«Iniciativa que adiciona un artículo 67 Bis a la Ley del Sector Eléctrico y adiciona un artículo 7 Bis a la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en materia de compensación automática por interrupciones del suministro básico de energía eléctrica, suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 67 bis a la Ley del Sector Eléctrico, y se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en materia de compensación automática por interrupciones del suministro básico de energía eléctrica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco constitucional vigente, el derecho al mínimo vital constituye una garantía para que las personas cuenten con las condiciones materiales básicas para una vida digna. Nuestra carta magna establece que el Estado debe proveer, a las y los mexicanos, de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro.

En el siglo XXI, la energía eléctrica ha dejado de ser un insumo industrial para convertirse una condición indispensable para una vida digna y para el ejercicio efectivo de diversos derechos fundamentales. Sin un suministro continuo y confiable, se vulneran derechos fundamentales: el derecho a la salud (por la imposibilidad de conservar medicamentos que requieren red de frío), el derecho a la alimentación (por la descomposición de insumos básicos) y el derecho al trabajo y la educación, hoy directamente ligados a la conectividad digital.

El Estado mexicano, al mantener la exclusividad en la planeación y control del sistema eléctrico nacional, debe asumir una obligación de resultado. Sin embargo, la realidad de millones de hogares es distinta: las interrupciones recurrentes se han normalizado, trasladando el costo de la ineficiencia operativa directamente al ciudadano, quien, a pesar de la ausencia del servicio, debe seguir cubriendo cargos fijos y tarifas que no reflejan la calidad recibida.

De acuerdo con los registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se posiciona año con año como la entidad con mayor número de quejas en el sector servicios.

La magnitud de la problemática es sistémica. Según el Buró Comercial de la Profeco, la CFE acumula de manera persistente más de 68,733 quejas. Esta cifra, sin embargo, representa apenas una parte de la realidad, ya que el esquema de justicia administrativa actual impone al usuario un costo de oportunidad en tiempo y traslados que suele superar el monto de la bonificación esperada, perpetuando una cifra negra de inconformidad no registrada.

Los motivos son constantes: cobros excesivos, falta de mantenimiento e interrupciones prolongadas del servicio eléctrico. Bajo el esquema actual, el sistema de justicia administrativa es profundamente asimétrico:

1. La CFE tiene la facultad de corte inmediato: Cuenta con mecanismos para suspender el suministro ante el incumplimiento de las obligaciones de pago, conforme a los plazos y condiciones establecidos en las disposiciones y contratos aplicables.

2. El ciudadano carece de reciprocidad: Ante una falla de 24 horas en el suministro, el ciudadano debe iniciar un proceso burocrático, realizar llamadas a centros de atención saturados y, en la mayoría de los casos, esperar ciclos de facturación para una resolución que rara vez llega.

Si bien el marco contractual vigente contempla supuestos de bonificación por interrupciones imputables al distribuidor, la presente iniciativa busca establecer en la ley un mecanismo específico de compensación automática para las personas usuarias del Suministro Básico, reduciendo la necesidad de gestiones por parte de estos para hacer efectivo el beneficio.

El Congreso de la Unión cuenta con plena competencia para regular la calidad y continuidad del servicio público de energía eléctrica, así como los derechos de las personas usuarias, en términos de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. En particular, el artículo 28 constitucional establece como uno de los objetivos de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro.

Esta iniciativa rompe la lógica de lo que se podría denominar como “trámite individual”. No es justo que el ciudadano deba probar una falla que la propia CFE ya tiene registrada en sus sistemas de monitoreo.

La compensación automática sería el reconocimiento de que el contrato de suministro es una responsabilidad compartida: si una parte no cumple con la entrega del bien (la energía), la otra parte tiene derecho a la reducción proporcional del precio de manera inmediata.

Este mecanismo no es ajeno a las mejores prácticas internacionales. En diversas jurisdicciones de la Unión Europea y países miembros de la OCDE, los operadores del servicio eléctrico están obligados a compensar automáticamente a las personas usuarias cuando se superan determinados umbrales de duración o frecuencia de interrupciones, lo que demuestra la eficacia de estas medidas en proteger a los usuarios frente a interrupciones, tal como se busca con la aplicación de estas medidas de tarifa doméstica en México.

Para garantizar la viabilidad de esta reforma, se ha decidido acotarla al Suministro Básico en Tarifa Doméstica (consumo básico e intermedio). Esta decisión es estratégica y ética: busca proteger al 89 por ciento de los usuarios del país, que son las familias mexicanas, dejando fuera, por ahora, a los consumos altos (Tarifa DAC).

Este enfoque tiene un sustento económico crítico en la seguridad alimentaria. De acuerdo con información de Inegi-Coneval, el costo de la canasta alimentaria urbana ronda los $2,553 pesos mensuales por persona. Una interrupción prolongada puede poner en riesgo alimentos perecederos y medicamentos que requieren refrigeración, generando pérdidas patrimoniales adicionales para los hogares.

El impacto presupuestario para la CFE deberá valorarse frente al beneficio social que generaría la medida. Al establecer que el descuento equivale a un día de consumo promedio por cada ocho horas de falla, se busca resarcir no solo el valor del servicio eléctrico no brindado, sino el costo de oportunidad y las molestias causadas.

Esta medida incentiva, además, la eficiencia operativa; en un futuro, para la CFE será más económico invertir en mantenimiento preventivo y modernización de redes que cubrir el costo de las compensaciones automáticas masivas.

Por otro lado, la reforma energética de 2025 modificó el esquema institucional de regulación del sector. Con la extinción de la Comisión Reguladora de Energía y la creación de la Comisión Nacional de Energía, como órgano administrativo desconcentrado sectorizado a la Secretaría de Energía, se configuró un nuevo modelo de regulación, supervisión y protección de las personas usuarias.

Al elevar esta compensación a rango de ley y no dejarla al arbitrio de reglamentos o disposiciones administrativas, otorgamos certidumbre jurídica. La CFE, como empresa pública del Estado, debe ser ejemplo de responsabilidad social. El cumplimiento de esta norma no es una sanción, sino un ajuste comercial justo por un servicio no prestado.

Se debe reconocer que la CFE enfrenta un escenario financiero complejo, marcado por una deuda acumulada y la necesidad de modernizar una infraestructura de red que, en muchas regiones, ha superado su vida útil. No obstante, la presente iniciativa no debe leerse como un castigo que agrave su situación financiera, sino como una herramienta que apunte hacia una reingeniería operativa.

Actualmente, las interrupciones del servicio generan un ciclo de costos invisibles para la empresa pública: reparaciones de emergencia (a menudo más costosas que el mantenimiento preventivo), pérdida de energía no facturada y una saturación administrativa en la atención de quejas ante la Profeco. Al establecer la compensación automática, se traslada el costo de lo que podría denominarse como “ineficiencia reactiva” a una “responsabilidad proactiva”.

Gran parte de las fallas verificables ocurren en la “última milla” de la red de distribución. La Secretaría de Energía (Sener) ha identificado que la falta de inversión en transformadores, cableado de potencia y sistemas de automatización de red es la causa principal de la intermitencia.

El Prodesen 2024-2038 estimó que las pérdidas totales de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional representarían alrededor del 10.8 por ciento de la energía eléctrica neta en 2024, y planteó continuar su reducción hacia estándares internacionales.

Al establecer la compensación automática, se incentiva la mejora de indicadores internacionales de calidad como el SAIDI (Índice de Duración Promedio de Interrupción del Sistema), transformando lo que hoy es energía perdida en inversión para la estabilidad de la red.

Esta reforma busca incentivar a que el presupuesto de la CFE se priorice hacia la infraestructura estratégica. En este sentido, fortalecer la inversión en mantenimiento preventivo e infraestructura estratégica puede resultar financieramente más eficiente que asumir de manera recurrente los costos derivados de interrupciones y compensaciones.

La deuda de la CFE no se soluciona ignorando al usuario, sino optimizando la prestación del servicio. Cada queja que llega a tribunales o a la Procuraduría representa un pasivo administrativo. La compensación automática podría simplificar este proceso ya que, al ser un descuento de oficio, se reducirían los costos operativos de atención a clientes y litigios por cobros indebidos y podrían realizarse inversiones con una mayor precisión técnica.

Los objetivos de la reforma que se propone se sustentan en lo siguiente: mientras el Artículo 67 Bis de la Ley del Sector Eléctrico instituye el derecho de las familias a ser resarcidas por la falta de suministro, el Artículo 7 Bis de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad establece la obligación operativa de la empresa pública para ejecutar dicho derecho de forma automática.

No basta con reconocer que el usuario merece una compensación; es imperativo obligar a la Suministradora a que sus sistemas de facturación y monitoreo de red se integren. De esta manera, el 67 Bis blinda al ciudadano contra la arbitrariedad, elevando la calidad del servicio a rango de ley, mientras que el 7 Bis transforma la estructura interna de la CFE para que el descuento sea un acto de oficio y no una concesión administrativa.

En conclusión, cuidar a la CFE implica exigirle excelencia. Una empresa pública con una red moderna y menores interrupciones será, a largo plazo, una empresa con menores gastos por reparaciones críticas y una mayor capacidad de recuperación de costos.

La compensación automática es, en última instancia, un pacto de confianza: el usuario paga con puntualidad un suministro que la empresa se compromete a mantener con integridad.

Por eso, la presente iniciativa no busca descapitalizar a la empresa pública, sino dignificar al usuario. Es una apuesta por un México donde los servicios públicos sean sinónimo de calidad y donde la ineficiencia tenga un costo para la autoridad, no para el pueblo.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 67 Bis a la Ley del Sector Eléctrico y 7 Bis a la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en materia de compensación automática por interrupciones del suministro básico de energía eléctrica

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 67 Bis a la Ley del Sector Eléctrico, para quedar como sigue:

Artículo 67 Bis. Cuando se presenten interrupciones recurrentes y verificables en el Suministro Básico de energía eléctrica en una zona determinada, imputables a la Suministradora de Servicios Básicos o a la Distribuidora, deberá aplicarse de manera automática una compensación económica en el recibo correspondiente a las personas usuarias afectadas del Suministro Básico con tarifa de uso doméstico, en sus modalidades de consumo básico y consumo intermedio, sin necesidad de trámite individual.

La compensación tendrá por objeto resarcir la indisponibilidad del servicio y se aplicará con independencia de que durante el periodo de interrupción no se haya registrado consumo de energía eléctrica.

Para efectos de este artículo:

I. Se entenderá por interrupción verificable aquella que conste en los registros operativos de la Distribuidora, en los sistemas de monitoreo del servicio, o en los reportes oficiales de fallas, conforme a los criterios técnicos que determine la autoridad competente del sector eléctrico, los cuales deberán considerar la frecuencia mensual y la duración acumulada de las fallas;

II. La compensación consistirá en un descuento automático en el recibo bimestral de las personas usuarias afectadas del Suministro Básico con tarifa de uso doméstico, en sus modalidades de consumo básico y consumo intermedio, equivalente a un día de consumo promedio por cada ocho horas, o fracción mayor a cuatro horas, de interrupción acumulada durante el periodo de facturación;

III. El día de consumo promedio se calculará dividiendo el importe total del recibo bimestral ordinario entre el número de días naturales transcurridos en el bimestre correspondiente, y

IV. La compensación deberá desglosarse de forma expresa en el recibo correspondiente.

La compensación prevista en este artículo será independiente de las bonificaciones, devoluciones, sanciones o responsabilidades que procedan conforme a esta Ley, a la Ley Federal de Protección al Consumidor o a las demás disposiciones aplicables.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. La Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de Empresa Pública del Estado y Suministradora de Servicios Básicos, deberá:

I. Implementar mecanismos automáticos de registro, cálculo y aplicación de las compensaciones previstas en el artículo 67 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, utilizando la información derivada de los sistemas de operación, distribución y facturación;

II. Aplicar de oficio los descuentos correspondientes en los recibos de las personas usuarias afectadas del Suministro Básico con tarifa de uso doméstico, en sus modalidades de consumo básico y consumo intermedio, sin requerir solicitud, reclamación o gestión individual;

III. Reflejar de manera clara y transparente en el recibo de energía eléctrica el monto de la compensación aplicada y el periodo de interrupción que la motiva;

IV. Adecuar sus sistemas de medición, facturación y control interno para garantizar el cumplimiento oportuno y verificable de las obligaciones previstas en este artículo, y

V. Considerar las compensaciones automáticas por interrupciones del servicio como un costo operativo inherente a la prestación del servicio público, sin que su aplicación pueda condicionarse a la existencia de consumo durante el periodo de interrupción.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Nacional de Energía, con la autorización de la Secretaría de Energía, deberá emitir los criterios técnicos para la verificación de interrupciones recurrentes, así como los lineamientos para la identificación de las zonas afectadas.

Tercero. La Comisión Federal de Electricidad deberá adecuar sus sistemas operativos y de facturación para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la emisión de los criterios técnicos previstos en el artículo segundo transitorio. Las compensaciones previstas en el presente decreto serán aplicables una vez concluidas las adecuaciones referidas en este artículo.

Cuarto. La Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad deberán adecuar los reglamentos, manuales y disposiciones administrativas internas que resulten necesarios para el cumplimiento del presente decreto.

Notas

1 Inegi (junio 2026). Tabulados de Líneas de Pobreza por Ingresos: Canasta Alimentaria Urbana. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/lp/#tabulados.

2 Para más información consultar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2024-2038. Informe sobre infraestructura de Redes Eléctricas de Distribución. Disponible en:

https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-si stema-electrico-nacional-2024-2038.

3 Para más información consultar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2024-2038. Informe sobre infraestructura de Redes Eléctricas de Distribución. Disponible en:

https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-si stema-electrico-nacional-2024-2038.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de septiembre de 2026.– Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra, José Elías Lixa Abimberhi (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 159 de la Ley del Sector Eléctrico y 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de aplicación de la tarifa 1F a personas usuarias domésticas en municipios con sensación térmica promedio superior a 28 grados Celsius, suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el actual segundo para pasar a ser quinto, al artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, y se reforma la fracción XLIV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de aplicación de la tarifa 1F a personas usuarias domésticas en municipios con sensación térmica promedio superior a 28 grados Celsius, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso regular, suficiente y asequible a la energía eléctrica constituye una condición material indispensable para el desarrollo de la vida contemporánea. La electricidad permite iluminar las viviendas, conservar alimentos y medicamentos, operar sistemas de ventilación y refrigeración, acceder a servicios de telecomunicaciones, estudiar, trabajar, atender necesidades de salud y realizar actividades productivas y domésticas esenciales.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce expresamente un derecho autónomo a la energía eléctrica, la disponibilidad de este servicio se encuentra estrechamente vinculada con el ejercicio efectivo de diversos derechos humanos. El artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, así como los derechos a la protección de la salud, a la alimentación, al agua y a un medio ambiente sano. Una vivienda difícilmente puede considerarse adecuada cuando carece de servicios básicos o cuando el costo de éstos impide a sus habitantes satisfacer otras necesidades indispensables.

El acceso a la electricidad también constituye una condición para ejercer el derecho reconocido en el artículo 6o. constitucional de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e Internet. En la práctica, el ejercicio de estos derechos depende de la posibilidad de utilizar teléfonos, computadoras, módems, aparatos de comunicación y otros dispositivos que requieren energía eléctrica.

En el ámbito internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar. En el mismo sentido, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluida la vivienda adecuada, así como a una mejora continua de sus condiciones de existencia.

Por su parte, el artículo 14, numeral 2, inciso h), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dispone expresamente que los Estados parte deben garantizar a las mujeres rurales condiciones de vida adecuadas, particularmente en materia de vivienda, servicios sanitarios, electricidad, abastecimiento de agua, transporte y comunicaciones.

Estos mandatos permiten sostener que la intervención del Estado en materia eléctrica no debe limitarse a procurar la existencia física de redes de generación, transmisión y distribución. También debe atender la accesibilidad económica, la continuidad, la calidad y la suficiencia del suministro, especialmente cuando las condiciones climáticas de una región obligan a los hogares a mantener niveles de consumo superiores a los de otras zonas del país.

I. Condiciones climáticas y necesidades de consumo eléctrico

México cuenta con una amplia diversidad climática. Las necesidades energéticas de una vivienda ubicada en una región templada no son equivalentes a las de un hogar localizado en una zona caracterizada por temperaturas elevadas y altos niveles de humedad.

En las regiones cálidas, el uso de ventiladores, refrigeradores, equipos de aire acondicionado, bombas de agua y sistemas de conservación de alimentos y medicamentos no constituye necesariamente un consumo suntuario. En numerosos casos representa una medida básica de adaptación al clima, de protección de la salud y de preservación de condiciones mínimas de habitabilidad.

Esta necesidad es especialmente relevante para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pacientes que requieren equipos eléctricos o medicamentos refrigerados y personas que desempeñan actividades laborales o educativas desde su vivienda.

La temperatura del aire, considerada aisladamente, no siempre representa de manera adecuada el grado de estrés térmico que experimentan las personas. La Organización Meteorológica Mundial ha señalado que, para evaluar los efectos del calor, se utilizan diversos índices térmicos que combinan la temperatura con factores como la humedad, la radiación solar y la velocidad del viento. Ello se debe a que la temperatura por sí sola no refleja necesariamente la forma en que el calor es percibido por el organismo ni la capacidad del cuerpo para disiparlo.

En regiones caracterizadas por una humedad elevada, el cuerpo humano enfrenta mayores dificultades para reducir su temperatura mediante la evaporación del sudor. Como consecuencia, la temperatura percibida puede ser superior a la registrada por un termómetro y generar mayores necesidades de ventilación o refrigeración.

Por ello, la presente iniciativa propone utilizar la sensación térmica promedio como criterio para determinar la procedencia del beneficio tarifario. No se trata de sustituir una variable objetiva por una apreciación subjetiva, sino de emplear un indicador meteorológico calculado conforme a criterios técnicos que refleje de manera más adecuada las condiciones térmicas que enfrentan las personas.

La propuesta adquiere particular relevancia en entidades como Yucatán, donde concurren temperaturas elevadas y altos niveles de humedad durante una parte significativa del año. En esas condiciones, el consumo de electricidad para ventilación, refrigeración y conservación de alimentos o medicamentos responde a una necesidad directamente relacionada con el clima.

II. Estructura de las tarifas domésticas

El esquema tarifario doméstico distingue entre las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Estas categorías reconocen que las necesidades de consumo eléctrico varían conforme a las condiciones climáticas de las localidades.

La tarifa 1 se aplica, en términos generales, a servicios domésticos que no se encuentran clasificados dentro de las tarifas especiales correspondientes a localidades cálidas. Las tarifas 1A a 1F amplían progresivamente los rangos de consumo subsidiado conforme aumenta la temperatura media mínima en verano de la localidad.

La tarifa 1F se aplica actualmente a los servicios domésticos ubicados en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea, como mínimo, de 33 grados Celsius. La regulación administrativa vigente considera que una localidad alcanza dicho límite cuando lo registra durante tres o más años de los últimos cinco respecto de los cuales exista información, y que durante un año se alcanza el límite cuando la temperatura correspondiente se registra durante dos meses consecutivos o más.

La temporada de verano comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, determinados de acuerdo con las observaciones termométricas correspondientes.

Las tarifas domésticas se estructuran mediante bloques de consumo. Una primera cantidad de energía se cobra como consumo básico; posteriormente se aplican uno o más bloques de consumo intermedio y, cuando se superan éstos, se cobra el consumo excedente. Los bloques subsidiados son más amplios en las tarifas aplicables a las zonas de mayor temperatura.

Por tanto, la aplicación de la tarifa 1F permite que una mayor proporción del consumo doméstico se facture dentro de rangos subsidiados, particularmente durante el verano. Ello reduce la carga económica que enfrentan los hogares cuyo consumo se incrementa por la necesidad de utilizar ventiladores, refrigeradores o equipos de aire acondicionado durante periodos prolongados.

La clasificación tarifaria también determina el límite a partir del cual un servicio puede ser reclasificado en la tarifa doméstica de alto consumo, conocida como tarifa DAC. Este límite se calcula a partir del promedio móvil del consumo de los doce meses anteriores. Actualmente, el límite de alto consumo correspondiente a la tarifa 1B es de 400 kilowatts-hora mensuales; el de la tarifa 1C es de 850; el de la tarifa 1D es de 1,000; el de la tarifa 1E es de 2,000, y el de la tarifa 1F asciende a 2,500 kilowatts-hora mensuales.

