencias que avalan el uso de incentivos fiscales para fortalecer la industria manufacturera. Países industrializados y emergentes por igual han desplegado políticas de estímulo a la inversión y a la innovación industrial ante los retos de la globalización y la transformación tecnológica. Un caso notable es Italia, que implementó el plan “Industria 4.0” a partir de 2017 con un abanico de incentivos fiscales para acelerar la digitalización de su base industrial. Dentro de ese programa, el gobierno italiano ofreció medidas como la “hiper-depreciación” a 150 por ciento del valor de inversiones en maquinaria industrial con tecnologías Industria 4.0 (equipos interconectados, IoT, etcétera), permitiendo a las empresas deducir fiscalmente una vez y media el costo de dichos activos. Esto resultó en una importante reducción de la carga fiscal para quienes modernizaron sus plantas, estimulando la adopción de tecnologías avanzadas. Igualmente, Italia reforzó su crédito fiscal por I+D, elevándolo hasta 50 por ciento sobre el incremento del gasto en investigación (con tope anual de 20 millones de euros) durante el periodo 2017-2020. Tales incentivos, acompañados de facilidades administrativas, posicionaron a Italia como uno de los entornos fiscales más atractivos para la inversión industrial en Europa. México no puede quedarse rezagado en esta tendencia global: mientras nuestros socios y competidores estimulan su manufactura con apoyos fiscales, resulta pertinente que adoptemos esquemas propios para nivelar el campo de competencia. Más aún tratándose de un país cuya vocación manufacturera es profunda, es consistente seguir prácticas internacionales que han mostrado eficacia para mantener vigente la competitividad industrial.
Otros ejemplos pueden citarse. Estados Unidos, si bien ha privilegiado incentivos vía gasto público directo (ejemplo subsidios en leyes recientes como la Chips Act para semiconductores o la IRA para energías limpias), históricamente ha utilizado créditos fiscales de inversión y aceleración de depreciaciones para promover la compra de maquinaria y equipo en manufactura. Países asiáticos como China, Corea del Sur o Singapur ofrecen incentivos fiscales selectivos para fomentar la localización de industrias avanzadas y la actualización tecnológica, conscientes de que la manufactura robusta es base de su crecimiento. Incluso dentro de América Latina, economías como Brasil han aplicado esquemas de reducción de impuestos o créditos tributarios para fortalecer sectores industriales (por ejemplo, desgravaciones a inversiones productivas en su programa “Brasil Maior”). La convergencia de estas prácticas refuerza el argumento de que un estímulo fiscal a la modernización manufacturera en México no sólo es justificable, sino necesario para alinear nuestra política industrial con las tendencias globales exitosas.
Fines económicos e industriales de la reforma
La reforma propuesta persigue fines económicos y de política industrial claramente delimitados, que a continuación se sintetizan para resaltar su motivación y alcance:
• Preservación del empleo formal industrial: Al incentivar que las empresas manufactureras reinviertan y se mantengan operativas aun en entornos adversos, se protege el empleo formal de miles de trabajadores. La meta es evitar la descapitalización humana del sector, es decir, la pérdida de personal calificado cuyo conocimiento es invaluable para la productividad. Al sostener los puestos de trabajo industriales, se conserva asimismo el poder adquisitivo en regiones altamente manufactureras, con efectos positivos en el mercado interno y la cohesión social.
• Modernización tecnológica continua: El estímulo busca generar un ciclo virtuoso de actualización tecnológica, donde año con año las empresas tengan incentivos para adoptar nueva maquinaria, automatizar procesos y digitalizar operaciones. Esto contribuirá a cerrar la brecha identificada en la transición hacia la Industria 4.0, incrementando gradualmente el porcentaje de empresas mexicanas que operan con estándares tecnológicos de punta. A mediano plazo, esperamos una elevación de la productividad por trabajador en la manufactura, gracias a procesos más eficientes y tecnificados.
• Escalamiento productivo y diversificación: Un beneficio colateral del crédito fiscal es que alienta a las empresas a expandir su capacidad instalada para aprovecharlo (dado que sólo reciben el estímulo si invierten más que antes). Esto puede traducirse en nuevas líneas de producción, ampliación de plantas, o incremento de volúmenes productivos, lo que fortalece la oferta manufacturera nacional. Con mayor capacidad, las empresas mexicanas podrán ganar participación de mercado tanto local como internacional, diversificando exportaciones y reduciendo importaciones en ciertos rubros. Asimismo, la posibilidad de escalar motivará a más proveedores locales a integrarse a cadenas productivas, sabiendo que sus clientes manufactureros buscan crecer.
• Resiliencia frente a riesgos globales: Como se ha expuesto, uno de los fines primordiales es dotar a la industria de un “colchón” ante riesgos externos (aranceles, fluctuaciones de demanda externa, encarecimiento de insumos importados, etcétera). Con el ahorro fiscal obtenido vía el crédito, las empresas podrán compensar parcialmente los costos extra ocasionados por aranceles repentinos o por disrupciones logísticas globales. Esto aumenta la probabilidad de que las fábricas permanezcan en operación continua durante crisis transitorias, evitando paros técnicos o cierres definitivos. En términos de política industrial, fortalece la soberanía productiva, al asegurar que México mantenga activas sus plantas estratégicas y no dependa exclusivamente de suministros externos en momentos críticos.
• Mantenimiento de la competitividad del aparato productivo nacional: Finalmente, la reforma se orienta a preservar y elevar la competitividad de la manufactura mexicana en su conjunto. Un aparato productivo competitivo se refleja en costos unitarios menores, calidad creciente y capacidad de innovación, permitiendo a los productos hechos en México rivalizar exitosamente en calidad y precio en los mercados internacionales. El estímulo fiscal, al reducir la carga impositiva sobre nuevas inversiones, mejora la rentabilidad de proyectos que modernizan fábricas, lo que a su vez mejora la posición competitiva de nuestras empresas. Sumado a la mano de obra calificada con que cuenta México y a nuestra privilegiada ubicación geográfica, un sector manufacturero tecnológicamente renovado consolidará al país como destino atractivo para nuevas inversiones industriales y como proveedor confiable en las cadenas globales de valor.
En conclusión, la iniciativa de adicionar el capítulo IX Bis al Título VII de la LISR responde a la necesidad de un instrumento fiscal innovador y focalizado para apuntalar el desarrollo industrial de México en un entorno desafiante. Los fines económicos (crecimiento, empleo, inversión) y de política industrial (modernización, resiliencia, competitividad) que se persiguen están alineados con el interés nacional de conservar la planta productiva y adaptarla a las exigencias del siglo XXI. Este estímulo fiscal actuaría en sinergia con otras políticas de desarrollo productivo, complementando esfuerzos en financiamiento, capacitación e infraestructura, pero aportando el componente fiscal que hasta ahora ha sido incipiente en el apoyo al sector manufacturero.
Por lo expuesto, se estima que la adopción de este estímulo fiscal para la permanencia, modernización y escalamiento de los establecimientos manufactureros resultará en un beneficio neto para la economía mexicana. Al incentivar la reinversión productiva, se protege la capacidad industrial instalada y se sientan las bases para un crecimiento más robusto y sostenido, aún frente a la volatilidad del entorno global. En virtud de ello, respetuosamente se somete a la consideración del pleno la presente iniciativa de reforma, convencidos de que constituye un paso necesario para salvaguardar la competitividad industrial de México y asegurar el bienestar de miles de familias que dependen de este importante sector.
Proyecto de
Decreto
Único. Se adiciona el capítulo IX Bis al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Título VII De los Estímulos Fiscales
Capítulo IX BisDel estímulo fiscal a la permanencia y escalamiento productivo
Artículo 202-Bis. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen erogaciones e inversiones elegibles destinadas a la permanencia, modernización, reconversión o escalamiento productivo de establecimientos de manufactura, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a 15 por ciento del incremento de dichas erogaciones e inversiones, respecto del promedio de las realizadas por el contribuyente en el mismo establecimiento durante los tres ejercicios fiscales inmediatos anteriores.
Para efectos del párrafo anterior:
I. El incremento se determinará por establecimiento, considerando únicamente erogaciones e inversiones estrictamente indispensables para la operación productiva, conforme al Artículo 202-Ter de esta ley.
II. Cuando el contribuyente no cuente con información de los tres ejercicios anteriores por tratarse de establecimiento en operación durante un periodo menor, el promedio se calculará con los ejercicios disponibles.
III. El crédito fiscal será acreditable contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se autorice, en los términos del artículo 202-Sexies de esta ley.
Artículo 202-Ter. Para efectos de este capítulo, se consideran erogaciones e inversiones elegibles las que cumplan con lo siguiente:
I. Se realicen en territorio nacional y se destinen directamente a un establecimiento productivo manufacturero.
II. Se encuentren amparadas con comprobante fiscal digital por Internet, se paguen mediante los medios que establezca el Código Fiscal de la Federación y se registren contablemente de manera específica.
III. No correspondan a operaciones con partes relacionadas, en los términos del Artículo 179 de esta ley, salvo que se trate de servicios especializados indispensables para la instalación, calibración o puesta a punto de maquinaria y equipo, siempre que el comité previsto en el artículo 202-Quinquies lo autorice en reglas de carácter general.
Son erogaciones e inversiones elegibles, entre otras:
a) Adquisición, sustitución, rehabilitación, reacondicionamiento, modernización o adaptación de maquinaria y equipo industrial, herramientas, moldes, troqueles, robots, celdas de manufactura, equipo de control numérico, instrumentación, metrología, equipos de inspección y control de calidad, y equipo de seguridad de procesos, incluyendo su instalación, integración, calibración y puesta en operación.
b) Mantenimiento mayor y reingeniería de procesos productivos, incluyendo retrofit, actualización de componentes críticos, sustitución de sistemas de control, integración de sensores, automatización, reducción de mermas y mejoras de rendimiento, cuando se soporte con dictamen técnico conforme a reglas de carácter general.
c) Implementación o actualización de sistemas de manufactura digital, incluyendo software industrial, sistemas MES, SCADA, ERP de producción, trazabilidad, captura de datos en planta, ciberseguridad industrial, integración de líneas y control estadístico de procesos, así como la infraestructura tecnológica estrictamente indispensable para su operación.
d) Adecuaciones e instalaciones productivas vinculadas a la línea de producción, incluyendo obra menor, adecuaciones eléctricas, neumáticas, hidráulicas, de ventilación o de seguridad industrial, siempre que no se trate de adquisición de terrenos ni de construcción de edificios completos.
e) Certificaciones, pruebas, laboratorios, acreditaciones, auditorías técnicas, homologaciones y gastos para cumplimiento de especificaciones técnicas de clientes, normas aplicables, trazabilidad y verificación de contenido regional, siempre que se relacionen directamente con la continuidad o ampliación de producción en el establecimiento.
f) Erogaciones para eficiencia energética en procesos productivos, incluyendo sistemas de medición, variadores, recuperación de calor, optimización de motores y equipo de proceso, cuando se soporte con evidencia técnica conforme a reglas de carácter general.
No se consideran elegibles:
I. Sueldos, salarios, prestaciones, cuotas o aportaciones de seguridad social.
II. Intereses, comisiones, gastos financieros, arrendamientos, regalías o contraprestaciones por uso o goce temporal, salvo arrendamiento financiero tratándose de maquinaria y equipo industrial, conforme a reglas de carácter general.
III. Vehículos, mobiliario de oficina, gastos de representación, viáticos, publicidad, distribución o comercialización, salvo que el comité determine supuestos estrictamente vinculados a la continuidad productiva.
IV. Terrenos, edificios, construcciones completas, o remodelaciones no vinculadas a procesos productivos.
Artículo 202-Quáter. Para aplicar el estímulo fiscal previsto en este capítulo, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos siguientes:
I. Tributar conforme a los Títulos II, IV o VII de esta ley, según corresponda, y realizar actividades productivas o manufactureras en el establecimiento por el que se solicita el estímulo.
II. Contar con opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria.
III. No ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, ni en los demás supuestos de restricción que establezca el Comité en reglas de carácter general.
IV. Mantener en operación el establecimiento productivo por un periodo mínimo de treinta y seis meses contados a partir del último día del ejercicio fiscal en que se aplique el crédito fiscal, salvo caso fortuito o fuerza mayor, conforme a reglas de carácter general.
V. Conservar, durante el periodo señalado en la fracción anterior, al menos el 90% del promedio anual de personal asegurado asociado al establecimiento, respecto del promedio del ejercicio inmediato anterior al de la aplicación del crédito, conforme a la metodología que establezcan las reglas de carácter general.
Artículo 202-Quinquies. Para el otorgamiento del estímulo fiscal se integrará un Comité Interinstitucional de Permanencia y Escalamiento Productivo, que tendrá por objeto autorizar, controlar y dar seguimiento al monto anual del estímulo, así como emitir las reglas de carácter general para su aplicación.
El comité se integrará por representantes de:
I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá.
II. La Secretaría de Economía.
III. El Servicio de Administración Tributaria, quien fungirá como Secretaría Técnica.
El comité:
a) Establecerá los criterios técnicos para acreditar que las erogaciones e inversiones elegibles incrementan capacidad, productividad, eficiencia, calidad o continuidad operativa del establecimiento.
b) Definirá el procedimiento para la presentación de solicitudes, la emisión de constancias de autorización, los plazos, la documentación soporte y los supuestos de prevención.
c) Determinará el mecanismo de asignación y control del monto máximo anual del estímulo, incluyendo cupos por sector y por entidad federativa, cuando proceda.
d) Establecerá los lineamientos de verificación y, en su caso, revocación de autorizaciones, así como el tratamiento de incumplimientos.
