Comunicaciones
Acuerdo de la Junta, relativa a la caravana migrante
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, PRD
María Libier González Anaya, PMC
Javier Julián Castañeda Pomposo, PES
María Lucero Saldaña Pérez, PRI
Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, PAN
Iniciativas
María del Pilar Ortega Martínez, PAN
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, PES
Ana Gabriela Guevara Espinoza, PT
Mario Alberto Ramos Tamez, PMC
Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM
Carol Antonio Altamirano, Morena
Jorge Arturo Espadas Galván, PAN
Brasil Alberto Acosta Peña, PRI
Beatriz Dominga Pérez López, Morena
María Marcela Torres Peimbert, PAN
Irineo Molina Espinoza, Morena
Jesús Fernando García Hernández, Morena
Casimiro Zamora Valdéz, Morena
Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Morena
Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, PAN
María Ester Alonzo Morales, PRI
Carmen Julieta Macías Rábago, PMC
Juan Carlos Loera de la Rosa, Morena
Carlos Alberto Valenzuela González, PAN
Víctor Adolfo Mojica Wences, Morena
Flor Ivonne Morales Miranda, Morena
María Teresa López Pérez, Morena
Oficio de diputado, por el que comunica que ha dejado de pertenecer a grupo parlamentario
Comunicado de coordinador, con integración de diputado a su grupo
Acuerdo de la Junta, con integración de la Sección Instructora
Oficios de la Junta, con cambios de integrantes y juntas directivas de diversas comisiones
Turno a comisiones de las proposiciones
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:00 horas): Correcto. Se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte a la asamblea si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dé cuenta la Secretaría con las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió oficio del diputado Arturo Escobar y Vega, por el que se solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o, 9o y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibieron de diversas autoridades, cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Túrnese a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que, durante septiembre de 2018, el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes, para dar destino a las mercancías de comercio exterior, únicamente destinó a bienes aptos para su uso y consumo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió del Congreso del Estado de Sonora, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona una fracción VI al artículo 271 de la Ley Federal de Derechos.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Estamos en espera de un acuerdo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativa a la caravana migrante.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre migrantes. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso (b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente, acuerdo:
Objeto
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad y exhorta a las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno a poner en marcha un plan de emergencia para atender a la Caravana Migrante en toda su ruta y a actuar de manera coordinada para brindar la atención especial a los grupos más vulnerables.
Infancia
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger y garantizar los derechos de las niñas y niños, que solos o acompañados, forman parte de la caravana migrante, y a que se respete, proteja y garantice el interés superior del menor.
Atención a los migrantes
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federales y locales, a brindar un trato humanitario y digno a las personas que participan en la caravana migrante, en especial a brindarles atención médica provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, y a garantizar en especial la salud de mujeres, adultos mayores, niños y niñas, y personas con discapacidad, así como salvaguardar de su integridad física refugio y asilo.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a otorgar toda la información, facilidades y garantías jurídicas para atender las peticiones de refugio que presenten las personas en movilidad y de la caravana migrante.
Asimismo, se exhorta a la autoridad migratoria a que informe a las personas sobre su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México, y se apoyen los trámites de repatriación a aquellas personas que manifiesten su deseo de regresar a sus lugares de origen.
En su caso, a analizar y otorgar cuando haya mayor vulnerabilidad, visas de tránsito temporal, reunión urgente internacional.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que México, como país miembro de la Conferencia Regional sobre Migración, convoque a una reunión con carácter de urgente a este organismo para la protección de los migrantes en la región, y en donde también sea analizado el tráfico y la trata de personas, con la participación de la representación de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones.
Representación de la Cámara.
Sexto. La Cámara de Diputados autoriza la conformación de un grupo representativo y plural de diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Frontera Sur, Frontera Norte, Derechos Humanos y Gobernación para que se trasladen a los estados donde se moviliza la caravana migrante para coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la atención urgente e inmediata de las personas de la caravana migrante, e informen de inmediato al pleno de la Cámara, de las condiciones humanitarias de dicha caravana.
Desarrollo regional. Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, manifiesta su plena disposición para trabajar bicameralmente y en conferencia con el Senado de la República, para que con visión de Estado se plante una estrategia de desarrollo regional con planes de desarrollo económico y social, para mejorar las condiciones y vida y oportunidades en la zona y presupuestos para el corto, mediano y largo plazo, destinados al combate a la pobreza, reducción de la inseguridad, sostenibilidad y medio ambiente, acceso a los servicios públicos de educación, salud, justicia e infraestructura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día de hoy, 23 de octubre de 2018. Firman los integrantes de la Junta. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una petición, diputado presidente. El documento es muy importante, no lo tenemos, no está publicado en la Gaceta. No lo tenemos.
Nuestro propio coordinador no tiene un tanto del documento. Pediríamos que antes de dar paso a la discusión o durante, nos dieran el documento porque hubo algunas partes ahí que no sé si las interpreté de manera correcta, entonces quisiéramos tener el documento.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, la práctica parlamentaria es, cuando no se publica, ya la Gaceta salió en la mañana, se lee. Y cumplimos con el Reglamento leyéndolo. ¿Le parece bien, señor diputado? Se le remitirán ejemplares. Así se hará.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Sergio Alcántara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es nuestra responsabilidad colectiva hacer que la migración promueva el bien de los migrantes y de los países por igual. Ban Ki-moon.
Migrar no es un privilegio, forma parte de la condición humana. Preservar los derechos humanos de todas las personas en esta condición exige rechazar la imagen de extranjería como peligrosa otredad. Los derechos humanos por su naturaleza propia no hacen distinción alguna sobre las nacionalidades.
El Partido Verde nos sumamos al acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en hacer votos para que se encuentre una solución de carácter social y económico a la caravana migrante.
Es indispensable encontrar de manera coordinada una solución entre las autoridades nacionales y las competentes de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, para ordenar el paso de esta caravana.
Se requiere sin duda el diálogo, particularmente sobre la manera de encontrar vías que promuevan el desarrollo regional, mejorar las condiciones de vida de las personas que pueden ejercer el derecho pleno a la educación, a la salud y a la justicia, para resolver de manera integral los problemas sociales y los problemas políticos. De igual forma, y no menos importante, requiere de la protección de las niñas, de los niños y los adolescentes, que solos o acompañados forman parte de la caravana migrante.
Es fundamental garantizar el buen estado físico y de salud a los integrantes de dicha caravana, anteponiendo la salud de las mujeres, de los adultos mayores, de los niños, de las niñas. Todo ellos están clamando que México extienda su mano solidaria, como tantas veces lo ha hecho en el pasado con países hermanos. Necesitan que sus derechos humanos sean respetados y que su dignidad como personas sea preservada.
El respeto a la dignidad humana debe privilegiarse en todo momento y en todas las naciones. No olvidemos que muchos de nuestros connacionales también son migrantes.
Sin duda la intención del nuevo gobierno de brindar visas para trabajar a los hermanos Centroamericanos es loable. Sin embargo, es necesario que de la misma forma atienda oportunamente el 3.3 por ciento de la población económicamente activa de nuestro país, que no tiene empleo.
Estamos a favor de una migración ordenada y segura para todos, demostrar la estancia legal de los integrantes de la caravana es primordial para su protección.
Nos sumamos al exhorto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a los gobiernos estatales y municipales, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que coordinen acciones y otorguen asistencia a los integrantes de la caravana migrante y se conduzcan con el estricto apego a las leyes nacionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En la medida que se encuentra una solución de carácter social y económico a la caravana, es fundamental salvaguardar la integridad física de todas y cada uno de los migrantes centroamericanos, otorgar toda la información, facilidad y garantías jurídicas, según sean sus necesidades de refugio, de tránsito o repatriación.
Coincidimos en la conformación de un grupo de trabajo plural entre las comisiones legislativas en la materia, de la mano con el Senado de la República, para coadyuvar con las autoridades federales, las autoridades estatales y municipales, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la atención y vigilancia de la caravana migrante. Es fundamental garantizar en todo momento los derechos humanos de los integrantes de esta caravana.
Concluyo. “Emigrar es desaparecer para después renacer. Inmigrar es renacer para después nunca, nunca más desaparecer”. Sami Nair. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias...
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Por hechos.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Sobre qué hechos?
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Es importante, sobre el tema.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pero hay turno, ya está inscrita otra persona, una diputada, al final si usted quiere.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Mauricio Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, durante décadas México dio refugio a miles de personas afectadas por dictaduras y guerras civiles en América Latina y el mundo.
La política de puertas abiertas protegió a miles de exiliados españoles, chilenos, argentinos y de otras latitudes, que por razones políticas salían huyendo de sus países de origen.
En este nuevo siglo y ante un contexto diferente, México tiene que definir qué papel quiere jugar ante el fenómeno de migración que tiene dimensiones globales y amerita respuestas de esa envergadura.
Más aún, si se considera que el éxodo de personas en el continente, por cuestiones políticas, de inseguridad o por razones del tema pobreza se presenta como parte de una crisis humanitaria que va en escalada.
En principio, es necesario apuntar que las normas migratorias de los países han sido diseñadas cuando los efectos de la globalización eran mucho menos que los actuales. De hecho, no existe un sistema migratorio global, pues cada país tiene una política migratoria independiente.
Ante una situación global de grandes dimensiones es necesario dar respuestas globales de los países directa o indirectamente involucrados.
Las diversas políticas nacionales migratorias y la predecible dificultad de arribar estrategias entre los países tiene un alto costo, que como lo estamos observando, ya empieza a provocar conflictos regionales.
Conseguir los migrantes y las migraciones sean uno de los temas principales de la agenda internacional ha costado décadas. Por ello, el proceso negociador para una migración segura, regular y ordenada es uno de los objetivos que esta legislatura deberá tener en la mira y que urge atender sin dilación alguna.
Los esfuerzos que se hagan a este respecto deben atender la urgencia, pero sin dejar de apuntar lo importante: es necesario tener presente que la caravana de migrantes en este país debe protegerse, no violentarles sus derechos y apoyarla en todos sus sentidos.
El fenómeno migratorio en últimas fechas ha tomado el tránsito masivo de personas como una forma de resguardar su seguridad ante las vejaciones y asaltos, extorsiones de polleros y constantes violaciones a sus derechos humanos, y esta situación, compañeras y compañeros legisladores, se ha incrementado desde el año 2014.
Por ejemplo, en Honduras un 64 por ciento de los hogares viven en condiciones de pobreza y es azolado por pandillas que imponen violentamente un llamado impuesto de guerra o extorsión a pobladores, comercios y negocios.
Actualmente, Honduras es un país centroamericano que tiene dos ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa en el ranking de las ciudades más inseguras del mundo.
Al entrar a México en su recorrido por territorio nacional, las personas que integran la caravana demandan libertad de tránsito en su camino a Estados Unidos. En todos los casos, la presencia de familias enteras, mujeres y menores que viajan solos también es notable.
A todo lo anterior, en esta ocasión se suma un proceso electivo en Estados Unidos, en donde el tema migratorio se ha convertido en un tema de agenda política y no en la realidad que representa una potencial crisis humanitaria en los países de la región centro del continente americano.
La mayoría de las personas centroamericanas que transitan por nuestro país sin documentos no pretenden quedarse en México. Sin embargo, es un territorio de paso obligado para poder llegar a su destino.
El costo de su travesía es alto, robo, violaciones, extorsiones, secuestros, trata de personas, entre otros. Los migrantes hartos de violaciones en contra de sus derechos humanos decidieron romper el círculo e iniciaron su aventura de manera masiva, abierta y anunciada, primero en compañía de defensores y activistas, y después por iniciativa propia.
La parte más notoria de este discurso de odio se encuentra en las palabras del presidente norteamericano Donald Trump, que hostiga y amenaza tanto a los países de Centroamérica y México, como a las personas de caravana de migrantes. Sus advertencias van desde el retiro de ayudas económicas hasta la militarización de la frontera sur, e incluso ahora en declarar emergencia nacional por el peligro que representa, según él, la caravana de migrantes.
Resulta paradójico que ese sea el mismo del presidente de los Estados Unidos, quien reclama acciones a los países centroamericanos y sea él quien haya decidido no participar en el primer pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Esta iniciativa promovida por los gobiernos de México y Suiza logró a la mitad de este año el acuerdo de 193 países que busca aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los migrantes indocumentados.
Con este acuerdo se trata de gestionar los flujos migratorios de manera integral y de escala internacional. En él, los estados se comprometen a mejorar su cooperación contra la trata y el tráfico ilícito de personas, si bien es un mecanismo jurídicamente no vinculante, sus propósitos no demeritan en nada por su principio político para los países que lo suscriben.
Presidente, un minuto, si es tan amable, de su tolerancia. Por tal motivo, en esta época en que los muros fronterizos, la repatriación forzada y la política racista y xenofóbica están debilitando las reglas internacionales en el debate público, el reforzamiento de la retórica humanitaria, el reconocimiento de los beneficios de la migración y el retiro de las normas existentes son por sí muy valiosos.
De tal manera, diputadas y diputados, que el día de hoy la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ejecutivo federal y el Ejecutivo federal entrante, tenemos que velar por los derechos migratorios, porque se haga un acuerdo regional, porque se mantenga la seguridad de los migrantes, pero sobre todo no podemos exigir al presidente de los Estados Unidos y al estado norteamericano, respeto a los derechos humanos, si nosotros no somos capaces de defender los derechos de los centroamericanos...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: ...de tal manera que, diputadas y diputados, ojalá tomemos como un asunto propio el asunto de los derechos de los migrantes. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada María Libier González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada María Libier González Anaya: “El exilio mira hacia el pasado lamentándose las heridas, el migrante mira hacia el futuro dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance”. Isabel Allende.
Con su venia, señor presidente. Compañeros diputadas y diputados, como es de su conocimiento, la emigración es un fenómeno mundial que alcanza a la mayoría de los países, lo cual debe movernos a la reflexión ya que esta movilidad humana tiene el propósito de buscar y generar condiciones de bienestar para millones de seres humanos que no encuentran en su lugar de origen.
La contribución de los migrantes al desarrollo de las naciones, es indiscutible, como indiscutible es que son sujetos de derechos en los países que son su destino, los cuales por omisión o negación incumplen su otorgamiento.
La llegada de miles de hermanos hondureños, compañeras y compañeros diputados, debe generar en nosotros sentimientos de solidaridad ante la adversidad de quienes buscan mejorar condiciones de vida para su familia, por lo que su desplazamiento depende a una necesidad.
Nuestra historia da muestras de solidaridad que tenemos con los países latinoamericanos, y hoy no será la excepción, pues nuestra cultura se ha visto enriquecida con las aportaciones de los migrantes a nuestro país.
En razón de lo anterior debemos recordar que las leyes mexicanas garanticen igual de derechos entre los ciudadanos mexicanos y cualquier extranjero que ingrese al territorio nacional.
Pero es importante señalar que el libre tránsito es un derecho que toda persona, y el deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo.
México rige sus políticas migratorias fundadas, entre otros principios, por los siguientes: resto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables.
En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante, por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migrante.
Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a las condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia.
De acuerdo a la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional, facilitación de la movilidad internacional de personas salvaguardando el orden y la seguridad.
Estos principios tienen justa aplicación cuando la caravana de migrantes procedentes del país hermano de Honduras realizan su travesía por territorio mexicano.
Consideramos que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por lo tanto las autoridades mexicanas tienen la obligación de dar un trato humanitario para que bajo ninguna circunstancia se afecte su integridad y libertad.
Por eso, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respalda ampliamente el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a las diversas instancias gubernamentales y la de la sociedad civil, a favor de los hermanos hondureños.
Debemos ser congruentes, si bien queremos que se trate a los migrantes mexicanos en el país del norte, debemos ser congruentes con el mismo trato a los migrantes aquí. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días.
Ningún ser humano es ilegal. Nuestro país está siendo testigo y albergando una situación profundamente dolorosa y preocupante; el paso de una caravana que reclama atención por la profunda crisis que la desató y suplica empatía por las necesidades que vienen acarreando desde hace doce días.
En la caravana que salió de Honduras vienen niños, niñas, bebés, madres solteras y adolescentes que viajan solos, vienen hombres y mujeres, vienen personas que buscan salvaguardar su integridad y salvaguardarse de la crisis de inseguridad y de la violencia que viven en su país, originada por un fraude electoral que para imponerse ha generado una represión feroz.
Desde antes que llegara a nuestra frontera la caravana de nuestras y nuestros hermanos centroamericanos, sabíamos que se dirigían hacia México. Lo supimos porque lo anunciaron y porque ha sido mediatizada. Lo sabíamos como ciudadanos y lo sabían las autoridades.
Esa fue de hecho la razón por la que, al llegar a la frontera, miles de personas se encontraron filas de granaderos donde normalmente la frontera está abierta. La razón por la que se trató de impedir el paso a una caravana de personas que abandonaron sus hogares por motivos de seguridad, a una caravana que ha declarado en numerosas ocasiones que no tiene intención de quedarse en México, es poco clara, pero al mismo tiempo evidente la solicitud explícita del gobierno norteamericano de así hacerlo.
El gobierno en turno alegó que se trataba de motivos de soberanía y de seguridad. Resulta difícil concebir que haya quienes no entienden que la situación que ha llevado a esas personas a dejar sus hogares sea la necesidad y no el gusto por migrar arriesgando su vida, y en algunos casos la de su familia, y sin embargo los medios de comunicación y las redes sociales se han llenado de opiniones racistas y xenofóbicas en contra de quienes conforman la caravana.
Que pare la histeria y el racismo, somos un país de 120 millones de mexicanos y ellos son solamente 7 mil. Es una gota de agua en medio del mar.
No tenemos ninguna razón para creer que quienes componen la caravana son delincuentes y aunque así lo fueran de todos modos merecerían un trato humanitario. Merecerían por lo menos un trato como el que esperamos que reciban las y los mexicanos que viven indocumentadamente en Estados Unidos.
Es momento, no solo de tomar postura, la más determinante en términos de rechazo total ante la falta de humanitarismo que hemos demostrado como pueblo de México, sino de emprender acciones, de exigir activamente a las autoridades que protejan a cada migrante, de convocar y apoyar a la sociedad civil en sus labores humanitarias.
Creemos firmemente que todas las personas, prescindiendo de su nacionalidad o circunstancia debida tienen los mismos derechos a la vida digna, al respeto, al trabajo, a la seguridad, y tenemos sobre todo que es responsabilidad urgente del gobierno mexicano tomar las medidas necesarias para asegurarles protección y acompañamiento a todas y todos los migrantes centroamericanos, como expresión política exterior y como reivindicación de nuestra soberanía.
Refrendamos nuestra solidaridad y expresamos nuestra disposición y buena voluntad para emprender cualquier medida necesaria, para que en el paso de la caravana migrante por nuestro país sea óptimo, y expresamos nuestro apoyo y esperanza de que su llegada a la frontera del norte no les signifique mayor pesar que el que le significó llegar a nuestra frontera. Apoyando siempre la declaración...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, compañera.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo: ... de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo respetando los derechos humanos de los mexicanos y nuestra Constitución, nuestra soberanía. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Muy buenos días, compañeros diputados. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Un tema que ha estado en boca, sobre todo en los últimos días, es el del fenómeno de la migración, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que históricamente ha sido parte del mundo y del traslado y tránsito de mucha gente en muchos países y México no es la excepción.
Actualmente, fíjense bien, la población migrante en el mundo es de 250 millones de personas, que representa casi el 4 por ciento de la población mundial, por eso muchos países han adoptado medidas para proteger los derechos de los migrantes, ya que tienen derecho como personas por el simple hecho de transitar y de buscar una mejor forma de vida para ellos y sus familias.
México no ha sido la excepción a este fenómeno y en días pasados, más de 4 mil personas, entre ellos, fíjense bien, compañeros, más de 25 por ciento de ellos menores de edad, acompañados o solos, llegaron a la frontera mexicana tratando de buscar, en su camino hacia los Estados Unidos, una mejor calidad de vida, así como un mejor desarrollo para sus familias.
Sin embargo, no se ha podido llegar a una solución de carácter social y económica en parte debido a los problemas nacionales en los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estamos solicitándole que permita a los migrantes que se encuentran en esta caravana tener certeza sobre el trato que se les dará, con el fin de que se respeten sus derechos humanos.
Nuestro país ha estado en el ojo del huracán con respecto a este tema en los últimos días y todo debido a que la Cancillería mexicana no se dio el tiempo para prevenir este asunto desde que la caravana inició en Honduras. La desatención, el desorden y todo lo que se generó de manera asistencial y en materia de seguridad para los migrantes no se atendió desde que la caravana se originó en Centroamérica, creando solamente como solución un cerco policiaco en nuestra frontera sur para de esa manera recibir a las personas que buscaban un mejor porvenir, a ellos, a sus familias, a mujeres y, sobre todo, a menores de edad.
Nuestro país ha sido reconocido a nivel internacional por su solicitud, para que los mexicanos que van a otros países y particularmente a Estados Unidos sean atendidos con dignidad.
Por eso, es muy importante, compañeros, diputados, compañeras diputadas, que nosotros exijamos y ejemplifiquemos con congruencia, congruencia social, congruencia política y congruencia humanitaria en este importante tema.
Para exigir hay que poner el ejemplo, ya que más de 12 millones de mexicanos transitan de México hacia nuestra Frontera norte para buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos y Canadá. Y nosotros hemos exigido que se respeten los derechos humanos, los derechos civiles de nuestros paisanos en otros países.
Así es que hay que poner el ejemplo a través de nuestras autoridades, que solo propiciaron, llegando a la frontera con México esta caravana de migrantes, como lo decía anteriormente, desorden, desatención.
¿Qué nos hubiera costado y qué le hubiera costado a la Cancillería mexicana, desde que la caravana estaba saliendo de Honduras, atender de manera bilateral con el gobierno de Honduras, luego con el gobierno de Guatemala este problema que se estaba generando?
No solamente atenderlo por parte del gobierno sino también lo hubiéramos podido atender en conjunto con organismos de derechos humanos de carácter internacional. Con organizaciones y fundaciones de la sociedad civil que atienden este tema a nivel global.
Pero claro, nuestra política cada vez se parece más a la de Estados Unidos y la de algunos países europeos, ante la llegada, por ejemplo, subsaharianos al sur de Europa, por la llegada de sirios a las fronteras de Europa oriental.
Es importante que prevengamos con recursos para la atención de este importante fenómeno.
Ya lo han dicho los gobiernos locales de nuestro país, no hay dinero porque urge un fondo de migralidad que atienda precisamente, en materia de seguridad pública y en materia asistencial a todos los migrantes, pero particularmente a los menores que viajan solos en unas circunstancias muy difíciles y muy complicadas.
Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, que nos ocupamos y nos preocupamos de que se garanticen los derechos humanos de todos los migrantes, estaremos velando para que se respeten los derechos internacionales y los tratados que México ha firmado en materia de atención a los migrantes. No solamente nuestros paisanos en otros países sino también los que llegan a nuestra Frontera sur. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias y buen día.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: con el permiso de la Presidencia. Y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, nos expresamos a favor del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados.
La magnitud del tema es relevante. Se está hablando de libertad de tránsito de movilidad de las personas, del derecho internacional, de los derechos humanos, del respeto a la y el migrante. Todo esto nos lleva hoy a encarar un fenómeno que no de por sí significa delito. Un fenómeno de necesidades conjuntas que hoy vemos, no como primera vez, que una caravanaintegrada por diferentes colectivos, grupos de distintos países, están ya transitando por nuestro país.
Y si bien para el gobierno mexicano las y los migrantes deben ser considerados como parte de agentes de cambio, cuyas aportaciones deben promover el desarrollo de los lugares donde se asientan, así lo hemos visto desde nuestros connacionales. Por ello el respeto de los derechos humanos y su seguridad constituye una prioridad como una política nacional.
Se ha dicho que México no solamente es país de tránsito, de destino, también de origen, de retorno. Las aportaciones que han hecho a nuestra nación al interior de nuestro país son innegables y de gran valor.
Por estas razones estamos a favor de una migración segura, regular, ordenada, siempre considerada desde una perspectiva de los derechos humanos y sin el menoscabo de la soberanía o del Estado de derecho.
Siempre ha habido migrantes. Siempre ha habido estos flujos a lo largo de las diferentes historias de las civilizaciones y no debe ser motivo de visiones de odio, de rechazo, de menosprecio ni tampoco sin orden y sin el respeto también a las leyes de cada país.
El gobierno mexicano ha recibido a los integrantes de esta caravana de migrantes con base en procedimientos establecidos en nuestra legislación interna y atendiendo también al derecho internacional en materia migratoria.
Desde que se tuvo conocimiento de la caravana, el gobierno tuvo las previsiones pertinentes para atender su llegada. Así nos hizo saber en la comparecencia el secretario de Gobernación aquí ante comisiones, y las necesidades de sus integrantes a fin de garantizar seguridad, integridad y el respeto a sus derechos humanos.
México solicitó la intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y así acompañar este proceso vigilando los derechos humanos que no sean vulnerados ni violentados.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de gobernación, se atendieron las solicitudes de refugio de migrantes, se les están dando explicaciones de opciones a las que tienen derecho.
La comunicación con los miembros de la caravana ha sido permanente. Asimismo el gobierno de México mantiene una comunicación con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, a fin de hacer frente a la situación a través de acciones mutilaterales y con base en el principio de la cooperación internacional.
El presidente reiteró el compromiso de nuestro país con la seguridad de los migrantes, siempre que se mantenga el apego a estos principios legales que rigen nuestras leyes en materia migratoria.
La sociedad civil, hay que reconocer, siempre organizada, está precisamente, sin distingos de nacionalidades o condición de la migración, apoyando y respaldando hacia sus necesidades con alimentos y bebidas.
A quienes han decidido regresar a su lugar de origen también de forma voluntaria, se ha dado asesoría e información.
Entre los y las integrantes de la caravana se encuentran grupos vulnerables que hay que tomar atención. Es por ello que nos manifestamos para que no se criminalicen, son personas, los migrantes, que buscan mejores oportunidades y condiciones de vida, y tenemos que vigilar que se generen alternativas para que se diluyan riesgos.
Una política migratoria que garantice derechos, no a una globalización de la...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, compañera diputada.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: ...indiferencia. Y termino diciendo que actuemos siempre sobre las causas y no solamente sobre los efectos. Los muros no generan soluciones, generan odio. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Ciro Sales Ruiz, de Morena. Ah, Eugenia Leticia Espinosa, del PAN.
La diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas: Con el permiso, diputado presidente. Señoras y señores diputados, en días recientes hemos sido testigos de un fenómeno migratorio sin precedentes.
Si bien, en México hemos recibido numerosas caravanas migrantes a lo largo de todos estos años, el volumen de lo que hoy estamos viviendo, se encuentra en nuestro país y nos ha dejado sin palabras.
Las imágenes que nos han presentado los medios de comunicación, nos trasmiten esa desesperación que sienten los miles de migrantes provenientes en su mayoría de Honduras y que vienen en busca de una vida mejor.
Estamos ante una situación compleja. La migración no es un fenómeno nuevo, y siempre ha sido complejo. Sin embargo, esta situación lo es más si se toma en cuenta que el número tan elevado de población que nos está siendo presente en estos días, es vulnerable.
