«Iniciativa que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exención del impuesto a personas físicas de menores ingresos, suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exención del impuesto a personas físicas de menores ingresos, al tenor de la siguiente:

El paquete económico del ejercicio fiscal 2014 enviado al Congreso de la Unión por el expresidente Enrique Peña Nieto, contenía cambios a diversas disposiciones fiscales, entre ellas, la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta. En ese momento se planteó el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a trabajadores y trabajadoras de acuerdo a su nivel de ingresos anuales, es decir, se estableció la progresividad en el cobro del ISR para personas físicas.

Además, se limitaron las deducciones de gasto, se redujeron las prestaciones sociales que las empresas otorgaban a sus trabajadores, se creó un régimen de declaración fiscal mucho más rígido e inflexible por el crecimiento de las fiscalizaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se impusieron impuestos a la venta de casa habitación, en la frontera se incrementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16 por ciento y se crearon nuevos impuestos al consumo de la gasolina.

En suma, el conjunto de modificaciones fiscales ha ejercido una presión adicional sobre el ingreso disponible de las y los trabajadores, reduciendo su capacidad de consumo y ahorro. A ello se sumó el fuerte episodio inflacionario de los últimos años, que alcanzó su punto más crítico en 2022, cuando la inflación anual llegó a 8.70 por ciento, uno de los niveles más elevados observados en México en más de dos décadas.

En ese orden de ideas, nuestro país se enfrenta a una nueva realidad económica, caracterizada por tres factores centrales: i) Un clima de lenta e insuficiente recuperación económica, que conlleva una pérdida de competitividad frente a los mercados globales; ii) Una inflación real y subyacente que es superior a la tasa anual objetivo aprobada durante los dos últimos sexenios; y iii) Un clima de incertidumbre jurídica que inhibe la inversión, el crecimiento y la generación de empleos formales.

En esta coyuntura, desde 2019 la economía mexicana ha atravesado por un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), una recuperación lenta y desorganizada de la economía, como consecuencia de una inflación acelerada que afecta de forma significativa la capacidad de las personas físicas de mantener su nivel de ingresos real y su gasto. Asimismo, con la aprobación del paquete económico 2022, y en particular de la miscelánea fiscal, se creó un nuevo régimen para personas físicas con el que se sustituyó el Régimen de Incorporación Fiscal, y se estableció el denominado “Régimen Simplificado de Confianza” (Resico).

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales o profesionales, u otorguen el uso o goce temporal de bienes, y cuyos ingresos no excedan de 3.5 millones de pesos anuales, pueden optar por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico). En este régimen, el impuesto se determina mediante tasas que van del 1.00 por ciento al 2.50 por ciento, dependiendo del monto de los ingresos efectivamente cobrados. Sin embargo, una de las particularidades de este régimen es la imposibilidad de realizar deducciones, como gastos personales, honorarios médicos, colegiaturas, gastos funerarios, entre otros.

A pesar de estas facilidades fiscales, este régimen ha transformado a las personas físicas en contribuyentes cautivos y de cuyos ingresos se busca mantener las arcas públicas. Esto es, indudablemente, un despropósito en cuanto que de ninguna manera se expanden significativamente los ingresos del gobierno federal, a la vez que se deteriora la capacidad económica de las personas, principalmente en situación de vulnerabilidad, desincentivando a la par la formalización de la economía.

En ese contexto, es claro que la única política viable para sostener la economía nacional y contener el impacto de la crisis económica, especialmente para los hogares más vulnerables, es la disminución de la carga tributaria sobre las personas que tienen menos recursos y estimular no solamente el mantenimiento del poder adquisitivo y facilitar el flujo comercial, sino también la defensa de las y los trabajadores.

Aunque pareciera que estas reformas fiscales han logrado incrementar la recaudación tributaria, lo han hecho a costa de sacrificar el ingreso disponible de los contribuyentes cautivos y de los pequeños y medianos comercios, mismos que enfrentan medidas fiscales que erosionan su capacidad económica, que dadas las circunstancias actuales es insostenible.

En 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que un trabajador formal con un ingreso bruto promedio de 9 mil 500 pesos mensuales pagaba 947 pesos de ISR, lo que equivalía a una tasa efectiva de 9.97 por ciento, considerando las deducciones y subsidios aplicables. De acuerdo con dicho análisis, México era el único de los países latinoamericanos evaluados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú) en aplicar una tasa efectiva de ISR distinta de cero a un trabajador con un nivel de ingreso comparable. Esta discusión está vigente: la OCDE ha documentado que distintos sistemas tributarios utilizan créditos, deducciones y otros mecanismos de alivio para reducir la carga fiscal efectiva sobre los ingresos laborales, particularmente en los hogares de menores y medianos ingresos.

El problema de una elevada carga tributaria sobre los ingresos de quienes menos tienen es que puede reducir su capacidad de consumo y limitar su poder adquisitivo. Si bien las tarifas del ISR contemplan un mecanismo de actualización, éste opera cuando la inflación acumulada desde su última actualización excede de 10 por ciento, por lo que no necesariamente se ajustan cada año al mismo ritmo que los precios o los salarios. Aplicando la tarifa mensual vigente del ISR, un trabajador con un ingreso equivalente a 1.25 veces el salario mínimo general vigente para la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG), pagaría aproximadamente $946.62 de impuesto, equivalente a una tasa efectiva de 7.89 por ciento, y dispondría de $11,053.38 después del ISR. Si dicho salario aumentara 3.12 por ciento, equivalente a la inflación anual registrada en julio de 2026, el ingreso bruto ascendería a aproximadamente $12,374.40; sin embargo, el ISR aumentaría a $987.35 y la tasa efectiva a 7.98 por ciento, dejando un ingreso disponible de $11,387.05. Dicho de otra manera, mientras el ingreso nominal aumentaría 3.12 por ciento, el ingreso después del impuesto sólo crecería 3.02 por ciento, lo que implica una disminución de su poder adquisitivo en términos reales.

Esta condición de ingreso, más la carga tributaria, más los efetos de la inflación es aún más relevante en relación con el costo de cubrir las necesidades básicas. En julio de 2026, el Inegi estimó el valor mensual de la canasta alimentaria en $2,545.72 por persona en el ámbito urbano y $1,894.69 en el rural. Así, para un trabajador que fuera el único perceptor de ingresos de un hogar de cuatro integrantes, únicamente la alimentación representaría alrededor de 92 por ciento de su ingreso disponible en el ámbito urbano, sin considerar otros gastos indispensables como vivienda, transporte, vestido, salud o educación.

Además, el Subsidio para el Empleo puede generar un efecto negativo cuando el ingreso del trabajador rebasa por poco el límite para recibirlo. En 2026, este beneficio se aplica a quienes perciben hasta $11,492.66 mensuales. Así, un trabajador con un ingreso como este tendría que pagar un ISR de $891.42 antes del subsidio; al aplicar un subsidio de $536.22, la retención de ISR se reduciría a $355.20. Sin embargo, si su ingreso rebasara ligeramente ese límite (por ejemplo, $11,500 mensuales) perdería el subsidio y tendría que cubrir aproximadamente $892.22 por pago de ISR. En este ejemplo, un aumento de apenas $7.34 en el ingreso bruto ocasionaría la pérdida total del subsidio y reduciría el ingreso del trabajador en más de $528 mensuales.

Este efecto no es casualidad: responde al mal diseño de la política fiscal en la materia. Es decir, un incremento marginal en el salario puede provocar, paradójicamente, una disminución temporal del ingreso disponible del trabajador.

Por ello, el propósito de la presente iniciativa es modificar los artículos 96 y 152 de la LISR con el fin de establecer que las personas físicas que perciban un salario mensual igual o inferior a 1.25 salarios mínimos estarán exentas del pago de ISR, monto que, como se mencionó de forma previa, ascendería a aproximadamente $12,374.40 pesos para la ZSMG, actualizado a la inflación anual para 2027.

La carga del ISR se encuentra concentrada en los hogares de mayores ingresos. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente a 2022, los hogares ubicados en los primeros 7 deciles de ingreso contribuyeron con 23.2 por ciento de la recaudación del ISR de asalariados, mientras que los 3 deciles de mayores ingresos concentraron 77 por ciento. Estos datos muestran que los trabajadores de menores y medianos ingresos también destinan una parte de sus ingresos al pago de este impuesto, lo que provoca que sus ingresos se reduzcan de forma importante.

En este sentido, reducir o eliminar la carga de ISR para las personas trabajadoras de menores ingresos sin duda implica una renuncia recaudatoria que debe ser considerada, pero también permitiría que una mayor proporción de sus ingresos permaneciera en los hogares para ser destinado a otros conceptos de gasto. El IMCO ha señalado que una reducción del ISR sobre los salarios más bajos puede incrementar el ingreso de los trabajadores y favorecer el consumo interno, lo que podría generar parcialmente mayores ingresos tributarios por concepto de IVA.

Asimismo, una menor carga tributaria sobre el trabajo formal puede ayudar a reducir los costos asociados a la formalidad. El propio IMCO ha identificado este tipo de diseño fiscal del ISR sobre los salarios como uno de los factores que puede generar incentivos hacia la informalidad, particularmente entre las personas de menores ingresos.

Este problema continúa vigente: en mayo de 2026, la tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 55.2 por ciento de la población ocupada. Por ello, disminuir la carga fiscal de las personas trabajadoras que perciben menores salarios es una medida complementaria para fortalecer los incentivos a la formalización laboral.

2025 y 2026 ha sido un año en el que las condiciones globales han cambiado la dinámica económica de forma radical, principalmente para los países que se encuentran en vías de desarrollo: para las economías que no logren adaptase, mantenerse a flote y enfrentar las condiciones adversas, esta situación constituye una sentencia irrevocable, mientras que las naciones que tomen las medidas necesarias de mitigación y aprovechen las ventajas comparativas que son propias de políticas correctas, es una gran oportunidad de emerger con mayor fortaleza y con una mejor posición frente al reacomodo global.

Desde esta perspectiva, aprobar la presente iniciativa significa apoyar a la economía de los contribuyentes y el mejoramiento del bienestar de las familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo Único. Se reforman los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo estarán obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes perciban 1.25 salarios mínimos generales correspondientes al área geográfica del contribuyente. Quien efectúe dicho pago deberá informar mensualmente a la autoridad fiscal el monto correspondiente.

...

(Cuadro de tarifa mensual)

...

...

...

...

...

...

Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a la Sección I el Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:

(Cuadro de tarifa anual)

No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se esté obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo. Las personas que hayan obtenido utilidades gravables que no superen el equivalente a doce meses de 1.25 salarios mínimos en el año, deberán enterar a la autoridad el monto total de dichas utilidades en su declaración anual.

...

 I. y II. ...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, actualizará de forma anual y con base en el índice inflacionario, las cuotas mensuales y anuales de Impuesto Sobre la Renta para personas físicas establecidas en el artículo 96 y 152 de la misma ley, las cuales se incluirán en la propuesta de miscelánea fiscal enviada al Congreso de la Unión en el paquete económico correspondiente.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público substanciará y resolverá los procedimientos presupuestarios a que da lugar el presente proyecto en términos de las disposiciones vigentes en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiente a la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente reforma.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.– Diputado José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al artículo 38 de la Ley de Aviación Civil, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico, a cargo del diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 38 de la Ley de Aviación Civil, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico, al tenor de la siguiente

El sector aeronáutico constituye un componente estratégico para el desarrollo económico, la conectividad nacional e internacional y la seguridad del transporte aéreo en México. Dentro de este sector, los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), desempeñan funciones esenciales no solo en la atención al usuario, sino principalmente en materia de seguridad operacional, evacuación de emergencia, gestión de contingencias médicas y protección de la vida de los pasajeros.

La actividad aeronáutica se caracteriza por condiciones operativas particulares que generan riesgos específicos para el personal técnico aeronáutico, especialmente para los tripulantes de cabina de pasajeros. Entre estos riesgos destacan la exposición a radiación cósmica a gran altitud, los cambios constantes de presión atmosférica, las alteraciones del ritmo circadiano derivadas de los vuelos de larga distancia y los cambios de huso horario, así como las exigencias físicas y psicológicas asociadas a la gestión de emergencias y a la responsabilidad directa sobre la seguridad de las personas pasajeras.

De acuerdo con la información estadística oficial basada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada a través de Data México de la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de 2026 se registraron aproximadamente 10,700 personas ocupadas como “azafatas y sobrecargos” (clasificación SINCO 5231) en México.

Esta cifra representa el universo nacional estimado de tripulantes de cabina, incluyendo tanto personal sindicalizado como no sindicalizado, ya que la ENOE mide ocupación laboral total y no distingue afiliación gremial.

En conjunto con los aproximadamente 29,500 pilotos de aviación registrados en la misma base estadística emitida por la Secretaría de Economía, el personal de vuelo civil en México se estima en alrededor de 40,000 trabajadores aeronáuticos.

No obstante, la actividad aeronáutica se desarrolla bajo condiciones operativas particulares que generan riesgos específicos, entre los que destacan:

• Exposición a radiación cósmica a gran altitud;

• Cambios constantes de presión atmosférica;

• Alteraciones del ritmo circadiano;

• Fatiga crónica;

• Exposición a ruido y vibraciones;

• Riesgos biológicos derivados del contacto internacional constante;

• Enfermedades trasmisibles;

• Exposición a patógenos poco comunes en México y reto diagnóstico en atención institucional.

En este contexto, también es importante señalar qué estudios internacionales sobre la salud de los sobrecargos, analizó a más de 5,300 tripulantes y encontró una mayor incidencia de cáncer de mama, melanoma y cáncer de piel. También se mencionan factores como radiación cósmica, cambios de horario y fatiga laboral.

Como referencia, podemos encontrar el meta-análisis internacional sobre melanoma en pilotos y tripulación, y tras la revisión de 19 estudios y más de 250,000 participantes, concluye que pilotos y sobrecargos presentan aproximadamente el doble de incidencia de melanoma que la población general.

Otros estudios epidemiológicos también han documentado una mayor incidencia de diversos tipos de cáncer en el personal de aviación, incluyendo melanoma, cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer de mama, lo que refuerza la necesidad de continuar investigando las condiciones laborales y ambientales que caracterizan a esta actividad profesional.

El sector aeronáutico involucra no solo a tripulantes de cabina, sino también a pilotos y personal en tierra (rampa, mantenimiento, carga, abastecimiento de combustible y operaciones aeroportuarias), quienes enfrentan riesgos ocupacionales específicos derivados de la naturaleza técnica y operativa del transporte aéreo.

La Occupational Safety and Health Administration (OSHA), identifica múltiples peligros en la industria aérea, que incluyen exposición a ruido, agentes químicos, riesgos ergonómicos, maquinaria pesada y enfermedades transmisibles.

Ahora bien, el personal técnico y operativo que desarrolla funciones en tierra dentro de plataformas aeroportuarias, hangares y demás áreas operativas, se encuentra sujeto de manera constante a condiciones físicas y ambientales que configuran riesgos específicos para su salud y seguridad laboral, derivados de la naturaleza propia de las operaciones aeronáuticas.

Entre dichos factores de riesgo destaca la exposición a niveles elevados de presión sonora, generados por la operación, rodaje y despegue de aeronaves, los cuales pueden superar los 120 decibeles. Esta situación constituye un riesgo relevante para la salud del personal, al incrementar la probabilidad de desarrollar afectaciones auditivas, particularmente hipoacusia inducida por ruido.

En este contexto, resulta indispensable reconocer estas condiciones como inherentes a la actividad aeronáutica y, en consecuencia, fortalecer las medidas de prevención, protección y vigilancia médica especializada, a fin de salvaguardar la integridad y salud del personal en tierra.

En México, la exposición ocupacional a ruido se regula mediante la NOM-011-STPS-2001, que establece límites máximos permisibles y obligaciones de protección auditiva.

OSHA reconoce la pérdida auditiva ocupacional como uno de los riesgos más frecuentes en trabajadores aeroportuarios.

El personal de rampa y mantenimiento puede estar expuesto a:

• Exposición a agentes químicos

• Combustible de aviación (Jet A-1)

• Solventes

• Fluidos hidráulicos

• Lubricantes

La exposición crónica a estos agentes puede provocar afectaciones respiratorias, dermatológicas y neurológicas.

La NOM-017-STPS-2024 establece la obligación de proporcionar equipo de protección personal adecuado frente a agentes físicos y químicos.

La manipulación manual de equipaje, carga y herramientas pesadas incrementa el riesgo de:

• Lumbalgia

• Hernias discales

• Lesiones de hombro

Trastornos musculoesqueléticos

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), ha documentado que la acumulación de horas de vuelo, los turnos nocturnos y las alteraciones circadianas incrementan la probabilidad de fatiga elevada en pilotos.

La fatiga se asocia con disminución del desempeño cognitivo, alteración en la toma de decisiones y aumento del riesgo de error humano.

• Exposición a radiación cósmica ionizante

• Riesgo oncológico y su relación con la ocupación de tripulaciones

• Factores psicosociales

Los pilotos y sobrecargos enfrentan:

• Alta responsabilidad operativa

• Presión por cumplimiento de itinerarios

• Evaluaciones médicas periódicas estrictas

En este orden de ideas, la presente iniciativa encuentra sustento en diversos principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 4o., 5o. y 123, los cuales establecen la obligación del Estado de proteger la salud, garantizar el ejercicio digno del trabajo y asegurar condiciones adecuadas de seguridad social para las personas trabajadoras.

En el caso del personal técnico aeronáutico, los riesgos derivados de numerosos factores requieren un enfoque médico especializado que actualmente no se encuentra plenamente incorporado al sistema institucional.

Adicionalmente, la seguridad operacional en la aviación civil constituye un interés público de alta relevancia para el Estado mexicano, al tratarse de una actividad que involucra la protección de la vida y la integridad de millones de pasajeros. En este contexto, la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico representa un elemento esencial para garantizar operaciones aéreas seguras.

Si bien la legislación vigente reconoce la necesidad de que el personal técnico aeronáutico cuente con aptitud psicofísica, no establece mecanismos institucionales suficientes para garantizar su evaluación, seguimiento y atención médica especializada.

En particular, la Ley de Aviación Civil exige aptitud psicofísica, pero no vincula esta obligación con servicios médicos especializados.

En el ámbito aeronáutico, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil en su artículo 85, reconoce que las y los sobrecargos desempeñan funciones directamente vinculadas a la seguridad operacional de la aeronave. Por tanto, su actividad profesional se encuentra sujeta a condiciones operativas específicas que generan exposición a riesgos diferenciados respecto de otras ocupaciones.

La OSHA es una agencia del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos creada para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables mediante el establecimiento y aplicación de estándares, así como acciones de capacitación, asistencia y difusión técnica. Su base normativa se encuentra en el Occupational Safety and Health Act de 1970, que faculta el esquema federal de estándares e inspección.

En términos de fuerza obligatoria, los criterios y estándares de OSHA son vinculantes dentro de la jurisdicción estadounidense para los centros de trabajo que resultan aplicables conforme a dicho marco legal. Para México, OSHA no constituye norma obligatoria ni reemplaza lo previsto las Normas Oficiales Mexicanas. Sin embargo, su valor en este documento es técnico: se emplea como referencia comparada sobre riesgos ocupacionales reconocidos y prácticas preventivas en una industria global, lo cual robustece la motivación del diagnóstico y la necesidad de vigilancia médica diferenciada, sin confundirlo con derecho positivo nacional.

A pesar de que la legislación mexicana reconoce la importancia de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico como requisito indispensable para el ejercicio de sus funciones, el sistema jurídico vigente no establece un modelo integral que articule dicha exigencia con mecanismos especializados de prevención, vigilancia médica y protección dentro del sistema de seguridad social.

En este sentido, la Ley de Aviación Civil, en su artículo 38, establece que el personal técnico aeronáutico deberá contar con la licencia correspondiente y reunir los requisitos de capacidad técnica y aptitud psicofísica que determine la autoridad aeronáutica. Sin embargo, esta obligación legal no se encuentra acompañada de disposiciones que garanticen la existencia de un sistema institucional de atención médica especializada en medicina aeronáutica dentro del sector público de salud.

La evidencia técnica y científica internacional ha demostrado que el personal aeronáutico está expuesto a riesgos ocupacionales diferenciados que requieren atención médica especializada.

Asimismo, los estándares internacionales en materia de aviación civil establecen la necesidad de contar con sistemas de evaluación médica bajo criterios de medicina aeronáutica.

Derivado de lo aquí mencionado, resulta necesario fortalecer el marco jurídico nacional para:

• Reconocer los riesgos específicos del sector aeronáutico;

• Incorporar mecanismos de vigilancia médica especializada;

• Garantizar la protección de la salud del personal técnico aeronáutico;

• Fortalecer la seguridad operacional del transporte aéreo.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar el marco jurídico nacional mediante reforma a la Ley de Aviación Civil, a fin de reconocer de manera expresa las condiciones particulares de riesgo que enfrenta el personal técnico aeronáutico, así como de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, control y vigilancia de su estado de salud.

Se parte de la premisa de que la naturaleza de las funciones que desempeña este sector exige un enfoque diferenciado, sustentado en criterios de especialización médica y en estándares más rigurosos de supervisión psicofísica, en atención a la alta responsabilidad que implica la seguridad operacional del transporte aéreo.

Para tal efecto, se plantean los siguientes ejes de acción:

• Establecer la obligatoriedad de mecanismos integrales de evaluación, control y seguimiento de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico;

• Incorporar la medicina aeronáutica como un componente esencial de la atención médica especializada.

Para un mejor entendimiento de la propuesta aquí planteada se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Aviación Civil

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 38 de la Ley de Aviación Civil, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico

Único. Se adiciona un párrafo octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 38 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 38. El personal técnico-aeronáutico está constituido por el personal de vuelo que interviene directamente en la operación de la aeronave y por el personal de tierra, cuyas funciones se especifiquen en el reglamento correspondiente. Dicho personal debe, además de ser mexicano por nacimiento, no adquirir otra nacionalidad y contar con las licencias respectivas.

...

...

I. a II. ...

...

...

...

...

...

La autoridad aeronáutica, en coordinación con las instituciones competentes del sistema público de salud y de seguridad social, establecerá los mecanismos de evaluación, certificación, vigilancia y seguimiento de la aptitud psicofísica del personal técnico-aeronáutico, con base en criterios médicos especializados en medicina aeronáutica.

Para tal efecto, deberá garantizar la existencia de mecanismos institucionales suficientes para la evaluación periódica, el seguimiento clínico y la atención médica especializada del personal técnico-aeronáutico, mediante exámenes, valoraciones, diagnósticos, tratamientos, rehabilitación y seguimiento médico integral acordes con los riesgos propios de la actividad aeronáutica.

La obligación prevista en el presente artículo estará vinculada de manera expresa con la prestación de servicios médicos especializados en medicina aeronáutica dentro del sistema público de salud y de seguridad social, por lo que las instituciones competentes deberán contar con unidades, clínicas, programas o servicios especializados para la atención del personal técnico-aeronáutico.

Asimismo, se establecerá un modelo integral de protección que articule la evaluación y certificación de la aptitud psicofísica con mecanismos especializados de prevención, vigilancia médica, monitoreo epidemiológico, protección de la salud física y mental, rehabilitación y reincorporación laboral dentro del sistema de seguridad social.

Dicho modelo deberá contemplar, al menos:

I. Programas permanentes de prevención de riesgos asociados a la actividad aeronáutica;

II. Sistemas de vigilancia médica continua respecto de fatiga, trastornos del sueño, exposición a radiación, ruido, factores ergonómicos, riesgos psicosociales, enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades transmisibles;

III. Protocolos de atención temprana, rehabilitación, incapacidad, reubicación o reincorporación laboral;

IV. La coordinación entre la autoridad aeronáutica, las instituciones de salud y los organismos de seguridad social, y

V. La garantía de existencia y funcionamiento de un sistema institucional de atención médica especializada en medicina aeronáutica dentro del sector público de salud, con cobertura suficiente y acceso efectivo para todo el personal técnico-aeronáutico.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Secretaría de Economía. (2026). Azafatas y sobrecargos: Perfil ocupacional. Data México.

https://www.economia.gob.mx/datamexico

McNeely, E., Gale, S., Tager, I., Kincl, L., Bradley, J., Coull, B., & Hecker, S. (2018). Cancer prevalence among flight attendants compared to the general population: Results from the Harvard Flight Attendant Health Study. Environmental Health, 17, Article 49.

https://doi.org/10.1186/s12940-018-0396-8

Industrial Injuries Advisory Council. (2019). Cutaneous malignant melanoma and occupational exposure to natural UV radiation in pilots and aircrew. GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/publications/cutaneous-malignant-m elanoma-and-occupational-exposure-to-natural-uv-radiation-in-pilots-and-aircrew

Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). About OSHA. U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/aboutosha

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2001). NOM-011-STPS-2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-011.pdf

Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). Airline industry hazards. U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/airline-industry/hazards

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2024). NOM-017-STPS-2024, equipo de protección personal.

European Union Aviation Safety Agency. (2023). Effectiveness of flight time limitation (FTL) report.

https://www.easa.europa.eu

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2026). Diario Oficial de la Federación.

Ley de Aviación Civil. (2023). Diario Oficial de la Federación.

Reglamento de la Ley de Aviación Civil. (2023). Diario Oficial de la Federación.

Occupational Safety and Health Administration. (1970). Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSH Act). U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/laws-regs/oshact/completeoshact

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.– Diputados y diputadas: Carlos Arturo Madrazo Silva, Anabel Acosta Islas, Celia Esther Fonseca Galicia, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Fernando Mendoza Arce, José Alejandro Aguilar López, Mayra Espino Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico, a cargo del diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico, al tenor de la siguiente

El sector aeronáutico constituye un componente estratégico para el desarrollo económico, la conectividad nacional e internacional y la seguridad del transporte aéreo en México. Dentro de este sector, los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), desempeñan funciones esenciales no solo en la atención al usuario, sino principalmente en materia de seguridad operacional, evacuación de emergencia, gestión de contingencias médicas y protección de la vida de los pasajeros.

La actividad aeronáutica se caracteriza por condiciones operativas particulares que generan riesgos específicos para el personal técnico aeronáutico, especialmente para los tripulantes de cabina de pasajeros. Entre estos riesgos destacan la exposición a radiación cósmica a gran altitud, los cambios constantes de presión atmosférica, las alteraciones del ritmo circadiano derivadas de los vuelos de larga distancia y los cambios de huso horario, así como las exigencias físicas y psicológicas asociadas a la gestión de emergencias y a la responsabilidad directa sobre la seguridad de las personas pasajeras.

De acuerdo con la información estadística oficial basada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada a través de Data México de la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de 2026 se registraron aproximadamente 10,700 personas ocupadas como “azafatas y sobrecargos” (clasificación SINCO 5231) en México. 1

Esta cifra representa el universo nacional estimado de tripulantes de cabina, incluyendo tanto personal sindicalizado como no sindicalizado, ya que la ENOE mide ocupación laboral total y no distingue afiliación gremial.

En conjunto con los aproximadamente 29,500 pilotos de aviación registrados en la misma base estadística emitida por la Secretaría de Economía, el personal de vuelo civil en México se estima en alrededor de 40,000 trabajadores aeronáuticos. 2

No obstante, la actividad aeronáutica se desarrolla bajo condiciones operativas particulares que generan riesgos específicos, entre los que destacan:

• Exposición a radiación cósmica a gran altitud;

• Cambios constantes de presión atmosférica;

• Alteraciones del ritmo circadiano;

• Fatiga crónica;

• Exposición a ruido y vibraciones;

• Riesgos biológicos derivados del contacto internacional constante;

• Enfermedades trasmisibles;

• Exposición a patógenos poco comunes en México y reto diagnóstico en atención institucional.

El sector aeronáutico involucra no solo a tripulantes de cabina, sino también a pilotos y personal en tierra (rampa, mantenimiento, carga, abastecimiento de combustible y operaciones aeroportuarias), quienes enfrentan riesgos ocupacionales específicos derivados de la naturaleza técnica y operativa del transporte aéreo.

Ahora bien, el personal técnico y operativo que desarrolla funciones en tierra dentro de plataformas aeroportuarias, hangares y demás áreas operativas, se encuentra sujeto de manera constante a condiciones físicas y ambientales que configuran riesgos específicos para su salud y seguridad laboral, derivados de la naturaleza propia de las operaciones aeronáuticas.

Entre dichos factores de riesgo destaca la exposición a niveles elevados de presión sonora, generados por la operación, rodaje y despegue de aeronaves, los cuales pueden superar los 120 decibeles. Esta situación constituye un riesgo relevante para la salud del personal, al incrementar la probabilidad de desarrollar afectaciones auditivas, particularmente hipoacusia inducida por ruido.

En este contexto, resulta indispensable reconocer estas condiciones como inherentes a la actividad aeronáutica y, en consecuencia, fortalecer las medidas de prevención, protección y vigilancia médica especializada, a fin de salvaguardar la integridad y salud del personal en tierra.

En México, la exposición ocupacional a ruido se regula mediante la NOM-011-STPS-2001, que establece límites máximos permisibles y obligaciones de protección auditiva.

OSHA reconoce la pérdida auditiva ocupacional como uno de los riesgos más frecuentes en trabajadores aeroportuarios.

• Exposición a agentes químicos

• El personal de rampa y mantenimiento puede estar expuesto a:

• Combustible de aviación (Jet A-1)

• Solventes

• Fluidos hidráulicos

• Lubricantes

La exposición crónica a estos agentes puede provocar afectaciones respiratorias, dermatológicas y neurológicas.

La NOM-017-STPS-2024 establece la obligación de proporcionar equipo de protección personal adecuado frente a agentes físicos y químicos.

La manipulación manual de equipaje, carga y herramientas pesadas incrementa el riesgo de:

• Lumbalgia

• Hernias discales

• Lesiones de hombro

• Trastornos musculoesqueléticos

Los pilotos comparten algunos riesgos con la tripulación de cabina, pero presentan exposiciones específicas adicionales como la fatiga operacional.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha documentado que la acumulación de horas de vuelo, los turnos nocturnos y las alteraciones circadianas incrementan la probabilidad de fatiga elevada en pilotos.

La fatiga se asocia con disminución del desempeño cognitivo, alteración en la toma de decisiones, aumento del riesgo de error humano, Exposición a radiación cósmica ionizante, riesgo oncológico y su relación con la ocupación de tripulaciones y factores psicosociales.

Los pilotos y sobrecargos enfrentan:

• Alta responsabilidad operativa

• Presión por cumplimiento de itinerarios

• Evaluaciones médicas periódicas estrictas

En México, la información pública y actualizada sobre la salud ocupacional de pilotos y sobrecargos continúa siendo limitada. Diversos análisis señalan que uno de los últimos estudios de alcance amplio sobre este sector se realizó en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la década de 1990. Esta situación evidencia la existencia de un vacío significativo en la producción y disponibilidad de datos recientes, lo cual dificulta la evaluación integral de los riesgos laborales, el diseño de políticas preventivas y el desarrollo de estrategias de atención médica específicas para el personal aeronáutico.

La presente iniciativa encuentra sustento en diversos principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 4o., 5o. y 123, los cuales establecen la obligación del Estado de proteger la salud, garantizar el ejercicio digno del trabajo y asegurar condiciones adecuadas de seguridad social para las personas trabajadoras.

Dentro de este marco constitucional, la seguridad social tiene como finalidad proteger la salud y los medios de subsistencia de las personas trabajadoras frente a enfermedades y accidentes relacionados con su actividad profesional. En el caso del personal técnico aeronáutico, los riesgos derivados de factores como la exposición a cambios de presión atmosférica, radiación cósmica, alteraciones del ritmo circadiano o fatiga crónica requieren un enfoque médico especializado que actualmente no se encuentra plenamente incorporado al sistema institucional.