Cuando el consumo promedio mensual supera el límite aplicable a la localidad, el servicio se reclasifica como doméstico de alto consumo y deja de recibir el subsidio correspondiente a las tarifas domésticas ordinarias.

En consecuencia, la aplicación de la tarifa 1F produce dos beneficios principales:

a) amplía los bloques de consumo sujetos a subsidio; y

b) eleva el límite de consumo promedio que puede registrar un hogar antes de ser reclasificado en la tarifa DAC.

Esta diferencia es especialmente relevante durante los meses de mayor calor. Un hogar puede rebasar los límites de su tarifa no como consecuencia de un consumo prescindible, sino por la necesidad de conservar condiciones mínimas de habitabilidad y proteger la salud de quienes lo integran.

III. Insuficiencias del criterio tarifario vigente

El sistema tarifario vigente reconoce correctamente que las necesidades de consumo doméstico varían según las condiciones climáticas. Sin embargo, los criterios empleados pueden perfeccionarse para reflejar de manera más precisa la realidad territorial y térmica del país.

En primer lugar, la temperatura media del aire no necesariamente representa el efecto conjunto que producen el calor y la humedad sobre las personas. Una misma temperatura puede generar condiciones significativamente distintas dependiendo de la humedad relativa, la radiación solar y la circulación del aire.

En segundo término, la clasificación por localidad puede generar diferencias entre comunidades pertenecientes a un mismo municipio que enfrentan condiciones climáticas sustancialmente semejantes. La utilización del municipio como unidad territorial ofrece mayor certeza administrativa y permite evitar tratamientos diferenciados entre comunidades próximas sin una justificación técnica suficiente.

En tercer lugar, la regla que exige alcanzar determinado umbral durante tres de los últimos cinco años puede generar un desfase considerable entre las condiciones climáticas actuales y el reconocimiento del beneficio tarifario. En un contexto de temperaturas extremas más frecuentes, la clasificación debe contar con mecanismos de actualización capaces de responder a datos recientes.

Finalmente, la legislación no establece actualmente un mandato específico para que la Comisión Nacional del Agua integre y publique un registro histórico de sensación térmica desagregado por municipio y diseñado para servir de base a la determinación de tarifas eléctricas.

La iniciativa originalmente elaborada ya identificaba la necesidad de utilizar información climática más precisa y de establecer una regla general que permitiera aplicar la tarifa 1F en municipios sujetos a altas temperaturas. Sin embargo, la sustitución de la Ley de la Industria Eléctrica por la Ley del Sector Eléctrico, así como la creación de la Comisión Nacional de Energía, hacen necesaria la actualización integral del fundamento jurídico y de la exposición de motivos.

IV. Problemática del suministro eléctrico en la Península de Yucatán

A las condiciones climáticas y al costo del consumo doméstico se suma la recurrencia de interrupciones y afectaciones en el suministro eléctrico de la Península de Yucatán.

Las fallas registradas en la región han tenido causas inmediatas diversas, entre ellas problemas en el suministro o calidad del gas natural, salidas de operación de centrales, contingencias en líneas de transmisión, problemas en las redes de distribución, trabajos de mantenimiento y fenómenos meteorológicos.

La diversidad de causas no elimina la afectación común que experimentan las personas usuarias: la pérdida total o parcial de un servicio indispensable, frecuentemente durante periodos de altas temperaturas y elevada demanda.

El 24 de marzo de 2025, la Comisión Federal de Electricidad informó que se presentó mala calidad del gas natural suministrado a través del gasoducto Mayakán, derivada de un alto índice de humedad, lo cual obligó a modificar la operación de centrales y ocasionó afectaciones al suministro en la Península de Yucatán.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2025, durante trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión de 400 kilovoltios, se registró una falla eléctrica que afectó a 2 millones 262 mil personas usuarias de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La CFE informó que, como consecuencia del evento, salieron de operación nueve centrales del sureste, con dieciséis unidades de generación.

El 19 de junio de 2026 volvió a presentarse una contingencia en las regiones Sureste y Peninsular, derivada de la salida de operación de dos centrales privadas, lo que requirió acciones operativas para preservar la estabilidad del sistema y restablecer el suministro.

A estos eventos regionales se agregan fallas locales recurrentes. El 12 de julio de 2026 se reportaron interrupciones de entre 10 y 16 horas en sectores de Mérida, Cholul, Kanasín y municipios conurbados. Las afectaciones comprendieron viviendas, comercios, alimentos refrigerados y personas que enfrentaron las altas temperaturas sin ventiladores, aire acondicionado o refrigeración.

El mismo reporte documentó que diversas colonias de Mérida permanecieron sin energía durante más de dieciséis horas; que habitantes del fraccionamiento Vergel habían permanecido más de tres días sin servicio durante la semana anterior, y que Temozón Norte había sufrido una interrupción cercana a una jornada completa.

También se reportaron pérdidas económicas por alimentos descompuestos, afectaciones a establecimientos comerciales y preocupación por personas adultas mayores, menores de edad y personas que dependen de equipos eléctricos para su bienestar.

Estos hechos muestran que las familias yucatecas enfrentan una combinación particularmente gravosa:

a) Condiciones climáticas que incrementan objetivamente la necesidad de consumir electricidad;

b) Una estructura tarifaria que no siempre refleja la sensación térmica real de los municipios;

c) El riesgo de ser reclasificadas como usuarias de alto consumo por utilizar sistemas indispensables de ventilación o refrigeración, y

d) Interrupciones recurrentes que afectan la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro.

La presente iniciativa se concentra en el componente tarifario de esta problemática. Su aprobación no sustituiría las inversiones necesarias en generación, transmisión y distribución, ni los mecanismos de responsabilidad o compensación que deban establecerse por interrupciones o daños. Sin embargo, permitiría reducir la carga económica que soportan los hogares mientras enfrentan condiciones climáticas extremas y deficiencias en el servicio.

No resulta razonable que las familias deban pagar tarifas elevadas por la energía indispensable para afrontar el calor y, simultáneamente, soportar interrupciones prolongadas o recurrentes en el suministro.

V. Actualización del marco jurídico del sector eléctrico

La iniciativa original proponía reformar el artículo 139 de la entonces vigente Ley de la Industria Eléctrica y hacía referencia a las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía.

No obstante, el 18 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Sector Eléctrico, que abrogó la Ley de la Industria Eléctrica y modificó el marco institucional aplicable.

La Ley del Sector Eléctrico atribuye a la Comisión Nacional de Energía la facultad de aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de las suministradoras de último recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. También dispone que la CNE debe publicar las memorias de cálculo utilizadas para determinar dichas tarifas y precios.

El segundo párrafo vigente del artículo 159 permite al Ejecutivo Federal determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto para determinados grupos de personas usuarias del Suministro Básico, siempre que la facturación transparente los componentes de la tarifa final correspondiente.

Por ello, el proyecto actualizado propone adicionar un segundo párrafo al artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico y recorrer el actual segundo párrafo, que pasaría a ser tercero.

La nueva disposición establece que se aplicará la tarifa 1F a las personas usuarias domésticas ubicadas en municipios que, durante el verano, registren una sensación térmica promedio superior a 28 grados Celsius.

Para determinar el cumplimiento de esta condición deberá considerarse la sensación térmica media mensual registrada durante, al menos, dos meses no consecutivos del verano del año inmediato anterior de aquel en que resulte aplicable la tarifa, conforme a los datos oficiales publicados por la Comisión Nacional del Agua.

La propuesta se complementa con la reforma a la fracción XLIV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

La disposición vigente atribuye a la Comisión Nacional del Agua la facultad de coordinar el Servicio Meteorológico Nacional y ejercer las funciones correspondientes en esa materia. La propia Ley establece que el Servicio Meteorológico Nacional es una unidad técnica especializada que tiene por objeto generar, interpretar y difundir información meteorológica, así como su análisis y pronóstico, considerados de interés público y estratégico.

La reforma propuesta precisa que la Comisión Nacional del Agua deberá:

a) acopiar, procesar, registrar y transmitir información meteorológica y climatológica;

b) crear y mantener actualizado un registro histórico;

c) desagregar la información por municipio;

d) garantizar su acceso público, e

e) incluir la sensación térmica registrada conforme a criterios técnicos, para los efectos del artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico.

De esta forma, el proyecto se ajusta al marco institucional vigente y establece una relación normativa directa entre la autoridad meteorológica encargada de generar la información y la disposición tarifaria que utilizará esos datos.

VI. Justificación de los elementos de la propuesta

1. Aplicación de la tarifa 1F

La iniciativa no crea una nueva categoría tarifaria ni diseña una estructura de cobro distinta a la existente. Utiliza la tarifa 1F, actualmente prevista para los servicios domésticos de las localidades de mayor temperatura, y ordena su aplicación a los municipios que cumplan las condiciones objetivas establecidas en la ley.

Esta decisión permite aprovechar mecanismos operativos, de facturación y subsidio que ya forman parte del esquema tarifario. También ofrece certeza respecto del alcance del beneficio, pues la tarifa 1F cuenta con bloques de consumo y límites de alto consumo previamente definidos.

La reforma modifica el criterio para acceder a dicha tarifa, pero mantiene las atribuciones generales de la Comisión Nacional de Energía para aplicar las metodologías tarifarias y la facultad del Ejecutivo Federal para establecer mecanismos especiales en beneficio de determinados grupos de personas usuarias.

2. Umbral superior a 28 grados Celsius

El umbral propuesto no es arbitrario. El propio sistema tarifario reconoce actualmente los 28 grados Celsius como el punto de referencia para la aplicación de la tarifa 1B.

La iniciativa parte de ese reconocimiento, pero considera que cuando la sensación térmica promedio supera dicho nivel, las necesidades domésticas de ventilación y refrigeración justifican el acceso a los rangos más amplios de consumo subsidiado previstos en la tarifa 1F.

Debe advertirse que existe una diferencia técnica entre el criterio actual y la propuesta. El esquema vigente utiliza la temperatura media mensual de una localidad; la iniciativa utiliza la sensación térmica promedio municipal.

Por tanto, la reforma no consiste simplemente en asignar la tarifa 1F a todas las localidades actualmente clasificadas en la tarifa 1B. Establece una nueva regla sustentada en un indicador meteorológico distinto, calculado conforme a criterios técnicos y con datos oficiales.

3. Determinación por municipio

La utilización del municipio como unidad territorial ofrece ventajas de certeza, igualdad y operatividad administrativa.

El municipio es una demarcación constitucionalmente reconocida, con límites territoriales definidos, y constituye una unidad ordinaria para la generación, organización y publicación de información pública.

Su utilización facilita identificar de manera transparente a las personas beneficiarias y reduce el riesgo de que comunidades sujetas a condiciones climáticas semejantes reciban tratamientos distintos sin una justificación técnica suficiente.

La medición municipal permite también reconocer la diversidad climática interna de las entidades federativas. La propuesta no asigna automáticamente la tarifa 1F a todos los hogares de una entidad por el solo hecho de encontrarse en una región cálida. El beneficio dependerá de que cada municipio cumpla el umbral establecido mediante datos oficiales.

En consecuencia, aunque Yucatán será previsiblemente una de las entidades beneficiadas por sus condiciones climáticas, la reforma no constituye un régimen de excepción exclusivo para esa entidad. Se trata de una norma general aplicable a cualquier municipio del país que reúna los requisitos técnicos.

4. Utilización de la sensación térmica

La sensación térmica ofrece una aproximación más completa a las condiciones que efectivamente enfrenta la población, pues permite considerar la interacción entre la temperatura y otros factores ambientales.

En regiones con humedad elevada, la temperatura del aire puede subestimar la carga térmica experimentada por las personas. La utilización de un indicador técnico de sensación térmica permite vincular la política tarifaria con las necesidades reales de ventilación y refrigeración.

El proyecto remite a criterios técnicos cuya definición y aplicación corresponderán a la autoridad meteorológica especializada. Así, el Congreso establecería el criterio normativo general y la Comisión Nacional del Agua determinaría la metodología técnica aplicable.

5. Promedio mensual

La utilización de una media mensual evita que la aplicación de la tarifa dependa de una temperatura extraordinaria registrada durante unas cuantas horas o de un episodio aislado.

El promedio mensual permite identificar condiciones persistentes que inciden en el consumo doméstico de electricidad y que justifican la aplicación de un esquema tarifario diferenciado.

6. Dos meses no consecutivos

El proyecto exige que el umbral se registre durante, al menos, dos meses no consecutivos del verano. Esta regla pretende acreditar que las condiciones térmicas no corresponden a un solo episodio aislado y, al mismo tiempo, reconocer que los periodos de calor intenso no siempre se presentan de forma continua.

Exigir que los meses fueran necesariamente consecutivos podría excluir a municipios que enfrenten periodos severos al inicio y al final del verano, separados por un mes de lluvias o por una reducción temporal de la temperatura.

La exigencia de dos meses no consecutivos acredita recurrencia sin imponer una continuidad que no necesariamente corresponde al comportamiento climático.

7. Información del año inmediato anterior

La utilización de información correspondiente al verano del año inmediato anterior de aquel a que en que resulte aplicable la tarifa permite que la clasificación responda a condiciones recientes.

Este mecanismo ofrece un periodo razonable para que la Comisión Nacional del Agua consolide y publique la información, y para que las autoridades del sector eléctrico y la suministradora realicen los ajustes necesarios antes del siguiente periodo de aplicación.

A diferencia de la regla vigente, que considera tres de los últimos cinco años, la propuesta reduce el desfase entre la modificación de las condiciones climáticas y el reconocimiento tarifario correspondiente.

8. Registro histórico, público y desagregado

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales resulta indispensable para garantizar que la disposición tarifaria pueda aplicarse con certeza, objetividad y transparencia.

El registro histórico permitirá conocer la evolución de las condiciones térmicas de cada municipio, verificar los cálculos de la autoridad y determinar de manera objetiva la procedencia del beneficio.

Su carácter público facilitará el escrutinio ciudadano, administrativo, académico y jurisdiccional. También permitirá que las personas usuarias conozcan las razones por las cuales su municipio recibe o deja de recibir determinada clasificación tarifaria.

La publicación de los datos evitará que la aplicación de la tarifa dependa de negociaciones políticas, convenios particulares o decisiones carentes de una base técnica accesible.

Además de su utilización en materia tarifaria, el registro podrá servir como insumo para políticas públicas de salud, protección civil, vivienda, cambio climático, planeación urbana y prevención de riesgos relacionados con el calor extremo.

VII. Efectos esperados

El efecto directo de la iniciativa será que las personas usuarias domésticas ubicadas en municipios que cumplan los requisitos accedan a los rangos subsidiados correspondientes a la tarifa 1F.

La reducción concreta del importe de cada recibo dependerá del consumo del hogar, del periodo facturado, de la duración de la temporada de verano y de las cuotas vigentes. En consecuencia, no resulta técnicamente adecuado establecer un porcentaje uniforme de disminución aplicable a todas las viviendas.

No obstante, la estructura tarifaria permite anticipar un beneficio material. La tarifa 1F amplía los bloques de consumo subsidiado y eleva considerablemente el límite para la clasificación como usuario doméstico de alto consumo.

El beneficio será particularmente relevante para los hogares que actualmente se encuentren sujetos a las tarifas 1B, 1C, 1D o 1E y que, por su consumo durante el verano, paguen una proporción significativa de energía dentro de los bloques de consumo excedente o se aproximen al límite de la tarifa DAC.

Debe destacarse que la aplicación de la tarifa 1F no autoriza un consumo ilimitado ni elimina la progresividad del esquema. Los cargos continuarán incrementándose conforme se superen los distintos bloques y seguirá existiendo un límite para la clasificación de alto consumo.

La reforma únicamente ajusta los rangos aplicables a las necesidades energéticas derivadas de condiciones climáticas severas.

Entre los efectos esperados se encuentran:

a) Reducir la proporción del ingreso familiar destinada al pago de electricidad;

b) Disminuir el riesgo de que los hogares restrinjan indebidamente la ventilación o refrigeración durante periodos de calor;

c) Facilitar la conservación segura de alimentos y medicamentos;

d) Proteger a personas especialmente vulnerables frente a temperaturas extremas;

e) Reducir el riesgo de reclasificación en la tarifa DAC por consumos asociados con necesidades climáticas;

f) Mejorar la focalización del subsidio eléctrico, y

g) Fortalecer la transparencia y objetividad de la clasificación tarifaria.

VIII. Consideraciones presupuestarias

La aplicación de la tarifa 1F a un mayor número de personas usuarias implicará un incremento en los recursos destinados al subsidio eléctrico.

La magnitud exacta dependerá del número de municipios que superen el umbral, del padrón de personas usuarias, de sus patrones de consumo, de la duración de las temporadas de verano y de las cuotas tarifarias vigentes.

La imposibilidad de determinar anticipadamente una cifra definitiva no debe traducirse en ausencia de previsión presupuestaria.

Por tal motivo, el régimen transitorio ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar los procedimientos y previsiones correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal siguiente al de la entrada en vigor del decreto.

Esta disposición permite compatibilizar la aplicación de la reforma con los principios de planeación, sostenibilidad presupuestaria y anualidad del gasto público.

Asimismo, atribuye expresamente al gobierno federal la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios, sin trasladar a las entidades federativas o a los municipios la obligación de financiar el beneficio.

La existencia de subsidios diferenciados en función de las condiciones climáticas no es ajena al sistema tarifario vigente. La reforma propone que su asignación se sustente en información más precisa, reciente, pública y territorialmente desagregada.

IX. Finalidad de la iniciativa

La presente iniciativa tiene un objeto concreto: establecer en la ley un criterio objetivo para que las personas usuarias domésticas que habiten en municipios con una sensación térmica promedio superior a 28 grados Celsius durante el verano reciban la tarifa 1F.

La propuesta no pretende resolver por sí sola todos los problemas del sector eléctrico.

El fortalecimiento de la generación, transmisión, distribución, almacenamiento y suministro de combustibles requiere inversiones y acciones adicionales. De igual forma, las interrupciones del servicio demandan mecanismos específicos de prevención, atención, compensación y responsabilidad.

Sin embargo, la existencia de retos estructurales no justifica mantener una clasificación tarifaria que puede resultar insuficiente frente a las condiciones climáticas reales.

Mientras se desarrollan y concluyen las obras necesarias para fortalecer el sistema eléctrico, las familias continúan pagando sus recibos y enfrentando temperaturas que hacen indispensable un mayor consumo de energía.

En Yucatán, la situación resulta especialmente relevante: las altas temperaturas y la humedad incrementan las necesidades de electricidad, mientras que las interrupciones recurrentes dificultan el acceso continuo al servicio.

No resulta razonable que las familias paguen tarifas elevadas por la energía indispensable para enfrentar el calor y, simultáneamente, soporten los efectos de una infraestructura que todavía presenta problemas de continuidad y confiabilidad.

La reforma incorpora cuatro elementos esenciales:

1. Un criterio sustantivo basado en la sensación térmica y no únicamente en la temperatura del aire;

2. Una medición territorial desagregada por municipio;

3. Información oficial, histórica, pública y técnicamente verificable, y

4. Una previsión presupuestaria federal para financiar el subsidio correspondiente.

Con ello se fortalece la certeza jurídica de las personas usuarias, se mejora la focalización del subsidio y se reconoce que el consumo eléctrico necesario para enfrentar el calor extremo forma parte de las condiciones mínimas de una vivienda adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el actual segundo para pasar a ser quinto, al artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, y se reforma la fracción XLIV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales

Primero. Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el actual segundo para pasar a ser quinto, al artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, para quedar como sigue:

Artículo 159. ...

Para las tarifas finales del Suministro Básico aplicables a las personas usuarias de suministro domésticas se aplicará la tarifa 1F en aquellos municipios que, durante el verano, registren una sensación térmica promedio superior a 28 grados Celsius.

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por verano el periodo integrado por los seis meses consecutivos más cálidos del año en cada municipio. La condición prevista se tendrá por cumplida cuando la sensación térmica media mensual supere dicho umbral durante al menos dos meses, consecutivos o no, del verano del año inmediato anterior a aquel en que resulte aplicable la tarifa, calculada conforme a la metodología que emita la Comisión Nacional del Agua y con base en los datos oficiales que ésta publique.

La Comisión Nacional de Energía publicará anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, la relación de municipios en los que resultará aplicable la tarifa 1F durante el ejercicio fiscal siguiente.

...

Segundo. Se reforma la fracción XLIV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. a XLIII. ...