Artículo 202-Sexies. El crédito fiscal autorizado conforme a este capítulo:
I. Será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta causado del propio contribuyente en el ejercicio en que se autorice, y en los pagos provisionales de dicho ejercicio conforme a reglas de carácter general.
II. Cuando el crédito fiscal no se acredite totalmente en el ejercicio de que se trate, el remanente podrá acreditarse en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo.
III. No dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento contra contribuciones distintas al impuesto sobre la renta, ni podrá transferirse a terceros.
IV. No será acumulable con otros estímulos fiscales federales respecto de las mismas erogaciones o inversiones, conforme a las reglas que emita el comité.
V. En caso de incumplimiento de los requisitos del artículo 202-Quáter, el contribuyente deberá reintegrar el crédito fiscal aplicado, actualizado y con recargos, sin perjuicio de las facultades de comprobación y sanciones aplicables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Comité a que se refiere el artículo 202 Quinquies deberá instalarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía publicarán en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el acuerdo a que se refiere el último párrafo del artículo 202-Quáter, así como la metodología para su actualización.
Cuarto. El comité emitirá las reglas de carácter general para la aplicación del estímulo fiscal previsto en el presente capítulo dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Quinto. El estímulo fiscal previsto en este capítulo será aplicable durante los cinco ejercicios fiscales siguientes a aquel en que entre en vigor el presente decreto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe de resultados del ejercicio inmediato anterior, conforme a las reglas que emita el comité.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2026.– Senador Luis Donaldo Colosio Riojas (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, a usted, senador. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Continuamos con el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, quien tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y reforma el numeral 22 de la fracción I del artículo 18 y adiciona un artículo 18 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con motivo de celebrar el 8 de mayo de cada año como el Día Nacional en Memoria del Natalicio del Padre de la Patria don Miguel Hidalgo y Costilla. Adelante, diputado.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo:Con el permiso de nuestra compañera diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La presente iniciativa tiene la finalidad de reivindicar el legado y la importancia de quien comúnmente conocemos como el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, orgullo guanajuatense.
Un personaje central de nuestra historia nacional cuya figura, para muchos ciudadanos, se ha reducido a un solo acontecimiento, el llamado Grito de Dolores, ocurrido en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fecha que marca el inicio formal del movimiento de Independencia en nuestro país.
Sin embargo, Miguel Hidalgo fue mucho más que un instante histórico. Fue un hombre consecuente, consciente —perdón—, de su tiempo, profundamente crítico del orden colonial y comprometido con la transformación de una sociedad marcada por la desigualdad, la exclusión y la negación de la dignidad humana a amplios sectores de la población novohispana.
Es cierto que no actuó solo. Formó parte de un grupo de conspiradores, estudiosos y promotores de los ideales liberales de la Ilustración. No obstante, cuando los planes insurgentes fueron descubiertos, fue él quien asumió la responsabilidad histórica de iniciar la lucha, aún con pleno conocimiento de las consecuencias que ello implicaba.
El pueblo reconoció en Miguel Hidalgo su capacidad de liderazgo y lo siguió para enfrentarse a un ejército virreinal organizado, disciplinado y financiado, siendo su carisma y convicción el catalizador que permitió movilizar a una amplia base popular desde el pueblo de Dolores, en Guanajuato.
El llamado a la insurrección trascendió las barreras sociales y políticas. Bajo su liderazgo, el movimiento independentista se convirtió en el primer gran desafío real contra el dominio español en América, un movimiento conformado mayoritariamente por indígenas, campesinos, mestizos y esclavos, sectores históricamente marginados para quienes la lucha significaba todo o nada, la libertad o la muerte, sin posibilidad de perdón ni clemencia en caso de fallar.
Uno de los actos más trascendentales del liderazgo de Miguel Hidalgo fue la abolición de la esclavitud, decretada mediante el bando publicado el 29 de noviembre de 1810. En este, con absoluta claridad, se estableció que vender seres humanos era contrario a los clamores de la naturaleza, quedando abolidas las leyes de la esclavitud tanto en el comercio como en la posesión de personas.
Este acto representó un cambio radical frente al orden colonial de su tiempo, profundamente estratificado y excluyente. Para dimensionar su relevancia histórica, basta señalar que en países como Estados Unidos la abolición de la esclavitud ocurrió más de medio siglo después.
Miguel Hidalgo fue, sin duda, un adelantado a su época y un precursor de la justicia social en nuestro país. Reconocido como un sacerdote ilustrado, estuvo profundamente influido por el pensamiento liberal y progresista de Europa.
Durante su vida pastoral fue un promotor incansable de la educación y el desarrollo productivo. En localidades como San Felipe y Dolores impulsó la enseñanza de oficios, la producción agrícola y artesanal, demostrando que su proyecto no se limitaba a la independencia política, sino que buscaba una transformación social profunda basada en la dignidad y el reconocimiento de derechos para todas y todos.
La lucha encabezada por el Padre de la Patria fue un verdadero movimiento de masas, que cuestionó el orden colonial en su totalidad, aunque algunos intenten minimizar su papel señalando la falta de organización o armamento de sus tropas.
El proceso iniciado por Miguel Hidalgo debilitó de manera irreversible las estructuras del Virreinato y sentó las bases para la continuación de la lucha encabezada posteriormente por figuras como José María Morelos, Vecente Gurerero, y otros y otras protagonistas de nuestra Independencia.
Pero conviene recordar una verdad histórica fundamental, lo que nunca inicia no existe, sin el llamado de Miguel Hidalgo no habría sido posible la consumación de la Independencia en 1821. Su legado no solo inspiró a sus contemporáneos, sino también a las generaciones posteriores que han luchado por la justicia social, la libertad y la igualdad en México.
Es oportuno fortalecer como mexicanos la memoria del Padre de la Patria, a quien debemos celebrar y conmemorar en cada aniversario de su natalicio con eventos cívicos, deportivos y culturales. Además, esto servirá para promover los lazos comunitarios, fortaleciendo el tejido social.
El reconocimiento de don Miguel Hidalgo debe mantenerse vivo en el colectivo social, proponiendo así que su natalicio, ocurrido el 8 de mayo, sea declarado Día Nacional en Memoria del Natalicio del Padre de la Patria y reconocido como día inhábil nacional como un acto de justicia histórica y una reafirmación de los valores que dieron origen a nuestra nación.
Y, con esto concluyo, en estos tiempos en que la libre determinación de las naciones está amenazada y la identidad nacional corre graves riesgos de desdibujarse en las nuevas generaciones que están ampliamente expuestas a la propaganda individualista y la desinformación, es necesario fortalecer el amor a la patria, los valores y la identidad mexicana por medio de una revalorización de nuestros héroes y sus actos que nos dieron libertad y patria. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y reforma el numeral 22 de la fracción I del artículo 18 y adiciona un 18 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con motivo de la celebración del 8 de mayo de cada año como Día Nacional en Memoria del Natalicio del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, a cargo del diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para declarar el 8 de mayo Día Nacional en Memoria del Natalicio del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla; y se reforma el numeral 22 de la fracción I del artículo 18 y se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene la finalidad de reivindicar el legado y la importancia de quien comúnmente conocemos y llamamos Padre de la Patria, cuyo nombre completo fue Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, simplificado para efectos prácticos en nuestra historia, como Miguel Hidalgo y Costilla, cuyo conocimiento y fama en muchos ciudadanos se limitan a reconocerlo sólo por haber dado el Grito de Dolores, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fecha histórica que representa el inicio formal del movimiento de independencia de la nación, hace poco más de 200 años.
Es un hecho ampliamente conocido en la historia que no actuó solo, sino como parte de un grupo de conspiradores, estudiosos, propulsores y defensores de los ideales liberales de la ilustración, sin embargo, aún y cuando se trató de un grupo de hombres y mujeres con la disposición de materializar su proyecto, con conocimiento de las consecuencias en el caso de fracasar, es él quién ante el descubrimiento de los planes subversivos toma la iniciativa de dar inicio a la lucha, reconociendo el pueblo su capacidad de liderazgo para seguirlo a enfrentarse a un ejército virreinal organizado, capacitado y pagado, siendo en contraparte el carisma de Hidalgo, el catalizador que logra el seguimiento y movilización de un amplio sector de la población, desde el pueblo de Dolores.
El llamado que hizo a la insurrección aquella madrugada de septiembre, trascendió las barreras sociales y políticas, convirtiendo ese movimiento conformado por una amplia masa y base popular, en el primer gran desafío significativo contra el dominio español, cuya trascendencia no murió con su iniciador, porque debe recordarse que los once años de lucha que tardó en conseguirse la independencia, fueron con el esfuerzo, sangre y vida de miles de personas, que conformaban las clases más bajas de la época colonial que estaba por llegar a su fin.
Mediante este movimiento independentista iniciado por Miguel Hidalgo, es bajo su liderazgo que se incluye y empodera a los sectores más marginados de la sociedad novohispana (indígenas, mestizos, campesinos y esclavos), cuyo destino sin ninguna duda puede afirmarse estaba sellado por el significado de la frase “patria o muerte”, porque al no tener éxito en lo emprendido, ningún tipo de absolución y piedad, ni de parte de la corona española ni religiosa, les esperaba, siendo su asesinato indescriptible por cada uno de los sufrimientos a que fueron sometidos.
La declaración de abolición de la esclavitud, hecha por Hidalgo mediante la publicación de un Bando el 29 de noviembre de 1810, en Guadalajara, es el primer gran precedente de un cambio radical de régimen y de justicia social, en el discurso de la lucha de independencia.
De ese bando es justo y preciso recordar la claridad con que se decreta la abolición de la esclavitud, en las letras escritas directamente de la mano del nombrado Generalísimo de América:
Que siendo contra los clamores de la naturaleza, el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud no sólo en cuanto al tráfico y comercio que se hacían de ellos, sino también por lo relativo a las adquisiciones.
Esta determinación representa el cambio más radical posible contra el status quo de aquel tiempo, considerando que el sistema colonialista practicado por la mayoría de los países europeos estaba profundamente estratificado y excluía a las clases bajas de la participación política y del reconocimiento de algún tipo de dignidad humana. Para clarificación de lo adelantado de Hidalgo a su momento, debemos considerar que la abolición de la esclavitud en el país vecino del norte, que llevaba ventaja de poco más de dos décadas en haberse independizado, ocurrió 53 años después del Bando decretado por don Miguel Hidalgo y Costilla.
Mucho se discurre por los historiadores sobre su visión, que identifican como no plenamente estructurada, pero no hay duda alguna de que reflejaba una clara y real intención de transformar las bases de la sociedad novohispana del siglo XIX.
Miguel Hidalgo y Costilla es reconocido como un sacerdote ilustrado, profundamente influido por las ideas de la ilustración y el pensamiento liberal y progresista que prevalecía en Europa.
Lector de autores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, cuyas ideas sin duda alguna influyeron y moldearon su pensamiento crítico, cuestionándose sobre la realidad en que se vivía bajo el sistema colonial español, especialmente sobre las desigualdades sociales y económicas.
Durante toda su vida como cura fue promotor incansable de iniciativas educativas y productivas en sus parroquias, como es ampliamente conocido ocurrió durante el tiempo que trabajó en las poblaciones de San Felipe y Dolores, lugares donde fomentó la enseñanza de oficios y la producción de vinos y cerámica.
Nadie puede soslayar la visión humanista de Hidalgo, que lo posicionó como el líder principal de la lucha que inició, en la que se puede identificar claramente que no solo buscaba la independencia política, sino también una transformación social profunda y radical, con la base de reconocer derechos de ciudadanía a todos y todas.
La lucha por la independencia bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo, fue un verdadero movimiento de masas que no solo enfrentó y cuestionó el orden colonial en su totalidad, es el fuego de su espíritu el que encendió el ánimo y fuerza de los célebres personajes que le sucedieron en la lucha de independencia, pese a que hay quienes quieren disminuir la verdadera importancia de su papel en el movimiento de independencia. Basta decir que lo que nunca inicia, no existe, sin el llamado a la insurrección de Hidalgo, no existiría la posibilidad de que en 1821 se hubiera declarado la Independencia Nacional.
Se cuestiona por algunos “historiadores” que sus tropas estaban desorganizadas y mal armadas, sin embargo, no puede negarse que su avance sobre ciudades como Guanajuato, en que se lleva a cabo la toma de la Alhóndiga de Granaditas, y la marcha que se emprende hacia la Ciudad de México, centro del poder político virreinal, hace patente la fuerza y reto para las tropas realistas, considerando el potencial transformador de la insurrección encabezada por Hidalgo.
El proceso de lucha iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla desató un proceso irreversible que debilitó las estructuras del virreinato, de lo cual son herederos y beneficiarios cada uno de los hombres y mujeres que continuaron esa lucha, siendo una gran mayoría de ellos, héroes de nombres desconocidos u olvidados.
El movimiento de Hidalgo sentó las bases para la continuación y resultado de la lucha por parte de líderes como José María Morelos, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, José Antonio de Echávarri, José Joaquín de Herrera y Agustín de Iturbide.
El legado de Hidalgo no solo fue inspiración para sus contemporáneos, sino también para las generaciones posteriores que han buscado justicia social, libertad e igualdad en México.
El reconocimiento merecido para Miguel Hidalgo y Costilla debe prevalecer en el colectivo social, por lo que proponemos que su natalicio, acontecido un 8 de mayo, sea declarado y celebrado como día inhábil nacional.
Dicho día proponemos se declare Día Nacional en memoria del Natalicio del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.
Por lo expuesto me permito someter a consideración del pleno para su aprobación la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto mediante la que se propone reformar la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para declarar día inhábil el 8 de mayo, natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria
Decreto
Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio
I. a III. ...
IV. El 1 y 8 de mayo:
V. a IX. ...
Segundo. Se reforma el numeral 22 de la fracción I del artículo 18 y se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 18. En los edificios y lugares a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 de esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse
1. a 21. ...
