Diario de los Debates

órgano oficial de la cámara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXVI Legislatura
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diputada Kenia López Rabadán
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año II
Ciudad de México, martes 28 de abril de 2026
Sesión No. 46

SUMARIO


INTERVENCIÓN DESDE LA TRIBUNA EN LENGUA INDÍGENA

Con el propósito de preservar e impulsar el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, se otorga el uso de la tribuna a:

-La ciudadana Marisel Castillo Cortez, quien se expresa en lengua otomí

COMUNICACIONES OFICIALES

De diversas diputadas y diputados, por las que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto, y de un punto de acuerdo, a saber:

-De la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario del PVEM, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas del país que incorporen en sus reglamentos interiores de las comisiones edilicias, la creación de una comisión en materia de cambio climático y sostenibilidad, contribuyendo a la consolidación de una gobernanza metropolitana y sostenible

-De la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se expide la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal

-Del diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del PVEM, por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de infraestructura social preventiva, accesibilidad universal y reconstrucción del tejido social

-Del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT, por el que se adiciona una fracción LII Bis al artículo 3, adiciona un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 44, y se adiciona la fracción XII Bis al artículo 67, a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de servicios auxiliares y arrastre, salvamento y depósito

-Del diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se adicionan un Capítulo XIII al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se adiciona un Capítulo X a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de estímulos fiscales en la Frontera Norte

-Del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PVEM, por el que se expide el Código Penal Nacional para prevenir, proteger y sancionar los delitos contra las personas menores de edad, y se derogan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal

-Del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que se adicionan la fracción VIII al artículo 4, el artículo 7 Ter, la fracción IX Quáter del artículo 24, un segundo párrafo al artículo 85, y se reforman el artículo 7, y el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley de la Infraestructura de la Calidad

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Cultura, cinco oficios por medio de los cuales remite el primer Informe trimestral de 2026 con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados a través del S268 Programa de Apoyos a la Cultura; S303 Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales; Programa S057 Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart); S320 Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales y U283 Fomento al Cine Mexicano, y vertientes que lo conforman, los cuales están sujetos a las Reglas de Operación. Se turnan a las comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite el Informe correspondiente al primer trimestre del 2026, de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios. Se turna a las comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Secretaría de las Mujeres del Estado de Nuevo León, por la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento

INICIATIVAS DE SENADORES

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Del Senado de la República, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del PVEM. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Del Senado de la República, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 25, y se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del PVEM. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FEMINICIDIO

La Presidencia instruye a la Secretaría realizar el cómputo correspondiente de los votos aprobatorios de las legislaturas de las entidades federativas, con relación al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio. La Secretaría manifiesta que han sido recibidos 27 votos aprobatorios

La Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales

SOLICITUD DE LICENCIA

De la diputada Evangelina Moreno Guerra, de Morena, se recibió solicitud de licencia para separarse de su cargo como diputada federal. Aprobada, comuníquese y llámese al suplente

La presidencia saluda la presencia de Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol e invitados que lo acompañan, acto seguido le entrega un reconocimiento y desea éxito a nuestro país en el mundial de futbol que dará inicio en junio próximo

Desde la curul, intervienen:

-El diputado José Luis Montalvo Luna, del PT, para denunciar hechos de violencia ejercidos por el subdirector de la Policía Municipal del municipio de Xalatlaco, Estado de México

-La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, de Morena, para denunciar el ecocidio que se está llevando a cabo en Playa Las Cocinas, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

-El diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del PAN, para denunciar las posibles afectaciones ambientales en contra del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur

-El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del PT, para solidarizarse con los habitantes de Bahía de Banderas, Nayarit, en la defensa ambiental de playa Las Cocinas, de Punta de Mita

MINUTO DE SILENCIO

EN MEMORIA DE JOSÉ LUIS TORRES CORONA, BANDERO E INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BANDERAS Y BANDAS DE ESCOLTAS DE GUERRA

Desde la curul, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, de Morena, solicita un minuto de silencio en memoria de José Luis Torres Corona, bandero e integrante de la Organización Nacional de Banderas y Bandas de Escoltas de Guerra y promotor e instructor de bandas de guerra, quien falleció en días recientes, mismo que se obsequia

EN MEMORIA DE LA DOCTORA ROSSANA REGUILLO, INVESTIGADORA EMÉRITA EN CIENCIAS SOCIALES Y ACTIVISTA MEXICANA

Desde la curul, la diputada Paulina Rubio Fernández, del PAN, solicita un minuto de silencio en memoria de la doctora Rossana Reguillo, investigadora de ciencias sociales y activista mexicana, una de las voces más relevantes en el estudio de las ciencias sociales en América Latina. La Presidencia obsequia la solicitud

Desde la curul, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, de Morena, hace diversos comentarios alusivos al gobierno de Puebla

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de avances tecnológicos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el oficio por el que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, somete a la ratificación de la Cámara de Diputados el nombramiento de la ciudadana Jennifer Krystel Castillo Madrid, como administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de empleada superior de Hacienda. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Federico Döring Casar, en nombre propio, del diputado José Elías Lixa Abimerhi, y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de las y los jóvenes, a cargos de elección popular. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la convivencia o cohabitación forzada. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen

LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de reconocimiento de actividades de investigación social y evaluación de políticas públicas para los efectos de donatarias autorizadas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

El diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 29 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de vehículos de movilidad personal y seguridad vial. Se turna a la Comisión de Movilidad, para dictamen

LEY DE AEROPUERTOS

La diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Rosa María Castro Salinas, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 3o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la cultura cívica democrática. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

El diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos, para garantizar acciones afirmativas en materia electoral a grupos históricamente subrepresentados. Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 387 Bis al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda gubernamental en medios digitales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO

El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 y se adiciona un artículo 159 Bis de la Ley del Sector Eléctrico. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen

CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Coordinación Fiscal, y del Código Penal Federal, coloquialmente denominada Ley Lobita. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión

TOMA DE PROTESTA

La ciudadana Karla Patricia Sánchez Rodelo rinde la protesta de ley y entra en funciones como diputada federal

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

El diputado José Antonio Gali López, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Pedro Mario Zenteno Santaella, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El diputado Roberto Sosa Pichardo, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de blindaje de la representación de México en el exterior. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El diputado Roberto Sosa Pichardo, en nombre propio, y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ENTORNOS DIGITALES

El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 30, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de fomento al deporte de alto rendimiento y apoyo a atletas olímpicos y paralímpicos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para crear un esquema permanente de intervención territorial integral y prioridad presupuestaria en comunidades de alto y muy alto rezago social, con el objetivo de reducir brechas estructurales, fortalecer capacidades productivas y garantizar justicia territorial en México. Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, Y SE ABROGA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

El diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, y se abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a la Comisión de Reforma Político-Electoral, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera, en nombre propio y de la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 y se adiciona un artículo 75 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en Centros Penitenciarios. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

COMUNICACIONES OFICIALES

La Presidencia comunica a la asamblea que se recibieron las respuestas a las preguntas parlamentarias de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.Publíquense en la Gaceta Parlamentaria y remítanse a la Junta de Coordinación Política, para su atención

EFEMÉRIDES

30 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ

Para referirse a la efeméride, participan, en nombre de su grupo parlamentario:

-La diputada María de Fátima García León, de MC

-La diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI

-La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, del PT

-La diputada María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM

-La diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del PAN

-La diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, de Morena

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. (Las iniciativas y proposiciones podrán ser consultadas en el Diario de los Debates de esta fecha, en el Apéndice)



Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán

ASISTENCIA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar a conocer el resultado del registro de asistencia de las diputadas y los diputados.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Presidenta, se tienen registrados 287 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán (11:33 horas): Se abre la sesión ordinaria del martes 28 de abril de 2026, en la modalidad presencial.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules, conteniendo los asuntos a tratar en esta sesión.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: «Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Orden del día

Martes 28 de abril de 2026

Intervención desde la tribuna en lengua indígena

De la ciudadana Marisel Castillo Cortez, hablante de la lengua otomí.

Actas de las sesiones anteriores.

Comunicaciones oficiales

De las diputadas Alejandra Chedraui Peralta, Merilyn Gómez Pozos y los diputados José Braña Mojica, Ricardo Mejía Berdeja, Gilberto Herrera Lozano, Óscar Bautista Villegas y Arturo Ávila Anaya

Solicitan el retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Cultura

Remite el primer Informe trimestral de 2026 con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados a través del S268 Programa de Apoyos a la Cultura; S303 Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales; Programa S057 Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart); S320 Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales y U283 Fomento al Cine Mexicano, y vertientes que lo conforman, los cuales están sujetos a las Reglas de Operación.

De la Secretaría de Educación Pública

Remite el Informe correspondiente al primer trimestre de 2026, de los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios.

De la Secretaría de las Mujeres del Estado de Nuevo León

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de perspectiva de género.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 25, y se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Proyecto de declaratoria de reforma constitucional

Del decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio.

Solicitud de licencia de diputada

Protesta de diputado

Acuerdo de los órganos de gobierno

Iniciativas

Que adiciona un artículo 36 Bis a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y declara el Día Nacional del Organillero, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los numerales 1 y 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de calidad sanitaria del agua para uso y consumo humano y su saneamiento, suscrita por los diputados Luis Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de la incorporación de la licencia menstrual, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de explotación sexual infantil en el contexto de viajes y turismo, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de explotación sexual infantil en el contexto de viajes y turismo, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de tarifas especiales para servicios de uso doméstico, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la convivencia o cohabitación forzada, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 54, 55 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de plurinominales, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 42 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a fin de establecer días de descanso obligatorio del 24 de diciembre al 2 de enero para las personas trabajadoras que desempeñan funciones no esenciales, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la denominación del Capítulo IV y los artículos 16 y 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma las fracciones I y II del artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 5o., 6o. y 9o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de preservación, reconocimiento y memoria de las lenguas indígenas en peligro de desaparición y de las lenguas indígenas extintas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 78 y adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de sanciones, a cargo de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de Violencia Obstétrica, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 85 y 95 de la Ley General de Salud, en materia de organización de jornadas laborales, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 37 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 2o. y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de situaciones de riesgo, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto por el que declara el 14 de noviembre de cada año como Día Nacional de las y los Vendedores Ambulantes, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 298 y 301 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto por el que se declara el 01 de julio de cada año Día Nacional de la Partera Rural, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Francisco Javier Velázquez Vallejo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de avances tecnológicos, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 31, recorriéndose los subsecuentes, de la Ley General de Cambio Climático, en materia de mitigación climática basada en ecosistemas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 15 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prosperidad compartida, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción VII del artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de participación de las comunidades indígenas, afromexicanas y de la comunidad académica y científica en la mitigación del cambio climático, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 18 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de educación ambiental comunitaria con participación de niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XVII, recorriéndose la subsecuente, del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección y reposición de árboles en zonas urbanas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XI del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de planeación y protección urbana frente a temperaturas extremas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción X Bis del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de movilidad urbana sustentable, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción IX del artículo 4o. de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de movilidad activa con enfoque ambiental, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 50 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Sector Eléctrico, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de permisos de paternidad, a cargo del diputado Arturo Olivares Cerda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o., 25 y 35, y se adiciona un artículo 28 Bis de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en materia de plagio de diseños, creaciones artesanales o expresiones culturales tradicionales, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales, a cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1253, fracción I, del Código de Comercio, en materia de derecho a la probanza, debido proceso y tutela judicial efectiva, a fin de eliminar un requisito formal declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 79 Bis de la Ley General de Protección Civil, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 185 y adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 186 de la Ley Federal de Derechos, se adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en materia de gratuidad del primer registro y otorgamiento del título profesional en las instituciones de educación superior pública, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 150 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XXVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera y productiva con enfoque comunitario, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción del financiamiento público a los partidos políticos, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y del Código Penal Federal, en materia de protección, bienestar y tenencia responsable de animales de compañía, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 41 base I, primer párrafo; 52; 53 segundo párrafo y 54 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa María Castro Salinas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones a la Ley de Energía para el Campo, en materia de actualización institucional y lenguaje incluyente, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 48 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de reasignación operativa progresiva del personal policial en etapa previa al retiro, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 60 y 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los ecosistemas digitales e inteligencia artificial, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de prohibir la retención de recursos federales etiquetados a los municipios por parte de las entidades federativas, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de profesionalización policial y coordinación interinstitucional, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de fortalecimiento de las comisiones de ordenamiento de las zonas metropolitanas interestatales e intermunicipales, a cargo del diputado Juan Moreno de Haro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de protección integral a la salud de personas practicantes de manifestaciones culturales tradicionales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que impliquen riesgo físico, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 75 Bis y 75 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de protección de las personas consumidoras en las preventas inmobiliarias, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en materia de reparación integral por maltrato animal, a cargo del diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Centro de Análisis y Consulta Indígena, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para crear el Centro de Análisis y Consulta Indígena, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de reconocimiento y acreditación del concubinato para el acceso a derechos de seguridad social, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros de educación y cuidado infantil, a cargo del diputado Arturo Olivares Cerda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 75 y adiciona un artículo 75 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en centros penitenciarios, suscrita por las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera y Anais Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 39 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Montserrat Ruiz Páez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el Capítulo VIII y los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de violencia deportiva, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 12 y 13, adiciona una fracción VI al artículo 21 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y adiciona un artículo 64 Quintus a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de cargos honoríficos, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 303 del Código Civil Federal, en materia del pago retroactivo de alimentos desde el nacimiento del menor, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona dos párrafos al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que el autotransporte público federal, especialmente los tractos camiones de doble remolque cumplan estrictamente con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STC-2-2027, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 65 del Código Civil Federal, en materia de protección integral de la niñez, a cargo del diputado José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar facultades al Congreso de la Unión, con el objeto de legislar en materia de derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para garantizar la incorporación de advertencias sanitarias visibles en productos que representen riesgos para la salud infantil, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico territorial, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de inclusión a las personas adultas mayores y personas en condiciones de discapacidad, a cargo de la diputada Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 8o., fracción VII y 19, fracción IX, inciso b) de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, en materia de actualización de facultades de la Secretaría de Marina como autoridad marítima nacional, a cargo del diputado Humberto Coss y León Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el decreto que dispone se inscriban con letras de oro en los muros del Congreso de la Union los nombres de las heroínas ilustres Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Antonia Nava publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de octubre de 1948, suscrita por las diputadas Anais Miriam Burgos Hernández y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción VI al artículo 91 de la Ley General de Población, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción III Bis y la fracción V al artículo 43 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y el artículo 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, en materia de imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 89 Bis a la Ley General de Salud, en materia de apoyos a las personas pasantes de las profesiones para la salud, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de derechos de las mujeres referentes a la maternidad, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de protección de los derechos de los pasajeros, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de información climática clara y accesible, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de vulnerabilidad y riesgos climáticos, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 74 Sexies a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, suscrita por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Materia de pirotecnia y artefactos explosivos, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de transparencia y justificación en las adjudicaciones directas fundamentación, a cargo del diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al derecho de toda persona a ser buscada, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los instrumentos de planeación urbana, a cargo de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la cultura cívica democrática, a cargo de la diputada Rosa María Castro Salinas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, publicado el 16 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 66, párrafo segundo; y adiciona una fracción al artículo 3o. y una fracción al artículo 52 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 5o., fracción XI, 56, y 133, fracción I; y adiciona una fracción al artículo 284 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sandra Beatriz González Peréz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones al artículo 1o. de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para hacer efectiva esa figura en las entidades federativas, a cargo del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 1934 del Código Civil Federal, en materia de imprescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil derivada de actos de violencia sexual cometidos contra personas menores de dieciocho años, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el inciso m) del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 16 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 9 de diciembre como Día Nacional en Contra de las Violencias, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción X del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de sustituir la denominación Distrito Federal por Ciudad de México, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal Federal, en materia de protección animal, a cargo de la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la denominación del Título Noveno; se adiciona un Capítulo III y un artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, en materia de uso indebido de la inteligencia artificial y otras tecnologías análogas, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 5o., 9o. y 63 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, en materia de régimen especial de contrataciones aplicable a sus empresas filiales, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XXXIV al artículo 132 a la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer la obligación patronal de implementar el teletrabajo como medida preventiva de protección a la salud y seguridad de las personas trabajadoras durante declaratorias oficiales de contingencia, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 113 y un artículo 113 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducción del Impuesto Sobre la Renta tratándose de alimentos consumidos en restaurantes, suscrita por la diputada Eva María Vásquez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 387 Bis al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital, suscrita por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eutanasia, a cargo de la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de peligro de contagio, a cargo de la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en materia de evasión fiscal, a cargo de la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de impuesto a las grandes riquezas, a cargo del diputado José Luis Sánchez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de matrimonios forzados de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 50 y adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de cáncer infantil, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de producción y distribución cinematográfica nacional de contenido que exponga al narcotráfico o crimen organizado como una forma de vida digna de orgullo o historia de superación, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona una fracción y se recorre la subsecuente al artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de uniforme escolar neutro para estudiantes, suscrita por los diputados Luis Humberto Fernández Fuentes, Jaime Genaro López Vela y Anais Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de centros de rehabilitación, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular, a cargo del diputado José Antonio Gali López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Víctimas, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 7 de marzo de cada año, Día Nacional de la Mujer Transportista, a cargo de la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el inciso a) del artículo 5o. y reforma el artículo 8o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con el objeto de fortalecer un servicio público competitivo y eficiente, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de financiamiento, a cargo de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de recaudación municipal para el fomento, difusión, conservación, preservación y/o investigación de las manifestaciones culturales, a cargo de la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 145 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de conformación de consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes, bajo el principio de igualdad sustantiva, a cargo de la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de economía circular educativa, a cargo de la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como el Día Nacional del Café Mexicano, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 58 Bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para sancionar el cobro de citas en consulados, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de acceso a práctica del ajedrez y otros juegos de estrategia, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de información y evaluación de los programas turísticos federales, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales para programas de capacitación, tutoría y mentoría en competencias digitales y tecnológicas dirigidos a mujeres jóvenes residentes en zonas rurales, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, suscrita por el diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de uso y beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, suscrita por diversas diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se declara el 19 de febrero como Día Nacional de la Prevención y Control del Gusano Barrenador del Ganado, a cargo del diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre y Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de María Asunción Sandoval Olaes, a cargo de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el día 29 de mayo como el Día Nacional de la Mujer Jurista, en honor a María Asunción Sandoval Olaes, a cargo de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico en la actuación de los organismos de derechos humanos, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de técnicas de reproducción asistida, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al artículo 8o. de la Ley de Migración, para establecer un sistema ágil y accesible de validación de estudios para migrantes, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un último párrafo al artículo 52 de la Ley General de Educación, en materia de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17 y 32 y adiciona un artículo 17 Bis a la Ley Agraria, en materia de igualdad sustantiva en el acceso, transmisión y titularidad de derechos agrarios de las mujeres, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el numeral 5 del artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de derechos digitales de las personas turistas, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en materia de comunicaciones con fines publicitarios y mercadotécnicos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención integral y rehabilitación posterior a tratamientos oncológicos, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 15 y 114 de la Ley General de Educación y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el numeral 5 al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de representación política de la juventud mexicana, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo de la diputada Haidyd Arreola Lopez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XIV al artículo 9o. de la Ley General de Educación, en materia de regulación del uso de dispositivos móviles en educación básica, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para crear un esquema permanente de intervención territorial integral y prioridad presupuestaria en comunidades de alto y muy alto rezago social, con el objeto de reducir brechas estructurales, fortalecer capacidades productivas y garantizar justicia territorial en México, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, en materia de protección al médico en formación, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia de paridad de género para la elección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XIII Ter recorriendo la fracción XIII Bis del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, para garantizar el derecho de acompañamiento familiar permanente a niñas, niños y adolescentes durante su atención médica, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 199 Octies, 199 Nonies y 199 Decies del Código Penal Federal, en materia de protección de la intimidad sexual frente al uso de inteligencia artificial, a cargo de la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, en materia de homologación de día inhábil por transmisión del Poder Ejecutivo Federal, a cargo de la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de universalidad de los derechos sociales y transparencia en programas sociales, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de sistemas de captación de líquido pluvial, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención, atención y erradicación del acoso, hostigamiento sexual y abuso sexual en contra de las personas deportistas, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación, a fin de garantizar la protección reforzada de personas menores de edad, desincentivando la exposición o interacción con plataformas de contenido erótico sexual, de acceso exclusivo para adultos, a cargo de la diputada Jéssica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 3o., 3 Bis, 10, 26 y 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de protección patrimonial de las personas adultas mayores, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de salud mental, suscrita por la diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos extraordinarios de protección para personas juzgadoras, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de legítima defensa, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona los artículos 29 Bis y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de desconexión digital de trabajadores al servicio del estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de accesibilidad proactiva, aprovechamiento de infraestructura cultural y seguimiento, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección legal reforzada en casos de violencia familiar y violencia por interpósita persona, a cargo de la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 343 Ter 2 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de garantía presupuestaria para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en salud y privilegiando el programa nacional de vacunación, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de no caducidad de los registros, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Organizaciones Ganaderas, de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de fomento a la ganadería sustentable y fortalecimiento del pequeño y mediano productor pecuario, a cargo del diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma la fracción VIII del artículo 8o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad social de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Alberto Mier Acolt, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de evitar reducciones presupuestarias de los programas presupuestarios orientados a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de disponibilidad obligatoria de refacciones, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal Federal, en materia de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de violencia sexual generada con inteligencia artificial, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia en redes sociales contra menores de edad, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 269 de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de microplásticos en productos cosméticos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de terminación de contratos de adhesión y derechos del consumidor, a cargo de la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se declara el 20 de marzo como Día Nacional del Polen, a cargo del diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o., 36 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de regulación de filtrado de motocicletas y zonas de parada adelantada, a cargo del diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o., 29 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de vehículos de movilidad personal y seguridad vial, a cargo del diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia del derecho a comer dignamente en el trabajo, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley Federal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, a cargo del diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 73 y 84 y adiciona el artículo 84 Bis de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la denominación del Título Quinto Bis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en actividades artísticas, culturales, deportivas, científicas, de talento y medios digitales, y de prevención de la simulación laboral y la explotación infantil, y de protección patrimonial de las contraprestaciones generadas por personas menores de quince años, suscrita por los diputados Luis Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de despojo, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción V y adiciona una fracción VII, recorriendo las subsecuentes del artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de apropiación cultural indebida, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales para MIPYMES encabezadas por mujeres, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 87, 114 Bis y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de imagen personal, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 17 de junio de cada año Día Nacional del Cuidado de los Suelos, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cabildo abierto, a cargo de la diputada Martha Olivia García Vidaña, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción XXIX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de fomento al deporte de alto rendimiento y apoyo a atletas olímpicos y paralímpicos, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento público a partidos políticos, a cargo de la diputada Rafaela Vianey García Romero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 303 del Código Civil Federal, en materia de obligación alimentaria, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 79 de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro, para garantizar el embargo parcial de las cuentas de afores de deudores alimentarios, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 6o. fracciones IV Bis y IX, 51 Bis 1 párrafo segundo, 54, 67 párrafo cuarto y 93 párrafo segundo de la Ley General de Salud, en materia de personal médico, intérpretes o traductores que tengan conocimiento de la lengua y cultura indígenas o afromexicanas, a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 40 y adiciona el artículo 40 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el ultimo miércoles del mes de abril de cada año, como el Día Nacional del Perro Guía, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 51 y adiciona la fracción XII al artículo 3o. y la fracción V al artículo 23 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inteligencia artificial, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Inteligencia Artificial, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acreditación probatoria en obligaciones alimentarias respecto de niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Eva María Vásquez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en materia de nutrición de los centros de trabajo, suscrita por el diputado José Mario Íñiguez Franco y por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia del reconocimiento de validez oficial de estudios, suscrita por el diputado José Mario Íñiguez Franco y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de protección y atención de animales de compañía, suscrita por el diputado José Mario Íñiguez Franco y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos sociales derivados del concubinato, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, en materia de regulación de sobreventa de boletos en el transporte aéreo comercial, a cargo del diputado Ricardo Madrid Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código de Comercio y de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de transparencia electoral, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o.A de Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de ampliación de la tasa 0% a los productos de gestión menstrual, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a fin de establecer la obligación de los entes públicos de indemnizar los daños ocasionados por baches, socavones y deficiencias en la infraestructura vial, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma las fracciones XVIII del artículo 3o. y VII del artículo 4o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de calidad y progresividad del espacio público, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el párrafo segundo al artículo 4o. y el párrafo sexto al artículo 6o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, en materia de reconocimiento de las lenguas indígenas nacionales, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 20 Bis; el párrafo primero y el vigésimo tercero del artículo 20 Ter; el párrafo tercero del artículo 27; la fracción III del artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de violencia de género contra las mujeres en política, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción II del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en materia de federalismo y justicia fiscal, a cargo de la diputada Gloria Sánchez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona una fracción VIII, al artículo 30 del Código Penal Federal, a fin de fortalecer la reparación integral del daño en delitos cometidos mediante medios digitales, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XVII al artículo 219 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de protección de niñas, niños y adolescentes frente a la normalización de la violencia criminal en contenidos audiovisuales, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de seguridad digital infantil y prevención de riesgos en redes sociales y plataformas interactivas, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 74 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias frente a prácticas abusivas en depósitos vehiculares, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 11 de noviembre de cada año, como el Día Nacional del Gestor, a cargo de la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de movilidad y seguridad vial, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de cumplimiento de criterios técnicos en el uso de triturado de neumático en mezclas asfálticas, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 13, fracción I; 14, fracción V; y 22 de la Ley General de Educación, en materia de fortalecimiento de la educación intercultural, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o., fracción XXI, y adiciona una fracción XXIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de fortalecimiento del saneamiento de cuerpos de agua en las entidades federativas, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 199 Quintus Bis y 199 Quintus Ter al Código Penal Federal, en materia de violencia obstétrica, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Anay Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara cada 29 de junio como Día Nacional del Heroísmo y Sacrificio de Quienes Integran la Fuerza Armada Permanente, a cargo de la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de Educación y adiciona la fracción VII del artículo 33 de la Ley General de Educación Superior, en materia de enseñanza de las lenguas indígenas en los planes y programas de estudio de las escuelas normales e instituciones de formación docente, a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Gloria Sánchez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación social del impacto ambiental, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exención, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de educación ambiental y ciudadanía activa, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma las fraccion XXVI y XXVII y adiciona las fracciones XXVIII, XXIX y XXX del artículo 4o., reforma la fracción XXV y XXVI y adiciona las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 11, se reforma el primer párrafo del artículo 16, se reforma la fracción V, VI y adiciona la fracción VII del artículo 17, reforma la fracción XIII, XIV y adiciona la fracción XV del artículo 22, se adiciona un artículo 29 Bis, se reforma la fracción VI del artículo 33, se adiciona un párrafo al artículo 50, reforma el primer párrafo y adiciona un párrafo final al artículo 54 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de promoción de coinversión estratégica empresarial, a cargo del diputado Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, en materia de riesgo sanitario individual y colectivo, a cargo de la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona una fracción XXIX-AA al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la expedición de la Ley General de Pirotecnia, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de control judicial de los acuerdos reparatorios en casos de reiteración delictiva, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 185 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el diputado David Alejandro Cortés Mendoza y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de redes sociales y restricción del uso de dispositivos móviles durante el horario escolar, suscrita por el diputado David Alejandro Cortés Mendoza y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado David Alejandro Cortés Mendoza y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos, en materia de derechos por instalación de artes de pesca fija tratándose de pescadores ribereños de pequeña escala, suscrita por el diputado Francisco Pelayo Covarrubias y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad tecnológica y monitoreo inteligente de corredores logísticos, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 159 Bis y 160 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, suscrita por el diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o. y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de blindaje de la representación de México en el exterior, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 301 y 304 del Código Civil Federal, en materia de reciprocidad alimentaria, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, en materia de portabilidad, suscrita por la diputada Carmen Rocío González Alonso y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de detección de talento y formación joven, suscrita por las diputadas Nubia Iris Castillo Medina y Paola Milagros Espinosa Sánchez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 159 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, a cargo del diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123, y adiciona los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de enero de 2016, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

De decreto por el que se inscribe en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Tecnológico Nacional de México, suscrita por los diputados Humberto Ambriz Delgadillo y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12 y 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de transparencia electoral, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo gastronómico, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de fortalecimiento de la función policial con perspectiva de género y garantía de los derechos de las mujeres policías, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de derecho a franquicia de equipaje para infantes menores de 2 años, a cargo de la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención integral y apoyo social a personas con enfermedades crónicas en etapa avanzada, a cargo del diputado Francisco Javier Farías Bailón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Coordinación Fiscal y del Código Penal Federal, coloquialmente denominada Ley Lobita, a cargo de la diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias.

Que adiciona un numeral 3 al artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Herminia López Santiago, Emilio Ramón Ramírez Guzmán y Gloria Sánchez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cobro por retiro de efectivo en cajeros automáticos, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de derechos de las personas servidoras públicas de las instituciones de seguridad pública, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y reconocimiento de adicciones por comportamiento, suscrita por los diputados Gilberto Daniel Castillo García, Arturo Olivares Cerda, Fernando Mendoza Arce y Pedro Mario Zenteno Santaella, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, en materia de protección de entornos digitales para los menores de edad, a cargo de los diputados Gilberto Daniel Castillo García, Arturo Olivares Cerda, Fernando Mendoza Arce y Pedro Mario Zenteno Santaella, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de mecanismos de protección de los menores de edad frente al acceso a contenido pornográfico y/o sexualmente explícito, suscrita por los diputados Gilberto Daniel Castillo García, Arturo Olivares Cerda, Fernando Mendoza Arce y Pedro Mario Zenteno Santaella, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el Capítulo VI denominado De la Gestación Asistida y Sustituta; integrado por los artículos: 410 g; 410 h; 410 i; 410 j; 410 k; 410 l, 410 m y 410 n, al Título Séptimo De la Paternidad y Filiación, perteneciente al Libro Primero De las Personas, del Código Civil Federal, en materia de gestación asistida y sustituta, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernandèz Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. y deroga el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de 8 de 8 en el registro de candidaturas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de integración de jóvenes en gestión pública local, a cargo del diputado Juan Moreno de Haro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Aguas, en materia de garantizar el suministro de agua, a cargo del diputado Juan Moreno de Haro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos y trasplantes, a cargo del diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prevención, sanción y atención del reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada, a cargo del diputado Gildardo Pérez Gabino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de restauración biocultural y sistemas agroforestales, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de acceso gratuito a servicios sanitarios en estaciones de servicio de combustibles, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 6o., 47, 161 y 166 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal, en materia de protección a las áreas nacionales protegidas, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de reconocimiento a las personas o grupos que realizan acciones de búsqueda respecto a personas desaparecidas o no localizadas, suscrita por la diputada Eva María Vásquez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 77 de la Ley de Vivienda, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 12 Bis y 12 Ter de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de protección al comercio formal frente a la violencia colectiva del crimen organizado, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga diversas disposiciones de los artículos 19 Ter y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de activación física en las escuelas, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de promoción de actividades deportivas, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, en materia de sobreventa de boletos para servicios de transporte aéreo, a cargo de la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Educación Superior, en materia de cobertura territorial y acceso efectivo a la educación superior, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción IV al artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de alerta de violencia de género contra las mujeres por la existencia de patrones estructurales de violencia, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Aniceto Polanco Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los párrafos cuarto quinto y sexto, al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Aniceto Polanco Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto para inscribir con letras de oro en el muro de Honor del Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la leyenda A los Mártires de Río Blanco, 1907, suscrita por las diputadas Mónica Herrera Villavicencio, Paola Tenorio Adame y Dulce María Corina Villegas Guarneros, y los diputados Zenyazen Roberto Escobar García, Jaime Humberto Pérez Bernabe y Francisco Javier Velázquez Vallejo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Graciela Domínguez Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de reconocimiento del patrimonio cultural vivo de las comunidades, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de difusión de información ambiental en formatos accesibles, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y reforma la fracción IV del artículo 4o. y la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en materia de nepotismo, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de prohibición de discriminación en decisiones automatizadas o algorítmicas, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción XII del artículo 33 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de datos abiertos en investigación financiada con recursos públicos, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en materia de derecho a explicación de decisiones automatizadas, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en materia de lenguaje claro en los actos administrativos, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, en materia de principio de digitalización preferente de trámites y servicios, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción XXXIII del artículo 8o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de consulta pública previa para proyectos urbanos de gran impacto, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, a cargo del diputado Roberto Mejía Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Ariadna Barrera Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el primer miércoles de marzo de cada año como el Día Nacional de la y el Optometrista, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona una fracción al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el poder judicial pueda presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción VI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de presupuesto para el sector de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, a cargo del diputado Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para crear el Sistema Nacional de Información de Precios de Servicios Veterinarios Básicos, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia digital y control del gasto público, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda gubernamental en medios digitales, suscrita por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de alfabetización digital y uso responsable de redes sociales, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 18 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sobrerrepresentación, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de reconocimiento de actividades de investigación social y evaluación de políticas públicas para efectos de donatarias autorizadas, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la cero impunidad y juzgados de proximidad en delitos cometidos contra la niñez, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para asegurar un presupuesto progresivo para la niñez mexicana, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de trata de niñas, niños y adolescentes en su modalidad agravada, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la no manipulación digital, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo económico por feminicidio, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de pronto pago, a cargo de la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se declara el 6 de diciembre de cada año como el Día Nacional del Arte Pirotécnico, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el párrafo sexto fracción IV del artículo 1916 del Código Civil Federal y adiciona un quinto párrafo al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia violencia digital y daño moral, a cargo de la diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de tipificar el coyotaje agrícola, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma las fracciones XVI y XVII, y adiciona las fracciones XVIII y XIX al artículo 17 de la Ley General de Salud, en materia de protección a la salud mental en el entorno digital, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para regular el acceso a plataformas digitales y canales de contenido, en razón de la edad, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 873-J de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, del Código Civil Federal, del Código Penal Federal y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de responsabilidad por sistemas automatizados de transporte e inteligencia artificial aplicada a la movilidad, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de cierre y salida de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, en materia de mapas metropolitanos de riesgos ambientales, a cargo de la diputada Patricia Galindo Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sustituir la figura de la terna en la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación por una cuaterna paritaria integrada por dos hombres y dos mujeres, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear el Instituto Nacional para el Fomento de la Inteligencia Artificial, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 376 Ter del Código Federal Penal, en materia de aumento de penas al delito de robo a autotransporte, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia del proceso de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en materia de prevención, control y respuesta inmediata ante derrames de hidrocarburos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mínimo vital, a cargo de la diputada Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas fracciones del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, en materia de áreas naturales protegidas, a cargo de la diputada Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 90 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de mínimo vital, a cargo de la diputada Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un Capítulo III al Título Cuarto de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud, en materia de oportunidad en la atención médica, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, en materia de planeación diferenciada en salud mental y adicciones, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de compatibilidad entre pensión por causa de muerte y trabajo remunerado, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción IX del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reconocimiento del 10 de mayo como día de descanso obligatorio, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un Capítulo IX Bis al Título Tercero Bis denominado Del Derecho de Acceso al Expediente Clínico de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un Capítulo XVII Bis denominado Del Derecho al Reconocimiento Laboral y Remuneración de las Parteras Tradicionales, integrado por los artículos 353-V, 353-W y 353-X del Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 185 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 57 Bis y 127 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de autodeterminación, protección patrimonial y accesibilidad, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción X del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de sustituir la denominación Distrito Federal por Ciudad de México, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un antepenúltimo párrafo al artículo 114 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención obligatoria para la ampliación de la demanda cuando se advierta la intervención de autoridades responsables no señaladas, a fin de garantizar la debida integración de la relación jurídico-procesal, el derecho de audiencia y el acceso efectivo a la justicia, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de reconocimiento del concubinato sin requisito de temporalidad mínima, ni procreación de hijos, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma al artículo 215 del Código Penal Federal, para tipificar y sancionar los abusos, violencia y violaciones de derechos humanos en centros de rehabilitación y anexos, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 163 Quinquies al Código Penal Federal, relativo al uso indebido de drones, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de garantía y compensación en caso de desabasto de medicamentos, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y redes sociales, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal, en materia de derecho a la vivienda digna y adecuada de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, en materia de criterios de individualización de la pena en el delito de feminicidio y de acceso a la justicia para las mujeres, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 51 Bis 1 y 54 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Briceyda García Antonio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de portabilidad y uso flexible de los recursos de vivienda, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. Apartado A, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación indígena ante el Ayuntamiento, suscrita por los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al artículo 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de acceso a las funciones públicas de los pueblos y comunidades indígenas, suscrita por los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez y Beatriz Carranza Gómez y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona al artículo 9o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Anay Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el derecho a la ciudad, a cargo del diputado Oscar Iván Brito Zapata, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 66 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de riesgos en entornos digitales para niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 y adiciona el artículo 27 Bis a la Ley General de Salud, para garantizar la disponibilidad permanente y efectiva de los servicios básicos de salud en comunidades rurales y zonas de alta marginación, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción V del artículo 112 y adiciona el artículo 112 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la transparencia, control y combate a la corrupción en los centros de verificación vehicular, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo, en materia de entornos laborales seguros y saludables, a cargo de la diputada Melva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de accesibilidad sensorial y turismo inclusivo para personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo que impliquen necesidades sensoriales específicas, conforme a la clasificación que determine la Secretaría de Salud en sus disposiciones aplicables, suscrita por los diputados Luis Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un numeral 5 al artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes que participen de manera directa o incidental en propaganda política y electoral, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de Puertos, en materia de verificación preventiva de peso y dimensiones del autotransporte federal, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de proporcionalidad en la aplicación de sanciones de tránsito y uso de grúas, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona una fracción al artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de modernización y renovación sustentable del parque vehicular del autotransporte federal, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de plazos de pago en el contrato de transporte de mercancías, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de prohibición de circulación por exceso de peso y dimensiones mediante verificación automatizada, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona una fracción al artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de señalización de restricciones a la circulación de vehículos de transporte de carga, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de registro obligatorio en el Sistema Informático de Registro de Servicios (SIRSE), a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de proporcionalidad en el cobro de peajes por reducción de carriles, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 149 Ter; adiciona una fracción I Bis; una fracción II Bis y adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, en materia de discriminación, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, en materia de estupro, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción VIII del artículo 117 y adiciona el inciso g) a la fracción VI del Apartado A del artículo 122, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autorización para contratar financiamientos y obligaciones a los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad y no discriminación por identidad y expresión de género, a cargo de la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 48 y reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil, en materia de bienestar y transporte de animales de compañía a bordo de las aeronaves, a cargo de la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 47 y adiciona el artículo 47 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para obligar a los empleadores a informar de manera clara, detallada y veraz las causas reales del despido y prohibir la simulación de renuncias laborales, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de acceso no discriminatorio y accesibilidad administrativa en programas de desarrollo social, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 10 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 106 de la Ley Aduanera, en materia de excepciones por caso fortuito o fuerza mayor en la importación temporal de vehículos en favor de los connacionales, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y de la Ley Aduanera, en materia de organización, movilidad y confinamiento del transporte de carga pesada en zonas fronterizas, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Aduanera, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para fortalecer las instituciones de atención de emergencias y establecer mecanismos de facilitación, coordinación y participación social, a cargo del diputado Juan Carlos Valladares Eichelman, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de principio pro persona, a cargo de la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de delitos de alto impacto, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 419 Ter al Código Penal Federal, en materia de maltrato y abandono animal, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de primera infancia, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de salvaguarda de la cocina tradicional, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de gestión ambiental del turismo en pueblos mágicos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de principio pro persona como rector de las autoridades garantes en la interpretación y aplicación de la ley, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de desplazamiento interno forzado, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de evaluación preliminar de viabilidad procesal en la audiencia inicial, a cargo del diputado Gildardo Pérez Gabino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se declara el 2 de febrero de cada año como el Día Nacional para la Conservación de los Humedales, a cargo del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el nombre de Dolores Jiménez y Muro, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el inciso k, a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de fomento deportivo, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 4 de septiembre como Día Nacional de Concientización sobre la Enfermedad Renal Poliquística, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de separación obligatoria en la fuente, valorización, trazabilidad e infraestructura intermunicipal, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de prevención, investigación y sanción de la simulación de obra pública y el fraude en la contratación pública, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, en materia de atención a grupos vulnerables, a cargo de la diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Mario Zenteno Santaella, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Educación y de la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de empleo juvenil, formación dual y primer empleo, suscrita por el diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 261 del Código Penal Federal, en materia de abuso de menores generados por medio de redes sociales, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 Quinquiesdecies de la Ley de Aeropuertos, en materia de procesos de inspección, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 93 Bis de la Ley General de Población, en materia de derecho a la identidad de género autopercibida, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2 de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en materia de interseccionalidad e interculturalidad como principios rectores de la ley, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en materia de articulación institucional para garantizar el acceso efectivo de las víctimas al ejercicio de sus derechos, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 994 y adiciona un artículo 68 Bis a la Ley Federal del Trabajo, en materia de derecho a la desconexión digital laboral, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de trazabilidad y seguridad nacional zoosanitaria, a cargo de la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por los diputados Sandra Anaya Villegas y Cuauhtémoc Blanco Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el numeral 4 del artículo 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el numeral 1 del artículo 120 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de regulación de pirotecnia, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de regulación de servicios de arrastre, arrastre y salvamento, así como depósito de vehículos, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el inciso B de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de tasa del 0% a los medicamentos de uso veterinario, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de violencia por interpósita persona, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 64 Ter a la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento económico a parteras tradicionales y profesionales certificadas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a cargo de la diputada Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del poder judicial, a cargo del diputado Fernando Mendoza Arce, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 60 y 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de protección ambiental, a cargo de la diputada Saray Vázquez Adasa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción XVI Ter al artículo 3o. y el Capítulo III Ter al Título Octavo de la Ley General de Salud, en materia de prevención, detección temprana, referencia oportuna y tratamiento del cáncer, así como de acceso a medicamentos oncológicos, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Merilyn Gómez Pozos y Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en materia de simplificación regulatoria y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación en valores, cultura cívica y cultura de paz, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el primer párrafo del artículo 94 del Título Cuarto, Capítulo Primero de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 20 Septies a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de responsabilidad por omisión de las autoridades y servidores públicos en casos que atenten contra la vida de la mujer, a cargo de la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para prevenir y combatir la especulación inmobiliaria y fortalecer la gestión municipal del desarrollo urbano, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción II del artículo 131 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de concubinato, a cargo de la diputada Olga María Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico en la actuación de los organismos de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma las fracciones I y III del artículo 13 y reforma el artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de diversidad, a cargo de la diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 174, 177 y 179; y adiciona los artículos 174 Bis, 177 Bis y 180 Bis de la Ley General de Salud, en materia de atención integral, continuidad terapéutica y coordinación interinstitucional para personas con discapacidad, a cargo de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 54 y 55; y adiciona los artículos 55 Bis y 55 Ter de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en materia de fortalecimiento de la donación de alimentos y reducción del desperdicio, a cargo de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, suscrita por las diputadas Evangelina Moreno Guerra y Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 83 y la fracción II del artículo 272 Bis, y adiciona un párrafo segundo al artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de mecanismos públicos para autentificar títulos profesionales o certificados de especialización en servicios de cirugía estética, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de información sobre riesgos en servicios digitales, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17, 20 y 55 y adiciona el artículo 53 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de protección de artesanías nacionales en zonas arqueológicas, a cargo del diputado Javier Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o., 5o., 7o. y 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Briceyda García Antonio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los incisos e) y g) de la fracción I) y el inciso d) de la fracción II) del artículo 2o. A. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de insumos agropecuarios, a cargo del diputado Jacobo Mendoza Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Propone tasa cero a insumos agrícolas

Que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la denominación y los artículos 3o. fracción III, 5o. fracción III, inciso b., 10 fracción XVII, 17 Bis fracción III, 20, 23 fracción III, 26, 30 inciso a., 39 fracciones II y V y 40 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Efraín Calderón Lara El Charras, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma la fracción XIII y adiciona la fracción XVI del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de derechos fundamentales de las juventudes, a cargo de la diputada Beatriz Carranza Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a fin de incorporar el enfoque de neurodivergencias, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al artículo 3o., un Capítulo VIII Bis denominado Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad y los artículos 68 Bis, 68 Ter, 68 Quater, 68 Quinquies, 68 Sexties, 68 Septies y 68 Octies, todos de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jacobo Mendoza Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia del derecho a la muerte digna, suscrita por la diputada Carina Piceno, del Grupo Parlamentario de Morena y diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, para garantizar acciones afirmativas en materia electoral a grupos históricamente subrepresentados, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 58 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la violencia escolar, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 9o., fracción XXXII; adiciona una fracción XXXII Bis, una fracción XXXII Ter y una fracción XXXII Quáter a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de prevención de la discriminación y estigmatización del personal del sistema nacional de salud, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 132, 133 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales para personas trabajadoras con condiciones relacionadas al periodo menstrual, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vásquez del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 29 así como se modifica el artículo 115 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Marcela Vélazquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona una fracción V al artículo 74 recorriendo las fracciones subsecuentes, así como la adición de un artículo 75 Bis, todos de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marcela Vélazquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales y condiciones de trabajo de médicos residentes, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o., 4o., 7o., 9o. y 10; adiciona los artículos 4 Bis, 7 Bis y 13 Bis de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Briceyda García Antonio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un Capítulo XI Bis, al Título Tercero, de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 61, 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Asaf Manjarrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 10 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor y adiciona una fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Asaf Manjarrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en materia de acceso a la lectura para poblaciones en situación de vulnerabilidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en materia de publicación de criterios administrativos, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de sistemas de comercialización y fortalecimiento de la protección al consumidor, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que la lista nominal de electores residentes en el extranjero sea permanente, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 84, 85, 86 y 170 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir la Ley General de Movilidad Humana, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 14 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Endometriosis, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 323 Quáter, el segundo párrafo del artículo 414, adiciona un segundo párrafo al artículo 412, las fracciones VII y VIII del artículo 444 y deroga el artículo 444 Bis, todos del Código Civil Federal, en materia de restricciones a la patria potestad, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 27 y 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el DOF el 19 de noviembre de 2025, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 19 de la Ley de Vivienda, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de maternidad y embarazo, suscrita por la diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, para incorporar el delito de reclutamiento organizado de menores, suscrita por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de duelo por muerte gestacional, perinatal y neonatal, suscrita por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abasto de medicamentos, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia digital, suscrita por el diputado Armando Tejeda Cid y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración y permanencia en los grupos parlamentarios, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se declara el 25 de marzo de cada año como Día Nacional para la Protección de la Vida y la Atención Integral de la Mujer Embarazada, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de protección de consumidores en situación de vulnerabilidad en el entorno digital, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 10 y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de fortalecimiento obligatorio de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las contrataciones públicas, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 y adiciona un artículo 80 Bis al Código de Comercio, en materia de impulso estratégico a la economía digital, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 419 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para impulsar el factoraje financiero como mecanismo de liquidez y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 30 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda Bandera Siera de Zongolica, a cargo del diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De decreto por el que se declara el día 27 de octubre de cada año como Día Nacional de la Bandera Siera, a cargo del diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de incendios forestales provocados, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 492 Bis, 492 Ter y 492 Quater a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de protección y acceso controlado a información sobre pólizas de seguro vehicular, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 8 Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 18 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de primer empleo profesional juvenil, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 211 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de lenguaje incluyente, no discriminatorio y reconocimiento de autonomía, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, en materia de violencia digital, contenidos sintéticos y deepfakes, a cargo del diputado Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Adolfo Alatriste Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la leyenda Andrés Molina Enríquez, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 15 y 30 de la Ley General de Educación, en materia de aprendizaje del idioma inglés, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de horarios flexibles y teletrabajo para personas cuidadoras, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de protección, resguardo digno y disposición sanitaria de restos humanos, incluyendo aquellos que han sido sometidos al proceso de cremación, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona un artículo 281 Bis al Código Penal Federal, en materia de prohibición y sanción de la retención, condicionamiento y disposición indebida de restos humanos con fines de lucro, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de denuncias falsas, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, en materia de protección integral de derechos de los pasajeros, transparencia en cobros, accesibilidad universal y compensación por eventos de fuerza mayor, a cargo del diputado Alejandro Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona un artículo 84 Bis al Código de Comercio, en materia de pronto pago, a cargo del diputado Alejandro Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de las y los jóvenes a cargos de elección popular, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 414 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 378 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de protección al acreditado en créditos grupales, a cargo del diputado Javier Vázquez Calixto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona los artículos 79 y 116 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, en materia de debida diligencia y libertad para celebrar negocios o acuerdos comerciales, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regiones de ultraperiferia y aislamiento logístico, a cargo del diputado Luis Armando Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Ariana del Rocio Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para eliminar la brecha salarial por razón de género, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de reconocimiento de los animales domésticos como seres sintientes, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo temporal para migrantes, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de estupro a fin de actualizar la norma y la protección de los adolescentes, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de reconocimiento del programa de pueblos mágicos en la legislación, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, en materia de seguridad de los turistas, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reclutamiento forzado, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de atención a la salud mental de las y los jóvenes, a cargo del diputado Juan Moreno de Haro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios mínimos, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección a defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia liberación del tránsito en las casetas carreteras de cuota del país, en situaciones de saturación vehicular y para garantizar la protección y seguridad de los usuarios, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el inciso d) de la fracción I del artículo 2o. y el artículo 2o..-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para disminuir el precio de la gasolina, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, publicado en el DOF el 10 de abril de 2026, suscrita por diputadas y diputados integrantes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos de las personas mayores, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 5o. de la Ley General de Vida Silvestre y 1o. de la Ley General de Cambio Climático, en materia de protección a la biodiversidad, la vida silvestre y sus hábitats, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de discriminación por peso y corporalidad, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de aguas regeneradas, a cargo del diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de agua regenerada y estructuras hídricas circulares, a cargo del diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de federalismo e impacto ambiental hídrico, a cargo del diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de transparencia de cargos, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de evaluación médica inmediata a personas detenidas, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 89 de la Ley del Seguro Social, en materia de acceso a medicamentos, a cargo del diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Elías Lixa Abimerhi y Federico Döring Casar y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efeméride

Con motivo del 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se le solicita respetuosamente a los titulares de la Conagua, a la Semarnat y al Gobierno del estado de Chiapas para que en uso de sus atribuciones continue con acciones de implementar y llevar a la acción un plan integral de manera emergente con el objeto de reforzar el cuidado, tratamiento, manejo, uso y control de las aguas residuales del estado de Chiapas, a cargo de la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la SSPC, emita un Protocolo Especial de actuación en caso de denuncias contra personal policial, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular de la SHCP que, en coordinación con el Director General de Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, amplíen la red de cajeros automáticos en Tijuana Baja California e implementen espacios de espera dignos con asientos y sombra para los usuarios adultos mayores y con discapacidad, a cargo del diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, por conducto del SAT, a implementar medidas simples al procedimiento y trámites de inscripción y renovación de donatarias autorizadas que las organizaciones de la sociedad civil deben cumplir, a cargo del diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a establecer criterios adicionales a los requisitos para los participantes en los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, que acrediten reconocimientos, certificados o cualquier distintivo nacional o internacional en materia de responsabilidad social empresarial, medio ambiental, calidad de medicamentos e insumos, así como de programas de soporte a pacientes, a cargo de la diputada Liliana Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, por conducto del SAT, a transparentar los criterios de validación de cuentas Clabe, corregir fallas del sistema y facilitar la resolución de inconsistencias en devoluciones del ejercicio 2025, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la FG del estado de Oaxaca, a agilizar y garantizar la investigación de la desaparición forzada y feminicidio de la abogada y defensora indígena Ayuuk Sandra Domínguez Martínez, y a la CEAV, para garantizar la reparación integral del daño para su familia, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a revisar, fortalecer y, en su caso, incrementar los protocolos de seguridad, control de acceso y coordinación interinstitucional en museos, zonas arqueológicas y sitios turísticos de alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a deslindar responsabilidades y garantizar el abastecimiento tras el incendio que consumió el complejo federal de alimentación para el bienestar en Zacatecas, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a revisar e investigar el mal uso y desvió de los recursos asignados en la nómina del Municipio de Sombrerete, Zacatecas, en perjuicio de las obras asignadas para el beneficio de la ciudadanía, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, a realizar un censo de los cultivos afectados por la granizada del pasado 19 de abril, en la localidad de Villa de Cos, Zacatecas y otorgue los apoyos necesarios para resarcir el daño a los campesinos de la región, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SICT, a la GN, y a la división de seguridad en carreteras, a reforzar de manera inmediata las acciones de vigilancia, prevención y control sobre la circulación de tráileres de doble remolque en las carreteras federales y estatales de todas las entidades, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS-Bienestar, a que atienda de manera urgente el desabato de insumos y las necesidades de equipo e infraestructura del hospital de alta especialidad de Veracruz, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas y a la FGR, a garantizar el inicio inmediato de la búsqueda de personas desaparecidas, sin dilaciones ni requisitos indebidos, suscrito por las diputadas Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a atender y erradicar la violencia contra las juventudes de la diversidad sexual y de género en los entornos escolares, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fortalecer las acciones y protocolos para prevenir y erradicar la discriminación racial en el ámbito deportivo, en el marco de la copa mundial de la FIFA 2026, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 28 de abril, aniversario luctuoso de Miguel Ramos Arizpe (1843), a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con motivo del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»



INTERVENCIÓN DESDE LA TRIBUNA EN LENGUA INDÍGENA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En el marco de la iniciativa Las lenguas toman la tribuna, damos la bienvenida a esta soberanía a la ciudadana Marisel Castillo Cortez, originaria de San Gregorio Huehuetla, Hidalgo, y hablante de otomí, lengua que aprendió como primera lengua en el seno familiar y que hoy promueve activamente ante la disminución de su uso en actividades originarias.

