Comunicaciones
Acuerdo de la Junta, relativo a las preguntas parlamentarias con motivo del VI Informe
Protesta como diputado del ciudadano Jorge Ángel Sibaja Mendoza
Iniciativas
Karla Yuritzi Almazán Burgos, Morena
Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, PMC
José Guadalupe Aguilera Rojas, PRD
Ana Gabriela Guevara Espinoza, PT
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Morena
Mariana Dunyaska García Rojas, PAN
Marina del Pilar Ávila Olmeda, Morena
Justino Eugenio Arriaga Rojas, PAN
Marco Antonio González Reyes, Morena
Juan Angel Bautista Bravo, Morena
Cipriano Charrez Pedraza, Morena
María del Rosario Guzmán Avilés, PAN
María Lucero Saldaña Pérez, PRI
Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, PES
Mary Carmen Bernal Martínez, PT
Carmen Julia Prudencio González, PMC
María Guadalupe Almaguer Pardo, PRD
Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, PVEM
Leticia Arlett Aguilar Molina, Morena
Verónica María Sobrado Rodríguez, PAN
Martha Hortencia Garay Cadena, PRI
Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Morena
Javier Ariel Hidalgo Ponce, Morena
Jorge Luis Montes Nieves, Morena
María de los Ángeles Huerta del Río, Morena
Proposiciones con punto de acuerdo
Turno a comisiones de las proposiciones
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento del resultado del cómputo de asistencia.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:03 horas): Se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta. Oiga, perdón. Por favor.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Las diputadas y los diputados...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ruego... –Permítame–. Hay un tumulto periodístico o cinematográfico contrario a las reglas de esta Cámara. ¿Qué pasa ahí? Hay un lugar allá atrás para las entrevistas. Está previsto. Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura a las...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió oficio de la Comisión Federal de Electricidad, con el que se remite el informe sobre el uso del endeudamiento, correspondiente al primer semestre 2018. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el que se remite el informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del instituto al cierre de 2017. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que se remite la información sobre el destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2018. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de septiembre de 2018. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, el informe de resultados correspondiente al periodo julio-septiembre de 2018 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, correspondiente al tercer trimestre de 2018. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Secretaría de Salud, la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutadores de gasto, el reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2018. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnense a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La secretaria Carmen Julieta Macías Rábago: El Congreso del Estado de Chihuahua remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: El Congreso del Estado de Sonora remite iniciática con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las preguntas parlamentarias que se dirigirán al presidente de la República con motivo del análisis del VI Informe de gobierno.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo
Primero. Se calificaron como legales las preguntas presentadas por los grupos parlamentarios y los diputados sin partido para dirigirlas al presidente de la República, a efecto de que amplíe la información relativa al VI Informe que presentó al Congreso de la Unión el primero de septiembre de 2018.
Segundo. Las preguntas parlamentarias fueron formuladas por los grupos parlamentarios y los diputados sin partido de acuerdo a lo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero. La Junta de Coordinación Política envía a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el total de preguntas parlamentarias por grupo parlamentario y la de los diputados sin partido con base en el anexo al presente, para que proceda conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Mesa Directiva las hará llegar al titular del Ejecutivo federal solicitándole, en el marco de una responsable y respetuosa colaboración entre poderes, que les dé respuesta en los términos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado, comuníquese.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Jorge Ángel Sibaja Mendoza, diputado federal electo por la tercera circunscripción plurinominal.
Se designa para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputado Horacio Duarte, la diputada Olga Juliana Elizondo, la diputada Maribel Martínez y el diputado Rogelio Rayo Martínez.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple el encargo)
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciudadano Jorge Ángel Sibaja Mendoza ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión?
El ciudadano Jorge Ángel Sibaja Mendoza: Sí protesto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande y que esta Cámara lo haga también.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Karla Yuritzi Almazán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.
Existen dos frases que aluden la importancia de concientizar y evolucionar como sociedad. La primera de ellas establece que la tecnología hizo posible las grandes poblaciones, ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable, mientras que la segunda se concentra en una realidad. Vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir.
El Grupo Parlamentario de Morena busca mejorar la legislación en vigor en beneficio de los ciudadanos, en el marco de las libertades democráticas y el ejercicio de los derechos fundamentales. La comunicación a los gobernados de las decisiones públicas y actos jurídicos es indispensable para garantizar el derecho a la información sobre el contenido y el alcance de las determinaciones que toman los Poderes de la Unión y los entes públicos.
El Diario Oficial de la Federación es un instrumento privilegiado en la comunicación institucional al que es necesario incorporar el avance tecnológico de la sociedad de la información.
La presente iniciativa tiene por objeto regular la edición electrónica como el principal medio jurídicamente válido de difusión del Diario Oficial de la Federación y de suprimir la edición impresa de este para efectos de distribución.
Nuestra iniciativa de Morena consiste en modificar el marco conceptual del Diario Oficial de la Federación para definir con mayor precisión los principios bajo los cuales se regirá la publicación de este órgano de difusión gubernamental.
El universo de los órganos susceptibles de publicar actos de autoridad, el cúmulo de los actos de autoridad y disposiciones jurídicas de que deberán ser publicadas para que surtan efectos jurídicos, así como la forma en que será difundido el Diario Oficial de la Federación a partir de los cambios propuestos.
En este mismo sentido se dispone de los principios rectores, características y efectos jurídicos de la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación, la incorporación de la competencia del organismo para certificar copias de las ediciones publicadas, la impresión de dos ejemplares como evidencia documental física, los elementos mínimos que garantizan la preservación de las ediciones electrónica e impresa y las facilidades de consulta de las ediciones del Diario, para personas que no tengan posibilidades de acceder al a tecnología de la información y comunicación.
Para Morena es imperativo adecuar la legislación con el objeto de brindar elementos con los que la edición pueda enfrentar los nuevos retos tecnológicos. Desde 2012 a la fecha la demanda de ejemplares impresos del Diario Oficial de la Federación ha disminuido en un promedio casi del 15 por ciento anual.
De enero a septiembre del presente año se imprimieron 296 mil 400 ejemplares, mientras que se recibieron 43.2 millones de visitas en el sitio web del Diario Oficial. Es decir, es en el universo de consultas diarias a este órgano las correspondientes a la edición impresa que representa un 0.7 por ciento.
Como un dato representativo, consideramos oportuno señalar que en marzo de 2012 el promedio de visitas en días hábiles que tenía el sitio web en el Diario Oficial de la Federación era alrededor de 40 mil. Actualmente este número corresponde solo a la visita al mismo medio en un día de fin de semana.
Las ventajas de la edición electrónica frente a la impresa son enormes. Iniciando con el formato, la edición electrónica es accesible y conveniente. Accesible porque a través de una computadora, tableta o teléfono celular inteligente con acceso a internet se puede consultar la edición del día de este periódico oficial sin necesidad de adquirir el ejemplar impreso.
Desde esta óptica, los medios tecnológicos son una herramienta que permite potencializar la cobertura social y beneficiar la transparencia y el acceso a la información.
En este sentido, la disponibilidad de la información publicada en el Diario Oficial de la Federación, independientemente del lugar y del momento en que nos encontremos o que se encuentre el interesado, garantiza su máxima publicidad. La eliminación de la impresión redundará en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y reducirá el impacto ambiental que conlleva la impresión del Diario Oficial de la Federación.
Además, al eliminarse el gasto correspondiente a la impresión los recursos destinados a la publicación de este órgano de difusión pueden reorientarse al mejoramiento de los procesos de edición y divulgación del Diario Oficial de la Federación.
Es decir, con esta medida se podría contar con mayores recursos que permitan garantizar la accesibilidad de las disposiciones jurídicas a través de compilaciones y la preservación de las ediciones a través de digitalización de ejemplares históricos y mejoramiento de la hemeroteca del Diario Oficial de la Federación.
Actualmente ninguno de estos periódicos oficiales genera ediciones impresas para su distribución, y en todos los países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay se reconocen importantes beneficios para los ciudadanos, las empresas e instituciones públicas en el ámbito de aplicación de la novedosa legislación que los regula.
Por todo ello, no dudamos que durante el proceso de dictaminación de esta iniciativa alcanzará el consenso de todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ramón Cambero Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores.
El diputado José Ramón Cambero Pérez: Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Con el permiso de mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Honorable asamblea, me permito y me dirijo a las diputadas y los diputados de esta Cámara del Congreso de la Unión para presentar en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores.
Hemos visto en los últimos días que han sido de mucha incertidumbre, escuchando promesas que quizá nunca se cumplan, viendo decisiones que se toman anticipadamente, sin considerar verdaderamente a la ciudadanía o a todos los sectores que la integran, sectores que por cierto participan activamente en el desarrollo económico de México, realizando supuestos ejercicios para legitimar una decisión tan importante que marcará el rumbo de nuestras familias por los próximos 30 años.
Lejos de abonar a la confianza abonó al entredicho, a la incertidumbre, preguntándonos qué nos depara para los próximos seis años. ¿Así se tomarán las decisiones? ¿Siempre habrá participación ciudadana? O bien, ¿serán efectivos estos mecanismos para la toma de decisiones tan importantes?
Para Acción Nacional, México debe caminar hacia el empoderamiento de los ciudadanos, los mecanismos de participación ciudadana deben ser utilizados para considerar a los gobernados en las decisiones de gobierno, pero siempre y cuando estas decisiones afecten directamente a ellos y no cuando se pretenda legitimar una decisión que se tomó hace mucho tiempo.
No es desconocido que uno de los grandes pendientes y muy importantes y urgentes es que debe ser atendido, generar acciones para proteger a uno de los sectores de la sociedad más vulnerable y que tiene derecho a una vejez digna, en condiciones humanas.
La presente iniciativa tiene como propósito fundamental velar por un sector social que ha sido vulnerable, al igual que también considera medidas que deben atender una necesidad en la realidad actual.
De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población, por sus siglas Conapo, la esperanza de vida va en aumento, actualmente mujeres de 78 años y hombres 75 años.
Se estima que en el año 2018 habrá 9.1 millones de personas de 65 años y más, para el 2028 se considera un aumento del 40 por ciento, por lo que se alcanzarán 13.12 millones. De continuar esta tendencia, en el año 2050 la proporción será de 79 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años y la esperanza de vida será aproximadamente de 81 y 77 años para mujeres y hombres respectivamente.
Acción Nacional propone otorgar una pensión universal para las personas adultas mayores como medida que ayude en forma solidaria y subsidiaria. Expresamos que es justo reconocer que en los últimos años se ha avanzado en este tema, el programa 70 y Más que inició operaciones en el año 2000, bajo una administración panista beneficiaba a poco más de un millón de adultos mayores. Para junio del año 2017, el programa registró un padrón de 5.3 millones de personas atendidas.
La presente iniciativa de Ley de la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores busca atender esa problemática otorgando un apoyo económico a las personas adultas mayores de 65 años y más.
Es por ello que se propone una ley de orden público, interés social y de observancia general en toda la República, con el objeto de establecer los términos y condiciones para el otorgamiento de la pensión universal para las personas adultas mayores.
La Secretaría de Desarrollo Social o de Bienestar, en su caso, sería la encargada de diseñar, formular e instaurar los mecanismos para la operación, administración y ejecución de la pensión universal, y el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores podrá emitir opinión respecto a dichos mecanismos.
Estimadas diputadas y diputados, como ya lo expuse anteriormente, bajo los principios de gratitud y solidaridad estamos obligados a que los adultos mayores, como grupo vulnerable y desprotegido, se otorgue una pensión digna que le permita a cualquier adulto mayor, con una edad de 65 o más, perciba un apoyo mensual que le brinde una vejez digna con el mínimo de condiciones para desarrollo de su persona. Concluyo, presidente.
Esta iniciativa tiene sustento en un reclamo social y una realidad de la que debemos hacernos cargo. Es por ello que les pido su valioso apoyo para que sea aprobada la presente ley. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 43, 51 y 62 de la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La diputada Margarita Flores Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de las siguientes consideraciones:
Quisiera comenzar con la primera frase de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la cual dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Las personas que presentan algún tipo de discapacidad demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones, la cual se traduce en acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o de cualquier tipo que le permitan tener una vida digna y de buena calidad. Además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad.
Solo por mencionar, nuestro país ha ratificado diversos instrumentos, dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Convenio 159 de la OIT, los cuales mandatan al Estado mexicano el llevar a la práctica el principio de inclusión más allá de una mera opción técnica, con el fin de lograr que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo, buscando en todo momento que sean mirados por sus potencialidades y no por sus deficiencias, lo cual sin lugar a dudas tendrá como resultado un cambio en la cultura de nuestro país.
Cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido considerada el primer tratado sobre los derechos humanos del siglo XXI, lo cual establece en su artículo 27 que los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo, accesible a las personas con discapacidad.
Datos del Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial para la Salud y el Banco Mundial refieren que las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de personas. Es decir, el 15 por ciento de la población mundial.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 80 por ciento de las personas con discapacidad a nivel mundial están en edad de trabajar. Sin embargo, gran parte de este porcentaje no ingresa al sector laboral.
El derecho a un trabajo decente para las personas con alguna discapacidad es con frecuencia denegado, en comparación con las personas sin discapacidad.
Cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, refieren que en nuestro país hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, en 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad residente en el país, 49.6, se concentra en 7 entidades federativas: estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán.
En relación con la población que residen en cada una de las entidades federativas del país Nayarit es la que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad, 82 por cada 100 mil habitantes.
Estimaciones de Coneval indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, de los cuales 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar, y 1.7 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.
Datos del Inegi señalan que la tasa de participación económica de la población con discapacidad de 15 años o más en nuestro país es del 39 por ciento en comparación del 65 de la población sin discapacidad, es decir, que 26 puntos porcentuales menos, lo cual evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en nuestro entorno laboral.
Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca reformar los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a fin de poder establecer como una obligación de los titulares de las dependencias de la administración pública federal, el preferir en igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad a las personas que presenten algún tipo de discapacidad.
Asimismo, se busca establecer una cuota mínima de tres por ciento del total de la nómina o personal en las áreas de la administración pública, esto como una medida positiva y compensatoria a favor de la inclusión de las personas con discapacidad.
En los últimos 10 años el avance de las políticas...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, compañera. Vaya hacia un final.
La diputada Margarita Flores Sánchez: Claro que sí. Permítame, presidente. En los últimos 10 años el avance de las políticas de empleo en el sector público para las personas con discapacidad en América ha sido notorio, el 75 por ciento de los países iberoamericanos cuentan con marcos jurídicos que establecen cuotas que van del dos al cinco por ciento de las plazas de nueva creación destinadas a las personas con discapacidad en la administración pública. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. En esta oportunidad vengo a presentar proyecto de decreto que contiene la iniciativa para reformar los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La construcción del federalismo hacendario ha sido un esfuerzo permanente que los mexicanos hemos venido realizando con el propósito no solamente de fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos locales, sino en el fondo mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades de los más de 2 mil 400 municipios que integran nuestra República.
En ello han sumado las diferentes reuniones nacionales que a partir de 1925 han sido convocadas por el gobierno de la República y las entidades federativas a fin de encontrar esa fórmula adecuada que permita a todas las partes que integran el Pacto Federal recibir los recursos públicos de manera equitativa, justa y proporcional a los esfuerzos realizados en las tareas de recaudación.
La visión ha sido implementada con un enfoque regional y naturalmente nacional. En ello estriba el fortalecimiento de nuestro federalismo y de las instituciones que de ello derivan.
Sin embargo, la compleja realidad de nuestro país y las condiciones económicas prevalecientes, han definido momentos que han marcado a nuestra historia. Se han empujado profundas transformaciones institucionales y una depuración permanente del marco constitucional no sólo con el sencillo afán de armonizar reglas y procedimientos, sino de ubicar en un plano equidistante que mejoren realmente las condiciones de vida de las y los mexicanos.
Para ello, el Sistema de Coordinación Fiscal y la ley que lo motiva han tenido diversas y profundas transformaciones. En primera, el modelo de coordinación intergubernamental entre los tres niveles de gobierno que hoy sin duda es más robusto.
Asimismo, se ha mejorado el proceso de distribución hacia los estados que, si bien tiene características adecuadas, hoy día no han podido revertir el déficit en materia de marginación y pobreza.
La inclusión que queremos hacer con esta iniciativa es eliminar el incentivo perverso que año con año se genera en el fondo de infraestructura social municipal, en donde en un año se otorgan recursos suficientes para combatir la pobreza y la marginación, pero cuando estos indicadores disminuyen, en el siguiente año hay una disminución sensible en la distribución de estos recursos.
En esta oportunidad lo que queremos es que se eficiente la fórmula de distribución de este fondo a partir de un nuevo componente que es el de premiar a aquellos municipios que con tanto esfuerzo destinan un gasto importante al capítulo 6000, que es el Gasto de Inversión, y donde tendremos las mejores oportunidades para lograr verdaderamente que se impulse el desarrollo regional, pero sobre todo se mejoren las condiciones de vida de las familias.
Honorable asamblea, sin duda las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal siempre han sido sujetas a debate. No obstante hoy los datos disponibles nos hacen imperante la necesidad de que se revise, y que aun y cuando se está planteando la propuesta de llevar a cabo una nueva convención nacional hacendaria, es preciso que las y los mexicanos tengan recursos suficientes a través de sus ayuntamientos para incrementar su calidad de vida. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Dulce María Méndez de la Luz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la educación juega un papel esencial en el desarrollo integral de las sociedades y es factor determinante para cerrar la brecha de las grandes distancias de igualdad y justicia social.
Su progresividad como derecho humano nos obliga, como Poder Legislativo, a cumplir con los requerimientos convencionales adaptando de manera transversal nuestra legislación al respecto.
Como Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos comprometimos de manera vinculante a asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, con la finalidad de hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva e integral en la sociedad.
Estos compromisos implican la implementación de ajustes razonables en la legislación, las políticas públicas y los presupuestos, con la finalidad de fortalecer dentro del sistema educativo ordinario, una verdadera educación integradora e inclusiva que elimine la segregación o separación de las personas con discapacidad de manera permanente.
Por ello, esta reforma fortalece y deja claro que el ordenamiento es un diseño integrador que garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad en el sistema educativo, tal y como lo mandata el propio artículo 41 de la Ley General de Educación.
Efectivamente ya se han emprendido esfuerzos en todos los Poderes de la Unión. No obstante, esta propuesta suma de manera efectiva porque este es aún un tema pendiente.
Con la armonización al artículo 33 de la Ley General de Educación, atendemos mandatos internacionales, nuestra Constitución, la propia Ley General de Educación y la reciente resolución de la Corte en materia de educación inclusiva.
Es obligación de todos los ámbitos y Poderes de la Unión involucrarnos y contribuir en este cambio de paradigma. Por ello, apostamos por una educación que amplíe el alcance la protección de los derechos humanos de todas las personas, y reiteramos nuestra coincidencia con la sentencia resuelta bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán en el sentido de que la escuela ordinaria es el espacio propicio para combatir las actitudes discriminatorias y construir una sociedad igualitaria.
Está comprobado que los niños, independientemente de sus capacidades, condiciones o diferencias que se educan con sus pares, tienen más posibilidades de desarrollarse de manera integral.
Por ello la importancia de esta iniciativa que busca la inclusión, pero también la igualdad y el respeto en la sociedad en su conjunto.
Es importante resaltar que la reforma contempla que este enfoque requiere cuando sea necesario recurrir a las herramientas de atención especializada como medios auxiliares para lograr una integración efectiva de los alumnos que presentan alguna discapacidad, dificultad de aprendizaje, de conducta o comunicación, contrariamente a la posición de separarlos del sistema educativo ordinario de manera permanente.
Compañeras y compañeros diputados, pongo a su consideración esta propuesta que desde el Poder Legislativo da respuesta a compromisos internacionales en la materia, y fortalece los medios que garantizan el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Guadalupe Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar un proyecto de iniciativa que reforma el artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputado presidente. Compañeros, compañeras. Honorable asamblea, las disposiciones legales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal tuvieron como propósito realizar aportaciones a las entidades federativas y a los municipios, a partir de los recursos obtenidos a lo largo del territorio nacional por el gobierno de la República.
Nos referimos fundamentalmente a los dos principales impuestos que contribuyen a dar forma al modelo al que hemos hecho referencia; el cobro al IVA y al ISR.
La enorme dependencia que reflejan la mayor parte de las administraciones locales con respecto a la administración federal, se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo de muchas zonas del país.
Al denominado centralismo fiscal que prevalece actualmente se suman las dificultades inherentes al conocimiento de las reglas a seguir para obtener los recursos y los problemas vinculados a su cumplimiento, configurando un escenario en el que resulta difícil avanzar a pesar de las buenas intenciones de las partes a coordinar.
Un prestigiado economista se refiere de esta forma a las dificultades descritas. Las entidades federativas y los municipios prácticamente no tienen fuentes propias de tributación. A partir de 1980, con la Ley de Coordinación Fiscal las entidades federativas renunciaron a ejercer una muy buena parte de sus potestades a cambio de recibir un porcentaje de la recaudación federal participable.
En la actualidad los presupuestos estatales y municipales dependen en una muy alta proporción de las transferencias de la federación. El retraso para acceder a los recursos, así como la insuficiencia del monto de estos es el mayor de los casos, demanda la acción revisora del Poder Legislativo.
En este contexto, es necesario recordar que además de las dificultades a las que hemos aludido, existe otro factor que requiere la pronta acción del Congreso, nos referimos a la discrecionalidad con que actúa la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo la administración de estos recursos, afectada en no pocas ocasiones por motivos que escapan al espíritu original que dio su aprobación por la Cámara de Diputados, dando lugar a prácticas consistentes en la reducción y/o negociación de los recursos aprobados sin el menor conocimiento del Poder Legislativo.
Entre la crónica insuficiencia de recursos podemos ubicar una actitud complaciente en la que han incurrido las autoridades hacendarias, manteniendo inercias con el trato preferencial a grandes contribuyentes, estimándose pérdidas de ingresos por montos que fluctúan entre los 400 y 500 mil millones de pesos anuales. A cambio hemos observado una tendencia a seguir manteniendo una reducida base gravable de alrededor de contribuyentes cautivos, quienes en el terreno de los hechos proveen los ingresos que llegan a las arcas públicas.
Al respecto, es de gran ayuda la siguiente reflexión. Evaluadas por resultados las reformas que en materia fiscal efectuadas a partir de 1983, dejan mucho qué desear. No han podido lograr alcanzar los objetivos que de ella se esperaban.
Por ello, compañeros y compañeras, si se desea convertir a esos órganos en verdaderas instancias de gobierno, es indispensable dotarles, no solo con recursos que les permitan atender situaciones coyunturales, como se han hecho desde hace mucho tiempo, postergando simplemente los problemas.
Estoy convencido que los ayuntamientos son la primera instancia de atención de los ciudadanos, por ello propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 40 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación, distribuyéndose un 25 para los estados y un 15 por ciento para los beneficios.
Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Oscar Bautista Villegas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 Bis-29 de la Ley General de Salud.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. El día de hoy me permito presentar ante ustedes una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 77 Bis-29 de la Ley General de Salud.
Las enfermedades son de los principales factores que más vulneran la calidad de vida de las personas y dependiendo de su gravedad pueden ocasionar secuelas físicas importantes, incluso la propia muerte.
En el caso de las enfermedades no transmisibles o crónicas, estas impactan severamente en el patrimonio de las personas, y la población con menores ingresos las más perjudicadas.
A nivel mundial cada año mueren alrededor de 41 millones de personas a causa de enfermedades crónicas, las cuales atacan severamente a la población entre 30 y 70 años. A partir del año 2013, en México, este tipo de enfermedades se convirtieron en las que mayor número de muertes generan y a las que mayor cantidad de recursos públicos se destina para su propia atención.
En cuanto al impacto económico provocado por estas enfermedades, se destaca que en el año 2017 los servicios de salud destinaron entre 2 y 8 pesos de su presupuesto médico para el control y tratamiento de las mismas.
Ante estas cifras queda claro que las enfermedades crónicas son las más costosas por su propia atención y tratamiento, llegando incluso a consumir totalmente el patrimonio de las propias familias.
En este sentido, cabe destacar que es obligación del Estado propiciar condiciones para atender adecuadamente la salud de toda la población. Nuestra Constitución reconoce, en su artículo 4o. el derecho a la salud, por ello en la ley general de la materia se establecen los criterios generales para garantizarlo.
El sistema de protección social de salud en nuestro país atiende a más de 53.5 millones de afiliados, teniendo como objetivo garantizar el acceso a los servicios sanitarios mediante acciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
En relación con lo anterior se destaca que el sector salud de nuestro país atiende una amplia variedad de enfermedades crónicas. Sin embargo, es necesario reformar el artículo 77 Bis 29, para ampliar el catálogo de padecimientos que se atienden a través del financiamiento de gastos catastróficos.
Resulta necesario que en el Catálogo Universal de Servicios de Salud se incluyan las enfermedades epidemiológicas no transmisibles o crónicas, las cuales día con día consumen la vida de miles de mexicanos por falta de un tratamiento adecuado.
Actualmente, la atención de este tipo de padecimientos no se considera como prioritaria en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, por lo tanto, no se cubren los gastos que genera su tratamiento, con lo cual el Seguro Popular no garantiza el acceso pleno a la atención médica de quienes padecen enfermedades crónicas no incluidas en este catálogo.
La presente iniciativa contribuirá a incrementar la calidad de vida de la población, evitando que las familias pierdan su patrimonio al enfrentar gastos catastróficos derivados de enfermedades.
Por ello, el día de hoy a nombre del Partido Verde Ecologista de México, quien está aquí enfrente de ustedes, queremos pedir el apoyo para poder modificar la Ley de Salud pública de este país.
Tenemos la gran oportunidad de la ampliación del catálogo de enfermedades crónicas, como es el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, la leucemia, los problemas renales y el cáncer de próstata.
Con ello vamos a mejorar y tenemos una mayor cobertura para su propia atención. Hoy tenemos un ejemplo que lastima y lacera a todos los mexicanos y mexicanas, por cada 100 mil mujeres, 16 de ellas mueren por cáncer de mama.
Por eso, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, yo les pido su apoyo para que esta reforma que estamos planteando a la Ley de Salud pública de este país tenga el apoyo y respaldo de las y los diputados de esta legislatura.
A nombre del Partido Verde, muchas gracias por su atención. A nombre de los habitantes de San Luis Potosí, que fue un compromiso ineludible que hicimos con ellos para mejorar la atención médica en este país y muy en especial en San Luis Potosí. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Bautista. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 y adiciona un artículo 115 Bis a la Ley General de Salud.
La diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, diputada presidenta. Solicito, por favor, la inserción íntegra de la iniciativa al Diario de los Debates.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Así se hará, diputada.
La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: A nivel mundial la obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas, por las que cada año mueren aproximadamente 2.8 millones de personas. Su causa fundamental es el sobrepeso y la obesidad, y es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. Es decir, un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente organización global.
Ambas condiciones son un importante factor de riesgo en las actividades crónicas no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías y los accidentes cerebro-vasculares, que fueron la principal causa de muertes en el año 2012. Diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer, como endometrio o varios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon.
Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de mortalidad y son 63 por ciento de las muertes a nivel mundial. Cabe destacar que el 85 por ciento de las muertes asociadas con estas enfermedades ocurren en países de ingresos bajos o medios.
En los países en desarrollo la prevalencia de la obesidad en la población, particularmente en el sector infantil, se ha incrementado en forma notable. Algunas de las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud arrojan 422 millones de adultos que en todo el mundo tienen diabetes, en el año 2014, frente a los 108 millones de 1980.
La prevalencia mundial de diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado de 4.7 a 8.5 en la población adulta.
La población mexicana en distintos grupos de edad padece algún grado de sobrepeso y obesidad, son 54 millones en nuestro país. La diabetes tipo 2 se encuentra entre las principales causas de muerte en nuestro país, aproximadamente 5.5 millones, aunado a la problemática de salud pública, La diabetes mellitus representa un gasto de 3 mil 430 millones de dólares al año en atención y las complicaciones que estas genera.
Como se mencionó anteriormente, uno de los principales factores de riesgo para padecer obesidad y sobrepeso es la ingesta de alimentos de alto contenido calórico y un ejemplo de esto es el consumo del azúcar.
Actualmente existen varias alternativas para disminuir el uso de este edulcorante y una de ellas se encuentra en la planta llamada estevia, misma que ofrece las ventajas de ser un endulzante sin calorías y por otro lado es una planta utilizada y estudiada en otros países por sus beneficios terapéuticos, medicinales, y un ejemplo de esto son las propiedades para tratar alergias, elevar el sistema inmunológico, regular el colesterol y la prevención de algunos de los tipos de cáncer, lo anterior debido a sus propiedades antioxidantes.
Aunado a esto, cabe destacar que la estevia y su acción hipoglucémica con lo cual ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre ayudando así una reducción de las personas con diabetes en México.
Por lo anterior, es que considero que es recomendable promover los hábitos alimenticios sanos que incluyan pequeñas raciones de azúcar para reducir el uso de aditivos artificiales.
La iniciativa que hoy presento tiene por objeto desarrollar estrategia institucional que nos permita regular de manera precisa, el uso y aplicaciones de edulcorantes en la ingesta diaria admisible de los ciudadanos con lo cual prevenga el desarrollo de enfermedades como la obesidad, el sobrepeso o la diabetes. Sería todo presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: Compañeros y compañeras. De acuerdo con el diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México, actualizado en 2017 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, en las últimas décadas los fenómenos naturales en México han dejado daños que ascienden a 7 mil 742 personas que han perdido la vida y 27 mil millones 653 personas que han resultado damnificadas, lo que ha costado cerca de 700 millones de dólares.
Es por ello que el tema de la prevención de desastres ha tomado relevancia en la agenda de protección civil, reconociendo que es indispensable saber que vivimos en un país de múltiples riesgos, situación que debe ser considerada en nuestras normas jurídicas con la finalidad de prevenir, o en su defecto establecer estrategias y programas de largo alcance enfocados a reducir sus efectos y no sólo a prestar atención a las emergencias de desastres.
El territorio nacional se encuentra sujeto a gran variedad de fenómenos que pueden causar desastres. Dos terceras partes del territorio tienen un riesgo sísmico y se debe principalmente a los terremotos que se generan en costas del océano pacífico, conjunción de las placas tectónicas de cocos y de Norteamérica y del sinnúmero de volcanes que han existido que 14 de ellos han hecho erupción y se consideran activos.
La ubicación del país en una región intertropical lo hace susceptible de huracanes que se generan tanto en el océano pacífico como en el golfo de México. También se presentan lluvias intensas con las consecuentes inundaciones y deslaves importantes con mucha frecuencia.
En oposición a esto, también el país resiente la escasez de lluvia dando paso a incendios forestales que se presentan cada año en temporadas de sequía, propiciando enormes pérdidas de zonas boscosas.
Estos tipos de desastres tienen como origen un fenómeno natural por lo que son llamados desastres naturales, aunque en su desarrollo y consecuencias tiene mucho que ver la acción del hombre.
Con el objetivo de protegerse de estos fenómenos naturales, debe evitarse el asentamiento humano en sitios particularmente expuestos a riesgos, ya sean provocados por sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslaves, entre otros.
La reforma que hoy presento refiere que el 28 de noviembre del año 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual en el artículo 1o, fracción I, tiene como objeto fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso territorio de los asentamientos humanos en el país con el pleno respeto de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. Sin embargo, no contempla el riesgo como un elemento en la planeación urbana.
De acuerdo con el informe, Tendencias del desarrollo urbano en México, elaborado en junio de 2017, por la ONU-Hábitat México, en las próximas décadas buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano, esto significa que el país pasará de contar de 384 ciudades a 961 en 2023, en las cuales se concentrarán el 83.2 por ciento de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población pobre la que dominará.
Siguiendo con este informe, los asentamientos humanos que predominarán son aquellos ilegales o irregulares que se expanden por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario.
Esto puede significar para muchas ciudades la ocupación creciente de lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos. Esta es la razón que motiva esta iniciativa.
Considero que debemos de dejar en claro que para cualquier proyecto de asentamiento o desarrollo urbano se debe considerar el riesgo y su gestión.
La reforma que hoy presento al artículo 3o. y 4o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dota a dicha ley de armonía jurídica respecto de la Ley General de Protección Civil para que se considere el riesgo y su prevención, con el objeto de salvaguardar la integridad humana ante cualquier desastre natural
Concluyo esta intervención diciendo que con esta reforma el establecimiento de un conglomerado demográfico deberá seguir las pautas del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual tiene como guía, desde hace 10 años, el...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: ...Atlas Nacional de Riesgos. Por eso, compañeras y compañeros, los exhorto a que dimensionemos la posibilidad de prevenir riesgos y salvar vidas, a utilizar los instrumentos y mecanismos para planificar adecuadamente el desarrollo urbano. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: La ley debe atender los problemas sociales que se presentan, realidades inminentes que hoy lesionan y lastiman a las y los ciudadanos.
Más de una ocasión, los números telefónicos son reciclados, y son asignados a otras personas sin tomar en cuenta que este hecho genera un grave conflicto al tiempo.
Al día de hoy muchas personas sufren hostigamiento telefónico por cobranza de deudas que no son responsables. Por eso presentamos ante ustedes esta reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los mismos.
De 2007 a 2014, 189 mil quejas por cobranza no asumida por el dueño del teléfono, hostigamiento a las 3 de la mañana, llamadas continuas, amenazas y molestia contundente a quien no debe, a quien le asignaron un número telefónico de manera aleatoria y que por esta simple razón, está de manera continua siendo molestado vía telefónica.
Sesenta y cinco por cierto, o sea, 123 mil usuarios de servicios financieros no son los deudores de estos montos que le son cobrados, 123 mil. De enero a abril de 2017, a través del Registro de Derechos de Cobranza, la Condusef habla de más de 9 mil reclamaciones por malas prácticas. Una gestión de cobranza sin ser el usuario cliente o socio deudor, y en el reporte se habla de que 24 por ciento de estas llamadas fueron de manera irrespetuosa y con faltas a la educación básica, 14 por ciento con amenazas directas. Esto es grave.
Por eso, a partir de 2014 se obligó a los despachos de cobranza a identificarse, a dirigirse manera respetuosa, educada a hacer las llamadas de las 7 a las 22 horas, a documentar el acuerdo alcanzado, pero al no tener una sanción se sigue realizando esta práctica. Al no tener una sanción se siguen generando las llamadas telefónicas de hostigamiento a no deudores.
Quedó estrictamente prohibido ocupar números confidenciales u ocultos o desconocidos. Quedó prohibido amenazar al deudor que no sea quien debe a esa instancia. También el generar gestiones a terceros, incluidas referencias personales, porque también se da; hostigan a quien dio un aval y eso es grave.
El registro de despachos de cobranza debe dar también a conocer qué despachos trabajan con cada entidad financiera, y es aquí en donde presentamos esta reforma; resolver las reclamaciones y atenderlas vía telefónica, física o por internet, pero que deben actualizar su base de datos de manera inmediata.
También que los datos telefónicos sean verificados para que no se dé este hostigamiento, pero dentro de esta reforma la parte más medular es que a quien haga este tipo de llamadas se les otorgará una multa de 500 a 2000 UMA, que estamos hablando de entre 40 mil y 161 mil pesos.
También que sea obligatorio verificar la actualización de datos telefónicos y las que no coincidan, no reciban llamadas. Que se obligue a la instancia financiera a hacer un cambio radical en la política de autorización de créditos para no requerir a personas no deudoras, y generar en este decreto la desindexación del salario mínimo, porque tiene ya que usarse la Unidad de Medida de Actualización.
Solicito que el texto íntegro sea incluido en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Se solicita a la Secretaría incluir el texto completo en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa por el Quinto Centenario de la Fundación del Municipio en México.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Compañeros diputados, compañeras legisladoras, el municipio mexicano tiene su antecedente en el calpulli, era considerado como la base de la estructura social azteca y organización política que desempeñaba diversas funciones, entre ellas económicas, sociales y hasta militares.
No obstante, el primer ayuntamiento se estableció en la Villa Rica de la Vera Cruz el 22 de abril de 1519 y se consolidó como la división político-administrativa del Estado que sirve de base a la división territorial y organización de los estados miembros de la federación.
El municipio desde su creación ha sido fundamental en la administración de la función pública y en la prestación de los servicios básicos, como agua potable, alumbrado público, limpia, mercados y recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Por ser el orden de gobierno más próximo a la ciudadanía es clave en impulsar un desarrollo efectivo, inclusivo y sostenible, pero también lo es para estimular la participación ciudadana en la solución de problemáticas comunes, tales como la pobreza, el hambre y la exclusión social.
En la mayor parte del mundo los gobiernos locales cuentan con la proximidad, la legitimidad y la escala para gestionar, gobernar y dirigir el desarrollo de la ciudadanía en forma efectiva.
El Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que nuestra gobernanza no puede consolidarse si no es desde la base mínima de nuestra organización institucional. De ahí la relevancia del municipio mexicano.
A casi medio siglo de su fundación, es una de las instituciones que más ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de la población. Debido a ello continúa siendo la base elemental de nuestra República, como una forma democrática libre independiente.
Es precisamente por tales motivos que, en el marco de la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México, estimamos pertinente emitir una moneda conmemorativa con el objeto de atender a la organización política más antigua de América Latina.
La emisión de una moneda conmemorativa tendrá un valor especial y será un justo reconocimiento a la contribución del municipio a la vida institucional, a nuestra vida institucional.
Compañeras y compañeros legisladores, el municipio es donde se conocen y resuelven los problemas más directos de la población. De ahí la necesidad de asegurarle un marco jurídico adecuado para su gestión, desarrollo y administración política. Rendir un justo reconocimiento a la fundación del municipio a través de una moneda, no solo deja claro su contribución al desarrollo nacional, sino también deja de manifiesto su aportación a nuestro federalismo y a la división territorial.
Hoy México cuenta con más de 2 mil 458 municipios en sus 32 entidades federativas, los cuales reflejan nuestra identidad como una nación multiétnica, pluricultural y multilingüística.
Una moneda conmemorativa de 20 pesos que haga alusión al quinto centenario del establecimiento del municipio en México constituirá un reconocimiento a esta histórica institución del Estado mexicano.
Estimados compañeros y compañeras diputados, recientemente presenté la iniciativa para que el próximo año se conmemore el 500 aniversario de la vida del municipio en México, yo creo que el día de hoy estoy presentando esta iniciativa para que no solo nos quedemos en una efeméride sino que realmente el próximo año se despliegue todo un programa conmemorativo de esta institución que genere una producción editorial amplia, que genere un análisis en el marco jurídico del municipio, que despliegue un programa conmemorativo a lo ancho y largo del país y que no solo nos quedemos en conmemorar en el Congreso de la Unión sino que sea también en el marco de esta conmemoración que los estados y municipios se involucren para hacer un justo reconocimiento a esta institución que ha dado vida a la República en México. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
Están en este recinto, invitados por la diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, alumnos de la Universidad de Chihuahua, a quienes les damos una bienvenida y un caluroso saludo.
Estuvieron hace un momentito también niñas y niños de la Escuela Yolanda Cuervo Toledano, del municipio de Nicolás Romero, invitados por la diputada Socorro Bahena Jiménez, a quienes también les brindamos una grata recepción.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 203 del Código Penal Federal.
La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: Compañeras y compañeros diputados, con tristeza seguimos escuchando cómo las notas periodísticas nos informan sobre el turismo sexual, práctica deleznable que persigue a nuestra niñez y que cada vez se hace más frecuente por la falta de regulación y políticas públicas que persiguen este ilícito.
Según el informe del Departamento de Estado, de Estados Unidos, sobre la trata de personas, exhibe que cada año en nuestro país 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual, mientras que 85 mil niñas, niños o adolescentes son usados para actos de pornografía en 21 entidades de las 32 entidades del país, donde existe turismo sexual.
Tijuana, Baja California, es una de las principales ciudades del mundo y nuestras autoridades brillan por su ausencia.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, considera en su artículo 13 al turismo sexual como una forma de explotación sexual remunerada que se encuentra dentro del fenómeno de la trata de personas. Y sanciona con penas de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual u otra actividad sexual remunerada.
El tema de la existencia en nuestro país del turismo sexual es invisibilizado para no ponerle atención, simplemente crear una cortina de humo.
Una de las agravantes en torno a este ilícito es la red de complicidad, tanto de los que promueven el acto como de la prevaleciente impunidad por parte de los parientes de las víctimas, que otorgan amplias facilidades a los turistas extranjeros, principalmente europeos y estadounidenses para acceder a menores de edad, y todo esto se da bajo la descomposición del tejido social en el cual vivimos.
Con tristeza y preocupación se ha visto que actualmente los padres y familiares de nuestros niños participan en esta práctica. Aunque las leyes ahora protegen a los menores, no se llevan a cabalidad estos preceptos.
El caso claro quedó cuando el canadiense tan multicitado en redes, Walter Zuk, fue encarcelado por este hecho. Pero al padre de la menor, que aparece cerca de la escena y la ve, nunca se le finca responsabilidad por ese hecho.
Los pequeños confían en sus padres, en sus familiares, en sus madres, en sus tutores. Confían en que estos los protegerán, pero ahora lamentablemente esto ya no es así. La facilidad de obtener dinero por la venta de los menores ha corrompido a nuestra sociedad, por lo que no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y debemos protegerlos, debemos sancionar de manera enérgica esta práctica.
Por lo anterior, someto a su consideración la parte adicionada al artículo 203, que aumenta las penas, armonizándolas con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, y pretende decir: al autor de este delito se le impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa. Y se aumentarán en una mitad de la que corresponda cuando el autor tuviera para con la víctima alguna de las siguientes relaciones.
Si el autor de este delito fuera el padre, madre, tutor, quien esté ligado con la víctima por un lazo afectivo. Inciso a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia. b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado. c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado. d) Tutores o curadores.
En los casos de los incisos a), b), c) y d), además de las sanciones señaladas los autores...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.
La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: –Sí, presidenta, estoy por terminar–. Los autores del delito perderán la patria potestad, tutela y curatela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes. En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la fracción I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: La propuesta que someto a consideración de esta soberanía adiciona precisamente el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, con el objeto de explicitar la obligación a cargo del ministro instructor, tanto de los procedimientos de controversia constitucional como de las acciones de inconstitucionalidad y de revisar con detenimiento y de manera oficiosa la demanda para identificar a los sujetos que deben ser señalados como terceros interesados.
Tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad son mecanismos de control constitucional de los cuales compete conocer de forma exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las diferencia sustancial de que mientras a través de las controversias constitucionales se revisa si un acto emitido por un poder u autoridad ha invadido las funciones de otro poder o nivel de gobierno, en las acciones de inconstitucionalidad se revisa la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía.
En ambos casos su finalidad primordial es fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución. Hasta antes de la reforma constitucional de 1994, diputadas y diputados, no era muy claro si el municipio podía ser parte de una controversia constitucional, incluso se llegó a afirmar que el municipio no estaba legitimado activamente pues no era un poder público. Imagínense nada más.
Afortunadamente, la reforma de ese año al artículo 105 constitucional rompió con esa idea equivocada y reconoció expresamente la legitimación del municipio para poner en marcha esos mecanismos de control constitucional a fin de preservar sus atribuciones reivindicando su independencia y abonando a la idea de un federalismo democrático, efectivo y auténtico, a partir de entonces el municipio se ha transformado en el principal actor de esos procesos constitucionales.
Sin embargo, existe un tema en el que el municipio sigue resintiendo los estragos del diseño institucional, específicamente cuando los actos que se reclaman no emanan de los gobiernos municipales pero sí les afectan, y pese a ello se omiten llamarlos como terceros interesados.
Esto obedece a que el diseño de los procesos constitucionales referidos deja en mano del actor o demandante determinar quién debe ser llamado como tercero interesado.
De tal forma que si a su juicio no existe un ente público que deba ser llamado como tercero interesado, basta con así indicarlo impidiendo con ello que sea convocado el procedimiento, ya que tampoco existe un deber a cargo del ministro instructor o ministra instructora para examinar oficiosamente el expediente y llamar como terceros interesados a quienes puedan verse afectados por la sentencia que se llegue a dictar, como sí existe en otros procesos constitucionales, por ejemplo el juicio de amparo.
Lo anterior, ha motivado que durante los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelgo un gran número de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad planteadas particularmente por la PGR en contra de actos o normas dictadas por los Congresos de los estados, específicamente en materia de ingresos municipales en los cuales se ha declarado su invalidez sin haber considerado como terceros interesados, es decir, como posibles afectados a los gobiernos de los municipios.
Por consiguiente, y tomando en consideración que tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad son mecanismos de protección directa de la Constitución que buscan el equilibrio del Pacto Federal, se propone adicionar un párrafo al artículo 25 de la ley reglamentaria, con el objeto de establecer como obligación a cargo de la ministra o del ministro instructor el estudio oficioso del expediente para determinar la posible existencia de terceros interesados que deben ser emplazados al juicio, de modo que no queden indefensos.
Agradezco el aporte del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas para esta iniciativa y por supuesto, diputadas y diputados, hago un exhorto desde esta tribuna a defender el federalismo con toda nuestra fuerza. Los estados, pero particularmente los municipios necesitan un reforzamiento institucional de parte de esta soberanía, y más que estamos a unas cuantas semanas de revisar precisamente la asignación de recursos públicos.
Sería cuanto, señora diputada presidenta, muchísimas gracias. Ojalá puedan suscribir esta importante iniciativa a favor de los municipios de este país. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado Marco Antonio González Reyes: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Justicia, fue el grito que se escuchó hace unos días afuera del jardín de niños Marcelino de Champagnat, en San Juan de Aragón, Ciudad de México, donde entre voces de indignación y furia se denunciaba el abuso sexual de 37 niños, asumiendo como presunto responsable a un trabajador de ese centro escolar, y que afirmaron los padres de familia ya habían presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, sin que se hiciera absolutamente nada.