Adicionalmente, la seguridad operacional en la aviación civil constituye un interés público de alta relevancia para el Estado mexicano, al tratarse de una actividad que involucra la protección de la vida y la integridad de millones de pasajeros. En este contexto, la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico representa un elemento esencial para garantizar operaciones aéreas seguras.

a. Vacío normativo

Si bien la legislación vigente reconoce la necesidad de que el personal técnico aeronáutico cuente con aptitud psicofísica, no establece mecanismos institucionales suficientes para garantizar su evaluación, seguimiento y atención médica especializada.

En particular, la Ley Federal del Trabajo no reconoce de manera expresa los riesgos específicos del sector aeronáutico.

En el ámbito aeronáutico, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil en su artículo 85, reconoce que los sobrecargos desempeñan funciones directamente vinculadas a la seguridad operacional de la aeronave. Por tanto, su actividad profesional se encuentra sujeta a condiciones operativas específicas que generan exposición a riesgos diferenciados respecto de otras ocupaciones.

Adicionalmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 obliga a identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial derivados de jornadas irregulares, turnos nocturnos y cargas de trabajo intensas, condiciones características del trabajo aeronáutico.

La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) es una agencia del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos creada para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables mediante el establecimiento y aplicación de estándares, así como acciones de capacitación, asistencia y difusión técnica.

En términos de fuerza obligatoria, los criterios y estándares de OSHA son vinculantes dentro de la jurisdicción estadounidense para los centros de trabajo que resultan aplicables conforme a dicho marco legal. Para México, OSHA no constituye norma obligatoria ni reemplaza lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social o las Normas Oficiales Mexicanas. Sin embargo, su valor en este documento es técnico: se emplea como referencia comparada sobre riesgos ocupacionales reconocidos y prácticas preventivas en una industria global, lo cual robustece la motivación del diagnóstico y la necesidad de vigilancia médica diferenciada, sin confundirlo con derecho positivo nacional.

A pesar de que la legislación mexicana reconoce la importancia de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico como requisito indispensable para el ejercicio de sus funciones, el sistema jurídico vigente no establece un modelo integral que articule dicha exigencia con mecanismos especializados de prevención, vigilancia médica y protección dentro del sistema de seguridad social.

De igual forma, la Ley Federal del Trabajo, particularmente en sus disposiciones relativas a las obligaciones patronales y a los riesgos de trabajo, establece el deber de los empleadores de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la normativa vigente no reconoce de manera expresa las particularidades operativas del sector aeronáutico ni incorpora mecanismos específicos de prevención y seguimiento médico para este personal.

b. Justificación de la reforma

La evidencia técnica y científica internacional ha demostrado que el personal aeronáutico está expuesto a riesgos ocupacionales diferenciados que requieren atención médica especializada.

Asimismo, los estándares internacionales en materia de aviación civil establecen la necesidad de contar con sistemas de evaluación médica bajo criterios de medicina aeronáutica.

En este sentido, resulta necesario fortalecer el marco jurídico nacional para:

• Reconocer los riesgos específicos del sector aeronáutico;

• Incorporar mecanismos de vigilancia médica especializada;

• Garantizar la protección de la salud del personal técnico aeronáutico;

• Fortalecer la seguridad operacional del transporte aéreo.

c. Objetivo de la iniciativa

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar el marco jurídico nacional mediante reformas a la Ley Federal del Trabajo, a fin de reconocer de manera expresa las condiciones particulares de riesgo que enfrenta el personal técnico aeronáutico, así como de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, control y vigilancia de su estado de salud.

Se parte de la premisa de que la naturaleza de las funciones que desempeña este sector exige un enfoque diferenciado, sustentado en criterios de especialización médica y en estándares más rigurosos de supervisión psicofísica, en atención a la alta responsabilidad que implica la seguridad operacional del transporte aéreo.

Bajo esta lógica, la iniciativa no sólo atiende una deuda histórica en materia de protección laboral, sino que también contribuye al fortalecimiento de la seguridad aérea en México, en beneficio de la población usuaria de este medio de transporte.

Para tal efecto, se plantean los siguientes ejes de acción:

• Establecer la obligatoriedad de mecanismos integrales de evaluación, control y seguimiento de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico;

• Incorporar la medicina aeronáutica como un componente esencial de la atención médica especializada;

• Reconocer expresamente los riesgos laborales inherentes a la actividad aeronáutica;

• Garantizar el acceso a servicios médicos adecuados y especializados dentro del sistema de seguridad social.

Para un mejor entendimiento de la propuesta aquí planteada se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Federal del Trabajo

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 132; se reforma y se Adiciona un segundo párrafo artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. a XV. ...

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, considerando medidas específicas de prevención, vigilancia y atención médica para aquellas actividades que impliquen riesgos profesionales especializados, como las relacionadas con la actividad aeronáutica.

XVI Bis. a XXXIV. ...

Artículo 475. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

En actividades que impliquen condiciones fisiológicas o ambientales particulares, como las desarrolladas en el sector aeronáutico, se considerarán riesgos de trabajo aquellas afectaciones derivadas de la exposición a factores propios de la operación aérea, tales como:

a) Cambios de presión atmosférica;

b) Radiación cósmica acumulativa;

c) Alteraciones del ritmo circadiano;

d) Fatiga crónica, y

e) Exposición prolongada a ruido o vibraciones y demás que determine la normatividad aplicable.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Secretaría de Economía. (2026). Azafatas y sobrecargos: Perfil ocupacional. Data México.

https://www.economia.gob.mx/datamexico

2. Secretaría de Economía. (2026). Azafatas y sobrecargos: Perfil ocupacional. Data México.

https://www.economia.gob.mx/datamexico

3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2001). NOM-011-STPS-2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-011.pdf

4. Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). Airline industry hazards. U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/airline-industry/hazards

5. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2024). NOM-017-STPS-2024, equipo de protección personal.

6. European Union Aviation Safety Agency. (2023). Effectiveness of flight time limitation (FTL) report.

https://www.easa.europa.eu

7. Constitución Política de los Estados Unidos. (2026). Diario Oficial de la Federación.

8. Ley Federal del Trabajo. (2026). Diario Oficial de la Federación.

9. Reglamento de la Ley de Aviación Civil. (2019). Diario Oficial de la Federación.

10. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2001). NOM-035-STPS-2018, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-035.pdf

11. Ley Federal del Trabajo. (2026). Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.– Diputados y diputadas: Carlos Arturo Madrazo Silva, Anabel Acosta Islas, Celia Esther Fonseca Galicia, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Fernando Mendoza Arce, José Alejandro Aguilar López, Mayra Espino Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o. y 56 de la Ley del Seguro Social, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico, a cargo del diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículos 2, se reforma la fracción I y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley del Seguro Social, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico, al tenor de la siguiente

El sector aeronáutico constituye un componente estratégico para el desarrollo económico, la conectividad nacional e internacional y la seguridad del transporte aéreo en México. Dentro de este sector, los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), desempeñan funciones esenciales no solo en la atención al usuario, sino principalmente en materia de seguridad operacional, evacuación de emergencia, gestión de contingencias médicas y protección de la vida de los pasajeros.

La actividad aeronáutica se caracteriza por condiciones operativas particulares que generan riesgos específicos para el personal técnico aeronáutico, especialmente para los tripulantes de cabina de pasajeros. Entre estos riesgos destacan la exposición a radiación cósmica a gran altitud, los cambios constantes de presión atmosférica, las alteraciones del ritmo circadiano derivadas de los vuelos de larga distancia y los cambios de huso horario, así como las exigencias físicas y psicológicas asociadas a la gestión de emergencias y a la responsabilidad directa sobre la seguridad de las personas pasajeras.

De acuerdo con la información estadística oficial basada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada a través de Data México de la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de 2026 se registraron aproximadamente 10,700 personas ocupadas como “azafatas y sobrecargos” (clasificación SINCO 5231) en México.

Esta cifra representa el universo nacional estimado de tripulantes de cabina, incluyendo tanto personal sindicalizado como no sindicalizado, ya que la ENOE mide ocupación laboral total y no distingue afiliación gremial.

En conjunto con los aproximadamente 29,500 pilotos de aviación registrados en la misma base estadística emitida por la Secretaría de Economía, el personal de vuelo civil en México se estima en alrededor de 40,000 trabajadores aeronáuticos. 1

No obstante, la actividad aeronáutica se desarrolla bajo condiciones operativas particulares que generan riesgos específicos, entre los que destacan:

• Exposición a radiación cósmica a gran altitud;

• Cambios constantes de presión atmosférica;

• Alteraciones del ritmo circadiano;

• Fatiga crónica;

• Exposición a ruido y vibraciones;

• Riesgos biológicos derivados del contacto internacional constante;

• Enfermedades trasmisibles;

• Exposición a patógenos poco comunes en México y reto diagnóstico en atención institucional.

En este contexto, también es importante señalar qué estudios internacionales sobre la salud de los sobrecargos (Flight Attendant Health Study), analizó a más de 5,300 tripulantes y encontró una mayor incidencia de cáncer de mama, melanoma y cáncer de piel. También se mencionan factores como radiación cósmica, cambios de horario y fatiga laboral.

Como referencia, podemos encontrar el meta-análisis internacional sobre melanoma en pilotos y tripulación, y tras la revisión de 19 estudios y más de 250,000 participantes, concluye que pilotos y sobrecargos presentan aproximadamente el doble de incidencia de melanoma que la población general.

Otros estudios epidemiológicos también han documentado una mayor incidencia de diversos tipos de cáncer en el personal de aviación, incluyendo melanoma, cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer de mama, lo que refuerza la necesidad de continuar investigando las condiciones laborales y ambientales que caracterizan a esta actividad profesional.

El sector aeronáutico involucra no solo a tripulantes de cabina, sino también a pilotos y personal en tierra (rampa, mantenimiento, carga, abastecimiento de combustible y operaciones aeroportuarias), quienes enfrentan riesgos ocupacionales específicos derivados de la naturaleza técnica y operativa del transporte aéreo

La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) identifica múltiples peligros en la industria aérea, que incluyen exposición a ruido, agentes químicos, riesgos ergonómicos, maquinaria pesada y enfermedades transmisibles.

Ahora bien, el personal técnico y operativo que desarrolla funciones en tierra dentro de plataformas aeroportuarias, hangares y demás áreas operativas, se encuentra sujeto de manera constante a condiciones físicas y ambientales que configuran riesgos específicos para su salud y seguridad laboral, derivados de la naturaleza propia de las operaciones aeronáuticas.

Entre dichos factores de riesgo destaca la exposición a niveles elevados de presión sonora, generados por la operación, rodaje y despegue de aeronaves, los cuales pueden superar los 120 decibeles. Esta situación constituye un riesgo relevante para la salud del personal, al incrementar la probabilidad de desarrollar afectaciones auditivas, particularmente hipoacusia inducida por ruido.

En este contexto, resulta indispensable reconocer estas condiciones como inherentes a la actividad aeronáutica y, en consecuencia, fortalecer las medidas de prevención, protección y vigilancia médica especializada, a fin de salvaguardar la integridad y salud del personal en tierra.

En México, la exposición ocupacional a ruido se regula mediante la NOM-011-STPS-2001, que establece límites máximos permisibles y obligaciones de protección auditiva.

OSHA reconoce la pérdida auditiva ocupacional como uno de los riesgos más frecuentes en trabajadores aeroportuarios:

• Exposición a agentes químicos

• Combustible de aviación (Jet A-1)

• Solventes

• Fluidos hidráulicos

• Lubricantes

La exposición crónica a estos agentes puede provocar afectaciones respiratorias, dermatológicas y neurológicas.

La NOM-017-STPS-2024 establece la obligación de proporcionar equipo de protección personal adecuado frente a agentes físicos y químicos.

La manipulación manual de equipaje, carga y herramientas pesadas incrementa el riesgo de:

• Lumbalgia

• Hernias discales

• Lesiones de hombro

• Trastornos musculoesqueléticos

OSHA clasifica los trastornos musculoesqueléticos como uno de los principales riesgos en la industria aérea.

Los pilotos comparten algunos riesgos con la tripulación de cabina, pero presentan exposiciones específicas adicionales.

• Fatiga operacional

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha documentado que la acumulación de horas de vuelo, los turnos nocturnos y las alteraciones circadianas incrementan la probabilidad de fatiga elevada en pilotos.

La fatiga se asocia con disminución del desempeño cognitivo, alteración en la toma de decisiones y aumento del riesgo de error humano.

• Exposición a radiación cósmica ionizante

• Riesgo oncológico y su relación con la ocupación de tripulaciones (referencia internacional)

• Factores psicosociales

Los pilotos y sobrecargos enfrentan:

• Alta responsabilidad operativa

• Presión por cumplimiento de itinerarios

• Evaluaciones médicas periódicas estrictas

En México, la información pública y actualizada sobre la salud ocupacional de pilotos y sobrecargos continúa siendo limitada. Diversos análisis señalan que uno de los últimos estudios de alcance amplio sobre este sector se realizó en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la década de 1990. Esta situación evidencia la existencia de un vacío significativo en la producción y disponibilidad de datos recientes, lo cual dificulta la evaluación integral de los riesgos laborales, el diseño de políticas preventivas y el desarrollo de estrategias de atención médica específicas para el personal aeronáutico.

A pesar de ello, el marco jurídico mexicano no contempla de manera integral un sistema de atención médica especializada en medicina aeronáutica dentro del sistema público de salud y seguridad social.

La presente iniciativa encuentra sustento en diversos principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 4o., 5o. y 123, los cuales establecen la obligación del Estado de proteger la salud, garantizar el ejercicio digno del trabajo y asegurar condiciones adecuadas de seguridad social para las personas trabajadoras.

Dentro de este marco constitucional, la seguridad social tiene como finalidad proteger la salud y los medios de subsistencia de las personas trabajadoras frente a enfermedades y accidentes relacionados con su actividad profesional. En el caso del personal técnico aeronáutico, los riesgos derivados de factores como la exposición a cambios de presión atmosférica, radiación cósmica, alteraciones del ritmo circadiano o fatiga crónica requieren un enfoque médico especializado que actualmente no se encuentra plenamente incorporado al sistema institucional.

Adicionalmente, la seguridad operacional en la aviación civil constituye un interés público de alta relevancia para el Estado mexicano, al tratarse de una actividad que involucra la protección de la vida y la integridad de millones de pasajeros. En este contexto, la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico representa un elemento esencial para garantizar operaciones aéreas seguras.

Si bien la legislación vigente reconoce la necesidad de que el personal técnico aeronáutico cuente con aptitud psicofísica, no establece mecanismos institucionales suficientes para garantizar su evaluación, seguimiento y atención médica especializada.

En particular, la Ley del Seguro Social no contempla esquemas diferenciados de atención médica para este tipo de riesgos.

Adicionalmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 obliga a identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial derivados de jornadas irregulares, turnos nocturnos y cargas de trabajo intensas, condiciones características del trabajo aeronáutico.

La OSHA es una agencia del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos creada para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables mediante el establecimiento y aplicación de estándares, así como acciones de capacitación, asistencia y difusión técnica. Su base normativa se encuentra en el Occupational Safety and Health Act de 1970, que faculta el esquema federal de estándares e inspección.

En términos de fuerza obligatoria, los criterios y estándares de OSHA son vinculantes dentro de la jurisdicción estadounidense para los centros de trabajo que resultan aplicables conforme a dicho marco legal. Para México, OSHA no constituye norma obligatoria ni reemplaza lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social o las Normas Oficiales Mexicanas. Sin embargo, su valor en este documento es técnico: se emplea como referencia comparada sobre riesgos ocupacionales reconocidos y prácticas preventivas en una industria global, lo cual robustece la motivación del diagnóstico y la necesidad de vigilancia médica diferenciada, sin confundirlo con derecho positivo nacional.

A pesar de que la legislación mexicana reconoce la importancia de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico como requisito indispensable para el ejercicio de sus funciones, el sistema jurídico vigente no establece un modelo integral que articule dicha exigencia con mecanismos especializados de prevención, vigilancia médica y protección dentro del sistema de seguridad social.

Por su parte, la Ley del Seguro Social, en sus artículos 2 y 56, regula los principios del sistema de seguridad social y el régimen de prestaciones en especie derivadas del seguro de riesgos de trabajo. Empero, dichas disposiciones fueron diseñadas bajo un enfoque general aplicable a la mayoría de las actividades productivas, sin contemplar las condiciones particulares de exposición ocupacional que caracterizan al personal aeronáutico, sin reconocer explícitamente los riesgos específicos del personal aeronáutico ni prevé esquemas diferenciados de vigilancia médica especializada.

La evidencia técnica y científica internacional ha demostrado que el personal aeronáutico está expuesto a riesgos ocupacionales diferenciados que requieren atención médica especializada.

Asimismo, los estándares internacionales en materia de aviación civil establecen la necesidad de contar con sistemas de evaluación médica bajo criterios de medicina aeronáutica.

En este sentido, resulta necesario fortalecer el marco jurídico nacional para:

• Reconocer los riesgos específicos del sector aeronáutico;

• Incorporar mecanismos de vigilancia médica especializada;

• Garantizar la protección de la salud del personal técnico aeronáutico;

• Fortalecer la seguridad operacional del transporte aéreo.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar el marco jurídico nacional mediante reformas a la Ley del Seguro Social, a fin de reconocer de manera expresa las condiciones particulares de riesgo que enfrenta el personal técnico aeronáutico, así como de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, control y vigilancia de su estado de salud.

Se parte de la premisa de que la naturaleza de las funciones que desempeña este sector exige un enfoque diferenciado, sustentado en criterios de especialización médica y en estándares más rigurosos de supervisión psicofísica, en atención a la alta responsabilidad que implica la seguridad operacional del transporte aéreo.

Bajo esta lógica, la iniciativa no sólo atiende una deuda histórica en materia de protección laboral, sino que también contribuye al fortalecimiento de la seguridad aérea en México, en beneficio de la población usuaria de este medio de transporte.

Para tal efecto, se plantean los siguientes ejes de acción:

• Establecer la obligatoriedad de mecanismos integrales de evaluación, control y seguimiento de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico;

• Incorporar la medicina aeronáutica como un componente esencial de la atención médica especializada;

• Reconocer expresamente los riesgos laborales inherentes a la actividad aeronáutica;

• Garantizar el acceso a servicios médicos adecuados y especializados dentro del sistema de seguridad social.

Para un mejor entendimiento de la propuesta aquí planteada se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley del Seguro Social

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículos 2, y se reforma la fracción I y se adiciona un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley del Seguro Social, en materia de fortalecimiento de la atención médica especializada y la protección de la aptitud psicofísica del personal técnico aeronáutico

Único. Se reforma el artículo 2; se reforma la fracción I y se adiciona un párrafo segundo artículo 56 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, incluyendo la atención médica especializada para actividades laborales que impliquen riesgos profesionales específicos, como las relacionadas con la aviación civil.

Artículo 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:

I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica y hospitalaria;

II. Servicio de hospitalización;

III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y

IV. Rehabilitación.

En el caso de trabajadores que desarrollen actividades con riesgos profesionales especializados, como el personal técnico aeronáutico, el Instituto deberá garantizar servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento médico conforme a los principios y prácticas de la medicina aeronáutica.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretaría de Economía. (2026). Azafatas y sobrecargos: Perfil ocupacional. Data México.

https://www.economia.gob.mx/datamexico

2 McNeely, E., Gale, S., Tager, I., Kincl, L., Bradley, J., Coull, B., & Hecker, S. (2018). Cancer prevalence among flight attendants compared to the general population: Results from the Harvard Flight Attendant Health Study. Environmental Health, 17, Article 49.

https://doi.org/10.1186/s12940-018-0396-8

3 Industrial Injuries Advisory Council. (2019). Cutaneous malignant melanoma and occupational exposure to natural UV radiation in pilots and aircrew. GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/publications/cutaneous-malignant-m elanoma-and-occupational-exposure-to-natural-uv-radiation-in-pilots-and-aircrew

4 Industrial Injuries Advisory Council. (2019). Cutaneous malignant melanoma and occupational exposure to natural UV radiation in pilots and aircrew. GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/publications/cutaneous-malignant-m elanoma-and-occupational-exposure-to-natural-uv-radiation-in-pilots-and-aircrew

5 Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). About OSHA. U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/aboutosha

6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2001). NOM-011-STPS-2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-011.pdf

7 Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). Airline industry hazards. U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/airline-industry/hazards

8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2024). NOM-017-STPS-2024, equipo de protección personal.

9 European Union Aviation Safety Agency. (2023). Effectiveness of flight time limitation (FTL) report.

https://www.easa.europa.eu

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2026). Diario Oficial de la Federación.

11 Ley del Seguro Social. (2026). Diario Oficial de la Federación.

12 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2001). NOM-035-STPS-2018, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

https://asinom.stps.gob.mx/upload/noms/Nom-035.pdf

13 Occupational Safety and Health Administration. (1970). Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSH Act). U.S. Department of Labor.

https://www.osha.gov/laws-regs/oshact/completeoshact

14 Ley del Seguro Social. (2026). Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2026.– Diputados y diputadas: Carlos Arturo Madrazo Silva, Anabel Acosta Islas, Celia Esther Fonseca Galicia, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Fernando Mendoza Arce, José Alejandro Aguilar López, Mayra Espino Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito José Alejandro Aguilar López, diputado federal a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 71, fracción II, y el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 17, el artículo18, el 27 y el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de Planeación, bajo la siguiente

Compañeros y compañeras legisladores la iniciativa que someto a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados tiene el propósito de adecuar el párrafo segundo de la fracción I del artículo 17 y el artículo 18, ambos de la Ley de Planeación por las razones que a continuación expongo.

El 28 de noviembre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a distintos ordenamientos de la Ley Orgánica de la administración pública federal como en el artículo 26 fracción XV en donde se crea la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación en artículo 38 Bis donde se otorgan a dicha dependencia las atribuciones que debe llevar acabo como dependencia del ejecutivo federal.

Ahora bien, el artículo 17, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Materia de la presente reforma hace mención al consejo nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que en términos de la ley que le dio origen era un organismo público descentralizado.

La nueva secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación sustituye al anterior Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por lo que hay que realizar el ajuste legislativo correspondiente.

Para el caso el artículo 18 propongo la sustitución de Secretaria de la Función Pública por el de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ello en virtud de que el 28 de noviembre de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 26, fracciones XIII y XXXVIII, para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De igual forma, se propone, en los artículos 27 y 29, párrafo segundo, el cambio de denominación del “Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías” por la “Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación”.

Por ello considero que resulta apropiado que el pleno de esta soberanía apruebe el ajuste normativo propuesto.

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta, se inserta el siguiente cuadro comparativo:

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 17, el artículo 18, el 27 y el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo Único: Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 17, el artículo18, el 27 y el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I. ...

Respecto del programa sectorial en materia de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación realizará la elaboración y presentación de la propuesta;

II. a VI. ...

Artículo 18. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno realizará, en los términos de las disposiciones aplicables, el control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, respecto de las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el cumplimiento del Plan y los programas.

Artículo 27. Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias, entidades y el Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, considerando los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental, cultural y desarrollo de proyectos, en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación correspondientes.

Artículo 29. ...

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente y por el Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la materia de su competencia, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre del 2026.– Diputado José Alejandro Aguilar López (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención del suicidio de adolescentes y jóvenes, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Isabel González González, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, en materia salud mental y prevención del suicidio de adolescentes y jóvenes, al tenor de lo siguiente

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el acto deliberado de quitarse la vida.

Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo con los diferentes países. Desde el punto de vista de la salud mental, los y las adolescentes poseen vulnerabilidades particulares, por su etapa del desarrollo. Cuando una persona se encuentra en situaciones de sufrimiento psicológico sin contar con mecanismos adecuados de apoyo, atención profesional y acompañamiento, las consecuencias pueden trascender el ámbito individual y afectar a su entorno social.

Dentro de este panorama, el suicidio representa uno de los desafíos más complejos para los sistemas de salud pública, multifactorial que se puede encontrarse en la interacción de factores psicológicos, sociales, familiares, económicos, culturales y ambientales, por lo que su prevención requiere respuestas integrales, oportunas y coordinadas.

La Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud establecen cuatro ejes esenciales para prevenir el suicidio:

1. Limitar el acceso a los medios para el suicidio.

2. Interactuar con los medios de comunicación para una cobertura responsable del suicidio.

3. Fomentar habilidades socioemocionales en los adolescentes.

4. Identificar, evaluar, manejar y dar seguimiento de manera temprana a cualquier persona afectada por pensamientos y conductas suicidas.

Bajo el tenor de las alarmantes cifras que ha señalado que cada año más de 720 mil personas fallecen por suicidio en el mundo y que éste constituye la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Asimismo, reconoce que las bajo los ejes señalados los suicidios pueden prevenirse mediante intervenciones basadas en evidencia, entre ellas el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en adolescentes, la detección temprana, la evaluación y atención de las personas en riesgo y el seguimiento posterior.

Pero ello requiere también la participación coordinada de distintos sectores, particularmente salud, educación, justicia, política pública y comunidad, más aún cuando se observa desde la perspectiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La adolescencia es una etapa determinante para el desarrollo físico, emocional y social. Durante estos años se presentan transformaciones personales, familiares y sociales que, combinadas con circunstancias adversas como violencia, abuso, discriminación, aislamiento, dificultades económicas, conflictos familiares o problemas de salud mental, que incrementan la vulnerabilidad de las personas.

La Organización Mundial de la Salud señala que el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años y que la falta de atención oportuna a los problemas de salud mental puede extender sus consecuencias hasta la vida adulta. En México, la información estadística confirma que estamos frente a un fenómeno que demanda atención permanente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuenta con información desagregada sobre las defunciones por suicidio, incluyendo variables relativas a entidad federativa, sexo y grupos de edad, lo que permite registrar en 2025 la cantidad de 8 mil 709 suicidios en nuestro país, lo que representó una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, 20.1% mujeres y 79.9% hombres.

El Inegi agregó que, en el rango de 15 a 29 años, las mujeres tuvieron la tasa más elevada de suicidio en relación con otros grupos de edad, con 5.1 por cada 100 mil. Entre los hombres, la tasa más alta correspondió al grupo de 30 a 44 años, con 17.2 por cada 100 mil.

El Estado mexicano cuenta actualmente con herramientas jurídicas y administrativas orientadas a la protección de la salud mental. La Ley General de Salud reconoce expresamente la necesidad de desarrollar acciones y programas para detectar, atender y prevenir el suicidio, así como la capacitación y educación en salud mental del personal del Sistema Nacional de Salud. En particular, el marco vigente ya contempla dentro de las acciones de salud mental el desarrollo de programas para detectar, atender y prevenir el suicidio.

La existencia de estas disposiciones constituye un avance importante; sin embargo, resulta necesario fortalecer el marco normativo para dotarlo de mayor especificidad respecto de la prevención, detección temprana, atención y seguimiento de las conductas suicidas, particularmente en adolescentes y jóvenes.

La presente iniciativa parte precisamente de esa necesidad. Su propósito no consiste en sustituir las políticas y programas existentes, sino en otorgarles continuidad institucional y fortalecer su articulación mediante una disposición expresa dentro del artículo 73 Bis de la Ley General de Salud. La propuesta plantea que la Secretaría de Salud, en coordinación con las entidades federativas, los municipios, las instituciones educativas públicas y privadas y demás autoridades competentes, implemente acciones permanentes para la prevención, detección temprana, atención y seguimiento de las conductas suicidas.

La incorporación de las instituciones educativas dentro de este esquema responde a la importancia que tienen las escuelas y otros espacios de formación en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes. Estos lugares pueden constituir espacios privilegiados para identificar cambios de comportamiento, aislamiento, deterioro emocional, señales de alerta y otras circunstancias que requieran canalización hacia servicios especializados.

Lo anterior no significa convertir a docentes o autoridades educativas en sustitutos del personal de salud mental.

Por el contrario, la coordinación institucional debe permitir que las personas que tienen contacto cotidiano con adolescentes y jóvenes cuenten con herramientas básicas para identificar posibles señales de riesgo y activar mecanismos adecuados de orientación y canalización, respetando en todo momento la dignidad, privacidad y derechos de las personas.

La propuesta encuentra fundamento directo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 1o. constitucional establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es decir, la protección de la salud mental y la prevención del suicidio deben comprenderse como parte de las obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos. No basta con abstenerse de afectar la integridad de las personas; también corresponde adoptar medidas razonables y eficaces para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo derechos fundamentales.

A su vez el artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y establece las bases para la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Tratándose de niñas, niños y adolescentes, el mismo vela por el principio del interés superior de la niñez, que debe orientar las decisiones y actuaciones del Estado relacionadas con este sector de la población.

Refuércese con lo establecido por la extinta Segunda Sala del Máximo Tribunal, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el interés superior de la niñez constituye simultáneamente un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento, por lo que debe ser considerado de manera primordial en las decisiones que afecten a niñas, niños y adolescentes.

Derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte. 9

Por ello, una política legislativa orientada a prevenir conductas suicidas entre adolescentes encuentra una justificación constitucional reforzada: busca proteger la vida, la integridad y la salud de personas que, por su etapa de desarrollo, requieren una protección particularmente cuidadosa por parte del Estado.

A nivel internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 4o. el derecho a la vida y establece que éste debe ser protegido por la ley. Su artículo 5o. establece el derecho de toda persona al respeto de su integridad física, psíquica y moral.

Aunado a ello, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 24 de dicho instrumento reconoce el derecho de niñas y niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y obliga a los Estados a desarrollar medidas apropiadas para garantizar servicios de atención y prevención.

Esta previsión es fundamental porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a servicios de salud mental. Por ello, una política nacional de prevención debe procurar que la atención se encuentre disponible en condiciones de accesibilidad y que ninguna persona sea excluida por razones económicas, sociales, culturales, de discapacidad, origen, sexo, identidad, orientación o cualquier otra condición.

La sociedad en general, ha hecho un llamado respetuoso a la Cámara de Diputados durante la inauguración del Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios, donde los especialistas concluyeron en crear una ley que establezca un sistema nacional para la prevención del suicidio. Este modelo articularía la acción entre sectores de salud, educación, desarrollo social y organizaciones civiles, así como la creación de redes comunitarias de apoyo, líneas telefónicas de atención accesible, programas escolares de bienestar emocional y sistemas de registro a través de un observatorio nacional.

Aunque en años anteriores, el Congreso ha realizado diversas modificaciones a las leyes en la materia ha dejado aun una cuenta por saldar, junto con los últimos dos gobiernos presidenciales.

En los últimos años, el sector salud ha mostrado todo tipo de señales que apuntan a una profunda incapacidad para atender a los pacientes: hay desabasto de medicamentos, empiezan a regresar enfermedades casi erradicadas por falta de vacunación, los tiempos de espera son elevados y hay polémica en torno a la calidad de los servicios.

Parte de estos problemas se deben a un escaso presupuesto, que incluso ha reducido la capacidad para atender enfermedades mentales. Entre 2013 y 2021, México asignó, en promedio, solo 2.1% del presupuesto de la Secretaría de Salud para atender la salud mental.

Tan solo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2025, contemplo el gasto destinado a salud, para la Secretaría de Salud, Institutos nacionales de salud, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de la Defensa, gobiernos estatales u otros entes, con un recorte de 81.3 mmdp, al pasar de un presupuesto aprobado de 962.4 mmdp en 2024 a un estimado de 881.1 mmdp en 2025.