22. 8 de mayo:
Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, en 1753; Padre de la Patria, iniciador de la Independencia de México;
Artículo 18 Bis. En cada aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, las autoridades federales, estatales y municipales promoverán eventos cívicos, culturales y deportivos para la celebración y conmemoración de esta fecha.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2026.– Diputados: Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Hugo Eric Flores Cervantes (rúbricas)»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados.
Solicita el uso de la palabra el diputado Hugo Éric. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Hugo Éric Flores Cervantes (desde la curul): Que me haga favor de preguntarle al diputado si podemos adherirnos y suscribir conjuntamente con él su iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ha dicho el diputado Prieto Gallardo que sí. Por tanto, al diputado Hugo Éric y a cualquier integrante de esta Comisión Permanente, ponemos esta iniciativa a su consideración y, en su caso, la firma que lo acompañe.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Daniel Chimal García, para presentar dos iniciativas: la primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 308 Ter a la Ley General de Salud; y, la segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Ambas, suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Fidel Daniel Chimal García:Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Antes que nada, quiero agradecer en mi nombre y en nombre de mi familia su solidaridad y cariño por el reciente fallecimiento de mi señora madre, Irma García López. Muchas gracias.
Con su venia. La crisis climática no es una amenaza futura: es una factura que México ya está pagando todos los días. Hoy subo a esta tribuna para hablar de una realidad que ya no admite más evasivas: el cambio climático dejó de ser un debate técnico e ideológico para convertirse en un problema de seguridad nacional, de desarrollo económico y de justicia social.
México lo ha vivido con crudeza. El huracán Otis devastó Acapulco en cuestión de horas. Las sequías de 2024 afectaron a más de 80 por ciento del territorio nacional. Las lluvias torrenciales de Veracruz dejaron decenas de personas fallecidas y comunidades enteras destruidas. Los datos son contundentes: de acuerdo con el IMCO, entre 2000 y 2018, los fenómenos naturales costaron al país más de 40 mil millones de dólares y el 86.8 de estos daños provino de eventos hidrometeorológicos.
Datos más recientes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático apuntan a que los daños derivados de los fenómenos causados por el cambio climático ya superan al día de hoy los 100 mil millones de pesos anuales en México, mientras que más del 70 por ciento de la población vive en zonas vulnerables a estos impactos. Por su parte, el Inegi señala que solo en 2023 el costo de la degradación ambiental y la pérdida de recursos naturales ascendió al 4.2 por ciento del PIB, más de 1.3 billones de pesos.
México ha asumido compromisos internacionales importantes. Somos parte del Acuerdo de París, del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la Agenda 2030. Sin embargo, los propios indicadores muestran que ningún objetivo de desarrollo sostenible va en ruta de cumplirse.
Avanzamos, sí, pero de manera insuficiente. Existe una brecha entre lo que México firma en el exterior y lo que logra ejecutarse como Estado, y ahí es donde entra el objeto de esta iniciativa.
La propuesta que hoy presento ante ustedes busca algo elemental, pero urgente: darle a la política exterior mexicana un mandato legal, claro, para incorporar la sustentabilidad como eje transversal. Porque la política exterior no es un ejercicio abstracto, también es una herramienta para atraer inversión verde, financiamiento climático y transferencia de tecnología, más cooperación internacional y empleos de calidad.
Desde la Unión Europea hasta Asia Pacífico, los principales socios comerciales de México están avanzando hacia estándares ambientales mucho más estrictos. Si en México no alineamos su diplomacia con esta realidad, vamos a perder competitividad. Si lo hace bien, gana mercado, inversión y futuro.
Por eso, proponemos reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para que quienes representan a nuestro país en el mundo tengan la obligación de expresar e integrar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad y cuidado de los océanos.
Como lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas: la inacción climática es un fracaso moral y una alta negligencia mortal.
Desde Acción Nacional creemos que México debe actuar con responsabilidad, no con indiferencia ante este problema. Una diplomacia que protege nuestra causa común es una diplomacia que protege a nuestro querido país y a las generaciones venideras. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.
«Iniciativa que adiciona un artículo 308 Ter a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Fidel Daniel Chimal García, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78 y 79 fracción II; 80, 82, punto 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
1. La influencia de la publicidad y el marketing digital en la construcción de demandas estéticas en personas menores de edad
El avance tecnológico que ha transitado la segunda década de este siglo XXI ha significado un cambio de paradigma en el núcleo más grande de las sociedades y cómo estas se conciben.
Es indudable que la tecnología forma parte de la vida de niños, niñas y adolescentes, que hacen un uso generalizado de internet, las redes sociales e innumerables aplicaciones de manera cotidiana.
Hoy en día el entorno digital se vuelve inseparable del desarrollo de las infancias y adolescencias en diversos ámbitos.
Las plataformas digitales, redes sociales y servicios de transmisión de contenidos se han convertido en espacios centrales de socialización, referencia identitaria y construcción de aspiraciones personales, donde los mensajes publicitarios no sólo informan, sino que influyen activamente en la percepción del cuerpo, la autoestima y las expectativas sociales.
En este contexto, la publicidad de cirugías plásticas, estéticas y procedimientos cosméticos invasivos ha evolucionado hacia estrategias de mercadotecnia altamente segmentadas, visuales y aspiracionales, que presentan dichos procedimientos como soluciones inmediatas a inseguridades físicas o emocionales, minimizando sus riesgos reales y normalizando intervenciones médicas irreversibles como parte del desarrollo personal.
Este tipo de mensajes resulta particularmente problemático cuando alcanza a personas menores de dieciocho años, quienes se encuentran en una etapa de desarrollo físico, emocional y psicológico en la que su capacidad de discernimiento crítico aún se encuentra en formación.
Así quedó dramáticamente demostrado con el caso de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años en el estado de Durango que falleció tras someterse a múltiples procedimientos estéticos, hechos que no sólo prendieron alertas sobre la falta de regulación en torno a este tipo de intervenciones en menores, sino que evidenciaron las graves consecuencias que pueden derivarse cuando no existe un marco que proteja integralmente a niñas, niños y adolescentes frente a incentivos comerciales, expectativas sociales y decisiones médicas de riesgo que exceden su etapa de desarrollo.
Si dimensionamos el problema podremos ver que, según datos publicados por Milenio citando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en México el 82 por ciento de los niños entre los 7 y 11 años usa internet siendo WhatsApp, YouTube y Tik Tok la más usada por los niños y niñas. Datos proporcionados por el Tec de Monterrey apuntan que, en el caso de los adolescentes, el 80 por ciento de los jóvenes de 13 a 17 años usan redes sociales, llegando a un uso total de 3 horas al día en estas.
Frente a un ecosistema digital en constante evolución cada vez más complejo, los límites de lo real y lo virtual se vuelven más difusos en infancias y adolescencias expuestas cada vez más a contenidos que les exigen cumplir con paradigmas sociales, mediáticos y publicitarios de lo que es “belleza” en redes sociales.
Un estudio publicado por el ha documentado una asociación significativa entre la exposición intensiva a contenidos visuales idealizados en plataformas digitales y el aumento de insatisfacción corporal, preocupaciones dismórficas y la intención de someterse a procedimientos estéticos, particularmente en adolescentes y adultos jóvenes.
La evidencia señala que la publicidad estética difundida en entornos digitales puede actuar como un factor de riesgo psicosocial, al promover estándares corporales irreales y presentar intervenciones invasivas como soluciones rápidas a malestares emocionales.
Aunado a esto, un estudio realizado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad del Mar de Chile titulado: “ Dismorfia corporal en TikTok. Entre los trastornos mentales y las modificaciones corporales”, determinó que plataformas digitales de alta exposición visual, como TikTok, pueden actuar como amplificadores de estándares corporales irreales, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Estos estudios advierten que la exposición reiterada a contenidos estéticos filtrados y editados se asocia con mayor insatisfacción corporal, preocupaciones dismórficas y el deseo de realizar modificaciones físicas como respuesta a malestares de salud mental.
Ambas investigaciones refuerzan la necesidad de adoptar un enfoque preventivo en materia de salud pública, orientado a regular los incentivos comerciales que impactan de manera desproporcionada a personas menores de edad, a fin de proteger su salud mental y su desarrollo integral.
Además, evidencian que la publicidad y promoción de procedimientos estéticos en entornos digitales no es neutral, sino que puede constituir un factor de riesgo psicosocial cuando alcanza a personas menores de edad, lo que justifica la adopción de medidas preventivas en materia de salud pública.
Nuestros jóvenes ya están expuestos a múltiples riesgos y presiones en una etapa decisiva de su vida. Su crecimiento personal y profesional va de la mano de su salud mental, y las percepciones que construyen sobre su imagen corporal influyen de manera profunda en su desarrollo.
No podemos dejar solos a quienes habrán de construir el México y las familias del mañana. Desde una visión de libertad con responsabilidad, el Estado no debe ser indiferente cuando los incentivos comerciales aprovechan la vulnerabilidad propia de la edad y promueven expectativas irreales o decisiones de riesgo.
Esta iniciativa no limita derechos ni impone prohibiciones arbitrarias; establece reglas claras para proteger a las personas menores de edad, fortalecer a las familias y garantizar que el mercado actúe con responsabilidad social. Regular la publicidad de procedimientos estéticos dirigida a menores es una acción preventiva, proporcional y necesaria en favor de su salud, su dignidad y su desarrollo integral.
2. La necesidad de una intervención sanitaria preventiva para proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional y legal de garantizar la protección de la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, bajo el principio del interés superior de la niñez. En materia de salud pública, esta obligación no se limita a la atención de daños ya consumados, sino que comprende la adopción de medidas preventivas orientadas a reducir riesgos previsibles derivados de prácticas comerciales que pueden afectar la integridad física y mental de este grupo poblacional.
El artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece el interés superior de la niñez como uno de los principios rectores de las decisiones públicas y privadas relacionadas a este sector, coloquen en primer lugar bienestar, dignidad e integridad física y mental, así como su desarrollo integral.
Artículo 4o. ... “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”
Desde 2011, nuestro país incorporó este principio a la Constitución como eje principal que pone como prioridad los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a intereses económicos, institucionales o incluso intereses familiares que afectan la integridad de los menores. Asimismo, supone una obligación explícita al estado mexicano de legislar, vigilar, prevenir daños y promover entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, la Ley General de Salud reconoce desde hace décadas la legitimidad de establecer restricciones específicas a la publicidad de productos y servicios que, por su naturaleza, representan riesgos sanitarios, particularmente cuando dicha publicidad se dirige o resulta accesible a personas menores de edad.
Ejemplos de ello se encuentran en la regulación de bebidas alcohólicas y otros productos cuyo consumo indebido puede generar daños a la salud. En este sentido, la publicidad de procedimientos estéticos invasivos comparte elementos de riesgo que justifican un tratamiento normativo análogo, sin que ello implique una prohibición absoluta ni una restricción indebida a los derechos de las personas adultas.
La presente iniciativa propone una intervención normativa proporcional y focalizada, orientada exclusivamente a regular la publicidad y promoción de estos procedimientos cuando se dirigen a personas menores de dieciocho años.
Con ello, se busca atender el origen de la demanda, fortalecer la función preventiva del Estado en materia de salud pública y establecer criterios claros para una publicidad responsable, sin interferir en la práctica médica lícita ni en el acceso a información sanitaria de la población adulta.
De esta manera, se contribuye a un entorno más seguro y ético, en el que la protección de la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes prevalezca frente a incentivos comerciales que pueden resultar lesivos.
Fundamento Legal
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud
Único. Se adiciona el artículo 308 Ter a la Ley General de Salud.
Artículo 308 Ter. La publicidad, promoción o cualquier forma de comunicación comercial de cirugías plásticas, estéticas o procedimientos cosméticos invasivos no podrá dirigirse, difundirse o resultar accesible a personas menores de dieciocho años, en términos de las disposiciones aplicables.
La Secretaría de Salud, en el ámbito de sus atribuciones, establecerá mediante disposiciones reglamentarias los criterios, lineamientos y mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, con el objeto de proteger la salud física y mental de las personas menores de edad.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud deberá adecuar el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, a fin de establecer criterios específicos que impidan que la publicidad, promoción o comunicación comercial de cirugías plásticas, estéticas o procedimientos cosméticos invasivos sea dirigida, segmentada o accesible a personas menores de edad.
Para tal efecto, la autoridad deberá considerar los distintos medios, formatos y mecanismos de difusión, incluidos los entornos digitales, que puedan incidir en la exposición de personas menores de edad a este tipo de publicidad.
Notas
1 Francisco Rodríguez. “Muerte de Paloma Nicole, adolescente que se realizó cirugía estética, no quedará impune, asegura gobernador de Durango”. El Universal. 24 de septiembre de 2025. Ver en:
https://www.eluniversal.com.mx/estados/muerte-de-paloma-nicole- adolescente-que-se-realizo-cirugia-estetica-no-quedara-impune-asegura-gobernado r-de-durango/
2 Milenio. “Usan redes sociales, 69% de los menores de edad en México: IFT”. 25 de mayo de 2023. Ver en:
https://www.milenio.com/negocios/redes-sociales-69-menores-edad -mexico-ift
3 Tecnológico de Monterrey. “¿Cuál es el impacto de las redes sociales en los jóvenes?”. S.f. Ver en:
https://blog-prepa.tec.mx/articulo/cual-es-el-impacto-de-las-re des-sociales-en-los-jovenes#:~: text=Estudios%20recientes%20indican%20que%20el,de%20afectar%20su%20vida%20socia l.