Es necesario recalcar la impotencia que siente una madre o un padre ante lamentable caso, en el que la omisión y el silencio por parte de algunas autoridades ocasionan una revictimización, una situación que nos debe poner a reflexionar ¿qué hubiésemos hecho si se tratase de alguno de nuestros propios hijos?
También es necesario traer a este instante el video publicado y divulgado en las redes sociales en julio del 2013, donde se observó a un empleado del ayuntamiento de Villahermosa, obligando a un niño vendedor ambulante a tirar sus dulces al suelo mientras este último estaba aterrorizado y envuelto en un llanto de temor.
Acto que fue denunciado en primer momento por los usuarios de las redes sociales quienes se sintieron indignados y comenzaron a pedir justicia para el pequeño, reprobando la acción que hizo el servidor público de humillar y espantar al menor.
Estos y otros tantos casos son los que enfrenta la niñez y la adolescencia en nuestro país. A pesar de que el 4 de diciembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde en su artículo 121 se señala la designación de una Procuraduría de protección, la cual fue un grave avance en el tema de la niñez, puesto que dicha Procuraduría garantiza que las niñas, niños y adolescentes cuenten con una protección en donde se realicen acciones específicas para garantizar el cumplimiento de sus derechos al momento de recibir protección especial y restitución integral de los mismos.
Sin embargo, es de señalar que la actual Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, depende inmediatamente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, el cual se limita únicamente a conocer de los asuntos que llegan ante tal órgano descentralizado, confundiendo en muchas ocasiones su función de asistencialista con la de órganos restitutorio de derechos.
Asimismo, la lleva a estar subordinada y obligada a reportar en primer momento, a lo que dicho órgano descentralizado señale y acuerde. A su vez, este último debe reportar a las autoridades administrativas competentes, haciendo cada vez más lejana la convicción de garantizar a la niñez y adolescencia una defensa y protección adecuada.
Es de advertir que dicha Procuraduría ha realizado un gran esfuerzo en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, al ser dependiente de una autoridad administrativa, se ve limitada a proteger los derechos de los menores en contra de actos violatorios ejercidos por las mismas autoridades.
Por lo expuesto anteriormente, resulta necesario modificar el artículo 121 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se propone una Procuraduría de Protección que sea especializada y autónoma del DIF, toda vez que ampliaría la esfera jurídica de protección de los menores y ayudaría a definir como las demás instituciones, tanto públicas como privadas, puedan acudir en su apoyo estableciendo mecanismos específicos y considerando la opinión de las instituciones civiles, quienes son las que constantemente enfrentan gran cantidad de problemas con referencia a algún grupo vulnerable que nos ocupa el día de hoy.
Requerimos una Procuraduría que tenga la autoridad y competencia para resolver medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas y adolescentes, que cuente con capacidad de respuesta, con el presupuesto adecuado y con personal suficiente y especializado para la atención y supervisión de centros de asistencia social, de manera que se convierta en una procuraduría fortalecida y competente en todo sentido. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su dictamen.
Esta Presidencia saluda a José Alberto Padrón, alcalde del municipio de Hunucmá, y a Valentín Pech, alcalde del municipio de Kinchil, del estado de Yucatán, invitados por el diputado José Elías Lixa. Sean ustedes bienvenidos a este salón de sesiones.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y se abrogan la Ley General de Servicios de Profesión Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
El diputado Iran Santiago Manuel: Con su venia, presidenta. Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida, y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. José Mujica.
Compañeras y compañeros diputados, hemos presentado con anterioridad ya una reforma constitucional al 3o y 73, y con la propuesta del día de hoy estaríamos cerrando para abrogar las reformas del gobierno que afortunadamente va a terminar, de Peña Nieto.
Con la reforma al 3o. constitucional y la adecuación de las leyes secundarias se construyó el soporte legal que permitió al INEE coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y valorar la calidad, el desempeño y resultados de la educación obligatoria en México.
En su momento, el gobierno federal indicó que las modificaciones a la Ley General de Educación y la creación de la Ley General de Servicio Profesional Docente eran para fortalecer las funciones de análisis y planeación para el diseño de políticas educativas pertinentes y oportunas, a corto y largo plazos.
También manifestó que esas reformas implicaban normar el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes y directivos escolares, ordenar su situación laboral y otorgarles estabilidad. La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desglosó todos estos mandatos constitucionales.
De igual forma nos quisieron vender la idea que la evaluación de la educación tenía una función central en el cumplimiento de los principios de calidad y equidad en la educación, a los que el Estado se ha comprometido.
Incluso el gobierno federal sostuvo que en sí misma la evaluación no mejora la educación, pero orienta las medidas para lograrlo. Al final demostró que estaban muy alejados de la realidad y no conocían el contexto de la educación en el país.
Se debe definir un proyecto de educación y una postura democrática en donde se dé la participación de padres de familia y alumnos con el liderazgo de los maestros de las escuelas en las comunidades y las regiones, que permitan la creación de una Ley General de Educación que garantice la educación gratuita y obligatoria a todos los niños del país y la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.
En lugar de atenerse al criterio de expertos y a los involucrados en el proceso educativo, las autoridades educativas mexicanas prefirieron someterse a los intereses de empresarios y parámetros de organismos internacionales.
El gobierno mexicano se delata por la actitud neoliberal y neocolonial, su inaceptable subordinación ante instancias internacionales y ante poderes económicos, nacionales y trasnacionales. En definitiva, la falta de soberanía y de autodeterminación del Estado en temas tan cruciales, como el educativo.
Rechazamos la reforma educativa, porque es más bien una reforma administrativa y antilaboral, carece de una propuesta pedagógica. La reforma educativa no es para mejorar la calidad de la educación. Si así fuera, la apoyaríamos. Es para controlar a los maestros y maestras del país políticamente.
Una verdadera reforma educativa plantearía métodos de enseñanza, salarios, presupuesto, tecnologías, formación docente, bibliotecas, entre otros.
La reforma educativa se inscribe en la larga lista de reformas estructurales que ya conocemos, neoliberales que restringen derechos y privatizan. Se pretende culpar, como ya sabemos, a los maestros del país de la responsabilidad que hoy tienen muchos, pero se olvidan también que gobiernos neoliberales abandonaron la educación pública.
La reforma educativa ataca la permanencia en el empleo y no la baja calidad educativa, cientos de miles de maestros ayudan a formar todos los días valores cívicos, patrióticos e históricos y cobran salarios raquíticos.
Por todo lo anterior, se propone reformar la Ley General de Educación para revertir la reforma educativa que ha dañado principalmente al gremio magisterial, por lo que se pretende regresar al texto normativo que estaba vigente antes de que fuera publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Iran Santiago Manuel: Termino, presidenta. El día 11 de septiembre de 2013. Asimismo, la abrogación de las leyes, la Ley General de Educación, Ley General de Servicio Profesional Docente, perdón, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 26 de febrero de 2013.
No cederemos, ahora sí la reforma educativa va para abajo, llegó el momento de una nueva y auténtica reforma educativa. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Angel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El diputado Juan Angel Bautista Bravo: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Juan Angel Bautista Bravo: Compañeras y compañeros legisladores, México es un país megadiverso en su territorio, se encuentra entre el 60 y 70 por ciento de la diversidad biológica conocida del planeta.
En la conservación de esta biodiversidad, los pueblos y comunidades han tenido un papel preponderante para el manejo sustentable del ambiente. Las comunidades indígenas han construido una amplia gama de saberes, de tal forma que tan solo de las selvas tropicales se han documentado alrededor de mil 330 especies de plantas, cuya utilidad se debe al conocimiento indígena, de las cuales se obtienen más de 3 mil productos entre medicinas, alimentos, materiales para la construcción, forrajes, entre otros.
En el caso del conocimiento de las comunidades indígenas sobre la flora y la fauna del territorio, este es el resultado de agudas observaciones efectuadas a lo largo de siglos, que se han transmitido de generación en generación, sometiéndolas a una atenta experimentación, verificación, pasando a ser parte importante de la memoria histórica en la cual cada sujeto del grupo social detecta una parte del saber total y a la vez, una lectura de la realidad íntimamente ligada a la práctica cotidiana en el uso y manejo del ambiente.
Hoy, con las biotecnologías, las grandes empresas trasnacionales son las que en la práctica están aprovechando y monopolizando el saber tradicional, estudiando y recolectando material genético, ya que a partir de estos conocimientos se está creando toda una gama de nuevos fármacos que han reportado billonarias ganancias económicas.
Por ejemplo, por décadas la industria farmacéutica de los países desarrollados ha mandado a investigadores y antropólogos a los bosques y las selvas, con la finalidad de obtener información sobre la medicina indígena. Colectar las plantas y microorganismos utilizados para el tratamiento de distintas enfermedades.
Una vez en posesión de estas plantas y los conocimientos tradicionales buscan el agente activo que más tarde en el laboratorio se convertirá en moléculas terapéuticas, obteniéndose un fármaco que será protegido con derechos de patente, dejándole enormes ganancias a las empresas, sin reporte ninguno de beneficios a las comunidades y países que proporcionaron el conocimiento y los recursos naturales.
Pero el aprovecharse de los recursos genéticos que se encuentran en las comunidades indígenas y sus conocimientos, sin contar con el consentimiento previo, libre e informado. Además, sin que estas participen en los beneficios de las patentes y derechos que generen a raíz de estos haberes, esto es biopiratería.
En el derecho internacional, para frenar esta situación injusta se cuenta con el Protocolo de Nagoya, sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
En cuanto a nuestro derecho interno, entre las leyes que tutelan los derechos indígenas con relación a la biodiversidad, se tiene la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de reciente entrada en vigor. Pero nuestra ley resulta regresiva en cuanto a la protección de los derechos indígenas, ya que anteriormente el registro y certificación de los derechos genéticos forestales o de formas modificadas de los mismos, así como las patentes, eran jurídicamente nulos.
En cambio, con la Ley vigente esta protección se perdió. Por lo mismo, esta iniciativa busca regresar esta defensa a los recursos genéticos forestales que se encuentran en territorios indígenas y los conocimientos de estas comunidades. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Cipriano Charrez Pedraza: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Cipriano Charrez Pedraza: Compañeras y compañeros diputados, la crisis del agua es ya una crisis que tiene que ver con la gobernabilidad mundial, y en este nuevo siglo el agua, su saneamiento y su distribución equitativa representan grandes desafíos sociales para nuestro mundo.
“Debemos poner a salvo el suministro mundial del agua potable y garantizar que todos tengan acceso a la misma”. Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.
El agua es un recurso natural vital para todos los seres vivos, sin ella la vida en general no es posible. En sus actividades diarias el ser humano depende de ella para su higiene y desarrollo personal, la realización de sus actividades productivas y la obtención de sus satisfactores.
Su importancia estratégica para este mundo globalizado obliga a que varios países implementen mecanismos de preservación y cuidado en su distribución, por considerarlo un tema no solo de salud pública, sino de soberanía sobre este recurso natural.
El Consejo Mundial del Agua coloca el tema del agua en el punto más alto de la agenda política de las naciones y enfatiza que la crisis hídrica internacional no tiene que ver con tener poca o mucha agua. Es una crisis de gobernanza del agua que tiene como resultado que millones de seres humanos, así como el medio ambiente, sufran gravemente.
Hasta 2012 la crisis del agua a nivel mundial implicaba mil 500 millones de personas sin acceso al agua potable sana, 2 mil 400 millones sin servicios sanitarios, 3 mil millones sin sistema de tratamiento de aguas residuales, además de que se estimaba que 3 mil personas morían diariamente en el mundo por enfermedades relacionadas con la ausencia del agua potable.
En el caso mexicano, debido al mantenimiento del Sistema Cutzamala, en estos últimos días la Ciudad de México experimentó la carencia de este vital líquido, dejando a miles de personas sin poder realizar sus actividades cotidianas, dejando de manifiesto la importancia del vital líquido.
Sin dejar pasar este momento, también señalar que hace unos meses el gobierno federal peñista que ya termina, tramposamente pretendió concesionar a la iniciativa privada, vía decretos, su explotación a través del cambio del sistema de veda con el propósito central de favorecer a grupos particulares con intereses distintos del grueso de la sociedad y así seguir garantizando que los recursos naturales estratégicos del país sigan generando ganancias privadas y por ende seguir reproduciendo en el centro de gravedad de nuestros problemas nacionales, la corrupción en todas sus variantes.
Para el caso de la presente iniciativa mencionaré que la seguridad hídrica es definida como la capacidad determinada para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de cantidad aceptable, que permita la salud humana como la del ecosistema basándose en las cuencas hidrográficas, así como garantizar la protección de la vida.
María del Carmen Carmona, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que para encontrar soluciones a los problemas de gobernabilidad en materia hídrica, estas deben sustentarse en la reconstrucción del Estado de derecho en materia hídrica y en el reconocimiento de los derechos emergentes asociados al acceso a los recursos hídricos.
Es justa la interpretación anterior, donde encontramos sustento a la necesidad de reconocer el agua como un tema de seguridad nacional e incorporar dicho derecho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Baste analizar las actuales circunstancias ambientales en la que vivimos.
Habrá un sinnúmero de situaciones, intereses y conflictos que tratarán de inferir en la distribución del agua e inferirán en la gobernabilidad de las instituciones. Sin embargo, el interés superior de las y los mexicanos debe prevalecer ante todo.
La idea de establecer ese derecho del agua como de seguridad nacional requiere ser relacionada abiertamente con la capacidad del Estado para actuar en favor de la preservación en la soberanía con la participación activa de todas las instituciones y niveles de gobierno que resulten pertinentes en correspondencia a los derechos humanos, tutelados en los tratados internacionales y en nuestra propia legislación.
Compañeros diputados y diputadas, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que someto a esta soberanía republicana, tiene como objetivo central aplicar un marco legal para que el Estado mexicano implemente una política pública que propicie un uso racional del recurso hídrico y garantice para nuestro país la disposición de agua a las futuras generaciones como un asunto de seguridad nacional.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Cipriano Charrez Pedraza: Amigas y amigos diputados, el Grupo Parlamentario de Morena y un servidor les hacemos un respetuoso llamado para que se sumen y voten a favor de la presente iniciativa. Es cuanto, amigos diputados.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy presento ante esta soberanía esta iniciativa que tiene una motivación y un objetivo particular, que es combatir desde otro frente la extrema pobreza que azota a diferentes zonas de nuestro país.
A lo largo de los años han sido múltiples y diversos los programas que se han implementado y en su mayoría se ha buscado atacar la pobreza con acciones que den resultados inmediatos, pero que a la vez son efímeros.
Apoyos en dinero, materiales de construcción, e incluso con elementos de la canasta básica, son sólo algunos de estos ejemplos y, por otro lado, con efectos más duraderos, están los programas otorgados de pisos firmes. Han sido muchos los esfuerzos por erradicar la pobreza en México, pero es evidente el fracaso en la lucha contra esta.
Con solo mirar los números otorgados por el Coneval, por poner un referente, el 43.6 por ciento de la población vive en pobreza y el 7.6 en pobreza extrema, números muy similares a los que se presentaban cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Social, hace poco más de 25 años. Entonces ¿qué ha fallado? No ha dejado de haber programas de apoyo social y los montos destinados para tal efecto son cada vez mayores.
Estoy convencida de que podemos lograr mejores resultados con acciones diferentes a las ahora practicadas.
Yo provengo de un distrito del norte de Veracruz, con municipios que tienen localidades consideradas de alta marginación, con carencias y necesidades primordiales, como la mayoría de los municipios más pobres de México.
Los municipios tienen acceso a diversos fondos federales con los cuales cumplen el ejercicio de sus funciones, pero la realidad es que los recursos otorgados mediante estos, en la mayoría de los casos son insuficientes para cumplir con sus fines.
Es una constante que los alcaldes tengan que batallar con las dependencias federales para poder allegarse de mayores recursos, limitando excesivamente el ejercicio de los recursos ministrados a los municipios.
Con esta iniciativa se atiende la exigencia hecha por alcaldes de muchos de ellos, ya que las necesidades de un municipio con gran desarrollo no pueden ser similares a las de un municipio conformado por localidades indígenas.
La exigencia que lidera las peticiones de los alcaldes, es contar con mayores recursos para construir caminos rurales, pavimentación, crecimiento, señal ética, calles, muros de contención, vados, fuentes, caminos, saca cosechas, modernización de caminos rurales, guarniciones y banquetas. Proyectos que se encuentran contenidos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Social.
Al reformar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, le damos pie a la Secretaría de Desarrollo Social de modificar los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y estar en posibilidad de subir el porcentaje otorgado para este rubro de un 15 a un 30 por ciento de los recursos otorgados y ser ejercidos de ese modo.
Por lo anterior se apoyará en gran medida a los alcaldes en el ataque a la pobreza, la inclusión social y en mejores oportunidades para los habitantes de estas regiones, ya que la marginación conduce a la pobreza al no poder tener acceso a la salud, a educación, y dificulta sacar sus artesanías y productos de cosecha.
Es una medida que plantea generar condiciones de prosperidad a largo plazo, con lo que se busca romper ese ciclo de pobreza que se ha heredado generación tras generación.
Compañeras y compañeros diputados, les pido apoyen esta iniciativa y hagamos la diferencia en favor de México y replanteemos las políticas públicas para poder tener resultados efectivos en el combate a la pobreza. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
Esta Presidencia saluda a la presidenta municipal de Nacajuca, Tabasco, invitada por el diputado Manuel Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. Se encuentra también en este recinto el licenciado Rolando González Chávez, presidente municipal de Marcos Castellanos, San José de Gracia, Michoacán, invitados por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas. Sea usted bienvenido. Están también estudiantes del Instituto Educativo y Cultural de Hidalgo, invitados por el diputado Ernesto Ruffo Appel. Sean bienvenidos estimados estudiantes.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General en materia de Delitos Electorales.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: La sinrazón de la violencia política que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo, no tiene cabida en una democracia. Hablar de democracia genérica no es solamente hablar del derecho al voto, sino a ser elegidas y hacerlo con pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales.
Desde hace seis años, presenté una iniciativa que se aprobó en el Senado, modificando varios ordenamientos para que la violencia política por razones de género fuera considerado delito electoral.
Y dado que hoy estamos nuevamente aquí, es que estas sinrazón de poder avanzar por un lado en la paridad, pero por otro lado al haber más mujeres, hay más casos de violencia política en contra de ellas, y lo oímos en la pasada elección, en donde de las más de 100 mujeres que fueron documentados sus casos con nombres, apellidos de varias entidades de la República, porque el perfil traspasa cualquier partido, cualquier condición económica y social. El ejercicio de actuar en política ha sido irrumpir en esquemas culturales, mitos y prejuicios y lamentablemente la mayoría de los casos se da hacia niveles municipales, donde vemos un déficit de representación como titulares de las mismas.
Desde entonces se modificó y se quiso presentar iniciativas a cinco leyes; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Partidos Políticos; la Ley de Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación, así como la de Delitos Electorales.
Sin duda, estos acontecimientos que están registrados en el indicador de violencia política, y afortunadamente ha habido avances en las entidades federativas, pero registramos que de estas 106 hay en 22 entidades y en 84 municipios.
Para las mujeres, ejercer la política no solamente debe ser un derecho y una libertad, sino también esa plenitud de ciudadanía. Hubo cinco secuestros; intentos de privación de la libertad; tres mujeres políticas lesionadas por arma de fuego; tres resultaron ilesas tras atentados; seis entidades de mayor riesgo están destacadas; hubo atentados a familiares también.
Desafortunadamente hubo feminicidios en este rubro de la violencia política, y aunque se ha avanzado en tener protocolos para la atención de la violencia política en contra de las mujeres en razón del género, que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la Fiscalía en materia de Delitos Electorales, hay documentados casos, sin embargo vemos la necesidad de que aquí podamos modificar la Ley de Delitos Electorales para poder contemplar con sanción, aumentando la sanción en una mitad cuando se trate precisamente de servidores públicos, funcionarios partidistas, o bien se utilice medios de telecomunicación, radiodifusión o medios impresos, y por ello ante esta tribuna hacemos un llamado para que el estudio de estas iniciativas que están aquí en la Cámara de Diputados, podamos hacerlo a la mayor brevedad y poder discutirla para su aprobación.
Bajo ese sentido, la iniciativa se pretende adicionar el artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con la finalidad de crear el tipo penal, ya que hay 200 tipos penales en materia electoral, pero no está incluido el fenómeno de feminicidio y, pues, darle nombre, no solamente es acuñarlo en el discurso, sino también en proceder en la norma.
Esperando su apoyo, de todos los partidos, dejamos esta iniciativa para ser turnada a las comisiones respectivas. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reforma a los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, porque en la actualidad este impuesto con la reforma fiscal que este gobierno aprobó, afecta a la inmensa mayoría de la clase trabajadora que menos percepción salarial obtiene, sobre todo aquellos que perciben un ingreso menor a los 10 mil 298.35 pesos mensuales, impactando directamente en su economía familiar.
Lo hago convencida que las diputadas y los diputados que integramos esta legislatura asumiremos los retos que nos demanda la situación social que está viviendo nuestro país, y porque soy parte de quienes con decisión votamos por un México distinto, con bienestar y con prosperidad, con la esperanza de transformar a fondo las instituciones y reformar las leyes que afecten a los más pobres de nuestro país.
Comparto con nuestro presidente electo que la lucha contra la pobreza y la desigualdad deben ser dos de las principales acciones en el próximo gobierno y se debe ver reflejada en el poder adquisitivo de las familias mexicanas y en nuestras manos está el tomar las decisiones correctas para lograr la disminución de la pobreza y la desigualdad.
En México, el ISR es un impuesto igualitario que se retiene tanto a las empresas como a los trabajadores formales, se les aplica un descuento mensual hasta del 35 por ciento de las ganancias e ingresos respectivamente. Sin embargo, no es equitativo, porque afecta en gran medida a los trabajadores de remuneraciones más bajas.
Lo ideal sería que quienes más ganan paguen más impuesto. Esa es una de las razones por las que propongo que el umbral del ISR disminuya gradualmente en la correlación de los salarios menores.
Sé que esta propuesta puede ser ícono de una serie de divergencias políticas, la cual puede dividir opiniones de los diferentes sectores especialistas. Algunas voces, como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, refieren oportunidades al minimizar el ISR de 35 por ciento al 21 por ciento que impulsaría un crecimiento del producto interno bruto hasta de tres décimas en puntos porcentuales.
También la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, (Canaco), se ha expresado a favor de reducir este impuesto conforme desciendan las categorías salariales.