Fortalecer el marco jurídico para la prevención del suicidio mediante el establecimiento de acciones permanentes de detección temprana, atención psicológica, capacitación y coordinación interinstitucional dirigidas prioritariamente a adolescentes y jóvenes, así como dar continuidad institucional a las acciones que actualmente desarrolla el Poder Ejecutivo Federal a través del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Por ello, esta iniciativa es una prueba contundente para ver el compromiso verdadero que tiene el Gobierno en turno para consolidar una política que coloque la prevención en el centro de la respuesta institucional, a través de la reforma presentada.

La propuesta de la iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

Ley General de Salud

Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, en materia salud mental y prevención del suicidio de adolescentes y jóvenes, al tenor de lo siguiente:

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, en materia Salud Mental y Prevención del Suicidio de Adolescentes y Jóvenes, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 73 Bis. ...

I. a VIII. ...

IX. La Secretaría de Salud, en coordinación con las entidades federativas, los municipios, las instituciones educativas públicas y privadas y demás autoridades competentes, implementará acciones permanentes para la prevención, detección temprana, atención y seguimiento de conductas suicidas. Dichas acciones se desarrollarán bajo los principios de respeto a los derechos humanos, inclusión, prevención temprana, accesibilidad, atención integral y enfoque comunitario.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para emitir los lineamientos y protocolos necesarios para el cumplimiento del presente decreto.

Tercero. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento del presente decreto con cargo a los recursos aprobados en sus respectivos presupuestos, por lo que no se autorizarán ampliaciones presupuestarias para el presente ejercicio fiscal.

Notas

1 https://www.unicef.org/argentina/media/1536/file/suicidio.pdf

2 https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

4 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

5 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2026/09/10/dia-mundial-de-la-prevencion-de -suicidio-de-8-mil-en-2025-en-mexico-el-799-fueron-hombres-inegi/

6 https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/09/08/economia/los-jovenes-de-15-a-29-a nos-en-mexico-presentaron-la-tasa-mas-alta-de-defunciones-por-suicidioen-2025

7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

8 Ídem

9 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401

10 https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-americana-der echos-humanos.pdf

11 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

12 https://www.infobae.com/mexico/2026/04/09/camara-de-diputados-urgen-politicas- para-frenar-el-suicidio-y-elevar-la-salud-mental-en-mexico/

13 https://imco.org.mx/un-nuevo-paradigma-para-la-salud-mental/

14 https://imco.org.mx/paquete-economico-2025-recortes-al-gasto-e-implicaciones- para-la-competitividad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputados: Ana Isabel González González, Anabel Acosta Islas, Ariana del Rocío Rejón Lara, Arturo Yáñez Cuéllar, César Alejandro Domínguez Domínguez, Elizabeth Martínez Álvarez, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Fuensanta Guerrero Esquivel, José Luis Hernández Pérez, Julieta Villalpando Riquelme, Karina Isabel Martínez Montaño, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Mayra Espino Suárez, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Paloma Domínguez Ugarte, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención materno-infantil y muerte súbita e inesperada en lactantes, suscrita por las diputadas Patricia Flores Elizondo y Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes presentan, Patricia Flores Elizondo y Amancay González Franco, diputadas, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención materno-infantil y muerte súbita e inesperada en lactantes, al tenor de la siguiente:

1. Introducción

La protección de la vida y la salud de la infancia constituye una obligación primordial del Estado mexicano, reconocida tanto en el ordenamiento constitucional como en los instrumentos internacionales de los que México es parte. La Convención sobre los Derechos del Niño establece con claridad el derecho de todo niño a la supervivencia, al desarrollo y al disfrute del más alto nivel posible de salud. Estos principios han sido incorporados en el artículo 4o. constitucional, que consagra el principio del interés superior de la niñez como eje rector de toda actuación estatal, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley General de Salud, que reconocen la atención materno-infantil como materia de salubridad general y como un servicio básico de salud.

No obstante, el progreso alcanzado en las últimas décadas en materia de reducción de la mortalidad infantil, persisten retos significativos que demandan una respuesta legislativa adecuada. Entre estos desafíos destaca la muerte súbita e inesperada en lactantes (MSIL), un fenómeno que, si bien afecta a un número relativamente pequeño de familias cada año, representa una tragedia devastadora para quienes la sufren y constituye, en buena medida, un problema de salud pública prevenible.

La MSIL describe la muerte repentina de un lactante menor de un año que ocurre aparentemente durante el sueño y que no puede ser explicada después de una investigación exhaustiva. Este término abarca tanto el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) —en el que no se identifica causa alguna incluso tras autopsia completa— como otras muertes relacionadas con el entorno de sueño, incluyendo la asfixia accidental y el atrapamiento.

La comunidad científica internacional ha identificado con claridad que la mayoría de estas muertes están asociadas a factores de riesgo modificables relacionados con las prácticas de sueño: la posición al dormir, las características de la superficie de descanso, el colecho inseguro, la exposición al humo de tabaco y el sobrecalentamiento, entre otros. Consecuentemente, la experiencia de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otras naciones desarrolladas ha demostrado que campañas educativas enfocadas en la promoción del «sueño seguro» pueden reducir la incidencia de MSIL entre un cincuenta y un noventa por ciento.

En México, sin embargo, no existe un mecanismo sistemático ni obligatorio para proporcionar esta información vital a las familias en los momentos críticos de contacto con el sistema de salud. Tampoco se cuenta con un registro nacional especializado que permita dimensionar con precisión la magnitud del problema, identificar patrones de riesgo locales o evaluar la efectividad de las intervenciones preventivas.

La presente iniciativa responde a esta doble necesidad mediante un enfoque integral que articula dos componentes esenciales: por un lado, el establecimiento de la consejería preventiva sobre prácticas de sueño seguro como una obligación institucional verificable en la atención materno-infantil; por otro, la creación de un Registro Nacional de Muerte Súbita e Inesperada en Lactantes que permita al Estado contar con información homologada, confiable y oportuna para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Se trata, en suma, de una reforma preventiva y garantista que coloca en el centro el derecho a la vida y a la salud de la primera infancia, reconociendo que la protección de los lactantes frente a muertes evitables no puede depender de esfuerzos aislados o discrecionales, sino que debe constituir una política pública estructural, sostenida y susceptible de evaluación.

2. Diagnóstico del Problema

A. La mortalidad infantil en México: contexto y magnitud

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2024 se registraron 17,421 defunciones de personas menores de un año en México. Esta cifra representa una pérdida diaria de aproximadamente 48 vidas en el primer año, un indicador que, si bien refleja avances respecto a décadas anteriores, continúa situando a México por encima de los estándares de países con sistemas de salud comparables.

Las principales causas de estas defunciones se concentran en las afecciones originadas en el periodo perinatal, que explican el 53.6 por ciento del total, seguidas por las malformaciones congénitas.Sin embargo, un componente significativo de la mortalidad posneonatal —aquella que ocurre entre el primer mes y el año de vida— corresponde a causas relacionadas con el entorno del sueño y a muertes clasificadas bajo códigos que agrupan eventos súbitos e inexplicados.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023 reporta una tasa de mortalidad infantil de 15.3 defunciones por cada mil nacidos vivos a nivel nacional, con una notable disparidad entre el ámbito urbano (14.6) y el rural (16.7). Esta brecha subraya la existencia de desigualdades estructurales en el acceso a servicios de salud y a información preventiva que afectan de manera diferenciada a las poblaciones más vulnerables.

B. La muerte súbita e inesperada en lactantes: un problema global con respuesta local insuficiente

A nivel internacional, la muerte súbita e inesperada en lactantes constituye la principal causa de mortalidad posneonatal en países desarrollados, representando entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de las defunciones en este grupo etario. La Academia Americana de Pediatría ha documentado que, solo en Estados Unidos, aproximadamente 3,500 lactantes fallecen anualmente por causas relacionadas con el sueño, incluyendo el síndrome de muerte súbita del lactante, la asfixia accidental y el estrangulamiento.

Las investigaciones científicas han establecido con solidez que la mayoría de estas muertes están vinculadas a factores de riesgo modificables. Entre los más relevantes se encuentran: la posición prona (boca abajo) durante el sueño, que triplica el riesgo; el colecho en condiciones inseguras; la exposición al humo de tabaco durante el embarazo y después del nacimiento; el uso de superficies blandas o de objetos sueltos en el área de descanso; el sobrecalentamiento; y la prematuridad o bajo peso al nacer.

Como contrapartida, la evidencia ha identificado factores protectores de alta eficacia: la posición supina (boca arriba) para dormir, recomendada por la Organización Mundial de la Salud;la lactancia materna, que reduce el riesgo hasta en un cincuenta por ciento; el uso de chupete; compartir habitación sin compartir cama; la vacunación completa; y la atención prenatal adecuada.

Desde la implementación de campañas masivas de «sueño seguro» en la década de 1990 —particularmente la campaña «Back to Sleep» en Estados Unidos, lanzada en 1994 por el Instituto Nacional de Salud Infantil en colaboración con la Academia Americana de Pediatría—, los países que adoptaron estrategias de prevención basadas en evidencia lograron reducciones dramáticas en la incidencia de MSIL, con descensos de entre el cincuenta y el noventa por ciento según la región. Estas cifras demuestran que se trata de un problema de salud pública altamente prevenible cuando se implementan las intervenciones adecuadas.

C. Brechas en el sistema mexicano: prevención heterogénea e información fragmentada

En México, la respuesta institucional frente a la MSIL presenta dos deficiencias estructurales que esta iniciativa busca subsanar:

Primera: la ausencia de una obligación normativa explícita de proporcionar consejería preventiva sobre prácticas de sueño seguro. Si bien existen lineamientos y recomendaciones dispersas en diversos instrumentos normativos, la orientación a las familias sobre este tema depende actualmente de la discrecionalidad del personal de salud, del nivel de capacitación con que cuente y de las circunstancias particulares de cada atención. No existe un mandato legal que garantice que toda madre, padre o cuidador reciba esta información en los momentos críticos: el egreso hospitalario tras el nacimiento, las consultas de control del menor y la atención en urgencias pediátricas.

Estudios realizados en otros países de la región han documentado que un porcentaje significativo de cuidadores desconoce las recomendaciones actuales sobre la posición segura para dormir. En un estudio piloto publicado por investigadores chilenos, se encontró que el veinte por ciento de los lactantes dormía en posición no segura y que el treinta por ciento practicaba colecho. Más relevante aún, el único predictor significativo de que el lactante durmiera en posición supina fue que el cuidador contara con información previa sobre la posición segura, lo que subraya la importancia central de la educación preventiva sistemática.

Segunda: la inexistencia de un registro nacional especializado que permita conocer con precisión la magnitud, distribución y características de estos eventos. Actualmente, las estadísticas de mortalidad del Inegi registran las defunciones conforme a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), pero no existe un mecanismo específico que homologue criterios de clasificación, incorpore variables relevantes para la prevención ni permita un seguimiento epidemiológico focalizado.

Esta limitación genera múltiples consecuencias negativas. En primer lugar, dificulta dimensionar la verdadera magnitud del problema, toda vez que las muertes pueden clasificarse bajo diferentes códigos dependiendo de la entidad federativa, del criterio del certificante y de la disponibilidad de autopsia. La literatura internacional ha documentado que los cambios en las prácticas de clasificación pueden enmascarar tendencias reales, por ejemplo, cuando muertes antes codificadas como SMSL pasan a clasificarse como asfixia accidental o causa indeterminada.

En segundo lugar, la fragmentación informativa impide identificar patrones de riesgo locales, poblaciones vulnerables prioritarias y factores asociados específicos del contexto mexicano. Sin esta inteligencia de datos, las políticas preventivas carecen de la base empírica necesaria para su diseño racional y su evaluación continua.

En tercer lugar, la ausencia de información estandarizada imposibilita medir el impacto de las intervenciones preventivas. Si el Estado implementa campañas de concientización o programas de capacitación al personal de salud, no existe actualmente un mecanismo que permita evaluar su efectividad mediante el seguimiento de indicadores específicos.

D. El imperativo de actuar: prevención basada en evidencia

La evidencia científica acumulada durante más de tres décadas es concluyente: la muerte súbita e inesperada en lactantes es, en gran medida, prevenible. Los CDC de Estados Unidos han señalado que la promoción de prácticas de sueño seguro constituye una de las intervenciones de salud pública más costo-efectivas para reducir la mortalidad infantil.

El derecho constitucional a la protección de la salud,el principio del interés superior de la niñez y la obligación de progresividad en materia de derechos humanos imponen al Estado mexicano el deber de adoptar todas las medidas a su alcance para proteger la vida de los lactantes. Cuando existen intervenciones probadas, de bajo costo y alta efectividad, la omisión legislativa y administrativa se convierte en una forma de negligencia institucional.

Por estas razones, la presente iniciativa propone transitar de un modelo reactivo —que solo interviene una vez consumada la tragedia— hacia un modelo preventivo, sistemático y garantista que convierta la educación sobre sueño seguro en un derecho exigible de las familias y dote al Estado de las herramientas de información necesarias para el diseño y evaluación de políticas públicas efectivas.

En síntesis, el diagnóstico revela un problema de salud pública que, aunque previsible, no cuenta en México con los instrumentos normativos adecuados para su atención integral. La reforma que se propone busca cerrar esta brecha mediante la institucionalización de la prevención y la generación de información de calidad, sentando las bases para reducir de manera sostenida las muertes evitables en la primera infancia.

3. Comparativo Internacional

La Muerte Súbita Inesperada del Lactante (SUID, por sus siglas en inglés) representa una tragedia de salud pública a nivel global. La experiencia internacional ha generado modelos robustos y validados que demuestran la eficacia de un enfoque doble para su prevención y para la mejora integral de la salud materno-infantil. Estos modelos destacan la sinergia esencial entre la rigurosa recolección de datos y la implementación de estrategias de comunicación pública de alto impacto.

1. Estados Unidos: Registro Nacional, Estandarización y Vigilancia Epidemiológica

El modelo estadounidense se centra en la precisión y la estandarización de los datos.

-Registro de Casos de SUID y SDY (Sudden Death in the Young): Administrado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este registro es un pilar fundamental para la vigilancia. No se limita a un simple conteo, sino que compila información detallada y estandarizada sobre las circunstancias de cada muerte súbita e inesperada. Este enfoque metodológico permite superar las inconsistencias en la clasificación de las causas de muerte que históricamente han dificultado la acción preventiva.

-Objetivo Estratégico: El fin primordial del registro es la identificación precisa de tendencias, patrones geográficos, demográficos y, crucialmente, las circunstancias modificables asociadas a estas muertes. Esta inteligencia de datos es indispensable para orientar y optimizar la asignación de recursos y el diseño de políticas preventivas específicas y con base científica, garantizando que los esfuerzos se concentren en los factores de riesgo más prevalentes.

2. Canadá: Política Pública Unificada y Consejería Proactiva de “Sueño Seguro”

Canadá ejemplifica la fuerza de la política pública clara y la uniformidad de los mensajes de prevención a nivel nacional.

-Recomendaciones Oficiales de “Sueño Seguro”: La Agencia de Salud Pública de Canadá implementa una política de salud pública inquebrantable a través de la publicación y diseminación continua de guías oficiales. Estas guías no son meras sugerencias, sino directrices categóricas.

-Enfoque en Factores Modificables: Las guías se centran en los factores de riesgo más importantes que pueden ser modificados por los cuidadores. El mensaje central y de cumplimiento universal es la indicación de acostar al lactante boca arriba (posición supina) para cada periodo de sueño, tanto diurno como nocturno. Otros elementos clave incluyen el uso de superficies firmes, evitar el sobrecalentamiento y la eliminación de objetos blandos en la cuna.

-Alineación con la Consejería Obligatoria: Este enfoque nacional, caracterizado por la emisión de mensajes de prevención consistentes y universales, se alinea perfectamente con la propuesta de establecer la consejería preventiva como un componente obligatorio en todos los puntos de atención materno-infantil, asegurando que ningún cuidador egrese del sistema de salud sin recibir esta información vital.

3. Reino Unido: Colaboración Institucional y Consistencia de Mensajes para un “Sueño Más Seguro”

El Reino Unido destaca por la integración de servicios de salud con organizaciones especializadas para una difusión masiva y empática.

-Servicio Nacional de Salud (NHS) y Guías de SIDS: El NHS mantiene una plataforma de información accesible, integral y basada en evidencia sobre el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SIDS). La clave de su estrategia es la colaboración estratégica.

-Asociación con Organizaciones Especializadas: El NHS colabora estrechamente con entidades como The Lullaby Trust, una organización benéfica líder. Esta asociación potencia la difusión de las guías de “sueño más seguro” ( safer sleep). Estas guías se promueven a través de múltiples canales, incluyendo visitas domiciliarias, clínicas prenatales y postnatales, y plataformas digitales.

-Estrategia de Recurrencia y Consistencia: Este modelo pone énfasis en la necesidad de que los mensajes preventivos sean consistentes, recurrentes y universales, dirigiéndose no solo a los padres primerizos, sino a toda la red de cuidadores (abuelos, guarderías, etc.). La integración de estas guías no es un complemento, sino un elemento esencial de la política pública de salud infantil.

Conclusión: Hacia una Estrategia Nacional Integral y Bimodal

El examen riguroso de las prácticas internacionales más exitosas revela que la efectividad en la prevención de SUID y la mejora de los desenlaces materno-infantiles reposa en la adopción de un enfoque estratégico doble:

1. Fundamento de Datos (Vigilancia): La Estandarización y Registro de Información es imperativa. Permite superar la subestimación del problema, dimensionar su verdadera magnitud, identificar los factores de riesgo locales y mejorar la clasificación forense y médica de los casos. Sin datos fiables, las políticas son ciegas.

2. Pilar de la Acción (Prevención): La Prevención a través de Consejería y Comunicación debe basarse en la difusión de mensajes públicos uniformes, verificables y respaldados por la evidencia científica, garantizando su alcance universal.

La iniciativa nacional está diseñada precisamente para integrar de manera armónica dos componentes esenciales: (a) la creación de un Registro Nacional robusto dentro del marco de “Información para la Salud” para la vigilancia epidemiológica continua, y (b) el establecimiento de la obligación legal de proporcionar consejería preventiva de “Sueño Seguro” de manera sistemática y estandarizada en todos los niveles de la atención materno-infantil.

4. Justificación de la Reforma

La presente iniciativa legislativa se erige sobre un pilar fundamental del derecho a la salud y a la vida de la niñez: la protección integral durante la primera infancia, particularmente frente a eventos de muerte súbita e inesperada en lactantes (MSIL). Su justificación radica en la necesidad imperante de trascender el enfoque meramente reactivo para adoptar una estrategia proactiva, sistémica y garantista que articule dos herramientas esenciales para la salud pública: la prevención sistemática basada en evidencia y el registro estadístico oficial homologado.

I. La Brecha de la Prevención Desigual: Garantía de Consejería de Sueño Seguro

La evidencia científica global es concluyente: la prevención efectiva de la MSIL depende crucialmente de que madres, padres y cuidadores primarios posean conocimiento actualizado, claro y oportuno sobre las prácticas de sueño seguro y la identificación de factores de riesgo ambientales y conductuales. Este conocimiento no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado por el Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, la realidad operativa muestra una aplicación heterogénea y, a menudo, no sistemática de la orientación preventiva. Frecuentemente, la consejería sobre sueño seguro se brinda de manera informal, dependiente de la discrecionalidad del personal de salud o se omite en momentos críticos. Esto deja a un número significativo de familias sin información esencial en coyunturas de máximo riesgo, tales como el control pediátrico del menor de un año, el egreso hospitalario de la madre y el recién nacido, o la atención en servicios de urgencias.

Para subsanar esta deficiencia, resulta indispensable dotar a la Ley General de Salud de un mandato expreso y obligatorio. Se propone incorporar la obligación de proporcionar consejería preventiva estructurada sobre prácticas de sueño seguro. Más aún, para asegurar su cumplimiento y trazabilidad, se establecerá la obligación de dejar constancia fehaciente de su otorgamiento en el expediente clínico individual. De esta forma, la consejería dejará de ser una acción optativa para convertirse en un componente integral y no negociable de la atención materno-infantil, asegurando que cada familia reciba la información vital necesaria para proteger la vida de su lactante.

II. La Brecha de la Información Fragmentada: Necesidad de un Registro Nacional Especializado

La capacidad del Estado para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas eficaces es directamente proporcional a la calidad y homogeneidad de sus datos. En el contexto de la MSIL, la ausencia de un mecanismo específico y especializado de registro a nivel nacional constituye un obstáculo significativo para la salud pública.

Actualmente, la información sobre estos eventos es dispersa, sujeta a clasificaciones heterogéneas entre entidades federativas y, en muchos casos, afectada por el subregistro. Esta fragmentación informativa impide:

1. Dimensionar la Magnitud Real del Problema: Sin datos confiables y comparables, resulta imposible conocer la incidencia precisa de la MSIL y sus variaciones geográficas y socioeconómicas.

2. Identificar Patrones de Riesgo: La falta de variables estandarizadas limita la capacidad institucional para detectar tendencias, factores de riesgo emergentes y poblaciones vulnerables que requieren atención prioritaria.

3. Evaluar Intervenciones Preventivas: Es imposible medir la efectividad de las campañas de concientización, los programas de capacitación al personal de salud o las reformas normativas si no existe una línea base de datos robusta y un mecanismo de seguimiento.

Por consiguiente, se impulsa la creación del Registro Nacional de Muerte Súbita e Inesperada en Lactantes. Este Registro se integrará como un componente especializado dentro del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Su finalidad será homologar los criterios de integración estadística, definir un conjunto mínimo de variables pertinentes para la prevención (sin afectar la confidencialidad de los datos personales de las familias) y asegurar la generación de informes anuales de datos agregados. Esta información se convertirá en la base empírica indispensable para el diseño racional de políticas públicas, la asignación eficiente de recursos hacia capacitación, investigación y prevención, y la evaluación constante del impacto de las acciones gubernamentales.

Conclusión: Un Enfoque Integral para la Protección de la Niñez

En resumen, la iniciativa aborda de manera estructural y complementaria las dos grandes debilidades que actualmente comprometen la protección contra la MSIL: la desigualdad en la prevención y la falta de información homologada.

La reforma es plenamente congruente con los fines de la Ley General de Salud, que establece la organización de la información para la salud como base de la planeación y reconoce el carácter prioritario de la atención materno-infantil. Al establecer obligaciones claras de consejería preventiva y crear un registro nacional especializado, el Estado no solo fortalece su aparato de prevención primaria, sino que reduce la dependencia de respuestas tardías o reactivas.

Esta acción legislativa garantiza el derecho de la niñez a recibir atención integral y protección reforzada durante una etapa crítica de su desarrollo, dotando al Estado de las herramientas normativas y de información suficientes para proteger la vida y el bienestar de las y los lactantes, y para orientar toda decisión pública con base en la mejor evidencia disponible.

5. Contenido y Objeto de la Iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto prevenir la muerte súbita e inesperada en lactantes mediante dos herramientas complementarias: prevención obligatoria a través de consejería en el primer contacto con el sistema de salud, y estadística oficial mediante un registro nacional que permita dimensionar el fenómeno, mejorar la calidad del certificado de defunción y orientar políticas públicas basadas en evidencia.

En México, la ausencia de un mecanismo específico de registro y la dispersión de criterios de clasificación dificultan conocer con precisión la magnitud y características de estos eventos. Ello limita la capacidad del Estado para diseñar estrategias preventivas focalizadas, evaluar resultados y coordinar respuestas institucionales. Al mismo tiempo, la prevención efectiva depende de que la información llegue a madres, padres y cuidadores de forma oportuna, clara y sistemática, como parte de la atención materno-infantil.

Para atender esta problemática, la reforma propone:

1) Consejería preventiva obligatoria y verificable

Se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, reordenando sus fracciones para corregir redundancias, a fin de incorporar expresamente como parte de la atención materno-infantil la consejería preventiva a madres, padres o tutores de niñas y niños menores de un año sobre prácticas de sueño seguro y medidas para prevenir la muerte súbita e inesperada en lactantes, disponiendo que dicha consejería se brinde, al menos, durante el control del menor y al egreso hospitalario o alta neonatal, y que se asiente constancia en el expediente clínico.

Asimismo, se adiciona una fracción al artículo 64 para que, en la organización y operación de los servicios de salud materno-infantiles, las autoridades sanitarias competentes establezcan acciones de orientación y consejería preventiva, incluyendo capacitación del personal, disponibilidad de materiales informativos y mecanismos de verificación para constatar su otorgamiento y registro.

2) Registro Nacional de Muerte Súbita e Inesperada en Lactantes

Se reforma la denominación del Capítulo Único del Título Sexto (“Información para la Salud”) para convertirlo en Capítulo I, y se adiciona un Capítulo II para crear el Registro Nacional de Muerte Súbita e Inesperada en Lactantes, mediante los artículos 109 Ter y 109 Quáter.

Este Registro se integra como componente del Sistema Nacional de Información en Salud y tiene por finalidad homologar, concentrar y dar seguimiento estadístico a los casos ocurridos en menores de un año, incorporando variables mínimas pertinentes para la prevención, con protección de datos, y estableciendo la obligación de la Secretaría de Salud de emitir disposiciones generales para su integración e interoperabilidad, así como publicar un informe anual con datos agregados.

3) Implementación gradual y lineamientos

Mediante artículos los transitorios se prevé un periodo razonable para la entrada en vigor, la emisión de disposiciones generales por parte de la Secretaría de Salud y la implementación administrativa y tecnológica del Registro, asegurando que, mientras se emiten dichas disposiciones, las instituciones conserven y pongan a disposición la información necesaria para la integración del Registro.

En suma, la iniciativa busca convertir la prevención en una obligación institucional verificable —no dependiente de esfuerzos aislados— y dotar al Estado de una herramienta nacional de información y seguimiento que permita evaluar y mejorar continuamente las políticas públicas orientadas a proteger la vida y el bienestar de la primera infancia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se agrega un cuadro comparativo de la propuesta de reforma:

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención materno-infantil y muerte súbita e inesperada en lactantes.

Único. Se reforma la fracción II del artículo 61, las fracciones III, III Bis y IV del artículo 64, y la denominación del “Capítulo Único” del Título Sexto; y se adiciona una fracción V al artículo 64, un Capítulo II al Título Sexto denominado “Del Registro Nacional de Muerte Súbita e Inesperada en Lactantes ” y los artículos 109 Ter y 109 Quáter, todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 61....

I. a I. Bis. ...

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual, así como la promoción de la integración familiar; y la consejería preventiva a madres, padres o tutores de niñas y niños menores de un año sobre prácticas de sueño seguro y medidas para la prevención de la muerte súbita e inesperada en lactantes, la cual deberá brindarse, al menos, durante el control del menor y al egreso hospitalario o alta neonatal, asentándose constancia en el expediente clínico;

II. Bis. a VI. ...

Artículo 64. ...

I a II Bis. ...

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años ;

III Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años ;

IV. Acciones para respetar, garantizar y proteger el ejercicio de las parteras tradicionales, en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas, así como el uso de sus recursos bioculturales. Para lo anterior, se les brindarán los apoyos necesarios sin condicionamientos o certificaciones, siendo suficiente el reconocimiento comunitario , y

V. Acciones de orientación y consejería preventiva sobre prácticas de sueño seguro y medidas para la prevención de la muerte súbita e inesperada en lactantes, incluyendo la capacitación del personal de salud responsable de la atención del menor de un año, la disponibilidad de materiales informativos claros y accesibles, y mecanismos para constatar su otorgamiento y registro en el expediente clínico.

Artículo 61. ...

I. a I Bis. ...

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual, así como la promoción de la integración familiar; y la consejería preventiva a madres, padres o tutores de niñas y niños menores de un año sobre prácticas de sueño seguro y medidas para la prevención de la muerte súbita o inesperada de lactantes, la cual deberá brindarse, al menos, durante el control del menor y al egreso hospitalario o alta neonatal, asentándose constancia en el expediente clínico;

II. Bis a VI. ...

Artículo 64....

I. a II Bis. ...

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los proceso diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años;

III. Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años;

IV. Accciones para respetar, garantizar y proteger el ejercicio de las parteras tradicionales, en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas, así como el uso de sus recursos bioculturales. Para lo anterior, se les brindarán los apoyos necesarios sin condicionamientos o certificaciones, siendo suficiente el reconocimiento comunitario, y

V. Acciones de orientación y consejería preventiva sobre prácticas de sueño seguro y medidas para la prevención de la muerte súbita e inesperada en lactantes, incluyendo la capacitación de personal de salud responsable de la atención del menor de un año, la disponibilidad de materiales informativos claros y accesibles, y mecanismos para constatar su otorgamiento y registro en el expediente clínico.

Artículo 109 Ter. La Secretaría de Salud establecerá y operará el Registro Nacional de Muerte Súbita e Inesperada en Lactantes, como instrumento de vigilancia epidemiológica y estadística de base poblacional, con el objeto de homologar, concentrar y dar seguimiento a los casos, a fin de fortalecer la prevención, mejorar la calidad del registro de mortalidad y orientar políticas públicas.

El Registro integrará, al menos:

I. Datos demográficos y de ocurrencia del evento, en términos de las disposiciones aplicables;

II. Clasificación diagnóstica conforme a los estándares de codificación aplicables;

III. Variables mínimas epidemiológicas y del entorno pertinentes para prevención, sin incluir datos personales que identifiquen a la víctima o a su familia;

IV. La fuente de información utilizada; y

V. La información adicional que determine la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 109 Quáter. La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones de carácter general para la integración, actualización e interoperabilidad del Registro, y publicará anualmente un informe estadístico nacional con datos agregados.

Las instituciones públicas, sociales y privadas que integren el Sistema Nacional de Salud deberán proporcionar la información que, en el ámbito de sus atribuciones, resulte necesaria para el Registro, en los términos y periodicidad que determine la Secretaría de Salud conforme a las disposiciones aplicables.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 109 Quáter de la Ley General de Salud, así como para realizar las adecuaciones administrativas y tecnológicas necesarias para la implementación del Registro Nacional de Muerte Súbita e Inesperada en Lactantes.

Tercero. En tanto la Secretaría de Salud emite las disposiciones a que se refiere el artículo anterior, las instituciones públicas, sociales y privadas que integren el Sistema Nacional de Salud deberán conservar y poner a disposición de la Secretaría de Salud la información relativa a los casos que sean identificados, conforme a los formatos y medios que ésta determine mediante aviso público.

Fuentes

1 Organización de las Naciones Unidas; Asamblea General de las Naciones Unidas; Convención sobre los Derechos del Niño; 1989; Artículos 3, 6 y 24; Disponible en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/ convention-rights-child; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1917; artículo 4o., párrafos noveno y décimo; Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 2014; Artículos 2, 13, 43 y 50; Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Ley General de Salud; 1984; Artículos 3, 61 y 64; Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Inegi; Estadísticas de Defunciones Registradas 2024; 2025; Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/edr/; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Inegi; Estadísticas de Defunciones Registradas 2024; Op. cit.; Sección de principales causas de muerte en menores de un año.

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Inegi; Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023; 2024; p. 24; Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

8 Academia Americana de Pediatría; AAP Task Force on SIDS; SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment; Pediatrics; 2022; Vol. 150, Núm. 1; Disponible en:

https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/1/e202205799 0/188304/; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

9 Academia Americana de Pediatría; AAP Task Force on SIDS; Op. cit.; Sección sobre factores de riesgo modificables.

10 Organización Mundial de la Salud; OMS; Recomendaciones de la OMS sobre cuidados maternos y neonatales para una experiencia posnatal positiva; 2022; Capítulo 3, Recomendación sobre posición para dormir; Disponible en:

https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

11 Hauck, F.R., Thompson, J.M., Tanabe, K.O., Moon, R.Y., Vennemann, M.M.; Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: A Meta-analysis; Pediatrics; 2011; Vol. 128, Núm. 1, pp. 103-110; Disponible en:

https://publications.aap.org/pediatrics/article/128/1/103/30379/ Breastfeeding-and-Reduced-Risk-of-Sudden-Infant; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

12 Academia Americana de Pediatría; AAP Task Force on SIDS; Op. cit.; Sección sobre factores protectores: uso de chupete, compartir habitación sin compartir cama, vacunación completa y atención prenatal.