Ha participado en diversas tareas orientadas a la preservación, difusión y revitalización de las lenguas indígenas, contribuyendo a fortalecer su reconocimiento y su continuidad.

Actualmente, cursa la licenciatura en Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, donde se forma con un enfoque que le permite acercarse a la realidad de las comunidades indígenas, a atender conflictos desde una perspectiva culturalmente pertinente y comunicarse directamente con las personas en su propia lengua, facilitando así la defensa y comprensión de sus derechos. Participa en actividades de vinculación comunitaria que refuerza su compromiso con el servicio y el trabajo en territorio.

Marisel Castillo Cortez, sea usted bienvenida a esta Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra.

La ciudadana Marisel Castillo Cortez: (Habla en otomí) El reconocimiento de las lenguas indígenas nacionales, la promoción y la preservación de su uso son fundamentales para garantizar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.

Las lenguas indígenas no sólo representan un patrimonio histórico y cultural, sino que son vehículos esenciales para la identidad, cosmovisión y las formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

La promoción de estas lenguas implica acciones concretas para su enseñanza, difusión y uso en ámbitos públicos y privados, al tiempo que se asegura que las nuevas generaciones puedan aprenderlas y utilizarlas cotidianamente.

La preservación de las lenguas requiere acciones de documentación, revitalización y protección frente a factores estructurales como la globalización y la discriminación, los cuales tienden a privilegiar idiomas dominantes, como el inglés y el español, en los ámbitos social, cultural, educativo, etc., lo que crea condiciones que propician el desplazamiento lingüístico.

El aspecto jurídico relacionado con las lenguas indígenas es crucial para garantizar el respeto y la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Todas las personas hablantes de lengua indígena tenemos derecho a comunicarnos con ella en espacios públicos y privados.

El artículo 2o. de la Constitución Política reconoce que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; en su apartado A reconoce y garantiza el derecho de estos pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

En los artículos 10 y 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se establece que el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes.

También se establece que las autoridades educativas, tanto federales como estatales, tienen la responsabilidad de garantizar que la población indígena acceda a una educación obligatoria que sea bilingüe e intercultural.

Esto significa que el sistema educativo debe respetar y promover la dignidad y la identidad del uso de las lenguas indígenas, asegurando que sean parte de nuestro aprendizaje y que se garantice su preservación.

Desde mi perspectiva, el Estado debe escucharnos a todas las personas indígenas para aplicar políticas integrales, asignar recursos adecuados para la implementación de las lenguas indígenas, fortalecer la capacitación, la normatividad para transformar los derechos jurídicos y lingüísticos.

Para que el Estado garantice efectivamente el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la justicia en su lengua y cultura, debe implementar la formación de intérpretes y traductores especializados en las distintas lenguas indígenas nacionales, con conocimiento profundo de las culturas correspondientes, además de servicios permanentes y accesibles de interpretación en las instituciones judiciales, especialmente en las zonas con más presencia de lenguas originarias.

De igual manera, fortalecer la capacitación de los defensores públicos y agentes judiciales en derechos lingüísticos y culturales para asegurar los derechos de las personas indígenas que han sido vulnerados o que no han tenido un debido proceso.

El Estado debe asumir un compromiso firme para proteger las lenguas indígenas porque, a pesar de que estos derechos sean reconocidos en las leyes, seguimos enfrentando múltiples obstáculos; por lo tanto, exijo que no sólo se reconozcan formalmente, sino que también el Estado actúe para eliminar estas barreras históricas.

Esta causa hará que las personas se vean interesadas en sus derechos como individuos pertenecientes a una comunidad originaria y perderán ese temor a expresarse por llegar a ser discriminados.

Este tema de valorización de los derechos lingüísticos crea una forma de protección para nosotros como integrantes de una comunidad, ya que en la actualidad se ha visto aún más presente la homogeneización dentro de cualquier ámbito, no sólo en lo referente a la preservación de los derechos, sino en general.

Hago mención de esto, ya que en la comunidad a la que pertenezco se ha visto la presión social para una actualización moderna en todos los sentidos. Por eso, como estudiante e integrante de la comunidad indígena, tengo el interés y la obligación de expresar mis opiniones y contribuir en las acciones encaminadas al uso, fortalecimiento y preservación de las lenguas originarias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Agradecemos su presencia en esta Cámara de Diputados a Marisel Castillo Cortez, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.



ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura de las actas matutina y vespertina del miércoles 22 de abril del año en curso.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones del martes 22 de abril del año en curso. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión matutina en modalidad presencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintidós de abril de dos mil veintiséis, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán

Apertura de la sesión.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos noventa y nueve diputadas y diputados, a las doce horas con dos minutos del martes veintidós de abril de dos mil veintiséis, la Presidencia declara abierta la sesión.

Lectura del orden del día.

La Presidencia informa a la Asamblea que el orden del día de la presente sesión se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules, mismo que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.

Intervención desde la tribuna en lengua indígena.

En el marco de la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas, se concede el uso de la Tribuna, al ciudadano Iván Canek Estrada Peña, hablante de la lengua k´iche´.

Desde su curul, intervienen las diputadas y diputados: Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la titular del Ejecutivo Federal, así como a diversas dependencias a realizar gestiones necesarias para asignar recursos suficientes y dar continuidad a la construcción de un nuevo hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Irapuato, estado de Guanajuato; Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo, para hacer un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el fin de localizar al ciudadano Rogelio Portillo Jaramillo, quien se encuentra desaparecido; y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios relativos a la adquisición de medicamentos contra el cáncer.

Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores.

La Presidencia, de conformidad a lo establecido en el artículo noventa y seis, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea, si se dispensa la lectura de las actas correspondientes a las sesiones matutina y vespertina del martes veintiuno de abril del año en curso, toda vez que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se dispensa su lectura, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se aprueban.

Comunicaciones.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) Del diputado Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita el retiro de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones trece y catorce, y se adiciona una fracción quince al artículo treinta y cinco de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de prevención de riesgos derivados de registros, tapas y alcantarillas deterioradas en calles y banquetas, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) Del Congreso del estado de Nuevo León, por la que remite las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma y adiciona el artículo treinta de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen;

• Por el que se reforman y adicionan los artículos doscientos, y doscientos uno de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen;

• Por el que se adiciona el artículo diez de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Reforma Política - Electoral, para dictamen; y

• Por el que se adicionan los artículos doscientos once Bis, doscientos veinte Bis, y trescientos setenta y dos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

c) De la Cámara de Senadores, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo ciento veintitrés Constitucional, presentada por las senadoras y los senadores Alejandra Barrales Magdaleno, Amalia García Medina, Luis Donaldo Colosio Riojas, Daniel Barreda Pavón, Néstor Camarillo Medina y Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Declaratoria de publicidad de dictámenes.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto, a saber:

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

–Por el que se reforman los artículos cuarenta, fracción uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quince, fracciones cuatro y seis de la Ley de Comercio Exterior, y se adiciona el artículo doscientos ochenta y tres Quáter a la Ley Federal del Trabajo, en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales;

–Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral; y

• De la Comisión de Justicia, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

En términos del artículo ochenta y siete, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con el requisito de declaratoria de publicidad.

Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

La Presidencia informa a la Asamblea que, en términos de los artículos cien, y ciento dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Clausura de la sesión.

La Presidencia levanta la sesión a las doce horas con veinticuatro minutos del miércoles veintidós de abril del año en curso, y solicita a la Asamblea permanecer en sus lugares para continuar con la sesión ordinaria vespertina en modalidad presencial programada para el día de hoy. Precisando que el registro de asistencia se encuentra disponible desde este momento, por medio de la aplicación instalada en las tabletas de las curules de las y los legisladores.»

———————— o ————————

«Acta de la sesión vespertina en modalidad presencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintidós de abril de dos mil veintiséis, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán

Apertura de la sesión.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos veinticuatro diputadas y diputados, a las doce horas con veinticinco minutos del miércoles veintidós de abril de dos mil veintiséis, la Presidencia declara abierta la sesión.

Lectura del orden del día.

La Presidencia informa a la Asamblea que el orden del día de la presente sesión se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules, documento que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.

Discusión de dictámenes.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto:

a) De la Comisión de Justicia, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, al diputado Julio César Moreno Rivera.

La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para la fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios, a las diputadas y diputados: Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano; César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Téllez Marín, del Partido del Trabajo; Carlos Arturo Madrazo Silva, del Partido Verde Ecologista de México; José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional; y Joaquín Zebadúa Alva, de Morena.

La Presidencia informa a la Asamblea que, con la intervención del diputado Zebadúa Alva, ha terminado el plazo para el registro de reservas al dictamen a discusión.

Discusión en lo general.

Se somete a discusión en lo general y en términos del artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción quinta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra a las diputadas y el diputado para hablar en pro: Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano; Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional; María Isidra de la Luz Rivas, del Partido del Trabajo; María Luisa Mendoza Mondragón, del Partido Verde Ecologista de México; Eva María Vásquez Hernández, del Partido Acción Nacional; y Astrit Viridiana Cornejo Gómez, de Morena.

No habiendo más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general.

La Presidencia informa a la Asamblea que, las propuestas de modificación que no fueron presentadas en tribuna serán inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cincuenta votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional.

Recepción de minuta con proyecto de decreto.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Senadores, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se continúa con la discusión de dictámenes.

b) De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral.

La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, al diputado Pedro Miguel Haces Barba.

La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios, a las diputadas y diputados: Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Partido Revolucionario Institucional; Margarita García García, del Partido del Trabajo; Anabel Acosta Islas, del Partido Verde Ecologista de México; Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del Partido Acción Nacional; y Jesús Valdés Peña, de Morena.

La Presidencia informa a la Asamblea que con la intervención del diputado Valdés Peña, ha terminado el plazo para el registro de reservas al dictamen a discusión.

Discusión en lo general.

Se somete a discusión en lo general y en términos del artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción quinta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra a las diputadas y el diputado para hablar en pro: Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano; Paloma Domínguez Ugarte, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia de la diputada Paulina Rubio Fernández

José Luis Sánchez González, del Partido del Trabajo; Mayra Espino Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Elisa Paola Zamora Ramírez, del Partido Acción Nacional; y Daniel Murguía Lardizábal, de Morena.

No habiendo más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general.

Discusión en lo particular.

La Presidencia informa a la Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta y uno, sesenta y seis, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta y uno, ciento treinta y dos, y novecientos noventa y cuatro; así como los artículos transitorios: primero, segundo, quinto y sexto del proyecto de decreto.

Discusión en lo particular.

En la discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra, para presentar propuestas de modificación, a las diputadas y diputados:

• José Javier Aguirre Gallardo, de Morena, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

• Ana María Balderas Trejo, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.

• Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

• Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.

• María de Fátima García León, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.

• Maribel Solache González, de Morena, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

• Jesús Fernando García Hernández, del Partido del Trabajo, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.

• Paola Michell Longoria López, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.

• Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.

• Gerardo Olivares Mejía, del Partido del Trabajo, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán

La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Christian Mishel Castro Bello, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.

• Ariadna Barrera Vázquez, de Morena, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

• Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.

La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.

• José Gloria López, del Partido del Trabajo, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

• Emilio Ramón Ramírez Guzmán, de Morena, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

La Presidencia informa a la Asamblea que las diputadas Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; y Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, declinan su participación para presentar propuestas de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de las mismas en el Diario de los Debates.

• Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

• Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de Morena, quien durante el uso de la palabra solicita que su propuesta de modificación sea retirada.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y un votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

c) De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se reforman los artículos cuarenta, fracción uno, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quince, fracciones cuatro y seis de la Ley de Comercio Exterior, y se adiciona el artículo doscientos ochenta y tres Quáter a la Ley Federal del Trabajo, en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales.

La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, a la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado.

Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna

La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios, a las diputadas y el diputado: Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; Víctor Samuel Palma César, del Partido Revolucionario Institucional; Margarita García García, del Partido del Trabajo; Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México; Genoveva Huerta Villegas, del Partido Acción Nacional; y

Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán

Delhi Miroslava Shember Domínguez, de Morena.

La Presidencia informa a la Asamblea que las propuestas de modificación que no fueron presentadas en Tribuna serán inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.

En votación económica, se considera suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación, en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

En votación nominal, por unanimidad de trescientos noventa seis votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuarenta, fracción uno, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quince, fracciones cuatro y seis de la Ley de Comercio Exterior, y se adiciona el artículo doscientos ochenta y tres Quáter a la Ley Federal del Trabajo, en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

Clausura de la sesión.

La Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos, y cita para la próxima sesión ordinaria en modalidad presencial que tendrá lugar, el martes veintiocho de abril de dos mil veintiséis, a las once horas, precisando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas, por medio de las tabletas instaladas en las curules de las y los diputados.»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En votación económica consulte la Secretaría si se aprueba.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban las actas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobadas.

Adelante, secretaria.



COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Se recibió solicitud de las diputadas Alejandra Chedraui Peralta, Merilyn Gómez Pozos y de los diputados José Braña Mojica, Ricardo Mejía Berdeja, Gilberto Herrera Solórzano, Óscar Bautista Villegas y Arturo Ávila Anaya, para retirar iniciativas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que establece: "El retiro de una proposición corresponde sólo a su autor y respecto a las que se presenten a nombre de grupo, el retiro podrá hacerlo el Coordinador, en ambos supuestos, deberá solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno", el retiro del siguiente asunto legislativo:

• Con punto de acuerdo, por el que solicita respetuosamente a las 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas del país a que incorporen en sus reglamentos interiores de las comisiones edilicias, la creación de una comisión en materia de cambio climático y sostenibilidad, contribuyendo a la consolidación de una gobernanza metropolitana y sostenible, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de abril de 2026.— Diputada Alejandra Chedraui Peralta (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La que suscribe diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted respetuosamente gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea retirada la siguiente iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente para su dictaminación.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal.

Sin otro particular, y agradeciendo sus atenciones, aprovechó la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 22 de abril de 2026.— Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, diputado José Braña Mojica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted respetuosamente gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de infraestructura social preventiva, accesibilidad universal y reconstrucción del tejido social. Turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 6988-II-3, del miércoles 4 de marzo de 2026. (4635)

Por así convenir a los intereses del suscrito.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2026.— Diputado José Braña Mojica (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

El que suscribe, Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción LII Bis al artículo 3; adiciona un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 44 y se adiciona la fracción XII Bis al artículo 67; a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de servicios auxiliares y arrastre, salvamento y depósito, presentada por un servidor el martes 25 de noviembre de 2025, misma que fue turnada a la Comisión de Movilidad.

Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente, reciba las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2026.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguida presidenta:

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en ejercicio pleno de mi facultad para presentar y retirar iniciativas, me permito solicitar que se giren las instrucciones conducentes a efecto de que sea retirada mi iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan un Capítulo XIII al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adiciona un Capítulo X a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de estímulos fiscales en la Frontera Norte, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 6951-II-1-1, de fecha 14 de enero de 2026, y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, con el fin de que dicha iniciativa sea formalmente retirada del trámite legislativo correspondiente.

Agradezco de antemano las atenciones que se sirva brindar a la presente solicitud y reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2026.— Diputado Gilberto Herrera Solórzano (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, diputado Oscar Bautista Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted respetuosamente gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea retirada la siguiente iniciativa:

• Con proyecto de decreto por el que se expide el Código Penal Nacional para prevenir, proteger y sancionar los Delitos contra las Personas Menores de Edad; y se derogan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 25 de marzo del presente año, y turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2026.— Diputado Oscar Bautista Villegas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, el que suscribe, diputado federal Arturo Ávila Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, numera1 2, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar de manera formal el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan la fracción VIII al artículo 4; el artículo 7 Ter, la fracción IX Cuarter del artículo 24 y un segundo párrafo al artículo 85; y se reforman el artículo 7 y el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, presentada por el suscrito.

En virtud de lo anterior, solicito se tenga por retirada dicha iniciativa y se ordene lo conducente para su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a veintisiete de abril de dos mil veintiséis.— Diputado Arturo Ávila Anaya (rúbrica).»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Se recibió de la Secretaría de Cultura el Primer informe trimestral del 2026 con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados a través de diversos programas de apoyo y vertientes que los conforman. Los cuales están sujetos a las Reglas de Operación.

«Secretaría de Cultura.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, referente a la obligación de reportar trimestralmente la información relacionada con la normativa requerida.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, Fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del Programa S268 "Programa de Apoyos a la Cultura" y vertientes que lo conforman, el cual está sujeto a las reglas de operación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.— María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Secretaría de Cultura.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, referente a la obligación de reportar trimestralmente la información relacionada con la normativa requerida.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del Programa S303 "Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales" y vertientes que lo conforman, el cual está sujeto a las reglas de operación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.— María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Secretaría de Cultura.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, referente a la obligación de reportar trimestralmente la información relacionada con la normativa requerida.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del Programa S057 "Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart)" y vertientes que lo conforman, el cual está sujeto a las reglas de operación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.— María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Secretaría de Cultura.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, referente a la obligación de reportar trimestralmente la información relacionada con la normativa requerida.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del Programa S320 "Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales", y vertientes que lo conforman, el cual está sujeto a las reglas de operación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.— María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Secretaría de Cultura.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 último párrafo y 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Reglamento, correspondiente a la obligación de informar sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como los informes sobre el cumplimiento de metas y objetivos del Programa S283 "Fomento al Cine Mexicano".

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción II, 8A y 9 de su Reglamento, 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, remito en disco compacto el informe correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con los resultados sobre los beneficios económicos y sociales alcanzados, así como de la contratación por honorarios realizados por esta Secretaría de Cultura, en el formato establecido para tal fin, a través del Programa U283 "Fomento al Cine Mexicano".

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.— María Guadalupe Moreno Saldaña (rúbrica), titular de la Unidad.»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, el Informe correspondiente al primer trimestre del 2026, de los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios.

«Secretaría de Educación Pública.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Se hace referencia a lo establecido en el artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, el cual señala que se entregará a la H. Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información trimestral de los recursos federales que reciban las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, incluyendo subsidios.

Al respecto, se remite disco compacto con la información correspondiente al primer trimestre de 2026, de las siguientes unidades responsables:

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

- U080 Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación.

- U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

514 Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

- U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

515 Dirección General de Educación Superior para el Magisterio.

- U300 Programa la Normal es Nuestra.

600 Subsecretaría de Educación Media Superior:

- Colegio de Bachilleres (Entidades Federativas).

- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Entidades Federativas).

- Instituto de Capacitación para el Trabajo (Entidades Federativas).

- Telebachillerato Comunitario (Entidades Federativas)

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

A00 Universidad Pedagógica Nacional

A2M Universidad Autónoma Metropolitana.

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México.

L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial.

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

L5N Colegio de Bachilleres.

L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional.

L8K El Colegio de México, AC.

M00 Tecnológico Nacional de México.

MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Lo anterior, se comunica con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7, fracción II, de su Reglamento, así como 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de abril de 2026.— Maestro Ricardo Largo González (rúbrica), director general de Presupuesto y Recursos Financieros.»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La secretaria diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla: La Secretaría de las Mujeres del estado de Nuevo León remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de perspectiva de género.

«Secretaría de las Mujeres del Estado de Nuevo León.

Diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio, reciba un cordial saludo y, en relación con el oficio No. D.G.P.L. 66-II-4-845 y su anexo, remitido esta Secretaría de las Mujeres del estado de Nuevo León, a través del diverso No. DRPLIP/012/2026 signado por el director de Relaciones con Poderes Legislativos e Instituciones Políticas, el maestro Rodolfo Antonio García Coronado, y por instrucciones de la maestra Graciela G. Buchanan Ortega, secretaria de las Mujeres, mediante el cual se adjuntó dictamen en sentido positivo de la Comisión de Igualdad de Género, se hace de su conocimiento, lo siguiente:

Se informa que se ha tomado nota del contenido del exhorto; y se comunica que actualmente se cuenta con una estrategia preventiva aplicada en las políticas públicas del estado en materia de perspectiva de género tanto para emitir órdenes de protección y/o medidas de protección como generar campañas de prevención a efectos de mitigar la violencia en contra de las mujeres, estrategia que se encuentra alineada con el 6.2 Programa Especial de Protección Integral para Todas las Mujeres y Niñas (PEPIT 2023-2027), Plan Estatal de Desarrollo (PED 2022-2027), Plan Estratégico para el Estado 2040 (PE), Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024), y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ODS).

En ese sentido, también es importante señalar que el estado de Nuevo León cuenta con un mecanismo federal y legal denominado Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en adelante AVGM, que impone al gobierno del estado, a través de su titular, el Poder Ejecutivo, la obligación de adoptar las acciones necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia ordenadas en dicha declaratoria, en cumplimiento del artículo 23 de la ley respectiva. Entre dichas medidas, la primera de seguridad establece publicar en lugares estratégicos y, divulgar la naturaleza y alcances de la AVGM con información accesible para la población; la cuarta de seguridad prevé emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar objetiva y diligentemente las órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia, y garantizar su efectiva ejecución; y la cuarta, de prevención, dispone generar campañas permanentes encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario. Dichas medidas han sido y permanecen atendidas por esa unidad administrativa, en su carácter de coordinador y evaluador de la AVGMI en el estado, así como integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM).

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, inciso C, fracción IV y artículo 37, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y demás disposiciones aplicables del Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres.

Sin otro particular, reitero la usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 26 de febrero de 2026.— Maestra Laura Yajahira Cortez Reyes (rúbrica), directora de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Secretaría de las Mujeres.»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

INICIATIVAS DE SENADORES



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se recibió de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— Ciudad de México.— Mesa Directiva.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo primero, inciso a) y 67, párrafo primero, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo primero, 176, 177, párrafo primero y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 22 de abril de 2026.— Senadora María Martina Kantún Can (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se recibió de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 25 y se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— Ciudad de México.— Mesa Directiva.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 25, y se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo primero, inciso a) y 67, párrafo primero, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo primero, 176, 177, párrafo primero y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, 22 de abril de 2026.— Senadora María Martina Kantún Can (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL



SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FEMINICIDIO

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Honorable asamblea, procederemos a realizar el proyecto de declaratoria de la reforma constitucional, en materia de feminicidio. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados y de Ciudad de México.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señora presidenta, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio, esta Secretaría da fe de la recepción y cómputo de 27 votos aprobatorios, correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Se pide a todas y a todos los presentes ponerse de pie.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Muchas gracias.

Pueden tomar asiento.



SOLICITUD DE LICENCIA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar cuenta con la solicitud de licencia de la diputada Evangelina Moreno Guerra.

El secretario diputado Alán Sahir Márquez Becerra: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, LXVI Legislatura.— Presente.

La que suscribe, Evangelina Moreno Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción XVI, y los artículos 12 y 13, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a usted la solicitud de licencia para separarse del ejercicio de mi cargo como diputada federal a partir del 28 de abril del presente año de manera indefinida.

Lo anterior, para los efectos legales conducentes del pleno de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.— Diputada Evangelina Morena Guerra (rúbrica).»

Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Evangelina Moreno Guerra, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el distrito 5 del estado de Baja California a partir de esta fecha.

Llámese a la suplente.

En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobada. Comuníquese.

Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a esta Cámara de Diputados al comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola. Muchísimas gracias, presidente, por estar aquí en esta Cámara de Diputados.

Así como a su esposa Jimena Galindo, muchísimas gracias por estar en esta Cámara de Diputados. A su hijo Santiago Arriola, muchísimas gracias, querido Santiago, por estar aquí en esta Cámara de Diputados.

Al director general de la Liga MX, Francisco Iturbide, muchísimas gracias por estar en esta representación, y a sus acompañantes. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida y hacemos un reconocimiento al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola Peñalosa.

A 44 días de que inicie el evento más importante de fútbol en el mundo, te agradecemos tu presencia en esta representación nacional. Veremos un país distinto, como ocurre en cada mundial. Vamos a tener días de enorme emoción, de esperanza, de expectativa y de unión como mexicanas y mexicanos.

En el mundial tenemos el recordatorio tangible de que, por encima de cualquier diferencia, somos un país que encuentra identidad en el fútbol. Somos parte, estos 500 legisladores y legisladoras, de los 134 millones de mexicanos que confiamos en la selección, que confiamos que haremos un gran papel y que nos entusiasman enormemente los días que están por venir.

Haciendo un reconocimiento a Mikel Arriola Peñalosa, hacemos un reconocimiento también a la Federación Mexicana de Fútbol y, sobre todo, hacemos un gran reconocimiento a los jugadores de nuestra Selección Mexicana. Enhorabuena. En ustedes va nuestra ilusión, nuestra esperanza como nación. Que tengan todo el éxito y muchas felicidades.

Si es tan amable, presidente, acudir a esta Mesa Directiva, para que le podamos hacer entrega de este reconocimiento.

(Entrega de reconocimiento)

Muchas gracias. Tenemos cinco solicitudes de diputadas y diputados.

Iniciamos con el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputado.

El diputado José Luis Montalvo Luna(desde la curul): Gracias, presidenta. Me dirijo al pleno de esta Cámara para hacer una denuncia.

En el municipio de Xalatlaco, Estado de México, hay impunidad. En pasados días circuló un video donde un tipo, un agresor, valiéndose de su condición, le propinó severa golpiza, maltratos, patadas, jalones de cabello, golpes en la cara, patadas en la cara durante 2 minutos, 56 segundos que dura ese video y que muestra el salvajismo de Édgar Pérez Zamora, presunto agresor y subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco.

No es posible que no nos indignemos ante estas evidentes agresiones y hacemos un llamado desde esta soberanía para que el presidente municipal, Abel Flores Guzmán, responda qué se ha hecho con relación a este agresor, si ya lo destituyeron y cuál es la condición física y emocional de su señora esposa.

No es posible que hoy estamos celebrando un decreto, un logro en relación al feminicidio, se estén dando estos hechos vergonzosos. Llamo a las 251 diputadas de esta LXVI Legislatura y llamo a los 51 diputados federales del Estado de México a que nos indignemos y que llamemos a cuenta a este servidor público y que el presidente municipal nos diga qué ha hecho con relación a la protección de esta mujer y a las sanciones del presunto agresor. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Ha quedado clara su posición. La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez(desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero denunciar ante esta asamblea públicamente el ecocidio que se está llevando a cabo en Playa Las Cocinas, en el municipio de Bahía Banderas, en el estado de Nayarit.

Desde este Poder Legislativo hago un enérgico llamado de atención porque el gobernador del estado de Nayarit avala este ecocidio y además se ha atrevido a estigmatizar a quienes se atreven a defender la playa, en la zona federal marítimo terrestre de playa Las Cocinas, la constructora Cantiles de Mita, SA de CV, filial de Grupo Dine, está ejecutando obras de gran escala colocando toneladas de rocas sueltas tipo escollera con maquinaria pesada sin contar con la manifestación de impacto ambiental.

Ante esta situación los pobladores, que durante toda su vida han defendido el medio ambiente y que son reconocidos por el pueblo como personas de bien, han salido a manifestarse y hacer uso del derecho de la playa en la zona federal y ante estas situaciones, cuando los pobladores han salido a defender este derecho que tenemos como mexicanos, el libre tránsito en las playas, han sido reprimidos por mandato del gobernador del estado de Nayarit que se ha atrevido a estigmatizarlos, a criminalizar la protesta que es un derecho constitucional.

Ha mandado elementos de la policía estatal violentando las atribuciones de que le confieren al gobernador, salvo en un trabajo de coadyuvancia con las autoridades federales, ellos podrían estar en zona federal, y el día de hoy quiero exigir la liberación de Antonio Benavides de la Cruz, Fabricio Yáñez Fonseca, Sandra Cano Navarro, que han sido secuestrados por la policía estatal del estado de Nayarit, por defender su derecho al transitar libremente por las playas y por defender el medio ambiente.

Exijo desde esta curul, que las autoridades federales vayan y hagan una visita a la zona y hagan que se respete la seguridad y la soberanía de nuestra patria, porque hay otras formas de vulnerar la soberanía de nuestro país, que es dejar que actúen los poderes fácticos de manera injerencista en la zona federal. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Pelayo Cobarrubias, del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Pelayo Covarrubias: Muy buenos días a todas, a todos. Con su venia, presidenta. Hoy no solo me dirijo como legislador ante esta asamblea, me dirijo como un sudcaliforniano que conoce lo que está en juego.

Loreto, Baja California Sur, no es cualquier lugar, Loreto es historia viva, es la primera misión de las Californias, donde inicio la ruta de las misiones por toda la península e incluso hasta la alta California. Es un pueblo noble sí, que desea el progreso, por supuesto que sí, pero su gente también es decidida y muy claramente han dicho que no están de acuerdo con el decreto que convierte su hogar en un puerto de altura.

Y hago referencia, el Parque Nacional Bahía de Loreto, es un área natural protegida desde el 19 de julio de 1996. Posteriormente en el año 2000, fue ratificado bajo la categoría de parque nacional, ya que es un importante ecosistema que abarca una superficie de más de 200 mil hectáreas en las cuales existen islas, manglares, dunas costeras y una basta riqueza marina. Su relevancia trasciende al ámbito nacional, porque además es reconocido desde el 2004 como un sitio Ramsar, por la importancia de sus humedales, y en 2005 fue decretado como patrimonio nacional de la humanidad.

Hoy, el pueblo de Loreto está muy molesto porque el 10 de abril del 2026 se publicó un decreto que pretende convertir a Loreto en un puerto de altura, un decreto hecho sin escuchar, sin avisar a la gente del municipio, de esa comunidad, sin tomar en cuenta a quienes viven del turismo, de quienes cuidan del mar, de quienes todos los días protegen ese equilibrio tan frágil.

Aquí no hay duda, las y los loretanos están en contra de ese proyecto y tienen razón. Por ello, se solicita de manera urgente al Ejecutivo federal que deje sin efectos ese decreto del 10 de abril del 2006.

Asimismo, se exige que comparezca con carácter prioritario, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que explique de frente, no solo a los loretanos, a todos los mexicanos, ¿por qué permitió una decisión que pone en riesgo un área natural protegida? Y que aclare si este decreto cumple realmente con la ley, con el derecho de todas y todos para tener el México, en el paraíso, la tierra en la Bahía de Loreto, pues un ambiente sano.

Yo desde aquí les digo, no vamos a permitir que el santuario de la ballena azul, un lugar donde ese espectáculo maravilloso se reproduce, se nace, se desarrolla. Yo desde aquí le digo al pueblo de Loreto que no está solo, que no nos vamos a quedar callados y los vamos a acompañar con amparos, con manifestaciones, con todo lo que sea necesario para proteger ese entorno natural, esa belleza natural, esa cultura, esa tradición y, sobre todo, el respeto que ustedes merecen, como uno de los municipios, como una de las culturas que iniciaron la vida en Baja California Sur. No nos vamos a quedar callados, vamos con ustedes y hasta donde tope. Muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez(desde la curul): Sí. Con su permiso, diputada presidenta. Desde esta curul quiero expresar mi solidaridad con los habitantes del municipio de Bahía de Banderas que se están manifestando en ejercicio de sus derechos constitucionales en defensa de la playa Las Cocinas, de Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas.

Y quiero denunciar que el día de hoy han sido reprimidos por policías estatales y tres activistas han sido ilegalmente privados de su libertad. Exigimos su libertad inmediata.

Hago un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en este tema y se instale una mesa de diálogo que sea presidida directamente por la titular de la Semarnat, por la titular de la Profepa, por la titular de Gobernación y por los representantes populares de Nayarit.

Alto a la represión. Playas libres en Nayarit y en todo México. Alto a la criminalización de los activistas y luchadores sociales que defienden las playas de Nayarit. No vamos a permitir la represión y vamos a acompañar la lucha del pueblo de Nayarit hasta la victoria. Playas libres, sí; represión, no. Es cuanto.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.

MINUTO DE SILENCIO



EN MEMORIA DE JOSÉ LUIS TORRES CORONA, BANDERO E INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BANDERAS Y BANDAS DE ESCOLTAS DE GUERRA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ha solicitado, para un minuto de silencio, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Le agradezco mucho que, por su conducto, solicitar a esta soberanía un minuto de silencio en honor a la memoria de un hombre trascendental. Quienes somos banderos, quienes hemos sido integrantes de la banda de guerra, sabemos que desde niños tenemos principios, valores, para fortalecer nuestro lábaro patrio, amar a nuestra Bandera, a nuestro Himno Nacional.

José Luis Torres Corona falleció el día de ayer. Era un integrante de la Organización Nacional de Banderas y Bandas de Escoltas de Guerra. Amplio promotor para fijar el 9 de marzo como el Día Nacional de las Bandas de Guerra. Más de 40 años le dedicó a su vida: primero, como integrante; posteriormente, como instructor, maestro y amplio promotor.

También fue integrante de una de las más grandes bandas de guerra, que es la de la Heroica Escuela Naval Militar. En marzo de 2023, con su amplia participación en esta honorable Cámara de Diputados, llevamos a cabo una exhibición de bandas de guerra.

Agradecería mucho, presidenta, que, en honor a este gran compañero, gran mexicano, por su conducto, guardáramos un minuto de silencio en memoria a José Luis Torres Corona, un gran mexicano, un gran bandero. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado Pérez Bernabe.

Tengo una solicitud más y pregunto si alguien más desea hacer el uso de la palabra para solicitar un minuto de silencio.

En caso de no ser así, si me permite, diputado, tenemos una solicitud más y con esa, para que podamos hacer lo propio, por supuesto, a su solicitud.



EN MEMORIA DE LA DOCTORA ROSSANA REGUILLO, INVESTIGADORA EMÉRITA EN CIENCIAS SOCIALES Y ACTIVISTA MEXICANA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Diputada Paulina Rubio, del Partido Acción Nacional. Adelante, vicepresidenta.

La diputada Paulina Rubio Fernández(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Quiero solicitar tenga a bien conceder un minuto de silencio en memoria de una extraordinaria jalisciense.

El pasado 24 de abril México vio partir a la doctora Rossana Reguillo, investigadora y emérita del Iteso en Guadalajara, pero, sobre todo, a una de las voces más relevantes en el estudio de las ciencias sociales en América Latina.

Rossana deja un legado profundamente valioso, con su trayectoria académica que formó por muchas generaciones que, como su servidora, estudiamos ciencias de la comunicación.

Es imperante resaltar su compromiso con la justicia social a través de sus investigaciones centradas en las juventudes, en la cultura urbana, en la violencia y la construcción social del miedo. Y uno de sus más recientes aciertos, la investigación de los cambios sociales en la era digital. Rossana Reguillo deja una huella imborrable y sobre todo una enorme, pero enorme tarea para quienes nos quedamos a resolver aquello que Rossana descubrió.

Nuestro abrazo, desde el Grupo Parlamentario del PAN, y nuestro cariño a toda su familia y sobre todo a la comunidad académica y a la comunidad intelectual ante esta irreparable pérdida.

En memoria de Rossana Reguillo, le solicito un minuto de silencio, diputada presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Así se hará. Si son tan amables ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio a la solicitud de la diputada Paulina Rubio y del diputado Jaime Huberto Pérez Bernabe.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Vamos a cerrar esta ronda de solicitudes con el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas(desde la curul): Diputada presidenta, muchas gracias. El gobierno de nuestro gobernador, Alejandro Armenta, ha cumplido 500 días y queremos reconocerlo porque ha sido una gran labor de gobernabilidad en materia de seguridad, se están mostrando los resultados, pero también esto ha ayudado a que Puebla se esté convirtiendo, en el lugar turístico que no tenga playa, con más visitas.

Y también reconocer, como deportista que soy, la gran labor que ha hecho el gobernador para las actividades deportivas en el estado, como lo es la Olimpiada Nacional Conade de este 2026. Enhorabuena al gobierno que encabeza Alejandro Armenta en estos primeros 500 días de muchos resultados por amor a Puebla y pensando en grande. Gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado.

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos a iniciar el capítulo de iniciativas con el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Locho Morán, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de avances tecnológicos. Adelante, diputado.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Compañeras y compañeros diputados, hay decisiones que se toman solo con argumentos, y hay decisiones que se toman además con conciencia.

Hoy, este día es uno de esos momentos, en los que no basta con entender, sino que, sobre todo, también hay que sentir, porque lo que está en juego es lo que respiramos, es la calidad del agua que bebemos, es lo que estamos dejando a quienes vienen después de nosotros.

Es importante asimilar algo que no debemos de ignorar, que solo hay bienestar posible si en este país se privilegia nuestro entorno ambiental. Lo que hoy presento ante ustedes trata de reconciliarnos con lo esencial, poner a las personas y a nuestro medio ambiente en el centro de todo lo que hacemos.

Por ello, pongo a consideración de este pleno la iniciativa de reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, con el propósito de que todas las políticas públicas en materia ambiental en nuestro país se diseñen y se apliquen pensando en la importancia de la vida, con coherencia y, sobre todo, con un sentido profundamente humano.

En otras palabras, vamos a incorporar el medio ambiente en todas las decisiones de México, es decir, que el cuidado del medio ambiente deje de ser un tema aislado y siga fortaleciendo como un principio transversal. Que cada ley que discutamos, en cada decisión que tomemos, sin importar en la materia, este presente el compromiso de proteger nuestro entorno, el que nos permite vivir.

Porque hoy todo, absolutamente todo, está vinculado con el medio ambiente y con la vida que de él depende. Porque cuando alineamos nuestras leyes con el respeto y el cuidado ambiental, cuidamos la naturaleza, pero, sobre todo, protegemos la vida.

Con esta reforma intento precisamente eso, que cada acción del Estado en materia ambiental, en cada programa de prosperidad compartida, se cuide siempre de tener un impacto positivo directo en la calidad de vida de las personas.

Que el cuidado de nuestro entorno se traduzca en mejores condiciones de salud, de bienestar, de oportunidades, en fin, en cuidado para nuestras familias. Ahora, ahora me toca votar por ti, que por el daño ambiental a tu entorno tu calidad de vida se ha visto afectada por el incremento de la contaminación.

Ahora, ahora me toca votar por ti, que vives en una comunidad donde el agua se encuentra contaminada y ya no alcanza y cada día es más escasa. Ahora, ahora me toca votar por ti, que sabes en lo más profundo que el desarrollo no debe significar destrucción.

Esta reforma me hace recordar a mi estado natal, Colima, nuestro pequeño gran paraíso, donde el mar abraza, donde el volcán vigila, donde el campo alimenta y nuestra historia nos define. Colima nos ha enseñado que el equilibrio ambiental, con el desarrollo, debe ser más que una buena intención. Es una condición para vivir mejor, porque cada decisión tomada a favor del turismo, de la agricultura, de la pesca, de privilegiar nuestro entorno natural, porque el aire que respiran nuestras familias debe ser limpio, porque el agua que llega a nuestros hogares debe ser suficiente y pura.

Compañeras y compañeros, esta iniciativa es parte de un compromiso que he asumido a lo largo de los años, desde cada espacio en el que he tenido la oportunidad de servir. Hoy la acompaño con un paquete de 10 iniciativas más en materia ambiental para que sea una reforma integral, que impacte de manera directa en todas las decisiones del Estado mexicano, poniendo en primer lugar al medio ambiente y al cuidado de la vida.

Por ello, desde aquí lo digo, Colima, Colima tiene razón, cuentas conmigo, estoy preparado y listo para que junto a ti sigamos cuidando de nuestro pequeño gran paraíso. Confiemos en Colima. Es cuanto. Gracias, presidenta, amiga presidenta.

«Iniciativa que adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de avances tecnológicos, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección del ambiente y la preservación del equilibrio ecológico constituyen objetivos prioritarios del Estado, en tanto condiciones indispensables para garantizar el derecho humano a un medio sano, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente representa el instrumento rector para la formulación y conducción de la política ambiental nacional.

Desde su promulgación, dicha ley ha establecido principios orientados a prevenir el deterioro ambiental, promover el uso sustentable de los recursos naturales y asegurar la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.

No obstante, la dinámica ambiental contemporánea plantea retos cada vez más complejos, que exigen el fortalecimiento de los instrumentos normativos mediante enfoques modernos, eficientes y acordes con los avances tecnológicos.

En la actualidad, el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas, sistemas de información digital y medios electrónicos han transformado de manera significativa la forma en que se genera, analiza y difunde la información pública, incluyendo aquella relacionada con el estado del ambiente.

Sin embargo, el marco jurídico ambiental vigente no reconoce de manera expresa el aprovechamiento de dichas herramientas como un principio rector de la política ambiental.

Esta ausencia normativa limita la posibilidad de consolidar una política ambiental basada de manera sistemática en información oportuna, verificable y accesible, lo que resulta fundamental para mejorar la toma de decisiones públicas, fortalecer la prevención de daños ambientales y fomentar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la protección ambiental.

La incorporación de un principio que promueva el uso de tecnologías y sistemas de información digital en la política ambiental no implica la creación de nuevas obligaciones financieras ni administrativas, sino el fortalecimiento del ejercicio de facultades ya existentes, orientando su aplicación hacia prácticas más eficientes, transparentes y acordes con las capacidades actuales del Estado.

Diversos países han avanzado en la modernización de sus marcos normativos ambientales mediante la incorporación de criterios de digitalización, monitoreo tecnológico y acceso abierto a la información ambiental, reconociendo que la tecnología constituye una herramienta clave para mejorar la vigilancia ambiental, la evaluación de impactos y la participación social informada.

En el contexto nacional, existen ya múltiples plataformas, sistemas de información y mecanismos digitales utilizados por distintas autoridades ambientales; sin embargo, su uso no se encuentra articulado bajo un principio normativo común que privilegie la integración, el análisis y la difusión sistemática de la información ambiental, lo que reduce su potencial impacto.

La reforma propuesta busca subsanar esta omisión mediante la adición de una fracción al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de establecer como principio de la política ambiental el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas y sistemas de información digital para la generación, análisis y difusión de información ambiental.

Al elevar este criterio al nivel de principio rector, se fortalece la coherencia y transversalidad de la política ambiental, permitiendo que los distintos instrumentos previstos en la Ley se diseñen, interpreten y apliquen bajo un enfoque de modernización tecnológica, sin alterar el esquema de competencias ni el diseño institucional vigente.

La iniciativa también contribuye a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en materia ambiental, al promover el acceso público a la información ambiental, lo que resulta congruente con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Desde una perspectiva de participación social, el uso de tecnologías y medios digitales facilita que la ciudadanía cuente con información clara, accesible y oportuna sobre el estado del ambiente, fomentando una participación más informada y corresponsable en la protección de los recursos naturales.

La reforma favorece una toma de decisiones basada en evidencia, al incentivar el uso de datos, sistemas de monitoreo y herramientas analíticas que permitan identificar riesgos ambientales, evaluar tendencias y diseñar políticas preventivas más eficaces.

La adición propuesta no impone la obligación de desarrollar nuevas plataformas tecnológicas ni de adquirir infraestructura adicional, sino que se limita a orientar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes, conforme a la normatividad aplicable y a las capacidades institucionales disponibles.

La iniciativa se inscribe en un enfoque de mejora regulatoria y modernización administrativa, al promover prácticas que optimicen los procesos de gestión ambiental, reduzcan asimetrías de información y fortalezcan la coordinación entre autoridades ambientales de los distintos órdenes de gobierno.

Finalmente, la incorporación del uso de tecnologías y sistemas de información digital como principio de la política ambiental contribuye a consolidar un marco jurídico más actualizado, transparente y eficaz, capaz de responder a los desafíos ambientales actuales y de fortalecer la protección del ambiente en beneficio de la sociedad y de las generaciones futuras.

Por las razones expuestas, se considera necesaria y pertinente la adición de una fracción al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como una medida estratégica para fortalecer la política ambiental nacional mediante el uso responsable y eficiente de las tecnologías disponibles.

Planteamiento del problema

El deterioro ambiental que enfrenta el país se ha intensificado en las últimas décadas como resultado de múltiples factores, entre los que destacan el crecimiento urbano desordenado, la presión sobre los recursos naturales, la contaminación del aire, agua y suelo, así como los efectos del cambio climático.

Estos fenómenos demandan una acción pública cada vez más eficaz, sustentada en información oportuna, confiable y técnicamente sólida.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece los principios y lineamientos para la política ambiental nacional; sin embargo, el marco normativo vigente no incorpora de manera expresa el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información digital como un eje rector para la formulación, conducción y evaluación de dicha política.

Esta ausencia normativa contrasta con la creciente disponibilidad de tecnologías que permiten mejorar de manera significativa el monitoreo ambiental, la generación de datos, la evaluación de riesgos y la prevención de daños al medio, lo que evidencia un desfase entre las capacidades técnicas existentes y su reconocimiento en la legislación ambiental.

En la práctica, la información ambiental se encuentra dispersa en múltiples plataformas, bases de datos y sistemas administrados por distintas autoridades, lo que dificulta su integración, análisis y aprovechamiento para la toma de decisiones públicas, así como su acceso efectivo por parte de la ciudadanía.

La falta de un principio normativo que promueva el uso sistemático de tecnologías y sistemas digitales en la política ambiental genera asimetrías de información que limitan la transparencia, reducen la eficacia de las acciones preventivas y debilitan la rendición de cuentas en materia de protección ambiental.

La limitada accesibilidad a información ambiental clara y actualizada restringe la participación social informada, impidiendo que la ciudadanía, las comunidades y los sectores productivos conozcan de manera oportuna el estado del ambiente y los efectos de ciertas actividades sobre los ecosistemas.

Desde una perspectiva de gestión pública, la ausencia de criterios normativos que impulsen el aprovechamiento de tecnologías ambientales dificulta la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, al no contar con lineamientos comunes que orienten la integración y el uso de información ambiental.

Esta situación también afecta la capacidad de las autoridades ambientales para identificar de manera temprana riesgos, tendencias y zonas críticas de deterioro ambiental, limitando la adopción de medidas preventivas y favoreciendo una actuación reactiva frente a los daños ya consumados.

En el ámbito de la evaluación y seguimiento de políticas ambientales, la carencia de herramientas normativamente reconocidas para el análisis de datos y monitoreo continuo impide contar con indicadores precisos que permitan evaluar la eficacia de las acciones emprendidas y realizar ajustes oportunos.

La problemática se acentúa ante la creciente complejidad de los fenómenos ambientales, los cuales requieren enfoques interdisciplinarios y el uso de tecnologías avanzadas para su comprensión, evaluación y atención, elementos que actualmente no se encuentran integrados de manera explícita en el marco jurídico ambiental.

La falta de reconocimiento normativo del uso de tecnologías y sistemas de información digital limita la posibilidad de armonizar la política ambiental nacional con las mejores prácticas internacionales, donde la digitalización y el acceso abierto a la información ambiental constituyen pilares fundamentales de la gobernanza ambiental.

La ausencia de un mandato legal claro que promueva la transparencia ambiental mediante el uso de medios digitales también puede generar desconfianza social hacia las instituciones encargadas de la protección del ambiente, al dificultar el acceso a información verificable sobre decisiones, autorizaciones y resultados en materia ambiental.

Desde la óptica del derecho ambiental, la falta de actualización normativa en materia de tecnologías y sistemas de información reduce la capacidad del marco legal para adaptarse a los avances científicos y técnicos, comprometiendo su eficacia como instrumento de regulación y protección ambiental.

Adicionalmente, la inexistencia de un principio rector que fomente el uso de tecnologías en la política ambiental perpetúa modelos de gestión basados en procesos manuales, fragmentados o poco eficientes, que no responden a las exigencias actuales de agilidad, precisión y transparencia en la administración pública.

La problemática descrita se traduce en una brecha entre el potencial de las herramientas tecnológicas disponibles y su aprovechamiento efectivo en la protección del ambiente, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir daños, mejorar la gestión ambiental y fortalecer la participación social.

Finalmente, de no atenderse esta situación mediante una reforma normativa puntual, el marco jurídico ambiental corre el riesgo de mantenerse rezagado frente a los desafíos actuales, limitando la consolidación de una política ambiental moderna, transparente y basada en información, en detrimento del derecho de la población a un ambiente sano.

Beneficios a escala nacional

La reforma propuesta fortalece el marco normativo de la política ambiental nacional, al actualizar sus principios rectores para incorporar de manera expresa el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información digital, alineando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con las capacidades técnicas actuales del Estado mexicano.

Al reconocer la tecnología como un elemento transversal de la política ambiental, la iniciativa contribuye a una toma de decisiones públicas basada en información, evidencia científica y datos verificables, lo que mejora la calidad regulatoria y la eficacia de las acciones de prevención, control y restauración ambiental.

La incorporación de este principio promueve una mayor transparencia y acceso público a la información ambiental, fortaleciendo el derecho de la ciudadanía a conocer el estado del ambiente y las decisiones adoptadas por las autoridades, en congruencia con el marco constitucional y legal en materia de acceso a la información pública.

Desde una perspectiva institucional, la reforma favorece la coordinación entre dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno, al incentivar el uso de sistemas de información compatibles y criterios comunes para la generación, análisis y difusión de datos ambientales.

La iniciativa contribuye a fortalecer la rendición de cuentas en materia ambiental, al facilitar el seguimiento y evaluación de políticas, programas y autorizaciones ambientales, reduciendo asimetrías de información y discrecionalidad administrativa.

La reforma también mejora la capacidad preventiva del Estado, al incentivar el uso de tecnologías que permitan identificar riesgos ambientales de manera temprana, monitorear tendencias y anticipar impactos, favoreciendo una actuación oportuna frente a posibles daños al ambiente.

En términos de gobernanza ambiental, la iniciativa impulsa una participación social más informada y efectiva, al facilitar que la ciudadanía, la academia y los sectores productivos cuenten con información clara y accesible para involucrarse en la protección del ambiente.

Desde el punto de vista normativo, la adición propuesta moderniza la LGEEPA sin alterar su estructura ni crear nuevas obligaciones presupuestales, consolidando un enfoque de mejora regulatoria que optimiza el ejercicio de facultades ya existentes.

La reforma también contribuye a armonizar la legislación ambiental nacional con las mejores prácticas internacionales, donde el uso de tecnologías y datos abiertos constituye un elemento central de la política ambiental y de la gestión sostenible de los recursos naturales.

La iniciativa fortalece la capacidad del Estado mexicano para garantizar de manera más efectiva el derecho humano a un ambiente sano, al dotar a la política ambiental de herramientas normativas acordes con los desafíos ambientales contemporáneos.

Beneficios para Colima

Para Colima, la reforma representa un respaldo jurídico claro para fortalecer la política ambiental estatal y municipal mediante el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información digital, en alineación con los principios de la política ambiental nacional.

Colima, por sus características geográficas, volcánicas y costeras, enfrenta riesgos ambientales específicos, como actividad sísmica, fenómenos hidrometeorológicos extremos, erosión costera y presión sobre ecosistemas, por lo que el uso de tecnologías de monitoreo y análisis resulta particularmente relevante para la prevención y gestión ambiental.

La incorporación del principio de uso de tecnologías facilita que las autoridades estatales y municipales mejoren el monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, así como la vigilancia de ecosistemas costeros y áreas naturales, sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas.

Desde una perspectiva de gestión pública, la reforma contribuye a optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental en Colima, permitiendo una mejor integración de información para la toma de decisiones en materia de autorizaciones, inspección y ordenamiento ecológico.

La iniciativa fortalece la transparencia ambiental a nivel local, al facilitar que la población colimense tenga acceso a información ambiental clara y oportuna, lo que incrementa la confianza social en las instituciones encargadas de la protección del ambiente.

La reforma también favorece una mayor participación social y comunitaria en Colima, al permitir que la ciudadanía, organizaciones civiles y sectores productivos cuenten con información que les permita involucrarse de manera informada en la vigilancia y cuidado del entorno natural.

En términos de prevención de desastres, el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información ambiental fortalece la capacidad de respuesta del Estado y los municipios frente a contingencias ambientales, reduciendo riesgos para la población y el territorio.

La iniciativa contribuye igualmente a proteger actividades económicas estratégicas para Colima, como el turismo, la agricultura y la pesca, al mejorar la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en información sobre el estado de los ecosistemas.

Desde una óptica de planeación territorial, la reforma permite articular mejor la política ambiental con el desarrollo urbano y regional, utilizando información ambiental integrada para orientar decisiones sobre uso de suelo y protección de zonas sensibles.