4 Pérez García, Ana, Juan López Martínez y María Torres Ruiz. “Dismorfia corporal y redes sociales: impacto de la exposición digital en adolescentes”, Journal, Eating Disorders 12, no. 3 (2025): 145—162. Ver en:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12297853/
5 Irene Caldero Mazzoti,Erick Cruz-Mendoza. “Dismorfia corporal en TikTok. Entre los trastornos mentales y las modificaciones corporales”. iken. Revista de Ciencias Sociales y de la Salud, 2(2), 31—46 / ISSN 27967395 (impreso) / ISSN 27967506 (electrónico).Ver en:
https://www.researchgate.net/publication/367018225_Dismorfia_co rporal_en_TikTok_Entre_los_trastornos_mentales_y_las_modificaciones_corporales_ Body_dysmorphia_on_TikTok_About_mental_disorders_and_body_modifications
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 21 de enero de 2026.– Diputado Fidel Daniel Chimal García (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Refrendo mi pésame y cariño. Túrnese a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
El diputado Fidel Daniel Chimal García:
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Fidel Daniel Chimal García, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78 y 79 fracción II; 80, 82, punto 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
1. Armonización normativa y cumplimiento de compromisos internacionales: la urgencia de una política exterior coherente
“Es imposible preservar la naturaleza sin cuidar a las personas”. No hay forma de revolucionar nuestra relación con el planeta sin involucrar a una amplia gama de actores”. Esta frase dada por el presidente de Brasil en la Cumbre sobre el Clima en la ONU previa a la conferencia de las partes en medio de récords de temperatura, desastres climáticos y crecientes tensiones geopolíticas, refleja una realidad innegable para la humanidad entera: que la crisis ambiental no es un fenómeno aislado, sino el eje transversal que determina la estabilidad económica, social y de seguridad de todas las naciones.
Sin una acción coordinada, incluyente y sustentada en la cooperación internacional, ningún país podrá enfrentar por sí solo los desafíos que el cambio climático impone a nuestras sociedades, nuestros recursos y nuestro futuro común.
La cruda realidad es que no hemos logrado garantizar que nos mantengamos por debajo de 1.5 grados respecto a la cantidad de gases de efecto invernadero que se pueden emitir sin que el calentamiento global sobrepase el límite físico, si para 2030 esto no sucede las consecuencias serán peligrosamente irreversibles.
En el caso de nuestro país, los últimos años han significado un reto de múltiples dimensiones en materia climática. Desde el huracán Otis que azotó a las costas de Acapulco en 2023, mismo que fue catalogado como histórico por la forma en que se intensificó en pocas horas y por impactar en una zona altamente poblada y urbanizada, transitado por las grandes sequias de 2024 en el centro y norte del país, hasta las lluvias torrenciales que devastaron Veracruz en octubre de 2025, y que a un mes de la tragedia los números oficiales apuntan a 35 muertos y 7 desaparecido. Hoy nuestro país presenta síntomas de una vulnerabilidad ambiental histórica.
En este sentido, México ha sido un actor protagónico en la construcción del régimen internacional ambiental, como reconocimiento de su vulnerabilidad y responsabilidad ante la emergencia climática. De esta manera ha suscrito y ratificado instrumentos fundamentales como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el avance nacional reportando por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) reporta un avance de 69.7 por ciento del necesario para alcanzar las metas al 2030, ligeramente superior al promedio mundial (66 por ciento), pero insuficiente para alcanzar los objetivos.
Tal como se muestra en la figura 1, ninguno de los ODS está encaminado a cumplirse. La imagen deja ver una conclusión contundente: El mundo enfrenta retrocesos ambientales y sociales graves, avances insuficientes y un ritmo global que no permitirá cumplir la Agenda 2030 si no se aceleran las acciones. Los retrocesos en hambre y biodiversidad, junto con la lentitud en igualdad, pobreza, clima y trabajo decente, muestran que la crisis ambiental y social está profundamente entrelazada.
Asimismo, el país alberga una inmensa riqueza natural, siendo parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) y del Tratado Global sobre los Océanos, sin embargo, los 11 mil kilómetros de litoral marino de México están contaminados con plásticos, cuya presencia va de la zona de manglares, la línea de playa, hasta el fondo de los mares.
En este sentido, podemos afirmar que existe una brecha entre la firma de estos compromisos y su integración efectiva en la política exterior del Estado que se cristalice en resultados medibles. La ausencia de un mandato legal explícito que obligue a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su Servicio Exterior a transversalizar estos criterios genera una política poco eficaz.
El futuro de México también depende directamente de la salud de sus ecosistemas y de su capacidad de acción climática, por ello es vital integrar a la política exterior una visión sustentable que trascienda administraciones con visión de largo plazo.
México es un actor relevante en el concierto de naciones. Es imperativo que nuestra diplomacia asuma un rol de liderazgo en la promoción, negociación y cumplimiento de los acuerdos internacionales clave; de aquí que la armonización entre las leyes nacionales y los tratados internacionales se vuelve esencial para transformar compromisos climáticos en políticas reales con resultados, asegurar coherencia institucional, fortalecer la seguridad nacional y posicionar a México como un actor responsable y competitivo en el escenario global.
2. Vincular la acción internacional con la realidad nacional: la diplomacia al servicio del desarrollo sustentable de México
La política exterior debe responder a los desafíos que enfrenta México en su territorio. El cambio climático, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y la afectación de mares y litorales impactan directamente en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la estabilidad económica, la infraestructura y el bien común de las comunidades.
Estas últimas, han visto alrededor de todo el país, la fuerza de la naturaleza cuando esta responde a la actividad humana como principal factor de cambio. Desde el huracán Otis que azotó a las costas de Acapulco en 2023, mismo que fue catalogado como histórico por la forma en que se intensificó en pocas horas y por impactar en una zona altamente poblada y urbanizada, transitado por las grandes sequias de 2024 en el centro y norte del país, hasta las lluvias torrenciales que devastaron Veracruz en octubre de 2025, y que a un mes de la tragedia los números oficiales apuntan a 35 muertos y 7 desaparecidos nuestro país presenta síntomas de una vulnerabilidad socioambiental histórica.
En este sentido, México es un país altamente expuesto a las consecuencias del deterioro ambiental en condiciones sociales vulnerables. Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan que entre el año 2000 y el año 2018 el costo de los fenómenos que afectaron al país ascendió a más de 40 mil millones de dólares, además el IMCO apunta a que el 86.8 por cientode los daños y pérdidas contabilizadas durante esos años fueron por fenómenos de origen hidrometeorológico. Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el costo total de la degradación ambiental y la pérdida de recursos naturales ascendió en 2023 a aproximadamente 4.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a más de 1.3 billones de pesos.
Estos dos indicadores; el costo anual de la degradación ambiental y las pérdidas acumuladas por fenómenos hidrometeorológicos muestran que México enfrenta impactos sistémicos y crecientes relacionados con el cambio climático.
La magnitud de estas cifras confirma que la sustentabilidad no es una agenda complementaria, sino un requisito para la estabilidad económica y social. En este sentido, vincular la política exterior con estos desafíos internos permite al país acceder a mecanismos internacionales de financiamiento, tecnología y cooperación que pueden reducir significativamente estos costos. El mayor de los beneficios es invertir en un México verde y con sustentabilidad para las futuras generaciones.
En esta dirección, México cuenta con socios estratégicos de trascendencia ambiental para emplear una diplomacia que beneficie al ciudadano común, con una visión global y con un actuar local. Esta última puede ser empleada como vehículo de transferencia de tecnología limpia que beneficie directamente a sectores productivos y comunidades vulnerables en el territorio nacional.
Desde la Unión Europea –con quien México mantiene una relación estratégica desde 2008 y que hoy impulsa una agenda global de transición verde– hasta los sólidos vínculos que hemos construido con el continente asiático a través del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), nuestras relaciones internacionales han demostrado que la diplomacia ambiental es un eje central para el desarrollo. Estos espacios multilaterales han colocado a la biodiversidad como un pilar fundamental del bienestar económico y social, reconociendo que proteger los ecosistemas no es solo una responsabilidad ambiental, sino una condición indispensable para garantizar crecimiento sostenible, competitividad y seguridad a largo plazo.
La emergencia climática y la inacción de la sociedad internacional representan, como lo advierte el secretario general de las Naciones Unidas, “un fracaso moral y una negligencia mortal”.
Por lo anterior, posicionar a México como un destino de inversión verde y asegurar que nuestras exportaciones cumplan con los más altos estándares ambientales internacionales no solo fortalece nuestra competitividad y atrae empleos de calidad, sino que reafirma nuestro compromiso ético con las futuras generaciones y con el ejercicio responsable de nuestro papel en el mundo.
En consonancia con esta visión, es fundamental recordar que la función primordial del Servicio Exterior Mexicano, tal como lo establece su artículo 1, es “ representar a México en el extranjero y ejecutar la política exterior conforme a los principios normativos de la Constitución”.
Esto significa que su labor no se limita a la representación diplomática, sino que implica defender los intereses estratégicos de la Nación en un contexto global cada vez más complejo. Por ello, incorporar de manera explícita los criterios de sustentabilidad en la Ley del Servicio Exterior Mexicano asegura que nuestra diplomacia se convierta en una herramienta efectiva para impulsar el desarrollo nacional sustentable.
Con esta reforma se cierra la brecha entre los desafíos ambientales que enfrenta el país y la responsabilidad internacional que hemos asumido, garantizando que México actúe con coherencia, liderazgo y visión de futuro en el escenario mundial.
3. por una diplomacia que protege nuestra casa común: la seguridad nacional comienza con la sustentabilidad
Desde los orígenes de la diplomacia ambiental en Estocolmo 1972 hasta los acuerdos más ambiciosos del siglo XXI, el multilateralismo ha demostrado que los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los océanos sólo pueden abordarse mediante cooperación internacional.
México, como país megadiverso y nación oceánica, ha desempeñado un papel protagónico en este proceso: ha presidido la COP16, ha impulsado el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, ha promovido acuerdos sobre océanos y contaminación por plásticos y ha defendido una visión de justicia climática en todos los foros multilaterales.
Sin embargo, las amenazas actuales –el año más lluvioso de la historia, fenómenos hidrometeorológicos cada vez más extremos y profundas desigualdades ambientales– requieren dotar a la política exterior de instrumentos jurídicos claros y modernos. Incorporar criterios de sustentabilidad en la Ley del Servicio Exterior Mexicano no solo fortalece la seguridad nacional, sino que consolida el liderazgo internacional del país y garantiza que nuestra diplomacia proteja de manera efectiva nuestra casa común y el futuro de las generaciones venideras.
La degradación ambiental y el cambio climático han dejado de ser temas meramente ecológicos para convertirse en las amenazas multiplicadoras del siglo XXI, con un impacto directo e indiscutible en la seguridad nacional.
La escasez hídrica, la pérdida de cosechas por eventos climáticos extremos y la degradación de los océanos son detonantes de conflictos sociales y, cada vez más, de fenómenos migratorios.
Una diplomacia que protege nuestra casa común es, por tanto, una diplomacia que protege a México. La política exterior debe reconocer esta realidad y actuar en consecuencia.
Fundamento Legal
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Único. Se adiciona un párrafo al artículo 1, se adiciona la fracción XIII al artículo 2 y se adiciona el artículo 41 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 1. El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de servidores públicos, miembros del personal diplomático del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero, responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
...
...
...
La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, promoverá e incorporará criterios de protección ambiental, desarrollo sostenible, mitigación y adaptación al cambio climático, así como la conservación de la biodiversidad y los océanos, como elementos transversales en la ejecución de la política exterior.
...
Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior:
I. a XII. ...
XIII. Promover y negociar compromisos y acuerdos internacionales en materia de cambio climático, biodiversidad, protección de los océanos y desarrollo sustentable, así como coadyuvar a su cumplimiento.
Artículo 41 Bis. Las personas miembros del Servicio Exterior Mexicano en el ejercicio de sus funciones, observarán e incorporarán de manera transversal la perspectiva de sustentabilidad, la mitigación y adaptación ante el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la protección de los océanos, en el diseño, ejecución y evaluación de la política exterior, así como en la negociación y celebración de instrumentos internacionales.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las dependencias competentes, realizará las acciones necesarias para incorporar los criterios establecidos en este decreto en los procesos de capacitación, lineamientos y disposiciones administrativas aplicables al Servicio Exterior Mexicano, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor.