XLIV. Coordinar el Servicio Meteorológico Nacional y ejercer las funciones en dicha materia; emitir la metodología para el cálculo de la sensación térmica media mensual; acopiar, procesar, registrar y transmitir la información meteorológica y climatológica, así como crear, mantener actualizado y publicar un registro histórico, desagregado por municipio, que incluya la sensación térmica calculada conforme a dicha metodología, para los efectos previstos en el artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico;

XLV. a LIV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Nacional del Agua emitirá y publicará la metodología para el cálculo de la sensación térmica media mensual por municipio.

Tercero. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Nacional del Agua publicará el primer registro municipal de sensación térmica previsto en la fracción XLIV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

Cuarto. Dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación del registro a que se refiere el artículo transitorio anterior, la Comisión Nacional de Energía publicará la primera relación de municipios en los que resultará aplicable la tarifa 1F.

Quinto. Para garantizar el subsidio de las tarifas eléctricas derivado del presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los procedimientos y previsiones presupuestarias correspondientes, de conformidad con las disposiciones aplicables, para el ejercicio fiscal en que deba iniciar la aplicación de la tarifa 1F conforme al presente decreto. La aplicación de la tarifa 1F iniciará el 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que la Comisión Nacional de Energía publique la primera relación de municipios prevista en el artículo cuarto transitorio del presente decreto.

Notas

1. Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.

2. Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11.

3. Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14, numeral 2, inciso h)

4. Organización Meteorológica Mundial, Extreme Heat, información sobre índices térmicos y factores que inciden en la percepción y los riesgos asociados con el calor,

https://wmo.int/topics/extreme-heat?utm

5. Comisión Federal de Electricidad, Tarifa 1F. Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados Celsius, esquema tarifario vigente y criterios de aplicación.

6. Comisión Federal de Electricidad, Tarifa DAC. Servicio doméstico de alto consumo, límites de alto consumo por categoría tarifaria y cálculo mediante promedio móvil de los últimos doce meses.

7. Comisión Federal de Electricidad, Tarjeta informativa sobre la afectación en la Península de Yucatán, 24 de marzo de 2025, relativa a la mala calidad del gas natural en el gasoducto Mayakán,

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=9262

8. Comisión Federal de Electricidad, Restablece CFE afectaciones al servicio eléctrico en la Península de Yucatán,26 de septiembre de 2025,

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=10333

9. Comisión Federal de Electricidad, Situación operativa del sistema eléctrico en la región Sureste y Peninsular, 19 de junio de 2026, y CFE informa del restablecimiento del suministro en el Sureste y región Peninsular, 20 de junio de 2026,

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=10662

10. Sol Yucatán, “Apagones desatan caos: colonias llevan hasta 16 horas sin electricidad”, 12 de julio de 2026,

https://solyucatan.mx/apagones-desatan-caos-colonias-llevan-hast a-16-horas-sin-electricidad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2026.– Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra, José Elías Lixa Abimberhi (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 1o. y 5o. de la Ley de Energía para el Campo, en materia de acceso a una justicia energética para sectores dedicados a actividades agropecuarias, suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Sexagésima Sexta Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta  Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 5 de la Ley de Energía para el Campo, en materia de acceso a una justicia energética para sectores dedicados a actividades agropecuarias, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Las actividades agropecuarias representan un ejemplo de solidez para las economías, resultado de la importancia en los mercados. En los últimos años, el sector agropecuario ha mostrado capacidad de resiliencia frente a distintos choques económicos; no obstante, persisten desafíos estructurales relacionados con la productividad, la rentabilidad y los costos de producción. De esta forma, al ser tan relevantes se presenta recurrentemente la falta de despegue en la rentabilidad y en consecuencia de la productividad primaria ya que sus indicadores de crecimiento permanecen constantes o con pocas variaciones a lo largo del tiempo.

Se traslada la aportación de valor a los rubros agroindustriales y de servicios donde no se refleja en los ingresos de los productores. De esta forma, se requiere dar fortaleza a las actividades primarias con un rumbo orientado a mejorar no solo la productividad, sino a trabajar en la disminución de costos tanto en sus insumos como en sus labores con una perspectiva sustentable.

Un sector agrícola productivo, rentable y eficiente resulta en un efecto multiplicador para el crecimiento económico a través de la generación de productos agroalimentarios, empleo en zonas tanto rurales como urbanas, teniendo como resultado la generación de ingresos y mejoras en la calidad de vida, así como en la reducción de pobreza, materia prima para el sector industrial y un potencial generador de divisas resultado de las exportaciones de productos agropecuarios.

Históricamente, el sector agropecuario en México ha sido un elemento fundamental para entender el desarrollo económico y social del país. A partir de la década de los 90’s, el gobierno federal cambió la estrategia de política pública ante la entrada en vigor del tratado de libre comercio, pasando de una política de precios de garantía, a una enfocada en compensar el ingreso de los productores ante la falta de competitividad del sector con los productos del mercado de importación, dando origen a programas como el Procampo, después ProAgro, cuya importancia se denota al representar gran porcentaje del total de recursos presupuestarios dedicados a ellos durante su implementación hasta el año 2018.

Tras la eliminación del ProAgro productivo, el gobierno federal ha enfocado esfuerzos hacia una política de asistencia al campo a pequeños productores, disminuyendo los incentivos para la agricultura comercial, factor imperante para economías como la nuestra, ya que estas unidades económicas son las que sostienen las actividades en el sector.

En este sentido, se debe considerar a la competitividad como la habilidad para crear, producir y distribuir productos o servicios en el contexto internacional, manteniendo ganancias crecientes en los recursos, defendiendo el mercado nacional respecto a una excesiva penetración de importaciones. La productividad resulta implícita en la definición de competitividad antes mencionada.

Se enuncian como factores detonantes para la productividad y competitividad del sector, el gasto público, la implementación de tecnologías e innovaciones y el comercio internacional de los productos agroalimentarios.

Por ello, ante la realidad y el contexto actual del sector en nuestro país; el acceso oportuno, suficiente, confiable y asequible a la energía constituye hoy un elemento indispensable para el ejercicio pleno de derechos económicos y sociales, así como para el desarrollo productivo de las actividades agropecuarias.

Sin embargo, amplios sectores del campo mexicano enfrentan condiciones de desigualdad energética derivado de altos costos, infraestructura insuficiente, cobertura eléctrica limitada y la escasa incorporación de tecnologías para generación de energía limpia, hechos que impactan de manera negativa directamente en la productividad, competitividad y bienestar de las comunidades rurales.

El sector agropecuario es estratégico para la seguridad alimentaria, la soberanía nacional y el desarrollo económico. No obstante, ante la realidad actual de las condiciones del sector y las normas que lo regulan, se debe de promover certeza jurídica y un blindaje Institucional para que el sector pueda crecer.

Con la presente iniciativa se reconocerá explícitamente en la ley, el acceso a una justicia energética, como un derecho social, que orienten las políticas públicas hacia la equidad, la sostenibilidad y la inclusión.

Este principio, en el ámbito rural, adquiere especial relevancia frente a la pobreza, la desigualdad, la dispersión poblacional, la dependencia de energético fósiles y la falta de infraestructura moderna.

La justicia energética implica además garantizar que todas las personas y sectores productivos, particularmente aquellos en situación de vulnerabilidad, cuenten con acceso efectivo, equitativo y sostenible a los servicios energéticos necesarios para su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, en materia de justicia energética para las actividades agropecuarias

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo; se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el actual tercero, que se reforma, para pasar a ser cuarto, del artículo 1o.; y se reforman los cuatro párrafos del artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, 27 fracción XX y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República Mexicana.

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción IX y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; así como a garantizar el acceso suficiente, continuo, asequible y sustentable a los energéticos agropecuarios para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

El acceso a la energía para las actividades agropecuarias se reconoce como un derecho social, indispensable para el desarrollo del sector y la soberanía alimentaria. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

...

Artículo 5o. En los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los precios y tarifas de estímulo que se otorguen a los productores en cumplimiento de lo establecido en este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, los precios y tarifas de estímulo, deberán ser justas y estables, considerando el tipo de actividad productiva, la región climática, la capacidad económica del productor y una perspectiva de género.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realizarán las adecuaciones programáticas y presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento del presente decreto, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a la disponibilidad presupuestaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2026.– Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra, José Elías Lixa Abimberhi (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de infraestructura verde y arbolado urbano en espacios públicos, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Azucena Huerta Romero diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de infraestructura verde y arbolado urbano en espacios públicos, al tenor de lo siguiente

I. Planteamiento del problema

Nuestras ciudades se están calentando. Año con año las temporadas de calor comienzan antes, se prolongan más y alcanzan registros que hasta hace poco eran excepcionales. A la crisis climática global se suma un fenómeno propio de la forma en que hemos edificado: la sustitución de árboles, jardines y suelo permeable por concreto, asfalto y superficies que absorben el calor durante el día y lo devuelven por la noche. Es lo que se conoce como urbana, y explica por qué una banqueta sin sombra puede volverse intransitable al mediodía y por qué, dentro de una misma ciudad, unas colonias son varios grados más cálidas que otras.

El costo de este fenómeno no es abstracto: se mide en salud y en vidas. Durante la temporada de calor de 2024, la Secretaría de Salud documentó cientos de casos de golpe de calor y deshidratación y decenas de defunciones asociadas a temperaturas naturales extremas, con un incremento respecto de la temporada anterior. Quienes más lo padecen son las niñas y los niños, las personas adultas mayores, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan a la intemperie o habitan las zonas con menos áreas verdes, que suelen coincidir con las de mayor rezago social.

Frente a este panorama existe una solución tan antigua como eficaz: el árbol. La evidencia técnica es contundente. El arbolado urbano y la infraestructura verde —el conjunto de árboles, jardines, camellones vegetados y sistemas de sombra que se integran a la ciudad— reducen la temperatura superficial y ambiental, mejoran la calidad del aire, capturan dióxido de carbono, permiten que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo y contribuyen al bienestar físico y mental de las personas. La sombra vegetal, en particular, enfría por una vía que ninguna sombra artificial iguala: la evapotranspiración. Sembrar y cuidar árboles en banquetas, plazas, parques, camellones y explanadas es, quizá, la política de mitigación del calor con mejor relación entre costo y beneficio de que disponen los tres órdenes de gobierno.

El problema no es de diagnóstico, sino de mandato. La legislación federal vigente reconoce ya el valor del espacio público y ordena; sin embargo, no establece de manera expresa la obligación de incorporar arbolado y cobertura vegetal suficientes en los espacios públicos, ni parámetros que garanticen sombra vegetal en las obras nuevas o en las rehabilitaciones urbanas. El resultado es que la arborización depende de la voluntad y del presupuesto de cada administración y, con frecuencia, cede ante la obra dura. Esta laguna es la que la presente iniciativa busca cerrar.

II. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

El calor extremo no afecta a todas las personas por igual, ni de manera neutral al género. Existe evidencia creciente de que las mujeres enfrentan riesgos diferenciados frente a las altas temperaturas. Durante el embarazo, la exposición a olas de calor se ha asociado con un mayor riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer, de modo que la ausencia de sombra y de entornos frescos en la ciudad se traduce en un riesgo concreto para la salud materna y neonatal. A ello se suma la feminización del envejecimiento: entre las personas adultas mayores —el grupo más vulnerable a la mortalidad por calor— las mujeres son mayoría.

La desigualdad también opera a través del trabajo. Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados, que en buena medida ocurre en el espacio público: son ellas quienes con más frecuencia acompañan a pie a las infancias y a las personas mayores a la escuela, al centro de salud o al mercado, y quienes más dependen del transporte público y de trayectos caminando. Además, una proporción importante de las mujeres que trabajan en el comercio en vía pública y en la economía informal permanece expuesta al sol durante toda la jornada. Para todas ellas, una calle sin sombra no es una molestia: es una barrera cotidiana que encarece en tiempo, en salud y en seguridad el simple hecho de habitar la ciudad.

Por eso esta iniciativa se inscribe en el urbanismo con perspectiva de género, que recomienda espacios públicos seguros, sombreados, caminables y provistos de vegetación, precisamente porque responden a los patrones de movilidad y de cuidado que las mujeres asumen de forma mayoritaria. Arborizar banquetas, entornos escolares, mercados y paradas de transporte no es una medida cosmética: es una política que redistribuye el confort y la seguridad de la ciudad en favor de quienes hoy soportan la peor parte del calor. La iniciativa incorpora este enfoque de manera transversal al priorizar las intervenciones en las zonas de mayor vulnerabilidad social y al ordenar cobertura de sombra reforzada en los entornos escolares, que son espacios de cuidado feminizados.

III. Argumentos que la sustenten

1. Existe una laguna real que hoy deja a la población sin sombra ni protección frente al calor. La ley reconoce el valor de las áreas verdes en el espacio público, pero no obliga a incorporar arbolado suficiente ni fija parámetros de sombra para las obras y rehabilitaciones urbanas. Frente a ese vacío, la arborización queda a merced de cada presupuesto. La iniciativa aporta un piso normativo común y verificable, sin desplazar las disposiciones vigentes.

2. El anclaje correcto ya existe en la ley y esta iniciativa lo fortalece. Las obligaciones se ubican en la sección de Espacio Público de la Ley General de Asentamientos Humanos (artículos 74 y 75), que es su lugar técnico correcto, y no en el capítulo de movilidad. Se reforma la fracción V del artículo 75 —que ya ordena el equilibrio entre áreas verdes e infraestructura— para robustecer un mandato existente, evitando duplicidades y sin borrar ninguna atribución vigente.

3. Es una medida costo eficiente que se apoya en las estructuras existentes. No crea organismos nuevos ni plataformas costosas: encomienda la emisión de lineamientos técnicos a las dependencias que ya tienen la atribución —la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud—, por lo que no genera un impacto presupuestal estructural.

4. Respeta escrupulosamente la competencia municipal. El artículo 115 constitucional reserva a los municipios facultades en materia de desarrollo urbano y uso del suelo. Por ello los lineamientos técnicos federales se emiten con pleno respeto a esa esfera: fijan un estándar mínimo nacional, no sustituyen la decisión local.

5. Es, ante todo, una política de salud pública preventiva. Reducir la temperatura de calles y plazas disminuye los golpes de calor, la deshidratación y las muertes asociadas al calor extremo. La iniciativa complementa esta lógica con un Programa Nacional de Prevención de Riesgos Sanitarios Asociados al Calor Urbano, a cargo de la Secretaría de Salud.

6. Encarna la justicia climática y territorial: lleva la sombra a donde más se necesita. Al priorizar las intervenciones en las zonas con mayores índices de temperatura superficial y de vulnerabilidad social, la reforma corrige la desigualdad que hace que las colonias más pobres sean también las más calientes y las que menos árboles tienen.

7. Es coherente con los compromisos nacionales e internacionales de México. La infraestructura verde y el arbolado urbano son medidas de adaptación basada en ecosistemas, alineadas con la Ley General de Cambio Climático y con los compromisos de México frente al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 (ciudades sostenibles) y 13 (acción por el clima).

8. Incorpora la perspectiva de género de manera transversal. Como se expuso, el calor golpea con mayor dureza a las mujeres —por el embarazo, el trabajo de cuidados, el comercio en vía pública y la feminización del envejecimiento—. Una ciudad con sombra es una ciudad más justa para ellas; la reforma lo reconoce al reforzar la cobertura vegetal en entornos escolares y de cuidado y al priorizar a la población más vulnerable.

IV. Fundamento legal

La presente iniciativa encuentra su sustento en los siguientes ordenamientos:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.: reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el derecho a la protección de la salud y la igualdad entre mujeres y hombres. La reforma desarrolla estos derechos al garantizar entornos urbanos con sombra y calidad ambiental.

Artículo 27, párrafo tercero, y artículo 73, fracciones XXIX-C y XXIX-G: facultan al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que distribuyen competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales en materia de asentamientos humanos y de protección al ambiente. En ellos se apoya la vía de reforma a dos leyes generales.

Artículo 115, fracción V: reserva a los municipios facultades en materia de desarrollo urbano y uso del suelo, cuyo respeto queda expresamente garantizado en la iniciativa.

2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículos 3, 74 y 75: definen los conceptos de la ley y regulan la creación, el uso y la custodia del Espacio Público, incluido el mandato vigente de mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la infraestructura. La iniciativa se inserta de manera armónica en este entramado: adiciona la definición de infraestructura verde urbana, fortalece la fracción V del artículo 75 y adiciona los artículos 75 Bis y 75 Ter.

3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 15: enuncia los principios de la política ambiental nacional, entre ellos el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos como elemento para elevar la calidad de vida. La iniciativa adiciona una fracción XVI Bis que eleva a principio la incorporación de infraestructura verde y arbolado urbano como medida de adaptación al cambio climático.

4. Ley General de Cambio Climático

En materia de adaptación, ordena reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y de la infraestructura frente a los efectos del cambio climático, marco en el que se inscriben la infraestructura verde y el arbolado urbano como medidas de adaptación basada en ecosistemas.

5. Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78: sustentan el derecho de iniciativa de las diputadas y los diputados y los requisitos de presentación de la presente.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de infraestructura verde y arbolado urbano en espacios públicos.

VI. Ordenamientos a modificar

1. Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

VII. Texto normativo propuesto

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de las propuestas de modificación con los textos normativos.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, en materia de infraestructura verde y arbolado urbano en espacios públicos

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXII Bis al artículo 3; se reforma la fracción V del artículo 75; y se adicionan los artículos 75 Bis y 75 Ter a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XXII. ...

XXII Bis. Infraestructura verde urbana: el conjunto de elementos naturales y vegetales incorporados al entorno urbano— incluidos árboles, arbustos, jardines, áreas verdes, corredores biológicos, camellones y sistemas de sombra vegetal— destinados a mejorar las condiciones ambientales, climáticas, hídricas y de habitabilidad de los asentamientos humanos, así como a la adaptación y mitigación frente al cambio climático;

XXIII. a XLIV. ...

Artículo 75. El uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se sujetará a lo siguiente:

I. a IV. ...

V. Se procurará mantener y ampliar el equilibrio entre las áreas verdes y la construcción de la infraestructura, tomando como base de cálculo las normas nacionales en la materia, priorizando el arbolado urbano y la infraestructura verde como medidas de mitigación de las islas de calor y de confort térmico para las personas;

VI. a XII. ...

Artículo 75 Bis. Los espacios públicos urbanos deberán incorporar infraestructura verde y arbolado urbano suficientes para contribuir a la mitigación de las islas de calor urbanas, mejorar la calidad ambiental y garantizar condiciones adecuadas de sombra y confort térmico para la población.

Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán los siguientes criterios:

I. Garantizar la presencia de árboles y cobertura vegetal en parques, plazas, banquetas, camellones, corredores peatonales y demás espacios públicos urbanos;

II. Priorizar el uso de especies nativas, resistentes al clima local y de bajo consumo hídrico;

III. Procurar que los espacios públicos urbanos alcancen porcentajes mínimos de sombra vegetal, conforme a los lineamientos técnicos que se expidan, tomando como referencia:

a) Parques urbanos y plazas públicas: cuando menos el treinta por ciento de cobertura de sombra vegetal;

b) Corredores peatonales, banquetas primarias y entornos escolares: cuando menos el cuarenta por ciento de cobertura de sombra vegetal, y

c) Estacionamientos públicos y explanadas gubernamentales: cuando menos el cincuenta por ciento de cobertura de sombra vegetal o infraestructura verde equivalente;

IV. Contemplar, en las obras nuevas y en la rehabilitación de espacios públicos, áreas de sombra vegetal suficientes para las personas usuarias;

V. Evitar la remoción y la poda injustificadas del arbolado urbano y, cuando la remoción resulte inevitable, establecer medidas de compensación ambiental equivalentes a por lo menos tres árboles por cada árbol retirado, preferentemente en el mismo entorno;

VI. Elaborar programas de mantenimiento, riego eficiente y conservación del arbolado urbano;

VII. Incorporar criterios de resiliencia climática e infraestructura verde en los instrumentos de planeación urbana y de desarrollo metropolitano, y

VIII. Priorizar las intervenciones de arborización en las zonas urbanas con mayores índices de temperatura superficial y de vulnerabilidad social.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud, emitirá los lineamientos técnicos correspondientes, incluidas las metodologías de medición de la cobertura de sombra y de evaluación de la mitigación térmica, con pleno respeto a las atribuciones que la Constitución reserva a los municipios.