Esta vulnerabilidad que les acompaña siendo mujeres embarazadas, niños y niñas, jóvenes y aún más, personas que les acompañan de la tercera edad, solo en busca de un futuro mejor. Ante todo, se debe privilegiar los derechos humanos.
Nadie, sin importar su nacionalidad o características de su estancia en nuestro país, puede ver sus derechos vulnerados. Estos deben ser protegidos. En efecto, no podemos enfrentarnos a este problema con promesas vacías y buenos deseos. De nada sirve hacer promesas que no se pueden cumplir, sino por el contrario, empeorarían la situación.
El gobierno de México debe cumplir con su responsabilidad y sus compromisos adquiridos frente a otros países.
Señoras y señores diputados, hoy culmina el sexenio del último gobierno del PRI igual que empezó, igual que como se condujo en todo este tiempo.
Recordamos al inicio las pifias en torno a la inversión china con la cancelación del tren México-Querétaro. También recordamos la invitación que se tuvo del presidente Trump, que terminó con manchar la ya desgastada imagen de nuestro gobierno, y ahora con el asunto de la caravana migrante quedando mal hasta con su propia sombra.
Lo anterior es el reflejo de un sexenio carente de estrategia, carente de una visión geopolítica, con un gobierno que nunca entendió cuál es y cuál ha sido la posición de México en el mundo.
La caravana migrante puso la cereza en el pastel de la ignominia, el gobierno no tuvo los reflejos suficientes para encarar el asunto de manera consecuente con la historia de México, con su tradición, siempre de puertas abiertas para los migrantes, y tampoco hizo saber de manera clara y contundente que no somos el traspatio de Estados Unidos y que México no es el cancerbero de nadie.
México debe de admitir en franco respeto a los derechos humanos, a quien sí se lo solicite. Como promotor del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, es el momento de pasar a las acciones. Es momento que México demuestre que la responsabilidad que tienen los gobiernos de los países de ver por una migración que esta debe de cumplir y que se debe lograr.
Es hora que el gobierno federal actúe. Lo único que queremos solicitar a quienes integran esta caravana es que exijan que no se conduzcan a un enfrentamiento, que el ingreso se lleve de manera ordenada y que acaten, sobre todo, las leyes mexicanas.
Es lo mínimo que se le puede pedir a quien ingresa a nuestro territorio, y lo decimos y lo advertimos sobre todo por una cosa; por su propia seguridad, porque no queremos que sean presa de los grupos delincuentes, de la trata de personas o de las garras del narcotráfico. Estas ya han venido cobrando centenares de vidas en nuestro país.
En México somos solidarios y entendemos bien, porque quienes pasan por esta dura decisión de buscar una vida mejor deben de dejar sus países, ya sea que busquen más o mejores oportunidades para ellos y sus familias o huyan para salvar sus vidas, y de alguna manera esto debe ser un pacto de solidaridad con nuestros hermanos.
Los esfuerzos deben continuar, hoy más que nunca es imperativo contar con una estrategia bien planteada, que cumpla con los objetivos que el pacto mundial para una migración sea segura, ordenada y regular.
No hay cabida para promesas huecas y vacías, hechas para ganar simplemente simpatizantes, votos o seguidores. Es hora de actuar en consecuencia a favor de la dignidad de las personas...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego que abrevie.
La diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas: ... El Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos ocupamos y nos preocupamos por salvaguardar los derechos humanos, así como la integridad de cada uno y que de esta manera puedan realizar sus trámites adecuados. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Ciro Sales Ruiz, de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Ciro Sales Ruiz: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, se han recogido diferentes expresiones de mujeres de esta caravana de migrantes.
En el caso de María, que al ir caminando con dos de sus hijos y su esposo nos pide a los mexicanos que no los regresemos, que su objetivo es una mejor vida y es llegar a los Estados Unidos.
Se manejan cifras por diferentes cadenas televisoras de 7 mil migrantes hondureños. Lo preocupante es que el 25 por ciento son niños y niñas. Debemos entender que México por su ubicación geográfica es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Una frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos al norte y otra al sur de más de mil kilómetros con Guatemala y Belice.
México tiene lugares numerosos y complejos flujos migratorios. Lamentablemente uno de los flujos más visibles son las mujeres, las niñas y los niños y los adolescentes que viajan solos, ya sea buscando reunirse con sus familias, procurando un futuro mejor o por la necesidad de escapar de la violencia intrafamiliar, la trata o la explotación o simplemente orillados por la pobreza.
Esta situación los hace víctimas potenciales de una gran cantidad de riesgos para su salud, su integridad física, su dignidad e incluso sus propias vidas. Son vulnerables a la explotación y trabajo infantil, a la trata de personas, al abuso físico y sexual, así como a la extorsión y secuestros. Por lo general estas situaciones son literalmente inhumanas, humillantes y confusas, que les dejan profundas huellas, daños físicos y psicológicos aterradores.
De manera preocupante, es importante mencionar que en el año 2016 no hubo investigación, enjuiciamientos o condenas de empleados gubernamentales, cómplices de la trata por parte del Estado mexicano.
De hecho, el gobierno no ha condenado a ningún funcionario cómplice desde 2010, a pesar de la información de que algunos extorsionan a las víctimas a través de sobornos y servicios sexuales.
Los niños y niñas víctimas de trata. El sistema de justicia penal mexicano y en el caso de los migrantes ha servido para criminalizar a este sector y esto grava más aún la situación de los migrantes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que cada año son secuestradas 22 mil personas migrantes en México, quienes reportan ganancias para la delincuencia organizada por más de 50 millones de dólares.
La trata con fines de explotación se enlaza más allá de las fronteras, la trata es sin duda uno de los factores más recurrentes en la Frontera sur y a lo largo de la República Mexicana.
Las soluciones se deben de abordar desde las causas estructurales de la migración forzada e irregular desde Centroamérica, y que son la pobreza, la violencia de las maras y la falta de oportunidades económicas y educativas.
El endurecimiento de las medidas de control provoca que se empleen nuevas rutas peligrosas y en muchos casos el retorno forzoso a sus países de origen. Deja a los migrantes en circunstancias aún peores que las de antes de marcharse y aumentar la posibilidad de que vuelvan a asumir riesgos de migrar.
Por todo lo anterior, el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ha plantado claramente un vasto programa de apoyo e inversión para los países del triángulo norte.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañero, su tiempo se ha agotado.
El diputado Ciro Sales Ruíz: Permítame dos minutos, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, no le puedo conceder. Dos minutos no.
El diputado Ciro Sales Ruiz: Esto es Honduras, El Salvador y Guatemala, con el apoyo de Estados Unidos de América, tendiente a fomentar, promover el desarrollo de empleo en dichas zonas, a efecto de desalentar el fenómeno migratorio y que la migración no sea por necesidad sino como un derecho opcional.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se acabó su tiempo, compañero. Ha pasado un minuto.
El diputado Ciro Sales Ruiz: Sí, señor. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, le ruego concluya.
El diputado Ciro Sales Ruiz: Gracias, señor presidente. Concluyo. El Grupo Parlamentario de Morena habrá de reforzar el marco jurídico para la protección de los derechos humanos de los migrantes, y en especial para la protección y el amparo de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados. Muchas gracias, diputado presidente, muy amable.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Han solicitado la palabra sobre este tema diez oradores, y bueno, creo que deben expresar lo suyo, pero desde la curul y por un tiempo no mayor de dos minutos. ¿Le parece a la asamblea? De acuerdo. Julieta Kristal Vences Valencia, de Morena. Desde su lugar. Sonido.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (desde la curul): Sí. Gracias, diputado presidente. Sin duda, hoy México enfrenta una gran responsabilidad moral y legal, tanto por ser país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes, como por la Constitución, los tratados internacionales de que es parte y la ley en la materia obligan a las autoridades mexicanas a velar y proteger sus derechos, la integridad independientemente de su situación migratoria.
La Ley de Migración establece en su artículo 2, los principios en los que debe de sustentarse la política migratoria del Estado mexicano.
Este menciona en su numeral uno el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros.
Dos. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito.
Tres De manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclaman para sus connacionales en el exterior.
Cuatro. Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países en el tema migratorio; y
Cinco. La facilitación de la movilidad internacional de las personas.
El día 22 cientos de organizaciones civiles e instituciones académicas, nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes con quien esta Comisión de Asuntos Migratorios hemos venido trabajando.
Se hizo un documento en el que se establecen cursos de acción que avalamos quienes suscribimos el presente y señala que México debe de cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido en el marco jurídico nacional e internacional, para formar y detectar y autorizar el ingreso de todas las personas con apego a las garantías de un debido proceso al país, como evaluar, determinar las necesidades de protección de la niñez, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y de las familias, ya sea como refugiadas o por otras causas humanitarias o complementarias, coordinar las acciones con el apoyo de las agencias de la ONU, organismos internacionales...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, se ha acabado su tiempo.
La diputada Julieta Krystal Vences Valencia (desde la curul): ...Concluyo, diputado presidente. Tradición humanitaria y de acogida que ha intentado en diferentes momentos de la historia.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, donde se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a dar puntual observancia a lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos y cumplimiento a los principios que rige la política migratoria del país, en el artículo 2.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera, porque ya hay una propuesta de Jucopo, de todos los partidos.
La diputada Julieta Krystal Vences Valencia (desde la curul): Okey. Sí, gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Por favor. Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del PT.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Gracias, presidente. Los migrantes saben que se enfrentan a vicisitudes, pero no imaginan lo que aquí ocurre en México.
Quiero exhortar al gobierno de Enrique Peña Nieto, a dejar de vender a México como Peñalandia, como si fuera el primer mundo, porque todos han de creer que aquí van a llegar a encontrar mejores oportunidades, cuando ni los mexicanos las tenemos.
Quiero también exhortar a los medios de comunicación a difundir la realidad que existe aquí en México, y esa es que existe una red criminal que vive del tema migrante.
En tránsito los migrantes quedan a manos de organizaciones de trata de personas, de tráfico de órganos infantiles, de esclavitud laboral, a eso se enfrentan. Pero si aun así, aun sabiendo que quedan expuestos a esto quieren cruzar, nosotros tenemos la obligación de brindarles una protección y un amor y una humanidad durante su tránsito por México, porque México siempre ha sido el país amigo, porque el mundo es de los humanos y las fronteras las pusieron los gobernantes. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. El diputado Juan Enrique Farrera Esponda, de Morena.
El diputado Juan Enrique Farrera Esponda (desde la curul): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, buenos días a todos. Amigos y amigas, quiero comentarles que estuve en Tapachula, Chiapas en el mismo asunto de los migrantes. Lo que vi quiero compartirlo con ustedes, que vi a gente humilde, gente sencilla que vienen en son de paz, con un sueño americano.
Comentarles también y agradecerle a Mario Delgado que nos acompañó, que caminó con ellos, que los saludó y que vio, que constató con sus propios ojos que eso es lo que viene pasando en la emigración. No es la primera, siempre sucede.
Lo que sí es que hoy es algo atípico de más de 5 mil personas que transitan acá por el país, van a Estados Unidos. Lo único que quieren es que se les respete el derecho de migración, lo único que piden es que eso, no piden de México nada más ni que los satanicemos.
Les pido a todos los diputados de todas las fracciones que aboguemos por ellos porque son hermanos nuestros, que también nosotros tenemos a paisanos en Estados Unidos, que pedimos que los respeten a ellos. Y cómo van a respetarlos si nosotros no lo hacemos. Es lo que vi, señor presidente y es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del PAN.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (desde la curul): A manera de reflexión, ya escuchamos la solidaridad de prácticamente todas las fracciones en este Congreso, primero que nada me parece importante una campaña de concientización en la población que observamos no comprende un buen sector de este país el fenómeno migratorio, y es necesario un esfuerzo desde el gobierno federal en ese sentido.
Por otra parte, urgente el exhorto de las autoridades estatales y municipales para que todos los planteamientos que se han hecho aquí tengan en la práctica la solidaridad eficiente con los ciudadanos para que se coordinen con la sociedad civil, y para esto necesariamente este gobierno federal tiene que plantear una estrategia de recursos extraordinarios para que los estados y los municipios por los cuales se va a transitar la caravana, sean atendidos con eficiencia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra Rubén Terán Águila, de Morena.
El diputado Rubén Terán Águila (desde la curul): Con el permiso de la Mesa. Hacer un exhorto: que en primera instancia se reconozca lo establecido y además se obedezca lo que estipula el artículo 1o. constitucional de nuestra Carta Magna. Esto es un tema muy importante.
Por otra parte, México no puede ser ni debe seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. No podemos, compañeros legisladores, levantar la voz cuando tratan mal a nuestros paisanos, cuando los denuestan, los denigran y nosotros hacer lo propio con quienes hoy son migrantes.
Quien les habla, en su momento, he tenido la condición de migrante en el país vecino, y quiero decirles que hoy que estoy en esta Cámara federal, levanto la voz por los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, pero también levanto la voz por la mujeres, hombres y niños que están cruzando nuestras fronteras.
Aspiramos a ser el hermano mayor de Latinoamérica. México debe poner el ejemplo, debe demostrar que es un país respetuoso de los derechos humanos, pero también debe ser congruente y dar muestras de manera internacional, que es un país que no actúa por consigna del país vecino.
Hoy, compañeros diputados, esta travesía que hacen los migrantes latinoamericanos quedará registrada en la historia, y nosotros como legisladores tenemos el deber de respetarlos, de refrendarlos y brindarle todas nuestras facilidades a nuestros hermanos latinoamericanos. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Gracias, presidente. No solamente lo que ya acaban de comentar los compañeros diputados. Hay un programa que se llama Diputada Amiga, Diputado Amigo. Creo que sería fundamental que las Comisiones de Asuntos Migratorios, de Frontera Norte y Frontera Sur revisen.
No solamente por supuesto se apoya cuando nuestros connacionales regresan a territorio mexicano, sobre todo a finales de año, en el mes de diciembre o en enero, sino creo que es una gran oportunidad, fundamental para que también esta Cámara de Diputados en acciones.
No solamente se requiere levantar la voz, se necesita realizar acciones concretas para ayudar a que estas personas sean tratadas dignamente.
Entonces, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hacemos un exhorto también para que estas comisiones que tienen en sus manos este programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, y por supuesto sumar a los 500 diputados federales en acciones concretas de ayuda, de solidaridad y de subsidiaridad para que las personas que están pasando por nuestro territorio sean precisamente tratados como seres humanos, como se merecen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Compañeras y compañeros diputados, el pueblo hondureño hoy pide nuestra solidaridad. No solo la humanitaria, que vale destacar se ha desbordado en las muestras de apoyo, en la entrega de alimentos y agua por parte del pueblo mexicano.
Tenemos que ser claros, no somos la policía migratoria del norte del país. Es cierto que debemos respetar las condiciones de ingreso a México, pero podemos hacerlo con un control que permita acceder a permisos especiales que den certeza a los ciudadanos de nuestro país, y a su vez nos mostremos sensibles a las causas de desplazamiento forzado que viven los hondureños.
La respuesta a la migración forzada no es la represión ni ser reactivos, por el contrario, debemos ser propositivos, buscar una cooperación efectiva que vaya directamente a atender el origen del conflicto y combatir las causas generadoras que motivan esos movimientos.
Eso solo lo lograremos cuando generemos una política exterior distinta, en donde comulguemos como iguales con los países de Centroamérica y Norteamérica, respetando sus fortalezas para construir una relación económica y social que nos permita crecer.
Desde esta Cámara debemos exigir una postura firme de nuestro canciller, dejar en claro que no somos la antesala de la política migratoria del país del norte y no sacrificaremos la humanización de nuestro pueblo para servirle. Asimismo, hacemos un llamado para que la CNDH y la SEP generen una campaña de sensibilización hacia los migrantes de cualquier nacionalidad, incluyendo el respeto a los desplazados internos...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): No nos olvidemos que fueron los primeros que se solidarizaron cuando vivimos el terremoto, fueron los primeros que vinieron a ayudarnos a levantar los escombros. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada María Eugenia Hernández Pérez.
La diputada María Eugenia Hernández Pérez (desde la curul): Buenos días a todas y a todos. México debe ser respetuoso del derecho migratorio internacional y la reglamentación internacional en materia de derechos humanos y refugiados, a lo largo de su historia hemos tendido la mano a pueblos hermanos en dificultades. Somos un país solidario con nuestros hermanos latinoamericanos y no les cerraremos la puerta.
Desde aquí me permito hacer un exhorto a los tres niveles de gobierno, que tengan respeto al derecho migratorio internacional, que el gobierno federal retome el apoyo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que nos ayude a tener ese control de los refugiados que están pasando por nuestro país.
También desde aquí se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a garantizar de forma plena y precisa el ejercicio de los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos que cruzan en caravana por nuestro territorio nacional.
Recordarles a todos los mexicanos que estamos aquí que el fenómeno migratorio se da no por gusto de los migrantes, se da porque en sus países no han encontrado las situaciones económicas, políticas y sociales que les permita su desarrollo pleno. Por eso se van en busca de mejores oportunidades.
Como mexicanos tenemos que ser respetuosos de ese derecho internacional hacia los migrantes. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada. La diputada Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, señor presidente. Las caravanas migrantes son consecuencia de la pobreza extrema que prevalece en los países centroamericanos. México no tiene por qué aceptar amenazas del presidente Donald Trump y modificar su historia de país hospitalario y abierto a refugiados provenientes de diferentes países.
Un ejemplo muy claro de esto es lo que sucede en nuestro estado de Baja California, específicamente la ciudad de Tijuana, donde hemos sido tan hospitalarios que hay una comunidad de haitianos que ya está insertada en la sociedad.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano solicita, de manera firme y responsable, no violentar la caravana migrante, así como evitar discriminar y criminalizar un acto que es de supervivencia humana. Muchas gracias, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputada. La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (desde la curul): Gracias, presidente. Los motivos que producen el fenómeno migratorio, del cual todos somos testigos en estos días, no es más que el reflejo de una estrategia económica fallida, que minó las esperanzas de miles de familias que buscan mejores condiciones de vida.
La llegada de la caravana migrante a México, formada en su mayoría por hermanas y hermanos de Centroamérica, especialmente de Honduras, nos ha vuelto a colocar como un país ante un desafío humanitario, diplomático y económico, que debemos asumir todas y todos, especialmente el Estado.
Es imprescindible recordar que la ONU aprobó la Declaración para Refugiados y Migrantes, escogiendo a México y Suiza como coordinadores para la redacción del Pacto Global en la materia, que va a ser aprobado en diciembre próximo, esto implica que México no debe defraudar el respaldo conferido por la comunidad internacional.
Desafortunadamente ante las presiones y exigencias del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Peña Nieto ha privilegiado las medidas policiacas, desplazó a más de 400 elementos de la Policía Federal para contener la caravana migrante. La presencia policiaca debió ser auxiliar y no sustancial.
Una vez más caímos en la trampa del discurso de la mano dura y la criminalización, lo peor que nos puede pasar es que convirtamos la frontera sur de México en un muro humano y policiaco, como el que pretende construir en nuestra frontera norte el vecino país de Estados Unidos.
Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario de Morena, en esta Cámara de Diputados, rechazamos todo uso de violencia y criminalización hacia las personas migrantes y hacemos un enérgico exhorto a los titulares de gobernación y relaciones exteriores, a la autoridad migratoria y a sus autoridades auxiliares, para que cumplan con el mandato legal que se les ha conferido.
Ningún ser humano es ilegal, quien vulnera los derechos de un solo ser humano vulnera los derechos y la integridad de toda la humanidad. Es cuanto, presidente, gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PAN. No, del PRI, perdón.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Buenas tardes. Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI. La migración es un fenómeno internacional no exclusivo de ningún país ni de ninguna región del mundo. En mi estado, Tamaulipas, tenemos todas las vertientes de la migración,
México siempre ha sido un país generoso y solidario, de tránsito y de destino de migrantes. Debemos todos mejorar las condiciones internas de los países expulsores para generar circunstancias que permitan que las personas se desarrollen a plenitud.
La llegada de la caravana migrante hace patente esta necesidad hoy más que nunca. México siempre ha sido respetuoso de sus compromisos internacionales, como quedó patente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y por supuesto que lo seguirá siendo. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La lista está cerrada. Tiene la palabra, por último, el diputado Juan Carlos Loera de la Rosa.
El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa: Gracias, ciudadano presidente. “Nadie deja su casa, a menos que su casa sea la boca de un tiburón. Nadie pone a sus hijos en una balsa, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión, alimentándose de hojas de periódico, a menos que los kilómetros viajados sean mucho más que una travesía”. Fragmento del poema..., de Warsan Shire.
Compañeras y compañeros, el desplazamiento y éxodo humano no puede quedar enmarcado en las frías palabras y exhortos que aquí hemos coincidido todos ustedes y también su servidor.
Se requiere de acciones concretas, se requiere de ir a acompañar a nuestros hermanos migrantes para ser vigilantes y ser testigos de que se respeten sus derechos humanos, municipio por municipio.
Ante la escasa actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo les propongo, compañeras y compañeros, que se comisione a diputadas y diputados para que acompañen a nuestros hermanos centroamericanos que ahora están visibles, ahora nos damos cuenta porque es un éxodo que se ha dado a conocer.
Pero este es un tema de todos los días y no es únicamente de hondureños y de centroamericanos, también hay un problema en nuestro país de desplazamiento humano forzado que tenemos que atender. No a la criminalización de la migración. Tenemos que acabar con esos mitos xenófobos y racistas que han sido emprendidos desde el norte de nuestro país. Sí a la protección de los migrantes.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y lo diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, (votación) Gracias. Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado, comuníquese.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pasamos ahora al apartado de iniciativas. Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Permítame, diputado. Pido antes al personal de apoyo verifique de inmediato las instalaciones eléctricas. Adelante, diputado.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor presidente. Vengo a presentar una iniciativa de reformas constitucionales orientadas a la plena participación política de las mujeres y a la perspectiva de género en toda la legislación y políticas públicas.
Deseamos rescatar el carácter laico de la República, con independencia de que las personas puedan en su vida privada regirse por el culto que deseen. Nos inspira el texto del artículo 3o. constitucional, que a la letra dice: La educación es la cultura nacional, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos y los fanatismos y los prejuicios.
La participación política de las mujeres se remonta a la era matriarcal, mientras las mujeres ejercían el poder en la comunidad, los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca.
En la antigüedad se implantaron reinados de mujeres, hay evidencias de que grandes gobernantes de la historia han sido del sexo femenino, esto ocurrió tanto en las monarquías absolutas como en las constitucionales.
El caso de España es prototipo, Isabel La Católica tomó decisiones que cambiaron al mundo y con Isabel II se derogó la Ley Sálica, que impedía la sucesión por el rango femenino. A partir de la guillotina de la Revolución Francesa, la soberanía se trasladó al pueblo. Sin embargo, solo podían votar quienes tenían bienes de fortuna, fueran varones y mayores de 25 años.
El caso de México, todos sus Congresos hasta el Constituyente de 1917 estuvieron integrados exclusivamente por varones, destacan las ideas revolucionarias de Tomás Garrido Canabal que concedió, en varios estados de la República, el voto femenino.
En 1937, el general Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa de reforma, aprobada por el Congreso de la Unión y los Congresos de los estados. No obstante, la declaratoria nunca se expidió, porque el PNR afirmó que podría haberse influenciado el voto femenino por los curas.
El presidente Ruiz Cortines en 1953 recuperó la iniciativa de Cárdenas. Cronistas de la época aseguran que lo hizo porque en los comicios en los que contendió contra Miguel Enrique Guzmán, hubo un sinnúmero de muertos y lo hizo para que el voto de las mujeres propiciará la presencia familiar en las urnas con lo que se erradicó la violencia.
Reformas electorales sucesivas. A partir de 1994 han prohibido el acceso de las mujeres a los cargos de representación. El primer Congreso paritario de México fue el Constituyente de la ciudad capital y la actual Cámara de Diputados ha superado esa relación y es en la historia del país el Congreso con más presencia de mujeres.
Aún hay un enorme déficit en la paridad de los cargos públicos. Contamos solo dos ministras, sobre 11 de la Suprema Corte. Tuvimos la Mesa Directiva, una comida hace poco, con la Suprema Corte, aquellos eran dos por nueve, por nueve varones, y la nuestra al revés, nueve compañeras por dos varones. Lo que nos dio un enorme gusto.
Solo hay sobre 32, gobernadoras tres mujeres, el 24 por ciento de los ayuntamientos son presididos por mujeres. En las Fuerzas Armadas solo hay tres generalas. La presencia femenina es muy escasa en los puestos de dirigencia sindical y los consejos empresariales, de la iglesia ni hablar, sólo recomiendo la lectura del dramaturgo Rafael Solana y su obra titulada Debiera haber obispas.
Hemos pensado en que la perspectiva de género e igualdad sustantiva debe ser una visión transversal en toda la condición del país, me refiero a muy pocas de las reformas porque sería demasiado tiempo, que se han pensado.
Esta que se refiere a la coalición política. Esta Constitución garantiza la igualdad sustantiva y la paridad de género en el acceso a la función pública, la promoción en los órganos de gobierno y la composición de los cuerpos administrativos de los poderes de la unión, de los tres órdenes de gobierno y de los organismos constitucionales autónomos.
Esto incluye a los titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes, comenzando por la presidencia de la República, las legislaturas, los poderes judiciales, los ayuntamientos, las alcaldías y todo ente público colegiado.
Las leyes también proveerán las disposiciones para que en la esfera de las empresas públicas y privadas y de sus organizaciones, así como de los sindicatos, se realicen los ajustes para el cumplimiento de este principio.
Dos transitorios que son fundamentales. Para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá a consideración del Senado únicamente ternas compuestas por mujeres hasta que se logre la paridad de género en su integración.
Este mismo procedimiento deberá ser obedecido por todo poder o autoridad que proponga candidatos a ocupar cargos en el servicio.
Si estas disposiciones se volviesen vigentes, en poco menos de una década, tendríamos la igualdad sustantiva. Este es, la paridad entre hombres y mujeres, en todas las funciones públicas y privadas. Qué vivan las mujeres de México.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Con qué objeto diputada Karla Yuritzi? Sonido, por favor. Sí, diputada.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (desde la curul): Buenos días. Para adherirme a la propuesta de iniciativa presentada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que plantea reformas al marco constitucional en materia de mujeres como la no discriminación, la igualdad sustantiva, perspectiva y equidad de género y el cuidado de la familia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada. Se inscribe su intención. Gracias.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (desde la curul): Muchas gracias. También quiero felicitar al diputado por ser un aliado en la lucha de todas las mujeres para alcanzar los derechos plenos. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Gracias
La diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada Ana Gabriela Guevara, ¿con qué objeto?
La diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle al promovente si me permite adherirme a su iniciativa y felicitarlo por seguir haciendo el andamiaje para que la fuerza de la mujer persista. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se registra su adhesión. Anticipo, cuente con que así será. He escuchado que el proponente ha abierto la disposición plena para la adhesión, quien guste hacerlo, estará abierta la lista. Pido a la Secretaría apoye esto.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada Lorena Villavicencio, ¿con qué objeto?
