Comunicaciones
Efeméride, con motivo del CVIII aniversario de la Revolución Mexicana
Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Ricardo de la Peña Marshall, PES
Juan Martín Espinoza Cárdenas, PMC
Ismael Alfredo Hernández Deras, PRI
Olegaria Carrazco Macías, Morena
Iniciativas
María Guillermina Alvarado Moreno, Morena
Mary Carmen Bernal Martínez, PT
Martha Angélica Tagle Martínez, PMC
Carlos Alberto Morales Vázquez
Jorge Luis Preciado Rodríguez, PAN
Graciela Zavaleta Sánchez, Morena
Martha Elisa González Estrada, PAN
Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Morena
José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Morena
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Morena
Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Morena
Justino Eugenio Arriaga Rojas, PAN
Martha Angélica Zamudio Macias, PMC
Jesús Carlos Vidal Peniche, PVEM
María Marcela Torres Peimbert, PAN
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI
Carmen Patricia Palma Olvera, Morena
Evaristo Lenin Pérez Rivera, PAN
Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Morena
Flor Ivone Morales Miranda, Morena
Proposiciones con punto de acuerdo
De la Junta, relativo al combate eficaz en materia del delito de abigeato
Acuerdo de la Junta, con solicitud de modificación del orden del día
Declaratoria de publicidad de dictamen
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las proposiciones
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 329 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:06 horas): Se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué motivo? ¿Hay alguna aclaración sobre el acta? ¿Cómo? ¿Con qué objeto?
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Solamente, presidente, para comentarles que estamos pidiéndole, como bancada, algo importantísimo al gobierno de Manuel Velasco, ya que sale la caravana de pies cansados hacia Tuxtla...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Oiga, compañera, no tiene relación con el acta, en su oportunidad le daré la palabra.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió oficio de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, por el que solicita el retiro de una proposición con punto de acuerdo relativa a los calentadores de agua solares.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de octubre de 2018, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2017.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: El Servicio de Administración Tributaria informa que, durante octubre de 2018, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes, para dar destino a las mercancías de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y consumo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su atención.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibieron de diversas autoridades tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas con proyecto de decreto.
Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día, es la efeméride con motivo del CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Tiene la palabra Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Gracias, señor presidente. Con la venia de la Presidencia.
Hoy celebramos el que es considerado el acontecimiento político y social más importante de México del siglo pasado, del siglo XX, tanto por las causas que enarboló como por los cambios que trajo consigo; la revolución mexicana.
El 20 de noviembre de 1910 se proclamó el Plan de San Luis, invitando a todos los mexicanos a establecer la democracia y a derrocar la tiranía. Recordamos el inicio de una lucha armada que transformó radicalmente la cultura y el sistema político mexicano, la gran revuelta revolucionaria del siglo XX que puso fin a un régimen dictatorial para posteriormente establecer importantes reformas políticas, económicas y sociales en nuestro país.
Francisco I. Madero convocó a todas y a todos los mexicanos a poner fin al autoritarismo y a tomar en sus manos la decisión sobre su propio futuro. Hoy conmemoramos un momento crucial en la historia de nuestro país, el inicio de uno de los cambios más significativos de la nación donde la población hacía frente a numerosos problemas, injusticia de la distribución de la riqueza y de la tierra; enormes desigualdades sociales; explotación de los trabajadores y la negación a la democracia.
Junto con Madero, el movimiento revolucionario se fortaleció con la demanda de tierra y libertad de Zapata, el espíritu justiciero de Villa y la defensa de la soberanía nacional de Carranza. Honramos a miles de mujeres y hombres quienes dieron su vida por un país diferente, democrático, moderno y del que hasta en nuestros días gozamos de su legado.
Su mayor victoria fue el reconocimiento público al derecho que tenemos las y los mexicanos de elegir libremente a nuestros gobernantes. El voto legal es el arma de los pueblos democráticos, es el arma que derriba la tiranía, que arraiga libertades, que garantiza derechos ciudadanos, que conduce al bien común.
Es justo reconocer que el actual gobierno de la República actuó con profundo sentido de calidad democrática, respetando las elecciones libres, el voto legal ciudadano e impulsando políticas públicas para lograr una mayor igualdad social a la que en esencia es el fruto de los valores revolucionarios.
Hacemos votos, compañeras, compañeros, para que el próximo gobierno no olvide los principios democráticos que transformaron la vida de la República. Que transformaron la vida de la República del siglo pasado y consolide la vida institucional que nos hemos dado los mexicanos y que fortalezca la calidad de la democracia para consolidar una calidad de vida.
En el Partido Verde estamos comprometidos con seguir construyendo una nación, una nación fuerte, libre y democrática, como cada una y cada uno de los mexicanos merecemos.
Recordemos el llamado de Madero, para construir una verdadera democracia que le hiciera frente a la dictadura. El llamado a construir un país con menos desigualdades, con mayor acceso a la modernidad y con mayor justicia cotidiana. Trabajemos para poder lograr una calidad de la democracia para poder obtener las y los mexicanos una calidad de vida. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. A más de un siglo de que estalló la Revolución Mexicana de 1910, buscando en esa época un México justo frente a un país que era extraordinariamente desigual, dominado por una pequeña oligarquía agroexportadora, ligada y subordinada al capital extranjero, tanto en el comercio como en la naciente industria especialmente extractiva, entre ellos la minera, el petróleo y la pujante industria ferrocarrilera.
En esa época, la inmensa mayoría del pueblo de México estaba condenada, tanto en el campo como en la ciudad, a extenuantes jornadas laborales de sol a sol y a salarios paupérrimos, por supuesto, sin ningún apoyo que mejorara mínimamente sus condiciones de vida en materia de salud, educación, vivienda y recreación. Es decir, sin ninguna posibilidad de desarrollo humano.
El pueblo de México no tuvo otra salida en esa época, pues manifestó su creciente descontento con impresionantes huelgas obreras y amplia inconformidad rural que llegaba al levantamiento espontáneo en distintas regiones del país.
Esta sobreexplotación del pueblo de México llegó a su fin con el también creciente descontento de sectores medios y oligárquicos que encontraban cerrados los caminos del ascenso social, o bien, eran excluidos del grupo oligárquico, es el caso de la familia Madero y otras más.
Esta situación creó una crisis generalizada en el país originando la Revolución de 1910, ahí coincidieron los intereses políticos de la elite que exigió sufragio efectivo no reelección, con los intereses populares de quienes como Emiliano Zapata y Francisco Villa lucharon por la tierra, la educación, la reducción de la jornada del trabajo y por mejores salarios.
Nuestra Revolución culminó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un pacto político y social que reconoció por primera vez en la historia de las Constituciones los derechos sociales del pueblo y estableció la institucionalización de la República, que nos ha permitido vivir con estabilidad desde el fin de la guerra, en 1917, hasta nuestros días.
Hoy al conmemorar el CVIII aniversario del fin de la Revolución, México retorna al modelo sobreexplotador y dependiente de la oligarquía que hoy domina a la nación con otros nombres y apellidos y en algunos casos con los mismos de las épocas del porfiriato e incluso anteriores a esta.
Los legisladores y las legisladoras del Partido de la Revolución Democrática advertimos que, ante la nueva alternancia política nacida de la elección del primero de julio pasado, nuestra institución, nuestra República federal representativa, laica y democrática corre un grave peligro, corre el peligro de ser sometida a un régimen de gobierno centralista.
No dejaremos que pase inadvertido que la legalización de las delegaciones que coordinarán los programas federales de desarrollo en las entidades constituyen una intromisión en la soberanía de las entidades y una neutralización del municipio libre.
Con el pretexto de la lucha contra la corrupción el presidente de la República coordinará la aplicación de los programas de desarrollo pasando por alto las atribuciones de los gobiernos de los estados y de los municipios, violentando de este modo la constitucionalidad de los gobernadores, alcaldes y presidentes municipales.
Aquí, en esta legislatura, en las filas de la fracción mayoritaria, existen legisladores que en el pasado defendían la República federal, hoy les pedimos a esos legisladores que hablen, que no tengan miedo de decirle al presidente electo y pronto presidente constitucional de México, que sus decisiones de centralizar la ejecución de los programas sociales de desarrollo en las entidades, mediante sus delegados, es una afrenta al federalismo y un ataque frontal al republicanismo.
En el PRD señalamos que el ejercicio del poder por parte de la nueva mayoría debería ser una oportunidad para profundizar la democratización de las instituciones de nuestra República, y que por ello debería avanzarse en ampliar el federalismo, reconociéndole a los estados, a los municipios y alcaldías mayores atribuciones para recaudar impuestos.
Hoy tenemos frente a la actual coyuntura política la posibilidad de un cambio profundo para México y eso pasa por democratizar la vida económica, social y política del país.
Es el momento de hacerlo o estaríamos frente a un trágico destino de posibilidades de alcanzar una gran convulsión social.
Por ello, para México es una reforma profunda, auténtica y verdadera, un grave retroceso histórico que no tenemos la posibilidad de imaginar su tamaño trágico.
Hoy la República se fortalecería si paulatinamente se retorna a las Fuerzas Armadas a sus tareas constitucionales de defensa de la soberanía nacional y se crea un sistema de policía especializada para el combate a la delincuencia organizada.
Les decimos a la mayoría de esta legislatura que es un error histórico callar cuando es evidente el atropello que se prepara en contra del federalismo y en contra de nuestra vida republicana.
A la ciudadanía le decimos que el PRD se mantendrá firme en la defensa de nuestra República representativa, democrática, laica y federal. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable. En donde quiera que presta sus servicios es obligado a desempeñar una dura labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos.
El capitalista soberano impone sin apelación las condiciones de trabajo que siempre son desastrosas para el obrero.
Así se consignaba en 1906 la situación de México en el programa del Partido Liberal. Y así, incluso, podemos consignarla en este 2018 más de un siglo después.
Quienes se consideraron herederos de la Revolución terminaron por solo mirar sus intereses y descuidar reivindicar a los más necesitamos.
Miren si no, los obreros y trabajadores de hoy ganan salarios irrisorios. El campo de hoy es un espacio de gente buena, pero sin oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Las mujeres sufren una violencia desastrosa y la posibilidad de futuro, la educación, se encuentra en niveles deplorables.
Por eso, hoy que conmemoramos la Revolución Mexicana es necesario recordar, sí, el hecho histórico, pero también su huella posterior, para que no pase otra vez que los ideales se olviden pronto y las ideas se sustituyan por riquezas particulares.
Un movimiento social solo triunfa si se cumple finalmente con sus objetivos finales. Una revolución solo triunfa si se logra establecer un sistema más justo y humano al que había antes de su levantamiento.
Por eso el verdadero valor de esta fecha no está en recordar un hecho armado, sino poner en el centro de la discusión otra vez las condiciones de vida del pueblo, la miseria y sus injusticias, el enriquecimiento de unos cuantos por sobre la pobreza de las mayorías, el sufrimiento de la gente sin servicios médicos, el abandono de las comunidades por no tener caminos decentes, pero sí muchos gobernantes indecentes.
Este día es propicio para decir que nuestro país requiere una nueva ola de cambios. Nosotros le llamamos la cuarta transformación de la República y ya está en marcha, pero esta vez pacífica, en el marco de las leyes, propiciando la participación democrática de la gente, respetando lo poco o mucho ya construido, pero con la mira en el bienestar de los más pobres. Haciendo valer a los de arriba que se acabaron los privilegios con respecto al trabajo y la prosperidad de las empresas, pero anteponiendo siempre el derecho de los trabajadores.
En suma, una cuarta transformación verdadera y pacífica, que no repita los errores del pasado. El compromiso es, y nosotros en el PT nos encargaremos de ello, que no se olviden nunca los ideales y los principios, que no se abandonen nunca las causas que han propiciado el triunfo de nuestro movimiento. Por ello sí que estamos dispuestos a dar la vida.
En este Congreso recordamos entonces este día con la convicción de que el pasado nos aporte las enseñanzas, pero nosotros aportamos el aprendizaje. Que la Revolución Mexicana perdure siempre por su hondo espíritu de cambio. Que la cuarta transformación perdure siempre por haber triunfado y, es decir, por haberle devuelto al pueblo en los hechos la esperanza de vida.
Señor diputado presidente, solo un argumento adicional. La bancada del PT aprovecha para reiterar que hay que hacer valer el contenido del artículo 136 constitucional. Es decir, la posibilidad de decirle al pueblo que tras la violación de la Constitución hay que echar para abajo, para atrás, hay que mandar al bote de la basura las reformas neoliberales estructurales que nos tienen en una situación tan complicada, tan difícil.
Llegó la hora de la cuarta transformación. Llegó la hora del pueblo de México y ese es el compromiso del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, el diputado Ricardo de la Peña, del Partido Encuentro Social.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Honorable asamblea. El día de hoy conmemoramos el CVIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, gesta histórica de altísima complejidad que representó la tercera transformación de nuestro país.
La continua reelección del general Porfirio Díaz, presidente cuya persona en torno y administración profunda y paulatinamente se alejaron de las necesidades de la mayoría, se volvió campo fértil para movimientos indígenas, campesinos y obreros, los que fueron reprimidos con gran violencia por las fuerzas militares.
Y esto nos recuerda un poco el final de la tercera transformación de este país. Fue en 1908, hace 110 años, que un hacendado coahuilense, Francisco I. Madero, publicara un libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el que criticaba el perfil dictatorial del gobierno de Díaz y llamaba a convertir a México en un Estado democrático y moderno, con elecciones libres, libertad de expresión y de asociación, entre otras, partiendo de un principio de gran sencillez, pero no simplista, que solo requería dos elementos. La libertad de sufragio y la no reelección.
Posteriormente, Madero fue encarcelado. En lo que se reelegía Díaz, escapó a San Antonio Texas, y el 5 de octubre publicó el famoso Plan de San Luis en el que llamaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, para derrocar al porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas.
El llamado a las armas de Madero produjo diversos alzamientos en todo el país, tal como conocemos todos nuestra propia historia nacional y el triunfo del coahuilense en las elecciones de 1911, para que en febrero de 1913 fuera asesinado y la presidencia usurpada por Huerta.
De inmediato la lucha violenta por el poder duraría más de una década, y hubo tantos planes de gobierno como caudillos, mientras decenas de miles de niños, niñas –sí, nuestra juventud–, así como adultos y viejos, murieron en los frentes de batalla causándose con ello gran confusión y erosión institucional de la vida pública de México.
La Revolución ha terminado, así, con la tercera transformación de este país. Hoy es el momento de iniciar esta cuarta transformación, y hay que decir que al final de la tercera transformación de México, fue la apuesta por el Estado de derecho y las instituciones, la Constitución que nos rige y que protestamos guardar y hacer guardar, así como la opción preferencial por la justicia social, lo que detuvo la violencia.
La madurez hoy la tenemos como país. La oportunidad hoy la tenemos en nuestras manos. Estamos en el umbral de la cuarta transformación. Damos la bienvenida al llamado por el rescate de la memoria histórica y cultural de México para que, desde el análisis de los sucesos del pasado, expliquemos nuestro presente.
Recuperemos las experiencias luminosas de nuestra historia, de nuestro pueblo y de nuestra cultura misma y defendamos las conquistas legales e institucionales que nos permitieron dar cohesión al tejido social. Un México justo, con democracia y bienestar para todos es posibles. Hagámoslo nosotros. Es tanto, señor presidente, gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, señor presidente. Buenos días diputadas y diputados, compañeras y compañeros legisladores, la Revolución Mexicana, sin duda alguna, es considerada el hecho histórico más importante del siglo XX, y que se derivó del levantamiento armado liderado por Francisco I. Madero que luchaba por un México democrático y con mayores derechos sociales.
Los actos conmemorativos como el de la Revolución Mexicana que hoy recordamos, constituyen actos de memoria histórica. Hace 108 años un régimen caduco, fincado con una falsa estabilidad, anunciaba sus últimos días.
La concentración de la riqueza en la que el 1 por ciento de la población poseía el 85 por ciento del territorio nacional, acusaba a un país cuya desigualdad no podía proyectar a nuestro país hacia la modernidad, sino más bien hacia su estancamiento, cuyo modelo económico se parecía más al de una época feudal y cuya movilidad social estaba más vinculada al origen de las personas que a sus capacidades.
La Revolución Mexicana hizo que el pueblo de México se despertara del letargo político y represión social. Los indígenas y campesinos fueron la base de esa lucha por un país mejor, quienes dieron su vida para contar con los derechos sociales que fueron concretándose durante los años posteriores, como fue: la promulgación de la primera Constitución en el mundo en incorporar los derechos sociales, la reforma agraria, la reforma a la educación pública, la nacionalización del petróleo y la tutela de los derechos laborales y sindicales.
Con base en lo anterior sabemos que la Revolución de 1910 cambió el rumbo de la historia de nuestro país constituyendo un legado y una aspiración, aún vigente, por alcanzar los ideales de libertad, justicia y equidad, y materializar los derechos como el acceso universal a la educación, a la salud, al trabajo bien remunerado.
Para Movimiento Ciudadano, la Revolución Mexicana significa un movimiento de lucha contra los abusos cometidos por la clase política y lo que nos dio pauta para continuar en la construcción de un mejor país, y sobre todo, recordarnos que cuando el pueblo se une, podemos lograr muchos cambios en beneficio de cada uno de nosotros.
Diputadas y diputados, las mexicanas y mexicanos en 1910 se levantaron en armas, con unas armas no más que machetes, palos, con armas materiales, pero sobre todo, con un arma bien henchida del corazón ferviente que quería un México mejor.
Hoy los exhortamos para que luchemos y hagamos realidad los objetivos y causas de 1910, así como hace 108 años las mexicanas y mexicanos lucharon por una mejor educación, ahora debemos hacerlo todos nosotros y, sobre todo, tener una guerra y una lucha de consciencias de todas las mexicanas y mexicanos en la actualidad, pero sobre todo, las diputadas y diputados y los políticos, que son quienes debemos de construir un futuro mejor.
Por eso los exhortamos, invitamos a que verdaderamente pongamos de pie esa lucha de hace 108 años, y hagamos una guerra social de consciencias que construya un país más democrático, más justo, más próspero y, sobre todo, más solidario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El diputado Ismael Hernández Deras.
El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras: Estimadas legisladoras, legisladores. Gracias señor presidente, por sus atenciones.
Celebramos hoy el CVIII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En muchos sentidos la Revolución Mexicana fue una revolución de revoluciones, la Revolución política se fraguó de la mano de Madero quien tuvo el arrojo de oponerse, por encima de todo, a las ambiciones reeleccionista del porfirismo.
Muy pronto, dicha hazaña de Madero se quedaría corta frente a la exigencia de una revolución social encarnada en la lucha de Emiliano Zapata.
El reclamo de tierra y libertad era ante todo, un añejo reclamo de justicia que no encontró respuesta en el sufragio efectivo.
De esa pugna, se valieron las fuerzas más perversas del viejo régimen encabezadas por Victoriano Huerta. En medio de la tragedia nacional, la Revolución Mexicana resurgió con la bandera de la Constitución. Nació así la revolución constitucionalista con Carranza, con Villa, Obregón y otros recios revolucionarios.
Los constitucionalistas promulgaron la Ley Agraria como respuesta al despojo ilegal e injusto de tierras, aguas, bosques y selvas. Fueron también ellos quienes promovieron la Constitución Política de 1917, la primera en el mundo que explícitamente legisló el reparto de tierras y los derechos laborales, además de la propiedad originaria de la nación sobre todos sus recursos naturales.
El México de hoy no se explica sin el programa social de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 y los revolucionarios triunfantes construyeron el camino para transitar de un pueblo de caudillos a una nación de instituciones.
Amigas y amigos legisladores, el México de hoy es radicalmente distinto al país de las primeras décadas del siglo pasado, sin embargo, la desigualdad social y la pobreza aún no han sido erradicadas. Si en el pasado el reparto de las tierras fue una de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, hoy el reparto de las oportunidades es la mayor exigencia de la sociedad mexicana, y en particular de la sociedad rural.
El reparto de las oportunidades significa que las niñas y los niños mexicanos, y sobre todo los del campo, reciban educación de calidad para enfrentar los retos de este mundo laboral en un mundo global.
Hacia adelante, los ideales revolucionarios sin duda que siguen vigentes, por ello, por encima de colores políticos, el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el valor de promover una agenda ambiciosa en el tema social para reducir las desigualdades y la pobreza.
Enfáticamente reiteramos que hoy la mayor pobreza que existe en el país está en el campo. Solo honraremos el legado de la Revolución si esta soberanía responde con un presupuesto histórico a las necesidades de millones de campesinos, pequeños productores, ejidatarios y comuneros. Si la Revolución Mexicana nos legó valores de libertad, de justicia social, hoy exige respeto a la pluralidad, a la tolerancia, a la inclusión.
En esta hora, amigas y amigos, los mexicanos deberemos de recordar que los equilibrios no solo son importantes para la marcha de la nación, los equilibrios son la República. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, Ismael.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputado Hernán Salinas Wolberg, del Partido Acción Nacional.
El diputado Hernán Salinas Wolberg: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, ¿de qué sirve hoy usar la máxima tribuna de la patria en la efeméride del 20 de noviembre, 108 años después de la más sangrienta guerra que se haya luchado en nuestro territorio, donde los fusiles se desenfundaron, se apuntaron y dispararon entre hermanos mexicanos? No debe ser solamente para recordar datos ni estadísticas, esas están en los libros de historia para su consulta y análisis. Para lo que sí sirve es para discernir sobre los resultados y consecuencias de ese acontecimiento y lo que hoy vive nuestro país.
Hay que decirlo claro y con todas sus letras, la Revolución y los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios fracasaron en generar las condiciones de vida anheladas por quienes lucharon. Las traiciones y el caudillismo que encarnó una lucha del poder por el poder fueron el sello inequívoco de esa época.
Y aquí, compañeros, es donde adelanto el reloj de la historia a nuestro presente. No nos equivoquemos, no es el paso efímero en la cúspide del poder público y político de una persona lo que transforma de fondo y de manera permanente a un país, sino la construcción de instituciones, entendidas estas en el más amplio de sus significados.
Vemos con preocupación que estamos supeditando el futuro de esta gran nación a la concentración de facultades y del poder público, que veamos en hombres y no en instituciones la posibilidad de solucionar los problemas que nos aquejan.
La Revolución Mexicana fracasó por la visión maniqueísta de sus líderes que detentaban el poder, cada uno pensaba que representaba el bien y su oponente el mal. Este es el riesgo que hoy vemos a la luz de estos hechos históricos que remembramos, cimbrar nuestra futuro y esperanza en personas y no en instituciones y, peor aún, que el discurso público se inunde con una dialéctica de buenos versus malos, socavando el pluralismo e irradiando intolerancia y autoritarismo.
Sostenemos, como lo hicieron nuestros fundadores, que el verdadero cambio en México debe de partir de la creación de un sistema jurídico, político, económico y cultural, con autoridad bastante para no necesitar cimentación de bayonetas ni métodos cuartelarios, un sistema sustentado en autoridades democráticas.
Nos alarma la forma autoritaria en la que comienzan a perfilarse ciertas acciones. Nos alarma que se haya recurrido a la demagogia y que hoy se pretenda actuar en base a lo que tanto se criticó.
Ante estos embates, desde esta tribuna, los y las legisladores de Acción Nacional manifestamos a todo el pueblo de México nuestro compromiso con la democracia y con mantener el conjunto de libertades que durante tantas décadas han sido parte de nuestra lucha política.
El PAN se declara listo para seguir luchando por la libertad, por el bien común, por la tolerancia a la pluralidad y, sobre todo, el fortalecimiento de las instituciones.
Coincido que hay una nueva realidad, sin embargo, debemos de construir un futuro distinto, y en eso coincidimos, al que le duele a millones de mexicanos, pero hagamos esa construcción sobre cimientos fuertes, cimientos sólidos, no lo hagamos sobre pasiones pasajeras que pongan en riesgo el destino final de la patria y los sujeten a episodios efímeros.
Ese es el reto que tenemos como legislatura, ese es el reto que tiene el nuevo gobierno y confío que esta soberanía esté a esa altura. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Olegaria Carrazco Macías, del Parido Morena.
La diputada Olegaria Carrazco Macías: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, en la primera década del siglo pasado México vivía el auge del desarrollo por la promoción porfirista de los bienes de la nación.
Por un lado estaba el crecimiento de la red ferroviaria y proliferación de empresas extranjeras que tenían intereses ambiciosos para la explotación de minerales y petróleo. Y por otro lado, un país hambriento y despolitizado de los aconteceres del siglo XIX. Cooptado por la miseria y el analfabetismo.
Grandes extensiones de tierra estaban en manos de unos cuantos y el abuso de esta situación que oprimía severamente a los campesinos fue uno de los factores que condujeron al movimiento armado, encabezado por don Francisco I. Madero, ampliamente conocido como la Revolución Mexicana, pero que en Morena identificamos como la tercera transformación.
Este movimiento armado que duró al menos cinco años, fue la consecuencia de un gobierno dictatorial de más de 30 años. Solo un levantamiento provocado por el descontento social fue la causa que condujo al país al cambio que se requería para dejar en el olvido el atraso social.
Hoy conmemoramos 108 años del inicio de esta Revolución. Un reclamo de la sociedad mexicana que tuvo como resultado avances en materia de trabajo, de seguridad social y para establecer principios que perseguían evitar que el poder continuara en manos de unos cuantos.
Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, entre muchos otros, lucharon para alcanzar esos ideales y culminar ese movimiento armado con una nueva Constitución Política, con el antecedente inmediato de tres preceptos fundamentales: sufragio efectivo, no reelección. La tierra es de quien la trabaja y el municipio libre.
Tres principios que los gobiernos ineptos, ignorantes, abusivos y corruptos degradaron en el periodo comprendido entre 1920 a 2018. Las tierras de los pueblos de México están siendo explotadas por los extranjeros, que obtienen beneficios para llevárselos a sus países. De igual manera, nuestros recursos naturales, como el petróleo y los minerales están pasando nuevamente a manos privadas.
El municipio libre no tiene ya el principio de libertad soberana, sino que lo han interpretado como libre para manejarlo a su antojo, restringiendo su autonomía, economía y de poder de decisión. Los gobernantes en muchos de los casos son autoritarios e impositivos.
Compañeras y compañeros diputados, estamos a diez días de iniciar la cuarta transformación. Es un proceso que diferencia de las tres transformaciones anteriores, no fue necesario un levantamiento armado. El único levantamiento que hubo fue la movilización social para defender en las urnas el voto popular.
En esta legislatura promovemos que la discusión y el debate sí sean reales. Los acuerdos de la mayoría deben tomar en cuenta las propuestas de los partidos minoritarios, de los legisladores independientes y de los diputados sin partido.
Hoy conmemoramos los principios de la Revolución Mexicana y en Morena haremos lo necesario para retornar a los principios de la democracia, las demandas que dieron como resultado la Constitución de 1917.
A 108 años del inicio de aquella cruenta guerra promovemos la democracia participativa, el respeto por los derechos humanos y el pleno ejercicio de las libertades. Porque todos, hombres y mujeres aspiramos a vivir en un México en paz y con justa justicia social. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahí concluimos la etapa de los posicionamientos de los grupos parlamentarios en relación a la efeméride sobre la Revolución Mexicana.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Damos paso ahora a la presentación de las iniciativas de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Compañeras y compañeros, diputados. Acudo a esta máxima tribuna para representar en nombre de mi Grupo Parlamentario, Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.
Desde hace tiempo México pasa por una crisis de violencia, inseguridad e impunidad que causa un enorme sufrimiento social, la cual hace imposible la construcción de bienestar e inhibe el desarrollo y amenaza con llevar al país a la ingobernabilidad. El incremento de los índices delictivos expone a la población a la zozobra y destruye el tejido social, se cobran decenas de miles de vidas al año y causa graves afectaciones patrimoniales.
En días pasados, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó la nueva estrategia de seguridad, la cual se llevará a cabo a través del Plan Nacional de Seguridad de Paz, que gira en torno a atacar las causas, atender a los jóvenes y rescatar los valores del pueblo.
Esta iniciativa tiene el objeto de crear la Guardia Nacional como una institución del Estado cuya función sea la de participar en la protección de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz pública, así como los bienes y recursos de la nación.
La nueva Guardia Nacional estará integrada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval y, además, serán convocados civiles, a fin de que se puedan integrar a ella. Todos se unirán bajo una nueva estructura jurídica. Quienes formen parte de esa nueva institución recibirán formación y adiestramiento con nuevas prácticas que incluyan la enseñanza de procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y utilización de la tecnología para mejorar su desempeño.
La Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como las autoridades de la federación que correspondan. Tratándose de delitos federales podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público siempre bajo el mando y conducción de este.
Se prohíbe expresamente que los detenidos sean trasladados o resguardados en instalaciones militares. Se reconoce la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el Estado mexicano y se establece que los miembros de la Guardia Nacional serán juzgados por el fuero civil y no por el militar en caso de faltas y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La planeación y estrategia de seguridad estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aclaramos y ratificamos que no se trata de militarizar, precisamente se trata de desmilitarizar, de construir la paz.
El presidente electo, a través de esta nueva estrategia de seguridad, quiere que los cuadros fundamentales y profesionales del Ejército regresen a sus tareas constitucionales.
Se trata de que haya claridad, que la Guardia Nacional realizará en el marco constitucional las tareas de seguridad pública con estas estructuras y efectivos que han estudiado, se han capacitado y preparado para la salvaguarda de los derechos, la preservación del orden y de la paz pública, y que todas las unidades del orden y la paz pública y operativas del Ejército y de la Armada regresen a sus funciones tradicionales y constitucionales y que así acaben esta confusión que no le ha traído nada bueno a nadie.
Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad de nuestro país, pero a 12 años de que fueran involucradas en esta misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuda para participar en esta tarea.
Las y los legisladores de nuestro grupo parlamentario y de la coalición Juntos Haremos Historia, acompañaremos las propuestas de manera muy responsbale y consciente de nuestro presidente electo.
Permitámosle al nuevo gobierno entrante y a sus futuros titulares desarrollar las estrategias adecudas que provean soluciones reales y coadyuvemos desde el Poder Legislativo en nuestra competencia de manera firme y sobre todo que trascienda y permee a la vida diaria de los mexicanos.
Los convoco a que juntos hagamos historia y demos a la ciudadanía lo que desde hace mucho tiempo pide a gritos, vivir en un México seguro, armonioso y en paz. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada...
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Micrófono en la curul de Tatinana Clouthier, diputada. ¿Con qué objeto, señora diputada? Por favor micrófono.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): Hacer la petición si podría irse ese, para tener las obvervaciones de la Comisión de Gobernación.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese también, para su opinión, a la Comisión de Gobernación.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia López Castro, del Grupo Parlamentario...
La diputada Carmen Julia Prudencio González (desde la curul). Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Carmen Julia Prudencio, de Movimiento Ciudadano, diputada, pide, ¿para qué objeto pide el micrófono, diputada? Micrófono, por favor. Pido a la Secretaría le dé micrófono a la diputada.
La diputada Carmen Julia Prudencio González (desde la curul): Presidenta, solicitarle, pedir el turno de esa iniciativa también para opinión de Seguridad Pública.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para su opinión a Seguridad Pública.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Cynthia López Castro, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 308 del Código Civil Federal, 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 44 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, ella es del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante.
La diputada Cynthia López Castro: Muchas gracias. Con su venia, presidenta. “La vida es la tragedia de la nutrición”, escribió Arnold Ehret. La primera obligación con nuestros semejantes sobre todo si dependen de nosotros.
Nuestra legislación actual reconoce diferentes vínculos familiares a partir de los cuales puede surgir la obligación de dar alimentos, tales como las relaciones, el parentesco, el matrimonio, el concubinato, entre otras.
La obligación entre los progenitores y sus hijos, de proporcionar alimentos, posee una protección suprema pues por mandato constitucional expreso en el artículo 4, párrafo décimo, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se vincula a los progenitores a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor.
Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Ante un escenario de ruptura y separación familiar, por un divorcio, esta obligación se materializa mediante el establecimiento de una pensión alimenticia que comprenderá educación, vestido, habitación y atención médica. Empero, cuando existe controversia sobre los montos de la pensión, con frecuencia se presenta una mala práctica por parte de los obligados para esconder su capacidad económica real en aras de que la pensión que se fije, sea la menor posible.
Esta iniciativa que busca reformar el artículo 308 del Código Civil Federal, el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 44 de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que busca es que, independientemente que los padres de los hijos no puedan comprobar un ingreso, obligatoriamente tengan que dar una pensión a la madre de familia.
Hay muchas mujeres que no pueden tener esta pensión porque las ex parejas o los esposos no comprueban un ingreso porque están en la economía informal, porque comprueban un ingreso menor al que tienen y no apoyan a las madres de los hijos en este crecimiento.
Esta iniciativa lo que busca es, que de manera obligatoria se compruebe o no el ingreso, hay un monto mínimo de pensión para las madres solteras, porque son las mujeres las que mantienen a los hijos, las que los llevan a la escuela, las que se tienen que hacer cargo de ella y muchas veces el padre del niño no aporta un solo peso al mantenimiento.
Con esto se busca poder apoyar a todas las madres jefas de familia que hay en nuestro país, que son cabeza de familia, que tienen que sacar a sus hijos adelante. Con esta reforma lograríamos que independientemente del ingreso del padre, se tenga que dar una pensión obligatoria, y con eso respaldamos no solo a nuestras mujeres, también respaldamos a nuestros niños de México, garantizando el derecho a la salud, de educación y de vestimenta.
Este apoyo, serán beneficiados todos nuestros niños hasta la edad de 18 años, y ya no habrá pretexto para todos aquellos que buscan esconder su ingreso o buscan decir que están en la economía informal para no dar una pensión. Las mujeres tienen el derecho y se tiene el derecho de poder exigir un apoyo de parte de la pareja, porque los hijos son de dos y muchas veces la madre es la que lleva a cargo todo el trabajo con los hijos.
Con esta reforma estaríamos teniendo un país donde no importa el ingreso que se tenga, en cuanto haya una separación de un concubinato o un divorcio, obligadamente el padre de los hijos tiene que aportar para la educación y mantenimiento de sus hijos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su opinión.
El diputado Mauricio Toledo ha solicitado adherirse a esta iniciativa, si lo acepta la diputada Cynthia López Castro.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Miguel Acundo González: Con su permiso.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Miguel Acundo González: Honorable asamblea, las y los diputados de Encuentro Social estamos comprometidos en la tarea de impulsar el desarrollo sustentable del campo mexicano, contribuir al bienestar de nuestros campesinos y sus comunidades, para lo cual nos hemos propuesto trabajar en la elaboración de productos legislativos que atiendan de manera integral las necesidades que demandan los campesinos mexicanos para garantizar su adecuado crecimiento.
En este sentido es que la presente iniciativa busca atender una añeja y anhelada demanda de los cafeticultores de todo el país, quienes en los últimos años han padecido los embates de la delincuencia, la deforestación, las plagas y el monopolio que ejercen las grandes trasnacionales en la compra del grano de café.
Todo lo anterior ha puesto en grave peligro la subsistencia de nuestros cafeticultores, a pesar de lo cual México ocupa el decimoprimer lugar en la producción de café. Su cultivo es enorme, de enorme importancia social y económica.
El grano de café se cosecha en 480 municipios del país, distribuidos en 15 estados de la República, empleando más de medio millón de campesinos. La topografía, altura, clima y suelo del país ha permitido a los cafeticultores el cultivo de algunas de las mejores variedades de grano de café del mundo.
Asimismo, hemos destacado en la producción de café orgánico, gracias a lo cual hoy México es uno de los principales exportadores de dicho café. La mayor parte de la producción es comercializada en el mercado europeo. El auge de este producto ha permitido destinar el 3.24 por ciento del total de la superficie cultivada de café en el país.
Con tal fin, acudo a someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXI Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear el Instituto Mexicano del Café, ente público que tendrá como objetivo el diseño de políticas, estrategias y programas para fomentar la producción, industrialización y comercialización del café. Asimismo, la gestión de acciones de sanidad para el control de las plagas que afectan a los cafetales.
Igualmente, el Instituto tendrá a su cargo el promover la participación directa de los productores por regiones, a fin de evaluar la productividad, mejorar la asistencia técnica y proporcionar capacitación continua en el cultivo del café.
Además, estará a cargo de impulsar la suscripción de acuerdos o convenios de participación con instancias de los tres órdenes de gobierno, así como el sector privado y organismos internacionales para el fomento y desarrollo de la cafeticultura mexicana.
Otras de las funciones que estarán a cargo del Instituto del Café será la de fomentar el consumo interno del café mexicano, así como su promoción internacional. El Instituto del Café será encargado de actualizar el padrón y registro de productores de café, asimismo será el responsable de gestionar inversiones y financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación técnica del cultivo del mismo. De igual manera, la finalidad de contribuir a garantizar mejores precios de venta a los productores.
El Instituto deberá procurar establecer precios de garantía y la operación de almacenes para acopio y conservación del grano.
Por lo anterior señalado, compañeras y compañeros diputados, les pido su apoyo para la presente iniciativa a favor de nuestros cafeticultores. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México que nos ve a través de los diferentes medios de comunicación, tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, toda vez que en fecha del 14 de agosto de 2001 se publicó la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se estableció que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos originarios que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
En ese contexto, con la reforma constitucional de 2001 se reconoció un sistema integral de derechos, facultades, costumbres y de libre autodeterminación de los pueblos y comunidades originarias, lo que originó una mayor integración e inclusión de estas, así como un mejor entendimiento de usos y costumbres.
Si bien es cierto que nuestra Carta Magna reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos originarios, también es cierto y resulta el hecho de que la inclusión integral y total de los pueblos aún sigue siendo un tema que no ha sido concluido.
Lo anterior, en razón de que existen ordenamientos jurídicos que protegen a los pueblos y comunidades, así como las instituciones, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En los hechos, los pueblos y comunidades siguen siendo excluidos y poco protegidos, la reforma constitucional en comento reconoció el derecho de los pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, se trata de una norma que permite a los pueblos y comunidades realizar acciones que mantengan su cosmovisión, pero sin explicar cómo se hará ni establecer ninguna obligación del Estado para lograr tales objetivos.
Lo anterior se complica más si observamos que el derecho a proteger su cultura es un concepto bastante ambiguo.
Dicho de otra manera, la cultura de un grupo social, en este caso un pueblo originario, se compone de un sistema de valores y símbolos que se reproducen en el tiempo y brindan a sus miembros la orientación y significados necesarios para normar su conducta y relaciones sociales en la vida cotidiana.
Dentro de esa cultura los pueblos originarios encuentran los conocimientos tradicionales, que son el conjunto acumulado del saber teórico, experiencias, aptitudes, expresiones, representaciones y prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación y que a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual.
Sin embargo, esos conocimientos tradicionales no se encuentran protegidos en el sistema jurídico mexicano, manteniéndose en la colectividad e inclusive existen particulares que los han explotado sin reconocer ni otorgar un beneficio a los titulares de esos conocimientos.
Derivado de lo anterior, uno de los objetivos de la presente iniciativa radica en crear la ley de conservación y protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios.
Dicha ley tiene por objeto: primero, reconocer el valor intrínseco de los conocimientos tradicionales, en particular su valor social, espiritual, económico, intelectual, científico, ecológico, tecnológico, comercial y educativo.
Dos. Fomentar la utilización de los conocimientos tradicionales para el desarrollo de los pueblos originarios, reconociéndolos como un activo perteneciente a sus titulares.
Tercero. Promover la creación y la ampliación de oportunidades comerciales para los productos genuinamente derivados de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios.
Cuarto. Contribuir a que los pueblos y comunidades se vean recompensados por sus aportaciones que realizan en el avance de la ciencia y de las artes aplicadas.
Quinto. Proteger las creaciones e innovaciones que deriven de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios.
Sexto. Proteger las creaciones e innovaciones que deriven de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades originarios.
Asimismo, la presente iniciativa pretende otorgar facultades a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, a efecto de implementar las acciones tendientes a la conservación y protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos, así como llevar el registro nacional de los conocimientos tradicionales de los pueblos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluyó su tiempo, diputada.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Termino, diputada presidenta. Por último, solicito que mi intervención quede insertada en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Insértese la intervención completa de la diputada en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el artículo 199 del Código Penal Federal.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Hoy vengo a presentar a esta soberanía uno de esos temas que son urgentes, de esos temas que deberían estar hoy en día en nuestra agenda prioritaria, que fueron promesa de campaña de varios, incluso de las mayorías que hoy están en este Congreso y que, sin embargo, no veo en ninguna de las agendas que han presentado por parte del Grupo Parlamentario de Morena, más que como parte del discurso.
Y para no ser parte del discurso sino actuar en consecuencia, les vengo a presentar una iniciativa que tiene que ver con la posibilidad de dejar de criminalizar y perseguir a jóvenes que son sujetos a extorsión por parte de policías y Ministerios Públicos cuando son detenidos por fumar o consumir alguna droga.
Esto tiene que ver con la legalización del uso terapéutico, lúdico y personal del cannabis para que, además, el Estado mexicano conserve la capacidad de regular este uso de la cannabis.
Por eso es que el día de hoy presento ante este pleno y espero que las Comisiones de Salud la puedan dictaminar también dentro de este periodo esta iniciativa con esta argumentación.
El uso de drogas ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Estas sustancias que alteran la conciencia o con propiedades paliativas o sedantes permiten paliar el dolor, obtener determinados placeres, obedecer ciertas obligaciones sociales.
Incluso en muchas sociedades su uso es parte sustancial de ritos de iniciación a la vida adulta, es decir una obligación, no solo una actividad placentera o de automedicación. Por ejemplo, ir a la casa del venado entre los huicholes, donde los jóvenes acompañan a los adultos y usan el peyote.
La idea de que pueda existir un mundo libre de drogas es totalmente equivocada y partir de un diagnóstico erróneo nos conduciría a aplicar como control las políticas públicas condenadas al fracaso, prueba de ello es la actual guerra contra las drogas que inició en 2006 y que sus resultados son altamente costosos en términos de vidas humanas, del Estado de derecho contra el delito y ha mermado la capacidad institucional.
Entre 2006 y 2017 se registraron más de 251 mil homicidios en el país. En 2006, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportó 10 mil 452 homicidios. Para el 2011, esta cifra alcanzó un pico de 27 mil 213, y aunque disminuyó ligeramente durante los años siguientes, para 2016 esta cifra alcanzó más de 24 mil homicidios. En el año 2017 concluyó con más de 31 mil homicidios.
Además de los homicidios y desplazamientos la guerra contra las drogas ha dejado al país un gran número de personas desaparecidas. De 2006 a 2012, 13 mil 767 personas desaparecieron y este número ha aumentado a 23 mil durante la presente administración.
La criminalización del consumo y posesión de drogas para uso personal también se reconoce cada vez más como un obstáculo para la efectividad de las políticas de salud. Prohibir bajo el falso argumento de que la salud pública ha provocado el encarcelamiento de usuarios de drogas y de mujeres sin antecedentes penales que transportan drogas de un lugar a otro y a micro vendedores que cuando son detenidos son fácilmente reemplazados por otros hombres o mujeres jóvenes.
Desde 2014 la Comisión Global de Drogas concluyó en su informe asumiendo el control caminos hacia las drogas eficaces, el carácter urgente de hacer un cambio de paradigma respecto a la política de drogas punitiva.
Las drogas deben regularse, no porque sean seguras, sino precisamente porque son inseguras y es obligación del Estado regularlas para garantizar el bienestar de sus gobernados, sobre todo necesitamos, antes de que llegue por parte de la Corte una obligación a este Congreso mexicano, asumir nuestras funciones en materia de legislación y regular lo que nos corresponde.
Así pues, espero que forme parte de las prioridades de este periodo legislativo, avanzar en una regulación de la marihuana con fines de uso terapéutico, personal y lúdico. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Antonio Ortega Martínez, quien habrá de presentar dos iniciativas en una sola intervención. Una con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otra que reforma y adiciona los artículos 2o. de la Ley del Banco de México y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por varios integrantes del PRD.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: adelante.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Compañeras diputadas, compañeros diputados. Como ya lo refirió la Presidencia, vengo a proponer reforma constitucional y legal para ampliar las facultades y el mandato del Banco de México. Se trata de que el Banco de México coadyuve al crecimiento con pleno empleo en el país.
En el año 2016 el entonces gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, mencionó que es el turno de las reformas estructurales al Banco de México para que actúe como sus contrapartes en otros lugares del mundo para propiciar las condiciones que aceleren el crecimiento económico.
Lo hizo en momentos en que México, al igual que otros países, enfrentaba las denominadas turbulencias externas originadas en los países desarrollados que golpearon las economías de los países del mundo, particularmente los países emergentes como el nuestro.
Tenía razón. La política monetaria ha sido útil a la política fiscal para equilibrar las variables macroeconómicas y propiciar un entorno de estabilidad, pero es necesario ir más allá.
Un entorno consistentemente volátil y con un tipo de cambio como prácticamente la única variable de ajuste nominal, además del aumento de las tasas de interés, urgen al Banco de México a jugar un papel de mayor autonomía y liderazgo. Pensamos que la forma de hacerlo es a través de una ampliación de sus facultades.
Entendemos que el tipo de cambio y el aumento de tasas son variables de ajuste, pero este ajuste tiene costos que ya están pasando factura a la economía real, sobre todo cuando la caída del peso y el aumento de tasas está afectando al consumo privado, motor de la economía.
Por otro lado, debemos reconocer que el papel de un banco central no es sólo ser el de vigilar los precios ya constatados, que eso le resta autonomía y misión.
Sí, el Banco Central es y debe seguir siendo, en última instancia, el garante de la moneda, pero la ampliación de su mandato refleja el curso natural en el desarrollo económico. Como ejemplo, analicemos el caso de Estados Unidos y cómo libró su crisis, gracias a una política monetaria no convencional, en parte gracias a la amplitud que se le dio de su mandato a la Reserva.
La Ley de la Reserva Federal establece en la sección 2-A, como objetivos de la política monetaria, que la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y el Comité Federal de Mercado Abierto mantendrán a largo plazo los agregados monetarios y crediticios, acorde con el potencial de la economía para incrementar la producción, con el fin de promover, efectivamente, los objetivos de máximo empleo y precios estables y tasas de interés a largo plazo.
La propuesta que hacemos no transgrede al artículo 11 de la Ley del Banco de México, el cual prohíbe que el banco dé crédito al gobierno federal a través de la adquisición de sus valores.
Es momento de revisar el mandato del Banco de México con miras a ampliarlo. Como prioridad se encuentra la defensa del poder de compra de la moneda. Una vez logrado el objetivo de inflación, se deben de utilizar instrumentos de política monetaria para propiciar las condiciones que incentiven el crecimiento.
Finalmente el Banco de México debe actuar con los instrumentos correspondientes para evitar que la volatilidad de la moneda impacte en la formación de los precios, y fundamentalmente en las expectativas de consumo y en el crecimiento. Gracias por su atención, gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, la primera. Y, la segunda, túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen, Comisión de Hacienda y Crédito Público para una opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rogelio Rayo Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Rogelio Rayo Martínez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Rogelio Rayo Martínez: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Las necesidades y problemas de las personas que integran cada uno de esos grupos son distintas y suelen agravarse por alguna otra condición de inseguridad como el género, la edad, la situación económica y el particular el estatuto migratorio.
La población indígena es un importante grupo social de mexicanos que, dada su cultura, su historia y su lengua, nos identificamos como los pueblos originarios de nuestro país. Estos pueblos representan una historia y una cultura que si bien son la base de nacionalidad mexicana, también expresan años de lucha contra la pobreza, la discriminación y la desigualdad.
En los últimos años, producto de esta desigualdad, debido a las precarias condiciones en las que se encuentran los pueblos originarios, se han presentado fenómenos de migración nacional a las grandes urbes del país en búsqueda de mejores oportunidades.
El gobierno de la República ha asumido el firme compromiso de impulsar políticas púbicas que promuevan el desarrollo, el bienestar, el respeto y la identidad de los pueblos indígenas.
Ejemplo de ello fue el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual propone, dentro de sus ejes estratégicos, garantizar los derechos indígenas de acceso a la justicia impulsando la armonización legislativa y el apoyo legal a indígenas encarcelados.
En este sentido, se tiene que nuestro sistema jurídico cuenta con una Ley de Migración que tutela principalmente los derechos migratorios extranjeros, en territorio nacional. No obstante es obligación del Estado mexicano garantizar y proteger los derechos de los nacionales cuando estos se vean forzados desplazarse en cuanto a su origen u otra entidad federativa.
En el Partido Verde retomamos los criterios que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, donde se desprende que el Estado debe garantizar y proteger los derechos de los migrantes extranjeros y refugiados en su territorio, especialmente cuando estos sean personas indígenas.
Por lo que consideramos adicionar un párrafo tercero al artículo 11 de la Ley de Migración, a fin de garantizar que los procedimientos donde se vean involucrados migrantes nacionales de origen indígena, el Estado garantizará la protección y extinción de todos los derechos consagrados en la presente ley. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su dictamen.
Está en esta Cámara alumnos de diversas carreras de la Universidad Europea, invitados por el diputado Emmanuel Reyes Carmona. Sean bienvenidos y bienvenidas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma las diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con El día de hoy presento ante esta soberanía una iniciativa que tiene por objeto reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y con ello dar soluciones al problema de la opacidad y corrupción en los procesos de contratación de obra pública, así como su falta de planeación y el uso discrecional de los recursos públicos.
La obra pública es parte importante de la vida económica del país, pero sobre todo es una pieza estratégica en la construcción del Estado mexicano. De ella depende gran medida el desarrollo y el bienestar social de todos los ciudadanos.
Ante este panorama, la ley debe establecer la transparencia y dar certeza a quienes participan en los procesos de contratación, así como velar en todo momento porque exista un mayor costo-beneficio en favor de las personas y su calidad de vida a cambio de los recursos públicos. Con esta propuesta damos una solución, atendemos una demanda añeja del sector de la construcción y los retos que el país hoy nos exige.
Como legisladores estamos llamados a atender y mejorar la vida pública del país en todo momento. Los hechos demuestran que los últimos años los casos de corrupción que más han dañado la vida de los mexicanos están relacionados con la obra pública. Ejemplos de corrupción, falta de planeación y mal uso de los recursos hay de sobra.
El socavón del llamado paso exprés de Cuernavaca, cuyo costo original fue de mil millones de pesos y que al final se fue al doble, más la terrible y lamentable pérdida de vida de dos personas que cayeron en la grieta.
Otro ejemplo está en la construcción el tren interurbano México-Toluca, que lleva ya varios retrasos debido a la falta de planeación para su construcción, además de que el costo inicial fue de 44 mil millones y a la fecha se ha aumentado hasta 52 mil millones de pesos, un 20 por ciento más de lo previsto.
Ejemplos tenemos desde la frontera sur hasta la frontera norte, siguen y seguirán, a menos de que desde el Poder Legislativo tomemos las medidas necesarias a fin de eliminar los espacios para la discrecionalidad, la opacidad y por consecuencia la corrupción.
Por ello buscamos con esta propuesta que exista una verdadera planeación, rendición de cuentas, libre competencia y concurrencia, la cual generará mejores condiciones para el Estado y sus habitantes.
Es claro que nuestro marco jurídico requiere de reformas que den respuesta a corto, mediano y largo plazo a los problemas que hoy se presentan en materia de obra pública y los servicios que se relacionan con ella. De no mejorar nuestra ley, esta situación no solo colocará a México en una posición adversa en materia económica, sino también fomentará un ecosistema fértil para la corrupción y la impunidad, donde además de las pérdidas económicas para el erario, las consecuencias tendrán un impacto negativo en el desarrollo social y en el proyecto de vida de cada uno de los ciudadanos.
Porque cuando hablamos de obra pública no solo hablamos de contratos, gasto público o infraestructura, hablamos de derechos y garantías para que las personas, sin importar su nivel socioeconómico, género o edad, puedan ir a la escuela, al trabajo, tener acceso a la salud, vivir en forma segura y digna, y en síntesis llevar a cabo todos los actos necesarios para realizar su proyecto de vida.
Por ello esta propuesta pretende reformar la ley, con la finalidad que se legisle sobre proyectos multianuales, banco de proyectos, programación de obras públicas, mejorar los procesos de licitación, publicación del desarrollo de la obra, fomentar el uso de CompraNet, establecer procedimientos de evaluación y análisis de precalificación, experiencia de los constructores, anticipos, contenido nacional en apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas, la regulación de gastos de financiamiento, capacitación, así como establecer un sistema de evaluación por puntos y porcentajes y regular las consecuencias por el incumplimiento del contrato.
Queda claro que a través de esta reforma vamos a mejorar la obra pública, a fin de hacerla más eficaz y eficiente. Por lo que es necesario adoptar medidas a corto, mediano y largo plazo que garanticen que todo gasto público realmente sea una buena inversión, que resuelva las necesidades de infraestructura con obras de calidad y de valor en términos de desarrollo.
Es momento de avanzar hacia una nueva visión de país, una visión donde la obra pública no sea un gesto o un capricho del gobernante en turno, una donde la obra pública se realice bajo criterios técnicos y no bajo la improvisación ni el oportunismo.
Por ello les pido a todos y a todas las diputadas de esta honorable Cámara de Diputados se sumen con sus ideas y aportaciones a la presente iniciativa y que entre todos le pongamos fin a la corrupción, a la impunidad y a la falta de planeación en materia de obra pública.
Agradezco a las y a los diputados de los diferentes partidos que se sumaron a esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks: “México quiere Estado de derecho, no Estado de chueco”, Gabriel Zaid. Las instituciones están llamadas para dar resultados, resultados y más resultados.
En febrero de 2014 se hizo una reforma política con una adecuación al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que hoy estoy presentando a nombre de exsenadores que ahora son diputados y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es una revisión adaptada que presentamos en noviembre de hace 2 años, porque estamos a punto de recibir la minuta para la Fiscalía General de la República y no queremos simulaciones, queremos hablar con la verdad.
¿Cuánto vale la verdad en este país? ¿Cuánto vale la ley? Es lo que queremos hablar el día de hoy. Nunca más un subordinado exonerando a su jefe. Nunca más una intentaduría general de la República.
El verbo procurar en castellano significa hacer lo necesario, hacer no solamente lo posible, lo indispensable para que esto se convierta en realidad. Y hoy lamentablemente lo que tenemos no es una Procuraduría General de la República, sino una intentaduría general de la República y para añadirle a esto, tenemos solamente un encargado del despacho.
La propuesta que hacemos nosotros es para mandar un reto a la ley de la Fiscalía que nos está llegando como minuta, que viene diluida, que viene descafeinada, porque no viene como una Fiscalía independiente y hoy lo que necesitamos es entrar al fondo y a la amplitud del tema. Una Fiscalía que pueda determinar mejor las causas de remoción y que no solamente dependan del Ejecutivo federal, sino que dependan del Senado de la República.
La creación de fiscalías especializadas necesarias, aparte de la que atiende a delitos electorales, la de anticorrupción, se añada la de derechos humanos y que también podamos tener otros casos como, por ejemplo, la atención especializada a los delitos de servidores públicos.
Y queremos también un fiscal general con contrapesos, que tenga un consejo del Ministerio Público, que tenga un consejo ciudadano y que no solamente esté tomando decisiones para nombrar y remover a los fiscales, como ocurrió en el caso de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales.
Lo que estamos presentando son modificaciones serias al artículo 102, al 116 para que tenga repercusión en las entidades federativas y al 122, en el caso específico de la propia Ciudad de México.
Dirían, ¿y por qué la están presentando? Porque la tesis del PAN ha ido junto con grupos sociales como Vamos por Más. Como la Fiscalía que sirva con organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana, donde no estamos tomando improvisaciones, sino que se ha consultado a especialistas, a los procuradores de justicia de las entidades federativas.
Y lamento tener que reconocer que la minuta que pasó por una mayoría artificial en el Senado no nos brinda las condiciones.
Seré claro y fuerte, reto a la coalición Juntos Haremos Historia a que podamos debatir esto y no perdamos el tiempo.
El dilema es muy sencillo, juntos haremos prehistoria o juntos harán prehistoria. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Rocío Barrera Badillo: La iniciativa que someto a consideración de esta soberanía tiene como origen un caso particular en el que fue detectado un acto de corrupción que le costó a la nación 380 millones de pesos.
Esto ocurrió en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, organismo público descentralizado del gobierno federal.
Como ustedes saben, dentro de las actividades de este organismo se encuentran los concursos entre empresas privadas para la concesión de proyectos carreteros y fue en este rubro donde se identificó que la Dirección de Infraestructura Carretera traficó información privilegiada para beneficiar y dar ventaja a un grupo de de empresas interesadas en ganar licitaciones de obra.