Notas
1 Greenpeace. “Greenpeace se suma a la última llamada de la ciencia para evitar las peores consecuencias del cambio climático: solo faltan tres años para mantener vivo el límite de 1,5 ºC” 19 de junio de 2025. Ver en:
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpe ace-se-suma-a-la-ultima-llamada-de-la-ciencia-para-evitar-las-peores-consecuenc ias-del-cambio-climatico-solo-faltan-tres-anos-para-mantener-vivo-el-limite-de- 15-oc/
2 Nayeli Aguirre, Cristina Galíndez y Eduardo Sojo. “¿Cómo van los estados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Nexos. 24 de abril de 2024. Ver en:
https://federalismo.nexos.com.mx/2024/04/como-van-los-estados-e n-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
3 Eirinet Gómez. “Plásticos contaminan todo el litoral marino de México: especialista”. La Jornada. 18 de mayo de 2024. Ver en:
https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/18/ciencia-y-tecnolo gia/plasticos-contaminan-todo-el-litoral-marino-de-mexico-especialista-7428
4 BBC News Mundo. “El huracán Otis deja al menos 45 muertos y grandes destrozos a su paso por la ciudad de Acapulco y el estado mexicano de Guerrero”. 26 de octubre de 2023. Ver en:
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjl03ep04yyo
5 Jonathan Padilla. “ En 2024, 88% del país sufrió al menos una semana de sequía”. El sol de México.21 de enero de 2025. Ver en:
https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/en-mexico-88-del-territ orio-sufrio-al-menos-una-semana-de-sequia-en-2024-segun-conagua-21252771
6 Laura Cruz. “Un mes después de las inundaciones en Veracruz, el saldo es de 35 muertos, 7 desaparecidos y la lenta reconstrucción de la zona norte”. Lunes 10 de noviembre. Ver en:
https://oem.com.mx/diariodexalapa/local/inundaciones-en-veracru z-2025-el-balance-oficial-victimas-y-avances-en-la-recuperacion-del-norte-del-e stado-26715231
7 https://imco.org.mx/pub_indices/2020/11/09/ii-mexico-un-pais-multiples-amenazas /
8 Inegi. “Cuentas económicas y ecológicas de México (ceem), 2023”. Comunicado de prensa número 690/24. 2 de diciembre de 2024. Ver en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024 /CEEM/CEEM2023.pdf
9 Francisco André. “Europa apuesta por México. La Agenda de Inversiones Global Gateway”. Excelsior.11 de marzo de 2025. Ver en:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-andre/europa-apu esta-por-mexico-la-agenda-de-inversiones-global-gateway/1704348
10 Rosalba Ojeda. “México y el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico” Revista Méxicana de Politíca Exterior. Ver en:
https://re.sre.gob.mx/rmpe/index.php/rmpe/article/view/1014?art iclesBySameAuthorPage=126
11 Emb. María Teresa Mercado. “Presentacion” Revista Mexicana de Política Exterior, número 131, enero-abril de 2025, pp. 131-134, ISSN 0185-6022
12 Pepe Herrera. “El junio más lluvioso en décadas deja huella en CDMX”.Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM”. 20 de julio de 2025. Ver en:
https://www.atmosfera.unam.mx/el-junio-mas-lluvioso-cdmx/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 21 de enero de 2026.– Diputado Fidel Daniel Chimal García (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa de reforma constitucional que retoma una exigencia legítima de la ciudadanía, y es el que el Poder Legislativo debe transformarse hoy para trabajar más tiempo efectivo en pleno, para legislar de cara una agenda cada vez más nutrida y compleja en el ámbito nacional.
Actualmente el Congreso de la Unión sesiona en 2 periodos ordinarios, según lo dispuesto por el artículo 66 de nuestra Constitución. El primero inicia el 1 de septiembre y concluye a más tardar el 15 de diciembre, con la excepción del año en que entra en funciones la persona titular del Poder Ejecutivo federal. El segundo periodo arranca el 1 de febrero y concluye el 30 de abril.
En términos reales, esto significa que la Cámara de Diputados y el Senado de la República solo pueden reunirse y deliberar en pleno alrededor de poco más de 6 meses al año. Entre ambos periodos existen recesos legislativos que suman 5 meses y medio, durante los cuales entra en funciones la Comisión Permanente, integrada por 19 diputados y diputadas, y 18 senadores y senadoras.
Si bien esta Comisión cumple una función institucional relevante, es necesario subrayar que no tiene facultades legislativas. Es importante decir que el trabajo parlamentario no se suspende completamente durante los recesos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos de ambas Cámaras establecen que las comisiones deben seguir reuniéndose al menos una vez al mes.
Hago un llamado para que reforcemos el trabajo de las comisiones y los dictámenes serán los que discutiremos en el pleno.
Además, existe la figura de las sesiones extraordinarias, para que los plenos de una o de ambas Cámaras puedan desahogar aquellos asuntos para los que fueron convocados. A ello, se suma el trabajo ininterrumpido que realizamos diputados y senadores en nuestros distritos y entidades para atender a sus más sentidas problemáticas.
No obstante, también debemos reconocer una realidad innegable, la deliberación política abierta y plural solo puede darse en el pleno del Congreso, y es limitada en el tiempo. Y es precisamente en el pleno donde se expresan todas las voces políticas, donde se transparentan las decisiones, y donde se construyen los acuerdos que dan forma al marco jurídico nacional.
En promedio, sesionamos 60 días, por ello, cada vez más sectores de la sociedad, la academia, organizaciones civiles, especialistas y actores políticos señalan que el tiempo de trabajo en pleno resulta insuficiente para atender el volumen, la complejidad y la urgencia de los asuntos legislativos pendientes.
Es importante señalar que tenemos un gran rezago y es necesario ir terminando con él. Más allá de cualquier filiación partidista, hoy hay una percepción ciudadana extendida. El país requiere un Congreso más presente, más activo y con mayor capacidad de respuesta.
Este proyecto de reforma no es una agenda de un solo partido ni de una sola legislatura. Es una discusión estructural, madura y necesaria sobre el funcionamiento del Poder Legislativo mexicano. Además, el derecho comparado refuerza esta necesidad. Mientras México trabaja en pleno apenas 6 meses y medio, otros Parlamentos del mundo sesionan 9, 10 y hasta 11 meses al año.
Estados Unidos sesiona en un solo periodo anual prácticamente todo el año. Francia, por ejemplo, trabaja de octubre a junio. España lo hace durante nueve meses. Argentina, de marzo a noviembre y Brasil más de 10 meses. México es claramente una excepción. Hoy, mantener este modelo resulta anacrónico.
Vivimos en una época de herramientas digitales, comunicaciones inmediatas, transporte eficiente y apoyos técnicos suficientes para garantizar la presencia y el trabajo continuo de las y los legisladores en sus recintos parlamentarios.
Por ello, la iniciativa que hoy se presenta propone reformar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones, de modo que concluya a más tardar el 30 de junio y no el 30 de abril, como ocurre actualmente. Con ello, el Congreso de la Unión podría trabajar en pleno al menos 9 meses al año, homologándose con estándares internacionales y respondiendo mejor a las voces ciudadanas.
Esta reforma busca optimizar el trabajo legislativo, mejorando las condiciones para una discusión de calidad, reducir el rezago, fortalecer el trabajo democrático y mejorar la rendición de cuentas.
Compañeras y compañeros legisladores, la ciudadanía no nos pide menos trabajo, nos pide mejores resultados y para lograrlo necesitamos un Congreso que tenga el tiempo suficiente para deliberar, construir acuerdos y responder con eficacia a los desafíos del país.
Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme hacia un Congreso más moderno, más eficiente y más cercano a la gente. Compañeras y compañeros legisladores, estoy hablando de un proyecto legislativo de largo alcance para todo México. Es cuanto. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada Ruth Maricela Silva Andraca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Congreso mexicano funciona en dos periodos de sesiones ordinarias, donde las Cámaras pueden trabajar en Pleno: el primero se desarrolla a partir del 1 de septiembre de cada año y concluyendo a más tardar el 15 de diciembre, el cual puede extenderse, únicamente en el año de la entrada en funciones de la persona titular de la Presidencia de la República, hasta el 31 de diciembre; mientras que el segundo periodo de sesiones ordinarias da inicio el 1 de febrero y no puede prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
Ello quiere decir que, entre ambos periodos, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tienen la posibilidad de reunirse y trabajar en Pleno durante seis meses y medio.
Durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, que suman un lapso de cinco meses y medio, se nombra una Comisión Permanente conformada por 19 diputados y 18 senadores, quienes trabajan de manera colegiada para el trámite de diversos asuntos que no son de naturaleza legislativa, por lo que no pueden realizar cambios a los ordenamientos jurídicos o crear nuevas leyes.
Hay que enfatizar que, incluso, durante los periodos de receso, el trabajo parlamentario continúa realizándose al interior de los recintos parlamentarios, pues la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos de ambas Cámaras Federales contemplan que las comisiones deberán seguir reuniéndose, por lo menos, una vez al mes para atender los asuntos que les sean turnados.
Además, tanto los diputados como los senadores pueden ser convocados en cualquier momento durante los recesos del Congreso, con la finalidad de que los Plenos de una o ambas Cámaras puedan sesionar de manera extraordinaria para discutir y, en su caso, aprobar únicamente el asunto o los asuntos para los que fueron convocados.
No hay que olvidar que el trabajo de los legisladores es permanente durante todo el año, pues, además de su quehacer parlamentario, recorren sus respectivos territorios a fin de atender las distintas problemáticas sociales; sin embargo, hay opiniones de académicos, sociedad civil organizada, así como de diferentes actores políticos que consideran que el trabajo en Pleno debería ampliarse, con el propósito de combatir el rezago legislativo y de discutir un mayor número de productos legislativos.
Al respecto, en el año 2019 fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría, el dictamen con proyecto de decreto por el cual se pretendía reformar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual buscaba extender un mes el segundo periodo de sesiones ordinarias, para que, en vez de finalizar el 30 de abril, como actualmente sucede, se cerraran los trabajos legislativos a más tardar el 31 de mayo.
Sin embargo, esta reforma no prosperó debido a que no se discutió en la Colegisladora.
La ampliación de los periodos en el que las Cámaras del Poder Legislativo Federal trabajan en Pleno, es trascendental hoy en día, debido a que nos ayudaría a modernizar el funcionamiento de nuestro cuerpo parlamentario, permitiendo una mayor eficiencia en el desahogo de los pendientes legislativos; además, los periodos en los que trabajan en Pleno la Cámara de Diputados y el Senado, es anacrónico, ya que actualmente existen diversos medios como transporte, herramientas digitales y apoyos para que todos los legisladores del país puedan acudir a las sesiones ordinarias convocadas en sus respectivos recintos legislativos.
Al realizar un análisis de derecho comparado del tiempo que sesionan distintos cuerpos parlamentarios en el mundo, se puede afirmar que existe una diferencia notable en el tiempo de trabajo en Pleno con respecto al caso mexicano: el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica sesiona durante todo el año, existiendo solo un mes de receso en agosto y alrededor de diez días festivos oficiales; en Francia sucede una situación similar, ya que su Parlamento solo tiene un periodo de sesiones de octubre a junio, durante los cuales no es posible exceder de 120 reuniones plenarias; en España las Cortes Generales funcionan en dos periodos ordinarios de sesiones que van de septiembre a diciembre y de febrero a junio, dando una duración total de nueve meses; el Congreso argentino se reúne de marzo a noviembre; y en Brasil, el Congreso Nacional se reúne en dos periodos: del 2 de febrero al 17 de julio y del 1 de agosto al 22 de diciembre, es decir, poco más de diez meses.
Debido a que una gran parte de los Parlamentos y Congresos del mundo trabajan, en promedio, un periodo de nueve meses durante el año sería fundamental buscar que el Poder Legislativo mexicano pudiera cambiar la lógica bajo la que ha trabajado durante décadas y se adapte a las nuevas realidades actuales.
En este sentido, se propone modificar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias, para que, en vez de cerrar a más tardar el 30 de abril, se cierre a más tardar el 30 de junio.
Con fundamento en las razones expresadas, la propuesta que someto a consideración de esta asamblea quedaría plasmada como sigue:
Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión se celebrará de conformidad con las fechas previstas en el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a la fecha de publicación del presente decreto.
Tercero. A partir del primer año de ejercicio de la LXVII Legislatura del Congreso de la Unión, el segundo periodo de sesiones ordinarias se celebrará de acuerdo con las fechas establecidas por el presente decreto en el año 2028.
Notas
1 Cfr. Gonzalo Santiago Campos, “Ampliación de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso General”, en Quórum Legislativo, México, Cámara de Diputados, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlmentarias, número 89, abril-junio 2007, página 61.
2 Vid. “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión”, en Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 2 de octubre de 2019.
3 Vid. Parte 6, Sección 132. (a) S/A, “Legislative Reorganization Act of 1970”, en Text-H.R. 17654, Estados Unidos de Norteamérica, 91 st. Congress (1969-1970), 26 de octubre de 1970.
4 De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución de la República Francesa del 4 de octubre de 1958, “el Parlamento se reunirá de pleno derecho en un periodo ordinario de sesiones que comienza el primer día laborable de octubre y termina el último día laborable de junio”. “El número de días de sesión que cada Cámara podrá celebrar en el transcurso del periodo ordinario de sesiones no podrá exceder de ciento veinte. Se fijarán las semanas de sesión por cada Cámara”. “El primer ministro, previa consulta con el presidente de la Cámara correspondiente o la mayoría de miembros de cada Cámara, podrá decidir la ampliación de los días de la sesión”.
5 El artículo 73 de la Constitución Española del 31 de octubre de 1978, establece que: “1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio”.
6 El artículo 63 de la Constitución Nacional de Argentina del 1 de mayo de 1853 y con reformas de 1994, señala: “Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la nación o prorrogadas sus sesiones”.
7 La Constitución de la República Federativa de Brasil del 5 de octubre de 1988, en su artículo 57, establece que “el Congreso Nacional se reunirá anualmente en la Capital Federal, del 2 de febrero al 17 de julio y desde el 1 de agosto al 22 de diciembre”.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2026.– Diputada Ruth Maricela Silva Andraca (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, de esta Cámara de Diputados.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 202 y 202 Bis del Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil. Adelante, diputada.
La diputada Ana Isabel González González:Gracias, presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy aprovecho esta oportunidad que me da mi grupo parlamentario para subir a tribuna, a la más alta de nuestro país a proponer un cambio, una adición de tres artículos directamente al Código Penal Federal.
El tema que ya escuchábamos de voz de la misma Presidencia de esta Mesa Directiva llama mucho la atención y es un término bastante fuerte, escuchamos pornografía infantil y nos mueve. Y al que no lo mueva creo que no tiene la sensibilidad de lo que representa este término de pornografía infantil.
Lo he dicho una y otra vez cuando he tenido la oportunidad de subir a tribuna, estamos a favor de la tecnología, hace un momento hablaba y aplaudía el tema de la digitalización de diferentes trámites, pero esa misma tecnología que es utilizada para bien, por ejemplo, en cuestión laboral, por ejemplo, en cuestión escolar o asimismo de comunicación y que lo aplaudimos, pues también hay que ver los riesgos que tiene.