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Señor presidente, en los mismos términos para adherirme a esta importante reforma constitucional, que reconoce plenamente el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su sexualidad reproductiva, sobre su vida, sobre su desarrollo. Enhorabuena y tener un aliado tan importante como el presidente de la Mesa Directiva. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, su solicitud la puede expresar adhiriéndose aquí en la Mesa. Bien, tiene la palabra ahora, hasta por cinco minutos...
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A ver, dígame, diputada Almaguer. ¿Con qué objeto? Si es para adherirse le reitero que...
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero decirle que, sin prejuzgar el fondo y el contenido de la iniciativa que se acaba de presentar, queremos solicitar lo siguiente.
Que dicha iniciativa no tenga trato preferencial, por el contrario, solicitamos que la misma se dictamine de manera conjunta con las iniciativas que en este tema ya hemos presentado otros grupos parlamentarios, incluyendo el PRD.
Esta Cámara no solo puede hacer visible y escucharse a una sola fracción parlamentaria, por muy mayoritaria que sea, sobre todo no reconocer el trabajo y el de muchas compañeras de todos los grupos parlamentarios, organizaciones feministas y colectivos que reivindican los derechos de las mujeres, que este Congreso deba haber...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, concluya por favor.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Si no me interrumpe concluyo, presidente. Que en este Congreso deba hacer esfuerzos para cumplir con la paridad actualmente en la presidencia de comisiones.
No se cumplió con la misma, hay 25 comisiones presididas por hombres y 21 por mujeres. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Su solicitud así se hará, porque así se procede cuando hay distintas iniciativas. Diputada Wendy Briceño
La diputada María Wendy Briceño Zuloaga (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido solo decir que la comisión de Igualdad de Género también está muy interesada en trabajar sobre los puntos de esta iniciativa y señalar lo que ya ha dicho también la diputada Almaguer. Se le dará tratamiento a todas las iniciativas que nos lleguen, pero sí hay que destacar en relación con lo que acaba de presentar el Presidente de la Mesa Directiva, que plantea avances importantes en materia de derechos humanos, hay que señalarlo.
Particularmente hablando de la perspectiva de género, en un elemento clave para la transformación de nuestra sociedad, como es la educación, y decir también que al avanzar en lo que es igualdad sustantiva, avanzamos en un México verdaderamente democrático. En ese sentido estaremos trabajando. Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se registra su expresión. Debo recordar a la asamblea que las consideraciones debate sobre esta iniciativa se hará en la comisión a la que se ha turnado, y desde luego como marca el proceso legislativo, considerando las distintas iniciativas relacionadas.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Primero que nada, celebro que en este Congreso hoy prevalezca el ánimo por la paridad. A nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento hoy una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, que retoma algunas iniciativas presentadas en legislaturas anteriores que no tuvieron suerte, sumadas algunas otras propuestas que se están sumando a este proyecto que hoy se pone a consideración de esta Cámara.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, fue ratificada por nuestro país en marzo de 1981 y señala en su artículo 7 respecto de la participación política de las mujeres que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en las elecciones y referéndums políticos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública del país.
El camino que ha llevado la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos, fundamentalmente a través del siglo XX, no ha sido sencillo, ha estado lleno de obstáculos. Hay que recordar que nuestra Constitución que en 1917 se alzaba como una conquista del Estado liberal de derecho, abogaba por las garantías individuales e introducía el concepto de derechos sociales, pero no otorgó derechos de ciudadanía a la mujer.
Fue pasado 36 años después de la Constitución de 1917, que en 1953 se alcanzó esa calidad de ciudadanas en nuestra Constitución y con ello el derecho al voto.
A partir de esta fecha comenzó una nueva lucha en la conquista por los derechos políticos de las mujeres, nuestro derecho a ser votadas y a participar en la toma de decisiones.
Es así que fundamentalmente en los últimos 25 años nuestro país ha dado grandes e importantes pasos en el camino a garantizar condiciones de igualdad en el ejercicio y goce de los derechos entre mujeres y hombres. Y hay que destacar que esas conquistas han sido producidas justamente por la presencia de las mujeres cada vez más creciente en los parlamentos.
La participación de las mujeres en el Congreso ha sido pieza fundamental para que hoy tengamos reconocido el principio de paridad en la Constitución, pero no es suficiente. Si bien de manera progresiva México ha logrado avanzar en materia de paridad, garantizando espacios en participación para la mujer en la esfera política, principalmente en el Congreso, en los Congresos, el camino no fue sencillo, desde 1993 en que se introduce por primera vez un exhorto a los partidos políticos en materia de perspectiva de género hasta la reforma de 2014 que introduce el principio de paridad, hemos venido dando avances y retrocesos. Sin embargo, hemos podido lograr grandes transformaciones, pero como lo señalé anteriormente, no han sido suficientes.
El día de hoy presento una iniciativa que pretende realizar modificaciones importantes a nuestra Constitución, para que se garantice el principio de paridad en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno.
Se propone reformar el artículo 41 constitucional para introducir las vertientes horizontal y vertical en el principio de paridad, tanto en candidaturas a diputaciones locales y federales y también en el caso de la integración de los ayuntamientos.
Se propone en el mismo artículo, medidas para que los partidos políticos garanticen condiciones de competitividad en la postulación de candidaturas a diputaciones federales y locales, como en ayuntamientos y alcaldías en condiciones de igualdad.
Se establece una modificación al artículo 89 para establecer el principio de paridad en la designación de las secretarías de Estado de la administración pública federal.
Se propone también una reforma al artículo 95 constitucional, a efecto de que en los nombramientos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se procure la paridad entre los géneros.
Se propone una modificación al artículo 97 para que lo mismo ocurra en el caso del Consejo de Judicatura Federal, en lo referente al artículo 99 se propone una disposición similar en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Igualmente, se propone una adición muy importante al artículo 115 de la Constitución, para establecer un freno al fenómeno de Juanitas o Manuelitas que se está dando en la integración de los ayuntamientos, cuando las candidatas electas a las alcaldías son mujeres. De manera tal que en los casos de renuncias que se den por parte de estos titulares puedan ser ocupados por personas del mismo género.
Y para concluir, compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa considera necesario abrevar de las experiencias del derecho electoral que garantizan la igualdad de género para dar paso a la materialización de derechos político-electorales desde otras dimensiones sociales, y que este cambio no solo resulta deseable sino también es necesario que se consolide de una vez.
Porque en los hechos, y a pesar de que se han roto parcialmente las barreras de acceso a espacios de poder o toma de decisiones, existen muchas más y complejas arraigadas en la cultura política.
Es necesario garantizar en los tres niveles de gobierno la transversalidad de la perspectiva de género, incorporar los intereses de las mujeres y los hombres, que tanto hombres como mujeres puedan participar en fluir en los procesos del desarrollo social, político y económico de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 27 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Con su permiso, señor presidente. Sacar adelante a una familia es una tarea titánica. Requiere las 24 horas y los 365 días del año. Principalmente para las mujeres que además de su rol de madres desempeñan también el de trabajadoras.
Son ellas quienes velan por el bienestar de todos los integrantes de la familia, desde el más pequeño hasta el más grande contribuyen así a la economía familiar, dos actividades muy complejas que no tengo la menor duda que solo ellas saben sacar adelante.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi arroja que en México hay 20 millones de amas de casa, que 27 de cada 100 madres ejercen su maternidad sin pareja, es decir, 9.2 millones de mujeres solas. De las madres de 15 años y más, 43.4 por ciento tienen un empleo, de ellas el 38.6 por ciento trabaja en empresas y en negocios, el otro 31 por ciento en el sector informal.
Aunado a lo anterior, muchas mujeres y sus familias están inmersas en círculos viciosos, donde la pobreza, la inseguridad y la violencia no permiten que puedan alcanzar sus objetivos de una vida digna y estar en paz.
Por eso cuando garantizamos a las mujeres la igualdad de género, cuando erradicamos la pobreza, cuando impulsamos un crecimiento económico incluyente, cuando damos acceso a una mayor educación y a la salud, también cuando les ofrecemos mejores oportunidades económicas, mayor autonomía, capacidad de decisión y modificación en sus expectativas de vida, podemos garantizar los derechos de cada una de ellas y de sus hijos.
Eso, compañeras y compañeros, es lo que buscamos a través de esta iniciativa que hoy pongo a su consideración. Una serie de modificaciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de contar con indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la promoción de la igualdad, en la erradicación de la violencia de género y su condición en la familia de las mujeres.
A razón de lo anterior, propongo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se disponga de una asignación presupuestal para un programa que atienda las carencias y necesidades de las mujeres que encabezan una familia.
Es de reconocer que las recientes reformas que en materia de perspectiva de género han avanzado, han avanzado de manera significativa en aras de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún persiste una brecha muy significativa, por lo que será trascendental, en su momento, compañeras diputadas y diputados, su voto en sentido positivo para que de manera permanente se considere un programa que atienda las necesidades de las madres jefas de familia, de sus hijas y de sus hijos.
Como representantes populares deberá ser imperativo continuar garantizando condiciones de ingreso básico de las jefas de familia en beneficio de sus dependientes que le permita transitar al ejercicio de sus derechos sociales tomando como una medida de los programas sociales existentes, etiquetar un recurso de mil 200 pesos mensuales para jefas de familia en situación de pobreza extrema.
Es momento de iniciar el reconocimiento de los derechos de cada una de ellas. Con ello el Estado estará obligado a velar por dar cobertura de asistencia económica y social a la familia constituida por una jefa de familia.
No olvidemos que tienen la necesidad de trabajar para subsistir. Además de ser la única fuente de ingresos y de estar sola en la crianza de sus hijos. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra. hasta por cinco minutos, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25 y 325 de Código Penal Federal. Permítame, diputada.
Esta Presidencia saluda a integrantes, comunicadores del municipio de Texcoco invitados de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos. Y también saludamos la presencia de maestros de distintos estados del país, de la Asociación Civil denominada Maestros por México, encabezados por su dirigencia nacional. Sean bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, uno de los problemas fundamentales hoy en día es la violencia que se ejerce contra las mujeres, situación que en nuestro país no debe de tener cabida. La violencia en contra de la mujer es un problema grave, no debemos aceptarlo como una realidad en nuestra sociedad.
Según la definición de feminicidio, se aplica a todas formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por hombres, motivados por un sentido de odio, superioridad, placer, deseos sádicos o la suposición de propiedad sobre las mujeres.
Es necesario, compañeros, revisar la legislación vigente en materia sustantiva penal. En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, con miras a lograr una mayor y mejor protección de la mujer cuando es parte interviniente en un proceso penal.
En los últimos diez años, del 2007 al 2016, fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en la 32 entidades federativas del país, según el Inegi, significa que cada cuatro horas ocurre la muerte violenta de una niña joven o mujer adulta. Las causas son por mutilación asfixia, ahogamiento, ahorcamiento, degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, 12 mil 308 mujeres fueron asesinadas, mientras que en los cuatro primeros años del mal gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se registraron 10 mil 174.
Indudablemente indica que, al finalizar la gestión del mandato en turno, se superaron los homicidios de la gestión anterior. Este año comenzó con cifras oscuras y alarmantes contra las mujeres, los números de crímenes contra la mujer siguen incrementándose en todo el país, pero principalmente en el estado de México.
No podemos permitir que sigan aconteciendo casos tan lamentables como los ocurridos en Ecatepec, en donde el llamado “Monstruo de Ecatepec”, Juan Carlos, confesó haber asesinado alrededor de 20 mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y ante la sensible importancia de fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, la suscrita propone: una hipótesis que se adicione al artículo 325 del Código Penal Federal, para la tipificación del delito de feminicidio, así como una pena de mayor severidad en contra de los delincuentes.
Someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25 y 325 del Código Penal Federal.
Artículo 25. La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal, su duración será de 40 años de prisión a prisión vitalicia, y de 500 a mil días multa.
Artículo 325, fracción VIII. Como resultado de la violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación, en Encuentro Social sabemos que la vida de las personas es el derecho de mayor jerarquía.
Las mujeres son dadoras de vida, de responsabilidad, de amor, son el pilar de una familia. Es por ello que solicito su apoyo, diputados y diputadas, para lograr el endurecimiento de las penas. Esto conllevará a mejorar el país y a que el victimario no vuelva a reincidir para cometer otro feminicidio.
Quien quiera cometer tal atrocinio que lo piense, porque la pena más alta será cadena perpetua para el condenado. Otro México es posible, hagámoslo todos. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Evitar el Desperdicio de Alimentos.
La diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, presidente. El mundo está realizando grandes esfuerzos para armonizar el desperdicio de alimentos. Un ejemplo fue que en el año 2016, en Francia entró en vigor la primera ley que prohíbe a los supermercados tirar o desperdiciar alimentos que no fueron vendidos, en lugar de ello la reciente ley establece que debe ser donada a refugios o bancos de alimentos, dando así un gran paso a la reducción de desperdicio de los mismos.
A nivel mundial, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o se desperdicia. Esto equivale a cerca de mil 300 millones de toneladas de alimentos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a dos mil millones de personas.
Cada año, consumidores de países primermundistas desperdician casi la misma cantidad de comida, 222 millones de toneladas que la red de producción completa del África subsahariana, 230 millones de toneladas, lo cual nos habla de la gran desigualdad que se vive en el mundo.
El 97 por ciento del desperdicio de alimentos acumulado termina en el basurero. Consumidores y restaurantes son los de mayor desperdicio de comida y que crean una cadena de suministros y estas cifras resultan estremecedoras.
En nuestro país los niveles de pobreza extrema alimentaria se concentran específicamente en los estados de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Puebla, en la suma total de un 53 por ciento de la población en situación de hambruna.
Durante muchos años se han realizado diversos esfuerzos para erradicar el hambre en nuestro país. La Cruzada contra el Hambre ha realizado esfuerzos que han sido de gran ayuda para personas con pobreza extrema, mas el problema no ha podido ser resuelto en su totalidad. Asimismo cabe destacar que estudios llevados a cabo por la FAO se aclara que el 37.26 por ciento de los alimentos producidos en México se desperdician. Esto es suficiente alimento para brindar ayuda a cerca de 7 millones de ciudadanos que se encuentran en situación de extrema pobreza.
Para aclarar las estadísticas, más del 50 por ciento de la leche de vaca, el 29 por ciento de tortillas, el 47 por ciento de pan y casi el 40 por ciento en huevos y pollo son desperdiciados cada año en nuestro país.
Aun así el verdadero desperdicio se encuentra en las frutas y las verduras, donde casi el 60 por ciento del alimento rescatado.
Esta ley tiene por objeto establecer las bases para evitar el desperdicio de alimentos y actuar de manera pronta en la reducción de desperdicio alimenticio y la concientización de los ciudadanos, mediante una implementación de programas sociales, generando la concurrencia de la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México. Asimismo se busca que la donación de alimentos excedentes para el uso humano realizado por las empresas alimentarias puedan venderse libremente a un precio mucho más bajo, o canalizarlos de manera gratuita al banco de alimentos, el cual en forma gratuita asignaría la comida sobrante recibida, no sin antes comprobar que el alimento sea inocuo para el consumo humano y destinado principalmente para el beneficio de las personas más necesitadas.
Por lo anteriormente expuesto, hoy vengo a esta tribuna a someter a su consideración la propuesta de creación de una ley general relativa a la lucha contra el desperdicio de comida en nuestro país para evitar el desperdicio de los alimentos. Sería todo, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
En el área de visitantes de este recinto se encuentra el grupo de maestros procedentes de Mazatlán, Sinaloa, invitados por el diputado Jesús Fernando García Hernández, les damos la bienvenida.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Ramos Tamez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Mario Alberto Ramos Tamez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Mario Alberto Ramos Tamez: El Presupuesto de Egresos de la Federación es una de las principales herramientas e instrumentos de política económica, que permite trazar el camino para alcanzar las metas y los objetivos sociales y económicos del país.
Su aprobación, como se encuentra establecido en el artículo 74 constitucional, constituye una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y debiera concebirse como el documento decisorio en cuanto a los gastos y políticas dentro del ejercicio anual fiscal.
Sin embargo, a lo aprobado aquí en esta Cámara, el Ejecutivo le realiza ampliaciones y reducciones denominadas adecuaciones presupuestarias, las cuales no se encuentran contempladas en el ciclo presupuestario, pero resultan tan importantes que podríamos estar hablando de un presupuesto paralelo o suplementario, como se encuentra actualmente el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se otorga a las dependencias y entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la posibilidad de analizar y autorizar ampliaciones y adecuaciones presupuestarias sin restricciones, evitando con ello el debido y democrático contrapeso y control legislativo que la Constitución le confiere a la Cámara de Diputados respecto del ejercicio del gasto público, permitiendo adecuaciones discrecionales, entre capítulos, conceptos y partidas, que los montos asignados terminan siendo muy distintos a lo presupuestalmente aprobado.
Como se ha observado en los últimos ejercicios fiscales, las ampliaciones presupuestarias se designan principalmente a ramos generales, en donde no se cuenta con normas operativas suficientemente establecidas para el manejo de los fondos que se administran. La responsabilidad hacendaria es difusa, por lo tanto, compañeros, no hay transparencia.
Aunado a ello, se observa que los recursos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación se ven superados por la recaudación real obtenida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, sistemáticamente los ingresos se subestiman, por lo que los recursos fiscales excedentes constituyen ingresos adicionales a los originalmente presupuestados y aprobados por esta soberanía.
Lo anterior sin que el gobierno federal transparente de manera suficiente los programas y proyectos que se asignan a los excedentes que se obtienen con los criterios que los eligen.
Tan es así que la Auditoría Superior de la Federación ha concluido que no es posible determinar el 71 por ciento de los ingresos excedentes.
Como puede observarse, esto es muy importante, las adecuaciones presupuestarias primero se realizan y después, únicamente se informan sin realizar o someter a ningún control de aprobación en esta Cámara de Diputados, aun siendo esta la única instancia constitucionalmente facultada para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y fiscalizar el gasto público.
Como resultado de estas prácticas tenemos que, en los cinco años de la presente administración, el gasto adicional del Poder Ejecutivo fue de casi 1.5 billones de pesos adicionales a los que originalmente se habían autorizado.
Datos de la Cuenta Pública del 2017 permiten observar una variación del 11 por ciento de lo que se aprobó en dicho ejercicio fiscal del Poder Ejecutivo y el gasto real realizado por la dependencia.
Ello, sin mencionar los 6 millones de pesos adicionales a la partida de Comunicación Social del Poder Ejecutivo en el Presupuesto de Egresos 2017, lo cual representa una variación del 457 por ciento, la tasa más alta en los cinco años de la presente administración.
Y sí, si eso podría parecer escandaloso, permítanme manifestarles que existen dependencias que también realizaron gastos superiores a lo aprobado en su comunicación social, como la Secretaría de Turismo con el 14 por ciento, Sedatu con el 11 por ciento y otras también aumentaron, como Sedesol, Semarnat, la SEP, situación que no solo revela una mala planeación del presupuesto sino un manejo discrecional de los recursos públicos.
Es por ello que la facultad de realizar... adecuaciones presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 constitucional deben sujetarse al control legislativo, pues del total de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, únicamente en México y Estonia el Ejecutivo federal puede gastar más de lo presupuestado sin la participación del Legislativo.
Un proyecto de presupuesto bien planificado y bien programado debe reflejarse en mínimas adecuaciones presupuestarias, ya que, por el contrario, una generación de las mismas supone una deficiente planeación, lo que conlleva a un deficiente resultado en el ejercicio del gasto público y en los objetivos de programas sociales y fines institucionales.
Concluyo. En este sentido, los diputados ciudadanos proponemos reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de cualquier dependencia y entidad que represente el 10 por ciento de su presupuesto asignado a cualquier concepto de clasificación de gasto y deberá de contar con una justificación técnica que permita contar con indicadores que precisen, midan y comparen los beneficios de las metas obtenidas, así como la autorización de la Cámara de Diputados, previa opinión técnica del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta soberanía.
Todo esto esto es para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la orientación de resultados, el control del presupuesto público y, sobre todo, lo que más pedimos los mexicanos, parar el despilfarro. Es cuanto, señor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 5 y 10 del Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
El diputado Carlos Torres Piña: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Torres Piña: El día de hoy acudo a esta tribuna a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un par de fracciones en el artículo 5 y el artículo 10 del Código de Ética de esta Cámara de Diputados.
Decirles que no es necesario tal vez argumentar o querer justificar un planteamiento como es el tema de la no violencia, porque esta Cámara ha legislado en muchas ocasiones, siempre, hacia otras instituciones, pero pocas veces lo hace así mismo.
Debido a la composición social que reviste la opinión sobre un cargo de representación pública, este es asociado con prácticas de abuso de poder, lo que ha generado una imagen general de una clase política en muchas ocasiones abusiva que ejerce distintas formas de violencia.
En este tenor el abuso de autoridad o de poder ha sido considerado como una práctica en una relación jerárquica y desigual en la que un individuo con una condición social, económica, política, gnóstica, particular, sobre otras personas inflige agravios, ya sean morales, psicológicos, materiales, y en muchas ocasiones sexuales.
Acciones y marcos que garanticen un freno a esas formas de violencia son necesarios al igual que lo son los mecanismos de denuncia y sanción sobre la temática.
Por ello contemplar este tema en nuestro actual legislativo significaría un mensaje importante contra todo abuso de poder.
La no violencia es un principio que rechaza el uso de cualquier tipo de violencia para lograr un cambio social o político y de apuesta a una cultura de paz, de tolerancia y comprensión.
Expertos la han definido como una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión, puede llevarle a adelantar una lucha sin violencia.
La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto, no es eso, es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva.
De esta manera la iniciativa que mencionamos busca incorporar en el Código de Ética de esta ideología, como una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión en todas sus formas.
El objetivo es mostrar una política de cero tolerancia en el recinto legislativo, entre nosotros mismos, pero garantizable, sobre todo, a la planta trabajadora un trato digno y respetuoso.
Es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que el día de hoy proponemos esta reforma al Código de Ética de la Cámara de Diputados, para incluir el principio de no violencia como un principio esencial en este recinto legislativo. Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o. y 9o. y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidente. Buen día a todos. Una de las principales preocupaciones en materia de impacto ambiental, es el crecimiento exponencial de la producción mundial de residuos plásticos en los últimos años.
Datos de la Global Ocean Commission señalan que entre 2002 y 2013, la producción global anual de plástico aumentó casi un 50 por ciento esperando que su producción mundial llegue a 500 millones de toneladas para el año 2020.
La situación en nuestro país es similar ya que se estima un desecho de 10 mil toneladas de residuos plásticos al día, de las cuales, un alto porcentaje termina en tiraderos a cielo abierto, así como en cuencas de ríos, lagos, mares y los océanos.
En este rubro, la Secretaría de Medio Ambiente puntualiza que, si no se toman medidas, para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. En el caso que nos ocupa, los plásticos son uno de los componentes más utilizados en actualidad, recipientes, utensilios o bolsas son los productos más consumidos, por lo que su alta demanda lleva al aumento en la generación de residuos de los cuales poco se sabe sobre su disposición final.
Si bien hemos avanzado significativamente en la adopción de conciencia por parte de la sociedad en la disminución de la demanda de dichos plásticos en actividades cotidianas, lo cierto es que también se debe reconocer que se requiere de su regulación para garantizar el cambio de hábitos de consumo para mitigar el uso de plástico a otros envoltorios más amigables con el entorno.
Por ejemplo, la vida útil de una bolsa de plástico apenas alcanza el cuarto de hora, la de un popote no excede los 20 minutos y el unicel no es biodegradable, es decir, no desaparece nunca.
Resulta complicado conocer la cifra exacta de contaminación por estos residuos. Sin embargo, según un reporte de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, alrededor de 12 por ciento de la basura en México es plástico, lo que equivale aproximadamente a 10 mil 350 toneladas diarias de las 86 mil 343 del total de basura que producimos.
Ante esta situación, invariablemente surgen posturas que pretenden justificar el uso de plásticos como elementos indispensables para la realización de actividades en la vida diaria de los consumidores.
Sin embargo, es necesario hacer énfasis que no existe argumento suficiente que justifique el uso de dichos plásticos a pesar del impacto negativo en el ambiente que sí se encuentra demostrado con evidencia científica.
En nuestro país ya se han sumado empresas de la iniciativa privada para desincentivar el uso de plásticos. Sin embargo, consideramos necesario poner alto total a la contaminación por dichos productos mediante la prohibición de su uso en actividades comerciales.
Estamos conscientes de la existencia de casos de excepción, por ello es que proponemos que la fabricación de dichos productos continúe, pero a través de un uso de materiales más amigables con el medio ambiente.
Por lo todo lo manifestado, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde ponemos a su consideración la iniciativa que modifica la Ley General para la Prevención, Gestión Integral de los Residuos, a fin de establecer la prohibición de entregar productos, envases, empaques y embalajes de plástico y polietileno expandido con motivo de cualquier acto comercial para usos como contendor o utensilios, para trasportación, carga o traslado al consumidor final. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, presento ante ustedes una iniciativa para modificar el actual formato del informe de gobierno del presidente de la República, con la finalidad de abrir una nueva etapa marcada por el diálogo y el respeto al equilibrio de Poderes.
Propongo corregir la precipitada y equivocada reforma de 2008, en la que se modificó el artículo 69 de la Constitución, que estableció un formato de presentación y análisis del informe de gobierno completamente inadecuado para cumplir con la rendición de cuentas.
Con esa reforma se canceló la presencia del presidente en el Congreso de la Unión y se substituyó el mensa del titular del Ejecutivo por la entrega de un documento. Así, se pasó del día del presidente al día del mensajero, tratando al Congreso como una ventanilla administrativa.
El hecho concreto es que desde hace 10 años el presidente de la República ya no se dirige al Congreso de la Unión, en una década el gobierno ha ignorado y evitado el diálogo con los diputados y los senadores, prefiriendo eventos a modo, llenos de aplaudidores, de personas que ciertamente son voceros de intereses económicos y políticos, pero que no fueron electos como representantes de la soberanía popular ni del Pacto Federal.
La iniciativa que les presento propone reformar el artículo 69 constitucional para establecer que en la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año, el presidente de la República deberá presentarse personalmente para entregar un informe escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública y pronuncie un mensaje con ese motivo.
Propongo además agregar un segundo párrafo para establecer que, en fecha posterior, el presidente acudirá a cada una de las Cámaras del Congreso en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, donde escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que le formulen.
Los términos y procedimientos específicos, como la exposición del presidente, el formato de las intervenciones de los legisladores, o el desarrollo de las sesiones son materia legal y reglamentaria.
De aprobarse esta iniciativa, en México tendremos un diálogo entre los Poderes, el presidente regresará al Congreso a presentar su informe y para que el diálogo sea productivo e informado, posteriormente se presentará como titular de la administración pública ante las Cámaras de Diputados y Senadores, donde se realiza el análisis de lo informado por el gobierno federal.