Artículo 75 Ter. Las obras públicas urbanas de carácter federal, así como los proyectos de desarrollo urbano de impacto regional o metropolitano, deberán incorporar medidas de infraestructura verde y de mitigación térmica conforme a los lineamientos técnicos aplicables. Para tal efecto, considerarán:

I. El incremento potencial de la temperatura superficial y ambiental;

II. La pérdida o sustitución de cobertura vegetal;

III. Las medidas de mitigación mediante infraestructura verde y arbolado urbano;

IV. Los mecanismos de captación de agua pluvial y de permeabilidad del suelo, y

V. Las condiciones de sombra peatonal y de confort térmico.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 15 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I. a XVI. ...

XVI Bis. La planeación y el desarrollo de los asentamientos humanos incorporarán infraestructura verde y arbolado urbano suficientes como medida de adaptación al cambio climático, de mitigación de las islas de calor y de protección del bienestar ambiental y de la salud de la población;

XVII. a XX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirán, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos técnicos y los criterios mínimos de infraestructura verde y arbolado urbano previstos en el mismo.

Tercero. Las entidades federativas y los municipios armonizarán sus disposiciones normativas y sus programas de desarrollo urbano con lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo no mayor a un año contado a partir de su entrada en vigor.

Cuarto. Las obras públicas urbanas de carácter federal que inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto deberán incorporar criterios de infraestructura verde y de mitigación térmica conforme a los lineamientos técnicos aplicables.

Quinto. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, elaborará, en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Programa Nacional de Prevención de Riesgos Sanitarios Asociados al Calor Urbano, con especial atención a las zonas metropolitanas y a los municipios con temperaturas extremas.

Sexto. Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se atenderán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias y entidades competentes en el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

Notas

1 El fenómeno de “isla de calor urbana” describe la mayor temperatura que registran las zonas urbanas densamente construidas respecto de las áreas rurales o vegetadas circundantes, atribuible a la sustitución de suelo natural por superficies impermeables y a la pérdida de cobertura vegetal. Véase Instituto de Ecología (Inecol), “Arbolado urbano: aliado contra el calor”, Ciencia Hoy, www.inecol.mx.

2 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Informe de Temperaturas Naturales Extremas, Temporada de Calor 2024 (periodo del 17 de marzo al 5 de octubre de 2024). El informe documenta cientos de casos de golpe de calor y deshidratación, defunciones asociadas y un incremento respecto de la temporada previa.

3 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), “Las raíces de la sostenibilidad: 5 razones por las que las ciudades necesitan árboles”, www.onu-habitat.org. El organismo subraya la función del arbolado urbano en la regulación térmica, la captura de carbono, la mejora de la calidad del aire y el bienestar físico y mental.

4 La sombra arbórea reduce la temperatura no solo por el bloqueo de la radiación solar, sino por el enfriamiento derivado de la evapotranspiración, efecto que ninguna sombra artificial reproduce; además favorece la infiltración del agua pluvial al subsuelo.

5 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículo 75, fracción V, texto vigente: “Se procurará mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la construcción de la infraestructura, tomando como base de cálculo las normas nacionales en la materia”. La presente iniciativa fortalece este mandato ya existente, sin desplazarlo.

6 Diversos estudios internacionales asocian la exposición a olas de calor durante el embarazo con un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Véase, entre otros, el estudio multinacional reseñado por la Universitat de València, “Un nuevo estudio confirma que el calor debido al cambio climático aumenta el riesgo de partos prematuros”, www.uv.es.

7 La evidencia internacional coincide en que el cambio climático y el calor extremo profundizan las brechas de género, por la mayor exposición de las mujeres derivada del trabajo de cuidados, del comercio en vía pública y de la feminización del envejecimiento. Véase ONU Mujeres, materiales sobre género y cambio climático.

8 El urbanismo con perspectiva de género recomienda espacios públicos seguros, sombreados, caminables y con vegetación, por responder a los patrones de movilidad y de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres. Véase Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “Manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad”.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el derecho a la protección de la salud, y el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracciones XXIX-C y XXIX-G, que facultan al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de asentamientos humanos y de protección al ambiente y equilibrio ecológico, en relación con el artículo 27, párrafo tercero.

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115, fracción V, que reserva a los municipios facultades en materia de desarrollo urbano, uso del suelo y creación y administración de zonas de reservas ecológicas; de ahí que los lineamientos técnicos federales se emitan con respeto a la esfera municipal.

12 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 15, fracción XVI, texto vigente: “El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población”. El nuevo principio se ancla como fracción XVI Bis, por su proximidad temática.

13 Ley General de Cambio Climático, que en materia de adaptación ordena a los tres órdenes de gobierno reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y de la infraestructura frente a los efectos del cambio climático; la infraestructura verde y el arbolado urbano son medidas idóneas de adaptación basada en ecosistemas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de septiembre de 2026.– Diputada Azucena Huerta Romero (rúbrica).»

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Inteligencia Artificial Ética, Vinculación Tecnológica y Protección contra la Desinformación Automatizada, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito José Alejandro Aguilar López, diputado federal a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 71, fracción II, y el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Inteligencia Artificial Ética, Vinculación Tecnológica y Protección contra la Desinformación Automatizada, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La irrupción de la inteligencia artificial “IA”, plantea una transformación radical en las estructuras económicas, políticas y sociales de México. Si bien, representa un catalizador innegable para el emprendimiento, la productividad y la vinculación tecnológica, su despliegue, desregulado, entraña riesgos severos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Uno de los fenómenos más perniciosos de nuestra era, es la instrumentalización de la “IA”, para potenciar lo que doctrinalmente denominamos la “clínica del rumor”: la orquestación sistemática de falsedades, chismes, intrigas y campañas de desprestigio masivo, basadas en el dolo y la mala fe. Mediante la generación automatizada de contenido sintético: deepfakes, textos clonados, perfiles bot botificados, se inflige un daño y deterioro moral, psicológico y patrimonial irreversible a personas y comunidades, minando la confianza ciudadana y la estabilidad democrática.

Por ende, esta iniciativa, no busca frenar el desarrollo tecnológico, sino encauzarlo.

Se propone un marco regulatorio federal claro, predecible y humanista, que otorgue certidumbre jurídica a los emprendedores, proteja a los consumidores, fomente la transferencia tecnológica y sancione severamente el uso de algoritmos destinados a lesionar la honra, la verdad y la paz social de las y los mexicanos.

Sustrato filosófico, marco teórico y fuentes de la iniciativa

1. Sustrato filosófico:

El fundamento axiológico de esta iniciativa se construye sobre el Humanismo Tecnológico y el Personalismo Jurídico.

Se rechaza el determinismo tecnológico, que subordina al ser humano, a los imperativos de la eficiencia algorítmica. En su lugar, se erige a la dignidad humana, de conformidad con lo previsto por el artículo 1o. constitucional, como el límite infranqueable y fin último del desarrollo tecnológico.

Frente al fenómeno de la “clínica del rumor”; conceptualizado aquí como: la degradación deliberada de la verdad pública, mediante el uso de deepfakes, desinformación sintética y sesgos algorítmicos, se adopta la postura ética de la Responsabilidad Discursiva y Relacional.

Bajo este enfoque, la tecnología, no es éticamente neutral; cuando se utiliza con dolo y mala fe, para la propagación de la falsedad, el chisme institucionalizado o la intriga automatizada, atenta directamente contra el tejido social y la paz pública.

Por ello, se invoca el imperativo categórico de la protección de la integridad moral y psicológica de la ciudadanía.

2. Principales teorías y marcos internacionales aportados por otros países:

• Teoría de la Regulación Basada en Riesgos / Unión Europea: Inspirada directamente en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE [AI Act]. Clasifica los sistemas de IA, según el nivel de amenaza que representan para los derechos fundamentales, prohibiendo de manera tajante, aquellos que manipulan el comportamiento humano, de forma subliminal o explotan vulnerabilidades.

• Doctrina del Daño Algorítmico y Responsabilidad Civil Proporcional / Estados Unidos / FTC: Retoma los principios de rendición de cuentas [accountability], para desarrolladores y proveedores, enfatizando la mitigación del dolo, la discriminación algorítmica y las prácticas comerciales engañosas o lesivas mediante la desinformación automatizada.

• Enfoque de Gobernanza Ágil y Certidumbre Emprendedora / Reino Unido / Singapur: Propone el uso de sandboxes: bancos de pruebas regulatorios, para que las PyMEs y los emprendedores puedan innovar e incorporar IA, con certeza jurídica, garantizando el cumplimiento normativo antes de la salida al mercado masivo.

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Inteligencia Artificial Ética, Vinculación Tecnológica y Protección contra la Desinformación Automatizada

Único. Se expide la Ley Federal de Inteligencia Artificial Ética, Vinculación Tecnológica y Protección contra la Desinformación Automatizada, para quedar como sigue:

Capítulo IDisposiciones Generales, Objeto y Definiciones

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular el desarrollo, comercialización, vinculación y uso de sistemas de Inteligencia Artificial, en el ámbito federal, garantizando el respeto irrestricto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y promoviendo un entorno de certidumbre para el emprendimiento tecnológico responsable.

Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley:

I. Establecer un marco de gobernanza, basado en el riesgo, para los productos y procesos de Inteligencia Artificial.

II. Fomentar la vinculación tecnológica, entre los sectores académico, público y privado, para la incorporación ética de la “IA”.

III. Prevenir, mitigar y sancionar las conductas delictivas e infractoras derivadas de la “clínica del rumor”, entendida como la difusión masiva y automatizada de falsedades, rumores y desinformación con dolo y mala fe.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

a. Inteligencia Artificial “IA”: Sistema basado en máquinas que, para un conjunto de objetivos definidos por el ser humano, puede hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales.

b. Contenido Sintético o Manipulado / Deepfake: Imagen, audio o vídeo generado o manipulado artificialmente mediante “IA”, que imita de forma realista a personas, objetos o lugares, induciendo a error sobre su autenticidad.

c. Clínica del Rumor Automatizada: El proceso sistemático de creación, amplificación o difusión de información falsa, intrigas, chismes o contenidos distorsionados mediante el uso de algoritmos e “IA”, realizado con dolo, para causar daño moral, patrimonial o social a las Personas o a la Ciudadanía mexicana.

d. Entorno Controlado de Pruebas / Sandbox Regulatorio: Marco estructurado que permite la experimentación en tiempo real, de tecnologías innovadoras bajo la supervisión de la autoridad regulatoria, otorgando flexibilidad y certidumbre legal a los emprendedores.

Capítulo IIDel Enfoque Basado en Riesgos y Obligaciones

Artículo 4. Los sistemas de Inteligencia Artificial se clasificarán en cuatro niveles de riesgo: 1. Inadmisible; 2.- Alto; 3.- Moderado; y 4.- Bajo.

Artículo 5. Quedan estrictamente prohibidos los sistemas de “IA” de Riesgo Inadmisible, los cuales incluyen:

I. Aquellos que utilicen técnicas subliminales o manipuladoras, para distorsionar de manera significativa el comportamiento de una persona, causándole un daño físico, psicológico o moral.

II. Aquellos destinados a la puntuación social generalizada, por parte de entidades públicas o privadas.

III. Sistemas diseñados específicamente para automatizar campañas de infundios, falsedad institucionalizada y demerito reputacional en perjuicio de la ciudadanía.

Artículo 6. Los proveedores de sistemas de “IA”, de Alto Riesgo: aplicados a salud, infraestructura crítica, justicia, empleo o servicios financieros, deberán certificar ante la autoridad competente, la trazabilidad de sus datos de entrenamiento, la supervisión humana y la adopción de protocolos rigurosos de ciberseguridad.

Capítulo IIIDel Emprendimiento, Certidumbre y Vinculación Tecnológica

Artículo 7. El Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Economía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, creará el Programa Nacional de Vinculación Tecnológica en “IA”. Este programa facilitará la transferencia de conocimientos, desde las universidades hacia las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas “Mipymes”.

Artículo 8. Con el fin de dotar de certidumbre a la población usuaria y emprendedora, se implementarán Sandboxes Regulatorios Federales. Los emprendedores que se inscriban en estos entornos contarán con asesoría jurídica y exenciones de sanciones administrativas temporales mientras perfeccionan los parámetros éticos y de seguridad de sus productos de “IA”.

Capítulo IVDe la Clínica del Rumor y la Protección de las Personas

Artículo 9. Es obligación de todo desarrollador, proveedor o distribuidor de sistemas de “IA” generativa, implementar herramientas de marcado de agua digital y metadatos que identifiquen claramente de manera indeleble que el producto o contenido ha sido generado o manipulado artificialmente.

Artículo 10. Se considerará conducta infractora grave, la utilización de algoritmos, redes de automatización o sistemas de “IA”, para la orquestación de la clínica del rumor. Quien difunda con dolo y mala fe, contenidos sintéticos, no etiquetados, que menoscaben la honra, intimidad o patrimonio de una persona, será sujeto a las responsabilidades civiles, por daño moral a que se refiere el Código Civil Federal, independientemente de las sanciones penales que correspondan.

Capítulo VDe las Sanciones y la Autoridad de Aplicación

Artículo 11. Se crea la Comisión Federal de Inteligencia Artificial Ética “CONAIE”, como un órgano desconcentrado, dotado de autonomía técnica, encargado de vigilar el cumplimiento de la presente Ley, evaluar los sistemas de riesgo y emitir los certificados de cumplimiento ético.

Artículo 12. Las violaciones a la presente Ley serán sancionadas por la “CONAIE” con:

I. Apercibimiento y orden de corrección inmediata.

II. Multas que irán desde las 500 hasta las 100,000 Unidades de Medida y Actualización “UMA”, atendiendo a la gravedad de la falta, el dolo y el daño social causado.

II. Suspensión temporal o definitiva del sistema de “IA”, del mercado nacional.

Capítulo VIDe los Medios de Impugnación y el Juicio de Amparo

Artículo 13. Del Principio de Definitividad y Recursos Administrativos. En contra de las resoluciones definitivas de la “CONAIE”, que impongan multas, clausuras o la destrucción de modelos algorítmicos, los particulares afectados podrán interponer de manera optativa el Recurso de Revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el Juicio de Nulidad, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso-Administrativo.

Artículo 14. Procedencia del Juicio de Amparo. El Juicio de Amparo, en su vía indirecta, procederá de manera excepcional, en contra de los actos, normas generales o resoluciones definitivas emitidas por la “CONAIE”, en los términos establecidos por el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, Reglamentaria de dichos artículos.

Artículo 15. Reglas Procesales Específicas para la Suspensión del Acto Reclamado. Para salvaguardar los principios de orden público, interés social y precaución tecnológica establecidos en esta Ley, la tramitación del Juicio de Amparo y el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado se sujetarán a las siguientes reglas:

I. Infracciones Muy Graves y Riesgo Inadmisible: En los casos donde la “CONAIE” ordene la suspensión definitiva, clausura o destrucción de un sistema de “IA” por considerarlo de Riesgo Inadmisible o por estar vinculado a la clínica del rumor automatizada, el juez de Distrito negará la suspensión provisional o definitiva solicitada por el quejoso. Se considerará que otorgar la suspensión causa un perjuicio evidente al interés social y contraviene disposiciones de orden público, al permitir la libre proliferación de algoritmos que atentan contra la dignidad humana y la paz social.

II. Impugnación de Multas Pecuniarias: Cuando el acto reclamado consista exclusivamente en la imposición de multas calculadas en “UMA” o basadas en los ingresos brutos globales del infractor, el juzgador federal podrá conceder la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando el quejoso garantice plenamente el interés fiscal ante la Tesorería de la Federación, mediante fianza, depósito en efectivo o cualquiera de las formas autorizadas por el Código Fiscal de la Federación, incluyendo el monto total de la sanción y sus posibles actualizaciones.

III. Prueba Pericial Colegiada en el Amparo: Atendiendo a la alta complejidad técnica de la Inteligencia Artificial y la desinformación sintética, cuando en el Juicio de Amparo se controviertan los dictámenes algorítmicos de la CONAIE, el Juez de Distrito deberá designar a un perito tercero en discordia que cumpla rigurosamente con el perfil técnico establecido en el Artículo 11 Ter de esta Ley, preferentemente vinculado a centros de investigación pública del Estado mexicano o universidades autónomas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que opongan al presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo Federal, emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los 180 días naturales posteriores a su publicación.

Cuarto. El Congreso de la Unión, asignará la partida presupuestal necesaria para la instalación y operación de la Comisión Federal de Inteligencia Artificial Ética “CONAIE”, en el siguiente Ejercicio Fiscal.

1. Floridi, Luciano. The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities. Oxford University Press, 2023. ISBN: 978-0198883050. [Aporta las bases del análisis ético digital y el concepto de infoesfera limpia frente a la toxicidad informativa].

2. Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs, 2019. ISBN: 978-1610395694. [Sustenta la crítica a la manipulación conductual y mercantilización del rumor digital].

3. Russell, Stuart. Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control. Viking, 2019. ISBN: 978-0525558613. [Fundamenta la necesidad de una IA alineada intrínsecamente con los valores y el bienestar humano].

4. Innerarity, Daniel. La Sociedad del Desconocimiento. Galaxia Gutenberg, 2020. ISBN: 9788417971380. [Analiza la gobernanza de la complejidad y la gestión de la verdad y el rumor en entornos hiperconectados].

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre del 2026.– Diputados: José Alejandro Aguilar López, Jesús Fernando García Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de promoción de la minería urbana y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, a cargo del diputado Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Noel Chávez Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos apartados de los artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En las últimas décadas, el acelerado desarrollo tecnológico y la expansión industrial, junto con la disminución de los costos de producción y el auge de la transformación digital, han impulsado de manera sostenida el crecimiento del sector de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), transformando la forma en que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos.

II. Esta evolución ha generado, sin embargo, una creciente cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuya gestión y reciclaje representa un reto cada vez más complejo y urgente. El Global E-Waste Monitor 2024 documenta esta realidad, estimando que en 2022 la generación mundial de RAEE alcanzó 62 millones de toneladas, de las cuales sólo el 22.3% fue adecuadamente recolectado y reciclado, evidenciando una brecha creciente entre la producción y las tasas de reciclaje, y dejándonos en la necesidad de reforzar los instrumentos normativos y operativos para garantizar su manejo responsable.

Según el mismo informe, la generación mundial de RAEE incluyó aproximadamente 31 millones de toneladas de metales, 17 millones de toneladas de plásticos y 14 millones de toneladas de otros materiales como vidrio y minerales. Esta diversidad responde a la propia complejidad técnica de los AEE, que pueden contener hasta 69 elementos distintos de la tabla periódica, entre ellos metales preciosos, materias primas críticas y metales no críticos, todos ellos con potencial de recuperación y valorización.

III. De ahí que resulte indispensable replantear la visión que tenemos sobre los residuos electrónicos, pues lejos de ser simples desechos, pueden transformarse en una fuente estratégica de recursos a través de la minería urbana, un concepto que se refiere al aprovechamiento y recuperación de materiales valiosos contenidos en productos y equipos que han llegado al final de su vida útil. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, 1 tonelada de teléfonos inteligentes puede contener hasta 100 veces más oro que una tonelada de mineral extraído directamente de la tierra.

Además, se estima que el valor económico de los residuos electrónicos asciende a cerca de 62,500 millones de dólares anuales, una cifra que supera el PIB de varios países y triplica la producción mundial de todas las minas de plata. De aprovecharse correctamente bajo un modelo de economía circular, permitiría no solo recuperar materiales cada vez más escasos y generar empleos verdes sino, también, disminuir la presión sobre los recursos vírgenes mediante el uso de materias primas secundarias extraídas de los propios residuos.

IV. México es el tercer mayor generador de residuos de RAEE en América y el segundo en Latinoamérica, detrás sólo de Brasil, debido en gran parte al crecimiento del consumo de aparatos electrónicos y a que muchos están diseñados para durar poco tiempo y ser reemplazados con frecuencia.

Aunque parte de estos residuos es procesada actualmente en centros informales, estos suelen carecer de medidas técnicas y sanitarias adecuadas que garanticen la correcta separación y el aprovechamiento eficiente de los materiales. Las prácticas más comunes incluyen el desarme manual sin equipo de protección, la quema de cables para extraer cobre o el uso de ácidos y solventes altamente contaminantes para recuperar metales preciosos, lo que representa riesgos graves para la salud de los trabajadores y para el ambiente.

V. Esta falta de control y regulación ha limitado seriamente el aprovechamiento de los recursos que contienen los RAEE. Hoy, apenas alrededor del 10% de estos residuos logra reciclarse de manera formal en México, lo que significa que toneladas de materiales valiosos terminan desaprovechadas o mal gestionadas, con las consecuencias ambientales y de salud que ello implica. Por eso resulta fundamental actualizar y fortalecer el marco normativo a fin de promover y crear medidas que permitan que la recuperación de materiales sea segura para el ambiente, justa para las personas y rentable para la economía.