Finalmente, para Colima, la reforma constituye una oportunidad estratégica para modernizar la gestión ambiental, fortalecer capacidades institucionales y avanzar hacia un modelo de gobernanza ambiental más transparente, preventiva y eficiente, en beneficio del bienestar de la población y del desarrollo sostenible del Estado.

Propuesta legislativa

Para mayor claridad se expone el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo expuesto y fundado me permito proponer el siguiente

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. a XX. ...

XXI. El uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas, sistemas de información digital y medios electrónicos para la generación, integración, análisis, monitoreo y difusión de información ambiental, privilegiando el acceso público, la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informada, conforme a la normatividad aplicable. 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/programa-sectorial-de-med io-ambiente-y-recursos-naturales

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

https://www.gob.mx/semarnat

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,

https://www.gob.mx/inecc

Organización de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

https://www.unep.org

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2026.— Diputados y diputadas: Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Diana Isela López Orozco, Haidyd Arreola López, José Alejandro Aguilar López, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbricas).»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, gracias, querido diputado Locho Morán. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.



COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Si es tan amable la Secretaría dar cuenta del oficio de la Secretaría de Gobernación.

El secretario diputado Alán Sahir Márquez Becerra: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, somete a la ratificación de la Cámara de Diputados el nombramiento de la ciudadana Jennifer Krystel Castillo Madrid, como administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de empleada superior de Hacienda.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Upaed, Campus Puebla y Morelos, del programa Una Apuesta de Futuro, acompañados por la señora Martha Cruz, integrante de la Junta de Gobierno de la Upaed. Así como de la directora de Desarrollo Institucional, Gabriela Fernández, invitados todos por la diputada Liliana Ortiz Pérez, del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias por estar aquí, en esta Cámara de Diputados.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Valle de Chalco, invitados por el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del PT. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Enviamos un cordial saludo a los alumnos de diferentes licenciaturas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, Upiicsa, del Instituto Politécnico Nacional, invitados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias por estar aquí en esta Cámara de Diputados.

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Para presentar iniciativa, tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring Casar, hasta por cinco minutos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado José Elías Lixa y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene usted el uso de la palabra, estimado diputado.

El diputado Federico Döring Casar:Sí, con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN presentamos esta iniciativa. Cito las palabras del expresidente Ernesto Zedillo, quien alguna vez dijera, abro comillas: “Mi triunfo fue legal, pero inequitativo”. Y es desde 1994 que la agenda democrática ha sido no solo la legalidad y autonomía del árbitro electoral, sino la equidad de la contienda.

La iniciativa busca, en primer término, una reforma para cerrar espacios de abuso político y fortalecer la democracia, cancelar el registro de los partidos políticos que postulan a delincuentes a los cargos de elección popular.

No queremos más gobernadoras como Marina del Pilar, como Américo Villarreal, como Ramírez Bedolla, como como Alfonso Durazo, de los que se van a meter a la cama con el narco para ganar elecciones y después le entregan al crimen organizado la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.

Está el testimonio de El Rey Zambada en la Corte de Brooklyn, que le dieron 6 millones de dólares a López Obrador para su campaña en 2006 y el diputado Mario Zamora conoce perfectamente cómo le robaron en Sinaloa en la campaña cuando el Chapo Isidro llevaba las maletas en presencia de Jocelyn Hernández para campaña de Rubén Rocha, siendo el delegado de Morena, Américo Villarreal.

No más de eso. Y queremos democracia sin narcopolítica electoral, no más narcos del bienestar emboscados como demócratas en Morena. Tampoco queremos que haya diezmos electorales como la sentencia de la Sala Superior en el caso de Texcoco y la gobernadora hoy del Estado de México.

Ni queremos transas como la del fideicomiso por los demás, en la que muchos de los que están aquí con fuero fueron a hacer depósitos en efectivo a Banca Afirme para después extorsionar en Monclova a un empresario, a venderle al que les había ayudado a violar la ley con los depósitos en efectivo desde el Grupo Villacero.

Queremos que se castigue el dinero mal habido en todas las facetas. Otra propuesta es que se impulse comunicación gubernamental neutra. Los programas sociales los pagamos todos, no los regala el gobierno de la República, se pagan con nuestros impuestos, no con el dinero de los narcos del bienestar.

Y por eso queremos que en los tres niveles de gobierno, quienes promueven los programas sociales no tengan distintivos partidistas y que la comunicación social del gobierno sea abiertamente neutra, como cambiamos en los gobiernos anteriores la Ley de Desarrollo Social para evitar que se pusieran los nombres de quienes inauguraban espacios públicos con su nombre para promoción personal o partidista.

También la exigencia al INE de que haga las campañas, que todos los ciudadanos sepan lo que estoy diciendo, que los programas sociales son de ustedes y que no tiene que llegar ningún mapache del bienestar a condicionarles su beneficio de los programas sociales a cambio del voto por los narcos del bienestar.

Finalmente, se corrige la mayoría artificial y la sobrerrepresentación de quienes quieren pluris como partido y como coalición para pasar a lo que siempre peleó por la izquierda, a lo que dijera Jesús Ortega, desde el PRD, cuando la reforma política del 96, que la representación proporcional tiene que ser pura y directa y que debe ser fiel reflejo de lo que les dieron en la urna, no pueden venir aquí a hacer trampas del bienestar con su INE de tómbola.

Presidenta, el país vive momentos difíciles, la democracia mexicana está en terapia intensiva, no solo porque han tomado por asalto a las instituciones electorales, sino porque como nunca, como nunca se gobierna con el narco en el cuarto de al lado y cuando digo en el cuarto de al lado estoy hablando de Alfonso Romo, el que lavaba el dinero del fentanilo en la oficina de la Presidencia con López Obrador. Estoy hablando de todo lo que he citado anteriormente y como sin el narco no son capaces de ganar una elección.

Hoy día los mexicanos, para vencer a Morena, no solo tenemos que ganar a la mapachería gubernamental, sino le tenemos que ganar al huachicol fiscal y el que Fernando Farías Laguna mucho puede aportar y los secretos de quien está cercano a un cateterismo cuando se ha llamado a las Cortes de Estados Unidos.

Presidenta, en esta Cámara Morena ha dicho que cuando los bienes públicos que se proponen son en exceso bondadosos, no hay que esperar. La oposición concretamente mi grupo parlamentario ha votado a favor cuando Morena ha traído a tribuna propuestas que no pueden esperar para su aprobación.

Hoy es el penúltimo día de sesiones en este período y, por eso, siguiendo el ejemplo de lo que nosotros hemos acompañado, le exigimos a Morena que demuestre si está del lado del narco o está del lado de la democracia.

Con fundamento en el Reglamento y el artículo 82, solicito que la iniciativa se le dispensen todos los trámites como lo ha solicitado cándidamente Morena antes y que se someta a discusión de inmediato.

Vamos a ver si están del lado de la democracia o están como lo están en Chihuahua, del lado del narco y saboteando a quienes sí combaten su dinero sucio y sus aliados electorales. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Como lo ha solicitado y con fundamento en los artículos 59, numeral 3, y 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si es tan amable la Secretaría preguntar y consultar a la asamblea en votación económica si esta iniciativa presentada por el diputado Federico Döring Casar y el Partido Acción Nacional se considera de urgente resolución y se somete a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta si la iniciativa se considera de urgente resolución y se somete a discusión y votación inmediata. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Toda vez que no se considera de urgente resolución, se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Continuamos con las iniciativas. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de las y los jóvenes, a cargos de elección popular suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, coordinador.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, muy buenas tardes. En México y en el mundo las y los jóvenes son la fuerza decisiva, no sólo del futuro, sino también del presente. No obstante, a pesar de su energía, creatividad y de su papel central en la transformación social siguen enfrentando dificultades, como la falta de oportunidades laborales, la precariedad y la exclusión de espacios donde puedan desarrollarse plenamente.

Esta exclusión no solo se refleja en el ámbito económico o social, sino también en el terreno político, a ello se suma que las y los jóvenes tampoco acceden, como deberían, a los espacios donde se construyen las decisiones públicas, lo que limita injustamente su participación en la vida política.

La magnitud de esta exclusión de las y los jóvenes se vuelve aún más evidente cuando observamos su peso demográfico y electoral. En México habitan aproximadamente 30 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Es decir, casi una de cada cuatro personas en el país pertenece a este sector.

Además, casi 26 millones de jóvenes de 18 a 29 años están inscritos en el padrón electoral, pero esta relevancia numérica no se ha traducido en una representación equivalente dentro de las candidaturas que se postulan por los partidos políticos, y menos aún, en el acceso a cargos de elección popular.

Esta situación pone en evidencia que nuestra democracia aún tiene áreas de oportunidad para fortalecerse y una de ellas es, definitivamente, no solo reconocer a las y los jóvenes su derecho a votar y participar en la vida pública, sino haciendo efectivo su acceso a los espacios de ejercicio en el poder.

Es importante decirlo con toda claridad, el problema no es la falta de capacidad ni de preparación de las y los jóvenes, el verdadero problema son las inercias de un sistema político que durante demasiado tiempo ha visto a la juventud con prejuicio.

Aún hoy, persiste en la mente de muchas personas la idea errónea de que ser joven es sinónimo de inexperiencia, como si una mayor edad por sí sola garantizara visión, responsabilidad o eficacia. Esa visión excluyente ha limitado el paso a generaciones enteras con un amplio compromiso social, ideas nuevas y una comprensión más cercana de los desafíos contemporáneos.

Si bien, en años recientes se han realizado reformas para ampliar el acceso de las y los jóvenes a ciertos cargos públicos, la realidad demuestra que ello no ha sido suficiente para revertir su subrepresentación.

Se ha avanzado en el plano normativo, pero no en la apertura real de los espacios de poder, pues las candidaturas y los cargos de mayor relevancia continúan concentrándose en perfiles que se consideran más experimentados.

Para muestra de lo anterior basta como ejemplo la composición por grupo de edad de la presente legislatura. Al comienzo de los trabajos de esta Cámara, el grupo de edad más pequeño fue el de las y los diputados de 22 a 30 años de edad con solo 23 representantes. En contraste con 246 diputadas y diputados entre los 36 y 45 años de edad, que fue el grupo más numeroso.

Para cambiar esta situación es necesario generar y garantizar oportunidades efectivas para que las juventudes accedan a la representación política y participen de manera más determinante en la toma de decisiones públicas.

Por ello, el objetivo de esta iniciativa que presentamos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta Cámara, es establecer medidas afirmativas que garanticen la participación efectiva de las juventudes en las candidaturas a cargos de elección popular.

En concreto, se propone que al menos el 30 por ciento de las postulaciones a diputaciones federales, locales, senadurías, ayuntamientos y alcaldías corresponda a personas menores de 30 años de edad.

Asimismo, para el caso de las gubernaturas, proponemos que los partidos y coaliciones garanticen en cada proceso electoral que al menos el 30 por ciento de sus postulaciones correspondan a personas de entre 30 y 40 años de edad.

Lo anterior propone ampliar la representación de las y los jóvenes, fortalecer la pluralidad generacional y asegurar que cada vez más jóvenes formen parte de los espacios donde se define el presente y el futuro de México. Las y los jóvenes mexicanas y mexicanos merecen más oportunidades en el ejercicio público y, a su vez, nuestra democracia no debe perder la oportunidad de renovarse.

Aquí, quizá la mayoría de nuestro grupo parlamentario ya pasamos esa edad, pero reconocemos que debe de ser un compromiso, como lo ha sido a lo largo de la historia de nuestro instituto político el Partido Verde, quien verdaderamente ha dado la oportunidad a muchos jóvenes en este país de venir a participar a esta tribuna, de participar en el Senado de la República y también de tener, en su momento, al gobernador más joven en la historia de nuestro país.

Los dos gobernadores del Partido Verde, al día de hoy, han sido de los gobernadores más jóvenes en nuestro país y los dos con los mejores resultados como los mejores gobernantes en sus estados, tanto en Chiapas como en San Luis Potosí.

Por ello, reconocemos que es momento de que las y los jóvenes tengan mayor protagonismo, mayor presencia y mayores oportunidades para participar en la conducción de un país que en ellos tienen puestas sus esperanzas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, coordinador. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas. Una, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la convivencia o cohabitación forzada. Y dos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel:Gracias, presidenta, con su venia. Buen día, diputadas y diputados. Quiero llamar su atención, ya que presentaré dos iniciativas y que quiero poner a su consideración y, asimismo, hacer el llamado a las comisiones para que dictaminen.

Es muy importante decirles que esta iniciativa parte de una realidad que no podemos seguir ignorando, la convivencia o cohabitación forzada de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

No se trata de un fenómeno aislado ni marginal, la propia evidencia estadística demuestra que es un problema estructural. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el 20.7 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años inicia una unión antes de cumplir la mayoría de edad y en zonas rurales claramente esta aumenta, aumenta a un 31.2 por ciento.

Por eso es imperante que pongamos esta ley, a pesar de los avances normativos que han prohibido el matrimonio infantil, esta problemática no ha desaparecido. Se ha desplazado hacia esquemas informales, invisibilizados y fuera del alcance institucional, y ahí es donde la ley debe intervenir con mayor claridad.

Por ello, esta iniciativa propone reformar la fracción VII del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de establecer de manera expresa la obligación de protegerles frente a la convivencia o cohabitación forzada, incluso cuando esta se presente bajo usos y costumbres, acuerdos familiares o cualquier práctica análoga.

Por eso es importante que no dejemos a que esta iniciativa se lleve a cabo solo por decirlo, sino que esté establecido. Desde el punto de vista jurídico esta propuesta se sustenta en el principio del interés superior de la niñez previsto en el artículo 4o. constitucional que obliga a todas las autoridades a garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Pero, además, se articula con el marco penal vigente, particularmente con el Código Penal Federal que ya reconoce la cohabitación forzada como delito, lo que demuestra que no estamos creando nuevas sanciones, sino fortaleciendo el enfoque preventivo y de responsabilidad familiar.

La otra ley que también estamos proponiendo a esta soberanía es con perspectiva fundamental en materia de procuración de justicia. No basta con contar con un marco jurídico sólido, sino quienes lo aplican no están debidamente preparados para hacerlo con perspectiva de género.

Hoy en México las mujeres siguen enfrentando obstáculos reales para acceder a la justicia. No es únicamente un problema de leyes, es un problema de formación institucional, de criterios en la actuación, y en muchos casos de la falta de herramientas técnicas para entender los contextos de violencia.

Por ello, la presente iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, con el propósito de establecer la obligación de que las personas servidores públicas de dicha institución reciban capacitación y certificación en materia de perspectiva de género, a través de instancias especializadas, como es ahora la Secretaría de las Mujeres.

No se trata de una medida opcional, se trata de profesionalizar el servicio público en un ámbito donde cada decisión impacte directamente en la vida, seguridad y la dignidad de las personas.

Desde el punto de vista jurídico, está propuesta se encuentra alineada con el artículo 1o. constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos, así como con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano en materia de igualdad y no discriminación.

Es importante aclarar que no se requerirán más recursos, ya que la Secretaría de las Mujeres imparte estos cursos, y que ellos se tendrían que obligar, estás Fiscalías, a tomar estos cursos. De importante relevancia, compañeras y compañeros, hemos insistido en cada legislatura en que las Fiscalías tienen que actuar en esta materia con perspectiva de género.

Además, esto no está en la ley que estoy presentado, pero creo que también es de relevancia ponerlo en esta tribuna. A las universidades, a la facultad de Derecho, que empiecen a promover a los abogados una materia en temas de perspectiva de género, de ética moral, para que los abogados ya salgan especializados. Sabemos que no es nuestra facultad, pero deberíamos de empezar a promoverlo.

Compañeras y compañeros, el Partido del Trabajo siempre va a estar del lado del pueblo, y va a estar proponiendo leyes a favor de las mujeres, a favor de las niñas, niños y adolescentes. Esperamos que estas comisiones puedan dictaminar de manera rápida para darle el trámite correspondiente. Como decimos en el Partido del Trabajo, Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la convivencia o cohabitación forzada, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y en los términos de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la convivencia o cohabitación forzada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección del interés superior de la niñez y la adolescencia en México constituye un mandato constitucional de prioridad absoluta, derivado de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al Estado y a la sociedad a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Este deber no se agota en la formulación normativa, sino que exige una comprensión profunda de las realidades sociales que, pese a su persistencia, continúan vulnerando de manera sistemática los derechos fundamentales de este sector de la población.

Entre dichas realidades se encuentran las uniones infantiles, tempranas y forzadas, así como las prácticas de convivencia o cohabitación forzada, que siguen ocurriendo fuera del marco del matrimonio civil y, por ende, en los márgenes de la observación institucional. Estas prácticas afectan de manera directa el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la salud integral, la educación y una vida libre de violencia, particularmente en el caso de niñas y adolescentes.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado o residual, la evidencia estadística demuestra su carácter estructural. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 20.7 por ciento de las mujeres mexicanas de entre 20 y 24 años contrajo matrimonio o inició una unión antes de cumplir los dieciocho años. Esta proporción se incrementa de manera alarmante en el ámbito rural, donde alcanza el 31.2 por ciento, lo que evidencia que casi una de cada tres niñas es incorporada prematuramente a una vida adulta bajo esquemas de subordinación y dependencia.

Tras las reformas que prohibieron el matrimonio infantil, el fenómeno no desapareció, sino que se desplazó hacia la informalidad. El Censo de Población y Vivienda 2020 confirma que, en el grupo de adolescentes de 12 a 17 años, las uniones libres superan ampliamente a los matrimonios legalmente registrados, lo que ha generado una invisibilización estadística y jurídica de estas prácticas. Al no formalizarse ante el Registro Civil, las uniones tempranas quedan fuera de los mecanismos tradicionales de control, perpetuando dinámicas de violencia y exclusión.

Esta situación coloca a México en una posición preocupante a nivel regional. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde las uniones tempranas no han disminuido de manera significativa en los últimos veinticinco años. Esto demuestra que la prohibición normativa, aunque necesaria, resulta insuficiente si no se acompaña de obligaciones claras para quienes ejercen responsabilidad directa sobre niñas, niños y adolescentes.

La convivencia o cohabitación forzada no es un hecho aislado, sino el resultado de una intersección de pobreza, desigualdad, abandono escolar y normalización de la violencia de género. La evidencia muestra que la afectación recae de forma desproporcionada en las niñas, cuya presencia en uniones tempranas triplica la de los varones en la misma situación. En este contexto, la familia, y en particular quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, ocupa un papel central, ya sea como barrera de protección o como espacio donde se tolera, permite o incluso promueve esta práctica.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce, en su artículo 103, las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, estableciendo un deber reforzado de protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación. Sin embargo, la experiencia práctica ha demostrado que la convivencia o cohabitación forzada suele quedar difuminada de manera implícita dentro del concepto general de violencia, lo que ha permitido que sea justificada como un acuerdo familiar, una costumbre comunitaria o una práctica cultural, desdibujando la responsabilidad directa de madres, padres y personas cuidadoras.

Desde la doctrina de los derechos humanos de la infancia, se ha advertido que no todas las manifestaciones de violencia se presentan de forma abierta o inmediata. Autores como Johan Galtung han identificado formas de violencia estructural y cultural que, aun sin agresión física directa, generan daños profundos y permanentes. La convivencia o cohabitación forzada se inscribe precisamente en esta categoría: es una práctica que puede carecer de golpes visibles, pero que impone un proyecto de vida ajeno, limita la autonomía progresiva y coloca a la persona menor de edad en una situación de subordinación continua.

Por ello, resulta jurídicamente relevante distinguir, la convivencia o cohabitación forzada del concepto genérico de violencia. No se afirma que se trate de fenómenos distintos en esencia, sino que su especificidad social y cultural ha impedido que sea reconocida, prevenible y denunciable de manera efectiva cuando no se menciona de forma expresa. Nombrarla explícitamente en la ley no constituye redundancia normativa, sino una técnica de precisión legislativa orientada a cerrar espacios de discrecionalidad interpretativa.

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar la fracción VII del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer de manera clara que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia tienen la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes contra la convivencia o cohabitación forzada, aun cuando ésta se presente bajo usos, costumbres, acuerdos familiares o comunitarios.

Esta precisión normativa se armoniza con el marco penal vigente, como lo es el Código Penal Federal, en su Título Octavo Bis, artículo 209-Quáter, ya tipifica específicamente la convivencia forzada de personas menores de dieciocho años, estableciendo:

“Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.”

Del mismo modo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ciudadana y funcional de denunciar hechos delictivos, en su artículo 222 que menciona que:

[...]Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. [...]

Es por esta razón que la reforma propuesta no crea nuevas sanciones ni invade competencias penales, sino que fortalece el eslabón preventivo y de responsabilidad familiar.

Los organismos internacionales de derechos humanos han sido enfáticos en este punto. Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como el Comité de los Derechos del Niño han recomendado a los Estados abandonar el lenguaje genérico y nombrar de forma expresa las prácticas nocivas que afectan a la infancia, entre ellas las uniones y convivencias forzadas. Esta tendencia responde a la constatación de que la ambigüedad normativa perpetúa la impunidad y la normalización social de estas conductas.

Resulta indispensable subrayar que la responsabilidad de madres, padres y personas cuidadoras no se limita a evitar actos de violencia directa. El deber de protección implica también vigilar, impedir y no tolerar contextos de convivencia que, aun sin agresión física inmediata, colocan a niñas, niños y adolescentes en situaciones de sometimiento, riesgo y vulneración de derechos. Precisar esta obligación en la fracción VII del artículo 103 refuerza el carácter activo de la patria potestad y deja claro que permitir o consentir una cohabitación forzada constituye un incumplimiento grave a dicho deber.

Distinguir expresamente la convivencia o cohabitación forzada del concepto genérico de violencia no debilita el sistema de protección; por el contrario, lo fortalece. La mención individualizada reconoce su naturaleza específica como práctica social normalizada y reafirma que la autoridad primaria de cuidado, la familia, tiene una responsabilidad jurídica directa en su prevención. Esta técnica legislativa responde a una lógica de justicia preventiva y de máxima protección, acorde con el principio del interés superior de la niñez.

Con esta reforma, el Estado mexicano reafirma que ninguna práctica cultural, acuerdo familiar o costumbre comunitaria puede situarse por encima de la dignidad humana de niñas, niños y adolescentes. Al precisar el alcance de las obligaciones parentales, se rompe con una tolerancia histórica que ha permitido que la infancia cargue con decisiones que no le pertenecen. Esta modificación no solo fortalece el marco jurídico, sino que envía un mensaje claro e ineludible: el proyecto de vida de cada niña y adolescente es un bien jurídico irrenunciable que el Estado está obligado a proteger, hoy y siempre, frente a cualquier forma de sometimiento que pretenda arrebatarle su presente y condicionar su futuro.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes modificaciones a la Ley General de Salud:

Por lo anterior expuesto y fundado ponemos a consideración de este pleno, para su estudio, discusión y aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Articulo Único: Se reforma la fracción VII del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. a VI. ...

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación, incluida la convivencia o cohabitación forzada, aun cuando se presente bajo usos, costumbres, acuerdos familiares, comunitarios o cualquier otra práctica análoga;

VIII. a la XI....

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán armonizar su legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como aquella relacionada con patria potestad, tutela y guarda y custodia, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo no mayor a doce meses contados a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://mexico.unfpa.org/es/publications/acercamiento-los-matrimonios-y-uniones -infantiles-tempranas-yo-forzadas-muitf-en?utm_source=chatgpt.com

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf

5 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/134/45/pdf/g1913445. pdf?utm_source=chatgpt.com

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.— Diputadas y diputados: Ana Karina Rojo Pimentel, Haidyd Arreola López, José Alejandro Aguilar López, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.



LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel:

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numerales 1 y 2; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La impartición de justicia con perspectiva de género es una herramienta que debe ser obligatoria para juzgadores e impartidores de justicia, cuyo objeto esencial es eliminar estereotipos, prejuicios y barreras estructurales que generan desigualdad y discriminación contra las mujeres.

De esta manera se permite combatir de manera efectiva la violencia en contra de las mujeres y contribuye a fortalecer la igualdad, por lo que se debe aplicar la ley considerando el contexto de opresión en el que fueron violentados sus derechos para garantizar el acceso real a la justicia y evitar la revictimización.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias se define la violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” .

Así, la violencia contra la mujer ocurre de manera exponencial bajo determinadas formas que la diferencian de la violencia en general. Esto se debe al tipo de violencia que experimentan mayoritariamente las mujeres, a la región donde sucede y la manera en que es abordada por el sistema de justicia.

La violencia contra la mujer causa un número considerable y, de cierta manera, incontable de víctimas, debido a la falta de información sobre cómo denunciar un delito, carecen de instrumentos para exigir sus derechos, añadiendo además la pérdida de confiabilidad en la policía.

Esto provoca perjuicios a las víctimas y familiares, afecta distintos sectores del país y contribuye a generar y perpetuar formas de violencia en la sociedad sin distinguir entre ámbitos sociales, generando a su vez, una pérdida de confianza al sistema público.

A su vez, la violencia contra las mujeres es un obstáculo que impide el libre desarrollo de sus derechos y restringe su libertad. Los incesantes ataques a los que se enfrentan las mujeres en el territorio son una prueba de que nuestro estado de derecho no ha logrado adaptar políticas públicas eficientes que ayuden a disminuir las cifras actuales de violencia.

De acuerdo con el pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, la perspectiva de género es una categoría de análisis que permite:

-Visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo;

-Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación;

-Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias;

-Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas según dichas asignaciones, relaciones de poder y diferencias; y

-Establece una estrategia adecuada para evitar el impacto de la discriminación en casos específicos.

Asimismo, en el pacto descrito se define que el juzgar con perspectiva de género implica cuestionar la neutralidad de las normas, a pesar de estar escritas en un lenguaje “imparcial”; invita a examinar la concepción del sujeto que está detrás de ellas y las visiones estereotípicas que declaran o sostienen, así como deducir el impacto diferenciado de las normas para determinados sujetos y contextos.

Por otra parte, demuestra que el enfoque jurídico formal no resulta suficiente para lograr la igualdad.

Es de considerarse, que impartir justicia con perspectiva de género constituye un compromiso ético y social para los órganos encargados de la procuración de justicia, lo cual implica la incorporación de dicha perspectiva como categoría de análisis en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, sin menoscabo de la independencia e imparcialidad judicial.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares Endireh (2021), entre los principales motivos por los que las mujeres no solicitaron apoyo o no denunciaron las agresiones físicas y/o sexuales de su actual o última pareja o esposo o novio se encuentran:

-En el ámbito familiar, de 2 millones de personas estimadas, el 31.4 por ciento considera que se trató de algo sin importancia que no le afectó, 9.3 por ciento no sabía a dónde acudir para denunciar. 22.8 no denunció por miedo a las consecuencias o amenazas, 13.3 consideró que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa, por vergüenza 14.9 por ciento.

-En el ámbito de la pareja, de 7 millones de personas estimadas, 27.7 por ciento consideraba que se trataba de algo sin importancia y un 22.2 por ciento por miedo a las consecuencias o amenazas.

En la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad, violencia y exclusión de las mujeres, lo que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Por ello, cuando se habla de perspectiva de género, se debe tomar en cuenta que se hace referencia a un instrumento ideal que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su especificación biológica, sino también por las diferencias culturales y sociales asignadas a los seres humanos, ampliando las delimitaciones ideológicas que deberían converger en los aspectos de la esfera biopsicosocial y adaptar esta nueva perspectiva para la correcta percepción de justicia en todo sector de la vida pública.

De esta manera, analizar alguna situación con perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que ésta no está naturalmente predeterminada.

Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como:

-Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas de lo público y privado).

-Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas.

-Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.

-El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.

La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla, actualmente se ha enfatizado más la problemática en la falta de empatía y profesionalización de los agentes para cerrar la brecha en lo que a procuración de justicia refiere.

Así, mediante diversos instrumentos internacionales y normas nacionales se ha reiterado la necesidad de fomentar la producción y la difusión de información con perspectiva de género, que permita conocer las causas, las manifestaciones y las consecuencias de los aspectos y las circunstancias que impiden a mujeres y hombres el acceso y el ejercicio de sus derechos humanos.

De conformidad con el acuerdo de creación de la Unidad de Igualdad de Género (UIG) de la Procuraduría General de la República (actualmente FGR), tiene, entre otras, la facultad de “diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la igualdad y la perspectiva de género en la Procuraduría”.

Por su parte, el derecho penal visualiza y, a su vez, construye una idea de la mujer, para lo que se analizan algunos tipos penales, en los que el género, la sexualidad y el sexo fungen como ejes de definición de lo que se espera de las mujeres.

El derecho es un fenómeno social en constante cambio en términos históricos, por lo que no está dado de por sí, en forma natural o como esencia humana original, sino como producto de la sociedad. El derecho es un discurso cuyo contenido ha sido enunciado y precisado por personas autorizadas para ello dentro del sistema político, el cual es resultado de una lucha por el poder.

No obstante, el derecho no sólo es un discurso, producto del conjunto o los grupos que detentan el poder del Estado, sino también de aquellos que intervienen de alguna forma, de los grupos de resistencia; por ejemplo, el derecho laboral, el agrario, el de libre difusión de las ideas, etcétera.

El concepto de ideología de género permite ver un proceso histórico derivado de relaciones reales de poder entre hombres y mujeres, que se expresa en leyes justas. Éste no pretende demostrar la existencia del patriarcado, sino estudiar las relaciones de poder concretas entre hombres y mujeres, lo cual permite analizar la legislación penal como huella del curso que ha tomado esa relación de poder.

Los cambios legislativos y jurisprudenciales han tenido impactos en la conducta de las autoridades, pero en los últimos años se ha visto cuán insuficientes resultan porque no han contrarrestado la incidencia delictiva contra las mujeres.

En México, los abusos, acosos, hostigamientos sexuales y violaciones, así como los feminicidios van en aumento. El feminismo que apela al endurecimiento de las penas ha tenido un fuerte protagonismo, pero el sistema no reacciona positivamente porque la naturaleza de este no se encuentra en proceso de modificación.

Ha habido reformas trascendentales que han emanado de diversas interpretaciones del derecho internacional sobre derechos humanos, así en la Ciudad de México, en 2007, con la despenalización del aborto antes de las doce semanas de gestación y su consecuencia en el campo de la salud con la atención médica para cualquier mujer, se ha logrado eliminar gradualmente esta forma de discriminación, el progreso es lento pero ya son nueve entidades federativas de nuestro país que garantizan el acceso al aborto seguro y legal bajo las circunstancias determinadas.

En este plano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha hecho una aportación a la reivindicación de los derechos de las mujeres, a través de los criterios establecidos con motivo de sendas acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma de esa ley penal.

En nuestros días es indiscutible la obligación del Estado mexicano de actuar con respeto a los derechos fundamentales, lo que implica la aplicación de la perspectiva de género en los casos en que así sea necesario. Una de las mayores dificultades de esta práctica en el ámbito de la procuración y administración de justicia es lograr la sensibilización de quienes, desde lo jurídico y lo técnico científico, intervienen en los casos en que la perspectiva de género es aplicable, es decir, cuando las víctimas o las personas inculpadas, se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad por razones de género.

En lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, los últimos 50 años se han caracterizado, entre otros aspectos, por las importantes acciones que activistas, académicas y organizaciones civiles han realizado para evidenciar y desnaturalizar las violencias de género contra las mujeres, que tienen lugar en los ámbitos público y privado, así como para estructurar una respuesta del Estado mexicano adecuada a la complejidad y las dimensiones de este fenómeno.

Al firmar y ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (Cedaw, por su sigla en inglés), el Estado mexicano se obligó a eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres debido a su sexo o género, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales.

La Cedaw señala que la discriminación contra las mujeres, tanto en la ley como en los diversos actos en que ésta se aplique, debe ser examinada no sólo desde su objeto o propósito, sino también de acuerdo con el resultado de su aplicación. Así, una ley será “discriminatoria por resultado” cuando su aplicación u operación provoque un impacto diferenciado en hombres y mujeres, debido al arreglo social en torno al género, que se traduzca en una diferencia injusta, arbitraria o desproporcionada.

La procuración de justicia es una tarea de alta responsabilidad porque involucra derechos humanos de especial relevancia como la libertad, y considerables aspectos de la seguridad jurídica de las personas; ante tal situación, la procuración de justicia debe atender sobremanera el factor humano, ya que la mayoría de las veces es el filtro determinante en la búsqueda de la justicia, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su onceavo párrafo, indica que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral.

Y que en fechas recientes se dieron cambios en la legislación federal para fortalecer los derechos de la mujer, haciéndose necesario que los servidores públicos de la Fiscalía General de la República se capaciten en los temas necesarios para comprender el fenómeno de la criminalidad en materia penal con perspectiva de género.

En este sentido, la capacitación y certificación de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de la República, en temas de igualdad y equidad de género se constituye en una acción afirmativa mediante la celebración de acuerdos que permitan la coordinación administrativa entre ambas dependencias con tal propósito, para ello la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 42 Bis, fracción IV, establece como función de la Secretaría de las Mujeres: “Promover, diseñar e implementar programas y estrategias de formación, capacitación, sensibilización y certificación a las personas servidoras públicas y al público en general, en materia de igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia para las mujeres e igualdad sustantiva, derecho al cuidado, así como fomentar la participación ciudadana y fortalecer el conocimiento del ejercicio integral de sus derechos”.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 9o., fracción segunda, señala que se deben establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional.

Es decir, contrastar la forma en la que operan las dependencias en la aplicación de políticas públicas, como plantear estrategias que observen las acciones de incidencia en los diferentes procedimientos, así como verificar el plano organizacional en el sentido del quehacer de las y los funcionarios.

Por otra parte, la Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 4o., advierte que los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género, se regirán por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

En consecuencia, es indispensable que el personal que labora en las diferentes fiscalías y procuradurías de los estados, en este caso el de la Fiscalía General de la República, cuenten con la especialidad y profesionalismo establecidos en la propia ley de esta entidad a fin de que prevalezca los derechos humanos, es por ello que se requiere establecer la debida capacitación y certificación con perspectiva de género para cada uno de los servidores que integran esta dependencia, habida cuenta que son la instancia en la que se generan las investigaciones pertinentes para combatir todos los delitos, entre ellos los de género.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene el objetivo de profesionalizar en materia de perspectiva de género a través de la mejora continua, a los fiscales, ministerios públicos de la federación y en general a los servidores públicos que están integrados a la Fiscalía General de la República, para así lograr un impacto a corto, medio y largo plazo, con el debido sustento a favor de las mujeres respecto a las circunstancias socioculturales actuales, especializando a la máxima institución de procuración de justicia en nuestro país para lograr resultados apropiados en materia de delitos de género.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género

Primero. Se reforma el artículo 56, fracción II, inciso g), y se adiciona el artículo 50, fracción II, segundo párrafo, con un inciso f), de la Ley de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 50. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y su personal se ramificarán de la forma siguiente:

I. ...

II. ...

...

a) a e) ...

f) Contar con la certificación requerida en perspectiva de género enfocado en la procuración de justicia.

III. ...

...

Artículo 56. Para ingresar o permanecer como personal del servicio profesional de carrera en cualquiera de sus ramas, se requerirá cumplir con los requisitos siguientes:

I. ...

II. Para permanecer

a) a e) ...

f);

g) Concluir, satisfactoria y periódicamente, cursos de perspectiva de género enfocados en la procuración de justicia y, los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Segundo. Se adicionan un tercer párrafo al artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo de 2021.

Primero. a Sexto. ...

Séptimo. ...

...

Con el propósito de sensibilizar, capacitar y certificar en materia de perspectiva de género a las personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General de la República, esta instancia celebrará los convenios correspondientes con la Secretaria de las Mujeres para tal efecto.

Octavo. a Décimo Sexto. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 www.pjetam.gob.mx/doc/igualdad/PACTO%20PARA %20INTRODUCIR%20LA%20PERSPECTIVA%20DE%20G%C3%89NERO%20EN%20LOS%20%C3%93RGANOS%2 0DE%20IMPARTICI%C3%93N%20DE%20JUSTICIA.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/ endireh2 021_presentacion_ejecutiva.pdf

3 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf

4 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y- por-que-es-necesario-implementarla

5 www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ cedaw_ SP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril del 2026.— Diputadas y diputados: Ana Karina Rojo Pimentel, Haidyd Arreola López, José Alejandro Aguilar López, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones de la señora Karin Anna Maandi, directora general del Departamento de Relaciones con la OTAN y Trasatlánticas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Estonia, quien asistió a una reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-República de Estonia, que preside la diputada Deliamaría González Flandez, del Partido Verde Ecologista de México. Muchísimas gracias por su presencia en esta Cámara de Diputados. Felicidades, diputada.

La Cámara de Diputados del Congreso mexicano hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre ambas naciones. Muchas gracias por su asistencia, señora Karin Anna Maandi. Muchas gracias.

Quiero agradecer la presencia de los alumnos de la escuela Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 34 del estado de Guanajuato, gracias por estar aquí en esta Cámara de Diputados, invitados por el diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI. Muchísimas gracias por esta visita a la Cámara de Diputados. –Gracias a ti, querido diputado–.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de reconocimiento de actividades de investigación social y evaluación de políticas públicas para los efectos de donatarias autorizadas. Adelante, diputada.

La diputada Graciela Ortiz González:Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Honorable asamblea, compañeras y compañeros legisladores, la democracia no se consuma en el acto electoral ni se concluye tampoco al cierre de las urnas, por el contrario, la democracia apenas comienza ahí su exigencia más alta.

La democracia se edifica cada día en la vigilancia rigurosa de lo público, en la transparencia que no admite opacidad y en una sociedad organizada que, con evidencia en la mano, nos interpela sin concesión alguna al poder. Es esa voz informada la que nos recuerda dónde acertamos y, sobre todo, dónde estamos en deuda con México.

Hoy enfrentamos una embestida que no hace ruido y, sin embargo, deja estragos. Amparados bajo el ropaje de la supuesta falta de requisitos administrativos, la autoridad tributaria ha desplegado una purga contra más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, despojándolas de un derecho adquirido y revocándoles su calidad de donatarias autorizadas.

No estamos ante un simple error burocrático, es la aplicación selectiva y restrictiva de la norma, ejercida con discrecionalidad, que termina por afectar financieramente a quienes con rigor técnico cumplen con una función indispensable de equilibrio al poder.

El argumento del Sistema de Administración Tributaria es tan técnico como perverso, se exige acreditar que sus investigaciones son científicas, bajo los parámetros de una nueva ley de humanidades y ciencias que no ofrece claridad ni procesos para el ámbito de la investigación social, ni mucho menos establece los indicadores de medición debidos.

Organizaciones con trayectorias impecables, como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, o Mexicanos Primero, quienes, por cierto, por años han auditado el gasto público, evaluado las políticas públicas y vigilado el desempeño gubernamental, hoy son tratadas por la autoridad fiscal como si fueran empresas con fines de lucro, pues aquellas organizaciones que no recuperen dicha autorización en un plazo de 12 meses están obligadas a transferir la totalidad de su patrimonio a otra asociación autorizada para recibir donativos deducibles.

Esta situación es aún más grave si recordamos que el 17 de julio de 2025 se consumó la transferencia de funciones del Coneval al Inegi. En este vacío de evaluación independiente que ha dejado el Estado, las ONG son el último bastión de evidencia objetiva.

Al atacarlas fiscalmente, lo que el gobierno busca no es recaudar más, sino que nadie evalúe sus resultados. Resulta alarmante esta selectividad de la autoridad, mientras organizaciones críticas enfrentan muros burocráticos insalvables, vemos casos como el de la organización Humanidad con América Latina de López Obrador, la cual obtuvo su registro de manera exprés en un proceso atípico que duró apenas unos días.

La ley no puede ser un instrumento de privilegio ni decepción, debe erigirse como la garantía irrenunciable de un piso verdaderamente parejo para todas y todos, donde la igualdad ante la norma no sea una promesa retórica, sino una realidad tangible que se cumpla sin distinciones ni discrecionalidades.

Por lo anterior, someto a su consideración esta iniciativa que reforma la fracción XI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con tres objetivos fundamentales: incorporar explícitamente la evaluación de políticas públicas y la investigación social aplicada como actividades científicas que dan derecho a ser donataria autorizada; definir que la investigación no es solo tecnológica o de laboratorio, sino también el análisis sistémico de la realidad social y el combate a la corrupción a la que este gobierno tanto temor le genera; y vincular la acreditación técnica que requiera la autoridad fiscal al nuevo Sistema Nacional de Información, obligando a las autoridades a establecer mecanismos claros, objetivos y no discrecionales para el registro.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos ciertos que garantizar la supervivencia de la sociedad civil organizada no es una concesión gratuita, es una obligación del Estado mexicano. Una democracia que le teme a la evaluación es una democracia que se debilita.

Impidamos que la administración fiscal sofoque la pluralidad de voces y el capital intelectual que la sociedad civil aporta al fortalecimiento de nuestra democracia. Los invito, compañeras y compañeros, a acompañar esta propuesta en favor de la transparencia, de la evidencia y, sobre todo, de un México donde participar y vigilar al gobierno no sea más como lo hace Morena y la 4T, motivo de persecución. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de reconocimiento de actividades de investigación social y evaluación de políticas públicas para efectos de donatarias autorizadas, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Graciela Ortiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fechas recientes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo pública la cancelación de autorizaciones como donatarias a más de cien organizaciones de la sociedad civil, bajo el argumento de “No reúne requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”. Si bien dichas determinaciones, según la autoridad fiscal, tienen como fundamento el incumplimiento de requisitos administrativos, en los hechos reflejan una interpretación restrictiva de la ley que termina por excluir a organizaciones que desarrollan actividades sustantivas de evaluación, análisis y generación de evidencia sobre políticas públicas. Este tipo de decisiones no sólo impacta el acceso a recursos, sino que incide directamente en el espacio de actuación de la sociedad civil, particularmente de aquellas organizaciones que contribuyen a la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora de la acción gubernamental.

Llama la atención que una parte importante de las organizaciones afectadas sean precisamente aquellas que se dedican a evaluar políticas públicas, generar evidencia y analizar el desempeño gubernamental. Es decir, organizaciones cuya labor consiste en identificar fallas, proponer mejoras y contribuir al escrutinio público.

Al respecto, el SAT señaló que para obtener la autorización como donataria se requiere la escritura constitutiva en la que el objeto social corresponda a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como un documento emitido por alguna institución del gobierno que avale que realizan las actividades autorizadas por dicha ley.

Añadiendo que a todas se les dio derecho de audiencia conforme al procedimiento señalado en el artículo 82-Quáter de la LISR. Por lo tanto, la revocación atendió a que dichas organizaciones no cumplieron o subsanaron lo dispuesto por la ley en el plazo legal otorgado.

Es importante destacar que incluso la tarjeta informativa 7 del SAT señaló que algunas de las organizaciones citadas en notas periodísticas, fueron revocadas por no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro.

Y que dicha acreditación es un requisito que señalan las disposiciones fiscales, sin embargo, el tipo de documento atiende a la ley de la materia, en este caso, la nueva ley de Ciencia. Reiterándose con ello, que la pérdida de su calidad de donatarias se debe a la irrestricta interpretación de una nueva norma que termina por excluir a quienes por años han contribuido desde la sociedad organizada como contrapeso del poder.

Cuando decisiones administrativas terminan afectando de manera particular a este tipo de actores, el impacto trasciende lo fiscal y se proyecta sobre la calidad del estado democrático, el debate público y los mecanismos de rendición de cuentas.

La pérdida de la autorización como donataria representa uno de los riesgos más graves para las organizaciones de la sociedad civil. De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, aquellas organizaciones que no recuperen dicha autorización en un plazo de doce meses están obligadas a transferir la totalidad de su patrimonio a otra asociación autorizada para recibir donativos deducibles. En este sentido, la cancelación no sólo implica una restricción administrativa, sino una medida con efectos estructurales que compromete la continuidad misma de las organizaciones.

Asimismo, la revocación constituye una barrera significativa para su operación, al impedirles expedir recibos deducibles de impuestos, lo que impacta directamente en su capacidad de acceder a financiamiento privado. Esta situación no sólo afecta a las organizaciones, sino también a quienes participan en su sostenimiento, como empresarios, fundaciones y pequeños donantes, cuyos marcos estatutarios o incentivos fiscales limitan sus aportaciones a entidades con el carácter de donatarias autorizadas; sin dejar de lado que en lugar de considerarse como personas morales con fines no lucrativos, se convierten ahora para efectos de esta ley en personas morales que desarrollan actividades lucrativas, por lo que deberán acumular sus ingresos y presentar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual en materia de impuesto sobre la renta. Como si éstas pasaran de un día a otro a ser empresas con utilidades aun cuando deben seguir respetando que sus ingresos no sean lucrativos para mantenerse en la batalla por la afamada autorización.

En consecuencia, se genera un efecto inhibidor que debilita el financiamiento de actividades de interés público y, con ello, la contribución de la sociedad civil al desarrollo del país, que va mucho más allá de sólo esperar a que una vez que cumplan con tal o cual nuevo requisito pueda solicitar una vez más la autorización, como lo señaló el SAT en su tarjeta informativa.

Es por ello que, con el objeto de dotar de certeza jurídica el trámite previsto para la solicitud de donatarias autorizadas, la presente iniciativa tiene como objeto reformar el artículo 79, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de incorporar expresamente como donatarias autorizadas a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la evaluación de políticas públicas, así como reconocer la investigación social aplicada como una actividad de interés público, quitando de la norma la ambigüedad sobre el carácter de las investigaciones que realizan.

Asimismo, se propone vincular su acreditación al Sistema Nacional de Información en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con el propósito de establecer un mecanismo objetivo, actualizado y acorde al marco jurídico vigente.

Con esta reforma se busca fortalecer la certeza jurídica en el régimen de donatarias autorizadas, ampliar el reconocimiento de actividades que generan evidencia para la toma de decisiones públicas y garantizar condiciones más equitativas para la participación de la sociedad civil en la vida democrática del país.

La relevancia de las organizaciones de la sociedad civil trasciende el ámbito administrativo, al constituir un elemento esencial para el ejercicio efectivo de derechos y el fortalecimiento de la vida pública. El listado dado a conocer por el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación incluye a organizaciones ampliamente reconocidas por su contribución al análisis, evaluación y mejora de las políticas públicas en México.

- México Evalúa: se enfoca en el monitoreo de la operación gubernamental respecto a la calidad en los resultados de las políticas públicas, siendo de vital importancia para analizar el funcionamiento del gobierno, de manera independiente y sólida. Con 15 años de trabajo, se ha consolidado como una referencia confiable en temas de justicia penal, gasto público, anticorrupción, transparencia y educación. Dado que sus investigaciones son utilizadas por varios operadores, funcionan como una guía para que las autoridades públicas construyan acciones públicas concretas.

- El Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO): es una institución independiente dedicada a elaborar propuestas viables para mejorar la capacidad de las diferentes problemáticas que aquejan al país. Su trabajo es generar análisis y propuestas de políticas públicas que promuevan el desarrollo deliberado, cuyas acciones están encaminadas a la mejora de la economía y competitividad y, por tanto, en la mejora sustancial en el bienestar de los mexicanos.

- Mexicanos Primero: promueve el derecho a la educación en México para niñas, niños y adolescentes, fomentando la inclusión y el aprendizaje en el entorno escolar. El objetivo primordial de esta asociación civil es incidir en la mejora de las políticas educativas mediante el monitoreo de su desempeño y de su implementación.

Estas organizaciones se han construido a lo largo de los años como entidades sin fines de lucro, independientes del gobierno y comprometidas con la atención de problemas públicos desde el territorio. Su trabajo no sólo ha acompañado a grupos en situación de vulnerabilidad, sino que ha contribuido a generar cambios tangibles mediante el análisis, la evidencia y la incidencia en políticas públicas.

En ese sentido, resulta relevante señalar que muchas de las organizaciones a las que se les revocó la autorización como donatarias han desarrollado investigaciones y evaluaciones por un largo periodo y que, por su propia naturaleza, resultan incómodas para cualquier administración pública. Entre ellas, destacan análisis sobre el uso y eficiencia del gasto público, estudios sobre deficiencias en el sistema de justicia penal, evaluaciones de programas sociales, diagnósticos sobre corrupción y opacidad en el ejercicio de recursos, así como mediciones sobre el desempeño de políticas educativas y de seguridad.

Este tipo de trabajos no sólo visibilizan áreas de mejora, sino que también generan insumos fundamentales para la toma de decisiones informadas. Por ello, afectar a estas organizaciones implica debilitar espacios de análisis independiente, que permiten identificar fallas, proponer soluciones y fortalecer la rendición de cuentas. En consecuencia, el impacto de estas decisiones trasciende a las propias organizaciones y alcanza directamente la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento democrático del país.

Este debilitamiento de la sociedad civil no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de recentralización de funciones públicas observado en los últimos años, lo cual compromete los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil han cumplido un papel complementario al de los organismos autónomos, al generar información independiente, evaluar políticas públicas y contribuir al escrutinio de la acción gubernamental.

Tal es el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), órgano creado con el objeto de evaluar la política de desarrollo social y medir la pobreza en el país. No obstante, su diseño institucional fue modificado a partir del 17 de julio de 2025, cuando sus funciones en materia de medición de pobreza y evaluación integral fueron transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si bien este último cuenta con amplias capacidades técnicas en materia de generación de información estadística, sus funciones se orientan principalmente a la integración de registros administrativos, la realización de censos y encuestas, lo cual difiere sustancialmente de la evaluación integral de la política social.

Bajo el argumento de la austeridad, esta transferencia de funciones ha generado preocupaciones sobre el debilitamiento de las capacidades institucionales para evaluar de manera independiente las políticas sociales, lo que implica un riesgo para la disponibilidad de información objetiva y para el cumplimiento del mandato de garantizar derechos sociales en un efectivo estado democrático. En este contexto, la afectación simultánea a organismos autónomos y a organizaciones de la sociedad civil configura un escenario que limita los contrapesos y reduce los espacios de evaluación independiente de la acción pública.

Este retroceso compromete el sustento técnico necesario para la evaluación de la política social, la cual requiere análisis rigurosos que permitan evitar resultados ambiguos y garantizar decisiones informadas. El Coneval se consolidó, desde su creación, como un referente técnico a nivel nacional e internacional; por ello, su desaparición abre espacios de incertidumbre que pueden traducirse en evaluaciones menos robustas y, en consecuencia, en decisiones públicas con menor sustento técnico.

Este vacío que deja el Coneval ha sido acertadamente ocupado por este tipo de organizaciones que hoy en día se advierten como incomodas al Estado, quienes han sido desprestigiadas e incluso perseguidas en los últimos años, por el único motivo de criticar las políticas públicas del gobierno con base en evidencia, por movilizar a sectores de la población e incluso por dar a conocer información que discrepa de la oficial y que al gobierno le incomoda que se conozca.

Esta situación no debe analizarse de manera aislada, sino en el contexto de un proceso más amplio de debilitamiento de capacidades institucionales vinculadas a la evaluación, la transparencia y la garantía de derechos. La reducción de recursos, la reconfiguración de funciones y la desaparición o transformación de organismos encargados de estas tareas generan un entorno en el que los mecanismos de control y mejora de la acción pública se ven comprometidos.

En este escenario, la sociedad civil organizada adquiere una relevancia aún mayor, al constituirse como un espacio independiente de generación de evidencia, análisis y evaluación de las políticas públicas. Cuando los equilibrios institucionales se debilitan, la participación de la ciudadanía y de sus organizaciones se vuelve un elemento indispensable para preservar la rendición de cuentas y fortalecer la calidad de la democracia. En ese sentido, proteger su operación y garantizar condiciones adecuadas para su funcionamiento no sólo es deseable, sino necesario para el adecuado funcionamiento del sistema democrático.

La sociedad civil organizada, por tanto, constituye ese mecanismo de contrapeso que actúa como alternativa contundente ante el debilitamiento de la institucionalidad del Estado.

Esto no solamente se enmarca en la garantía misma de los derechos humanos, sino que al actuar como una alternativa y en los esfuerzos realizados para ser visibilizadas, también se involucran en las diferentes fases de la política pública, desde su diseño hasta su implementación y su respectiva evaluación. Es en el rubro de la evaluación en el que su relevancia se eleva pues establecen mecanismos científicos e imparciales para la medición de la eficiencia y eficacia de la acción gubernamental, ya que las conclusiones a las que llegan las propias autoridades pueden contener un sesgo partidista e ideológico que no permite dar cuenta del real y objetivo funcionamiento del gobierno.

En este contexto, resulta indispensable analizar no sólo el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, sino también las condiciones bajo las cuales se les permite operar dentro del régimen de donatarias autorizadas. La existencia de reglas claras, procesos transparentes y criterios uniformes es fundamental para garantizar que este mecanismo funcione como un verdadero instrumento de apoyo al interés público y no como un espacio de trato diferenciado, que se ha venido manejando año con año con parámetros y requisitos cambiantes a criterio discrecional de la autoridad mediante la emisión de su Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).