Por esta razón, subo a la máxima tribuna de la nación, para proponer la reforma al artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para que todos los organismos paraestatales, sin excepción alguna, consideren en la elección de los integrantes de su órgano de gobierno que ninguno de ellos tenga o haya tenido en por lo menos cinco años participación o intereses particulares o familiares en empresas que pudieran relacionarse o resultar beneficiadas con las operaciones de la entidad en las que se labora.
Morena tiene la misión de sentar precedentes en el combate a la corrupción y contribuir en el blindaje de nuestras intuiciones. Por esta razón, estoy realizando un análisis minucioso de cada una de las leyes que conforman nuestro andamiaje jurídico, para establecer candados que imposibiliten que los funcionarios públicos aprovechen su cargo para delinquir y enriquecerse.
Con Morena se acabaron los atracos de cuello blanco y con esta reforma queremos ser enfáticos en que los funcionarios públicos deben ser personas honorables y de una trayectoria ejemplar, en los que la sociedad pueda confiar y que resulte imposible chantajear y que no acepten sobornos.
Cabe mencionar que esta reforma es acorte a lo enmarcado en nuestra la Constitución Política y en diversas leyes especializadas en el combate a la corrupción, por lo que suma al compromiso de nuestro partido de legislar en beneficio de la gente y evitar robos al erario público.
Que quede claro: no se va a tolerar ni a permitir compadrazgos en la toma de decisiones, y si aspiramos a la gran transformación de esta nación, debemos garantizar la idoneidad de los perfiles que conformarán cada uno de los puestos de la administración pública.
Por consiguiente y ante la necesidad de contar con funcionarios sensibles a la problemática de cada uno de los sectores, necesitamos liderazgos de trayectoria impecable, gente con un talento especial para resolver situaciones de crisis, tomar decisiones eficientes y elegir los proyectos que nos encaucen a los mejores resultados posibles.
Por esa razón proponemos esta reforma, para que todos los funcionarios privilegien por encima de todas las causas la competencia en las licitaciones que le garanticen mayor beneficio al Estado y al erario público.
Por tanto, compañeras y compañeros legisladores, los invito a que valoren el objetivo de esta iniciativa y deseamos contar con su apoyo en el nuevo paquete de reformas en el combate a la corrupción en el sexenio que está a unas horas de iniciar. Es cuanto, señora presidente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen. Están en este recinto un grupo del municipio de Nezahualcóyotl, del distrito 21, invitados por el diputado Juan Angel Bautista Bravo, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Honorable asamblea. Desde 1824 se inició con el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, un intento de diálogo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es un diálogo que no se había visto interrumpido durante más de 100 años, casi 200 años, el presidente de la República comúnmente acudía a una de sus Cámaras, en este caso la Cámara de Diputados y cuando se reinstauró el Senado de la República en 1876, acudía a las sesiones de Congreso General y ahí presentaba el informe del estado que guardaba la nación.
Este diálogo se ha visto interrumpido desde hace ya varios lustros. No viene a este Congreso ni al Senado de la República el presidente de la República a dialogar con los legisladores. En todos los países democráticos, desde Estados Unidos, Europa, Sudamérica, los presidentes o el titular del Ejecutivo acuden a la Cámara y presentan el estado que guarda el país, su economía, sus finanzas, su seguridad, su educación. Y este diálogo es escuchado por los legisladores y a su vez el Ejecutivo puede contestarle a cada uno de ellos.
¿Qué es lo que estamos planteando en la iniciativa? Que regrese el diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo pueda acudir una vez al año o las veces que lo cite la Cámara de Diputados y pueda dialogar con cada uno de los grupos parlamentarios o de los legisladores planteando y defendiendo su plan de gobierno.
Creo que es un ejercicio que se ha perdido en nuestro país y que hoy, ante la nueva circunstancia, creo que valdría la pena retomarlo. Por eso, así como se hace en Estados Unidos, en Francia, en Perú, en España, en Ecuador, en Venezuela, en Alemania, los ejecutivos acuden al Congreso, escuchan los planteamientos que hacen los legisladores y sobre todo establecen un diálogo.
Se puede hasta no coincidir, como sucede comúnmente en los Estados Unidos donde los legisladores cuestionan al Ejecutivo, pero él está en todo su derecho de responder, de plantear, de resolver, inclusive hasta de contradecir a los legisladores respecto a las políticas públicas que está llevando a cabo.
Por eso presentamos la modificación al artículo 69 de la Constitución para que el primero de diciembre de cada año acuda el presidente de la República a este Congreso, y que juntos, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, podamos dialogar con el presidente de la República Mexicana. Además, él, a su vez, pueda responder los cuestionamientos que hagan los legisladores.
Además, se pide que el informe de gobierno no se entregue en esa misma fecha, sino que se adelante un mes –al primero de noviembre– para que los legisladores tengan toda la información que provea el Ejecutivo federal para que tengan el tiempo de 30 días para analizarlo, revisarlo, leerlo. Lo importante es que no se convierta ni en el día de los diputados ni como era hace algún tiempo, en el día del presidente de la República, sino que reinstauremos el diálogo.
Yo creo que en esta nueva realidad política que tiene el país va a ser muy importante que volvamos a dialogar los Poderes de la Unión. Que no resolvamos nuestras diferencias ni por Twitter ni por Facebook ni por WhatsApp.
Que venga el presidente, discuta, analice y debata con los diputados federales y los senadores de la República. Es cuanto, ciudadana presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Esta Presidencia saluda a la presidenta municipal de Tecate, Baja California, Nereida Fuentes, invitada por el diputado Armando Reyes Ledesma. También saludamos a un grupo de alumnos de la Vocacional 12 del Instituto Politécnico Nacional, invitados por la diputada María Elizabeth Díaz García. Sean ustedes bienvenidos. Presidenta, sea bienvenida.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, desde hace muchos años se ha insistido en la inclusión como pilar fundamental para una sociedad más igualitaria.
Tan sólo hace una semana Valor México, una asociación civil especializada en esta materia, presentó el Índice de Inclusión Económica 2018, por entidad federativa, y las cifras no fueron nada alentadora.
Los estados con menor inclusión económica fueron: Tabasco, Chiapas y Guerrero. Pero hablar de inclusión es mucho más que solamente asegurar que las personas con capacidades especiales, que los indígenas o nosotras las mujeres, tengamos acceso a la participación económica en México.
Inclusión económica es asegurar, desde nuestro punto de vista, ocho pilares: que en la educación no haya diferencias entre el sector o la educación pública y la educación privada.
Dos. Que la infraestructura esté al servicio de todos los ciudadanos para abaratar nuestra vida.
Tres. Que haya oportunidades laborales equitativas y salarios más justos y acordes a nuestras responsabilidades.
Cuatro. Inclusión económica significa que exista la capacidad del Estado mexicano para generar emprendimiento.
Cinco. Que los mexicanos tenemos certeza de nuestra propiedad y que estos activos sean una fuente que genere aún más riqueza.
Seis. Que haya suficiente acceso al financiamiento y en condiciones competitivas y no abusivas.
Siete. Que la corrupción no lastime la economía familiar, especialmente de quienes menos tienen, y finalmente, pero no por ello menos importante, que la política de gasto realmente sirva para cerrar brechas y disminuir desigualdades.
Y para este último punto, el de asegurar una política de gasto que cierre brechas y que disminuya desigualdades, es que hoy presento diversas reformas a la Ley General de Desarrollo Social, reconociendo que este es el marco jurídico adecuado para detonar una economía social más incluyente.
Y el momento es muy oportuno porque estamos a unos días de que se presente el Presupuesto 2019, y como ustedes saben el Presupuesto es la principal herramienta que tiene un gobierno para fijar las prioridades del gasto y para atender la agenda económica.
Y el sentido de esta iniciativa que hoy presento es asegurar, justamente, que la política y el gasto social tenga una visión de inclusión económica, porque una política social que no reduce desigualdades, no es una política efectiva.
Y diversos estudios lamentablemente muestran que en México después de ejercido el gasto social, el impacto en la disminución de desigualdades aún es muy pequeño, y por eso es urgente que se reforme esta Ley de Desarrollo Social y podamos hacer obligatoria la revisión exhaustiva de cada programa, de cada proyecto presupuestal y asegurar especialmente en el gasto social, que esté abonando a un México más incluyente. No podemos hablar de una economía más incluyente, también sin reconocer el tema de género.
Si en México el gasto público se asignara con base en las carencias de desarrollo humano entre hombres y mujeres, estaríamos realmente reduciendo las brechas en esta materia, pero según el World Economic Forum, nos tomaría más de 100 años en hacerlo, de seguir como estamos actuando hasta ahora.
Por ello insistiría, con base en estas reformas que presento, en revisar a detalle el anexo transversal 13, denominado: erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, que destina cada año un presupuesto para acciones específicas de igualdad, y que según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no puede ser reducido sino más bien aumentado año con año.
En ese sentido van las adiciones que propongo a la Ley General de Desarrollo Social con el propósito de incorporar como objeto de esta ley, la promoción de la perspectiva de género y la visión de una economía más incluyente en el gasto público y en las políticas sociales, así como establecer el principio de la política de desarrollo social, la transversalidad.
Compañeras y compañeros legisladores, la desigualdad es el antónimo de inclusión. Mientras la desigualdad segrega, la inclusión incorpora. Por medio de la inclusión podríamos activar todas las herramientas económicas existentes para beneficiar a la sociedad, especialmente a quienes menos tienen o están más excluidos.
Y finalizo con esto, como servidores públicos nuestra prioridad es servir. Pero servir con efectividad y apostarle a la inclusión es apostarle con efectividad a México. Es cuanto, señora presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La diputada Graciela Zavaleta Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, no es un menor el tema que expongo esta mañana ante este pleno, se trata de la sensible protección de los derechos de niños y niñas, de manera particular de los nacidos en centros de reclusión y de readaptación social, además de la atención de las madres reclusas, quienes no obstante su situación legal y jurídica, les deben ser preservados sus derechos fundamentales.
Al interior de los reclusorios y centros penitenciarios la situación debe de llamar nuestra atención. En mayo de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2017. Dicho diagnóstico arrojó datos sobre el respeto de los derechos humanos de los reclusos e internos, y se hizo énfasis especial en la situación de madres privadas de su libertad cuyos hijos han nacido en reclusión, o viven junto a ellas mientras están en procesos o se encuentran purgando una sentencia.
Las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativas al número de madres e hijos que viven en los diversos centros de readaptación, señalan que un total de 60 centros de reinserción y readaptación albergan menores de edad que viven con sus madres.
En 2017, al menos 417 reclusas mantienen a 454 niños o niñas en los centros de reinserción social donde cumplen sus condenas.
Un ejemplo es en el estado de Oaxaca, el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en el municipio de Tlacolula, en el 2017 estaban siete madres internas y junto a ellas ocho menores. ¿Cuáles son los riesgos para los menores hijos de las madres internas?
En el 2016, en el Informe Especial de la Comisión de Derechos Humanos, determinó que de antemano las mujeres sufren maltrato, deficiencias materiales en los centros de readaptación, desigualdad, deficiencias en la alimentación, además de saturación y hacinamiento, que perjudican a la maternidad. Conforme a los criterios internacionales, eso no es propicio para el desarrollo de los menores.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y convenios internacionales garantizan que la maternidad e infancia gozarán de cuidados y asistencias especiales a través de políticas públicas que incidan en su desarrollo integral. No debe separarse a los hijos de sus madres y deben otorgarse las máximas condiciones de seguridad en orden de interés superior de la niñez.
Esta iniciativa con proyecto de decreto que expongo y para la cual solicito el respaldo de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, pretende reformas y adiciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, como son las siguientes:
Primero. Que niñas y niños de madres en centros de readaptación gocen de instalaciones con condiciones mínimas en su desarrollo integral, en áreas exclusivas dignas y en un ambiente seguro.
Segundo. Garantizar su protección psicológica y emocional, además de la atención de médicos pediatras.
Tercero. Establecer la obligación de la Conferencia del Sistema Nacional Penitenciario, para dictar un protocolo específico de reacción, en caso de emergencias y motines, especializados para garantizar la seguridad de los menores.
Honorable asamblea, tengo la convicción de que este conjunto de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal redundará en el fortalecimiento de los derechos de las madres y sus hijos, respaldemos y fortalezcamos estos derechos. A todas las niñas y niños todos los derechos. Es cuanto, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Zavaleta Sánchez. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Elisa González Estrada, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Martha Elisa González Estrada: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, señores legisladores y legisladoras. Hoy vengo a esta máxima tribuna a retomar un tema muy importante para nuestro medio ambiente.
En el PAN estamos comprometidos a respetar los tratados y convenios internacionales para la protección del medio ambiente, a través de la presentación de iniciativas que den las herramientas jurídicas para poder llevarlo a cabo.
La iniciativa que hoy presento tiene como propósito que en el texto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se prohíba expresamente la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas, como única forma de evitar este tipo de casos y otras más que se siguen aprobando en franca violación al derecho humano a un ambiente sano.
México, como firmante de la Convención de la Diversidad Biológica, está obligado a dar cumplimiento a los objetivos principales de este acuerdo. Actualmente en nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se definen las áreas naturales protegidas como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente ley.
Según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, contamos con 182 áreas naturales de carácter federal, divididas en reservas de la biósfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios que en su conjunto equivalen a 12 por ciento de la superficie nacional terrestre y 2 por ciento de la marítima.
Ahora bien, la escasa obtención de oro a través de los métodos antiguos hace que en la actualidad su extracción se realice a través de la denominada minería a cielo abierto o a tajo abierto, la cual es una actividad de alto impacto económico, ecológico y social.
Para extraer la roca es necesario abrir inmensos boquetes o tajos en la tierra que permanecen, una vez acabado el proceso minero, como gigantescas heridas en la superficie del planeta, que quedarán ahí por miles y miles de años.
Lo grave es que la minería a cielo abierto es de grandes dimensiones, como igual de grandes y peligrosos son los residuos que genera. Como el retiro de la flora y fauna de los sitios donde se ubica el tajo. Las pilas de lixiviado, los depósitos de los lodos resultantes del proceso, etcétera, lo cual destruye los ecosistemas.
En resumen, los impactos ambientales de la minería a cielo abierto son la contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, remoción de la cubierta vegetal y de grandes cantidades de escombros contaminantes. Abatimiento de fuentes de agua, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, afectación a las actividades económicas locales y generación de entornos sociales de marginación y pobreza.
Sin duda, la minería a cielo abierto, usando constituyente tóxico es la actividad extractiva más nociva para el ambiente, lo cual no es compatible con los objetivos de creación de las áreas naturales protegidas.
Es por lo anterior expuesto y la gravedad de este tema que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 46. En las áreas naturales protegidas comprendidas en este artículo queda prohibido realizar obra y actividad de explotación minera, metalúrgica, cielo abierto y en los cuales se rebasen los límites máximos permisibles para los constituyentes tóxicos establecidos en las normas mexicanas correspondientes. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González Estrada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, esta propuesta busca modificar los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, pues consideramos que como esta ley hoy está relacionada en estos artículos, las mujeres se encuentran en desventaja frente a las condiciones de los hombres.
La legislación actual exige los mismos requisitos que deben cumplir ambos géneros, pero sus condiciones para lograr un empleo formal, mantenerlo, gozarlo, con prestaciones, son distintas.
Culturalmente, las mujeres son quienes abandonan más fácil sus empleos o toman trabajos que requieren jornadas más cortas para hacerse cargo de responsabilidades familiares. Esto ocasiona que tengan menos semanas de cotización respecto a los hombres, impidiendo así que gocen de las prestaciones que la ley ofrece, como una pensión.
Con esta propuesta buscamos disminuir el caso de las mujeres, la cotización de mil 259 a mil 145, equivalente a 2 años, cantidad que consideremos razonablemente conforme a su esperanza de vida de mujer.
Hoy la esperanza de vida de un hombre es de 73 años y la esperanza de vida de una mujer es de 78 años.
Esta iniciativa no es una propuesta feminista sino pensada desde las cifras oficiales que observamos en las mujeres mexicanas con las que publica el Inegi en su encuesta nacional de ocupación y empleo al señalar que cerca del 60 por ciento de estas mujeres se encuentran en el sector informal.
Es decir, la mujer presenta mayor dificultad al intentar introducirse al mercado formal, con un buen salario donde sean retribuidas de igual forma que los hombres. Dificultad así a alcanzar cotización respecto a las semanas necesarias para tener un retiro de cesantía de edad avanzada y vejez.
Compañeras y compañeros, si bien es cierto en muchos aspectos sí han alcanzado la paridad, aún vemos prácticas donde mujeres reciben salarios menores al de los hombres por el mismo trabajo donde los asesores prefieren otorgárselos a los hombres y donde los puestos de dirección también son para ellos.
Y así, además de estos, si le sumamos la idiosincrasia donde tradicionalmente las mujeres mexicanas han jugado un papel predominante dentro de sus familias donde se hacen cargo del cuidado de sus hijos y de las tareas del hogar aportando así el 77.2 por ciento del tiempo que le demanda el hogar al interior de sus familias, frente al 20.8 por ciento que dedican los hombres y que, claro, estas son actividades de ser no remunerables para la mujer, pero es igual para los hombres.
Es por esto que consideramos debemos ser sensibles ante la realidad de las trabajadoras mexicanas. Es notable la desigualdad existente entre hombres y mujeres, tanto en el sector laboral, como en el interior de sus hogares. Las trabajadoras con esta realidad difícilmente alcanzan la cotización de su cuenta individual para tener un digno retiro.
Invito a ustedes diputados y diputadas, a que se sumen a esta propuesta para una mejor calidad de vida de nuestras mujeres mexicanas y exhorto a la presidenta María del Carmen Benítez, a que se sume a esta propuesta –presidenta de Seguridad Social– y me apoye a dictaminar a favor el artículo 154 y 162. Es cuanto, diputada presidenta, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villalvazo Amaya. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley Agraria.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Con su venia, diputada presidenta. Distinguidas y distinguidos compañeros legisladores. Me permito en este acto y ante esta máxima tribuna de la nación, y en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena y de acuerdo a la experiencia que su servidor ha adquirido en materia agraria, presento la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 y 18 de la Ley Agraria.
Las comunidades y sociedades agrícolas productoras que viven en el campo y que luchan día a día para sobrevivir, las cuales históricamente han sido olvidadas significativamente, es por ello que se han visto severamente afectadas en su economía, en su desarrollo y bienestar social, por lo que requieren del fortalecimiento de certeza jurídica en la defensa de la posesión, aprovechamiento, uso, goce y disfrute de los bienes de sus propiedades, sin embargo, el campo mexicano y sus propietarios se han visto afectados derivado de la limitación existente en la sucesión de los derechos de su patrimonio.
No omito comentar que el día de hoy se establece en la Ley Agraria que los derechos sobre la parcela en su calidad de ejidatario, sólo bastará que el ejidatario simplemente formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de la preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, y se reconozca ante el Registro Agrario Nacional, o bien que se encuentre formalizada ante fedatario público.
Para el caso de que el propietario no cuente con esta designación de sucesores ante el Registro Agrario Nacional, o bien cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda recibir el beneficio de la propiedad por la imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
Primero. Al cónyuge.
Segundo. A la concubina o concubinario.
Tercero. A uno de los hijos del ejidatario.
Cuarto. A uno de sus ascendientes, y
Quinto. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.
Esta iniciativa pretende asegurar y perfeccionar en la Ley Agraria la preferencia en la herencia de los terrenos, incluyendo a los ascendientes, a uno de los colaterales hasta el segundo grado, siendo estos, por ejemplo, los hermanos, nietos y abuelos.
Cabe mencionar que con esta reforma a la Ley Agraria, dará paso al perfeccionamiento en la protección de los bienes de las comunidades ejidales y del campo mexicano de nuestro país.
Generará condiciones suficientes de arraigo y fortalecimiento en su patrimonio, economía y, desde luego, también en la producción agropecuaria que tanta falta le hace al campo mexicano, y que desde esta visión hemos detectado y promoveremos la protección de las personas que trabajan en la base fundamental de la economía de este país, esto es, la producción agroalimentaria que nos proporcionan los campesinos.
Es por ello que considero fundamentalmente lograr en todo momento su protección y salvaguardar sus derechos fundamentales.
Ha llegado el momento en esta LXIV Legislatura, de generar políticas públicas reales para el beneficio del campo y de nuestra sociedad. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ambrosio Gachuz. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia alimentaria, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el comité de parlamento abierto.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Con su venia, diputada presidenta. En efecto, vengo hoy a esta tribuna y quisiera pedirles un poco de atención a los diputados, porque me parece que es un tema de interés para todos, y vengo a esta tribuna, como les decía, a presentar una modificación a la Ley Orgánica del Congreso para la constitución del comité de Parlamento abierto.
La transparencia y el derecho a la información es una forma de romper la opacidad y el silencio. El derecho a la información es en el fondo el derecho a la verdad, que es un elemento esencial para lograr la pacificación del país, y también para lograr que la ciudadanía tome decisiones, mejores decisiones y ejerza la crítica con argumentos.
Es notorio el desencanto de la ciudadanía hacia quienes gobiernan a los diputados, a la clase política, a los sindicatos, y hay que decirlo con toda claridad, hemos llegado al punto de que hemos perdido relevancia en muchas de las definiciones de las agendas públicas.
Esto se debe, evidentemente, pues a muchas de las cosas que vivimos cotidianamente como es el tema de la impunidad y la corrupción y los errores que se generan cotidianamente por los diferentes órganos de la vida pública.
Pero también no debemos obviar que también se debe a la masificación de los dispositivos digitales a las redes que han permitido la irrupción de personas a la vida pública.
Hoy todos tienen algo qué decir. Hoy todos tienen algo que escuchar. Hoy el ciudadano tiene la capacidad de hacerse oír y de incidir en la agenda pública.
La ciudadanía ha dejado la pasividad ante los contenidos y se ha convertido en protagonista de esos contenidos. La irrupción de la ciudadanía en la vida pública ha incidido en la conformación de los derechos de tercera generación como es la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Hemos avanzado desde 1977, cuando se estableció en el artículo 6o., el derecho a la información, hasta la construcción del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, desde mi punto de vista es insuficiente la transparencia y el derecho a la información si no se obliga a la autoridad y a esta Cámara a proveer de manera proactiva a los ciudadanos de información importante para la vida pública y sus derechos, y no solo dejar esa responsabilidad en manos de los ciudadanos interesados.
Estoy hablando de la transparencia proactiva. Necesitamos ir más allá a generar un diálogo permanente entre la sociedad y el Parlamento que, facilitado por la tecnología de la información, influya en la toma de decisiones en esta Cámara.
Parlamento abierto es un punto de encuentro entre la democracia representativa y la democracia participativa. Para lograr ese acercamiento empatía con la ciudadanía o sociedad civil organizada, propongo la constitución de un comité de Parlamento abierto que garantice el derecho a la información, la participación ciudadana, la información parlamentaria, información presupuestal y administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos, audiencias públicas, foros y debates virtuales con la sociedad civil y expertos, con el apoyo del Canal del Congreso y para todo ello se propone reformar el numeral cuarto del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que estoy proponiendo y creo que es muy importante, es que inauguremos una nueva relación con los ciudadanos, que rompamos las barreras en nuestro diálogo, en nuestro acercamiento, en nuestra relación con los ciudadanos, que generemos una nueva relación.
Aquí necesitamos no solamente que los ciudadanos nos acompañen en las iniciativas que estamos impulsando, sino que nosotros podamos generar un acervo y también asumir muchas de las propuestas que hoy tienen los ciudadanos, para convertirse en iniciativas y en políticas públicas.
Eso es justamente parte de lo que estamos proponiendo, que tengamos una relación cercana, empática con los ciudadanos y podamos mejorar el posicionamiento y la relación que está deteriorada...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Sí... entre ciudadanos y este Parlamento. Muchísimas gracias y espero, deseo que todos podamos apoyar la constitución de este comité de parlamento abierto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villavicencio. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
La diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade: Ser maestro es llevar en las manos una antorcha de luz encendida. Luz Valle.
Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas y diputados, en la cuna de la civilización humanística, Grecia fue tierra avalada de maestros. Es ahí donde surge la preocupación por formar al ser humano con pilares formativos, como si fuese una obra de arte. La figura del maestro adquirió relevancia en la antigüedad, principalmente en el terreno educativo, en la formación espiritual y moral de la niñez y la juventud.
Entre los griegos la educación no era concebible sin la presencia venerable del sabio maestro, máximo guía y conductor de la sociedad. Por esta razón, tanto la cultura griega como la romana se sustentan en la acción educativa de los grandes maestros que con el tiempo lo serían de la humanidad. Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles.
El maestro sabe que está en juego el futuro de una vida y eso entraña una gran responsabilidad ética, moral, política y humana. La labor educativa que realizan los maestros es importante. Es importante en virtud de su misión, cultivan con asiduo cuidado las facultades intelectuales de sus alumnos, desarrollan la capacidad del recto juicio, promueven el sentido de los valores, preparan para la vida profesional, fomentan el trato amistoso entre las personas sin importar su condición, contribuyendo así a la comprensión mutua para acrecentar las herencias intelectuales, espirituales y físicas.
En la historia de México, los primeros indicios de un sistema educativo vinieron de la mano de la civilización azteca. Ellos tenían dos tipos de instituciones educativas, el calmécac y el cuicacalli. La civilización maya también tenía su sistema educativo, pero educaban solamente a las clases sociales más altas.
Los españoles y criollos tenían una educación más especializada, los peninsulares venían a México ya preparados en España, mientras los criollos usualmente eran educados dentro de su misma región.
Las niñas y niños mestizos o de clases sociales menos favorecidas no estudiaban, lo que ocasionó que toda la región mexicana proindependentista tuviese un alto nivel de analfabetismo.
Con México ya independiente, Gómez Farías y Lucas Alamán son considerados los padres de la educación pública del país. El gobierno se convirtió en el principal responsable de la educación mexicana.
Por iniciativa de dos aspirantes a diputados, el coronel Benito Ramírez García y el doctor Enrique Viesca Lobatón, y siendo presidente de la República Venustiano Carranza, se aprueba el 27 de septiembre de 1917 la proclamación del Día del Maestro. La festividad se celebró por primera vez en México el 15 de mayo de 1918.
Al surgir la Secretaría de Educación Pública, la educación recibió un impulso significativo con la mejora de la calidad de los maestros. En la historia de México, el maestro es el gran creador de la identidad nacional.
Son los maestros quienes imparten la primera lección cívica a los niños mexicanos al inculcarles el respeto y amor por los símbolos patrios, la entonación respetuosa del himno nacional y también la formación como futuros ciudadanos.
Son los maestros quienes van formando el capital humano con el que se desarrolla el país. Son ellos los que logran despertar y encausar los ánimos y voluntades que nos distinguen como nación.
Cada mañana de lunes durante el año escolar en casi la totalidad de las escuelas de educación básica de nuestra nación se iza nuestro lábaro patrio y se entona el himno nacional. Son los maestros los responsables de esta gran formación patriótica.
El reconocer con la bandera izada a toda hasta el Día del Maestro, es una valoración justa del desempeño mostrado por millones de mexicanos por hacer de nuestro país un lugar digno, con una mejor vida para todos.
Que el maestro sea reconocido como un formador nacional es necesario y justo, puesto que no existe institución de mayor trascendencia que la escuela y sus maestros.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade: –Termino, presidente–. Por estas razones, es necesario que el maestro ocupe el lugar de la identidad nacional, como lo tiene la Marina y nuestro Ejército, porque con su trabajo es también defensor de la soberanía y de la patria. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Justino Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: La propuesta que hoy someto a consideración de esta soberanía tiene como propósito eliminar las restricciones o condiciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental a las personas morales privadas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general o algún aspecto relacionado y que limita la tutela efectiva de su interés legítimo para interponer acciones judiciales por responsabilidad ambiental y exigir la reparación del daño correspondiente.
Esta ley fue publicada el 7 de junio de 2013 y es reglamentaria del artículo 4o. constitucional. Su objeto es precisamente regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al medio ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños.
Con ese fin, los artículos 27 y 28 establecen un listado de sujetos legitimados para demandar la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados, entre ellos, las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al medio ambiente en general o de alguno de sus elementos.
La problemática, amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados, estriba en que el citado artículo 28 prevé, en su segundo párrafo, que dichas personas morales deberán acreditar que fueron legalmente constituidas, por lo menos 3 años antes de la presentación de la demanda por daños ocasionados al medio ambiente.