Tendrá un impacto directo en los bolsillos de los trabajadores que perciben los menores salarios, ya que una persona que gana 10 mil 298.35 pesos debe pagar un ISR de 786.54 pesos, con esta propuesta de reforma se pretende que queden exentos de este impuesto todos aquellos trabajadores formales que se encuentren en este umbral salarial, esto ayudará a fortalecer la formalidad en los negocios y el trabajador podrá adquirir mayor poder adquisitivo en beneficio de su familia, ya que pagar este impuesto es la diferencia entre comer dos veces al día o una sola vez.
También estaríamos ayudando a los trabajadores que ganan 9 mil 500 pesos mensuales, ya que actualmente pagan el 10 por ciento de sus ingresos. Al tener mayor flujo de dinero le puede permitir al trabajador tener mayor bienestar para su familia.
Es importante destacar que la Ley del Impuesto sobre la Renta deberá indicar que cuando la inflación acumulada sea del 10 por ciento por un periodo, se deben ajustar las tarifas para el cálculo de este impuesto.
Con esta propuesta se busca que se elimine la tasa del ISR y cuota fija para los primeros cinco rangos de ingresos menores a los 10 mil 298.35 pesos. Esta reforma también implicará un mayor dinamismo del consumo de la economía nacional, ya que el asalariado podrá tener mayor liquidez que le permitirá ahorrar o utilizarlo en sus alimentos.
En términos llanos, esta propuesta donde se propone reducir el ISR a los trabajadores asalariados en el rango antes mencionado, fortalecerá las vías de entrada a la formalidad, lo cual no implicaría una carga fiscal adicional a ningún contribuyente ni modificaciones al diseño de subsidio al empleo.
Con esta propuesta de reforma, los aproximadamente 15.5 millones de trabajadores se verán beneficiados y se reducirá la informalidad que actualmente es del 56 por ciento.
Por otro lado, hay antecedentes que fundamentan esta propuesta. El ingreso que se dejará de percibir ascenderá aproximadamente al 73.9 mil millones de pesos, pero en el 2015 y 2016 el gobierno federal presentó excedentes en la recaudación del ISR por casi 177 mil millones de pesos. Es decir, la virtual caída en la recaudación de esta propuesta se podría cubrir sin afectar el presupuesto de ingresos tributarios.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas: Porque otro México es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, el federalismo es la forma de Estado caracterizada por la unión de colectividades autónomas en un territorio determinado, sujetas a un poder central pero soberanas en su interior.
Para que el federalismo pueda ser aplicado exitosamente se requiere: 1. El deseo de unión entre las distintas unidades políticas, a fin de establecer un gobierno en común. 2. El deseo de la autonomía local. 3. La contigüidad geográfica.
En México, una vez consumada la Independencia se ponderaron dos formas de gobierno para la nueva nación: el centralismo y el federalismo. Optándose por esta última.
En la actualidad, el Estado federal mexicano se encuentra contemplado en los artículos 39, 40, 41, 42. 43, 44, 115, 116, 117, 118, 119, 122 y 124 de nuestra Constitución.
Los artículos mencionados establecen el principio de soberanía nacional, la forma de gobierno en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación. La división de Poderes, facultades y competencia de la federación, estados y la protección.
Una de las características del federalismo es la coordinación administrativa entre el Estado federal y los locales en materias como la económica, la educativa, la fiscal, salud, seguridad pública, entre otras.
En materia fiscal nuestra Carta Magna ha sido poco clara respecto a las materias que son estrictamente federales y cuales son locales. Fue hasta 1978 cuando se comienzan a celebrar entre la federación y los estados los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal, con el objeto de establecer la coordinación y colaboración para que las funciones de administración de los ingresos federales y el ejercicio de las facultades en materia fiscal puedan ser asumidas por parte de los estados y, en su caso, por los municipios.
Con la Ley de Coordinación Fiscal se tuvieron diversos objetos como el de coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas, así como con los municipios para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas. Distribuir entre la federación, las entidades federativas y municipios dichas participaciones. Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales. Constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
Por otro lado, se debe reconocer que las participaciones son de gran importancia para las funciones de las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, en las fórmulas de cálculo de las participaciones se han excluido variables como la pobreza, ingreso, hacinamiento, ingreso per cápita, producto interno bruto, desarrollo, número de población, entre otras.
La manera de formular el cálculo para las participaciones de las entidades federativas y municipios, desde una perspectiva meramente política, ha traído diversos problemas en sus finanzas públicas.
El objetivo de la presente iniciativa radica en reformar el párrafo primero del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que la participación que corresponda a las haciendas públicas de los estados y municipios se haga bajo los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad, así como su distribución. Con ello, se logrará un mayor fortalecimiento de sus haciendas públicas, una mejor distribución de la riqueza y un menor endeudamiento.
Asimismo, se propone la modificación de la fracción III del artículo 2-A de la ley de referencia, a efecto de incrementar del uno por ciento al dos por ciento las participaciones de los municipios de la recaudación federal participable, en razón de que son los municipios quienes prestan más servicios a la población como agua potable, seguridad pública, tránsito, mercados, centrales de abasto, limpia, alumbrado, panteones, rastro, calles, etcétera.
Aumentando las participaciones transferidas a los municipios tendrán un mejor funcionamiento administrativo, una prestación de servicios públicos de mayor calidad y un menor endeudamiento. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Saludamos a alumnos de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, municipio de Morelia, invitados de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz. Bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Compañeros y compañeras. La familia, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Es una estructura viva que se transforma con los cambios propios de la sociedad. El artículo 4o. constitucional decreta que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que esta protegerá la organización y desarrollo de la familia.
La iniciativa que nos permitimos someter a su consideración tiene como objetivo fundamental el establecer como un derecho a los hombres trabajadores al Servicio del Estado, el contar con una licencia de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante.
El derecho sería concedido a todos los hombres trabajadores contemplados en el Apartado B del artículo 123 constitucional, entre quienes podemos contemplar a los miembros de las instituciones policiales.
La presente propuesta tiene como sustento jurídico, tanto de orden internacional como nacional, pudiendo invocar, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
El proyecto de decreto que sometemos a consideración contribuye de manera contundente a tener una sociedad más incluyente con perspectiva de género, lo cual debe ser fundamental para la transformación de un país donde sus habitantes sean más conscientes de sus derechos y obligaciones.
Las sociedades evolucionan y las actividades que anteriormente las hacíamos, eran realizadas principalmente por mujeres, hoy en día afortunadamente son también llevadas a cabo por hombres tanto en nuestro país como en todas las partes del mundo.
Con la adición que proponemos impulsamos la transformación de los patrones sociales en relación al cuidado de sus hijos, empezando por ejercer los derechos en un marco de equidad de género y en donde las mujeres debemos aceptar que los hombres también se preocupan y ocupan de sus hijos.
Asimismo, cambiamos profundamente la perspectiva de las relaciones familiares haciéndolas más estrechas en un momento trascendental como es el nacimiento de un hijo.
Nuestra legislación contempla derechos a favor de las madres trabajadoras al servicio del Estado, por lo tanto, considero justo que en un marco de igualdad de género otorgar una licencia que proponemos a los hombres trabajadores al servicio del Estado, consideramos que es justo.
La licencia de paternidad está reconocida en la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del Apartado A del artículo 123 constitucional, pero este derecho no se encuentra contemplado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del artículo 123. Sin embargo, es necesario la actualización y homologación de los marcos normativos referidos para dar certeza jurídica a los trabajadores del Estado.
Entre los trabajadores que beneficiaría la presente adición están aquellos que por su naturaleza y desempeño de sus funciones cubren horarios extendidos, como es el caso de seguridad pública, procuración de justicia, en donde se mejorarían las condiciones y relaciones y convivencia familiar.
La adición que se propone generaría la obligación correspondiente al titular de la dependencia e institución a cumplir el mandato que nos ocupa, evitando la interpretación que hoy en día sólo genera incertidumbre y ambigüedad.
Ampliar la licencia de paternidad a favor de todos los hombres trabajadores al Servicio del Estado, genera que estos conjuguen sus responsabilidades familiares con su desarrollo profesional, lo que propicia a la vez ambientes laborables más saludables y armónicos y productivos.
Ampliar el derecho que nos ocupa a favor de los hombres trabajadores al servicio del Estado, y armonizar en este sentido lo contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es un cambio legislativo sencillo pero trascendental que impactaría de manera profunda el ámbito laboral y familiar de los beneficiados.
El Poder Legislativo debe de ser el ejemplo de lo que es personas ayudando a personas. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Con su permiso, diputado presidente. México es uno de los países más mortíferos para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Los niveles de violencia a los que se enfrentan son sólo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada como por ejemplo Siria. La violencia que sufren no proviene únicamente de las autoridades, sino también que los grupos criminales llegan a promover acciones violentas en su contra.
Las agresiones más extremas son: los homicidios, las desapariciones forzadas y los ataques a lugares de trabajo, formas de violencia que se han vuelto más recurrentes desde 2006. En la gran mayoría de los casos estos crímenes siguen sin castigo.
Entre los periodistas los ataques letales también han aumentado en años recientes. En 2017 la tasa de homicidios dolosos por cada 10 mil habitantes fue tres veces más elevada entre los periodistas que la población en general.
Entre 2000 y 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó un total de 91 periodistas asesinados presuntamente por desarrollar su actividad profesional.
Entre 2000 y 2016 el índice de impunidad en los delitos cometidos en contra de periodistas fue de 92 por ciento, 92 por ciento en impunidad.
Las entidades que concentraron el mayor número de casos son: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
Como podemos observar, estamos frente a un grave problema estructural de acceso a la justicia y de impunidad.
Por ello, es importante fortalecer instituciones como el mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. Es urgente mejorar las medidas de protección cuando su integridad o la propia vida se encuentren en situación de riesgo por el desempeño de sus actividades.
Es importante destacar que, en un contexto de violencia, como el que vive nuestro país, resulta importante y fundamental que este mecanismo puede alcanzar los fines para los que fue creado.
Por tanto, la iniciativa que pongo a la consideración de esta soberanía plantea hacer ajustes al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación.
Consideramos que no hay democracia sin garantías a la labor de las y los defensores de los derechos humanos o al libre ejercicio del periodismo, los derechos digitales y el derecho a la información.
A grandes rasgos proponemos fortalecer el manejo de los recursos del fondo, el cual presenta insuficiencias presupuestales para la debida operatividad, por lo que planteamos que estos recursos no puedan ser disminuidos respecto al presupuesto de año anterior, debiendo incorporar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Comité Técnico del mismo.
Ampliamos también la definición de periodistas, con ello buscamos proteger a aquellas personas que se desempeñan como articulistas, blogueros, tuiteros, youtubers, columnistas, fotoperiodistas, caricaturistas, documentadores, o bien cuya actividad se encuentren relacionadas con el periodismo, la información o la generación de opinión pública.
Proponemos hacer más ágil el procedimiento de la Unidad de Evaluación de Riesgos incorporando como una de sus atribuciones la de diseñar los sistemas de alerta temprana, así como los planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones, y con ello ir atacando las causas que los generan.
Esta iniciativa establece también que la cooperación entre la Federación y las entidades federativas sea de manera inmediata, e incluye como invitados a las sesiones de la Junta de Gobierno y con derecho a voz, a dos representantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Quiero dedicar especialmente esta iniciativa a todas las personas asesinadas por el desempeño y en el desempeño del trabajo periodístico, especialmente a la joven fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de julio en Juchitán; Oaxaca, cuy sanción al director que le envió a esos trabajos fue ridícula.
Es un pendiente y le pedimos a nuestros compañeros del Grupo Parlamentario del PRI...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias, presidente. Es le haga saber al gobernador del estado que Oaxaca también tiene ese pendiente.
Dada la brevedad del tiempo para la presentación de esta iniciativa, le solicito, presidente, se incluya íntegramente al Diario de los Debates. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Inclúyase íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y de Morena.
La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Con su venia, señor presidente. La Ley Federal de Sanidad Animal, en su Título Sexto, se refiere al control de productos para uso o consumo animal, establecimientos, actividades y servicios y faculta a la Sagarpa para la expedición de las disposiciones de sanidad y su vigilancia.
Para la erradicación del uso del clembuterol y mantener operativos de vigilancia y control, la Sagarpa en 1999 emitió la Norma Oficial Mexicana 061, que prohibió su utilización tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal.
Derivado de lo anterior, apoyamos en la ley y la normatividad vigente, la Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, Senasica, ha impulsado una serie de actividades para erradicar el uso del clembuterol en animales destinados al consumo humano.
Entre ellas se encuentra la emisión de la certificación Tipo Inspección Federal, TIF, que en un reconocimiento que otorga la Sagarpa a través de la Senasica, mediante un procedimiento meticuloso de inspección y supervisión de los rastros y establecimientos industriales dedicados a producir, almacenar, sacrificar, procesar y distribuir todo tipo de carnes y sus derivados.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados no ha sido posible erradicar las prácticas de los productores en el uso del clembuterol. Para estos, la inclusión de dicha sustancia genera importantes ganancias económicas, situación que los ha llevado a hacer caso omiso a las advertencias sobre los problemas en la salud pública que provoca tal sustancia.
En diferentes países, como Francia, Italia, Portugal, España y China, en los últimos años se han registrado intoxicaciones masivas por el consumo de productos cárnicos, principalmente de origen bovino, contaminados por el clembuterol.
En México, si bien las autoridades reportan una baja presencia de intoxicaciones por clembuterol, de igual manera es cierto que este tendría que ser prohibida su utilización, además de que en el país ignoramos, más allá de los casos de intoxicación, la presencia real de animales a los que se les administra clembuterol y que eventualmente son consumidos por todos nosotros.
Desafortunadamente los casos de presencia de clembuterol en humanos ya han generado un gran impacto en el deporte, afectando a representantes nacionales en actividades como el fútbol soccer y el boxeo, casos que han tenido gran difusión mediática, tanto a nivel nacional como internacional.
El director de Senasica ha reportado que más de 400 establecimientos cuentan con la certificación TIF. El problema es que han sido identificados más de 2 mil rastros en el país, además de aquellos de los que no tienen conocimiento.
En México se venden dos tipos de carne de bovino, la cual cuenta con la certificación TIF, cuyo mercado son principalmente las tiendas de autoservicio o que se exportan y llega a ser hasta un 60 por ciento de la carne que se produce en el país. Y, por otro lado, se encuentra la carne de rastros municipales o casas de matanza y privados, donde no hay control sanitario y comúnmente se venden en carnicerías, mercados municipales y tianguis. Es decir, la carne de fácil acceso.
La presencia del clembuterol en la carne para consumo humano ha dejado de ser un problema en el ámbito deportivo y potencialmente ha transitado a ser un problema de salud pública que necesita ser atendido.
Científicos han advertido que el consumo de la carne contaminada en dosis elevadas puede inducir intoxicaciones. Los efectos derivados de la ingesta de los productos contaminados por el clembuterol son adormecimiento de manos, temblor, dolor muscular, nerviosismo, entre otros.
Por lo anterior expuesto, es importante señalar que, en la Ley Federal de Sanidad Animal referida previamente, no se hace mención explícita sobre la prohibición del clembuterol y otras sustancias tóxicas.
Consideramos necesario hacer explícito en la ley la prohibición de sustancias dañinas para la salud y, de igual forma, reforzar las sanciones actuales.
La propuesta que en materia de esta presente iniciativa debe entenderse como una medida para desincentivar el uso del clembuterol y que adicionalmente constituye una medida que significa beneficios para la salud pública de las y los mexicanos.
Por lo anterior expuesto, compañeras y compañeros, esperamos su total apoyo en esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Ganadería para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 30 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Bien. Iniciativa de reforma a la Constitución sobre los requisitos que deben satisfacerse para ser presidente de la República Mexicana.
Exposición de motivos. En septiembre de 1993 dio inicio, en la Cámara de Diputados, las discusiones sobre la iniciativa de reformas al artículo 82 constitucional. La reforma finalmente fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de julio de 1994, quedando el mencionado artículo como sigue:
Artículo 82. Para ser presidente se requiere:
Fracción I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años.
La entrada en vigor de dicha reforma quedó establecida en el decreto aprobatorio para el 31 de diciembre de 1999. En el tenor literal la publicación es la siguiente:
Decreto. El honorable Congreso de la Unión, en el uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa a la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformada la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente decreto:
El artículo 82 dice: Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años.
Es evidente que la dedicatoria de tal reforma constitucional tenía un solo objetivo y beneficiario que pudiera ser elegible como candidato y a la postre presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, por el Partido Acción Nacional. Acto que no podía llevarse a cabo, según la disposición constitucional de la fracción I de dicho artículo, pues el texto anterior de la forma citada y el propio texto original de nuestra Carta Magna exigía, por su propia naturaleza, que el presidente de la República fuera hijo de padre y madre mexicana. Vicente Fox Quesada era hijo de madre española.
Los principios básicos de la doctrina neoliberal, aplicados en México desde 1982, hicieron necesario adecuar el marco jurídico en el que se daban algunas acciones del Estado mexicano.
En este contexto, la reforma al artículo 82, fracción I tuvo como único objetivo consolidar dicha doctrina al abrir el paso a una persona que tan solo le exigiera que fuera hijo o hija de padre mexicano o madre mexicana, con la falsa idea de modernizar la estructura política social y económica existente. Y que el entonces titular del Poder Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari promovió ante el Congreso de la Unión, aunado a otros pilares constitucionales que permitieran el establecimiento del más agresivo sistema económico, como lo ha sido el neoliberalismo. A saber, los artículos constitucionales 3, 5, 27, 31, 82 y 130.
A partir de la Constitución de 1917, en estricta defensa y protección de los intereses públicos nacionales, el Constituyente estableció literalmente que el presidente de la República, para asegurar su compromiso, lealtad, patriotismo y convicción, debía saber el siguiente requisito:
Artículo 82. Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos e hijo de padres mexicanos por nacimiento.
Soberanía constituyente que fue violentada a capricho y voluntad de un grupo político, con perfil de antinacionales, que se encaminaron a favorecer intereses ajenos a los de la sociedad en su conjunto. Y que pusieron y siguen poniendo en peligro a la nación, ya que permiten que acceda al poder público, vía el Poder Ejecutivo, cualquier mexicano sin arraigo, sin raíces, sin pasado fundado y sustentado fuera del seno de una familia mexicana en su totalidad. Mismo que no podría con la convicción necesaria alzar como bandera el amor a la patria, a la nación y velar por su bienestar.
Ante esta situación, por los motivos antes expuestos y el artículo 30 también, es conveniente reformar para evitar la presencia de personas que no aman a México, que no entienden las necesidades, que no saben lo que es haber nacido en México, aunque los padres pidan o se exijan las cosas mejores para los mexicanos y para nuestro país.
También la reforma del artículo 30, la calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización, son mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro o fuera de la República, siempre que este último caso los padres sean mexicanos por nacimiento, se reputan mexicanos por nacimiento a los que nazcan en la República, a los padres extranjeros si dentro del año siguiente o por mayoría de edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y comprueban ante aquellos que han residido en el país los últimos seis años anteriores de dicha manifestación.
Por tales motivos antes expuestos, presento iniciativa de proyecto de decreto
Único. Se reforma y adiciona el artículo 30, Apartado A, y se deroga su fracción III. Y se reforma y adiciona el artículo 82, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Con mucho gusto. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos: a) Por nacimiento. Los que nazcan en territorio de la República, hijos de padre y madre mexicanos por nacimiento. Los que nazcan en el extranjero hijos de padres y madres mexicanos por nacimiento.
Se deroga: Artículo 4o. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes, hijos de padres y madres mexicanos por nacimiento. Y el artículo 82.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Para ser presidente de la República se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. Ser hijo de padre y de madre mexicanos por nacimiento y haber residido en el país durante los últimos años.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, concluya.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Esto es todo, cuanto. Muchísimas gracias por su paciencia, porque es de sumo interés. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Saludamos la presencia de la presidenta municipal de Navojoa, Sonora, invitada por la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro. Me refiero a la maestra Rosario Quintero. Sea usted bienvenida. También saludamos a jóvenes provenientes de Acapulco, Guerrero, invitados de la diputada Araceli Ocampo Manzanares. Bienvenidos. Y a estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En el marco del Día para la Erradicación del Feminicidio, presento al pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el penúltimo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y reforma el último párrafo del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para ampliar el término de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia al tenor de lo siguiente:
El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Eliminación de Discriminación contra la Mujer CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece que los Estados parte deberán establecer procedimientos legales y justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia tenga medidas de protección.
Atendiendo a lo anterior, en México contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 27 señala que las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación y en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias.
En lo que respecta al artículo 28 destaca que estas órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor a 72 horas y deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Ahora bien, en la realidad cuando una mujer se encuentra en peligro por sufrir violencia extrema resulta poco funcional que las órdenes de protección de emergencia y preventivas solo tengan la temporalidad de 72 horas, tres días y se expidan en ocho horas cuando debieran ser inmediatas.
Ejemplo de ello es el caso de Laura “N”, madre de tres hijos menores de edad quien fuera golpeada y amenazada por su esposo y la familia de él, quienes le exigían abandonar el domicilio familiar aun cuando el inmueble le pertenecía a ella por herencia.
La mujer que les refiero obtuvo seguridad para sí misma y para sus hijos, sin embargo, la orden de protección con rondines de la policía debía renovarse cada 72 horas, siempre y cuando existiera un nuevo delito, cuestión que desde luego puso en riesgo su vida y la de sus hijos.
En nuestro país hay miles de casos como el de Laura, situaciones diversas en las que las mujeres, sus hijas e hijos están en peligro constante. De por sí el acceso de las mujeres a la justicia en nuestro país es casi nulo y más aún porque en la mayoría de los casos no cuentan con un abogado, tiempo o recursos económicos que les permitan realizar este tipo de trámites para hacer valer sus derechos.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, exhorto y hago uso de esta tribuna para que se sumen en favor de las mujeres mexicanas que sufren violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades.
Debemos tener claro que las órdenes de protección, su eficacia y su eficiencia, son fundamentales para prevenir actos de violencia, y en algunos casos hasta la comisión del delito del feminicidio.
En este orden de ideas, la presente iniciativa pretende adicionar el antepenúltimo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que se proceda a la celebración de audiencia ante juez de control cuando se trate también de las órdenes de protección de emergencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, en virtud de que dichas medidas no son susceptibles de confirmar o revocar, por un juez de control, por no estar dentro de un procedimiento de orden penal, es urgente y necesario ampliar su duración máxima a 144 horas, plazo razonable para que las autoridades determinen definitivamente los riesgos de violencia en sede preventiva.
Adicionalmente se propone reducir de ocho a cinco horas el tiempo para la provisión de dichas órdenes de carácter preventivo, precisamente para actuar con la oportunidad necesaria y evitar actos de violencia real a inminente.
Diputadas y diputados, en nuestras manos está asegurar y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia que a diario temen por su integridad, por su patrimonio, por el bienestar de su familia e incluso por sus vidas.