Lo hemos mencionado una y otra vez en esta tribuna, pero me gustaría enfocarme en materia de inteligencia artificial, que repito, hoy es benéfico para muchas materias, pero en cuestión de poder proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestro país, existen muchos vacíos legales y muchas lagunas legales también que es esta la oportunidad que tenemos para poder cambiarlas y es la propuesta que su servidora trae el día de hoy a esta Cámara.
¿Por qué? Porque sabemos que no está regulado o que no está tipificado y al no tenerlo, como decía mi mamá, en paz descanse, en el papelito, que papelito habla, es donde debe quedar registrado, pues se quedan vacíos y se quedan lagunas.
¿Qué sucedió? No sé si recuerdan ustedes un caso muy conocido de un ex alumno del Instituto Politécnico Nacional, que él había hecho diferentes modificaciones, gracias a la inteligencia artificial, para promover a sus compañeras con el tema de pornografía. Se le encontraron más de 160 mil fotografías, más de 20 mil videos modificados, realizados desde su celular y computadora en materia de pornografía.
Al principio tuvo que ser absuelto, porque la ley no incluía este tema de modificación de imágenes o creación de imágenes, después ya fue sancionado. Pero por qué tener que esperar. Mucha gente que con maldad utiliza las imágenes de niñas, niños y adolescentes, porque hay que reconocer que todos estamos en peligro, mujeres, hombres, todos.
Pero desgraciadamente, en nuestro país las estadísticas hablan derecho y señalan a las niñas niños y adolescentes y a las mujeres que somos las y los más propensos en poder ser utilizados con nuestras imágenes y que éstas sean modificadas para perjudicar en este tema. Ahí entra el ciberacoso, ahí entra la venta de fotografías, el compartirlo y demás.
¿Qué es lo que propongo el día de hoy? Y les pido casualmente, no nada más el tema de la escucha en esta materia, sino que también pudieran sumarse a esta solicitud de su servidora.
Es que aquella persona que modifique, cree o ponga en riesgo la dignidad, la intimidad y la honradez de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país tenga una pena. Que realmente ya quede tipificado este problema que es la pornografía infantil. Pero así también, a quien se le encuentre almacenando o haciendo mal uso de estas imágenes. Y se incluyen servidores públicos también, por eso son tres párrafos los que se agregan o los que solicito que se adhieran en este artículo 202, tanto en el 202 como en el 202 Bis de nuestro Código Penal, para quedar de la siguiente manera:
Se aplicará la misma sanción a quien edite, como bien les mencionaba, manipule, que a fin de cuentas es este tema de modificación, o genere, hablaba yo con la palabra crear, mediante herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, o cualquier otro medio digital, incluyendo imágenes, audios, etcétera.
La tecnología es para utilizarse para bien. Yo creo que todos, el día de hoy lo hemos utilizado de la mejor manera, pero hay quienes no y se aprovechan y desgraciadamente la niñez es quien sale perjudicada.
Hablamos de ciberacoso, hablamos del mundo, ese oscuro que se llama como deepfake, que, para muchas personas, es más, para muchos jóvenes, ya es muy común hablar del deepfake, ah, lo encontraste en el deepfake, lo encontraste en el lado obscuro de la tecnología, del internet, no podemos normalizarlo, tenemos que incluirlo para que tenga sus penas y que de esta manera podamos proteger, hoy que tenemos esa oportunidad en nuestras manos, a nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que adiciona los artículos 202 y 202 Bis del Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Ana Isabel González González, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo cuarto al artículo 202 Bis y un segundo y tercer párrafos al artículo 202 Bis del Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y particularmente aquella denominada como generativa ha marcado un hito evolutivo en la era digital, transformando la creación de contenidos con una capacidad de realismo sin precedentes. No obstante, esta disrupción tecnológica ha traído consigo nuevos riesgos y problemáticas como lo representa la proliferación de imágenes, videos y material pornográfico deepfake o sintético, creado sin el consentimiento de las personas, siendo las mujeres y menores de edad los sectores mayormente afectados.
En el debate jurídico nacional, se ha evidenciado que la falta de un marco jurídico específico ha creado vacíos legales que dejan a los ciudadanos desprotegidos ante la posible violación de su intimidad, honor y dignidad. La creación de imágenes íntimas manipuladas no solo constituye una forma de violencia digital y de género, sino que representa un desafío a la responsabilidad humana sobre la tecnología.
Según el 17º Estudio de la Asociación de Internet MX (2021), el confinamiento de 2020 impulsó un crecimiento récord en la conectividad mexicana, alcanzando 84.1 millones de internautas (72por ciento de la población mayor de 6 años). La mayoría de estos usuarios (90.9por ciento) accedió a la red desde su hogar, utilizando la conexión principalmente para redes sociales (66.1por ciento), mensajería (26.5por ciento), correo electrónico (17.8por ciento) y entretenimiento en video (15.3por ciento), para principios de 2025, México tenía aproximadamente 110 millones de usuarios de internet, representando el 83.3por ciento de la población, con un fuerte crecimiento interanual y una alta penetración, siendo el teléfono móvil el dispositivo principal, mientras que el acceso a redes sociales alcanzó los 93 millones de usuarios activos.
Los datos referidos anteriormente sobre la utilización el internet y en el contexto de la próxima conmemoración del “Día Internacional de la Protección de Datos Personales”, que se conmemora el 28 de enero nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de preservar nuestra privacidad; sobre cómo podemos generar una mayor protección de nuestras personas y de nuestros datos, pues es crucial salvaguardar el derecho a la intimidad y la propia imagen.
Con la adopción masiva del Internet en México, se ha transformado radicalmente el panorama digital, económico, laboral y de la vida cotidiana, la utilización del internet ha impulsado la rápida proliferación de la Inteligencia Artificial (IA), la cual avanza rápidamente, con más de la mitad de los internautas usándola para trabajo, educación y comunicación, aunque su implementación enfrenta retos como la necesidad de educación digital, ciberseguridad y un marco regulatorio claro, con un gran potencial en sectores como salud e industria, pero también riesgos de violencia digital y desinformación.
La IA presenta riesgos significativos para niñas, niños y adolescentes como la exposición a contenido inapropiado en el que resalta el contenido con violencia, autolesiones, sexualidad, manipulación emocional, vulneración de la privacidad, riesgo de suplantación de identidad ciberacoso y deepfakes sexuales con ejemplos trágicos de jóvenes afectados. La UNAM, particularmente a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas define que los deepfakes sexuales “son una forma de violencia algorítmica que utiliza tecnología para suplantar la identidad y denigrar a las personas, a través de la creación de video-montajes o imágenes hiperrealistas generados mediante Inteligencia Artificial que manipulan la imagen, rostro o voz de una persona para situarla en contextos sexuales sin su consentimiento”.
Datos del informe de la UNESCO refieren un estudio de Facebook según el cual el 32 por ciento de las adolescentes que se sienten mal con sus cuerpos, con datos disponibles los países de la OCDE, el 12 por ciento de las chicas de 15 años declararon haber sufrido ciberacoso, frente al 8 por ciento de los chicos. Esta situación se ve agravada por el aumento de contenidos sexuales basados en imágenes, deepfakes generados por IA e imágenes sexuales «autogeneradas» que circulan en línea y en las aulas.
La ONU, Europol y la Internet Watch Foundation han alertado sobre la presencia de contenido ilegal explícito en la clear web. Este material, accesible para el público general y menores de edad a través de buscadores convencionales como Google, representa una nueva y grave amenaza en el entorno digital, el uso indebido de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la creación y manipulación de imágenes se ha consolidado como una nueva amenaza digital que impacta directamente la vida de la población y particularmente de los más vulnerables.
México ya ha registrado incidentes graves de uso de IA con fines de creación de deepfakes sexuales, como el caso de un exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acusado de manipular imágenes de compañeras mediante IA para crear y distribuir contenido sexual sin consentimiento, de acuerdo con la investigación, se encontraron más de 160,000 fotografías y alrededor de 20,000 videos alterados digitalmente, sin embargo como consecuencia de las lagunas legales un tribunal de la Ciudad de México absolvió a Diego N, para posteriormente en 2025 fue sentenciado por el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil.
Con preocupación hemos observado como estos casos proliferan, en noviembre de 2025 cerca de 400 estudiantes de la Secundaria Técnica No. 1 Lázaro Cárdenasen Zacatecas resultaron afectados por la difusión de fotografías y videos sexualizados generados con inteligencia artificial (IA), en los que se usaron sus rostros y nombres sin consentimiento, así mismo en Sonora durante el 2025 se registraron 32 casos de “ deepfake sexual” hecho con inteligencia artificial, así lo refiere la asociación Sonora Cibersegura, el vocero de la organización detalló que los reportes señalan que todas las víctimas son niñas y mujeres jóvenes.
La proliferación de contenidos digitales de carácter sexual, cosifican y minimizan la violencia sexual y de género lo que contribuye directamente a su normalización en la sociedad, exacerbando la desigualdad de género y social, así mismo el aumento de la violencia explícita en el ámbito digital, incluyendo redes sociales, limita el uso de las tecnologías por parte de mujeres y niñas, perpetuando su desigualdad social al vulnerar sus derechos humanos.
Estudios recientes señalan que los deepfakes sexuales constituyen una forma insidiosa de violencia digital que provoca efectos perjudiciales y duraderos en la salud mental de las víctimas. Las víctimas de esta violencia digital experimentan altos niveles de angustia emocional, miedo, vergüenza y culpa, así como un deterioro en su autoestima y sensación de seguridad. La condiciones y naturaleza del internet provocan que estas imágenes no consensuadas, a menudo generadas con IA, persistan en la red, provocando un impacto emocional que puede ser duradero. La UNAM ha destacado que 7 de cada 10 personas han vivido algún tipo de violencia digital, de entre las cuales se encuentra la posible publicación sin consentimiento de imágenes sexuales creadas con IA.
Los datos antes referidos señalan que mayormente los casos registrados en México con referencia a la violencia digital generada por la creación de Imágenes sexuales con IA y sus consecuencias afectan directamente a menores de edad, niñas niños y adolescentes. México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Observación General No. 25 de la ONU establece explícitamente que los derechos de los niños deben respetarse y protegerse en el entorno digital. Por ello, el Estado está obligado a legislar para que las plataformas digitales rindan cuentas y asuman su responsabilidad en la moderación de riesgos. La protección de la niñez frente al entorno digital no es solo una responsabilidad ética, sino una obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano. En 2026, con la consolidación de la inteligencia artificial generativa y la hiperconectividad, los riesgos han evolucionado, exigiendo una intervención estatal.
De acuerdo con el Artículo 4o. de la Constitución Mexicana, todas las decisiones y actuaciones del Estado deben velar por el principio del interés superior de la niñez. Esto implica que, ante el avance tecnológico, el Estado debe crear marcos regulatorios que prevengan el ciberacoso, la explotación sexual infantil en línea el acceso a contenidos violentos, así como la violencia digital generada por la creación de Imágenes sexuales con IA, garantizando un entorno digital seguro como parte del desarrollo integral del menor.
La regulación de estas imágenes es, por tanto, una urgencia ineludible. Es necesario transitar de la libre creación de contenidos sintéticos a un modelo ético donde la tecnología esté al servicio de la sociedad y no de la explotación, extorsión o humillación pública. La legislación debe evolucionar para reconocer la responsabilidad de quienes crean, distribuyen y comparten material, incluso si la víctima no es una persona real, cuando el uso de la imagen simula un acto sexual sin consentimiento. Por lo anterior, se presenta el siguiente cuadro en el que se puede observar la adición que se propone realizar, con la finalidad de que sea mejor comprendida:
Código Penal Federal
La importancia de esta regulación radica en proteger la privacidad, asegurar la equidad de género y garantizar la seguridad, especialmente en entornos escolares y digitales. Regular la pornografía con IA no es censura, es justicia. En atención de lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan un párrafo cuarto al artículo 202 y un segundo y tercer párrafos al artículo 202 Bis del Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil
Único. Se adicionan un párrafo cuarto al artículo 202 y un segundo y tercer párrafo al artículo 202 Bis del Código Penal Federal, en materia de pornografía infantil, para quedar como sigue
Artículo 202. ...
...
...
Se aplicará la misma sanción a quien edite, manipule o genere mediante herramientas tecnológicas, inteligencia artificial o cualquier otro medio digital imágenes, audios o representaciones gráficas que simulen la participación de niñas, niños o adolescentes en actos de carácter sexual.
Artículo 202 Bis. ...
A quien almacene, posea, intercambie o difunda imágenes editadas, manipuladas o generadas digitalmente con fines de pornografía infantil, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de quinientos a mil quinientos días multa.
Si el responsable es servidor público y utiliza recursos, instalaciones o medios oficiales para la comisión del delito, la pena se aumentará hasta en una mitad y se le destituirá e inhabilitará para ejercer cargo público hasta por diez años.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades competentes deberán actualizar protocolos de investigación y capacitación en delitos digitales en un plazo no mayor a seis meses.