Por ejemplo, mientras que, en ejercicios anteriores, la RMF para el ejercicio fiscal 2025, permitía que la acreditación de actividades pudiera realizarse a través de diversas instancias, incluyendo autoridades locales (lo que brindaba mayor flexibilidad y operatividad a las organizaciones), en la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2026 se incorporó un criterio más restrictivo sin justificación alguna y complicando aún más un trámite vital para las personas morales con fines no lucrativos.

Un caso reciente ilustra con claridad las inconsistencias en los procesos de autorización como donataria. En semanas recientes se dio a conocer la organización denominada Humanidad con América Latina, promovida públicamente por figuras relevantes del ámbito político. De acuerdo con información difundida en medios de comunicación, obtuvo su autorización como donataria en un periodo significativamente reducido, lo que ha generado cuestionamientos sobre la regularidad y consistencia de los procedimientos aplicados por la autoridad fiscal.

En efecto, según datos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2026, la organización en comento fue incorporada al listado de donatarias autorizadas en la misma fecha en que se emitió su oficio de autorización. Este hecho resulta atípico y prácticamente sin precedentes, si se le compara con otros casos, en los que los procesos de registro y autorización suelen implicar plazos más amplios y el cumplimiento de requisitos cambiante se sujeta al arbitrio de la autoridad.

Diversos análisis periodísticos han señalado que, en condiciones ordinarias, la constitución de una asociación civil y la obtención de su autorización como donataria implican procesos que pueden extenderse durante varios meses, dada la necesidad de cumplir con requisitos legales, fiscales y administrativos ante distintas autoridades. En este contexto, la celeridad observada en el caso referido contrasta con la experiencia de múltiples organizaciones que enfrentan procesos más prolongados y complejos.

Este tipo de situaciones no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un entorno en el que, por un lado, se han documentado cancelaciones de autorizaciones a organizaciones de la sociedad civil tachadas de incomodas por el poder y, por otro, se observan procesos expeditos en la incorporación de nuevas entidades al régimen de donatarias. Esta disparidad genera incertidumbre jurídica y debilita la confianza en los mecanismos institucionales encargados de regular el acceso a dicha figura.

La falta de criterios claros, uniformes y transparentes en los procesos de autorización y cancelación no sólo impacta a las organizaciones directamente involucradas, sino que también erosiona la credibilidad del régimen de donatarias autorizadas, el cual debería operar bajo principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. En consecuencia, lo que debe ser un instrumento confiable para canalizar la solidaridad social corre el riesgo de percibirse como un mecanismo sujeto a tratos diferenciados.

En este contexto, resulta indispensable fortalecer la certeza jurídica y la transparencia en los procedimientos mediante los cuales se otorgan o revocan las autorizaciones como donatarias, garantizando que todas las organizaciones sean evaluadas bajo reglas claras, objetivas y consistentes. Sólo de esta manera será posible preservar la confianza pública y asegurar que este régimen cumpla efectivamente con la finalidad de apoyar actividades de interés público.

En el Estado mexicano se debe respetar el derecho de todas las personas a manifestar libremente sus ideas, pues esto siempre habrá de constituir una parte fundamental de la esencia democrática del país. La pluralidad de las voces debe ser visibilizada hoy más que nunca, en un entorno de tendencias autoritarias, opacas y con altos sesgos ideológicos. Asimismo, es necesario que se garantice a plenitud la libertad de que todos y todas puedan difundir información, sobre todo de aquella que es de interés general en tanto que se trata del ejercicio de funciones que contrastan con las políticas públicas del Estado.

Actualmente, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece en su artículo 79, fracción XI, que:

“XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley, dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas”.

Como se puede observar, dicho artículo establece que podrán ser consideradas como donatarias autorizadas aquellas sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

No obstante, esta disposición ha sido objeto de interpretaciones restrictivas por parte de la autoridad fiscal, al presumiblemente asumir que las actividades de investigación desarrolladas en el ámbito social –particularmente aquellas relacionadas con el análisis, evaluación y generación de evidencia sobre políticas públicas– no encuadran dentro del concepto de investigación científica. Esta interpretación desconoce la evolución del propio concepto de ciencia, así como la relevancia de la investigación social aplicada en la comprensión de fenómenos públicos y en la mejora de la acción gubernamental.

Además de que el referido Registro Nacional, y las constancias emitidas por éste han desaparecido y cesado sus efectos con la promulgación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación publicada en 2023, en términos del artículo décimo tercero transitorio.

En este sentido, resulta necesario establecer con claridad en el marco normativo que la investigación no se limita al ámbito tecnológico o experimental, sino que también comprende el análisis sistemático de la realidad social y la evaluación de políticas públicas. Por ello, la presente iniciativa propone incorporar de manera explícita como supuesto válido aquellas actividades de evaluación de políticas públicas en materias como gobierno, desarrollo social y económico, transparencia, rendición de cuentas, educación, combate a la corrupción y demás ámbitos de interés público, orientadas a la generación de evidencia para la mejora de la toma de decisiones públicas.

En ese mismo orden de ideas, se propone actualizar la referencia al Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, que fue sustituido por el Sistema Nacional de Información.

Aunado a lo anterior, la problemática no se limita al contenido de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues la normativa vigente contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal 3.10.1.6 establece que la acreditación deberá ser expedida por la autoridad que, conforme a sus atribuciones y competencia, “tenga encomendada la aplicación de las disposiciones legales que regulan la materia de que se trate”. Sin embargo, esta redacción introduce un nivel significativo de ambigüedad, al no precisar con claridad cuál es la autoridad competente ni los mecanismos mediante los cuales debe obtenerse dicha acreditación.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo décimo transitorio de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnológicas e Innovación estableció que las constancias de inscripción definitiva y cualquier otra que haya emitido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, únicamente se les reconocería su vigencia hasta por un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley y que al término del plazo señalado en el párrafo anterior, sólo se reconocerá el registro que para el efecto se realice en el Sistema Nacional de Información.

Más aún, de la revisión de los Lineamientos Generales de integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2024, se advierte que la referida norma no prevé un trámite o proceso para que la referida inscripción al Sistema Nacional de Información acredite que las investigaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil candidatas a obtener o renovar su autorización como donatarias autorizadas, son de carácter científico.

Se limita a establecer en su artículo 22 que “El registro en el Sistema Nacional de Información es un prerrequisito para que, en su caso, se otorguen los apoyos o beneficios referidos” estableciéndose también que este registro es auto declarativo, de carácter administrativo, público y gratuito.

Esta indefinición normativa se agrava en el contexto de la transición institucional derivada de la reforma en materia de humanidades, ciencias y tecnologías, en la que el modelo anterior, encabezado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha sido sustituido por una nueva estructura administrativa que aún no cuenta con reglas plenamente consolidadas para estos efectos.

En consecuencia, las organizaciones enfrentan un escenario de incertidumbre jurídica en el que no resulta claro ante qué instancia deben acudir ni bajo qué procedimiento pueden cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad fiscal.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional creemos que lo que hoy se encuentra en discusión trasciende el ámbito fiscal y se ubica en el corazón mismo de la vida democrática del país. La forma en que el Estado reconoce regula o limita la actuación de las organizaciones de la sociedad civil define, en gran medida, la calidad del debate público, la disponibilidad de información independiente y la capacidad de la ciudadanía para participar activamente en la evaluación de la acción gubernamental. Cuando se restringe su operación o se generan barreras que dificultan su funcionamiento, no sólo se afecta a un sector específico, sino que se limita el acceso de la sociedad a información crítica, a diagnósticos objetivos y a propuestas que permiten mejorar las decisiones públicas.

Esta reforma parte de una convicción clara: una democracia sólida no puede construirse sin la participación de actores independientes que generen evidencia, cuestionen, propongan y contribuyan a la rendición de cuentas. Garantizar condiciones equitativas y reglas claras para las organizaciones de la sociedad civil no es una concesión, es una obligación del Estado frente a la ciudadanía. Fortalecer su actuación es fortalecer los contrapesos, la transparencia y la calidad de las políticas públicas. En ese sentido, esta iniciativa busca corregir un vacío que hoy genera exclusión y reafirmar que, en México, la participación de la sociedad civil debe ser protegida, promovida y reconocida como un pilar indispensable de la vida democrática.

Para ejemplificar la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Único. Se reforma el artículo 79, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I. a X. ...

XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley, inscritas en el Sistema Nacional de Información dedicadas a:

a) Investigación científica o tecnológica.

b) Evaluación de políticas públicas en materia de gobierno, desarrollo social y desarrollo económico, transparencia y rendición de cuentas, educación y combate a la corrupción y demás ámbitos de interés público, orientadas a la generación de evidencia para la mejora de la toma de decisiones públicas.

XII. a XXVI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Ciencia y Humanidades, Tecnología e Innovación, deberá actualizar en un plazo no mayor a treinta días naturales los lineamientos generales de integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a fin de incorporar los mecanismos que permitan a las sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro previstas en el artículo 79, fracción IX, incisos a) y b) la debida acreditación para realizar las actividades por las cuales solicitan la autorización para recibir donativos deducibles.

Tercero. El Sistema de Administración Tributaria deberá actualizar, en un plazo no mayor a treinta días naturales, las disposiciones generales de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 aplicables a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta en términos de la modificación al artículo 79, fracción IX.

Notas

1 https://www.sat.gob.mx/minisitio/DonatariasAutorizadas/documentos/padron_donata rias/Revocaciones2026.pdf

2 https://www.gob.mx/sat/prensa/tarjeta-informativa-7

3 México Evalúa. Investigaciones con impacto. [consulta el 24 de marzo de 2026]. Disponible en:

https://mexicoevalua.org/

4 https://imco.org.mx

5 Mexicanos Primero

6 Comunicación

7 https://www.sat.gob.mx/minisitio/NormatividadRMFyRGCE/documentos2026/rmf/rmf/RM F_2026-DOF-28122025.pdf

8 ¿Quién está detrás de Humanidad con América Latina, la ONG promovida por AMLO para ayudar a Cuba?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.— Diputadas y diputados: Graciela Ortiz González, Ana Isabel González González, Ariana del Rocío Rejón Lara, Arturo Yáñez Cuéllar, Christian Mishel Castro Bello, Humberto Ambriz Delgadillo, Noel Chávez Velázquez (rúbricas).»

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Esta Mesa Directiva saluda a las alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 125, General Hermenegildo Galeana, de Huamuxtitlán, Guerrero, invitados por el diputado Gerardo Olivares Mejía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Esperemos que esta visita a la Cámara de Diputados sea un gran estímulo para su formación cívica y, por supuesto, para su vida ciudadana. Muchísimas gracias. Bienvenidas.

Esta Presidencia saluda a la licenciada Yanett Maribel Soto Díaz, síndico municipal de Tlalnepantla de Baz, invitada por la diputada Julieta Villalpando Riquelme, nuestra secretaria del Grupo Parlamentario de Morena. Sea usted bienvenida, licenciada Soto Díaz a este salón de sesiones. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.



LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 29 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de vehículos de movilidad personal y seguridad vial. Adelante, diputado.

El diputado Hugo Manuel Luna Vázquez:Con su venia, presidenta. Primeramente, agradecer la oportunidad al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y a nuestra coordinadora Ivonne Ortega de poder presentar el día de hoy una modificación a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Recordaremos que estamos a punto de cumplir cuatro años de que esta ley general fue creada en mucho por el trabajo y empuje de Patricia Mercado y de muchas organizaciones civiles que enfocaron un esfuerzo muy importante a convertir la movilidad segura e incluyente como un derecho humano dentro del Marco Jurídico de este país. Ahora, con apenas cuatro años de esta ley es muy importante afinar sus alcances y el efecto que esta pueda tener en el día a día de la vida de las personas.

Todas y todos nosotros y cada una de las personas de este país vivimos siempre en la famosa lucha callejera. Es decir, estamos constantemente luchando por el espacio en la calle, en las vialidades de quién tiene derecho o de qué manera tenemos derecho de utilizarlas y segundo, de cómo ganamos, en cierto sentido, la posibilidad de movernos de un lado a otro, pero también cómo lo hacemos de manera segura.

Es cierto que cuando vamos en el vehículo nos molesta muchas veces cuando una persona cruza la calle, cuando una persona no cruza por las esquinas, cuando alguien va cruzando y queremos que se acelere, luego nos molesta la bicicleta, luego nos molesta una motocicleta, pero pocas veces nos sentamos, o nos detenemos, a entender que la movilidad es para todas las personas y que tenemos que asegurar que todos tengamos las posibilidades de movernos a pie, en bicicleta, en motocicleta, en transporte público o en vehículo privado.

Y, segundo, pues siempre estamos con la preocupación de alguna manera de cómo hacemos esta movilidad segura, cómo nos transportamos de un lugar a otro, pero muy pocas veces lo hacemos de una manera comprensiva.

¿Cuál es el problema el día de hoy y lo que estamos planteando? En la modificación de tres artículos. El artículo 3, el 29 y el 49. Lejos de rechazar movilidades distintas al vehículo, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para comprender. Las ciudades van desarrollando cada vez más infraestructura de movilidad personal o de movilidad no motorizada.

Y, finalmente, hoy cada uno de los municipios, autoridades locales, estados, están haciendo modificaciones regulatorias principalmente para atender demandas particulares, pero muy pocas veces viendo el problema general. Ahí les va el dato.

México tiene cerca de 30 mil bicicletas, el día de hoy, moviéndose por todo el país y de esas, hay una característica muy especial de una de ellas, que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Es decir, monopatines eléctricos, scooters,bicicletas eléctricas, bicicletas de carga, incluso muchos de los programas de bicicleta pública que tenemos en el país, hoy en día están incorporando la bicicleta eléctrica.

¿Qué características tienen estas? Pues que prácticamente son similares a una bicicleta normal, son un vehículo principalmente de movilidad unitaria, de tamaño, de peso y de una velocidad similar que no rebasa los 25 kilómetros por hora.

Sin embargo, el día de hoy la ley establece que estos vehículos, scooters,monopatines, bicicletas eléctricas, la ley las ve como vehículos de ocio, pero en realidad es un vehículo en el cual hoy, por ejemplo, se transportan mercancías en comercios en el paseo Montejo o es un vehículo que le permite a un joven ir al trabajo en el boulevard de Boca del Río.

O es un vehículo que intensamente permite que trabajadores se muevan aquí en la Ciudad de México en Paseo de la Reforma, o en la ciudad de Guadalajara que una mamá fue a llevar a un niño o una niña al paseo Fray Antonio Alcalde y recorrerlo para llegar a la escuela o incluso transportarse entre Colima y Comala para hacer un tránsito económico.

¿Cuál es el planteamiento concreto? Que separemos en la ley y tengamos, por un lado, el vehículo no motorizado, que es esta bicicleta tradicionalmente vista. Y, por otro lado, el vehículo de movilidad personal, que, al tener características similares, lo que estamos planteando es que estos ocupen el mismo espacio, que utilicen las ciclovías, que cuando no exista ciclovía utilicen el carril derecho, que no rebasen los 25 kilómetros por hora, que tengan iluminación y freno seguro, que tengan un peso similar al de la bicicleta.

Y, por lo tanto, en materia de seguridad tenga el mismo efecto y, finalmente, que permita que millones de mexicanas y mexicanos puedan mejorar su movilidad a partir de un vehículo eficiente y eléctrico.

Pero con el importante dato, y por eso lo estamos planteando así, que no cometamos el error, que lo queramos categorizar como una motocicleta y que entonces le exijamos un seguro vial, le exijamos que no pueda circular por las ciclovías y, entonces, ese vehículo, que hay millones el día de hoy ya circulando, le demos su espacio en el mismo espacio que hoy tiene la bicicleta. Es cuanto y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 29 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de vehículos de movilidad personal y seguridad vial, a cargo del diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Hugo Manuel Luna Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

En diciembre de 2020, el Estado mexicano reconoció el derecho constitucional a la movilidad bajo los principios de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad. No obstante, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en mayo de 2022, presenta actualmente una imprecisión técnica en la clasificación de los vehículos que integran el ecosistema de la micromovilidad.

Bajo la redacción vigente de la fracción LXV del artículo 3, se agrupan en una misma categoría a los vehículos de tracción humana y a los denominados “vehículos recreativos” (patines, patinetas y monopatines), incluso cuando estos cuentan con sistemas de asistencia o propulsión eléctrica autónoma. Esta arquitectura jurídica ignora la transición funcional que estos dispositivos han experimentado; han dejado de ser instrumentos de ocio para convertirse en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que resuelven viajes origen-destino coloquialmente llamados “de última milla”.

Dicha omisión genera una brecha normativa, pues al catalogarlos como “recreativos”, se les excluye implícitamente de los estándares técnicos de seguridad y criterios de infraestructura que demanda un vehículo de transporte urbano eficiente, contraviniendo el espíritu de seguridad y calidad que la propia Constitución y la Ley General exigen. Adicionalmente, la falta de reconocimiento los puede llegar a situar equivocadamente en la categoría de motocicletas y similares.

El periodo comprendido entre 2020 y 2022 marcó un punto de inflexión derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, la cual catalizó una adopción masiva de vehículos de movilidad personal ante la necesidad de alternativas de transporte que garantizaran el distanciamiento social. Este fenómeno se hizo evidente en centros urbanos como la Ciudad de México, donde el aforo ciclista se triplicó durante los meses críticos del confinamiento; simultáneamente, se observó una transición del modelo de sistemas de transporte compartido hacia la consolidación de la propiedad privada de los dispositivos. Este cambio de paradigma desplazó el interés del usuario del arrendamiento temporal hacia la adquisición de unidades propias, estableciendo las bases de un nuevo parque vehicular ligero en las metrópolis mexicanas.

Posteriormente, entre 2023 y 2024, el mercado experimentó un crecimiento exponencial impulsado por la diversificación de la oferta de bicicletas convencionales hacia nuevos dispositivos con tracción asistida. Al cierre de 2024, la comercialización de unidades con tracción asistida y electrificada alcanzó cifras récord superiores a las 124,000 unidades anuales, lo que representa un incremento de cinco veces respecto a los indicadores de 2020. Esta expansión no solo se limitó al transporte individual, sino que se diversificó hacia la logística urbana con la aparición de las bicicletas eléctricas de carga (cargo-bikes), las cuales se han consolidado como una solución eficiente para la última milla, permitiendo la sustitución de vehículos de combustión interna en zonas de alta congestión y optimizando el uso del espacio público.

Dado el contexto anterior, es claro reconocer a los Vehículos de Movilidad Personal siendo un factor presente en la forma de transportarse que utilizan las y los mexicanos, por lo que se requiere una regulación que considere todas las aristas y consecuencias que nacen a partir de su presencia.

En otras palabras, resulta fundamental que la regulación vigente evolucione para responder a la capacidad de daño y al comportamiento dinámico diferenciado de cada dispositivo, basándose primordialmente en la disparidad de la energía cinética liberada durante un siniestro.

En ese sentido, la presente reforma no busca desincentivar el uso de nuevas tecnologías, sino dotar al Estado de las herramientas para garantizar la salud pública, brindar certeza jurídica necesaria para generar una inversión que contribuya al cumplimiento del derecho humano a la movilidad.

Diferencia entre vehículos de movilidad personal y vehículos no motorizados

La distinción entre la movilidad no motorizada y los dispositivos de movilidad personal con tracción asistida, principalmente electrificados trasciende la semántica jurídica para convertirse en un imperativo de seguridad vial sistémica.

Mientras que un vehículo de tracción humana convencional depende de la cadencia física del usuario —alcanzando rara vez velocidades superiores a los 12 km/h de forma sostenida—, los dispositivos de movilidad personal (VMP) con asistencia mantienen velocidades constantes de 25 km/h o superiores mediante motores autónomos.

Dado que la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad Ec=1/2(mv)2, un impacto a la velocidad estándar de un VMP genera una energía cuatro veces mayor que uno de carácter manual; sin embargo, sigue siendo significativamente menor que una motocicleta convencional; ahora bien, homologar ambos bajo una misma norma impide la implementación de protocolos de protección diferenciados y eficaces para el usuario y su entorno. Por lo anterior, un impacto a 25 km/h contra un peatón (el eslabón más vulnerable de la jerarquía de movilidad), por ejemplo, tiene una probabilidad de letalidad ligeramente mayor que uno a 12 km/h, pero nunca similar al que una motocicleta convencional. En ese sentido, se concluye que no podemos darles el mismo tratamiento a estos tipos de transporte.

Certeza jurídica y protección al consumidor

La falta de una definición formal de Vehículos de Movilidad Personal y las medidas mínimas de tránsito de estos en la LGMSV constituye una barrera para el desarrollo de políticas públicas de incentivos fiscales e inversión en infraestructura específica, como redes de micromovilidad y estaciones de carga urbana. Al homologar nuestros conceptos con las mejores prácticas globales, México no solo facilita la transición hacia una movilidad de cero emisiones, sino que habilita el marco para la creación de Normas Oficiales Mexicanas que regulen la calidad de los dispositivos, garantizando que solo ingresen al mercado vehículos con sistemas de frenado, control de velocidad máxima y baterías certificados, protegiendo así la vida y el patrimonio de la ciudadanía.

Adicionalmente permitirá establecer condiciones estandarizadas que permitan dar cuenta de la calidad que dará las reglas del juego al sector privado para que la electromovilidad crezca de forma ordenada, tomando en consideración las necesidades y la seguridad de los usuarios. Lo que a su vez dará pie a que las empresas de seguros puedan crear pólizas específicas.

Objeto de la iniciativa

Como consecuencia de todo lo anterior, la propuesta de adición para definir los Vehículos de Movilidad Personal en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial responde a la urgencia de subsanar el anacronismo normativo que impera en el marco legal vigente. Actualmente, la omisión de esta categoría genera una “zona gris” jurídica que despoja de certeza legal a los miles de usuarios que han adoptado dispositivos de micromovilidad asistida tales como e-bikes, patines, patinetas y monopatines como su principal medio de transporte. Al no existir una clasificación intermedia entre el vehículo no motorizado y el vehículo automotor, las autoridades locales carecen de una base sólida para emitir reglamentos que establezcan derechos y obligaciones claros, lo que deriva en una aplicación discrecional de la ley que suele equiparar arbitrariamente a estos dispositivos con motocicletas o, por el contrario, los ignora, permitiendo vacíos en materia de seguridad vial.

Por lo tanto, la reforma es indispensable para garantizar la integridad de los usuarios del espacio público y por ende su ordenamiento eficiente. Por ejemplo, la ausencia de la definición de VMP impide establecer una norma federal armonizada sobre su circulación en aceras y zonas de prioridad peatonal, a pesar de que estos vehículos poseen motores autónomos capaces de mantener velocidades constantes de 25 km/h o más. Sin esta precisión en el Artículo 3 y 49 de la LEGMSV, los reglamentos municipales enfrentan dificultades jurídicas para segregar flujos vehiculares, lo que incrementa el riesgo de siniestros en áreas de movilidad blanda. Por tanto, el reconocimiento legal del VMP es la herramienta necesaria para transitar hacia un modelo donde la infraestructura se diseñe y regule con base en las capacidades dinámicas reales de los nuevos modos de transporte.

Finalmente, la adición técnica busca alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales de electromovilidad y sostenibilidad.

Fundamento legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Artículo 4o.: Establece de manera imperativa el derecho humano de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La reforma es necesaria para garantizar la “calidad” y “seguridad vial” de los nuevos modos de transporte.

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV)

Artículo 1: Define el carácter de orden público e interés social de la ley, legitimando cualquier reforma que busque garantizar de forma efectiva el derecho a la movilidad.

Artículo 6: Establece la Jerarquía de la Movilidad. La reforma fundamenta su pertinencia en la necesidad de segregar los Vehículos de Movilidad Personal de los espacios peatonales para proteger el primer peldaño de dicha jerarquía.

Artículo 22: Relativo a la gestión de la seguridad vial y el control de dispositivos de tránsito. La definición técnica de VMP es el presupuesto jurídico necesario para que las autoridades puedan ejercer este control.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículos 3 y 4: Que regulan la competencia y funciones de las cámaras para legislar en pro del interés nacional y la actualización del marco normativo conforme a la realidad social.

Para mejor análisis de lo que se plantea, se pone a disposición el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 3, 29 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Único. Se adiciona una fracción LXII Bis y se reforma la fracción LXV del artículo 3; se modifica el párrafo último del artículo 29; y se reforma una fracción XV al artículo 49; todos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para quedar como sigue:

Artículo 3. Glosario.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

LXIII. a LXII. ...

LXII Bis. Vehículo de Movilidad Personal:

Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza, cuya propulsión sea asistida por un motor eléctrico o mediante combustión interna; que posea una velocidad máxima de 25 km/h, determinada por diseño de construcción o mediante dispositivos de control de velocidad máxima, y cuyo peso en vacío sea inferior a los 50 kilogramos.

Se excluyen de esta definición los que son utilizados por personas con discapacidad, así como aquellos dispositivos que, por su diseño o potencia, queden clasificados como motocicletas conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.

LXIII. a LXIV. ...

LXV. Vehículo No Motorizado: Vehículo de tracción humana como bicicleta, monociclo, triciclo, cuatriciclo, patines, patinetas y monopatines.

LXVI. a LXX. ...

Artículo 29. Bases de satos sobre Movilidad y Seguridad Vial.

La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, integrarán las bases de datos de movilidad y seguridad vial, las que contendrán, como mínimo, lo siguiente:

I a XIII. ...

Para el caso de Vehículos de Movilidad Personal y Vehículos no Motorizados cuya velocidad máxima no supere veinticinco kilómetros por hora, ya sea por diseño o por control de velocidad máxima, y que tengan un peso menor a cincuenta kilogramos, no aplica el registro de vehículos salvo que la persona usuaria del vehículo necesite registrarlo por motivo de robo o extravío.

Artículo 49. ...

...

...

...

I a XIV. ...

XV. Medidas de movilidad para Vehículos de Movilidad Personal:

a) Deberán circular preferentemente por la infraestructura ciclista y, en su ausencia, por el carril derecho de la vialidad, quedando estrictamente prohibida su circulación sobre aceras y áreas peatonales.

b) La velocidad máxima de circulación será de 25 km/h en la infraestructura ciclista.

c) En zonas de prioridad peatonal donde se autorice su tránsito, la velocidad deberá reducirse a la marcha humana de máximo 10 km/h.

d) Será obligatorio sistema de frenado manual o electrónico independiente, y dispositivos de iluminación que incluya luz blanca delantera y roja trasera para garantizar su visibilidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos estatales y los municipios contarán con 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para homologar su normatividad conforme a lo establecido en el mismo.

Notas

1 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. (17 de mayo de 2022). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

2 Secretaría de Movilidad. (2020). Movilidad + COVID-19 en la Ciudad de México: Evitar, Cambiar, Mejorar. Gobierno de la Ciudad de México.

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-covid-19- en-la-cdmx.pdf

3 Ídem.

4 Latam Mobility. (2025, 29 de septiembre). México bate récord en venta de vehículos eléctricos e híbridos. Opportimes.

https://www.opportimes.com/mercados/mexico-bate-record-en-venta- de-vehiculos-electricos-e-hibridos/

5 Instituto de Seguridad Vial. (2021). Estudio de seguridad de los vehículos de movilidad personal: De la norma a la física del impacto. Fundación MAPFRE.

https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/seguridad-vial/est udio-seguridad-vmp/

6 Ídem.

7 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. (17 de mayo de 2022). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 24 de enero de 2024.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. (17 de mayo de 2022). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

10 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (3 de septiembre de 1999). Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 31 de octubre de 2024.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOCGUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.—  Diputados y diputadas: Hugo Manuel Luna Vázquez, Claudia Graciela Salas Rodríguez, Francisco Javier Farías Bailón, Humberto Ambriz Delgadillo, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Laura Hernández García, Sergio Gil Rullán (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Paulina Rubio Fernández

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Movilidad, para dictamen.

Esta Presidencia saluda al grupo de vecinos de la alcaldía Benito Juárez, quienes acuden a una visita guiada a este órgano legislativo el día de hoy, invitados por el diputado Jaime López Vela, del Partido Morena. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados.



LEY DE AEROPUERTOS

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales.

La diputada Flor de María Esponda Torres:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Flor de María Esponda Torres: Saludar al pueblo de México y, por supuesto, al pueblo de Chiapas, que nos ve a través de las distintas plataformas digitales. Compañeras y compañeros, buenas noticias, nuestro país batió récord turístico en 2025. La Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez, informó que de enero a diciembre de ese año ingresaron a nuestro país 98.2 millones de visitantes internacionales.

De estos, 47.8 fueron visitantes internacionales, o sea, viajeros residentes en el extranjero, que pernoctaron en nuestro país, lo que representa un incremento del 13.6 por ciento respecto al 2024, el mayor registro anual en la historia de nuestro país.

Por consecuencia, México obtuvo una derrama económica superior a los 34 mil 992 millones de pesos, lo que representó un incremento del 6.2 por ciento comparado con el año 2024, fortaleciendo la generación en ese ámbito y, sobre todo, el bienestar de las comunidades.

Este resultado es el reflejo del gran trabajo del gobierno de la cuarta transformación que encabeza nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que da como resultado un sector turístico fuerte, resiliente y con una visión clara de trabajar por nuestro país.

Sin embargo, el sistema aeroportuario mexicano, hay que decirlo, está integrado por 80 aeropuertos, de los cuales 66 son internacionales y 14 nacionales. De estos, 35 están concesionados a tres grupos aeroportuarios, quienes junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México concentran el 90.5 por ciento del tránsito de pasajeros y el 55.7 de carga.

Sin embargo, una gran problemática que está presente en los aeropuertos de nuestro país y por la cual he presentado esta iniciativa es la falta de acceso al agua potable de manera gratuita.

Dentro de los aeropuertos, una botella de agua llega a costar 300 por ciento más de su precio regular. Un claro ejemplo de lo que ya he mencionado sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde una botella con agua cuesta entre 70 y 120 pesos. Ante esto, es importante hacer énfasis en que el agua no es un lujo: es un derecho.

Sumado a lo anterior, es importante señalar que esto conlleva a generar no solo la afectación económica en los consumidores. Del mismo modo, genera graves problemas ambientales debido a la cantidad de residuos sólidos que genera el consumo de agua embotellada.

En México se tiran al día poco más de 15 mil toneladas de desechos plásticos, casi 500 millones de botellas de PET. Una solución a esta problemática ya se puede observar en varios aeropuertos del mundo, que, con instalaciones de estaciones de hidratación y bebederos en las terminales con el objeto de ampliar el acceso al agua y fomentar que los pasajeros rellenen sus botellas reutilizables, está dando resultados.

Dentro de nuestro país, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al que tanto han criticado y hasta con sus videítos ridículos han intentado hacer, y que por cierto es reconocido como uno de los aeropuertos más bellos y funcionales del mundo, ya cuenta con bebederos de agua, los cuales están ubicados entre las puertas 5 y 7.

Abro un paréntesis y felicito a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también, por la reciente inauguración del tren Buenavista a AIFA, que permite conectar el centro de la Ciudad de México con el aeropuerto en aproximadamente 40 minutos.

Sumado a lo anterior, nuestro país acelera la renovación y rehabilitación de su red aeroportuaria, con un enfoque claro en la modernización de su infraestructura, los aeropuertos se actualizan con señalización inteligente, sistema biométrico y tecnológico y buscan hacer más eficaz, fluida y segura la experiencia de los usuarios.

Todo ello se desarrolla, por supuesto, en preparación para el torneo internacional más importante del deporte, la Copa Mundial de la FIFA, que proyecta alrededor de 5 millones y medio de visitantes adicionales a nuestro país.

Además, incorporar este tipo de servicios no solo mejora la percepción internacional, sino que también contribuye a los estándares de sostenibilidad al reducir el uso de plásticos desechables asociados al consumo de bebidas embotelladas.

La iniciativa reforma el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso al agua potable gratuita. Concluyo, pidiéndoles que acompañemos esta iniciativa, fortaleciendo la imagen de nuestro país. Y pidiéndole, de la manera más atenta, a nuestra compañera Tania Palacios, quien es presidenta de la Comisión de Turismo, que en la próxima reunión de la comisión esta iniciativa pueda tomarse en cuenta y, por supuesto, ser votada en su momento por los compañeros. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales, a cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Flor de María Esponda Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema aeroportuario mexicano está integrado por 80 aeropuertos; 66 internacionales y 14 nacionales, 1,530 aeródromos y 577 helipuertos . De los 80 aeropuertos, 35 están concesionados a tres grupos aeroportuarios (OMA, ASUR y GAP) quienes, junto con el AICM, concentran el 90.5 por ciento del tránsito de pasajeros y el 55.7 por ciento de la carga.

Siendo la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, los estados que concentran el mayor número de pasajeros y cada una cuenta con uno de los tres mayores aeropuertos del país. De manera complementaria, los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentran el mayor número de carga.

La Agencia Federal de Aviación Civil, menciona que la industria aérea representa 4.9 por ciento del PIB nacional y genera más de 1 millón de empleos directos e indirectos.

Por lo cual, para el Gobierno de México, la conectividad aérea es un factor clave de productividad y competitividad turística en un mundo cada vez más globalizado, ya que acorta tiempos y acerca a nuestros pueblos y a nuestras culturas, por lo que no se puede concebir el crecimiento y el desarrollo de una nación sin la industria de la aviación.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, entre enero y agosto de 2025, se transportaron más de 82 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales en México. En vuelos nacionales, se transportaron 42 millones 156 mil pasajeros, un 3.6 por ciento más respecto al mismo periodo de 2024, cuando se movilizaron 40 millones 688 mil, mientras que, en vuelos internacionales regulares, se registró el traslado de 40 millones 215 mil pasajeros, equivalente a un incremento de 1.7 por ciento en comparación con los 39 millones 558 mil transportados en 2024.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo menciona que, en 2023, México transportó 1.2 millones de toneladas de carga aérea, consolidándose como uno de los principales mercados de carga a nivel mundial y el décimo mercado comercial más grande.

Una gran problemática que ésta presente en los aeropuertos de nuestro país es la falta de acceso al agua potable de manera gratuita. Dentro de los aeropuertos internacionales una botella de agua llega a costar 300 por ciento más que su precio regular. Un claro ejemplo de lo ya mencionado sucede en el aeropuerto internacional de Ciudad de México donde una botella de agua puede costar hasta 110 pesos. Ante esto es importante hacer énfasis que el agua no es un lujo, es un derecho.

Es importante señalar, que esto conlleva a generar no sólo la afectación en la economía de los consumidores, del mismo modo genera graves problemas ambientales debido a la cantidad de residuos sólidos que genera el consumo de agua embotellada en todos los aeropuertos del mundo y de nuestro país. Ante esto, las Naciones Unidas, señala que la mayor parte de los impactos del cambio climático se reducen al agua.

ONU Medio Ambiente señala que “el plástico es un material barato y eficiente, pero tiene un coste muy elevado para el medio ambiente, ya que sólo el 9 por ciento del plástico se recicla, mientras que el 12 por ciento se incinera. La mayoría de los residuos plásticos acaba en vertederos o en los océanos.

En el mismo sentido, el periodista Nicolás Artusi, señala que “El 91 por ciento del plástico que se fabrica no se recicla: de los 8.300 millones de toneladas métricas que se produjeron, 6.300 se convirtieron en desechos plásticos. De ellos, solo el 9 por ciento fueron reciclados”.

En México, se tiran al día poco más de 15 mil toneladas de desechos plásticos –casi 500 millones son botellas de polietilentereftalato (PET)– de los cuales se calcula que entre 15 y 20 por ciento provienen de habitantes de ciudades y el resto de las actividades productivas.

Para producir 1 litro de agua embotellada la industria emplea un poco más de 3 litros de agua, para fabricar la botella de plástico y su tapa. Aunado a ese panorama para llenar una botella de agua se utilizan hasta 7 veces más de agua de lo que hay dentro de la botella.

Disminuir el consumo de agua y causar menor impacto en el ambiente es indispensable, si consideramos que aproximadamente 50 mil millones de botellas de plástico se desechan al año.

Una solución a esta problemática en los aeropuertos puede observarse en el Aeropuerto de San Francisco, California, que se convirtió en el primero en prohibir las botellas de plástico. Como parte de esta estrategia, se instalaron cerca de 100 estaciones de hidratación y bebederos en todas las terminales, con el objetivo de ampliar el acceso al agua y fomentar que los pasajeros rellenen sus botellas reutilizables.

En el caso del sistema aeroportuario de España, en la actualidad, hay 224 fuentes de agua potable distribuidas en zonas púbicas y de embarque de 27 aeropuertos, La gran mayoría de estas fuentes están en los aeropuertos con mayor capacidad: Barajas (80 fuentes) y El Prat (62). Les siguen Palma de Mallorca con 17 fuentes y Málaga-Costa del Sol con 15. Gran Canaria y Tenerife Sur cuentan con cinco cada una. Mientras, en el caso de Inglaterra, el aeropuerto de Londres (Heathrow) cuenta con más de 100 fuentes gratuitas en sus cuatro terminales, siendo una opción económica si se tiene en cuenta que el coste del agua en los restaurantes y bares de Heathrow puede variar entre 2.82 y 3.39 euros al cambio (68.2 y 72.59 pesos mexicanos).

A nivel mundial, existen aeropuertos que cuentan con bebederos en países como como: Polonia, Francia, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Arabia Saudita y Omán, entre otros. Dentro de nuestro país, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles cuenta con bebederos de agua, los cuales se encuentran ubicados en la Plaza Mexicana, entre las puertas 5 y 7.

Es importante señalar, que, durante los trayectos largos y las prolongadas estancias en salas de espera, la adecuada hidratación es un factor determinante para prevenir la deshidratación, el cansancio extremo y otros malestares asociados. Contar con puntos de abastecimiento accesibles permite atender una necesidad fisiológica básica sin generar costos adicionales para los pasajeros.

Además, la disponibilidad de agua potable gratuita contribuye a mejorar de manera significativa la experiencia general del usuario dentro de las terminales aéreas. Facilita un entorno más confortable, promueve prácticas saludables y fortalece la percepción de calidad en los servicios aeroportuarios, conjuntamente es una repuesta a los estándares internacionales de atención al pasajero.

Sumado a lo anterior, nuestro país acelera la renovación y rehabilitación de su red aeroportuaria, con un enfoque claro en la modernización de su infraestructura. Los aeropuertos se actualizan con señalización inteligente, sistemas biométricos y tecnologías que buscan hacer más eficaz, fluida y segura la experiencia de los usuarios. Todo ello se desarrolla en preparación para el torneo internacional más importante del deporte, la Copa Mundial de la FIFA, que proyecta alrededor de cinco millones de visitantes adicionales para México. En este contexto, se vuelve indispensable que, como parte de estas mejoras, los aeropuertos mexicanos cuenten con bebederos de agua.

Además, incorporar este tipo de servicios no solo mejora la percepción internacional de los aeropuertos mexicanos, sino que también contribuye a estándares de sostenibilidad al reducir el uso de plásticos desechables asociados al consumo de bebidas embotelladas. De esta forma, se fortalece la imagen de México como un destino moderno, responsable y comprometido con el bienestar de los viajeros y con las tendencias globales de infraestructura aeroportuaria.

A fin de dar mayor referencia a la iniciativa que se propone, se incorpora el siguiente cuadro comparativo:

Por lo fundamentado y motivado, me permito someter a consideración de la Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales

Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

Los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada, incluyendo la implementación de bebederos con suministro de agua potable gratuita para los usuarios y trabajadores del transporte aéreo, garantizando su disponibilidad y adecuado funcionamiento.

Artículo 46. Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad, incluyendo la instalación y mantenimiento de bebederos con suministro de agua potable gratuita, garantizando su disponibilidad continua como parte de los servicios esenciales destinados al público usuario y trabajadores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles tendrán un plazo de 90 días para contar con la infraestructura necesaria para el despacho de agua potable como bebederos o estaciones de hidratación.

Tercero. A la entrada en vigor del presente la Secretaría tendrá un plazo de 90 días naturales para realizar las modificaciones a la regulación aplicable en los protocolos para que los usuarios puedan viajar y utilizar contenedores reutilizables.

Notas

1 A21. Consolida México su aviación como motor económico y eje de conectividad nacional: AFAC. Consultado el 30 de octubre del 2025 en

https://a21.com.mx/aeronautica/2025/05/06/consolida-mexico-su-av iacion-como-motor-economico-y-eje-de-conectividad-nacional-afac-2/#:~: text=Adem por cientoC3 por cientoA1s por ciento2C por ciento20mantiene por ciento2056 por ciento20acuerdos por ciento20internacionales,relevante por ciento20en por ciento20el por ciento20mercado por ciento20global

2 Secretaría de Turismo. Comunicado número 212/2025. El transporte aéreo suma más de 82 millones de pasajeros en 2025 y fortalece la actividad turística en México. Consultado el 30 de octubre del 2025 en

https://www.gob.mx/sectur/articulos/el-transporte-aereo-suma-mas -de-82-millones-de-pasajeros-en-2025-y-fortalece-la-actividad-turistica-en mexico?idiom=es#:~: text=El por ciento20transporte por ciento20a por cientoC3 por cientoA9reo por ciento20suma por ciento20m por cientoC3 por cientoA1s,Turismo por ciento20 por ciento7C por ciento20Gobierno por ciento20 por ciento7C por ciento20gob.mx

3 Deutsche Welle. ONU: Sólo 9 por ciento del plástico usado se recicla. Consultado el 15 de noviembre de 2025 en

https://www.dw.com/es/onu-s por cientoC3 por cientoB3lo-9-por-ciento-del-pl por cientoC3 por cientoA1stico-usado-en-el-mundo-se-recicla/a-44077167

4 El Heraldo de Aguascalientes. “¿Sabes cuánta agua se gasta al producir una botella de agua?” Consultado el 15 de noviembre del 2025 en

https://www.heraldo.mx/sabes-cuanta-agua-se-gasta-al-producir-un a-botella-de-agua/

5 Hostel Vending. San Francisco, el primer aeropuerto del mundo que prohíbe las botellas de plástico Consultado el 15 de noviembre de 2025 en

https://www.hostelvending.com/noticias-vending/san-francisco-el- primer-aeropuerto-del-mundo-que-prohibe-las-botellas-de-plastico.

6 Merca2. Aena incumple su compromiso: aeropuertos sin fuentes y precios abusivos de agua. Consultado el 15 de noviembre de 2025 en

https://www.merca2.es/2019/02/25/aena-aeropuertos-fuentes-agua-1 06053/

7 Hosteltur. El precio del agua en los aeropuertos europeos y aerolíneas de bajo coste. Consultado el 15 de noviembre del 2025 en

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/015996_el-precio-del-ag ua-en-los-aeropuertos-europeos-y-aerolineas-de-bajo-coste.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.— Diputadas y diputados: Flor de María Esponda Torres, Diana Isela López Orozco, Haidyd Arreola López, José Alejandro Aguilar López, Karina Margarita del Río Zenteno, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbricas).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Rosa María Castro Salinas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 3o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la cultura cívica democrática.

La diputada Rosa María Castro Salinas:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Rosa María Castro Salinas: Compañeras y compañeros legisladores, saludo con mucho respeto al pueblo de México y a mis queridos pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas. Hoy subo a esta máxima tribuna para plantear un debate que va mucho más allá de una simple reingeniería administrativa. Hoy vengo a hablar de la base misma que sostiene a esta soberanía, la madurez y el futuro de nuestra democracia.

Por décadas, el Estado mexicano ha cometido un error estructural y conceptual profundo. Hemos reducido nuestra vida democrática a un evento transaccional, a un acontecimiento temporal que ocurre cada tres o seis años. Hemos querido convencer a la nación de que la democracia se resume al simple acto de tachar una boleta.

Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años hemos dado pasos históricos al incorporar en nuestra Constitución mecanismos de democracia directa de alto calibre, como la consulta popular y la revocación de mandato.

Se le han entregado a la ciudadanía herramientas de altísimo poder de decisión. Pero seamos completamente honestos y honestas con nosotras, nosotros mismos, y con el pueblo de México, abrir las urnas no sirve de absolutamente nada si antes no formamos el criterio de quienes van a usar esas urnas.

Es insostenible que el Estado mantenga 33 estrategias de educación cívica paralelas, una del INE y 32 de los institutos locales. Además, los 5 mil 4 millones de pesos justificados como educación cívica por el INE en 2024.

Las campañas intermitentes del INE han fracasado en generar arraigo democrático en las juventudes. El grupo de 19 a 29 años es sistemáticamente el de mayor abstencionismo. Solo practicando la democracia en la escuela, mediante consultas populares, escolares y rendición de cuentas, lograremos ciudadanas y ciudadanos críticos que superen la apatía.

Nos hemos engañado pensando que el abstencionismo se combate con espot de televisión, los datos están ahí, y son incontrovertibles. Sistemáticamente 4 de cada 10 mexicanos deciden no participar, y lo que es más grave, la mayor apatía se concentra en nuestras juventudes.

Esto nos demuestra una verdad ineludible. La construcción de ciudadanía no es un problema de publicidad, ni de logística electoral, es un desafío estrictamente pedagógico. El Instituto Nacional Electoral es, sin duda, un órgano técnico de excelencia para organizar comicios y contar votos, esa es su labor. Pero formar el criterio ciudadano, enseñar a deliberar sobre la cosa pública y exigir rendición de cuentas es una labor que le corresponde, por mandato y capacidad estructural, a la Secretaría de Educación Pública.

No podemos seguir permitiendo la ineficiencia de gastar miles de millones de pesos bajo el rubro de educación cívica, cuando en realidad más del 85 por ciento de estos recursos se destinan a pagar personal eventual y logística para el día de la elección. Esto es disfrazar el gasto corriente de formación ciudadana.

La democracia, como lo dicta nuestro artículo 3o. constitucional, no es solo un régimen político, es un sistema de vida, y un sistema de vida se práctica todos los días. Si queremos ciudadanas y ciudadanos que exijan, que evalúen a sus gobernantes y que no sean presas de la manipulación, necesitamos que el aula escolar se convierta en nuestro verdadero laboratorio democrático.

Necesitamos que nuestras niñas, niños y adolescentes, normalicen la toma de decisiones colectivas desde la escuela, consultando y rindiendo cuentas sobre su entorno inmediato. La democracia no se defiende en la televisión, se construye desde las aulas, por ello, propongo las siguientes modificaciones constitucionales:

Reformar y adicionar los artículos 3o. y 41 de la Constitución, para trasladar la responsabilidad y rectoría de la educación cívica del Instituto Nacional Electoral y los organismos locales a la Secretaría de Educación Pública.

En el artículo 3o. constitucional se adiciona un párrafo para facultar al Estado a garantizar que los planes de estudio incluyan la formación en valores democráticos y mecanismos de participación ciudadana de manera transversal y permanente. Esto materializa el principio de que la democracia es un sistema de vida, no solo un régimen político.

Asimismo, el artículo 41 constitucional se propone, acota la función del INE estrictamente a la promoción de la participación ciudadana en las urnas y la capacitación técnico-electoral, establece explícitamente que corresponde de forma exclusiva a las autoridades educativas del Estado el diseño e impartición de la educación cívica, deroga la facultad de los Organismos Públicos Locales, OPLs, en materia de educación cívica.

Diputadas y diputados, dejar la formación de nuestra ciudadanía supeditada a los calendarios electorales es una falla política que nos está costando el desapego de las nuevas generaciones. Aprobar esta iniciativa no es quitarle facultades a una institución, es poner la educación donde pertenece, es dejar de gastar en tratar de convencer a adultos y a adultas desconfiadas para comenzar a invertir como Estado en formar ciudadanas y ciudadanos libres, críticos y participativos desde la infancia.

Es momento de fortalecer nuestra cultura y las aulas. La Secretaría de Educación Pública cuenta con la infraestructura física, humana, pedagógica, académica para esta gran tarea: formar a las nuevas generaciones...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.

La diputada Rosa María Castro Salinas: ...desde sus infancias. Es cuanto.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada...

La diputada Rosa María Castro Salinas:...Solicito a las diputadas y diputados que gusten adherirse a esta iniciativa. Muchas gracias, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la cultura cívica democrática, a cargo de la diputada Rosa María Castro Salinas, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Rosa María Castro Salinas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la cultura cívica democrática, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el proceso electoral celebrado en México en 2024, la coalición presentada por Morena, PT y PVEM, Sigamos Haciendo Historia, desde el momento de su formación presentaron el documento que contiene la plataforma política y programa de gobierno, con el que solicitaron el voto a la ciudadanía, y con el que resulto electa como Presidenta de México la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, elección que tuvo una altísima participación, en ese documento se establece: “la regeneración de la institucionalidad pública tiene aún muchas tareas pendientes que deberán llevarse a cabo en la próxima etapa de la Cuarta Transformación”, entre dichas instituciones se encuentran las electorales y los partidos políticos.

Por esa razón, la reforma política-electoral tiene un sustento democrático, manifestado en las urnas el 1 de junio de 2024. Con ese compromiso realizado con la ciudadanía, presento esta propuesta.

El Estado mexicano ha consolidado un sistema electoral logísticamente robusto a través del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, el mandato de “educación cívica” delegado a este órgano ha evidenciado una falla de diseño estructural: la formación ciudadana ha quedado supeditada a los ciclos electorales, convirtiendo a la democracia en un acontecimiento transaccional transitorio y no en una experiencia de utilidad cotidiana, es decir la democracia como un sistema de vida.

El sistema político mexicano ha evolucionado significativamente con la incorporación constitucional de mecanismos de democracia directa en el artículo 35, tales como la consulta popular y la revocación de mandato. No obstante, la ciudadanía carece de la formación pedagógica necesaria para ejercer estas herramientas con rigor analítico. Es decir, se le han otorgado herramientas de alto poder de decisión, pero no se previó la formación necesaria para utilizarlos con responsabilidad cívica. Actualmente, el debate sobre estos mecanismos suele polarizarse o simplificarse excesivamente debido a la falta de una cultura cívica de participación sustantiva.

El INE, limitado a su función operativa, garantiza la instalación de las casillas para estos ejercicios, pero carece de las herramientas pedagógicas para enseñar al ciudadano cómo analizar una pregunta de consulta, cómo evaluar el desempeño de un gobernante objetivamente o cómo ponderar las consecuencias del ejercicio o no de su voto al designar a sus representantes.

Luego entonces, la delegación de la educación cívica en el órgano electoral (INE) ha convertido a la formación ciudadana en una estrategia temporal vinculada a los comicios, que ha provocado una ciudadanía desapegada, elecciones con altos índices de abstencionismo al momento de elegir representantes o al momento de evaluar el ejercicio de gobierno, impidiendo la consolidación de la formación cíudadana como una actividad permanente y estructural.

Históricamente, la evidencia demuestra que vincular la formación ciudadana a los ciclos electorales convierte a la democracia en un “evento”. Los datos son contundentes:

La participación en elecciones intermedias federales ha oscilado históricamente entre 44 y 48 por ciento (INE, 2024). y en presidenciales entre 61 y 63 por ciento. Estos reportes demuestran que, a pesar del aumento en el padrón electoral, el porcentaje de participación se estanca o decrece ligeramente en términos relativos. Lo que significa que, sistemáticamente, 4 de cada 10 mexicanos inscritos en la lista nominal deciden no participar, una cifra que no ha mejorado sustancialmente a pesar de décadas de campañas del INE.

Aún más preocupante es la “brecha juvenil”; el grupo etario de 19 a 29 años es sistemáticamente el de mayor abstencionismo, según el “Estudio muestral sobre la participación ciudadana” (INE, 2022). Esto comprueba que las campañas intermitentes del INE no logran generar un arraigo de los valores democráticos en los primovotantes, ni con los jóvenes adultos. La afirmación de que los jóvenes son quienes menos votan (después de los 18 años) es un hallazgo consistente en los estudios demográficos del voto.

A nivel macro, la desafección es evidente: una proporción significativa de la población muestra bajos niveles de satisfacción con el régimen democrático y fragilidad en la confianza interpersonal (INE y El Colegio de México, 2021; Corporación Latinobarómetro, 2023).

La baja afluencia en los ejercicios de democracia directa es sintomática. La consulta popular de 2021 apenas alcanzó 7.11 por ciento de participación (INE, 2021) y la revocación de mandato de 2022 un 17.7 por ciento queda demostrado que la sola instalación de casillas y la difusión mediática no generan el involucramiento de la ciudadanía si no existe una cultura cívica democrática previa. (INE, 2022). Como advierten Lissidini, Welp y Zovatto (2014), los mecanismos de participación directa corren el riesgo de ser instrumentalizados o ignorados si se insertan en sociedades sin una cultura deliberativa consolidada desde la educación básica.

La educación para la participación directa requiere “densidad ciudadana”, lo cual se construye en los espacios primarios de socialización, como la escuela (Merino, 2013); es decir, enseñar a la población a deliberar sobre políticas públicas y a evaluar el desempeño gubernamental.

La actual Estrategia Nacional de Cultura Cívica, a cargo del INE, opera bajo una lógica de campaña y difusión, compitiendo por la atención mediática. Al revisar sus ejes, se observa que gran parte del presupuesto y acciones se concentran en difusión, foros y alianzas que, aunque valiosas, no tienen la penetración que se requiere en la población. Lo que nos confirma que, la construcción de ciudadanía no es un problema de comunicación, sino de pedagogía.