Compañeras y compañeros, los invito a que corrijamos un equívoco que terminó por lastimar y reducir el diálogo entre los Poderes. Los convoco a establecer una nueva época de debate, análisis y rendición de cuentas, en la que asumamos que los Poderes son pares y que el diálogo político es el mejor instrumento para establecer diferencias y contrastes, pero sobre todo para construir acuerdos por el bien de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por los diputados Antonio Ortega Martínez y Beatriz Manrique Guevara, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del Partido Verde, adelante.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Vengo hoy a esta tribuna a presentar una iniciativa en materia de federalismo, una iniciativa que hemos suscrito las diputadas y los diputados del PAN, las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, las diputadas y los diputados del Partido Verde Ecologista de México y las diputadas y los diputados del Partido Movimiento Ciudadano.
Agradezco la gentiliza del diputado Antonio Ortega, de la diputada Beti Manrique y de la diputada Fabiola Loya Hernández, por sumarse a este trabajo, que busca de manera muy sencilla el permitir que los municipios del país, municipios que están encabezados por gobiernos de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, puedan ejercer sus recursos federales, sobre todo, Ramo 33.
La Ley de Disciplina Financiera establece que los recursos no ejercidos durante 2018 deberán ser reintegrados a la federación. Estos recursos son recursos que se destinan a temas sensibles: agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, de ahí la importancia que los municipios lo puedan ejercer.
Estamos en un proceso donde cientos de municipios entraron en un cambio de administración, esta ley como está redactada obliga hoy a que los municipios que están entrando en funciones en estos días, de manera acelerada lleven procesos de adjudicación, de licitaciones para gastar este recurso y destinarlo a los rubros tan sensibles, como los que están destinados en el Ramo 33.
Esto puede provocar dos cosas, que esta prisa nos lleve a cometer o lleve a cometer a los municipios errores que puedan terminar en observaciones y en un problema para las administraciones y para los ciudadanos. O dos, que la prisa lleve a cometer actos de deshonestidad.
Por eso es que sugerimos una reforma muy sencilla al artículo décimo transitorio, para que los municipios puedan, durante 2018 y 2019 ejercer estos recursos como se venía haciendo, considerando, sobre todo, esta transición entre un gobierno y otro, entre una administración y otra en cada uno de los municipios del país, donde hubo elecciones. Y en los que no, que también tengan esta oportunidad para ejercer correctamente el gasto.
Estamos agregando en esta iniciativa, a sugerencia de un diputado de la coalición que llevó al presidente de la República electo, Andrés Manuel, a ocupar este cargo, un apartado de transparencia, donde les pedimos a los municipios que en su cuenta pública informen, en un capítulo especial, cómo se ejercieron estos recursos, a quién se le asignaron y quiénes son la población destinataria de los mismos.
Es importante permitir que los municipios ejerzan este recurso de manera ordenada, que puedan ejercerlo sin prisas y que el recurso se quede en el primer gobierno, en el gobierno más cercano al ciudadano que es el municipio.
Regresarlo a la federación alejaría la posibilidad de llevar estas obras de primerísima necesidad a las ciudadanas y a los ciudadanos. De ahí la importancia de que se genere este espacio de tiempo.
Es una reforma muy sencilla, es cambiarle en esencia al artículo décimo transitorio un 8 por un 9. Con eso lo arreglamos, si existe la voluntad y esa vocación federalista a la cual se ha referido ya en reiteradas ocasiones el presidente electo.
Ojalá y encontremos el consenso y los canales para que los municipios puedan ejercer este recurso en beneficio de los ciudadanos.
Hay municipios, reitero, de todos los partidos políticos. Hay municipios en el país de todos los partidos políticos. No es una iniciativa que busque beneficiar al PAN, al Verde, Movimiento Ciudadano, al PRD. No, hay municipios de todos los partidos políticos y ojalá, y hoy hay más de Morena eh, ganaron muchos. Entonces, ojalá y se les dé esta oportunidad de ejercer estos recursos públicos.
Diputadas, diputados, los llamo a la sensibilidad, a fortalecer la hacienda pública municipal y a buscar que los ciudadanos logren esos beneficios a través de su primer gobierno, que es el municipio.
Muchísimas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento a los grupos parlamentarios del PRD, del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano por acompañarnos en esta iniciativa, con la expectativa de que todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara nos acompañen en el dictamen. Por su atención, muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña: Compañeros y compañeras diputadas. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, nos llama a trabajar en el cuidado de los recursos naturales y a combatir los malos hábitos en la materia, pues la falta de formación educativa y las diversas prácticas negativas han creado una serie de problemas a los que ahora, más que nunca, debemos dar expresa solución antes de llegar a un punto de no retorno en relación con el problema del agua.
Uno de los grandes problemas y retos en nuestro país es el derecho al agua. La Encuesta Nacional de Hogares reporta que, de cerca de 33 millones de hogares, solamente el 68 por ciento cuenta con la dotación de agua diaria y que en 10 millones de hogares el suministro es irregular o no lo hay.
El problema se agrava cuando vemos que el 7 por ciento de los hogares que equivale a 2 millones, un poco más de 2 millones de hogares, no reciben agua por tubería y tienen la necesidad de conseguirla de otra manera.
Por su parte, el reporte de gobernabilidad sobre el agua de la OCDE informa que en México hay una gran cantidad de desperdicio de agua potable, en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, las pérdidas llegan al 70 por ciento. Este mismo reporte considera que la infraestructura de México es obsoleta o escasa y que afecta, por tanto, el adecuado suministro de agua. Si esto es así, es evidente que en materia de captura y reutlización del agua de lluvia estamos dando nuestros pinitos.
Una de las alternativas que se tiene para hacer contrapeso a este problema es la captación del agua pluvial para recolección, almacenamiento y uso. Esta iniciativa pretende mejorar la infraestructura hídrica del país en beneficio de un sector muy importante para el desarrollo nacional y el futuro de la sustentabilidad en México, es decir, para el sector educativo. Tan solo 42 por ciento de las 88 mil 148 primarias del país tienen acceso al agua potable.
La Organización de las Naciones Unidas señala que para el desarrollo del ser humano el agua es vital. En atención a esto proponemos mejorar la infraestructura física, educativa con sistemas de recolección y reutilización del agua de lluvia para sanitarios, de esta manera niños y jóvenes podrán disfrutar de los servicios que muchas veces supone la suspensión de clases, al mismo tiempo que se genere conciencia del cuidado, conservación y uso del agua de lluvia desde temprana edad.
Con esta iniciativa se propone mejorar las condiciones de los planteles educativos y garantizar el derecho humano al agua.
En la LXII Legislatura, por ejemplo, además de impulsar dos foros relacionados con el tema del agua, gestionamos recursos federales para la construcción de techumbres a lo largo y ancho del país, particularmente en la región de Texcoco se construyeron con recursos federales más de 90 techumbres en sendas escuelas.
Con esta modificación propuesta, con poca inversión pública adicional, se podría garantizar la captura de agua y su uso en los planteles, por ejemplo, que ya tengan techumbre.
Es de resaltar que estados como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, reciben el 49.6 por ciento del agua de lluvia del país al año, particularmente el sureste es la región con más recursos hídricos pero con el menor acceso del agua para su población.
Apoyar esta iniciativa significa apoyar estas poblaciones, así como las comunidades indígenas y las de escasa población o población dispersa.
Afortunadamente hay experiencias exitosas que nos dicen que sí somos capaces de avanzar hacia un país moderno, pues la Universidad tecnológica del Valle e Guadiana, en Durango, captura 200 mil litros de agua al año.
La educación del pueblo es fundamental en todos los sentidos, por lo mismo el pueblo debe de ser educado desde la niñez en relación con el cuidado del agua. Eso es clave para garantizar su mejor uso en el futuro.
Esta iniciativa va más allá de una reforma tendiente a garantizar el derecho humano al agua pues atiende a su vez el principio de interdependencia de los derechos humanos ya que como se ha expuesto, la modificación propuesta es una mejora integral a los derechos de educación, agua y medio ambiente. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Beatriz Dominga Pérez López: Con el permiso de la presidencia e integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, público que nos acompaña y medios de comunicación.
La iniciativa que hoy presento es producto de una aspiración personal y de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Personal, porque por mis venas corre sangre de mis pueblos originarios triqui y mixteca. De los pueblos indígenas porque ha sido siempre nuestra aspiración contar con un reconocimiento pleno de nuestros derechos, mismos que se ven limitados con el reconocimiento que se nos hace en la Constitución federal como sujetos de interés público.
He vivido de cerca la carencia, olvido y marginación que padecen nuestras comunidades indígenas por falta de interés gubernamental en detonar el desarrollo de nuestra gente, los problemas que se enfrentan al querer ejercer su libertad y capacidad de disponer, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones respecto de sus tierras, tradición, cultura y forma de organización interna.
La discriminación contra los pueblos indígenas se manifiesta también en la distribución de la riqueza, los bienes y servicios públicos, siendo las principales afectadas nosotras las mujeres y los niños indígenas, así como los migrantes.
Asimismo, la reforma constitucional de 2001, en materia indígena reduce la protección de los derechos humanos, de los pueblos indígenas al dejar como un tema de atención local el reconocimiento de los pueblos indígenas al establecer en la fracción VIII, párrafo dos del artículo 2o., apartado A, constitucional, que las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, dejando con ello sin posibilidad a los pueblos y comunidades indígenas a formar parte de las estructuras de gobierno, ya que para hacerlo debería de darse el reconocimiento de sujetos de derecho público, en lugar de sujetos de interés público, siendo además un tanto irresponsable dejar en manos de las entidades federativas definir las características y alcances de sus derechos individuales y colectivos, lo que ocasiona una disparidad legislativa respecto de los derechos de los pueblos indígenas entre un estado y otro.
La diferencia entre ser sujeto de interés público y sujeto de derecho se puede decir que en el primer caso tenemos la orientación hacia concebir los derechos indígenas como sujetos de atención, sin mayor atribución que el ser receptores de las políticas públicas, es decir sin reconocernos la capacidad de ejercicio, como si fuéramos personas menores de edad subordinados a la tutela de los padres.
En el segundo caso se trata de sujetos colectivos, con personalidad jurídica, misma que les reconoce facultades para ser titulares de derecho, representar y ser representados. Tiende a dar atribuciones, es decir, facultades y competencias para obrar como autoridades y por ello para mandar hacerse obedecer.
En este sentido, podemos observar que en el Convenio 169 reconoce que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.
Exige también la libertad que deben tener los pueblos para gozar de sus libertades y derechos, sin ningún obstáculo. Es decir, es necesario que las comunidades tengan la libertad y capacidad de disponer, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones respecto de sus tierras y toda su cosmogonía, tradición, cultura y demás cosas propias.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por aplicar el control de convencionalidad, es decir, en todas y cada una de las resoluciones y actos deben estar fundamentados e incluidos los tratados internacionales.
En esta tesitura de ideas podemos claramente observar que a través de muchos años de lucha y esfuerzo se han podido alcanzar o asentar algunas bases, tanto nacionales como internacionales, que establezcan la obligación del Estado mexicano de reconocer a las comunidades originarias como sujetos de derecho público y no solo de interés público.
Con esta iniciativa se pretende otorgarles a los pueblos indígenas la capacidad para poder decidir sobre sí mismos y dejar atrás el sistema paternalista que sobre ellos se tiene.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta ciudadanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto y el inciso a), fracción VIII, párrafo segundo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunidades indígenas, para que los pueblos y comunidades indígenas seamos reconocidos como sujetos de derecho. Es hora de comenzar a resarcir la deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos originarios.
Por ello no habrá cuarta transformación sin el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de pensiones alimenticias.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias. Compañeras, compañeros, parafraseando a Gandhi: Una sociedad debe ser juzgada por cómo trata a sus niñas y niños.
Esta iniciativa además de presentarla a título personal, la presento a nombre de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios aquí representados, quienes con su apoyo hoy demuestran su compromiso con el sano desarrollo del futuro de México, nuestras niñas, niños y adolescentes.
El 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una norma que desarrolló los derechos reconocidos internacional y nacionalmente a los menores.
Sin embargo, como ocurre con todas las leyes en nuestro país, la aplicación en la vida cotidiana se sobrepone a las previsiones de los legisladores y esta no es la excepción. Hemos visto que después de la implementación de la ley aún hay realidades sociales que no han cambiado, en esta ocasión me referiré especialmente al acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos alimentarios, pues si bien es cierto que en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar este objetivo, en la realidad no lo hemos logrado.
Por falta de datos oficiales es la organización de la sociedad civil Mamás en Acción, que preside la periodista y activista Julieta Lujambio, que se encuentra el día de hoy aquí acompañándonos, a quien agradezco su apoyo para la presentación de esta iniciativa, nos revela que solo 8 de cada 10 deudores alimentarios, que 8 de cada 10 deudores alimentarios no cumplen con el pago de pensión alimenticia. Esto es, solo 2 de 10 sí cumplen, lo cual deja desprotegida a nuestra niñez, pero, además tienen una connotación que vulnera a nosotras las mujeres.
Recordemos que de acuerdo al Inegi, una de cada tres familias en México es monoparental, solo con mamá, el 30 por ciento de las mujeres mexicanas son madres solteras y no reciben pensión alimenticia.
No podemos permitir que esto siga sucediendo, de nada sirve que exista el reconocimiento legal de una obligación si no hay elementos que garanticen su cumplimiento.
A nivel internacional, países como Argentina, Perú, Uruguay garantizan, igual que en México, el derecho alimentario a niñas y niños, pero dan un paso más allá y tienen mecanismos legales para obligar a que se cumpla con este derecho.
Por eso hoy presentamos esta iniciativa integral, que pretende solucionar el incumplimiento de las obligaciones alimenticias. Se creará el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de registrar información veraz, que ahora no tenemos, acerca de quiénes son los deudores, quiénes son los acreedores alimentarios, la cuantía de la pensión, y lo más importante, el estado de cumplimiento de esta obligación.
El Registro será público, cuidando la protección de los datos personales Se hará una distinción entre los deudores puntuales y los morosos. Y se prevé solicitar la constancia de no inscripción, o en su caso, de ser un deudor alimentario puntual como requisito para obtener un crédito bancario, una contratación en alguna empresa, el ser candidatos a cargos de elección popular o ser jueces y magistrados.
Además, se informará al momento del matrimonio si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en ese Registro.
Esta iniciativa también pretende resolver la carga de la prueba que recae en los acreedores alimentarios, y por lo cual millones de mujeres mexicanas se ven en la difícil decisión de optar por seguir manteniendo a sus hijos solas o pagar largos y costosos juicios para comprobar que el padre no cumple con su primera obligación, la alimentación de sus hijas e hijos.
En algunas entidades federativas se llevan a cabo intentos exitosos para garantizar los derechos alimentarios, pero eso no es suficiente. Es urgente que en todo el país exista la misma armonización normativa, pues, aunque parezca increíble, basta con cambiarse de estado para evadir la obligación de alimentar a sus hijas e hijos.
Es importante señalar que las instituciones crediticias tendrán acceso a la información del Registro para determinar el otorgamiento de créditos.
México cuenta con instrumentos jurídicos acordes con los compromisos internacionales que se han generado en materia de protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, el camino para asegurar el cumplimiento de estos derechos aun no se cumple a cabalidad.
Este proyecto constituye un esfuerzo del Poder Legislativo, de los distintos grupos parlamentarios aquí representados, de la sociedad civil, en especial de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, un colectivo con 70 organizaciones de la sociedad civil, especializadas en derechos de la infancia y de Mamás en Acción, encabezadas por Julieta Lujambio, para introducir en la ley el reconocimiento y garantía de los derechos alimentarios.
El anhelo de todos aquellos quienes integramos este Congreso, es lograr que México tenga un mayor desarrollo y mejor desarrollo económico y abatir la lacerante brecha que hay entre unos y otros.
Comencemos por el principio, eliminemos la distancia entre las y los mexicanos desde la infancia garantizando que no haya niñas y niños abandonados, sin oportunidades equitativas de estudio y de desarrollo y de acceso a una infancia digna. Si mañana juzgan a nuestra sociedad, que digan que nosotras y nosotros sí cuidamos y defendimos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeras.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Claudia López Rayón (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada Claudia López. Sonido a la curul de la diputada López Rayón.
La diputada Claudia López Rayón (desde la curul): El sentido solo para adherirme a la iniciativa de la diputada Marcela Torres.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, se registra su intención, si la proponente no tiene inconveniente, que creo que no lo tendrá. Así se hará. Adelante, diputado.
El diputado Irineo Molina Espinoza: Muchas gracias, diputado presidente, con tu venia. Compañeras diputadas y diputados. En las últimas administraciones en los tres niveles de gobierno, ha sido una práctica recurrente que los encargados de ejercer el presupuesto incumplan con el calendario aprobado, realicen la administración de los recursos presupuestados con retraso o con modalidades que dificultan la debida aplicación de los mismos.
Esta situación se ha dado con mayor frecuencia en la administración pública federal, ya que dejan de gastar en tiempo y forma lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, haciendo esto en ocasiones con el propósito de presionar o coaccionar políticamente o bien por imprudencia o negligencia en su actuar, situación que impacta de manera negativa en la política social, ocasionando los llamados subejercicios.
Esta irregularidad genera consecuencias negativas que afectan a la población y al desarrollo de nuestro país.
Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta la existencia de subejercicios, no detalla de manera clara el hecho o hechos que motivaron esa falta al gasto, lo que implica un manejo poco claro de los recursos públicos e ineficiencia al manejarlos.
El ejercicio, control y evaluación del gasto público federal, debe hacerse de manera responsable, efectiva y oportuna para poder impactar de manera positiva y productiva en la economía nacional.
Las dependencias y entidades públicas al ejercer sus presupuestos, deben sujetarse estrictamente a los calendarios autorizados de conformidad con los términos establecidos en la legislación actual.
El subejercicio viola los principios en que sustenta la obligación del Estado de garantizar el desarrollo nacional, afectando gravemente en la competitividad, al fomento del crecimiento económico, a la promoción de inversión, la generación de empleo y, sobre todo, la justa distribución del ingreso y la riqueza.
Pone en riesgo también la estabilidad de las finanzas públicas, y por tanto, se incumple con las metas y objetivos establecidos en los planes de desarrollo.
El subejercicio del gasto público rompe con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, provocando que se dejen de atender los objetivos para el cual fue destinado.
Ante esto se requieren medidas más eficaces en el control y disciplina en la administración de los recursos públicos. En suma, el subejercicio afecta gravemente, en la mayoría de los casos, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Propongo incluir en la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una disposición para sancionar a los funcionarios o servidores públicos que por negligencia en el desempeño de su encargo o que de forma deliberada eviten, condicionen, dificulten o retrasen la asignación o entrega de recursos públicos para que no sean ejercidos oportunamente de acuerdo con los calendarios presupuestales o que realicen actos u omisiones que dificulten la posterior fiscalización de los mismos.
Esta modificación establece una descripción más precisa de este tipo de conductas para que sea considerada como una falta administrativa grave y como tal se sancione.
El objetivo principal es que se cumpla la función de los servidores públicos ejecutores del gasto, contribuyendo al ejercicio del Presupuesto de Egresos conforme a los objetivos y metas con lo que cumplimos con nuestra tarea de promover la conducción eficaz de la política económica nacional y la rendición de cuentas, no tolerando la generación de subejercicios.
Compañeras y compañeros diputados, dentro de unas semanas recibiremos el paquete económico 2019, propuesta del titular del Poder Ejecutivo, al que haremos nuestras respectivas aportaciones, con el fin de contribuir en la construcción de un Presupuesto de Egresos que busque resolver los grandes problemas que existen actualmente en México.
Esta tarea requerirá de un ejercicio democrático y de buena gobernanza, que pasa por escuchar a autoridades municipales, a gobernadores y distintos sectores de nuestra sociedad para garantizar un presupuesto participativo.
Por ello, es una necesidad apremiante que quienes tengan la obligación de aplicarlo, lo hagan de manera responsable para así obtener los mejores resultados que la sociedad y el país demandan, y de no ser así, contemos con este instrumento para sancionar a todo aquel funcionario o servidor público que, por ineficiencia o negligencia, genere subejercicios. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Fernando García Hernández, para presentar iniciativa con proyecto decreto que reforma los artículos 25 y 32 Bis, y adiciona un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Hoy, más que nunca, debemos recordar que el agua es la fuerza motriz de toda naturaleza. Leonardo Da Vinci.
Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados, compañeras diputadas, a pueblo de México, al sector hidráulico de la nación, al estado de los tres ríos. La iniciativa que hoy me permito someter a la amable consideración de ustedes propone una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y deje de ser una comisión, Conagua.
La iniciativa expone que de cara al aspecto demográfico y demanda exponencial que se tendrá del recurso hídrico en los años inmediatos, los retos del sector público en esta materia serán de enorme dimensión, toda vez que la disponibilidad media per cápita de agua se ha visto reducida de forma sensible al ocurrir ya colapsos en cuanto a la captación, suministro y saneamiento del vital líquido.
Incluso el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el agua, gracias a su valor económico, ambiental, social, requiere ser gestionada al amparo de un marco institucional robustecido.
Cobra validez así la propuesta de que en el país sea creada nuevamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos como ente de la administración pública federal que, con la calidad de ese rango, dará desde la visión de un mando institucional único, la importancia estratégica que para el desarrollo nacional representa el asunto del agua en todas sus vertientes.
Con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se dejaría de lado una visión meramente administrativa del sector, para otorgar a la nueva dependencia mayores facultades que permitan la recuperación y aplicación de una efectiva política en la materia, más aún cuando en el país la disponibilidad del recurso presenta una desigual distribución regional y estacional.
No se aprecia el valor del agua, hasta que el pozo se seca. Proverbio inglés.
Por eso la atención de los asuntos en materia de recursos hídricos, desde la esfera de una secretaría de Estado articularía la política gubernamental y la participación de la sociedad civil en el manejo racional del agua en los ámbitos agrícola, pecuario, acuícola, industrial y, desde luego, el doméstico.
La agenda de México en materia de recursos hídricos es enorme, más ahora que los tiempos demandan medidas urgentes para la gestión integral del agua, en un proceso que asegure el suministro, sustentabilidad y saneamiento del recurso, para la atención de las necesidades de la población presente y futura.
En razón de los motivos enunciados, la presente iniciativa propone reformar los artículos 26 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, así como adicionar un artículo 32 Ter a este ordenamiento para preceptuar las facultades que le serán otorgadas a la nueva dependencia para el cumplimiento de su misión.
Salva el agua y ella te salvará a ti. No a la Conagua, sí a la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Gracias por su atención y apoyo a la presente propuesta. Juntos Haremos Historia. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Casimiro Zamora Valdéz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Casimiro Zamora Valdéz: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Casimiro Zamora Valdéz: Compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, mexicanos, me voy a permitir presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como principal objetivo dotar a esta honorable Cámara de Diputados la facultad de expedir la Ley General de Programas de Comercialización y Precios Agrícolas, para lo cual presentamos las siguientes consideraciones.
En 1953 se establecieron los precios de garantía, considerándose primero al frijol y segundo al maíz. En 1956, en 1960, se incorporan a este instrumento de política agrícola el arroz palay, también trigo. En 1961, el sorgo. Y en 1965, el cártamo y el frijol soya. En 1966, la semilla de algodón y ajonjolí. En 1971, la cebada y girasol. Y finalmente, la copra en 1975.
Esta política progresista se reflejó en el resto de la economía mexicana al registrarse entre 1963 y 1981 un alto crecimiento del producto interno bruto y una tasa del 6.2 por ciento anual, lo que resulta de un PIB por habitante del 2.3 por ciento en el año.
Esta política progresista de crecimiento económico lamentablemente tuvo una drástica caída al ser sustituida a partir de 1981 por el ingreso de México al GATT y consecuentemente al OMC, considerándose o consolidándose la firma con el TLC.
Estas políticas internacionales han venido sometiendo al campo nacional al capricho de los intereses nacionales, pues la Bolsa de Chicago es la que define los precios de las cosechas del país, mientras que millones de mexicanos productores agrícolas han sido abandonados a su suerte ante la falta de apoyos, reivindicándose pues los gobiernos neoliberales convirtiéndose en sus verdugos.
Debido al abandono del campo muchas familias campesinas han recurrido a actividades ilícitas que han originado el incremento de la violencia y la pobreza y en cuestión de salud desnutrición, obesidad y diabetes, además teniendo una aguda dependencia alimentaria y una insuficiente producción interna y el estancamiento de la economía.
Según la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, la dependencia alimentaria del país ha crecido de manera alarmante en los últimos años, llegando a importar el 45 por ciento de los alimentos que consumismos, cifra que supera el 25 por ciento recomendado por la FAO.
Los resultados negativos de estas políticas económicas han tenido diferentes consecuencias, como son: movilizaciones recurrentes de productores agrícolas, para tratar de obtener precios justos a sus cosechas, pues año con año los vemos en marcha por las calles de la Ciudad de México y en las principales ciudades de la República Mexicana exigiendo y pidiendo créditos suficientes y a tiempo, seguros agrícolas, pago justo de sus cosechas, y además, queriendo que esta injusticia ya tenga un límite.
Es por eso que en muchas ocasiones vemos a líderes agrarios que han perdido su libertad bajo procesos judiciales, por el solo hecho de exigir sus derechos.
La administración saliente que encabeza Enrique Peña Nieto no solo se olvidó de atender las graves carencias de miles de productores sino que las políticas implementadas incrementaron las desigualdades y provocaron múltiples abusos por parte de intermediarios, quienes se han convertido en obstáculo para el desarrollo de la propia agricultura y el crecimiento económico del país.
Estas complicidades del Estado mexicano son insostenibles, por lo que urge una nueva reinserción estatal y medidas que establezcan nuevas y claras reglas para el bienestar de la población y de quienes producen alimentos, de quienes nos dan de comer.
Por eso, necesitamos una soberanía alimentaria en la que el país ya no compre más granos al extranjero.
De acuerdo a la FAO, el sector agrícola crece también al tiempo que crece la economía. Es por eso, compañeros, que necesitamos aprobar esta iniciativa para darles un buen puerto a los productores agrícolas del país.
Por eso solicito a mis compañeras y compañeros de esta legislatura, que se apruebe esta propuesta de ley para darles a los productores del campo mexicano la tan anhelada soberanía alimentaria. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Vamos a iniciar la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. ¿Se encuentra la diputada? Ya.
La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, compañera.
La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: Compañeros legisladores. Corresponde a esta soberanía presentar iniciativas de ley que incidan directamente en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, que son el futuro de nuestra nación.
Cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes debería sorprendernos preocuparnos y ocuparnos, porque ellos deben ser por muchas razones un tema prioritario y motivo de nuestro trabajo. Menciono esto porque nuestra Constitución, tratados, convenios y convenciones internacionales coinciden en el interés superior de la niñez y más aún, cuando se trata de la alimentación en nuestras niñas, niños y adolescentes.
Hoy someto a esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual debemos considerar de suma importancia la adición: una alimentación nutritiva, como un derecho obligatorio para todos los niños, niñas y adolescentes.
Los gobiernos por muchas décadas han consentido y solapado el aumento excesivo de productos chatarra porque así convienen a sus intereses, sin importar que cada día destruimos la vida de los que más queremos.
Sí, señores legisladores, a nuestras niñas, niños y adolescentes, porque al no regular, inculcar, enseñar y brindar a nuestros niños una alimentación nutritiva, estamos siendo cómplices de fomentar la mala nutrición y la obesidad.