Compañeras y compañeros de esta Legislatura, les exhorto a trabajar a diario en conjunto y con la certeza plena de que las mujeres de nuestro país que sufren violencia deben tener acceso a la justicia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento, que pongo a consideración de este pleno y que les pido, de corazón, se sumen a ella, está encaminada a transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, ya que se trata de un tema sensible, de reconocimiento a los derechos humanos y de inclusión de un sector que aún no figura en los censos poblacionales, pero que requiere de la atención inmediata de sus necesidades especiales.
Me refiero a las personas de talla pequeña, quienes enfrentan importantes barreras en el acceso a infraestructura física, además sé que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
Debido a la escasa información que existe sobre las personas con talla pequeña, no es posible estimar con exactitud el total de la población que se encuentra en dicha condición, sin embargo, existen datos no oficiales que estiman que en México nace una persona de talla pequeña por cada 25 mil habitantes.
En este contexto, desde el ámbito de la ley, es necesario legislar e instrumentar mecanismos que permitan atender las necesidades básicas de este sector de la población que además padece estigmas como la discriminación.
El principal objetivo es incluir a las personas que cuenten con un trastorno de talla, que les permita su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Es importante señalar que la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad hacen referencia a esta, solo como afecciones en el sistema neuromuscular a nivel central y periférico que dan como resultado alteraciones en el control de movimiento y postura de las personas que se encuentren en dicha situación.
Es fundamental que todos aquellos sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que en muchas ocasiones sufren de alguna forma de discriminación, puedan ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales, así como su incorporación plena a la sociedad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, de Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Por economía parlamentaria solicito que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa que hoy propongo a consideración de este pleno.
Compañeras y compañeros diputados de esta honorable asamblea, vengo a presentar esta iniciativa, de la cual solo mencionaré algunos datos relevantes. La eficiencia y transparencia con que debe ser usado el dinero público es una directriz que debe marcar el desempeño de cualquier gobierno, ya sea del orden federal, estatal, municipal y de las alcaldías, así como de todas las entidades públicas y de aquellos entes privados que hagan uso de los recursos públicos.
Es una obligación institucional y un deber moral hacer uso del dinero público de forma honesta y con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Sin embargo, el buen uso de los recursos públicos ha sido cuestionado durante mucho tiempo por los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos muchos de los servidores públicos.
Se ha hecho un uso faccioso y abusivo del poder político y de los recursos económicos que han sido confiados a algunos servidores públicos que muchas veces quedan impunes y que, en el mejor de los casos, pasan unos pocos años en la cárcel y al salir gozan de toda riqueza gracias al desfalco que hicieron de las arcas públicas.
Por ello se hace indispensable que los recursos públicos se usen bajo criterios de transparencia, honestidad, rendición de cuentas y de cara al pueblo de México.
Es necesario que para poder usar el dinero público se hagan planteamientos claros de los programas sociales y de los objetivos que se busca alcanzar con ellos: a quién se dirigen en términos del sector poblacional, género, edad, nivel educativo, etcétera. Es decir, se debe tener un conjunto de indicadores que nos permitan medir los logros alcanzados, lo que falta por hacer, cuánto nos ha costado y cuánto se necesita seguir invirtiendo para poder lograr al tan ansiado bienestar social de todas y todos los mexicanos.
Si bien es cierto que los indicadores estratégicos y de gestión se usan habitualmente en los programas federales, es necesario que se usen con criterios de evaluación para el orden de gobierno municipal y de las alcaldías, y no solo en el gasto público sino también en el trabajo cotidiano de los diferentes organismos municipales que se encargan de temas vitales, como son la planeación del territorio, los servicios públicos municipales, la seguridad pública, el desarrollo institucional, el desarrollo económico y social, así como la protección del medio ambiente.
Es por ello que el trabajo cotidiano de los entes públicos municipales y de las alcaldías sea evaluado de manera obligatoria y objetiva. Evaluar de manera constante permite mejorar los procesos, los procedimientos y el uso adecuado del gasto público.
Evaluar continuamente es sinónimo de vigilancia sobre el presupuesto público y del logro adecuado de los objetivos de los programas sociales y de los procesos dentro de la administración pública, no solo del ámbito federal o local, sino también del orden del gobierno municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México.
Es por ello que la presente iniciativa tiene por objetivo fundamental fomentar criterios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos a nivel municipal y de las alcaldías, por medio de un sistema de evaluación del desempeño.
El uso adecuado de un sistema de evaluación del desempeño redundará en verificar que se haga uso transparente y eficiente de los programas sociales y de los recursos públicos que a su cargo tienen los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Esto, a través de una coordinación general de información, planeación, seguimiento y evaluación de programas y políticas públicas, que establezca los indicadores para medir los programas, los procesos y de las políticas públicas municipales y de las alcaldías.
De acuerdo con lo anterior, es indispensable que en los municipios y las alcaldías haya órganos internos que se encarguen de todo el proceso de diseño, de evaluación y control de un sistema de evaluación del desempeño, que permita hacer uso eficiente y transparente y eficaz del presupuesto, así como de los programas y las políticas públicas propias de los municipios y de las alcaldías. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Diputadas y diputados, la base de esta iniciativa que presento es la adición de un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal, para que los estados y municipios reciban más recursos de forma equitativa y justa, sin distinción de partidos políticos ni con base en discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es de todo conocido que el actual Pacto Federal ha presentado distorsiones en la distribución de las participaciones federales a los estados y municipios, tal como fue dado a conocer a la luz del diagnóstico compartido entre el Ejecutivo y el Legislativo federal, en la discusión y aprobación de la Ley de Disciplina Financiera.
Es claro las fórmulas y montos actuales de transferencias del sistema nacional de coordinación fiscal contenidas en la Ley de Coordinación, en particular las asignadas a través de los Ramos Generales 28, Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, del Presupuesto de Egresos de la Federación han sido insuficientes, además de promover un reparto discrecional e inequitativo.
Aunado a lo anterior, el cambio de la fórmula de distribución de Fondo General de Participaciones realizado en 2007, tuvo un efecto negativo para diversas entidades federativas, convirtiendo la coordinación fiscal cada vez en mayor medida en una subordinación fiscal.
A partir de entonces, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 14 estados han participado menos del Fondo General de Participaciones. Es decir, aunque reciben más recursos en términos absolutos que el año anterior, su peso en participación del fondo va siendo menor.
El ritmo de crecimiento del Fondo General de Participaciones no ha sido el esperado, antes de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 2007 el citado fondo creció a un ritmo de 4.7 por ciento real y a partir de entonces, de 2008 y hasta el cierre del ejercicio de 2016, fue solamente el 1.7 por ciento real.
Por ello, esta propuesta pretende ser un paso más hacia el federalismo y una descentralización fiscal, encaminado a preservar el equilibrio de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno y a mejorar el ejercicio, el control y la trazabilidad del gasto público de cada uno de ellos. Aumentando su calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Reforzando la rendición de cuentas que se debe a la sociedad, con el respeto de los recursos confiados a las autoridades políticas y a las administrativas federales, estatales y municipales. Y cultivando y generando una mayor transparencia sobre su uso, para que finalmente esta convicción repercuta en mejores condiciones de vida para los mexicanos.
Como saben ustedes, anteriormente el Estado mexicano ha incorporado planteamientos similares sugeridos del diálogo entre el gobierno federal de las entidades federativas y municipios, a fin de adecuar federalismo hacendario a la realidad nacional.
De este diálogo surgió que en el 2014 una de las propuestas ha fortalecido al federalismo mexicano, adicionando el artículo 3-B a la Ley de Coordinación Fiscal que otorgó la posibilidad de que los estados y municipios pudieran recuperar una parte del impuesto sobre la renta que retenían a sus propios empleados, medida que fortaleció el control de las nóminas, profesionalización de las haciendas locales en el proceso de la retención, pago de dicho impuesto, y ha permitido avanzar en la cultura contributiva de sus empleados.
Ahora bien, como saben ustedes, en México los ingresos de los estados dependen en gran medida de las transferencias federales que se hacen a través del Presupuesto de Egresos de la Federación cada año. Transferencias que se ven disminuidas, toda vez que los estados y municipios tienen que absorber como parte del costo de los bienes y servicios que requieren para cumplir el mandato constitucional, el impuesto al valor agregado que se les traslada. Y que, a diferencia de una empresa no lo pueden recuperar, por lo que ven mermado hasta en un 16 por ciento el presupuesto anual que se les asigna...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Concluyo, presidente. Por ello, la presente iniciativa que propongo recoge los principales planteamientos formulados por los funcionarios fiscales federales y consiste en que se ha regresado a los estados el impuesto trasladado a los estados y a los municipios, y pagado por obras y servicios que realizan dichas entidades y las alcaldías.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, por favor.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Sí. Espero el apoyo de todos ustedes en el proceso de análisis y dictaminación de la presente iniciativa. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Se inscribe íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de austeridad y transparencia.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Compañeras y compañeros legisladores, hoy nos levantamos con la noticia de que sigue en aumento la aprobación de nuestro presidente electo, ya rebasa el 70 por ciento de las simpatías de las y los mexicanos.
Quienes pretendían descalificar su labor cuestionando las iniciativas como la consulta al aeropuerto o la reducción a los salarios o desaparecer las pensiones millonarias de expresidentes, deberían considerar su estrategia, pues se equivocaron.
Y se equivocan por una sencilla razón, estas iniciativas forman parte de un proyecto de nación por el que votaron más de 30 millones de personas. No se extrañen, la gente lo quiere, la gente lo mandata.
Porque los resultados del pasado proceso electoral no solo van para el Ejecutivo, sino también para el resto de Poderes y órganos autónomos.
Por eso hoy presento y pongo a su consideración una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para tener un órgano transparente y austero. Que pongamos el ejemplo, pues.
En los últimos diez años convirtieron a esta Cámara en un botín, donde se creaban y repartían cargos innecesarios, con altísimos salarios a costa del erario público y con fines absolutamente políticos.
Porque, miren, en este analítico de plazas y remuneraciones de la alta burocracia de la Cámara de Diputados se desglosa, por ejemplo, cómo su secretario general gana 315 mil pesos mensuales brutos. O los tres secretarios de servicios, que ganan 275 mil pesos al mes cada uno. Sumados a 24 directores generales que ganan un promedio de 240 mil pesos al mes cada uno. Además de los 66 directores de área con un salario promedio de 170 mil pesos mensuales cada uno.
Esto sin contar a las decenas de coordinadores, subdirectores, jefes de unidad, homólogos, todos, todos con sueldos de cientos, cientos de miles de pesos.
Hablo de 617 plazas administrativas de la alta burocracia. Repito administrativas, que no son para atender las necesidades de una nación ni tampoco son para atender las necesidades de una de las grandes urbes de este país.
Todo, todo con el solo motivo de tener una nómina dorada y sin ninguna responsabilidad. Esto explica por qué en la última década se aumentó el presupuesto de esta Cámara de 4 mil 750 millones de pesos en 2010, con 500 diputados, a 8 mil 439 millones de pesos, también con la misma cantidad de 500 diputados.
Equipararon desde la ley a puestos de alto rango de la burocracia con cada una de las secretarías del Estado mexicano.
Compañeras y compañeros legisladores, la austeridad y transparencia en este recinto es una necesidad de suma, de urgente necesidad, por lo que propongo desaparecer estos puestos creados y eficientar el manejo administrativo de la Cámara, unificando a los Centros de Estudios en uno solo reduciendo los cargos burocráticos al fusionar facultades y no exigir una plaza bien remunerada para cada una. Y por último, transparentando con máxima publicidad la subvenciones de los grupos parlamentarios con miras a regularlas y reducirlas.
Compañeras y compañeros legisladores, este Poder Legislativo, esta Cámara de Diputados tiene que cambiar, los verdaderos demócratas no dudarían, respaldarían un proyecto electo en un proceso por el que votó la gente. Parafraseando a Voltaire: podrían estar en desacuerdo con un programa transformador como este, pero defenderían con su vida la voluntad popular. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Saludamos la presencia de representantes de la nación Tohono O’odham, encabezados por su titular Verlon M. José, quienes se entrevistaron con las diputadas Barrera Badillo y con la diputada Valles Sampedro y con el diputado Rosas Quintanilla. Deseamos que estas reuniones hayan sido fructíferas. Sean bienvenidos.
Saludamos la presencia de ciudadanos del municipio de Zaragoza, Veracruz, integrantes del cabildo que preside la alcaldesa Minerva Martínez Ramírez. Invitados del diputado Manuel Gómez Ventura. Bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves: Muchas gracias, señor presidente. Con su venia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves: Quiero hacer primero un reconocimiento especial a los jóvenes Esteban Islas y Alfredo Martínez, quienes participaron de una manera activa en la elaboración de la presente iniciativa son, presidente, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, universidad a la que, por cierto, el gobierno local panista, ha negado mayores recursos para su rescate financiero alegando que únicamente es responsabilidad del gobierno federal.
Presento al pleno de la Cámara de Diputados una reforma a la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de disminuir el porcentaje de firmas para la presentación de las iniciativas ciudadanas que pasarían de 0.13 por ciento a 0.07 por ciento de la lista nominal de electores, de tal suerte que podamos fortalecer la democracia participativa y ya que la fracción VII del artículo 35 de nuestra Carta Magna eleva a rango constitucional el derecho de los ciudadanos mexicanos y mexicanas a iniciar leyes.
Sin embargo, este derecho encuentra un dique en el propio texto constitucional en la fracción IV del artículo 71 que señala la obligación de reunir actualmente aproximadamente 124 mil 600 firmas de una lista nominal de cerca de 89 millones de ciudadanos y ciudadanas. Ojo, únicamente para lograr el registro de la iniciativa, lo que significa una labor titánica.
Considerando factores como el demográfico, económico, así como la cantidad de recursos humanos requeridos para un trabajo de tal magnitud, colocando a los ciudadanos en desventaja e inhibiendo así su participación, razón por la cual a la fecha sólo se han presentado 10 iniciativas ciudadanas.
Si bien es cierto el artículo 40 constitucional establece la República representativa como modelo de gobierno mediante nuestros representantes electos por el voto libre y secreto, también lo es que el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas abre la posibilidad de poner en la agenda del debate público temas importantes que pudieran ser ajenos al interés de los partidos políticos.
Por eso considero necesario facilitar el procedimiento de presentación de las iniciativas ciudadanas con la finalidad de hacerlo más accesible, para convertirla en una herramienta de participación ciudadana capaz de permitir a los mexicanos proponer iniciativas, ya sean constitucionales o secundarias.
La Ley 3de3, presentada por una organización civil es un ejemplo de la importancia de facilitar la participación ciudadana, quienes lograron impulsar la discusión de un tema tan sensible y recurrente en nuestro sistema político como es la corrupción, un debate que fue, por cierto, aletargado por el Poder Legislativo sin justificación alguna, sentando así un precedente histórico, permitiendo con ello confirmar la necesidad de abrir aún más el acceso a las iniciativas ciudadanas.
Facilitar tal procedimiento redundará en un mayor interés de los mexicanos y mexicanas por participar en la formación de leyes que rigen la convivencia nacional ensanchando así el espíritu democrático de esta nación mexicana. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para concluir la ronda de iniciativas, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La iniciativa que pongo a su consideración adiciona a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que el personal que labore en las Cámaras del Congreso, deberá recibir una remuneración adecuada por el desempeño de su función.
Esta remuneración se determinará sin que medie ningún tipo de discriminación, y la cual nunca podrá ser mayor a la de los legisladores.
Esta propuesta se encuentra alineada a la política de austeridad formulada por el presidente electo, y descansa sobre la base de que al pueblo le costará mucho menos mantener al gobierno, y la austeridad republicana se convertirá en ejemplo de rectitud, de moralidad y en la principal fuente para financiar el desarrollo.
La austeridad debe cruzar de manera transversal a los tres poderes del Estado y a los tres niveles del gobierno.
Es una propuesta que parte de la firme convicción de que no debe haber un gobierno rico a costa de un pueblo pobre, y desde luego también parte de la congruencia ética y legislativa a la que nos obliga a todos nosotros, nuestro mandato.
Nosotros sabemos que el pasado 13 de septiembre se aprobó ya la minuta que a partir de hoy le da vida a la nueva Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos.
La burocracia mexicana se ha distinguido por ser la que más gana en el mundo. Por consumir, ya lo decía ahorita el diputado Javier Hidalgo, por consumir una gran cantidad de presupuesto y por tener sueldos superiores a los recibidos en el sector privado, cosa que no pasa casi en ningún país del mundo democrático.
Todo esto nos lleva a un país en donde la gran mayoría de los mexicanos viven en la pobreza y el gobierno no.
Sabemos bien, como ha sido señalado por diversos medios de comunicación, que el Poder Legislativo no ha estado exento de muchos privilegios, y por supuesto de corrupción. Muestra de deshonesta administración en este gobierno sobran, sobran y sobran.
En las anteriores legislaturas se presentaron reiterados casos de personal registrado con sueldos superiores a las percepciones de los legisladores. Ya lo verificaba también ahora la ponencia de nuestro compañero Javier.
Sueldos que escapan a toda lógica legal, administrativa, ética, de aquí que en la actual y en las subsecuentes legislaturas, por ningún motivo podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Ese fue nuestro compromiso y esa es la responsabilidad que tenemos que asumir de cara al pueblo de México, y para ello nos eligió a todos nosotros.
Como acertadamente lo señaló en algún momento el diputado Mario Delgado, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios esto que planteamos hoy. Entonces no es un discurso. Es la nueva manera de gobernar. Es un nuevo entendimiento de lo que debe ser el servicio público, establecer un techo en las remuneraciones del personal adscrito a la Cámara, es poner punto final a la discrecionalidad con la que en el pasado se asignaron sueldos ofensivos y, sobre todo, abusivos.
La ciudadanía exige poner en marcha el Plan Nacional de Austeridad, porque ello significa combatir la corrupción. Institucionalizar la austeridad, la eficacia y la eficiencia en las acciones públicas significa hacer de la equidad, la justicia y la democracia, un ejercicio permanente y un ejercicio cotidiano.
Evitar despilfarros y canalizar los recursos a quienes más lo necesitan a través de programas sociales, es legislar para el desarrollo y es legislar para el pueblo de México. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos al apartado de proposiciones de urgente y obvia resolución. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Dorheny García Cayetano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República informa sobre el estado que guarda la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en la que se involucra al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares.
La diputada Dorheny García Cayetano: Con su venia, señora presidenta. Quien suscribe, Dorheny Cayetano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, someto a la consideración de esta asamblea como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.
Los resultados del primero de julio son un ya basta que expresamos por la vía democrática contra un sistema político cimentado en el autoritarismo y en el estado de descomposición, a causa de una hipercorrupción desatada en todos los órdenes de gobierno, de la cual vergonzosamente los gobiernos de Veracruz son ejemplo.
La ciudadanía veracruzana está harta porque de nuestro erario se han enriquecido, hasta el absurdo, varias generaciones de políticos corruptos, mediante impunidad que ha garantizado instituciones ineficaces de procuración e impartición de justicia locales y federales.
Al día de hoy existen contra miguel Ángel Yunes Linares tres denuncias penales ante la PGR, cuyas indagatorias fueron abiertas previas a que tomara posesión, cuando comenzó a malgobernar Veracruz, por la alianza PAN-PRD.
La primera de ellas presentada en mayo de 2013. La denuncia y el soporte presentado generaron escándalo público. Sin embargo, tras cuatro años de presentada la averiguación previa, la Procuraduría no ha ofrecido resultados.
En 2016 dos nuevas denuncias. La primera por lavado de dinero y delincuencia organizada. Tal vez por eso tenemos cuenta en algunas notas periodísticas el reproche que le hacen grupos criminales al hoy gobernador. La segunda, otra vez por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Somos muy conscientes de que el contenido de una carpeta de investigación es información reservada, conforme a las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, el pueblo veracruzano demanda saber si al menos se ha dado seguimiento a los hechos que con escándalo han retratado públicamente la figura de quienes ejercen el gobierno y disponen de los recursos que todos aportamos.
Por el contrario, en los hechos vemos que solo se dedica el gobernador, en sus últimos días, a implementar acciones de sabotaje contra el próximo gobierno. Una muestra de ello es que en los días pasados intentó dar un albazo legislativo a través de sus diputados. Todo esto con el fin de dañar aún más el patrimonio veracruzano, desde que les pidió la municipalización de bienes para sus aliados políticos, aumento de peajes que actualmente nosotros pagamos, entre otros muchos dictámenes, que afortunadamente se frenaron.
Veracruz está peor que hace dos años, ante lo cual el desgobierno se agota en una estrategia insultante de campañas de comunicación en redes sociales, encabezadas por nuestro tuitero favorito, el fiscal Winckler, al que por cierto organizaciones como ONEA México, han solicitado su juicio político.
Para dar sustancia a la transformación mencionada, hoy desde esta alta tribuna de la nación invito a las y los legisladores integrantes del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobar de forma inmediata el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite a la Procuraduría General de la República, remita en un término no mayor a 10 días hábiles un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas contra Miguel Ángel Yunes Linares, en función de presuntos casos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que agilice la integración de las averiguaciones en el caso de las carpetas de investigación señaladas, a efecto que se determine la probable responsabilidad y se proceda en consecuencia. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Cayetano. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Se consulta a la asamblea si es de considerarse de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidenta. Nuestro país atraviesa una severa crisis política, donde la corrupción y la impunidad es la constante.
El gobierno actual ha preferido hacer caso omiso a las acusaciones en contra de exgobernadores y funcionarios de primer nivel que han desfalcado a la nación de manera tan cínica, es más, a algunos los esconde y a otros les otorga sentencias ridículas.
Sin embargo, hay quienes no tienen miedo de hacerle frente y evidencian los desvíos que se cometieron en esas administraciones, me refiero a los dos únicos gobernadores, Yunes y Corral, que han optado por la vía de la justicia.
Es evidente que este punto de acuerdo busca desprestigiar toda una labor que se ha realizado en contra de quienes, abusando de su poder, se enriquecieron a costa de miles de familias veracruzanas.
Resulta vergonzoso que se utilice como evidencia una denuncia interpuesta por Javier Duarte, político con poca ética que desvió recursos, alteró medicamentos y es responsable de delitos contra periodistas.
En el PRD siempre hemos estado comprometidos con la justicia y la transparencia. Por ello, votaremos a favor de este punto de acuerdo.
Nuestro grupo parlamentario está a favor de que la PGR investigue no solo a Miguel Ángel Yunes, sino a todos aquellos servidores públicos acusados de corrupción. Que sean llevados ante los jueces y sean sancionados conforme a la ley. Que la PGR investigue lo que tenga que investigar.
Pero siendo sinceros, hay casos urgentes que merecen toda la atención de las autoridades, como los desvíos de Rosario Robles o las malas prácticas de Gerardo Ruiz Esparza. De esos casos sí hay pruebas. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez. Un cordial saludo al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, invitado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, y del diputado Tonatiuh Bravo, su coordinador. Bienvenido.
Tiene la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros, con motivo de este punto de acuerdo vienen a mi memoria los meses previos a la campaña electoral por la Presidencia de la República y el propio periodo de campaña, cuando el señor Yunes parecía estar más preocupado por aparecer en medios retando a debatir una y otra vez, con bravuconerías a nuestro hoy presidente electo.