13 Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver; NICHD; Safe to Sleep Campaign History; 2024; Disponible en:

https://safetosleep.nichd.nih.gov/campaign/history; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

14 Sánchez T., Peirano D., Pipino C., Brockmann P.E.; Revista Chilena de Pediatría (Andes Pediátrica); Malos hábitos de sueño en lactantes: factor de riesgo para síndrome de muerte súbita del lactante. Estudio piloto; 2020; Vol. 91, Núm. 4, pp. 529-535; Disponible en:

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062020005001103 &script=sci_arttext; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

15 Malloy, M.H., MacDorman, M.; Changes in the Classification of Sudden Unexpected Infant Deaths: United States, 1992-2001; Pediatrics; 2005; Vol. 115, Núm. 5, pp. 1247-1253; Disponible en:

https://publications.aap.org/pediatrics/article/115/5/1247/67529 /Changes-in-the-Classification-of-Sudden-Unexpected; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

16 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; CDC; About SUID and SIDS; 2024; Disponible en:

https://www.cdc.gov/sudden-infant-death/about/; Fecha de consulta: 4 de abril de 2026.

17 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Op. cit.; Artículo 4o., párrafo cuarto, derecho a la protección de la salud.

18 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); Registro de casos de muerte súbita e inesperada en lactantes y muerte súbita en jóvenes; 2024; Disponible en línea en:

https://www.cdc.gov/sudden-infant-death/php/case-registry/index. html; Consultado en línea: 04 de abril de 2026.

19 Agencia de Salud Pública de Canadá; Declaración conjunta sobre sueño seguro: reducción de la muerte súbita del lactante y otras muertes infantiles relacionadas con el sueño; 2025; Disponible en línea en:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/hea lthy-living/joint-statement-on-safe-sleep.html Consultado en línea: 04 de abril de 2026.

20 Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS); Síndrome de muerte súbita del lactante; 2026; Disponible en línea en:

https://www.nhs.uk/baby/caring-for-a-newborn/sudden-infant-death -syndrome-sids/ Fecha de consulta: 04 de abril de 2026.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputados: Patricia Flores Elizondo, Amancay González Franco, Ana Isabel González González, Anabel Acosta Islas, Ariana del Rocío Rejón Lara,Carmen Rocío González Alonso, Celia Esther Fonseca Galicia, Deliamaría González Flandez, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Francisco Javier Farías Bailón, Gibran Ramírez Reyes, Irais Virginia Reyes de la Torre, Jaime Humberto Pérez Bernabe, José Luis Hernández Pérez, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Karina Isabel Martínez Montaño, Laura Cristina Márquez Alcalá, Laura Irais Ballesteros Mancilla, Lilia Aguilar Gil, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Enrique Miranda Barrera, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María Luisa Mendoza Mondragón, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Mayra Espino Suárez, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Noel Chávez Velázquez, Pablo Vázquez Ahued, Patricia Galindo Alarcón, Patricia Mercado Castro, Paulina Rubio Fernández, Rosa Margarita Graniel Zenteno, Samanta Margarita Garza de la Garza, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Tey Mollinedo Cano, Víctor Samuel Palma César (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, a cargo de la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, al tenor de la siguiente

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar es un marco jurídico moderno que permite que el Estado y el sector privado desarrollen proyectos de manera conjunta, compartiendo riesgos, beneficios y responsabilidades, cada uno desde su papel, sin que el Estado renuncie a su rectoría, ni a la inversión pública.

Este instrumento permite integrar un nuevo catálogo de proyectos con valor social y enfoque sostenible, en áreas como educación, salud y acceso al agua, entre otras. Para respaldar este portafolio de inversiones, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobamos para 2026 un paquete por más de 536 mil millones de pesos, destinado a proyectos prioritarios de infraestructura y seguridad.

Figura 1. Proyectos de inversión en infraestructura de 2026

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026.

El efecto de estos proyectos es innegable. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, durante el segundo trimestre de 2026 la economía presentó un crecimiento de 1.5 por ciento, impulsado en gran medida por el avance en obras de infraestructura con inversión mixta, atrayendo niveles históricos de inversión extranjera directa, que alcanzó un nuevo máximo histórico en el primer trimestre, al registrar 23.6 mil millones de dólares, cifra 10.4 por ciento superior a la del mismo periodo de 2025.

En su informe trimestral más reciente, el Banco de México señaló que los avances en proyectos de infraestructura con inversión mixta impulsarán la actividad económica por encima de lo previsto. Para sostener este dinamismo y garantizar que esta inyección histórica de recursos se ejerza con absoluta pulcritud, resulta imperativo blindar los procesos de contratación.

En este contexto, las Secretarías de Hacienda, y de Anticorrupción y Buen Gobierno han planteado fortalecer el combate a la corrupción en particular mediante la implementación de sistemas y mecanismos eficaces de prevención y combate, que garanticen el profesionalismo y la integridad de las dependencias gubernamentales y de las personas servidoras públicas.

Hay consenso con el sector privado sobre la necesidad de certeza jurídica en los Polos de Bienestar y el Plan México. En el reciente foro Inversión en infraestructura como detonador de crecimiento: oportunidades del Plan México, el sector empresarial destacó que, en el marco de la nueva Ley de Infraestructura, es indispensable contar con proyectos técnicamente sólidos y financieramente viables, así como ofrecer a los inversionistas certeza jurídica y regulatoria, una distribución adecuada de riesgos y financiamiento de largo plazo.

En 2026 continuará el desarrollo regional consolidando los 15 polos de bienestar. En ese marco se implantó el impulsando proyectos que incluyen la modernización de puertos, carreteras e infraestructura logística y energética, la expansión de redes ferroviarias; así como el fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico.

Por ello cobra sentido la relevancia de la participación de la sociedad civil como un mecanismo complementario para fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas y que se fundamenta en los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2004, donde se materializó la figura del testigo social.

El testigo social formó parte de los esfuerzos para fortalecer la participación de la sociedad civil en los procedimientos de contratación gubernamental, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los principios consagrados en el mencionado artículo 134 de la Constitución, que incluyen la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en los procesos de contratación pública, garantizando así las mejores condiciones para el Estado.

Con la presencia del testigo social se otorgó certidumbre en la intervención en licitaciones de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes, prestación de servicios y contratación de obra contribuye a que, conforme al marco constitucional, el Estado obtenga las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

De acuerdo con el estudio Corrupción cero, el rol del buen gobierno y la ciudadanía en el combate a la corrupción, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno menciona que uno de los mecanismos que permiten poner a disposición información gubernamental a todas y todos los ciudadanos, de forma que la gestión pública queda a la luz de la vigilancia de todas las personas, reduciendo las posibilidades de cometer actos de corrupción, es la del testigo social. En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) también se regula la figura jurídica del Testigo Social, como la persona física o moral designada por la SABG, para vigilar los procedimientos de contratación.

El participa con voz en todas las etapas de los procedimientos de contratación pública, y emite un informe final con observaciones y recomendaciones, el cual debe difundirse en la página electrónica de la dependencia correspondiente. Además, el puede intervenir en proyectos de obra pública. La Ley de Asociaciones Público Privadas también considera en el artículo 43 su participación en los actos de concurso, en calidad de observador.

Figura 2. Procesos en los que participa el testigo social

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La relevancia del ha sido tan destacada que se considera un guardián del gasto público, por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En la reciente aprobación de la LAASSP en 2025, el gobierno federal señaló en la exposición de motivos la necesidad de conservar la figura del como mecanismo de participación ciudadana, a fin de verificar que los procesos de contratación se realicen conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Lejos de ser un trámite burocrático, la participación ciudadana en las contrataciones se ha optimizado. De acuerdo con datos de la SABG, el Gobierno Federal ha implementado recientemente acciones contundentes para modernizar y dotar de agilidad a la figura del testigo social, entre las que destacan

• En octubre de 2024, tras 8 años sin actualización, se publicó una convocatoria pública y abierta para el registro como en la que participaron 150 aspirantes y permitió que las personas inscritas en el padrón de la SABG aumentaran 68 por ciento: pasaron de 38 a 64 personas;

• Se inició la sistematización de los procesos en los que participan los a fin de eliminar trámites manuales y burocráticos, así como transparentar la información generada por su intervención en los procedimientos de contratación;

• Se implantó un nuevo modelo de operación para los apoyado en herramientas digitales, que redujo de el tiempo de atención de las solicitudes presentadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, permitiendo su incorporación oportuna en los procedimientos, y

• Del 1 de enero al 31 de julio de 2025 atendieron 63 solicitudes de designación de testigo social, vinculadas con la revisión de procedimientos de contratación pública por un monto estimado de 273 mil millones de pesos, 20 por ciento superior al estimado para los procedimientos atestiguados en 2024.

En resumen, hay múltiples beneficios de la figura del testigo social, entre las que destacan:

• Actúa como un disuasivo natural contra irregularidades, sobornos o el direccionamiento de contratos. Al colocar las etapas críticas de las licitaciones bajo escrutinio técnico externo, cierra los espacios para los acuerdos discrecionales.

• En esquemas donde convergen recursos públicos y privados, la supervisión ciudadana garantiza el piso parejo y el respeto absoluto a las bases de licitación. Esta neutralidad es el incentivo de confianza más poderoso para atraer al sector empresarial hacia proyectos de financiamiento conjunto.

• Asegura que los fallos se fundamenten estrictamente en criterios técnicos y económicos, obligando a las dependencias a adjudicar contratos que garanticen al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y financiamiento, evitando sobrecostos injustificados.

• Desactiva las suspicacias políticas y sociales que suelen rodear a las obras de gran magnitud. Cuando un representante de la sociedad civil avala la limpieza del proceso de adjudicación, los proyectos nacen con un blindaje de legitimidad comunitaria e institucional.

• Mediante la emisión de su testimonio e informe público final, el testigo no solo señala omisiones, sino que formula recomendaciones operativas. Esto genera un ciclo de retroalimentación que obliga a las dependencias a modernizar sus procesos y cerrar vacíos legales en futuras convocatorias.

Y la Ley de Infraestructura es una invitación abierta a invertir en México con reglas claras, certidumbre jurídica y visión de largo plazo. Es una ley pensada para quienes apuestan, planean y construyen, en México y para los mexicanos. Este nuevo marco propone una relación distinta entre el Estado y el sector productivo: una relación basada en confianza, corresponsabilidad y resultados. Donde cada cual sabe qué le toca hacer y qué puede esperar.

La meta es muy clara: que cada proyecto genere valor económico, impulse el desarrollo regional y contribuya al bienestar sostenible. Eso es lo que necesita México hoy.

Propuesta de modificación

La presente iniciativa propone reformar la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, a fin de incorporar la figura del testigo social como observador en las licitaciones públicas, conforme al impacto de la contratación en la ejecución de un proyecto de inversión.

Para facilitar su comprensión, se presentan a continuación las modificaciones propuestas a la Ley referida.

Cuadro 1 Confronta

Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar

Por lo expuesto someto a consideración esta esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXIV del artículo 4 y se adicionan la XXV, con lo que recorre la actual XXIV para quedar como XXV, al artículo 4; y un tercero y cuarto párrafos al artículo 90 de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar

Único. Se reforma la fracción XXIV del artículo 4; y se adiciona la fracción XXV, con lo que se recorre la actual XXIV para quedar como XXV, al artículo 4, y un tercero y cuarto párrafos al artículo 90, para quedar como sigue:

Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar

Artículo 4. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. Testigo social: Persona física o moral designada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para vigilar los procedimientos de contratación; y

XXV. Vehículos de propósito específico: Sociedades, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica, que permita generar una coordinación efectiva entre los sectores público, privado o social, en materia de infraestructura, sin que su sola constitución implique obligaciones a cargo del gobierno federal.

Artículo 90. ...

...

En las licitaciones públicas, atendiendo al impacto que la contratación tenga para la realización de un proyecto procedente, participarán testigos sociales.

El reglamento de esta ley establecerá la figura de testigos sociales y preverá los términos de su participación en el procedimiento de concurso.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal realizará modificaciones al Reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar dentro de los sesenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Referencias

-Banco de México. Informe trimestral abril-junio de 2026.

- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2025). Gaceta Parlamentaria número 6740-I. Iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Austeridad Republicana, de Economía Social y Solidaria, y General de Sociedades Cooperativas.

- Consejo Coordinador Empresarial. (2026, 24 agosto). Foro Inversión en infraestructura como detonador de crecimiento: oportunidades del Plan México, boletín número 17,

https://saladeprensa.cce.org.mx/cce-necesitamos-infraestructura- que-conecte-financiamiento-que-haga-posibles-los-proyectos-y-regulacion-que-de- certeza/

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2025).

- Ley de Asociaciones Público Privadas (2012).

- Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (2012).

- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Corrupción cero El rol del buen gobierno y la ciudadanía en el combate a la corrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (2025).

- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Primer informe de labores 2024-2025.

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2026.

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026.

Nota

1 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=754043&fecha= 16/12/2004#gsc.tab=0

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputados: Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Anabel Acosta Islas, Celia Esther Fonseca Galicia, Claudia Rivera Vivanco, Enrique Villegas García, Jaime Humberto Pérez Bernabe, José Luis Hernández Pérez, Julieta Villalpando Riquelme, Karina Isabel Martínez Montaño, María Luisa Mendoza Mondragón, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal Federal, en materia de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rosa Margarita Graniel Zenteno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal Federal, en materia de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, con base en la siguiente

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ha encontrado en los entornos digitales un nuevo espacio de reproducción y expansión. El uso masivo de redes sociales, plataformas digitales, videojuegos en línea y servicios de mensajería ha facilitado que personas adultas establezcan contacto con menores de edad con fines sexuales, produzcan y difundan material de abuso sexual infantil o los sometan a amenazas y extorsiones, generando graves afectaciones a su integridad física, emocional y psicológica.

El acceso de niñas, niños y adolescentes a las tecnologías digitales ya no es un tema de discusión: hoy es una realidad presente en la vida diaria. Cuando se utiliza de manera adecuada, puede ser una gran herramienta para apoyar a quienes viven en condiciones de desventaja, ya sea por pobreza, discapacidad, origen, género o lugar de residencia, brindándoles más oportunidades y habilidades para desarrollarse en el mundo digital.

Sin embargo, también se ha incrementado la violencia digital o ciberacoso. Amenazas, insultos, mentiras, intimidación, difusión de imágenes íntimas sin permiso, engaños, extorsiones, suplantación de identidad y robos de información son algunas de las agresiones que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes, generándoles miedo, daño emocional y humillación.

En México, si bien el Código Penal Federal considera delitos relacionados con la pornografía infantil y la corrupción de menores, no existe un tipo penal autónomo que reconozca y sancione de manera integral la violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, lo que genera vacíos legales, dificultades probatorias y una respuesta institucional insuficiente frente a estas conductas.

Esta omisión contraviene el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las obligaciones del Estado mexicano derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 19 y 34.

“Los datos sobre los distintos tipos de violencia contra los niños mediante el uso de la tecnología, principalmente a través de Internet, surgen del primer Estudio Nacional sobre Violencia Digital contra la Niñez, dirigido por Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”

La violencia sexual digital no se limita a la producción de material explícito; inicia muchas veces con el contacto intencional con fines sexuales (grooming), continúa con la obtención o simulación de contenido íntimo y culmina con prácticas de extorsión, donde las víctimas son sometidas a amenazas, manipulación y revictimización constante. Estas conductas deben ser reconocidas como una forma específica de violencia sexual, con sanciones claras y proporcionales.

El pasado 22 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley para la Protección del Derecho de las Infancias a una Vida Libre de Violencia cometida con Uso de Inteligencia Artificial en Zacatecas.

Por unanimidad de votos, el pleno del máximo tribunal avaló la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de aprobada por el Congreso de Zacatecas.

Esta decisión es fundamental, porque por primera vez en nuestro país se pone énfasis en una problemática que, muchas autoridades desconocían o en algunos casos ignoraban de su existencia o la negaban en determinado momento.

Desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social principios fundamentales del movimiento de la Cuarta Transformación, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellas que se producen en ámbitos digitales donde la impunidad suele prevalecer.

Tipificar el delito de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar conductas que vulneran su integridad, dignidad y desarrollo integral, garantizando el interés superior de la niñez y una vida libre de violencia en entornos digitales.

La inicia tiene un impacto positivo directo en niñas, niños y adolescentes, quienes constituyen un grupo en situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia sexual en entornos digitales.

Diversos países han avanzado en el reconocimiento de la violencia sexual digital como delito autónomo, por ejemplo:

• España tipifica el child grooming y la pornografía infantil digital en el Código Penal en 2010, en el artículo 183 Bis.

• Argentina Desde diciembre de 2013 el Código Penal establece que el grooming es un delito que puede tener una pena de prisión de 6 meses a 4 años.

• Chile Desde diciembre de 2022, transmitir imágenes o audios con contenido sexual que involucre a menores de 18 años, es delito.

Estas experiencias demuestran la necesidad de una tipificación clara, específica y acorde a la realidad digital contemporánea.

A efecto de tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Código Penal Federal

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal Federal

Único. Se adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 202. ...

...

Artículo 202 Bis. ...

Artículo 202 Ter. Comete el delito de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes quien, por cualquier medio electrónico, digital o tecnológico:

a) Establezca comunicación con una niña, niño o adolescente con fines sexuales o eróticos;

b) Solicite, obtenga, produzca, almacene, comparta o difunda imágenes, audios o videos de contenido sexual o íntimo de niñas, niños o adolescentes, reales o simulados;

c) Amenace, manipule o extorsione a una niña, niño o adolescente utilizando material obtenido por medios digitales.

A quien cometa este delito se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización.

La pena establecida en el párrafo anterior aumentará hasta en una mitad cuando:

d) La víctima sea menor de doce años;

e) El delito se cometa mediante engaño, uso de identidad falsa, abuso de confianza o aprovechamiento de una relación de autoridad, parentesco, tutela, custodia, docencia o cuidado;

f) El responsable sea servidor público o utilice recursos, plataformas o equipos institucionales y

g) Exista reiteración de la conducta o pluralidad de víctimas.

Además de las penas señaladas, el responsable perderá los derechos derivados de la patria potestad, tutela, curatela o cualquier otra relación de autoridad o confianza sobre la víctima, cuando corresponda.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-c onvention-rights-child-sale-children-child

2 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

3 https://unamglobal.unam.mx/global_revista/violencia-digital-contra-ninos-y-adol escentes/

4 https://www.gob.mx/profeco/articulos/grooming-y-ciberacoso-en-ninos?idiom=esGro oming: Es cuando un adulto mediante engaños y mentiras se gana la confianza y establece algún tipo de amistad con una niña, niño o adolescente a través de Internet, ya sea vía redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual. Estas imágenes o videos están destinados al consumo de pederastas o a redes de abuso sexual a menores con el objetivo de llevar a cabo abuso y/o explotación sexual o prostitución infantil.

5 https://www.congresozac.gob.mx/64/ley&cual=121

6 https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953. pdf

7 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27590-345231/ texto

8 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1187183

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.– Diputadas: Rosa Margarita Graniel Zenteno, Karina Isabel Martínez Montaño, Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, en materia de accesibilidad de los medicamentos para las personas con discapacidad visual, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, fracción 1, numeral 1, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, en materia de accesibilidad de los medicamentos para las personas con discapacidad visual, al tenor de la siguiente

El acceso efectivo a la salud no se agota en la existencia física de medicamentos, servicios médicos o establecimientos sanitarios. Para que este derecho pueda ejercerse de forma real, las personas deben encontrarse en condiciones que les permitan identificar, utilizar y comprender de manera segura los productos destinados a preservar, recuperar o mejorar su estado de salud.

Cuando cualquier ciudadano enfrenta una barrera que le impide conocer por sí misma la información esencial de un medicamento, no tiene el suficiente cuidado que pueda mantener ese estado completo de bienestar físico, mental y socia independientemente de la ausencia de afecciones o enfermedades de conformidad con el artículo 1o. Bis de la Ley General de Salud, en concordancia con lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en consonancia al principio pro persona y la prohibición de toda forma de discriminación motivada, entre otras circunstancias, por motivos de discapacidad.

Que este mandato constitucional obliga a que las normas relacionadas con la salud sean interpretadas y diseñadas desde una perspectiva que considere las distintas condiciones en las que las personas ejercen sus derechos. No resulta suficiente que un medicamento esté disponible en una farmacia, hospital o institución sanitaria si determinada población encuentra obstáculos adicionales para reconocerlo, distinguirlo o utilizarlo adecuadamente.

Es claramente previsible que para alcanzar una igualdad efectiva se requiere adoptar acciones que permitan superar las barreras que afectan de manera particular a ciertos grupos. La propia lógica constitucional de la no discriminación exige que el orden jurídico atienda las condiciones concretas que pueden impedir el ejercicio de un derecho en igualdad de circunstancias.

La Suprema Corte ha reconocido en diversos precedentes que una igualdad efectiva y debe alcanzar la creación y aplicación de las normas que eliminen estos obstáculos, véase en la tesis jurisprudencial 2027601 de la extinta Segunda Sala del Alto Tribunal:

Accesibilidad. Es obligación de las autoridades eliminar obstáculos y barreras para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno en igualdad de condiciones 3.

Desde esta perspectiva, la accesibilidad de la información contenida en los medicamentos constituye una cuestión vinculada directamente con la dignidad humana y con el ejercicio autónomo de derechos fundamentales de las personas con discapacidad visual que no deberían depender, en todos los casos, de que un tercero les indique qué medicamento tienen frente a sí, cuál es su denominación o cuál es la información básica que permite distinguirlo de otros productos.

La posibilidad de acceder directamente a esa información fortalece su autonomía personal y disminuye situaciones de dependencia que pueden evitarse mediante herramientas de accesibilidad.

Por ello, la presente iniciativa parte precisamente de esa necesidad consistente en reformar el artículo 225 de la Ley General de Salud para establecer que las disposiciones correspondientes contemplen las especificaciones necesarias destinadas a promover la inclusión del sistema Braille en los empaques de los medicamentos, con la finalidad de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

El texto vigente del artículo 225 contempla la identificación de los medicamentos mediante sus denominaciones genérica y distintiva, mientras que la iniciativa incorpora expresamente una consideración de accesibilidad que actualmente no se encuentra prevista en ese ordenamiento jurídico.

La modificación propuesta no pretende alterar la naturaleza sanitaria de los medicamentos ni sustituir la regulación técnica, médica o jurídica que debe acompañarlos. Su propósito es complementar el régimen existente mediante una herramienta que permita que parte de la información identificativa pueda ser consultada por las personas con discapacidad visual a través de un sistema de comunicación reconocido internacionalmente y por medio de los lineamientos que la Secretaría de Salud en ejercicio de sus funciones.

La pertinencia de esta medida encuentra un respaldo particularmente claro en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 9o., numeral 1, de dicho instrumento establece obligaciones para que los Estados adopten medidas apropiadas que aseguren a las personas con discapacidad el acceso, en igualdad de condiciones con las demás, a la información, las comunicaciones, las tecnologías y otros servicios e instalaciones abiertos al público.

Dentro de esta concepción, la accesibilidad no debe entenderse exclusivamente como la eliminación de obstáculos arquitectónicos; también comprende las barreras que dificultan recibir, identificar y utilizar información, expresado en el inciso h de esa misma norma:

h) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

A ello se suma el artículo 25 de la Convención, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. El instrumento internacional exige que los Estados adopten las medidas pertinentes para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad en condiciones de igualdad.

La relación entre ambos derechos es evidente. La accesibilidad constituye una condición que permite hacer efectivo el derecho a la salud. Una persona que no puede identificar adecuadamente un medicamento se encuentra frente a un riesgo. Esto adquiere especial relevancia cuando existen varios medicamentos de características similares, tratamientos simultáneos, presentaciones diferentes o instrucciones que deben ser distinguidas con precisión.

Este tema ya ha sido objeto de intención para formalizar en la Ley en anteriores legislaturas y como legisladora de la LXVI legislatura abogo por la progresividad médica en favor de este grupo social.

Debe destacarse que la iniciativa utiliza una fórmula prudente al establecer que los lineamientos correspondientes deberán prever las especificaciones necesarias para promover la inclusión del sistema Braille. Esto permite que los aspectos técnicos sean desarrollados por las autoridades competentes mediante las disposiciones regulatorias aplicables, atendiendo a las características de los distintos medicamentos, presentaciones y procesos de fabricación.

Este estudio investigó los patrones de uso de medicamentos en personas con discapacidad visual en Arabia Saudita. Estos pacientes enfrentan considerables dificultades para autoadministrarse sus medicamentos y dependen en gran medida de sus cuidadores. Los métodos actuales de dispensación de medicamentos para esta población (y la normativa vigente) no satisfacen suficientemente sus necesidades de información sobre salud. El estudio destacó la necesidad de aplicar el etiquetado en Braille a los medicamentos recetados a personas con discapacidad visual. Se justifica una revisión de la normativa vigente sobre la aplicación del etiquetado en Braille a los medicamentos. El uso de este tipo de etiquetado puede mejorar los regímenes de tratamiento farmacológico, minimizar los errores de medicación y promover la independencia de estas personas (mediante la autoadministración de medicamentos). La incorporación de tecnología al etiquetado impreso en Braille puede optimizar los servicios de atención farmacéutica y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Por las razones expuestas, se considera jurídicamente procedente y socialmente necesaria la modificación del artículo 225 de la Ley General de Salud, a fin de que la regulación de los medicamentos incorpore expresamente criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Con ello, el Estado mexicano avanzaría en la materialización de los principios constitucionales de dignidad, igualdad y no discriminación y cumpliría de manera más efectiva las obligaciones convencionales relacionadas.

Para una perspectiva más clara de esta iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, someto a la elevada consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso, prescripción médica y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

...

...

Dichas disposiciones deberán prever las especificaciones necesarias a fin de promover la inclusión del sistema Braille en los empaques para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones que correspondan a las disposiciones administrativas y regulatorias aplicables, a fin de establecer las especificaciones técnicas necesarias para promover la inclusión del sistema Braille en los empaques de los medicamentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Salud.

Tercero. La implementación de las disposiciones derivadas del presente decreto se realizará con cargo a los recursos humanos, materiales y administrativos disponibles de las autoridades competentes, por lo que no implicará ampliaciones presupuestarias adicionales para el ejercicio fiscal correspondiente ni subsecuentes.

Cuarto. Las disposiciones administrativas que se emitan con motivo del presente decreto deberán procurar su aplicación gradual y ordenada, atendiendo a las características técnicas de los medicamentos y sus diferentes presentaciones, sin afectar su disponibilidad en el mercado ni las condiciones de seguridad sanitaria establecidas por la legislación aplicable.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027601

4 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

5 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016420300074

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.– Diputadas: Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Olegaria Carrazco Macías, Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y del Código Penal Federal, en materia del uso de redes sociales y celulares, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y del Código Penal Federal, en materia del uso de redes sociales y celulares, al tenor de la siguiente

Las brechas digitales y de distancia fueron reducidas con la llegada de medios, dispositivos e invenciones que aportaron para acercar a las personas y facilitar actividades. Su trascendencia marca un antes y un después a nivel mundial, pues a coadyuvado al desarrollo de la humanidad, pero también observamos que la tecnología nos esta rebasando.

Surgiendo la necesidad de establecer límites sobre el uso específicamente de las redes sociales y celulares. Si bien las ventajas de las plataformas digitales es la conectividad global, la mensajería instantánea, las fuentes de información, el desarrollo de habilidades, proyecciones de negocios, libertad de expresión, entre otras; también es menester conocer sus desventajas siendo la exposición de la privacidad y fraudes, pérdida de habilidades sociales, adicción al uso, deficiencia en el ámbito laboral, bullying virtual, baja autoestima, pederastia y falsa información, entre otros.

Respecto al uso del celular, esta coadyuva a la comunicación constante y el acceso inmediato a la información, pero la desventaja es la dependencia y distracciones.

Partiendo de esta información, es necesario precisar en números y análisis para conocer hasta dónde es viable regular el uso en los dos casos citados, enfocado en institutos de educación.

Según la UNESCO hasta marzo de 2026, solo el 58% de países en el mundo han establecido reglas para limitar el uso de celulares en escuelas, lo que representa a 114 sistemas educativos, mediante la prohibición de esté a nivel primaria y secundaria, restricciones en el acceso a redes sociales y límites al tiempo frente a pantallas, entre otras. La ONU señala que se supera el 90% a nivel mundial de jóvenes de entre 15 a 24 años conectados al internet, siendo el grupo con mayor uso.

En México, las cifras reflejan mayor preocupación ya que tocan un sector de menores, de 6 años en adelante, registrando el 70% de esta población como usuaria de internet, y el 65% que utiliza el celular. Los adolescentes de 12 a 17 años ocupan más del 92% que tienen un dispositivo electrónico.

Por lo anterior, se puede prever conflicto en el desarrollo de los menores de edad, ya que la UNESCO cita que el 75% de profesores considera que el celular en clase los distrae y que son 20 minutos los que tardan en volver a concentrarse. Además de que de acuerdo a la ONU uno de cada tres niños a sufrido ciberacoso o ha estado expuesto a contenido sexual inapropiado. Nuestro país registra a tres millones de adolescentes víctimas de ciberacoso mediante las redes sociales y videojuegos.

La trabajadora social clínica del Instituto Hunstman de Salud Mental, Jessica Holzbauer, plantea que los teléfonos inteligentes por diseño son adictivos y explica “Obtenemos una liberación de dopamina en el cerebro cuando levantamos el teléfono o nos conectamos a las redes sociales; el uso de aplicaciones sociales induce al cerebro a pensar que se está recompensando a sí mismo cada vez que coge el dispositivo”.

El celular y las redes sociales son herramientas útiles, sin embargo es prioridad proteger la salud mental de nuestros niños y jóvenes, así como prevenir conductas adictivas que tendrían consecuencias, como señala el artículo Impacto de las Redes Sociales en la Salud Mental de los Adolescentes de la Health University of Utah, mediante investigaciones se ha demostrado que los adultos jóvenes que usan las redes sociales tienen tres veces más probabilidades de sufrir depresión, lo que puede originar pensamientos y comportamientos suicidas.

La gratificación instantánea que producen las redes sociales viene acompañada de estándares inalcanzables, basando su valía o imagen en la cantidad de reacciones. Estudios indican que Facebook e Instagram tiene efectos nocivos entre sus usuarios, particularmente adolescentes. En EE.UU. señalaron, que estas plataformas empeoran los problemas de imagen corporal de uno de cada tres adolescentes, y el 6% en Instagram tuvieron pensamientos suicidas.

Ante estos escenarios son diversos las naciones que han tomado acción por establecer regulaciones, siendo Australia pionero en prohibir el acceso a Tik Tok, Instagram y Facebook a menores de 16 años, imponiendo multas severas a estas empresa tecnológicas; Reino Unido y Noruega que endurecieron los controles de verificación de edad; China con límites estrictos de tiempo en internet e identificación obligatoria de menores; en Francia se vetaron las redes sociales a menores de 15 años (norma anulada), y en el tema de celulares prohibió su uso en escuelas primarias y secundarias, solo se permite bajo supervisión, por actividades educativas y por motivos de discapacidad; sus dispositivos son colocados por los estudiantes en contenedores especiales al ingresar a su instituto educativo y lo recogen al final de su jornada escolar.