El Instituto Nacional Electoral es un órgano administrativo y técnico especializado en la organización de comicios. No es, ni debe ser, la autoridad rectora de los contenidos educativos del país. Esa facultad corresponde, por mandato constitucional al Estado y por capacidad estructural, a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La propuesta de transferir esta responsabilidad a la SEP se justifica en la necesidad de convertir la escuela en un “laboratorio de democracia” Dewey (1995) establece que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino un modo de vivir asociado, que debe practicarse empíricamente en las aulas. No basta enseñar qué es la revocación de mandato en un libro de texto; es necesario que el estudiante la vivencie como una práctica cotidiana.

Bajo el nuevo modelo educativo rectorado por el Estado, se propone que los mecanismos de participación ciudadana se repliquen a escala escolar:

Consultas Populares Escolares: Para decidir sobre el uso de recursos de la cooperativa o mejoras en la infraestructura, como se organizan los torneos deportivos, cuales son las reglas de convivencia en el aula, enseñando al alumno a votar sobre temas y no solo por personas.

Rendición de cuentas: Ejercicios periódicos donde los representantes estudiantiles deban justificar sus acciones, como se gasto el fondo de la cooperativa escolar, cual fue el costo final de la infraestructura acordada, normalizando la cultura de la evaluación del desempeño (base conceptual de la revocación de mandato).

La toma de decisiones para nombrar a comités y representantes en la comunidad estudiantil los prepare para fomentar este ejercicio como una forma de resolver problemas cotidianamente.

Al integrar estos ejercicios en la currícula oficial, se desmitifican estos procesos, dejando de ser vistos como armas políticas coyunturales para convertirse en herramientas administrativas y sociales habituales. Solo a través de la práctica reiterada en la etapa formativa, el ciudadano adulto podrá acudir a un ejercicio de participación ciudadana con un criterio formado, crítico y propositivo, superando el abstencionismo y la manipulación.

Por tanto, la educación sobre estos mecanismos de participación deja de ser una cuestión de “capacitación electoral” (instrucciones de llenado de boleta) y se convierte en una cuestión de “formación de criterio” (análisis de la cosa pública), materia de la autoridad educativa nacional.

Trasladar la formación cívica democrática a la Secretaría de Educación Pública (SEP) permitirá que los alumnos normalicen la participación como una competencia cognitiva y no como un mero trámite comicial (Conde Flores, 2014). La SEP tiene la infraestructura y el alcance nacional (transversalidad), pero requiere elevar su estatus normativo y práctico para absorber las funciones que hoy intenta (sin éxito) cubrir el INE. Veamos el siguiente cuadro:

Esta iniciativa propone una reingeniería institucional: El INE debe concentrarse en la capacitación electoral (preparación de funcionarios de casilla y logística). La SEP debe asumir la formación cívica democrática como una política de Estado permanente, curricular y obligatoria desde la educación básica, desvinculada de los calendarios electorales.

Al transferir esta facultad, se busca que el educando comprenda la democracia no solo como el acto de votar, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, tal como lo establece el artículo 3o. constitucional.

Para abatir esta problemática a largo plazo, el Estado debe dejar de gastar en tratar de convencer adultos desconfiados y comenzar a invertir en formar ciudadanos desde la infancia. La democracia no se defiende con spots de televisión, se construye desde el aula. Por ello, sostener la educación cívica en el ámbito electoral representa una grave ineficiencia financiera.

El análisis presupuestal del periodo 2014-2024 revela que el Estado mexicano ha erogado miles de millones de pesos bajo el rubro de ‘Educación cívica’ a través la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, con una tendencia de crecimiento sostenido, expandiendo en cada ejercicio presupuestal el monto para ese rubro.

El INE justifica su programa presupuestal R003 como “Educación cívica”, pero la Cuenta Pública de 2024 detalla exactamente en qué se gastaron esos 5 mil 4 millones de pesos, a nivel federal.

En dicho documento se señala que se utilizó para pagar los honorarios, uniformes (chalecos, gorras) y viáticos logísticos de los 42,928 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y 7 mil 279 supervisores electorales que el INE contrato y capacito para funciones estrictamente logísticas temporales. Su función es ubicar a los funcionarios de casilla y capacitarlos en el llenado de actas y conteo de votos, contratados por tiempo determinado para funciones estrictamente logísticas, desvirtuando el concepto de inversión en educación cívica permanente y reduciendo esa función a estrategias de difusión intermitentes, en un plano marginal y enfocado en folletería desechable y pautas publicitarias temporales.

Es decir, más de 85 por ciento de la partida de educación cívica es en realidad gasto corriente en recursos humanos efímeros absorbidos por el capítulo 1000 (“Servicios personales”) del Programa R003. Como lo establece el Acuerdo INE/CG683/2023.

A esta ineficiencia formativa se suma el modelo de los 32 organismos públicos locales (OPL).

Para analizar la duplicidad de funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), es fundamental entender que el origen del problema surge con la reforma electoral de 2014. Esta reforma creó un sistema híbrido que no terminó de nacionalizar ni de federalizar la función electoral. Al transformar el IFE en INE, se le dieron atribuciones nacionales, pero se mantuvieron los OPL en los 32 estados de la república.

Se cuestiona por qué mantener 32 institutos locales completos, si el INE ya asume la rectoría de la mayoría de las funciones sustantivas en los procesos electorales (asignación de casillas, capacitación, padrón y geografía electoral).

En materia de educación cívica, la duplicidad es costosa en términos operativos y de producción de materiales. La función recae en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, pero los OPL tienen sus propias direcciones de educación cívica.

El INE diseña la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. En teoría, esta es la línea rectora. Sin embargo, cada OPL diseña sus propios programas anuales de educación cívica para justificar su presupuesto. Desde la perspectiva de la Austeridad Republicana, la duplicidad en Educación Cívica es un ejemplo claro de gasto inercial. Se gasta porque “así está en la ley”, no porque sea operativo.

Tenemos 33 estrategias de educación cívica (1 nacional + 32 locales) corriendo simultáneamente, a menudo con mensajes disonantes o redundantes dirigidos al mismo público objetivo. Cada instituto estatal mantiene burocracias permanentes, duplicando esfuerzos, imprimiendo manuales locales paralelos a los federales y generando 33 estrategias desconectadas que no logran permear en la población en general y menos aún en la población juvenil, como quedo argumentado en líneas anteriores.

Si la finalidad de la facultad de educación cívica, es abatir el abstencionismo y fortalecer la educación cívica, es imperativo realizar una reingeniería institucional que de resultados y fortalecer en México una cultura cívica y democrática.

El Instituto Nacional Electoral debe concentrarse exclusivamente en su fortaleza fundamental: la capacitación técnica electoral y la logística de los comicios. Simultáneamente, la rectoría de la educación cívica y democrática debe ser asumida íntegramente por la Secretaria de Educación Pública como una política de Estado transversal, continua y curricular desde la educación básica.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 3o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la cultura cívica democrática

Único. Se adiciona el segundo párrafo del inciso a) de la fracción II del artículo 3o.; se reforma el inciso a), numeral 1, y se adiciona un segundo párrafo del Apartado B; y se deroga el numeral 2 del Apartado C de la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

I. ...

II. ...

a) ...

El estado garantizará que los planes y programas de estudio incluyan, con carácter transversal y permanente, la formación en valores democráticos, cultura de la legalidad y los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 35 de esta Constitución, fomentando ejercicios democráticos de participación, a través de prácticas cotidianas que favorezcan procesos de toma de decisión colectiva y rendición de cuentas para la construcción de ciudadanía.

b) a i) ...

III. a X. ...

Artículo 41. ...

...

...

I. a IV. ...

V. ...

Apartado A. ...

Apartado B. ...

a) ...

1. La promoción de la participación ciudadana en las urnas durante los procesos electorales y de participación ciudadana y la capacitación técnica electoral .

Corresponde exclusivamente a las autoridades educativas del Estado la rectoría, diseño e impartición de la educación cívica y la formación de ciudadanía en los términos del artículo 3o. de esta Constitución.

2. a 7. ...

b) y c) ...

...

...

...

Apartado C. ...

1. ...

2. Se deroga;

3. a 11. ...

...

a) a c)...

...

Apartado D....

VI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Educación en un plazo no mayor a 180 días.

Tercero. Los recursos presupuestales federales asignados al Instituto Nacional Electoral para la IMPLEMENTACIÓN de estrategias de educación cívica, serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

Cuarto. Las legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones correspondientes para suprimir las áreas de educación cívica en los Organismos Públicos Locales Electorales en un plazo máximo de 180 días.

Notas

1 Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, Proceso Electoral 2024. Morena, documento presentado por la Coalición Seguimos haciendo Historia,

https://ine.mx/actores-politicos/convenios-de-coalicion/

2 Instituto Nacional Electoral (2024). Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales. Recuperado de

https://siceen21.ine.mx/

3 Instituto Nacional Electoral (2022). Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2021. Consultado en

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/1234 56789/146658/CGor202211-29-ip-3.pdf

4 Corporación Latinobarómetro (2023). Informe 2023: la recesión democrática de América Latina. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Consultado en

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/11/Lati nobarometro_Informe_2023.pdf

5 Instituto Nacional Electoral (2021). Estadísticas de la Consulta Popular 2021. Recuperado del portal oficial del INE.

6 Instituto Nacional Electoral (2022). Informe integral de la evaluación de la revocación de mandato del presidente de la República 2022. Ciudad de México: INE.

7 Lissidini, A.; Welp, Y.; y Zovatto, D. (coordinadores, 2014). Democracia directa en América Latina. Buenos Aires: Prometeo Libros/Idea Internacional.

8 Merino, M. (2013). “La participación ciudadana en la democracia”, en Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática número 4. Ciudad de México: Instituto Federal Electoral.

9 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2024-2026. INE,

https://portal.ine.mx/wp-content/uploads/2024/07/ENCIVICA-2024-2 026-COMPLETA.pdf

10 Artículo 3o., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo segundo. “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

11 Dewey, J. (1995). Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación. Madrid: Ediciones Morata.

12 Conde Flores, S. (2014). “La educación ciudadana en México: retos y perspectivas”, en Cuadernos de Investigación. Ciudad de México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

13 El diagnóstico de esta propuesta se sustenta en el análisis cruzado de los datos del SICEE (INE, 2024), el Estudio Muestral de Participación Ciudadana (INE, 2022) y el Informe País 2020 (INE/Colmex), los cuales coinciden en señalar un estancamiento en la apropiación de valores democráticos en la población joven.

14 Artículo 3o., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II inciso a). Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

15 Instituto Nacional Electoral(2023). Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024 (acuerdo INE/CG683/2023). Diario Oficial de la Federación.

16 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2025). Cuenta Pública de 2024. Tomo VI: Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto Nacional Electoral (ramo 22).

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 25 de febrero de 2026.— Diputadas y diputados: Rosa María Castro Salinas, Amalia López de la Cruz,          Any Marilú Porras Baylón, Diana Isela López Orozco, Gabino Morales Mendoza, Gloria Sánchez López, Graciela Domínguez Nava, Haidyd Arreola López, José Alejandro Aguilar López, Karina Isabel Martínez Montaño, Katia Alejandra Castillo Lozano, María de los Dolores Padierna Luna, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Pedro Mario Zenteno Santaella, Rufina Benítez Estrada, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbricas).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a la maestra María Eugenia Rojanoo Valdés, secretaria del Campo del gobierno del Estado de México, invitada por el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista del Estado de México. Sea usted bienvenida a esta Cámara de Diputados.

También esta Presidencia saluda al grupo de empresarios provenientes de Teziutlán, Puebla, invitados por la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Partido Morena. De igual manera, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados.



LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos, para garantizar acciones afirmativas en materia electoral a grupos históricamente subrepresentados.

El diputado Jaime Genaro López Vela:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Jaime Genaro López Vela: Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna los grupos de atención prioritaria, como las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las personas jóvenes y personas de la diversidad sexual y de género, alzamos la voz para seguir exigiendo un marco legal de igualdad y no discriminación para revertir las condiciones de desigualdad estructural en que los mitos y prejuicios nos han colocado de manera histórica.

En el caso de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, por ejemplo, seguimos luchando por que se reconozca nuestra identidad sexual. Por que se entienda, se comprenda y se interioricen las cuatro condiciones humanas que reclamamos en México y en el mundo.

La orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales a partir de las que se forma el constructo LGBTIQ+, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans en todas sus variedades, personas intersexuales y personas no binarias. Tan solo en el último mes la violencia por prejuicio nos ha arrebatado a ocho personas de nuestra comunidad en nuestro país: seis mujeres trans y dos hombres gays.

Frente a ello, incidimos recientemente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se validara la tipificación del discurso de odio, legislado en el Congreso de Sinaloa, y reconocemos al ministro Arístides Guerrero García por haber atendido nuestro clamor.

Hoy celebramos también que la Secretaría de Salud haya emitido un acuerdo de continuidad del tratamiento al VIH/Sida, que afecta de manera importante a nuestra comunidad, para garantizar la continuidad de los tratamientos antirretrovirales cuando una persona cambia sus condiciones de aseguramiento o pierde el empleo formal.

Frente a este marco de desigualdad persistente es que proponemos reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar que las acciones afirmativas, en favor de los grupos históricamente subrepresentados, continúe, se amplíe y se haga obligatorio para todos los partidos políticos, sin simulación ni usurpación.

A la fecha se han legislado las acciones afirmativas y ha quedado claro que la autoadscripción y la autoadscripción calificada no son suficientes. Nuestra propuesta propone que existan pruebas documentales que den cuenta del trabajo que previamente hayan realizado quienes aspiran a estas acciones afirmativas en favor de los grupos subrepresentados.

Es preciso terminar con la usurpación que se hace de las acciones afirmativas. Hoy en este pleno tenemos al menos dos diputadas usurpadoras de acciones afirmativas, me refiero a Verónica Pérez Herrera, del PAN, y a Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI, quien además forma parte de la Mesa Directiva de esta legislatura.

Hoy el PRI dice aquí, el PAN, perdón, bueno, el Prian, blindemos, blindemos la democracia. Y resulta que ellos que pretenden blindar la democracia son los que se distinguen por usurpar estos espacios. Estas diputadas deshonran la representación social que busca con toda legitimidad dar voz a quienes buscan mejorar su calidad de vida a partir de estos espacios.

Las acciones afirmativas deben ser asumidas por personas que representen a los grupos subrepresentados y demuestren con trabajo que han hecho algo por ellos y que den continuidad a sus agendas en la búsqueda de la igualdad y la no discriminación.

Diputadas y diputados, en Morena defendemos los derechos humanos, defendemos los derechos de todas las personas y cuando decimos que por el bien de todos primero los pobres, también es claro afirmar que las LGBTIQ+ fobias también nos hacen pobres y por ello legislamos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar las siguientes iniciativas. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 387 Bis al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital. Y número dos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda gubernamental en medios digitales, ambas suscritas por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz:Gracias, con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: Compañeras y compañeros diputados, vivimos una era donde la realidad digital es ya inseparable de la vida cotidiana, nuestra pantalla es ahora el espacio principal para ejercer derechos y gestionar nuestro patrimonio. Sin embargo, esta transformación tecnológica no debe ser una brecha de vulnerabilidad, sino una oportunidad para fortalecer un Estado de derecho que brinde certeza jurídica tanto en el mundo físico como en el virtual.

Sin embargo, mientras la tecnología avanza nuestro marco legal se está quedando atrapado en el siglo pasado, creando brechas que dejan a la ciudadanía en la indefensión. Como legisladores de Acción Nacional entendemos que la tecnología debe ser una herramienta de libertad y de justicia, no un territorio para la impunidad. Por ello, presento ante esta soberanía la iniciativa para adicionar un artículo 387 Bis al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital.

La necesidad es crítica, México ocupa los primeros lugares en este ilícito en toda América Latina, los datos son contundentes, durante el año 2024 este delito registró un incremento alarmante de más del 84 por ciento. Estamos hablando de pérdidas que superan más de 14 mil 500 millones de pesos para las familias mexicanas afectando no solo su patrimonio, sino su reputación e integridad emocional.

La importancia de esta reforma radica en que actualmente las víctimas enfrentan un calvario porque la ley federal protege la república y no la identidad personal como un derecho humano, autónomo.

Nuestra propuesta busca resolver este vacío con penas mayores de cuatro a ocho años de prisión, innovando y necesario establecer agravantes severos cuando se utilice inteligencia artificial o deepfakespara manipular imagen o voz de las personas, pero el mayor beneficio es a los ciudadanos porque se les pretende dar una facultad a los jueces para ordenar de inmediato el bloqueo de cuentas y perfiles desde el momento de la denuncia, deteniendo el daño en tiempo real. Su identidad es su vida y no debemos permitir que sea secuestrada por la delincuencia digital.

Pero, la seguridad en la red no termina con la protección del individuo, se extiende también a proteger nuestra democracia. Así como exigimos respeto a nuestra identidad personal, también debemos exigir respeto absoluto a la neutralidad en el uso de los recursos públicos en el entorno digital. Por esta razón impulsamos también la edición de un décimo párrafo al artículo 134 de nuestra Constitución.

El objetivo es cerrar la puerta a la ambigüedad que hoy permite que servidores públicos utilicen el erario para posicionar su imagen personalizada en redes sociales y aplicaciones. La evolución tecnológica ha generado lagunas que dificultan la fiscalización efectiva, permitiendo estrategias de amplificación que rompen toda equidad en una contienda.

Nuestra propuesta es clara, se considerará promoción personalizada y actos anticipados de campaña, el uso de recursos públicos para producir, difundir o posicionar contenidos que beneficien la imagen o aspiraciones de un funcionario en cualquier plataforma digital.

Esta reforma no genera impacto presupuestal, pero sí brinda certeza jurídica invaluable para el INE y las autoridades fiscalizadoras que sancionen ya estos abusos. El dinero de los mexicanos debe servir para tu salud, para tu seguridad, para la infraestructura que es tan necesaria, no para alimentar granjas de bootso publicidad engañosa haciéndose una promoción personalizada, tres o cinco años antes.

Concluyo afirmando: estas iniciativas son el cimiento de un México digital seguro, justo y responsable, al tipificar la suplantación de identidad y blindar nuestra Constitución contra el abuso publicitario digital, estamos actualizando a nuestra justicia a la realidad del siglo XXI.

Los invito a sumarse a este esfuerzo con esta consigna que definen una lucha. Ni una identidad robada más, ni un peso público para lucimiento personal. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que adiciona un artículo 387 Bis al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital, suscrita por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Nancy Aracely Olguín Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 387 Bis al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proceso de digitalización que caracteriza a la sociedad contemporánea ha transformado radicalmente la forma en que las personas ejercen sus derechos, celebran actos jurídicos, realizan operaciones financieras y acreditan su identidad.

No obstante, los beneficios asociados a dicha transformación y el entorno digital ha generado nuevas modalidades delictivas que impactan de manera directa la seguridad jurídica y patrimonial de la población.

Entre estas conductas destaca la suplantación de identidad digital, entendida como el uso indebido de datos personales, credenciales, cuentas electrónicas o perfiles digitales sin consentimiento, con el propósito de obtener un beneficio indebido o causar un daño.

A diferencia del fraude tradicional, esta conducta produce efectos continuos y acumulativos, ya que la información sustraída puede replicarse indefinidamente, afectando la reputación, el historial crediticio y la estabilidad económica de la víctima.

El robo o la usurpación de identidad ha dejado de ser un fenómeno aislado o limitado a fraudes bancarios tradicionales. En la actualidad, puede originarse a partir de situaciones aparentemente cotidianas: un mensaje de texto (SMS), una llamada que aparenta provenir de una institución financiera, la duplicación de una tarjeta SIM, un enlace fraudulento o incluso una filtración masiva de datos personales. Cuando esto sucede, los efectos suelen manifestarse con rapidez: cargos no reconocidos, bloqueo de cuentas, generación de deudas a nombre de la víctima, afectaciones a su reputación e incluso situaciones de acoso o amenazas en entornos digitales.

En el contexto mexicano, los delitos vinculados al fraude figuran de manera constante entre los más reportados en encuestas nacionales de victimización, lo que permite dimensionar la relevancia del problema. Comprender las implicaciones jurídicas, financieras y personales de la suplantación de identidad resulta fundamental, especialmente cuando las conductas delictivas combinan técnicas de ingeniería social con el uso de plataformas digitales.

En términos prácticos, la usurpación de identidad ocurre cuando una persona obtiene y utiliza datos personales sin autorización, con la finalidad de hacerse pasar por otra y obtener un beneficio indebido o facilitar la comisión de otros ilícitos. Esto puede incluir la apertura de cuentas bancarias, la contratación de créditos o servicios, el cambio de contraseñas, la realización de compras o el engaño a terceros mediante la simulación de identidad.

Diversas guías institucionales en materia de ciberseguridad y protección de datos describen esta conducta como el uso ilegal y no autorizado de información personal para suplantar a alguien. Desde esta perspectiva, no se requiere necesariamente el acceso a todos los datos sensibles de una persona: basta con información parcial como nombre, número telefónico, CURP, correo electrónico, imágenes o credenciales para desencadenar una serie de eventos con consecuencias progresivas y complejas. Ello se debe a que muchos servicios digitales validan la identidad mediante datos fragmentados o a través de canales que pueden ser vulnerables, como mensajes de texto o correos electrónicos.

Por tanto, incluso una filtración aparentemente limitada puede convertirse en el punto de partida de afectaciones patrimoniales, legales y reputacionales que exigen una respuesta preventiva, estratégica y oportuna.

La suplantación de identidad, conocida en el ámbito anglosajón como identity theft, es abordada de manera heterogénea en el derecho comparado. Algunos países la reconocen como delito autónomo en sus códigos penales, mientras que otros la sancionan a través de figuras conexas como fraude, falsedad documental o acceso ilícito a datos personales, complementando la respuesta penal con mecanismos administrativos y civiles de protección a las víctimas. En la práctica comparada, además de la sanción penal, se prevén medidas de restitución, reparación del daño y protección crediticia o patrimonial para quienes resultan afectados (fuente general comparada: Organisation for Economic Co-operation and Development, informes sobre identity theft).

En México, la suplantación de identidad se encuentra tipificada en diversos códigos penales estatales como la conducta consistente en atribuirse la identidad de otra persona, o permitir que se utilice indebidamente, con la finalidad de causar un daño moral o patrimonial o de obtener un lucro indebido por cualquier medio, incluyendo entornos digitales (fuente: Códigos Penales estatales, por ejemplo el Código Penal para la Ciudad de México). A escala federal, se han presentado iniciativas para incorporar expresamente el delito al Código Penal Federal, definiéndolo como la apropiación ilícita de datos personales con fines ilícitos (fuente: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados). Las sanciones previstas en legislaciones locales y propuestas federales suelen oscilar entre tres y ocho años de prisión, además de multa proporcional al daño causado. En cuanto a la protección de víctimas, el sistema jurídico mexicano complementa la vía penal con la tutela de datos personales prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con disposiciones del sector financiero como la Ley de Instituciones de Crédito, que sancionan el uso indebido de información bancaria o financiera. Asimismo, las personas afectadas pueden promover denuncias penales ante el Ministerio Público y ejercer acciones civiles para reclamar la reparación integral del daño (fuente: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).

En Estados Unidos, el concepto de identity theft está claramente definido en la legislación federal y estatal como el uso no autorizado de medios de identificación personal para obtener un beneficio ilícito o causar perjuicio. A nivel federal, el delito se encuentra regulado en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, particularmente en el § 1028A sobre aggravated identity theft (fuente: 18 U.S. Code § 1028A). En el ámbito estatal, por ejemplo, el California Penal Code § 530.5 tipifica la conducta y la clasifica como delito menor o grave (wobbler), dependiendo de la gravedad del caso y antecedentes, con penas que van desde cárcel local hasta prisión estatal, además de multas y restitución obligatoria. La restitución constituye un eje central del sistema estadounidense, pues los tribunales pueden ordenar el pago de compensaciones por pérdidas económicas, gastos legales y afectaciones al historial crediticio (fuente: Federal Trade Commission). Adicionalmente, legislaciones estatales como la North Carolina Identity Theft Protection Act reconocen derechos específicos a las víctimas, tales como alertas de fraude, congelamiento de crédito y obligaciones de notificación ante brechas de seguridad de datos.

En Polonia, el Kodeks Karny (Código Penal) tipifica de manera expresa la usurpación de identidad, al sancionar la conducta de hacerse pasar por otra persona mediante el uso de su imagen o de datos que permitan identificarla, con la finalidad de ocasionarle un perjuicio. La disposición prevé sanciones privativas de la libertad y faculta a los tribunales para imponer la obligación de reparar los daños materiales o morales causados, articulando así la responsabilidad penal con la reparación civil.

En otros ordenamientos europeos, aun cuando no siempre exista una figura autónoma bajo la denominación específica de “robo de identidad”, las conductas vinculadas a la suplantación suelen encuadrarse en delitos informáticos o en ilícitos relacionados con la protección de datos. En Francia, el Code pénal considera la usurpación de identidad. En Italia, el Codice Penale regula figuras como la sustitución de persona y el acceso indebido a sistemas informáticos. Finalmente, en Alemania, el Strafgesetzbuch sanciona el acceso no autorizado a datos especialmente protegidos y la obtención ilícita de contraseñas, lo que brinda una tutela indirecta frente a conductas de suplantación de identidad.

En India, la legislación en materia tecnológica, particularmente la Information Technology Act 2000, penaliza la suplantación realizada mediante medios electrónicos, incluyendo el uso fraudulento de firmas digitales o credenciales en línea. En Filipinas, aunque el Revised Penal Code no contiene una figura autónoma denominada “robo de identidad”, las conductas pueden encuadrarse como estafa o falsificación, y el Electronic Commerce Act of 2000 sanciona la alteración o manipulación indebida de datos electrónicos. Finalmente, en China, el Criminal Law of the People’s Republic of China penaliza la obtención y uso ilegal de información personal, reforzado por interpretaciones judiciales que han ampliado la protección penal frente a la violación de datos y la suplantación.

En suma, el análisis comparado evidencia una tendencia convergente: aunque la técnica legislativa varía, los Estados reconocen la gravedad de la suplantación de identidad y articulan respuestas penales acompañadas de mecanismos de restitución y protección integral para las víctimas, consolidando así un enfoque que combina sanción, prevención y reparación.

Organizaciones como la OCDE/ONU señalan que no existe una definición estandarizada a nivel internacional de identity theft, y la suplantación suele encuadrarse como delito específico, o bien como parte de fraudes, falsedad o delitos cibernéticos en distintos países.

En México, la suplantación o robo de identidad ha mostrado un crecimiento sostenido y preocupante en los últimos años, particularmente en el entorno digital y financiero. Durante 2024, este delito registró un incremento de 84 por ciento respecto de 2023, de acuerdo con el informe A year in fraud 2024, elaborado con base en el análisis de operaciones de más de 40 empresas que operan en el país y especializado en la medición de fraudes digitales. Este aumento evidencia una tendencia ascendente que acompaña la expansión del comercio electrónico, la banca digital y los servicios financieros en línea.

El efecto económico de este fenómeno es igualmente significativo. Conforme a datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y estimaciones del sector, el robo de identidad representó aproximadamente el 40 % de los fraudes financieros reportados en 2024, generando pérdidas cercanas a 14 mil 500 millones de pesos para los usuarios afectados. Estas cifras no sólo reflejan la magnitud patrimonial del problema, sino también su incidencia estructural en el sistema financiero nacional.

A escala estatal, los datos confirman la dimensión territorial del fenómeno. En Nuevo León, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia reportó 2 mil 81 delitos de suplantación de identidad en 2023; además, en los primeros cinco meses de 2024 ya se habían registrado 905 casos, lo que sugiere un repunte constante y una presión creciente sobre las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Desde la perspectiva institucional, el Anuario Estadístico de 2024 de la Condusef señala que durante ese año se llevaron a cabo 3 262 acciones de defensa relacionadas con robo de identidad, de las cuales 1 886 reclamaciones correspondieron directamente a este tipo de fraude financiero, utilizado frecuentemente como medio para la comisión de otros ilícitos. Lo anterior demuestra que la suplantación de identidad no constituye un hecho aislado, sino un fenómeno que desencadena múltiples afectaciones jurídicas y económicas.

En el ámbito comparado, América Latina también ha experimentado un incremento en los índices de fraude de identidad. Según el Sumsub identity fraud report 2023, en México la tasa de fraude pasó de 0.48 por ciento en 2021 a 1.27en 2023, prácticamente triplicándose en un periodo de dos años, lo que posiciona al país entre los mercados con mayor crecimiento relativo en este tipo de conductas dentro de la región.

En Estados Unidos hay un sistema consolidado de reporte y medición del identity theft. De acuerdo con la Federal Trade Commission y el Identity Theft Resource Center, se registran cientos de miles de denuncias anuales, y diversas estimaciones señalan que ocurre un caso de robo de identidad aproximadamente cada 22 segundos. Esta comparación internacional pone de relieve no sólo la magnitud global del problema, sino también la importancia de contar con mecanismos claros de tipificación penal, registro estadístico y protección integral de víctimas.

En conjunto, estos datos evidencian que la suplantación de identidad constituye un fenómeno delictivo de rápida expansión, con impactos patrimoniales, sociales e institucionales significativos, lo que justifica la necesidad de fortalecer el marco normativo y las herramientas de prevención, sanción y reparación en el ámbito federal.

La suplantación de identidad en la era digital no constituye un evento aislado, sino una conducta delictiva compleja y polimórfica que amalgama el fraude patrimonial, el secuestro de activos digitales y una vulneración profunda a la dignidad humana.

En una síntesis operativa, las consecuencias de este ilícito se traducen en una cascada de costos económicos, conflictos legales y riesgos de seguridad persistentes, cuya gravedad exige que el Estado mexicano articule una estrategia jurídica inmediata, técnica y ordenada en el Código Penal Federal. La carencia de un tipo penal específico no es una omisión menor; es una brecha que deja al ciudadano en la indefensión ante impactos transversales que alteran su vida de forma irreversible.

En primera instancia, el impacto se manifiesta en una grave afectación patrimonial y crediticia, donde la apertura de líneas de crédito o compras no reconocidas genera una distorsión en el historial financiero de la víctima, derivando en disputas legales prolongadas que bloquean su acceso a derechos económicos básicos. A esto se suma el secuestro de la identidad digital, donde la pérdida de control sobre cuentas críticas, como correos electrónicos y redes sociales, anula la capacidad de gestión personal y profesional del individuo, incomunicándolo de su entorno.

Esta vulnerabilidad es aprovechada por el atacante para instrumentalizar la identidad robada mediante vectores de extorsión y estafa, ejecutando esquemas de “sextorsión” o fraude contra terceros de buena fe, trasladando el daño hacia el círculo social de la víctima. Todo lo anterior somete al afectado a una carga administrativa extenuante y a una revictimización constante, obligándolo a invertir recursos y tiempo en probar su propia inocencia ante instituciones que, por falta de un marco legal claro, suelen tratarlo con sospecha.

La fenomenología de este ataque revela una secuencia técnica que el sistema de justicia actual no ha logrado comprender ni interrumpir con eficacia. El éxito de la suplantación radica en el aprovechamiento integral de un “paquete de datos” que incluye biometría, documentos oficiales y credenciales digitales. El proceso inicia con la obtención ilícita de información, vía phishing o filtraciones masivas, progresa hacia la toma de control de canales de recuperación y culmina en la monetización y persistencia del fraude.

Este último aspecto resalta la insuficiencia de las leyes actuales: los atacantes configuran accesos alternos y dispositivos autorizados que permiten mantener la vulneración activa incluso después de que la víctima intenta retomar el control, evidenciando que el delito no termina con el cambio de una contraseña, sino que requiere una intervención jurídica que detenga la persistencia del daño.

Desde la fundamentación jurídica, es un error conceptual minimizar el robo de datos personales tratándolo como una falta secundaria; por el contrario, debe reconocerse como el “delito origen” que lesiona el derecho humano a la identidad y a la protección de datos personales consagrado en los artículos 6o. y 16 de la Constitución.

Cuando esta conducta converge con violaciones a la intimidad o delitos patrimoniales, el daño trasciende lo económico para convertirse en una agresión directa a la integridad y a la dignidad humana. Por tanto, la respuesta institucional no puede limitarse a la persecución del fraude genérico, sino que debe garantizar una reparación integral que prevea la contención jurídica, digital y emocional de la víctima.

Es imperativo tipificar la suplantación de identidad en el Código Penal Federal para reconocer que la identidad es el eje central sobre el cual se ejerce la ciudadanía en el siglo XXI, y que su protección es una condición para la paz social y la seguridad jurídica en el estado de derecho.

El Código Penal Federal prevé el delito de fraude y regula diversas hipótesis de autoría y participación; sin embargo, su estructura normativa resulta insuficiente para atender de manera específica y eficaz el fenómeno de la suplantación de identidad en entornos digitales. En particular, no hay una definición autónoma de la suplantación de identidad digital como tipo penal independiente, lo que obliga a encuadrar estas conductas en figuras tradicionales que no siempre reflejan con precisión el bien jurídico afectado.

El ordenamiento no reconoce de manera expresa derechos específicos de las víctimas de suplantación dentro del propio Código Penal, lo que limita la visibilidad jurídica de su situación y dificulta una respuesta integral. De igual forma, no se faculta expresamente a la autoridad judicial para dictar medidas inmediatas orientadas a cesar el daño digital en curso, como el bloqueo de cuentas, la suspensión de perfiles o la inmovilización de instrumentos electrónicos, lo que puede prolongar innecesariamente los efectos lesivos de la conducta.

Dado que los esquemas delictivos digitales suelen fragmentarse en diversas etapas como en la obtención, transferencia, comercialización y utilización de datos, resulta indispensable actualizar el régimen de responsabilidad penal.

Actualmente, el Código Penal Federal aborda la suplantación de identidad de manera fragmentada y mediante interpretaciones analógicas de tipos penales que no fueron concebidos para tutelar de forma directa la identidad personal. La aplicación de figuras como la usurpación de funciones (artículo 250) o la falsificación (artículo 243) resulta técnicamente insuficiente y anacrónica, pues dichas disposiciones fueron diseñadas para proteger la fe pública o el correcto funcionamiento de la administración del Estado, y no la integridad de la identidad de la persona física como bien jurídico autónomo.

Esta falta de precisión normativa genera consecuencias relevantes en la práctica. Por un lado, propicia la revictimización del afectado, quien, ante la inexistencia de un tipo penal específico, se ve obligado a encuadrar su experiencia en delitos como el fraude, diluyéndose así el reconocimiento del daño moral, reputacional y personal sufrido. El sistema penal termina priorizando el perjuicio económico, dejando en segundo plano la afectación a la dignidad, al honor y a la vida privada.

Por otro lado, esta laguna técnica favorece espacios de impunidad. Conductas consistentes en apropiarse de la identidad de otra persona con la sola finalidad de dañar su honra, afectar su reputación o causar un perjuicio no necesariamente patrimonial, pueden quedar fuera del alcance del artículo 386 relativo al fraude, el cual exige un ánimo de lucro. En consecuencia, determinadas formas de suplantación digital que no persiguen un beneficio económico directo encuentran vacíos legales que pueden ser aprovechados por quienes cometen estas conductas.

La identidad no es solo un conjunto de datos; es la extensión de la personalidad jurídica del individuo. Al no estar tipificada a nivel federal, el Estado mexicano incumple con su obligación de garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la protección de datos personales, principios consagrados en los Artículos 6 y 16 de nuestra Constitución.

En la era de la hiperconectividad, la suplantación de identidad ha dejado de ser un evento físico para convertirse en un fenómeno digital masivo. Los artículos 211 bis 1 al 7 sancionan el “acceso” al sistema, pero no el uso posterior de la identidad robada para interactuar en la sociedad.

México ocupa los primeros lugares en América Latina en robo de identidad. El CPF, al ser la base de la justicia federal, debe marcar la pauta nacional para castigar esta conducta independientemente de si ocurre en el mundo físico o virtual.

La víctima de suplantación no solo pierde dinero; pierde su tranquilidad, su historial crediticio, su reputación y, en casos graves, su libertad por delitos cometidos por terceros en su nombre. Es imperativo que la reforma incluya mecanismos de atención inmediata para que las instituciones financieras y administrativas detengan los efectos del delito al momento de presentar la denuncia, así como acompañamiento jurídico. Asimismo, el Ministerio Público debe estar facultado para investigar la suplantación como un delito autónomo, simplificando la obtención de justicia.

Resulta incongruente enfrentar las dinámicas delictivas del siglo XXI con herramientas normativas concebidas bajo parámetros del siglo pasado. La ausencia de una tipificación expresa de la suplantación de identidad en el Código Penal Federal no solo evidencia un rezago legislativo, sino que genera un vacío que puede ser aprovechado por estructuras delictivas, dejando a la ciudadanía en una situación de desprotección.

Incorporar de manera clara y precisa esta conducta en el ordenamiento penal no constituye únicamente una adecuación técnica del sistema jurídico; implica asumir una responsabilidad ética frente a las víctimas, cuya esfera personal, patrimonial y reputacional se ve profundamente afectada por la insuficiencia de un marco legal que no responde plenamente a las exigencias de la realidad contemporánea.

El nuevo artículo 387 Bis tipifica la suplantación de identidad digital como delito autónomo. La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer la tutela del derecho a la identidad, así como robustecer la protección de datos personales consagrada en el artículo 16 constitucional y garantizar plenamente los derechos de las víctimas previstos en el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su fundamento jurídico se encuentra en los artículos 1o., 16 y 20, Apartado C y 73, fracción XXI, de la Constitución, que establecen, respectivamente, la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; la inviolabilidad de los datos personales; los derechos de las víctimas u ofendidos del delito; y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia penal.

El contexto actual exige una respuesta legislativa inmediata. El incremento acelerado del robo de identidad digital y financiera en México, con pérdidas estimadas superiores a los 14 mil millones de pesos en 2024, evidencia la insuficiencia del marco normativo vigente. Este fenómeno no sólo impacta el patrimonio de las personas, sino también su seguridad jurídica, reputación y estabilidad emocional, lo que coloca a las víctimas en una situación de alta vulnerabilidad.

En consecuencia, resulta indispensable actualizar el marco penal federal para responder a las nuevas modalidades delictivas derivadas del uso de tecnologías emergentes. Es necesario reformar el Código Penal Federal a fin de tipificar de manera expresa la suplantación de identidad como un delito autónomo, estableciendo agravantes específicas cuando se utilicen herramientas como inteligencia artificial, deepfakes o datos personales y biométricos, e imponiendo sanciones proporcionales a la gravedad del daño ocasionado.

Actualmente, la dispersión normativa y la ausencia de una tipificación clara de la suplantación de identidad digital a nivel federal generan vacíos legales, criterios dispares de interpretación y, en muchos casos, espacios de impunidad. Las conductas relacionadas con la apropiación indebida de datos personales suelen subsumirse en figuras tradicionales como el fraude o la falsedad, lo que provoca incertidumbre jurídica y dificulta una persecución penal eficaz. Frente a un entorno social y económico crecientemente digitalizado, esta situación evidencia la necesidad de modernizar el marco penal para responder de manera clara, técnica y proporcional a los nuevos riesgos tecnológicos.

La reforma propuesta, mediante la adición del artículo 387 Bis al Código Penal Federal, tiene como finalidad definir con precisión el concepto de suplantación de identidad digital, establecer sanciones proporcionales a la gravedad del daño, reconocer derechos específicos de las víctimas dentro del propio ordenamiento penal y facultar expresamente a la autoridad judicial para dictar medidas provisionales eficaces. Con ello se busca no sólo actualizar el derecho penal frente a la evolución tecnológica sino, también, fortalecer la protección efectiva de los datos personales y garantizar mecanismos reales de reparación integral del daño.

La suplantación digital no genera únicamente un perjuicio patrimonial inmediato. Sus efectos suelen extenderse en el tiempo y producir afectaciones crediticias prolongadas, daño moral y reputacional, obstáculos para acceder a servicios financieros y procesos de revictimización constante. La utilización indebida de datos personales, credenciales electrónicas o información biométrica puede comprometer de manera profunda la vida económica y social de las personas, despojándolas del control sobre su propia identidad en el entorno digital.

Por ello, el tipo penal propuesto incorpora un enfoque integral de protección a las víctimas, en armonía con la Ley General de Víctimas y con los estándares internacionales en materia de tutela de derechos en entornos digitales. No se limita a establecer una sanción, sino que facilita el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la adopción de medidas cautelares adecuadas, tales como el bloqueo de cuentas, la suspensión de perfiles digitales o la protección crediticia, en congruencia con el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La tipificación expresa de la suplantación digital como delito autónomo aporta beneficios estructurales al sistema jurídico mexicano. Evita interpretaciones extensivas de figuras penales existentes, dota de certeza jurídica a operadores y justiciables, delimita con claridad el bien jurídico tutelado, la identidad y los datos personales y precisa los elementos del tipo penal y sus agravantes. De esta manera, se fortalece el principio de estricta legalidad y se reducen márgenes de discrecionalidad en la aplicación de la norma.

La reforma armoniza el sistema penal con los artículos 1o. y 16 constitucionales: reconoce la identidad, incluida su dimensión digital y biométrica, como un bien jurídico autónomo que merece tutela reforzada frente a riesgos tecnológicos contemporáneos, tales como el uso de inteligencia artificial, la generación de deepfakes o la manipulación de datos biométricos. La incorporación de agravantes vinculadas a estas herramientas permite aplicar el principio de proporcionalidad de la pena, ajustando la respuesta penal a la sofisticación y magnitud del daño causado.

Una figura autónoma también facilita la clasificación estadística precisa de estas conductas, impulsa la investigación especializada y permite diseñar políticas públicas basadas en datos reales. Además, favorece la coordinación interinstitucional entre fiscalías, autoridades financieras, organismos reguladores y plataformas digitales, lo que resulta indispensable ante el carácter interestatal y, en muchos casos, transfronterizo de estas conductas, fortaleciendo así la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia.

En un contexto de acelerada digitalización de la vida social, económica y gubernamental, la identidad de las personas se proyecta a través de datos personales, firmas electrónicas, credenciales de acceso y mecanismos biométricos. Cuando estos elementos son indebidamente apropiados o manipulados, se vulneran directamente derechos fundamentales como la protección de datos personales (artículo 6o. constitucional), la seguridad jurídica (artículos 14 y 16), el honor y la vida privada. La evolución tecnológica, que hoy permite reproducir artificialmente imagen y voz con altos niveles de realismo, incrementa exponencialmente el potencial lesivo de estas conductas y exige una respuesta penal clara, taxativa y constitucionalmente fundada.

En virtud de lo expuesto, la adición del artículo 387 Bis constituye una respuesta legislativa necesaria, proporcional y acorde con el marco constitucional. Tipificar la suplantación digital como delito autónomo fortalece el principio de legalidad y la seguridad jurídica, consolida la protección del derecho humano a la identidad y de los datos personales, y armoniza el Código Penal Federal con los artículos 1o., 16, 20, Apartado C, y 73, fracción XXI, de la Constitución. El Estado tiene la obligación de adecuar su marco normativo a los desafíos tecnológicos contemporáneos y garantizar que ninguna persona quede desprotegida ante el uso indebido de su información personal o biométrica.

La reforma propuesta no amplía de manera arbitraria el poder punitivo, sino que lo orienta de forma precisa, técnica y proporcional, cerrando vacíos legales que hoy generan dispersión normativa e impunidad. En consecuencia, esta iniciativa representa un paso firme hacia la modernización del derecho penal mexicano, el fortalecimiento de la tutela efectiva de las víctimas y la consolidación de un entorno digital más seguro y jurídicamente protegido para todas y todos.

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 387 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 387 Bis. Comete el delito de suplantación de identidad quien, por sí o por conducto de otra persona, sin consentimiento de su titular y con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, o de causar un daño, utilice, obtenga, transfiera, posea o disponga de datos personales, medios de autenticación, credenciales de acceso o cualquier identificador digital de otra persona física o moral, haciéndose pasar por ella ante terceros o en sistemas informáticos.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por medios de autenticación o identificadores digitales aquellos que permitan validar, confirmar o suplantar la identidad de una persona en entornos físicos o digitales, tales como contraseñas, códigos de verificación, firmas electrónicas, certificados digitales, datos biométricos, cuentas o perfiles electrónicos.

Se impondrá pena de cuatro a ocho años de prisión y de cien a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la comisión de otros delitos.

La pena se aumentará hasta en una mitad cuando:

I. El delito sea cometido por servidor público con motivo o en ejercicio de sus funciones;

II. El sujeto activo tenga relación laboral, profesional, comercial, de confianza o parentesco con la víctima y se aproveche de dicha circunstancia;

III. Se empleen tecnologías destinadas a alterar, generar o reproducir la imagen, voz o identidad digital de la víctima de manera artificial; o

IV. La víctima sea menor de edad, persona adulta mayor o persona en situación de vulnerabilidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes deberán, en su caso, adecuar sus protocolos de actuación dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. La aplicación del presente decreto se realizará sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/896413/Gu_a_de_ Ciberseguridad_NNA.pdf

2 https://www.oecd.org/en/publications/online-identity-theft_978926 4056596-en.html

3 https://www.unotv.com/nacional/robo-identidad-mexico-edomex-casos-2024/

4 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2025/09/03/alerta-robo-de-identidad-en-m exico-sube-84-por-ciento-estas-en-riesgo/

5 https://www.telediario.mx/comunidad/nuevo-leon-registra-905-delitos-suplantacio n-identidad

6 https://www.condusef.gob.mx/documentos/estadistica/estad2024/ ANUARIO-2024.pdf?utm_source=chatgpt.com

7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

8  https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2025/09/03/alerta-robo-de-identidad-en-m exico-sube-84-por-ciento-estas-en-riesgo/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2026.— Diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (rúbrica).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz:

«Iniciativa que adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda gubernamental en medios digitales, suscrita por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Nancy Aracely Olguín Díaz, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un décimo párrafo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se recorre el orden de los subsecuentes, en materia de propaganda gubernamental en medios digitales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El orden constitucional mexicano ha consolidado un sistema de comunicación social gubernamental orientado por los principios de imparcialidad, neutralidad institucional y uso honesto de los recursos públicos. Dichos principios buscan impedir que el poder público sea utilizado como instrumento de promoción política individual y garantizar condiciones de equidad en la competencia democrática.

El artículo 134 constitucional establece que los recursos económicos de que disponga el Estado deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, dispone que la propaganda gubernamental, difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, prohibiendo expresamente la inclusión de elementos que constituyan promoción personalizada de las personas servidoras públicas.

Esta prohibición representa una de las bases del modelo democrático mexicano, ya que protege la equidad en la contienda política, evita el uso indebido del erario para fines proselitistas y preserva la neutralidad de la función pública frente a los procesos electorales.

No obstante, desde la última gran reforma en materia de comunicación política, el entorno tecnológico y mediático ha experimentado una transformación profunda. Las plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones móviles y servicios de internet se han convertido en los principales espacios de interacción entre autoridades y ciudadanía, así como en herramientas de difusión masiva de información institucional.

Si bien el texto constitucional contempla la propaganda difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social, la evolución tecnológica ha generado criterios interpretativos dispares que dificultan la fiscalización efectiva del uso de recursos públicos cuando la comunicación gubernamental se realiza mediante medios digitales. Esta situación puede generar espacios de ambigüedad que obstaculizan la labor de las autoridades fiscalizadoras y jurisdiccionales para acreditar la existencia de promoción personalizada cuando ésta se produce mediante mecanismos de amplificación digital.

La falta de precisión normativa puede propiciar que recursos públicos sean utilizados para posicionar indebidamente la imagen, nombre o proyección política de personas servidoras públicas mediante estrategias digitales que no siempre resultan fácilmente identificables como propaganda gubernamental tradicional. En consecuencia, se vuelve necesario fortalecer la claridad del mandato constitucional para evitar interpretaciones restrictivas que limiten su eficacia.

La presente iniciativa no amplía el alcance material de la prohibición vigente ni impone restricciones a la libertad de expresión de la ciudadanía. Su objetivo es precisar que el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos resulta plenamente aplicable a los entornos digitales, garantizando que la neutralidad institucional del Estado se preserve con independencia de la evolución tecnológica de los medios de comunicación.

La reforma propuesta brinda certeza jurídica, fortalece las facultades de fiscalización de las autoridades competentes y actualiza el texto constitucional conforme a la realidad contemporánea de la comunicación pública, consolidando así la protección del principio democrático de equidad en la competencia política.

Esta iniciativa no genera impacto presupuestario directo para el Estado mexicano, en virtud de que no crea nuevas instituciones, estructuras administrativas, plazas, programas ni obligaciones de gasto adicionales para los entes públicos de los tres órdenes de gobierno.

La reforma propuesta tiene naturaleza estrictamente normativa y de precisión constitucional, ya que se limita a ampliar el alcance del principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando expresamente a los medios digitales dentro de la prohibición de promoción personalizada.

Las funciones de vigilancia, control y fiscalización del uso de recursos públicos en materia de comunicación social ya se encuentran conferidas a las autoridades competentes en el marco jurídico vigente. En el ámbito electoral, dichas atribuciones corresponden al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en materia de responsabilidades administrativas, a los órganos internos de control y a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción; y en materia de fiscalización del gasto público, a la Auditoría Superior de la Federación.

La reforma fortalece el marco constitucional que guía la actuación de dichas autoridades sin requerir ampliaciones presupuestales, ya que únicamente precisa el ámbito material de una prohibición existente.

Por lo anterior, la presente iniciativa es presupuestariamente no representa carga financiera adicional para la hacienda pública federal ni para los presupuestos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México.

Asimismo, es plenamente congruente con los principios constitucionales que rigen el ejercicio del servicio público y la comunicación gubernamental y se limita a dotar de mayor claridad a este mandato, precisando que su alcance comprende expresamente los entornos digitales, lo cual es consistente con el principio de interpretación evolutiva de las normas constitucionales frente a los cambios tecnológicos.

De igual forma, dicha propuesta es compatible con el artículo 41 constitucional, que tutela la equidad en la contienda electoral y el adecuado modelo de comunicación política, al reforzar la neutralidad del poder público frente a los procesos democráticos.

Desde la perspectiva de derechos fundamentales, la iniciativa no vulnera la libertad de expresión reconocida en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, ya que la restricción se circunscribe exclusivamente al uso de recursos públicos para fines de promoción personalizada. En consecuencia, no se regulan ni limitan las expresiones de la ciudadanía, medios de comunicación, periodistas ni plataformas digitales cuando actúan en el ámbito privado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada que la propaganda gubernamental tiene límites constitucionales orientados a preservar la imparcialidad en el ejercicio de la función pública y evitar la inequidad en la competencia política, criterios que resultan acordes con la presente reforma al fortalecer la certeza jurídica sobre el alcance de dichas restricciones.

La iniciativa es congruente con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual protege la libertad de pensamiento y expresión, pero admite responsabilidades ulteriores cuando se trata de asegurar el respeto a los derechos de terceros, la protección del orden público y el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que los Estados pueden establecer regulaciones proporcionales cuando persiguen fines legítimos en una sociedad democrática, como la preservación de la equidad electoral y la prevención del uso indebido de recursos públicos.

En este sentido la presente propuesta persigue un fin constitucionalmente válido, ser idónea para fortalecer la imparcialidad del servicio público, necesaria ante la evolución de los medios digitales y estrictamente proporcional al no imponer restricciones a la expresión individual ni al debate público.

Por tanto, la presente iniciativa fortalece el sistema democrático y consolida el principio de neutralidad institucional en el uso de recursos públicos.

Cuadro comparativo

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un décimo párrafo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 134. ...

...

...

...

...

...

...

...

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Se considerará promoción personalizada, así como acto anticipado de carácter político o electoral, el uso de recursos públicos para producir, difundir, amplificar o posicionar contenidos que beneficien directa o indirectamente la imagen, nombre, voz, símbolos o aspiraciones políticas de una persona servidora pública o de terceros, incluyendo aquellos difundidos mediante redes sociales, plataformas digitales, sitios de internet, aplicaciones tecnológicas o cualquier medio digital análogo.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://cidh.oas.org/Basicos/Basicos2.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.— Diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (rúbrica).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. y, adiciona un artículo 159 Bis de la Ley del Sector Eléctrico.

El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca: Compañeras y compañeros, el tema del agua no es un asunto más, es un tema de subsistencia para todos nosotros. En nuestro país el acceso al agua potable y al saneamiento no es algo que se concede ni un beneficio opcional, es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 4o. de nuestra Constitución, y ese mismo marco constitucional, en su artículo 115, deja claro que son los municipios quienes tienen a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y también prevé mecanismos de coordinación con los estados para garantizar su prestación.