Por consiguiente, si bien se les reconoce un interés legítimo para demandar, es claro que los requisitos que se les impone para accionar son evidentemente restrictivos al exigir una antigüedad de tres años.
Esta irregularidad ha sido apuntada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver juicios de amparo interpuestos por organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto es la protección del medio ambiente, pues precisamente por la naturaleza del interés legítimo que detentan es que no se pueden poner restricciones desproporcionadas, ya que estas desalientan e inhiben la promoción de demandas ambientales y condicionan injustificadamente el acceso que tenemos los seres humanos a este derecho fundamental, como lo es el derecho a gozar de un medio ambiente sano, mismo que también consagra el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
En este punto debe destacarse que la ley que se propone reformar tiene también como propósito cumplir con las obligaciones que asumió el Estado mexicano, al suscribir dicho tratado y en ese sentido debe establecer normas que permitan un acceso efectivo a la justicia, así como la participación activa de este tipo de personas morales privadas en los conflictos ambientales.
Por ello afirmo que es restrictivo e inconstitucional el requisito de que las organizaciones pro-ambientales deben acreditar una antigüedad mínima de tres años, pues precisamente eso limita su garantía de acceso a la justicia. Así lo ponen de relieve las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles en lo tocante a las llamadas acciones colectivas, que solo exigen como requisito el contar un solo año de antigüedad.
Asimismo, en la propuesta se destaca que, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la Cumbre de Río, el principio número 13 que forma parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano consiste en desarrollar la legislación y mecanismos jurídicos que permitan una efectiva reparación de los daños generados al medio ambiente y a las personas por la actividad industrial o del ser humano.
En mérito de lo anterior, se propone reformar el artículo 28 de esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de eliminar este requisito que condiciona y restringe la tutela del interés legítimo en materia ambiental, y en congruencia con ello se propone también la modificación del artículo 29 de la misma ley, que establece el plazo de 12 años para la prescripción de las acciones ambientales, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.
La modificación que se propone consiste en precisar que ese plazo se contabilizará a partir de que se causa el daño o de que se conocen sus efectos, pues comúnmente las acciones que dañan el medio ambiente son detectadas muchísimo tiempo después desde su ejecución, o bien, sus efectos no concluyen en un solo momento, sino que son de carácter continuado.
Lo anterior adquiere relevancia cuando los daños ocasionados al ambiente, como aquellos que se han producido en mi natal Salamanca, Guanajuato, en muchas ocasiones no son consecuencia de una sola acción, sino que son resultado de acciones constantes y sistemáticas.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Concluyo, señor presidente. Incluso, en ocasiones al principio son imperceptibles y solo después de muchos años se exteriorizan, como es el caso de los pasivos ambientales, de ahí que, siendo actos ilícitos de realización oculta, los sujetos infractores no pueden ni deben verse beneficiados con una interpretación restrictiva del plazo de prescripción. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la última semana de febrero de cada año, como la Semana Nacional de Salud Auditiva.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Gracias. Compañeras y compañeros diputados. La discapacidad auditiva representa una condición prevalente en la población, afecta alrededor de 466 millones de personas en todo el mundo, determinando distintos niveles de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud.
El origen de esta condición es diverso, conocer sus causas y los factores de riesgo asociados es primordial para el diagnóstico y tratamiento oportuno. De los afectados, 34 millones son niños, la pérdida de audición discapacitante se diagnostica cuando adultos que presentan pérdida auditiva de más de 40 decibeles en el oído de su mayor capacidad. Niños de cero a 14 años con pérdida auditiva de más de 30 decibeles en su oído de mayor capacidad.
En México existen entre ocho y 10 millones de personas con algún grado de sordera, según datos de la Secretaría de Salud. Al respecto, uno de cada tres, por cada mil nacidos son niños, presentan discapacidad auditiva y uno de cada mil padece sordera profunda de origen congénito que requieren implante coclear, es decir, de entre cuatro mil a seis mil niños por año pueden nacer o presentar este padecimiento.
En zonas rurales se estima que alrededor del 66 por ciento no recibe tratamiento. En edad escolar entre 30 y 50 niños por cada mil tienen sordera unilateral, por consiguiente, presentan mayor dificultad para localizar el sonido y tienen problemas para entender el lenguaje en ambientes ruidosos.
Por lo tanto, es la discapacidad más presente durante la primera infancia, etapa crítica, como ya lo hemos aquí platicado en distintas ocasiones en la adquisición del lenguaje oral. De ahí la importancia de su detección temprana, pues de lo contrario las intervenciones se complican no sólo en salud, sino también por supuesto en su entorno educativo.
El estudio de tamizaje auditivo para todo recién nacido permite, y ha logrado diagnosticar a los pacientes con algún grado de sordera, evitar una tardía integración en la sociedad y poder lograr un desarrollo integral para el infante.
Con el objetivo de promover la salud pública en el cuidado de la audición, se pretende implementar medidas con la inmunización, hábitos saludables para cuidar el oído, tratamientos eficaces de los trastornos agudos y crónicos del oído. De esta manera se logrará sensibilizar a las comunidades, los profesionales del sector sanitario, las instancias normativas, las asociaciones nacionales e internacionales, entre todos y entre todos.
Derivado de lo anterior y a propósito del Día Internacional del Implante Coclear, que es el 25 de febrero, el implante coclear es esta tecnología que permite revertir el sentido auditivo. Es una tecnología que permite albergarse en la coclea y esto permite que los niños a través de una condición interna y externa –de los cero a los cinco años– en un encendido puedan tener una condición distinta de sordera. El 25 de febrero es el Día Internacional del Implante Coclear, y el Día Mundial de la Audición es el 3 de marzo.
Por estos argumentos expuestos, someto a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto por el que se declara la última semana de febrero de cada año como la Semana Nacional de la Salud Auditiva, con el único propósito de unir esfuerzos entre las organizaciones de la sociedad civil, autoridades de salud federales y estatales para concientizar sobre los derechos en salud auditiva en México, teniendo la coyuntura de estas dos grandes fechas en donde ya se tiene la atención nacional e internacional.
Quisiera hacer mucho énfasis en esto. Es una de las pocas discapacidades cuyos efectos más graves se pueden evitar si se cumplen ciertas condiciones para ello, ya que durante el primer año de vida se concentra el periodo crítico de la formación auditiva, y esto va a permitir que sea determinante en su correcto desarrollo en su expresión, especialmente, insisto, para nuestros niños. Muchísimas gracias por su atención.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil: Gracias, con su venia. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. Las corridas de toros, según la Real Academia de la Lengua, se define como una fiesta que consiste en lidiar cierto número de toros en una plaza cerrada y por su parte lidiar es luchar contra el toro hasta darle muerte.
La tauromaquia es definida como la ciencia del toreo, toda ciencia, incluso, está estructurada con un conjunto de reglas, observaciones y maneras en que la corrida y la lidia de toros debe realizarse para cumplir su objetivo final. La muerte del animal.
El movimiento taurino expone que las corridas de toros son un deporte, pero decir que el toreo es un deporte de competencia igualitaria entre dos rivales, es completamente falso.
En las corridas de toros el animal es sujeto de maltrato y de sufrimiento, antes y durante la lidia para mermar sus defensas y controlar sus movimientos instintivos.
Es por lo anterior que esta cruel práctica no debe considerarse como un deporte. En un deporte se presupone la igualdad de circunstancias entre los competidores, de ahí que existan las categorías por sexo, por edad y por experiencia. En los toros no la hay.
Los taurinos también justifican su crueldad mencionando que el toro muere dignamente. Sin embargo la dignidad es un valor y una categoría construida por los humanos, pero en la tauromaquia es utilizada para describir desde la perspectiva del toro lo que la muerte simboliza para él.
Para un animal como el toro, el dolor es el dolor y la muerte es la muerte. No son dignas ni indignas. La muerte es el fin de su vida.
Para un toro de lidia la corrida es la muerte inminente, por lo que se diga o no, toro que pisa el ruedo termina en la sala de tortura y posterior la muerte.
Les pregunto: ¿Es digna una muerte lenta, dolorosa, torturante y asfixiante? Una muerte en la que un toro es obligado a someterse a las torturas de un equipo de sádicos, eso no es dignidad.
Por dar una cifra, cada año mueren injustificadamente e innecesariamente 250 mil toros en todo el mundo, producto de la fiesta brava permitida en todos los países taurinos. Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Perú, Portugal y México.
Particularmente en la Plaza de Toros de esta ciudad donde son asesinados aproximadamente 140 toros en la llamada: temporada grande.
Lamentablemente México carece de un marco jurídico integral que vele eficientemente por la protección de los animales, que se aplique cabalmente para salvaguardar su bienestar e integridad y que procure, consecuentemente, el respeto de estos animales.
Por lo anteriormente expuesto es que el día de hoy vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 87 Bis, 2, de la Ley General del Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente, la cual busca prohibir, torturar o matar a cualquier animal en espectáculos públicos o privados en arenas o plazas.
Si deseamos atajar la violencia en general, y en este caso específico contra los animales de cualquier especie, debemos de empezar a construir una sociedad basada en el respeto a la vida y a los demás.
Es tiempo de dejar atrás esta anticuada práctica, la cual se remonta a los sangrientos juegos romanos, y es momento de avanzar en una dirección más humanitaria.
En Encuentro Social nos preocupamos y ocupamos en defender y legislar en pro, y sin distinción alguna la vida de cualquier ser vivo. Otro México en el que la violencia no sea normalizada y vista como un espectáculo, tenemos que hacerlo nosotros, y a pesar de aquellas amenazas que he recibido en redes sociales por presentar esta iniciativa, yo voy a seguir luchando por los derechos de los animales. La calidad humana de una persona comienza desde el momento en que se sensibiliza ante el dolor de algún ser vivo.
Comencemos a cambiar al país y lucharé de aquí hasta las últimas consecuencias para que se dejen de violentar a los seres vivos. Es cuanto. Buen día.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Buen día. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Margarita García García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para simplificar la tramitación de la iniciativa ciudadana, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame oradora, un momento por favor. Diputada Manrique, ¿con qué objeto?
La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Presidente, para solicitar a la iniciante del turno anterior, la posibilidad de sumarme a su iniciativa. No hay fiesta en donde un ser sintiente es torturado y llevado a la muerte, mientras seres humanos supuestamente con inteligencia superior aplauden, me parece que vehementemente... Por lo tanto, solicito su autorización.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Bien, diputada. Si la diputada proponente no tiene inconveniente, que seguramente no lo tendrá así será. Adelante, con la oradora.
La diputada Margarita García García: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, la democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Enrique Múgica Herzog.
En mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. La iniciativa ciudadana fue considerada por muchos un importante avance en el camino de la construcción de una democracia participativa, en la que las y los ciudadanos tuvieran a la mano una herramienta que les permitiera participar de manera más directa en los asuntos públicos.
En este caso, desde el ámbito legislativo, sin embargo, habemos quienes a pesar de reconocer el avance que representa la introducción de la iniciativa ciudadana en nuestra legislación, también creemos que su regulación no es vanguardia ni facilita el uso de esta figura, sino que por el contrario, obstaculiza el ejercicio del derecho de las y los ciudadanos a presentar iniciativas.
El procedimiento de tramitación de la iniciativa ciudadana no incentiva la participación ciudadana, por el contrario, la inhibe, porque exige la recolección de firmas en una cantidad incluso más grande que la votación que muchos legisladores obtiene para acceder a su cargo.
En un contexto de inseguridad como el que prevalece en nuestro país, el Congreso le exige a las y los ciudadanos que presenten su credencial de elector a una persona desconocida para que esta tome sus datos, asegurándoles que lo hacen con el fin de presentar una iniciativa ciudadana.
La inhibe también porque la larga y complicada tramitación de la iniciativa desde la recolección de firmas, que puede tomar un tiempo considerable, hasta la determinación del Instituto Nacional Electoral, o incluso la resolución del Tribunal Electoral en caso de apelación, es en sí misma un inhibidor de uso de esa herramienta ciudadana.
Yo pregunto, ¿cuál es la lógica de imponer tantos requisitos que se convierten en obstáculos burocráticos, para que las y los ciudadanos presenten propuestas al Congreso? ¿Qué caso tiene solicitar más de 100 mil firmas para legislar sobre una propuesta ciudadana?
¿Por qué debería tener más valor una iniciativa firmada por más de 100 mil personas, que una excelente iniciativa firmada por 5 o por una persona? ¿Qué inconveniente tendría en el Congreso que reciba una iniciativa de un solo ciudadano y le dé el trámite legislativo correspondiente? Ninguno.
Por eso la iniciativa que hoy presentamos tiene el propósito de eliminar todos esos procedimientos y requisitos inútiles para la presentación y tramitación de iniciativas ciudadanas, haciéndolo mucho más sencillo y accesible para el ciudadano, incentivando así su participación activa en los asuntos públicos y potencializando a la vez la facultad soberana y fundamental del Congreso de la Unión de legislar, pues permitir a ambas Cámaras allegarse de propuestas legislativas valiosas provenientes del ámbito social, sin la obstaculización de un procedimiento burocrático, engorroso y poco expedito. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a la Comisión de Gobernación y Población, para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Angélica Zamudio Macias, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil.
La diputada Martha Angélica Zamudio Macias: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Martha Angélica Zamudio Macias: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En trabajos impulsados durante la anterior legislatura, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano logró la gestión de una serie de reformas a la Ley de Aviación Civil, que tenía por objetivo el definir de forma concreta los derechos de los usuarios de las líneas aéreas comerciales.
Gracias a esta reforma, el año pasado más de 45 millones de pasajeros pudieron viajar con protecciones legales de las que antes carecían. Entre sus nuevos derechos, los pasajeros descubrieron que podían ser compensados en caso de demoras, garantizados en el correcto manejo de su equipaje y respetados en las disposiciones de sus vuelos.
Esta nueva realidad, sin embargo, no se ha hecho presente en la forma que se esperaba. Las resistencias encontradas por parte de múltiples aerolíneas dan prueba de ello. Si bien en la ley de esos derechos no tienen condicionantes, muchas aerolíneas han encontrado lagunas legales que les permiten respetar la normatividad vigente sin acotarse a su verdadero sentido, tal es el caso que da origen a la presente iniciativa.
El artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil delinea de forma clara la lista de derechos que tienen los pasajeros desde el momento de la adquisición de su boleto. Entre estos derechos se encuentra la posibilidad de documentar equipaje a bordo del avión siempre y cuando este cumpla con las dimensiones estipuladas, siendo 25 kilogramos la medida estándar para aeronaves con capacidad superior a 20 pasajeros. Adicionalmente la ley garantiza que los pasajeros pueden abordar 2 piezas de equipaje de mano.
Sin embargo, en el presente, distintas aerolíneas han encontrado una forma de evitar ofrecer este servicio de forma obligatoria usando un modelo de tarifas dinámicas. El pasajero se ve obligado a pagar su derecho de equipaje cuando adquiere una tarifa de menor valor, en ocasiones teniendo que pagar montos superiores al costo de sus boletos. Para documentar equipaje sin costo adicional se debe de adquirir una tarifa más elevada, lo que orilla a muchos pasajeros a prescindir de este servicio.
Tomando esto en consideración propongo que se adicione un párrafo a la fracción IX del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en donde se mencione que el derecho a documentar no puede ser vulnerado a partir de un modelo de tarifas dinámicas, Esta adición permitirá a los órganos reguladores y a los propios pasajeros el exigir y hacer valer sus derechos sin distinción o barrera alguna.
Finalmente los invito, compañeras y compañeros diputados, a fortalecer nuestras leyes para poner fin a los abusos que sufren nuestros conciudadanos y demos pie a la construcción de una economía justa y equitativa para todos. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Trasportes para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. El paradigma tradicional de lo que significa familia hace alusión a un modelo único y privado, que se opone al paradigma actual que manifiesta la diversidad y las modificaciones del concepto y confirmación de familias y hogares desde una visión más pública.
La familia evoluciona, por ende nuestro derecho y marcos normativos deben adaptarse para integrar y reconocer las nuevas formas de convivencia familiar, teniendo como deber, desde el Poder Legislativo, el plasmar en los textos los derechos y obligaciones que estas tengan.
Frente a esta situación, entendiendo el dinamismo de las sociedades y los cambios y transformaciones que estas atraviesan, es importante adecuar nuestro marco normativo para reconocer la diversidad que existe para avanzar en la garantía y en el reconocimiento de una serie de derechos a grupos que aún no gozan de igualdad sustantiva en nuestros marcos jurídicos.
Entendiendo el concepto de familia como institución social y tomando como base sus finalidades, se puede reconocer a esta como una unidad social y compleja, no una simple reunión de unidades, de individualidades separadas o aisladas.
En este sentido, hablar de familia, en singular, no alcanza a dimensionar la conformación de las familias que existen.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, ha hecho una clasificación y refleja la pluralidad y diversidad de la composición familiar.
Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres define a la familia como una organización dinámica que se modifica según los cambios demográficos, sociales, económicos y culturales. En consecuencia, puede optar por diversas estructuras y formas de organización con el paso del tiempo.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado el estereotipo de familia, que la conceptualiza como la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, con hijas, hijos, ha evolucionado hasta reconocer la existencia de una gran diversidad de grupos de personas unidas por otro tipo de vínculo y efectos diferentes al matrimonio.
Por ejemplo, doña María Rodríguez es una persona de la tercera edad, de unos ochenta años en el estado de Guanajuato y que tiene a su cargo dos nietos que fueron abandonados por sus padres. Por el solo hecho de tener a cargo a estos nietos le han impedido, por no estar reconocida la figura de la familia, le han impedido el reconocimiento como tal y esto le ha impedido trámites legales.
Reconocer también situaciones importantes, como el cambio en los papeles sociales, políticos y económicos de las mujeres, por ejemplo, en este tenor el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que los roles de género, el retraso de la maternidad, el aumento de la cohabitación como inicio de la vida de la pareja y las uniones posteriores a la ruptura o divorcio, maternidades, paternidades sociales y biológicas, cambios económicos e incluso de tendencias sociales, generan ajustes y reacomodos en las estructuras familiares y en la concepción de la misma.
En México existen marcos que reconocen la existencia, derechos y obligaciones de las familias, como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, o la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ahora podemos modificar nuestra Carta Magna para lograr el reconocimiento de las familias para avanzar en sus derechos y evitar la discriminación.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 1, fracción I; 77 y 78 de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados decreto por el que se reforma el artículo 4o., párrafos primero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4o., fracción I. El varón y la mujer son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias, y todas las familias tienen derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Este Poder Legislativo exige y en nuestras manos está el que las familias mexicanas sean felices. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Compañeras diputadas, compañeros diputados. Las áreas verdes son fundamentales para garantizar a las personas el acceso a una mejor y mayor calidad de vida, especialmente aquellas que habitan en zonas urbanas.
No se debe olvidar que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades y que en este número seguirá una tendencia creciente. Los árboles, plantas y arbustos que conforman las áreas verdes, no solo embellecen el espacio, también producen importantes beneficios para la salud de las personas y juegan también un papel importante en el mantenimiento del equilibrio ecológico de las ciudades.
De acuerdo al subdirector general de la FAO, existe evidencia suficiente de que los árboles pueden mejorar la salud mental, así como reducir el estrés y la ansiedad de la vida urbana. Un estudio en la ciudad de Toronto, en Canadá, reveló que el mero hecho de tener 10 árboles más en una manzana mejora la percepción de la salud de sus habitantes.
El funcionario de la FAO también señala que a las ciudades con mayor tráfico, los árboles filtran los contaminantes nocivos y mitigan los efectos del cambio climático. Los árboles sirven igualmente como filtros de aire altamente eficientes al absorber el carbono dañino proveniente de los vehículos y de las industrias.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 88 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas están expuestos a niveles de contaminación del aire exterior superiores a lo establecido en las normas de la calidad de la propia organización.
En este sentido, los esfuerzos por incrementar y conservar los espacios verdes en las ciudades resultan muy valiosos, pues estos representan un recurso indispensable para mantener la salud pública en las zonas urbanas.
Por otra parte, los árboles reducen la contaminación acústica y contribuyen a la regulación térmica de las ciudades, pues son capaces de ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados.
Los beneficios ambientales que resultan de los espacios verdes son diversos, por ello la Organización Mundial de la Salud considera como una recomendación fundamental para una mejor calidad de vida urbana que las ciudades cuenten mínimamente con nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
A pesar de lo anterior, en casi todo el mundo se observa una reducción de la superficie de cobertura vegetal y también de las áreas verdes disponibles en las ciudades como consecuencia del crecimiento urbano, desordenado y de la falta de planeación y desarrollo sustentable.
En la actualidad buena parte de los municipios considerados urbanos en nuestro país no cuenta con el mínimo de áreas verdes recomendado por la OMS. Ejemplo de lo anterior son las tres principales ciudades de nuestro país: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
De acuerdo a un estudio de la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la capital de la República tiene 10 metros cuadrados por árbol por habitante, sin embargo las áreas verdes se encuentran mal distribuidas pues existen demarcaciones, algunas de ellas, las de mayor desigualdad poblacional, muy por debajo del promedio general. Es el caso de Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
En cuanto respecta a la zona metropolitana de Guadalajara, según investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, hay un promedio de tres metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
Por su parte en el municipio de Monterrey, según un estudio realizado en el 2013 por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se cuenta tan sólo con el 6.2 metros cuadrados de área verde por persona.
Es claro que el avance de la urbanización de nuestro país ha impactado en las condiciones del entorno en donde viven millones de personas. Por ello resulta...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: ...fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, ya que desempeñan funciones esenciales para la calidad de vida de los habitantes. En México deberán de promoverse...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Voy, presidente. Para garantizar que los centros de población cuenten con al menos nueve metros cuadrados de las áreas verdes por habitante, que es el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio climático y Recursos Naturales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Juan Martínez Flores: Con su permiso, diputado presidente. Estimadas y estimados compañeros, la importancia de una infraestructura carretera en nuestro país es fundamental en el crecimiento económico de todos los sectores, a ser un país en el que el comercio forma parte relevante de la economía, las carreteras juegan un papel importante.
La movilidad entre ciudades es una necesidad de todos los días. Muchas personas trabajan en una población diferente de donde habitan. De igual manera hay quienes estudian en una ciudad diferente de donde residen. Un efecto equivalente ocurre en el caso de las urbes donde un gran número de personas residen y que durante los fines de semana o en periodos vacacionales regresan a sus lugares de origen o se desplazan a sitios turísticos.
La inversión del sector privado en la construcción e infraestructura carretera, ha favorecido a tener más caminos. En los últimos años se ha incrementado la participación de los particulares en la construcción, operación, mantenimiento y explotación de la red vial.
De igual manera, la misión de Capufe es la de prestar servicios carreteros integrales de calidad, asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad, rapidez y economía de manera eficiente, competitiva y sustentable.
De acuerdo a esta misión, la seguridad, la comodidad, la rapidez, la economía, deben ser compromisos fundamentales de las autopistas de cuota, pero el servicio por el que el usuario pago el peaje en más de una ocasión dista mucho de ser satisfactoria con respecto al beneficio que recibe.
Esta preocupación, en cuanto a la relación del costo del peaje y el beneficio al circular por los caminos de cuota, ha generado que compañeros legisladores de esta y anteriores legislaturas hayan presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, esto en virtud de la inseguridad y asaltos en tramos carreteros, el peaje se ha incrementado, sobre todo en el transporte de carga, ya que la delincuencia aprovecha los tramos en reparación para asaltar.
De igual forma, las labores de mantenimiento y reparación originan que exista una alta probabilidad de generar un accidente. En más de una ocasión por falta de señalización adecuada en dichos tramos, ocurren estos accidentes, las superficies de rodamiento en muchas ocasiones en estas carreteras y autopistas de cobro presentan un deterioro considerable, mismo que repercute en un mayor desgaste del vehículo.
De igual forma, todas estas reparaciones hacen que estos trayectos sean más largos y un mayor consumo de combustibles. Aunado a esto, los usuarios de esta de red de cuotas pagan tarifas muy altas, y constantes alzas de precio, lo que genera una gran inconformidad cuando se encuentran con tramos en reparación o en malas condiciones, o incluso largas filas en los pasos de casetas de cobro, por lo que el servicio no siempre es satisfactorio ni proporcional a la tarifa que se cobra.
Por lo anteriormente descrito, los problemas provocados por las reparaciones de las autopistas, el costo de peaje no puede seguir cobrándose al 100 por ciento, ya que el servicio no siempre es satisfactorio ni proporcional a la tarifa que se cobra. El peaje debe ser equitativo al servicio prestado, debemos de supeditar el pago del porcentaje del tramo en reparación, lograr una tarifa equitativa y proporcional a la calidad del estado de dicho camino.
Por lo anteriormente descrito, propongo a consideración de esta soberanía adicionar un párrafo al artículo al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Los caminos a cargo de Capufe, concesionados y estatales de cuota que se encuentren en tramos en reparación, mantenimiento o en malas condiciones u otro factor que propicie inseguridad, incomodidad al usuario, trayectos de tiempos mayores al promedio, desgaste del vehículo y mayor consumo de gasolina, la secretaría tendrá que reducir de manera proporcional a la afectación, el costo del peaje. Cuando supere el 50 por ciento del tramo afectado se suspenderá en su totalidad el cobro de dicho peaje.
En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos en el reclamo de la población usuaria del servicio de autopistas y puentes de cuotas que hacen todos los días. No podemos ser indiferentes ante esta situación, necesitamos más y mejores caminos, que exista una equidad entre la calidad del servicio y el pago del mismo. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor presidente. Estimados compañeras y compañeros diputados, México es un país de profundos contrastes, con una terrible desigualdad que lastima a las y los mexicanos y que es más visible en el aspecto de la igualdad entre mujeres y hombres.
En pleno siglo XXI encontramos islas de desigualdad que son perpetuadas por el olvido e institucionalizadas por el Estado, y que requieren intervención inmediata desde el ámbito legislativo.
Hoy me refiero particularmente a las condiciones en la que se ejerce en nuestro país el trabajo doméstico. En México hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar que no cuentan con los derechos laborales básicos ni seguridad social obligatoria. Realizan actividades que van desde la limpieza del hogar, preparación de alimento, cuidado de vivienda, limpieza de ropa, aseo personal de los habitantes del hogar, compra, trámites, pagos y organización de actividades del hogar, así como cuidado de personas dependientes.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el primer trimestre de 2017 había 2 millones 480 mil 466 personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, cifra que representa el 4.8 por ciento del total de personas ocupadas en México. De cada 100 personas ocupadas en esta actividad, 90 son mujeres. Destaca que en ocupaciones como empleadas domésticas, cuidadoras de personas, lavanderas, planchadoras y cocineras domésticas, la presencia de mujeres se incrementa a más de 93 mujeres de cada 100.
Los estudios en general dejan ver cómo el trabajo doméstico es indispensable para el desarrollo de la vida humana, al tiempo que la sobrecarga de este trabajo contribuye a limitar las oportunidades de desarrollo de las mujeres en diferentes ámbitos.
De la misma manera, se ha observado cómo el trabajo doméstico es fuente de desprestigio y discriminación, al considerarse socialmente como una actividad natural de las mujeres, de bajo valor y que no requiere ningún conocimiento especial para realizarse.
Internacionalmente se ha buscado el respeto de los derechos de las trabajadoras del hogar y de su acceso a las condiciones mínimas laborales, como seguridad social y jornadas de trabajo normadas. Por ello en 2011, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos número 189 y la recomendación que lo acompaña, la 201, a fin de contar con una herramienta para combatir las condiciones de discriminación de las que han sido objeto las trabajadoras del hogar. Sin embargo, México no ha ratificado este convenio.
A pesar de la importancia, el trabajo del hogar actualmente es desvalorado por múltiples razones culturales, de género y económicas, lo que lo ha constituido como un trabajo informal, incrementando el nivel de vulnerabilidad y desigualdad social en detrimento de las personas que lo realizan.
A pesar de las importantes contribuciones económicas y sociales de las trabajadoras del hogar en México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación documenta que muchas de ellas viven en explotación laboral, discriminación y violencia dentro del lugar de trabajo.
Según datos de la ENOE 2016, el 96 por ciento no tienen ningún tipo de contrato, la mayor parte no recibe nada más que el salario por su trabajo y el 75 por ciento gana menos de 2 salarios mínimos, menos del 25 por ciento recibe aguinaldo y menos del 10 por ciento vacaciones con goce de sueldo. El 97 por ciento no tiene acceso a atención médica por su actividad laboral y el 30 por ciento ha reportado no contar con tiempo de descanso durante su jornada.