VI. En este esfuerzo, la reforma contempla medidas para el establecimiento y fortalecimiento de centros de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos que operen con estándares técnicos y ambientales rigurosos. Con ello se facilita la recuperación segura de metales y otros materiales de valor, además del manejo adecuado de componentes peligrosos, evitando que sustancias contaminantes lleguen a afectar tanto al ambiente como a la salud de las y los trabajadores.

De igual forma, al prever mecanismos que den mayor visibilidad y accesibilidad a estos centros, se fomenta la transición hacia un sector más formalizado, capaz de generar empleos verdes y calificados, y de aprovechar el potencial económico derivado de una gestión responsable de residuos. Todo ello sin desplazar a quienes actualmente realizan estas actividades, sino ofreciendo la posibilidad de integrarse a procesos más seguros y organizados, en beneficio del desarrollo local y nacional.

VII. Esta reforma no busca autorizar ni incentivar la modificación o reparación de aparatos eléctricos y electrónicos durante su vida útil, actividad que se encuentra regulada por medidas de protección tecnológica previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otras normas de propiedad intelectual.

Por el contrario, su objetivo se centra exclusivamente en el manejo responsable, valorización y reciclaje de los residuos generados una vez concluida la vida útil de dichos productos. Con ello, se busca reducir los impactos ambientales de su disposición final, recuperar materiales estratégicos y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México en materia ambiental, sin contravenir las disposiciones vigentes en materia comercial y de derechos de autor.

VIII. Adicionalmente, el fomento de prácticas responsables de recuperación y valorización de los RAEE contribuye de manera directa al cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, particularmente el ODS12, relativo a la producción y consumo responsables, y el ODS8, orientado a la generación de empleo decente y crecimiento económico, ambos mediante actividades ambientalmente sostenibles.

IX. Ahora bien, es importante reconocer que la minería urbana no se limita exclusivamente a los RAEE. También incluye otros materiales que, dentro del modelo de economía circular, pueden convertirse en nuevas materias primas, como chatarra metálica, plásticos técnicos, baterías usadas y escombros de construcción. Sin embargo, esta iniciativa pone especial atención en los RAEE por su alto valor económico, la concentración de metales críticos y preciosos que contienen, y la importancia estratégica de recuperarlos de manera adecuada para fortalecer la sostenibilidad ambiental y el desarrollo tecnológico del país.

X. Tomando en cuenta los elementos previamente expuestos y reconociendo la urgencia de fortalecer las estrategias de manejo y aprovechamiento de residuos, se propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En particular, se propone incorporar el concepto de minería urbana en la legislación, con el propósito de fomentar y promover el aprovechamiento de materiales contenidos en los residuos, contribuyendo así a reducir la dependencia de la extracción tradicional de recursos y a prevenir los impactos ambientales y sociales asociados a su disposición final inadecuada. Para alcanzar este objetivo, resulta esencial fortalecer la infraestructura existente y consolidar centros de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos que operen con estándares técnicos y ambientales rigurosos, asegurando así un manejo responsable y sostenible de estos materiales valiosos.

En tal virtud, esta iniciativa propone los siguientes cambios de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos:

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Decreto

Único. Se reforman las fracciones XIII del artículo 1, IV y XXIV del artículo 7, VII y XXI del artículo 9 y VIII del artículo 19, así como el primer párrafo del artículo 98; y se adicionan las fracciones XIV al artículo 1, IV y XXII al artículo 5 y XXIII al artículo 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección del ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, mineros y metalúrgicos, sólidos urbanos, de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para

I. a XI. [...]

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios;

XIII. Promover, regular y fomentar el desarrollo de la Minería Urbana y la creación, operación y fortalecimiento de Centros de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que permita recuperar materias primas y materiales valiosos, reducir el impacto ambiental de los residuos; y

XIV. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que corresponda.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a III. [...]

IV. Centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos: Establecimiento que cuenta con infraestructura y procesos especializados para recolectar, desmontar, separar, reciclar y valorizar componentes y materiales provenientes de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, bajo estándares técnicos, ambientales y de salud que garanticen un adecuado manejo y gestión;

V. a XXI. [...]

XXII. Minería urbana: Conjunto de acciones y procesos dirigidos al desmontaje y reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y otros productos desechados al término de su vida útil, con el fin de recuperar materias primas y materiales valiosos, reducir la extracción de recursos naturales y minimizar impactos ambientales y riesgos a la salud.

XXIII. a XLVIII. [...]

Artículo 7. Son facultades de la federación

I. a III. [...]

IV. Expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer el manejo integral de residuos sólidos urbanos , de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de manejo especial ; así como emitir las disposiciones para la implementación y operación de los centros de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, conforme a criterios técnicos, sanitarios y ambientales.

V. a XXIX. [...]

XXIV. Promover, difundir y facilitar el acceso a la información a todos los sectores de la sociedad sobre los riesgos y efectos en el ambiente y la salud humana de los materiales, envases, empaques , embalajes , así como los aparatos eléctricos y electrónicos que , al desecharse se convierten en residuos, en colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades involucradas;

XXV. a XXIX. [...]

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas

I. a VI. [...]

VII. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y residuos peligrosos, en las entidades federativas y municipios, con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados;

VIII. a XX. [...]

XXI. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con los municipios.

XXII. Promover, en coordinación con los municipios, distribuidores, fabricantes e importadores, la instalación y operación de centros de reciclaje destinados al manejo integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; y

XXIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

I. a VII. [...]

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos automotores y otros , que al transcurrir su vida útil , por sus características , requieren de un manejo específico que garantice su recolección, tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición final ambientalmente segura;

IX. a XI.[...]

Artículo 98. Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos usados y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo especial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, dentro de un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá armonizar el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a efecto de incluir las disposiciones necesarias que regulen y promuevan la minería urbana, el manejo integral y valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como establecer los criterios técnicos, sanitarios y ambientales aplicables para la operación de centros de reciclaje especializados.

Notas

1 De ahora en adelante, AEE.

2 De ahora en adelante, RAEE.

3 Quiñones, 2019.

4 Quiñones, 2019.

5 Nota: Se consideran empleos verdes los trabajos que contribuyen de forma directa a reducir la contaminación, conservar recursos naturales o fomentar el reciclaje y la eficiencia energética, impulsando así una economía más sostenible.

6. (Ferreira Medina, Cendejas, & Valencia García, 2019)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.– Diputado Noel Chávez Velázquez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de regulación de pirotecnia, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de regulación de pirotecnia, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de pirotecnia representa un riesgo real tanto para la salud de las personas como para los animales y el medio ambiente. Cada año, los fuegos artificiales generan contaminación, daños auditivos y respiratorios, accidentes graves y estrés en la fauna, mostrando la necesidad urgente de regular su uso y promover alternativas seguras que permitan mantener las celebraciones sin poner en peligro la vida ni el entorno natural.

Tehuacán, Puebla, se convirtió en el primer municipio de México y América Latina en prohibir de manera definitiva el uso de pirotecnia. Esto fue resultado de un amparo promovido por la asociación ambientalista TAC Una Protección al Entorno, AC y el colectivo Círculo de Amparo. La jueza Cuarto Distrito emitió una sentencia en el amparo 1587/2023, que prohíbe el uso de fuegos artificiales en eventos oficiales y privados. Esta sentencia histórica, protege el derecho al medio ambiente sano y favorece a grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con autismo, enfermos y la población en general, además de promover el bienestar animal. El gobierno de Tehuacán, así como futuros gobiernos, están obligados a garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

En dicha sentencia, la juzgadora sostiene que, en un comunicado publicado el 8 de diciembre de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó los graves efectos negativos de la pirotecnia en la salud humana y el medio ambiente. La pirotecnia genera contaminación a través de una mezcla de sustancias como nitratos, sulfatos, percloratos, y metales pesados (sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio, aluminio, y bario). Estos compuestos no solo afectan el sistema respiratorio, sino que también liberan isótopos radiactivos y aerosoles tóxicos que agravan la contaminación atmosférica, lo que puede generar males respiratorios incluso a distancias considerables.

Con lo expuesto se tiene entonces que, sí existe prohibición expresa sobre la detonación de pirotecnia en el municipio de Tehuacán; que esa prohibición además se encuentra sustentada en la protección al medio ambiente y a la protección de los animales, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Puebla y el Reglamento Municipal de Protección ambiental para el Municipio de Tehuacán, es claro que las autoridades responsables se encuentran plena y totalmente obligadas a velar por el cumplimiento de dichas normas.

En cuanto al medio ambiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que los fuegos artificiales liberan gases contaminantes como el monóxido de carbono que deteriora la atmósfera ya que los mismos tardan entre dos y tres días en disiparse.

De igual manera, dicho organismo internacional ha sostenido que la salud integral y auditiva no se afecta si una persona se expone a niveles de ondas por debajo de los cincuenta y cinco decibeles; sin embargo, un petardo promedio genera ruidos de ciento cuarenta decibeles y los fuegos artificiales más de ciento noventa, es decir casi cuatro veces más el máximo permitido para la salud auditiva.

La detonación pirotécnica supera por mucho la cantidad de decibeles que el oído y la mente soportan sin daños. Estos elementos afectan en demasía a los adultos mayores, enfermos, niños, a las personas con autismo que tienen una “sensibilidad profunda”; y claramente a los animales, por tener una agudeza auditiva mayor a la humana.

De acuerdo con la American Cancer Society, el uso de fuegos artificiales genera la liberación de material particulado fino (PM2.5 y PM10), metales pesados como estroncio, bario, cobre, aluminio y plomo, así como compuestos tóxicos derivados de la combustión incompleta. La inhalación de estas partículas ultrafinas permite que ingresen profundamente en el tracto respiratorio, alcanzando los alvéolos pulmonares, donde desencadenan estrés oxidativo, inflamación y alteraciones en la función pulmonar. En personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o afecciones cardiovasculares, esta exposición puede agravar síntomas, provocar crisis agudas y aumentar el riesgo de hospitalización. Además, la presencia de contaminantes químicos se ha vinculado a la formación de radicales libres, los cuales favorecen procesos de daño celular y carcinogénesis a largo plazo. Por ello, organismos médicos recomiendan minimizar la exposición a la pirotecnia, especialmente en poblaciones vulnerables.

La Semarnat advierte que la pirotecnia está compuesta por una mezcla de sustancias nocivas —como nitratos, sulfatos, percloratos, metales pesados (sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio, aluminio, bario e isótopos radiactivos)— que, al detonarse, liberan al aire contaminantes como monóxido de carbono (CO) y partículas finas (PM2.5). Estas partículas pueden permanecer suspendidas en la atmósfera durante horas o días y, al ser inhaladas, penetran profundamente en los pulmones provocando graves daños respiratorios. Además, el CO puede ocasionar envenenamientos repentinos, mientras los metales impactan el sistema respiratorio, y los compuestos como el perclorato de sodio pueden elevar hasta mil veces su concentración normal en cuerpos de agua, afectando la fauna y los microorganismos acuáticos.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia “Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares Vs. Brasil” señaló que los estados tienen el deber de regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas, que implican riesgos significativos para la vida e integridad de las personas sometidas a su jurisdicción, como medida para proteger y preservar estos derechos.

En este sentido, Colombia emitió el Decreto 2174 de 2023, que refuerza las normativas sobre pólvora y productos pirotécnicos, enfocándose en proteger los derechos fundamentales —como la vida, la integridad física y la salud— de niñas, niños, adolescentes y toda la ciudadanía. Entre las medidas principales, se prohíbe la venta y manipulación de pólvora, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y globos aerostáticos de pirotecnia a menores de edad, así como a personas en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicoactivas.

El decreto establece que los espectáculos con artículos pirotécnicos de categoría III requieren un permiso municipal previo, y prohíbe explícitamente la producción, comercialización o uso de fuegos artificiales que contengan fósforo blanco, imponiendo sanciones que pueden alcanzar hasta 230 millones de pesos. Además, si un menor es sorprendido manipulando pólvora, el producto será incautado y el menor puesto bajo custodia de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección necesarias.

Se creó una mesa técnica interinstitucional, conformada por entidades como los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Salud, Ambiente, Transporte, e instituciones como el INS y los cuerpos de bomberos, para evaluar y gestionar los riesgos asociados a la actividad pirotécnica. Adicionalmente, se lanzó la campaña pedagógica La vida brilla sin pólvora para sensibilizar a la población sobre los peligros del uso indebido de pólvora durante las festividades. Las cifras del Instituto Nacional de Salud evidencian un incremento en los incidentes relacionados con quemaduras por pólvora: hasta el momento se registran 387 personas lesionadas, de las cuales 132 son menores de edad, representando un aumento de 18.7 por ciento con respecto al año anterior.

De acuerdo con un artículo publicado en MIT Press, la exposición a fuegos artificiales genera en animales domésticos y silvestres respuestas de estrés agudo, con liberación elevada de cortisol y catecolaminas. En perros, hasta 50 por ciento presenta signos de ansiedad intensa, incluyendo taquicardia, hiperventilación, temblores y conductas de escape, lo que incrementa el riesgo de traumatismos. En équidos, los episodios de pánico pueden derivar en fracturas o colapsos cardiovasculares fatales, documentados en casos recientes. Estas respuestas fisiológicas son exacerbadas por la naturaleza súbita, de alta intensidad sonora (decibeles superiores a 150 dB) y la imprevisibilidad de las detonaciones.

En la fauna silvestre, los fuegos artificiales inducen alteraciones conductuales masivas, como desbandadas, colisiones, desorientación espacial y desplazamientos no planeados que comprometen la supervivencia. Se ha registrado mortalidad directa en aves debido a traumatismos craneales o fatiga extrema durante vuelos descontrolados, así como fallas reproductivas por abandono de nidos. Los efectos indirectos incluyen reducción de éxito reproductivo, disminución de poblaciones locales y alteraciones en cadenas tróficas. En especies acuáticas, la deposición de residuos químicos y el incremento súbito de ruido subacuático afectan la orientación, respiración y reproducción, evidenciando un impacto multiescalar en la salud animal y los ecosistemas.

En México, la protección de los animales se encuentra fundamentada en diversas disposiciones legales, aunque no se han proporcionado artículos específicos en el contexto actual. Sin embargo, es importante mencionar que la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Protección y Bienestar Animal en las entidades federativas establecen normas para la protección y bienestar de los animales.

1. Ley General de Vida Silvestre: esta ley regula la conservación de la vida silvestre y establece medidas para proteger a las especies en peligro de extinción, así como sus hábitats. Busca garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y la biodiversidad.

2. Leyes estatales de protección animal: cada estado en México tiene la facultad de legislar sobre la protección de los animales, lo que ha llevado a la creación de diversas leyes locales que prohíben el maltrato animal y establecen sanciones para quienes infrinjan estas disposiciones. Estas leyes también pueden incluir regulaciones sobre la tenencia responsable de mascotas y la promoción del bienestar animal.

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: aunque no menciona específicamente a los animales, el artículo 4 establece que:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

El daño al medio ambiente y el ruido que provocamos afectan directamente a los animales y su forma de vivir. La pirotecnia, por ejemplo, produce ruidos muy fuertes, libera humo y químicos que los estresan, alteran su comportamiento e incluso, en casos graves, pueden causarles la muerte. Pero no solo los animales sufren: las personas, especialmente los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y quienes tienen problemas respiratorios o auditivos, también se ven afectadas por el ruido y la contaminación.

Por eso México necesita una regulación nueva en materia de pirotecnia, que permita seguir celebrando nuestras tradiciones sin poner en riesgo a las comunidades ni al medio ambiente. Así se podrían evitar accidentes como los que todavía vemos cada año en Tultepec, donde muchas personas resultan heridas y el entorno se ve gravemente dañado.

En Nuevo León, el diputado local Mario Salinas Treviño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley Ambiental de Nuevo León, que propone sustituir la pirotecnia por espectáculos de drones en festividades y eventos públicos. La motivación principal es reducir los riesgos que conlleva la pirotecnia, tales como incendios –en 2024 se registraron más de 250 incidentes relacionados con fuegos artificiales en el estado–, afecciones a la salud de personas vulnerables, contaminación del aire y malestar para animales.

La propuesta plantea que tanto el gobierno estatal como los municipios adopten medidas para fomentar alternativas limpias, seguras e innovadoras como los espectáculos de drones, especialmente durante episodios de contingencia ambiental. Salinas argumenta que esta transición permitiría mantener tradiciones populares sin comprometer la salud pública, el bienestar animal ni el medio ambiente.

Por estas razones, la presente iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Derivado de lo anterior se anexa el siguiente cuadro comparativo para una mejor comprensión:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 111; se reforma la fracción XI y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 112; y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 113 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a XVI. ...

XVII. Otorgar, negar, condicionar, suspender o revocar las autorizaciones ambientales para la realización de espectáculos o eventos públicos o privados en los que se utilicen artificios pirotécnicos, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 112. En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia:

I. a X. ...

XI. Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire, los cuales deberán contemplar medidas para prevenir, reducir y controlar las emisiones contaminantes derivadas del uso de artificios pirotécnicos, así como mecanismos de coordinación con la Secretaría para la aplicación de las autorizaciones ambientales correspondientes, y

XI. Bis. Verificarán, previamente al otorgamiento de las autorizaciones, permisos o licencias de su competencia para la realización de espectáculos o eventos públicos o privados en los que se pretenda utilizar artificios pirotécnicos, que se cuente con la autorización ambiental expedida por la Secretaría en términos de esta Ley, y ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

XII. Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 113. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría.

Para la realización de espectáculos o eventos públicos o privados en los que se pretenda utilizar artificios pirotécnicos, deberá obtenerse previamente autorización ambiental de la Secretaría.

Para el otorgamiento de dicha autorización, la Secretaría deberá considerar el tipo y cantidad de artificios pirotécnicos a utilizar; las emisiones contaminantes que puedan generarse; la ubicación, fecha, horario y duración del evento; las condiciones atmosféricas existentes y previsibles; así como la proximidad a zonas habitacionales, áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles y demás sitios que, por sus características, requieran especial protección ambiental.

La Secretaría podrá negar o condicionar la autorización cuando, atendiendo a las condiciones ambientales existentes o previsibles, la utilización de artificios pirotécnicos pueda ocasionar desequilibrios ecológicos, daños al ambiente o representar un riesgo para la salud de la población.

La autorización prevista en este artículo será independiente de los permisos, licencias, autorizaciones y demás requisitos exigibles conforme a otras disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Resuelta por la Jueza Cuarta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla

https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1450/145000003338946 1033.pdf_1&sec=Mar%C3%ADa_Guadalupe_Gonz%C3%A1lez_Tinajero&svp=1

2 Contaminación por pirotecnia, 08 de diciembre de 2018 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en:

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/contaminacion-por-pirotecn ia

3 American Cancer Society. 2025, June 27. Are fireworks bad for your health? Disponible en:

https://www.cancer.org/cancer/latest-news/are-fireworks-bad-for- your-health.html

4 Contaminación por pirotecnia, 08 de diciembre de 2018 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en:

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/contaminacion-por-pirotecn ia

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 15 de julio de 2020, “Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil” párrafo 118.

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_407_esp.p df

6 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2023, 14 de diciembre). Decreto 2174 de 2023: Reglamenta el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra y venta de pólvora y artículos pirotécnicos. Recuperado de

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152 381

7 Coulter, K. (2023, July 3). The devastating effects of fireworks on pets and wildlife. The MIT Press Reader.

https://thereader.mitpress.mit.edu/the-devastating-effects-of-fi reworks-on-pets-and-wildlife/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputado: Laura Irais Ballesteros Mancilla, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Karina Isabel Martínez Montaño, María de Fátima García León, Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autodeterminación y soberanía energética, a cargo de la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

“Todos los días, lo mismo el hombre de la calle que el líder político, miran el mapa con un sentimiento creciente de impotencia y azoramiento. Pero el mapa impone sus leyes”

Hans Werner Weigert

Exposición de Motivos

La descarbonización se ha convertido en la política industrial verde, en el principal instrumento de rivalidad entre las potencias globales. El liderazgo de la ruta verde posiciona a China al frente, por su dominio aplastante en el procesamiento de minerales críticos, la fabricación de paneles fotovoltaicos y la cadena de producción de baterías para vehículos eléctricos.