Y es ahí donde empieza el problema, la realidad nos deja claro el desfase entre lo que marca la ley y lo que vive la gente. Hoy, en pleno siglo XXI, más de 2.5 millones de viviendas en México no cuentan con acceso a agua potable entubada. Y aún más preocupante, de quienes sí tienen acceso, más de 11 millones de viviendas no reciben agua todos los días.

Esto no es un dato más, es una realidad que se refleja en familias que almacenan agua como pueden, en niñas y niños que vieron afectada su salud y en comunidades enteras que viven con incertidumbre todos los días, y eso no puede seguir normalizándose.

Detrás de esta problemática hay una causa estructural que no podemos seguir ignorando, la fragilidad financiera y operativa de los organismos operadores de agua. En México existen cerca de 3 mil de estos operadores y organismos de agua y la gran mayoría enfrenta serias limitaciones técnicas y económicas para cumplir con su función. Uno de los principales factores que explican esta situación es el alto costo de la energía eléctrica, todo proceso de agua requiere energía, mucha energía. Para dimensionarlo, cerca de la mitad del gasto operativo de estos organismos operadores de agua se destina al pago de electricidad.

A partir de la reforma energética, estos organismos fueron equiparados a usuarios industriales, como si fueran con fines de lucro. Se les impuso una tarifa que no reconoce su naturaleza pública ni su función social. Se les trata como a empresas cuando, en realidad, son responsables de garantizar derechos. Y ahí está la raíz del problema.

Las consecuencias de esta política son claras: incremento de los costos de operación, endeudamiento con la Comisión Federal de Electricidad y presión para aumentar las tarifas del agua. Y cuando sube el costo del agua, quien termina pagando es la gente, especialmente quienes menos tienen, como siempre.

Por eso, lo que hoy se propone no es un trato especial ni una ventaja indebida. Por eso es necesario corregirlo. Es un acto de justicia y de coherencia con nuestro marco constitucional. Esta iniciativa plantea reformar la Ley del Sector Eléctrico para crear una tarifa eléctrica especial subsidiada y diferenciada para los organismos operadores de agua de nuestro país. Una tarifa que reconozca que su función no es generar utilidades, sino garantizar un derecho humano.

Al reducir el costo de la energía se fortalece la viabilidad financiera de estos organismos, se evita el incremento de las tarifas de agua y se generan condiciones para invertir en infraestructura y mejorar la calidad del servicio.

Además, es importante subrayar que esta propuesta no contradice el marco legal vigente. La legislación eléctrica ya contempla esquemas tarifarios diferenciados. Lo que estamos haciendo es incorporar una categoría que reconozca la naturaleza del servicio público de agua.

Y, por supuesto, este esquema deberá estar acompañado de mecanismos transparentes con subsidios focalizados y con una adecuada coordinación entre las autoridades hacendarias, energéticas y regulatorias para asegurar su viabilidad y sostenibilidad.

Compañeras y compañeros, garantizar el acceso al agua no puede quedarse en el discurso: debe reflejarse en decisiones concretas, en políticas públicas eficaces y en marcos normativos que respondan a la realidad del país.

Hoy tenemos la oportunidad de corregir esta distorsión, de favorecer a los organismos operadores y, sobre todo, de avanzar en el cumplimiento efectivo de un derecho humano fundamental y no podemos seguirlo postergando, porque hablar del agua es hablar de igualdad, es hablar de bienestar y es hablar del futuro. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 159 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, a cargo del diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Sector Eléctrico, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, reconocidos en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a estos servicios es indispensable para una vida digna y para la realización de otros derechos humanos, como la salud, la vivienda digna o a un medio ambiente sano.

Además, en el artículo 115, fracción III, inciso a), de la misma Constitución, establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, que generalmente son organismos operadores de agua quienes desarrollan esa responsabilidad, se hagan cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Sin embargo, en México, no todos tienen garantizado el acceso al agua. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2022, 2.5 millones de viviendas (6.9 por ciento) carecen de acceso a agua potable entubada, lo que obliga a buscar otras opciones.

Además, aunque ese año 93.1 por ciento del total de viviendas tuvo acceso a suministro entubado, 33.5 por ciento de esas viviendas no tuvo acceso diario, es decir, 11.5 millones.

Los estados con mayor porcentaje de viviendas sin acceso diario son Guerrero (77 por ciento), Morelos (76 por ciento) y Baja California Sur (74 por ciento).

De acuerdo con el Panorama Censal de los organismos operadores de agua en México (2019), existen 2 mil 826 organismos operadores de los servicios públicos de agua y saneamiento en el país, que en su mayoría tienen problemas técnicos y financieros para prestar de forma eficiente estos servicios públicos en todas sus fases, lo que amenaza su capacidad para cumplir con este mandato constitucional.

Estos organismos enfrentan un doble reto financiero: por un lado, es complicado para ellos obtener ingresos de los usuarios que sean suficientes para poder mejorar su infraestructura y brindar un servicio de calidad a una tarifa justa.

Por otro lado, su mayor gasto operativo es el consumo de energía eléctrica, que es vital para bombear, tratar y distribuir el agua. Un ejemplo claro de esto es que en 2018, los organismos operadores de agua registrados en el Panorama Censal del Inegi, destinaron el 44.4 por ciento de sus gastos en bienes y servicios, que sumaron 34,943.958 millones de pesos, únicamente al pago de energía eléctrica.

La reestructuración del esquema tarifario que resultó de la puesta en marcha de la reforma energética colocó en una situación de vulnerabilidad a los organismos operadores de agua, ajustándolos a una tarifa industrial sin posibilidad de ser modificada por ellos cuando sus necesidades lo requiriesen, como si se tratara de empresas privadas con fines de lucro, olvidando que son organismos cuya actividad principal es la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios.

Una de las consecuencias de mantener la política tarifaria actual es que el costo de operación de los organismos de agua se verá seriamente comprometido en todo el país, impactando directamente a la población. Esta situación los obliga a aumentar las tarifas de agua, lo que impacta negativamente en la economía de las familias, especialmente en las de bajos recursos, y potencialmente viola el derecho humano a un servicio asequible.

Para evitar este escenario, es urgente que se tomen medidas para detener el crecimiento de las deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y al mismo tiempo, es fundamental que las autoridades correspondientes intervengan de manera proactiva.

Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo que se establezca en la legislación federal crear una tarifa eléctrica especial y subsidiada para los organismos operadores encargados de la gestión del agua, puesto que, al reducir el costo de la energía, se fortalecería la capacidad financiera de estos organismos, permitiéndoles mantener o reducir las tarifas del servicio de agua, invertir en infraestructura y mejorar la calidad del servicio sin comprometer su sostenibilidad económica.

Es importante considerar un sistema tarifario que refleje los costos reales de operación para la gestión del agua, incluyendo el de la energía eléctrica, y al mismo tiempo garantice la asequibilidad para la población vulnerable. Por lo que se podría establecer un mecanismo transparente de subsidios focalizados que no comprometa la sostenibilidad financiera de los organismos operadores, sino que la fortalezca, pues la baja recaudación aunado a la falta de tarifas justas hace que persista el ciclo de la ineficiencia.

La Ley del Sector Eléctrico ya contempla tarifas reguladas diferenciadas para los distintos tipos de suministros. Por lo tanto, establecer una nueva categoría para los organismos operadores de agua no contraviene el espíritu de la ley, sino que lo complementa al reconocer la especificidad y la función social de estos entes.

La implementación del subsidio deberá ser planificada y coordinada entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, asegurando que los fondos provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, como una inversión estratégica para el bienestar de la población y el cumplimiento de los derechos humanos.

Consideramos que esta medida es esencial para que el Estado cumpla su obligación de garantizar el acceso al agua como un derecho humano.

Las modificaciones normativas de referencia se pueden analizar en el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación:

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sector Eléctrico

Único. Se reforma la fracción LIV del artículo 3 y se adiciona a éste una fracción LVII Bis; se adiciona un artículo 159 Bis a la Ley del Sector Eléctrico, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a LIII. ...

LIV. Suministradora de Servicios Básicos: Empresa Pública del Estado que ofrece de manera exclusiva el Suministro Básico a los Usuarios de Suministro Básico , de Suministro Eléctrico Básico de agua potable y representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a las Generadoras Exentas que lo soliciten

LV. a LVII. ...

LVII Bis. Suministro Eléctrico Básico de Agua Potable: El Suministro Eléctrico a los organismos públicos, sean estos municipales, estatales o de cualquier otra naturaleza pública, cuya única o principal función sea la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

LVIII. a LXVI. ...

Artículo 159 Bis. La Comisión Nacional de Energía, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encargará de establecer una tarifa eléctrica especial y subsidiada de bajo costo para los organismos operadores de agua y el saneamiento en el país, que será aplicable exclusivamente al Suministro Eléctrico Básico para Agua Potable, considerando que son servicios públicos sin fines de lucro y desempeñan un papel crucial en garantizar el derecho humano al agua, tal como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La metodología para fijar esta tarifa especial deberá incluir mecanismos de subsidios que sean transparentes y específicos, asegurando que el costo de la energía no comprometa la viabilidad financiera de los organismos ni eleve el precio final del servicio de agua más allá de lo asequible para la población.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional de Energía, deberán establecer los mecanismos presupuestarios y regulatorios necesarios para la implementación y operación de este subsidio.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Energía, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto correspondiente, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación la metodología y las tarifas aplicables para el suministro básico de agua potable.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas presupuestales necesarias para cubrir el costo del subsidio establecido en el presente decreto.

Cuarto. A partir de la publicación del presente decreto, se tendrán por prescritos los adeudos históricos acumulados de los Organismos operadores de agua potable por concepto de consumo de energía eléctrica, derivados de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. A lo cual se deberán eliminar los pasivos y activos de los registros contables de los Organismos operadores y la CFE correspondientemente. Lo anterior con la excepción de los adeudos generados en el presente año.

El beneficio de la prescripción estará sujeto a que los Organismos operadores presenten ante la Secretaría a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) un plan y programa de ahorro y uso eficiente de la energía y un plan y programa de reestructuración administrativa, operativa y financiera para mejorar sus servicios en términos de eficacia y eficiencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La Conuee y la Conagua deberán validar los planes y programas emitiendo una opinión técnica.

Notas

1 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2023/08/Investigacion_ Costo-real-del-agua-en-Mexico_31082023-1.pdf

2 De estos 2 mil 826 organismos operadores de agua, 166 están en el sector privado. No obstante, 1642 proporcionaron el servicio a poblaciones urbanas y 1184 a poblaciones tanto urbanas como rurales. Panorama Censal de los Organismos operadores de agua en México. 2019.

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/pro d_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198800.pdf

3 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_ serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198800.pdf

4 https://aneas.com.mx/wp-content/pdf/libros/04-libro-las-tarifas-electricas-y-su -impacto-en-los-sistemas-de-agua-potable-y-saneamiento-de.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril del 2026.— Diputado y diputada: Marco Antonio de la Mora Torreblanca, Haidyd Arreola López (rúbricas).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a jóvenes provenientes de Atizapán y de Texcoco, activistas en la defensa de los derechos humanos en el Estado de México, invitados por la diputada Laura Hernández García, del Partido de Movimiento Ciudadano. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este salón de sesiones.



CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Coordinación Fiscal y del Código Penal Federal, coloquialmente denominada Ley Lobita.

La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias: Compañeras y compañeros legisladores, hoy no estamos discutiendo solamente una reforma legal. Estamos frente a una decisión ética que define quiénes somos como sociedad.

La iniciativa conocida como Ley Lobita nace de una historia real, la de una perrita que sin tener voz logró que la justicia la escuchara y gracias a la licenciada Stephany Rodríguez Hernández logró la sentencia definitiva que concedió la protección a un ser sintiente canino, pero no se trata solamente de Lobita. Se trata de millones de animales en nuestro país que, hasta hoy, han sido invisibles para el derecho.

Esta propuesta da un paso fundamental, reconocer a los animales como seres sintientes. No más debemos tratarlos únicamente como cosas. No más debemos ignorar su capacidad de sentir dolor, miedo y bienestar.

Sí seguirán existiendo derechos de propiedad, pero con un límite claro: ningún interés humano puede justificar el maltrato o la crueldad. Además, esta iniciativa reconoce una realidad social que todos conocemos: los animales que viven en nuestras comunidades, que no tienen dueño, pero sí cuidado colectivo.

Por ello, se crea la figura del animal comunitario, dándole por primera vez protección jurídica. Pero no basta con reconocer, hay que actuar. Por eso, la ley establece sanciones claras y contundentes contra el maltrato animal, con penas de prisión para quienes cometan estos actos de crueldad, porque quien es capaz de dañar a un ser indefenso, también representa un riesgo para la sociedad.

Se crea también un registro nacional de agresores, una herramienta preventiva para evitar que estas conductas se repitan. Y algo muy importante, esta iniciativa no se queda en lo declarativo, fortalece, al contrario, las capacidades del Estado y de los municipios para implementar políticas públicas reales, como centros de bienestar animal, campañas de protección, esterilización y vacunación. Al mismo tiempo, mantiene un equilibrio responsable, respetando actividades legales como el consumo, el control sanitario y la investigación científica, siempre bajo normas estrictas.

Compañeras y compañeros, el derecho evoluciona cuando la sociedad avanza. Y hoy, México tiene la oportunidad de dar un paso histórico. Aprobar esta iniciativa no es un acto simbólico, es un mensaje claro en nuestro país. La vida, en todas sus formas, merece un respeto, porque la forma en que tratamos a los animales también habla de la calidad de nosotros como personas y de nuestra justicia.

Es momento de estar a la altura. Es momento de legislar con conciencia y es momento de hacer historia y no dejar solos a nuestros animalitos. Es cuanto. Muchísimas gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.



TOMA DE PROTESTA

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Se encuentra en este salón de sesiones la ciudadana Karla Patricia Sánchez Rodelo, diputada federal electa en el distrito 5 del estado de Baja California. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: Alma Laura Ruiz López, Rocío López Gorosave y Vanessa López Carrillo.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a todas y a todos los presentes a ponerse de pie.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Ciudadana Karla Patricia Sánchez Rodelo ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Karla Patricia Sánchez Rodelo: Sí, protesto.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Sí así no lo hiciere que la nación se lo demande.Bienvenida, diputada.

La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se invita a las y a los presentes tomar asiento.

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Continuamos con la presentación de iniciativas. Y para ello tiene la palabra la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

En tanto nos acompaña la diputada, damos la bienvenida a los alumnos de la licenciatura en ciencia política y administración pública, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, campus Huejutla, invitados por el diputado Javier Vázquez Calixto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: Compañeras y compañeros diputados, hoy acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que no admite demora, porque responde a una de las crisis más profundas, persistentes y dolorosas que enfrenta nuestro país, la violencia contra las mujeres.

Desde el 2007 México cuenta con la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un instrumento jurídico fundamental que reconoce la violencia como una manifestación estructural de la desigualdad de género.

Sin embargo, casi dos décadas después debemos reconocer con claridad algo que incomoda, pero que es innegable, la ley no ha sido suficiente. No lo ha sido, porque la violencia no ha disminuido; no lo ha sido, porque las instituciones siguen fallando; y, no lo ha sido, porque en muchos casos el Estado llega tarde o simplemente no llega.

Las cifras son contundentes, en México 10 mujeres son asesinadas todos los días, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y en la mayoría de los casos el agresor no es un extraño, sino alguien cercano, su pareja, su expareja o alguien de su entorno.

Pero hay algo más grave, la violencia no termina en el acto del agresor, se prolonga a las instituciones, se prolonga cuando una mujer no es escuchada, cuando su denuncia no se investiga con seriedad, cuando es cuestionada, revictimizada o ignorada por quienes tienen la obligación de protegerla. Esto también es violencia. Y esa violencia tiene un origen claro, la falta de formación con perspectiva de género dentro del propio Estado. No podemos seguir pensando que el problema es únicamente social, cuando también es institucional.

Por eso, la iniciativa que hoy se presenta propone una transformación de fondo, establecer la capacitación obligatoria, permanente, evaluable en perspectiva de género, derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres para todas las personas servidoras en los tres niveles de gobierno, en los tres Poderes del Estado. No se trata de cursos aislados ni de simulaciones administrativas, se trata de generar un cambio estructural en la forma en que el Estado actúa, decide y responde, porque sin formación no hay sensibilidad. Sin sensibilidad, no hay justicia. Y sin justicia, la impunidad se convierte en regla.

Esta propuesta incorpora además un enfoque intercultural, reconociendo que en los pueblos y comunidades indígenas la capacitación debe realizarse con respeto a sus contextos, lenguas y realidades. No estamos partiendo de cero, existen experiencias que han demostrado resultados. En Argentina, la Ley Micaela estableció la capacitación obligatoria en género para todas las personas servidoras públicas. En México, entidades como Baja California han avanzado en este mismo sentido.

Entonces, la pregunta es clara: ¿Por qué a nivel federal seguimos postergando esta decisión? Tenemos claros ejemplos en el Poder Ejecutivo, casos recientes como el de una niña de 13 años obligada a ser madre, evidencia no solo la violencia estructural que enfrentan niñas y adolescentes, sino también la incapacidad institucional para prevenirla, detectarla y atenderla con oportunidad.

Ahí falló el sistema, falló la prevención, falló la protección, falló el Estado. Y cuando el Estado falla, la consecuencia es irreparable. Tenemos los casos de las Fiscalías que, cuando acude uno al Ministerio Público, necesitan que llegues sangrando para que te crean que has sido violada o ultrajada.

Tenemos claros ejemplos en el Poder Judicial, y lo digo porque yo se lo consulté a un ministro. En aquel momento estaba haciendo campaña un ministro. Le dije: ¿Con qué perspectiva de género vas a actuar siendo ministro? ¿Por qué fue esto? Porque yo le consulté al ministro, cuando él era servidor público, que por qué no había atendido un caso de denuncia y me dijo: Porque la denunciante lo único que quería era dinero.

No tenía perspectiva de género, en campaña, actual ministro ahora. Y esos son los casos que tenemos enfrente. Tenemos el caso de senadores, que todo el tiempo están insultando a mujeres, a periodistas, que no les gusta que los incomoden. A esos ya no podemos tolerarlos.

Tenemos casos aquí en la Cámara de Diputados. Compañeras diputadas, que empiezan misóginos, que insultan a compañeras diputadas. Compañeras diputadas que no tienen perspectiva de género tampoco y claridad, y entre nosotras nos estamos insultando. Por eso es necesario que, en los tres niveles de gobierno, los tres Poderes de la nación cuenten con perspectiva de género.

Compañeras y compañeros, la violencia de género no se combate solo con discursos, se combate con instituciones preparadas y con decisiones firmes. Hoy tenemos la oportunidad de dejar de administrar la tragedia y empezar a transformar la realidad, de dejar de normalizar la violencia y empezar a erradicarla. Esta iniciativa es un paso firme hacia un Estado que no revictimiza, que no omite y que no llega tarde. Un Estado que protege.

Los invito a acompañarla con responsabilidad, con compromiso y con conciencia histórica. Porque legislar también es decidir de qué lado estamos, y hoy debemos estar del lado de las mujeres. Antes de concluir, quiero aprovechar los últimos segundos que me quedan. Hace un año recibimos la fatal noticia del hallazgo sin vida de nuestra compañera activista Sandra Domínguez, a quien el Estado mexicano le falló.

A pesar de sus denuncias legales y públicas el Estado fue omiso, dejó en la impunidad a los responsables. Hoy pasean en esta Cámara algunos, siendo contactos con la Secretaría de Educación Pública. Han sido diputados federales, diputados locales, son presidentes municipales.

Y mi compañera Sandra ya no se encuentra con nosotros. Esas son las omisiones del Estado mexicano. Hoy exigimos justicia, verdad y el fin de la cadena de impunidad. También, a nombre de Sandra, que en ese momento como activista, me trajo a esta Cámara de Diputados y me llevó a la Cámara de Senadores. Algunas senadoras que quiero reconocer en este momento...

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: ...a la diputada Kenia López Rabadán por aceptarnos y recibirnos, a la senadora en ese momento Patricia Mercado, porque fueron sororas y porque eso necesitamos, muchas mujeres, ninguna del Partido de Morena, ninguna de otros partidos nos recibió. Y bueno, hoy Sandra ya no se encuentra con nosotros. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Aracely Cruz Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su promulgación en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) ha representado el principal instrumento jurídico en México para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, así como garantizar su derecho humano a vivir libres de violencia en los ámbitos familiar, laboral, educativo y comunitario. La LGAMVLV reconoce diversos tipos de violencia —psicológica, física, económica, patrimonial y sexual— como manifestaciones estructurales de discriminación de género que limitan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

A pesar de su existencia, las cifras oficiales y el análisis sociopolítico demuestran que la violencia contra las mujeres persiste de forma alarmante en el país, requiriendo reformas estructurales a la ley que fortalezcan sus mecanismos de prevención, investigación y sanción.

Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y otros datos oficiales revelan una realidad grave de violencia de género en el país:

• Feminicidios y muertes violentas de mujeres:

A 2023 se han registrado más de 6,500 muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios, manteniéndose un promedio de aproximadamente 10 mujeres asesinadas cada día en México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia o discriminación a lo largo de su vida.

• Violencia familiar y delitos relacionados:

En 2022, 80.2 por ciento de las víctimas de delitos contra mujeres fueron agredidas por hombres, siendo su pareja actual o expareja en la mayoría de los casos.

La violencia familiar y la violencia sexual continúan siendo altamente prevalentes, con un porcentaje extremadamente elevado de casos que no se denuncian debido a la revictimización y los obstáculos burocráticos presentes en el sistema de justicia.

• Impunidad e invisibilización de la violencia:

Aunque las cifras oficiales reflejan una situación crítica, diversas organizaciones civiles y especialistas estiman que los datos subregistran la magnitud real de la violencia, especialmente en casos de violencia no letal, sexual, psicológica y económica.

Estas cifras demuestran que la violencia contra las mujeres no sólo persiste, sino que también se manifiesta de múltiples formas que van más allá de los feminicidios, afectando profundamente la dignidad, la integridad física y emocional, y los derechos humanos de millones de mexicanas.

Ahora bien, uno de los principales problemas que obstaculiza la implementación efectiva de la LGAMVLV es la ausencia de mecanismos robustos de formación y capacitación de servidores públicos con una perspectiva de género, como:

• Falta de capacitación obligatoria con perspectiva de género:

La Ley actual no establece de manera clara y vinculante la obligación para todas las personas servidoras públicas —en los tres niveles de gobierno— de recibir formación continua sobre perspectiva de género, prevención de violencias y trato adecuado a las mujeres. Esto ha generado prácticas institucionales que carecen de sensibilidad y enfoque de género, propiciando revictimización, respuestas estatales insuficientes y un trato deficiente a las víctimas.

• Deficiencias en la investigación de casos y justicia con perspectiva de género:

El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia se ve obstaculizado por la falta de personal capacitado que pueda integrar las investigaciones con criterios de género y derechos humanos, lo que reduce las probabilidades de sanción efectiva y contribuye a la impunidad.

• Necesidad de enfoque preventivo y cultural:

La capacitación en perspectiva de género no sólo fortalece la atención y la justicia, sino que también promueve cambios culturales en las instituciones públicas que son esenciales para la prevención de la violencia de género en todos sus niveles.

La Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, fue promulgada en Argentina en 2019 en respuesta al feminicidio de Micaela García, joven víctima de violencia de género.

Esta ley establece la capacitación obligatoria en materia de género y de violencia por razones de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la nación.

La experiencia argentina ha mostrado que la capacitación obligatoria es una herramienta clave para transformar las prácticas institucionales y promover una respuesta estatal más sensible y eficaz frente a la violencia contra las mujeres.

Más recientemente, el Congreso del Estado de Baja California aprobó la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, conocida también como Ley Daryela. Esta normativa establece que todas las personas servidoras públicas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en ayuntamientos y organismos autónomos del estado, deben recibir capacitación obligatoria en género y prevención de violencia hacia las mujeres, con obligaciones claras y consecuencias administrativas para quienes no cumplan con esta obligación.

Esta ley es un ejemplo de cómo se puede avanzar hacia una institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público, obligando a la capacitación continua y vinculante como parte esencial de la política pública para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La actual crisis de violencia feminicida y de género en México exige medidas más eficaces para prevenir, detectar y erradicar las violencias que afectan a mujeres de todas las edades y en todos los contextos. La capacitación obligatoria es una herramienta clave para transformar las prácticas institucionales y eliminar sesgos discriminatorios.

Un ejemplo reciente y dramático que evidencia la urgencia de esta reforma es el caso de una niña de 13 años que dio a luz en Chiapas, cuya situación ha reavivado la alarma por el embarazo infantil y la violencia estructural que lo causa.

Este caso expone múltiples fallas en la protección de derechos: violencia sexual y matrimonios o uniones infantiles, muchas veces tolerados o no adecuadamente investigados por las autoridades; falta de prevención y educación integral en derechos y sexualidad, que permita identificar y evitar situaciones de abuso; respuesta institucional insuficiente para proteger a niñas y adolescentes en riesgo, y para garantizar la protección efectiva de sus derechos humanos.

La legislación vigente contempla medidas contra la violencia de género, pero la ausencia de capacitación obligatoria y continua en perspectiva de género limita la efectividad de estas normas en la práctica: muchas autoridades y servidores públicos carecen de las herramientas para actuar con sensibilidad, enfoque de derechos y comprensión profunda de la desigualdad estructural de género que subyace a fenómenos como el embarazo infantil, la falta de acceso a la justicia y la impunidad frente a delitos con impacto de género.

Por ello, es necesaria la reforma, para garantizar que todas y todos los servidores públicos posean conocimientos sólidos sobre violencia de género, diferencias culturales, interseccionalidad y mecanismos de protección de derechos humanos; reducir la revictimización institucional mediante una actuación más sensible y eficaz en casos que afectan a mujeres y niñas; fortalecer la prevención de la violencia, abordando no solo sus consecuencias, sino las raíces culturales y estructurales que perpetúan prácticas como la normalización de la maternidad infantil, el abuso sexual y la discriminación institucional; asegurar una capacitación continua, ya que la perspectiva de género no es un conocimiento estático, sino una herramienta que debe actualizarse acorde con avances sociales, jurisprudenciales y mejores prácticas internacionales.

La reforma propone que sea obligatoria y continua la capacitación en perspectiva de género para todas las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, no es solo una mejora técnica de la ley: es una inversión en justicia, igualdad y prevención de violencia estructural. El caso de la niña de 13 años en Chiapas es un ejemplo doloroso de cómo la ausencia de comprensión y acción con perspectiva de género puede tener consecuencias trágicas y persistentes.

La formación continua y obligatoria con perspectiva de género permite que servidores públicos comprendan las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, reconozcan estereotipos y prejuicios, y adopten protocolos de atención sensibles a los derechos humanos.

Capacitar a ministerios públicos, policías, peritos, funcionarios judiciales y otros servidores públicos en los tres niveles de gobierno con enfoque de género es fundamental para garantizar investigaciones más completas, sanciones efectivas y protección adecuada a las víctimas.

Integrar elementos de leyes como la Ley Micaela y la Ley Daryela permite consolidar un enfoque integral en la legislación federal mexicana, garantizando que la capacitación no sea voluntaria ni discrecional, sino obligatoria, continua y evaluable.

Por lo anterior, se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer capacitación obligatoria con perspectiva de género para todas las personas servidoras públicas en los tres niveles de gobierno.

La urgente reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia responde a una necesidad apremiante de dotar al Estado mexicano de herramientas más eficaces para prevenir y erradicar la violencia de género y el feminicidio, mejorar la atención a víctimas y transformar las prácticas institucionales desde una perspectiva de igualdad. Integrar mecanismos de capacitación obligatoria con enfoque de género —como los observados en las legislaciones comparadas— será un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

A efecto de ilustrar de mejor manera la reforma que se propone, se presenta el siguiente:

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se reforma y se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 38; se recorre la fracción XXI, y se adiciona una fracción XXI, pasando la actual fracción XXI a ser la fracción XXII, se reforma la fracción XX y XXI del artículo 41; se reforma y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 38- ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Educar y capacitar de manera obligatoria y permanente en materia de derechos humanos de las mujeres , prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres en las distintas modalidades y perspectiva de género a todas las personas servidoras públicas de la Federación y las entidades federativas en sus tres poderes de gobierno, a fin de dotarles de instrumentos que les permita garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

En los pueblos y comunidades indígenas, la capacitación deberá ser con interculturalidad;

V. a XVI. ...

Artículo 41.- ...

I. a XIX. ...

XX. Promover y coordinar con las entidades federativas la creación y el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres ;

XXI. Capacitar de manera obligatoria y anual a todas las personas servidoras públicas de la Federación en sus tres poderes de gobierno, sin importar su rango y jerarquía, en materia de género, prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, y

XXII. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 49.- ...

I. a VI. ...

VII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa .

Para todas las personas servidoras públicas de las entidades federativas en sus tres poderes de gobierno, sin importar su rango y jerarquía, la capacitación deberá ser obligatoria y anual;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en lectura fácil. Gobierno de México. Publicado: 27 de agosto de 2018. Disponible en:

https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-l as-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-en-lectura-facil?idiom=es#:~: text=Es%20una%20ley%20general%20que,no%20necesariamente%20produce%20lesiones%20 físicas.

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Informe de violencia contra las mujeres. Gobierno de México. Publicado: 23 de diciembre de 2025. Disponible:

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/informe-de-violencia-contra -las-mujeres?state=published

3 Índice de paz México. El aumento en la violencia de género. Disponible en:

https://www.indicedepazmexico.org/el-aumento-en-la-violencia-de- gnero

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Panorama nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres en México. 2024. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463917236.pdf

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Violencia contra las mujeres en México. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

7 Ídem.

8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los Derechos de la Mujer. Organización de los Estados Americanos. Disponible en:

https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm

9 Colección Leyes Explicadas. Ley Micaela. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Argentina 2021. Disponible en:

https://icn.gob.ar/public/publicaciones/ley_Micaela_web/ley-mica ela.pdf

10 Ídem.

11 Ley de Capacitación en materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el estado de Baja California. Publicada en el Periódico Oficial número 10, índice, de fecha 7 de febrero de 2025. Disponible en:

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Le yes/TOMO_V/20250207_LEYCAPACITACIONGENERO.PDF

12 Martín Pérez Fredy. Caso de niña embarazada en Chiapas es violencia sexual: colectiva; pone en evidencia omisión sistemática de autoridades. El Universal. Estados. Publicado: 8 de enero de 2026. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/caso-de-nina-embarazada-e n-chiapas-es-violencia-sexual-colectiva-pone-en-evidencia-omision-sistematica-d e-autoridades-dicen/

13 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026.— Diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (rúbrica).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Sobre la Renta.

El diputado Mario Calzada Mercado:Gracias. Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Mario Calzada Mercado: Compañeras diputados... compañeras diputadas y diputados federales, ¿alguien conoce de casos de jóvenes mexicanos que salen a estudiar al extranjero y ya no regresan? Yo también conozco muchos casos.

México enfrenta un problema real y estructural que durante años hemos ignorado. Formamos talento, lo enviamos al extranjero a prepararse a las mejores universidades del mundo y cuando regresan les cerramos las puertas acá en su país de origen.

Miles de jóvenes mexicanos cursan licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades fuera del país, se preparan en instituciones de excelencia, generan conocimiento, construyen redes internacionales, adquieren experiencia, pero al volver enfrentan una realidad adversa: pocas oportunidades laborales, bajos salarios, dificultades para el emprendimiento, inseguridad y una carga fiscal inmediata que desincentiva su retorno.

El resultado es claro, la fuga de cerebros continúa. Más de un millón 200 mil mexicanos altamente calificados viven fuera del país. México pierde inversión educativa, pierde innovación, pierde competitividad. Por ello, esta iniciativa llamada Ley Talentos pretende reformar y adicionar a la Ley de Impuestos sobre la Renta para crear un estímulo fiscal no permanente, no discrecional, no regresivo, una exención al ISR por un equivalente al tiempo que duraron sus estudios con un límite máximo de cuatro años. No se trata de un privilegio, se trata de una inversión estratégica y un impulso al desarrollo económico del país.

Países que compiten por el talento global como Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, China han demostrado que los incentivos fiscales focalizados incrementan el retorno de profesionistas altamente calificados y fortalece su economía. México no puede quedarse atrás, en esta competencia global por el conocimiento.

La propuesta establece reglas claras: primero, acreditar nacionalidad mexicana. Segundo, demostrar la conclusión de estudios en el extranjero. Tercero, retornar dentro de los 12 meses siguientes al término de sus estudios. Cuarto, incorporarse efectivamente a actividades productivas, científicas, tecnológicas, educativas o de emprendimiento en el territorio nacional.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tendrá facultades de verificación para evitar abusos. Este estímulo tiene tres beneficios fundamentales: reduce la presión económica inmediata al retorno, fomenta el emprendimiento y la innovación, y transforma la fuga de cerebros en retorno del talento.

En un país donde el acceso al financiamiento es limitado y los costos de formalización son elevados, alinear temporalmente la carga fiscal puede marcar la diferencia entre que un joven investigador abra una empresa en México o decida quedarse en el extranjero.

Compañeras y compañeros, no podemos seguir perdiendo capital humano avanzado por falta de incentivos inteligentes, no podemos resignarnos a que México exporte cerebros e importe innovación. Esta iniciativa es constitucionalmente válida, fiscalmente responsable y socialmente rentable.

El mensaje es claro, compañeros, México reconoce y valora el conocimiento, México reconoce y valora a los jóvenes, México apoya a los estudiantes y la educación profesional.

Invertir en talento es invertir en desarrollo, en futuro, en apostarle a la ciencia, la tecnología y a la competitividad. Hoy tenemos la oportunidad de convertir la fuga de cerebros en retorno de oportunidades. Gracias. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Mario Calzada Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el nombre del Capítulo VIII, del Título VII, y se adicionan los artículos 196, 197, 198, 199, 200, 201 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Es una realidad que en nuestro país no se cuenta con estímulos fiscales a favor de estudiantes profesionales, especialistas o que estudien un posgrado, ya sea a nivel nacional o en el extranjero que les facilite y permita una adecuada inserción laboral una vez concluidos los estudios. Es decir, “existe una desconexión estructural entre el sistema educativo y el mercado laboral en México, lo que resulta en una carencia significativa de oportunidades y apoyos para profesionales recién egresados, incluso aquellos con posgrados y especialidades.” Así lo señalaron en un comunicado de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México.

Más de 1.2 millones de personas con posgrado en México enfrentan dificultades para encontrar un trabajo estable, y hasta el 42 por ciento reporta estar en puestos por debajo de su nivel de cualificación. En la Ciudad de México, en 2024 cerca de 884 mil 237 egresados universitarios estaban desempleados, y solo el 30.7 por ciento encontró empleos acordes a su formación.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cerca del 33.4 por ciento de los egresados universitarios enfrenta dificultades para conseguir empleo, una cifra significativa que refleja una brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, afectando el desempleo principalmente a jóvenes.

Ello muestra que, existe un contraste entre la formación de profesionales altamente calificados y su absorción por el mercado laboral nacional. En nuestro país, una proporción significativa de personas con licenciatura y posgrado se encuentra subempleada o fuera del mercado laboral formal, lo que implica una ineficiencia en la inversión educativa pública y privada.

En México, contar con título universitario o de posgrado no garantiza un mejor empleo ni estabilidad laboral. De hecho, mientras que 2.7 por ciento de personas que no terminaron la secundaria se encuentran desempleadas, en el caso de quienes cuentan con estudios superiores, este porcentaje sube al 4.3 por ciento, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si esto sucede con los profesionales que estudian en una institución académica nacional, cuando se decide estudiar un posgrado en el extranjero, la inserción laboral suele ser mucho más complicada, por ello, la presente iniciativa pretende brindar una solución viable para aquellos profesionales que regresan a México, puesto que aportarían una plusvalía al mercado laboral.

Por ello, la iniciativa pretende su justificación a través de la siguiente:

Exposición de Motivos

Primera. México no puede seguir perdiendo el talento que se forma en el extranjero. Hoy, miles de estudiantes mexicanos cursan licenciaturas, posgrados y especialidades en instituciones de alta exigencia académica alrededor del mundo.

Su retorno debería ser un orgullo nacional, pero la realidad que enfrentan a su retorno es muy diferente, poca oferta laboral, además de dificultades económicas y fiscales que complican su reinserción productiva y de emprendimiento; lo que genera que la migración de personas altamente cualificadas se está convirtiendo en un patrón dominante de la migración internacional y un aspecto importante de la globalización.

Países que compiten por atraer talento global han demostrado que los incentivos fiscales aumentan significativamente el retorno de profesionistas altamente calificados, lo que se traduce en mayor productividad, innovación y crecimiento económico.

Un estudio citado por IZA (Institute of Labor Economics) encontró que los incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta (ISR) para migrantes altamente calificados aumentan su probabilidad de retornar a su país de origen en un 27 por ciento, al reducirse temporalmente la carga tributaria al volver.

La fuga de cerebros es una preocupación política clave para muchos países, principalmente Europeos. Por ejemplo, en Italia promueven la aplicación de incentivos fiscales como una política eficaz para atraer a expatriados altamente cualificados a su país de origen, aprovechando una generosa desgravación fiscal para los que regresan.

Esta propuesta no constituye un regalo, sino una inversión estratégica: los mexicanos que egresan de programas en el extranjero traen consigo redes globales, investigación avanzada y habilidades que fortalecen sectores productivos. Países como Irlanda, Corea del Sur y China han utilizado estímulos fiscales focalizados para transformar la “fuga de cerebros” en circulación y retorno de talento, con impactos positivos en innovación, creación de empresas y transferencia tecnológica.

Segunda. Nuestro país padece una fuga de cerebros significativa. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país latinoamericano más afectado por ese fenómeno y el séptimo a nivel mundial. Entre 2015 y 2017, se fueron 866 mil mexicanos altamente calificados.

Hoy, la cifra ronda los 1,2 millones de talentos mexicanos que se han marchado al exterior, en busca de mejores oportunidades u orillados por las políticas de gobiernos en turno. El primer destino de los mexicanos es Estados Unidos, seguido de España y Reino Unido. Pero también China recluta cada vez más activamente a científicos de alto nivel.

En ese contexto México, se ha caracterizado por dejar ir a sus profesionales altamente calificados, personas con educación superior, especialidad o doctorado ha emigrado en busca de mejores oportunidades en el extranjero, según estimaciones del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El reto es claro, más de un millón de mexicanos con estudios profesionales o de posgrado residen fuera del país, muchos de ellos debido a que en el país no se ofrecen condiciones competitivas para su reinserción tras el retorno, incluyendo la carga fiscal inmediata.

La presente iniciativa pretende que el Estado mexicano reconozca el conocimiento, y la experiencia adquirida en el extranjero, como activos estratégicos particularmente en sectores científicos, tecnológicos, educativos y de innovación. Por ello, facilitar el retorno mediante un estímulo fiscal es una forma eficiente de capitalizar ese activo en beneficio del desarrollo nacional.

Tercera. La propuesta central de esta iniciativa —otorgar una exención temporal del impuesto sobre la renta equivalente al tiempo de estudios en el extranjero— representa una medida moderna, eficaz y probada internacionalmente.

Aminora la presión inicial del retorno, estimula el emprendimiento, facilita la inserción laboral y fomenta la utilización del conocimiento adquirido fuera del país.

Lo anterior contribuiría también, en prevenir y aminorar la fuga de cerebros y convertirla en un retorno de profesionales altamente calificados para impulso de la ciencia, innovación y desarrollo a largo plazo.

La reducción de la carga fiscal en los primeros años de retorno permitirá que los beneficiarios destinen recursos a emprendimiento, investigación, capacitación y consolidación laboral, lo cual incrementa la probabilidad de éxito profesional y empresarial. Esto resulta especialmente relevante en contextos donde el acceso al financiamiento es limitado y los costos de formalización son elevados.

La iniciativa es constitucionalmente válida, fiscalmente responsable y socialmente rentable. No genera privilegios indebidos, sino que introduce un estímulo temporal, verificable y condicionado, orientado a corregir una falla estructural del mercado laboral y a fortalecer el desarrollo económico del país mediante el aprovechamiento del capital humano avanzado.

Por lo anterior y con el propósito de clarificar la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo del artículo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el texto propuesto:

Cuadro comparativo

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esa asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Único: Se reforma el nombre del Capítulo VIII, del Título VII, y se adicionan los artículos 196, 197, 198, 199, 200, 201 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo VIIIEstímulo Fiscal para Mexicanos que Retornen al País tras Realizar Estudios en el Extranjero

Artículo 196. Se concede una exención del Impuesto Sobre la Renta, a personas físicas de nacionalidad mexicana que hayan realizado estudios superiores o de posgrado en instituciones educativas extranjeras reconocidas oficialmente, consistente en no pagar el Impuesto Sobre la Renta por un periodo equivalente al tiempo acreditado de duración de sus estudios.

Artículo 197. Requisitos.

I. Acreditar nacionalidad mexicana.

II. Haber concluido estudios en el extranjero en programas de nivel técnico superior universitario, licenciatura, maestría, doctorado o especialidad.

III. Presentar documentos oficiales que acrediten la duración del programa.

IV. Retornar al territorio nacional dentro de los doce meses posteriores a la conclusión de los estudios.

V. Acreditar su incorporación a actividades productivas, laborales, científicas, tecnológicas, educativas, culturales o de emprendimiento en territorio nacional.

Artículo 198. Alcance de la exención.

La exención aplicará únicamente a los ingresos obtenidos en territorio nacional por el periodo equivalente a los años de estudio cursados, sin exceder cuatro años.

Artículo 199. Inicio.

El cómputo comenzará en la fecha de incorporación laboral o productiva registrada ante la autoridad fiscal, siempre que ocurra dentro de los doce meses siguientes al retorno.

Artículo 200. Compatibilidad.

El estímulo será compatible con otros incentivos fiscales, siempre que no exoneren el mismo impuesto por el mismo concepto.

Artículo 201. Verificación.

El Sistema de Administración Tributaria estará facultado para verificar autenticidad documental y cumplimiento de requisitos.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, contarán con 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitirán reglas de carácter general.

Notas

1 Impulsan campañas de empleo para jóvenes recién egresados. Congreso Ciudad de México, III Legislatura. Consultado en

https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-impulsan-campanas-empleo- jovenes-recien-egresados.

2 Más estudios, menos empleo: universitarios mexicanos enfrentan mayor desempleo. Notipress. Septiembre 15 de 2025. Consultado en

https://meridiano.mx/2025/09/15/mas-estudios-menos-empleo-univer sitarios-mexicanos-enfrentan-mayor

3 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 2024. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado En inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/iooe/IOE2025_12.pdf

4 Informe “Panorama de la Educación 2025”. OCDE: México y Colombia rompen la tendencia; mayor nivel educativo no garantiza empleo. Septiembre 2025. Consultado en

https://rgb360.com.mx/ocde-mexico-y-colombia-rompen-la-tendencia -mayor-nivel-educativo-no-garantiza-menor-desempleo

5 Docquier, F., & Rapoport, H. 2012. Globalización, fuga de cerebros y desarrollo. Revista de Literatura Económica. vol. 50, núm. 3, septiembre de 2012 consultado en

https://www.aeaweb.org/articles

6 Jacopo Bassetto, Giuseppe Ippedico. IZA Institute of Labor Economics. No. 17224. Incentivos fiscales y migración de retorno. Agosto 2024. Consultado en

https://www.iza.org/en/publications/dp/17224

7 Weiss Sandra. México lucha contra la fuga de cerebros. Consultado en

https://www.dw.com

8 Continúa la fuga de profesionales mexicanos, sobre todo a Estados Unidos, ante “la estrechez de opciones”. Noticias Telmundo. 2024. Consultado en

https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/inmigracio n/migracion-talento-fuga-cerebros-mexico-claudia-sheinbau-rcna156486

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2026.— Diputados y diputadas: Mario Calzada Mercado, Ana Isabel González González, Juan Francisco Espinosa Eguía, Luvianka Guadalupe Partida Chávez, María Lorena García Jimeno Alcocer, Noel Cávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra, al diputado José Antonio Gali López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular.

El diputado José Antonio Gali López:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.

El diputado José Antonio Gali López: Compañeras y compañeros legisladores, hoy no vengo a hablar de un problema del futuro, hoy vengo a hablar de una crisis que ya está aquí en nuestro país, que ya respiramos, que ya vemos y que padecen millones de familias mexicanas. México, se está ahogando en sus propios residuos.

Más de 120 mil toneladas de basura se generan todos los días y miles de ellas ni siquiera son recolectadas, eso significa contaminación en nuestras calles, en nuestros ríos, en nuestros mares, en la salud pública, pero lo más grave no es la cifra, lo más grave es que seguimos operando con un modelo que ya fracasó, un modelo antiguo, un modelo que produce, que consume y que desecha sin responsabilidad y enfrenta una realidad que exige acción, lo irresponsable sería quedarnos igual. Por eso, hoy no venimos sólo a diagnosticar un problema, venimos a proponer una solución.

México enfrenta una crisis ambiental que no admite aplazamientos, cada año y cada día generamos más residuos de los que somos capaces de manejar, lo que nos convierte en una oportunidad de poder generar empleos verdes, impulsar la innovación y fortalecer la competitividad de nuestras empresas, reducir costos en el manejo de residuos y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Es entender que cuidar el planeta es construir desarrollo.

Hoy, tenemos frente a nosotros una decisión sumamente importante, podemos seguir con un modelo antiguo que contamina y desperdicia o podemos avanzar hacia un modelo que aprovecha, que innova y que protege nuestro medio ambiente.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos de que México debe de avanzar hacia un nuevo modelo. Por eso, esta reforma no solo actualiza una ley, le da fuerza, dirección y viabilidad, le permite pasar del discurso a la acción.

Este no es un debate técnico, es una decisión de rumbo, es decidir si seguimos administrando la contaminación o si empezamos a construir soluciones integrales. La economía circular no es una opción ideológica, es una necesidad nacional, es crecimiento con responsabilidad, es desarrollo con futuro para las próximas generaciones.

¿Y qué es lo que proponemos en esta reforma? Incorporar el concepto de producto sostenible para impulsar bienes con menor impacto ambiental. Fortalecer los principios de circularidad con metas claras, avanzando hacia el 100 por ciento de circularidad en el mercado nacional.

Impulsar incentivos económicas y fiscales que permitan que quienes producen de manera responsable tengan incentivos fiscales. Reforzar la responsabilidad de la industria sobre todo el ciclo de vida de esos productos. Promover la educación ambiental y el consumo consciente y establecer metas claras para reducir la huella ambiental y el desperdicio.

Esta reforma, compañeras y compañeros, no es aislada, está alineada a los compromisos internacionales que México ha asumido en el Acuerdo de París y en la Agenda 2030 que ya tenemos encima.

Y también está vinculada al Plan Nacional de Desarrollo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que impulsa un modelo de crecimiento con responsabilidad ambiental y con justicia social. Porque hoy más que nunca el desarrollo no puede estar separado del cuidado del medio ambiente.

Compañeras y compañeros, la economía circular no es solo una respuesta ambiental, es también una oportunidad. Tan solo en nuestro país se producen más de 120 mil toneladas de residuos sólidos al día y cerca de 12 mil toneladas ni siquiera son recolectadas.

Y a esto se suma un dato sumamente importante, más de 2 mil 250 sitios de disposición final, casi el 90 por ciento son tiraderos a cielo abierto, especialmente en zonas urbanas, donde este modelo ha llegado a sus límites de saturación de residuos que contaminan el suelo, el agua y el aire. No es solo un problema ambiental, es un problema social, económico y de salud pública.

Por eso, hoy estamos aquí para plantear una alternativa, la economía circular, un modelo que propone algo tan lógico como necesario, aprovechar los recursos, alargar la vida de los productos y convertirlos en residuos, en oportunidades.

México, nosotros, esta legislatura, ya hay un paso importante al crear la Ley General de Economía Circular. Por eso, hoy toca dar el siguiente paso y fortalecerla. La iniciativa que presentamos propone reformar artículos estratégicos en esta ley: el 3o., 4o., 6o., el 18, 21, 20, 36 y 37. No se trata de cambios menores.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde lo decimos con claridad: México no puede seguir llegando tarde a los cambios que el mundo ya está implementando. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme, de pasar del discurso a la acción, de convertir la ley en resultados reales para la gente. Hagamos lo correcto. Hagamos lo justo. Hagámoslo ahora. Hagámoslo por México y por nuestras familias. Es cuanto. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular, a cargo del diputado José Antonio Gali López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado José Antonio Gali López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular, reforzando su reciente creación y contrarrestando el modelo lineal de producción y consumo que ha predominado durante décadas y que se ha caracterizado por la secuencia de extraer, producir, consumir y desechar, lo que ha generado impactos ambientales acumulativos que han rebasado la capacidad regenerativa de los ecosistemas, impactando en el cambio climático y afectando la salud, economía y seguridad ambiental del país; los problemas de contaminación de aire, agua y suelo, la pérdida acelerada de biodiversidad, el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero y la saturación de los sistemas de disposición final, se presentan hoy como desafíos estructurales, lo que evidencia que estos efectos derivan directamente de patrones insostenibles de producción y consumo, agravados por prácticas industriales intensivas, urbanización sin planeación y un manejo inadecuado de los residuos.

En México, la generación de residuos sólidos urbanos supera las 120 mil toneladas, de ellas aproximadamente 12 mil toneladas no son recolectadas y permanecen en calles, cuencas, ríos, barrancas, playas y zonas costeras; además, existen más de 2 mil 250 sitios de disposición final de los cuales cerca de 90 por ciento corresponden a tiraderos a cielo abierto que incumplen la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, generando lixiviados, emisiones de metano y pérdida de suelo, afectando directamente a comunidades urbanas y rurales; esto nos lleva a la urgencia de fortalecer la infraestructura para el reciclaje, promover la valorización de residuos y establecer mecanismos de trazabilidad y corresponsabilidad.

Esta iniciativa de reforma va acorde con los compromisos tomados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow, Escocia, en el que los países signantes reafirmaron el compromiso del Pacto de París de limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2o. C (grados centígrados) por encima del nivel preindustrial y esforzarse para no superar 1.5°C, expresando la alarma y máxima preocupación en relación con las actividades humanas que han provocado un incremento del 1.1°C en las temperaturas hasta la fecha, efectos de los cuales ya se aprecian en todas las regiones; subrayando la urgencia de actuar en esta década crítica, en el que, las emisiones del dióxido de carbono deben reducirse en 45 por ciento con el fin de alcanzar las emisiones netas cero para mediados de siglo.

También existen acuerdos y compromisos multilaterales que reconocen la economía circular como un instrumento estratégico para enfrentar la crisis climática y ambiental, entre ellas, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Convención de Basilea, el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular y diversas estrategias implementadas por países de América Latina, en el que, coinciden en la necesidad de prevenir la generación de residuos, minimizar la presión sobre los recursos naturales y fomentar el ecodiseño y la valorización.

Por lo anterior, es necesario vincular el cambio climático, el uso sostenible de los recursos naturales y la reducción de la huella ambiental a la Ley General de Economía Circular, en el que se deberán cumplir con las metas aspiracionales de cien por ciento de circularidad en el mercado, para contribuir a la acción climática en términos de la fracción I del artículo 22 de la referida ley, disminuyendo las emisiones de gases efecto invernadero, considerando que, el total de emisiones de dióxido de carbono colocó a nuestro país en el duodécimo lugar mundial en 2018, convirtiéndolo en el país latinoamericano más contaminante en ese sentido, incluso por encima de Brasil, lo que conlleva a emprender acciones de mitigación y reducción.

Otros de los factores que tiene un impacto ambiental inmediato son los asentamientos humanos, al realizarse cambios de uso de suelo para fines comerciales e industriales, requiriéndose por lo tanto, agua, alimentos y energía para sostener sus procesos como resultado del consumo o transformación de bienes y servicios, generando copiosas cantidades de residuos sólidos y líquidos, además, de emisiones contaminantes de la atmósfera que afectan ecosistemas locales y distantes, lo que se denomina “huella ecológica”.

En el Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036 señala en sus principios rectores y resultados estratégicos lo siguiente: Principio 3: “Sostenibilidad Ambiental Urbana”, según el cual deben desarrollarse procesos de planificación, patrones de desarrollo urbano y construcción de una ciudadanía consciente que impulse la protección, uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas y servicios ambientales, fomentando la resiliencia frente a los impactos del cambio climático y los desastres; para ello, debe existir una adecuada regulación del uso de suelo y la forma urbana para asegurar un uso sostenible y seguro, y la recuperación de ecosistemas y servicios ambientales.

Los referidos planes tienen como objetivo la preservación, conservación y restauración de los sistemas naturales y la biodiversidad en los ecosistemas de pertenencia de las áreas urbanas, en el que se deben valorar las funciones y servicios proporcionados por los sistemas naturales y considerar los impactos de la actividad humana sobre estos sistemas con relación a sus patrones y modelos de producción (actividad industrial y comercial); es por ello que, recientemente, en México se expidió la Ley General de Economía Circular, destacando entre sus objetivos:

• Cuidar y preservar el medio ambiente mediante la reducción de la extracción de materiales vírgenes y la valorización de residuos.