La presente iniciativa que presento a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, el Centro de Apoyo para Empleadas del Hogar, la Conapred, la Asociación Nosotras y la Asociación Hogar Justo Hogar, tiene como objetivo básico, y en caso de ser aprobada, que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley, como vacaciones, como prima vacacional, como pago de días de descanso y acceso a la seguridad social y aguinaldo.
La aprobación de esta iniciativa no es una concesión graciosa, es un acto de justicia, un paso más en el camino a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Les pido, compañeras y compañeros, tomemos este tema como una bandera en favor de millones de mujeres que trabajan...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: ... sin las condiciones mínimas necesarias que cualquier trabajador disfruta en nuestro país. Es cuanto, presidente, muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Saludamos y damos la bienvenida a alumnos de la Universidad Azteca, plantel Chalco, invitados de la diputada Laura Barrera Fortoul. Sean bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidente, con su permiso.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 realizada por el INEGI, el 64 por ciento de la población de 18 años y más consideran la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, y más del 50 por ciento de la población desconfía de las corporaciones policiacas.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el encargado de verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, estados y Ciudad de México realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación.
Estas evaluaciones constituyen un instrumento para acreditar las cualidades de un servidor público, que debe reunir para el desempeño de la función policial. Por lo que resultan indispensables para seleccionar a los elementos que pertenecerán a las instituciones de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, hoy día no se cumple esta disposición y elementos que no han acreditado las pruebas de evaluación y control de confianza siguen laborando en las corporaciones policiacas, son cambiados de adscripción e incluso son contratados en otras corporaciones.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 10 por ciento de los policías en activo, a nivel nacional, no son confiables. No obstante, se encuentran laborando en corporaciones pertenecientes a los diferentes órdenes de gobierno. Aclaro que este 10 por ciento se concentra en unas cuantas entidades, lo que agrava el problema de ellas.
Para noviembre del 17 existían 35 mil elementos, de los cuales 30 mil correspondían a corporaciones estatales y municipales y 5 mil a fuerzas federales que, pese a no haber aprobado los exámenes de control y confianza, no fueron dados de baja y continúan laborando.
Por tal motivo, la presente iniciativa plantea reformar el artículo 74 de la ley de la materia, para asegurar que los servidores públicos de las instituciones policiales que no acrediten el control de confianza no puedan continuar prestando sus servicios, ni aun siendo cambiados de adscripción o a un área administrativa.
Además, establece que estarán impedidos para laborar en otras instituciones de seguridad pública o de protección civil.
De igual manera, se plantea agregar una fracción al artículo 139 de la ley en comento, con el propósito de sancionar como una conducta delictiva a quienes en el ejercicio de sus atribuciones se abstengan de dar de baja a quienes no hayan aprobado el control de confianza o faciliten el ingreso en las instituciones de que se trate. O a quienes no lo hayan aprobado en otra corporación policial y sean contratados.
La sanción que se propone es de 2 a 8 años de prisión y multa de hasta mil días de unidades.
Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa nos pondrá en el camino de recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales, y sobre todo, garantizar que quienes formen parte de ellas no se coludan con la delincuencia organizada y se apoderen de instituciones que están diseñadas para servir a las y los mexicanos. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado Evaristo Lenin Pérez, ¿con qué objeto?
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (desde la curul): De manera personal, para adherirme a esta iniciativa que plantea el diputado Rubén Moreira. El problema de este país está cifrado en la no certificación de las fuerzas policiacas. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Si el proponente así lo permite, así será.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.
La diputada Carmen Patricia Palma Olvera: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Carmen Patricia Palma Olvera: Compañeros diputados, ciudadanos que nos observan por el Canal del Congreso, la iniciativa que presento el día de hoy tiene un doble objetivo. Por una parte, que cuando se discuta el presupuesto y sea aprobado por esta Cámara, lo establecido en el mismo sea respetado y no se modifique a discrecionalidad, como se ha hecho hasta ahora.
Por otra parte, se pretende la defensa del presupuesto destinado a un tema fundamental para la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento del país, como es la educación.
No me queda duda de que el presupuesto en el ramo educativo, bien ejecutado, debe llevar a nuestro país por la senda del progreso, del desarrollo económico, del combate a las desigualdades, del respeto y ejercicio a la legalidad. En suma, al desarrollo del país.
Es a partir de la educación que se genera la respuesta a las necesidades sociales y económicas, así como también a las necesidades productivas. De ahí que el fortalecimiento del sistema educativo sea fundamental para las estrategias de desarrollo.
En el artículo 25 de la Ley General de Educación se establece que se debe otorgar un presupuesto del 8 por ciento del producto interno bruto a este sector y se insta al gobierno federal a dar recursos suficientes para sufragar los servicios educativos. Sin embargo, en la realidad ocurre que año con año el presupuesto otorgado por la Cámara de Diputados a este sector ha sufrido una disminución.
Aunado a lo anterior, en los últimos años el sector educativo ha sido objeto de ajustes adicionales que disminuyeron los recursos aprobados por la Cámara. En 2015 estos recursos adicionales fueron por 7 mil 800 millones de pesos, mientras que el 2016 se enfrentaron a dos recortes que sumaron más de 10 mil millones de pesos.
Más allá del cambio ético y moral que implica la próxima transición federal, es menester que esta Cámara garantice de todas las formas posibles que el presupuesto aprobado para la educación sea utilizado estrictamente para esos fines.
Si bien en el 2018 hubo un incremento de 9 mil millones de pesos, esta cantidad en términos reales no alcanza por lo menos a igualar el presupuesto de 2015. Es más, si comparamos el presupuesto aprobado por la Cámara, comparado con el 2018, vamos a observar que hay un déficit de 80 mil millones de pesos en el Ramo 11 de Educación.
Esta iniciativa propone que el presupuesto educativo no se someta a recorte cuando el porcentaje asignado sea menor a 8 por ciento. La intención es hacer del presupuesto público una herramienta del crecimiento del sector educativo, ya que este rubro constituye, por un lado, y pretende alcanzar las metas fijadas para la educación pública, y por otro lado, a que el Estado sea garante y responsable de administrar los recursos públicos.
Se debe reconocer que el sistema educativo se encuentra en una situación precaria, que hace necesaria la implementación de mecanismos que aseguren los medios para vigorizar una política educativa que permita abatir los rezagos y conduzca lograr la meta de obtener el 8 por ciento, que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Educación, se le debe de asignar.
Un adecuado gasto educativo se dirige a solucionar o atender condiciones de desigualdad, tanto para los grupos vulnerables, como para la población en situación de desventaja. Las disposiciones contenidas en la Constitución y la Ley General de Educación subrayan que el proceso educativo es uno de los motores principales para el desarrollo individual, social y económico del país.
Con esta iniciativa se pretende hacer del presupuesto público, una herramienta de crecimiento del sector educativo y hace énfasis en que el presupuesto otorgado a alcanzar las metas fijadas para este sector, sea garante y responsable de administrar los recursos públicos para promover este servicio como un derecho social con la ventaja de contribuir a mejorar la rendición de cuentas del gasto público.
La misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 58 que no se podrán realizar reducciones a programas presupuestales prioritarios, por ello es importante señalar que esta iniciativa busca garantizar la integridad en el ejercicio de los mínimos presupuestales establecidos por la ley.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente forma.
Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.
El monto anual que el Estado, federación a entidades y municipios deciden el gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto. De no alcanzarse el porcentaje indicado, el presupuesto educativo no podrá someterse a ajustes presupuestales. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Compañeras y compañeros diputados. La presente iniciativa tiene la finalidad de resolver un problema histórico que tiene que ver con condiciones de inequidad en el esfuerzo que realiza hoy la mujer mexicana desde el desempeño de su trabajo.
Actualmente la Ley Federal del Seguro Social pide como requisito que el varón compruebe la dependencia económica de la mujer para poder acceder a los beneficios que con tanto sacrificio la trabajadora pudo adquirir.
Es decir, cuando el hombre llega a la etapa de su pensión y fallece, la mujer puede acceder de manera directa a este beneficio. No así en el caso de la mujer, lo cual genera condiciones de inequidad y de discriminación.
Es necesario, en este caso, que el varón compruebe que depende o dependía económicamente de la mujer para poder acceder a los beneficios resultantes de la seguridad social adquirido por la trabajadora durante su vida laboral, requerimiento que no es necesario comprobar cuando los papeles se invierten.
Al pedir que se compruebe la dependencia económica, se está discriminando tanto a los beneficiarios como a la trabajadora.
Existe entonces una doble discriminación. Por una parte, se vulnera el derecho de la trabajadora que su familia disfrute de los beneficios adquiridos durante su vida productiva, derecho que sí es reconocido para el varón, y por otro lado discrimina al varón que únicamente puede verse beneficiado por el seguro de enfermedad y pensión de viudez, en el caso de haber dependido económicamente de la mujer.
Evidentemente esta ley se elaboró bajo un rol del trabajador masculino. Las mujeres fueron incorporadas a los derechos sociales en calidad de dependientes económicas, pero no con carácter de trabajadoras.
Hoy la realidad de nuestro país es otra. El porcentaje de familias mexicanas que reconocen como jefa del hogar a una mujer, ha incrementado considerablemente del 15 al 27 por ciento.
La antigua perspectiva de que la actividad de las mujeres se limita al quehacer del hogar y al cuidado de los hijos, y que económicamente dependiente de un hombre, ha quedado superada. Sin embargo, estas mujeres que se han ido incorporando al mercado laboral, lo han hecho en condiciones menos favorable respecto a las del género masculino.
La misma ley reconoce que este seguro constituye un mecanismo de orden público y de interés social, ideado para garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección a los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
Siendo así, en nuestra Constitución se prohíbe la discriminación claramente en el artículo 1o. constitucional. Y ahí es donde precisamente, compañeros legisladores, debemos modificar este artículo en la Ley del Seguro Social con el objeto de anular cualquier intento de menoscabar los derechos y libertades, y que no haya distinción entre el hombre y la mujer para beneficiarse de este derecho al que le corresponde.
Todo trabajador debe gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, entre otras cosas, las condiciones de existencia dignas para ellos y para su familia.
México ha celebrado diversos tratados internacionales que le obligan a establecer normas básicas de seguridad social y que protegen al trabajador y su familia. Es inaceptable que el propio Estado mexicano vulnere los derechos de los trabajadores y de su familia.
La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional el pedir como requisito que se compruebe dicha dependencia económica, pues viola las garantías de igualdad y de no discriminación. También la Conapred determinó que constituye un acto de discriminación por género, el hecho de que a los viudos se les exija de requisitos distintos a los de la mujer.
Cabe hacer mención, compañeras y compañeros diputados, que hace unos días fue aprobado en el pleno del Senado de la República una iniciativa precisamente que aborde este tema y que le da acceso a la seguridad social de servicios y prestaciones a los conyugues y concubinos del mismo sexo, lo cual aplaudimos y reconocemos.
Pero lamentablemente, nuevamente en esta reforma que se planteó en el Senado, se vuelve a colocar la condición de demostrar la dependencia económica por parte del varón.
Los elementos y los argumentos históricos han sido un factor presupuestal, lo cual debe de quedar atrás ante la evidente aportación de millones de mujeres que cotizan hoy al seguro social y que deben de tener un trato igualitario. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar en una sola intervención tres iniciativas:
Una con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General con Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Otra, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y una más, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Con su permiso, señor presidente. Por economía parlamentaria solicito se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates las siguientes iniciativas antes mencionadas.
Compañeras diputadas y diputados, los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, gracias a su experiencia indica que un sistema de integridad pública eficaz, integral y coherente es fundamental para realzar la integridad y prevenir y frenar la corrupción.
En particular las buenas prácticas indican la importancia de preciar responsabilidades institucionales en el sector público, al establecer prioridades claras, asegurar mandatos y capacidades adecuadas para cumplir con las responsabilidades asignadas y promover mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas secretarías, así como entre los niveles de gobierno federal y estatal.
El Sistema Nacional Anticorrupción intenta abordar los desafíos antes mencionados, reuniendo a los actores clave con el fin de alinear mejor las políticas y cooperar para una implementación más efectiva.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal y el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.
La Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador está respaldada por la Comisión Ejecutiva, la cual proporcionará soporte técnico continuo al Comité en el desarrollo e implementación de su plan de acción, así como en las actividades propias de su mandato, tales como la gestión del portal digital nacional que combinará datos claves sobre declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, sanciones, licitaciones e inconformidades.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción estipula que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana debe presidir el Comité Coordinador y el Consejo Directivo del Sistema, proporcionando tanto liderazgo como supervisión para la implantación.
Como tal, la sociedad civil está bien situada para aportar elementos y monitorear las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, los estados deben establecer sus respectivos sistemas locales anticorrupción, extendiendo así el alcance de las políticas anticorrupción hacia donde más se necesitan y ayudando a armonizar estándares en el sector público.
El estudio de la OCDE sobre la integridad en México 2017, emite recomendaciones de las cuales se desprende lo siguiente. Si bien la estructura de gobernanza del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo los sistemas locales anticorrupción, podrían mejorar sustancialmente la coordinación al interior del gobierno federal y entre niveles del gobierno, existe el riesgo de que sea un enfoque exclusivamente descendente y que por ello no logre un mayor convencimiento y una verdadera apropiación por parte de organizaciones individuales y funcionarios.
Gran parte del valor agregado del Sistema Nacional Anticorrupción consiste en reunir a los actores clave para alinear mejor las políticas y enfoques y cooperar en la implementación.
Sin embargo, existen otras áreas del sector público que podrían contribuir a las políticas de integridad y que no están formalmente incluidas en las disposiciones institucionales creadas por el sistema.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe hacer esfuerzos importantes para incluir a secretarías adicionales, tales como la Secretaría de Educación Pública, la Presidencia de la República y otras entidades, como el Servicio de Administración Tributaria, los comités de ética del Senado y de la Cámara de Diputados, así como el Instituto Nacional Electoral. Estos son actores clave que debe participar en el diseño e implementación de las políticas anticorrupción.
La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos constituye el primer instrumento jurídico internacional en este campo, que reconoce la trascendencia internacional del combate a la corrupción.
El tema del combate a la corrupción para el Grupo Parlamentario de Morena es uno de los ejes fundamentales que está en la agenda nacional y que es prioritario y de observancia inmediata para las y los que habitan y transitan en todo el territorio nacional.
Por eso es que se propone este paquete de iniciativas y diversas reformas y adiciones antes mencionadas. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias a usted, diputado. La primera iniciativa se turnará a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, al igual que la segunda de sus presentaciones, y esta última se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Hago notar a la oradora que el cronómetro de la tribuna tiene ahora una falla técnica, por lo que le rogaría, para el registro de su tiempo, observe el reloj que está al frente o el que está a su derecha, igual para los siguientes oradores. Adelante.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Buenas tardes, compañeros. Una verdadera transformación en nuestro país, por lo que respecta a nosotros como Poder Legislativo, debe empezar por nuestra casa.
No tendríamos legitimidad como Congreso de la Unión para legislar un cambio profundo a nuestras instituciones nacionales sin implementar uno radical en nuestro espacio, ejercicio y competencia.
Aun cuando constitucionalmente somos representantes de los mexicanos que han votado por nosotros, es verdaderamente complicado que los ciudadanos tengan acceso a la información certera de nuestra labor legislativa, situación que, como sabemos, nos aleja de una concepción adecuada de la tendencia de nuestras funciones.
La presente iniciativa tiene como propósito integrar una serie de modificaciones que se han propuesto por diputados de la presente legislatura, este complemento es el resultado de una serie de audiencias y aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, quienes con sentido crítico nos han proporcionado argumentos que sustentan sus propuestas.
Asimismo, se han considerado algunos aspectos también de la LXIII Legislatura, que se quedaron en iniciativas pendientes de dictamen, pero que son dignas de considerarse a partir de las correspondientes reflexiones que están planteadas en la exposición de motivos.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena se encuentra comprometido con este cambio necesario, con base en esto presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, en representación de diversos compañeros diputados de Morena y el apoyo de organizaciones no gubernamentales se propone, entre otras cuestiones, lo siguiente:
Se establece por primera vez en la historia que la actuación del Congreso de la Unión se regirá por los principios de parlamento abierto.
Se establecen facultades al presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, así como los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento de una mayoría electa en esta soberanía. Así como responsabilidades para emitir convocatorias a las organizaciones de la sociedad civil para participar en los procesos del parlamento abierto.
En diversas disposiciones se propone transparentar de manera absoluta todos los recursos económicos que se ejercen en esta Cámara, buscando que se dé uniformidad al procesamiento de datos y para que estos estén disponibles para la ciudadanía de manera sistemática y adecuada.
Se obliga a los órganos de gobierno como Junta de Coordinación Política y Comisiones Legislativas, a cumplir con los principios de parlamento abierto.
Se propone la creación de un comité de parlamento abierto en esta Cámara y una comisión en el Senado de la República.
Se imponen obligaciones de información presupuestal trimestral a los órganos administrativos de esta Cámara. Todas estas acciones van encaminadas a erradicar de fondo la opacidad en este órgano legislativo.
Entre otros cambios que en suma buscan que en el ámbito del Legislativo se apliquen de manera verdadera los principios de participación ciudadana, rendición de cuentas, información parlamentaria, presupuestal y administrativa. Datos abiertos, accesibilidad, difusión, austeridad y anticorrupción a una Ley Orgánica.
En esta propuesta y la que ya se ha presentado, encabezada por el diputado Muñoz Ledo, el Grupo Parlamentario de Morena, busca cambiar de fondo esta soberanía en pro de realizar nuestras funciones de manera cercana y transparente a la ciudadanía mexicana. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
Informo al orador anterior, al diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, que sus iniciativas se insertarán en texto íntegro en el Diario de los Debates.
Para cerrar el capítulo de iniciativas tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo. No estando en el salón de sesiones, pasamos al siguiente punto de la agenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha llegado a esta Mesa Directiva una proposición con punto de acuerdo de los órganos de gobierno. Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al combate eficaz en materia del delito de abigeato.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, presidenta.
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y al comisionado nacional de Seguridad, a que revisen la aplicación de los artículos 381 Ter (comete el delito de abigeato quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas), y el 381 Quáter del Código Penal Federal, y en la medida de sus atribuciones se implementen y fortalezcan las estrategias para prevenir y combatir con firmeza dicho delito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018. Firma, diputado Mario Martín Delgado Carrillo, presidente la Junta de Coordinación Política, e integrantes de la Junta de todos los demás partidos políticos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para fijar su postura, dar sus comentarios respecto de este acuerdo, tiene la palabra la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Es indudable que el país requiere conducirse bajo los principios de gobernanza en los que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas se sometan a las leyes, que se hagan cumplir por igual y se apliquen con independencia.
Necesitamos adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la ley. En este punto de acuerdo se resalta que la ganadería representa un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro país, se trata de una actividad histórica que ha sido el sustento de miles de familias mexicanas.
La ganadería es una actividad que le da origen a la nación mexicana y ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de las regiones de nuestro país. En estados como el mío, Zacatecas, la ganadería aporta 5 mil 700 millones de pesos al producto interno bruto estatal, producto del trabajo de más de 40 mil criadores.
Garantizar el Estado de derecho en la ganadería es indispensable sobre todo a los pequeños productores que al perder una vaca pierden el patrimonio de la familia, por eso, la justicia debe permear pronta y expedita.
Resulta crítico reducir la incidencia del robo de ganado para apoyar a un sector que contribuye de manera importante al producto interno bruto y, en consecuencia, de manera directa a la economía de las familias, muchas de ellas en condiciones de pobreza y bajo un esquema de autoconsumo en este país.
Es importante señalar que la prevención y persecución de los delitos debe darse, no solo en este tema, sino en todas las situaciones susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. Es indispensable que se reforme el Código Penal para aumentar las penas a las prácticas en esta actividad y que dañan el patrimonio de las y los ganaderos.
Es por lo anterior expuesto, que en el Partido Verde estamos a favor del presente exhorto y siempre estaremos a favor de hacer valer y garantizar el Estado de derecho.
Nos sumamos al respetuoso llamado a las autoridades competentes de todos los órganos de gobierno, a trabajar en coordinación para garantizar la aplicación del artículo 381 Ter del Código Penal Federal, a fin de combatir de manera eficaz el delito del abigeato. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del PRD.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: La ganadería es una importante actividad económica dentro del sector agropecuario y forestal de México, debido a que contribuye de manera muy importante a la oferta de productos cárnicos y leche, los cuales se consideran en el grupo de los productos básicos y estratégicos para la población.
Es necesario precisar que, dentro de la práctica ganadera en nuestro país, el sector más perjudicado siempre han sido los pequeños productores, quienes además de tener muy poco acceso o uno muy limitado a los programas de apoyo de la Sagarpa, son los que más resienten el delito del hurto de ganado.
Tan solo en el 2017 el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registro 5 mil 471 casos de robo de ganado a nivel nacional, y la lista está encabezada por los estados de Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua. Aunque las cifras del secretariado son una fuente para mostrar la gravedad de la situación, las agrupaciones ganaderas refieren que las denuncias no son el problema al que se enfrentan los ganaderos, pues aún persiste el miedo a denunciar los casos.
En el contexto previo de apoyos insuficientes y el deterioro manifiesto durante años de la rentabilidad y competitividad de la ganadería, diversas organizaciones del sector han manifestado su preocupación por el incremento del robo de ganado a pesar de la reforma que este Congreso de la Unión realizó o aprobó el año pasado para combatir este delito.
La reforma en referencia sin duda sentó un gran precedente para el sector ganadero de nuestro país, sin embargo, aún falta mucho por hacer. Es importante que haya una coordinación correcta entre los órdenes de gobierno para enfrentar de manera eficiente este flagelo y prevenir la comisión del mismo.
Los sectores vinculados con la producción ganadera tienen depositadas sus expectativas de progreso en el establecimiento del orden por parte de las autoridades. Este legítimo anhelo, compañeros y compañeras, es hoy también algo prioritario para nuestro grupo parlamentario del PRD, quien sin duda será un fuerte precursor de apoyar el crecimiento del sector ganadero en nuestro país.
En ese sector sabemos que es importante que tenga el apoyo de las instancias de los tres órdenes de gobierno. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, esperando que este exhorto no sea uno más, que sea tomado verdaderamente con la seriedad correspondiente a fin de erradicar de una vez por todas, este flagelo que afecta a muchos campesinos, que tiene tintes de convertirse en un fenómeno que puede salirse de las manos si no se atiende bien por parte de las autoridades y que sin duda puede llegar a los niveles como actualmente está el robo de los combustibles. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Ron Ramos, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Eduardo Ron Ramos: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para levantar la voz por los ganaderos de nuestro país, por los casi 7 millones de mexicanas y mexicanos que cada día se esfuerzan por desempeñar de la mejor manera sus labores y se enfrentan, desafortunadamente, a los robos constantes de su ganado.
La ganadería es una actividad primaria de gran importancia para nuestro país, por lo que no podemos ni debemos ignorar las condiciones en las que los ganaderos desarrollan su trabajo ni los retos a los que se enfrentan por la inseguridad que se vive en México.
Los crecientes casos de abigeato, delito a que se refiere al robo de ganado, motivaron para que el año pasado este fuera considerado en el Código Penal Federal y se impone una pena de hasta 10 años a quien cometa dicho delito.
Pese a este avance en materia legislativa, el problema ha seguido aumentando y ¿saben ustedes por qué ha aumentado? Por la terrible impunidad en la que vivimos en estos días en nuestro gran México.
Imagínense, esto es de dar risa, que, para sacar una guía de traslado para un animal, las autoridades actuales en algunos estados les complican la existencia, mientras que los delincuentes trasladan a los animales robados por todo el territorio nacional con plena impunidad.
De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública perteneciente a la Secretaría de Gobernación, los robos violentos de ganado aumentaron de 12 a 30 denuncias diarias, lo que significa 150 por ciento más que en el primer semestre del 2017.
Durante el primer semestre del 2018 los cinco estados con más robos de ganador fueron: Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Estas cifras son alarmantes y nos obligan a sumar esfuerzo para combatir de manera eficaz el delito de abigeato.
Es por ello, que el día de hoy presento a ente este pleno un punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a que den seguimiento puntual al artículo 381 del Código Penal Federal, a fin de que busquen las herramientas necesarias para perseguir y castigar a aquellos que roben el patrimonio de nuestros ganaderos.
Diputadas y diputados, nadie puede estar por encima de la ley ni tampoco podemos permitir que las leyes que aprobamos en este recinto, no se apliquen de manera efectiva. Es necesario que el titular del Ejecutivo federal, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de Seguridad, den una respuesta clara ante el problema.
La Comisión de Ganadería envía un mensaje claro a las autoridades, estemos vigilando a que se aplique la ley. No toleraremos más impunidad, y a nuestros ganaderos les decimos: estamos trabajando por ustedes y estaremos pendientes de la respuesta que den nuestras autoridades. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Leyes hay, lo que falta es justicia. Ernesto Mayo. Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somos conscientes del gran esfuerzo que implica para los ganaderos mexicanos el poder hacerse de animales de crianza. También sabemos que muchas familias dependen de la actividad ganadera. Reconocemos su trabajo y dedicación.
Por lo anterior, estamos totalmente de acuerdo en que se someta a revisión el artículo 381 Ter del Código Penal Federal. No podemos seguir permitiendo que los delincuentes encuentren impunidad. No podemos seguir admitiendo que el abigeato quede sin castigo, pero sobre todo no podemos ignorar a aquellos mexicanos que han visto afectado su patrimonio y su forma de vida como consecuencia de la delincuencia.
Las leyes están para su obligado cumplimiento y en consecuencia los diputados y diputadas de esta fracción parlamentaria le pedimos respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Procuraduría General de la República, y a la Comisión Nacional de Seguridad, que revisen exhaustivamente la aplicación del citado artículo.
No es posible que el delito de abigeato quede sin castigo, no podemos dejar en el desamparo a los cientos de familias que viven de la ganadería y sus derivados. Al revisar la correcta oportuna aplicación del artículo 381 Ter del Código Penal Federal, también estamos trabajando por el orden y la paz social que tanto necesita México.
Compañeras y compañeros diputados, no podemos ni debemos seguir observando con indiferencia cómo es que día tras día, y a lo largo y ancho del territorio nacional, se lleven a cabo delitos en contra de las personas en su patrimonio. No podemos seguir permitiendo que los delincuentes se salgan con la suya, tenemos que tomar acciones contundentes. Se tiene que aplicar el castigo correspondiente a aquellos que cometan el delito de abigeato, por lo que requerimos estar 100 por ciento a favor del punto de acuerdo que se somete a esta soberanía.
También pedimos que se revise y no se otorgue la facultad o el permiso para que asociaciones independientes ganaderas facturen ganado, ya que se comete un tema de complicidad. Personas que no tengan el sello correspondiente para estar emitiendo facturas.
También pedimos que los puntos de revisión en las autopistas que tienen que ver con el tema de fitosanitario cumplan con su deber.
Asimismo, no podemos permitir que los ganaderos, al ver que no hay justicia y al ver que el delincuente a los días salió de prisión, cometan justicia en propia mano. No podemos permitir que se pongan en riesgo su libertad o que se metan en un conflicto por el tema de que no se les haga justicia.
Lo anterior lo menciono por el tema de la región de Michoacán, también hay compra y venta de ganado, tianguis irregulares que traen ganado de otros estados con enfermedades y sin ningún filtro. Inspección Sanitaria los venden y esto provoca que en la región se contamine el ganado con enfermedades que no existían en el lugar. Sería cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Partido Encuentro Social, para fijar posición de su grupo, hasta por cinco minutos.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Hago uso de esta tribuna para referirme a la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y al comisionado nacional de seguridad, a que revisen la aplicación de los artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal, y a que en la medida de sus atribuciones implementen y fortalezcan las estrategias, a fin de combatir de manera eficaz el delito de abigeato, que nos propone la Junta de Coordinación Política, asunto que esta legislatura deberá de poner en su agenda como prioridad, ya que como afirma la Junta, el sector ganadero está constituido por aproximadamente 7 millones de hombres y mujeres que contribuyen con el 8 por ciento del producto interno bruto, que representa al sector primario.
Otro dato que nos debe ocupar es que en cinco entidades federativas se concentraron en el primer semestre de 2018 más de mil 181 denuncias de robo de ganado. Si esta tendencia se mantiene a finales del año, estaríamos rondando los 4 mil 724 casos en detrimento del sector ganadero del país.