Solicito la adición de la fracción IX del artículo 50 de la misma ley que a la letra dice: establecer convenios de colaboración para la creación de centros de atención nutricional que brinden apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria y combatir las enfermedades asociadas a la mala nutrición en niños, niñas y adolescentes.
Compañeros, una nutrición deficiente causa principal de la obesidad, en nuestro país, es también el resultado de la mala política pública. El incremento de los productos y servicios, inclusive los más elementales, la falta de empleo y la baja remuneración salarial, las proliferaciones de empleos informales e ilegales.
Todo eso conlleva a la escasez de la canasta básica a muchas familias mexicanas porque comen lo que se puede más no lo que se requiere. Es ese el interés de la creación de los centros nutricionales para que en coordinación con los tres niveles de gobierno junto con la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, así también como con los padres de familia y centros educativos, lleven a cabo las estrategias metodológicas, programas, talleres para implementar la buena nutrición en escuelas, como también en cada hogar mexicano, donde existe una buena alimentación existen niños sanos física y mentalmente. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, de Adolescencia, para su dictamen.
Están presentes entre nosotros aquí al frente en las curules, los presidentes municipales de Mizamitla, Tizapan El Alto y Concepción de Buenos Aires, del estado de Jalisco, invitados por el diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas. Sean ustedes bienvenidos, presidentes.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz: Con su venia, señora presidenta. Compañeros de la izquierda, compañeros del centro, compañeros de la derecha. No voy a dejar de hablarles, aunque ustedes no me escuchen.
Aquí venimos a hacer leyes, ese fue el compromiso que hicimos hace un par de meses. Y venimos a aquí, porque nos comprometimos a generar mejores oportunidades y un mejor país para todas y todos los mexicanos. Y saben qué más, buscando un bien común, que no se les olvide. No hablamos de un bien personal ni de partido.
La iniciativa que les voy a proponer el día de hoy, justamente, presenta esto que les acabo de nombrar. Servir auténticamente al pueblo de México a través de uno de los sectores más sensibles y vulnerables, aquél que prepara los alimentos que tenemos en la mesa todos los días.
Si ustedes quieren checar el contenido completo de esta propuesta, de esta iniciativa los invito a consultar la Gaceta Parlamentaria. Les voy a ofrecer un pequeño contexto de lo que hoy hablo.
El recorte de la deducibilidad se da a partir del año 2007, y ¿por qué? Se redujo por aquellas excesivas erogaciones que algunos o varios contribuyentes hacían de este recurso. Caímos así, entonces, en el abuso en esta materia. En ese momento se consideró prohibir la deducción en un 91.5 por ciento de los consumos en restaurantes a través de la fracción XX del artículo 28 de la ley, y era comprensible ya que en aquellos tiempos no existía la tecnología que hoy tenemos, por lo cual se cometían errores y la tecnología era vulnerable.
Sin embargo, ya han pasado 11 años desde entonces. A partir de entonces la tecnología ha mejorado, qué decir, hoy por hoy donde estamos. Por eso hoy les propongo de manera muy particular poner atención en esta iniciativa, por lo tanto les convoco que es necesario hoy hacer políticas públicas que favorezcan el crecimiento de la cadena alimenticia a través de apoyos a la producción, a la calidad, la distribución y el abasto de mercancías.
Sin duda alguna, con la aprobación de esta iniciativa la industria restaurantera aumentará sus aportaciones tributarias, promoviendo así el crecimiento que traerá la derrama económica que puede representar la deducibilidad en un 100 por ciento.
Con esta iniciativa qué es lo que buscamos. Aumentar la recaudación a través de medios electrónicos, incentivar el consumo y la generación de empleos. Promover el turismo e impulsar el desarrollo económico y la calidad de vida.
En Acción Nacional estamos convencidos que, fortaleciendo el consumo, la Federación obtendrá una mayor recaudación a través de los efectos del gasto por deducibilidad. Sin duda alguna, estas acciones incentivarán la incorporación de más contribuyentes a las filas del comercio formal.
Compañeros legisladores, nuevamente de la izquierda, del centro y de nuestra derecha. Antes de dejar esta tribuna permítanme ofrecerles un timbre de colección como su mejor inversión. Sí, México necesita más empleos, más recaudación, reactivar su producción agrícola, reconocer y estimular a quienes procesan, distribuyen y preparan nuestros alimentos, pero por encima de ello México, las y los mexicanos estamos ávidos de que en nuestras leyes se aprecie y se permee el esfuerzo de quienes trabajan por un México mejor.
La confianza de quienes trabajamos por México con la esperanza de llegar a merecer el mayor timbre de orgullo y de distinción al que se pueda aspirar; el de haber servido auténticamente a los demás.
A quienes voten a favor de esta iniciativa, se los agradeceré a nombre de la nación. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María Ester Alonzo Morales: Con permiso de la diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La diputada María Ester Alonzo Morales: Compañeras y compañeros legisladores, uno de los problemas de salud que más aqueja a la población de nuestro país es el cáncer de mama. Para 2016, el total de casos de cáncer diagnosticados en la población mexicana mayor de 20 años fue el de mayor presencia, padeciéndolo 3 de cada 10 mujeres. Esto lo ubica en el primer lugar de los tumores malignos.
Como pueden escuchar, el cáncer de mama es cada vez más frecuente y es una de las principales causas de muerte en la mujer.
Asimismo otro padecimiento que afecta a las mujeres es el cáncer cervicouterino. En nuestro país lo padecen entre 4 mil y 6 mil mujeres al año. Derivado de esta enfermedad, al día fallecen entre 11 y 13 personas convirtiéndolo en la segunda causa de muerte de las mujeres mexicanas.
Otro gran problema de salud es el cáncer de próstata, los datos más recientes publicados por el Instituto de Cancerología indican que cerca de 7 mil hombres fallecen al año y actualmente se calcula que 1 de cada 7 mexicanos podría morir por este padecimiento.
Las cifras revelan que estos tipos de cáncer ocasionan miles de muertes en México y año con año se suman más casos. Sin embargo, existen medidas que pueden tomarse para reducir el riesgo de padecerlos, como el caso acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra estas enfermedades.
No podemos ser omisos a las acciones implementadas hasta el momento por las autoridades de salud en el país. Pero tampoco podemos dejar de observar las crecientes cifras de personas con cáncer.
Es fundamental que como legisladores generemos las acciones necesarias que fortalezcan la prevención, se pueden tomar como ejemplo al estado de Yucatán, la LXI Legislatura, en donde se aprobó en 2016 una iniciativa para conceder un día de descanso a las mujeres y hombres trabajadores al servicio del Estado, para practicarse estudios preventivos y detectar el cáncer de mama, cervicouterino y el de próstata. En el mismo sentido, el pasado 9 de octubre, en el Senado de la República, se presentó una iniciativa buscando el mismo fin.
Con el fin de coadyuvar y enriquecer la propuesta presentada y siendo sensible ante esta problemática, la iniciativa que presento busca incentivar y facilitar el acceso a la salud. Propongo otorgar un día al año para que las y los trabajadores puedan acudir a una institución de salud pública o privada, a realizarse los exámenes médicos que correspondan, con la finalidad de prevenir y detectar cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el cáncer de próstata, sin temor a que dicha falta al trabajo les represente un descuento salarial que pueda afectar su economía familiar.
Con esto, las y los trabajadores participarán en acciones de carácter preventivo, sin tener que decidir entre su salud o su economía y sin temor a verse perjudicados en sus centros de trabajo.
Por último, debo mencionar que esta propuesta no representaría pérdida significativa para el patrón si lo comparamos con los enormes beneficios que se generarían para nuestro sistema de salud.
Prevenir puede representar un ahorro significativo en materia de presupuesto y un incremento en la calidad de vida de las y los trabajadores de México.
Desde la máxima tribuna les pido ser sensibles ante estos problemas de salud y los invito a sumarse a esta iniciativa, seamos parte de este cambio por el bien de las y los trabajadores de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.
El diputado Ernesto Vargas Contreras: Con su venia, presidenta. Cuando inició esta legislatura me dijeron, Ernesto, no presentes ninguna iniciativa que le cueste al Estado. Voy a tomar el riesgo, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Creo que esta gente merece la pena, merece la pena esta iniciativa.
A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hago uso de esta, la máxima tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de que se establezcan medidas que aseguren un servicio eléctrico básico, preferencia a personas con discapacidad, enfermos terminales o cualquier persona que necesite energía eléctrica para su evidente supervivencia.
Imaginemos por un momento, compañeros, a una persona de la tercera edad que tenga alguna deficiencia respiratoria. Imaginemos que esta persona tiene un ingreso, en el mejor de los casos el ingreso de su pensión, que se distribuye en medicamentos, en doctores, estudios de laboratorio. Si le queda algo de dinero, por supuesto que lo va a ocupar para alimentarse.
Y ahora viene una pregunta, ¿cómo va a pagar esta persona la luz? ¿Cómo paga el recibo de la luz para un respirador artificial?
Yo considero que los estamos condenando a la muerte. Como nosotros sabemos, la Comisión Federal de Electricidad emplea diferentes tarifas, de acuerdo al uso y consumo de la energía.
En cuanto al uso doméstico hay dos: la estándar, que es la que más utilizan los hogares mexicanos. Y luego está la tarifa de alto consumo doméstico, la cual no cuenta con subsidios del gobierno y tiene un costo, por supuesto, muchísimo más elevado.
Esta tarifa más elevada se aplica a cualquier persona sin tomar en cuenta el motivo por el cual necesita ese consumo de energía.
Hay mexicanos que, para sobrevivir, mejorar la salud o como apoyo al padecimiento de alguna discapacidad requieren el uso de equipos adicionales que por sus características específicas demandan un suministro eléctrico mayor al convencional.
Yo digo, dejemos las tarifas de alto consumo para las personas que utilizan la energía como entretenimiento o como un negocio, pero es necesario un acto de humanidad que les permita a las personas mucho más vulnerables que puedan vivir sin la presión del pago de la electricidad.
De manera muy precisa los aparatos a los que hacemos referencia en esta iniciativa son entre otros respiradores, aspiradores de fluidos nasales, sillas eléctricas, tele-alarmas, ayudas domóticas, nebulizadores, tanques de oxígeno y pulsímetros. El Inegi reporta que en los hogares donde hay enfermos o personas con discapacidad, el pago de servicio eléctrico se incrementa en dos o hasta tres veces, en comparación a un hogar en donde no hay necesidades médicas.
Es muy lamentable que en México la discapacidad y la pobreza vayan de la mano, de acuerdo al diagnóstico de personas con discapacidad en México del año 2016. En nuestro país no tenemos una política social que atienda estas necesidades, dejando a muchos mexicanos con discapacidad o necesidades médicas especiales en una situación de muchísima desventaja, compañeros.
Necesitamos un programa para regular el precio de la energía eléctrica, que subsidie o que presente alternativas de solución para que los mexicanos más vulnerables no se vean en esta lamentable situación.
En Encuentro Social consideramos que se debe de cambiar el enfoque que se ha dado al suministro eléctrico, ya que nos parece muy incongruente que si tú compras un automóvil eléctrico que están carísimos, pues se les da un subsidio. Pero los ciudadanos que requieren de aparatos para poder sobrevivir no tienen ningún subsidio, compañeros.
Por lo anterior, en Encuentro Social consideramos de la mayor relevancia que las personas que requieren de elementos, aparatos adicionales o auxiliares eléctricos para el cuidado de su salud, cuenten con una tarifa preferencial o un sistema de medición más justo.
Este es el riesgo que estoy tomando el día de hoy en esta tribuna. Espero la consideren, compañeros, en favor de las personas más vulnerables de nuestro Estado mexicano. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado Vargas. Túrnese a la Comisión de Energía, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada Margarita García García: Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, pueblo de México que hoy nos ve, someto a consideración de esta honorable Cámara la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de lo siguiente exposición de motivos:
La reforma penal en México en el año 2008 cambió de manera significativa el procedimiento penal, pues de un procedimiento inquisitivo mixto nos llevó a un modelo acusatorio adversarial, modelo que entró en vigor en toda la República mexicana a partir del año 2016.
El centro de este nuevo sistema representa el respeto a los derechos humanos de las personas tanto de víctimas como de imputados, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos con la aplicación de la prisión preventiva de manera excepcional, entre otras figuras procesales.
Asimismo en el año 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos lo que representó un cambio de paradigma pues se puso a los derechos humanos como punto de referencia ante cualquier acto de autoridad.
Este nuevo paradigma de aplicación de justicia penal también representó tomar en cuenta el pluralismo jurídico en el sentido de reconocer la existencia de dos sistemas de justicia, la justicia que imparte el sistema creado por las instituciones del Estado, y la justicia indígena.
El pluralismo jurídico implica que los integrantes de un pueblo indígena ya sean mujeres u hombres, pueden acudir ante los dos sistemas de justicia. La justicia que imparten los órganos del Estado, así como la impartida por sus propias autoridades comunitarias.
Un diagnóstico realizado por la Red de Abogadas Indígenas en el año 2016, muestra que las mujeres indígenas son las que más accionan la justicia comunitaria, además de que son ellas las que acuden a este sistema de justicia por diversas razones, entre las que podemos destacar la cercanía con las autoridades hablantes de la misma lengua, respecto a sus propios sistemas de justicia, por lo que se acude en un primer término con las autoridades de sus pueblos y comunidad, y dado el caso de que no se resuelvan de manera satisfactoria sus problemas, entonces acudirán al sistema de justicia que establece el Estado, ministerios públicos y juzgados.
Si bien es cierto que el artículo 2o. constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, los integrantes del pueblo o comunidad, pueden ignorar la violación de algún derecho.
Por lo tanto, es el estado quien tiene la obligación de hacer respetar el derecho humano de acceso a la justicia de manera amplia y cumplida.
Por ello, es indispensable que el Estado tenga conocimiento de las resoluciones de conflictos que lleven a cabo pueblos y comunidades, a fin de que identifiquen y atiendan los casos en los que no se incluya la perspectiva de género, se afecte la dignidad de las personas o el interés de las niñas y niños, así como la posible violación de derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.
Considero, pues, que los indicadores anteriores nos dan luz sobre la importancia de reconocer y fortalecer el acceso pleno de las mujeres, niñas y niños indígenas a la justicia.
De ahí la importancia de reformar el artículo 420, para garantizar que las mujeres, niñas y niños, tengan acceso a una adecuada aplicación de justicia comunitaria, teniendo a las autoridades del Estado como los procuradores de un debido proceso.
Único. Se reforma y adiciona un tercer párrafo del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 420. Pueblo y Comunidades Indígenas. Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo, comunidad indígena o bienes personales de algunos de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima o, en su caso sus familiares, acepten el modo en el que el pueblo o la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos proponga resolver el conflicto.
Se declara la extinción de la acción penal salvo en los casos que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o el derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. En estos casos, cualquier persona podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.
Cuando el imputado o la víctima sea mujer indígena o estén involucrados niñas y niños, será obligatorio que el pueblo o la comunidad informe a la autoridad federal o local competente la solución de conflicto para que se identifique la no consideración de lo previsto en el párrafo primero y se proceda a la resolución de conflicto de manera adecuada.
Se excluye a lo anterior, los delitos previstos para...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo, diputada.
La diputada Margarita García García: ...preventiva o si es oficiosa en este Código y en la legislación aplicable. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.
La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. Con su venia. De acuerdo con datos del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH Sida, desde el inicio de la epidemia un estimado de 77 millones de personas han resultado infectadas por el virus y pese a que las nuevas trasmisiones de la infección se han logrado reducir en 47 por ciento desde su punto máximo en 96, la estimación para 2017 es de 180 mil nuevas trasmisiones.
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH Sida reporta más de 195 mil casos al cierre de 2017, de los cuales 14 mil fueron diagnosticados el año pasado, cifra mayor, desde luego, a 2016.
Desde el inicio de la epidemia los esquemas de prevención y atención de la infección por VIH han evolucionado constantemente como consecuencia de los avances médicos y la experiencia obtenida a partir de la implementación de diversas políticas. Además de los métodos de prevención y detección oportuna, la terapia antirretroviral, conocida como TARV, constituye uno de los pilares que mayor incidencia tiene en los esquemas integrales de atención a esta problemática.
La terapia antirretroviral se enfoca en la enzima transcriptasa reversa, indispensable para la replicación del virus. La primera sustancia probada en 1987 generaba efectos secundarios como la anemia, que causaba escepticismo sobre su efectividad, pero también impulsó a los investigadores a continuar desarrollando nuevas opciones de tratamiento.
Pese a las deficiencias, logró registrar una disminución del 60 por ciento de la tasa de mortalidad por Sida en Estados Unidos en 1995 y 1997.
Hoy la terapia antirretroviral ofrece diversos esquemas disponibles, incluyendo el tratamiento que reduce la carga viral en sangre hasta valores indetectables, permitiendo a los pacientes mantener una buena salud. El tratamiento implica fundamentalmente la reducción de la carga viral y con ello se logra subir las células CD4, indispensables para el sistema inmunológico.
Una de las aplicaciones disponibles para las más recientes terapias antirretrovirales es lo que se conoce como método de profilaxis, ya sea en forma previa o posterior a estar expuesto a la infección.
La profilaxis preexposición, conocida como PrEP, ya es utilizada por países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega, como parte de sus esquemas integrales de prevención contra VIH.
En 2015 se publicaron los resultados del estudio Proud, realizado entre pacientes de clínicas de salud sexual en Inglaterra, con el propósito de medir la efectividad que un régimen diario de PrEP contra la infección por VIH. Los resultados indican que este método es sumamente efectivo, reduce en 86 por ciento el riesgo de infección, lo cual combinado con otros métodos de prevención permite reducir dramáticamente las tasas de transmisión entre las poblaciones de riesgo.
En las directrices internacionales sobre VIH Sida y los derechos humanos, así como en la revisión de la sexta directriz relativa al acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo, publicados por ONUSIDA, se señala la obligación que los estados tienen de tomar medidas eficaces para hacer efectivo el acceso universal a los métodos de prevención, tratamiento, atención y apoyo, lo cual es condición indispensable para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en materia de salud.
Si bien por ahora no existe un método para eliminar por completo la infección por VIH, la implementación de esquemas integrales de prevención y atención son un factor determinante en el control de la epidemia, hasta en tanto se logren los avances médicos necesarios para su cura.
Por ello la presente iniciativa propone incorporar al Programa Nacional de Prevención, Atención y Control de VIH Sida, e Infecciones de Transmisión Sexual el acceso universal a los esquemas de profilaxis pre y post exposición como métodos de prevención que coadyuven a lograr reducir en forma significativa la incidencia de transmisiones de la infección por VIH. Ello en apego al derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución y la obligación que como sociedad tenemos de contribuir al control de la epidemia por VIH.
Es importante destacar que los sectores vulnerables son los que frecuentemente pueden adquirir la infección de VIH por la discriminación relacionada a la pandemia por causa de factores sociales, culturales y económicos.
Estamos aquí para hacer una diferencia y aunque es claro que nuestro país enfrenta carencias en múltiples ámbitos, particularmente en salud pública, es una obligación moral apoyar a quienes no tienen las mismas oportunidades. Es cuanto, diputada presidenta, gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Ortega Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Diputadas, diputados, la semana pasada el pueblo de México conoció de la decisión de Hacienda de aumentar el precio de la gasolina, el argumento es que el mercado elevó el precio del barril de petróleo y la importación de gasolina obliga al gobierno mexicano a aumentar los precios.
Sin embargo, en los últimos días hay elementos para pensar que el precio del petróleo va a tener una baja. El conflicto por la muerte de un periodista en Arabia, la caída de la producción del petróleo en Venezuela, el acuerdo de la OPEP de controlar su oferta, habla y hay elementos para pensar que el precio del barril que llegó a estar en setenta y tantos, 77 dólares el barril hace algunos meses, hoy amanecimos con la noticia que posiblemente esté a la baja en 66, y Hacienda no utiliza el mismo argumento del mercado para bajar el precio de la gasolina.
Por esa razón, el Grupo Parlamentario del PRD presenta la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial de Productos y Servicios para disminuir el precio de las gasolinas y del diésel, el objetivo primordial de esta iniciativa tiene el propósito de mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, menguado por el encarecimiento de los precios de la canasta básica que provoca la inflación y agobia a las grandes mayorías de los consumidores del país.
Sabemos que este es el ingrediente más duradero y pertinaz que ha impactado en la inflación desde que se adelantó la liberación del mercado de las gasolinas en 2017. Además, recordemos que es el transporte el segundo concepto sobre lo que más gastan los hogares mexicanos después de los alimentos, de acuerdo con datos disponibles de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares en México para 2016.
Asimismo, en 2017 el incremento de las gasolinas se situó en más de 20 por ciento con respecto al 2016. Lo anterior explica por qué el incremento a las gasolinas y al diésel es uno de los eventos que ha provocado mayormente el descontento social a nivel nacional, desde que se implementó esta medida.
El presidente electo, sobre el particular prometió en campaña que no habría más gasolinazos. No obstante, la semana pasada la futura secretaria de Energía declaró que se está estudiando la posibilidad de eliminar el IEPS o reducirlo a gasolinas, aunque acotó que habría que buscar otras fuentes que reemplacen los recursos que aporta este impuesto, del orden de casi 274 mil millones de pesos.
Poco antes, el también futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sostuvo que subirían de precio pero solo con base en la inflación, es decir, como lo hizo la administración de Felipe Calderón.
Morena, por su parte, en la anterior legislatura presentó iniciativas para eliminar el IEPS a las gasolinas y al diésel. Hoy es mayoría en las dos cámaras y si quisiera eliminaría el IEPS.
El PRD, que quede claro, no busca eliminar el 100 por ciento el IEPS, pues somos conscientes de que son los gobiernos neoliberales los que eliminan impuestos y adelgazan al Estado y a sus capacidades.
Sin perder de vista este principio, la presente iniciativa propone recortar una parte de la cuota fija que estipula la ley vigente, toda vez que la Secretaría de Hacienda ha aplicado dicha cuota de forma abiertamente discrecional, es decir, sin transparencia, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, desde que se liberó el precio de las gasolinas en 2017.
Cabe añadir que dicha cuota del IEPS destaca por encima de los restantes componentes del precio final de las gasolinas, como son el costo del transporte, la logística, el almacenaje, el precio de referencia de importación de petróleo, así como el tipo de cambio, resultando que el IEPS representa una proporción mayor al 40 por ciento del precio final de los combustibles. Es cuanto, señora presidenta. Gracias por su atención, diputadas y diputados.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
Saludo y damos la bienvenida a integrantes del Consejo Nacional para la Educación Física y el Deporte Escolar en la Educación Básica. Invitados por el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rogelio Rayo Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Rogelio Rayo Martínez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Rogelio Rayo Martínez: La ciencia no solo es una de las vías más importantes para la comprensión de nuestro entorno, sino que al generar nuevos conocimientos mejora nuestra calidad de vida, por lo cual juega un papel fundamental en beneficio de la sociedad en su conjunto.
La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura sostiene que acercar la ciencia a la sociedad ayuda a los ciudadanos a comprender mejor a la ciencia para que contribuyan en su desarrollo fundamental para construir sociedades en la que los individuos tengan los conocimientos necesarios para elegir sus opciones profesionales, personales y políticas.
Sin embargo, la ciencia no solo debe estar al servicio de las personas en lo individual, sino que debe convertirse en un elemento fundamental en la toma de decisiones públicas.
El principal objetivo de la divulgación científica es acercar la ciencia al público en general, no especificando y esta pueda definirse con toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico.
Un buen divulgador de la ciencia debe tener conocimientos elementales de muchas áreas de la misma y ser capaz de transmitirlos a públicos diversos. Cuando un divulgador logra transmitir una serie de inquietudes e ideas a su público, se siente contento, a gusto y satisfecho.
Ese mismo placer que logra un investigador o divulgador de la ciencia, lo experimenta un estudiante cuando entiende un argumento complejo o resuelve un problema gracias a la ciencia.
La divulgación de la ciencia ofrece la posibilidad de contar con una educación informal fuera del ámbito escolar, esto se logra a través de los diferentes medios de comunicación que pueden ser desde una charla frente a un grupo de niños y jóvenes, hasta la trasmisión de un programa de televisión que llega a millones de personas.
Para María Brenda Valderrama Blanco, doctora de investigación biomédica por la UNAM, nuestro país podría impulsar el desarrollo científico y tecnológico de manera significativa, si la ciencia y la tecnología fueran atractivas como los deportes. En ese sentido recordó que la población mexicana tiene una buena apreciación hacia la ciencia.
Cabe recordar que de acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y a tecnología en México reveló que el 75 por ciento de la población en México tiene algún interés por los nuevos inventos, descubrimientos científicos o desarrollo tecnológico.
La doctora Valderrama afirma que cuando te acercas a los jóvenes y te presentas como científico y convives con ellos, cambia significativamente su apreciación, asimismo considera muy importante que los más de 20 mil científicos que hay en México salgan a la calle con la sociedad, se presenten y hablen con la gente por sólo así mejoría de la apreciación de la ciencia.
Por su parte Víctor del Río Bello, quien es doctor en gerencia estratégica, con especialidad en crisis de alto impacto, afirma que, si se aprovecha el capital creativo de los niños y jóvenes y se liga mediante tecnología existente con investigadores en otros países, se logra que los niños vean que la ciencia y la tecnología no pertenecen a un mundo ajeno, extraño o diferente, que son actividades que hacen todos los días y generan conocimiento con beneficio a familias y comunidades.
El doctor Del Río propone que las escuelas primarias tengan un mentor de la Red de Talentos Mexicanos, la cual agrupa a 4 mil mexicanos en 30 capítulos en todo el mundo, y que a través de videoconferencias, mexicanos en el extranjero platiquen con los niños.
Un ejemplo internacional del éxito que pueden tener este tipo de estrategias para integrar el desarrollo científico a la educación, es el programa Mil Científicos Mil Aulas, implementado por el gobierno de Chile, el cual tiene como objetivo incentivar el encuentro entre la comunidad científica y el público escolar dentro del aula para que estudiantes y docentes puedan conocer de primera fuente el trabajo de los investigadores chilenos.
La actividad consiste en una conversación entre científicos y estudiantes, en donde los investigadores comparten su experiencia tanto personal como profesional. Esta actividad se realiza en todas las regiones de Chile como una oferta de charlas instalada en una plataforma de internet disponibles, para ser seleccionadas por educadores y docentes de cualquier ciclo escolar.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.
El diputado Rogelio Rayo Martínez: Por lo tanto, sometemos a consideración esta iniciativa a este pleno, la plataforma de los artículos 43 y 46 de la Ley de la Ciencia y Tecnología para establecer que el objeto integral de investigación y educación de los centros públicos de investigación deberán asegurar la participación de sus investigadores y actividades, no solo de enseñanza sino también de divulgación científica en las escuelas. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Mientras llega a la tribuna, está con nosotros el licenciado Javier Adame, presidente municipal de Marquelia, Guerrero, a invitación del diputado Rubén Cayetano García. Sea usted, bienvenido, presidente. Adelante, señor diputado.
El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa: Gracias, diputada presidente. Compañeras y compañeros de esta histórica legislatura, buenas tardes.