México se suma a estos esfuerzos a través de la Secretaría de Educación Pública originó una Guía Operativa SEP 2025-2026 que restringe el uso de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos a alumnos y personal durante la jornada escolar, salvo que tengan un fin pedagógico.

En los mismos términos algunas Entidades federativas como Querétaro, Aguascalientes, Morelos y Guerrero generaron su propia regulación sobre el uso de dispositivos móviles en escuelas. Y a nivel federal como futura política se están realizando espacios de diálogo para construir un acuerdo.

Resalta un tema actual que origino aún más la necesidad de legislar sobre los temas en comento, el juicio federal contra Mark Zuckerberg y Meta en Estados Unidos, en el que 41 Estados acusaron a Facebook e Instagram de dañar la salud mental de niños y jóvenes, mediante el diseño de algoritmos adictivos, el scroll infinito, sistemas de notificación intrusivas, métricas visibles que generan dinámicas idénticas a los juegos de azar, la arquitectura de la interfaz, así como la recopilación ilegal de datos de menores de 13 años.

En el desarrollo de las audiencias el exdirector de ingeniería de Meta, Arturo Béjar, señalo que la cúpula directiva priorizó las métricas de retención sobre el bienestar psicológico infantil, puntualizando que “si los usuarios se alejaban del producto, no ganan dinero”.

El juicio término por acuerdo pecuniario, que ascendió a los 17 mil millones de dólares, acordando cambios de diseño técnico para proteger a los menores de 18 años, la activación de límites diarios de uso de dos horas, bloqueos nocturnos (medianoche y las 6: 00 horas) y restricciones de mensajes automáticos en horarios escolares.

Frente a este desafío es pertinente reforzar las leyes en temas de educación digital, en coadyuvancia de los padres, los maestros y los alumnos.

Esta reforma de origen preventiva tiene como objeto regular el uso de las redes sociales en menores de 15 años, el uso de dispositivos móviles en recintos educativos, e imponer sanciones penales a quienes operen plataformas digitales que afecten el desarrollo mental de las niños, niños y adolescentes.

Para una mejor comprensión de la propuesta de modificación, se presentan los siguientes cuadros comparativos:

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México dirige esta propuesta al bienestar de los 31.8 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años que habitan el territorio nacional, especialmente del Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Chiapas que concentran el mayor número de este sector.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y del Código Penal Federal, en materia del uso de redes sociales y celulares.

Artículo Primero. Se adicionan los artículos 101 Bis 4 y 101 Bis 5 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 101 Bis 4. Para el uso de redes sociales se implementarán métodos de verificación de edad, siendo la idónea la mayoría de 15 años. Sin que esto impida el acceso a aplicaciones educativas o que sean utilizadas para el desarrollo de la educación.

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Artículo 101 Bis 5. Durante la permanencia en espacios educativos de nivel básico, será apropiado para los alumnos portar celular básico por encima del celular inteligente.

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 18 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:

Artículo 18. Todo responsable ( que opera redes sociales) deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de su información. Asimismo, se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para las personas titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico.

Los responsables que operan redes sociales, entendidas como aplicaciones y plataformas, deberán implementar métodos de verificación de edad mínima de 15 años para su registro y uso, así como el aseguramiento y medidas de seguridad estricta sobre los datos sensibles.

Artículo Tercero. Se adiciona un inciso g) y párrafo cuarto, recorriéndose el actual en el orden subsecuente, y se reforman los incisos e) y f) del artículo 201 del Código Penal Federal , para quedar como sigue:

Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) a d) ...

e) Formar parte de una asociación delictuosa ;

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual ; o

g) Exposición y consumo a redes sociales con algoritmo adictivo.

...

...

En el caso de exposición y consumo a redes sociales que utilicen algoritmos adictivos, se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de quinientos a mil días.

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Bibliografía

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marlene-mizrahi/2025/12/ 15/australia-prohibe-las-redes-sociales-a-menores-de-16-anos/

https://elpais.com/sociedad/2026-08-14/el-consejo-constitucional -de-francia-anula-la-ley-que-prohibe-las-redes-sociales-a-menores-de-15-anos.ht ml

https://marketing4ecommerce.mx/uso-de-redes-sociales-en-mexico/

https://blog.uvm.mx/como-afecta-el-uso-del-celular-en-el-aula#gs c.tab=0

https://www.tiempo.com.mx/local/58-de-paises-ya-regulan-celulare s-en-escuelas-unesco/

https://www.cronica.com.mx/metropoli/2026/08/01/mas-de-65-de-men ores-de-6-a-11-anos-usa-celular-congreso-cdmx-urge-a-sep-regularlos-en-escuelas /

https://healthcare.utah.edu/healthfeed/2023/01/el-impacto-de-las -redes-sociales-en-la-salud-mental-de-los-adolescentes

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/pago-17-000-millones-dol ares-zuckerberg-evita-juicio-20260905-832059.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputado: María Luisa Mendoza Mondragón, Anabel Acosta Islas, Celia Esther Fonseca Galicia, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Mayra Espino Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza de la lengua de señas mexicana, de conformidad con la siguiente

La educación constituye una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo de las personas y construir sociedades más justas e incluyentes, pues además de transmitir conocimientos permite fomentar valores, capacidades y formas de convivencia basadas en el respeto, la igualdad y la participación.

Esta obligación adquiere especial relevancia respecto de las personas con discapacidad, ya que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce su derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, estableciendo que los Estados deberán asegurar un sistema educativo incluyente en todos los niveles.

En México, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía derivada de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024, aproximadamente 9.5 millones de personas tenían alguna discapacidad, equivalentes a 7.3 por ciento de la población nacional, de las cuales 5.1 millones eran mujeres y 4.4 millones hombres.

Dentro de este rango de población se encuentran las personas con discapacidad para escuchar, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2023 identificó que 19.4 por ciento de las personas con discapacidad reportó gran dificultad o imposibilidad para oír aun utilizando aparato auditivo, dato que permite dimensionar la importancia de fortalecer las herramientas que faciliten su comunicación e inclusión.

Una de las principales barreras que enfrentan las personas sordas surge cuando su entorno carece de medios para establecer comunicación con ellas, circunstancias que pueden presentarse en los espacios educativos, laborales, sociales e institucionales y limitar su participación en condiciones de igualdad.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce la lengua de señas mexicana como una de la comunidad sorda, integrada por signos gestuales, expresiones faciales y movimientos corporales con función lingüística, además de disponer que la Secretaría de Educación Pública debe incluir su enseñanza en la educación pública y privada.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados deberán aceptar y facilitar el uso de las lenguas de señas, promoverlas y adoptar medidas para facilitar su aprendizaje, particularmente dentro del sistema educativo.

A partir de este principio, resulta necesario avanzar hacia una visión de la inclusión en la que las herramientas de comunicación no sean adquiridas únicamente por las personas sordas, sino también por quienes forman parte de su entorno, permitiendo que la interacción entre personas sordas y oyentes pueda desarrollarse con menores barreras.

Este planteamiento cobra especial relevancia a partir de las propuestas formuladas durante el parlamento infantil organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. En dicho espacio, niñas y niños expresaron la necesidad de incorporar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana dentro de la formación educativa.

Durante este Parlamento se destacó la importancia de promover la igualdad y la inclusión de niñas y niños con discapacidad auditiva, compartiendo su experiencia al aprender Lengua de Señas Mexicana para comunicarse con un compañero con sordera profunda. A partir de esta experiencia, se señaló que las escuelas deben contar con herramientas que permitan una comunicación accesible para todas y todos, y se propuso que la Lengua de Señas Mexicana sea incorporada como materia en el nivel básico, con el propósito de fomentar desde temprana edad una cultura de inclusión, respeto y no discriminación.

Retomar esta propuesta permite además dar contenido al derecho de participación de niñas, niños y adolescentes, procurando que los planteamientos expresados en este tipo de ejercicios puedan ser analizados y, cuando resulten viables, traducidos en acciones legislativas concretas.

En este sentido, resulta necesario que la lengua de señas mexicana forme parte de los contenidos de los planes y programas de estudio, a fin de que su aprendizaje pueda extenderse a todas las niñas y niños como una herramienta básica de comunicación, inclusión y convivencia, contribuyendo desde las aulas a generar mayores posibilidades de interacción con las personas sordas.

Actualmente, el artículo 30 de la Ley General de Educación establece los contenidos que deberán formar parte de los planes y programas de estudio de acuerdo con el tipo y nivel educativo, disponiendo en su fracción VII únicamente “el aprendizaje de las lenguas extranjeras”, por lo que se debe adicionar el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, lo que permitirá reconocer su aprendizaje como parte de la formación de las y los educandos.

La adición propuesta incorporará una disposición que reconozca el aprendizaje de la Lenguas de Señas Mexicana en los contenidos educativos, con el propósito de ampliar las herramientas de comunicación disponibles para las nuevas generaciones.

Con esta reforma se busca avanzar hacia una educación más inclusiva, en la que todas las niñas y niños puedan adquirir conocimientos que faciliten la comunicación y convivencia con las personas sordas y oyentes, por lo que se propone adicionar una fracción VII al artículo 30 de la Ley General de Educación, con el objeto de incorporar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana dentro de los contenidos de los planes y programas de estudio.

Para ejemplificar lo anterior presento la siguiente propuesta:

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el presente

Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza de la lengua de señas mexicana

Único. Se adiciona la fracción VII del artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I. a VI. ...

VII. El aprendizaje de la lengua de señas mexicana;

VIII. a XXVI. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-pe rsons-with-%20disabilities/article-24-education.html

2 https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/ 2025/EAP_PersDiscap_25.pdf

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2023/doc/ resultados_version_amplia_enadid23.pdf

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

5 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputados: Ofelia Socorro Jasso Nieto, Ana Isabel González González, Anabel Acosta Islas, Ariana del Rocío Rejón Lara, Arturo Yáñez Cuéllar, Karina Isabel Martínez Montaño, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Mayra Espino Suárez, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Noel Chávez Velázquez, Olegaria Carrazco Macías, Paloma Domínguez Ugarte, Víctor Samuel Palma César (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, en materia de impulso a la proveeduría regional y producción artesanal en los destinos turísticos, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, en materia de impulso a la proveeduría regional y producción artesanal en los destinos turísticos, al tenor de la siguiente

El turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de México. Su capacidad para generar empleos, movilizar recursos, impulsar inversiones y detonar el crecimiento de distintas regiones del país lo convierte en una herramienta fundamental para promover el bienestar de las comunidades.

Sin embargo, el verdadero potencial del turismo no debe medirse únicamente a partir del número de visitantes que recibe un destino o de los ingresos que genera esta actividad. También debe valorarse por su capacidad para lograr que sus beneficios económicos lleguen a las personas, familias, productores, emprendedores y pequeños negocios de las comunidades receptoras.

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo de México 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el producto interno bruto turístico alcanzó un valor de 2 billones 713 mil 120 millones de pesos, equivalente al 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Asimismo, las actividades turísticas generaron durante ese año aproximadamente 2.9 millones de puestos de trabajo ocupados remunerados, que representaron 7.4 por ciento del total nacional.

Estas cifras permiten dimensionar la importancia económica del sector, pero también hacen necesario avanzar hacia políticas públicas que permitan ampliar los efectos positivos de esa actividad y procurar que una mayor parte de la riqueza que genera el turismo se traduzca en oportunidades para quienes viven y producen en los propios destinos.

Cada visitante genera una importante cadena de consumo. Durante su estancia requiere hospedaje, alimentación, transporte y servicios, pero también consume alimentos, bebidas, productos regionales, artesanías y otros bienes relacionados con el lugar que visita.

Esta demanda representa una oportunidad para fortalecer las economías locales mediante una mayor vinculación entre quienes producen bienes en las distintas regiones del país y quienes prestan servicios turísticos.

En este sentido, la proveeduría local constituye una herramienta para ampliar los beneficios económicos derivados del turismo.

Cuando un establecimiento de hospedaje, un restaurante o cualquier otro prestador de servicios turísticos incorpora productos elaborados en la región a su oferta, se genera una cadena económica que puede beneficiar a productores, emprendedores, comerciantes, artesanos y pequeñas empresas de la comunidad.

La importancia de generar estas oportunidades resulta todavía más evidente al analizar la estructura empresarial de nuestro país.

De acuerdo con los resultados definitivos de los Censos Económicos 2024 del Inegi, en México se contabilizaron 5 millones 468 mil 180 establecimientos dentro del universo correspondiente al sector privado y empresas paraestatales. De ellos, 95.4 por ciento son establecimientos micro, mientras que las pequeñas y medianas empresas representan conjuntamente 4.5 por ciento y las grandes empresas apenas 0.2 por ciento.

Además, los micronegocios concentran 41.4 por ciento del personal ocupado de este universo económico.

Lo anterior evidencia que cualquier estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico regional debe considerar necesariamente a las unidades económicas de menor tamaño y generar condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades de comercialización y acceso a nuevos mercados.

El turismo puede constituir uno de esos mercados.

La vinculación entre prestadores de servicios turísticos y proveedores locales puede generar beneficios en distintas actividades económicas.

Un restaurante que incorpora ingredientes producidos en la región; un hotel que ofrece productos elaborados por pequeñas empresas locales; un establecimiento turístico que comercializa bienes representativos del destino, o una experiencia turística que acerca al visitante con productores y artesanos de la comunidad son ejemplos de cómo la derrama generada por el turismo puede extenderse hacia otros sectores económicos.

Esta relación contribuye también a fortalecer la identidad y autenticidad de los destinos.

La experiencia turística se encuentra estrechamente vinculada con los elementos que distinguen a cada región: su gastronomía, sus productos, sus tradiciones, sus procesos productivos, sus artesanías y las expresiones culturales de sus comunidades.

Promover el consumo de bienes y productos de origen local permite que el visitante conozca de manera más cercana la identidad del lugar que visita y, al mismo tiempo, genera oportunidades de comercialización para quienes producen en esos territorios.

La gastronomía constituye uno de los ejemplos más claros.

Detrás de la oferta gastronómica de un destino existe una cadena en la que pueden participar productores agrícolas, pescadores, ganaderos, comerciantes, cocineras y cocineros, restaurantes, mercados y pequeñas empresas.

Fortalecer la adquisición de productos locales permite que la actividad turística tenga efectos positivos en un mayor número de personas y actividades económicas.

Por ello, resulta necesario impulsar un modelo turístico en el que las comunidades receptoras no sean consideradas únicamente como el espacio donde ocurre la actividad turística, sino como participantes directas de los beneficios económicos que ésta genera.

La política turística debe contribuir a generar mecanismos de vinculación que permitan acercar la demanda de bienes y servicios del sector con la capacidad productiva existente en las comunidades.

No se trata de establecer obligaciones de compra ni de imponer cargas adicionales a los prestadores de servicios turísticos. Se trata de establecer desde la legislación un principio de promoción que favorezca el encuentro entre la actividad turística y las economías locales.

En este sentido, la presente iniciativa propone adicionar el artículo 15 de la Ley General de Turismo, a efecto de establecer que se fomente la adquisición y el consumo de bienes y productos de origen local en los destinos turísticos, promoviendo la vinculación de las personas productoras, emprendedoras y artesanas con los prestadores de servicios turísticos.

Con ello se busca fortalecer la proveeduría local, ampliar las oportunidades de comercialización, favorecer la generación de ingresos en las comunidades receptoras y contribuir al desarrollo económico regional.

La propuesta parte de una visión del turismo como una actividad transversal, capaz de generar beneficios más allá de los sectores tradicionalmente identificados con la prestación directa de servicios al visitante.

Si logramos conectar de mejor manera la demanda generada por millones de visitantes con la capacidad productiva de nuestras comunidades, podremos ampliar el impacto económico y social del turismo.

México necesita un turismo que genere crecimiento, pero también un turismo capaz de distribuir oportunidades.

Un turismo que permita que el productor encuentre nuevos compradores; que la persona emprendedora pueda acceder a nuevos mercados; que las y los artesanos tengan mayores espacios para comercializar su trabajo, y que las pequeñas empresas encuentren en los visitantes una oportunidad para crecer.

Fortalecer la proveeduría local significa lograr que una mayor parte del valor generado alrededor de la actividad turística se convierta en oportunidades para las comunidades que reciben al visitante.

Porque cuando el turismo consume lo que produce una región, no solamente fortalece su economía: también reconoce su identidad, su talento y el trabajo de su gente.

Planteamiento del problema

El turismo constituye una de las actividades económicas de mayor relevancia para México y posee una característica particularmente importante para el desarrollo regional: su capacidad para generar demanda de bienes y servicios en los lugares donde se desarrolla.

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo de México 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el producto interno bruto turístico alcanzó 2 billones 713 mil 120 millones de pesos, lo que representó 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Asimismo, durante 2024 las actividades relacionadas con el turismo generaron aproximadamente 2.9 millones de puestos de trabajo ocupados remunerados, equivalentes al 7.4 por ciento del total nacional.

La magnitud de estas cifras demuestra que el turismo representa un importante mercado para múltiples actividades económicas. Cada visitante demanda hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento, pero también consume alimentos, bebidas, productos regionales, artesanías y otros bienes relacionados con los destinos que visita.

Sin embargo, uno de los retos consiste en lograr que esta capacidad de consumo se traduzca en mayores oportunidades para las personas productoras, emprendedoras, artesanas y pequeñas empresas establecidas en las comunidades receptoras.

Este desafío adquiere especial relevancia al observar la estructura económica del país.

Los resultados definitivos de los Censos Económicos 2024 del Inegi contabilizaron 5 millones 468 mil 180 establecimientos del sector privado y empresas paraestatales. De ellos, 95.4 por ciento correspondieron a establecimientos micro, los cuales concentraron 41.4 por ciento del personal ocupado.

Es decir, la inmensa mayoría de los establecimientos económicos de México son unidades de pequeña escala que requieren mercados, canales de comercialización y oportunidades para colocar sus productos y servicios.

En los destinos turísticos existe una oportunidad particularmente relevante para generar estos vínculos.

Hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios turísticos requieren de manera permanente alimentos, bebidas, productos de consumo, artículos de uso cotidiano y otros bienes para desarrollar sus actividades. Paralelamente, en las mismas regiones existen productores, emprendedores, artesanos y pequeñas empresas con capacidad para participar en dichas cadenas de suministro.

El problema no radica, por tanto, en la inexistencia de actividad económica o de demanda. El reto se encuentra en fortalecer la vinculación entre la demanda que genera el sector turístico y la oferta de bienes y productos existente en las propias comunidades.

Cuando esta vinculación es insuficiente, se desaprovecha parte del potencial que tiene el turismo para funcionar como un detonador de otras actividades económicas y para ampliar sus beneficios hacia un mayor número de personas.

La proveeduría local ofrece una alternativa para atender este desafío.

La incorporación de bienes y productos regionales a la oferta turística puede generar nuevos canales de comercialización para las unidades económicas locales y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad y diferenciación de los destinos.

Un establecimiento de hospedaje que incorpora productos elaborados localmente; un restaurante que adquiere ingredientes de productores de la región; un prestador de servicios que ofrece bienes representativos del destino, o un espacio turístico que facilita la comercialización de productos artesanales son ejemplos de cómo puede ampliarse el impacto económico de esta actividad.

Además, el fortalecimiento de la proveeduría local puede contribuir a generar cadenas económicas en las que participen distintos actores: productores primarios, pequeñas empresas, comerciantes, emprendedores, personas artesanas y prestadores de servicios turísticos.

Por ello, el desafío de política pública consiste en convertir la demanda generada por el turismo en una oportunidad más accesible para las economías locales.

Actualmente, el artículo 15 de la Ley General de Turismo establece mecanismos de coordinación para impulsar y fomentar el turismo social, facilitar el acceso a servicios turísticos y desarrollar diversas acciones relacionadas con la política turística; sin embargo, existe la oportunidad de incorporar de manera expresa el fomento de la adquisición y consumo de bienes y productos de origen local, así como la vinculación entre sus productores y los prestadores de servicios turísticos.

La ausencia de esta previsión expresa limita la posibilidad de reconocer desde la legislación turística a la proveeduría local como una herramienta para ampliar los beneficios económicos de la actividad hacia las comunidades receptoras.

Por ello, la presente iniciativa propone fortalecer el artículo 15 de la Ley General de Turismo para establecer expresamente el fomento a la adquisición y consumo de bienes y productos de origen local en los destinos turísticos, así como promover la vinculación de las personas productoras, emprendedoras y artesanas con los prestadores de servicios turísticos.

Con esta reforma se busca aprovechar la dimensión económica del turismo para fortalecer las cadenas productivas locales, ampliar las oportunidades de comercialización y procurar que una mayor cantidad de personas y unidades económicas puedan participar de los beneficios generados por la actividad turística.

El reto es claro: México cuenta con una actividad turística que representa 8.7 por ciento de su economía y con una estructura empresarial en la que 95.4 por ciento de los establecimientos son micro. Vincular ambas realidades representa una oportunidad para convertir el crecimiento turístico en desarrollo económico local.

La propuesta legislativa

La Ley General de Turismo

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, en materia de impulso a la proveeduría regional y producción artesanal en los destinos turísticos

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo , para quedar como sigue:

Artículo 15. La Secretaría, los estados, municipios y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

De igual forma, se fomentará la adquisición y consumo de bienes y productos de origen local en los destinos turísticos, promoviendo la vinculación de las personas productoras, emprendedoras y artesanas con los prestadores de servicios turísticos, a fin de fortalecer la proveeduría local, favorecer la generación de ingresos en las comunidades receptoras y contribuir al desarrollo económico regional.

Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información disponible en el Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cuenta Satélite del Turismo de México 2024. Es la fuente de los datos de 8.7% del PIB nacional, 2 billones 713 mil 120 millones de pesos de PIB turístico y 2.9 millones de puestos de trabajo remunerados.

Inegi – Cuenta Satélite del Turismo de México 2024

• Secretaría de Turismo. Programa Sectorial de Turismo 2025-2030 (Prosectur). Esta fuente es especialmente importante para Celia, porque la Estrategia 5.4 establece expresamente: “Fomentar la comercialización de la producción local y artesanal para el desarrollo turístico regional y comunitario”. Además, contempla cadenas de valor entre empresas y prestadores turísticos, puntos de venta de artesanías, participación de Mipymes y consumo de productos agroalimentarios, artesanales y textiles nacionales en el sector turístico. Es probablemente la fuente que mejor justifica nuestra reforma.

Sectur – Programa Sectorial de Turismo 2025-2030

• Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). Corredores Turísticos Artesanales. Fonart contempla apoyos para talleres artesanales destinados a ofrecer experiencias turísticas y señala expresamente la inserción de los talleres artesanales en las cadenas turísticas. Fonart – Corredores Turísticos Artesanales

• Fonart. Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos. El organismo señala que su actuación busca promover la actividad artesanal y contribuir a generar mayores ingresos familiares para las y los artesanos mediante su desarrollo económico y social. Fonart – Espacios artesanales en destinos turísticos

• Secretaría de Turismo. “Ventana a México”, Fitur 2026. Es muy útil porque es una actuación reciente del Gobierno Federal que vincula expresamente promoción turística, comercialización de artesanías y oportunidades productivas para familias artesanas. Sectur – Ventana a México, Fitur 2026

• Secretaría de Turismo y Fonart. Tienda Fonart Masaryk, 2026. La propia Sectur señala que la comercialización constituye una de las acciones para fortalecer al sector artesanal y acercar las artesanías mexicanas a nuevos públicos. Sectur – Nueva Tienda Fonart Masaryk

• Secretaría de Turismo. Concurso Nacional de Creación Artesanal “México en una pieza”, 2026. Resulta relevante porque vincula directamente la producción artesanal con la actividad turística: la convocatoria está dirigida a colectivos y talleres para crear piezas que funcionen como recuerdo turístico. Sectur – México en una pieza

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.– Diputada Celia Esther Fonseca Galicia (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia menstrual, a cargo de la diputada Rafaela Vianey García Romero, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rafaela Vianey García Romero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La menstruación es un proceso fisiológico natural que vivimos las mujeres en el cual experimentamos cambios hormonales que impactan en nuestra salud, nuestro bienestar emocional y mental.

Proceso que no es igual para todas, principalmente en cuanto a su duración que puede ser de al menos tres a cinco días cada mes y síntomas como dolor e hinchazón de los pechos, dolor y calambres abdominales, dolor en los riñones, dolor de cabeza, acné, cambios de humor, cansancio y alteraciones gastrointestinales: náuseas, gases, diarrea o estreñimiento.

Sin embargo, una proporción significativa experimenta síntomas incapacitantes que van más allá de la incomodidad ordinaria. Esta condición, denominada médicamente dismenorrea, ha permanecido históricamente, invisibilizada en la política laboral del país, obligando a las mujeres trabajadoras a elegir entre su salud o su salario.

¿Qué es la dismenorrea?

De acuerdo con los manuales MSD. La dismenorrea es el dolor uterino en el momento de la menstruación que puede aparecer con las menstruaciones o precederlas de uno a tres días. El dolor tiende a ser más intenso veinticuatro horas después del inicio de la menstruación y continúa por dos a tres días. A menudo es un dolor cólico o sordo constante, pero puede ser agudo o pulsátil; puede irradiarse a la espalda o las piernas.

Los manuales MSD, adicional a dichos síntomas también le asociación otros como la cefalea, las náuseas, el estreñimiento o la diarrea, la lumbalgia, los vómitos de manera ocasional y sangrado menstrual abundante.

La guía de práctica clínica GPC “Diagnóstico y tratamiento de dismenorrea en el primer, segundo y tercer nivel de atención” del Instituto Mexicano del Seguro Social define la dismenorrea como el dolor de tipo cólico en la porción inferior del abdomen que se presenta en al menos tres ciclos menstruales; cuya evolución clínica varía entre cuatro horas y hasta cuatro días. Dolor que puede acompañarse de náusea, vómitos y diarrea en un gran porcentaje de casos. En las formas más severas el dolor puede presentarse como un episodio abdominal agudo e intenso que imita a un abdomen agudo (dismenorrea incapacitante).

Por sus síntomas y características, tal padecimiento afecta las actividades diarias de las mujeres, principalmente la laboral. El informe Menstruación y productividad laboral. El tabú que impacta el resultado del negocio señala que, del universo de mujeres entrevistadas, 45 por ciento ha faltado a su centro de trabajo por las molestias menstruales y los múltiples síntomas que se presentan.

Ello se refleja en su productividad, pues el mismo informe señala que un cuarenta y seis por ciento de entrevistadas coinciden en que su productividad se ve afectada en gran medida por las molestias menstruales específicamente en empresas que no tienen políticas laborales que comprenden los efectos de la menstruación.

Adicionalmente el informe señala que el cuarenta y ocho por ciento de mujeres no solicitan días de descanso, sino que ocupan las horas laborales para atender dichas molestias, lo cual significa que muchas de ellas dejan de realizar sus actividades, aun estando presentes.

Situación que las ha obligado a automedicarse o utilizar remedios naturales porque las consecuencias negativas que han vivido las mujeres trabajadoras por molestias menstruales son descuento en su jornada laboral con 35.34 por ciento de las entrevistadas, 34.13 enfrenta discriminación y 12.02 acoso o bullyng laboral. Tal situación dificulta su rendimiento laboral y propicia afectaciones en su salud.

Legislación sobre licencia menstrual en el ámbito internacional

Indonesia

A través de la ley laboral número 13 se otorga a las mujeres el derecho a dos días libres al mes al comienzo del ciclo menstrual, obligando a las trabajadoras a notificar a sus empleadores las fechas en que toman dicho permiso.

Taiwán

La Ley de Igualdad de Género en el Empleo, otorga 3 días de licencia con la mitad de su salario a las trabajadoras.

Japón

La ley que otorga licencia menstrual entró en vigor en 1947, esto lo convirtió en uno de los os primeros países en incluir dicha licencia en su legislación, la cual otorga un día al mes y que no deben ser cuestionadas sobre el motivo por el cual solicitan licencia para no trabajar.

Corea del Sur

Su legislación contempla un día libre al mes durante su menstruación, sin goce de sueldo y en caso de que la mujer no desee tomar dicha licencia la empresa debe pagar el salario correspondiente a dos días adicionales.

España

Es de las legislaciones aprobadas recientemente, en 2023 establecieron que las mujeres tendrán derecho a tres días de permiso remunerados durante su menstruación y que de ser necesario se podrán extender a cinco días, para solicitarlo se requiere el correspondiente certificado médico.

Zambia

Se le conoce como “el día de la madre” la política que otorga a las mujeres un día libre al mes durante su menstruación.

En el continente americano no hay aún legislación que otorgue licencia por menstruación a las mujeres; sin embargo, en Brasil, Puerto Rico, Colombia, existen diversos proyectos de ley, algunos han sido rechazados y otros se han quedado en la congeladora legislativa.

Regulación mexicana

En México, la licencia menstrual no es considerada aún a escala federal, pero estados como Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León han realizado reformas para establecer en su legislación y son las siguientes:

Estas modificaciones si bien únicamente aplican para trabajadoras menstruantes al servicio de las administraciones públicas de las Entidades Federativas, a nivel nacional, el sesenta por ciento de las personas menstruantes en el país están de acuerdo en que se den permisos de ausencia al trabajo o escuela para la adecuada gestión de su ciclo menstrual y sus síntomas, así lo demuestra la segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en Adolescentes, Mujeres Adultas y Personas Menstruantes en México.

La aprobación de esta iniciativa produciría efectos positivos en múltiples dimensiones: en la salud de las trabajadoras, al garantizar el reposo necesario sin penalización económica; en la productividad laboral, al reducir el presentismo; en la equidad de género, al visibilizar una condición biológica históricamente ignorada por la legislación laboral; y en la cultura organizacional, al promover entornos de trabajo más empáticos y respetuosos de los derechos de las mujeres.

Denominación del proyecto de decreto

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia menstrual.

Texto normativo propuesto

Para mejor referencia de las reformas propuestas se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

Por las razones expuestas someto a consideración de esta soberanía siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia menstrual

Único. Se adiciona la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras

I. a XXXIII. ...

XXXIV. Otorgar a las personas trabajadoras menstruantes permiso de al menos cinco días laborales con goce de sueldo por cada periodo menstrual que les impida desarrollar su jornada laboral.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%A Da-y-obstetricia/sangrado-uterino-anormal/dismenorrea

2 https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183GRR.pdf

3 https://strapi.daliaempower.com/uploads/Informe_menstruacion_y_ productividad_0964675fe5.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 https://www.unicef.org/mexico/media/9726/file/segunda-encuesta-nacional-gestion -menstrual-mexico-2025.pdf.pdf

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputados: Rafaela Vianey García Romero, Fernando Mendoza Arce, Gabriela Valdepeñas González, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Santiago González Soto (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona al Código Penal Federal, en materia de denuncia falsa dolosa y protección de la presunción de inocencia, suscrita por el diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Alfonso Rubalcava Jiménez, diputado federal, así como las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 248 Bis y se adicionan los artículos 248 ter, 248 Quáter y 248 Quinquies al Código Penal Federal, en materia de denuncia falsa dolosa y protección de la presunción de inocencia, al tenor de la siguiente

I. Planteamiento del problema

Uno de los pilares esenciales del Estado constitucional y democrático de derecho consiste en garantizar que el poder punitivo del Estado únicamente pueda ejercerse cuando existan elementos objetivos, suficientes y legalmente obtenidos que permitan atribuir responsabilidad penal a una persona. En consecuencia, el sistema de procuración e impartición de justicia se encuentra diseñado para proteger simultáneamente a las víctimas del delito y a quienes son investigados, preservando en todo momento el principio de presunción de inocencia.