En eso perdía el tiempo el señor Yunes, mientras en ciudades como Coatzacoalcos casi cada semana había por lo menos un secuestro, como sigue habiéndolos. Mientras las carreteras estaban en condiciones cada vez peores. Mientras los homicidios y las extorsiones repuntaban.
Yunes llegó al cargo por la esperanza de las y los veracruzanos de un cambio, en lugar de eso en Veracruz hay violencia, delincuencia. Hay levantones y secuestros. Hay un desgobierno y un gobernador denunciado penalmente por desvíos de recursos y por delincuencia organizada. Y como ya es costumbre, la PGR brilla por su lentitud, simulación y ausencia.
Las y los veracruzanos no solamente merecen saber qué pasa con las denuncias e investigaciones en contra del gobernador, sino tienen derecho a ello. Son denuncias que tienen años y se encuentran ahí guardadas durmiendo el sueño de los justos.
Por eso nos sumamos a este punto de acuerdo y a la exigencia de que Miguel Ángel Yunes rinda cuentas a la justicia y a las y los ciudadanos. Que lo haga ya, no cuando deje el cargo y por arte de magia desaparezca y nadie lo localice, como ha pasado ya en otros casos tristemente célebres.
Hacemos nuestra la exigencia a la PGR para que explique qué está haciendo con estas denuncias, por qué no ha hecho nada. Nos sumamos y respaldamos esta proposición, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un llamado a la Mesa Directiva y a la Jucopo por el trato desigual que parece darse.
Y es que el artículo 79, numeral 3 del Reglamento señala que las solicitudes de información a dependencias gubernamentales no serán consideradas proposiciones y, por tanto, se tiene que solicitar directamente a la dependencia, cuando hemos presentado proposiciones ante la Jucopo solicitando información, nos las ha rechazado al amparo de dicho fundamento.
Espero que con este precedente haya en lo sucesivo un trato más equitativo en la inscripción y tratamiento de propuestas legislativas. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Martínez. Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con la venia de la presidenta. En la escena nacional pocos casos causaron más indignación en su momento que el de Javier Duarte en Veracruz, el saqueo extremo que hizo en su estado solo queda desplazado en la indignación pública cuando vemos que por cierta complicidad, o peor aún, por ineptitud en las investigaciones en su contra, no lograron probar lo que era de todos conocido y jurídicamente probado, indigna el robo. Pero más aún, la falta de justicia debido a una mala actuación de la autoridad.
La corrupción es un grave problema en nuestro país. De acuerdo con el Índice de Corrupción de 2017, elaborado por Transparencia Internacional, ubica a nuestro país en el lugar 135 de 180 países encontrándonos entre las peores posiciones de América Latina y El Caribe, siendo el peor evaluado de los países que conforma el Grupo de los 20, por eso indigna que casi tras cuatro años la Procuraduría General de la República no haya resuelto las investigaciones que otro político veracruzano tiene abiertas en su contra.
No asumimos que es inocente o que es culpable, lo decían los juristas romanos clásicos y lo sostenemos ahora. Justicia que no es expedita no es justicia. Que se aplique el artículo 17 constitucional para que se investigue este asunto. Como un grupo parlamentario preocupado por la legalidad y el combate a la corrupción, nos preocupa la falta de definición en un tema que incluso involuntariamente promete ser una repetición de algo que ya vimos por miedo a definir si es inocente o es culpable un gobernador, por no quererlo investigar sea para acusarlo o para excusarlo el tema queda en el tintero y la justicia no se atiende. No queremos prejuzgar la situación legal del funcionario veracruzano, es labor de esta Cámara erigirse en juez de Miguel Ángel Yunes, pero sí apoyamos la idea de que es importante supervisar el desempeño de la Procuraduría General de la República, eso es nuestro rol de poder, supervisar el desempeño del Ejecutivo federal; 2013 ocurrió hace mucho tiempo como para que no sepamos si la investigación avanzó, terminó o se avanzó.
No es mucho pedir que la autoridad responsable informe qué pasó en este caso, porque estamos a tiempo de evitar otro caso similar al de Javier Duarte, o bien, porque puede limpiar su nombre un servidor público en funciones.
Que se informe, que se sepa. Que nos digan qué pasó con esa investigación porque no ha sido judicializada. En eso todos podemos estar de acuerdo que es necesario.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se agotó.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Moreno. Tiene la palabra el diputado Carlos Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como se habrán dado cuenta, votó a favor de este punto de acuerdo. Vota a favor de este punto de acuerdo porque nosotros siempre estaremos a favor de la legalidad y de la transparencia.
Votamos a favor de este punto de acuerdo porque no es la primera, y estoy seguro que no será la última vez que, con la misma calumnia, traten de denostar a una persona que rescató Veracruz y que metió a la cárcel al corrupto de Javier Duarte.
Quiero hacer una aclaración, y la aclaración se las quiero compartir a los compañeros diputados de Morena, del PT, del PES a nivel nacional. Los ajenos al estado de Veracruz.
Si ustedes se dieron cuenta, la denuncia que viene a comentar la compañera diputada que expuso el punto, es una denuncia puesta desde el reclusorio por Javier Duarte. Compañeros de Morena, compañeros de Morena o de Veracruz, no se conviertan en los voceros de Javier Duarte.
Compañeros de Morena de Veracruz, les pido que pongan atención para que no se les cuelen los exduartistas en el próximo gobierno que encabezarán a partir del primero de diciembre.
El día de ayer pusieron un muy mal ejemplo en el Congreso del estado de Veracruz, poniendo a un exduartista como presidente que, por cierto, no se cumplió con una agenda de género porque toda la mesa directiva de Veracruz es cien por ciento de hombres.
Tomen el ejemplo que bien hizo don Porfirio, que bien hizo la maestra Dolores Padierna, que bien hicieron los compañeros de Morena aquí a nivel nacional, para equilibrar y votar no con una mayoría machista, sino con una agenda de género.
Amigos de Morena, los liderazgos de Morena a nivel nacional, don Mario Delgado, doña Dolores Padierna, don Pablo Gómez, pongan atención en Veracruz para que no se les cuelen los exduartistas y para que no hagan a un lado a la gente de izquierda que lleva toda su vida trabajando por una cuarta transformación. Es cuanto, señora presidenta, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Valenzuela. Tiene la palabra el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni: Con su venia, señora presidenta. Quiero manifestar que en Veracruz han pasado los dos últimos peores años de su historia en represión y en corrupción.
El diputado que me acaba de anteceder, me da tristeza porque no conoce Veracruz. Hoy de mi distrito me hablaron, en Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Minatitlán, amanecieron ocho asesinatos, y decirle que hoy cuando mi esposa se trasladaba a la ciudad de Coatzacoalcos, sufrió un impacto por ver a un taxista ejecutado.
Quiero decirles que Miguel Ángel Yunes ha hecho de la función pública, ha hecho un patrimonio, ha hecho una gran empresa porque como todos saben, su vida la ha dedicado a exprimir el presupuesto de este país, y que en Veracruz lo único que llegó a hacer, fue hacer un gran desastre financiero y social.
Quiero decirle que, en Veracruz, los que allá vivimos, tenemos que andar con mucho cuidado. Vivo en un municipio pequeño, cañero, donde desafortunadamente en el último año cada mes o cada semana hay levantones, hay secuestros, hay asesinatos.
Yo no sé cómo pueden venir a esta tribuna a defender lo indefendible. Quiero decirles que en Veracruz estamos hartos, y de aquí le pedimos y le exigimos a la Procuraduría General de la República que accione, porque los que hoy gobiernan este país, los espantaron con el petate del muerto, de que tenía información donde iba a cimbrar a México, no cimbró más que a las finanzas públicas de Veracruz, y que no se cansa de hacer daño a Veracruz, que tuvieron la semana pasada los diputados locales –hoy en funciones– la semana pasada electos, tener que tomar el Congreso para poder evitar que se hicieran más desastres.
Por eso, señoras y señores diputados, desde aquí, desde la más alta tribuna que tiene este país, le exigimos, los de la bancada de Morena, que se haga justicia y que Miguel Ángel Yunes pague por todo lo que ha hecho en Veracruz. Es cuanto, señor presidente
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ríos. Consulte la Secretaría, en votación económica...
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, por favor. ¿Con qué objeto, señor diputado? A ver, por favor, sonido a la curul del diputado Valenzuela.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (desde la curul): Por alusiones, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado, por favor desde su curul y por un minuto.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (desde la curul): Sí, muchas gracias, presidenta. Comentarle al diputado que me antecedió, que con muchísimo gusto contará con el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para solucionar los problemas de seguridad que hay en el estado de Veracruz y en el país. El tema de seguridad no es un tema que se deba de politizar, porque dentro de 20 días, aproximadamente, los que hoy son los muertos, responsabilidad de Yunes, a partir del primero de diciembre serán los muertos responsabilidad de Cuitláhuac.
Pero aquí no podemos estarnos echando la bolita. Necesitamos trabajar porque al igual que usted, yo vivo en el estado de Veracruz, quiero que al próximo gobernador le vaya bien.
Y en segundo lugar, comentarle que hace una semana estuvo el encargado de la PGR aquí, ¿por qué ninguno de ustedes le solicitó esa información en su comparecencia? Digo, ¿es un tema mediático o es un tema que realmente trae un fondo político escondido? Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido. Permítame un momento, secretaria.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, ¿con qué objeto? Diputado Cayetano, ¿con qué objeto?
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Por hechos, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene usted un minuto para participar desde su curul.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Nada más para precisarle al diputado que nos precedió en la palabra, de que él no puede prefigurar para el próximo gobernador de Veracruz hechos lamentables y hechos de sangre, al decir que hoy son los muertos de Yunes y próximamente prefigurar una situación lamentable, que pudieran ser los muertos de Cuitláhuac.
Eso es inverosímil que se pueda comentar en una Cámara, en un recinto como este. Es algo verdaderamente oprobioso prejuzgar y pronosticar un escenario desastroso para un estado bueno y trabajador como es el veracruzano. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano. Proceda, por favor, la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente...
La diputada Paola Tenorio Adame (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame nuevamente, secretaria. Disculpe. ¿Con qué objeto, compañera diputada? Sonido en la curul de la diputada Tenorio, por favor.
La diputada Paola Tenorio Adame (desde la curul): Gracias, señora presidenta. La aberración tan grande que acaba de decir el licenciado Valenzuela, le quiero decir que los muertos no se heredan.
Cómo se ve que ninguno de sus familiares ha sido víctima de estos sucesos. Los muertos del gobernador Miguel Ángel Yunes son de él, es de su mal gobierno que ha llevado, que son todas sus atrocidades que hemos sido injustamente todos los veracruzanos parte de esto.
Todo esto va a dejar secuelas y no se heredan, y no los va a heredar nuestro próximo gobernador, Cuitláhuac García. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Por favor continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que emprenda la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y haga público un informe de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de zonas metropolitanas, correspondientes a dicho fondo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta. En México el proceso de concentración de la población en zonas urbanas se manifiesta en el incremento del número de las zonas metropolitanas. Conforme a la encuesta intercensal 2015 de la Sedatu, de la Conapo y del Inegi, del 2010 al 2015 se observa un aumento en el número de las zonas metropolitanas, pasaron de ser 59 a 74.
En este periodo el incremento de la población pasó de 63.8 millones a 75.1 millones. Es decir, que la población que vive en zonas metropolitanas representa el 62.8 por ciento de la población total nacional.
En este contexto, las zonas metropolitanas reciben anualmente recursos públicos federales mediante el denominado Fondo Metropolitano, creado en el 2006, que tiene por objeto financiar estudios, planes, evaluaciones y programas, así como equipar la ejecución de proyectos, acciones y obras de infraestructura, proyectos nuevos, en proceso o para completar el financiamiento de aquellos que no hayan contado con un recurso suficiente para su ejecución, que estén ubicados dentro de estas zonas metropolitanas.
Cabe destacar, que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el renglón de desarrollo regional, previó una asignación de 3 mil 268 millones 695 mil 777 pesos para este denominado Fondo Metropolitano. Lamentablemente en los hechos la distribución y ejecución del presupuesto del Fondo Metropolitano está marcado por la opacidad, por su falta de transparencia y claridad.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría a la Cuenta Pública, resultaron observaciones sobre el control y transparencia de los recursos. Por ejemplo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2016 realizó algunas recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que existiera un mejor control.
Abro comillas, “el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que de materializarse causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, cierro comillas. Esto se lee en el reporte que presentó la Auditoría Superior de la Federación.
En este sentido, nuestra pasada Presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano expresó la inquietud por saber los motivos por los que no se habían ejercido los recursos del Fondo Metropolitano y en carta enviada al titular de la Unidad de Evaluación y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó información sobre las zonas metropolitanas que entregaron proyectos para el ejercicio del fondo, qué tipos de proyectos y bajo qué criterios fueron aprobados o rechazados, así como cuántos han sido pagados y en qué fecha.
El 11 de octubre del presente año se llevó a cabo sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, durante la cual diversos diputados integrantes hicieron del conocimiento el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el otorgamiento de dichos recursos a diversos municipios integrantes de zonas metropolitanas, por lo que en esta dicha sesión se acordó la presentación del presente punto de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual se solicita a la citada secretaría el cumplimiento inmediato de la entrega de recursos de dicho fondo.
Aprovecho para agradecer a la Junta de Coordinación Política y a los diputados de todos los grupos parlamentarios, integrantes de esta comisión, por su interés y voluntad política para avanzar en el respaldo de la presente proposición.
Por todo lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:
La Cámara de Diputados formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que informe a esta soberanía la asignación y uso de los recursos provenientes del Fondo Metropolitano, y en su caso, emprenda la entrega inmediata y transparente de los recursos destinados, de conformidad con los lineamientos y reglas de operación.
Asimismo, se solicita que en ámbito de su competencia haga público el informe detallado de avance y justificación, dependientes de la entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de las zonas metropolitanas correspondientes al Fondo Metropolitano establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Antes de proceder a la votación, quiero enviar un cordial saludo a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, invitados por el diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. Bienvenidos.
Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por tres minutos.
Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias, presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, cuando se instaló la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad se expresó por diferentes compañeras y compañeros diputados el que había un atraso en la asignación de los recursos en diferentes entidades que integran estas zonas metropolitanas. Y es por eso que nosotros en el Partido Verde expresamos el apoyo y la solidaridad para que este punto de acuerdo pueda generar el exhorto a la Secretaría de Hacienda, para que se puedan radicar estos recursos.
Como ustedes saben, las zonas metropolitanas, 75 que existen en el país, de acuerdo a la información que se tiene por parte de un grupo interinstitucional, precisamente nos posibilita el poder llevar a cabo acciones que de una manera en un desarrollo regional, en el conglomerado de los municipios puedan dar respuesta a las necesidades de infraestructura, de vialidad, de carreteras, de avenidas y creo que eso va a posibilitar que muchas y muchos de nosotros en nuestros distritos el poder trasladarse de un municipio a otro para ir a los trabajos, para ir a las escuelas. Hay una complicación muy importante en lo que nos llevamos, mucho tiempo precisamente en los traslados.
Particularmente, hablar del estado de México, donde existen 2 zonas metropolitanas: la del valle de México y la del valle de la zona metropolitana de Toluca. La del valle de México con 75 municipios, que precisamente genera un grave problema para poder llevar a cabo los traslados a las diferentes actividades que les correspondan, en municipios como Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Tlalnepantla, en fin, entre otros municipios, y en el valle metropolitano de Toluca, pues Toluca, Metepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, entre algunos de ellos.
Entonces, sin duda apoyamos este punto de acuerdo y apoyaremos todos aquellos que propongan la ampliación de los fondos metropolitanos en beneficio de más proyectos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: ... de ordenamiento urbano y desarrollo sostenible. –Sí, señora presidenta, en un momento.
Por esta razón el Partido Verde, nos pronunciamos a favor porque consideramos que con ello se contribuye a la disminución del subejercicio de los recursos públicos en favor del desarrollo económico y social de las zonas metropolitanas. Es cuanto, y muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Alcántara. Tiene la palabra, la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, diputada presidenta. El acelerado proceso de concentración de la población en las zonas urbanas observado en estas últimas décadas en el territorio nacional ha derivado en zonas metropolitanas, las cuales se conforman a partir de regiones urbanas conectadas con otras por vínculos comerciales, laborales, de servicios, de conectividad, entre otros.
Las zonas metropolitanas suelen ser áreas urbanas de dos o más municipios colindantes o entre estados y por tanto conllevan grandes desafíos en términos de cobertura, de servicios, vivienda, empleo, infraestructura urbana, hidráulica y de protección del medio ambiente.
Con base en la información disponible en la encuesta de 2010 al 2015, la Sedatu, Conapo e Inegi identifican un aumento en el número de zonas metropolitanas al pasar de 59 a 74 en este periodo. Con el correspondiente incremento de la población que pasó de 6.8 millones a 75.1 millones concentradas en las zonas metropolitanas, el 62.8 por ciento de la población total nacional, destacando entre otras las zonas metropolitanas del valle de México, la de Puebla-Tlaxcala o la de Querétaro.
Estas zonas reciben anualmente recursos públicos federales mediante el denominado fondo metropolitano creado en 2006 con el propósito de elaborar estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones de obras de infraestructura y su equipamiento en materia de desarrollo metropolitano, transporte, planeación del territorio y la promoción de la competitividad económica y la sustentabilidad.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se prevé una asignación de 3 millones 268 mil 695 pesos, fondo metropolitano con cargo al Ramo general 23 de provisiones salariales y económicas en el renglón de desarrollo regional.
La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública de 2006, realizó algunas recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo relativo a mejores prácticas para el control del Ramo 23.
En este orden de ideas, ante el incumplimiento imperante de la entrega oportuna y transparente a diversos municipios integrantes de zonas metropolitanas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, acordaron apremiar a esta secretaría la publicación de la información a través de un punto urgente y de obvia resolución, y es que las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD estamos conscientes de la importancia de la importancia de la entrega oportuna de recursos para la realización y ejecución de diversas obras, estudios de movilidad, obras de mitigación ecológica, entre otras, para los habitantes de estos conglomerados metropolitanos, razón por la cual votaremos favorablemente el presente exhorto. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reyes. Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
El diputado Santiago González Soto: Qué tal, muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Estamos a favor de este punto de acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano por varias consideraciones.
La primera es ¿qué pasa cuando no llegan los recursos del fondo metropolitano a todas estas zonas conurbadas de todo el país? Inundaciones, vialidades congestionadas, mayor inseguridad. Esto es lo que tiene que saber la Secretaría de Hacienda, que salgan de esos escritorios y que atiendan las necesidades de las zonas metropolitanas.
La Secretaría de Hacienda se ha caracterizado por la opacidad en la designación y distribución de los recursos que se le destinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Así que el llamado ramo 23 no es la excepción.
No se sabe por qué esta Secretaría de Hacienda no ha cumplido en tiempo y forma con la designación de más de 3 mil 268 millones de pesos destinados a este Fondo Metropolitano.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos adherimos a favor de este punto de acuerdo para que sea la Secretaría de Hacienda, y que nos proporcione un informe detallado y justificado del destino de dichos recursos, y que se emprenda de manera inmediata y con calidad de urgencia, los recursos pendientes del Fondo Metropolitano.
Esta administración ha usado, sin reglas claras, este Fondo Metropolitano con fines políticos y no con el propósito de mejorar las necesidades de los estados y municipios.
Han sido tan irresponsables e insensibles a las necesidades que existen en las grandes zonas metropolitanas de todo el país.
Así, en el marco de la cuarta transformación haremos las cosas de otra manera y de manera correcta. Trabajaremos y defenderemos el destino de cada peso que las y los mexicanos aportamos para el mejoramiento de nuestras ciudades conurbadas.
El Partido del Trabajo se ha caracterizado por abanderar las causas sociales y la mejora de nuestro país, y esta demanda es tan sólo una muestra de la lucha que emprenderemos en favor de los ciudadanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Soto. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho: Con la venia de la Presidencia. De acuerdo con la última información que ya se dio, contamos con 74 zonas metropolitanas, una concentración de 75 millones de personas que esto da el 62.8 por ciento de la población nacional. Asimismo, no omito señalar que dichas zonas son el eje económico y social para el desarrollo sustentable de nuestro país.
Por ello es importante dotar a dichas zonas con recursos suficientes que les permita cumplir con las obligaciones y necesidades que su población les demanda, ya que presentan retos complejos para el desarrollo urbano y regional ocasionados por un expansión territorial que han rebasado los límites políticos administrativos de estados y municipios del país, con el fin de establecer acciones de coordinación para la operación y funcionamiento en el otorgamiento y ministraciones de la ejecución y programas y proyectos de infraestructura.
Sin embargo, se observa que dicho Fondo presenta una disminución en la asignación de recursos y opacidad en el otorgamiento de los mismos, ya que este se encuentra en el ramo 23, uno de los más complejos y con mayores señalamientos sobre su falta de transparencia y claridad.
Por el ejercicio fiscal 2018, el Fondo Metropolitano recibió la cantidad de 3 mil 268.7 millones de pesos, de los cuales se desconocen su destino, ya que conforme al segundo trimestre del 2018, del informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se encuentran ministraciones pagadas a este año a las entidades federativas que cuentan con alguna zona metropolitana.
Por ello, nuestra posición a favor de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga entrega inmediata y transparente de los recursos y un informe detallado de avances y justificación de pendientes de entrega de recursos de dicho fondo.
Asimismo, Encuentro Social hace un llamado para que los estados que ejecutan los recursos y que reciban para las zonas metropolitanas en proyectos viables y sustentables, se maximice y tenga la competitividad y las capacidades productivas de estas zonas. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Saldivar Camacho. Tiene la palabra la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI siempre estaremos comprometidos con la transparencia en el manejo y uso de los recursos públicos, y apoyaremos todo aquello que le brinde a la ciudadanía la seguridad de que se estarán atendiendo estas obligaciones.
En este caso no será la excepción. Este es un acuerdo plural surgido de quienes integramos la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, sobre un fondo que involucra la expansión física y demográfica a la par del mejoramiento de las actividades productivas, condiciones socio-económicas de la población y la infraestructura de nuestras 74 zonas metropolitanas que actualmente tenemos conformadas, y en la que más de 75 millones de personas habitan en ellas.
Estamos hablando del 62.8 por ciento de nuestra población total que habita en regiones caracterizadas por su gran concentración de población, multiplicación de las demandas de servicios y las necesidades de atención de problemáticas como la planificación de su desarrollo urbano, su ordenamiento territorial y el mantenimiento de niveles de vida aceptable, en armonía con el medio ambiente.
Nos estamos refiriendo a 3 mil 268 millones de pesos, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal se asignaron y se dispusieron para el Fondo Metropolitano.