La transición energética ha rediseñado el mapa del poder global, condición actual que exige una perspectiva crítica, respaldada por el análisis científico de la geopolítica y el materialismo geográfico, lo que arroja una necesidad por anticipar políticamente el porvenir de los pueblos del mundo.

El tránsito hacia la descarbonización ha desplazado la dependencia masiva de los combustibles fósiles hacia el dominio de la energía “limpia” y las materias primas del futuro. Este cambio no elimina las tensiones internacionales, sino que combina los riesgos geoeconómicos de la posesión de reservas de petróleo, gas y tierras raras; en vigor del acaparamiento, dominio técnico, industrial y logístico de las energías.

México se encuentra actualmente en el tablero global de los minerales críticos en medio de la tensión entre Estados Unidos de América (EUA) y China, razón suficiente para poner sobre la mesa el reconocimiento y resguardo constitucional de nuestra soberanía y autodeterminación en materia energética.

La riqueza marítima de México abarca cientos de bienes tangibles e intangibles capaces de impulsar el desarrollo nacional, además de todos los recursos naturales no fósiles. En apego a la Política Nacional Marítima 1 las Nódulos Polimetálicos se pueden enmarcar en cuatro esquemas: seguridad marítima, cultura marítima, medio ambiente marino y recursos marítimos.

Seguridad Marítima: Condición mediante la cual el Estado mexicano garantiza que las actividades humanas en las ZMM se llevan a cabo en un entorno que vigila, protege y salvaguarda la vida humana y bienes en el mar; la Seguridad Marítima se encuentra regulada por un marco jurídico nacional armonizado con el derecho internacional.

Cultura Marítima: Factor social que integra a la conciencia marítima nacional, la difusión del entorno marítimo, los conocimientos, las prácticas, las tradiciones, las competencias marítimas y los objetos tangibles vinculados con el mar, que constituyen la base de interacción y del desarrollo.

Recursos Marítimos: Recursos vivos y no vivos, presentes y potenciales, en las ZMM, susceptibles a su aprovechamiento con criterios sustentables, principalmente por las actividades generadoras de empleos y recursos económicos para el Estado mexicano. México ejerce soberanía o derechos soberanos sobre estos recursos en las distintas ZMM, de conformidad con el derecho internacional.

Medio Ambiente Marino: Componentes, condiciones y factores físicos, químicos, geológicos y biológicos que interactúan y determinan la productividad, estado, condición y calidad del ecosistema marino y costero, las aguas de los mares y océano y el espacio aéreo sobre esas aguas, así como el fondo marino, el fondo oceánico y su subsuelo.

La Política Nacional Marítima conlleva a preservar la soberanía e integridad del territorio así como los derechos soberanos y la jurisdicción que ejerce el Estado mexicano en su Zona Económica Exclusiva y su Plataforma Continental; resguardar las instalaciones estratégicas en el ámbito marítimo; combatir la importación y exportación irregular o ilegal de los hidrocarburos y petrolíferos, así como el tráfico ilegal de especies de vida silvestre marina; conservar, restaurar y preservar el Medio Ambiente Marino y los recursos marinos renovables y no renovables, para su aprovechamiento de manera sustentable. La formulación de la Política Nacional Marítima en México ha sido inspirada y alineada plenamente con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plasmados y ratificados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Los intereses marítimos nacionales, regulan las condiciones internacionales de competencia y globalidad, para seguir impulsando el desarrollo y fortalecer la soberanía y autodeterminación nacional, lo que contribuye a concretar un mayor y mejor estado de bienestar. Son prioritarios por su valor estratégico, comercial, social y geopolítico. Asimismo, la geopolítica tiene la capacidad de desencadenar conciencia geográfica en los estados; de predecir el futuro, con la interlocución de herramientas científicas como la historia, la geográfica, las ciencias políticas y el dinamismo permanente del materialismo histórico subyacente.

Proteger el medio ambiente marino

En apego a la Política Nacional Marítima, México posee un enorme potencial marítimo que debe desarrollarse bajo objetivos de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable. Privilegio, ubicado geográfica con más de 11 mil kilómetros de costa y una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que representa aproximadamente 1.5 veces el territorio nacional, lo que posibilita, a través de sus 103 puertos y 15 terminales marítimas, que se ubican en 17 entidades federativas, así como sus comunidades costeras.

Uno de los objetivos marítimos estratégicos plasmados en la Política Nacional Marítima considera la expresión del Estado mexicano en las Zona Marítima Mexicana, en el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la factibilidad de obtener nuevos recursos emanados del mar; cuyo sustento jurídico se fundamenta en los artículos 25, 26 apartado A y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación, así como, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional.

Por otro lado, en apego al Plan México, médula central de la estrategia económica y de desarrollo regional puesto en marcha por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa la relocalización, la sustitución gradual de las importaciones, el remplazo progresivo de la cadena de dependencia y la consolidación de la soberanía energética y alimenticia del país mediante más de 277 mil millones de dólares en inversiones.

Asimismo, resulta imperioso reconocer a los Nódulos Polimetálicos como un compuesto mineral crítico en el fondo marino indispensable para continuar con el desarrollo progresivo de la soberanía energética de nuestro país. Su resguardo, protección y reconocimiento constitucional está garantizado de manera implícita en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos son de dominio exclusivo del Estado mexicano.

La presente propuesta de reforma, se desarrolla bajo el mismo tenor por garantizar la soberanía energética de la nación con la que se modificó en el año 2024 el reconocimiento del litio como elemento de dominio exclusivo del Estado, reformando así los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas.

Asimismo, el marco legal actual en México impide que el litio sea explotado por empresas privadas bajo concesiones tradicionales, reservando toda la cadena de valor del litio para México.

Los Nódulos Polimetálicos

El objetivo fundamental de este proyecto de iniciativa es garantizar y fortalecer la soberanía energética del país sobre los Nódulos Polimetálicos, los cuales están compuestos principalmente de manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y litio. Minerales que resultan estratégicos para el futuro global debido a su importancia en la transición energética. El resguardo del recurso marítimo y la innovación tecnológica de los minerales críticos para el desarrollo nacional es fundamental para nuestra soberanía energética.

Históricamente, la minería en México han representado un territorio hostil de profunda explotación y saqueo, la minería extractivista promovida por el periodo neoliberal mexicano, de Salinas de Gortari (con su Ley Minera de 1992) hasta Peña Nieto se concesionó 60 por ciento del territorio nacional, aproximadamente 120 millones de hectáreas, 3 desarrollando los mecanismos necesarios para garantizar que las mayores ganancias se quedaran en pocas manos, el 75 por ciento en empresas transnacionales. Perpetuando la figura de permisos de exploración y explotación con vigencias de hasta 50 o 100 años. Actualmente, las concesiones mineras vigentes en México abarcan alrededor de 6.85 al 8.59 por ciento del territorio nacional, aproximadamente entre 13.4 y 16.8 millones de hectáreas.

El reconocimiento y resguardo de los nódulos polimetálicos en el marco de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizaría un recurso marítimo fundamental de interés nacional, lo que aseguraría la vía de transición energética y protección del entorno natural marítimo. Los nódulos polimetálicos, se encuentran a profundidad marítima profundas, la ausencia de luz impide la fotosíntesis, espacio en donde los científicos siguen descubriendo nuevas especies, lo que representa un habitad específico para una biodiversidad única.

La localización global de estas esferas polimetálicas, según la Autoridad Internacional de los Fondos Marino, de forma abundante están en la Zona de fractura Clipperton, también conocida como Clarión-Clipperton (CCZ) —frente a las costas de México en el Pacífico, en el centro del océano Índico y la cuenca de Perú. Esto posiciona a México en el mapa global de minerales de tierras raras.

Los recursos críticos representan el principal elemento para la transición energética, asimismo, su resguardo, exploración y explotación ha generado debate sobre el impacto ecológico. Sin embargo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) ya ha concedido contratos de exploración de estos nódulos a más de veinte empresas, entre ellas la empresa NORI-D (Nauru Ocean Resources Inc.) enfocada en minería submarina, en colaboración con la República de Nauru, actualmente explora nódulos polimetálicos en la Zona Clarion-Clipperton para obtener minerales críticos sobre una superficie de unos 75.000 kilómetros (km)2.

Según la AIFM, la Zona Clarion-Clipperton cuenta con 21 mil millones de toneladas de nódulos, es decir, una posible reserva de 6 mil millones de toneladas de manganeso, 270 millones de toneladas de níquel y 44 millones de cobalto “lo que supera las reservas conocidas” de estos tres minerales en la superficie terrestre.

A diferencia de los otros dos tipos de recursos mineros submarinos regulados por la AIFM: los sulfuros polimetálicos y piedras de ferromanganeso rico en cobalto, para los nódulos no se necesita cavar o cortar, lo que significa que la extracción se hace mediante la succión mecánica.

En las pruebas efectuadas a finales de 2022, la empresa NORI-D sumergió a 4 mil 300 km de profundidad un vehículo para succionar los nódulos y los sedimentos en un área de 80 km. En el interior de la máquina se separan los nódulos y los sedimentos. Un tubo gigante lleva los nódulos a la superficie donde está el buque y los sedimentos vuelven a caer al lecho marino.

Los científicos marinos se manifestaron preocupados sobre el impacto de estos sedimentos y la destrucción de la biodiversidad presente en la materia absorbida. La composición única de estas esferas polimetálicas y súbita valorización en el mercado global de energía, atrae frenéticamente a las industrias y a la explotación desmedida de los mercados especulativos. Por otro lado, representa también un hábitat único para la vida submarina, la intervención extractivista significa potencialmente dañar uno de los últimos desiertos naturales de nuestro planeta, afirma el World Economic Forum (Foro Económico Mundial).

Para Craig Smith, ecólogo de aguas profundas y profesor emérito de la Universidad de Hawái, dice que la zona Clarion-Clipperton se encuentra entre los lugares con mayor biodiversidad en el océano abisal.

Sustraer los nódulos, que tardan un millón de años en crecer sólo unos pocos milímetros, destruiría el hábitat de cualquier criatura que dependa de ese trozo del fondo marino. Las columnas de sedimentos que nublan el agua y la contaminación acústica son motivo de preocupación.

El artículo: Managing mining of the deep seabed, de Craig Smith publicado en el año 2015 en Science; analiza los riesgos ambientales de la minería en los fondos marinos y la necesidad de proteger la biodiversidad marina, estima que una operación minera produciría ruido a niveles conocidos por perturbar a las ballenas a unos cinco kilómetros de distancia y superaría los niveles de ruido ambiental hasta a 500 kilómetros de distancia.

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos estableció áreas protegidas de no minería en la Zona Clarion-Clipperton, que según Smith ayudarán a mantener la biodiversidad en la región. Sin embargo, le preocupa lo que sucedería si a las 17 empresas con permisos para explorar en la zona se les permitiera minar a la vez, con el ruido viajando largas distancias y llegando a los peces y las ballenas migratorias.

Más de mil científicos marinos de más de 70 países también han firmado una declaración en la que piden una pausa preventiva en las actividades relacionadas con la minería en aguas profundas hasta que una investigación independiente demuestre que la industria puede operar sin causar daños graves o irreversibles a los ecosistemas oceánicos.

Jurisdicción en aguas internacionales

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM o ISA, por sus siglas en inglés) es una organización internacional autónoma con sede en Kingston, Jamaica, establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS o CNUDM) acuerdo de 1994. Su función principal es organizar, controlar y gestionar la exploración y explotación de recursos minerales en los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional (la Zona) para el beneficio de la humanidad, garantizando la protección del medio marino.

Esto significa que la ISA no organiza, regula ni controla las instalaciones o actividades terrestres que se encuentran bajo la jurisdicción de sus respectivos países. La ISA está financiada y gobernada por 171 miembros.

Protección ambiental

La AIFM o ISA tiene el mandato de asegurar que las actividades mineras no causen efectos nocivos en el medio marino, aplicando principios de derecho ambiental internacional.

El titular de la Embajada de México en Jamaica, Roberto Canseco Martínez, es además, representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), organización con sede en Kingston, Jamaica, a través de la cual los estados parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar organizan y controlan las actividades en el área (zonas más allá de las jurisdicciones nacionales) con el objeto de administrar los recursos en el fondo del mar que en ella se encuentran. También el Estado mexicano es miembro fundador de la Organización Marítima Internacional (OMI), órgano especializado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación, así como de prevenir la contaminación del mar por los buques.

México fue uno de los tres primeros países en ratificar la citada Convención en 1983; mientras que el Acuerdo sobre la Implementación de la Parte XI de la Convención fue ratificado hasta 2003. Nuestro país participa activamente en las sesiones anuales de la Autoridad y en la actualidad forma parte del Consejo de la AIFM.

La representación permanente de México logró su elección a la Presidencia del Consejo de la AIFM para el periodo de marzo 2023 a marzo de 2024. Asimismo, la Representación participó de forma destacada en las tres partes de la vigésima octava sesión previstas para 2023 en Kingston, Jamaica. El principal objetivo de las sesiones del Consejo fue dar continuidad a las negociaciones del Código de Explotación de la Minería de los Fondos Marinos bajo el principio de beneficio para la humanidad y los altos estándares de protección del medio marino.

Bajo la Presidencia de México en el Consejo de la AIFM, se logró el establecimiento de una nueva hoja de ruta 2023-2024 en las negociaciones del Código Minero y la aceptación de su propuesta de establecer un texto consolidado del borrador de dichas regulaciones.

Asimismo, es importante tener en cuenta el entramado normativo que regula sobre el fondo marino en México que se fundamenta en: la Ley Federal del Mar, que define la soberanía nacional sobre la plataforma continental y zonas económicas, junto con la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la protección de recursos minerales por parte de la Ley de Minería, con un enfoque creciente en la conservación y prohibición de actividades mineras en zonas protegidas.

Territorio marítimo mexicano

“Hay minerales que están esparcidos desde las islas Revillagigedo hasta la zona Clarion-Clipperton, casi llegando a Hawái; se les llaman nódulos polimetálicos y, según estudios de algunos científicos, si tuviéramos la tecnología para explotar ese mineral el país tendría recursos como para unos 400 años” así lo señala el vicealmirante Javier Torres Claudio, jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, y el contralmirante Javier Mendoza Rosales, director general adjunto de Enlace, Implantación, Ordenamientos, Accidentes y Siniestros Marítimos, en entrevista con el periódico La Jornada.

Las riquezas marítimas de México se componen, entre muchos otros elementos, de un mar territorial de 2.9 millones de kilómetros cuadrados, y las islas permiten que nuestro país extienda su mar patrimonial, pues éste no sólo se determina a partir de los litorales continentales, sino también de los insulares, como sucede con el archipiélago de Revillagigedo, localizado en el océano Pacífico.

Los representantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) han señalado en varias entrevistas que es necesario tener en cuenta la relevancia de los intereses marítimos nacionales en la economía de México; la importancia que tienen estos componentes para el crecimiento nacional a través de infraestructura portuaria, el fortalecimiento del poder naval y una gestión sostenible de los recursos marinos.

Los nódulos polimetálicos se encuentran en todos los océanos del mundo, pero los de mayor interés económico están entre las fracturas de zona Clarión y Clipperton, dentro de nuestra zona económica exclusiva; es decir, el total de millas náuticas que corresponden a nuestro país como parte de su territorio. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, estima que son sumamente abundantes en áreas frente a la costa oeste de México en el Pacífico, conocida como la zona de fractura zona Clarion-Clipperton.

México cuenta con una amplia gama de recursos y ecosistemas marinos, lo coloca en el décimo segundo país mejor dotado del mundo de superficie y riqueza marina.

Su mar territorial ocupa una franja 2.9 millones de kilómetros cuadrados. Del litoral continental 68 por ciento corresponde a las costas e islas del océano Pacífico y del Golfo de California y 32 por ciento a las costas, islas y cayos del Golfo de México y del Mar Caribe. Además, la zona marítima cuenta con 500 mil kilómetros cuadrados (km2) de plataforma continental, con 16 mil km2 de superficie estuarina y con más de 12 mil km2 de lagunas costeras.

Esta zona marina y costera proporciona al país una amplia riqueza, con una amplia gama de biodiversidad de más de 300 especies de medusas, corales y anémonas; más de 4 mil especies de moluscos como pulpos, caracoles y almejas; más de 5 mil especies de crustáceos como los camarones, cangrejos, jaibas y langostas. Alrededor de 2 mil 500 especies de peces, tiburones y rayas; más de 50 especies de mamíferos marinos y más de once especies de tortugas y cocodrilos.

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) se extiende hasta 200 millas náuticas, 370.4 km desde la línea base. México tiene derechos de soberanía para la preservación, exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho, subsuelo y aguas suprayacentes.

Geopolítica y minerales críticos

En seguida, se presentará el cuadro de cotización internacional por la Bolsa de Metales de Londres LME y por Trading Economics respectivo a los metales críticos que componen los nódulos polimetálicos:

En México existe un listado oficial del Servicio Geológico Mexicano que expone el panorama minero estatal supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mediante una estadística ambiental arrojando un escenario general de las concesiones mineral en el lecho terrestre, en donde se pueden identificar la explotación de tierras raras, componentes minerales de los nódulos polimetálicos.

Actualmente aproximadamente 32 yacimientos terrestres extraen tierras raras: 2 minas extraen cobalto; una en Sinaloa y otra en Baja California, ambas sin datos exactos de extracción; 2 minas extraen manganeso, una en San Luis Potosí con 4 mil toneladas por día, y otra en Hidalgo, que extrae mil 700 toneladas de manganeso por día y 28 minas que extraen cobre; en todo el país.

La administración Trump, presidente actual de los Estados Unidos de América (EUA), ha impulsado agresivamente la explotación de nódulos polimetálicos en aguas profundas mediante la orden ejecutiva 14285 12, decretada en abril de 2025, con la que pretende asegurar minerales críticos para el desarrollo de tecnología y defensa, con el objetivo de reducir gradualmente la dependencia hacía China, esta estrategia busca acelerar precipitadamente permisos en la plataforma continental y aguas internacionales, con un impacto económico estimado de 300 mil millones de dólares en diez años.

Esta “orden ejecutiva” puesta en marcha unilateralmente decreta la liberación de minerales y recursos críticos de EUA en altamar y faculta a esa nación a operar sin esperar acuerdos internacionales.

La administración Trump está impulsando la apertura de las aguas federales que rodean Samoa americana a la minería submarina, a pesar de la amplia oposición de los líderes y defensores del medio ambiente del territorio estadounidense.

En febrero de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) comenzó a cartografiar más de 30 mil millas náuticas cuadradas del lecho marino del territorio, inspeccionando el fondo marino en busca de depósitos de manganeso, níquel, cobalto y cobre que se encuentran en formaciones rocosas del tamaño de una papa, llamados los nódulos polimetálicos.

La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) del Departamento del Interior está impulsando el proceso federal de arrendamiento que eventualmente podría permitir a las empresas privadas explotar esos depósitos minerales.

Conjuntamente, las dos agencias federales contribuyen efectivamente a llevar a cabo la orden ejecutiva del presidente Trump de 2025: “ Unleashing America’s Offshore Critical Minerals and Resources” (Liberando los minerales y recursos críticos marinos de Estados Unidos). Mandato que ordena a los funcionarios identificar y acelerar el acceso a los minerales del lecho marino, extrapolando la frenética obsesión por reconocer que estos minerales son vitales para la seguridad nacional de EUA y su prosperidad energética y económica.

En los últimos meses, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) ha manifestado interés en otorgar concesiones para la extracción de minerales del lecho marino en varias zonas marítimas, incluidas aguas cercanas a otros territorios estadounidenses del Pacífico, como la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y Guam. También se están evaluando zonas frente a las costas de Alaska y Virginia.

Los riesgos ambientales que plantea la industria y por la rapidez con la que la administración Trump está allanando el camino para una industria que aún no ha operado a gran escala en ningún otro lugar del mundo.

Desde que la empresa presentó su solicitud, BOEM ha iniciado un proceso de seis pasos para la adjudicación de concesiones mineras en aguas profundas en territorio estadounidense.

El desarrollo de un suministro nacional de minerales críticos estipula, fortalecerá las cadenas de suministro estadounidenses, reforzará la seguridad económica y nacional, y reducirá la dependencia de China y otros países para obtener materiales disponibles en el país, vitales para las tecnologías energéticas, la manufactura avanzada y los sistemas de defensa, declaró un portavoz de la BOEM.