Fobaproa, el robo más grande desde la conquista de México. El gran atraco que tiene condenados a hijos, nietos y hasta bisnietos de los millennials, a cargar con este infame endeudamiento.
Siendo los millennials unos niños, en 1998 en este mismo recinto se institucionalizó el gran desfalco al pueblo de México mediante la aprobación a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, por los mismos representantes de la élite de neoliberales que dilapidaron, ultrajaron y desmantelaron el patrimonio nacional. Los mismos que en 1991 bajo la conducción de Diego Fernández de Cevallos incineraron las pruebas contundentes del fraude electoral del 88.
A través de la Ley del IPAB pretendieron incinerar de la memoria colectiva los nombres de los responsables del quebranto financiero estimado en un millón de millones de pesos, encubriendo así los compromisos financieros ilegales de Fobaproa.
Pensaron que habían logrado sepultar para siempre los expedientes con nombre y apellido de quienes adjudicaron riquezas personales con cargo a los bolsillos del pueblo. Defraudaron a México y nunca pensaron que la historia y el juicio de todo un país los alcanzaría.
A 20 años de aquella inicua traición a los mexicanos, afortunadamente han cambiado las circunstancias. Esta legislatura histórica está compuesta en su mayoría de verdaderos representantes populares, y no simuladores como aquellos de 1998.
Esta iniciativa requiere ser estudiada urgentemente, para buscar salidas a este quebranto financiero que nos han heredado los gobiernos tecnócratas. Y no solo hablo de número de la macroeconomía, sino también de la economía popular, aquella que se encarga de llevar el dinero a los bolsillos de los trabajadores y pone el pan en sus mesas.
De manera que habremos de analizar ciertamente este proyecto, con la frialdad de los números, pero también con la calidez de la emoción que como legisladores buscamos llevar a nuestro pueblo un verdadero estado de bienestar.
La iniciativa que someto a su consideración tiene tres fines principales. Uno. Abrir los expedientes del Fobaproa.
Dos. Que se inicien los procedimientos tendientes a recuperar el dinero saqueado.
Tres. Facultar a la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos se revisen los cálculos enviados por el IPAB, a fin de que no se paguen adeudos indebidos.
En los últimos años los pagos del Fobaproa pasaron de 10 mil a casi 40 mil millones de pesos al año. El Fobaproa no se puede olvidar ni relegar a un segundo plano, se siguen pagando las facturas que representan el fruto de los excesos, errores y dispendios cometidos. De seguir así, la deuda se terminará de pagar en el año 2080.
Queremos aclarar la deuda histórica que existe con el pueblo de México, ya que nunca se trasparentaron los expedientes en los que se basa el pago de estos adeudos. El llamado rescate bancario significó el gran atraco en perjuicio de la ciudadanía, y un atentado en contra de los recursos públicos, en contra de la salud, de la educación y el desarrollo del país.
En aquellos años los agoreros del desastre dijeron que si no se aprobaba grandes calamidades vendrían, pero la verdad es que la peor tragedia la representaron ellos mismos, la casta de tecnócratas protectores de indebidos privilegios.
Pensaron que este frauda que ha representado un terrible saqueo, quedaría oculto eternamente. Ahora dirán que no se puede abrir el Fobaproa y por supuesto nos amenazarán con más y mayores calamidades.
Sin embargo, en la cuarta transformación no se engaña más a la gente, el terrorismo político es parte del pasado. Usaremos la razón y la verdad en defensa del pueblo. Que se abran los expedientes del Fobaproa. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Parece que va a presentar dos iniciativas en el mismo tiempo.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González: Gracias. Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González: Compañeras y compañeros legisladores, por economía procesal y parlamentaria, me permito presentar en una sola intervención dos iniciativas de reforma en materia fiscal, ambas con impacto favorable para la economía nacional y, por supuesto, para el ingreso digno y suficiente de las familias mexicanas. Así como también se busca reforzar la vigilancia, control, evaluación y mejora de la política fiscal que lleva el Ejecutivo federal.
En primer momento, presento iniciativa que busca derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con ello permitir la deducibilidad al 100 por ciento del ISR a las prestaciones sociales que los patrones otorguen a sus trabajadores, tales como vales de despensa, fondos de ahorro, seguros de salud, entre otros.
Mi segunda iniciativa, relativa a dar presencia constitucional en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley Orgánica de esta Cámara, para que el actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se transforme en el Consejo Fiscal de la Federación. Esta evolución permitirá utilizar y mejorar la estructura existente en la Cámara de Diputados para dar cumplimiento a recomendaciones internacionales y mejorar las prácticas ciudadanas para una adecuada supervisión, control, evaluación y mejora de la política fiscal y hacendaria que ejerce este país.
Desde la crisis internacional de 2008, algunos países del mundo adoptaron esta figura como un mecanismo que restringe la actuación del gobierno de manera irresponsable en el manejo de su política fiscal y se emiten opiniones y recomendaciones con carácter vinculante.
Esta reforma permitirá que el Consejo Fiscal sea una instancia autónoma del Ejecutivo, emitirá recomendaciones respecto de la política fiscal, pero sobre todo obliga a su cumplimiento y servirá de generador de conocimiento y orientación para esta Cámara, en la adecuada toma de decisiones en materia fiscal, hacendaria y económica. Es decir, este Consejo Fiscal será el evaluador de la política fiscal del gobierno.
Una política fiscal orientada a las personas, bien aplicada, vigilada y, por supuesto, evaluada, reditúa en mejores ingresos para las familias mexicanas, desarrollo y crecimiento económico. En pocas palabras, un gobierno moderno, honesto y eficiente.
Diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas, los invito a sumarse a estas iniciativas y en la comisión de turno avalar favorablemente su dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
El diputado Isaías González Cuevas: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros diputados, con toda atención hoy presento ante ustedes una anhelada aspiración de los trabajadores de México, que ha sido planteada en otras ocasiones, en diversas circunstancias y en distintas épocas. Pero hoy, hoy más que nunca tiene absoluta vigencia.
Propongo una reforma para establecer en México la semana laboral de 40 horas, con pago de 56 que deberán disfrutar las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.
Hoy en día, por el tamaño de las ciudades y la dificultad del transporte, los trabajadores pierden mucho tiempo en sus traslados.
Además de ello, la ausencia del trabajador en el núcleo familiar es cada vez más prolongado, observando un déficit en los cuidados y la atención hacia los hijos, haciéndose más vulnerables a realizar conductas, en muchos de los casos, ilícitas o en adicciones, entre otras.
Estudios de la OCDE demuestran que los trabajadores se ven afectados en su desarrollo humano, debido a las largas jornadas que impiden en mayor medida tener el tiempo para poder realizar a plenitud, ya que para ello se requiere de un balance adecuado entre la zona de trabajo, tiempo libre y tiempo de descanso.
Hoy en día el balance entre el trabajo y el tiempo libre del trabajador se ha alterado de manera fundamental. No solamente en México sino en diversos países del mundo.
En varios países del mundo se ha adoptado ya por reducir el tiempo de las jornadas de trabajo y se buscan modelos para hacer eficiente esta relación, mostrando resultados positivos.
En México, por el contrario, seguimos con la idea de que para que una empresa produzca más tiene que tener al trabajador más tiempo en su lugar de trabajo. Sin embargo, se ha demostrado en diversos foros y estudios a nivel mundial, que trabajar más tiempo no significa ser más productivo.
Adicionalmente, debe considerarse como una cuestión fundamental al tema de los derechos humanos garantizados por nuestra Constitución, que obliga a que todos los mexicanos tengamos derecho a una vida digna.
En la vida laboral esto significa que el trabajador disponga de una jornada de trabajo que le permita tener tiempo suficiente para mejorar su preparación personal y compartir la vida con sus familias, además de descanso indispensable que debe de tener, que debe mantener las jornadas largas de trabajo.
Varios países en el mundo han reducido las jornadas laborales, porque han mejorado que esto mejora la productividad y por ende, se han generado más y mejores empleos que es una parte fundamental aquí en nuestro país para quienes no cuentan con un trabajo hoy en día.
La jornada de 40 horas con pago de 56, permite la satisfacción de estos temas vitales en una nueva conceptualización de la producción, la productividad y el empleo. Más eficacia productiva, con mayor tiempo para la superación personal y la atención a sus familias. Mejorar la competitividad en el mercado y garantizar el derecho a la vida digna.
La iniciativa que propongo pretende colmar los objetivos en favor de las trabajadoras y los trabajadores que legítimamente demandan disfrutar de estos derechos, pero quieren también, como lo establecen las leyes mexicanas y los convenios de la OIT firmados por el gobierno de nuestro país.
Estamos seguros que ha llegado el momento de hacer a un lado mitos y viejos conceptos en México y adoptarnos al nuevo contexto de la productividad que es el valor aspiracional en el nuevo ámbito de negocios mundial. Como consecuencia de la atinada decisión de reducir la jornada laboral de los trabajadores haciendo más eficientes los procesos productivos.
Comentarles que datos de la OCDE demuestran que en nuestro país se trabajan 60 horas a la semana y esto va en perjuicio de las compañeras y compañeros trabajadores, por lo tanto, es una demanda que está demandando nuestro sector.
Y por otro lado también, decirles que en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay registrados trabajadores permanentes, 17 millones de ellos. Si se considera que a ellos se les dé la oportunidad de tener un trabajo de 40 horas, estos empleos servirán...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido, su tiempo, diputado.
El diputado Isaías González Cuevas: ...para la gente que hoy no cuenta con ellos. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En relación a la iniciativa presentada por el diputado Carlos Valenzuela, que habla de las finanzas públicas, que se conviertan a un consejo fiscal de la federación, debe turnarse esa iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Minera, y adiciona un artículo 271 Bis a la Ley Federal de Derechos.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: Con su permiso, presidenta, con el permiso compañeros diputados y diputadas, el 2 de julio del presente año en Pinzan Morado, pueblo de mirada triste cuyos habitantes respiran miseria y exhalan olvido, la tierra se abrió, el socavón localizado a la mitad de la comunidad tuvo un diámetro de inicio de 60 centímetros, actualmente lo es de 60 metros con una profundidad de 40, y se produjo al desplomarse el techo de la mina subterránea La Calentana, que al mismo tiempo era el piso del pueblo.
Pinzan Morado es una comunidad con aproximadamente 500 habitantes y 129 viviendas, sus callejones son de tierra, la mayoría del pueblo no cuenta con agua potable, alcantarillado ni alumbrado público. Está catalogado como de alta marginación.
Pertenece al municipio de Coyuca de Catalán, y es parte del llamado cinturón de oro que recorre la región tierra caliente y región norte del estado de Guerrero. Tierra rica, pueblo pobre.
Este hundimiento afecta al momento a 31 viviendas, al jardín de niños y a la Telesecundaria de la localidad. Pero el resto del pueblo de Pinzan Morado, según el reporte de Protección Civil Estatal, se encuentra en muy alto riesgo de colapsar.
Hasta este momento no ha existido reparación del daño ni se ha indemnizado a los pobladores.
Accidentes mayores en la industria minera mexicana se presentan con relativa frecuencia originando pérdidas humanas y graves daños al ambiente, debido a la total impunidad con que los concesionarios explotan tanto a las minas como a los mineros.
Y también a la irresponsabilidad de las diversas instituciones mexicanas encargadas de vigilar la operación del ámbito minero.
Quién no recuerda entre tantas, la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila, ocurrida el 19 de febrero del 2006, donde 65 trabajadores perdieron la vida ante la indiferencia del Grupo México, dueño de la concesión. O el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al río Bacanuchi, en Sonora. Por cierto, también propiedad del Grupo México, el 6 de agosto de 2014.
La industria minera en México es depredadora, y entregada en un 70 por ciento al capital extranjero, que hacen en nuestro país lo que no se les permite en sus países de origen, contaminan el suelo, el aire y el agua, propician con el crimen organizado desplazamientos forzados destruyendo comunidades enteras y su entorno, sin dejarles beneficio económico social alguno, excepto el trabajo generado.
No existen en las leyes mexicanas tributo parecido para reparar los daños que la industria minera provoca al ambiente, a los ecosistemas y a las propiedades de los pueblos originarios.
No existen leyes mexicanas que obliguen a una indemnización justa y oportuna ante una pérdida humana ni que beneficie económicamente de manera directa a los pueblos originarios asentados sobre los yacimientos de dichas riquezas.
Según datos del periódico La Jornada entre los años 2001 y 2010, se extrajo de las minas de México 384 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata, que significan el doble de oro y la mitad de la plata saqueada durante los 300 años de coloniaje español.
La industria minera paga una regalía simbólica previsto en el Reglamento de la Ley Minera. Una prima por descubrimiento, previsto también en la Ley Minera que se abona el Servicio Geológico Mexicano. Al fisco paga un derecho sobre minería previsto en la Ley Federal de Derechos en la que se toma en cuenta el área que abarca la concesión y su duración en lugar del volumen de extracción y que va de 5,91 pesos por hectárea durante el primero y segundo año de vigencia, hasta 129,24 pesos por hectárea a partir del décimo primer año de vigencia.
Paga los mismos impuestos federales como cualquier otra actividad económica, de los cuales puede deducir de inmediato hasta el 77 por ciento del valor del capital invertido. Esas retribuciones, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, significan que la industria minera aporta a la hacienda pública mexicana solo un 1 por ciento de sus ganancias brutas.
Esta Cámara de Diputados aprobó en el año 2014, la creación de un Fondo Minero, de los cuales el 37.5 por ciento se queda en los gobiernos de los estados y el 67.5 por ciento en los municipios, que deben ser invertidos en escuelas y programas educativos, en infraestructura pública, agua potable, alcantarillado...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: ... alumbrado público, pavimentación de calles y caminos locales, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. Inversión que no se ve por ningún lado, al menos en...
–Termino, presidenta–. Sin embargo, señores diputados y señoras diputadas, esta reforma no contempló obligar al concesionario minero a cuidar el medio ambiente, a resarcir el daño ecológico originado por la industria minera, tampoco exigió algún seguro de vida justo, a tiempo y adecuado que mitigue la ausencia a la familia, por la muerte en el trabajo, del obrero minero.
Por los motivos antes expuestos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: ... el artículo 71. Concluyo, presidenta. fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 27 de la Ley Minera, reforma el artículo 39 de la misma ley y adiciona el artículo 271 Bis a la Ley Federal de Derechos. El artículo 39 de la Ley...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado en exceso.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: Termino, secretaria. Cinco segundos. En las actividades de exploración y explotación y beneficios de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y deberá decir: estarán obligados a cuidar el medio ambiente.
El artículo 271 Bis de la Ley Federal de Derechos, la empresa minera deberá otorgar a los trabajadores mineros de forma directa el 2.5 por ciento de la utilidad...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado...
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: ... por el volumen del mineral...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Su tiempo se ha agotado.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: ... extraído...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Puede ser transcrita íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates, pero ya concluyó. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Flores Suárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el diputado Ricardo Flores Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Flores Suárez: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, en México un trabajador que tiene una casa de Infonavit paga por su hogar hasta tres veces más de lo que se le prestó. Sí, ese instituto que supuestamente apoya a los trabajadores de México. ¿Por qué? Porque los intereses son más altos del 12 por ciento, incluso más altos que los que ofrece la banca comercial.
Compañeros, ¿saben cuánto puede durar un crédito Infonavit? ¿No? Hasta 30 años. Si llegas a vivir 100 años, un tercio de tu vida se te va pagando este crédito Infonavit.
Les platico. El primo de un amigo, o sea, su servidor, en 2006 tramité un crédito hipotecario con un banco de allá del norte, por no meter gol omito el nombre. Dicho crédito tenía una vida de 15 años. En el 2009 les platico que tuve un bache económico, que apliqué el seguro de desempleo y en menos de un año me regularicé, regresé a la normalidad el mismo crédito, pude adelantar pagos y eliminando interese y terminé de pagar en poco menos de ocho años, un poquito menos de la vida del crédito.
También les platico, en el 2008 mi esposa tiene los puntos suficientes para tramitar un crédito Infonavit, pero sucede el mismo bache del 2009. Trato de aplicar el mismo seguro de desempleo y, ¿qué pasa? Empieza el drama, mil piedras, mil obstáculos, mil requisitos, y también se pedía que el crédito de pesos lo cambiaras a veces salarios mínimos, ahora UMA, y para morirse del coraje, hoy en día se deben 200 mil pesos más del crédito original.
¿Cuántos hombres y mujeres en este país vivieron y vivirán endrogados? Millones de trabajadores están en sus centros de trabajo solo para poder pagar una deuda, que a juicio de los expertos no solo consume, sino aniquila la economía familiar.
A pesar de este panorama, los trabajadores viven convencidos y sobre todo resignados a que en este país la única vía para tener su patrimonio y ser dueño de una casa y disfrutarla aunque ya sea en su vejez, es endeudarse a largo plazo, sacrificar el salario por los otros intereses que hay que pagar. Es decir, y literalmente muérase pagando.
Compañeras y compañeros diputados, ¿es justo que nuestros trabajadores vivan endeudados pagando hasta tres veces el precio de su hogar?
Les hago otra pregunta, ¿el sistema de financiamiento que maneja el Infonavit resulta barato y suficiente para que un trabajador que gana menos de cinco salarios mínimos pueda tener una casa aquí en México?
Quien considere que sí está mintiendo, lo cual merece todo mi respeto, pero no está diciendo la verdad, porque seguramente nunca ha tramitado un crédito de Infonavit y menos vivido en una casa de interés social.
Quienes consideramos que el Infonavit resulta la opción más cara incluso que los bancos, los invito, los conmino, los convoco a que no solo se suscriban a esta iniciativa de los diputados y diputadas de Nuevo León, sino que los impulsen en la Comisión de Vivienda para iniciar la discusión de una verdadera reforma que garantice a las trabajadoras y trabajadores un crédito de Infonavit que por lo menos tenga estas tres circunstancias.
Uno. No le cobren más del 8 por ciento anual de intereses.
Dos. Que, a partir del tercer año del plazo otorgado en el crédito, un trabajador pueda realizar aportaciones parciales adelantadas al saldo insoluto para eliminar el interés capital. ¿Qué quiere decir? Pagar nuestra casa en menos años.
Tres. Que durante el plazo del crédito tengan derecho a cambiar hasta dos veces el tipo de crédito de la forma de pago, ya sea en unidades de medidas y actualización o pesos o viceversa.
Llegó el momento, compañeros y compañeras legisladoras, de reconocer que el Infonavit perdió la utilidad social que le fue creado, que su sistema de financiamiento hoy resulta altamente costoso y asfixiante.
Termino. Por lo anterior, las diputadas y los diputados de Nuevo León, de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, proponemos reformar y adicionar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que permita otorgar a los trabajadores el acceso a un crédito...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Ricardo Flores Suárez: ... barato y suficiente. De antemano, muchas gracias, presidenta, por la paciencia. Compañeros, les pido, por favor, impulsen esta iniciativa que es sumamente social y la requiere el país. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario del Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Adelante.
La diputada Simey Olvera Bautista: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes a los pocos que nos encontramos hoy aquí. Precisamente hoy celebro que se estén tratando temas de los trabajadores.
El día de hoy tengo la fortuna de presentar esta iniciativa que busca contribuir y reforzar, actualizar responsablemente el marco de protección social de la clase trabajadora, porque muchos venimos de ahí, de esos trabajos de la mayoría, aunque algunos jóvenes ahora los llaman godínez o el trabajo godín, no hay que trivializar esos trabajos, porque esta clase, la trabajadora, ha padecido la precarización de sus condiciones de trabajo, de su poder adquisitivo y consecuentemente, de su calidad de vida.
El objeto de esta iniciativa, compañeros, radica en actualizar el enfoque con el que nuestro marco jurídico en materia laboral tutela el denominado seguro de riesgos de trabajo.
Al respecto, debo precisar que dicho enfoque data del siglo pasado, cuando la dinámica laboral y los roles familiares se encontraban bajo un paradigma diferente al que actualmente se ha impuesto en este siglo XXI.
En efecto, el mercado laboral está caracterizado por una participación cada vez más activa de la mujer, pero también del hombre. Así como ritmos muy demandantes en puestos de trabajo, lo que ha propiciado una distorsión del vínculo de la actividad laboral con las responsabilidades privadas. Que aquí nos podamos salir constantemente no quiere decir que así sean en todos los trabajos, muy al contrario.
Por eso, es necesario reflexionar sobre las necesidades de ciertos aspectos de orden jurídico en materia laboral, con la finalidad de generar las condiciones para que la clase trabajadora pueda conciliar sus responsabilidades profesionales y también familiares.
Es por todos sabido que una de las principales responsabilidades familiares a las que se enfrenta cualquier trabajador cuando es madre o padre de familia, tiene que ver con llevar a sus hijos o dependientes económicos a sus centros de educación básica, y a la hora pico ni se diga.
Esto, pues es una situación que desafortunadamente genera vulnerabilidad jurídica, tanto en el trabajador, pero también para los hijos.
Y por ello, precisamente la problemática que pretende solucionar con esta aprobación de la iniciativa es la siguiente:
Considero oportuno reformar los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de precisar que se consideren accidentes de trabajo los que se produzcan al trasladarse el trabajador o trabajadora directamente de su su domicilio o del centro de educación escolar básica de sus hijos, al lugar que desempeñe el trabajo y viceversa. Esto con el propósito de beneficiarlos.
Para ilustrar a esta honorable asamblea, si es que aún no lo han vivido, pero creo que todos o la gran mayoría ha padecido esto, respecto al escenario de vulnerabilidad al que se orilla a jefas o jefes de familia. Me permitiré señalar algunos instrumentos del derecho internacional que evidencian el incumplimiento por parte del Estado mexicano, respecto a las garantías en el ejercicio de ciertos derechos, instrumentos que a su vez dan sustento a la presente iniciativa.
En primer lugar, señalar que en el ámbito del derecho internacional la clase trabajadora se encuentra al amparo de diversos convenios instituidos por la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto vamos a destacar los siguientes:
El Convenio 17 de la OIT. Sobre la indemnización por accidentes del trabajo, ratificado aquí en nuestro país el 12 de mayo de 1934 y aún está en vigor, pero no se está cumpliendo.
El Convenio 155. Sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.
Y el Convenio 102. Sobre la seguridad social de 1952, donde se denominan prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional, que muchos de los empleados desconocen.
Por otro lado, el derecho internacional también ampara a un sector vulnerable al que indirectamente atiende esta presente iniciativa que son las niñas, los niños y los adolescentes, siendo un marco referencial por la denominada Convención sobre los Derechos del Niño.
Nuestro país ratificó esta Convención el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a estos derechos reconocidos en ellas.
La propuesta de reforma obedece al análisis de los preceptos anteriormente señalados y busca atender dos causas cuya finalidad es:
1. Mejorar las condiciones y la calidad de vida, tanto de los trabajadores al garantizarles la cobertura en riesgos de trabajo cuando atiendan una de las obligaciones más sensibles para la mayoría de los padres que es atender a sus hijos, como también la de los niños que garantiza la integridad y el acceso a la educación, facilitando así...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo ha agotado.
La diputada Simey Olvera Bautista: ...los padres... Termino, presidenta. Facilitando así a los padres al llevarlos personalmente a los centros escolares. Con esta aprobación, el Poder Legislativo coadyuvará a resarcir las distorsiones en el mercado laboral que ha propiciado la conciliación laboral y familiar.
Legislemos, compañeros y compañeras, en favor de la clase trabajadora de este país y de sus familias que tanto nos dan a todos y a todas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Flor Ivonne Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Flor Ivonne Morales Miranda: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros diputadas y diputados, En todos los parlamentos del mundo democrático concurren en diálogo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Hasta el año 2005 el presiente acudía puntualmente a la sesión de apertura del Congreso General a entregar su informe por escrito y a dar un mensaje a la nación. Sin embargo, en 2006, derivado de la crisis electoral, el presidente no pudo acceder al recinto a rendir su informe y se limitó a entregarlo al presidente del Congreso.
Un año después, 2007, el presidente acudió fugazmente al Congreso y en un acto muy breve hizo la entrega del informe.
Con la pérdida de legitimidad de los últimos presidentes y ante la sombra del fraude electoral, los legisladores le cerraron la puerta del Congreso al presidente, y con una reforma constitucional el titular del Ejecutivo dejó de acudir a la sesión de apertura del Congreso desde el año 2008 limitándose a enviar el informe por escrito a la sesión de apertura.
Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el artículo 69, el cual enmarca la obligación que tiene el presidente de presentar un informe que manifieste el estado general que guarda la administración pública federal, ha sido objeto de tres enmiendas.
La primera reforma a ese artículo se hizo en el año de 1923, con la cual se estableció que la obligación del presidente de la República de asistir al Congreso a rendir su informe, se limita exclusivamente, al inicio del periodo de sesiones ordinarias.
La segunda reforma se llevó a cabo en el año de 1986 con la cual se estableció en el texto constitucional, que la obligación del presidente de acudir al Congreso a rendir su informe sería solamente al inicio de cada año legislativo y no al inicio de cada periodo ordinario.
La última reforma que tuvo este artículo, fue la que se promulgó en el año 2008, en medio de un entorno de crisis política en la que la legitimidad del presidente era duramente cuestionada y se pretendía resguardarlo de la exhibición pública.
Con esta reforma, de manera inadmisible, el Congreso mexicano obsequiaba diligentemente una de sus principales facultades de control, llamar a cuentas al Ejecutivo federal.
La reforma de 2008 simboliza la ruptura del diálogo franco que debe de existir entre los Poderes de la Unión.
Con esta iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional, no solo se pretende restituir la presencia del presidente de la República para la sesión de apertura del Congreso General, sino que también se pretende evolucionar a un diálogo entre poderes y a la rendición de cuentas del Ejecutivo frente al legislativo.
En esta nueva visión proponemos que en la apertura de sesiones ordinarias del primer período de cada año, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, acuda al pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político y a entregar por escrito un informe de gobierno y que en fecha posterior a la Cámara de Diputados, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, a exponer los aspectos fundamentales de su informe, y sostener un intercambio de opiniones con los representantes de la nación.
Posterior a este diálogo republicano con el titular Ejecutivo, iniciará el análisis del informe con los servidores públicos conforme lo establecen los artículos 69 y 93 de esta Constitución.
Por lo tanto, por esta vía se propone la aprobación del decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el mismo quede en los siguientes términos.
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer período de cada año del ejercicio del Congreso, el presidente de la República acudirá ante el pleno del Congreso General, a dar un mensaje político investido, en su calidad de jefe de Estado, y entregará por escrito un informe en el que rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
En la apertura de las sesiones extraordinarias, el Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
En fechas posteriores, el presidente de la República acudirá a la Cámara de Diputados en su calidad de titular del Ejecutivo y a la administración pública federal, a exponer el informe en el que rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
Durante su comparecencia escuchará la intervención de los legisladores, y responderá a los cuestionamientos que estos le formulen de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley del Congreso.