No obstante, en los últimos años se ha observado un fenómeno que erosiona gravemente la credibilidad institucional: la utilización dolosa del sistema penal como mecanismo de persecución personal, económica, política, familiar o empresarial mediante la presentación consciente de denuncias falsas.

Cuando una persona formula deliberadamente una denuncia sabiendo que los hechos nunca ocurrieron o que el señalado es inocente, no sólo afecta el honor, patrimonio y libertad del denunciado; también provoca la movilización innecesaria de policías, ministerios públicos, peritos, jueces y recursos públicos que deberían destinarse a la investigación de delitos reales.

La denuncia falsa constituye un abuso del derecho de acceso a la justicia. El derecho a denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito no puede convertirse en una licencia para instrumentalizar el aparato penal con fines de venganza, intimidación, presión económica o beneficio procesal.

Actualmente el Código Penal Federal sanciona determinadas conductas relacionadas con declaraciones falsas y falsedad ante autoridad; sin embargo, no existe un modelo sancionatorio proporcional al daño potencial que ocasiona una imputación dolosamente falsa, especialmente cuando ésta puede generar:

• Órdenes de aprehensión;

• Aseguramiento de bienes;

• Prisión preventiva;

• Suspensión de derechos;

• Pérdida del empleo;

• Afectaciones familiares;

• Estigmatización social; y

• Daños irreparables a la reputación de una persona posteriormente declarada inocente.

El vacío legislativo genera un incentivo perverso: en numerosos casos, quien presenta una denuncia falsa enfrenta una consecuencia jurídica considerablemente menor que el daño ocasionado a la víctima de esa imputación.

Por ello resulta indispensable fortalecer la legislación penal federal bajo un principio sencillo: quien pretenda utilizar el sistema penal como arma contra un inocente debe asumir una responsabilidad penal proporcional al daño que deliberadamente intentó provocar.

II. Diagnóstico nacional

La procuración de justicia enfrenta importantes retos derivados de la elevada carga de investigaciones iniciadas anualmente por las fiscalías del país.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada año los ministerios públicos reciben millones de expedientes y carpetas de investigación, situación que demanda importantes recursos humanos, tecnológicos y presupuestales.

A ello debe añadirse la denominada "cifra negra", documentada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que evidencia que la mayoría de los delitos nunca llegan a denunciarse.

Este contexto revela una paradoja:

Mientras millones de víctimas legítimas deciden no acudir ante las autoridades por falta de confianza, existen casos en los que el sistema penal es utilizado de manera dolosa para fabricar imputaciones falsas contra personas inocentes.

Cada investigación innecesaria consume recursos públicos que podrían destinarse a esclarecer homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, delitos patrimoniales o violencia familiar.

Por ello, las denuncias falsas producen un doble daño:

Primero, lesionan gravemente los derechos fundamentales del inocente.

Segundo, afectan el interés colectivo al distraer recursos institucionales.

III. La presunción de inocencia como eje rector

La reforma constitucional en materia penal de 2008 consolidó el sistema acusatorio adversarial en México y fortaleció el reconocimiento de la presunción de inocencia como derecho humano.

Posteriormente, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 incorporó el principio pro persona y el deber de interpretar las normas conforme a la Constitución y los tratados internacionales.

La presunción de inocencia no constituye únicamente una regla probatoria; representa un auténtico límite al poder del Estado.

Toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista sentencia condenatoria firme emitida por autoridad competente.

Cuando una denuncia falsa provoca medidas cautelares, detenciones, restricciones patrimoniales o prisión preventiva contra una persona inocente, dicho derecho fundamental resulta severamente comprometido aun cuando posteriormente sea absuelta.

La presente iniciativa busca precisamente fortalecer esa garantía constitucional.

IV. Bienes jurídicos afectados

La denuncia falsa dolosa vulnera simultáneamente diversos bienes jurídicos:

• La libertad personal.

• El honor.

• La reputación.

• La dignidad humana.

• El patrimonio.

• La administración de justicia.

• La confianza pública en las instituciones.

• El debido proceso.

• La presunción de inocencia.

No se trata únicamente de un conflicto entre particulares.

El verdadero sujeto pasivo también es el Estado mexicano, pues el aparato institucional resulta instrumentalizado mediante el engaño.

V. Costos institucionales

Cada carpeta de investigación implica:

• Recepción de denuncia;

• Integración de expediente;

• Actuaciones ministeriales;

• Servicios periciales;

• Intervención policial;

• Audiencias judiciales;

• Recursos administrativos;

• Recursos tecnológicos;

• Recursos presupuestales.

Todo ello representa un costo económico considerable para el Estado.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la utilización eficiente de los recursos destinados a la procuración de justicia constituye un elemento indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia y combatir la impunidad.

Reducir investigaciones iniciadas dolosamente permite concentrar capacidades institucionales en delitos verdaderamente cometidos.

VI. Justificación de la reforma

La legislación vigente sanciona determinadas modalidades de falsedad; sin embargo, las penas actualmente previstas no guardan correspondencia con el enorme daño que puede generar una imputación falsa cuando ésta deriva en la privación de la libertad de una persona inocente.

Por ello, esta iniciativa propone adoptar un modelo de penalidad autónoma, cierta y determinada, con límites mínimos y máximos específicos para el delito de denuncia falsa dolosa.

La propuesta parte de un principio de justicia material:

Quien dolosamente utilice el sistema penal para perseguir a una persona inocente debe responder con una sanción suficientemente disuasoria, pero delimitada por rangos ciertos que eviten consecuencias desproporcionadas y garanticen la exacta aplicación de la ley penal.

No obstante, para evitar cualquier afectación al derecho de acceso a la justicia, la iniciativa incorpora salvaguardas estrictas.

La responsabilidad penal únicamente procederá cuando concurran de manera acumulativa las siguientes salvaguardas:

a) resolución judicial firme o determinación definitiva del Ministerio Público que descarte la existencia del hecho delictivo imputado o la intervención de la persona denunciada;

b) acreditación plena de que los hechos denunciados eran falsos;

c) demostración de que el denunciante conocía dicha falsedad;

d) acreditación del dolo directo de provocar la persecución penal.

Con ello se evita criminalizar errores, confusiones, apreciaciones equivocadas, denuncias realizadas de buena fe o casos en los que simplemente no fue posible acreditar el delito.

En consecuencia, la reforma protege simultáneamente:

• A las víctimas de buena fe;

• A quienes denuncian de buena fe;

• A las personas falsamente acusadas; y

• A la correcta administración de justicia.

La propuesta fortalece el principio de responsabilidad individual y desalienta el uso faccioso del sistema penal como instrumento de presión, extorsión o persecución.

VII. Marco constitucional de la reforma

La potestad punitiva del Estado mexicano encuentra límites infranqueables en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ninguna reforma penal puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la política criminal; debe superar un examen de constitucionalidad, convencionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

La presente iniciativa parte de un principio fundamental: la tutela de la presunción de inocencia exige no sólo evitar condenas injustas, sino también prevenir el uso doloso del sistema penal como instrumento para perseguir a personas inocentes.

No existe contradicción entre el derecho de toda persona a denunciar la probable comisión de un delito y el establecimiento de consecuencias penales para quien, de manera deliberada, utilice ese derecho con fines fraudulentos. Los derechos fundamentales no amparan el abuso del derecho.

El artículo 17 constitucional garantiza que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Este derecho presupone un sistema judicial que destine sus capacidades a la investigación de delitos verdaderamente cometidos y no a la atención de denuncias fabricadas con conocimiento de su falsedad.

Asimismo, el artículo 20, apartado B, fracción I, reconoce expresamente el derecho de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por juez competente.

La reforma propuesta fortalece dicha garantía, al establecer un mecanismo disuasorio frente a quienes pretenden destruir la presunción de inocencia mediante imputaciones dolosas.

Por otra parte, el artículo 16 constitucional dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante mandamiento escrito fundado y motivado. Una denuncia falsa puede convertirse en el detonante de cateos, aseguramientos, órdenes de comparecencia, intervenciones ministeriales y medidas cautelares que afectan de manera intensa la esfera jurídica del inocente.

La iniciativa busca disminuir precisamente ese riesgo.

VIII. Compatibilidad con el artículo 1o. constitucional

Después de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La presente iniciativa responde a esa obligación porque protege simultáneamente diversos derechos fundamentales:

• Presunción de inocencia;

• Honor;

• Dignidad humana;

• Libertad personal;

• Acceso efectivo a la justicia;

• Debido proceso;

• Seguridad jurídica.

No se propone restringir el derecho de denunciar.

Se propone sancionar únicamente e l ejercicio dolosamente abusivo de ese derecho.

La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que ningún derecho fundamental posee carácter absoluto y que el legislador puede establecer restricciones razonables cuando persiga un fin constitucionalmente válido y respete el principio de proporcionalidad.

En consecuencia, la reforma supera el denominado "test de proporcionalidad", porque:

a) Persigue un fin constitucionalmente legítimo.

Proteger la administración de justicia y la presunción de inocencia.

b) Resulta idónea.

La amenaza de una sanción cierta, determinada y graduable mediante agravantes objetivas desincentiva la utilización fraudulenta del sistema penal.

c) Es necesaria.

Las penas actualmente previstas no reflejan la gravedad del daño potencial ocasionado por una imputación falsa.

d) Es proporcional en sentido estricto.

La sanción parte de un rango penal específico y sólo procederá con dolo plenamente acreditado, previa resolución judicial firme o determinación definitiva del Ministerio Público.

IX. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte ha construido una sólida línea jurisprudencial respecto de la presunción de inocencia.

Entre sus principales criterios destacan los siguientes:

1. La presunción de inocencia constituye un derecho humano de aplicación transversal.

La Primera Sala ha sostenido que este principio opera como regla de trato, regla probatoria y estándar de juicio.

Ello implica que ninguna persona debe soportar consecuencias propias de un culpable antes de existir una sentencia condenatoria.

Una denuncia falsa tiene precisamente la capacidad de generar esas consecuencias anticipadas.

2. El derecho penal constituye la última ratio del Estado.

La Corte ha señalado que la intervención penal únicamente debe emplearse para proteger bienes jurídicos de especial relevancia cuando otros mecanismos resulten insuficientes.

En el caso de la denuncia dolosamente falsa, el bien jurídico lesionado comprende:

• La administración de justicia;

• La libertad;

• El honor;

• La seguridad jurídica;

• La confianza institucional.

Se trata de bienes cuya protección justifica plenamente la intervención penal.

3. El legislador goza de libertad configurativa.

El Tribunal Constitucional mexicano ha reconocido que corresponde al Congreso definir la política criminal siempre que respete los principios constitucionales.

La pena autónoma con mínimos y máximos específicos fortalece la certeza jurídica, evita sanciones excesivas y permite individualizar la respuesta conforme a agravantes objetivas.

X. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana ha desarrollado ampliamente el contenido de la presunción de inocencia prevista en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En casos como Suárez Rosero vs. Ecuador, Tibi vs. Ecuador, López Mendoza vs. Venezuela y Zegarra Marín vs. Perú, el Tribunal ha sostenido que la presunción de inocencia protege a toda persona frente a actuaciones estatales que la traten como culpable antes de una sentencia firme.

La utilización deliberada del sistema penal mediante denuncias falsas puede generar precisamente ese efecto.

La reforma propuesta busca evitar que el Estado sea utilizado como instrumento para vulnerar derechos humanos.

Asimismo, la Corte ha reconocido que los Estados tienen un margen de configuración para establecer delitos destinados a proteger la correcta administración de justicia siempre que respeten el principio de legalidad y la proporcionalidad de las penas.

XI. Derecho comparado

El análisis comparado demuestra que los principales sistemas jurídicos occidentales sancionan de manera expresa las denuncias falsas o las acusaciones calumniosas.

España

El Código Penal español tipifica la acusación y denuncia falsa cuando una persona imputa hechos delictivos a otra con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

La acción penal sólo puede iniciarse una vez que exista resolución firme que declare la inexistencia del delito o la inocencia del acusado.

Este requisito se retoma como garantía procesal; para México, también se reconocen las determinaciones definitivas del Ministerio Público cuando el asunto concluya durante la investigación.

Alemania

El Código Penal alemán (Strafgesetzbuch), en su §164, sanciona la falsa sospecha (Falsche Verdächtigung)cuando alguien provoca o intenta provocar una investigación penal contra otra persona mediante hechos falsos.

El bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia y la libertad individual.

Francia

El Código Penal francés regula el delito de dénonciation calomnieuse, imponiendo sanciones a quien denuncie falsamente a otra persona ante autoridad competente sabiendo que los hechos imputados son falsos.

La protección alcanza tanto a la víctima como al adecuado funcionamiento de las instituciones.

Italia

El Código Penal italiano contempla el delito de calunnia, castigando severamente a quien acusa falsamente a un inocente ante la autoridad judicial.

La doctrina italiana considera que el ilícito constituye una de las formas más graves de atentado contra la administración de justicia.

Chile

El Código Penal chileno sanciona determinadas formas de denuncia maliciosamente falsa, especialmente cuando generan actuaciones judiciales indebidas.

Colombia

El Código Penal colombiano tipifica la falsa denuncia contra persona determinada, estableciendo responsabilidad para quien formule imputaciones sabiendo que carecen de fundamento.

Estados Unidos

Aunque no existe un régimen uniforme federal, la mayoría de los estados contemplan delitos relacionados con la presentación intencional de reportes falsos, falsas denuncias y declaraciones engañosas a las autoridades.

XII. Innovación de la presente iniciativa

Los ordenamientos comparados muestran que las denuncias falsas pueden sancionarse mediante tipos penales autónomos y penas legalmente delimitadas.

La iniciativa adopta esa lógica mediante una pena específica con mínimos y máximos determinados.

La sanción base no dependerá de la penalidad del delito falsamente imputado, evitando sanciones excesivas por remisión.

Las agravantes del artículo 248 Quinquies permitirán graduar la respuesta conforme a consecuencias objetivamente verificables.

Así se distingue entre el tipo base y los supuestos agravados, sin trasladar automáticamente la pena del delito falsamente atribuido.

Este diseño fortalece la exacta aplicación de la ley penal y la proporcionalidad.

No obstante, para evitar excesos, la iniciativa establecerá en el proyecto de decreto límites objetivos y salvaguardas:

• Solo procederá cuando exista la resolución judicial firme o determinación definitiva del Ministerio Público que descarte la existencia del hecho delictivo imputado o la intervención de la persona denunciada;

• Será indispensable acreditar el dolo directo del denunciante;

• La simple absolución por insuficiencia probatoria no generará responsabilidad automática;

• Corresponderá al Ministerio Público acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad dolosa de la denuncia.

Con ello se preserva plenamente el derecho de las víctimas a denunciar hechos que razonablemente consideren constitutivos de delito, evitando cualquier efecto inhibidor sobre las denuncias formuladas de buena fe.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se reforma el artículo 248 Bis y se adicionan los artículos 248 Ter, 248 Quáter y 248 Quinquies al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 248 Bis. Al que, con el propósito de inculpar a una persona como responsable de un delito ante una autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa.

Cuando la simulación de pruebas materiales forme parte de una denuncia o querella dolosamente falsa, se aplicarán además las disposiciones previstas en los artículos 248 Ter, 248 Quáter y 248 Quinquies del presente Código.

Artículo 248 Ter. Denuncia falsa dolosa.

Comete el delito de denuncia falsa dolosa quien, ante el Ministerio Público, autoridad investigadora, autoridad judicial o cualquier autoridad legalmente facultada para recibir denuncias o querellas:

I. Denuncie, querelle o impute a una persona la comisión de un hecho previsto como delito, sabiendo que dicho hecho no ocurrió;

II. Denuncie, querelle o impute a una persona sabiendo que ésta no intervino en la comisión del delito;

III. Fabrique, altere, manipule, oculte o presente hechos, datos, documentos, objetos, registros electrónicos o cualquier otro elemento de prueba con el propósito de provocar el inicio, continuación o fortalecimiento de una investigación penal contra una persona inocente;

IV. Ratifique dolosamente cualquiera de las conductas anteriores durante la investigación o el proceso penal.

Para efectos del presente artículo, el dolo deberá acreditarse plenamente y no podrá presumirse.

La simple absolución, el sobreseimiento, el archivo temporal, la no vinculación a proceso o la insuficiencia probatoria no constituyen, por sí mismos, prueba de la existencia del delito previsto en este artículo.

Artículo 248 Quáter. Sanciones.

A quien resulte responsable del delito previsto en el artículo anterior se le impondrá:

I. Pena de prisión de dos a seis años.

II. Multa de doscientos a quinientos días multa.

III. Reparación integral del daño ocasionado a la persona falsamente imputada.

En ningún caso la pena podrá exceder de los límites previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por este Código para la individualización de las sanciones.

Artículo 248 Quinquies. Agravantes y requisitos de procedibilidad.

La pena prevista en el artículo anterior se aumentará de una mitad hasta dos terceras partes cuando:

I. Como consecuencia de la denuncia falsa la víctima haya sido privada de la libertad.

II. Se haya ejecutado una orden de aprehensión.

III. Se haya impuesto prisión preventiva.

IV. Se haya dictado auto de vinculación a proceso.

V. Se hubieren asegurado bienes, cuentas bancarias, empresas o activos de la víctima.

VI. La víctima haya sido suspendida, removida o separada de un empleo, cargo, comisión o actividad profesional.

VII. El denunciante hubiere actuado con ánimo de obtener un beneficio económico, político, electoral, patrimonial o procesal.

VIII. La conducta se hubiere cometido por un servidor público abusando de las funciones inherentes a su cargo.

La acción penal únicamente podrá ejercerse cuando exista resolución judicial firme o determinación definitiva del Ministerio Público que establezca, según corresponda:

a) la inexistencia del hecho delictivo imputado; o

b) que la persona denunciada no intervino en los hechos materia de la imputación, y además se acredite plenamente que el denunciante conocía la falsedad de los hechos al momento de formular la denuncia.

Tratándose de determinaciones del Ministerio Público, éstas deberán tener carácter definitivo conforme a la legislación procesal aplicable.

Corresponderá al Ministerio Público demostrar, más allá de toda duda razonable, todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.

La carga de acreditar el dolo recaerá exclusivamente en la autoridad investigadora.

No procederá responsabilidad penal cuando la denuncia hubiere sido presentada de buena fe, aun cuando posteriormente no sea posible acreditar el delito denunciado.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las investigaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose conforme a la legislación vigente al momento de su inicio, salvo cuando las disposiciones contenidas en este decreto resulten más favorables para la persona imputada.

Tercero. La Fiscalía General de la República emitirá, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los protocolos especializados para la investigación del delito de denuncia falsa dolosa, garantizando en todo momento la protección del derecho de acceso a la justicia, la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas.

Cuarto. El Poder Judicial de la Federación y las instituciones competentes promoverán programas permanentes de capacitación dirigidos a ministerios públicos, policías, peritos y operadores del sistema penal acusatorio sobre la correcta aplicación del presente decreto.

Quinto. La aplicación del presente decreto no implicará la creación de nuevas estructuras administrativas ni incrementará el presupuesto autorizado para las instituciones responsables de su ejecución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.– Diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de derechos de las víctimas u ofendidos y de las personas imputadas en la audiencia de desistimiento de la acción penal, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Sonia Rincón Chanona, diputada a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de derechos de las víctimas u ofendidos y de las personas imputadas en la audiencia de desistimiento de la acción penal, al tenor de la siguiente

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye al Ministerio Público la investigación de los delitos y establece, como regla general, que “el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”. Esta función comprende la facultad de promover la intervención de la autoridad jurisdiccional cuando existan elementos que permitan sostener la probable comisión de un delito.

La atribución conferida al Ministerio Público no sólo implica la responsabilidad de iniciar y sostener la persecución penal, sino también el deber de conducir su actuación con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Por ello, las decisiones que adopte durante el procedimiento deben encontrarse fundadas en razones jurídicas y sujetas a los mecanismos de control previstos por la Constitución y la legislación procesal.

Entre las determinaciones que puede promover se encuentra el desistimiento de la acción penal, figura regulada en el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto vigente dispone:

“ Artículo 144. Desistimiento de la acción penal

El Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia.

La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización del Titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esa facultad.

El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento.

En caso de desistimiento de la acción penal, la víctima u ofendido podrán impugnar la resolución emitida por el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada”.

De acuerdo con esta disposición, la solicitud puede formularse en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de que se dicte la resolución de segunda instancia, debe contar con autorización del superior jerárquico correspondiente y requiere que el Ministerio Público exponga en audiencia los motivos en los que sustenta su pretensión. La decisión no produce efectos por sí misma, pues debe someterse al conocimiento del Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada, según la fase en la que se encuentre el asunto.

La trascendencia del desistimiento deriva de que, cuando la solicitud es declarada procedente, la autoridad judicial decreta el sobreseimiento de la causa. El artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el sobreseimiento firme produce efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento respecto de la persona en cuyo favor se dicta, impide una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar las medidas cautelares que se hubieran impuesto.

Estos efectos muestran que no se trata de una actuación de mero trámite ni de una decisión interna de la institución ministerial. Por el contrario, se trata de una determinación que incide directamente en la esfera jurídica de la víctima u ofendido, de la persona imputada y del propio interés público en la correcta procuración e impartición de justicia.

La magnitud de tales consecuencias exige considerar los derechos que la Constitución reconoce a las víctimas u ofendidos del delito. El artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les garantiza la posibilidad de coadyuvar con el Ministerio Público, aportar datos o elementos de prueba, intervenir en el juicio e interponer los recursos previstos por la ley. A su vez, la fracción VII les confiere expresamente el derecho de impugnar ante una autoridad judicial las omisiones ministeriales y las resoluciones de reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, así como la suspensión del procedimiento cuando no se encuentre satisfecha la reparación del daño.

El Código Nacional de Procedimientos Penales desarrolla estas prerrogativas en su artículo 109. Entre otros aspectos, reconoce a la víctima u ofendido el derecho a intervenir en todo el procedimiento, a que se le reciban los datos o elementos de prueba pertinentes, a solicitar la reparación del daño, a impugnar las omisiones o negligencias del Ministerio Público y a ser notificada de las resoluciones que puedan afectar sus derechos, incluidas aquellas que pongan fin al proceso.

La Ley General de Víctimas complementa este marco de protección, su artículo 7 dispone que los derechos contenidos en dicho ordenamiento deberán interpretarse de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables, favoreciendo en todo momento la protección más amplia. Asimismo, el artículo 11 garantiza a las víctimas el acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en el sistema jurídico, mientras que el artículo 12 reconoce su derecho a ser informadas de las audiencias en las que se resolverá sobre sus derechos, estar presentes en ellas, recibir la notificación de las determinaciones que puedan afectarlas e impugnarlas.

La participación de la víctima dentro del procedimiento penal también encuentra sustento en el principio de contradicción previsto en el artículo 6o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual las partes pueden conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de las demás. Por su parte, el artículo 66 del mismo ordenamiento reconoce expresamente la intervención del Ministerio Público, de la persona imputada y su defensa, así como de la víctima u ofendido y su asesor jurídico en las audiencias.

De igual forma, la intervención de la persona imputada en la audiencia de desistimiento también constituye una garantía inherente al debido proceso. Si bien la solicitud de desistimiento es formulada por el Ministerio Público, su resolución incide directamente en la situación jurídica de quien enfrenta el proceso penal, pues de ella depende que el órgano jurisdiccional decrete el sobreseimiento o determine la continuación del procedimiento. En ese sentido, su citación a la audiencia permite que conozca los motivos expuestos por la fiscalía, formule las manifestaciones que estime pertinentes y ejerza plenamente su derecho de audiencia y defensa, en observancia de los principios de contradicción, igualdad procesal y debido proceso.

En el ámbito internacional, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen, respectivamente, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo frente a los actos que vulneren sus derechos fundamentales. Estas disposiciones obligan a que los mecanismos judiciales no sean solamente formales, sino idóneos para permitir una intervención real de las personas cuyos derechos pueden resultar afectados por la decisión.

A pesar de este amplio marco constitucional, legal y convencional, el tercer párrafo del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente señala que el Ministerio Público expondrá los motivos de su solicitud y que la autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento. Su redacción no establece expresamente que la víctima u ofendido y la persona imputada deban ser notificadas de la audiencia, ni indica que puedan comparecer para formular observaciones u objeciones respecto de las razones expuestas por la fiscalía.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 185/2014, sostuvo que la legitimación del Ministerio Público para ejercer la acción penal o desistirse de ella no constituye una potestad susceptible de ejercerse libremente. Una actuación injustificada puede impedir a la víctima y a sus familiares conocer la verdad y acceder a la reparación del daño, además de afectar el interés de la sociedad en la investigación y persecución de los delitos.

Este problema fue analizado directamente por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver, el 18 de marzo de 2026, el Amparo Directo en Revisión 6676/2025, en el que fijó los alcances del tercer párrafo del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir de los derechos previstos en el artículo 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución. El asunto derivó de un proceso en el que el órgano jurisdiccional había considerado que la solicitud de la fiscalía sólo requería la verificación de aspectos formales, por lo que decretó el sobreseimiento sin realizar un examen sustantivo de las razones planteadas.

La SCJN determinó que la víctima u ofendido tiene derecho a ser notificada y a comparecer en la audiencia de desistimiento, ya sea directamente o por conducto de su asesoría jurídica, para formular las alegaciones u objeciones que estime pertinentes. Esta intervención no implica que su consentimiento sea necesario para que el Ministerio Público presente la solicitud, sino que debe brindársele una oportunidad efectiva de ser escuchada antes de que se adopte una decisión que pueda poner fin al procedimiento.

El pleno también estableció que la autoridad judicial no puede limitarse a constatar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la norma. Debe analizar, con base en las manifestaciones formuladas por el Ministerio Público, la víctima u ofendido y la persona imputada, si los motivos expuestos se sustentan en una causa legal, razonable y justificada conforme a las circunstancias particulares del asunto. Cuando esos elementos se encuentren satisfechos, podrá decretar el sobreseimiento; de no ser así, deberá rechazar la solicitud y ordenar la continuación del procedimiento penal o del recurso de apelación, según corresponda.

Esta interpretación no sustituye al Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones ni convierte la audiencia en un juicio anticipado sobre la responsabilidad de la persona imputada. El control jurisdiccional se dirige a verificar que las razones de la solicitud sean explícitas, jurídicamente admisibles, objetivamente comprensibles y ajenas a la arbitrariedad, tomando en consideración los planteamientos de quienes pueden resentir sus consecuencias.

Aunque el criterio de la SCJN permite aplicar el artículo 144 de manera compatible con la Constitución, su contenido no se desprende con claridad de la redacción vigente. La efectividad de los derechos de las víctimas u ofendidos y de las personas imputadas no debe depender exclusivamente de que las autoridades conozcan y apliquen el precedente, especialmente cuando la propia norma puede ser entendida en un sentido que reduzca la audiencia a la exposición unilateral de los motivos del Ministerio Público y obligue a decretar el sobreseimiento de forma automática.

De ahí que la presente iniciativa tiene por objeto reformar el tercer párrafo del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer expresamente que la víctima u ofendido y la persona imputada deberán ser notificadas de la audiencia en la que el Ministerio Público exponga los motivos del desistimiento de la acción penal a fin de que puedan comparecer por sí o por conducto de sus asesores jurídicos y formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

De igual manera, se precisa que la autoridad judicial deberá valorar las intervenciones realizadas y verificar que la solicitud se sustente en una causa legal, razonable y justificada. Cuando dichos elementos se encuentren satisfechos decretará el sobreseimiento; de no hacerlo, rechazará la petición y ordenará la continuación del procedimiento correspondiente.

Esta reforma fortalece el marco jurídico aplicable al desistimiento de la acción penal, al prever expresamente las garantías procesales que deben observarse para salvaguardar los derechos de la víctima u ofendido y de la persona imputada durante la audiencia en la que se resuelva su procedencia. Ello contribuye a que una determinación con efectos definitivos sobre el proceso penal se adopte con pleno respeto a los principios de audiencia, contradicción, debido proceso y tutela judicial efectiva.

A efecto de tener mayor claridad de la reforma propuesta se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 144. ...

...

...

El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada los motivos del desistimiento de la acción penal. La víctima u ofendido y la persona imputada deberán ser notificadas de dicha audiencia para que, por sí o por conducto de sus asesores jurídicos, comparezcan y formulen las manifestaciones que estimen pertinentes. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata, previa valoración de las manifestaciones de las partes y verificando que la solicitud se sustente en una causa legal, razonable y justificada; de ser procedente, decretará el sobreseimiento y, en caso contrario, rechazará la solicitud y ordenará la continuación del procedimiento que corresponda.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2014/2/2_163271_ 2267_firmado.pdf

2 https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Engroses/Cerrados/Publico/Proyecto/2026/03/AD R6676_2025.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.– Diputadas: Sonia Rincón Chanona, Felicita Pompa Robles, Hilda Magdalena Licerio Valdés, Karina Isabel Martínez Montaño, María Magdalena Rosales Cruz, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Jaime Genaro López Vela, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La presente iniciativa, tiene como objeto fortalecer la protección constitucional de la dignidad humana e igualdad sustantiva, mediante la inclusión expresa de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales entre los motivos prohibidos de discriminación.

Si bien la Constitución establece que todas las personas pueden mirarse y reconocerse como iguales en su dignidad con independencia de su origen étnico, de su sexo, de su edad, de su religión, de sus condiciones de salud, de su discapacidad o de cualquier otro motivo propio de la condición humana, prevalecen prácticas discriminatorias basadas en estereotipos que menoscaban los derechos y las libertades para diversos grupos de la población.

Las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género, así como características sexuales no normativas han enfrentado históricamente una discriminación estructural. Si bien el marco jurídico mexicano es aparentemente neutral, su aplicación ha tenido un impacto desproporcionado hacia este grupo de población generando exclusión jurídico-social y discriminación.

Esto ha sido así porque las normas, políticas o prácticas aparentemente neutrales, que no reconocen la diversidad sexual y de género han causado exclusión, negación de servicios, acoso o violencia basados en la orientación sexual, expresión e identidad de género de las personas, lo que ha dado lugar a la discriminación indirecta.

Los conceptos de diversidad sexual y de género, han surgido para visibilizar a las personas cuya identidad sexual y de género no corresponde a la concepción binaria hombre — mujer / masculino — femenino. Ambos conceptos buscan ampliar el reconocimiento de derechos humanos y cuestionar las estructuras que perpetúan las desigualdades, la exclusión y la discriminación en la sociedad.

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que la orientación sexual e identidad de género son manifestaciones privadas de la personalidad humana que están protegidas contra toda forma de discriminación.

Aunque no existe un tratado de derechos humanos que refiera a las obligaciones estatales en relación con los derechos de las personas de la diversidad sexual y de la diversidad de género; en los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, la doctrina, la jurisprudencia y las interpretaciones del contenido de los tratados reconocen sus derechos, pues contienen disposiciones que incluyen un listado de condiciones por las que se prohíbe la discriminación, al no ser exhaustivo tiene una naturaleza evolutiva.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la orientación sexual, identidad de género y expresión de géneroson categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que toda distinción basada en ellas constituye discriminación, además se estableció que los Estados deben adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención.

Ahora bien, los Principios de Yogyakarta (2007) y su actualización YP+10 (2017) se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y su aplicación en cuestiones relativas a la orientación sexual, identidad de género, expresión de géneroy características sexuales pues afirman la obligación estatal en cuanto a la implementación de los derechos humanos. Una aportación relevante de estos principios es establecer las definiciones de estos cuatro atributos del libre desarrollo de la personalidad.

Se entiende por orientación sexual a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

La identidad de géneroes la vivencia interna e individual del género como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer; incluye la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida).