Notas
1. Hernández, Mirtha (enero 27 de 2022) “Necesario, preservar nuestra privacidad” Gaceta UNAM.
https://www.gaceta.unam.mx/necesario-preservar-nuestra-privacid ad/
2. Inegi (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025 /endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf
3. Aguirre-Lanegra, A. J., y Ramos-Zaga, F. (2026). Deepfakes sexuales y violencia algorítmica: hacia un marco normativo integral de protección de la dignidad digital. Estudios en Derecho a la Información, 11(21), e20198.
https://doi.org/10.22201/iij.25940082e.2026.21.20198
4. Unesco. Un nuevo informe de la UNESCO advierte que las redes sociales afectan al bienestar, el aprendizaje y las opciones profesionales de las niñas.
https://www.unesco.org/gem-report/es/articles/un-nuevo-informe- de-la-unesco-advierte-que-las-redes-sociales-afectan-al-bienestar-el-aprendizaj e-y
5. Anaya Andrea. (4 de diciembre de 2024). Absuelven a Diego N, acusado de violencia digital contra estudiantes del IPN. Pie de Pagina.
https://piedepagina.mx/absuelven-a-diego-n-acusado-de-violencia -digital-contra-estudiantes-del-ipn/
6. Echeverría, Mayra. (18 de enero 2026). Reportan en Sonora 32 casos de “ deepfake sexual” hecho con inteligencia artificial; todas las víctimas son niñas y mujeres jóvenes. El imparcial.
https://www.elimparcial.com/son/sonora/2026/01/18/reportan-en-s onora-32-casos-de-deepfake-sexual-hecho-con-inteligencia-artificial-todas-las-v ictimas-son-ninas-y-mujeres-jovenes/
7. Lugo García, María Guadalupe (6 de mayo de 2024). Siete de cada diez personas viven violencia digital Gaceta UNAM.
https://www.gaceta.unam.mx/siete-de-cada-diez-personas-viven-vi olencia-digital/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2026,–Diputada Ana Isabel González González (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
SE DECLARA EL 30 DE ENERO COMO EL DÍA NACIONAL DE ELVIA CARRILLO PUERTO
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Rosete, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de enero como el Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto, suscrita por el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez: Compañeras legisladoras, legisladores, es un honor para mí estar en este pleno a nombre del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar la iniciativa por el que se declara el 30 de enero como el Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto.
Esta iniciativa propone un acto de justicia histórica que no se trata únicamente de instituir una efeméride, sino de reconocer desde el Estado mexicano la vida, la lucha y el legado de Elvia Carrillo Puerto, una de las mujeres más influyentes, visionarias y transformadoras de la historia social y política de nuestro país.
Elvia Carrillo Puerto fue educadora, organizadora comunitaria, feminista socialista, defensora incansable de los derechos de las mujeres, de las mujeres indígenas y campesinas y pionera del sufragio efectivo en México. Su trayectoria encarna una lucha colectiva y de largo aliento por la igualdad sustantiva, la justicia social y la dignidad humana.
Nacida el 30 de enero de 1881 en Motul, Yucatán. Elvia creció en un contexto marcado de profundas desigualdades sociales derivadas del sistema henequenero. Mientras unas cuantas familias concentraban la riqueza, miles de trabajadoras y trabajadores mayas vivían bajo condiciones de explotación y marginación.
En ese entorno, Elvia forjó una conciencia ética y política que la llevó a desafiar estructuras de poder profundamente arraigadas, incluso cuando hacerlo implicaba la persecución, el exilio y la violencia institucional.
Su formación intelectual, influida por la maestra y precursora del feminismo, Rita Cetina Gutiérrez, consolidó una convicción fundamental, la emancipación de las mujeres debía ir de la mano de la justicia social, la educación laica, la organización comunitaria y la dignificación del pueblo maya.
Desde su participación temprana en la rebelión de Valladolid, en 1910, hasta la organización de la primera Liga Feminista Campesina en 1912, Elvia impulsó ideas profundamente adelantadas a su tiempo, el derecho de las mujeres a la tierra, a la educación, a condiciones laborales justas y a decidir libremente sobre su maternidad.
En los Congresos feministas de 1916 en Mérida, los primeros de América Latina, defendió el voto femenino, la educación mixta, la igualdad laboral y la autonomía económica de las mujeres, colocando a Yucatán como la cuna del feminismo mexicano.
En 1923 su elección como diputada local marcó un punto de quiebre en la historia política nacional, 3 décadas antes de que el voto femenino fuera reconocido constitucionalmente.
Por todo ello, declarar el 30 de enero como Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto es una acción que fortalece la memoria histórica con perspectiva de género y que reconoce que los derechos de las mujeres no fueron concesiones, sino conquistas logradas a través de luchas persistentes.
En esta iniciativa es especialmente pertinente en el momento histórico que vive nuestro país. México cuenta hoy por primera vez con una mujer al frente de la Presidencia de la República, es tiempo de mujeres y es también tiempo de hacer visibles a quienes abrieron camino cuando ni la ley ni la sociedad estaban preparadas para reconocerlas.
La instauración de esta efeméride permitirá promover la educación cívica y democrática, impulsar la investigación histórica, visibilizar la lucha de las mujeres mayas y campesinas, y ofrecer a niñas y jóvenes referentes reales de liderazgo, compromiso social y participación política.
Honrar a Elvia Carrillo Puerto es honrar la historia de millones de mujeres que lucharon por la igualdad, la justicia y la dignidad. Es reafirmar el compromiso del Estado mexicano con los principios constitucionales de igualdad, educación, derechos humanos y memoria histórica.
Por estas razones, junto con el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, les invitamos a respaldar esta iniciativa y a sumar su voluntad para que el 30 de enero quede inscrito en el calendario cívico como el Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto, cuya lucha sigue vigente, transformadora y necesaria. Es cuanto.
«Iniciativa de decreto por el que declara el 30 de enero “Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto”, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Jorge Luis Sánchez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que declara el 30 de enero Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto”, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como objetivo declarar el 30 de enero como el “Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto”, en honor a una de las mujeres más influyentes, visionarias y revolucionarias en la historia social y política de México. Su trayectoria representa la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva, la justicia social, la organización comunitaria y la emancipación de los pueblos originarios, especialmente del pueblo maya.
Elvia Carrillo Puerto es recordada con nombres que reflejan la profundidad de su legado y la fuerza de su obra: “La Monja Roja del Mayab”, “Pionera del Feminismo Mexicano”, “La Primera Diputada Socialista de México”, “Madre del Sufragio Femenino”, y “Apóstol de los Derechos de las Mujeres”. Cada uno de estos apelativos sintetiza su papel como educadora, organizadora política, defensora de la tierra para las mujeres campesinas, promotora del control natal y de la salud reproductiva, luchadora por el voto femenino y constructora de un proyecto social profundamente humanista.
Declarar un día nacional en su honor no constituye únicamente un homenaje a una figura histórica, sino el reconocimiento de una lucha colectiva y de largo aliento: la lucha de millones de mujeres que exigieron igualdad, justicia, autonomía y participación política plena. Su trabajo en las Ligas Feministas de Yucatán, su participación en el proyecto socialista del sureste, su labor educativa en comunidades mayas y su histórica elección como diputada local en 1923, marcó un punto de inflexión en el avance de los derechos políticos y sociales de las mujeres en México.
Este reconocimiento es especialmente relevante en el contexto actual. México vive un momento histórico: por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia de la República. Es tiempo de mujeres, tiempo de hacer visible su aportación a la vida pública, y de reconocer a quienes abrieron camino cuando el país no estaba preparado para escuchar sus voces. En esta nueva etapa, resulta indispensable otorgar a Elvia Carrillo Puerto el lugar que le corresponde en la memoria institucional de la Nación.
La instauración del Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto, cada 30 de enero, será una acción afirmativa para fortalecer la conciencia histórica nacional, promover la educación con perspectiva de género y honrar el legado de una mujer que dedicó su vida entera a la transformación social. Esta Iniciativa propone elevar su memoria a un plano permanente mediante la institucionalización de una fecha que recuerde, año con año, que la lucha por los derechos de las mujeres es parte fundamental de la construcción democrática de nuestro país, especialmente ahora que la nación avanza de la mano de su primera mujer presidenta.
Elvia Carrillo Puerto nació el 30 de enero de 1881 en Motul, Yucatán, en un contexto profundamente marcado por las desigualdades sociales y económicas derivadas del sistema henequenero. Mientras unas cuantas familias acumulaban riqueza mediante la explotación de la fibra de henequén, miles de trabajadores y trabajadoras mayas vivían bajo condiciones de servidumbre, marginación, pobreza y violencia. Elvia forjó desde muy joven una profunda conciencia ética y política frente a la injusticia, lo que la convirtió en una de las voces más críticas, firmes y visionarias de su tiempo, capaz de desafiar estructuras de poder arraigadas y abrir camino para las mujeres y los pueblos originarios.
La educación que recibió en el Liceo de Niñas de Motul y, sobre todo, la guía intelectual de Rita Cetina Gutiérrez marcaron un punto de inflexión en su vida. Rita Cetina quien fue maestra, periodista y una de las grandes precursoras del feminismo en Yucatán, creó instituciones como el Instituto Literario de Niñas y la revista La Siempreviva, donde Elvia entró en contacto con ideas revolucionarias: la crítica social, el pensamiento liberal, la educación laica y la defensa activa de los derechos de las mujeres. Gracias a esta formación, Elvia desarrolló una convicción inquebrantable: la liberación de las mujeres solo sería posible si avanzaba junto con la justicia social, el acceso al conocimiento, la organización comunitaria y la dignificación del pueblo maya.
Su activismo político comenzó a tomar forma durante su participación en la Rebelión de Valladolid de 1910, movimiento que cuestionó el autoritarismo porfirista y el sistema de opresión vigente en la península. Posteriormente, su adhesión al movimiento constitucionalista y su intensa participación en procesos de alfabetización y organización social la posicionaron como una figura clave en la lucha revolucionaria desde la perspectiva feminista y comunitaria.
A partir de 1912, Elvia Carrillo Puerto inició una de las etapas más trascendentes de su activismo al organizar la primera Liga Feminista Campesina, un espacio sin precedentes donde mujeres rurales discutieron la propiedad de la tierra, el derecho a jornadas laborales justas, la liberación de los pueblos mayas de condiciones casi esclavistas y la necesidad de que las mujeres decidieran libremente sobre su maternidad. Desde ese foro, Elvia impulsó ideas audaces para su época: la creación de escuelas rurales en todo el estado, la educación para las mujeres.
En 1916, durante los Primeros Congresos Feministas celebrados en Mérida —los primeros de América Latina—, Elvia impulsó debates que, incluso un siglo después, siguen siendo profundamente vigentes: el derecho al voto de las mujeres, la educación laica y mixta, la igualdad laboral, la autonomía económica femenina y el control de la natalidad. Estos congresos colocaron a Yucatán como la cuna del feminismo mexicano y consolidaron a Elvia como una de las voces más avanzadas y visionarias dentro del movimiento feminista y socialista de su época.
Durante el Gobierno del general Salvador Alvarado en Yucatán (1915-918), su liderazgo político se hizo aún más visible. Elvia continuó formando ligas feministas, promoviendo la educación laica y participando activamente en la fundación del Partido Socialista Obrero de Yucatán, antecedente del Partido Socialista del Sureste. En el Primer Congreso Obrero de Yucatán, celebrado en 1918 en Motul, logró incorporar un punto fundamental: el reconocimiento de la mujer obrera dentro de las Ligas de Resistencia. Esta bandera se convirtió en el eje de su vida, impulsando la creación de más de 50 Ligas de Resistencia en todo el estado.
Su trabajo político caminó siempre junto al de su hermano, Felipe Carrillo Puerto. Durante su Gobierno, Elvia encabezó esfuerzos para fortalecer los derechos de las mujeres, las niñas, la familia y la educación popular. Sin embargo, tras el asesinato de Felipe en enero de 1924, Elvia quedó expuesta a una ola de amenazas que la obligaron a abandonar Yucatán. Se trasladó a Ciudad de México, donde fue protegida por los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, continuando desde ahí su lucha a nivel nacional.
Entre 1930 y 1934 organizó tres congresos nacionales de mujeres obreras y campesinas En el Congreso de 1931 surgió la propuesta de crear una organización dedicada exclusivamente a exigir el sufragio femenino, una Iniciativa adelantada a su tiempo y que marcó el rumbo del feminismo mexicano.
Aunque el Gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó grandes transformaciones, el derecho al voto femenino aún no se concretaba. En 1947 bajo la presidencia de Miguel Alemán se aprobó el voto de la mujer en elecciones municipales. En 1952, la Cámara de Diputados reconoció su trayectoria otorgando la Medalla al Mérito Revolucionario como Veterana de la Revolución Mexicana.
Su esfuerzo encontró finalmente recompensa en 1953, cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines impulsó la reforma al artículo 34 constitucional, otorgando plena ciudadanía política a las mujeres mexicanas e incorporando de manera definitiva su derecho al sufragio. Este logro histórico fue, en gran medida, fruto de las décadas de lucha incansable de Elvia Carrillo Puerto.
Elvia murió en Ciudad de México el 15 de abril de 1968, a los 89 años, y sus restos descansan en el Cementerio General de Mérida. Su legado es el de una mujer que rompió barreras en los espacios rurales, obreros y políticos; una defensora incansable de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas del pueblo maya.
En 2013, el Senado de la República reconoció su memoria por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Y en 2020, Google dedicó un doodle a su figura, ilustrada por Hilda Palafox, representando a Elvia guiando a otras mujeres como símbolo de la lucha colectiva que ella inspiró.
Entre sus aportaciones más significativas destacan
• La fundación de la Liga Feminista “Rita Cetina Gutiérrez”, con presencia en más de 60 localidades, dedicada a la organización política, educativa y social de mujeres de clase trabajadora.
• La creación de cooperativas productivas y ligas campesinas femeninas, mediante las cuales impulsó la autonomía económica y la educación comunitaria.
• Su elección como diputada local en 1923, junto con Beatriz Peniche y Raquel Dzib, convirtiéndola en una de las tres primeras mujeres legisladoras en México, tres décadas antes del reconocimiento constitucional del voto femenino.
Su colaboración con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización decisiva para la conquista del sufragio femenino en 1953.