• Reducir la contaminación ambiental, fortaleciendo la prevención y minimización de desechos.

• Establecer un marco nacional integral que incluya al sector público, privado y social.

• Crear un Sistema Nacional de Economía Circular para coordinar políticas, competencias y acciones.

• Implementar un Registro de Economía Circular y una Plataforma Nacional de Información para asegurar transparencia y trazabilidad.

• Fortalecer el ecodiseño, la innovación tecnológica, la reparación, reutilización y el reciclaje de calidad.

• Incorporar instrumentos económicos y fiscales que incentiven modelos de producción y consumos sostenibles.

• Establecer la Responsabilidad Extendida del Productor, como eje rector que obliga a fabricantes, importadores y distribuidores a garantizar la gestión ambientalmente adecuada de los productos durante todo su ciclo de vida.

Asimismo, es importante enfatizar que la presente reforma reconoce a los productos y servicios que cumplan con criterios de sostenibilidad, trazabilidad, eficiencia de materiales y reducción de impactos ambientales, fomentando la competitividad en mercados nacionales e internacionales.

La presente iniciativa también es coherente con el Eje General 4 del Plan Nacional de Desarrollo, relativo al desarrollo sostenible y constituye un paso decisivo para articular políticas transversales en materia ambiental, energética de innovación tecnológica y de manejo de residuos, reflejando una visión integral, progresiva y armónica con el marco constitucional, particularmente con los artículos 4, 25 y 73 fracción XXIX-G, en relación con la diversa fracción XXXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obligan al Estado a garantizar un medio ambiente sano, promover el desarrollo industrial sustentable y establecer las leyes generales necesarias en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

I. Antecedentes normativos

El 19 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Economía Circular, la cual tiene por objeto cuidar y conservar al medio ambiente a través de políticas y mecanismos en materia de economía circular para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México.

A la par de la emisión de esta ley, también se modificaron diversas leyes secundarias con el propósito de asegurar coherencia y congruencia entre el nuevo modelo de circularidad y el marco jurídico ambiental vigente, evitando con ello, discrepancias normativas que limiten su operatividad; las normas modificadas fueron la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; en la primera de ellas, se incorporan criterios de circularidad en la formulación y conducción de la política ambiental, ajustando la definición de “residuo”, suprimiendo limitantes que impidan su valorización, reutilización o reincorporación a ciclos productivos, permitiendo un tratamiento jurídico moderno, alineado con los principios de la economía circular y con las mejores prácticas internacionales; en la segunda, se actualizan los conceptos, obligaciones y esquemas de responsabilidad extendida del productor para asegurar una gestión integral moderna y eficiente.

La inclusión de este concepto en dichos ordenamientos, permitirá que la federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen de manera decidida la economía circular en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación; además de establecer sistemas de certificación de procesos, productos y servicios que favorezcan la transición hacia patrones de consumo sustentados en la economía circular.

Bajo este marco, la economía circular se consolida como un instrumento eficaz para cumplir los compromisos internacionales asumidos por México, al disminuir emisiones, reducir la presión sobre los recursos naturales, promover la innovación tecnológica y fortalecer la participación corresponsable del sector productivo; asimismo, el Estado mexicano cumple con las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Pacto Verde Regional, respecto a adoptar leyes marco de economía circular, como lo han hecho la Unión Europea, Chile, Colombia, Francia, Corea del Sur y Japón.

Además, la Ley General de Economía Circular, forma parte de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente del Eje General 4 “Desarrollo Sustentable”, el cual establece la necesidad de transitar hacia un modelo de crecimiento económico que preserve los ecosistemas, reduzca la contaminación y fomente la utilización eficiente de los recursos naturales.

II. Diagnóstico

La Ley General de Economía Circular, se encuentra estrechamente vinculada con la Ley General de Cambio Climático, en lo que respecta a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro, así como aquellas encaminadas a fortalecer la adaptación y resiliencia al cambio climático, con atención prioritaria a grupos vulnerables, lo que significa, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación por emisiones y compuestos de efecto invernadero; ello resalta su importancia para el Estado mexicano, ya que tiene como objeto regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que el país contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma.

De igual manera, la importancia en el combate al cambio climático busca promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático y establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2° C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5° C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

La iniciativa propuesta tiene por objeto clarificar la regulación y obtención de beneficios sobre productos sostenibles, el uso de materiales adecuados, ecológicos y de manufactura de calidad que eviten promover su reemplazo periódico o prematuro conforme a los principios de la economía circular, teniendo como objetivo lograr el cien por ciento de la circularidad en el mercado y así contribuir a la acción climática, debiendo favorecer los procesos productivos que generen una menor huella ambiental y contribuyan a reducir las emisiones contaminantes, ahorren recursos naturales, minimicen residuos y estén alineados con los estándares nacionales e internacionales que eviten crear barreras técnicas al comercio sin justificación.

Asimismo, la presente iniciativa se alinea directamente con las estrategias prioritarias del Eje General 4 del Plan Nacional de Desarrollo, entre las que destacan:

• Fomentar la transición gradual de combustibles fósiles a energías renovables.

• Promover el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos energéticos.

• Reducir emisiones para mitigar el cambio climático.

• Impulsar la economía circular para optimizar el uso de los recursos.

• Frenar la pérdida de ecosistemas.

• Modernizar la infraestructura de recolección y tratamiento de aguas y residuos.

Además, la iniciativa propuesta, resulta plenamente compatible con los programas sectoriales vigentes en materia ambiental, particularmente en lo relativo a mitigación del cambio climático, manejo integral de residuos, eficiencia de recursos y transición energética; lo que hace necesario impulsar estrategias técnicas, operativas y de gobernanza que encuentren un equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible; ya que en multitud de informes, los expertos han señalado de manera incontestable que los recursos naturales son finitos y no pueden ser aprovechados de forma irracional, entre las iniciativas que pretenden hacer frente a esta situación, fue la creación de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo objetivo era establecer estrategias ambientales a largo plazo para conseguir un desarrollo económico racional en el año 2000.

El resultado del trabajo de esta Comisión fue la publicación en 1987 del informe Brundtland (ONU, 1987), este texto recoge por primera vez el término sustainable development–desarrollo sostenible– que tanta repercusión sigue teniendo en la actualidad, y para que el desarrollo sea sostenible deben de cumplirse las siguientes premisas:

• Será necesario satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas;

• El crecimiento económico debe asociarse a un crecimiento del capital productivo que no dañe al medio ambiente;

• Debe promoverse un cambio social y económico que favorezca niveles de consumo dentro de los límites ecológicos del planeta; y

• La explotación de los ecosistemas debe ser racional, sin comprometer los sistemas naturales que sostienen el planeta.

El desarrollo sostenible consta de tres vertientes, la económica, la social y la medioambiental, que deben abordarse políticamente de forma equilibrada; estas tres dimensiones están interrelacionadas y el abandono de una de ellas supondría el fracaso del objetivo final. En una sociedad sostenible no debe haber un declive no razonable de cualquier recurso, ni un daño significativo a los sistemas naturales y tampoco un declive significativo de la estabilidad social; Herman Daly, economista-ecólogo estadounidense, propone que una sociedad sostenible es aquella en la que los recursos se utilizan a un ritmo inferior al de su regeneración; por lo tanto, no se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorberlos o neutralizarlos, y añade que los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo que el del capital humano pueda reemplazar al capital natural perdido.

Así las cosas, la economía circular constituye una herramienta fundamental para promover el uso eficiente de los recursos naturales, disminuir la generación de residuos, fortalecer la competitividad industrial, impulsar la innovación tecnológica y generar empleos verdes; la presente iniciativa establece la gradualidad y definición de metas, para el uso sostenible de los recursos naturales, la reducción de la huella ambiental y el aprovechamiento sostenible del agua, garantizando que la economía circular sea efectiva y ambientalmente responsable.

La iniciativa también refuerza el régimen innovador de estímulos fiscales, facultando al titular del Ejecutivo federal para otorgarlos, con el objetivo de promover actividades alineadas a los principios de circularidad, estímulos que se encuentran orientados a apoyar actividades económicas que integren criterios de reducción de residuos, ecodiseño, reutilización, remanufactura, valorización de materiales y eficiencia energética, lo cual contribuye directamente a los objetivos de la Ley promovidos por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que demuestra que la propuesta se alinea a las tendencias regulatorias y de política pública más avanzadas en la materia.

Como referencia, en el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, redefiniendo de nuevo una última oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el objeto de mejorar la calidad de vida de todos, sin dejar a nadie atrás, abarcando desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, e incluyendo la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En México, las competencias en materia de economía circular, cambio climático, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la correspondiente a asentamientos humanos son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través de leyes generales, esto significa que los tres órdenes de gobierno intervienen en ellas.

Así, la Ley General de Economía Circular, tiene por objeto cuidar y conservar al medio ambiente a través de políticas y mecanismos en materia de economía circular para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México.

El Programa 21 y los denominados Objetivos del Milenio son algunos de los compromisos adoptados por los estados miembros de la ONU, mismos que están orientados a erradicar algunas de las consecuencias de un modelo de gestión económica que se ha centrado en obtener grandes beneficios locales, olvidándose de cubrir las necesidades del conjunto de la humanidad, impulsando a formular en 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a modo de llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta –combate al cambio climático y la protección al medio ambiente– y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo mundo.

Estos objetivos forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se traza un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años, marcando para ello la consecución de una serie concreta de metas mediante unos indicadores que vayan evaluando su logro.

III. Contenido de la iniciativa

Para mejor entendimiento de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la ley y la propuesta de modificación aquí planteada:

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXVI Bis del artículo 3 y se reforma el primer párrafo, la fracción I, los incisos a) y b) de la fracción VII y la fracción IX del Apartado B del artículo 4; la fracción IX del artículo 6; el primer párrafo del artículo 18; las fracciones V y XII del artículo 20; la fracciones XI y los incisos a) y c) de la fracción XII del artículo 21; el artículo 36 y primer párrafo del artículo 37 de la Ley General de Economía Circular, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XXVI. ...

XXVI Bis. Producto Sostenible: Bien físico que se fabrica y diseña para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, utilizando materiales ecológicos biodegradables a través de procesos limpios y producción ética;

XXVII. a XXXIII. ...

Artículo 4. La Federación tiene a su cargo el diseño , fomento, impulso, conducción e implementación de la política nacional en materia de Economía Circular.

...

A. ...

B. Principios de Economía Circular:

I. Atemporal: Permite a los productos trascender en el tiempo y ser vigentes y útiles el mayor tiempo posible, teniendo como objetivo lograr el cien por ciento de la circularidad en el mercado, a través de los mecanismos directos e indirectos de circularidad, el uso de materiales adecuados, manufactura de calidad y modelos de diseño y consumo que eviten promover su reemplazo periódico o prematuro conforme a los principios de la Economía Circular, y contribuir así a la acción climática prevista en el artículo 22, fracción I, de la presente Ley.

II. a V. ...

VII. Jerarquización: Orden de prioridad de los mecanismos directos e indirectos de circularidad en la gestión de materiales, productos , productos sostenibles y residuos, para lograr los mejores resultados ambientales en conjunto, con la prelación y los fines siguientes:

a) Que los materiales se mantengan el mayor tiempo posible como Producto , Producto Sostenible o Materia Prima Secundaria;

b) Que los productos y productos sostenibles incorporen materiales reciclados, reciclables o ambos;

c) y d) ...

VIII. ...

IX. Progresividad: Impulsar la implementación gradual de la Economía Circular, de tal forma que siempre se avance hacia su fortalecimiento , teniendo como objetivo lograr el cien por ciento de la circularidad en el mercado y no se realicen acciones que impliquen su retroceso;

X. a XV. ...

Artículo 6. La Federación, en el ámbito administrativo, a través de la Secretaría tiene las atribuciones siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Diseñar y promover, con la participación activa de los sectores productivos, a fin de proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el establecimiento y aplicación de beneficios , incentivos y exenciones a través de instrumentos económicos, que tengan por objeto fomentar la Economía Circular.

X. a XVII. ...

Artículo 18. El Programa Nacional es un instrumento de planeación, en los términos de la Ley de Planeación, que integra, coordina e impulsa políticas públicas, subprogramas, proyectos y actividades, bajo los criterios y principios de Economía Circular previstos en la presente Ley, con el fin de alcanzar objetivos de protección ambiental, acción climática y sustentabilidad, así como la implementación de mecanismos que sean ambiental, técnica y económicamente viables para la promoción del desarrollo de la Economía Circular.

...

Artículo 20. El Programa Nacional debe establecer objetivos, ejes, metas generales, líneas estratégicas, metodologías, indicadores de Economía Circular y evaluaciones; que resulten ambiental, técnica y económicamente viables, así como los siguientes ejes de actuación:

I. a IV. ...

V. Diseñar , promover e implementar con la coordinación y participación que corresponda a la Secretaría de Educación Pública y demás autoridades educativas, acciones orientadas a la difusión del conocimiento en temas de Economía Circular, así como su incorporación en programas educativos, que generen conciencia en la población e incidan en la transición hacia patrones de consumo y Producción cada vez más sostenibles;

VI. a XI. ...

XII. Identificar las industrias, sectores productivos y categorías de productos sobre los cuales podrán emitirse acuerdos generales de implementación de la REP, a partir de las necesidades ambientales y la viabilidad técnica y económica;

XIII. y XIV. ...

Artículo 21. En los ejes de actuación del Programa Nacional, referidos en el artículo anterior, se deben prever, conforme a la normativa aplicable, las siguientes acciones:

I. a X. ...

XI. Fomentar la reutilización, reparación , reconstrucción o reacondicionamiento de productos que pueden volver a servir para lo que fueron creados;

XII. Establecer la gradualidad y definir metas para:

a) El uso sostenible de los recursos naturales , la reducción de la Huella Ambiental y el aprovechamiento sostenible del agua;

b) ...

c) La reducción del desperdicio de alimentos y la promoción del uso de estos como abono orgánico natural, en términos de la fracción VI del artículo 42 de la presente Ley;

d) a f) ...

XIII. ...

Artículo 36. La industria y los sectores productivos tienen la obligación de generar o desarrollar productos con Diseño Circular, cuando ello resulte ambiental, técnica y económicamente viable, así como implementar las políticas, bases y principios de Economía Circular bajo un esquema de Responsabilidad Extendida del Productor en su Actividad Económica conforme a los acuerdos generales de implementación de la REP y, en su caso, los convenios de concertación.

Artículo 37. La industria, los sectores productivos e importadores están obligados a organizar, fomentar y, en su caso, financiar los esquemas de Economía Circular de los productos que generan o importan, conforme a esta Ley, los acuerdos de implementación de la REP y, en su caso, los convenios de concertación; o de los aprovechamientos de los residuos y mediante la recuperación del valor de estos, conforme a las disposiciones de la LGPGIR, con la finalidad de incorporar materias primas secundarias a las cadenas de valor.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2026.— Diputado José Antonio Gali López (rúbrica).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Pedro Mario Zenteno Santaella, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Mario Zenteno Santaella:Gracias, compañera presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Pedro Mario Zenteno Santaella: Compañeras y compañeros legisladores, hoy ponemos a su consideración, de esta soberanía, una iniciativa de fondo, de Estado y de futuro, una propuesta que no busca ocurrencias ni reformas aisladas, sino ordenar, fortalecer y hacer plenamente exigibles los derechos sociales del pueblo de México mediante la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa parte de un diagnóstico claro: nuestro artículo 4o. es el corazón del constitucionalismo social mexicano, pero hoy presenta una estructura fragmentada, resultado de múltiples reformas parciales que, lejos de fortalecerlo, han complicado su comprensión, su aplicación y, sobre todo, el acceso real de la ciudadanía a los derechos.

Por eso, es importante dejarlo claro desde el inicio: esta iniciativa no crea derechos nuevos, no altera su esencia ni invade competencias. Lo que hace es ordenar, sistematizar y dar coherencias, estructurar los derechos sociales ya reconocidos, utilizando buena técnica legislativa para convertirlos en derechos verdaderamente operativos y exigibles.

Compañeras y compañeros, la propuesta moderniza el artículo 4o. conforme al paradigma constitucional de los derechos humanos, adoptados en 2011, y la organiza en bloques temáticos claros que permite una mejor interpretación jurídica, una mejor planeación de políticas públicas y una detección precisa de obligaciones del Estado.

Coloca al centro a las personas y a las familias, reconoce la igualdad sustantiva, la diversidad de estructuras familiares, el derecho a la identidad, la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, el derecho a una vida libre de violencia y fortalece la protección de juventudes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Pero quiero detenerme de manera particular en uno de los ejes más sensibles y más importantes de esta reforma, el derecho a la salud. Esta iniciativa trae un apartado de salud, lo hace con una visión integral, moderna, profundamente humanista.

Aquí deja claro que el derecho a la salud no se limita a la atención médica, sino que abarca el bienestar físico, mental y social de las personas. Se establece con total claridad que los servicios de salud que presta el Estado deben ser gratuitos, universales, de excelencia, dignos, integrales y sustentados en el avance de la ciencia.

Esta no es una declaración retórica, es un mandato constitucional que eleva los estándares del sistema de salud y fortalece la exigencia ciudadana. Además, la iniciativa da un giro estratégico al priorizar la prevención de enfermedades, el autocuidado y la educación para la salud, entiendo que prevenir es una obligación del Estado y no solo atender cuando el daño ya está hecho.

El apartado de salud se articula de manera directa, con el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, reconociendo que no puede haber salud sin nutrición y otorgando una protección preferente a niñas, niños y adolescentes, como parte de una visión integral del desarrollo humano.

También se ordena la concurrencia entre la federación, estados y municipios, evitando la dispersión de responsabilidades que históricamente han debilitado el sistema y fortaleciendo la coordinación institucional.

En suma, compañeras y compañeros, este apartado no improvisa, no sustituye modelos ni genera incertidumbre jurídica, lo que hace es ordenar constitucionalmente el derecho a la salud, reforzar su carácter de derecho humano y colocar a las personas y no a la burocracia en el centro del sistema. Porque la salud no es un privilegio, no es una mercancía y no debe depender del ingreso o lugar donde se nace.

Esta iniciativa también fortalece otros derechos fundamentales: el derecho al agua, al medio ambiente, a la biodiversidad, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, al internet y a la movilidad como derecho transversal que conecta el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Algo fundamental, mantiene y refuerza la regla constitucional de progresividad presupuestaria, impidiendo cualquier retroceso de los recursos destinados a los derechos sociales.

Compañeras y compañeros, aprobar esta iniciativa es ordenar el corazón social de nuestra Constitución. Es transformar los derechos en realidades y es darle al pueblo de México una Constitución más clara, más justa y más humana. No se trata solo de reformar un artículo, se trata de reforzar el Estado social, de garantizar bienestar y cumplir con la responsabilidad histórica que hoy tenemos frente a la ciudadanía. Por estas razones, los invito a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Roberto Sosa Pichardo, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas: Primero, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de blindaje de la representación de México en el exterior. Segundo, que reforma y adiciona los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, ambas suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Roberto Sosa Pichardo:Muchas gracias. Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Roberto Sosa Pichardo: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecer al coordinador de mi grupo parlamentario, al diputado Elías Lixa. También a mi compañero Marcelo Torres, a Federico Döring y a Héctor Castillo por el apoyo en la presentación de esta iniciativa. Por cierto, feliz cumpleaños a Héctor Castillo, que hoy es su festejo. Felicidades, estimado Héctor.

El mundo cambia todos los días y por esta razón es importantísimo que México tenga a las y a los mejores perfiles en la representación que tenemos como país en el mundo. La presente iniciativa busca frenar la excesiva cantidad de nombramientos discrecionales de personajes políticos sin experiencia en el Servicio Exterior Mexicano.

Bajo la clasificación de personal temporal, durante los últimos años se ha nombrado a exgobernadores, se ha nombrado a exfuncionarios públicos, exlegisladores, en estos espacios que nuestro país tiene en todo el mundo.

Pero nombrar a políticos en estos espacios no solo insulta a las y a los mexicanos, no solo insulta a quienes sí tienen una preparación, una experiencia y una carrera diplomática, sino que vulnera y desprestigia a nuestro país cuando nombra a representantes que no tienen ni experiencia, ni tienen competencias en estás posiciones.

Pero, además, es un claro ejemplo de brindarles impunidad a personajes impresentables, pero eso sí, con una característica especial que cumplen todos estos personajes que son nombrados, todas y todos ellos son amigos del régimen.

Para evitar que continúe el desprestigio del Servicio Exterior Mexicano, desde Acción Nacional proponemos reformar el artículo 7 de su ley para establecer como tope máximo el 15 por ciento de las plazas de embajadores, cónsules y jefes de misión ante organismos internacionales, para ser ocupadas por personal temporal.

Actualmente, de las 80 embajadas de México en el exterior, el 25 por ciento la tiene como titular el personal temporal, es decir, un político. Esto es, de verdad, una burla. Nosotros proponemos 4 tipos de excepciones para ser designado como embajador, cónsul general o representante permanente ante organismos internacionales.

Primero. No ser titular de la Secretaría de Estado o Subsecretaría, fiscal general de la República, titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad, secretario o subsecretario de gobierno de los estados, diputado local al Congreso de la Unión, delegado de la Secretarías de Estado en las entidades, a menos que se separen de su cargo durante los últimos tres años antes de la designación.

Segundo. No ser titular de los órganos autónomos, titular de organismos descentralizados o desconcentrado de la Administración Pública Federal, ministro de la Suprema Corte, magistrado, juez, consejero del Instituto Nacional Electoral, a menos que se separe del cargo o este haya concluido tres años antes del día de la designación.

Tercero. No ser ministro de culto, estar en servicio activo, de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea Armada y Guardia Nacional.

Y cuarto. No ser titular de la Dirección General de Dirección del Área de la Administración Pública Federal, salvo de la Secretarías de Relaciones Exteriores o Economía, o de las atribuciones o funciones del área vinculadas directamente con las relaciones internacionales de México, a menos que se hayan separado a su cargo o este haya concluido tres años antes de su designación.

Desde Acción Nacional defenderemos siempre a la familia, a la patria y a la libertad. Y solo podremos tener patria fuerte si es representada en el mundo y sus relaciones internacionales se establecen y se basan desde la capacidad técnica y desde la experiencia y no desde la impunidad. Basta con premiar a políticos corruptos, con darles embajadas, consulados o como representantes ante los organismos internacionales. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

El diputado Roberto Sosa Pichardo:

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Roberto Sosa Pichardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, la cual plantea la problemática y los argumentos establecidos en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Planteamiento del problema

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias no es solamente una falta del orden familiar: es una conducta que lesiona con particular gravedad los derechos de niñas, niños y adolescentes. Diversas conductas tipificadas como delito ya sancionan los casos en los cuales una persona deja en abandono a sus hijos o a su cónyuge sin recursos para subsistencia. Sin embargo, no se considera expresamente como tal el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, por lo cual se propone reconocer esta conducta como equiparable para garantizar que sea sancionada en los mismos términos que el delito de abandono.

Segundo. Problemática desde la perspectiva de género

El artículo 5, fracción VI, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, establece que la perspectiva de género es un concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Esta metodología no sólo implica el reconocimiento de las desigualdades estructurales, sino también la adopción de acciones públicas orientadas a modificar los factores sociales, económicos y culturales que las reproducen, con el objetivo de generar condiciones reales para el ejercicio efectivo de la igualdad sustantiva.

Los casos de incumplimiento de las obligaciones alimentarias afectan con particular gravedad a las mujeres, pues en la práctica son quienes asumen la responsabilidad principal del cuidado y la crianza de hijos con mayor frecuencia. Cuando el deudor alimentario incumple con sus obligaciones, el peso económico y material recae desproporcionadamente en las mujeres, lo cual limita su autonomía económica y restringe sus oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral.

Estas circunstancias llevan a las mujeres a realizar esfuerzos extraordinarios para obtener sustento económico que garantice su supervivencia y la de sus hijos, al mismo tiempo que continúan desempeñando, en muchos casos de manera exclusiva, las labores de cuidado y crianza. Lo anterior implica una carga desproporcionada que impacta de manera negativa en su bienestar, su estabilidad económica y su posibilidad de participar en condiciones de igualdad en la vida social y productiva.

La falta de medidas efectivas para garantizar plenamente el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no sólo afecta el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, sino que también genera contextos estructurales de desigualdad que impactan directamente en el ejercicio de los derechos de las mujeres. La insuficiencia de mecanismos jurídicos eficaces para sancionar el incumplimiento de estas obligaciones contribuye a reproducir escenarios de desventaja económica y social que obstaculizan el desarrollo libre y pleno de las mujeres.

El Estado está obligado a crear las medidas necesarias para garantizar que no existan contextos que por sí mismos constituyan medidas diferenciadas para el acceso a oportunidades entre mujeres y hombres. Conforme con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el principio de igualdad sustantiva, es obligación estatal prevenir, sancionar y erradicar prácticas que generen efectos discriminatorios por razón de género.

México es parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) desde 1981. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 2, inciso f), todos los Estados parte tienen el compromiso de adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado en diversas recomendaciones generales que los Estados deben adoptar medidas eficaces para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar que las mujeres enfrenten cargas desproporcionadas derivadas del incumplimiento de dichas responsabilidades. En la especie, la ausencia de consecuencias normativas eficaces frente al incumplimiento deliberado de las obligaciones alimentarias puede traducirse en una forma indirecta de discriminación.

Considerando lo anterior, la presente Iniciativa propone fortalecer las medidas aplicables a estos casos mediante el establecimiento del incumplimiento de las obligaciones alimentarias como conducta equiparable al abandono de hijos y cónyuges, así como incrementar las penas previstas para el delito de abandono derivado de la insolvencia intencional. Con ello, se pretende establecer incentivos para el cumplimiento de dichas obligaciones y reforzar la protección de los derechos de las mujeres, así como de niñas, niños y adolescentes.

Tercero. Contexto

En México, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye un problema social que impacta de manera directa en el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como en la autonomía económica de las mujeres. En la vida cotidiana, cuando un deudor alimentario deja de pagar la pensión alimenticia, las consecuencias recaen de forma excesiva en quienes asumen las labores de cuidado y manutención cotidiana de hijas e hijos, generalmente mujeres.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 68 por ciento de las mujeres mexicanas ejercen la maternidad, de las que 74.4 por ciento se encuentran casadas o unidas; el 15.3 por ciento están separadas o divorciadas; 7.3 por ciento son madres solteras y 3 por ciento son viudas, como se muestra la siguiente gráfica:

A partir de esta información se infiere que aproximadamente 10.3 por ciento de las mujeres en México ejercen la maternidad sin recibir apoyo económico del progenitor de la hija o hijo; es decir, cerca de 5 millones de mujeres. Si se considera que de 15.3 por ciento correspondiente a las mujeres separadas o divorciadas, una parte importante no reciben pensión alimenticia ni apoyo económico por parte de sus exparejas, el universo de población de mujeres que sufraga por su cuenta los gastos de la maternidad podría estar cerca de los 10 millones de mujeres.

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares 2024 –elaborada por el Inegi–, las mujeres realizan cerca de las tres cuartas partes del valor total de las labores domésticas y de cuidados, como lo demuestra la siguiente gráfica desglosada por situación conyugal:

Con base en esta información, es procedente afirmar que cuando se presenta una separación de pareja o disolución del vínculo conyugal, las mujeres suelen asumir de manera mayoritaria la custodia y el cuidado cotidiano de hijas e hijos. Es decir, si el deudor alimentario incumple con su obligación legal, la carga económica y de cuidados recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo cual limita su autonomía económica y puede afectar sus oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral.

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias no sólo afecta a los acreedores de la pensión alimenticia, sino que también reproduce condiciones estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres. Por ello, su sanción implica una doble justificación: penalizar el daño causado por el incumplimiento pero también inhibir sus efectos como acto que mantiene la desigualdad.

Cuarto. Argumentos de la iniciativa

El jurista Diego H. Zavala se refirió al incumplimiento de las obligaciones alimentarias de la siguiente forma:

En muchas ocasiones los obligados asumen una conducta responsable y digna, sabedores de su deber frente a sus hijos y, en el caso, ante la mujer que fue su esposa, cumplen con la obligación alimentaria no sólo en forma estricta, sino con mayores alcances de los señalados en convenio o en determinación del juez.

Hay por el contrario quienes tratan de eludir su responsabilidad, cambian de trabajo y aún más, lo abandonan para evitar el cumplimiento y la acción judicial; son casos de falta de calidad humana y, en el supuesto de estar asesorados por abogados, éstos acusan carencia de ética profesional y negación de la finalidad de la abogacía.

El comentario que antecede fue realizado por el autor a propósito de los “Delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria”, contenidos en los artículos 193 a 199 del Título Séptimo del Código Penal para el Distrito Federal. En dichas disposiciones se establece pena de 3 a 5 años de prisión para quien incumpla con la obligación de dar alimentos.

Actualmente, el Código Penal Federal establece como conducta punible abandonar a los hijos y al cónyuge, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia. Sin embargo, debido a que el Derecho Penal es regido por los principios de taxatividad y de estricta aplicación, no es posible afirmar que la conducta actualmente tipificada como delito incluya el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, pues para ello habría que realizar una interpretación por analogía.

Es importante retomar el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro “Principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad. Análisis del contexto en el cual se desenvuelven las normas penales, así como de sus posibles destinatarios”. En dicho criterio jurisprudencia, el Alto Tribunal estableció que al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito.

Respecto a la reprochabilidad de la conducta que se propone tipificar como delito, es importante señalar que ésta se satisface debido a que esta conducta es considerada una forma de violencia económica contra las mujeres. El artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias establece que la violencia económica es “toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.

Para el caso que nos ocupa, resulta evidente que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias afectan la supervivencia económica de las mujeres y les imprimen presión desmedida que al mismo tiempo obstaculiza sus proyectos de vida. También constituyen limitaciones que controlan el ingreso de las percepciones económicas.

Considerando lo anterior, se estima necesario establecer con claridad la conducta punible, consistente en el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Por otra parte, se considera que es necesario llevar a cabo una actualización de las penas a efecto de elevar el umbral mínimo y, así, permitir que exista margen para la aplicación de los procedimientos conducentes establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Quinto. Cuadro comparativo

Para exponer con claridad la propuesta de modificación normativa, se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Sexto. Denominación del proyecto de decreto

La presente iniciativa propone la siguiente denominación al proyecto de decreto:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Séptimo. Ordenamientos por modificarse

A partir de lo aquí expuesto, el ordenamiento por modificar que considera esta propuesta es el Código Penal Federal.

Octavo. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias

Único. Se reforman el párrafo primero del artículo 336 y el artículo 336 Bis; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 336 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión, o de 360 a 500 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado más el interés legal correspondiente.

Se equiparará a esta conducta y se sancionará como tal, el incumplimiento del pago de las obligaciones alimentarias.

Artículo 336 Bis. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cinco años. El juez resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el sujeto activo y el aseguramiento de sus bienes paradar cumplimiento a sus obligaciones alimentarias.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Consejo Nacional de Población, “Madres mexicanas ¡diversas y autónomas!”, Conapo, 16 de mayo de 2025,

https://www.gob.mx/conapo/articulos/madres-mexicanas-diversas-y- autonomas (Fecha de consulta: 5 de marzo de 2026.)

2 Inegi, Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de 2024. México: Inegi, 2026,

https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/ (Fecha de consulta: 5 de marzo de 2026.)

3 Diego H. Zavala Pérez, Derecho familiar, tercera edición. México: Porrúa, 2011, páginas 53-4. Énfasis añadido.

4 Registro digital: 2006867. Décima época, Primera Sala. Tesis 1a./J. 54/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, julio de 2014, tomo I, página 131. Materias: constitucional, penal. Jurisprudencia. Principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad. Análisis del contexto en el cual se desenvuelven las normas penales, así como de sus posibles destinatarios. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Tesis de jurisprudencia 54/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de junio de dos mil catorce.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.— Diputado Roberto Sosa Pichardo (rúbrica).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Esta Presidencia se une a las felicitaciones al maestro Héctor Castillo deseándole un gran, pero gran cumpleaños.



SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ENTORNOS DIGITALES

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 10 minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en entornos digitales.

El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes:Con su venia, su, venia, su señoría.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes: Hoy quiero hablarles de un tema de la mayor importancia y es cómo hacemos una educación pertinente a nuestros tiempos. Y quiero recordar una escena de “La Tempestad”, de Shakespeare, cuando Miranda, al ver a dos extraños, exclama este bravo y nuevo mundo. Y es lo que estamos viviendo ahorita, un mundo por descubrir.

No podemos pensar que la educación en la que aprendimos y en la que vivimos será la misma de las presentes y futuras generaciones. Este bravo y nuevo mundo en el que estamos es una realidad en la que no podemos seguir ignorando, que es la tecnología y nuestras infancias y adolescencias.

Tenemos que reconocer que en México hay más de 21 millones de usuarios de internet menores de 18 años, más del 85 por ciento de nuestras niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años se conectan diariamente. El promedio que están nuestros hijos, nuestras hijas, adolescentes, niñas y niños es de 7 horas y llega hasta las 12-13: 00 horas al día. Las niñas, niños y adolescentes ya no viven solo en un mundo físico, también crecen, conviven y se forman en un entorno digital.

No estamos en contra de los entornos digitales. Los entornos digitales con una apropiada regulación pueden ser un espacio de oportunidad, de crecimiento y de desarrollo, pero también son un espacio de riesgo, tienen una exposición a contenido violento, una exposición a la adicción algorítmica, al reclutamiento por la delincuencia, a retos virales peligrosos y también ahora a contenidos muy peligrosos generados por inteligencia artificial.

Y esto, esto tiene consecuencias. El ciberacoso crece, la ansiedad y la depresión en adolescentes aumenta, la exposición a contenidos violentos o inapropiados es cada vez más temprana. México necesita un marco jurídico adecuado e integral para nuestras niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. No se trata de prohibir los celulares, eso se queda corto y no alcanza.

Se trata de cómo creamos un marco jurídico adecuado, ya que, mientras nuestros adolescentes navegan solos en plataformas que están específicamente diseñadas para captar su atención sin reglas, sin protección y sin herramientas para defenderse.

Pero eso no sucede en el vacío, no es algo que pase nada más en México, en muchos países ya han avanzado en esta regulación, reconociendo que el entorno digital también debe tener reglas claras cuando se trata de proteger a nuestra niñez. En Francia, desde 2018 se prohibieron los celulares en las escuelas y solo se pueden usar con uso pedagógico, emergencias médicas o necesidades especiales.

En Brasil hace poco se acaba de restringir el uso de celulares en menores de 17 años en las escuelas. En España se incrementó de 14 a 16 años el acceso a redes sociales y la obligación de los fabricantes de incluir controles parentales gratuitos y activados por defecto.

Incluso en China, la potencia tecnológica, el gigante tecnológico, prohibió totalmente los celulares en las aulas, para mejorar la concentración, la salud visual y el bienestar de todos los estudiantes. Se han establecido límites y responsabilidades para las plataformas y mecanismos efectivos.

México no se puede quedar atrás en la protección de sus niñas y niños. Y hoy por eso quiero poner a su consideración no una reforma de un artículo, es una ley que llevamos más de cuatro meses trabajando, que es la Ley Federal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en entornos digitales seguros.

Esto parte de un principio muy simple, pero muy poderoso: si el mundo ya cambió, también tienen que cambiar las leyes para proteger a nuestras niñas y niños. Nuevamente, no se trata de prohibir los celulares, se trata de construir un marco jurídico y pertinente.

Esta iniciativa tiene por objeto proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, prevenir las amenazas en estos entornos, que representan para su integridad física y psicológica, establecer los mecanismos efectivos de reporte, respuesta y reparación del daño, asignar responsabilidades claves a los prestadores de servicios digitales, no porque no estén en México no sean responsables, tenemos que hacerlo como lo han hecho en otros países y garantizar la enseñanza del civismo digital como una política del sistema educativo nacional.

La ley que ponemos a su consideración tiene tres ejes que están basados en nuestra realidad, en lo que nos pertenece y a lo que pertenecemos, pero también en todas las experiencias internacionales.

Estos tres ejes son: regular, proteger y formar. Para regular proponemos en esta iniciativa que esperemos cuente con el voto de sus señorías, establecer reglas claras para plataformas digitales, que se restrinjan los contenidos adictivos. ¿Qué es esto? Hay mecanismos que están muy estudiados que generan adicción a mantenerse viéndolos. Que se limite la publicidad dirigida a menores y se obligue a las empresas a evaluar los riesgos en sus algoritmos.

El segundo eje, proteger. Creamos con esta ley mecanismos reales de defensa, un sistema nacional de denuncia digital accesible 24/7 para atender casos de ciberacoso, explotación o contenido dañino. También se establecen las obligaciones de retiro rápido de contenido peligroso y de protección forzada de datos personales, especialmente de biométricos de menores de edad. También regulamos el uso de la inteligencia artificial cuando interactúa con menores, evitando la manipulación emocional o la dependencia.

Y, por último, y no menos importante, el de formar. También debemos de educar para prevenir los riesgos. Es necesario formar a nuestras niñas, niños y adolescentes a que aprendan a usar esta tecnología con responsabilidad, pensamiento crítico y seguridad. Incorporamos el civismo digital como parte del sistema educativo para que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para una vida en armonía y civilidad en entornos digitales, para que desarrollen una cultura del autocuidado y entiendan el impacto de su huella digital.

La mejor forma de celebrar este Día del Niño es... y de la Niña es fortaleciendo sus derechos. Esta ley no busca limitar ni prohibir ni frenar la tecnología, busca garantizar derechos y potenciar las capacidades de nuestras niñas y niños. Busca que no solo seamos consumidores, seamos creadores y usuarios críticos.

Hay una frase que quiero traer a la memoria de una de las mentes más poderosas del siglo XX, esto lo escribió a principios del siglo XX, Lewis Mumford, y decía que la tecnología no tiene ningún sentido por sí misma, es el ser humano el que define si la utiliza como un mecanismo de explotación o como una herramienta para el crecimiento.

Por eso esta ley es tan importante para definir qué hacemos con la tecnología. El propósito de la educación siempre y con independencia de la ideología de la aproximación es crear una mejor humanidad, de no tomar las medidas necesarias ahora crearemos un daño irreversible en las generaciones futuras.

Con esta iniciativa buscamos algo muy claro, que ninguna niña, niño, adolescente en México se enfrente a los riesgos del mundo digital sola, solo y sin las herramientas. Hoy tenemos una oportunidad de actuar con una responsabilidad histórica de entender que proteger a nuestra niñez implica también protegerla en Internet y en las redes sociales, de construir un marco legal que esté a la altura del presente y del futuro.

Y, cómo señaló la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y no veo otra forma de cerrar, garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no es una opción, es la obligación del Estado mexicano. Es la cuenta, señora presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.



LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de fomento al deporte de alto rendimiento y apoyo a atletas olímpicos y paralímpicos.

La diputada Catalina Díaz Vilchis:Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Catalina Díaz Vilchis: Amigos diputados, amigas diputadas, sean bienvenidos y espero que me estén escuchando, aunque veo que no hay ninguno por acá, ninguno por allá, estamos como los magos, ahora sí, ahora no, ahora se ve y ahora tampoco. Bueno, no importa, voy con lo mío.

Hoy nos convoca a una causa que es más importante que los colores, ideología, coyuntura, el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento como una política de Estado que proyecta disciplina, entidad y orgullo nacional.

La iniciativa que reforma la fracción XXIX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte contribuye a un paso decisivo hacia un marco jurídico más solidario, equitativo y acorde con las necesidades, las cuales de nuestras y nuestros atletas.

El propósito de esta reforma es claro y profundamente legítimo, establecer mecanismos de apoyo integral que permiten a las y los atletas olímpicos, paralímpicos, desarrollo en condiciones dignas, con certidumbre y con una visión de largo plazo.

–Permítanme tantito que ya llego ahí. A ver ayúdame, compañera que me tiembla la mano. Ahí voy–. Asimismo, esta iniciativa reconoce la importancia de fortalecer las condiciones institucionales y transparencia en la asignación de recursos asegurados de apoyos lleguen de manera oportuna y eficiente, quienes representan a México, los más altos escenarios internacionales. Es un compromiso con una excelencia, pero también con la justicia y la inclusión.

Esta iniciativa avanza en esta dirección consolidando un enfoque más incluyente y sensible a la diversidad, invertir el deporte de alto rendimiento es apostar por valores que fortalecen el tejido social, la perseverancia, la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo.

Hoy venimos a hablar de límites y venimos a hablar de posibilidades del deporte paralímpico. Es una demostración viva de disciplina, valentía, resiliencia y cada atleta represente ...ha tenido que superar obstáculos que van más allá de lo físico, barreras sociales, prejuicios, desafíos, desafíos personales que requieren una fortaleza extraordinaria.

–Por favor, amiga. Gracias–. Nuestros atletas no solo compiten, inspiran, unen y representan a lo mejor de nuestro país ante el mundo. Por ello, hoy al actual con visión de futuro y responsabilidad, fortalecer el deporte, no deben de entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica en salud pública, cohesión social y proyección internacional.

Hoy tenemos la oportunidad de respaldar una iniciativa que dignifica el esfuerzo que hagamos de quienes llevan el nombre de México a lo más alto. Hagamos con orgullo el firme compromiso de construir un país justo, fuerte e incluyente.

Sigamos construyendo un mundo donde el respeto a la inclusión y a la igualdad sea la verdadera meta. Es cuanto. Agradezco de todos ustedes, espero que me apoyen en esta iniciativa. Es cuanto. Gracias.

«Iniciativa que reforma la fracción XXIX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de fomento al deporte de alto rendimiento y apoyo a atletas olímpicos y paralímpicos, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Catalina Díaz Vilchis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6 y la fracción I del numeral 1, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de fomento del deporte de alto rendimiento y apoyo a atletas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un certamen deportivo tiene el poder de reunir a personas en un tiempo y lugar específicos para competir, exhibir habilidades o fomentar la recreación física. Además de la competencia en sí, permite dar a conocer la cultura de un país y genera una importante derrama económica. También impulsa el turismo, la construcción de infraestructura y el comercio local, así como la creación de numerosos puestos de trabajo, no solo para atletas, sino también en sectores como servicios, marketing, logística y prensa, entre otros.

Por tanto, un encuentro deportivo trae grandes beneficios para el país anfitrión, al impulsar la modernización del transporte y de las sedes deportivas, así como mejoras en la seguridad. Todo ello con el objeto de que tanto deportistas como turistas puedan disfrutar de una estancia segura. Además, estas mejoras suelen permanecer como legado para los habitantes, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Diversas actividades deportivas permiten la participación de atletas, equipos o selecciones que representan una nación. Estos eventos son organizados por federaciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional (COI) o el Comité Paralímpico Internacional (IPC), reuniendo a los mejores exponentes del mundo. Por ejemplo, dentro de los principales eventos deportivos internacionales para 2026-2027, se encuentran los siguientes:

• Copa Mundial de la FIFA 2026: evento deportivo que reúne a las mejores selecciones.

• Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Competición multideportiva de alto nivel para disciplinas de invierno.

• Juegos Paralímpicos de Invierno 2026: Evento adaptado para atletas con discapacidad.

• Juegos de la Commonwealth 2026: evento multideportivo que incluye atletismo, natación, ciclismo, gimnasia, netball, rugby 7, boxeo, cricket, y deportes adaptados.

• Clásico Mundial de Béisbol: Torneo internacional de selecciones de béisbol.

• UEFA Champions League y Europa League (Finales 2025/2026): Máxima competición de clubes de fútbol europeos.

• Fórmula 1 (Temporadas 2025/2026): Campeonato mundial de automovilismo.

• Grand Slams de Tenis: Torneos anuales del circuito profesional de tenis.

• Super Bowl (NFL): Final del campeonato de fútbol americano.

• Tour de Francia: competición de ciclismo en ruta profesional por etapas.

• Mundial de Atletismo: Competiciones globales de atletismo.

Ahora bien, en la mayoría de los deportes antes mencionados participan atletas y deportistas mexicanos que representan al país en diversas disciplinas. Su presencia en estas competencias refleja el nivel competitivo del deporte mexicano, así como su contribución al desarrollo y a la proyección internacional del deporte nacional.

Lo anterior se encuentra en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se reconoce que el deporte contribuye al desarrollo y a la paz al promover valores como la tolerancia y el respeto, además de respaldar la participación de mujeres y jóvenes, así como fomentar la educación, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

En el ámbito nacional, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es la institución responsable de coordinar, promover y fomentar la cultura física y el deporte en México. No obstante, para poder cumplir con estos objetivos y fortalecer el desarrollo del deporte nacional, resulta indispensable contar con recursos suficientes. En diversas ocasiones, las limitaciones presupuestarias pueden impactar en áreas estratégicas, como la construcción y mantenimiento de infraestructura deportiva, así como en los programas de apoyo, capacitación y preparación para los atletas.

En consecuencia, estas restricciones representan desafíos importantes para la Conade, toda vez que podría afectar su capacidad para cumplir con los objetivos institucionales y para impulsar de manera efectiva el desarrollo del deporte en el país, lo que eventualmente podría incidir en el avance, la competitividad y el desempeño de los atletas mexicanos en el ámbito nacional e internacional.

Aunado a esto los deportistas se enfrentan a diversas situaciones que los pueden limitar a tener una participación efectiva en competencias de talla internacional, que abarcan desde aspectos económicos, burocráticos hasta normativas técnicas y políticas como:

• Requisitos de elegibilidad y afiliación: Los atletas deben estar inscritos en federaciones nacionales reconocidas y cumplir con normativas técnicas específicas de las Federaciones Internacionales.

• Restricciones de visas y viajes: Problemas para obtener visados o acceso al país anfitrión pueden impedir la participación, una preocupación que ha destacado el COI.

• Limitaciones económicas y apoyo: La falta de financiamiento para traslados, alojamiento y preparación, especialmente para atletas de países con menores recursos o sin patrocinios.

• Salud y lesiones: La fatiga extrema, el sobrepeso o la falta de forma física, a menudo causados por calendarios competitivos exigentes o falta de recursos, limitan la capacidad de competir.

• Barreras de género y estereotipos: A pesar de los avances, las mujeres deportistas pueden enfrentar barreras culturales, estereotipos sociales y falta de apoyo en ciertos contextos.

• Infraestructura y accesibilidad: Falta de instalaciones adecuadas para el entrenamiento y transporte limitado, especialmente relevante para personas con discapacidad.

Esto solo por mencionar algunos ejemplos, sin embargo, el tema central de la presente iniciativa radica precisamente en las limitaciones económicas a las que se enfrentan algunos deportistas, quienes, ante la falta de recursos para su preparación, traslado, equipamiento o participación en competencias, en diversas ocasiones se ven imposibilitados de asistir o competir en este tipo de eventos deportivos de carácter nacional e internacional.

Por tal razón, en febrero último la Conade presentó el programa anual de alto rendimiento, con el objetivo de planificar la preparación de los atletas mexicanos para el ciclo olímpico hacia los Ángeles 2028, basándose en la inteligencia, el trabajo en equipo y la gestión de recursos. Este Programa podrá beneficiar a más de 10 mil atletas mexicanos, y que éstos compitan en más de 300 torneos internacionales durante el presente año.

Asimismo, contempla continuar y fortalecer el otorgamiento de apoyos económicos a través de becas deportivas dirigidas a atletas y deportistas que destaquen por su desempeño, disciplina y compromiso en la representación del país en competencias nacionales e internacionales. Estos apoyos constituyen un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo del deporte de alto rendimiento, pues permite a las y los deportistas contar con recursos que contribuyan a su preparación, entrenamiento, traslado, equipamiento y participación en distintos eventos deportivos.

En este sentido, el establecimiento y fortalecimiento de becas deportivas podría generar condiciones más equitativas para que las personas atletas puedan desarrollar plenamente su potencial, evitando que las limitaciones económicas se conviertan en un obstáculo para su crecimiento profesional. Es importante considerar que muchos deportistas, pese a demostrar un alto nivel competitivo y contar con la capacidad de representar al país, enfrentan dificultades para financiar su preparación y participación en competencias de alto nivel.

Por tal razón, es necesario que los atletas o deportistas cuenten con ese tipo de apoyos, de esta manera se garantiza mayores oportunidades al continuar con su formación y participación en el ámbito deportivo, favoreciendo no solo su desarrollo personal y profesional, sino también el fortalecimiento del deporte nacional y la presencia de México en escenarios deportivos internacionales. De esta manera, se busca contribuir a que el talento deportivo del país no se vea limitado por factores económicos, sino que cuente con las condiciones necesarias para destacar y competir en igualdad de circunstancias.

Un ejemplo de ello sucedió durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el clavadista mexicano Osmar Olvera recibió una beca por parte de la Conade, sin embargo, con la cantidad que recibía no fue suficiente para cubrir sus gastos de entrenamiento y viajes en el último ciclo olímpico, por lo que se vio obligado a buscar ayuda en el sector privado para poder competir.

Esto refleja la realidad que enfrentan diversos deportistas mexicanos, quienes, a pesar de contar con talento, disciplina y resultados destacados, deben recurrir a fuentes alternas de financiamiento para sostener su carrera deportiva. En ese sentido, es necesario fortalecer los mecanismos de apoyo institucional y ampliar las oportunidades de financiamiento para los atletas a modo que las limitaciones económicas no se conviertan en un obstáculo para su desarrollo y la representación del país en dichas competencias.

Por tal razón, hay diversas instituciones tanto nacionales como internacionales, que buscan ayudar a las personas deportistas para que puedan participar en estos eventos, como es el caso del COI que se encarga de administrar los Juegos Olímpicos y dirigir el Movimiento Olímpico. Distribuye más de 90 por ciento de sus ingresos a organizaciones de todo el mundo pertenecientes al Movimiento Olímpico.

Es decir, los juegos olímpicos generan aproximadamente 5 mil millones de dólares, recursos que posteriormente son reinvertidos en el desarrollo del movimiento olímpico y en la comunidad de atletas a nivel mundial. Dichos fondos son administrados por el COI bajo mecanismos estrictos de supervisión y transparencia, que incluyen la publicación anual de declaraciones financieras conforme a las normas internacionales de información financiera, así como el cumplimiento de principios de buena gestión y control institucional. Además, la administración de estos recursos se encuentra sujeta a auditorías externas, lo que permite garantizar la correcta distribución y uso de los fondos destinados al desarrollo del deporte y al apoyo de los atletas.

En esta línea de ideas, es necesario establecer los lineamientos y mecanismos normativos adecuados que permitan a instituciones u organizaciones, tanto del sector público como del privado, participar de manera activa en el fortalecimiento del deporte mediante la aportación de apoyos económicos, becas y programas de formación académico dirigidos a las personas deportistas. Lo anterior tiene como finalidad generar esquemas de colaboración que faciliten el acceso a recursos destinados a su preparación, entrenamiento, adquisición de equipo, así como a su participación en competencias nacionales e internacionales.

La participación de distintos sectores de la sociedad puede representar un elemento clave para complementar los esfuerzos institucionales realizados por el Estado a través de organismos como la Conade, permitiendo ampliar las oportunidades de desarrollo para las y los atletas mexicanos. De esta manera, se busca establecer un marco que fomente la corresponsabilidad y la cooperación entre el sector público, la iniciativa privada y otras organizaciones, con el objetivo de impulsar el talento deportivo nacional y evitar que las limitaciones económicas se conviertan en un obstáculo para la continuidad de la carrera deportiva de quienes representan al país en diversas disciplinas.

El establecimiento de estos lineamientos permitiría fortalecer el sistema de apoyos al deporte, promoviendo un entorno más favorable para el desarrollo del alto rendimiento y contribuyendo a que las y los deportistas cuenten con mejores condiciones para alcanzar sus metas.

Por lo expuesto se realiza la siguiente propuesta para adicionar la fracción antes mencionada, recorriéndose las subsecuentes para quedar de la siguiente manera, como se presenta en el siguiente cuadro:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de fomento del deporte de alto rendimiento y apoyo a atletas

Único. Se reforma la fracción XXIX, con lo que se recorren las subsecuentes, al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I. a XXVII. ...

XXIX. Promover la celebración de convenios con instituciones nacionales e internacionales a efecto de gestionar y otorgar becas académicas, apoyos económicos y programas de formación y especialización a las personas deportistas que formen parte de programas de entrenamiento de alto rendimiento, incluyendo a las y los atletas con discapacidad que participen en deporte adaptado, a fin de fortalecer su desarrollo académico, deportivo y profesional;

XXX. a XXXI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Naciones Unidas (sin fecha). El deporte como forma de promover el desarrollo internacional, Naciones Unidas,

https://www.un.org/es/chronicle/article/el-deporte-como-forma-de -promover-el-desarrollo-internacional#:~: text=Esto%20no%20indica%20que%20el,limitado%20alcance%20de%20estas%20iniciativa s

2 Torrijos, K. (2026, 20 de febrero). “Presenta Conade su programa anual de alto rendimiento 2026”, en La Jornada,

https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/19/deportes/presenta- conade-su-programa-anual-de-alto-rendimiento-2026

3 Financiación olímpica (sin fecha). Olympics,

https://www.olympics.com/athlete365/es/topics/olympic-funding

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2026.— Diputadas: Catalina Díaz Vilchis, Claudia García Hernández, Diana Isela López Orozco, Gloria Sánchez López, Mildred Concepción Ávila Vera, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbricas).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para crear un esquema permanente de intervención territorial integral y prioridad presupuestaria en comunidades de alto y muy alto rezago social, con el objetivo de reducir brechas estructurales, fortalecer capacidades productivas y garantizar justicia territorial en México.