La expresión de género es la forma en que cada persona se presenta a través de su apariencia física, que puede incluir la forma de vestir, peinado, accesorios, maquillaje, gestualidad, habla, comportamiento, nombres y referencias personales, que pueden o no coincidir con la identidad de género de la persona.

Por último, las características sexuales son los rasgos físicos de cada persona en relación con su sexo, que puede incluir sus órganos genitales y otra anatomía sexual y reproductiva, los cromosomas, las hormonas, y los rasgos físicos secundarios que se manifiestan en la pubertad.

A partir de este marco de referencia, de acuerdo con los Principios, los Estados deben ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, procesar, castigar y otorgar recursos jurídicos para actuar en relación con actos generados por discriminación, violencia y otros daños, ya sean cometidos por el Estado o por actores no estatales. Esta protección incluye el derecho al trabajo, a la seguridad social y otras medidas de protección social, a la privacidad de la persona, a no ser detenida arbitrariamente, a tener un juicio justo, a ser tratada humanamente, a no ser sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a tener protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas.

Asimismo, se establece la obligación de adoptar las medidas legislativas y de cualquier índole que resulten pertinentes para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales en las esferas pública y privada, además de las necesarias para asegurar procedimientos para que los documentos de identidad emitidos por el Estado indiquen el género o sexo de una persona y reflejen la identidad de género profunda que la persona define por y para sí.

Se enfatiza que las personas y poblaciones con orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales presentan diferencias sustantivas en cuanto a sus necesidades, características y situaciones en materia de derechos humanos. Además, operan como factores específicos de discriminación —y con frecuencia son— por otros motivos, como raza, etnicidad, pertenencia a un pueblo indígena, sexo, género, idioma, religión, creencia, opinión política u otra, nacionalidad, etcétera.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió su Observación General No. 18 y 20 sobre la no discriminación donde reconoce la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sus resoluciones A/HRC/RES/59/5, A/HRC/RES/55/14, A/HRC/ RES/50/10, A/HRC/RES/41/18, A/HRC/RES/32/2, A/HRC/ RES/27/32, A/HRC/RES/17/19, ha exhortado a los Estados a incorporar la protección explícita de las personas LGBTIQ+ en sus constituciones y marcos legislativos.

El experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, en cumplimiento de la resolución 41/2018 del Consejo de Derechos Humanos recomendó la adopción de medidas integrales para enfrentar los actos de violencia discriminatoria y delitos de odio motivados por la orientación sexual o identidad de género, así como su incitación.

Así, propuso medidas que deberán incorporarse en la legislación, políticas públicas y los mecanismos de acceso a la justicia, para asegurar la participación efectiva de población de la diversidad sexual y de género.

En el Cuarto examen periódico universal,México aceptó las recomendaciones 29.296, 29.297 y 29.298 que proponen incorporar los derechos de las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género y, características sexuales diversas a la heteronormatividad.

Conforme a lo anterior, la iniciativa plantea el reconocimiento constitucional de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, entre las categorías protegidas contra la discriminación, lo cual ha sido una demanda de la población LGBTIQ+.

Las personas de la diversidad sexual y de género forman parte de grupos que históricamente han enfrentado situaciones de desigualdad y discriminación en el acceso a otros derechos como salud, trabajo, identidad, educación, justicia, una vida libre de violencia, entre otros, debido en gran medida a actitudes discriminatorias que las coloca en una situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021, en México la población de la diversidad sexual y de género asciende a cinco millones de personas, lo que representa el 5 por ciento de la población de 15 años y más, de lo anterior, una de cada 20 personas se identifica como población LGBTIQ+ y, alrededor de 590 mil personas se identifican como no binarias, de género fluido y agénero, entre otras identidades. Asimismo, 62.4 por ciento de las personas trans percibieron su identidad antes de los siete años.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) afirma que la estigmatización de la población LGBTIQ+ ha conducido a la reproducción de patrones de discriminación pues 7 de cada 10 personas de la diversidad sexual y de género declararon sentirse discriminadas en espacios educativos, la mitad manifestó haber vivido por lo menos una vez, situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación en el trabajo.

Asimismo, 41.7 por ciento de las mujeres trans, 38 por ciento de los hombres trans y 38.5 por ciento de las mujeres lesbianas expresaron haber sufrido discriminación en el espacio público; mientras que más de 60 por ciento de las personas de la diversidad sexual y de género ha experimentado algún tipo de discriminación o violencia.

Por otra parte, un estudio del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), sostiene que la esperanza de vida para las personas trans en México es de apenas 35 años, frente a los 74 años para los hombres cisgénero y 79 años para las mujeres cisgénero; esta brecha refleja la grave situación de desigualdad estructural y violencia que enfrentan por lo que es necesaria la adopción de medidas legislativas y políticas para garantizar la vida, salud y dignidad de las personas trans en condiciones de igualdad.

A la situación de vulnerabilidad de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, se suma la pandemia del VIH-Sida, que, de acuerdo con el Censida, 80 por ciento de los casos de VIH corresponde a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y personas que se dedican al trabajo sexual, en tanto que 20 por ciento de los casos son mujeres cisgénero.

Por otra parte, la renuencia de las personas de la diversidad sexual y de género a expresar su estado de salud ha derivado en un alza de diagnósticos de VIH y muertes por SIDA, pues según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH, en su Informe Histórico Día Mundial VIH 2025, de 1983 a 2025 se han registrado en México 405,184 casos notificados de VIH y de 1990 a 2023, se han registrado 149,125 defunciones por VIH.

En cuanto a la violencia de la que son objeto, en 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ reportó 41 homicidios motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, lo que refleja un patrón de violencia estructural y sistemática hacia la población de la diversidad sexual y de género, además evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción, así como de garantizar políticas públicas integrales enfocadas en las causas de discriminación.

Estas cifras evidencian la persistencia de prácticas discriminatorias hacia las personas por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, por tanto, la relevancia de reconocer jurídicamente la existencia de estas poblaciones y de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación. Las personas trans enfrentan una exclusión sistemática en el acceso a derechos básicos derivada de la falta de reconocimiento legal, lo que subraya la urgencia de garantizar un reconocimiento temprano y pleno de su derecho a la identidad.

En diciembre de 2024, en la cuarta Conferencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) se adoptó una declaración conjunta que definió acciones para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas de la diversidad sexual y de género. México reafirmó su compromiso de trabajar de manera estrecha con la Coalición, para consolidar políticas públicas y reformas legislativas que garanticen el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia y discriminación, sin distinción por orientación sexual, identidad o expresión de género, ni por características sexuales.

Este posicionamiento reforzó la vocación internacional de nuestro país en la defensa de la igualdad sustantiva y en la promoción de estándares globales que aseguren la dignidad humana como principio rector de los sistemas democráticos.

También, se resalta que en la Cumbre Internacional del Global Equality Summit, que se llevó a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 2024, cuyo eje central es la promoción de marcos normativos para la igualdad y no discriminación, México presentó una propuesta de iniciativa de reforma del artículo 1o. constitucional para garantizar la igualdad y la no discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Entre las experiencias internacionales, el Consejo de Europa creó en 2014 la Unidad de Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género y Características Sexuales (SOGIESC), como parte de la implementación de la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa dirigida a los Estados miembros. Dicha recomendación establece medidas concretas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, en concordancia con los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Los temas abordados por esta Unidad incluyen el reconocimiento legal de la identidad de género, la incorporación de la orientación sexual, identidad y expresión de género, así como de las características sexuales en las políticas laborales, la prevención y sanción de los homicidios por prejuicio, la regulación de los discursos de odio e intimidación, y la atención a la discriminación múltiple que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género. Este enfoque integral responde al principio de interseccionalidad, reconociendo que las vulneraciones a derechos humanos pueden acumularse y agravarse cuando convergen múltiples factores de discriminación.

En el ámbito jurisdiccional, el Tribunal de Estrasburgo ha consolidado estándares relevantes en casos como Stoyanova c. Bulgaria; Idéntica y otros c. Georgia y, E.B. v. France. En estas resoluciones, el Tribunal determinó que los Estados habían violado derechos fundamentales de las personas de la diversidad sexual y de género, reconociendo expresamente el derecho a la vida, la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el respeto a la vida privada y familiar, así como el derecho a la correspondencia. Estos precedentes fortalecen la convicción de la obligación de los Estados de garantizar un marco normativo y políticas públicas que aseguren la protección efectiva de las personas LGBTIQ+, en cumplimiento de los estándares europeos e internacionales de derechos humanos.

Bajo esa perspectiva, la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales son categorías protegidas por los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en instrumentos internacionales, lo que implica que las autoridades deben garantizar todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Ahora bien, en la experiencia comparada, diversos países han avanzado en la constitucionalización del principio de igualdad y no discriminación como Argentina, Brasil, Bolivia, España, Países Bajos, Sudáfrica y Uruguay.

Estos ejemplos muestran que la inclusión explícita de estas categorías sospechosas en su marco normativo genera certeza jurídica, previene violaciones a derechos humanos y promueve la coherencia normativa del marco jurídico nacional.

El 29 de junio de 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el Índice de Inclusión Personas LGBTIQ+ México 2026. Donde en el apartado de políticas públicas, hace mención que la población más joven refleja mayor visibilidad y autoidentificación con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, lo que refleja tanto cambios socioculturales como una creciente apertura para expresar su identidad.

Dicho informe agrega el concepto OSIEGCS, que significa “orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales”. Dicho concepto, tiene un sustento conforme a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, principio que constituye el fundamento para la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y otras identidades diversas.

Dicho concepto se encuentra en constante evolución, tanto conceptual como normativa. Actualmente, las necesidades específicas de las personas no binarias suelen abordarse de manera implícita en los apartados sobre poblaciones trans, lo que puede invisibilizar dimensiones particulares de su experiencia, como el reconocimiento legal de identidades fuera del binario, el acceso a la documentación oficial con marcadores no binarios o a servicios de salud sensibles a esta población. Su visibilización específica podría considerarse en futuras ediciones del índice.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la recomendación 42/2024 señala que la falta de armonización legislativa constitucional limita el avance en el reconocimiento de las personas de la diversidad sexual y de género, y exhortó al Congreso de la Unión a reformar la Constitución e incluir expresamente la identidad de género como categoría sospechosa de discriminación.

La Constitución de Ciudad de México incluye las categorías y reconocimiento pleno de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, establece en el artículo 4o., la prohibición de toda forma de discriminación motivada por la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

En abril de 2025, Hidalgo reformó su Constitución Política y agregó la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como motivos de discriminación.

Ciudad de México ha sido una entidad progresista en iniciativas a favor de la igualdad y no discriminación. Cuenta con legislación sobre matrimonio igualitario, identidad de género y contra las mal llamadas terapias de conversión, entre otras. Asimismo, para el reconocimiento del 17 de mayo como día de lucha contra la discriminación de las poblaciones trans.

Se afirma lo anterior pues entidades como Aguascalientes y Chihuahua no han reconocido el derecho al matrimonio igualitario, y otras, como Chiapas, Durango, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas, no han legislado en favor del derecho a la identidad de género.

Frente a ello, la reforma constitucional propuesta es la oportunidad de atender las demandas históricas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género pues en efecto, una vez entrada en vigor esta reforma, hará que todas las entidades de la República mexicana armonicen su marco legislativo en favor de la igualdad y no discriminación en su amplia extensión por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

La discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y diversidad de género se agudiza cuando confluyen otros factores de exclusión como la condición económica, la discapacidad, la edad, la pertenencia indígena o afrodescendiente, o la situación migratoria.

Respecto de la reforma que plantea esta iniciativa, se retoma la precisión del Conapred sobre el principio de diversidad sexual, que contempla la situación específica y los riesgos particulares enfrentados por personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino.

En la iniciativa se propone eliminar el término preferencias sexuales del párrafo quinto del artículo 1o. constitucional, como una de las categorías sospechosas protegidas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que este término “ha caído en desuso” para referirse a la orientación sexual, debido en primer lugar a que las preferencias sexuales se relacionan con una muy amplia gama de actividades y prácticas sexuales cotidianas, como comportamientos, deseos o fantasías sexuales, lo que no corresponde a la orientación sexual. Asimismo, porque dicho término se ha utilizado para sustentar la idea de que, si la atracción erótico-afectiva se elige, puede ser modificada o corregida, lo que ha dado cabida a prácticas violentas de “conversión”, que en algunos casos son equiparables a tortura.

Así, ante la ambigüedad del término “preferencias sexuales” para abarcar toda la diversidad sexual y la diversidad de género, resulta pertinente el reconocimiento explícito de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales como categorías protegidas en la Constitución lo cual responde a la evolución del derecho internacional y a la necesidad de eliminar ambigüedades que pueden perpetuar estereotipos o interpretaciones erróneas y permitirá actualizar el principio de igualdad y no discriminación con base en terminología precisa y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

La reforma busca consolidar un piso mínimo de protección frente a la discriminación estructural, la apertura a políticas públicas y decisiones jurisdiccionales que fortalezcan la cohesión social y el respeto a la diversidad sexual y de género.

Lo anterior es la premisa para garantizar la igualdad y no discriminación para el goce y ejercicio de los derechos humanos para todas las personas conforme al mandato constitucional, sin discriminar por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

De esta manera, se podrá contar con un marco armónico para el diseño e implementación de políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos.

En conclusión, el reconocimiento constitucional de las categorías de orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales entre los motivos prohibidos de discriminación, reafirma el compromiso del Estado mexicano con la libertad, la diversidad y la justicia social, posicionando a México a la vanguardia regional en la protección constitucional de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de la diversidad de género.

Su aprobación fortalece al sistema jurídico mexicano al dotar de coherencia y claridad el principio de no discriminación, contribuye al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos; garantiza certeza jurídica para las personas de la diversidad sexual y de género, así como a las autoridades encargadas de aplicar la ley, además que promueve una democracia plural e incluyente, fundada en la dignidad humana y la igualdad sustantiva.

Finalmente, esta reforma se inscribe en un momento de integración y actualización de las políticas nacionales en materia de derechos humanos y no discriminación. La incorporación de estas categorías en el texto constitucional servirá como pilar normativo para orientar dichas políticas públicas y fortalecer el compromiso del Estado con un México diverso, incluyente y respetuoso de las libertades de todas las personas.

Para el gobierno de México, es necesario garantizar las libertades y la inclusión, así como erradicar toda forma de discriminación es una prioridad, en congruencia con los planteamientos del humanismo mexicano, como ejes de acción el bienestar compartido, la distribución de la riqueza, el combate a la corrupción, la soberanía y defensa de los recursos nacionales. El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, incluye entre sus objetivos estratégicos el eje de “Justicia social, igualdad sustantiva y respeto a la diversidad”, que orienta las acciones del Estado hacia la construcción de un país más equitativo, libre de violencia y discriminación, con pleno respeto a la dignidad humana.

Por todo lo expuesto se propone reformar el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para mejor referencia de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se Reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos locales deberán armonizar sus constituciones, a fin de dar cumplimiento al presente decreto en un plazo de ciento ochenta días naturales, a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, página 3, disponible en

https://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3% B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva Oc-24/17, del 24 de noviembre de 2017. Solicitada por la República de Costa Rica. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, 24 de noviembre de 2017, párrafo 78, disponible en

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_es página PDF; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile (fondo, Reparaciones y Costas), sentencia, 24 de febrero de 2012, párrafo 279, disponible en

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_espágina pdf; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque vs. Colombia(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia, 26 de febrero de 2016, párrafo 110, disponible en

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_Espág ina Pdf ; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia, 12 de marzo de 2020, párrafo 238, disponible en

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_espág ina pdf.

3 Principios de Yogyakarta, Principios sobre Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, 2007, página 7, disponible en

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/prin ciples_spágina pdf Principios de Yogyakarta más 10, 2017, página 4, disponible en

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2022/02/0215 22-Principios-de-Yogyakarta-mas-10.pdf.

4 Principios de Yogyakarta, Principios sobre Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, 2007, página 6, disponible en

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/prin ciples_s página PDF.

5 Ibídem.

6 Principios de Yogyakarta más 10, 2017, preámbulo, disponible en

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2022/02/ 021522-Principios-de-Yogyakarta-mas-10.pdf

7 Ibídem.

8 Principios de Yogyakarta más 10, 2017, principio 30(A).

9 Principios de Yogyakarta, 2007, principios 6 a 13. Principios de Yogyakarta más 10, 2017, páginas 17 a 19.

10 Principios de Yogyakarta, 2007, principios 2 y 3.

11 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, “No discriminación”, 1989; Comité DESC, Observación General No. 20, “No discriminación en los derechos económicos, sociales y culturales”, 2009. Disponible en

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1404.pdf y

https://www.ohchr.org/es/documents/general-comments-and-recommen dations/general-comment-no-20-2009-non-discrimination

12 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Resoluciones de las Naciones Unidas sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales El ACNUDH y los derechos humanos del colectivo LGBTI, consultado el 22 de enero de 2026, disponible en

https://www.ohchr.org/es/sexual-orientation-and-gender-identity/ united-nations-resolutions-sexual-orientation-gender-identity-and-sex-character istics.

13 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, A/76/152, Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, 15 de julio de 2021, disponible en

https://docs.un.org/es/A/76/152

14 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, A/76/152, Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, 15 de julio de 2021, disponible en

https://docs.un.org/es/A/76/152

15 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuarto Examen Periódico Universal: Recomendaciones, 29.296, 29.297 y 29.298 a México, 2023. Disponible en

https://docs.un.org/es/A/HRC/56/9

16 Inegi, 2022. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ endiseg/Resul_Endiseg21.pdf

17 Conapred, ficha temática Orientación sexual, características sexuales e identidad y expresión de género, 2017, disponible en

https://unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/sites/unidaddegenerosgg. edomex.gob.mx/files/files/Biblioteca%202022/Diversidad%20sexual/DS-28%20Orienta ci%C3%B3n%20sexual%2C% 20Caracter%C3%ADsticas%20sexuales%20e%20identidad%20y%20expresi%C3%B3n%20de%20g %C3%A9nero_%20CONAPRED.pdf

18 Ibídem.

19 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Vejeces diversas: Identidades Trans y su proceso de envejecimiento, 2021, disponible en

https://www.gob.mx/inapam/articulos/vejeces-diversas-identidades -trans-y-su-proceso-de-envejecimiento?idiom=es

20 CENSIDA. 2022, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778212/BOLETIN_DA I_DIA_MUNDIAL_DEL_SIDA_.pdf

21 Informe Histórico Día Mundial del Sida 2022, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/779320/InformeHis torico_VIH_DVEET_DIAMUNDIALVIH2022.pdf;Informe Histórico Día Mundial del SIDA 2025, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1039910/DVEET_Inf orme_Historico_VIH_2025_DIAMUNDIAL.pdf

22 Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, consultado el 20 de enero de 2026, disponible en

http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel

23 Secretaría de Relaciones Exteriores, México y Alemania copresiden la cuarta Conferencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos,18 de diciembre de 2024, disponible en

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-alemania-copresiden-la-cu arta-conferencia-de-la-coalicion-por-la-igualdad-de-derechos

24 Ibídem.

25 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

26 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2026). Índice de inclusión México LGBTIQ+ 2026,

https://www.undpágina org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-06/indice_de_inclusion_mexico_2026_b.pdf

27 Ibídem, página 11.

28 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación No. 42/2024, “Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la educación, al trabajo, a la identidad de género, a la igualdad y no discriminación, a la vivienda, a la cultura y al acceso a la justicia en agravio de la población trans por la falta de armonización legislativa a nivel constitucional”, disponible en

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-422024

29 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales. Primera edición. México, 2022. Disponible en

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion /para-juzgar-con-perspectiva-de-orientacion-sexual-identidad-y-expresion-de

30 Conapred, Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales, 2016, página 7, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225271/glosario-T DSyG.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.– Diputados y diputadas: Jaime Genaro López Vela, Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Felicita Pompa Robles, Francisco Javier Velázquez Vallejo, Gabino Morales Mendoza, Hilda Magdalena Licerio Valdés, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Karina Isabel Martínez Montaño, María Magdalena Rosales Cruz, Olegaria Carrazco Macías, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma la fracción I del artículo 53 de la Ley General de Educación, en materia de ciberseguridad, a cargo de la diputada Leticia Farfán Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Leticia Farfán Vázquez, diputada por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 53, de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

“ La ciberseguridad es como un sistema inmunitario, requiere actualización constante” — Vinton Cerf

La transformación digital ha modificado profundamente nuestros procesos de comunicación, producción de conocimiento, acceso a la información y desarrollo de las actividades educativas. Para nuestros niños, niñas y adolescentes, estos entornos digitales, representan espacios de permanente aprendizaje, participación y convivencia. Esto obliga a que el sistema educativo mexicano incorpore, a la par con el aprovechamiento pedagógico de las tecnologías, capacidades orientadas a la protección de datos personales, pensamiento crítico, prevención de riesgos y actuación responsable en el entorno digital tan cotidiano.

En nuestro país, aproximadamente el 80 por ciento de los niños y más del 90 por ciento de los adolescentes tienen acceso a internet, aunque incluso muchos de ellos no cuenten con una computadora en casa, pero sí con dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas que les permiten mayor acceso a la información, mayor contacto son sus familias.

El acceso a internet representa una oportunidad para ampliar las posibilidades educativas y de desarrollo; sin embargo, la expansión de la conectividad también ha incrementado la exposición de los menores de edad a fenómenos como la violencia digital, ciberacoso, contactos con personas con fines de abuso, fraude, suplantaciones de identidad, así como otras prácticas que podrían afectar su integridad y sus derechos.

De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la medición nacional reconoce la necesidad de observar no sólo la prevalencia del ciberacoso, sino también las medidas de seguridad utilizadas por la población y la protección de la información en internet.

Hoy en día, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad imperante para nuestras actividades cotidianas; en la población adulta y adultos mayores y cada vez más notorio en las infancias los tiempos prolongados frente a una pantalla, sitios cada vez más comunes con información poco verídica, consumos de contenidos de poco valor, la digitalización de la mayoría de servicios, se ha convertido en un riesgo latente, cada vez que dejamos información almacenada en nuestras redes digitales, ésta puede ser recuperada por cualquiera que pueda tener acceso a ella e incluso distribuida de manera poco ética o legal a múltiples personas con objetivos malintencionados o criminales.

Actos tan sencillos para un menor e incluso una persona mayor que debería ya contar con conocimientos básicos en seguridad digital, como subir una foto a sus redes sociales, etiquetar los lugares que se frecuenta, fotos de menores, o cualquier archivo que revele cuestiones más personales, dan paso a riesgos como el “grooming”, que tiene como finalidad formas de intercambiar información o imágenes de menores entre grupos, para algún ataque de carácter sexual.

Un menor está expuesto a los mismos riegos que una persona adulta y es posible orientarlo, de manera errónea, a un ambiente plagado de extorsiones, estafas, hackeo de datos o robos de identidad, mediante circunstancias que les haga revelar, por ejemplo, datos sensibles de sus padres como información personal o principalmente, información financiera.

Por tanto, es necesario tomar acciones cada vez más robustas y eficientes en especial atención a nuestros pequeños, dando como resultado que éstos puedan estar cada vez más preparados para afrontarlas y contar con respuestas de acción rápida ante un acontecimiento que ponga en riesgo su información e integridad en un ambiente cibernético.

UNICEF México, a través de numerosas investigaciones, ha afirmado que cada vez es más cotidiano en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes la conectividad mediante smartphones, tabletas, computadoras, laptops y demás artículos que cuenten con conexión a internet ya sea en un entorno casero / familiar y en uno escolar, cuyo uso forma parte de su desarrollo pedagógico en las aulas.

Es por ello por lo que, a través de esta propuesta, se enfatiza que, por medio de nuestro sistema educativo, se fortalezcan los conocimientos, redes de apoyo y habilidades que mejores la protección en un ambiente digital y se reduzca cualquier posible riesgo, sin llegar a la restricción de estos servicios y su acceso.

La ciudadanía digital complementa esta dimensión preventiva. No basta con enseñar a evitar riesgos; también es necesario formar a las y los estudiantes para participar de manera informada y respetuosa en espacios digitales, ejercer sus derechos, reconocer sus responsabilidades y desarrollar pensamiento crítico frente a la información que reciben y difunden, equilibrando las oportunidades que les brinda la tecnología con la protección de su bienestar, privacidad y seguridad.

En el contexto nacional, la Secretaría de Educación Pública ha impulsado durante 2026 una discusión sobre el uso responsable de los medios digitales y sobre la necesidad de fortalecer una cultura digital consciente, crítica y responsable. Este debate confirma que el desafío educativo no puede reducirse a la disponibilidad de dispositivos, sino que requiere atender las competencias necesarias para desenvolverse de manera segura y constructiva en una sociedad cada vez más digitalizada.

Asimismo, la propuesta preserva la distribución de competencias entre Federación y entidades federativas al establecer que las acciones deberán desarrollarse por las autoridades educativas dentro del ámbito de sus atribuciones. Esto permite que la implementación se adapte a los distintos contextos regionales y niveles educativos, sin desconocer la diversidad de condiciones tecnológicas y sociales existentes en el país.

En consecuencia, esta iniciativa pretende contribuir a actualizar el marco jurídico educativo frente a las condiciones de la vida digital contemporánea, cuyo propósito es que el acceso a la tecnología esté acompañado por capacidades para ejercer derechos, prevenir riesgos y participar responsablemente en el espacio digital. La seguridad digital, entendida desde la educación, debe convertirse en un componente de la formación integral y no en una respuesta posterior a la materialización del daño.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 53 de la Ley General de Educación.

Único. Se reforma la fracción I del artículo 53 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán en todas las regiones del país, el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, de conformidad con lo siguiente:

I. Promoción del diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de la ciencia, las humanidades, la tecnología e innovación, incorporando acciones de formación en seguridad digital, prevención de riesgos para un uso ético, crítico y responsable en el entorno digital, en todos los niveles de la educación;

II. ...

III. ...

IV. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

https://www.inegi.org.mx/programas/mociba/2024/

https://www.unicef.org/mexico/proteger-niñez-violencia-digital

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

https://www-unesco-org.translate.goog/en/articles/global-citizen ship-education-digital-age-teacher-guidelines?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl= es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

https://www.unesco.org/es/digital-education

https://www.unicef.org/mexico/mantener-seguros-ninas-ninos-y-ado lescentes-en-internet

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputado: Leticia Farfán Vázquez, Alma Delia Navarrete Rivera, Claudia Rivera Vivanco, Diana Isela López Orozco, Felicita Pompa Robles, Francisco Javier Velázquez Vallejo, Hilda Magdalena Licerio Valdés, Karina Isabel Martínez Montaño, María Magdalena Rosales Cruz, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de supervisión de los centros de atención y rehabilitación a las adicciones, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 187 Bis 1; y el primer párrafo del artículo 192 Quáter; y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 187 Bis 1; y los párrafos tercero y cuarto al artículo 192 Quáter, de la Ley General de Salud, en materia de supervisión de los Centros de Atención y Rehabilitación a las Adicciones, al tenor de la siguiente

El consumo de alcohol y drogas es un problema de salud pública inmerso a nivel nacional, afectando sin distinción de género, incrementándose en los adolescentes, produciendo consecuencias severas en la salud, así como en la integración familiar, desarrollo y estabilidad social.

En este contexto cabe remarcar que, en los gobiernos neoliberales esta problemática no era prioritaria en su agenda de carácter social, dejando al olvido la supervisión de los centros de atención y rehabilitación a las adicciones vulnerando los derechos humanos e integridad de los diversos usuarios ocasionando que dichos centros operaran ofreciendo tratamientos al margen de una regulación y vigilancia de sus servicios, exponiendo a los usuarios a tratos indignos y vejaciones.

Las sustancias psicotrópicas invaden los diversos entornos sociales, convirtiéndose en un fenómeno de múltiples facetas perturbando a todos los grupos de la población produciendo implicaciones para la salud pública. Estas drogas y la ingesta excesiva de alcohol afectan el desarrollo económico y social de las familias, incrementan los costos relativos a la atención a la salud, se observe con mayor frecuencia diferentes formas de violencias asociadas con actividades delictivas, así como intoxicación ocasionada por su consumo.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como diversos especialistas han señalado que las adicciones son una enfermedad física y psicoemocional, la cual tiende a producir dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, caracterizándose por un conjunto de signos y síntomas biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. En este sentido científicamente se ha demostrado que la prevención juega un papel fundamental, ya que está encaminada a las personas que no consumen alguna substancia adictiva no inicien su consumo; que aquellas que han iniciado el consumo no se convierta en una dependencia; y quienes tienen un constante consumo lo reduzcan.

Cabe expresar que existen casos de éxito en algunos centros de atención y rehabilitación en donde los pacientes han logrado superar a través de un servicio profesional y debidos tratamientos, evidenciando la importancia de estos espacios. Sin embargo, aún es común escuchar las exigencias de la población señalando que persisten centros que carecen de registro y personal capacitado; que los pacientes sufren de discriminación y malos tratos, como son agresiones verbales y físicas produciendo en algunos casos su fallecimiento o intentos de terminar con su vida.

Resulta trascendental reconocer la problemática de carácter social relacionada con la operación de los centros que, en diversos casos, han sido señalados por vulnerar los derechos humanos de las personas usuarias, situación que ha sido documentada por las organizaciones civiles, instituciones académicas, especialistas en materia de salud y por los testimonios de personas sobrevivientes.

En este contexto, para los gobiernos de la Cuarta Transformación es importante fortalecer los procedimientos, criterios, supervisión, monitoreo y evaluación de los Centros de Atención y Rehabilitación de Adicciones, con ello, se estará robusteciendo la política en materia de atención integral de las adicciones desde un enfoque preventivo en donde se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de las personas usuarias y de sus familias, así como otorgando certeza jurídica a los establecimientos destinados a la atención y rehabilitación de adicciones.

Los estándares de los centros especializados públicos y privados deben estar dirigidos a ofrecer tratamientos que reduzcan los daños ocasionados por el uso de sustancias psicotrópicas, rehabilitación y reinserción social, a través del diseño y aplicación de mecanismos adecuados de supervisión a dichos centros en lo concerniente a su infraestructura, así como de sus prácticas utilizadas para el tratamiento, señalando la obligatoriedad de su verificación a fin de garantizar un correcto cumplimiento de las normas previstas para la correcta prestación de los servicios que ofrecen.

Sus servicios deben desenvolverse con un enfoque de derechos humanos bajo el principio de progresividad respecto a la atención y protección integral de las personas y familias que soliciten algún tratamiento por el uso o abuso de sustancias psicoactivas y alcohol, garantizando su reintegración a la sociedad, en donde el tratamiento en ningún momento debe ser un castigo.

Los centros deben ser espacios seguros para todo tipo de población desde las infancias hasta las personas adultas, la ausencia de una regulación efectiva origino un descontrol en lo correspondiente a su operación causando problemas no solo de salud pública sino también de seguridad pública y derechos humanos. El Estado lamentablemente abandono la atención dejando que los centros operen en condiciones de precariedad.

Por ello, es momento de no invisibilizar, ni criminalizar a las personas consumidoras y adictas sino lo contrario debemos ofrecerles un trato digno. Nos es ajeno que, en nuestro país existe una larga historia en relación al abuso en el consumo del alcohol y la dependencia a las drogas, diversos estudios han evidenciado que estos problemas se presentan tanto en zonas urbanas como en áreas rurales.

En este sentido, la presente iniciativa va encaminada a atender puntualmente las reformas a la Ley General de Salud aprobadas en 2022, en donde se reconoce como prioritario considerar a la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas como fenómenos interrelacionados y elementos fundamentales de la salud, por lo tanto es necesario contar con espacios que trabajen con personal calificado y de manera profesional permitiendo el funcionamiento de aquellos centros que cumplan con la normatividad aplicable.