Sabemos de los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, denominado Aretado, que tiene como finalidad asignar un número único de identificación a cada animal. Desgraciadamente esto no ha detenido al crimen organizado, quien ha incrementado su actividad en un 150 por ciento en el robo de ganado.
En Encuentro Social nos manifestamos por el respeto irrestricto del Estado de derecho. Sabemos que requerimos trabajar para que el abigeato sea considerado como un delito grave, ya que actualmente los delincuentes salen en 72 horas pagando una simple fianza.
Nuestra bancada está de acuerdo con la proposición y nos manifestamos porque las autoridades encargadas de perseguir este delito establezcan medidas que disminuyan la incidencia delictiva, como el uso de inteligencia, la implementación de operativos sorpresa, la comunicación constante y permanente con los afectados, el establecimiento de formas expeditas de denuncias, coordinación entre autoridades entre todos los niveles de gobierno para combatir este delito que afecta al sector ganadero de manera importante y detrimento de miles de familias que dependen de esta actividad.
Como lo hemos dicho en esta tribuna, la voluntad del Grupo Parlamentario de Encuentro Social se encuentra empeñada en resolver los problemas que afectan a nuestras familias y máxime si este asunto que proviene desde los inicios de nuestra humanidad y porque otro México es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputada. Están en este recinto estudiantes de derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por la diputada Martha Elisa González Estrada. Sean bienvenidos y bienvenidas. En el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Espinoza Eguia, del PRI.
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Compañeras y compañeros diputados, el delito de abigeato constituye un grave problema para el desarrollo económico de nuestro país porque atenta contra las actividades productivas más importantes y de autoconsumo de México.
La ganadería representa el 30 por ciento del producto interno bruto que se registra en el sector primario y constituye la fuente principal de sustento de alrededor de 7 millones de mexicanos.
Es por ello que el robo de ganado no solo afecta al productor, sino que también lesiona el desarrollo económico y la cadena productiva que se desprende de la crianza y la comercialización de esta importante actividad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a septiembre de 2018 se han registrado un total de 3 mil 599 denuncias por la comisión de dicho ilícito, el cual es más recurrente en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
De igual forma, también se observa que en 2018 el delito de robo de ganado ha crecido en un 8.2 por ciento con respecto a las cifras del 2017. Es claro que no podemos permitir este tipo de prácticas ilícitas que atentan contra la economía de las y los mexicanos. El fomento y la protección de las actividades agropecuarias debe ser una prioridad para todas las autoridades.
El Grupo Parlamentario del PRI consideramos sumamente importante atender el fenómeno del delito de robo de ganado, teniendo claro que el Código Penal Federal regula los delitos en esta materia.
Compañeras y compañeros legisladores, es responsabilidad de las autoridades investigar y perseguir el delito de abigeato. No obstante, debemos fomentar la actividad agropecuaria y promover acciones preventivas que permitan proteger la economía de los ganaderos.
El Grupo Parlamentario del PRI está de acuerdo en este punto de acuerdo, válgame la expresión. Sin embargo, debemos generar acciones del ámbito legislativo que permitan investigar y sancionar de manera contundente el delito de abigeato. El PRI a favor de los pequeños, medianos y grandes ganaderos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Ahora en el uso de la palabra el diputado Guadalupe Romo Romo, de Acción Nacional.
El diputado Guadalupe Romo Romo: Con su permiso, diputada presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Guadalupe Romo Romo: Compañeras y compañeros diputados, el robo de ganado o abigeato no es un problema nuevo. Ha sido un delito que ha acompañado al campo mexicano a lo largo de décadas y que ha ido en aumento en los últimos años.
A sabiendas de ello y con el compromiso que tiene el PAN con el sector agropecuario es que el año pasado impulsamos la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para tipificar este delito que afecta a muchos miles de ganaderos y productores.
Sin embargo, y con ello coincidimos con la propuesta de Movimiento Ciudadano, no se ha visto un compromiso serio por parte del Ejecutivo federal para frenar este problema. No podemos permitir que este delito siga creciendo y dañando a las familias mexicanas. Es necesario y urgente frenar el abigeato antes de que se cometan más abusos en contra de los ganaderos.
Como legisladores debemos hacer lo que esté en nuestras manos para evitar las grandes pérdidas económicas que ocasiona el robo de ganado. Debemos exigir a los tres órdenes de gobierno para que actúen en consecuencia y persigan de manera más frontal este delito.
Para los ganaderos significa una pérdida de muchos miles de pesos. Los precios del ganado oscilan entre los 15 y los 30 mil pesos por cada uno. La delincuencia organizada, la falta de empleo, entre otros problemas, han provocado que persista esta situación.
Compañeros, necesitamos poner fin a los altos índices de robo en los estados de nuestra República Mexicana. Los ganaderos de Chiapas, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas, solo por mencionar algunos, necesitan de nuestro apoyo.
Por ello, en el PAN votaremos a favor de este punto de acuerdo para que campesinos y ganaderos puedan sentirse más seguros. Para que se instrumenten los mecanismos que sean necesarios para que haya una mayor vigilancia y sanciones a quienes roben ganado. No podemos permitir que más personas sigan hurtando el ganado de gente honrada y trabajadora.
En el PAN estamos seguros de que con estas acciones contribuiremos de manera significativa a proteger la propiedad de las personas y a inhibir un problema que afecta el modo subsistencia de muchos mexicanos.
Me da gusto que los 500 diputados estemos atentos y estemos apoyando esta situación, porque al terminar con el abigeato estaremos también terminando con los rastros clandestinos. Porque es ahí donde amanece todo este ganado, ya en canal, para de ahí irse a las carnicerías. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene el uso de la palabra la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, de Morena.
La diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano: Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. El abigeato es el punto de acuerdo que se nos presenta, es un reflejo de uno de los principales problemas que aquejan a los mexicanos, la inseguridad. Inseguridad en todas sus modalidades, robos, asesinatos, violaciones, extorsiones, desapariciones. La lista no tiene fin y el robo de ganado no es la excepción.
Por ejemplo, durante este año la inseguridad se desató en el mercado de ganado, en estados como Tabasco, Puebla, Tamaulipas, Jalisco. Solo en Los Altos de Jalisco en el mes de mayo se robaron mil 300 cabezas de ganado ya para ir al mercado, robo con lujo de violencia ocurrido directamente en los corrales donde estaban confinados y se llevan hasta 100 animales cargados en una noche con un daño de aproximadamente 26 millones de pesos, según lo ha comunicado la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche y estamos hablando de delincuencia organizada.
En el estado de Jalisco se calcula que 3 mil cabezas de ganado han sido robadas en este tipo de despojos durante 2018. Los ganaderos de Jalisco han pedido la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para combatir el robo de ganado que afirman se ha vuelto, junto con el robo de hidrocarburos y la venta de drogas, en la nueva mina de oro de la delincuencia organizada.
Es indudable que el delito se ha modificado, antes el abigeato se generaba esporádicamente en los despoblados. Allá en el potrero se robaban algunos animales. Muchas veces algún animal lo destazaban, obviamente era para una birria, pero ahora los robos han sido, ni siquiera a deshoras de la noche, sino a plena luz del día. Llega gente armada, ocho, 10 o 12 personas con armas largas y levantan el ganado de las engordas, lo que antes no se veía, incluso de los establos lecheros.
A las mil 300 cabezas de Jalisco se suman más de mil de Puebla, Tamaulipas, Tabasco. Sólo los últimos meses información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, arrojó del periodo de enero a septiembre del año 2017, se tiene registrado 91 carpetas de investigación por casos por robo de ganado en Durango. Es importante hacer mención de que en cuatro municipios predomina el robo de ganado. Durango, Gómez Palacio, El Oro y Lerdo.
Además de ser víctimas de un hurto de su ganado, quienes se dedican a esta actividad pierden lo que invierten en alimento y los cuidados necesarios para que sus animales crezcan en buenas condiciones y puedan ser comercializados.
Según información de organizaciones ganaderas, este ilícito en varias regiones de la República Mexicana ha tenido un repunte de 50 por ciento. El abigeato debería de ser un delito federal.
Por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, el robo de ganado es un problema persistente, pues en lo que ha transcurrido del año se ha registrado el hurto de por lo menos 360 cabezas de ganado, situación que repercute a la economía de los ganaderos y representa la pérdida de hasta 5 millones 400 mil pesos En lo que va del año 2018 se tienen registradas 3 mil 599 denuncias por robo de ganado.
Según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año de 2018, Aguascalientes 260, Baja California 62, Baja California Sur 66, Campeche 21, Coahuila 63, Colima 40, Chiapas 77, Chihuahua 243.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ruego a la diputada concluir.
La diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano: Durango 101, Guanajuato 240, Guerrero 37, Hidalgo 100. Gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Para hechos ha solicitado la palabra el diputado José Ricardo Delsol Estrada, por un minuto desde su lugar, para el mismo tema.
El diputado José Ricardo Delsol Estrada (desde la curul): Sí, con la venia, señora presidenta. Hablar del abigeato es hablar de dos tipos, el ilegal y el institucional. El que no tiene permiso utiliza la noche, utiliza a muchos de ellos coludidos con autoridades locales y estatales, de los cuales el producto termina en rastros, engordas o carnicerías.
El que tiene permiso son esos grandes acaparadores, porque también estamos hablando de pérdidas millonarias que este grupo utiliza coludido con secretarías como Sagarpa, Senasica, uniones de ganaderos, comités estatales para por fomento y protección pecuaria.
Este modus operandi es una banda encargada de cambiar los estatus zoosanitarios en los estados para que los acaparadores o engordadores de ganado compren a bajo costo de hasta 10 pesos de su precio original, para así llevarlos con todo lujo a los estados fronterizos donde reciben jugosas ganancias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.
El diputado José Ricardo Delsol Estrada (desde la curul): Es por eso que pedimos a las autoridades que no nada más consideren como el abigeato el robo en pie. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Consulte la Secretaría en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se pregunta a la asamblea si consideran que el tema está suficientemente discutido. Los que se encuentren por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Los que se encuentren por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si el punto de acuerdo se aprueba.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se pregunta a la asamblea si este punto de acuerdo es de aprobarse. Diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Diputadas y diputado que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación).
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado, comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se transparenten los recursos recaudados por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas.
El diputado Erik Isaac Morales Elvira: Buenas tardes. Presidenta, gracias. Compañeras y compañeros, en el 2013 se gravó con el 8 por ciento a las bebidas azucaradas y altamente caloríficas.
Este dinero se prometió para resarcir el daño que provocan dichas bebidas y productos para bajar los índices de obesidad que provocan. Sin embargo, se han juntado por año 46 mil millones de pesos de este IEPS y la Organización Mundial de Salud dice que México tiene más del 50 por ciento de la población en sobrepeso, más del 30 por ciento de la población en obesidad. Y contrario a ello, después de que en el 2012 tuviéramos casi 8 mil millones en Conade, hoy solamente contamos, en este 2018 se aplicaron solamente 2 mil millones.
Tenemos una serie de problemas en el deporte, en la educación física, en la activación física, de los cuales no se han tomado en cuenta y necesitamos el apoyo. Tenemos falta del 60 por ciento de los maestros de educación física en las escuelas, tenemos falta de infraestructura y promotores deportivos en colonias.
Tenemos falta de infraestructura deportiva en las primarias, secundarias y preparatorias. En el alto rendimiento, en el 2019 vienen los Juegos Panamericanos, Parapanamericanos y clasificaciones a los Juegos Olímpicos del 2020, Tokio.
Hoy, después de que nuestro presidente electo, con sensibilidad y con ser un hombre de deporte, prometiera en la reciente visita del presidente del Comité Olímpico Internacional, que apostará 5 mil millones al deporte, aún siguen siendo insuficientes. Estamos muy emocionados por esta cantidad, pero sí necesitamos más el apoyo.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, para que
Primero. Se emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones se ejerza en forma adecuada y transparente los ingresos recaudados por el concepto de IEPS.
Segundo. Se emita un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que del ingreso obtenido por el cobro de impuestos por concepto IEPS, sea destinado en una cantidad proporcional al 50 por ciento de lo recaudado, a programas de promoción, prevención, detección, investigación, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas.
Tercero. Esta Cámara de Diputados emita un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que del ingreso obtenido por el cobro de impuestos por concepto de IEPS, sea destinado en una cantidad proporcional al 50 por ciento de lo recaudado, a la ejecución de una adecuada estrategia integral de fomento a la cultura física y deporte.
Ello debe de permitir resarcir los daños causados por la alta ingesta de productos antes mencionados, así como lograr que el deporte mexicano salga del estancamiento en el que se encuentra inmerso, por lo que será necesario que los recursos sean destinados adecuadamente a temas como infraestructura deportiva, deporte escolar y el fortalecimiento de organismos encargados de fomentar la cultura física y la práctica del deporte.
Porque como dice Codeme, la Confederación de Deporte Mexicano: Deporte, más cultura, más educación, es igual a seguridad. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Morales Elvira. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidente. Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con su permiso. Lamentablemente México es uno de los países líderes en obesidad, tanto en mujeres, hombres, adolescentes y niños. Se ha llegado incluso a decir que el país tiene una epidemia.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2016, el 73 por ciento de la población adulta en México padecía sobrepeso; 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada 3 niños.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se estima que de no tomar cartas en el asunto a través de la implementación de mejores políticas públicas, para el 2030 el 40 por ciento de los adultos mexicanos tendrán obesidad. Estas enfermedades representan 7 de las 10 primeras causas de muerte en el país, siendo las 2 más relevantes la diabetes y enfermedades del corazón.
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. A causa del ritmo de vida acelerado, en México y en el mundo se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos, que son ricos en grasas y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Esto debido a que son fáciles de obtener y, en ocasiones, hasta más accesibles económicamente hablando, que las opciones saludables.
En este sentido, es evidente que necesitamos una acción más vigorosa para enfrentar este problema, que está ya en unos niveles de impacto sobre el presupuesto, en el sector salud y otras causas de muerte.
Según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, el gasto del bolsillo de enfermedades crónicas puede condicionar a una familia a caer en pobreza. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, en el 2016 la prevalencia de diabetes diagnosticada fue equivalente a 6.7 millones de mexicanos, es decir 9 por ciento de la población.
Si una familia promedio tuviera que gastar 20 por ciento entre el tratamiento, su ingreso disponible caería a cerca de 101 mil pesos. Si una familia promedio tuviera que pagar el total del tratamiento, tendría que endeudarse o vender su patrimonio.
La prevención es una de las pocas formas efectivas para disminuir la demanda de los servicios de salud. Bien dicen que vale más prevenir que curar.
En nuestra bancada estamos de acuerdo en atender este problema que aqueja a todos los mexicanos y en destinar un porcentaje mayor de los ingresos públicos, para las construcciones de los fines planteados.
No obstante, debemos tener en cuenta que el IEPS desempeña un papel muy importante en las finanzas de nuestro país, ya que está integrado por 10 impuestos. Este impuesto en su totalidad, actualmente representa el 14 por ciento de los ingresos del gobierno federal, por lo que es importante considerar que el destino de estos impuestos queda establecido en la Ley del IEPS y en la Ley de Coordinación Fiscal, que forma parte de la miscelánea fiscal, misma que en próximas semanas estaremos discutiendo y aprobando en el Congreso, donde entonces tendremos la oportunidad de estudiar a fondo y decidir el destino de las recaudaciones, buscando lo mejor para el país. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Intervengo a favor del punto de acuerdo del diputado Morales Elvira, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda que se aplique la normatividad y se ejerzan de forma adecuada los ingresos por concepto del impuesto a los alimentos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas.
Tal parece que la industria le ha dado vuelta a las disposiciones de esta soberanía para preservar la salud de los mexicanos. Saben ustedes que este impuesto no es un objetivo en sí mismo, sino un medio eficaz, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, para inhibir el consumo de productos que son altamente nocivos para la salud y que tienen impacto en la productividad del trabajo, en el gasto en salud por las familias y, por supuesto, el gasto del gobierno en las diversas instituciones de salud.
Las acciones del Estado en esta materia deben ser múltiples e integrales, porque las empresas dedicadas a estos negocios son fuertes y casi todas monopólicas. Se trata de refresqueras, panificadoras, empresas dedicadas a la confitería y a la industria del dulce, pero que además son también monopólicas en infraestructura para la distribución, por ejemplo, agua potable que por cierto es ahora más cara que los mismos refrescos.
Estas industrias le han dado vuelta al intento de controlar su actividad para mejorar la salud de los mexicanos, por lo menos de tres maneras distintas:
Primero. Abaratan sus productos mediante el uso de insumos de menor calidad, así las harinas utilizadas en la panificación y en productos chatarra es de menor calidad. Saborizantes, colorantes sustituyen a productos naturales como el chile, la fruta, el chocolate, la vainilla y la azúcar de caña.
Las grasas artificiales y de origen vegetal se utilizan en lugar de leche para dulces, pasteles, quesos, yogur y bebidas. El gluten, como aditivo y espesante, es ya de uso generalizado, a pesar de su comprobado daño a la salud.
Somos líder mundial en obesidad y el impacto sobre las finanzas nacionales es creciente.
Segundo. Utilizan el argumento de que crecen y generan empleos para resistir cualquier método de control sobre sus actividades, pero también para revertirlas, como es el caso de la disminución de impuestos lograda por la industria refresquera en el 2015 y en el 2016.
Tercero. También han evadido restricciones a la publicidad. Sus objetivos son los niños a temprana edad. Han impedido que la etiqueta del producto señale claramente sus ingredientes.
Exigimos que, si un producto dice contar con fruta natural, este debe ser el porcentaje indispensable que elimine la necesidad de utilizar...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Antonio Ortega Martínez: ... colorantes y saborizantes.
Por eso consideramos no solo aprobar este punto de acuerdo sino solicitar a la Presidencia invite a las próximas autoridades, al subsecretario de Ingresos de la próxima administración, a que asista a una reunión a esta Cámara de Diputados. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ortega Martínez. Tiene la palabra la diputada Maiella Martha Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada Maiella Martha Gómez Maldonado: Con su permiso, presidenta. México sufre una epidemia de sobrepeso y obesidad que pone en riesgo su viabilidad como país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, 72.5 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad. Y 1 de cada 3 niños se encuentra en esta situación.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de la aprobación del presente punto de acuerdo, atendiendo que su contenido aborda soluciones a un problema de salud pública que menoscaba la salud de un porcentaje importante de la población y que además, ejerce presión a las finanzas de los mexicanos para su combate.
En plena coincidencia con los datos estadísticos y científicos incorporados por el proponente, es importante subrayar que el Estado mexicano tiene diversas obligaciones constitucionales e internacionales tendientes a respetar y garantizar el derecho humano a la salud de todos los ciudadanos.
Si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico reconoce las restricciones presupuestales, también lo es que se impone al gobierno mexicano obligaciones con efecto inmediato que deben garantizarse, como lo es el mantener un sistema transparente y eficaz de gestión para comprobar si los impuestos recaudados por concepto de impuesto sobre producción de servicios, a los alimentos básicos, no básicos, con alta densidad calórica y bebidas azucaradas se orienta realmente o no a los objetivos perseguidos constitucionalmente en materia de salud pública.
Es indispensable tener certeza sobre la adecuada gestión y ejercicio de los recursos destinados a inhibir y desalentar el consumo de bebidas endulzadas con azúcar, toda vez que a la fecha de hoy no existen datos estadísticos nacionales e internacionales que permitan concluir que los programas dirigidos al combate de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país han dado resultados positivos y sustanciales, lo que hace cuestionar si la administración presupuestal hoy existente es idónea para lograr un cambio positivo en este rubro de salud pública.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reitera su apoyo al presente exhorto, ya que indiscutiblemente contribuye a consolidar acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud en nuestro país. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Maldonado. Tiene la palabra la diputada Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
La diputada Lizeth Sánchez García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país desde hace varios años padece una epidemia muy grave de obesidad y diabetes. Y debemos ser sensibles en todo aquello que nos daña y daña a nuestra familia.
El tema de salud debe ser de suma relevancia e importancia para cada uno de nosotros. Debemos contribuir a tener mente sana y sobre todo al desarrollo de cada miembro de las familias. Debemos contribuir a que nuestros hijos no sean una estadística más y menos una estadística que con la suma de la voluntad podamos abatir.
La suma de los esfuerzos, más allá de las críticas, debe contribuir a la construcción de normativas que se vean reflejadas en beneficios para cada uno de nosotros. Debemos construir marcos normativos que se reflejen en el beneficio de nuestros hijos e hijas y la salud es un tema inaplazable.
La ingesta calórica conlleva muchos problemas que se van relacionando entre sí, estas enfermedades son un problema de las familias como los padecimientos cardiacos, de la vista, de la alimentación, diabetes gestacional y en muchos casos amputaciones de extremidades, entre otras complicaciones que surgen vinculadas a estos males.
En el Partido del Trabajo estamos conscientes de lo importante que resulta atender estos temas de manera urgente, de manera inmediata. En esta fracción queremos sumar esfuerzos para contribuir en la vida saludable de nuestras familias, es por ello que el impuesto especial sobre bienes y servicios establecido a los alimentos con alta densidad calórica y bebidas saborizadas busca contener el consumo de estos alimentos que tienen una alta propensión a causar sobrepeso y diabetes.
Así se plasma en el artículo 2o, numeral 1, inciso J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se establece una tasa de 8 por ciento a los alimentos con densidad calórica de 275 o mayor. Y en el mismo artículo, pero en los incisos F) y G) se establece una tasa de 25 por ciento o una cuota de 1.17 pesos por litro, dependiendo el caso a bebidas saborizadas. Ante ello, es necesario conocer la evolución de la recaudación relativa a estos rubros y saber si se ha aplicado lo establecido en la ley.
Por lo tanto, el punto de acuerdo que hoy se nos presenta nos parece oportuno y atendible, y en este sentido el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo comprometido con la salud de los mexicanos y con el buen uso y la transparencia de los recursos públicos apoyamos la propuesta presentada. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez García. Tiene la palabra, la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados. De conformidad con los datos arrojados por el informe panorama de salud en el 2017 presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se estima que el 16 por ciento de la población es afectada por el problema de diabetes.
Respecto a lo concerniente a la obesidad y sobrepeso, la tasa de México supera el 18.6 por ciento en la medida de los 34 países de la OCDE, la cual es del 53.9 por ciento. El estudio realizado por la OCDE destaca que México es de los países con peores hábitos alimenticios, mayor sobrepeso y obesidad en la región lo cual tiene como consecuencia que las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso representan siete de las 10 principales causas de muerte. Las dos más relevantes son diabetes y enfermedades del corazón, por lo que se considera que México tiene una epidemia de la obesidad.
De acuerdo a la OCDE se estima que para el 2030 el 40 por ciento de los adultos mexicanos tendrá obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.
Según la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad se debe a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas ocasionado por los factores siguientes.
Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, las nuevas formas y modos de transporte y la creciente urbanización.
Aunado a ello, México consideró la posibilidad de adoptar la estrategia mundial de la OMS sobre el régimen alimentario, actividad física y salud mediante una estrategia integral que no sólo tuviera su base en prevención y atención médica, sino que también sea posible incidir en los cambios de estilo de vida, la promoción de una alimentación correcta y la disminución del sedentarismo a través de acciones en diversos entornos como lo son familiar, el educativo, el laboral y el comunitario.
Por lo anterior, consideramos y apoyamos el presente exhorto a efecto de que se refuerce la aplicación de la normatividad regulatoria e invitamos a las autoridades correspondientes a que los ingresos recaudados por concepto del Impuesto Sobre Producción y Servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, se ejerza de forma adecuada, transparente y que se delimite su aplicación, beneficiarios e impacto, dando cuenta detallada de su ejercicio.
Compañeros y compañeras diputados, sin duda la cultura de la prevención en materia de salud nos obliga a apostarle a la inversión en actividad física y deporte, a fin de mejorar la calidad de vida, reducir índices de enfermedades crónico degenerativas y mejorar el rendimiento escolar y laboral, fomentar la integración social, entre muchos más beneficios.
A este tipo de recreación es a la que hay que apostarle, a la recreación en la actividad física, a la recreación en el deporte y a la recreación en hábitos saludables.
Debido a la problemática que se presenta, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social apoyará el presente punto de acuerdo en el compromiso ineludible que se tiene con la ciudadanía...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: ...de atender la problemática de salud. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Torre Díaz. Tiene el uso de la palabra la diputada Frinne Azuara Yarzabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Frinne Azuara Yarzabal: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la nutrición es uno de los pilares más importantes de la salud y el desarrollo de la sociedad.
Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta la población es el acceso a alimentos saludables, derivado de los acelerados cambios demográficos, sociales y económicos observados en años recientes.
Como resultado de esta transición han cambiado los estilos de vida y hábitos de alimentación. Ello se ha traducido en un crecimiento exponencial de las enfermedades vinculadas con sobrepeso y la obesidad, como son las cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis y ciertos tipos de cáncer tales como el de endometrio, mama y colon.
El consumo de bebidas azucaradas y con alto contenido calórico, puede evitarse, cambiando los hábitos alimenticios y con una cultura más saludable inculcada desde el hogar.
Sin embargo, los productores de esas también deben responsabilizarse en el tramo que les corresponde.
La obesidad se ha convertido en un verdadero problema de salud pública en México, y un aspecto clave para hacerle frente es evitar el consumo de este tipo de bebidas, particularmente entre los menores de edad, porque de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos.
Y, por otra parte, está claro que la distribución de lo recaudado por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, son recursos que se ejercen de forma transparente.
No son recursos con los que se queda el gobierno federal, son recursos que se distribuyen vía participaciones federales a estados y municipios, no por acuerdos políticos, sino por lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
Y sí, consideramos importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalle lo recaudado por este concepto en los informes que envía a esta Cámara de Diputados.
Compañeras y compañeros legisladores, durante la actual administración se han realizado importantes esfuerzos para combatir el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, reconocemos que los desafíos por atender son formidables.
En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en la necesidad de fortalecer la estrategia para combatir estas graves enfermedades a través de programas de promoción, prevención, detección, tratamiento y control.
De igual manera, estamos totalmente de acuerdo en que es indispensable la ejecución de una estrategia integral de fomento a la cultura física y deporte que contribuyan al objetivo fundamental de mejorar el bienestar y calidad de vida de las...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Frinne Azuara Yarzabal: ...de las familias mexicanas. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Azuara Yarzabal. Tiene la palabra la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, de forma repetitiva durante los últimos años venimos escuchando un bonito discurso con la preocupación constante sobre las cifras alarmantes de obesidad y su preocupante alza en nuestro país y en el mundo.
También escuchamos de forma repetitiva, que México ocupa el primer lugar en obesidad en adultos en el mundo, y un lamentable y doloroso primer lugar en obesidad infantil.
No repetiré cifras que acertadamente citó quienes ya me antecedieron en el uso de la voz, lo que el día de hoy quisiera puntualizar es qué estamos haciendo como país para que la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, entre otros padecimientos que hoy son catalogados como epidemia, tengan una real solución.
La Organización Mundial de la Salud cita como una de las causas fundamentales del sobrepeso y la obesidad un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas durante los últimos años. Los alimentos de alta densidad energética, es decir de forma muy simple, con muchas calorías en una pequeña porción, se ha aumentado de forma alarmante. Esto, aunado a la disminución de actividad física, nos da como un resultado dicho problema.
En 2014, como medida preventiva para combatir la obesidad se pensó que aumentar el impuesto a dichos alimentos generaría una baja en este consumo, y esto no sucedió. Como medida recaudatoria fue un éxito.
Por citar un ejemplo, solo en bebidas azucaradas el fisco obtuvo a través del IEPS a refrescos, 23 mil 348 millones de pesos, monto que superó en 2 mil 286 mil millones de pesos la estimación en el calendario de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por un lado, los centros de salud y demás institutos públicos, con el poco personal asignado a esta área no se da basto con acciones correctivas, ya que no solamente con pacientes con obesidad y diabetes que aún ya con el problema no se da tratamiento y seguimiento necesario, y por consecuencia ahora padecen insuficiencia renal crónica y otras complicaciones.