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito, y solicitar a los secretarios de Estado y a los...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Un segundo, por favor, presidenta. Quienes comparecerán y rendirán informe bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores para su aprobación, la estrategia nacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Esta Presidencia saluda a un grupo de jóvenes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas del estado de Jalisco, invitadas por la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada. Bienvenidas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Teresa López Pérez para presentar una iniciativa con proyecto que reforma el artículo 5o de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Suscrita por la propia diputada López Pérez y Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada María Teresa López Pérez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, en uso de esta alta tribuna, a nombre de la compañera diputada Katia Castillo Lozano y una servidora de la nación, María Teresa López Pérez, venimos a presentar una iniciativa que tiene que ver con el trabajo que realizan las organizaciones civiles.
El Estado mexicano, por medio de la Ley Federal para el Fomento de las Actividades que Realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil, ha tenido a bien incentivar el trabajo realizado por las asociaciones, dado que su apoyo es importante para mejorar las condiciones de diversos sectores de la sociedad.
En esta ocasión la propuesta que se presenta tiene que ver con el fomento a las actividades dirigidas al apoyo y defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, toda vez que la ley mencionada establece un catálogo de actividades como objeto de fomento, pero detectamos que el interés superior de la niñez no se encuentra dentro de este catálogo.
Y si bien es cierto que muchas de las organizaciones civiles ya realizan actividades en favor de las niñas y los niños, debemos establecer en el texto de la ley que aquellas organizaciones con actividades dirigidas especialmente al apoyo y defensa del interés superior de la niñez puedan ser fomentadas con los beneficios que otorga la ley de la materia, en virtud de que la propia Constitución así lo establece. Lo que implica armonizar todas las disposiciones de las leyes ordinarias, a efecto de cumplir con nuestra Carta Magna.
Esta iniciativa contribuirá a que puedan enfocarse más actividades para proteger a nuestros niños y nuestras niñas. Más que nada, pensando en los más pobres, en los más abandonados, en los que viven en las condiciones más difíciles de nuestro país, como son los niños indígenas, los niños hijos de jornaleros, de familias jornaleras, los niños en situación y niñas en situación de calle. O sea, empezando por los más pobres, y su atención debe prevalecer sobre todos los demás, porque nuestros niños y nuestras niñas son primero, y la felicidad de ellos, la felicidad de nosotros, la sociedad, estriba en su bienestar.
No debemos soslayar cualquier intento para contribuir a mejorar su calidad de vida, los niños y las niñas son nuestra alegría, son el motor de la esperanza, son el motor de una regeneración necesaria para hacer más grande y digno a nuestro país y la labor loable y necesaria de las organizaciones dedicadas a trabajar por los niños y las niñas debe ser incentivada. Es cuanto, presidenta, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, compañera diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dé cuenta con una comunicación de diputado.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió oficio del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, por el que comunica que ha dejado de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De enterada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con comunicación de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió oficio del diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por el que comunica la integración del diputado Luis Fernando Salazar Fernández a ese grupo parlamentario.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De enterada. Actualícense los registros parlamentarios.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pido a la Secretaría dar cuenta.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 11 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, integra la Sección Instructora encargada de sustanciar los procedimientos inherentes al título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Segundo. Con fundamento en el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al requerirse la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, se conforma por los siguientes legisladores: Martha Patricia Ramírez Lucero, presidenta. Raúl Gracia Guzmán, secretario. Juan Carlos Villarreal Salazar, secretario. Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante.
Tercero. La sección instructora se instalará en el lugar que le sea asignado y se le proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación e insértese en el Diario de los Debates.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputada.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se recibió Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar cuenta.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se invita a una reunión de trabajo al encargo de despacho de la Procuraduría General de la República.
Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política acuerda invitar a una reunión de trabajo al licenciado Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, con los integrantes de la Comisión de Justicia, con el propósito de conocer la situación que atraviesa dicha institución y los asuntos más relevantes en la materia.
Segundo. El formato de la reunión de trabajo será el siguiente: bienvenida a cargo de la presidenta de la Comisión de Justicia.
b) Presentación del encargado de la Procuraduría General de la República, Luis Alberto Elías Beltrán.
c) Preguntas y respuestas, y
d) Cierre de la reunión.
Tercero. En términos del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Firman. Mario Martín Delgado Carrillo, rúbrica. Juan Carlos Romero Hicks, rúbrica. Diputado René Juárez Cisneros, rúbrica. Fernando Luis Manzanilla, rúbrica. Reginaldo Sandoval Flores, rúbrica. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rúbrica. Diputado José Ricardo Gallardo Cardona, rúbrica. Arturo Escobar y Vega, rúbrica.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo para ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Quiero hacer un comentario antes de iniciar la lectura de mi punto de acuerdo, y decirles que hicimos dos concesiones para que pudiera ser aprobado este punto de acuerdo, tanto al PRI como al PAN.
Desde luego que yo hubiera sido un poco más fuerte en mis exigencias, pero en aras de que salga aprobado por todo el cuerpo legislativo hicimos las modificaciones correspondientes.
Compañeras y compañeros legisladores, me presento frente a esta honorable soberanía, para presentar un punto de acuerdo para pedir información a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo 9/2018, que se entregue la información evidentemente a esta soberanía y que se resuelva a la brevedad en un sentido que protege y garantice el acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar.
Mediante este punto de acuerdo esta soberanía busca alertar al máximo tribunal constitucional del país a que se reconozca el acceso a la seguridad social como un derecho inalienable de las trabajadoras del hogar, que históricamente han sido vulneradas en sus derechos laborales.
El derecho de las trabajadoras del hogar no solo se ampara en los principios consagrados en la Constitución, sino también en la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo, al cual también solicitamos con el respeto que nos merece el principio de división de poderes, para que a la Cámara de Senadores, para que en su próxima sesión ratifique este Convenio.
Este Convenio no fue aprobado por el Senado de la República y nos parece que es muy importante justamente para otorgarles derechos laborales a las trabajadoras del hogar.
En este sentido es necesaria una resolución que favorezca a 2 millones y medio de personas que laboran en el trabajo doméstico remunerado, sin ningún tipo de prestación y acceso a seguridad social y en la gran mayoría de los casos ni siquiera contrato laboral. No hay que olvidar que más del 93 por ciento de esta población laboral, son mujeres.
Vale la pena reconocer la gran labor que han llevado a cabo la sociedad civil para ejercer presión sobre la resolución de la Suprema Corte que saldría en días pasados. Afortunadamente no se resolvió pero estamos en espera de que en cualquier momento resuelva la Suprema Corte de Justicia, y es muy importante. ¿Por qué? Porque va a sentar un precedente para quienes tienen responsabilidades laborales dentro de los hogares, las trabajadoras del hogar.
Ese esfuerzo de los ciudadanos por organizarse en favor de las mejores causas, no puede ser ignorado por esta Cámara de representación popular. El amparo directo que la Corte Suprema decidió postergar, absolvía a dos personas de pagar las indemnizaciones correspondientes por ley a una empleada doméstica que tras más de 50 años de labor exigía el pago de lo que corresponde a cualquier trabajador.
Una decisión en ese sentido no sólo vulnera los derechos laborales de cientos de miles de mujeres, sino que atenta directamente contra el futuro de justicia que demandan los trabajadoras y las trabajadoras de nuestro país.
Como mujer hago un llamado atento a las legisladoras aquí presentes para que, por medio de nuestra participación en esta casa de la nación mexicana, usemos nuestro voto para ser conciencia de la necesidad de que las trabajadoras del hogar gocen de un salario y trato digno.
Dada la magnitud del caso y con el debido respeto a la separación de poderes, es necesario que no dejemos de hacer un llamado a la justicia.
Sin duda el camino es largo para garantizar el ejercicio efectivo y equitativo de los derechos para todas las mujeres. Sin embargo, en esta soberanía estamos 241 mujeres para representar a cientos de miles de mujeres que buscan el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras.
Finalmente quiero decirles cómo quedaría la proposición con punto de acuerdo que está consensuado por todos los partidos.
El primer punto de acuerdo diría: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que informe a esta Cámara de Diputados el estado que guarda la resolución del amparo directo 9-218 sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en el artículo 1o. y 123 apartado a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y el segundo punto que también fue consensuado diría lo siguiente:
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes, exhorta al Senado de la República para que en uso de su facultad constitucional ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como un derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional. Serían esos los dos puntos de acuerdo.
Y, finalmente, quisiera hacer un comentario, en estos 53 segundos que me faltan, que ojalá podamos ver también dentro de nuestras preocupaciones...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No, compañera diputada. Ya es un minuto excedente, pero adelante, por favor.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Nada más que veamos el asunto de los trabajadores que nos apoyan aquí en esta Cámara, a los trabajadores de limpieza, que también velemos por sus derechos laborales. Me parece que es un acto de justicia para quienes nos acompañan todos los días, en ese esfuerzo, en el esfuerzo que está haciendo esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villavicencio. Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Para los efectos de artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con su permiso. Las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de explotación laboral. Tristemente la mayor parte de la sociedad no considera el trabajo doméstico como una ocupación verdadera, sino como parte de las actividades normales o naturales de las mujeres, a base de perjuicios y estereotipos por razón de género.
Este es un sector particularmente invisible. En México, se estima que hay cerca de 2 millones 500 mil personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, enfrentándose a circunstancias laborales verdaderamente difíciles.
Por ejemplo, las cifras demuestran que casi 96 por ciento de ellas no cuentan con contrato laboral, 97 no tiene acceso a la atención médica como parte de las prestaciones, el 92 no tiene seguridad social, e incluso el 30 por ciento reportó no contar con días de descanso.
A pesar de que se dedican principalmente a labores como el aseo, la preparación de alimentos y el cuidado de niñas y niños y personas de la tercera edad, sus salarios son lastimosos. El 70 por ciento de las trabajadoras reciben apenas entre uno y dos salarios mínimos, mientras que el 30 por ciento percibe solo uno. Además, seis de cada 10 no tiene vacaciones y cinco de cada 10 no tienen aguinaldo.
Estas condiciones laborales profundizan las desigualdades sociales que se traducen en bajos ingresos económicos y mínimas posibilidades del progreso para ellas y sus familias.
Nuestras leyes permiten que trabajen jornadas de hasta 12 horas sin derechos laborales ni seguridad social, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidades de ahorro.
Es momento de cambiar esta situación. Urge dignificar el trabajo doméstico como medida para el empoderamiento femenino y por el bien de las familias mexicanas. El Estado mexicano tiene una deuda política y social con la falta de la ratificación del Acuerdo 189 de la Conferencia Internacional del Trabajo, desde hace más de cuatro años, lo que es preocupante, pues es un tema de derechos humanos. Se trata de hacer efectivo el derecho a la seguridad social consagrado en la Constitución.
Hasta la fecha, las trabajadoras del hogar están amparadas en el régimen voluntario comprendido de la Ley del Seguro Social, y al menos hoy lo que sí sabemos es que el 97 por ciento de los empleadores no ha tenido la voluntad de otorgarlo y que las trabajadoras siguen soñando con adquirirlo.
La realidad es que el régimen actual solo logra que se les excluya de las prestaciones fundamentales, como las guarderías y los servicios médicos. En el Partido Verde estamos de acuerdo en que se necesita voluntad política para sentar las condiciones de igualdad indispensables para combatir las graves prácticas discriminatorias hacia las trabajadoras del hogar.
Es momento de voltear a ver la realidad de este grupo poblacional, requerimos leyes justas que permitan a todas las personas trabajadoras de nuestro país el acceso a una vida digna y decorosa. Por esa razón, nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor del punto de acuerdo que hoy se discute.
Votamos a favor de las mujeres, de las familias y de la igualdad. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el trabajo doméstico ha sido históricamente uno de los trabajos peor remunerados y con menores prestaciones que han existido en nuestro país.
Constituye también uno de los factores que contribuye al ensanchamiento de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, dado que, al ser mujeres con poca preparación escolar, quienes principalmente lo desempeñan generan mayores índices de desigualdad en términos de remuneración económica y de acceso a las instituciones de seguridad social.
Si bien resulta acertado señalar que anteriormente el trabajo doméstico no era considerado como una actividad laboral y remunerada que genera derechos, en la actualidad esta situación debe cambiar, dado que en términos de la comunidad internacional este ha sido reconocido como una actividad que genera bienestar y aprovechamiento social.
Las precarias condiciones en las que las trabajadoras y trabajadores domésticos prestan sus servicios ha sido puesta en la agenda pública, gracias a los diversos colectivos que los han agrupado, haciendo de manifiesto las terribles condiciones en las que se les contrata, en las que desempeñan sus labores y en las que se da por terminada la relación laboral, sin que haya un reconocimiento justo de las labores desempeñadas del tiempo que se dedicó o se genere alguna responsabilidad para el empleador ni en términos de prestaciones y mucho menos de liquidación o reconocimiento de los derechos adquiridos.
Resulta muy importante para nuestro grupo parlamentario, no solo que se ratifique y reconozca y aplique lo establecido por el Convenio 189 de la OIT, sino también que en términos de lo establecido por el artículo 1o. de nuestro texto constitucional, la legislación mexicana sea aplicada en un sentido progresivo de la protección de los derechos de las personas, incluyendo los derechos laborales de los y las trabajadoras domésticas.
Es por ello que mi grupo parlamentario no solo comparte el sentido del exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tomar en consideración las nuevas condiciones internacionales en las que se concibe el trabajo doméstico, sino que también hemos de generar en este Poder Legislativo las condiciones legales y las reformas correspondientes para que todas aquellas personas que se dediquen a estas actividades cuenten por ley con todas las garantías de las que goza cualquier empleado de nuestro país, garantías ya de por sí exiguas y que debemos reforzar. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almaguer. Tiene la palabra el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la seguridad social es considerada un instrumento de la política social para responder eficientemente a las demandas y necesidades de una sociedad en un momento determinado.
Su propósito fundamental radica en generar mejores condiciones de justicia y equidad, fortalecer la seguridad personal y familiar, pero sobre todo mejorar significativamente los niveles de vida de la población en general.
En nuestros días son pocos los países que cuentan con sistemas de seguridad social integrados y con cobertura para el total de su población, en el caso mexicano ha sido enorme el terreno conquistado.
Desde la promulgación de la Constitución de 1917 fueron plasmados los principios de seguridad social para la población trabajadora, contenidos en el artículo 123 de nuestra Constitución. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados se tiene registro que actualmente existen, en nuestro país, aproximadamente 68 millones de personas sin acceso a seguridad social.
Entre los grupos más afectados encontramos a los adultos mayores, personal con discapacidad y aquellos que se encuentran laborando sin estar afiliados a ninguna institución pública, como lo son el IMSS o ISSSTE.
Bajo este supuesto encontramos a aquellas personas que desempeñan actividades en el hogar y son remuneradas. En este orden de ideas, el trabajo doméstico sigue siendo una de las ocupaciones más desprotegidas de nuestro país, ya que dicha actividad se encuentra al margen de las garantías y derechos laborales más elementales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, actualmente casi 2.5 millones de personas laboran en el trabajo remunerado, cifra que representa el 4.8 por ciento del total de ocupados en el país, dichas actividades son realizadas en su mayoría por mujeres, 9 de cada 10, según el Inegi y, asimismo, una de las cifras más alarmantes es que el 99 por ciento de los trabajadores domésticos no cuentan con un contrato de trabajo por escrito y únicamente el 3 por ciento tiene acceso a la seguridad social.
En junio de 2011, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó un convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, Convenio 189, el cual sienta las bases normativas para la promoción y protección de los derechos humanos de millones de trabajadores del hogar.
Dicho instrumento garantiza la protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores domésticos, en igualdad de condiciones con las demás personas trabajadoras.
Por lo tanto, confirmo que en Movimiento Ciudadano es nuestra responsabilidad impulsar las medidas necesarias, a fin de revertir esta cultura de discriminación, marginación y falta de derechos para esta población tan vulnerable.
Es por ello que nos pronunciamos a favor del presente punto de acuerdo, a fin de que se resuelva a la brevedad el amparo impuesto por una trabajadora doméstica ante la Suprema Corte de Justicia. Al mismo tiempo que se exhorta respetuosamente al Senado de la República, a fin de que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para que México sea el ejemplo...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Su tiempo se ha agotado, compañero diputado.
El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: Termino con todo gusto, presidenta. Para que México sea el ejemplo ante la comunidad internacional para lograr mejores condiciones y salvaguardar los derechos de un gran número de mexicanos.
Asimismo, desde esta tribuna reafirmo mi compromiso para apoyar y presentar las reformas necesarias en beneficio de nuestros trabajadores. Es cuanto, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ramírez. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vivimos en un país profundamente desigual en términos de género. Aun cuando en este recinto se hable de paridad, la realidad es que incluso aquí dentro las prácticas son diferentes para hombres que, para mujeres, por lo que no sorprende, pero sí indigna, la medida en que en el ámbito laboral se divide de manera sexista.
Indigna que haya techos de cristal. Indigna que a las mujeres se les pague menos por desempeñar los mismos trabajos que los hombres.
Indigna, sobre todo, que a las mujeres se les explote en los espacios domésticos y no haya regulación ni protección suficiente para ellas.
Histórica y tradicionalmente, el trabajo doméstico y de cuidados ha sido adjudicado a las mujeres. Y no conforme con ello, se les ha impuesto la mayoría de las veces sin remuneración alguna.
Hay, sin embargo, una expresión de estas labores remuneradas. Se suele pagar a las mujeres por desempeñar en hogares ajenos las labores domésticas, sin embargo, estos pagos sueles ser sumamente bajos y no regulados. Y peor, suelen estar sujetos a condiciones de trabajo que rayan en la explotación y en la violencia.
Las trabajadoras domésticas son altamente vulnerables e indefensas en todos los sentidos, casi nunca tienen contrato, no tiene Seguro Social, no tiene vacaciones, no tienen protección en ningún término, lo que en ocasiones vulnera incluso su vida y su integridad física.
El trabajo es condición humana y es un derecho humano, trabajando se busca asegurar las necesidades básicas y acceder a una vida digna. Y, por lo tanto, todos los trabajos merecen el mismo respeto y las mismas condiciones de dignidad, incluido, por lo tanto, el acceso al Seguro Social.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que no hay derecho más sobajado y precarizado en este país que el derecho al trabajo digno. Estamos convencidos de que un trabajo digno es lo menos que el Estado debería proteger y garantizar a su población, y que es una de las deudas más urgentes que tenemos que saldar.
La protección y la seguridad en todo sentido de las trabajadoras del hogar son urgentes y sobra decir que son fundamentales. Nos solidarizamos al punto de acuerdo que ha realizado el día de hoy el Grupo Parlamentario de Morena a la Suprema Corte de Justicia y confiamos en su sensatez y honra.
Reiteramos la necesidad que tiene nuestro país se signar los tratados que protegen los derechos humanos, por lo que también compartimos la petición al Senado. Y refrendamos el compromiso que tenemos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: ...con todas las trabajadoras del país para alcanzar salarios y condiciones justas y dignas en su desempeño. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bernal. Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada María Rosete Sánchez: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el primer trimestre de 2018, señala que en México 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, en total 9 de cada 10 son mujeres.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2016 apunta que las trabajadoras del hogar tienen un promedio hasta el primero de secundaria. Esta Secretaría afirma que tres de cada 10 trabajadores del hogar percibe hasta dos salarios mínimos, entre las mujeres la proporción es de cuatro de cada 10.
Otro dato. El 83.2 por ciento de los hombres en esta ocupación no tiene acceso a servicios de salud. Entre las mujeres aumenta al 98.1 por ciento. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación advierte que las trabajadoras del hogar pueden llegar a laborar hasta 12 horas diarias cuando su empleador o empleadora así lo deseen.
Una encuesta telefónica del Centro de Estudios y de Opinión en la Cámara de Diputados en 2014, señala que alrededor de una de cada 20 personas admitió no estar de acuerdo con que las trabajadoras del hogar tuvieran vacaciones pagadas o un contrato escrito.
Las vejaciones al sector de trabajadoras del hogar son increíbles, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 señaló que sólo una de cada 10 trabajadoras del hogar, el 12 por ciento, cuenta con alguna prestación laboral y apenas el dos por ciento tiene contrato.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informa que entre 2012 y junio de 2018 se calificaron 26 expedientes como presuntos actos de discriminación hacia personas trabajadoras del hogar, 23 contra particulares y tres contra personas servidoras públicas.
Diputadas y diputados, las cifras que describen la situación en las que se encuentran las trabajadoras del hogar en nuestro país son contundentes. Es urgente y de elemental justicia que el Senado de la República ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar como un derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional, tal y como lo indica y lo solicita la promovente.
Encuentro Social, además de ser un asunto de elemental justicia y materia laboral, por convicción propia, lo ve como un asunto de respeto a la dignidad de las personas. Debemos de estar en favor de que la Colegisladora se pronuncie por la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sin reservas.
Es penoso saber que el convenio ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada María Rosete Sánchez: En enero de 2019 entrará en vigor en Brasil. –Termino–, presidenta. Anuncio que mi grupo parlamentario, por conducto de nuestra representación en la Colegisladora, presentará un exhorto para que la Mesa Directiva del Senado de la República solicite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que se aboque a la discusión, análisis y en su caso aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rosete. Tiene la palabra el diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos Pavón Campos: Con su permiso, diputada presidenta. El punto de acuerdo que hoy discutimos aborda un tema de gran relevancia para la sociedad mexicana. De manera concreta, trata un asunto de justicia laboral para un sector de la población que realiza, al igual que otras, una actividad honesta.
Desafortunadamente el trabajo doméstico no es valorado, miles de personas que se dedican a esta actividad son constantemente víctimas de discriminación, indiferencia y malos tratos.
Para dimensionar la magnitud de este tema, basta señalar que en México la seguridad social no se ha reconocido a más de 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. Bajo estas condiciones el trabajo doméstico alberga a trabajadoras en un estado de vulnerabilidad pues dónde puede acudir en caso de una emergencia médica. De carencia de seguridad social, constituye una parte de trabajo no remunerado.
ONU-Mujeres considera el trabajo no remunerado como aquel que se realiza sin ningún pago en un desarrollo de la esfera privada como el hogar y se vincula de manera directa a las labores domésticas.
La falta de reconocimiento de derechos laborales, es un sueldo poco competitivo, de discriminación, son los tres problemas más frecuentes que enfrentan las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Además este tipo de trabajo pertenece generalmente al sector informal o no estructurado, es decir, al que agrupa actividades que no están reconocidas, registradas ni protegidas por la autoridad del Estado.
Por ello en un mecanismo fundamental de inmediato para garantizar el acceso a la seguridad social, en este sector vulnerable, la población consiste en que el Senado de la República ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo con el objeto de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras del hogar.
En el Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos a favor del acuerdo. Tan es así que el pasado 13 de septiembre el diputado Rubén Moreira presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a remitir a la Cámara de Senadores el convenio 189 de la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico a efecto de que sea ratificado.
Sin embargo somos respetuosos de la división de poderes y autonomía de las instituciones del Estado mexicano, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene propia organización en sus plazos y sus tiempos para pronunciarse respecto a los derechos que reconoce nuestra Constitución.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de seguir legislando para garantizar, a través de las acciones afirmativas, el acceso al derecho esencial de los trabajadores y trabajadoras del hogar, y así consolidar en México incluyente, próspero y equitativo. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pavón Campos. Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su venia, diputada presidenta. Señoras y señores diputados, las trabajadoras del hogar forman parte importante de miles de hogares mexicanos, su contribución y su trabajo son clave para que estos hogares funcionen sin contratiempos.
En muchos casos, son personas que trabajan para una misma familia por varios años. El trabajo que desempeñan las trabajadoras del hogar, merece el mismo reconocimiento que cualquier trabajo, merece las mismas prestaciones, protecciones e indemnizaciones.
No es justo para este amplio sector de la población, que su trabajo no se encuentre en el mismo nivel que otros. En Acción Nacional consideramos que no proveer a las y los trabajadores domésticos de los derechos a la salud, a una pensión al ahorro, a una vivienda digna, es una forma de discriminación.
Por ello, en el PAN hemos presentado diversas iniciativas de ley para atender este tema de manera puntual y seguiremos trabajando para dignificar el trabajo y las condiciones de vida de todas las personas.
El Estado mexicano le ha fallado a quienes desempeñan este tipo de labor, que es en su mayoría las mujeres. No les ha dado la protección a los derechos que por ley les corresponden.
Por eso es que hoy vemos esta gran preocupación, de que sea la Corte la que dé certidumbre legal a una trabajadora del hogar que no fue indemnizada de manera justa. La aprobación y ratificación de tratados internacionales como lo son los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ayudan a que problemas como la discriminación se erradiquen y dejen de ser vistos como algo normal. Además, ayudan a que la irregularidad y los abusos disminuyan.
Hay que aceptarlo esa es la realidad a la que se enfrentan las trabajadoras y trabajadores del hogar. Desgraciadamente los abusos como jornadas laborales extensas y no tener certeza jurídica, es el pan de cada día para muchas personas. Debemos combatir las irregularidades y ofrecer la protección que por ley les corresponde, ya que es lo mínimo que merece cualquier trabajador mexicano.
En el PAN estamos siempre a favor de la dignidad, el respeto y el bienestar del trabajador. Cualquier medida que vea por ello, mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras de México tendrá siempre nuestro apoyo.
Consideramos que este punto de acuerdo tiene ese objetivo a favor de quienes han dejado su vida entera por un trabajo que tiene que ser debidamente recompensado. En el Grupo Parlamentario del PAN asumimos el reto de apresurar el trabajo legislativo para asegurar a las y los trabajadores domésticos una remuneración digna, prestaciones sociales justas y condiciones de trabajo seguras.
Hacemos un llamado a los demás grupos representados en esta Cámara, para que traslademos esas propuestas a iniciativas de ley y juntos avancemos hacia un México más justo y más solidario. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rodríguez Rivera. Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Con su venia, presidenta. Compañeras, compañeros, apenas al inicio de esta legislatura celebrábamos cómo en el Senado de la República se había ratificado el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad sindical.
Lo celebramos porque la ratificación de un instrumento internacional de esa naturaleza, que se incorpora al bloque de constitucionalidad de los derechos humanos establecido en el artículo 1 constitucional, es siempre un motivo de festejo. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo con la ratificación del Convenio 189, también de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, aprobados desde el año 2011 y los cuales el Estado mexicano se ha negado reiteradamente a ratificar, dejando en total desprotección y desigualdad a miles de personas que se dedican al trabajo doméstico en nuestro país.
En este instrumento internacional se reconocen criterios mínimos indispensables para que el trabajo doméstico pueda realizarse de manera decente y digna, tales como respetar edad mínima, asegurar contratos por escrito, acceder a un salario digno, que no haya discriminación de género, que se respete su vida privada y su dignidad, y que tengan acceso a la seguridad social.
Hace unos días se difundió el proyecto de dicho amparo que aborda este punto de acuerdo, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán. El proyecto ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Nosotros, en Morena, sin entrometernos en las decisiones autónomas del Poder Judicial y en especial de la Suprema Corte, sí nos resultan preocupantes algunas de las consideraciones de ese resolutivo del proyecto de amparo, que niega a la trabajadora acceder al pago de Seguro Social y recibir aportaciones del Infonavit, aludiendo que la Ley Federal del Trabajo no lo permite y, claro, la Ley Federal del Trabajo no es acorde con los más altos estándares en materia de derechos humanos.