Para efectos de claridad se realiza un comparativo con las disposiciones vigentes y las propuestas contenidas en la presente iniciativa.

Es importante señalar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, señala que la prevalencia de consumo de drogas ilegales en la población de 12 a 65 años incrementó de 9.9 por ciento en 2016 a 13.1 por ciento en 2025, en población de 12 a 17 años, el consumo disminuyó de 6.2 por ciento a 4.1 por ciento; en población adulta, el consumo de drogas ilegales aumentó de 10.6 por ciento a 14.6 por ciento. Con respecto al rubro relativo al consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años aumentó de 71.0 por ciento en 2016 a 73.7 por ciento en 2025; en adolescentes, el consumo disminuyó de 39.8 por ciento a 33.9 por ciento; en la población adulta, el consumo pasó de 77.3 por ciento en 2016 a 80.4 por ciento en 2025. En lo tocante al uso de tabaco fumado en la población de 12 a 65 años disminuyó de 17.6 por ciento a 15.1 por ciento de 2016 a 2025.

Fuente: Secretaría de Salud, “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2025)”, disponible en https://encuestas.insp. mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2025/doctos/informes/251223_ENCODAT__ResumenEje cutivo.pdf

Fuente: Secretaría de Salud, “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2025)”, disponible en https://encuestas.insp. mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2025/doctos/informes/251223_ENCODAT__ResumenEje cutivo.pdf

La adolescencia continúa siendo una etapa de riesgo, los jóvenes inician el consumo de drogas y alcohol a muy temprana desarrollando dependencia, su abuso se asocia con índices elevados de accidentes y lesiones por violencia. Su consumo indiscriminado de las sustancias psicoactivas y del alcohol va en aumento siendo sus víctimas los jóvenes constituyéndose en un problema social, por consiguiente, de atención prioritaria por el Estado.

Está comprobado que el consumo de drogas y alcohol genera graves consecuencias, entre las que destacan su dependencia, accidentes y lesiones, problemas cardiovasculares y respiratorios, cáncer, trastornos del estado de ánimo y ansiedad, psicosis tóxicas, entre muchas otras, produciendo en algunos casos discapacidades y muerte prematura, así como suicidios.

Ante tal escenario toda persona adicta a las drogas y al alcohol requiere de la atención mediante un tratamiento de rehabilitación, el cual tendrá como propósito impulsar su desarrollo personal dotándola de autonomía y coherencia, con la finalidad de ser una persona competente para coexistir sin conflictos con su entorno, así como con capacidad de reinserción social. Dicho tratamiento influye en la salud de la persona si son tratados a través de procedimientos pluridisciplinarios procurando en todo momento por su bienestar.

Nuestra propuesta está enfocada a no criminalizar las adicciones, sino lo contrario a generar los lineamientos, criterios y estrategias encauzadas a una atención que conlleve a la reinserción de las personas a la sociedad, a través del diseño y aplicación de mecanismos de supervisión a los centros de atención y rehabilitación de las adicciones salvaguardando la integridad física y mental de sus usuarios, por tal motivo, proponemos reformas a la Ley General de Salud con el objetivo de prever las disposiciones para la debida certificación tanto de los centros como de su personal acreditando su experiencia profesional para el desempeño de las labores en dichos centros, así como establecer que sus servicios sean prestados con enfoque en materia de derechos humanos con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes, su seguridad y salud.

De igual forma se establece la obligatoriedad de implementar mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones para diseñar programas para sensibilizar, capacitar, y asegurar la calidad de los servicios prestados por los centros orientados a reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias psicoactivas en la población.

Nuestro objetivo es atender la brecha en la atención y rehabilitación en los servicios de tratamientos a las personas con alguna adicción, eliminando cualquier negación al problema existente en su prestación e infraestructura de los centros especializados públicos y privados, así como la creencia errónea de que el problema desaparecerá espontáneamente o a través de prácticas inhumanas y vejaciones vulnerando los derechos humanos de los pacientes quebrantando su dignidad, afrontando el problema nos ayudara a dejar de estigmatizar a las personas adictas, así como a sus familiares que enfrentan con seriedad el problema.

El problema de las adicciones es grave, por lo tanto, como representantes populares debemos afrontar los desafíos y retos que implica dicha incidencia, ya que en alguna ocasión con seguridad hemos tenido conocimiento de que una persona de nuestro distrito tuvo o padece problemas de adicciones, en este sentido nos obliga a garantizar que no sean vulnerados los derechos humanos de las personas usuarias de los centros de atención y rehabilitación de las adicciones público o privado, por ello, es imperativo que dichas instituciones cumplan con las disposiciones otorgando certeza a quienes acuden a solicitar apoyo, eliminando toda forma de maltrato y violencia física o psicoemocional.

Para tal efecto, la autoridad en materia de salud deberá verificar el cumplimiento de los requerimientos básicos de funcionamiento sanitario, así como del dictamen concerniente sobre los tratamientos y rehabilitación de adicciones establecidos en el marco jurídico aplicable. Asumimos el compromiso de trabajar por la construcción de mecanismos que mejoren la atención desde un enfoque de salud pública y derechos humanos garantizando servicios dignos y profesionales a las y los mexicanos, bajo un principio de corresponsabilidad con la sociedad civil.

Decreto

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de diputada federal por el Distrito XV del estado de Veracruz, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXVI, y con fundamento en lo que disponen en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y artículo 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de Supervisión de los Centros de Atención y Rehabilitación a las Adicciones

Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 187 Bis 1; y el primer párrafo del artículo 192 Quáter; y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 187 Bis 1; y los párrafos tercero y cuarto al artículo 192 Quáter, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 187 Bis 1. Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados con un enfoque de protección y respeto a los derechos humamos, a la integridad, a la dignidad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo. De igual forma deberán prevenir, investigar y sancionar los malos tratos, conductas crueles, inhumanas o degradantes, que sean denunciados en los centros especializados públicos o privados, imponiendo las sanciones correspondientes en el ámbito de sus competencias.

...

I y II...

...

Las autoridades en materia de salubridad general expedirán los lineamientos y criterios respectivos a fortalecer la supervisión y verificación de los centros especializados públicos y privados, a través de un sistema de certificación del personal, protocolos de atención médica y psicológica, registro sanitario, seguridad y operatividad de las instalaciones mediante dictamen de las autoridades de protección civil de cada entidad federativa que corresponda, entre otras. De igual forma implementaran mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para diseñar programas encaminados a sensibilizar, capacitar, y asegurar la calidad de los servicios prestados por los centros con el objetivo de reducir la incidencia, prevalencia del uso y abuso del alcohol en la población.

Quedan prohibidas toda práctica que conlleve castigos físicos, encierros, trabajos forzados, humillaciones y cualquier forma de tortura o trato cruel.

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados con un enfoque de protección y respeto a los derechos humamos, a la integridad, a la dignidad y a la libre decisión del farmacodependiente. De igual forma deberán prevenir, investigar y sancionar los malos tratos, conductas crueles, inhumanas o degradantes, que sean denunciados en los centros especializados públicos y privados, imponiendo las sanciones correspondientes en el ámbito de sus competencias.

...

I y II...

Las autoridades en materia de salubridad general expedirán los lineamientos y criterios respectivos a fortalecer la supervisión y verificación de los centros especializados públicos y privados, a través de un sistema de certificación del personal, protocolos de atención médica y psicológica, registro sanitario, seguridad y operatividad de las instalaciones mediante dictamen de las autoridades de protección civil de cada entidad federativa que corresponda, entre otras. De igual forma implementarán mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para diseñar programas encaminados a sensibilizar, capacitar, y asegurar la calidad de los servicios prestados por los centros con el objetivo de reducir la incidencia, prevalencia del uso y abuso de sustancias psicoactivas en la población.

Quedan prohibidas toda práctica que conlleve castigos físicos, encierros, trabajos forzados, humillaciones y cualquier forma de tortura o trato cruel.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades en materia de salubridad general deberán emitir los lineamientos a que se hace referencia en el presente decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Notas

1 Castro Ledesm, Alejandro, Medina Centeno, Raúl, “Programa de intervención sistémica para la prevención y disminución de adicciones en adolescentes”, en Redes. Revista de Psicoterapia Relacional e Intervenciones Sociales, número 36, diciembre 2017, páginas 117—134.

2 Del Olmo, Rosa, “La conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas: Una mirada desde la criminología”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, abril -septiembre 1997, páginas 182-189.

3 Goldstein, Poul, J., “The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework”, en Journal of Drug Issues, volumen 15, número 4, páginas 493-506.

4 Trujillo Segrera, Mónica Andrea, “La adicción y sus diferentes conceptos”, en Centro Sur, volumen 3, número 2, 2019, páginas 14-26.

5 Ghodse, Hamid, International Drug Control into the 21st Century, editorial Routledge, 2016.

6 El concepto de adicción utiliza algunos factores como tolerancia, síndrome de abstinencia, daño objetivo, ansiedad, deseo de retirarse e incapacidad de hacerlo. De Greiff, Pablo, De Greiff, Gustavo, Moralidad, legalidad y drogas, Fondo de Cultura Económica, 2000.

7 Borges Guilherme, Wang, Philip S, Medina-Mora María Elena, “Wait Tat Chiu, Carmen Lara C, Delay of first treatment of mental and substance use disorders in México”, en American Journal of Public Health, volumen 97, número 9, 2007, páginas 1638-1643.

8 Secretaría de Salud, “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2025)”, disponible en

https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2025/doct os/informes/251223_ENCODAT__ResumenEjecutivo.pdf

9 Medina-Mora María Elena, La prevención del abuso de bebidas alcohólicas y su consecuencia desde una perspectiva de salud pública, Instituto Mexicano de Psiquiatría, 1995, páginas 63-70.

10 Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el consumo de Drogas en las Américas, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Washington, D.C., 2019

11 Tapia Conyer, Roberto, Las adicciones: Dimensión, impacto y perspectiva, Manual Moderno, México, 2000

12 Avram H., Mack, Franklin, John, E., Frances, Richard, J., Guía tratamiento del alcoholismo y las adicciones, editorial Masson, Barcelona, España, 2003.

13 Conlledo Ramazzini, Juan Fernando, Centro de Tratamiento y Rehabilitación para drogadictos, Tesis Facultad de Arquitectura y Diseño, agosto 2005.

14 Kohn Robert, Levav Itzhak, Caldas de Almeida José Miguel, Vicente Benjamín, Andrade Laura, Caraveo-Anduaga Jorge J., Saxena Shekhar, Saraceno Benedetto, “Los trastornos mentales en América Latina y el Caribe: asunto prioritario para la salud pública”, en Rev Panam Salud Publica, volumen 18, número 4/5, 2005, páginas 229 —240.

15 Rodríguez Jorge J., Kohn Robert, Aguilar-Gaxiola Sergio, Epidemiología de los trastornos mentales en América Latina y el Caribe, Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., 2009.

16 Se ha documentado que los modelos que se han desarrollado en materia de adicciones, son los que emplean las intervenciones breves, los tratamientos cognitivos, las estrategias centradas en el afrontamiento para prevenir las recaídas, los tratamientos cognitivoconductuales, los programas de desintoxicación, seguimiento y apoyo a las familias y a la comunidad entre otros. Echeverría San Vicente Leticia, Prevención y tratamiento de conductas adictivas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.– Diputadas y diputados: Dulce María Corina Villegas Guarneros, Alma Delia Navarrete Rivera, Diana Isela López Orozco, Fernando Mendoza Arce, Francisco Javier Velázquez Vallejo, Jaime Humberto Pérez Bernabe, María Magdalena Rosales Cruz, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 y el artículo 170 Ter, a la Ley Federal del Trabajo, en materia de permiso para recoger a hijos de la escuela por causa grave o urgente, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Daniel Andrade Zurutuza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXVII Ter al artículo 132 y el artículo 170 Ter a la Ley Federal del Trabajo, en materia de permiso para recoger a hijos de la escuela por causa grave o urgente, al tenor de la siguiente

Los accidentes escolares y las enfermedades en estudiantes son una realidad muy frecuente y representan un problema de salud pública en México que afecta a miles de personas cada ciclo escolar.

Datos oficiales arrojan que cada año se reportan más de 500 mil accidentes escolares, lo que podría equivaler a 125 incidentes diarios relacionados con este problema; el mayor porcentaje de accidentes en niñas y niños se presentan en nivel de educación preescolar y primaria. Además, se estima que cada 22 días ocurre un fallecimiento en un plantel educativo (Inegi); por lo que otorgar un permiso laboral para atender asuntos escolares de urgencia o gravedad, podría ser un asunto de vida o muerte.

También, es en las escuelas donde derivado de la convivencia entre niñas, niños y adolescentes en espacios cerrados o de uso común, se da la transmisión y padecimiento de algunas enfermedades infecciosas respiratorias agudas, enfermedades gastrointestinales, influenza, Covid-19, sarampión y otros virus, que son los principales padecimientos que afectan a la población infantil y que al agravarse requieren que la o el menor sea retirado de la escuela para ser atendido en los servicios médicos.

La presentación de síntomas de enfermedades en los educandos estando en las escuelas como fiebre, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y malestar general, son muy frecuentes, y cuando suceden desatan una cadena de acciones necesarias y en algunos casos urgentes, como es el buscar la atención médica oportuna para la protección de la salud del menor.

Los incidentes en las escuelas, que van desde caídas, golpes, lesiones graves hasta los síntomas de enfermedades, tienen un impacto significativo en la vida de los menores de edad, en sus familias y en el propio sistema educativo mexicano.

Andrés Lobo señala en su artículo “Accidentes en la escuela: derechos legales de alumnos y docentes”: La definición general de accidente escolar es: toda lesión corporal que un estudiante sufra con ocasión de actividades que son propias del quehacer educativo, ya sea que ocurran dentro o fuera del establecimiento.

Esto abarca una amplia gama de situaciones:

• Caídas y golpes en espacios comunes: Tropiezos en el patio, caídas en escaleras, golpes contra mobiliario durante el recreo o en los pasillos.

• Lesiones durante actividades deportivas: Esguinces, fracturas o contusiones ocurridas en la clase de educación física o en competencias deportivas organizadas por la escuela.

• Accidentes en el aula: Cortes con materiales (tijeras, cúteres), quemaduras leves en un laboratorio de ciencias o caídas de una silla.

• Incidentes durante salidas escolares: Cualquier accidente ocurrido durante una excursión, una visita a un museo o un campamento, siempre que esté organizado y supervisado por la escuela. El deber de cuidado se extiende más allá de los muros del edificio.

• Lesiones en el transporte escolar: Si la escuela ofrece y gestiona el servicio de transporte, los accidentes ocurridos durante el trayecto de ida y vuelta también pueden caer bajo su esfera de responsabilidad”.

En México, en materia de seguridad toda institución educativa debe contar obligatoriamente con un comité de protección civil y seguridad escolar cuyo objetivo es promover la construcción de una cultura de prevención, a través de la participación social. Los integrantes del Comité deben elaboran un diagnóstico de problemas, riesgos y fortalezas en la escuela, identificando las áreas más seguras, puertas de acceso con llave, alarmas de emergencia, entre otros; así como elaborar un proyecto de seguridad escolar, que contenga las acciones de prevención, preparación y reacción en los tres momentos de una crisis de seguridad: emergencia, desarrollo de la crisis y poscrisis, y contar con un directorio de madres y padres de familia para establecer redes de comunicación para casos de emergencias.

De tal manera que cuando se presente un accidente escolar, deben existir protocolos de cómo actuar y qué se debe hacer. Un modelo práctico de protocolo para docentes y directivos implica los siguientes pasos:

Paso 1: Mantener la calma y evaluar la situación. Lo primero es no entrar en pánico. Evalúa rápidamente la gravedad de la lesión. ¿El alumno está consciente? ¿Sangra mucho? ¿Puede moverse? Aleja al resto de los niños para evitar el caos.

Paso 2: Prestar los primeros auxilios básicos. Sin exceder tus conocimientos, brinda la primera ayuda. Detén una hemorragia con presión, aplica frío en un golpe, limpia una herida superficial con agua y jabón. Nunca mediques ni intentes acomodar una fractura.

Paso 3: Notificar a la autoridad escolar inmediatamente. Comunica lo sucedido al directivo. Ellos son los responsables de activar la siguiente fase del protocolo.

Paso 4: Contactar a la familia. El directivo o la persona designada debe llamar a la familia. La comunicación debe ser serena y precisa: “Hola, soy [nombre y cargo]. Te llamo para informarte que [nombre del alumno] tuvo un accidente. Está consciente y lo estamos atendiendo. Sucedió que [descripción breve]. Te pedimos que te acerques a la escuela / Lo estamos trasladando a [nombre del centro médico]”.

Paso 5: Gestionar el traslado médico si es necesario. Siguiendo la política de la escuela y la cobertura del seguro, se gestiona el traslado. Puede ser en un servicio de emergencia contratado o, en casos leves y con autorización familiar, por los propios padres.

Paso 6: Registrar todo en actas. Este paso es crucial. En el libro de actas o de incidentes, se debe dejar un registro detallado, objetivo y sin juicios de valor. Incluir: fecha, hora, lugar exacto, descripción de los hechos, alumnos y docentes presentes, medidas tomadas, a qué hora se llamó a la familia y al servicio médico, y quién se hizo cargo del alumno. El docente que presenció el hecho debe firmar el acta.

Paso 7: Realizar el seguimiento. La responsabilidad de la escuela no termina cuando el alumno sale por la puerta. Es un gesto de buena fe y parte del deber de cuidado llamar a la familia al día siguiente para preguntar por el estado del alumno y ofrecer el apoyo necesario para la gestión del seguro escolar.

Como se observa y es una acción lógica por seguir, cuando se presenta un accidente escolar, el padre o madre de familia debe ser contactado por el personal educativo de la escuela, para informarle de la situación de su hija o hija, y derivado de la gravedad y/o urgencia del asunto, en necesaria su presencia en la institución educativa.

Cuando un estudiante sufre un accidente o presenta síntomas de enfermedades estando en la escuela, se debe activar una serie de principios y derechos fundamentales que toda institución debe garantizar, uno de esos derechos es el derecho a la información para la familia. Por tanto, la escuela tiene la obligación de notificar a los padres familia o tutores tan pronto como sea posible, de manera clara, veraz y detallada, explicando qué sucedió, qué medidas se tomaron y cuál es el estado de salud de su hijo.

El estudio publicado en Scielo México Epidemiología de lesiones no intencionales en niños: revisión de estadísticas internacionales y nacionales señala: “Las lesiones, como fenómeno social, tienen múltiples consecuencias. Comienzan con el sufrimiento de la persona y la interrupción de las actividades cotidianas; después se agrega la necesidad de atención médica ambulatoria u hospitalaria, con el respectivo gasto económico. La situación puede ir más allá, ocasionando secuelas o muerte. En el caso del paciente pediátrico, la interrupción de actividades incluye el ausentismo escolar del menor y también el ausentismo de los padres de sus actividades laborales, con lo que frecuentemente se interrumpe el aporte económico para la familia. En un niño, las secuelas no se limitan a la pérdida o disfunción de un órgano sino también a la interrupción del desarrollo, con secuelas que pueden durar toda la vida”, de tal manera que una fractura mal tratada puede limitar la movilidad, mientras que un trauma psicológico puede afectar el rendimiento escolar.

Derivado de la situación económica en México, hoy la mayoría de las padres y madres de familia trabajan. En México, 7 de cada 10 mujeres que participan en el mercado laboral son madres y en promedio tienen tres hijos o hijas. Otros datos arrojan, que 21.2 millones de hombres son padres de al menos una hija o hijo que reside en la misma vivienda; del total de hombres padres de familia ocupados en alguna actividad económica, 71 de cada 100 son trabajadores asalariados.

Los anteriores datos estadísticos reflejan que en un gran número de los hogares mexicanos, tanto los padres como las madres de familia tiene una relación laboral, lo cual implica enfrentar desafíos significativos, como el solicitar y obtener un permiso en el lugar de trabajo cuando se presentan asuntos urgentes o graves en la escuela de sus hijos.

Si bien la atención de los asuntos escolares es una responsabilidad compartida entre el personal docente y los padres de familia, es necesario contar con medidas legislativas garantistas que ayuden a la protección y cuidado de los menores cuando más lo necesitan.

Las enfermedades de urgente atención o los accidentes escolares graves son una problemática que requiere acciones inmediatas, por eso al presentarse un imprevisto de esa naturaleza, la niña, niño o adolescente requiere del mayor cuidado y decisiones que pueden salvar hasta la vida, por ello, la necesidad de que las madres y padres de familia estén presentes con sus hijos.

Por lo anterior, los objetivos de la presente iniciativa son:

Primero. Incluir como una obligación de las personas empleadoras, el tener que otorgar permiso a la persona trabajadora el poderse ausentarse del lugar de trabajo, con la finalidad de acudir a recoger a su hijo o hija a la escuela de educación básica o media superior, por causa grave o urgente.

Segundo. Incluir el derecho de padres o madres de familia, a que se les otorgue permiso, para ausentarse de lugar de trabajo, con la finalidad de acudir a recoger a su hijo o hija a la escuela de educación básica o media superior, por causa grave o urgente.

Esta reforma en materia laboral permite a las personas empleadoras hacer ver a sus empresas y negocios como espacios flexibles donde se trabaja con un alto sentido humano y familiarmente responsable y solidario.

Porque antes de ser trabajadora o trabajador, primero somos padres de familia; legislemos para que el permiso para acudir a recoger a los hijos a la escuela por causa grave o urgente, como puede ser un accidente escolar o un síntoma de alguna enfermedad que ponga en peligro la salud de un menor, sea un derecho garantizado, más que una dádiva patronal.

Datos estadísticos sobre el tema de la iniciativa

Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se estima que cada año ocurren miles de accidentes en las escuelas de México. De los más de 500 mil accidentes escolares reportados anualmente, el 60 por ciento ocurren durante el recreo; y las caídas representan aproximadamente el 30 por ciento de todos los accidentes. Por otra parte, la incidencia de accidentes escolares también varía según el nivel educativo. En educación preescolar se presenta 40 por ciento de los accidentes y en educación primaria 50 por ciento, por lo que respecta a educación secundaria el porcentaje de accidentes es menor, es decir, las niñas y niños son los más vulnerables.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aproximadamente 30 mil alumnos sufren lesiones en las escuelas anualmente, lo que equivale a unos 125 incidentes diarios. Además, se estima que cada 22 días ocurre un fallecimiento dentro de un plantel educativo. Por ello otorgar un permiso laboral para atender asuntos escolares de urgencia o gravedad, podría ser un asunto de vida o muerte.

Según el Inegi, 2024, 89.7 por ciento de los padres mexicanos considera la seguridad como el factor más importante al elegir una institución educativa, superando incluso la calidad académica.

Del análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2022 se desprende que en México, 7 de cada 10 mujeres que participan en el mercado laboral son madres y en promedio tienen 3 hijos o hijas.

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 44.9 millones de hombres de 15 años y más; de ellos, 21.2 millones, es decir 47 por ciento, se identificaron como padres de al menos una hija o hijo que reside en la misma vivienda. De los padres identificados, 18.4 millones forman parte de la Población Económicamente Activa. El 97 por ciento de ellos estaba ocupado en alguna actividad económica, de los cuales, 71 de cada 100 eran trabajadores asalariados.

Fundamento legal

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de la ONU, establece en el artículo 3:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera en los artículos 3o. y 4o. el principio del “Interés superior de la niñez”, el cual se refiere a la obligación de todas las instancias públicas y privadas de considerar el bienestar y desarrollo integral de los niños y adolescentes en todas las decisiones que les afecten. Este principio busca garantizar que los derechos de los niños sean respetados y protegidos, y que sus necesidades y opiniones sean priorizadas en cualquier situación.

Artículo 3o.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Artículo 4o.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

La Ley General de Educación promueve en los artículos 115, 128 y 129 la participación de los padres de familia en el desarrollo educativo de los menores.

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

XVII. Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años”;

Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela

II. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;

Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela

V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años; y

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera en los artículos 7, 11, 57 y 103 la protección de los menores de edad, y la obligación de intervención de autoridades, leyes y toda persona en favor de desarrollo de éstos:

Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.

Artículo 57. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo 103 de esta ley.

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo;

Cuadro de la iniciativa

Se presenta el cuadro de la iniciativa correspondiente a la Ley Federal del Trabajo:

Decreto

Por lo expuesto y fundado, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción XXVII Ter al artículo 132 y el artículo 170 Ter a la Ley Federal del Trabajo, en materia de permiso para recoger a hijos en la escuela por causa grave o urgente

Único. Se adicionan la fracción XXVII Ter al artículo 132 y el artículo 170 Ter a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras

I. a XXVII Bis. ...

XXVII Ter. Otorgar permiso a la persona trabajadora que lo solicite y justifique, para ausentarse del lugar de trabajo, con la finalidad de acudir a recoger a su hijo o hija a la escuela de educación básica o media superior, por causa grave o urgente.

XXVIII. a XXXIV. ...

Artículo 170 Ter. Los padres o madres de menores, tendrán derecho a que se le otorgue un permiso, para ausentarse del lugar de trabajo, con la finalidad de acudir a recoger a su hijo o hija a la escuela de educación básica o media superior, por causa grave o urgente.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://actosenlaescuela.com/accidentes-en-la-escuela/ Consultado el 27 de agosto de 2026.

2 https://consejosescolares.sep.gob.mx/work/models/conapase/Resource/739/2/images /PROTECCION_CIVIL_Y_SEGURIDAD_ESCOLAR_2023.pdf Consultado el 30 de agosto del 2026.

3. Epidemiología de lesiones no intencionales en niños: revisión de estadísticas internacionales y nacionales en

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1665-11462014000200002 Consulado el 28 de agosto de 2026.

4 Estadísticas de Accidentes Escolares en México: Datos Clave y Prevención en

https://carmelita.com.mx/blog/estadisticas-de-accidentes-escolar es-en-mexico/ Consultado el 27 de agosto de 2026.

5 Estadísticas de Accidentes Escolares en México,

https://anuariolatamseguros.com/blog/mexico/estadisticas-de-acci dentes-escolares-en-mexico/ Consultado el 26 de agosto de 2026.

6 https://capacitaciondepersonal.com.mx/seguridad-escolar-mexico-2025-guia-comple ta-padres/ Consultado el 27 de agosto de 2026.

7 Las madres en el mercado laboral,

https://imco.org.mx/las-madres-en-el-mercado-laboral/ Consultado el 30 de agosto de 2026.

8 Convención sobre los Derechos del Niño,

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/ convention-rights-child

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2026.– Diputados y diputada: Daniel Andrade Zurutuza, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Fernando Mendoza Arce, Francisco Javier Velázquez Vallejo, Luis Humberto Aldana Navarro (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de contaminación auditiva generada por la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Armando Corona Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de contaminación auditiva generada por la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, al tenor de la siguiente

La contaminación auditiva es una de las formas de contaminación más invisibles, pero también más persistentes y perjudiciales en las zonas urbanas. En México, millones de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido que exceden lo recomendado por organismos internacionales, afectando su salud física, emocional y su calidad de vida. Pese a su relevancia, este tipo de contaminación ha sido históricamente minimizada o normalizada, lo que ha retrasado la implementación de medidas contundentes para mitigarla. Esta iniciativa busca llenar ese vacío normativo mediante la prohibición explícita de la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados que incrementan deliberadamente el ruido en el entorno.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niveles de ruido superiores a 55 decibeles durante el día y 40 decibeles por la noche pueden causar daños a la salud humana, incluyendo trastornos del sueño, problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo en niños y aumento del estrés (OMS, 2018). En ciudades como la Ciudad de México, los niveles promedio de ruido superan regularmente los 68 decibeles en zonas residenciales y los 80 decibeles en zonas de alto tráfico, como lo ha documentado el Instituto de Geografía de la UNAM (IGg-UNAM, 2021).

Una de las principales fuentes de este ruido es el tránsito vehicular, particularmente motocicletas y automóviles con sistemas de escape modificados. Estas modificaciones, que muchas veces se hacen de forma intencional para generar un mayor ruido, tienen fines estéticos o de “rendimiento sonoro”, pero en realidad representan una agresión directa al entorno. Estos sistemas, al eliminar los silenciadores o catalizadores originales, pueden elevar el nivel de ruido emitido por un vehículo hasta en 20 decibeles más (Semarnat, 2020).

La falta de una regulación específica en la legislación ambiental federal ha propiciado un vacío legal que permite que este tipo de alteraciones proliferen. Si bien existen algunas normas oficiales mexicanas como la NOM-079-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de los vehículos automotores nuevos, no hay un marco normativo eficaz que atienda los vehículos ya en circulación y mucho menos que sancione las alteraciones mecánicas voluntarias orientadas a generar más ruido.

Esta omisión legislativa ha generado un entorno donde la ciudadanía se ve constantemente expuesta a ruidos ensordecedores, sin posibilidad de exigir una intervención por parte de las autoridades. En colonias urbanas de alto tránsito, el paso de motocicletas con escapes modificados es una constante que interrumpe el sueño, altera la convivencia vecinal y provoca ansiedad, especialmente entre niños, personas mayores y personas con condiciones de salud mental sensibles al ruido.

El impacto no es solo en la salud. La contaminación auditiva también afecta el rendimiento escolar y laboral. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2022 reveló que los niños expuestos a altos niveles de ruido ambiental tienen un rendimiento cognitivo 25% menor que aquellos que viven en entornos más silenciosos. Además, se ha documentado una correlación directa entre altos niveles de ruido y el ausentismo laboral por afecciones relacionadas con el estrés y la fatiga (INECC, 2022).

En el contexto internacional, muchos países han avanzado en legislar sobre esta materia. En España, por ejemplo, la Ley 37/2003 del Ruido establece medidas específicas para el control de vehículos que sobrepasen los límites sonoros permitidos, incluyendo la posibilidad de inmovilización del vehículo. En Estados Unidos, ciudades como Nueva York han implementado programas como “Operation Silent Night”, con el fin de sancionar severamente a quienes modifican sus sistemas de escape para hacer más ruido.

Es hora de que México avance en la misma dirección. Esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene como objetivo principal cerrar esa brecha legal, empoderar a las autoridades para actuar de manera preventiva y sancionadora, y garantizar a las y los ciudadanos su derecho a un entorno sano, silencioso y respetuoso.

Además de su utilidad ambiental, esta reforma tiene una profunda carga social y humanista. Vivir en paz también implica poder descansar, estudiar y convivir sin el estrés que genera el ruido excesivo. No se trata solo de regular máquinas, sino de proteger la salud mental, emocional y física de millones de personas. Esta iniciativa representa un paso firme hacia ciudades más habitables, más humanas y más justas.

Por estas razones, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, convencido de que el silencio también es un derecho que debe protegerse por ley.

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Con esta reforma se busca reducir la contaminación auditiva en las zonas urbanas, protegiendo así la salud y el bienestar de la población, mediante la prohibición y sanción de la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, que generan niveles de ruido excesivos y afectan la calidad de vida de las personas.

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 111.- Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

XVII. Prohibir, regular y sancionar la alteración o modificación de los sistemas de escape de los vehículos motorizados que generen niveles de ruido superiores a los límites establecidos por las normas oficiales mexicanas. Asimismo, podrán establecer mecanismos de verificación vehicular que incluyan medición de emisiones sonoras.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá actualizar las normas oficiales mexicanas relacionadas con los niveles máximos de emisión sonora para vehículos motorizados en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Tercero. Las entidades federativas y municipios deberán armonizar su legislación secundaria conforme al presente decreto en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2026.– Diputados y diputada: Armando Corona Arvizu, Diana Isela López Orozco, Fernando Mendoza Arce (rúbricas).»