La promoción constante de la educación laica, mixta y humanista, anticipándose a principios pedagógicos que hoy son esenciales en la educación nacional.
Su vida estuvo atravesada por persecuciones políticas, exilio y violencia institucional, especialmente tras el asesinato de su hermano, Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista de Yucatán, en 1924. Sin embargo, lejos de retirarse, Elvia continuó trabajando en la organización de mujeres obreras y campesinas en distintos estados del país, siempre con una visión profundamente humanista y progresista.
El legado de Elvia Carrillo Puerto no es únicamente histórico: es vigente, transformador y necesario. Su pensamiento feminista articuló educación, justicia social, reivindicación indígena, autonomía económica, igualdad civil y dignidad humana. Sus luchas anticiparon debates contemporáneos sobre derechos sexuales y reproductivos, paridad política, violencia de género, educación igualitaria y participación comunitaria de las mujeres.
A pesar de esto, la figura de Elvia ha permanecido limitada al ámbito regional y, en muchos casos, injustamente relegada en la narrativa nacional. En un México que avanza hacia la igualdad sustantiva y que hoy cuenta con la primera mujer Presidenta, resulta indispensable reivindicar a las mujeres que abrieron caminos cuando ni la Ley ni la sociedad estaban preparadas para reconocerlas.
Asimismo, la presente iniciativa tiene como finalidad declarar el 30 de enero como el “Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto”, con el propósito de reconocer y visibilizar el legado político, social y feminista de una de las mujeres más trascendentes en la historia moderna de México. En ese sentido, la propuesta persigue los siguientes objetivos:
1. Reconocer el legado histórico y feminista de Elvia Carrillo Puerto.
Reivindicar su papel como pionera del feminismo mexicano, defensora del sufragio femenino, promotora de la educación laica e igualitaria y organizadora de mujeres trabajadoras, campesinas e indígenas. El objetivo es otorgar un reconocimiento oficial del Estado a una figura cuya lucha transformó la vida pública del país.
2. Incorporar referentes femeninos en la memoria histórica nacional.
Buscar que la figura de Elvia Carrillo Puerto forme parte obligatoria de los contenidos educativos, cívicos y culturales, con el fin de fortalecer la memoria histórica desde una perspectiva de género y equilibrar la narrativa tradicional que ha invisibilizado el papel de las mujeres.
3. Promover la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres.
Contribuir fomentando valores de igualdad, no discriminación y paridad a través de la divulgación del legado de una de las primeras mujeres electas como diputada en México.
4. Impulsar la participación política de niñas, jóvenes y mujeres.
Fortalecer el liderazgo femenino y la presencia de mujeres en la vida pública mediante un referente histórico que inspire vocaciones políticas, comunitarias y académicas, especialmente en zonas rurales e indígenas.
5. Reafirmar el papel de Yucatán como cuna del feminismo mexicano.
Posicionar el aporte de los Congresos Feministas de 1916, de las Ligas Feministas Socialistas y del socialismo yucateco en la construcción de derechos políticos y sociales para las mujeres.
6. Fomentar la educación cívica, democrática y con perspectiva de género.
Promover actividades educativas, culturales y académicas que fortalezcan la conciencia histórica y ciudadana, mediante la difusión del pensamiento, la lucha y las aportaciones de Elvia Carrillo Puerto.
7. Reconocer la lucha de las mujeres mayas y campesinas.
Visibilizar la contribución de las mujeres indígenas, mayas y rurales en la historia nacional, reivindicando la colaboración de Elvia con comunidades mayas en procesos de alfabetización, organización social y defensa de derechos colectivos.
8. Fortalecer la cultura democrática y los derechos humanos.
Contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y participativa, recordando que los derechos de las mujeres no surgieron de manera espontánea, sino de luchas históricas encabezadas por lideresas como Elvia Carrillo Puerto.
9. Promover la investigación histórica y la preservación de archivos feministas.
Fomentar el estudio, documentación y divulgación de la vida y obra de Elvia Carrillo Puerto y de otras mujeres que han sido fundamentales en la transformación social del país.
10. Cumplir las obligaciones constitucionales en materia de educación, igualdad y memoria histórica.
Alinear la efeméride con los principios establecidos en los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. constitucionales, que mandatan al Estado promover la igualdad, el respeto a la dignidad humana, la identidad cultural, la democracia y la enseñanza de la historia nacional.
En suma, estos objetivos buscan consolidar un reconocimiento nacional que no solo honre la vida y obra de Elvia Carrillo Puerto, sino que también fortalezca la educación cívica, la igualdad sustantiva y la memoria histórica del país.
De igual manera, la presente Iniciativa generará diversos beneficios para la sociedad mexicana en su conjunto. A continuación, se detallan los impactos más relevantes que derivarán de esta declaratoria.
En primer lugar, esta efeméride contribuirá al fortalecimiento de la memoria histórica con perspectiva de género, corrigiendo décadas de invisibilización del papel de las mujeres en la construcción del país. La vida y obra de Elvia Carrillo Puerto, relegada durante mucho tiempo de los contenidos escolares y de la divulgación histórica, será reinsertada en el relato nacional como la de una protagonista central, permitiendo reconocer la contribución del feminismo socialista yucateco.
La declaratoria impulsará de manera directa la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres, al conectar a las nuevas generaciones con la genealogía de las luchas feministas y con el legado de una mujer que defendió el sufragio femenino y la igualdad civil décadas antes de su reconocimiento jurídico. Este acto refuerza el principio del artículo 4o. constitucional sobre la igualdad entre mujeres y hombres, enviando un mensaje pedagógico claro en el contexto histórico actual, donde México cuenta por primera vez con una mujer Presidenta: las mujeres siempre han estado presentes en la construcción de la nación.
Además, este día permitirá reconocer y difundir el papel de Yucatán como cuna del feminismo mexicano, resaltando los Congresos Feministas de 1916 y visibilizando el liderazgo del pueblo maya en los movimientos sociales que impulsaron derechos políticos, educación laica, libertad corporal e igualdad laboral para las mujeres. Con ello, se nacionaliza una lucha regional históricamente avanzada y se reconoce la aportación del socialismo yucateco a la igualdad de género.
En el ámbito educativo, la efeméride fomentará la educación cívica y cultural con enfoque de igualdad, creando condiciones para que escuelas, universidades y centros culturales desarrollen programas, conferencias, círculos de lectura y materiales pedagógicos que reflejan la trayectoria de Elvia Carrillo Puerto y que impulsen la reflexión sobre el voto femenino, los derechos reproductivos, la igualdad, la participación política y el papel de las mujeres indígenas en la historia nacional.
La declaratoria también promoverá la participación política de las mujeres, al destacar el ejemplo de una de las primeras diputadas electas en México, organizadora de ligas feministas y promotora de candidaturas femeninas en una época en la que esto era considerado subversivo. Su legado incentivará la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones, el interés de niñas y jóvenes por el servicio público y la comprensión de que la paridad es parte de un proceso histórico de largo aliento.
Igualmente, permitirá reivindicar la lucha de las mujeres mayas y campesinas, al reconocer la labor de Elvia en cooperativas, alfabetización y organización comunitaria, fortaleciendo la identidad pluricultural, visibilizando procesos históricos desde los márgenes, donde las mujeres rurales han sido protagonistas fundamentales.
La fecha también favorecerá la creación de referentes simbólicos para nuevas generaciones, ofreciendo a niñas y jóvenes modelos reales de liderazgo, resistencia y justicia social; figuras que demuestran que la participación pública femenina no es reciente ni excepcional, sino parte estructural de la historia de México.
De manera paralela, la institucionalización del día contribuirá al impulso de la investigación histórica, la apertura de archivos y la divulgación académica, motivando estudios feministas, repositorios digitales, publicaciones especializadas y proyectos de memoria que recuperen la historia de Elvia y de otras mujeres que acompañaron procesos sociales y políticos determinantes.
Asimismo, la efeméride fortalecerá la cultura democrática y los derechos humanos, al recordar que la expansión de derechos civiles, políticos y reproductivos, así como la educación laica e igualitaria, fue producto de luchas colectivas.
Finalmente, este día no implica costos adicionales al erario, pues su implantación no requiere nuevas instituciones, programas o estructuras administrativas. Las dependencias podrán llevar a cabo actividades con recursos existentes, lo que convierte a esta efeméride en una medida altamente beneficiosa, de bajo costo y de profundos impactos sociales, educativos y culturales.
Esta declaratoria representa un reconocimiento jurídico-expreso del Estado mexicano hacia una figura histórica cuya lucha se articuló con causas trascendentales: los derechos políticos de las mujeres, la educación laica e igualitaria, la salud reproductiva, la organización obrera y campesina, y la defensa de la dignidad de las mujeres mayas y las clases trabajadoras. Su activismo, desarrollado durante y después de la Revolución, tuvo repercusiones directas en la transformación social del país, influyendo en procesos que culminaron en el reconocimiento del voto femenino en 1953.
Desde el plano constitucional, la presente propuesta se encuentra plenamente alineada con el marco jurídico vigente, particularmente con los artículos que establecen los principios rectores de la educación, la igualdad y los derechos de los pueblos indígenas en México.
El artículo 3o. constitucional, que establece que la educación debe fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y el conocimiento de la historia nacional. La difusión del legado de Elvia Carrillo Puerto contribuye a fortalecer la conciencia histórica de niñas, niños y jóvenes, incorporando referentes femeninos que han sido históricamente invisibilizados.
Todo individuo tiene derecho a la educación... La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva... fomentará el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, el conocimiento de la historia, la identidad nacional y la valoración de la diversidad cultural.
Declarar el 30 de enero como Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto contribuye directamente a este mandato, ya que fortalece el conocimiento de la historia nacional, incorpora referentes femeninos al acervo educativo y promueve valores democráticos, de igualdad y de justicia social.
El artículo 4o. constitucional, que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres y la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia... Toda persona tiene derecho a la identidad, a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado.
La figura de Elvia Carrillo Puerto es un antecedente histórico directo de este principio, ya que su lucha por el sufragio femenino, la igualdad civil, la educación laica e igualitaria y los derechos reproductivos, constituye una de las raíces más importantes de las políticas de igualdad que hoy reconoce la Constitución.
El artículo 2o. constitucional, que reconoce la identidad cultural de los pueblos y las comunidades indígenas:
La nación mexicana es única e indivisible... tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas... El Estado deberá promover la igualdad de oportunidades para los indígenas y eliminar toda práctica discriminatoria... así como preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
En este sentido, la trayectoria de Elvia Carrillo Puerto, profundamente vinculada al pueblo maya y a la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, refuerza este mandato constitucional al reivindicar a una figura que trabajó por la dignidad, la justicia social y la igualdad para las mujeres mayas y campesinas del sureste del país.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto por el que declara el 30 de enero Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto
Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 30 de enero de cada año como el “Día Nacional de Elvia Carrillo Puerto”.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 INEHRM (sin fecha). Recopilado de
https://www.inehrm.gob.mx/sitios/proceres/index.php?p=elvia-car rillo
2 Ibídem. Recopilado de
https://www.inehrm.gob.mx/sitios/proceres/index.php?p=elvia-car rillo
3 Ibídem. Recopilado de
https://www.inehrm.gob.mx/sitios/proceres/index.php?p=elvia-car rillo
4 Ibid. Recopilado de:
https://www.gob.mx/cultura/articulos/elvia-carrillo-puerto-la-s ufragista-incansable?idiom=es
5 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2020, 15 de diciembre). #MujeresQueHacenHistoria. Recopilado de
https://ivai.org.mx/mujeresquehacenhistoria-27/
6 Ibídem. Recopilado de
https://ivai.org.mx/mujeresquehacenhistoria-27/
7 Ibídem. Recopilado de
https://ivai.org.mx/mujeresquehacenhistoria-27/
8 Ibídem Recopilado de
https://ivai.org.mx/mujeresquehacenhistoria-27/
9 Senado de la República (sin fecha). Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. Recopilado de
https://www.senado.gob.mx/hoy/elvia_carrillo/biografia.php
10 Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2020,15 de diciembre). #MujeresQueHacenHistoria. Recopilado de
https://ivai.org.mx/mujeresquehacenhistoria-27/
11 El Universal (2017, 6 de diciembre). “¿Por qué Google honra a Elvia Carrillo Puerto?”, Recopilado de
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/por-que-googl e-honra-elvia-carrillo-puerto/
12 Gobierno de México (2019, 15 de abril). Elvia Carrillo Puerto; la sufragista incansable. Recopilado de
https://www.gob.mx/cultura/articulos/elvia-carrillo-puerto-la-s ufragista-incansable?idiom=es
Ciudad de México, a 14 de enero de 2026.– Diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados.
COMUNICACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se informa a la asamblea la recepción de una iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Remítase al Instituto Nacional Electoral para que se realice la verificación de los requisitos que establece la ley.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (16:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el lunes 26 de enero de 2026 a las 11 horas en la que se llevará a cabo la presentación del Informe de actividades del año 2025 de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las legisladoras y los legisladores. Muchas gracias.
––––– O –––––
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 36 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 30 legisladoras y legisladores
• Asistencia
• Orden del día
• Acta de la sesión anterior
• Comunicaciones oficiales: 21
• Acuerdos de los congresos estatales: 2
• Iniciativas de la titular del Poder Ejecutivo federal: 1
• Iniciativas de los congresos estatales y de la Ciudad de México: 3
• Iniciativa ciudadana: 1
• Efeméride: 1
• Proposiciones con punto de acuerdo: 7
• Dictámenes con punto de acuerdo de la Tercera Comisión a discusión: 4
• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 16
• Comunicación de la Mesa Directiva: 1
• Clausura y cita
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 24
9-Morena, 3-PAN, 4-PVEM, 3-PT, 3-PRI, 2-MC
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)