Actualmente EUA ha iniciado el acoso progresivo para extraer minerales críticos bajo este régimen obsesivo, acelerando la explotación en aguas de Samoa americana, pueblo que ha manifestado que se trata del futuro de las comunidades que dependen del océano, ubicado al suroeste de Hawái, isla propiedad de EUA. Para el imperialismo es como un billete de lotería. Podrían ganar muchísimo dinero, dijo Suluai-Mahuka “Pero para nosotros, es una apuesta por nuestro sustento”.

Con el sentido de darle conducción a este orden de ideas, la protección y reconocimiento de los nódulos polimetálicos en el marco de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizaría un recurso marítimo fundamental de interés nacional con carácter de elemento de dominio exclusivo de la nación, fortalecería el progreso gradual de la soberanía energética del país en materia de áreas y empresas estratégicas y robustecería la protección y preservación de nuestro entorno natural marítimo.

En apego a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de este honorable Congreso de la Unión, el siguiente cuadro comparativo:

Decreto mediante el cual se reforma el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autodeterminación y soberanía energética

Artículo Único. Se reforma el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autodeterminación y soberanía energética, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

...

...

...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos , litio y nódulos polimetálicos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional en los términos del artículo 28 de esta Constitución, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

...

...

...

Artículo 28. ...

...

...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio , nódulos polimetálicos y generación de energía nuclear; el servicio de Internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que realicen las empresas públicas del Estado y las que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán 60 días para adecuar sus legislaciones a la entrada en vigor del presente decreto .

Tercero. El Gobierno federal, en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, presentará una Estrategia Nacional para la Industria de los Nódulos Polimetálicos, elaborada en consulta y coordinación con instituciones científicas, tecnológicas, académicas, protección del medio ambiente, y de la sociedad civil, con la finalidad de establecer los objetivos, planes y proyectos nacionales para la protección, exploración, extracción, y comercialización de los nódulos polimetálicos en el marco de las políticas de transición energética.

Cuarto. Háganse las adecuaciones correspondientes en leyes secundarias.

Notas

1 Política Nacional Marítima. Diario Oficial de la Federación, 2024

2 Zonas Marítimas Mexicanas

3 https://sprinforma.mx/ver/nacionales/se-concesiono-60-del-territorio-nacional-a -mineras-durante-el-periodo-neoliberal-lopez-obrador

4 https://www.academia.edu/37198410/Managing_mining_of_the_ deep_seabed

5 https://seabedminingsciencestatement.org/

6 La Zona, representa aproximadamente el 54% de la superficie de los océanos, se considera patrimonio común de la humanidad.

7 noviembre de 2025

8 https://www.jornada.com.mx/2025/05/26/politica/016n1pol

9 https://www.lme.com/metals/ev/lme-cobalt#Overview

10 https://es.tradingeconomics.com/commodity/manganese

11 https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/compendio_2020/dgeiawf. semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServletf21b.html

12 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-off shore-critical-minerals-and-resources/

13 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-off shore-critical-minerals-and-resources/

14 https://insideclimatenews.org/news/11032026/trump-noaa-american-samoa-deep-sea- mining/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputado: María Magdalena Rosales Cruz, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Karina Isabel Martínez Montaño, Rosa María Castro Salinas, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Julieta Villalpando Riquelme (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados pertenecientes a esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa por la que se reforma el tercero, cuarto y quinto párrafo de la fracción I del artículo 151 y el párrafo segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adicionan un inciso k) a la fracción I al artículo 2-A; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud es un derecho inclusivo, que abarca no solo los cuidados sanitarios oportunos y apropiados, sino también los factores subyacentes que determinan el estado de salud, tales como:

• El suministro adecuado de alimentos aptos para el consumo, una nutrición adecuada y una vivienda adecuada;

• El acceso al agua segura y potable y a instalaciones sanitarias adecuadas;

• Un entorno laboral y ambiental saludable; y

• El acceso a la educación y la información relativas a la salud, comprendida la salud sexual y reproductiva.

El derecho a la salud comprende tanto libertades como derechos. Entre los derechos figuran el derecho a un sistema de protección sanitaria (por ejemplo, de cuidados de la salud y los factores subyacentes que la determinan) que proporcione a las personas las mismas oportunidades de alcanzar el nivel más alto posible de salud.

No obstante, los países miembros del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, incluido México, con la coordinación de la Secretaría Técnica y el apoyo de los países observadores y de los representantes del mecanismo de coordinación regional para América Latina y el Caribe de los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, han definido un conjunto priorizado de indicadores para hacer seguimiento de la Agenda 2030 en la región.

Impulsan el objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, que es todo el tema relacionado con la salud pública.

Por lo anterior, la ONU, menciona que la salud es un derecho universal y México es un Estado miembro de la ONU, en la práctica México sufre muchas carencias en tema de salud, con la falta de medicamentos, médicos, rehabilitaciones, aparatos que ayudan a los pacientes en su salud, trasplantes entre otras cosas.

El sistema de salud en México atraviesa un periodo de transformaciones y retos. Con la implementación de nuevos modelos de atención, la reorganización de instituciones y los desafíos pospandemia, el acceso a servicios médicos de calidad sigue siendo una preocupación central. Aunque se han realizado esfuerzos para ampliar la cobertura y garantizar el suministro de medicamentos, persisten barreras en infraestructura, financiamiento y distribución de recursos, afectando la atención a millones de ciudadanos.

Actualmente, el sistema mexicano opera bajo tres esquemas principales: seguros sociales, servicios de salud para no asegurados y el sector privado. Sin embargo, la falta de coordinación entre ellos ha generado inequidades en la atención, con diferencias notables en la calidad y en los tiempos de espera.

Por ende, los usuarios o pacientes del sector salud público como privado enfrentan otro problema en su salud: el pago de impuestos. Si bien es cierto que la Ley de Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado consideran algunas deducciones en cuestiones médicas, no todas incluyen.

Para tener claro que es el Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Deducciones, expongo las definiciones siguientes:

El ISR: es el impuesto que grava los ingresos generados (o rentas), tanto de las personas físicas como de las morales. Las primeras se refieren a los sueldos, salarios u honorarios que perciben los individuos como remuneración por su trabajo. Las últimas se refieren a empresas que producen y obtienen ganancias por la venta de productos o servicios finales o intermedios.

En pocas palabras los doctores, enfermeras terapeutas y toda persona cobra honorarios por su servicio el cual se deduce cada año en las declaraciones ante el SAT.

El IVA: Se trata de un impuesto indirecto, en virtud de que los contribuyentes del mismo no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a una tercera persona, hasta llegar al consumidor final.

Las deducciones personales: Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual, por ejemplo, consultas médicas, colegiaturas, seguros, entre otros.

Para dar un ejemplo de la vida real expongo el caso de un paciente que estaba en la primera etapa de pulmonía. Acudió al neumólogo y le recetó diferentes medicamentos caros que en su totalidad para su tratamiento ascendían a un valor de 15 mil pesos, más costo de oxigenación o renta de este o un concentrador, rehabilitación con un chaleco percutor con una fisioterapeuta, la paciente no contaba con ningún seguro de gastos médicos y ni seguro social lo tuvo que cubrir de su patrimonio propio. Estos costos tenían IVA o ISR, resultando un costo de veinte mil pesos por su recuperación. Es injusto que el sector salud no pueda dar esos insumos y los pacientes tengan que buscar los medicamentos y tratamientos en el sector privado y aparte pagar impuestos.

Es imperante que las y los mexicanos sean apoyados y el gobierno empática con las dificultades de salud pública en el país; el sufrimiento de un familiar enfermo y la angustia de pagar cuentas exorbitantes y con ello el IVA e ISR impactan a la economía de los mexicanos.

Tomando en cuenta que, si realizan su declaración anual, se les pueda dar su devolución de impuestos de estos gastos, pero como es de conocimiento público, estas devoluciones no son seguras y existe una amplia posibilidad de que se pierda ese dinero, como se ha ido dando las devoluciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por alguna inconsistencia que este organismo considere, desalentando al contribuyente a insistir por la devolución de impuestos.

Es por lo anterior que esta iniciativa tiene como objeto brindar un apoyo económico a las familias mexicanas y los pacientes que sufren enfermedades y cuyos tratamientos son costosos, que estos y cualquier persona física estén sean deducibles en automático el pago de IVA o ISR efectuados del Impuesto Sobre la Renta por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de equipos de fisioterapia, dispositivos de rehabilitación, tecnología de rehabilitación o medios técnicos de terapia física, muebles médicos, dispositivos de administración o accesorios, aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente.

Para mayor claridad a la propuesta de la iniciativa que presento, inserto cuadro comparativo con el texto vigente y la propuesta. Se reforma el párrafo tercero, cuarto y quinto párrafo de la fracción I del artículo 151 y el párrafo segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adiciona la fracción k) al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Es prioritario establecer una economía eficiente y moderna, equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios, para tener una economía humanista y social.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el tercero, cuarto y quinto párrafo de la fracción I del artículo 151 y el párrafo segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adicionan un inciso k) a la fracción I, al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Primero. Se reforma el tercero, cuarto y quinto párrafo de la fracción I de la fracción I del artículo 151 y el párrafo segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de 8 las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I...

...

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles en automático y sin contratiempos los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de equipos de fisioterapia, dispositivos de rehabilitación, tecnología de rehabilitación o medios técnicos de terapia física, muebles médicos, Dispositivos de administración o accesorios aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente que mejoren la comodidad, movilidad, la autonomía o las condiciones de vida de las personas, personas adultas mayores, personas con discapacidad o grupos vulnerables y dependientes del contribuyente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas y privados acreditados por las autoridades competentes conforme a esta última Ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo.

En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o de discapacidad, la deducción solo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad sea igual o mayor al 20% de la capacidad normal.

...

...

...

II. a VIII. ...

Segundo. Se adicionan un inciso k) a la fracción I al artículo 2-A; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A. ...

I. ...

a) a j) ...

k). Los dispositivos médicos esenciales para uso humano, enlistados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, entre los que podrán incluirse, de manera enunciativa y no limitativa.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes en un plazo no mayor a 90 días naturales a la publicación del presente decreto y deberá prever los ajustes de ingresos y gastos que representa la modificación, en el paquete económico del ejercicio fiscal siguiente al de su aprobación.

Tercero. Los dispositivos médicos esenciales entre los que podrán incluirse, de manera enunciativa y no limitativa: tiras y medidores de glucosa, lancetas, nebulizadores, inhaladores, cámaras espaciadoras, sillas de ruedas, prótesis, órtesis, equipos de presión arterial, termómetros clínicos y materiales de curación estandarizados.

Notas

1 Naciones Unidas, 2022, derechos humanos Definición del derecho a la salud física y mental, consultado en la página web:

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-health/about-righ t-health-and-human-rights

2 México destaca, 2025, Sistema de salud en México: fragmentación, gasto de bolsillo y urgencia de integración, consultado en la página web:

https://consultorsalud.com.mx/sistema-de-salud-en-mexico-gasto-d e-bolsillo/

3 Servicio de Administración Tributaria SAT, 2026, consultada en la página web:

https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeduccionesPersonales/index.htm l

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2026.– Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados, pertenecientes a esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa por el que se reforma el artículo 19, fracciones I y II de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar en los términos siguientes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El medio ambiente es un derecho universal para el ser humano; esto está establecido en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por lo cual.

Por primera vez en su historia, las Naciones Unidas han reconocido que todas las personas, en todas partes, tienen derecho a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible. Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de 2021 (A/HRC/RES/48/13) y de la Asamblea General de 2022 (A/RES/76/300) añaden este derecho humano fundamental al conjunto de derechos reconocidos internacionalmente. Ahora que la humanidad se enfrenta a una crisis planetaria sin precedentes, esperamos sinceramente que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible sirva de catalizador para cambios sistémicos y transformadores que permitan construir un futuro justo y sostenible en armonía con la naturaleza.

Lo anterior reafirma que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí; asimismo, resalta la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para el disfrute de todas las personas. México, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se sujeta a las resoluciones emitidas por esta organización, que son referentes para hacer adecuaciones en nuestra legislación con la finalidad de seguir con la misma línea internacional.

En México, el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar se instituyó en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en 1999, estableciendo que:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, Por definición, el ambiente es nuestro entorno; nuestra vida y su calidad depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies, por ello debemos tomar las medidas necesarias para protegerlo.

En este orden de ideas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 3o., fracción I, define al ambiente como:

“El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”

El 28 de junio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 4o. y 25, el primero para establecer el derecho a un medio ambiente adecuado y el segundo para incorporar al Sistema Nacional de Planeación Democrática el principio del desarrollo integral y sustentable.

A fin de garantizar el derecho fundamental de gozar de un medio ambiente sano, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), promueve estrategias enfocadas al acceso, uso y manejo sustentable de los recursos naturales, que reduzcan el deterioro ambiental y los efectos del cambio climático.

El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida, que requiere el involucramiento y apoyo de la ciudadanía. Solo participando activamente podemos hacer que se nos garantice ese derecho.

Corresponde a los gobiernos municipales, en su ámbito de competencia, impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho fundamental para sus habitantes. Primeramente, al desempeñar sus facultades constitucionales con un enfoque de sustentabilidad en la prestación de los servicios públicos y otras materias que les corresponden. También, mediante la generación de una cultura de conciencia, responsabilidad y solidaridad en la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

Todas las personas tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar; por tanto, corresponde a todos, ciudadanía y gobiernos, proteger el medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales.

Lo anterior, el medio ambiente ha sido dañado por el ser humano; empresas de gran calado son el mayor motor contaminante en México. Aunque se han realizado numerosas reformas y adecuaciones, así como normas mexicanas, esto no es suficiente para contener la gran contaminación que genera al medio ambiente mexicano. Grandes catástrofes que causaron desastres naturales en los últimos años en México son:

En Durango, la mina Proyecto Magistral, que derramó dos mil metros cúbicos de agua cianurada al arroyo de la Cruz en el municipio del Oro.

En Jalisco, 3 millones de peces muertos en la laguna de Cajatitla, por descargas de agua residuales municipales y el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento.

En Veracruz, se derramaron más de 300 mil litros de gasolina en el arroyo hondo por una supuesta toma de gasolina clandestina; en Nuevo León, se derramaron hidrocarburos en el río San Juan, en la presa El Cuchillo, la cual provee una parte importante de agua potable que se consume en Monterrey, la causa fue una supuesta toma clandestina.

En Sinaloa, amanecieron miles de peces muertos en Mazatlán, la causa son las descargas de aguas residuales del municipio y el mal funcionamiento de la planta tratadora de agua.

En Sonora, se considera el peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país, al menos 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico derramados en los ríos Sonora y Bacanuchi (hay fuentes que aseguran que fueron hasta 240 mil), consecuencia de la mala operación de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

En Cancún, Quintana Roo, la extracción de piedra caliza provocó la deforestación del 80 por ciento de los predios, alterando el manto freático y destruyendo suelo cárstico en una extensión equivalente a más de 1,835 pirámides de Kukulkán.

En Veracruz y Campeche el derrame de hidrocarburos afectó ríos y manantiales en Álamo Temapache, dañando el suministro para consumo humano y riego agrícola.

Es por lo antes mencionado y como diputado federal del estado de Hidalgo, he tenido diferentes solicitudes de la ciudadanía en materia de medio ambiente que se resuelva el daño al medio ambiente en el estado de Hidalgo, durante décadas, el Valle del Mezquital ha sufrido un alto impacto ecológico con la instalación de 140 empresas, particularmente cementeras, la refinería Miguel Hidalgo, una planta hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, así como la desembocadura de los ríos Tula y Salado a la presa Endhó, que almacena toneladas de desechos del Distrito Federal y del valle de México.

Asimismo, la Red Regional de Organizaciones y Ciudadanos del Suroeste del Valle del Mezquital, donde confluyen agrupaciones civiles, sociales y pobladores de la región, considera que el mayor daño ambiental radica en ocho municipios: Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tepetitlán, Tlahuelilpan, Taxcoapan, Tepeji del Río y Apaxco, con más de 60 mil habitantes.

En un informe emitido por el Gobierno Federal, resalta que, por lo anterior, en 2011 la polución en la zona se agudizó con el incremento en la emisión de miles de toneladas anuales de bióxido de carbono, entre otros contaminantes.

Dicho estudio, da cuenta de los daños causados en materia de contaminación del aire en la zona Tepeji-Tula-Apaxco, que en 1995 fue considerada por la Organización de las Naciones Unidas como la región más contaminada del mundo: “Cada año se producen un millón 170 toneladas de emisiones contaminantes al aire, originadas en procesos de combustión, 89 por ciento en fuentes fijas (actividades industriales) y el resto en fuentes móviles (10 por ciento en vehículos automotores con consumo de gasolina y 0.75 por ciento con consumo de diésel).

“Las emisiones totales de contaminantes al aire, suelo y drenaje de la industria ascienden a 892 mil 532 toneladas al año.”

Por lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevaron a cabo 65 inspecciones en establecimientos de diversos sectores instalados en la parte alta del río Tula, abarcando municipios en Hidalgo como Jilotepec, Soyaniquilpan, Tula de Allende, Tepeji del Río y Atitalaquia, así como localidades del Estado de México, entre ellas Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tultitlán, Tepotzotlán y Teoloyucan.

De estas visitas, en 26 se identificaron irregularidades que actualmente están en vías de solución. Además, 16 empresas recibieron multas por un total de 33.1 millones de pesos, cantidad que podrá destinarse a proyectos en favor de la cuenca, en caso de que los sancionados opten por acciones ambientales sustitutivas, aunque son multadas siguen contaminado.

El espíritu de esta propuesta es Incrementar las sanciones económicas del artículo 19 de la LFRA endurece la política punitiva del Estado. Este cambio garantiza que las multas sirvan como un castigo financiero efectivo y disuasorio, con el objetivo de inhibir conductas ilícitas, ya que estas sanciones son adicionales a la obligación de reparar o compensar el daño.

La fracción I es para personas físicas, por lo que implica duplicar la carga económica máxima que un particular (persona física) puede enfrentar por daños ecológicos graves. Las personas físicas con mayor capacidad económica, como empresarios o prestadores de servicios que dañen el ambiente, enfrentarán multas mucho más severas, reflejando el principio de “el que contamina, paga” a una escala más estricta. Sin embargo, para cualquier ciudadano que dañe el ambiente puede ser demasiado, ya que la multa máxima se duplica, superando los 11.7 millones de pesos.

En el caso de la fracción II que es para personas morales, afecta a empresas, corporaciones u organizaciones. Las multas alcanzan niveles con un impacto financiero crítico, toda vez que el techo de sanción para empresas aumenta un 50 por ciento, para situarse en un tope de 105.5 millones de pesos.

Es así que, si bien l os montos recaudados por estas multas se destinan prioritariamente a la reparación del daño ecológico y a la gestión ambiental, debe haber una proporcionalidad. El juez debe evaluar la gravedad del daño, la capacidad económica del infractor y si existió intencionalidad o negligencia antes de fijar la multa exacta entre el rango mínimo y el nuevo máximo.

Para mayor claridad a la propuesta de la iniciativa que presento, inserto cuadro comparativo con el texto vigente y la propuesta ; se reforma el artículo 19, fracciones I y II de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 19, fracciones I y II de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar en los términos siguientes

Artículo Único. - Se reforma el artículo 19, fracciones I y II de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 19. La sanción económica prevista en la presente ley será accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. De quinientos a cien mil días de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De cinco mil a novecientos mil días de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos 2020, Relator Especial sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible, consultado en

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-environment.

2 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, última reforma 2026, artículo 4o. constitucional, Cámara de Diputados, consultado en la página

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2025, Cámara de Diputados, artículo 3, fracción I, consultado en la página Web:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA.pdf

4 Periódico La Jornada 2014, Castigan 140 empresas al Valle del Mezquital, consultado en la página web:

https://www.jornada.com.mx/2014/01/21/politica/003n1pol

5 Jaquelin Viedma 2025, Infobae, Multas por 33.1 millones de pesos a 16 empresas por contaminación en cuenca del río Tula, consultado en la pagina web:

https://www.infobae.com/mexico/2025/12/12/multas-por-331-millone s-a-16-empresas-por-contaminacion-en-cuenca-del-rio-tula/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2026.– Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados pertenecientes a esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa por la que se reforman las fracciones XIII, XIV, y XVI; y se adiciona la fracción XVII, recorriéndose la subsiguiente, todas del artículo 4, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En un país con más de 40 millones de personas jóvenes, garantizar su desarrollo pleno no es solo un imperativo ético: es una estrategia clave para el futuro de México. Las juventudes son hoy uno de los grupos poblacionales más diversos, dinámicos y estratégicos. Al mismo tiempo, enfrentan desigualdades estructurales que limitan su acceso a oportunidades y derechos, especialmente en contextos rurales, indígenas, afrodescendientes o marcados por pobreza y violencia.