La respuesta constante ante este planteamiento siempre es no hay presupuesto. Mientras sigamos apostándole solamente a políticas correctivas no daremos soluciones reales. Si el ingreso obtenido por el cobro de impuestos por concepto de IEPS a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, se destina de forma real y transparente a programas de prevención, detección, investigación, tratamiento y control, y sobre todo combate a sobrepeso y obesidad, así como enfermedades crónico-degenerativas relativas, así también como una real estrategia de fomento para la cultura física y deporte, que permita prevenir y resarcir los daños por alta ingesta de dichos productos, se fortalecerá el objetivo principal...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: ... con el cual fue originalmente hecho. Por eso el PAN estamos a favor de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que sin duda uniendo esfuerzos le damos a los ciudadanos una real garantía de un verdadero acceso a la salud, con un enfoque preventivo, pero con los elementos necesarios correctivos, que esto asegurará definitivamente, para todos, un verdadero acceso a la salud, que es prioritario para todos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Romo Cuéllar. Tiene la palabra el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Con su venia, presidenta. Prevenir o reaccionar. Creo que siempre se han equivocado en incrementar impuestos, pero no en generar una política verdadera para que los impuestos vayan destinados a la prevención de la salud.
Celebro el punto de acuerdo que ha presentado nuestro diputado Erik Morales y celebro más que en este punto de acuerdo todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo.
Lo que tendríamos que hacer sería entonces vigilar que realmente lo que se recaude de estos impuestos se dirija a la prevención y a la generación de una cultura del deporte, que es lo que nos va a permitir que nuestras niñas y niños puedan llegar a una edad adulta con salud y no estar generando gastos adicionales ya en enfermedades, como bien lo señalaban los que aquí me antecedieron. Además, el deporte es parte fundamental de la formación integral del ser humano.
Por eso, así como en estos temas, debemos buscar nuestras coincidencias para lograr el bienestar de todas y todos los mexicanos. Por tal motivo estamos para apoyar este punto de acuerdo y ojalá que podamos lograr mayores coincidencias en beneficio de todas y todos los mexicanos. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Campos Equihua.
Para rectificar hechos, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. Tiene un minuto desde su curul. Sonido, por favor, a la curul del diputado Hidalgo Ponce.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Para sumarme a favor de este punto de acuerdo y sí plantear una exigencia porque este ha sido un discurso reiterado y en realidad los resultados que tenemos son muy pobres.
Tan solo me refiero al tema de la actividad física que cada vez hacemos menos los mexicanos ni siquiera tenemos un diagnóstico que evalúe cuánta actividad física hacemos los mexicanos por territorio, por edad, por género, por nivel socioeconómico que nos permita entonces desarrollar una verdadera actividad, verdadera política para incentivar la actividad física de los mexicanos.
Y recordar que en el proyecto alternativo de nación de López Obrador, del presidente electo, viene el Plan Nacional de Fomento a la Movilidad Activa y el uso de la bicicleta como una medida para estimular la actividad física como parte de la vida cotidiana. Es importante este punto de acuerdo para que se designen recursos para ello. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hidalgo. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este punto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido...
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, compañera secretaria. A ver, ¿con qué objeto, diputado? Diputado Riggs.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado, dígame el objeto de su...
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Sí, presidenta, con el objeto de apoyar el punto de acuerdo de nuestro compañero diputado Erik Morales y haciendo una precisión, pidiendo que ese recurso que ahora se exige, derivado del IEPS, sea destinado para alimentar a las niñas y niños de más escasos recursos de México, al menos el 30 por ciento de los estudiantes de nivel básico, porque no podemos estar pregonando, invitando a fomentar la actividad deportiva si es que las niñas y los niños se encuentran en desnutrición.
Ahora, el alimento básico que se provee en las escuelas pues es costoso, desde la elaboración y el traslado de los alimentos. Entonces, yo propongo que, a las niñas y a los niños, con este recurso, se les brinden productos que contengan menos de 20 gramos de azúcar y que contengan granos enteros y fruta seca y con esto nos vamos a cerciorar que las niñas y los niños no van a practicar alguna actividad deportiva con hambre. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Riggs. Solamente decirle que hubiese sido oportuno que se acercase al promovente y estoy segura que él hubiera aceptado, en ese momento oportuno, la adición de esta interesante propuesta de su parte. Continúe la Secretaría, por favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfredo Porras Domínguez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California Sur, en atención a la problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Alfredo Porras Domínguez: Con su anuencia, Presidencia. Y con la anuencia y mi gratitud a las compañeras y compañeros diputados del Partido del Trabajo, por haber hecho suya inmediatamente esta petición.
El 24 de diciembre de 1969, en Navidad, pasó ahí, en Ciudad Constitución el candidato a la Presidencia de México esa Navidad. Y lo recuerdo porque todos recibimos un regalo muy costoso de la zona fronteriza, unos carros para niños de marca Tonka, que aquí no se conocía ni se conoce. Por eso no olvidamos la fecha.
Y de ahí, una vez que pernoctó inició su camino por toda la península de Baja California hasta llegar a Ensenada. Palpó, vivió y constató del aislamiento de todos los pobladores de la península.
Producto de ello que en 1973 se inaugura la carretera transpeninsular, o la número uno, que inicia en Cabo San Lucas a San José del Cabo, Miraflores a Santiago, pasando por La Ribera, San Bartolo, San Antonio, El Triunfo, La Paz, El Cien, Las Pocitas, Santa Rita, Ciudad Constitución, Insurgentes, Loreto. Y posteriormente a Mulegé, Santa Rosalía, San Ignacio Vizcaíno y Guerrero Negro. Les he hecho el recorrido de esta carretera que mide de Guerrero a Vizcaíno 6.90 metros solamente.
Entonces, no se necesita ser líder o un diputado o un mago para entender y saber por qué existen tantos accidentes. Hace 45 años a ahora que se inauguró nuestra carretera y solo ha habido una ampliación de 70 kilómetros de La Paz a Constitución. Es decir, todos los presidentes de México subsecuentes y toda la aplicación solo han dado en promedio un kilómetro, un kilómetro con 540 metros.
Por eso estamos pidiendo a todos ustedes que se unan a un grito que en justicia los sudcalifornianos y a nombre de ellos vengo, que se llama justicia carretera para Baja California Sur. No es posible que tengamos la misma carretera.
Me da mucho gusto, y aquí lo comentamos, que todos ustedes tengan conectividad, que tengan autopistas. Una compañera, Mary Carmen dice: “Voy a mi pueblo y voy a tomar cuatro autopistas”. Yo no podría hacerlo, solo la misma carretera.
Por eso estamos pidiendo construir tramos de norte a sur o de sur a norte para efecto de iniciar con el acuerdo una ampliación, si no podemos más, de un metro por carril, para efecto de tener acotamiento y seguridad en la carretera.
De igual manera, se encuentra un punto que queda aislado siempre cuando hay lluvias y es la reserva de Cabo Pulmo, en La Ribera, donde ocupamos un puente en Santa Cruz, que tiene todas las especificaciones y los estudios de la SCT, un puente que tiene un costo aproximado de 128 millones de pesos.
En síntesis, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, les solicitamos respetuosamente, compañeras y compañeros, para que exhortemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la actual y a la que va entrar, para efecto de que se construya la ampliación de la carretera en los tramos solicitados.
Respetuosamente a la fracción de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Verde y por supuesto de mis compañeros y los del PES, muchas gracias por su atención. Muy amables.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Porras. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si este punto se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se consulta a la asamblea, si este punto es de considerarse de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por tres minutos.
Tiene la palabra, el diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia, muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras diputadas. El día de hoy el Partido Verde Ecologista, nos sumamos a la petición que ha hecho el Partido del Trabajo, a través del diputado Alfredo Porras, para poder solicitarle a la SCT federal intervenga, dé respuesta, a la que está en este momento y a la que inicia a partir del primero de diciembre de este año, para poder ayudar y coadyuvar en mejorar las vías de comunicación.
Y qué bueno que este punto de acuerdo hoy nos trae a todas las fracciones parlamentarias, porque en unos días más llegará a esta soberanía el Presupuesto de Egresos de 2019 del gobierno de la República, y yo creo que ahí la tarea de los 300 diputados que ganamos el territorio es mejorar la infraestructura carretera de cada uno de nuestros propios distritos y de cada uno de los estados donde cada uno de los que hoy estamos aquí presentes representamos.
El sector comunicaciones y transportes representa una de las piezas fundamentales para el desarrollo nacional, por lo tanto debemos adoptar una prioridad su impulso mediante el fortalecimiento de un marco jurídico actualizado, eficiente y eficaz.
Las áreas de trabajo del sector comunicaciones y transportes son amplias, sin embargo hoy nos centramos en la planeación, construcción y mantenimiento de las vías carreteras, rubro en el que la presente administración puso especial énfasis fijándose como objetivo la consolidación de la infraestructura carretera para que México cuente con vías suficientes y de calidad impulsando el desarrollo social, la inversión y la competitividad de todas las regiones del país.
Podríamos señalar varios ejemplos de los logros alcanzados en la materia, no obstante basta que exista una sola exigencia de la propia ciudadanía para dirigir nuestros esfuerzos e impulsar acciones encaminadas a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de todos los mexicanos por igualdad.
Por ello, hoy queremos respaldar a nuestros compañeros diputados del estado de Baja California Sur, en donde los impactos de los desastres naturales ocurridos en recientes años generaron daños en la infraestructura carretera sin que algunos de ellos aún hayan sido atendidos.
No obstante, la llamada dirigida a las autoridades y representantes populares y demás involucrados para que refrendemos el compromiso no sólo para señalar y denunciar, sino para trabajar desde los distintos sectores atendiendo prioritariamente uno de los rubros más importantes para el desarrollo social y económico de nuestro país que son las vías carreteras.
Por todo ello, a nombre de quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México, anunciamos nuestro voto a favor de la presente proposición y en punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California y de todo el país.
Yo creo que a partir del primero de diciembre, y en unos días, en el mes de diciembre, recibiremos aquí el Presupuesto de Egresos 2019 y ahí es donde está la tarea de cada uno de los 300 diputados de cada uno de los diferentes distritos, y de los 500. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bautista Villegas. Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta. En el Grupo Parlamentario del PRD compartimos con el promovente que la carretera es medular para el desarrollo económico y la calidad de vida de la población y que a pesar de ello prevalecen grandes desafíos.
Asimismo, debemos señalar que la inversión en infraestructura carretera favorece a la reducción de costos, impulsar el desarrollo económico y generar empleos, potencia la integración regional, eleva la competitividad y mejora la calidad de vida de las poblaciones.
La exigencia para los próximos años debe ser diversificar el presupuesto para obra pública, las inversiones en infraestructura deben ser direccionadas en proyectos que detonen el crecimiento de manera regional y estratégica, incluyente, con base en la planeación y proyección en corto, mediano y largo plazo.
Es un gran reto modernizar, ampliar y conservar la infraestructura carretera. En el PRD estamos conscientes que una mayor interconexión terrestre tiene un gran impacto en el crecimiento económico y en la movilidad de la población, pues el desarrollo social y la condición económica son manifestaciones de un seguro y libre desplazamiento, haciéndonos competitivos ante las demandas del mercado neoliberal.
Por lo tanto, no podemos dejar de lado que el tema de la infraestructura de las carreteras en nuestro país, han sido uno de los problemas que no se ha podido atender de manera puntual.
Así como Baja California Sur, en el resto de los estados del país existe la necesidad de mantenimiento, modernización y ampliación de vialidades para garantizar que estas sean seguras y se encuentren en condiciones óptimas.
Sin embargo, es preciso subrayar que no podemos olvidar a los municipios. Las diputadas, diputados que hemos realizado recorridos, constatamos que existen regiones prácticamente incomunicadas, abandonadas por la falta de mantenimiento, dificultando la conectividad entre las poblaciones y limitando su potencial desarrollo.
El Grupo Parlamentario del PRD nos sumamos y apoyamos el exhorto, y hacemos un llamamiento para que se diseñe un traje a la medida para cada estado, para cada región, pues existe una deuda con varios municipios y regiones que fueron olvidadas generando gran desigualdad en cuanto a carreteras federales, estatales y caminos rurales.
Asimismo, solicitamos a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que atiendan la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California Sur, en atención de la grave problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputado García Gutiérrez. Tiene la palabra el diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Con su venia, diputada presidenta. En Movimiento Ciudadano vemos con preocupación que al igual que toda la península, Baja California Sur durante décadas ha estado al margen de la construcción de grandes obras de infraestructura, por lo que el enorme potencial turístico, industrial y económico que tiene ha sido desaprovechado por no contar con esta infraestructura necesaria para conectarlo con los mercados nacionales e internacionales.
La lejanía de algunos municipios obstaculiza el otorgamiento eficiente de servicios públicos en zonas remotas, lo que deriva en afectaciones directas en el desarrollo de varios municipios por la carestía de caminos adecuados, ya que la falta de infraestructura carretera en el estadostá mermando los esfuerzos realizados para satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud.
Si bien es cierto que Baja California Sur es uno de los estados que ha tenido un acelerado desarrollo económico durante los últimos años, este no ha generado que el nivel de vida de sus habitantes mejore de manera favorable.
No obstante, los esfuerzos que se han implementado en la entidad, se ven mermados por la falta de infraestructura sólida, misma que permitiría un desarrollo más íntegro de las actividades productivas regionales.
Movimiento Ciudadano en meses pasados hizo un llamado con urgencia, pero respetuoso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se tenga celeridad en el desarrollo de infraestructura carretera en el estado de Baja California Sur, pues para nosotros el desarrollo regional es una premisa fundamental para generar las condiciones necesarias que permitan elevar la calidad y el nivel de vida de la población.
Quiero señalar que nuestro grupo parlamentario en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevó a cabo las gestiones necesarias para solicitar recursos e intensificar acciones para concluir un tramo carretero afectado por las lluvias del mes pasado en Baja California.
En ese sentido, les hago saber que lo anterior tuvo una respuesta positiva de la SCT, lo que permitirá conectar vías de comunicación con la carretera transpeninsular, ahorrando tiempo, costos y dinero, lo que beneficiará a toda la península en esta zona de la República.
Reconocemos este esfuerzo por parte de la Secretaría, pero ello no es suficiente. Como integrante de la Comisión de Infraestructura estaré siempre pendiente de que se cumplan a cabalidad los requerimientos para mejorar las vías de comunicación de nuestra entidad. Por ello, hoy votaremos a favor de este punto de acuerdo en el entendido de que cualquier beneficio en temas de infraestructura carretera, de una u otra forma inciden en todo el territorio de Baja California. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Lara. Esta Cámara de Diputados saluda y brinda un especial reconocimiento a la boxeadora Yesenia Guadalupe Gómez Vázquez, la Niña, invitada especial del diputado Luis Javier Alegre Salazar.
Ella es originaria del estado de Quintana Roo, de 22 años de edad y el pasado 22 de septiembre se convirtió en la campeona mundial número 42 en la categoría de los mini moscas, titulo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.
Con este logro su nombre quedó grabado con letras de oro en el Libro de Boxeo de Quintana Roo y el registro de su campeonato la convirtió en la primera mujer del estado en poseer un título mundial absoluto. Felicidades.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputada presidenta. Es quizás demasiado pedir, que los trabajos de esta soberanía se llevaran a cabo como están dándose en este punto de acuerdo. Nadie ha venido a regatear aquí, nadie ha preguntado quién gobierna Baja California Sur. Acción Nacional, pero o sin pero, no estamos en una posición partidaria, sino estamos queriendo hacer un beneficio al pueblo de Baja California Sur, que carece de una carretera de doble carril y que todos los estados, por pobres y modestos que sean, tienen una carretera de estas características.
Ahí en Baja Sur, estado bellísimo, asolado por el narco, la violencia que asuela a todo el país, pues no se cuenta con esta infraestructura, hay una carreterita pedorra de ida y vuelta, peligrosísima, que podría estar en el museo de las antiguallas de las carreteras del país y nos argumentan que la densidad poblacional, que una serie de cosas.
¿Pues cómo va a crecer la densidad poblacional, si no se genera la infraestructura necesaria?
Pero además, aunque siguiera esa densidad poblacional, no hay mexicanos de primera y de segunda, todos merecen respuesta en los servicios, en la infraestructura, en las condiciones necesarias.
Por eso es que el Partido del Trabajo apoyó de manera unitaria al compañero Porras en este punto y celebro que los compañeros y compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra, y los que vendrán después irán en el mismo sentido.
Ahora bien, el problema es de recursos y esta soberanía tiene la facultad exclusiva de decidir el Presupuesto. Vamos a tener que dejar de financiar a los que han saqueado el país durante décadas y destinar los recursos del pueblo para el pueblo.
Miren, aprovecho para plantear. Se dice por ahí que va a haber un recorte del 20 por ciento de burócratas del país en nuestro nuevo gobierno popular, eso no puede ser, es una medida neoliberal inaceptable. No podemos seguir en el camino de que haya recursos acosta de más sacrificios del pueblo.
Esa carretera se debe hacer, toda la infraestructura se debe realizar, los programas sociales se deben llevar a cabo, y deben ser sin más sacrificios para el pueblo.
Cierro este comentario planteando, como lo dije hace un momento, gobierna Acción Nacional Baja California y recibe nuestra mano y nuestro respaldo. Llamo a Acción Nacional y a todas las fracciones parlamentarias a que hagamos un esfuerzo de ir construyendo todos los acuerdos en beneficio de nuestro pueblo, y seguir debatiendo, con dureza, con firmeza, con pasión nuestras diferencias, eso no obsta, no hay ningún problema para ello. Pero me parece que debemos hacer un esfuerzo en beneficio de nuestro pueblo, que hace mucho espera un cambio para vivir mejor y que tenemos que darle respuesta cabal a este objetivo. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado José Luis García Duque: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el estado de Baja California Sur se ubica en la región noreste de la República Mexicana, la entidad cuenta con una superficie de 73 mil 677 kilómetros cuadrados y representa el 3.77 por ciento del territorio nacional.
Cuenta con 5 municipios y una población de 763 mil 929 habitantes, el sector de actividad que más aporta al PIB estatal es el comercio, según las condiciones particulares del suelo del estado. Los recursos que determinan su potencialidad y vocación económica son fundamentalmente turísticos, pesqueros y mineros.
De acuerdo con el INEGI, Baja California Sur cuenta con 5 mil 387 kilómetros de longitud de la red carretera, lo que resulta insuficiente para el estado, con grandes recursos naturales y población. Baja California Sur es un estado que reúne las condiciones óptimas para el turismo y posee unos parajes naturales espectaculares. Es por esta razón que la red de carreteras se debe de modernizar cada vez más e invertir en la construcción de nuevos tramos más rápidos y seguros.
De igual modo, este estado se está haciendo cada vez más famoso por la producción de vino, que atrae innumerables turistas. Dadas las condiciones económicas, no se debe desaprovechar su territorio para extender su red carretera, debido a que las carreteras son uno de los actores más importantes para el desarrollo económico y social del país, que en México constituye la principal forma de comunicación.
Los caminos y carreteras propician la creación de cadenas productivas generadas por el tráfico de mercancías, la impulsión de comercio, de la industria. Las carreteras son fundamentales para el comercio, pues posibilitan el desplazamiento de mercancías de un mercado a otro de manera rápida en distancias cortas y medianas y dependiendo de su cobertura brindan mayor flexibilidad que otros modos de transporte.
Sobra decir que las carreteras no son utilizadas únicamente para el comercio, si bien es el extremo relevante para el crecimiento de la economía, más del 70 por ciento de la afluencia de las carreteras son automóviles, con base en las estadísticas difundidas por la Canacar, esto nos pone en el centro del tema de movilidad interciudad, fuera del territorio metropolitano.
La movilidad entre ciudades es una necesidad de todos los días, muchas personas trabajan en la población diferente de donde viven, inclusive hay aquellas que estudian en una ciudad diferente en la que residen todos los días y realizan un traslado diario a su localidad de residencia.
Además, el desarrollo de las nuevas vías de carretera es una gran oportunidad para el turismo, pues además de ayudar a promover los viajes estatales, son una manera de impulsar la industria del transporte.
La industria del transporte en México es una de las más relevantes, aporta al país el 4.9 por ciento del PIB. El subsector de autotransporte de carga y mercancías está conformado por más de 140 mil empresas. Da empleo a 2 millones de personas. Todos estos datos nos muestran la imperiosa necesidad de que en Baja California Sur haya trabajos de conservación...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, su tiempo se agotó.
El diputado José Luis García Duque: Sí, termino. De obras que cumplan con su objetivo de modernizar la red de carreteras en la entidad. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor de esta proposición. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Duque. Tiene la palabra el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Isaías González Cuevas: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros, efectivamente, la infraestructura carretera representa un factor determinante para el crecimiento y desarrollo del país y sus entidades federativas.
Con su construcción, mantenimiento, ampliación no solo se reducen los tiempos de traslado, también facilita el acceso a bienes y servicios a precios más competitivos y de mayor calidad, indispensable en Baja California Sur por su situación geográfica, como aquí ya se ha descrito.
En los últimos años, en México ha habido importantes avances en la construcción y modernización del sistema carretero. Se reconoce que en mi estado, en Baja California Sur, ha habido apoyo para el mantenimiento de carreteras y caminos rurales, aunque no ha sido suficiente. Pero también hay que reconocer que el gobierno federal ha apoyado al estado cuando nos han afectado fuertes huracanes, como el Odile, Lidia y el Fausto, últimamente.
Pero es verdad que existen comunidades y regiones que aún no cuentan con las vías de comunicación idóneas para la movilidad de sus habitantes, como es el caso de las localidades en el norte del estado.
En octubre de 2013, como senador de la República, exhorté al gobierno del estado, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe para que se realizaran obras de ampliación y mejoramiento de la carretera transpeninsular, en particular el tramo que comprende a las comunidades de Rosalía y Guerrero Negro, y que como aquí se ha dicho, es una carretera muy angosta, casi de siete metros, de doble carril, sin acotamiento y muy peligrosa en ese tramo, donde hemos tenido varios accidentes, varias pérdidas de vida y también pérdida de materiales.
Es una carretera que, efectivamente, data de 1973, de mil 700 kilómetros y su ampliación es de Los Cabos a La Paz, y de ahí es una carretera que necesita mantenimiento constantemente. Pero sí, del municipio de Comondú a Mulegé, ahí se necesita la ampliación, muy importante en esta carretera.
En esta parte, en Guerrero Negro, ahí hay compañeros salineros, una importante empresa salinera y que ahí tienen que desplazarse nuestros compañeros a La Paz a atender esos servicios. Pero también hay una zona de jornaleros y que tiene que ir a Guerrero Negro, donde hay un solo hospital de primer nivel porque en Vizcaíno existe solamente una clínica y las mujeres y los niños tienen que ir a atenderse a Guerrero Negro.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Isaías González Cuevas: Así como también todos los trabajadores de la zona pesquera tienen que ir hasta allá. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este punto de acuerdo, exhortando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos haga favor de cumplir con este importante requisito. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Cuevas. Tiene la palabra el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la infraestructura carretera es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social, toda vez que potencia la eficiencia de la inversión privada en la economía, facilita el funcionamiento eficaz de los mercados y apoya el crecimiento equilibrado de las diferentes regiones.
Como sabemos, el estado de Baja California Sur cada año se ve afectado por los diversos fenómenos meteorológicos que azotan la entidad, principalmente en la temporada de ciclones.
El impacto de tormentas tropicales y huracanes incide directamente en la necesidad de contar con más recursos que permitan hacer frente al mantenimiento y la reconstrucción de las vías de comunicación que en múltiples ocasiones han quedado devastadas, por ejemplo, tras el paso de los huracanes Odile en 2014 y Newton en 2016.
Al respecto es muy lamentable que el gobierno federal saliente no haya hecho bien la planeación y proyección de obras para el mantenimiento, reparación y ampliación de la red carretera en Baja California Sur.
Ejemplo de lo anterior se refleja en la falta de conclusión de la ampliación del tramo Ciudad Constitución-La Paz, situación que genera graves problemáticas, ha habido graves accidentes y por supuesto inconformidad de ciudadanos por no contar con vías adecuadas para la movilidad.
Los recursos vía presupuesto aprobados en 2018 para el rubro de conservación y mantenimiento para el estado de Baja California Sur por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han resultado claramente insuficientes para atender las grandes necesidades que tiene la entidad en materia de infraestructura carretera.
Asimismo, en materia de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, los recursos asignados no han resultado suficientes para tener en buen estado los caminos y las comunidades surcalifornianas.
Por ello, hoy es necesario que no solo el gobierno federal y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, consideren más recursos para atender las necesidades de conservación, mantenimiento y construcción de la red carretera y de los caminos comunitarios que favorezcan la conectividad de Baja California Sur, sino también que una vez que dichos recursos sean asignados para el próximo año, el gobierno entrante los ejerza con transparencia, en tiempo y forma, a efecto de caer en los mismos errores y omisiones que cometió el gobierno saliente caracterizado por la falta de eficacia en la ejecución de las obras de infraestructura en el país.
Y en ese sentido, quiero agradecer la apertura del proponente, el diputado Alfredo Porras, con quien platicamos la pertinencia de que no solamente se exhorte a la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino además a la próxima, a la que está por entrar, al gobierno entrante, para que se realicen y se prevean las condiciones necesarias para mejorar la infraestructura carretera en Baja California Sur.
Coincidimos con la propuesta para garantizar los trabajos de conservación, construcción y reconstrucción de obras que cumplan puntualmente con sus objetivos. Por lo anteriormente señalado estamos a favor de esta proposición con punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Mares Aguilar. Tiene la palabra, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Con su venia, señora presidenta. Ciertamente transitar por las carreteras de la península de Baja California y por ende de Baja California Sur, es como un viaje al pasado. Es como ingresar al túnel del tiempo y volver a los años 70. Buenas tardes, compañeros diputados.
Contar con una infraestructura suficiente es contar con un factor determinante para el desarrollo de un país. En México la red carretera ha incidido en forma definitiva en la localización de las industrias, en los fenómenos de desarrollo urbano y en la concentración de los asentamientos humanos.
El aprovechamiento de los recursos naturales y las materias primas, así como el desarrollo de zonas de potencial productivo comercial y turístico, ha sido posible en gran medida a la disponibilidad de infraestructura para el transporte.
No hay actividad económica o social que no esté relacionada directa o indirectamente con las carreteras. Por el contrario, la falta de infraestructura carretera eficiente resta productividad a las regiones y actividades económicas que no resultan competitivas por los tiempos de transporte y el costo de los fletes.
Una buena infraestructura eleva sin duda la productividad y disminuye los costos de producción, pero al mismo tiempo debe ampliarse con rapidez suficiente para acoplarse al crecimiento.
La cantidad y la calidad suficiente de los servicios de infraestructura son factores que influyen en la capacidad de un país para competir en la economía global. No obstante, en México con frecuencia las inversiones en infraestructura han tenido una asignación equivocada al desestimarse... al destinarse –corrijo–enormes recursos públicos a proyectos magnos o de escasa prioridad, y en contraste se han canalizado muy pocos recursos al mantenimiento y a servicios esenciales.
El mantenimiento de la infraestructura ha sido deficiente en todo el país. Esto ha reducido la calidad de los servicios e incrementado los costos para los usuarios, por ello es importante que la Auditoría Superior de la Federación, cumpliendo con sus atribuciones, realice una fiscalización de los recursos públicos que se han canalizado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la conservación, mantenimiento y ampliación de la carretera en Baja California Sur.
Compañeros diputados, por lo expuesto, los diputados de Morena y especialmente los que provenimos de un poco más al norte de Baja California, hemos decidido apoyar el punto de acuerdo de que se trata porque nuestra región también es México. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ramírez Lucero. El diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ha dejado en la Secretaria una propuesta de modificación, la cual está aceptada por el grupo parlamentario promovente del acuerdo. Previo a su lectura consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame, compañera secretaria. Dé, por favor, previa lectura a la propuesta. No fue clara mi indicación.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Propuesta de modificación al punto de acuerdo del PT, dice:
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones se lleve a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California, en atención a la grave problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad.
Debe decir, o el cambio radica en lo siguiente:
Primero. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno actual y entrante, para que en el ámbito de sus atribuciones se lleve a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California Sur, en atención de la grave problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad. Siendo la diferencia el plantear al gobierno actual y al gobierno entrante. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ahora, señora secretaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta esta modificación.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se consulta en votación económica a la asamblea si es de aceptarse la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que se encuentren por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que se encuentren por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo con la modificación aprobada. Las diputadas y los diputados que se encuentren por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que se encuentren por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado, comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas identificadas en la línea 3 del tren ligero de la zona metropolitana de Guadalajara.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, presidenta. Hace cuatro años y medio, el 28 de abril de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, entre cuyos proyectos se contempló la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, con una inversión de recursos públicos de 17 mil 693 millones de pesos.