Por eso, no solo estaremos atentos a que estos recursos lleguen a donde tienen que llegar con oportunidad, sino también estaremos pendientes de que su monto siga creciendo, así como también el número de zonas metropolitanas y a la par, garantizar claridad tanto en los lineamientos como en las reglas de operación, para que no se use indebidamente y se desvíe de su objetivo.
Necesitamos que sigan financiándose estudios, planes, evaluaciones y programas, así como equiparando la ejecución de proyectos, acciones y obras de infraestructura nuevas y en procesos o para completar el financiamiento de aquellas que no hayan contado con recursos suficientes para su ejecución, para que todas nuestras zonas metropolitanas puedan transformar la visión del desarrollo urbano, compartiendo soluciones en la cobertura de servicios, vivienda, empleo, infraestructura urbana y protección del medio ambiente.
Por eso, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del uso transparente de los recursos y acompañamos este punto de acuerdo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía y a la sociedad sobre los recursos pendientes de entregar en el Fondo Metropolitano. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Noroña Quezada. Tiene la palabra el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado José Salvador Rosas Quintanilla: Buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde el 2006 la federación creó el Fondo Metropolitano con carácter de subsidio federal para contribuir en la atención de las necesidades de crecimiento y concentraciones demográficas y económicas de las diversas zonas metropolitanas del país, realizar estudios, programas y proyectos de obras públicas de infraestructura, equipamiento, medioambiente y planeación.
El acceso a estos recursos federales de este fondo lo convierte en un detonador para desarrollar políticas a nivel metropolitano, con importantes resultados y beneficios para la población.
Resulta reprobable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la fecha no haya entregado los recursos de este fondo que le corresponden a las entidades que presentan mayor crecimiento metropolitano.
De acuerdo con los datos del Inegi, Conapo y Sedatu, de las 74 zonas metropolitanas en el país solo 47 son beneficiarias de los recursos del Fondo Metropolitano, lo que muestra la inequidad que ha existido en la aplicación de los recursos. Incluso la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública del 2016 realizó algunas observaciones y recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que exista un mejor control de estos fondos.
Compañeras y compañeros, es inaplazable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue de forma inmediata y transparente los recursos pendientes del Fondo Metropolitano, así como todos los recursos aprobados por esta Cámara, que aún no se han liberado, así como que informen públicamente el detalle y avance de todos los recursos entregados a los municipios.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rosas Quintanilla. Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Samuel Herrera Chávez: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Este punto de acuerdo fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano y Ordenamiento Territorial, a propuesta de los diputados de Morena, entre ellos el compañero diputado Javier Hidalgo, su servidor y varios diputados de Morena.
En el posicionamiento sobre este punto de acuerdo para que Hacienda entregue los recursos del Fondo Metropolitano a varios municipios, entre ellos, como es el municipio de Guadalupe, Zacatecas, nuestro Grupo Parlamentario de Morena expresa todo su apoyo a esta solicitud de transparencia y del manejo responsable de los recursos, que tienen por objetivo el beneficio de los ciudadanos.
Está claro el diagnóstico, el crecimiento de las zonas conurbadas implica la generación de problemáticas que requieren una atención especial por parte del gobierno, esto fue lo que dio lugar a los fondos metropolitanos y los fondos regionales.
Desafortunadamente, todo indica que en todos los casos no se ha logrado el objetivo de resolver los problemas estructurales o de mejorar el bienestar de los habitantes de las ciudades conurbadas.
Este tipo de fondos se utilizaron para distribuir recursos para atender las necesidades de la expansión urbana y demográfica en los límites entre los municipios. La distribución de los recursos cada vez es más insuficiente y la falta de recursos significativos propició que los recursos para este propósito se contrajeran progresivamente en los últimos años.
En el año 2015 se destinaron 10 mil 381 millones de pesos y se ejercieron 10 mil 158 millones, prácticamente el 100 por ciento y en 2016 se aprobaron 10 mil 400 millones de pesos, pero se ejercieron solo 8 mil 431 millones de pesos.
El año siguiente, los recursos de este fondo se redujeron sustancialmente a solo 3 mil 240 millones de pesos, es decir, se le asignaron 31 por ciento de lo que se había etiquetado un año antes, pero lo que es más grave es que solo se ejercieron 2 mil 15 millones de pesos, apenas 62.2 por ciento de lo que se había presupuestado.
Ahora en el ejercicio 2018, de acuerdo con las cifras de Hacienda se aprobó un presupuesto de 3 mil 268 millones de pesos y hasta el primer semestre se han pagado 3 mil 232 millones de pesos, faltando varias zonas metropolitanas, entre ellos, 59 millones de pesos de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, para construcción de una ciclovía y rescate del parque Arroyo de la Plata de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe.
Esto lleva a preguntar dónde están los recursos que según el punto de acuerdo no se han ejercido y en ese sentido, respaldamos el sentido del resolutivo, profundizando en la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda entregue los recursos, demuestre si ya entregó los recursos, como dice el analítico del presupuesto ejercido hasta junio de este año. Entonces, ¿dónde están, por qué no llegan a su destino? Me gustaría...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Samuel Herrera Chávez: De este proceso, ya voy a terminar. De este proceso de entrega y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano. Me parece que esos recursos es necesario saber cómo se ejercieron.
Nos pronunciamos, por lo tanto, a favor de este punto de acuerdo para que se entreguen los recursos de estas zonas metropolitanas que Hacienda se los iba a entregar, entre ellos 59 millones de Zacatecas, Guadalupe y señale la posibilidad de hacer la auditoría al Fondo Metropolitano. Sería cuanto. Muchas gracias, señores diputados.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Herrera Chávez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofapris a detener la compra del activo tenofovir, disoproxil, succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Con su venia, diputada presidenta. El Sida es una enfermedad infecciosa causada por un retrovirus que origina la destrucción progresiva del sistema inmunitario.
Actualmente, el uso de medicamentos consigue, en muchos casos, reducir el número de copias de VIH a valores mínimos. Los tratamientos específicos contra el VIH se denominan tratamientos antirretrovirales. Y estos tratan de evitar la reproducción del virus dentro de las células infectadas.
La realidad de vivir con VIH es muy distinta a como lo era en años atrás. Hoy existe un tratamiento con alta eficacia que puede controlar el virus. Estos tratamientos tienen una cobertura universal, es decir, que sin importar si se cuenta con los recursos económicos o no se puede tener acceso a ellos.
Sin embargo, el Consejo de Salubridad General incluyó en su cuadro básico una actualización de medicamentos, se sustituyó un retroviral certificado por un sustituto terapéutico del que no se tienen del todo claros sus efectos y que, por lo tanto, pueden ser contraproducentes para pacientes con VIH.
Varias organizaciones civiles y activistas sociales del país han denunciado que la introducción de este sustituto terapéutico tiene por finalidad hacer más baratas las terapias de VIH, pero no existen evidencias científicas sobre la eficacia de estos medicamentos, situación que pondría en riesgo la salud y la vida de los pacientes infectados, pudiendo derivar incluso en daño renal y en problemas cardiovasculares.
Es necesario que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno tengan plena conciencia del problema que puede ocasionar la introducción de un tratamiento que no ha sido probado ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, una instancia con autoridad en la materia, ni por la Organización Mundial de Salud.
Tampoco lo contempla en su cuadro básico de tratamiento antirretroviral en las compras que realiza el Fondo Mundial para la Lucha contra el sida.
De esta manera en este punto de acuerdo solicito: primero, el exhorto al Consejo de Salubridad a hacer públicas las evidencias científicas respecto a la eficacia de este activo, así como los efectos adversos que podrían tener en los pacientes. Y segundo, el exhorto a la Secretaría de Salud y a la Cofepris que, de no ser seguro el activo succinato, se detenga su compra hasta en tanto existan estudios que determinen los efectos adversos que puedan producir en pacientes en un corto, mediano y largo plazo.
Por lo anterior, solicito su apoyo, compañeras y compañeros diputados, para la aprobación de este presente punto de acuerdo que tiene como finalidad salvaguardar los derechos humanos de las personas infectadas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Esparza. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Ciudadana presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las 32 entidades federativas a atender de manera prioritaria, la emergencia en que se encuentra México por los feminicidios, suscrito por diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.
La diputada María Wendy Briceño Zuloaga: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la y los titulares de las 32 entidades federativas atender de manera prioritaria el estado de emergencia en el que se encuentra México por los feminicidios al tenor de las siguientes consideraciones.
El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres que habían sido torturadas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, fue la primera vez que un caso de emergencia por feminicidios se visibilizó a gran escala en México llegando a los tribunales internacionales.
Fue hasta noviembre de 2009 que se emitió la sentencia conocida con el nombre de Campo Algodonero contra México, en cuya resolución se le exigió al titular del Ejecutivo de la entidad externar disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas de estos feminicidios. Erigir un monumento en memoria de las asesinadas y la conmemoración del día 6 de noviembre de cada año, como el día por la erradicación del feminicidio y la desaparición de mujeres en México.
No obstante, hace nueve años el Estado mexicano recibió una sanción de carácter internacional, hoy en día nueve mujeres son asesinadas en nuestro país cada 24 horas. Estos asesinatos deben dejar de ser tomados como casos aislados, los feminicidios son el resultado de un sistema que nos coloca a las mujeres en situaciones de riesgo. Un sistema que justifica y normaliza la violencia hacia las mujeres y que nos convierte en el eslabón más vulnerable y de menor valor en la jerarquía social.
Yo las y los invito a que nos preguntemos si la impunidad que prevalece en el país se agrava cuando se trata de delitos cometidos contra las mujeres en razón de género. Yo las y los invito a que nos preguntemos si las mujeres tenemos en la práctica igualdad de derechos al momento de buscar el acceso a la justicia.
Hago estos cuestionamientos porque en México no sólo estamos siendo víctimas de asesinatos sin más etiquetas, con lo terrible que ello de por sí representa, sino que estamos siendo violadas, ultrajadas y olvidadas en la ignominia, sin acceso siquiera a una despedida digna, porque cuando se trata de defender nuestros derechos constitucionales estos parece que se devalúan en la práctica como un tema o causa que siempre puede y debe esperar, como si fuera un accesorio.
Para entender la gravedad de esta violencia por razón de género, es menester mencionar que en los últimos cuatro años aumentaron 60 por ciento los feminicidios infantiles, asimismo las cifras globales sin importar el rango de edad, nos hablan de que los feminicidios aumentaron un 105 por ciento en el mismo lapso de tiempo. Esto, según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es por eso que, desde esta Comisión de Igualdad de Género, instamos a esta honorable Cámara a colocar en el centro de la discusión y prioridades a esta emergencia que tiene que ver con nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.
Queremos visibilizar que, para garantizar el ejercicio más básico de la igualdad sustantiva, lo principal debe ser la lucha por preservar la vida de las mujeres. Estamos haciendo un llamado a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para hacer un compromiso conjunto en contra de la impunidad que impera cuando se trata de defender el derecho de las mujeres a una vida digna.
Las y los convoco a que para poder enfrentar en conjunto este compromiso comencemos por dotar con las herramientas necesarias a las y los agentes encargados de la procuración de justicia para las mujeres en México, compromiso que deberá verse reflejado en el aumento presupuestal para dar atención integral a la violencia contra las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la y los titulares de las 32 entidades federativas otorgar la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país, con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan como finalidad la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la y los titulares de las 32 entidades federativas a que reconozcan como prioridad la imperante necesidad de ejercer el Presupuesto con perspectiva de género, para atender de manera óptima esta emergencia con respecto a los feminicidios en el país y garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Antes de proceder a la votación, damos la bienvenida a las y los alumnos y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidas y bienvenidos.
Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera este asunto de urgente resolución.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos.
Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Gracias. Con su venia, señora presidenta. Diversos organismos nacionales e internacionales han reconocido que en México existe una situación grave debido a los feminicidios que se han presentado en los últimos años.
Desde 1990 México se convirtió en el centro de atención internacional a consecuencia de los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez.
Recientemente otras entidades federativas han sido escenario de muertes de mujeres por violencia de género, y lamentablemente la tendencia va en aumento.
El feminicidio es el más atroz de muchas formas de violencia ejercida contra las mujeres, y esta no sólo es cometida por hombres cuando actúan como asesinos materiales, sino también de forma institucional cuando no se hace lo suficiente para revenir y erradicar los asesinatos de mujeres.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que la violencia feminicida en nuestro país obedece no sólo al contexto de cultura machista y misógina arraigada en diversos grupos de la población, sino también a una serie de factores sociales, económicos y políticos.
Entre estos factores encontramos discriminación por razones de género, condición social, edad, etnia, los cuales vulneran sistemáticamente todos los derechos de las mujeres al extremo de poner en peligro su integridad y causar su muerte.
El feminicidio, compañeras y compañeros, es un problema complejo que exige de manera urgente conjuntar todos los esfuerzos gubernamentales y sociales necesarios para resolverlo.
En el Partido Verde reconocemos la gravedad de esta problemática nacional, y siempre estaremos en favor de la protección de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables como en este caso son las mujeres.
En ese sentido, nos sumamos al llamado de la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados para que las autoridades de los diversos órdenes de gobierno hagan un compromiso conjunto en contra de la impunidad, cuando se trata de defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Lo cual, solo podrá garantizarse si los gobiernos de las 32 entidades federativas dan atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su permiso, diputada presidenta. Según datos oficiales se tienen registrados en lo que va de 2018, alrededor de 500 asesinatos de mujeres como víctimas del feminicidio. Según datos de algunas organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2017, 8 mil 904 mujeres han sido asesinadas en México.
Sin embargo, solo un 30 por ciento de los casos, fue investigado bajo los protocolos del feminicidio. Las investigaciones carecen de diligencias básicas que permiten identificar a los agresores, situación que lleva a que los casos queden en impunidad.
Hace casi 10 años que las diputadas que integraron la LX Legislatura lograron la incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto federal 2008, y lo que ahora se conoce como Anexo 13.
Estas mismas diputadas lograron transformar dos leyes fundamentales: la Ley para la Igualdad para Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual se debió haber traducido en acciones concretas para reducir la brecha de género, promover, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, y fortalecer la perspectiva de género.
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 no pareció tomar en cuenta la situación de Alertas de Violencia de Género extendidas en 90 municipios de 12 entidades federativas hace un año. El presupuesto destinado a acciones de coadyuvancia para las Alertas de Género debería responder a la realidad que vivimos las mujeres, ya que para ese tema se otorgaron 27 millones en 2017 para atender la compleja situación que se vive en los estados y en los municipios.
El Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de este punto de acuerdo, que solicita a nuestras autoridades competentes conocer y resolver esta problemática de las 32 entidades federativas, y sea reconocido como prioridad la imperante necesidad de ejercer el presupuesto con perspectiva de género.
Por último, mi grupo parlamentario, con el compromiso que le ha caracterizado en cuestiones de igualdad de género, estaremos también defendiendo la existencia y permanencia de las unidades de género que se pretenden desaparecer, y que se garantice en Presupuesto de Egresos de 2019, los recursos suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país. Esa será también una responsabilidad de la Comisión de Igualdad en esta LXIV Legislatura. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almaguer. Tiene el uso de la palabra la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Con su venia, presidenta. El feminicidio es un fenómeno en nuestro país que se ha vuelto una cruel realidad, y es que aproximadamente asesinan entre siete y nueve mujeres por día, según cifras de la Agencia de las Naciones para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México.
A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, publicó en sus estadísticas de mortalidad que para el 2014 hubieron 2 mil 408 casos de feminicidios; en 2015, 2 mil 383; en 2016, 2 mil 813 y, finalmente, en 2017, se registraron 3 mil 324 casos.
Es decir, tan solo en el periodo de 2016 a 2017 hubo un incremento de 18.1 por ciento de feminicidios en México. A su vez, de acuerdo con los datos registrados del Inegi, en 2017 cada cuatro horas ocurrió la muerte de una niña, de una joven o una mujer adulta.
A nivel nacional las defunciones de mujeres representaron el 10.6 por ciento del total de los homicidios registrados en el 2017. Sin embargo, en Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, el porcentaje es superior al 15 por ciento.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que tan solo para el primer semestre del presente año se registraron 402 víctimas de feminicidio en el país. Sin embargo, organismos sociales como la ONU, denuncian que dichas estadísticas se quedan cortas respecto de una realidad latente, donde al menos una de cada nueve mujeres que son asesinadas por día es menor de edad.
El informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, 1985-2016, revela que el 49 por ciento de los feminicidios se han realizado con un arma de fuego, 17.2 por ciento por ahorcamiento y 16.6 por ciento con objetos cortantes y el resto, se utilizan sustancias, ahogamiento e inmersión o fuego.
Asimismo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señala que tan solo el 49 por ciento de los casos se han investigado y muy pocos llegan a una condena, ya que desafortunadamente es una constante la pérdida de evidencias.
Los feminicidios hoy en día son un problema que aqueja a todo el país y que van en aumento sin encontrar una real solución. Por tal razón, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, comprometidos firmemente con la defensa de los derechos humanos, estamos a favor de exhortar a los titulares de las 32 entidades federativas para que con base en sus atribuciones den atención prioritaria a la actual situación de violencia feminicida en el país...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: ...con carácter de emergencia nacional. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Kehila Ku Escalante. Tiene la palabra la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Buenas tardes, diputadas, diputados. Un saludo a los ciudadanos que nos ven por el Canal del Congreso. Con su venia, diputada presidenta.
El 6 de noviembre se conmemora en México el Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, esto basado en el contexto de violencia grave contra las mujeres en nuestro país.
Conforme a datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2017, del Inegi, en México 7 de cada 10 mujeres han sufrido distintos tipos de violencia.
En el mes de julio de este año, el gobierno mexicano rindió su noveno informe de actividades relacionadas al seguimiento del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, primer instrumento internacional con la suficiente relevancia para instar a los Estados firmantes a tomar acciones para la eliminación, sanción, erradicación y prevención de la violencia en contra de las mujeres.
El CEDAW instó al Estado mexicano a concluir el proceso de armonización legislativa de los tres niveles de gobierno, para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso de las niñas, adolescentes y mujeres en el territorio mexicano.
El Comité es enfático en materia de violencia contra las mujeres y las niñas, al recomendar adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas profundas de dichas violencias, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación.
Es menester que no solo la federación atienda las recomendaciones del campo algodonero y del CEDAW, también las entidades federativas deben poner un especial esfuerzo en derribar todas las trabas administrativas para atender casos de violencia extrema en contra de las mujeres, como son los feminicidios.
También deben proporcionar una cultura libre de violencia a través de planes educativos y aplicación de la Ley General de Víctimas.
No debemos olvidar que en noviembre de 2009 México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar derechos humanos en los casos de feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez en contra de varias mujeres y, desde entonces quedan varios puntos resolutivos que el Estado no ha resuelto...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Un segundito, diputada presidenta. El abandono de las acciones para la eliminación, sanción, erradicación y prevención de violencia en contra de las mujeres es tal que el presupuesto etiquetado para las erogaciones para la igualdad de las mujeres y los hombres en 2018, para la procuración General de la República, quienes son los encargados de contribuir a garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Por todo esto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de este punto de acuerdo. Vivas nos queremos. Ni una más. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Dekker. Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada María Rosete: Con la venia de la Presidencia. En días pasados esta LXIV Legislatura aprobó en votación económica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que tuvo por objeto inscribir en toda la plataforma de comunicación y documentación de esta soberanía la leyenda: LXIV Legislatura de la paridad de género.
Todas y todos los aquí presentes celebramos dicha aprobación y expresamos el gran avance que ha dado nuestro país para eliminar la discriminación contra la mujer. Sin embargo, también concordamos que el camino aún es largo, pues seguimos presenciando situaciones que vulneran a la mujer, siendo el feminicidio una de las que más nos duele que siga pasando en México, y de la que aún no encontramos una política para erradicarla.
De acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 31 de julio de 2018 existen 469 feminicidios, siendo ese mes el más violento del año, con 78.
Asimismo, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México, establece que en promedio en nuestro país se asesinan a 7 mujeres cada 24 horas.
Es por lo anterior y nuestro deber como legisladoras y legisladores no tomar todos estos asesinatos como casos aislados y tomar medidas para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.
Es momento de que nos unamos una vez más como nación haciendo un llamado a todas las entidades federativas, para que tomen atención prioritaria y acciones ante la situación de violencia que existe en contra de la mujer, para lograr prevenir y erradicar los feminicidios.
En Encuentro Social estamos comprometidos para que la violencia contra la mujer sea erradicada en todo el país, apoyando de manera enérgica todas las acciones que tengan como finalidad acabar con este gran problema que aqueja a todas las mujeres de México. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rosete. Tiene la palabra la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el fenómeno de feminicidio es uno de los temas que más lastima a nuestra sociedad. Se trata de un problema de seguridad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres y que no puede ni debe observarse como un caso aislado.
Tan solo de enero a julio de 2018 se han reportado 387 feminicidios en el país, en promedio 9 mujeres mueren cada 24 horas. Es precisamente por ello que la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la obligación de las autoridades de conformar protocolos de investigación especializados en feminicidios, a fin de cumplir con el principio de la debida diligencia en el marco de la investigación penal.
A pesar de esto, apenas el 30 por ciento de los asesinatos de mujeres son investigados bajo protocolos especializados, de ahí la relevancia de fortalecer las acciones de procuración de justicia y establecer acciones y medidas de política pública para garantizar su seguridad y la vida.
Los feminicidios no deben ser invisibilizados por los gobiernos estatales, por el contrario, deben garantizar en el marco de sus atribuciones el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y principalmente erradicar el desarrollo de estos delitos.
Compañeras y compañeros legisladores, la tarea de salvaguardar la integridad de las mujeres y asegurarles condiciones de seguridad es un trabajo conjunto de los distintos órdenes de gobierno y de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. En un marco de coordinación debemos identificar, prevenir y combatir todas aquellas acciones que vulneran los derechos de las mujeres.
Hoy, existen avances sustantivos en la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos de las mujeres. La presente administración consolidó la alerta de violencia de género y conformó la Red de Centros de Justicia para Mujeres, pero todavía hace falta consolidar las acciones específicas de investigación y sanción en el marco de los gobiernos locales para construir una procuración de justicia eficaz y con perspectiva de género.
Aún nos queda un largo camino por recorrer para garantizar la seguridad de todas las mujeres, ya no podemos permitir que se ponga en riesgo nuestro desarrollo, que se ponga en riesgo nuestra vida. Ese debe ser el compromiso del Estado mexicano. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guel. Tiene la palabra, la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, manifestamos nuestro voto a favor de este punto de acuerdo en el marco del Día Nacional por la Erradicación del Feminicidio y Desaparición de Mujeres.
Es significativo que precisamente en este día los integrantes de esta soberanía nos manifestemos ante este repudiable fenómeno social que lamentablemente sigue creciendo en nuestro país y que tanto lastima a nuestra sociedad.
El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer que tiene como motivación el odio por el simple hecho de ser mujer. Lo más grave es que la pérdida no sólo se limita a la vida de la mujer asesinada, pierden los hijos que quedan en la orfandad, pierden los padres que en muchas ocasiones se quedan si el sustento diario.