México se encuentra en una etapa crítica de su dinámica demográfica, en la que la proporción de personas jóvenes comienza a disminuir mientras aumenta la población adulta mayor. Esta transición presenta una ventana de oportunidad que no se repetirá: invertir hoy en el desarrollo de las juventudes es clave para garantizar sostenibilidad social y económica en el mediano y largo plazo.

Es imperante que el gobierno federal realice ajustes en sus políticas públicas, ya que la juventud evoluciona a pasos agigantados, junto con la tecnología y otras necesidades que los rodean. En el 2020 a nuestros días, la juventud ha tenido impactos en su economía, en la salud mental y el medio ambiente.

Esta propuesta legislativa beneficiará a 30.4 millones de jóvenes de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI, primer trimestre del 2025.

En el cual pretende que, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, se desarrollen programas y cursos de orientación e información sobre:

- Salud mental,

- Una vida libre de violencias,

- Programas de apoyos para jóvenes emprendedores,

- Acceso a una vivienda digna, y

- Estimular la reinserción y permanencia del alumnado.

Es importante, como legislador, impulsar los temas antes enlistados, porque son preocupación de los jóvenes mexicanos. De acuerdo con el INEGI, menciona que la tasa de desocupación general de la población de 15 años y más se ubicó en 2.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que entre las personas jóvenes fue de 4.8 por ciento. La tasa de informalidad laboral alcanzó 54.3 por ciento de la población general, en tanto que para el grupo de 15 a 29 años fue de 58.8 por ciento.

Las personas de 15 años y más en México ascendían a 102.3 millones, de las cuales 60.5 millones pertenecían a la población económicamente activa.

(PEA). De esta población, 15.9 millones son jóvenes, que representaron 26.3 por ciento de la PEA; de ellas, 39.6 por ciento mujeres y 60.4 por ciento, hombres.

Los jóvenes mexicanos son una parte importante, para la economía del país por lo cual es imperante formar nuevos empleos y emprendimientos de negocios, con el fin de darles oportunidades laborales a este sector ya que el 46.3 por ciento de los jóvenes del país tiene la necesidad de trabajar para apoyar a la economía de sus familias.

De acuerdo con una investigación por el financiero la educación financiera, es una de las barreras en los jóvenes un patrón que se encontró en los encuestados fue la limitación en educación financiera, ya que en muchos casos emprenden a partir de aprendizajes empíricos, esto provoca que la toma de decisiones económicas sea improvisada.

Otra traba para los jóvenes es el emprendimiento, el desarrollar esquemas de acompañamiento que incluyan mentoría, redes de apoyo y fomentar el emprendimiento como otra alternativa de inserción económica en los jóvenes.

Habilidades para la vida: Brindar espacios de orientación enfocados en juventudes para desarrollar habilidades que ayuden a la toma de decisiones, gestión del tiempo, la resolución de problemas, tolerancia y resiliencia ante entornos laborales.

Es por lo antes mencionado que la creación de este tipo de reformas en la ley e impulsen la generación de apoyo y políticas públicas para los jóvenes, es urgente ya que la juventud no es el futuro, es el presente del país, la fuerza laboral que puede generar empleo, activar la economía y la sustantividad de la juventud en nuestro país.

Otra problemática que es urgente atender es la salud mental en la juventud. De acuerdo a la doctora Zeinab Hijazi, menciona que la salud mental ya no debe tratarse como un efecto secundario de la disrupción global; debe ser parte de cómo respondemos, nos recuperamos y reimaginamos nuestro futuro.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, 10 por ciento de las personas de 12 a 17 años presentaron malestar psicológico en los últimos 12 meses en México hasta 2025. Esto quería decir que 1.3 millones de personas adolescentes experimentaban incomodidad emocional, que se podía manifestar como ansiedad, estrés, insatisfacción o angustia, sin que necesariamente se cumplieran los criterios para un trastorno mental.

Bajo este concepto se incluían síntomas de depresión (como tristeza y desesperanza) y de ansiedad (nerviosismo e intranquilidad). Además, los síntomas podían ir acompañados de síntomas somáticos, como pérdida de energía o insomnio. Por otra parte, este malestar afectaba la funcionalidad y el bienestar general de los individuos.

Destacaba que el porcentaje de las personas de 12 a 17 años que presentaban malestar psicológico era mayor al de las personas de 18 a 65 años (10 por ciento y 7.8 por ciento, respectivamente). Además, entre las mujeres adolescentes se observaba una mayor proporción de población que experimentaba esta condición que entre los hombres de la misma edad (13.2 por ciento y 6.9 por ciento, respectivamente).

Es por lo antes mencionado, la importancia de desarrollar los mecanismos necesarios para que nuestra juventud tenga las herramientas suficientes para salir adelante en su desarrollo.

Para mayor claridad a la propuesta de la iniciativa que presento, inserto cuadro comparativo con el texto vigente y la propuesta ; se reforman fas fracciones XIII, XIV, y XVI; y se adiciona la fracción XVII, recorriéndose la subsiguiente, todas del artículo 4, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones XIII, XIV, Y XVI; y se adiciona la fracción XVII, recorriéndose la subsiguiente, todas del artículo 4, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Artículo Único. - Se reforman fas fracciones XIII, XIV, y XVI; y se adiciona la fracción XVII, recorriéndose la subsiguiente, todas del artículo 4, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

l. a XII ...

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual, salud mental y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de una vida libre de violencias y no discriminación, equidad de género, medio ambiente y sustentabilidad, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y acceso a una vivienda digna;

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas y estímulos, para fomentar y fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, estimular la reinserción y permanencia del alumnado, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de las y los estudiantes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;

XV. ...

XVI. Proponer a la Secretaría de Economía programas de apoyos para jóvenes emprendedores, impulsar el fomento de Puestos de Nueva Creación o existentes para los Jóvenes estudiantes y egresados del Nivel de Educación Superior e incentivar los patrones a contratarlos, y

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes, 2025, PNUD,

https://mexico.unfpa.org/es/publications/informe-de-desarrollo-h umano-de-las-juventudes

2 Lop Cit.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025 /EAP_Juventud.pdf

3 Andrea Sandoval, 2026, el Economista, El 46 por ciento de los jóvenes emprende por necesidad económica, no por oportunidad.

4 REDIM, 2025, salud mental de niñas, niños y adolescentes en México,

https://blog.derechosinfancia.org.mx/2026/01/28/salud-mental-de- ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-2025/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.– Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 45 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de prevención de la discriminación y exclusión por discapacidad psicosocial, a cargo del diputado José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Luis Hernández Pérez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 2 y un artículo 45 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de prevención de la discriminación y exclusión por discapacidad psicosocial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una prioridad fundamental del Estado mexicano, consagrada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Garantizar su bienestar, desarrollo integral y plena inclusión es una obligación que nos corresponde a todas y todos, sin excepción.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México habitan 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente 4.9 por ciento de la población total del país. Esta cifra da cuenta de una realidad que debe ser atendida con políticas públicas inclusivas, sensibles y transformadoras. La discapacidad no es un fenómeno único ni homogéneo: abarca diversas condiciones: motriz, sensorial, intelectual y psicosocial que, interactuando con barreras sociales, actitudinales y ambientales, limitan la participación plena de las personas en igualdad de condiciones.

La discapacidad psicosocial constituye una de las formas de discriminación y exclusión más profundas y menos reconocidas en nuestro marco normativo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a las “personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión.

A diferencia de otras discapacidades, la psicosocial no se limita a una condición médica; se construye y se agudiza a partir de las relaciones sociales, los prejuicios y la falta de comprensión de la sociedad.

Esta invisibilidad tiene consecuencias graves, especialmente para niñas, niños y adolescentes. Al no estar reconocida expresamente en la legislación, se perpetúan estereotipos que los etiquetan como “inestables”, “peligrosos” o “incapaces”, negándoles el ejercicio pleno de sus derechos: educación inclusiva, salud integral, protección y participación. La falta de reconocimiento legal refuerza el estigma y dificulta el acceso a apoyos, ajustes razonables y entornos protectores.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no contempla de manera expresa la discapacidad psicosocial en su glosario de definiciones, lo que genera un vacío jurídico que impide que las autoridades de los tres órdenes de gobierno diseñen e implementen políticas públicas específicas. Por el contrario, normativas como la norma oficial mexicana NOM-035-STPS-2018, relativa a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ya reconocen la relevancia de la salud mental y el bienestar emocional como elementos esenciales para el desarrollo de las personas, lo que evidencia la urgencia de actualizar también la legislación dirigida a la infancia y la adolescencia.

Es imperativo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes refleje esta realidad. Las niñas, niños y adolescentes que viven alguna condición de discapacidad psicosocial requieren una protección reforzada, pues son doblemente vulnerables: por su condición de edad y por la discriminación estructural que enfrentan. Reconocer esta condición en la ley es el primer paso para eliminar las barreras que les impiden crecer, desarrollarse y participar plenamente en la sociedad.

Es por ello que la presente iniciativa busca adicionar el artículo 45 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de obligar a las autoridades federales, estatales y municipales a adoptar medidas dirigidas a erradicar usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que perpetúen la discriminación contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial.

Adicionalmente, esta propuesta se alinea con los principios de la cuarta transformación: un gobierno cercano a la gente, que atiende a quienes han sido históricamente invisibilizados y marginados.

Cabe señalar que no se trata únicamente de un cambio de redacción, sino de un cambio de paradigma, es decir pasar de una visión asistencialista y estigmatizante a una basada en derechos humanos, donde la discapacidad psicosocial sea reconocida, respetada y acompañada con acciones concretas de inclusión. Entre los objetivos centrales de esta reforma se encuentran:

La inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial es una deuda de justicia social. No podemos seguir tolerando que millones de personas crezcan sin el reconocimiento legal y el apoyo que merecen. El Estado debe garantizar que cada niña, cada niño y cada adolescente pueda desarrollarse plenamente, sin importar su condición, y que la sociedad deje de verlos como “diferentes” y empiece a reconocerlos como sujetos de derechos, con todo su potencial y su valor intrínseco.

Por ello, esta iniciativa es un paso firme hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Reconocer la discapacidad psicosocial en la ley es abrir la puerta a un futuro donde nadie sea dejado atrás. Por el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, y por el futuro de México, pido a esta Honorable Asamblea su voto a favor del presente proyecto.

Por lo expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 2 y un artículo 45 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de prevención de la discriminación y exclusión por discapacidad psicosocial

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 2 y un artículo 45 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XIII. ...

.

XIV. a XXXIV. ...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. Las autoridades competentes contarán con un plazo de 120 días naturales para realizar las adecuaciones normativas, reglamentarias y administrativas que deriven del presente decreto.

Tercero. Los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para dar cumplimiento al presente decreto se sujetarán a las disposiciones de ejercicio presupuestal de cada orden de gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de septiembre de 2026.– Diputados y diputadas: José Luis Hernández Pérez, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Ruth Maricela Silva Andraca, Celia Esther Fonseca Galicia, Mayra Espino Suárez, Juan Armando Ruiz Hernández, María de Fátima García León, Dora Patricia Mercado Castro, Laura Irais Ballesteros Mancilla, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Luis Enrique Miranda Barrera, Gibrán Ramírez Reyes, Amancay González Franco (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Introducción

La presente iniciativa responde a una deuda histórica del Estado mexicano con las víctimas de violencia sexual. Su propósito fundamental es garantizar que el transcurso del tiempo no continúe operando como un mecanismo de impunidad para quienes han cometido conductas que lesionan gravemente la dignidad humana, la libertad sexual, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. La experiencia nacional e internacional demuestra que las víctimas de violencia sexual frecuentemente enfrentan obstáculos psicológicos, familiares, sociales e institucionales que retrasan la revelación de los hechos y la presentación de denuncias, provocando que en numerosos casos los plazos de prescripción concluyan antes de que puedan acceder efectivamente a la justicia.

Frente a esta realidad, la presente reforma tiene como objetivo general fortalecer el marco jurídico de protección de los derechos humanos mediante el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal y de las sanciones aplicables a los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual previstos en el Código Penal Federal, reconociendo la especial gravedad de estas conductas y los efectos permanentes que producen en la vida de las víctimas.

De manera específica, la iniciativa persigue los siguientes objetivos: primero, garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia sexual, eliminando barreras legales que favorecen la impunidad; segundo, fortalecer la protección reforzada que el Estado debe brindar a mujeres, niñas, niños y adolescentes, atendiendo al principio de interés superior de la niñez y a los estándares de igualdad sustantiva; tercero, armonizar la legislación penal federal con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, protección de víctimas y erradicación de la violencia de género; cuarto, reconocer las particularidades del trauma derivado de la violencia sexual y sus efectos sobre la capacidad de denuncia de las víctimas; quinto, contribuir a la prevención general de estos delitos mediante el fortalecimiento de los mecanismos de responsabilidad penal; y sexto, consolidar un modelo de justicia centrado en las víctimas, que privilegie la verdad, la reparación del daño y la no repetición.

Asimismo, la reforma busca enviar un mensaje claro e inequívoco de que la violencia sexual constituye una de las formas más graves de afectación a los derechos humanos y que, por tanto, el Estado mexicano no permitirá que el mero paso del tiempo extinga la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. La imprescriptibilidad propuesta no elimina las garantías del debido proceso ni modifica los estándares probatorios exigibles en materia penal; por el contrario, fortalece el equilibrio entre los derechos de las personas imputadas y los derechos de las víctimas, asegurando que estas últimas cuenten con una oportunidad real y efectiva para acceder a la justicia cuando se encuentren en condiciones de hacerlo.

En suma, la presente iniciativa pretende colocar a las víctimas en el centro de la acción legislativa, combatir los elevados niveles de impunidad que caracterizan a los delitos sexuales y avanzar en la construcción de un sistema de justicia más humano, sensible y congruente con los principios constitucionales y convencionales que rigen la protección de los derechos humanos en México.

2. Diagnóstico

I. Planteamiento del problema

La violencia sexual constituye una de las formas más graves de vulneración a la dignidad humana. Además de afectar la integridad física de las víctimas, genera consecuencias psicológicas, emocionales, familiares, económicas y sociales que pueden prolongarse durante décadas.

A diferencia de otros delitos, las agresiones sexuales presentan características particulares que dificultan la denuncia inmediata. Diversos estudios nacionales e internacionales han documentado que las víctimas suelen tardar años e incluso décadas en revelar los hechos debido al trauma psicológico, la culpa inducida, el miedo a represalias, la dependencia económica respecto del agresor, la presión familiar o comunitaria y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.

Esta realidad provoca una profunda contradicción entre el diseño jurídico de la prescripción y la experiencia real de las víctimas. Mientras la legislación establece plazos para perseguir penalmente los delitos, miles de personas no se encuentran en condiciones materiales, psicológicas o emocionales para denunciar dentro de dichos periodos.

Como consecuencia, la prescripción se convierte en una fuente de impunidad que impide el acceso efectivo a la justicia.

II. Diagnóstico de la violencia sexual y la impunidad en México

La violencia sexual constituye una de las expresiones más persistentes y subregistradas de violencia en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra de los delitos en México supera 90 por ciento, situación que se agrava en los delitos de carácter sexual debido a factores asociados al miedo, la vergüenza, la dependencia económica, la revictimización institucional y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ha documentado que una proporción significativa de mujeres mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Asimismo, los registros administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que los delitos de abuso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual y violación mantienen una tendencia sostenida de incidencia en todo el territorio nacional.

La problemática adquiere una dimensión particularmente grave cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Diversos estudios especializados han demostrado que las personas que sufrieron violencia sexual durante la infancia frecuentemente revelan los hechos años después de ocurridos, debido a mecanismos psicológicos de supervivencia, dependencia emocional respecto del agresor, temor a represalias o dificultades para comprender plenamente la naturaleza del abuso sufrido.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la violencia sexual durante la infancia genera consecuencias de largo plazo que pueden manifestarse durante la vida adulta mediante trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, dificultades para establecer relaciones interpersonales y afectaciones al desarrollo integral de la persona.

Esta realidad provoca que numerosas víctimas no se encuentren en condiciones psicológicas, emocionales o materiales para presentar una denuncia dentro de los plazos ordinarios de prescripción establecidos en la legislación penal. En consecuencia, la institución jurídica de la prescripción termina operando como un mecanismo que favorece la impunidad de conductas particularmente graves y lesivas para la dignidad humana.

La presente iniciativa busca corregir esta distorsión normativa, garantizando que el paso del tiempo no constituya un obstáculo absoluto para el acceso a la justicia de las víctimas de delitos sexuales.

II. La violencia sexual como problema estructural en México

La violencia sexual constituye una problemática estructural que afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

Diversas encuestas nacionales muestran que la cifra negra en delitos sexuales es una de las más elevadas del sistema penal mexicano. La mayoría de los hechos nunca son denunciados y, de los que llegan al conocimiento de las autoridades, sólo una fracción concluye con una sentencia condenatoria.

La persistencia de estos niveles de impunidad genera incentivos para la repetición de las conductas delictivas y debilita la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia.

Resulta especialmente preocupante el caso de las agresiones sexuales cometidas contra niñas, niños y adolescentes, quienes frecuentemente permanecen en relaciones de subordinación, dependencia o control respecto de sus agresores.

Numerosos estudios psicológicos han demostrado que las víctimas de violencia sexual durante la infancia suelen procesar plenamente la experiencia traumática años después de ocurridos los hechos, razón por la cual muchas denuncias se presentan en la edad adulta.

Sin embargo, para ese momento, en numerosos casos la acción penal ya ha prescrito.

IV. Obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, el artículo 4o. constitucional reconoce el interés superior de la niñez como principio rector de toda actuación estatal.

México es parte de diversos instrumentos internacionales que imponen obligaciones reforzadas de prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia sexual, entre ellos

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

• Convención sobre los Derechos del Niño.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que los Estados tienen el deber de remover los obstáculos normativos que impidan el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia sexual.

En casos de violencia sexual, las autoridades deben adoptar medidas especiales de protección que reconozcan las particularidades del fenómeno y eviten que las normas procesales operen como mecanismos de impunidad.

V. Justificación de la imprescriptibilidad

La prescripción responde tradicionalmente a criterios de seguridad jurídica. Sin embargo, en determinados supuestos el interés público en la persecución y sanción de ciertas conductas reviste tal importancia que justifica excepciones al régimen ordinario.

La legislación mexicana ya contempla figuras imprescriptibles respecto de conductas consideradas especialmente graves por afectar bienes jurídicos fundamentales.

Los delitos sexuales constituyen una categoría que amerita una protección reforzada debido a

1. La gravedad de los daños ocasionados.

2. Su elevada cifra negra.

3. Las barreras estructurales para denunciar.

4. El deber reforzado de protección de niñas, niños y adolescentes.

5. Los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

La imprescriptibilidad no elimina las garantías del debido proceso ni modifica los estándares probatorios exigibles en materia penal. Únicamente garantiza que el transcurso del tiempo no impida a las víctimas acceder a la justicia.

3. Propuesta

4. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 107 Bis. El término de prescripción de los delitos previstos en el Título Octavo del Libro Segundo de este Código cometidos en contra de una víctima persona menor de dieciocho años, comenzará a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad, con excepción de los delitos previstos en los artículos 199 Bis, 199 Quáter, 199 Quintus, 199 Septies, 199 Octies, 200, 201, 202, 203, 203 Bis, 204 y 209 Bis de este Código, que serán imprescriptibles.

En el caso de aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, correrá a partir del momento en que exista evidencia de la comisión de esos delitos ante el Ministerio Público.

En los casos de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que hubiesen sido cometidos en contra de una persona menor de dieciocho años de edad, se observarán las reglas para la prescripción de la acción penal contenidas en este capítulo, pero el inicio del cómputo de los plazos comenzará a partir del día en que la víctima cumpla la mayoría de edad, con excepción de los delitos previstos en los artículos 259Bis, 260, 261, 262 y 266 de este Código, que serán imprescriptibles.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables a los delitos cuya acción penal no haya prescrito al momento de su entrada en vigor.

Tercero. Las autoridades competentes deberán adecuar sus protocolos de investigación y atención a víctimas en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.– Diputadas: Xóchitl Teresa Arzola Vargas, Gabriela Valdepeñas González, Leide Avilés Domínguez, María Magdalena Rosales Cruz, Julieta Villalpando Riquelme (rúbricas).»