El diputado Juan Carlos Varela Domínguez:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.

El diputado Juan Carlos Varela Domínguez: Compañeras y compañeros legisladores, hoy vengo, no únicamente a presentar una iniciativa, hoy vengo a poner sobre la mesa una realidad que por años ha sido ignorada, fragmentada, o en el mejor de los casos, atendida de manera insuficiente: la desigualdad territorial en nuestro país.

Mientras en algunas regiones el acceso al agua, la salud, la educación y las oportunidades productivas son una realidad cotidiana, en otras, especialmente en comunidades del sur del Estado de México y en muchas regiones del país, estas condiciones siguen siendo un privilegio y no un derecho.

Y eso, compañeras y compañeros, no solo es una cifra, es una deuda histórica, es la niña que camina kilómetros para ir a la escuela. Es la madre que no tiene acceso a servicios de salud cercanos. Es el joven que ante la falta de oportunidades se ve obligado a migrar. Es la desigualdad convertida en destino, cuando debería ser un problema que el Estado resuelva.

Por eso, esta iniciativa no es una más, es un cambio de enfoque, es una nueva forma de entender la política social en México. Proponemos la creación de un esquema permanente de intervención territorial integral que no solo se limite a acciones aisladas, sino que articule, coordine y priorice el esfuerzo del Estado donde más se necesita, porque hoy el problema no es solo cuánto se invierte sino cómo se invierte.

Esta iniciativa plantea algo distinto, que el Estado actúe de manera integral, estratégica y concurrente en las zonas de mayor rezago. Que no llegue primero donde es más fácil, sino donde es más urgente.

Estamos hablando de llevar de manera simultánea y coordinada infraestructura básica, servicios de salud, educación, conectividad digital, apoyo productivo, seguridad alimentaria e inclusión financiera.

Porque el desarrollo se construye, además de con el buen uso de los recursos, se construye con soluciones integrales. Y lo más importante: esta iniciativa no crea más burocracia, no implica más gasto. Lo que hace es priorizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

Compañeras y compañeros, no estamos inventando el hilo negro. Experiencias internacionales han demostrado que, cuando los gobiernos invierten de manera integral en territorios rezagados, las brechas se reducen, las oportunidades crecen y las comunidades se fortalecen.

Pero, más allá de los datos, hay algo más importante: la dignidad. Porque esta iniciativa tiene un fondo profundamente humano. Se trata de garantizar que una familia tenga agua en su hogar, que una comunidad tenga acceso a un centro de salud, que un joven pueda estudiar sin abandonar su tierra, que una mujer o un hombre puedan emprender y generar ingresos para su familia. Se trata, en esencia, de hacer realidad lo que nuestra Constitución ya reconoce: que los derechos sociales no dependen del lugar donde naciste.

Esta propuesta nace pensando en comunidades del sur del Estado de México y de toda la zona de Tierra Caliente, pero está diseñada para todo el país. Porque la desigualdad territorial no es un problema local: es un desafío nacional. Y hoy tenemos la oportunidad de enfrentarlo con seriedad, con visión y con responsabilidad. Esta iniciativa respeta el federalismo, fortalece la coordinación entre órdenes de gobierno y pone al centro a las comunidades. No impone: articula. No sustituye: potencia.

La historia nos juzga no por lo que decimos, sino por lo que hacemos frente a las desigualdades. Hoy estamos frente a la oportunidad de dar un paso firme para reducir de raíz la brecha de desigualdad que poco a poco se ha ido acortando desde la llegada del modelo del humanismo mexicano. Porque un país más justo no se construye desde el discurso: se construye desde las decisiones. Y esta, sin duda, es una decisión que puede cambiar el rumbo de miles de comunidades en México.

Concluyo. Compañeras y compañeros legisladores, hoy tenemos frente a nosotros una oportunidad real de construir con justicia territorial. No estamos hablando de una forma más: estamos hablando de una forma distinta de entender el desarrollo de México, una forma que reconoce que no puede haber bienestar si no es compartido, que no puede haber crecimiento si no es incluyente y que no puede haber justicia si no se atienden las desigualdades de fondo.

Hagamos que esta iniciativa avance. Hagamos que el desarrollo deje de ser una promesa para convertirse en una realidad. Hagamos que el Estado siga actuando en coordinación y con sentido humano, porque hoy más que nunca México ha demostrado que cuando se gobierna con visión humanista, es cuando se pone al centro a las personas y no a los privilegios.

Es posible cerrar brechas, recuperar la dignidad de las comunidades y construir bienestar desde donde más se necesita, porque cuando reducimos las brechas, fortalecemos al país y cuando fortalecemos a quienes más lo necesitan, construimos un México más justo, más digno y más fuerte. Es cuanto.

«Iniciativa que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para crear un esquema permanente de intervención territorial integral y prioridad presupuestaria en comunidades de alto y muy alto rezago social, con el objeto de reducir brechas estructurales, fortalecer capacidades productivas y garantizar justicia territorial en México, a cargo del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Juan Carlos Varela Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para crear un esquema permanente de intervención territorial integral y prioridad presupuestaria en comunidades de alto y muy alto rezago social, con el objeto de reducir brechas estructurales, fortalecer capacidades productivas y garantizar justicia territorial en México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 1o. que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos enunciados en el texto constitucional y en los tratados internacionales de los que México es parte, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El artículo 4o. establece que toda persona tiene derecho a la salud, a la vivienda digna, al acceso, disposición y saneamiento de agua, a la alimentación nutritiva y suficiente y al desarrollo social. Estos derechos, esencialmente sociales, requieren de políticas públicas eficaces, integrales y sostenibles para que su ejercicio no esté condicionado por el lugar de residencia o la condición socioeconómica.

A pesar de los avances normativos y programáticos, persisten profundas desigualdades territoriales que obstaculizan el ejercicio pleno de estos derechos. El rezago social continúa siendo una realidad estructural en muchas localidades de México. De acuerdo con el índice de rezago social emitido por el Coneval, hay millones de personas residentes en localidades con grado de rezago social alto o muy alto, lo cual se traduce en carencias simultáneas en servicios básicos, acceso a educación, salud, infraestructura y oportunidades de desarrollo económico. Estas carencias no sólo se reflejan en cifras estadísticas, sino en vidas humanas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad que limitan su bienestar y oportunidades.

Por ejemplo, según el propio Coneval, mientras que en localidades urbanas el acceso a agua entubada supera el 90 por ciento, en muchas localidades rurales con alto rezago social el acceso efectivo puede ser menor al 50 por ciento, lo que incrementa la carga de trabajo en las familias y constituye un obstáculo para la escolarización y la salud infantil. Asimismo, el acceso a servicios de salud se encuentra profundamente desigual: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido como umbral básico que al menos 80 por ciento de la población debe tener acceso sin barreras geográficas a servicios de atención primaria, sin embargo, en zonas rurales marginadas de México esta cobertura puede ser inferior al 40 por ciento.

Estas brechas no son exclusivas de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado que la desigualdad territorial es un fenómeno común en muchos países, pero también que aquellos que han adoptado estrategias de intervención territorial integral han logrado avances significativos en la reducción de brechas. Por ejemplo, en Brasil, a través del programa “Territorios de Paz” y estrategias de desarrollo regional integrado, se logró reducir en cinco años la brecha en acceso a servicios básicos entre áreas rurales y urbanas en cerca de 15 puntos porcentuales. En Colombia, las políticas de desarrollo rural integral impulsadas en la última década han permitido que comunidades con índices de pobreza histórica incrementen su acceso a servicios básicos, con mejoras de más de 20 por ciento en indicadores sanitarios y educativos en zonas intervenidas.

En términos educativos, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) han demostrado que la brecha entre estudiantes urbanos y rurales también se correlaciona con condiciones de infraestructura y servicios. Países que han implementado programas de desarrollo territorial integral muestran menores brechas de rendimiento educativo entre zonas marginadas y no marginadas, lo cual subraya el impacto de políticas articuladas de infraestructura y servicios sociales sobre el desempeño académico y las oportunidades de vida.

El rezago social también tiene un componente productivo. La falta de oportunidades económicas locales impulsa la migración interna y externa, fragmenta el tejido social y reduce las capacidades de las comunidades para generar ingresos sostenibles. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que la inclusión productiva y la creación de empleo decente en territorios rezagados son factores determinantes para romper ciclos de pobreza intergeneracional. En este sentido, políticas públicas que combinan infraestructura, servicios sociales y fortalecimiento productivo local han mostrado resultados más duraderos que aquellas que se enfocan únicamente en transferencias monetarias o apoyos asistenciales aislados.

Las políticas sociales implementadas hasta ahora en México han sido valiosas, pero tienden a fragmentarse por sectores. La dispersión de esfuerzos limita la efectividad operativa y reduce el impacto de los recursos públicos. La política social requiere un enfoque territorial estratégico que articule programas de salud, educación, infraestructura, economía y conectividad en un esquema integral que converja en resultados tangibles y sostenibles.

La presente iniciativa tiene como objetivo responder a esa necesidad estructural. Propone adicionar un artículo a la Ley General de Desarrollo Social para establecer, con claridad y obligatoriedad, un mecanismo de intervención territorial integral en las localidades con mayor rezago social. Este mecanismo no es asistencialista ni unilateral, sino coordinado, concurrente y progresivo, con base en la evidencia técnica proporcionada por el Coneval y otros organismos especializados, y con criterios de planeación estratégica que prioricen la inversión pública donde los déficits son más profundos.

La intervención territorial integral que se propone busca optimizar el impacto del gasto público en zonas vulnerables, evitar la duplicidad de esfuerzos gubernamentales y promover la coordinación efectiva de programas y acciones de diversas dependencias. La lógica de intervención no se limita a “hacer más”, sino a “hacer mejor”, aprovechando sinergias y capitalizando recursos disponibles para producir resultados sociales verificables.

El desarrollo territorial integral es, además, una respuesta ética a las brechas históricas. No se trata únicamente de mejorar indicadores, sino de dignificar la vida de niñas, niños, mujeres y hombres que diariamente enfrentan la incertidumbre de no tener acceso garantizado a servicios básicos, educación de calidad, atención médica o medios de vida sostenibles. La justicia social no es un concepto abstracto; se materializa cuando una familia puede acceder a agua potable en su hogar, cuando una comunidad tiene un centro de salud cercano, cuando un joven puede estudiar sin recorrer largas distancias o cuando una mujer puede emprender un negocio con apoyo técnico y financiero.

Es fundamental resaltar que esta iniciativa está diseñada con respeto al federalismo y a la autonomía de las entidades federativas y municipios. No se imponen modelos uniformes, sino que se establece un marco de priorización que requiere coordinación interinstitucional, corresponsabilidad y articulación respectiva. Esto significa que los programas locales seguirán existiendo y podrán adaptarse a las necesidades específicas de cada comunidad, siempre dentro de un esquema de coordinación territorial.

La intervención territorial integral propuesta comprende, entre otras, acciones concurrentes en infraestructura básica y servicios esenciales, acceso a salud y educación, fortalecimiento productivo, inclusión digital, seguridad alimentaria y mecanismos de inclusión financiera. Esta amplitud reconoce que el bienestar depende de múltiples factores interrelacionados y que su atención simultánea genera efectos sinérgicos en la vida de las personas.

Por ejemplo, la inclusión digital en zonas rurales no es un lujo, sino una herramienta de desarrollo capaz de potenciar la educación, la capacitación laboral, el acceso a servicios financieros y la vinculación productiva con mercados más amplios. El Banco Mundial ha demostrado que por cada incremento en la cobertura de conectividad en zonas rurales existe un efecto multiplicador en el crecimiento económico local, lo que contribuye a reducir la migración forzada hacia ciudades saturadas.

Asimismo, la participación comunitaria es un principio esencial de la intervención propuesta. Las experiencias internacionales señalan que las políticas de desarrollo tienen mayor eficacia cuando las comunidades participan activamente en la identificación de necesidades, la formulación de estrategias y el seguimiento de resultados. En países como Chile, los programas de desarrollo local con participación comunitaria han mostrado una mayor aceptación social y resultados más sostenibles en el mediano plazo.

Además del enfoque técnico y territorial, esta iniciativa incorpora mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El informe anual que el Ejecutivo Federal remitirá al Congreso deberá incluir la cobertura, las metas alcanzadas y los resultados obtenidos, lo cual permitirá dar seguimiento a la implementación de las estrategias de intervención y evaluar su impacto real.

En términos constitucionales, la propuesta se alinea con los principios de progresividad y no discriminación, y con la obligación del Estado de adoptar medidas concretas para garantizar el ejercicio de los derechos sociales. Asimismo, respeta el principio de corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil en la construcción y evaluación de las políticas públicas.

La intervención territorial integral que aquí se propone no sustituye programas sociales existentes, ni crea estructuras administrativas adicionales, sino que ordena, prioriza y articula los esfuerzos para que los recursos públicos generen mayores beneficios sociales. El objetivo final es que ninguna comunidad quede atrás, que los efectos del desarrollo lleguen primero a quienes más lo necesitan y que el Estado mexicano cumpla con su obligación de reducir brechas estructurales de manera efectiva y sostenible.

En conclusión, esta reforma se presenta como una respuesta estructural ante el desafío de la desigualdad territorial, con una visión humanista, técnica y estratégica. Busca consolidar un marco jurídico que obligue a la intervención coordinada, prioritaria e integral de las zonas con mayores carencias, garantizando de manera progresiva el acceso a derechos sociales, el fortalecimiento comunitario y la construcción de oportunidades equitativas para todos.

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social:

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social se sujetará a los siguientes criterios:

I. El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior;

II. Estará orientado a la promoción de un desarrollo regional equilibrado;

III. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales, y

IV. En el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas y municipios acordarán con la Administración Pública Federal el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación.

Artículo 23 Bis. La Federación, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las entidades federativas y los municipios, deberá establecer un esquema permanente de priorización territorial para la atención integral de las localidades clasificadas con grado de rezago social alto y muy alto, conforme a los indicadores oficiales emitidos por la autoridad competente en materia de evaluación de la política de desarrollo social.

Para efectos del presente artículo, la intervención territorial integral se entenderá como el conjunto articulado, concurrente y progresivo de acciones públicas orientadas a reducir brechas estructurales, garantizar el acceso efectivo a derechos sociales y fortalecer las capacidades productivas y comunitarias de la población en situación de rezago.

Dicha intervención deberá contemplar, de manera coordinada y bajo criterios de planeación estratégica, al menos los siguientes ejes:

I. Infraestructura básica y servicios esenciales, incluyendo agua potable, drenaje, electrificación, vivienda adecuada, caminos rurales, equipamiento comunitario y demás elementos indispensables para el desarrollo digno;

II. Acceso efectivo y oportuno a servicios de salud, educación básica y media superior, así como acciones de permanencia escolar y fortalecimiento de capacidades;

III. Impulso al desarrollo productivo local, mediante programas de fortalecimiento a micro y pequeñas unidades económicas, economía social, proyectos comunitarios, capacitación técnica y generación de empleo;

IV. Inclusión digital y conectividad, promoviendo el acceso a tecnologías de la información y comunicación como herramientas para el desarrollo educativo, productivo y social;

V. Seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y aprovechamiento responsable de los recursos naturales, procurando esquemas que favorezcan el desarrollo sostenible;

VI. Inclusión financiera y acceso a mecanismos de ahorro, crédito y servicios financieros básicos;

VII. Participación comunitaria en el diagnóstico, planeación, implementación y seguimiento de las acciones, bajo principios de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán armonizar sus programas, lineamientos y reglas de operación para priorizar la concurrencia de recursos en las localidades identificadas conforme al presente artículo, evitando duplicidad de acciones y maximizando el impacto territorial del gasto público.

La priorización territorial prevista en este artículo deberá integrarse en los instrumentos de planeación y programación presupuestaria correspondientes, conforme a disponibilidad presupuestaria y bajo el principio de progresividad de los derechos sociales.

El Ejecutivo Federal incluirá en el informe anual que rinda al Congreso de la Unión un apartado específico que detalle las acciones implementadas, cobertura territorial, metas alcanzadas e indicadores de avance en la reducción del rezago social en las zonas intervenidas.

La implementación de lo dispuesto en el presente artículo no implicará la creación de nuevas estructuras administrativas, sino la optimización y coordinación de los recursos y programas existentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias y entidades competentes, deberá realizar las adecuaciones normativas, programáticas y administrativas necesarias para la implementación del artículo 23 Bis dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. La priorización territorial prevista en el presente decreto deberá incorporarse progresivamente en los instrumentos de planeación nacional y sectorial, así como en los programas presupuestarios correspondientes, conforme al principio de progresividad de los derechos sociales y a la disponibilidad presupuestaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.— Diputados y diputadas: Juan Carlos Varela Domínguez, Diana Isela López Orozco, Fernando Mendoza Arce, Gabriela Valdepeñas González, José Luis Montalvo Luna, Wblester Santiago Pineda, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbricas).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Bienestar, para dictamen.



SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, Y SE ABROGA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por diez minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, y abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román:Con la venia de la presidenta. Muy buena tarde, compañeras y compañeros diputados. Me permito hacer uso de la tribuna esta tarde, para poner a su consideración, proponer, presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y abrogamos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta nueva ley se divide en cinco libros, seis títulos, 31 capítulos, 86 artículos con siete transitorios.

Nuestra nación como una república democrática representativa siempre ha puesto en el centro de las y los ciudadanos, la voluntad para construir el México que necesitamos y su futuro. La izquierda, particularmente la 4T, nuestra presidenta de la República, la titular del Ejecutivo, en meses recientes ha hecho esfuerzos significativos para continuar profundizando la democracia y pasa mucho por fortalecer nuestro marco normativo y garantizar que este, esté a la altura de las necesidades de las y los ciudadanos.

Sin duda, el contar con estas instituciones para dotar de procesos electorales confiables, transparentes, eficaces y austeros, ha sido gran tarea. Pero hay un rubro que es fundamental: garantizar que después de toda esta etapa se garantice que la justicia, que las etapas jurisdiccionales se den con plenitud y que garanticen que las y los ciudadanos tengan justicia plena, pasa por modernizar este instrumento.

Hoy, la reforma que proponemos modificar plantea abrogar una ley que lleva 30 años de creada. En otro México fue que se creó, cuando entonces se empezaba a construir el IFE y el INE con más de cinco reformas al artículo 17.

Por ello, es indispensable que las ciudadanas, los ciudadanos que participan en procesos electorales cuenten con los elementos y las condiciones suficientes y necesarias para defender sus derechos mediante un marco normativo claro, preciso, robusto y sin ambigüedades, que posibilite el acceso digital en las impugnaciones ante los tribunales y que estos tengan la obligación de hablar en su lengua original, y que cuenten con plazos y tiempos definidos para su resolución.

Aún hoy tenemos una legislación procesal que cita ordenamientos derogados como el Cofipe, que desapareció desde el 2014, o que no reconoce expresamente el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada ya en nuestra Constitución, o por las complejidades que por este proceso y los medios de interponer complican la defensa de los derechos de las y los ciudadanos. Esto no es un problema menor, es una falla estructural de nuestro sistema de justicia electoral.

Esta ley que hoy proponemos surge de un proceso amplio de consulta y acompañamiento de expertos en procesos electorales, de magistrados, de académicos y defensores en materia electoral. Esta iniciativa no pretende solamente atender y corregir algunos rubros existentes, pretende abrogar la anterior y construir un nuevo modelo con una nueva arquitectura.

¿Qué plantea esencialmente esta propuesta? Como primer eje, la simplificación real. La iniciativa consolida el sistema de medios de impugnación en tan solo cuatro instrumentos claros, el recurso de revisión administrativa para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad nacional electoral.

El juicio electoral que absorbe y unifica lo que hoy está disperso para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad nacional electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades federales y de las entidades federativas. El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y las personas servidoras públicas. Menos figuras, más claridad. El objetivo es que un ciudadano pueda saber qué recurso interponer sin necesidad de un abogado especializado en liturgia procesal electoral.

Un segundo eje es que implementa la justicia en línea. La iniciativa incorpora un sistema completo de juicio electrónico, firma digital, expediente electrónico, notificaciones por correo con confirmación de envío, y la posibilidad de tramitar el medio de impugnación en todas sus etapas sin pisar una oficina.

Esto no es superficial, es la diferencia en un sistema de justicia que existe en papel y uno que funciona para la gente. Además, prevé resoluciones sucintas para dar certeza sin dilaciones cuanto el tiempo es crítico.

Tres. Acceso incluyente. La iniciativa vincula al Tribunal a garantizar intérpretes para hablantes de lenguas indígenas y para personas con discapacidad. Ajustes razonables al procedimiento, suplencia de la queja para grupos vulnerables y sentencias en formatos accesibles. No hay retórica, son obligaciones procesales con consecuencias jurídicas.

Cuatro. Tiempos en las resoluciones. Por primera vez se prevén tiempos determinados para las resoluciones, con este cambio tendremos una justicia plena, oportuna y expedita en favor de la ciudadanía.

Y, finalmente, se incorpora la figura del amicus curiae, amigo de la Corte, en casos de alta relevancia pública se añade está figura para aportar información objetiva, argumentos técnicos o jurídicos o conocimientos especializados con la firme intención de seguir fortaleciendo el quehacer jurisdiccional en pro de las personas.

Compañeras y compañeros legisladores, en esta legislatura podemos ser recordados como la etapa de transformación y modernización de nuestras normas electorales, la cada vez más activa y exigente, demandante participación de las y los ciudadanos nos mandata a que vayamos al ritmo de sus aspiraciones.

Por ello, confiamos que con esta nueva ley se dotará de un marco jurisdiccional efectivo, valioso para todas y todos, pero también para los juzgadores, quienes esencialmente desde la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y sus Salas Regionales se han consolidado y han hecho un trabajo serio y profesional.

Sin embargo, las divergencias que se han conocido en buena medida han sido resultado de un marco normativo que desde esta soberanía debemos perfeccionar y precisar. Y, con ello, con ello estamos ciertos que alcanzaremos una justicia electoral para bien de todas y todos; y para bien de nuestra nación. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Político-Electoral, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.



LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 y se adiciona un artículo 75 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en Centros Penitenciarios, suscrita por la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera: Compañeras y compañeros legisladores, les comparto que esta iniciativa la propusimos una servidora y la diputada Anais Burgos, compañera diputada con licencia.

Hablar de salud en prisión no es hablar de privilegios, es hablar de dignidad humana, es hablar de Estado de derecho, es hablar –de una verdadera– de una verdad que muchas veces preferimos no mirar. Una persona privada de la libertad pierde su libertad, pero no pierde su derecho a vivir, a ser atendida, a ser diagnosticada, a no enfermarse en silencio y a no salir peor de como entró.

En México, al cierre de 2024, habían más de 236 mil personas privadas de la libertad. Nuestro sistema penitenciario enfrena sobrepoblación, con centros que operan por encima de su capacidad. Esto significa hacinamiento, de deterioro en condiciones y un entorno donde la salud física y mental se vuelven más vulnerables.

Y. en cuanto a un sistema que está rebasado, lo primero que se vuelve invisible es el cuerpo de las personas. La anemia que nadie detectó, la desnutrición que nadie midió. La diabetes que nadie controló. La depresión que nadie atendió. El riesgo suicida que nadie preguntó. La violencia que nadie documentó.

Esta iniciativa parte de una premisa profundamente humana. No basta con abrir la puerta de una cárcel para ingresar a una persona, el Estado debe saber en qué condiciones entra y no basta con abrir la puerta para que salga. El Estado debe saber en qué condiciones la devuelve a la sociedad.

Por eso, proponemos que toda persona privada de la libertad cuente desde su ingreso con una valoración integral, física, clínica, psicológica, nutricional, que incluya signos vitales, identificación de enfermedades, salud mental y detección de riesgos, como desnutrición y anemia. Asimismo, planteamos que, antes de salir, toda persona tenga una valoración integral que permita identificar daños derivados del internamiento y garantizar continuidad de cuidados.

Compañeras y compañeros, la salud en prisión no puede reducirse a revisar si alguien tiene una visión visible. Hay heridas que no sangran, pero destruyen. Hay daños emocionales que se agravan con el aislamiento, el hacinamiento, la separación familiar y la incertidumbre.

Una persona con anemia no solo tiene cansancio, tiene dificultad para concentrarse, debilidad y mayor vulnerabilidad. Una persona con desnutrición pierde fuerza, defensas y estabilidad emocional.

No detectar estas condiciones es permitir que se profundicen. Esta reforma no busca justificar delitos, busca que el sistema penitenciario cumpla su función de reinserción social. Porque no hay reinserción posible si una persona sale enferma, sin diagnóstico y sin tratamiento.

Una persona que egresa de prisión, con depresión no atendida, con ansiedad, con enfermedades crónicas descontroladas no está siendo reinsertada, está siendo abandonada. Y ese abandono también lo paga la sociedad, lo pagan las familias, lo pagan las comunidades, lo paga el Sistema de Salud y lo paga el país.

La dignidad humana no se suspende en la puerta de una cárcel, La salud debe ser un derecho garantizado, medible y exigible. Hoy podemos dar un paso firme hacia un sistema penitenciario más humano, más responsable y más justo.

Es por eso que en esta reforma que proponemos a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en los centros penitenciarios, le apostamos al humanismo, a que ninguna persona salga de prisión más enferma, más rota y más abandonada de como entró. Y que en la función de custodiar se considere el cuidar, prevenir y reinsertar con dignidad. Compañeras y compañeros, los invito a suscribir esta iniciativa. Es cuanto. Gracias, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 75 y adiciona un artículo 75 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en centros penitenciarios, suscrita por las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera y Anais Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Mildred Concepción Ávila Vera y Anaís Míriam Burgos Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 y se adiciona el 75 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en centros penitenciarios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce el derecho a la salud como un componente esencial del sistema penitenciario y como condición para garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad. En esa lógica, el marco vigente contempla la realización de un examen de ingreso y la integración de expediente clínico, así como obligaciones específicas de documentación y notificación cuando existan indicios de tortura o malos tratos.

Sin embargo, el ingreso y el egreso de los centros penitenciarios constituyen momentos críticos en los que es indispensable contar con valoraciones integrales, estandarizadas y trazables que permitan: (i) identificar oportunamente padecimientos físicos y condiciones clínicas agudas o crónicas; (ii) detectar afectaciones psicológicas asociadas al internamiento; (iii) valorar el estado nutricional y riesgos vinculados con desnutrición, anemia u otras condiciones prevenibles; y (iv) garantizar, en su caso, canalización y continuidad de cuidados al momento de la reinserción y retorno a la vida en libertad.

En la práctica, la ausencia de una obligación expresa y detallada sobre la valoración integral al ingreso y al egreso provoca disparidades entre centros, omisiones en la detección temprana de riesgos, y dificulta la implementación de medidas preventivas y de atención con enfoque de derechos, así como la debida coordinación con el Sistema Nacional de Salud.

Por ello, la presente iniciativa propone fortalecer el Examen Médico de Ingreso, incorporando explícitamente componentes clínicos, psicológicos y nutricionales, así como estudios de laboratorio pertinentes; y adicionar un artículo específico para la valoración integral al egreso, con el fin de identificar afectaciones derivadas del internamiento, establecer medidas de continuidad de cuidados y emitir recomendaciones preventivas y terapéuticas.

Para generar una exposición más clara se presenta el siguiente cuadro comparativo de las reformas propuestas:

Por lo expuesto someto a consideración del pleno deliberativo la presente propuesta, al tenor del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 75 y se adiciona el 75 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 75. Examen médico de ingreso.

A toda persona privada de la libertad recluida en un Centro se le practicará, a su ingreso, un examen integral físico, clínico, psicológico y nutricional, a fin de determinar el tratamiento de primer nivel que requiera, así como la canalización oportuna a servicios especializados.

El examen a que se refiere el párrafo anterior deberá incluir, cuando menos:

I. Valoración clínica general y signos vitales;

II. Identificación de padecimientos agudos, crónicos o crónico-degenerativos, y de factores de riesgo;

III. Valoración de salud mental, incluyendo tamizaje de riesgo suicida y afectaciones psicológicas relevantes;

IV. Valoración nutricional, incluyendo detección de riesgo por desnutrición, anemia u otras condiciones asociadas; y

V. Estudios de laboratorio y complementarios pertinentes, conforme a protocolos médicos aplicables y a la disponibilidad del primer nivel de atención, para sustentar el diagnóstico inicial.

En caso de advertirse lesiones o señales de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, dicha situación deberá certificarse a través del Protocolo de Estambul y se hará del conocimiento de la autoridad penitenciaria, la cual dará vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente.

En caso de que el servidor público encargado de revisar a la persona sujeta al examen se percate de la existencia de señales de malos tratos o tortura y no lo hiciera del conocimiento al Ministerio Público, incurrirá en responsabilidad penal por omisión.

Artículo 75 Bis. Valoración integral al egreso.

Previo al egreso de toda persona privada de la libertad, la Autoridad Penitenciaria garantizará la realización de una valoración integral física, clínica, psicológica y nutricional, con objeto de

I. Identificar afectaciones derivadas del internamiento y necesidades de atención inmediata o de continuidad;

II. Determinar, en su caso, medidas terapéuticas, de rehabilitación y de referencia/contrarreferencia al Sistema Nacional de Salud; y

III. Emitir recomendaciones de continuidad de cuidados y prevención.

IV. La valoración de egreso deberá incluir al menos

I. Evaluación clínica general;

II. Valoración de salud mental;

III. Valoración nutricional; y

IV. Estudios de laboratorio pertinentes cuando existan indicios clínicos, antecedentes relevantes o factores de riesgo identificados.

La información generada con motivo de estas valoraciones tendrá carácter de expediente médico y se integrará conforme a la normativa aplicable, incluyendo estudios de laboratorio y documentos de consentimiento informado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades competentes deberán adecuar los protocolos y lineamientos internos para la aplicación del examen integral de ingreso y la valoración integral de egreso, de conformidad con los recursos disponibles y la coordinación con las instituciones del sector salud.

Tercero. La implementación deberá realizarse de manera progresiva, priorizando los centros con mayor población y condiciones de riesgo, sin afectar el acceso inmediato a la atención médica de urgencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.— Diputadas y diputados: Mildred Concepción Ávila Vera, Anaís Miriam Burgos Hernández, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Marina Vitela Rodríguez, Anby Marilú Porras Baylón, Claudia García Hernández, Diana Isela López Orozco, Fernando Mendoza Arce, Gabriela Valdepeñas González, Gloria Sánchez López, Luis Humberto Aldana Navarro, Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbricas).»

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Honorable asamblea, esta Presidencia recibió respuestas a las preguntas parlamentarias de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXVI Legislatura.— Soberanía y Justicia Social.

Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva.—  Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo hago llegar a usted una carpeta física e información digital en usb con las respuestas a preguntas parlamentarias de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibida por una servidora el día de hoy 28 de abril de 2026.

Lo anterior para sus efectos correspondientes dentro del ámbito de su competencia.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.— Diputada Magdalena del Socorro Nuñez Monreal (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.»

Se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria y remítase a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

EFEMÉRIDES



30 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, a cargo de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada María de Fátima García León, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada María de Fátima García León:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.

La diputada María de Fátima García León: Compañeras y compañeros diputados, hoy, en el Día Internacional de la Niñez, no solo celebramos la risa, los sueños y la esperanza que habitan en cada infancia, hoy también tenemos la obligación moral de mirar de frente una realidad que duele, que incomoda y que exige acción. Porque no todas las niñas y los niños viven este día con la misma alegría.

En nuestras comunidades indígenas, miles de niñas y niños crecen entre carencias que no deberían existir en el siglo XXI. Caminan largas distancias para ir a la escuela, si es que hay una escuela. Enfrentan barreras lingüísticas que les niegan una educación plena y muchas veces ven vulnerado su derecho más básico, que es el de ser simplemente niñas y niños.

Mientras algunos reciben juguetes, otros cargan responsabilidades. Mientras unos celebran, otros trabajan. Mientras unos sueñan en libertad, otros aprenden demasiado pronto lo que es la desigualdad. Por eso, no se trata de lástima, se trata de justicia.

Las niñas y los niños indígenas no son solo el futuro de México, son su presente vivo, su raíz más profunda, su identidad más auténtica en sus lenguas, en sus tradiciones, en su forma de ver el mundo hay una riqueza invaluable que hemos ignorado.

Hoy debemos preguntarnos, ¿qué país estamos construyendo si permitimos que la infancia indígena siga siendo invisible y por lo mismo desatendida? No basta con discursos, no basta con conmemoraciones. Se necesitan políticas públicas que garanticen acceso real a educación indígena bilingüe e intercultural de calidad, servicios de salud dignos, alimentación suficiente y protección frente a la violencia y la discriminación.

Se necesita voluntad para cerrar brechas históricas, se necesita sensibilidad para escuchar sus voces, se necesita compromiso para no fallarles porque cada niña que abandona la escuela, cada niño que no tiene acceso a la salud, cada infancia que crece en el abandono es una deuda que el Estado y la sociedad tienen pendiente.

Hoy en este día honraremos verdaderamente a la niñez no con palabras vacías, sino con decisiones firmes que ningún niño o niña tenga que dejar de serlo por haber nacido en una comunidad indígena y olvidada, que ninguna niña o niño tenga que renunciar a sus sueños por hablar una lengua indígena, que este Día Internacional de la Niñez no sea solo una celebración, sino un llamado urgente a la conciencia porque cuando protegemos a la infancia no solo hacemos justicia, fortalecemos el alma misma de nuestra nación.

Para Movimiento Ciudadano el derecho de las niñas y los niños son nuestra prioridad, hoy y siempre, por eso hemos impulsado una agenda que pone a las infancias al centro y sus causas al frente.

Para Movimiento Ciudadano los derechos de las niñas y los niños son nuestra prioridad siempre, garantizar un mejor México para las próximas generaciones inicia por construir un mejor país desde hoy. Por eso, seguiremos insistiendo, tratamiento gratuito contra el cáncer infantil, fiscalías especializadas para proteger niñas y niños. Estancias y guarderías infantiles de tiempo completo, Fondo Nacional para el Cuidado y Desarrollo de Niñas y Niños. Prueba de tamizaje neonatal para todas las niñas y los niños, programas de nutrición para las niñas y niños de las comunidades con mayor grado de marginación.

Para garantizar estos derechos, como grupo parlamentario, estamos presentando una iniciativa para crear un Fondo Nacional para el Cuidado de las Infancias con el propósito de garantizar servicios de educación, salud y culturales de calidad, así como asegurar una vida libre de violencia para las niñas, niños y adolescentes.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.

La diputada María de Fátima García León: Si los derechos de las niñas y los niños se garantizan desde hoy, tendremos un mejor país mañana. Por el bien de México, primero las niñas y los niños. Es cuanto.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada.

Tiene ahora el uso de la palabra Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos, para la intervención de su grupo parlamentario.

La diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel:Gracias. Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.

La diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niñez, desde el PRI, creemos fundamental tomarnos unos minutos para reflexionar sobre los derechos de la primera infancia y nuestra responsabilidad como servidores públicos.

Compañeras y compañeros, las niñas, los niños y los adolescentes son el futuro de nuestro país, lo decimos todo el tiempo, pero ¿qué estamos haciendo para garantizar su desarrollo, para hacer efectivos sus derechos?

En México, de acuerdo con datos de la red por los derechos de la infancia, el 38.7 por ciento de la población menor de 18 años vive en una situación de pobreza. Esto significa que 14 millones de niñas, niños y adolescentes no tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, además, el 7.2 por ciento de ellos se encuentran en situación de pobreza extrema.

En materia de derecho a la salud, debemos destacar que del 2016 a 2024 creció la escasez en un 22.4 por ciento, pues si en 2016 había 13.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes sin servicios médicos, hoy hay más de 35 por ciento más.

Por lo que se refiere al derecho a la educación en los últimos años, se ha incrementado la tasa de deserción escolar, pasando de 0.4 por ciento en 2020 al 0.6 por ciento en 2024. Tan solo en este ciclo 63 mil estudiantes de educación primaria abandonaron la escuela. Además, de acuerdo con datos del Coneval existen alrededor de 200 mil menores en rezago educativo. Por si fuera poco, los altos niveles de violencia han generado un clima de inestabilidad que impide a nuestras niñas, niños y adolescentes desarrollarse de manera libre.

Hoy, los avances que con tanto esfuerzo se realizaron en años precedentes se han ido desmantelando. Por ello, en el PRI no venimos a festejar, venimos a denunciar la terrible realidad en la que se encuentran inmersas nuestras infancias.

Compañeras y compañeros legisladores, en el marco del Día Internacional de la Niñez hacemos un llamado al gobierno de México para que promueva políticas públicas que garanticen los derechos de las infancias y pedimos a las autoridades promover acciones contundentes en favor de la paz.

Nosotros, en el PRI seguimos trabajando por la niñez, seguimos promoviendo leyes que garanticen realmente los derechos y seguiremos denunciando las injusticias de este gobierno. Sería cuanto, presidenta.

Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy conmemoramos el día muy importante para nuestras niñas y niños, el 30 de abril, Día de la Niña y el Niño. En 1924 se instruyó oficialmente en México, reconociendo los derechos de ellos y fomentando el bienestar.

La niñez se celebra con actividades escolares y familiares, además de reflexionar sobre la importancia de la educación. Hablar en favor de la niñez es hablar del presente con responsabilidad y de un futuro con convicción. La niñez no es solo una etapa de la vida: es la base sobre la cual se construye una sociedad más justa, más fuerte y más humana.

Hoy, con objetividad, debemos de reconocer que aún existen desafíos. No podemos ignorar niñas y niños que enfrentan desigualdad, barreras en el acceso a la educación, condiciones de salud limitadas y contextos de violencia. Esa es una realidad que nos exige actuar y no postergar.

Pero también es cierto que ahí radica nuestra esperanza, que contamos con el conocimiento, las instituciones y las herramientas para transformar esa realidad. Sabemos que invertir en la niñez, en su educación, en su bienestar y en su protección no es un gasto: es una decisión, la decisión más inteligente que puede tomar un país.

Ser optimistas no es cerrar los ojos a los problemas: es asumirlos con determinación y convertirlos en acciones concretas. Cada ley que impulsa derechos, cada política pública que reduce brechas, cada esfuerzo por garantizar entornos seguros suma para que nuestras niñas y niños crezcan con dignidad y oportunidades reales.

La niñez necesita de nuestro compromiso permanente, necesita de instituciones responsables, comunidades que nos acompañen y decisiones firmes que coloquen su bienestar en el centro de la agenda pública. Porque cuando un niño o una niña accede plenamente a los derechos no solo mejora su vida: se fortalece el presente y se construye un mejor futuro para todas y todos.

Hagamos de esta causa una prioridad constante y compartida. Actuemos con empatía, con visión y con responsabilidad. Porque al cuidar de la niñez estamos cuidando lo más valioso que tiene México. Por ello, hoy les digo desde esta tribuna a mis hijos, a los hijos de cada mujer sonorense, a los hijos de cada mujer mexicana: feliz Día del Niño. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Graciela Gaitán Díaz:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada María Graciela Gaitán Díaz: Compañeras y compañeros legisladores, el 30 de abril es un día que nos invita a mirar de frente a lo más valioso que tenemos como sociedad: nuestras niñas y nuestros niños.

En México, desde 1924 el 30 de abril se estableció con la intención de recordarnos que la infancia merece atención, cuidado y, sobre todo, respeto. No solo cariño momentáneo, no solo regalos o festivales, respeto real a sus derechos. Festejar la alegría y la ternura de la infancia no es suficiente si ignoramos la realidad que nos golpea.

En nuestro país millones de niñas y niños viven en condiciones de pobreza, su manera de ver el mundo no debería de estar nublada por falta de oportunidades. Eso significa que para muchos la infancia no es sinónimo de juegos ni de tranquilidad, sino de carencias, de desigualdad, de incertidumbre y ahí es donde este día cobra verdadero sentido.

No solo se trata de festejar, se trata de hacer conciencia, de preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad, como familias, como autoridades, para garantizar que cada niño y niña tenga acceso a la educación, la salud, la alimentación, protección y algo fundamental, la posibilidad de ser feliz.

Porque los derechos de la infancia son derechos humanos, son universales y cuando se vulneran, cuando se ignoran, cuando se niegan, nos afecta a todos. Hablar de la infancia es hablar del presente, pero también del futuro. Las niñas y los niños de hoy serán quienes construyan el país de mañana y la forma en que la cuidemos, los impulsemos y los trataremos, va a definir el rumbo de nuestra sociedad.

Por eso, este día debe ser un llamado a no acostumbrarnos a la desigualdad, a no normalizar que hay infancias olvidadas, a no quedarnos en el discurso. Es momento de alzar la voz por quienes muchas veces no pueden hacerlo, de escucharlos, de protegerlos y de cuidarlos.

Desde el Partido Verde reafirmamos ese compromiso de trabajar para que cada niña y niño crezca con dignidad, con oportunidades y en un entorno seguro. Para que la protección sea real, debemos trascender el discurso y consolidar sistemas de justicia que no revictimicen, donde la denuncia sea segura y la impunidad deje de ser la norma.

Es urgente implementar una educación integral acompañada de políticas públicas que erradiquen el castigo físico y el trabajo infantil. Solamente garantizando entornos digitales seguros y un acceso universal a la salud mental lograremos que el bienestar de las infancias deje de ser una promesa y se convierta en una realidad cotidiana donde el abandono no tenga cabida.

Que este próximo 30 de abril sea un recordatorio de lo que aún falta por hacer, porque cuidar a la infancia es cuidar el futuro, y ese futuro empieza hoy. Muchas veces basta una palabra o una mirada para llenar el corazón de un niño. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Elizabeth Martínez Álvarez:Muy buenas tardes a todas y a todos. Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.

La diputada Elizabeth Martínez Álvarez: En el marco del día del niño y de la niña, reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad humana y la defensa del bien común. Quienes representan el presente y el futuro de México que son hoy nuestras niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con datos de Unicef, en nuestro país uno de cada dos niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza, lo que limita su acceso a derechos fundamentales. Asimismo, más de 4 millones no asisten a la escuela, lo que compromete su desarrollo y sus oportunidades. Estas cifras coinciden con los análisis del Inegi, que señalan que la niñez es uno de los sectores más vulnerables frente a la desigualdad, particularmente, en contextos de marginación y carencias básicas.

Por su parte, la UNAM advierte que estás condiciones impactan directamente en el desarrollo emocional, social y cognitivo, perpetuando ciclos de desigualdad que afectan a generaciones enteras. Y frente a esta realidad, debemos colocar en el centro de toda la acción pública el principio de la dignidad humana y el interés superior de la niñez. La pobreza no solo implica carencias materiales, sino la vulneración de derechos, de oportunidades y de su futuro.

Desde la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, hemos impulsado un trabajo permanente de diálogo, parlamento abierto y construcción de acuerdos con autoridades, especialistas y la sociedad civil. Este esfuerzo ha permitido avanzar en una agenda que busca garantizar una protección integral para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Y como parte de estas acciones llevaremos a cabo un parlamento infantil que aprobamos en el pleno de nuestra comisión, con el objetivo de escuchar la voz de la niñez y fortalecer la participación en la vida pública. Invitamos a todas y todos los diputados a sumarse a este ejercicio noble y democrático.

Reconocemos también la disposición al diálogo y el compromiso institucional de la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva y del diputado Elías Lixa, mi coordinador de Acción Nacional, por abrir espacios que fortalecen esta agenda.

Hoy no solo conmemoramos, hoy hacemos un llamado a actuar, defender a la niñez es defender el bien común. Y que cada niño y cada niña de México nos escuche, que sepa que su voz importa, que sus sueños cuentan, y que desde esta Cámara seguiremos trabajando para proteger su dignidad y su futuro, porque proteger a nuestras niñas y a nuestros niños es proteger la esperanza de nuestro país. Que tengan un feliz día del niño y de la niña el próximo 30 de abril. Muchas gracias.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchísimas gracias, a usted, querida diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, y con ella concluimos está efeméride del Día Internacional de la Niñez, la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Esta Presidencia saluda a los alumnos del CBTis 223, de Galeana, Morelos, invitados por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, de Morena. Muchas gracias, por estar aquí.

La diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy subo a esta tribuna para hablar de lo más valioso que tenemos como país, nuestras niñas y nuestros niños.

El Día Internacional de la Niñez no es solo una fecha para discursos vacíos ni fotos bonitas, es un llamado a la conciencia, porque una niñez feliz no se construye con palabras, se construye con hechos, cuando hay alimento en la mesa, cuando hay una escuela digna, cuando hay acceso a la salud, cuando hay un hogar seguro, pero, sobre todo, cuando hay amor y respeto.

En México, durante muchos años la niñez fue olvidada por políticas que privilegiaban a unos cuantos, se les veía como el futuro, pero se olvidaban de atender su presente y, sin presente, no hay futuro posible.

De acuerdo con el informe anual 2024 de la Unicef México, 17 millones de niñas y niños viven en situación de pobreza. Aunque se ha logrado una reducción histórica a nivel nacional, este avance no es suficiente. La infancia enfrenta riesgos derivados de un contexto social.

Para combatir esta situación avanzamos con pasos firmes, por ejemplo, las becas para los estudiantes, el fortalecimiento de la educación pública, los programas de bienestar no son dádivas, son derechos que buscan cerrar brechas y dar oportunidades reales.

Pero no podemos conformarnos, todavía hay niñas y niños que enfrentan violencia, que viven en condiciones de pobreza, que trabajan cuando deberían estar jugando, aprendiendo y soñando. Y todavía hay quienes no pueden ejercer plenamente sus derechos y eso nos obliga a seguir trabajando, nos exige legislar con responsabilidad, con sensibilidad y con un profundo compromiso social.

Algunas voces críticas señalan que los esfuerzos del Estado son insuficientes o que los programas sociales generan dependencia. A ellas y ellos les decimos con claridad: garantizar derechos significa hacer justicia, invertir en la niñez no es un gasto, es la mejor inversión que se puede hacer en una nación. Porque un país que cuida a su infancia construye un futuro sólido, equitativo y próspero.

Hoy, desde esta tribuna quiero decirles a nuestras niñas y nuestros niños que no están solos, su voz importa, sus sueños importan. Y vamos a seguir luchando para que puedan crecer libres, seguros y con muchas oportunidades. Que nunca más un niño o una niña de México sea invisible. Que nunca más se le niegue lo que por derecho le corresponde.

Hagamos de este país un lugar donde la infancia no tenga miedo, donde se pueda jugar en paz, donde puedan aprender sin obstáculos y donde puedan imaginar un futuro sin límites. Porque cuidar a nuestra niñez es cuidar a México. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada.

Esta Presidencia saluda a los alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho, y sus maestros Paola Galindo Pérez y José Eduardo Olivares, del Instituto de Educación Digital del estado de Puebla, Iedep, invitados por la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.



CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Kenia López Rabadán (15:28 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el día de mañana, miércoles 29 de abril del año en curso, a las 11 horas en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y los diputados. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 55 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 287 diputadas y diputados

• Asistencia

• Orden del día

• Intervención desde la tribuna en lengua indígena

• Actas de las sesiones anteriores

• Comunicaciones oficiales: 16

• Iniciativas de senadores: 2

• Declaratoria de reforma constitucional: 1

• Solicitud de licencia: 1

• Minutos de silencio: 2

• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 25

• Toma de protesta: 1

• Efemérides: 1

• Clausura y cita

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 35

14-Morena, 6-PAN, 4-PVEM, 5-PT, 3-PRI, 2-MC, 1-S/P

DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Ávila Vera, Mildred Concepción (Morena)
Para presentar, en nombre propio y de la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 y se adiciona un artículo 75 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en Centros Penitenciarios: 174
Para referirse al 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, en nombre de su grupo parlamentario: 179
Barreras Samaniego, Diana Karina (PT)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 140
Calzada Mercado, Mario (PRI)
Desde la curul, para hacer diversos comentarios alusivos al gobierno de Puebla: 70
Carrillo Cubillas, Mario Miguel (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 3o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la cultura cívica democrática: 109
Castro Salinas, Rosa María (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres: 134
Cruz Jiménez, Martha Aracely (PT)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 y se adiciona un artículo 159 Bis de la Ley del Sector Eléctrico: 128
De la Mora Torreblanca, Marco Antonio (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 30, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de fomento al deporte de alto rendimiento y apoyo a atletas olímpicos y paralímpicos: 163
Díaz Vilchis, Catalina (Morena)
Para presentar, en nombre propio, del diputado José Elías Lixa Abimerhi, y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 77
Döring Casar, Federico (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 36 y el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, en materia de acceso de agua potable gratuita en los aeropuertos nacionales: 104
Esponda Torres, Flor de María (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales: 161
Fernández Fuentes, Luis Humberto (Morena)
Para referirse al 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, en nombre de su grupo parlamentario: 180
Gaitán Díaz, María Graciela (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Economía Circular: 145
Gali López, José Antonio (PVEM)
Para referirse al 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, en nombre de su grupo parlamentario: 178
García León, María de Fátima (MC)
Para referirse al 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, en nombre de su grupo parlamentario: 181
Graniel Zenteno, Rosa Margarita (Morena)
Para referirse al 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, en nombre de su grupo parlamentario: 179
Guerrero Esquivel, Fuensanta Guadalupe (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, y se abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 172
Lobo Román,Víctor Hugo (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos, para garantizar acciones afirmativas en materia electoral a grupos históricamente subrepresentados: 116
López Vela, Jaime Genaro (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 29 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de vehículos de movilidad personal y seguridad vial: 98
Luna Vázquez, Hugo Manuel (MC)
Para referirse al 30 de abril, Día Internacional de la Niñez, en nombre de su grupo parlamentario: 181
Martínez Álvarez, Elizabeth (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Coordinación Fiscal, y del Código Penal Federal, coloquialmente denominada Ley Lobita: 133
Mendoza Arias, Guadalupe Araceli (Sin partido)
Desde la curul, para denunciar hechos de violencia ejercidos por el subdirector de la Policía Municipal del municipio de Xalatlaco, Estado de México: 67
Montalvo Luna, José Luis (PT)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de avances tecnológicos: 70
Morán Sánchez, Leoncio Alfonso (Morena)
Desde la curul, para denunciar el ecocidio que se está llevando a cabo en Playa Las Cocinas, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit: 67
Navarro Pérez, Beatriz Andrea (Morena)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, por el que se adiciona un artículo 387 Bis al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital; y la segunda, por el que se adiciona el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda gubernamental en medios digitales: 117, 125
Olguín Díaz, Nancy Aracely (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de reconocimiento de actividades de investigación social y evaluación de políticas públicas para los efectos de donatarias autorizadas: 90
Ortiz González, Graciela (PRI)
Desde la curul, para solidarizarse con los habitantes de Bahía de Banderas, Nayarit, en la defensa ambiental de playa Las Cocinas, de Punta de Mita: 68
Ortiz Rodríguez, Jorge Armando (PT)
Desde la curul, para denunciar las posibles afectaciones ambientales en contra del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur: 68
Pelayo Covarrubias, Francisco (PAN)
Desde la curul, para solicitar un minuto de silencio en memoria de José Luis Torres Corona, bandero e integrante de la Organización Nacional de Banderas y Bandas de Escoltas de Guerra y promotor e instructor de bandas de guerra, quien falleció en días recientes: 69
Pérez Bernabe, Jaime Humberto (Morena)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de las y los jóvenes, a cargos de elección popular: 78
Puente Salas, Carlos Alberto (PVEM)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, por el que se reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de la convivencia o cohabitación forzada; y la segunda, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género: 80, 84
Rojo Pimentel, Ana Karina (PT)
Desde la curul, para solicitar un minuto de silencio en memoria de la doctora Rossana Reguillo, investigadora emérita en ciencias sociales y activista mexicana, una de las voces más relevantes en el estudio de las ciencias sociales en América Latina: 69
Rubio Fernández, Paulina (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, por el que se reforman los artículos 7 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de blindaje de la representación de México en el exterior; y la segunda, por el que se reforma y adiciona los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, en materia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias: 155, 156
Sosa Pichardo, Roberto (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para crear un esquema permanente de intervención territorial integral y prioridad presupuestaria en comunidades de alto y muy alto rezago social, con el objetivo de reducir brechas estructurales, fortalecer capacidades productivas y garantizar justicia territorial en México: 167
Varela Domínguez, Juan Carlos (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 154