Sin embargo, con base a transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se observa que a la fecha el costo del proyecto asciende a 29 mil 288 millones de pesos, lo que representa un incremento del 66 por ciento con respecto al monto original.
Cabe señalar que en el mismo período la inflación fue del 24 por ciento, y el incremento del dólar fue del 44 por ciento. Por lo que el costo del proyecto se disparó por encima de cualquiera de estos indicadores.
Asimismo, de los contratos de obra que se suscribieron, todos debieron de concluir entre octubre de 2016 y marzo de 2017, por lo que la obra acumula un retraso de casi dos años.
Pues por poner un ejemplo, la construcción del túnel de 4 kilómetros se previó concluyera en marzo de 2017, sin embargo la tuneladora que hizo la obra civil terminó su trabajo el 24 de mayo de 2018, es decir, 14 meses después del plazo estipulado.
Pero también los dos tramos de los viaductos elevados tuvieron retrasos superiores por más de un año y medio, lo que por supuesto ha impactado en el incremento de la obra y ha pospuesto su inauguración y su puesta en marcha hasta 2019.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que sin poner en marcha el funcionamiento para el público usuario, inauguraría el tren eléctrico de la zona metropolitana el día 20 de noviembre del presente año. Es más, hemos sido invitados los diputados federales a un acto que el día de mañana se llamará Compromisos cumplidos y el inicio de operaciones de prueba en el sistema del tren eléctrico.
El gobernador electo del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro, fue quien informó a la ciudadanía sobre algunas fallas técnicas en la obra de la zona metropolitana de Guadalajara, en particular señaló que los neoprenos instalados que sirven como amortiguadores para que eviten las vibraciones entre columnas y la trabes, fallaron y tendrán que ser reemplazados por unos nuevos.
Para solventar la falla implicaría tener que levantar de nuevo las trabes, desarmando las vías y la red eléctrica que ya está instalada. Que es importante que se informe cuánto va a costar arreglar esta falla técnica de los neoprenos y cuánto tiempo va a llevar solucionar el problema.
En respuesta, la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó que se habrán de sustituir 700 placas de neopreno. El plástico amortiguador que evita las vibraciones del tren y que tiene un recorte en el paso elevado de la línea 3.
Sin embargo, negó enfáticamente que para ello desmontarán las trabes y que junto con las vías y la red eléctrica ya instalada quedará sin algún movimiento. Eso se señaló al gobernador electo, Enrique Alfaro.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó también que el plazo estimado para la sustitución de este neopreno será por uno que tiene actualmente de 5 a 7 años de durabilidad, por otro de mayor calidad de 10 años de durabilidad. El costo de la colocación, según informó la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será para la empresa constructora y no para el erario federal.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra fracción parlamentaria propone el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta al presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto y al licenciado Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se realice una investigación de las posibles fallas técnicas que tiene la obra del tren ligero en la zona metropolitana de Guadalajara, y como consecuencia, se deslinde las responsabilidades y que se informe a esta soberanía los costos y plazos que implicaría corregir las fallas técnicas del tren ligero, así como quien cubrirá los mismos. Y en tanto no se corrijan las fallas técnicas, que no se ponga en operación el tren ligero para salvaguardar la seguridad de las personas.
Segundo y concluyo. Se exhorta al doctor David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que lleve a cabo una auditoría con respecto al gasto, instalación, calidad y especificaciones de las 700 placas de neopreno ya instaladas...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: ... porque de no cumplir con la calidad de las especificaciones requeridas, ponen en riesgo la puesta en marcha y la operación de la línea 3 del tren ligero en la zona metropolitana. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar. Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos.
Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Gracias, señora presidenta, con su venia. Compañeras, compañeros diputados, en el Partido Verde estamos totalmente de acuerdo en poder exhortar el punto de acuerdo, quien ha hecho y nos ha antecedido en la palabra, para que se ponga la atención necesaria en un proyecto tan importante como es el tren eléctrico en la zona metropolitana de Guadalajara.
Para todos es conocido que el desarrollo económico de un país, el desarrollo económico de un estado es precisamente sus vías de comunicación, su desarrollo económico y, por supuesto, que estas vías de comunicación sean seguras y que los pasajeros exactamente se sientan con esa certidumbre y esa seguridad.
Entendemos y nos queda claro que en las zonas metropolitanas de nuestro país se han incrementado y que no obstante el esfuerzo del gobierno federal en la inversión, sin precedente, en el tema de infraestructura carretera, sin embargo, no ha sido lo suficiente.
Por eso creo que en el estado de Jalisco, que sin duda alguna es su proyecto más importante en el tema de infraestructura, en la ampliación de lo que es la línea 3, esta zona metropolitana que dará servicio a más de 7 millones de usuarios al mes, algo así como 233 mil usuarios al día, creo que sin duda, en coordinación con el gobierno de la República y el gobierno del estado han hecho un esfuerzo sin precedente para construir esta obra.
Creo que en la bancada nos tranquiliza, porque nos ha comentado, se ha comentado que el propio secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que la obra registra un avance del 98 por ciento y que solamente estará a prueba, más sin embargo, que estas acciones, la sustitución de estas 700 placas de neopreno van a ser por cuenta de la empresa que está desarrollando la obra y que eso le va a permitir al gobierno de la República no desembolsar más recursos.
Pero creo que en el Verde debemos de ir todavía más adelante, creo que como quienes nos han antecedido en la palabra, hay un presupuesto que se va a autorizar en unos próximos días y es creo que, sin duda, puede ser para poder fortalecer las infraestructuras, como lo comentaban en el punto de acuerdo anterior, que es de Baja California Sur, así de cada una de las entidades. Y sin duda alguna, pueda ser también para un desarrollo económico, un desarrollo social y que estaríamos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Señora presidenta, cinco minutos. En el Partido Verde...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Cinco minutos no, señor diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: ...creemos que ninguna medida es exagerada si va encaminada a buscar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Alcántara. Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
La diputada Mónica Almeida López: Gracias, diputada presidente. Las características que han tenido las grandes obras del sexenio que se acaba han sido sobrecostos, hay retrasos en la ejecución, deficiencias en la planeación, contrataciones opacas, una lista casi interminable de irregularidades documentadas por organizaciones civiles como México Evalúa.
Podemos hablar, entre otras obras, del tren México-Toluca, el Paso Exprés, de Cuernavaca, el aeropuerto de Texcoco. Y se une a este listado la Línea 3 del tren ligero de la zona metropolitana de Guadalajara, las cuales se encuentran como las mayormente observadas, principalmente, insistimos, por los sobrecostos y retrasos.
Es necesario que, en estas obras, como en todas las que se presentan irregularidades, se tome en cuenta lo dicho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto al caso del socavón del Paso Exprés, es necesario imponer sanciones penales a los principales responsables de las irregularidades, indagando la cadena completa de mando administrativa.
También es necesario, compañeros diputados, aprobar las modificaciones necesarias a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico para terminar con la opacidad, discrecionalidad, triangulación y corrupción en las contrataciones.
Un ejemplo, la Línea 3 del tren ligero inició con una inversión de 17 mil 693 millones de pesos y al día de hoy se han invertido ya 29 mil 288 millones de pesos. Esto significa un incremento del 66 por ciento, que es desproporcionado frente a la inflación y al aumento del dólar.
Hay que revisar detenidamente las obras que el gobierno saliente está dejando para poder empezar a construir sobre la legalidad. Por esa razón hoy el PRD votaremos a favor del presente punto de acuerdo expuesto por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y pone toda su disposición para construir un México si corrupción.
En el caso de la movilidad, en Jalisco, así como en todo el país, debe estar sustentada en una planeación integral. El 70 por ciento de la población mexicana no está satisfecha con el transporte público, debemos avanzar a una correcta coordinación de poderes para la realización de obras, sobre todo en esta materia.
Hemos impulsado desde lo local y seguiremos en lo federal para que estos planes y esquemas garanticen la calidad, la transparencia de concesiones con el servicio, estableciendo matrices de indicadores de resultados, porque lo que no se evalúa no se puede mejorar.
El transporte público es una prioridad para el desarrollo del país. Que, de estas auditorías, compañeros diputados, se defina un nuevo modelo de inversión para garantizar el derecho a la movilidad de todos los mexicanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almeida. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: Muy bien. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Quienes vivimos en Jalisco vimos con expectativa el poder contar con un proyecto de transporte que coadyuvara a mejorar la movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, y que fuera la base de una articulación entre los diferentes medios de transporte colectivo y masivo, para contar por fin con un servicio digno y eficiente.
Los jaliscienses escuchamos que una de las promesas principales de infraestructura que anunció el presidente Enrique Peña Nieto era la construcción de la Línea 3 del sistema del tren ligero urbano, con una gran inversión de más de 17 millones de pesos.
Esta expectativa se ha visto disminuida por una serie de irregularidades y dificultades que se han enfrentado en dicha obra, irregularidades que como en otras obras del sexenio ha sido una característica de este que está a punto de concluir. Aumentos millonarios en el costo original, lo cual no es una simple cantidad. Estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos, entre el costo presupuestado y el costo que hasta el día de hoy lleva la obra. Y no solo eso, sino retrasos grandísimos en los tiempos de ejecución y las enormes molestias que esto significa el tener dinamitada la ciudad con distintos frentes en la obra.
Asimismo, estas irregularidades han provocado afectaciones a viviendas a infraestructura hidráulica e innumerables negocios que han quebrado durante esta realización de la obra. La gran opacidad de la construcción de la línea 3 del tren ligero también ha sido en perjuicio de la ciudadanía al desconocer la información verídica de los motivos de los atrasos, al grado de que las autoridades federales fueron omisas en ni siquiera invitar a conocer el estado de la obra durante su construcción.
El colmo de lo planteado en el punto de acuerdo que nuestra fracción impulsa el día de hoy, son las fallas técnicas evidenciadas de forma objetiva por el gobernador electo Erick Alfaro, sobre las fallas en más de 700 placas de neopreno para substituirse por otras de mejor calidad, lo que llevaría de tres a seis meses de retraso en la terminación de dicha obra y con un costo millonario.
Los diputados federales de Jalisco, incluso hemos sido invitados por las autoridades estatales al evento que ellos denominan compromisos cumplidos, inicio de pruebas operativas y totales del tren ligero, para el día de mañana.
Y ante esto preguntaríamos, ¿de verdad son compromisos cumplidos? ¿Se encuentra garantizada o garantizado el buen funcionamiento de este sistema para los jaliscienses? ¿Quiénes son las empresas responsables de todas estas irregularidades? ¿Quién es el ente supervisor que permitió estas fallas? ¿Y quién, como en otros casos muy mencionados de fraudes, desvíos y negligencias en obras de este gobierno, quedará impune una vez más?
Por eso exhortamos a esta soberanía a que votemos a favor de este punto de acuerdo y que estemos pendientes que este no sea otro caso más de impunidad, como tantos que han sucedido impunes durante esta administración que culmina. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ramírez Salcido. Tiene la palabra, el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
El diputado Santiago González Soto: Con la venia, presidenta. Lo que ocurre en la ciudad de Guadalajara también ocurre en Monterrey. En estas dos ciudades la corrupción dejó sin la Línea 3 del Metro a miles de usuarios.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se suma a esta propuesta que se nos ha presentado como de urgente resolución. De nueva cuenta tenemos conocimiento de las graves irregularidades que se presentan en la obra pública a cargo, en este caso también, del gobierno federal. Licitaciones a modo, sobreprecio en la obra, entrega tardía, incumplimiento de la calidad técnica a los que la constructora se compromete y que no se han hecho efectivas las fianzas correspondientes.
En el caso que nos ocupa se han presentado irregularidades en la construcción del tren ligero de la zona metropolitana de Guadalajara. La obra en cuestión debió concluir entre el mes de octubre de 2016 y marzo de 2017, por lo que lleva a la fecha un año nueve meses de retraso.
La Presidencia de la República anunció que el día de hoy, con bombo y platillo, 20 de noviembre, sería inaugurada esta obra, pero la misma ya cuenta con graves problemas en la construcción, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes efectivamente ahí laboran y también de los posibles miles de usuarios que vayan a utilizar dicho servicio cuando esta línea del tren ligero sea puesta en marcha, claro, si alguna vez se pone en funcionamiento.
Otra muestra de las negligencias de la construcción se refiere a la instalación de estas 700 placas de neopreno, que es el plástico amortiguador que evita las vibraciones del tren mientras recorre el tren elevado.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como millones de mexicanos, estamos hartos de los negocios que se hacen al amparo del poder público. A los servidores públicos corruptos no les importa la integridad ni la vida de los usuarios de los servicios públicos. Quieren aprovechar al máximo –esto que ya se fue– no el gobierno de Hidalgo, sino el sexenio de Hidalgo en esta administración y que cuya rapacidad fue una constante.
Desde esta tribuna de la nación expresamos nuestra coincidencia con la propuesta de trabajo para que el Ejecutivo federal y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realicen la investigación correspondiente y corrijan las fallas técnicas en la obra del tren ligero de la zona metropolitana de Guadalajara.
Además, es imprescindible que se presenten al Ministerio Público de la federación las denuncias penales correspondientes. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que en el nuevo gobierno que en 10 días tomará posesión, no será cómplice de los latrocinios cometidos por servidores públicos corruptos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Gonzáles Soto. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho: Con su venia, presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, a unos días de acabar el gobierno del presidente Peña Nieto, cuando ya no esperábamos ninguna noticia mala adicional, nos enteramos que una vez más el secretario del peor record en la administración saliente, tiene una falla más para añadir a su cuenta.
Sí, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Gerardo Ruiz Esparza, acumula una falla adicional a su largo historial, una que se suma al Paso Express de Cuernavaca, a la explosión del cohete que destruyó un satélite sin que hubiera contrato seguro, a la cancelación del tren México-Querétaro, a los retrasos y sobrecostos en el tren México-Toluca, que por cierto a los comuneros de Acopilco y a los comuneros de Acazulco no les han terminado de pagar.
No sabemos si lo suyo es mala suerte, descuido o franca corrupción, pero invariablemente la imagen negativa de la administración saliente ha sido reforzada por el pobre desempeño de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el nuevo dato que hoy pone a consideración esta Cámara el diputado Bravo Padilla, refuerza esta situación. Sí, a menos de 10 días de terminar el sexenio tenemos un nuevo escándalo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
No basta que la Línea 3 del Tren Ligero de la zona metropolitana de Guadalajara lleve casi dos años de retraso, no basta que tenga un sobreprecio del 66 por ciento que es demasiado alto aun si consideráramos la depreciación del peso en el mismo periodo o la inflación acumulada, no basta que hubiera considerado que hoy podría inaugurarse, aunque obra dizque de estar terminada. No basta.
Ahora nos enteramos que 700 piezas de neopreno ya instaladas, cuya función es amortiguar entre columnas y a través y con ello, reducir el ruido y suavizar la marcha de los trenes no tiene la calidad necesaria, deberán de ser remplazados.
De poco sirve que la sustitución la haga la empresa constructora asumiendo los costos. Qué bueno que lo hagan, pero urge saber por qué se permitió que sucediera eso, porque nadie lo vio antes. Necesitamos saber si la obra se inaugurará, así sea parcialmente, arriesgando la seguridad de los pasajeros, que también quiero decir, yo no me subiría al tren México-Toluca, eh.
Si, por el contrario, durante más tiempo se hará que pierda tiempo un cuarto de millón de pasajeros, demanda de viajeros estimada en esta obra, y ante todo, requerimos saber el nivel de responsabilidad de Gerardo Ruiz Esparza y su equipo.
Por ello, apoyaremos este punto de acuerdo y pedimos que se deslinde de responsabilidades económicas y materiales. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Saldívar Camacho. Tiene la palabra el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Con su permiso, diputada presidenta. La construcción de infraestructura de Comunicaciones y Transportes constituye un elemento toral para el desarrollo del país, particularmente en las zonas urbanas donde habita la mayor parte de la población y se llevan a cabo diferentes actividades productivas.
Bajo esta visión el actual gobierno federal impulsó diversos proyectos de infraestructura en las principales ciudades del país, entre las que destaca, por supuesto, la construcción de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. La obra tiene como objetivo mejorar la calidad de los medios de transporte en dicha ciudad, y fomentar una mejor movilidad.
El tren revitalizará a Guadalajara para hacerla más competitiva. A septiembre del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte reportó un avance del 98 por ciento de la línea 3, por lo que se prevé inaugurar la obra antes de finalizar esta administración, cumpliendo así uno de los compromisos en infraestructura importantes para este sexenio.
Cerca de 21.5 kilómetros de longitud, la línea 3 logrará conectar a más de 233 mil pasajeros con otros medios de transporte y distribuidores viales en toda la ciudad. Será la vía de transporte más segura y rápida entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.
El relanzamiento de los trenes de pasajeros durante la administración que está por terminar, estriba en cuatro premisas: trato digno al ciudadano, seguridad, reducción en tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida. Bajo estas, se ha construido el tren ligero de Guadalajara.
Toda obra de infraestructura tiene riesgos en las operaciones de ingeniería financiera, es decir en la valoración de los costos, riesgos que se explican a causa del tipo de cambio que eleva el precio de los materiales de construcción, o la alta demanda de los materiales, que propician incrementos en los precios.
A pesar de estas circunstancias no se ha escatimado en construir una obra con la mayor seguridad para los 250 mil usuarios que tendrán diariamente que utilizar este tren para trasladarse en la zona conurbada de Guadalajara. Sin embargo, para el PRI es prioridad la rendición de cuentas y constituye un asunto de la mayor trascendencia para todos los mexicanos. Se trata de elementos circunstanciales de los sistemas democráticos y una condición modular para lograr una gestión pública efectiva.
El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Jalisco afirmó que la sustitución de los neoprenos en los próximos tres meses no impide que continúen los recorridos de prueba de los 18 vagones del tren. La seguridad de los usuarios es una prioridad en el transporte público y por ello es conveniente realizar las valoraciones técnicas para evitar riesgos en la operación.
La transparencia y el acceso a la información pública deben constituirse en herramientas medulares para mejorar la rendición de cuentas, pero también...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: ... ejercicio de los recursos... Termino... para que el ejercicio de los recursos se realice de manera eficiente. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Angulo Briceño. Tiene la palabra el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Absalón García Ochoa: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras, compañeros diputados, en Acción Nacional tenemos claro que la movilidad es dar al ciudadano el lugar que merece.
Movilidad es la facilidad para que las personas se trasladen de manera eficiente, cómoda y por supuesto digna, a sus lugares de trabajo, a sus hogares o a donde deseen, de manera segura.
De ahí que cuando se anunció la construcción de la línea 3 del tren ligero en la zona metropolitana de Guadalajara, vimos con buenos ojos dicha obra por la posibilidad de poner a disposición de los ciudadanos un medio de transporte masivo que pudiera dar servicio a miles de habitantes y que fuera amable con el medioambiente.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el proyecto ha sido modificado de su estado original en varias ocasiones, lo que ha generado retrasos por casi dos años en su desarrollo, sobre todo en los dos viaductos y en un túnel de 4 kilómetros de longitud.
En México hemos sido testigos de lo que sucede cuando las obras de infraestructura pública fracasan y ponen en riesgo a los usuarios. Recordemos el caso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, una obra mal planeada y mucho peor ejecutada, una obra que de no haberse puesto en pausa hubiera generado accidentes que pudieron ser fatales.
No, compañeras y compañeros, no queremos que la línea 3 del tren ligero de Guadalajara corra el mismo destino que la línea 12 de la Ciudad de México. Lo que queremos y por ello nos sumamos a este punto de acuerdo, es que la obra cumpla a cabalidad con las disposiciones de su propio proyecto ejecutivo y que las autoridades respondan ante posibles elementos de falla que pudieran comprometer la seguridad de los pasajeros.
No queremos respuestas como la del socavón de Cuernavaca. No queremos que se ponga en peligro la integridad de nadie. Lo que queremos es que la obra pública en Jalisco y en todo México esté bien hecha y con materiales que deben ser con mano de obra y bien supervisados.
En abril de 2017, la diputada panista María del Pilar Pérez Chavira, advertía en el Congreso de Jalisco los riesgos en la construcción de la línea 3 del tren ligero, exhorto que se presentó en este mismo sentido.
En el PAN aspiramos a tener ciudades incluyentes, con disponibilidad y accesibilidad, con medios de transportes, vialidades e infraestructura...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, se ha agotado su tiempo.
El diputado Absalón García Ochoa: Termino, presidenta. Vialidades e infraestructura que dignifiquen a las personas, ciudades en donde el ciudadano se sienta seguro. Hay algo que nos llama la atención por lo que se dice allá en Jalisco, la empresa constructora...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, se ha agotado su tiempo.
El diputado Absalón García Ochoa: ... Neoprenos Moldeados S. A. de C.V., es propietaria la señora Ana Laura Salinas Peña, del Estado de México, algo que llama la atención. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado García Ochoa. Tiene la palabra la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad el transporte urbano constituye uno de los factores que permite la viabilidad de las grandes urbes y de la propia economía metropolitana regional y nacional.
Sin un transporte urbano público adecuado las grandes ciudades no son viables, la elevada densidad de habitantes y los desplazamientos necesarios convierten el espacio en un recurso limitado.
Por ello, el transporte público es el sector más significativo a considerar para crear un entorno metropolitano sostenible, social, ambiental y económicamente, pero todo lo anterior es más que evidente.
En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, que incluye, entre otros, los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la responsable de la ampliación del sistema de tren eléctrico urbano línea 3, no obstante, como ha venido sucediendo en el presente sexenio, tanto los plazos como los costos de esa obra se han extendido más allá de lo planeado, otra vez y esto no es novedad, ¿cierto?
De acuerdo con el proyecto ejecutivo esta obra debió haberse completado el año pasado con un costo de 17 mil 693 millones, hoy ya vamos arriba de los 29 mil y aún no se completa.
Para que el transporte metropolitano sea adecuado debe ser accesible, suficiente, eficaz, limpio y seguro. La seguridad en cualquier tipo de transporte es imprescindible, por ello es preciso, consideramos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice la seguridad de los cerca de 230 mil pasajeros que viajan, viajamos diariamente en esa zona metropolitana, si se llega a comprobar que los neoprenos instalados como amortiguadores en la línea 3 del tren ligero fallaron y deberán ser sustituidos.
Compañeras y compañeros, la inseguridad, las condiciones indignantes en que se transportan miles de jaliscienses es una violación sistemática y permanente de sus derechos humanos, merecemos obras dignas, no obras costosas y de baja calidad y además inseguras y tardadas.
Solo hay una explicación para que este mal se siga repitiendo, irresponsabilidad. Creer que hay ciudadanos de primera y de segunda, corrupción. Porque no todos usan el transporte público. Porque no han hecho largas y cansadas filas para abordar el transporte público, si cabes.
Nos sumamos al punto no porque queramos atacar por atacar a nadie ni tampoco porque pretendamos inflar a nadie. Nos sumamos porque es lo correcto asegurar que la seguridad en esta obra esté garantizada.
Confío también en que el próximo gobierno hará las cosas mejor. Y también confiamos, por cierto, que el próximo gobierno estatal de Jalisco frenará el ya anunciado aumento de 7 a 9.50 pesos el transporte público, porque ese también es un tema urgente y a la gente, de verdad, ya no le alcanza. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Segura. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra este asunto suficientemente discutido.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 64, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente que consulte al pleno sobre la modificación del orden del día de la sesión del día de hoy, en el rubro de dictámenes para declaración de publicidad del siguiente asunto:
Dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales de la Comisión de Gobernación y Población.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Firma la Junta de Coordinación Política.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación del orden del día.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se consulta en votación económica a la asamblea si acepta la modificación del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se aprueba.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictamen.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones. Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse, en razón de que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados. Comuníquense.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Han solicitado hacer uso de la palabra, para hechos, cinco compañeros y compañeras diputadas. Se les dará el uso de la palabra desde sus curules y por un minuto. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Gracias, presidenta. El día de ayer inició la Caravana de Pies Cansados de nuestros hermanos chiapanecos, y así como nosotros brindamos apoyo a la caravana migrante, es tiempo de exigir al gobierno de Manuel Velasco, que les dé acompañamiento y sobre todo que explique por qué están desplazados, porque es un contingente de 200, pero hay 2 mil desplazados y queremos saber por qué están en esta situación. Pero sobre todo, que se les regrese a sus lugares de origen y se les dé el alimento que ellos están exigiendo mientras puedan ser sustentables.
Por otro lado, quiero también exhortar al gobierno de Chihuahua, para que haga oídos al clamor de nuestros hermanos rarámuris para que les dé alimentos ya que no tuvieron buena cosecha y están sufriendo, no nada más ellos, todas las etnias que por allá viven. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Domínguez. Tiene el uso de la palabra, el diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Adolfo Torres Ramírez (desde la curul): El movimiento humanitario y organizado más grande del mundo está de luto. Hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en el estado de Guerrero, así como las autoridades de seguridad para que garanticen las condiciones de seguridad y un llamado a la sociedad para solidarizarse y valorar el gran trabajo del voluntariado y emblema de la Cruz Roja que pueden continuar con su gran labor loable.
La Cruz Roja Mexicana es parte del movimiento internacional de la Cruz Roja Internacional. No podemos atentar contra el voluntariado que solo pretende ayudar. Como miembro de esta institución lamentamos los hechos ocurridos en San Juan Tenería, en el municipio de Taxco, donde el voluntariado fue agredido y dentro de los 20 lesionados falleció un compañero de la institución y seis más resultaron heridos, esto mientras entregaban ayuda humanitaria.
Recordemos, la Cruz Roja trabaja bajo siete principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, unidad, universalidad y voluntariado, y su labor es únicamente por interés humanitario.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Torres Ramírez. Tiene el uso de la palabra, la diputada Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María Wendy Briceño Zuloaga (desde la curul): Muchas gracias. Buenas tardes. En este 20 de noviembre es reconocer a mujeres periodistas e intelectuales en el aniversario de nuestra Revolución Mexicana, que fueron una oposición importante contra el porfirismo, como la escritora Laureana Wright de Kleinhans. Las periodistas Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Guadalupe Rojo viuda de Alvarado, Emilia Enríquez de Rivera, Julia Sánchez, Julia Mata, Dolores Jiménez y Muro, María Hernández Zarco, Hermila Galindo y muchas más. Reconocer a las mujeres combatientes que estuvieron al frente de batallones y expusieron sus vidas. A las agentes confidenciales, a las enfermeras militares, a las voluntarias en los hospitales, a las soldaderas.
Muchas de ellas fueron precursoras del feminismo en México. Decir que las mujeres hemos sido las grandes olvidadas de la historia. Desde esta Legislatura paritaria es nuestra labor hacerlas presentes. Viva la Revolución, y viva la revolución hecha por mujeres. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Briceño Zuloaga. Tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): Presidenta, nada más para aclarar los hechos de San Juan Ixhuatepec, que fui mencionado en diferentes medios de comunicación. Lo hice por defender a la gente, no había otro interés, y fue para proteger a las personas de mi distrito que así me lo pidieron.
Asimismo, el mismo San Juan Ixhuatepec, conocido como San Juanico, ayer se conmemoraron los 34 años de la desgracia de la explosión, así es que presidenta, le pediría, si lo permite, que les guardáramos un minuto de silencio a esas personas que perecieron en esa desgracia de San Juanico. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Obsequiamos la solicitud del diputado Manzanilla Téllez. Guardaremos un minuto de silencio en honor a las víctimas de hace 34 años.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Brenda Espinoza López (desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. En el marco del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana quiero citar a nuestro general Emiliano Zapata. Quiero morir siendo esclavo de los principios y no de los hombres.
Haciendo referencia a la apertura del tramo carretero Jantetelco-Tlaquiltenango, de la autopista siglo XXI que pretende fomentar el desarrollo social y económico de Morelos, es necesario revisar estas cuotas, reducirlas y en su caso establecer cuotas preferentes a locatarios y productores agropecuarios. De nada sirve contar con infraestructura que eleve el nivel de movilidad si las cuotas elevadas por el peaje afectan la vida económica y el traslado de los locatarios.
Hago un exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise, reduzca y, en su caso, modifique las cuotas a los residentes y productores como se hace en otras regiones del país. Todo esto por un Estado sensible, justo y solidario porque sólo así, en unidad, lograremos avanzar por un mejor Morelos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Espinoza.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (17:49 horas): Se levanta la sesión y cito para que tendrá lugar el jueves 22 de noviembre de 2018 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las nueve horas.
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