Los datos nos dicen que la estrategia no ha sido la adecuada. A pesar de los esfuerzos para prevenirlos, los hechos nos indican que los feminicidios no cesan, por el contrario, se presentan cada vez más. Por ello requerimos adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y la desaparición de las mujeres.
Muchos son los aspectos que hay que considerar. El ambiente machista cargado de misoginia, el silencio y la omisión de los testigos para denunciarlo, y en muchas ocasiones la colusión de los agresores con las autoridades encargadas de prevenir y erradicar este crimen son factores que provocan estos hechos delictivos.
Por eso nuestro apoyo a este punto de acuerdo, y nuestro compromiso de trabajar desde nuestra trinchera, desde nuestras atribuciones para establecer y apoyar las medidas necesarias para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El Grupo Parlamentario del PAN tiene claro este compromiso, por eso hoy –por ejemplo– la diputada Verónica Sobrado presentó en esta tribuna una iniciativa para que las órdenes de protección de emergencia y preventivas a las víctimas, sean más eficaces.
En esto radica la importancia de este punto de acuerdo para exhortar a las autoridades en los estados y la Ciudad de México, para que reconozcan este estado de emergencia nacional con respecto a los feminicidios que estamos sufriendo en el país, para que analicen con mayor detenimiento su actuación y establezcan como una prioridad esta situación tan grave.
Que se lleven a cabo de manera inmediata las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas. Que se sancione ejemplarmente a los agresores y cese la violencia feminicida. En resumen, para que nunca más ser mujer en México sea una sentencia de muerte. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sandoval. Tiene la palabra la diputada Rocío Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez: Con su venia, presidenta. Las violencias con las mujeres son una violación grave a los derechos humanos, su impacto es inmediato y de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para mujeres y niñas.
Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad, además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta en las familias y las comunidades del país.
Los altos costos asociados que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad que impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo.
Habrá que revisar también la correlación que guardan los feminicidios con delitos como la trata de personas con fines sexuales y el turismo sexual, que según la Organización Internacional de Migraciones, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares con al menos 3 millones de personas que viajan para buscar sexo con menores de edad cada año.
Peligrosa combinación se forma con miles de migrantes que pasan por nuestro país. La gran demanda de servicios sexuales y las decenas de fosas clandestinas encontradas en las rutas que ocupan las migrantes.
No podemos ser omisos a la sociopatías íntimamente relacionadas con los feminicidios. Es responsabilidad imperante del Estado atender de manera inmediata estos temas que están clasificados como una de las grandes violaciones a los derechos humanos de las personas.
Ante este escenario resulta insultante que a un feminicida confeso se le otorguen todas las condiciones para permitir, desde su encierro, narrar las atrocidades cometidas. ¿Qué intenciones se persiguen desde las instituciones?
Hay que entender que los feminicidios no son fenómenos aislados, son las consecuencias de acciones sistemáticas de discriminación de género y de las desigualdades que aún imperan.
Desde el legislador que desde su curul exhibe su misoginia al referirse a una mujer, hasta la autoridad cómplice de estos delitos. El feminicidio tiene una raíz: la impunidad, y hay que acabar con ella.
México es un país con una larga y rica historia con respecto a la firma de tratados internacionales garantes de los derechos humanos, y desde 2011 adoptamos el principio de progresividad en este tema. Hagámoslo efectivo. Erradiquemos todas las violencias contra las mujeres. Apoyemos esta exigencia de emergencia nacional. Nos queremos vivas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villarauz. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado, comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar la seguridad y protección del ambiente de quienes realizan actividades de expendio de hidrocarburos al público, suscrito por diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. El mercado energético nacional se ha revitalizado y sigue representando económicamente un factor fundamental para el desarrollo nacional. No obstante, las reformas estructurales en el rubro de energía han detonado desarrollos regulatorios complementarios por parte del Poder Ejecutivo federal.
En este rubro, ante esta tribuna fueron aprobadas las reformas por medio de las cuales se crearon y fortalecieron los órganos reguladores en materia de energía dentro del país, siendo estos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dependencias que han enfrentado un gran reto en la implementación de la reforma energética, sin embargo su actuar resulta importante para garantizar el éxito de esta reforma en varios de sus ámbitos; el económico, el social y el ambiental. Estos dos últimos, fundamentales en la percepción y materialización de la reforma dentro del país.
Los últimos meses, diversos legisladores hemos recibido ante este Congreso inquietudes con respecto o preocupación o descontentos sociales vinculados al desarrollo de las actividades del sector hidrocarburos. Estoy segura que varios de ustedes se sentirán identificados con esto; ciudadanos o grupos de ciudadanos que nos buscan para sentirse expuestos a riesgos por posibles accidentes al vivir cerca de gasolineras o gaseras, o por cómo se realizan las actividades de venta de gas estacionario en sus colonias.
Si bien los órganos reguladores encargados de esto se encuentran haciendo su trabajo, muestra de ello es la reciente publicación de las normas oficiales mexicanas, especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo, del diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad, de expendios o modalidad de estación de servicio para autoconsumo para diésel y gasolina, lo cierto es que no basta con contar con la reglamentación publicada, sino resulta fundamental su cumplimiento.
La ciudadanía requiere certeza de que las instalaciones de venta al público de petróleo y derivados de petróleo son seguras y cumplen con todo lo determinado por la ley, ello les brinda certeza y seguridad.
Múltiples han sido las manifestaciones y reclamos por la estación de gasolineras y gaseras. Los reclamos van desde estados como Aguascalientes, hasta Yucatán, Jalisco y el estado de México.
Así también, hace algunos años, instalaciones de este tipo fueron presa de afectaciones propicias por el crimen organizado, particularmente en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Jalisco.
El cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección ambiental resulta relevante para el Estado y la ciudadanía. No obstante lo anterior, no se encontró un informe o documento que garantice la propia dependencia, ha establecido un programa de cumplimiento de esta instalación con la normatividad y tampoco se encontró un registro de que dichas normas se cumplan en este año, lo cual genera vacíos en la aplicación de las leyes e incertidumbre.
Se sabe que al amparo del artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos, el incumplimiento con estas normas puede derivar en la revocación de los permisos a expendios otorgados a estas instalaciones por la CRE y por la ASEA, por lo que se exhorta a estas instituciones como autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de las leyes emitidas por este Congreso de la Unión y las normas emitidas por las propias dependencias, con el objeto de garantizar al Estado y a la ciudadanía en general, la seguridad industrial y la protección ambiental de las gasolineras y gaseras que operan en nuestro país.
Por ello someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente exhorto. De que la ASEA, la CNH y la CRE informen periódica y públicamente a la ciudadanía, por los medios que consideren convenientes, las medidas regulatorias que han implementado para garantizar la seguridad y protección al medioambiente por parte de quienes realizan actividades de expendio al público de petrolíferos y cuál es el estado de avance y a cuántas estaciones se les ha aplicado la revocación de los permisos de expendio por incumplimiento, con el objeto de garantizar al Estado y a la ciudadanía en general la seguridad industrial y la protección ambiental de las gasolineras que operan en nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Fernández. Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sylvia Garfias Cedillo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente electo a que retire la invitación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela., Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión del próximo presidente de México, suscrito por diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, y apelo a la inteligencia y a la capacidad receptiva a que pongan atención y a dejar de ser solamente títeres y maromeros de una decisión unilateral. El pasado viernes 26 de octubre del presente año...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, compañera diputada, permítame un momento. Hago un exhorto respetuoso a los compañeros y compañeras diputadas, a escuchar con atención a la promovente del punto de acuerdo, es fundamental para la sana convivencia de esta asamblea.
La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Exacto. Fuera Maduro. No queremos a Maduro. En este país, que se defiende la democracia y la soberanía que ustedes representan, no queremos a Maduro y desde aquí lo decimos, fuera Maduro. Qué bueno que apoyen, fuera Maduro.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Por favor, compañeras y compañeros diputados, escuchemos con atención y respeto a la oradora, todas y todos tendrán su turno de participación. Adelante.
La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Gracias, presidenta y espero que se reponga el tiempo. Entre los mandatarios e impuestos jefes de gobierno que dijeron que vendrían, se trata de este personaje, que no le puedo llamar de otra manera más que un auténtico dictador. Parece que aquí quisieran copiar sus acciones, parece que en México quieren que también tengamos hambruna, 5 millones de venezolanos en los últimos dos años han tenido que abandonar Venezuela, ¿eso quieren para México? ¿Eso quieren para este país? Y no solamente eso, han acabado con medios de comunicación...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, permítame, detengan el reloj, para nuevamente reiterar a las y los compañeros diputados, escuchen con respeto y atención a la oradora, tendrán su turno de expresar su punto de vista en esta tribuna, si así lo consideran.
La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Gracias, por estar de acuerdo, compañeras y compañeros, y vengan aquí a discutir hoy este tema, el tema se discute hoy. ¿A qué le tienen miedo?
Y debo decirles, que han desatado, solamente un ciego no puede ver, que se ha desatado una indignación nacional por la presencia de Maduro. Y hablo de ciego mental, de gente que no quiere ver la realidad que está ocurriendo en Venezuela.
Y les voy a contar una historia. Conocí a María, María tuvo que abandonar Venezuela con un bebé de 3 años, un hijo de 5 y otra niña de 8. ¿Y saben por qué? Porque no tiene acceso a medicamentos. Porque tuvo que venir a México a que la atendieran, a que se repusiera de un cáncer. Ustedes son mujeres, ustedes son mamás...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, permítame. Y solicito detengan el tiempo para nuevamente reiterar que escuchemos con atención y respeto a la oradora, con el fin de que pueda concluir su intervención.
Somos un parlamento, una Cámara de Diputados donde tenemos la garantía de expresar nuestras opiniones y puntos de vista desde esta tribuna. A nadie se le ha negado ni se le negará el uso de la palabra en su turno y con respeto a la asamblea. Continúe, por favor, compañera diputada.
La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Gracias, presidenta. Serenos morenos. Ya tendrán la oportunidad de venir a debatir aquí. Si no están de acuerdo, aquí, hoy los queremos escuchar.
No son solamente las acciones que Nicolás Maduro ha llevado en Venezuela las que nos llevan hoy a tomar esta decisión. También acusó a México, ¿sí son mexicanos y mexicanas, no? También acusó a México de haber intervenido en el supuesto atentado. ¿Ya se les olvidó?
Y no solamente eso, acusó a otros países como Colombia y Chile de participar, precisamente. Este tema, incluso, se ha llevado a las Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General.
México ha sido un país que defiende la democracia, que sostiene relaciones con otros países, pero no podemos dejar de lado acciones de la dictadura de Nicolás Maduro.
Pasar por alto esto, y como se ha dicho y se ha hecho, nos haría cómplices de un gobierno y de un régimen dictatorial. Yo no quiero eso para México y estoy segura que muchos y muchas mexicanas tampoco lo queremos.
Una persona sin fundamentos acusa a nuestro país de intervencionista ¿y así lo quieren invitar? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la necedad? ¿Cuál es la poca inteligencia para aceptar que venga este dictador?
No entendería este afán, a menos que pretendan ser cómplices de un régimen dictatorial que hoy tiene en la hambruna a ese país. Y el tema yo espero que lo discutamos hoy. Más de 5 millones de venezolanos han tenido que abandonar ese país. No queremos eso para México, ¿o sí?
Y ustedes aquí se llenan la boca en hablar de la cuarta transformación. La cuarta transformación implica no repetir las acciones que tanto criticaron. La cuarta transformación implica aprender a debatir inteligentemente, no como borregada.
Por eso desde aquí hoy el Grupo Parlamentario del PAN dice no a Maduro. Nicolás Maduro, no eres bienvenido en México. Eres una persona non grata. Fuera Maduro. No Maduro, no Maduro, no Maduro, no Maduro, no Maduro. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, compañera diputada. Por favor, compañeras y compañeros diputados, si son tan amables de regresar a sus lugares.
Quiero recordar a la asamblea que este punto fue presentado como de urgente u obvia resolución. A continuación, voy a solicitar a la Secretaría que se sirva consultarles, compañeras y compañeros diputados, si se considera de urgente u obvia resolución y, por lo tanto, se pone a discusión de inmediato.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está solicitando hacer el uso de la palabra el diputado Hidalgo. Por favor sonido a la curul del diputado Hidalgo, para que nos señale la razón de su intervención.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): ¿Con qué calidad moral puede venir a intervenir el PAN aquí cuando ellos fueron los que organizaron el fraude electoral en el 2006?
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero...
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Cuando ellos fueron los que dañaron los derechos humanos de miles de mexicanos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado Hidalgo...
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Cuando ellos expulsaron a todos los mexicanos. Yo solo quiero recordar...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado Hidalgo...
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): –Permítame terminar– ...esas palabras que dice aquí arriba: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero...
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): ...ajeno es la paz”.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Vamos a darle el trámite parlamentario a esta propuesta de urgente u obvia resolución. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Muy bien, presidenta. Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación)...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, compañero secretario. ¿Con qué objeto, compañero Espadas? ¿Diputado Espadas? O, diputado Ramírez Barba, por favor. Sonido a la curul del diputado Ramírez Barba.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Diputada presidenta, para si tuviera la generosidad, dada la importancia del tema y lo que implica el que pudiera llegar aquí ese presidente, que se solicite votación nominal, presidenta. De favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, le recuerdo que el Reglamento nos indica que una vez puesto a consideración de la asamblea, si no hay evidencia clara del sentido del voto se pondrá a votación nominal. No anticipemos las situaciones. Continúe la Secretaría.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
Permítame un momento. A ver, compañero diputado. La diputada Sylvia Garfias, ¿con qué objeto, compañera diputada? A ver, ¿quién está solicitando el uso de la palabra? Como están todos parados no puedo mirar. A ver, diputado Jorge Romero.
El diputado Jorge Romero Herrera (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Con el único objeto de que, para cumplirse el Reglamento, por lo menos se indique cuál fue el número de votos a favor y cuál fue el número de votos en contra. Cumplamos con el Reglamento, porque no fue solamente el Grupo Parlamentario de Acción Nacional quien votó a favor. Le suplicamos a la Mesa Directiva contabilice la votación. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, solamente le doy el referente que aplicamos el Reglamento hace unos días en relación a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera en un punto de acuerdo también de urgente y obvia resolución y, al no haber posibilidad por parte de la Secretaría de definir en votación económica el sentido, fue abierto el sistema de votación. En este momento ha sido claro y contundente el sentido de la asamblea.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la asamblea por el que se modifican los acuerdos primero, séptimo y...
Compañeros diputados de Acción Nacional, compañeros diputados de Acción Nacional, hemos concluido el punto de acuerdo. Permitan y mantengan el respeto a esta asamblea, permitiendo se desahoguen los asuntos en cartera.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican los acuerdos primero, séptimo y décimo del acuerdo por el que se crea el Comité de Administración. La solicitud de dispensa de su lectura es en razón de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules si se aprueba.
A ver, compañera secretaria, permítame un momento. Compañeros y compañeras diputadas, si se trata de un asunto relacionado con este punto del orden del día, precíselo usted. Si es otro asunto, deje que transcurra la sesión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional en esta Cámara. ¿Con qué objeto, compañero diputado?
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): Una precisión de procedimiento. Voy a leer, y pido atención y respeto de todos nosotros...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, si nos auxilia con el número del artículo del Reglamento, yo le solicitaré a la Secretaría se sirva dar lectura. Si es usted tan amable de darme el número del artículo del Reglamento que quiere invocar.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): Con mucho gusto. Quiero que lea el Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 139, fracción V.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): Cito, dice: ...persista duda...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, señor coordinador. Solicito a la Secretaría se sirva dar lectura al artículo 139, fracción V del Reglamento.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Artículo 139: Las votaciones nominales o por sistema electrónico, se verificarán cuando...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Fracción V, por favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: V. Persista duda del resultado de una votación económica, aun cuando esta se haya repetido, o sea impugnada por un grupo, a través de su coordinador o por la Secretaría. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver. Muchas gracias. Queda claramente definido el sentido de la votación en el sentido de considerar que no fue aceptada a discusión por la vía de la urgente y obvia resolución. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica se consulta si se dispensa su lectura y se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): Presidenta...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame un momento, déjeme concluir el procedimiento y ahora le doy nuevamente la palabra. Se dispensa la lectura y se aprueba. Comuníquese. A ver, nuevamente compañero diputado Romero Hicks, tiene usted la palabra desde su curul por un minuto.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): El artículo que leyó tiene varios supuestos. El primero que usted invoca es si persiste o no la duda, no es el que quiero que se aplique. Dice lo siguiente: ...o sea impugnada por un grupo a través de su coordinador... Soy el coordinador del PAN y estoy pidiendo la votación nominal, artículo 139, fracción V.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero coordinador del Partido Acción Nacional, efectivamente aquí la premisa fundamental de este inciso es: ...persista duda del resultado... Con todo ánimo y respeto la mayoría votó por no considerar el punto de urgente y obvia resolución.
A ver, compañeros y compañeras diputadas. A ver, conservemos el respeto entre pares, estamos en un punto que se está buscando delimitar la afirmación del Reglamento: si persiste duda. Insisto, a simple vista, y con todo el dolor de pertenecer a una minoría de 47, les puedo señalar que la mayoría no votó en el sentido de considerar este punto como de urgente y obvia resolución, y por lo tanto no se abrió a debate. A ver, compañero Pablo Gómez, ¿con qué objeto desea usted intervenir?
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Ciudadanas y ciudadanos diputados, creo que este punto ha generado una falta de entendimiento procedimental. Es evidente que las votaciones se confirman por la vía electrónica cuando hay verdaderamente duda, no cuando un grupo parlamentario tiene duda.
Ahora, yo no creo que en realidad exista algún problema, porque lo que se estaba votando no era el punto de acuerdo, sino el trámite. Por lo tanto, como era el trámite, pues no se aplica el invocado artículo o fracción del 139 que se estaba mencionando.
Si hubiéramos ya estado en el punto de acuerdo sí, pero aquí estábamos solamente en el trámite. El resultado de la votación fue que no se admite a discusión. Eso es todo. Pasa a comisión, discutámoslo en la comisión el año que entra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame. El diputado Elías Lixa, de Acción, desea hacer uso de la palabra. Adelante, diputado Lixa, por un minuto.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Respetando, sin duda, la experiencia y el criterio que puede exponer el diputado que me antecedió en la palabra, únicamente bastaría leer la literalidad del 139 para saber que es ante cualquier votación, no es un supuesto de dictamen o no, es el supuesto de que no sea clara, y como dice el artículo 139, en su fracción V: que no sea clara y persista la duda, o impugne un grupo parlamentario a través de su coordinador.
Esta Presidencia está sentando un pésimo precedente de derecho de grupo y de violar el derecho de un coordinador. Concluyo, presidenta. Concluyo. Estos que hoy, a través de la cobardía...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Dejen que concluya el diputado Lixa su intervención, por favor.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Estos que hoy, a través de la cobardía del anonimato de curul, empiezan a manifestar posiciones, pero no se atreven a sostenerlas en la tribuna, es la nueva cobardía que lamentablemente tiene mayoría en este Congreso. Llamamos al debate serio y al debate de frente, respetuoso y con apego a derecho. Solicitamos sea respetado el derecho invocado por nuestro coordinador.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aquí se han establecido puntos de vista y criterios. Solamente quiero recordar a la asamblea el artículo 260 del Reglamento, que se refiere a las resoluciones del Presidente. Compete a la Mesa Directiva realizar la interpretación de las normas y demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
Esta Mesa Directiva, esta Presidencia ha realizado una interpretación. En caso de que haya alguna observación, ruego y solicito atentamente que el Partido Acción Nacional, a través de su coordinación, se dirija a la Mesa Directiva para revisar la conducción que esta Presidencia está teniendo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, sonido a la curul de la diputada Pilar Ortega. Solicito a la diputada Pilar Ortega nos diga la razón de su solicitud del uso de la palabra.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Presidenta, usted acaba de hacer una afirmación citando un artículo que refiere la capacidad de interpretación del órgano directivo de la Cámara de Diputados, pero por supuesto esta interpretación solamente cabe cuando hay duda.
En este artículo que se acaba de leer no existe ninguna duda. Hay dos supuestos mediante la... es un principio de literalidad y está claro que hay dos supuestos, el que regula el Reglamento en los cuales se puede establecer la votación nominal. Uno es cuando efectivamente quepa duda del sentido de la votación, y el segundo, por eso es una, o, que es una disyunción. Y la segunda propuesta del artículo, o la segunda opción del artículo es justamente cuando se impugna por un grupo parlamentario, que es el caso.
En este momento usted está pasando por el derecho de un grupo parlamentario, del número que sea, tiene el derecho el grupo parlamentario a través de su coordinador de impugnar la votación. Eso dice el artículo y usted no puede interpretarlo dándole un sentido que no tiene. Es un principio elemental de derecho...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada Ortega.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): ...y del principio de legalidad que debe regirnos a nosotros, empezando por la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada Ortega, sus argumentos seguramente serán referidos en el trámite que acabo de indicar atentamente realice su grupo parlamentario.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, compañera diputada, ¿con qué objeto? A ver, ¿con qué objeto, compañera diputada?
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Aclarado el punto de la votación anterior, quiero ya pasar a tomar la palabra en un tema que es realmente importante que usted ya sabe que tengo la oportunidad de hablar en este momento.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, ya concluimos la parte de las proposiciones de urgente u obvia resolución. Y a los compañeros de Acción Nacional ya les dimos la alternativa de recurrir este trámite. Entonces, tenemos unos cuantos minutos para hacer uso de la palabra para hechos de personas que habían pedido con toda antelación poder intervenir desde su curul y por un minuto.
Con todo ánimo y respeto, aquí tengo el listado de las personas que habían solicitado hacer uso de la palabra y que se inicia justamente con la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional. Un minuto desde su curul. Un minuto desde su curul, compañera diputada Laura Angélica Rojas.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente decirles a los compañeros de Morena, que es tan mala la decisión de invitar a Nicolás Maduro a la inauguración de López Obrador, que ni siquiera tienen argumentos para subir a defender esa decisión a la tribuna, por eso es que votaron en contra, siquiera de discutir el punto de acuerdo que hemos presentado.
Su visión, su visión en todos los ámbitos de México, es regresarnos 40 años atrás, eso incluye la visión de política exterior que tiene el próximo gobierno y la nueva mayoría oficialista.
Les voy a responder, ustedes... Sí tenemos memoria, sí tenemos memoria y les voy a responder. Ustedes dicen que el presidente Fox y que el presidente Calderón invitaron a Chávez. Saben qué, Maduro no es Chávez, Maduro no es Chávez y tan es así, que Maduro y no Chávez...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, este tema ya fue agotado y su tiempo también.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (desde la curul): Señora presidenta, permítame concluir, por favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Domínguez Vázquez.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Gracias, presidenta. Los puntos de...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, a ver, compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional, a ver...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:48 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el jueves 8 de noviembre de 2018 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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