Esa norma laboral mantiene a los trabajadores domésticos dentro de un régimen especial, que impide que se reconozcan las condiciones de desigualdad, de explotación, de precariedad, de marginación, e incluso de violencia en la que se encuentran muchos de esos trabajadores.
Por ello debemos de sumarnos al exhorto de nuestra compañera diputada Lorena Villavicencio, en la que hacemos un respetuoso llamado a la Corte para que aplique una visión garantista, que proteja lo que establece el 1o. constitucional en correlación con el artículo 123, apartado A, de nuestra Carta Magna, en relación a la obligación de los patrones a inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social.
Nos sumamos al exhorto a nuestra colegisladora para que a la brevedad se sirva ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico, pues la incorporación de ese nuevo convenio a nuestro marco legal, a través del bloque de constitucionalidad, permitirá evitar interpretaciones que no abonan a la protección de la persona humana...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Termino diciendo principalmente a las personas de mayor vulnerabilidad como las y los trabajadores domésticos. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Padierna. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al siguiente punto, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a revisar y sancionar los posibles incumplimientos de las obligaciones legales realizados por la administración 2012-2018 del gobierno, en el estado de Morelos.
El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Compañeras y compañeros legisladores, hoy 23 de octubre de 2018 se cumplen exactamente 400 días del sismo del 19 de septiembre de 2017, en el caso de Morelos, 400 días de zozobra en las miles de familias que se vieron afectadas de una u otra manera, 400 días y la reconstrucción de la infraestructura educativa, de salud, comunicaciones, así como de patrimonio histórico en Morelos no tiene puntos de referencia para medir con claridad su grado de avance.
Lo anterior, a pesar que para la reconstrucción de Morelos se destinaron 7 mil millones de pesos, mil 300 millones de recurso estatal y 5 mil 757 provinieron de la federación, la reconstrucción de las viviendas representa el atraso más doloroso y, por tanto, apremiante. A 400 días del sismo aún hay familias viviendo prácticamente en la calle, en el patio de un vecino, en la cancha de basquetbol o en cualquier espacio público donde pudieron improvisar una vivienda.
Al 31 de septiembre, la administración de Graco Ramírez Abreu entregó únicamente 199 de las mil 912 viviendas dañadas, apenas el 10 por ciento. La falta de transparencia en el manejo de los más de 7 mil millones de pesos se exhibe en la inmovilidad de la reconstrucción de Morelos.
La semana pasada con el apoyo de las y los compañeros de las Comisiones de Gobernación y Población, Seguridad Pública, Asuntos Migratorios y Protección Civil señalamos al secretario de Gobernación que en el caso de Morelos, particularmente, la reconstrucción es aún una asignatura pendiente.
Ahí mismo, para evitar confusión y malabarismo político, preguntamos al secretario de Gobernación, al licenciado Alfonso Navarrete Prida, ¿a quién tocamos las puertas para agilizar la aplicación de los recursos destinados a la reconstrucción de Morelos? ¿A quién le exigimos cuentas sobre los recursos destinados para la reconstrucción de la entidad?
A lo que el secretario contestó: “Los recursos federales del Fondo Nacional para Desastres, Fonden, según la Ley de Responsabilidad Hacendaria y de Presupuesto, pasan a ser parte de los estados, por lo que en el caso de Morelos, el gobierno de Graco Ramírez Abreu es el responsable. Las inquietudes al respecto –añadió el secretario– deben de canalizarse a la Auditoría Superior de la Federación”.
El pasado mes de septiembre, deben de saber, el Congreso de Morelos integró la Comisión Especial de la Reconstrucción de Morelos, porque para muchos morelenses la reconstrucción del estado es urgente. Estamos perdiendo tiempo muy valioso y nos estamos rezagando aún más.
No es una preocupación particular, es ya una exigencia de nuestros representados a las fuerzas políticas con presencia tanto en la Cámara de Diputados, como en el Congreso de Morelos.
En días pasados, para ahondar en los argumentos en el Congreso del estado, la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez, de Movimiento Ciudadano, apoyada por la mayoría de los legisladores, han demandado que el gobierno de Graco Ramírez y el gobierno federal informen sobre las acciones en materia de reconstrucción.
Lo anterior porque la realidad lo exige, porque la situación de precariedad de miles de familias demandan valor civil, responsabilidad social y mucha, mucha solidaridad. Porque no podemos permanecer inermes ante lo injusto, ante la opacidad y a la no rendición de cuentas.
No pedimos apoyo para una vendeta disfrazada de auditoría, pedimos nos ayuden a promover un mecanismo de transparencia, de presión en los cauces legales y adecuados, por supuesto, para obtener respuestas que a los morelenses les han sido negadas, sabiendo que tienen derecho a ellas.
Pedimos el apoyo de ustedes para exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que programe, continúe y concluya a la brevedad todas aquellas auditorías al gobierno del estado de Morelos, de la administración 2012 al 2018, que aún están en proceso. A la Universidad Autónoma de Morelos, y en particular, aquellos relativos al uso de los fondos del Fonden, para que de una manera institucional la Secretaría de Gobernación revise el uso de los recursos provenientes del Fonden que fueron destinados a Morelos. Es esto, por supuesto, dentro de los mecanismos y procedimientos adecuados.
Y por último, exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Y Protección de Datos Personales para que revise con cuidado los reportes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno de Morelos en la administración 2012-2018.
Amigas y amigos legisladores, a nombre de los morelenses y de millones de mexicanas y mexicanos que votaron por los que integramos esta legislatura, apelo a la disposición de todos y cada uno de nosotros por cambiar la realidad de los pueblos de México.
Respetuosamente, en aras de avanzar en la reconstrucción de un país más justo, más equitativo, más transparente y más honesto, solicitamos el apoyo de todas y todos ustedes en esta difícil pero valiosa tarea. Votar de urgente u obvia resolución a favor de la reconstrucción de Morelos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Diputadas, diputados, informo a la asamblea que se ha presentado ante esta Presidencia propuesta de modificación al punto de acuerdo en términos del artículo 113... Ah, bueno, se modifica la redacción del punto de acuerdo. Y con base en el artículo 113, pido a la Secretaría, en votación económica, que proceda a dar cuenta de la modificación.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Resolutivo Cuarto. Se hace un respetuoso exhorto al Congreso del estado de Morelos a que realice, analice interponer una denuncia de juicio político al violar disposiciones establecidas en la Ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por delitos de trastorno al funcionamiento de las instituciones, afectar la soberanía del estado, usurpación de atribuciones y violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal o municipal. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución la modificación propuesta.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que se encuentren por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que se manifiesten por la negativa favor de hacerlo saber (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Muy buenas tardes a todos mis compañeros diputados y diputadas. Saludar a todos los médicos del país en este su día, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista y de todos los diputados. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Hechos tan lamentables como los acontecidos en septiembre de 2017 nos llevaron a expresar la solidaridad que nos caracteriza como sociedad y principalmente pusieron a prueba las acciones gubernamentales frente a las devastadoras consecuencias a las que se enfrentaron miles de mexicanos que resultaron damnificados.
Fueron varios estados los principales afectados por los sismos, por lo cual la concentración de esfuerzos se encaminó hacia la atención de cada uno de ellos. Acciones como la autorización del Fonden permitieron proporcionar auxilio y ayuda a la población que se encontraba ante la inminencia de un fenómeno natural tan perturbador.
En ese entonces dicho fondo fue activado a través de la respectiva declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación como uno de los mecanismos más exitosos para dar atención y ayuda a quienes más lo necesitan en ese momento.
Para su correcto funcionamiento y principalmente su legal ejecución, es necesaria la existencia de mecanismos de control que garanticen la transparencia en su distribución, uso, pero sobre todo en cumplimiento de su objetivo para minimizar los impactos negativos de la emergencia.
En ese caso que nos ocupa, consideramos importante hacer un llamado para que se agilicen los procesos de fiscalización e investigación del estado en que se encuentran las auditorías correspondientes, respecto a la transparencia en el uso de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales, pues de dichos recursos depende la redistribución y atención a los damnificados, no sólo en una entidad federativa, sino en todas aquellas donde tuvieron lugar diversas afectaciones materiales.
Lo anterior, sin duda brindará certeza y legalidad al funcionamiento de uno de los instrumentos más benéficos en el rubro de atención a damnificados por la presencia de desastres naturales en nuestro país.
Para el Partido Verde resulta de alta importancia que las investigaciones que se llevaron a cabo, si bien tengan como objetivo inicial esclarecer la incertidumbre que da origen a la presente proposición, también así garantice que se cumpla con la finalidad para lo cual fue creado, atender de manera eficiente y eficaz la emergencia que ha colocado en estado de vulnerabilidad a miles de mexicanos.
Se trata de un procedimiento en el cual el señalar, podría defenderse públicamente de los hechos que motiven la solicitud de juicio político, y si el acusado es inocente podrá limpiar su nombre, de lo contrario los actos de corrupción por los cuales se le acusa no quedarán impunes y podría ser sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos entre 6 y 12 años.
Por lo anteriormente manifestado, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, anunciamos nuestro voto a favor del presente punto de acuerdo propuesto.
Estamos convencidos que con ello contribuimos a la existencia de claridad y certeza sobre los recursos autorizados y, en consecuencia, de manera generalizada, a mejorar los mecanismos de esclarecimiento de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en ejercicio de las labores de los servidores públicos y de la gente que se le dañó su patrimonio en estos estados. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra por tres minutos el diputado Javier Salinas Narváez, del PRD.
El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, diputada presidenta. Señoras y señores diputados. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la propuesta del diputado del Partido Encuentro Social no sólo porque resulta falsa e insidiosa, sino también porque refleja el hambre de venganza del nuevo gobernador del estado de Morelos, y el grave desconocimiento de nuestro sistema jurídico.
En primer lugar, se propone exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación para programar, continuar o concluir las auditorías al gobierno estatal y a la Universidad Autónoma de Morelos por los años 2012 y 2018, lo cual resulta un contrasentido toda vez que como el mismo diputado señala en su exposición, estos ya han sido materia de más de 20 auditorías sin que se haya determinado responsabilidad alguna en contra del exgobernador o exrector de la universidad.
Asimismo, por lo que refiere al ejercicio fiscal 2018 su propuesta refleja el grave desconocimiento sobre las atribuciones del ente fiscalizador, ignorando el mismo que sólo está facultado para auditar a partir de la cuenta pública respectiva, siendo que el año no ha terminado y consecuentemente aún no se ha rendido la Cuenta Pública 2018.
En segundo lugar, el segundo punto de acuerdo propuesto, pretende exhortar al ciudadano secretario de Gobernación para que revise el uso de los recursos del Fonden, propuesta también que resulta equívoca toda vez que dicho secretario carece de atribuciones para ello.
En tercer lugar, se pretende exhortar al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para que revise sus procedimientos, ignorando el proponente que los mismos se encuentran debidamente regulados por nuestra carta fundamental y la ley general en la materia, y no está a contentillo de algún gobernador amén de que con ello estaría invadiendo la autonomía constitucional de un órgano.
Compañeras y compañeros, como puede apreciarse, la proposición que se somete a consideración de esta asamblea no tiene ninguna intención seria, es tan solo un vivo reflejo de la personalidad del gobernador entrante y sus patiños. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada Ruth Salinas Reyes: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hace un par de semanas, el pasado 30 de septiembre concluyó la administración estatal el ex gobernador Graco Ramírez en el gobierno del estado de Morelos.
Al finalizar la gestión de cualquier autoridad resulta sano el escrutinio y la revisión del manejo de los recursos públicos ejercidos durante el mandato de cualquier servidor público.
Por ello en Movimiento Ciudadano asumimos que la rendición de cuentas forma parte de un proceso democrático que conlleva la verificación de la correcta aplicación y destino de los recursos públicos ejercidos. Por ello confiamos en la Auditoría Superior de la Federación como la instancia técnicamente autónoma y profesional para fiscalizar en este caso la gestión del estado de Morelos entre 2012 y 2018, y nosotros en conjunto trabajando con ellos.
La administración saliente deja una deuda de 7 mil millones de pesos con bancos e instituciones, y de 5 mil millones con proveedores, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano para la competitividad.
Obtuvo un 49.3 de calificación reprobatoria en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Falta de sensibilidad durante y después de la tragedia del terremoto del 19 de septiembre del año pasado, donde los ciudadanos denunciaban el despojo y desvío, tema que también sufrió Morelos.
Se esperaba la ayuda para los damnificados, evidenciándolo con bodegas llenas de víveres y etiquetándolas a nombre del gobierno de Morelos. Faltó sensibilidad.
El día de hoy se desconoce el destino y uso de más de 5 mil millones de pesos que recibió el estado de Morelos a través del fideicomiso, Fondo para Desastres Naturales.
Por tal razón, Movimiento Ciudadano se suma a la propuesta de este punto de acuerdo y votará a favor en aras de rendición de cuentas y de la transparencia, tema y bandera de Movimiento Ciudadano que ejerce todos los días, para que a la brevedad sean aclarados los posibles actos de corrupción señalados por la Auditoría Superior de la Federación, así como el uso y destino de los recursos del Fonden.
Y aquí, como comisiones justamente de la Auditoría Superior de la Federación, que se remite a vigilar, y el de transparencia y anticorrupción, vamos a coadyuvar en los trabajos para que estos sean exitosos y no solamente sea el estado de Morelos.
Todo aquel estado que caiga en el tema de corrupción, estaremos puntualmente observando, vigilando y transparentando los recursos que son de las y los ciudadanos. Muchas gracias, compañeros y compañeras legisladoras. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra, hasta por tres minutos. La diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo.
La diputada Margarita García García: Muy buenas tardes, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Buenas tardes.
La diputada Margarita García García: Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México que nos ve por este medio.
No podía esperarse otra cosa de la administración del dictadorzuelo Graco Ramírez. Sin duda, uno de los peores y más dañinos gobernadores que ha tenido el estado de Morelos, ese nefasto personaje cuya arrogancia alguna vez le hizo creer que sería un candidato natural a la Presidencia de la República, hizo lo que le vino en gana, sin ningún control durante seis años.
Su gobierno se caracterizó por la opacidad, la ausencia total de rendición de cuentas, el influyentismo y el abuso de poder. Fue un gobernador a la altura del más rancio y autoritario priismo del siglo pasado. Bastaron muy pocos días desde que dejó el cargo para que se oficializara el lodazal de su administración. Y digo que se oficializara porque en realidad el pueblo de Morelos ya lo sabía desde hace tiempo.
Millones de pesos faltantes, irregularidades en obras de gobierno, laudos pendientes de ejecución que se cuentan por miles. Niveles alarmantes de violencia y delincuencia. Un conflicto legal y político con la Universidad Autónoma del estado, a la que le retuvo presupuesto.
Un desacato a una resolución judicial que le mandataba no retener presupuesto al Instituto Estatal Electoral, sin mencionar una solicitud de juicio político que ya fue interpuesta en su contra. Todo ello es solo una muestra de la magnitud del desastre que dejó el desgobierno de Graco Ramírez.
Compañeras y compañeros, los sismos de 2017 generaron un daño terrible a la población, dejando a miles de familias damnificadas. Por ello es vil e inaceptable que los recursos destinados a reconstrucción hayan sido mal aplicados o incluso desviados. Lo hemos visto en las comparecencias de los secretarios de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, que fueron incapaces de decir en dónde se ubican las viviendas que según ellos fueron reconstruidas.
En Morelos, estamos viendo que sucedió lo mismo. No aparecen ni las viviendas ni los recursos, y las viviendas que sí se construyeron deben ser revisadas porque se sospecha de su mala calidad y sobrecostos.
Por eso nos sumamos a este punto de acuerdo para que la Auditoría Superior concluya la revisión de la aplicación de los recursos federales en el estado de Morelos, a fin de que se impongan las sanciones administrativas que procedan, pero yo agregaría el llamado a la propia Auditoría para que, en uso de sus atribuciones, levante las denuncias penales correspondientes.
Nos sumamos también el exhorto a la Secretaría de Gobernación, porque no puede ser que el secretario Navarrete simplemente se pretenda lavar las manos y decir que el gobernador era el encargado de supervisar la aplicación de los recursos para la reconstrucción, cuando las acciones de reconstrucción llevadas a cabo por el organismo Unido por México hubo participación de dependencias federales.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluyó el tiempo, diputada.
La diputada Margarita García García: Por eso, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, además de apoyar este exhorto, la bancada del PT le enviamos un mensaje de apoyo al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Ahora en el uso de la palabra el diputado Armando González Escoto, del Partido Encuentro Social.
El diputado Armando González Escoto: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, compañero.
El diputado Armando González Escoto: Honorable asamblea, para quienes integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la alternancia en el poder es uno de los acontecimientos que con mayor claridad dan cuenta del sentir ciudadano y de la fortaleza legal e institucional de nuestro sistema político.
En este orden de ideas, los procesos de transición entre administraciones exhiben con gran nitidez la mayor inclinación hacia la democracia, la transparencia y la honestidad, tanto de quien entrega como de quien recibe.
La cantidad y calidad de los recursos materiales, financieros y humanos, o el estado que guardan los compromisos, planes y programas, así como los procesos jurídicos y económicos en trámite, entre otros elementos son datos mínimos indispensables para transitar entre experiencias de gobierno.
Para tales efectos, el derecho administrativo mexicano ha evolucionado, lo mismo para establecer los mecanismos idóneos de auditoría, vigilancia, control y evaluación, para determinar los niveles e indicadores de buena gobernanza y optimización de la gestión pública.
Del mismo modo, la labor de los Congresos encuentra en la fiscalización superior el punto de encuentro entre la rendición de cuentas y la vigilancia puntual a los actos de gobierno.
La proposición como punto de acuerdo que hoy nos ocupa es de muy alta pertinencia y oportunidad, tanto política como social nos ilustra con gran solvencia los extremos indeseados, tanto en el manejo de los recursos públicos como de las ayudas privadas en momentos especialmente difíciles para quienes sufren graves afectaciones en su entorno, personas y bienes.
En efecto, las emergencias originadas en medio del desastre, parámetro adecuado para medir la sensibilidad de los gobiernos, tienen que despojarse del velo de la opacidad y, en cambio, debe procurarse la máxima transparencia en todos los procesos de transición de administraciones.
Un México mejor sin espacio para la opacidad es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. La diputada Marcela Velasco González, del PRI, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Compañeras y compañeros legisladores, la administración del exgobernador Graco Ramírez, en el estado de Morelos, se caracterizó por la existencia sistemática de actos de corrupción, falta de transparencia y el uso indiscriminado de los recursos públicos.
Durante su gobierno se documentó un incremento sostenido en los índices delictivos y fenómenos como la inseguridad y el crimen organizado, vulneraron el orden, la tranquilidad y la integridad de la población.
Desde el año 2012 se han realizado por lo menos 54 auditorías, arrojando todas ellas algún tipo de irregularidad, como pagos injustificados, errores administrativos, etcétera.
El proceso de reconstrucción, derivado de los sismos del pasado mes de septiembre de 2017, es uno de los más observados, ya que a decir de los damnificados las acciones y los montos declarados no corresponden con los proyectos instrumentados para la reactivación de la economía local, de apoyo a la economía familiar y la construcción de viviendas.
Ante este panorama poco alentador es determinante que el exgobernador y los integrantes del organismo Unidos por Morelos rindan cuentas sobre el destino y la utilización de los recursos otorgados por el Fondo de Desastres Naturales y los Fondos Especiales aprobados por el gobierno estatal para las labores de reconstrucción.
Es indispensable que se investigue y, en su caso, que los presuntos responsables sean sancionados conforme a derecho, debido a que se trata de un hecho contrario a nuestro marco jurídico institucional.
Compañeras y compañeros legisladores, una de las principales exigencias de la sociedad es la rendición de cuentas, este principio constituye uno de los pilares más importantes de un gobierno honesto, transparente y democrático.
Bajo estas consideraciones, los legisladores del PRI votaremos a favor del presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales para que revisen y sancionen posibles incumplimientos de obligaciones legales por parte de la administración 2012-2018 en el estado de Morelos.
Estamos convencidos de que el uso adecuado, transparente y eficaz de los recursos públicos permite la consolidación de mayores logros en beneficio de la población. De ahí nuestro interés para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como sancionar cualquier acto que derive en hechos de corrupción. Por su atención, gracias. Es todo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del PAN, hasta por tres minutos.
El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas: La violencia que vive el estado de Morelos está en el seno mismo de las estructuras que fueron utilizadas para la injusticia.
El abuso del poder, la explotación de sus hombres y mujeres, las excesivas desigualdades entre los grupos sociales fueron la tónica de seis años de mal gobierno.
Acción Nacional, no de hoy sino desde siempre, ha sido el único partido que votó a favor del juicio político para el hoy exgobernador del estado de Morelos, Graco Luis Garrido Ramírez Abreu.
Acción Nacional cree en el solidarismo y celebra que la postura de otros partidos de dar seguimiento a la injusticia que vivió el estado de Morelos durante seis años, y que la hemos exigido desde hace años atrás.
Y por ello, hemos decidido sumarnos al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que revisen y sancionen todos los posibles incumplimientos y obligaciones legales realizadas por la administración del 2012 al 2018 del gobierno del estado de Morelos.
Si solo se tratara de la destrucción de un exgobernador y de su mal gobierno, tal vez esto daría mucho gusto a los ciudadanos morelenses que nos hemos sentido muy agraviados. Pero esto va muchísimo más allá, se trata de los destinos de un estado de la República. De la justicia que debemos forzar a que sea algo común para todos los morelenses y, por lo tanto, para todos los mexicanos.
Que contamos con la esperanza para que en Morelos exista auténtica justicia social y no queden impunes tantos crímenes cometidos desde la maquinaria de los propios poderes del gobierno del estado y orquestados por el multicitado gobernador.
En el año 2007, en el estado de Morelos se presentó la iniciativa con proyecto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual fue aprobada en el pleno del Congreso del estado el 18 de septiembre del 2007.
De las principales consideraciones de la iniciativa es que los diferentes ámbitos de la administración del estado y de los municipios de Morelos, así como el ejercicio propio de su función en el sexenio del gobernador, como de las violaciones a esta propia ley, parece ser el modus operandi, las permanentes violaciones.
Por ello, los legisladores del estado de Morelos expresaron sus convicciones de que en el marco jurídico estatal y tratándose de las responsabilidades de los servidores públicos, debería adecuarse concordantemente con el reclamo popular y social de manera eficaz.
La ley arriba descrita, en el título segundo, describe los sujetos, así como las causas, y en caso de ser responsables, las acciones referentes al juicio político de los servidores públicos del estado.
El artículo 10o. menciona ocho causales que dan origen al juicio político. Uno. Daños o perjuicios graves o que motive algún trastorno en el funcionamiento de las instituciones, donde el gobierno del estado fue el primero, dentro de toda la nación, en el que existieron elementos para que autoridades internacionales...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas: –Culmino, presidenta–. Registraran por primera vez en México un caso documentado de desaparición forzada. Afectar la soberanía del Estado y atacar a las instituciones democráticas. Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas: –Concluyo, presidenta–. Por todo lo anterior, Acción Nacional hace un llamado a la participación responsable de las autoridades federales para la inmediata aplicación de las sanciones preventivas a la ley, que puedan ser acumulativas y que deberán ser impuestas, atendiendo la naturaleza y gravedad de las causas que dieron el origen a estos procedimientos. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, compañero.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Soy José Guadalupe Ambrocio Gachuz, diputado federal por el distrito número 5 en el estado de Morelos.
Hoy tengo la responsabilidad de exponer, a nombre de Morena, nuestra posición en relación a este punto de acuerdo presentado, que con toda justicia reclama la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que fueron ejercidos en el gobierno del estado de Morelos en el sexenio 2012 al 2018 a las zonas afectadas por el sismo de 2017. Es muy cierto, debemos combatir la falta de información en la aplicación de los recursos públicos. Una información precisa y transparente es fundamental para inhibir la corrupción.
Personalmente, quiero informarles que he estado recorriendo los planteles educativos, sobre todo, primarias y secundarias, y me he dado cuenta por la invitación que nos han hecho los profesores y padres de familia, de la gravedad que se está viviendo en esos planteles.
Tenemos muchas dudas, a dónde fueron a parar esos recursos que fueron dados a través del Fonden. Hemos encontrado escuelas que aparentemente o a simple vista nos damos cuenta de los graves daños que a simple vista presentan. Y los padres de familia se preguntan, si van a ser derribadas porque es un riesgo muy grande que los niños estén estudiando en escuelas que pueden representar un grave peligro.
También nos preguntamos, por qué no se han terminado de construir ciertas escuelas en las que las preguntas salen sobrando. Simple y sencillamente están abandonadas las obras, y me refiero a escuelas donde los niños tienen que estar tomando clases en algunas carpas. Y lo digo así de esa manera, porque sí duele y molesta que han sido improvisadas para que los niños puedan estudiar.
Mientras, como ya lo mencionaron los compañeros anteriores, se ha derrochado una gran cantidad de recursos en las que no sabemos cómo fueron aplicados porque no hay una transparencia. Nuestro compromiso como diputados, recuérdenlo compañeros, es con la sociedad, no es con los gobernantes. Es con la sociedad, la que nos puso aquí, para que pudiéramos representarlos, para que pudiéramos ser su voz y para poder exigir justicia, y sobre todo allá con los niños y con aquellos padres de familia que no tienen a quien recurrir.
Por ello es que yo estoy contento de poder representar al Grupo de Morena y decirles que nos sumamos a este punto de acuerdo que presentó...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: ...nuestro compañero diputado, de Encuentro Social. Es todo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Diputadas, diputados, los grupos parlamentarios han considerado una nueva redacción de este punto de urgente resolución. Ruego a la Secretaría, en votación económica, leer... No en votación económica, primero hay que leerle. Primero leer la modificación por favor, secretaria.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Hago del conocimiento de esta asamblea la modificación. Es el acuerdo cuarto. Se hace un respetuoso exhorto al Congreso del estado de Morelos a que analice interponer denuncia de juicio político. Es cuanto, diputada presidentas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahora, compañera secretaria, si fuera tan amable de preguntar a la asamblea si la modificación es aceptada.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se acepta la modificación. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada. Las diputadas y los diputados que se encuentren por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de México a realizar diversas acciones relacionadas con la construcción del proyecto denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias. Estaba esperando a que pusieran el tiempo. Compañeros, compañeras, en realidad el punto de acuerdo que yo francamente creo que aprobarán, es una serie de información sobre el impacto que va a tener, de construirse, el aeropuerto en el lago de Texcoco, cuánto costará el mantenimiento por el hundimiento, cuánto costará el mantenimiento anual, qué repercusión tendrá en los costos de boleto, en las tarifas de usuario del aeropuerto en el costo de operación de las aerolíneas, de igual manera el peaje de las autopistas que alimentan el aeropuerto. Es una serie de preguntas. No leeré el documento porque está en su poder, fue publicado en la gaceta oficial.
Yo quiero más bien aprovechar el tiempo para hacer un llamado a mis compañeros de Morena, del PT y del Partido Encuentro Social. Miren, compañeros, compañeras, alguno se andan haciendo que no conocen la posición que el presidente electo tiene sobre la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco.
Yo en lo personal soy partidario que los aeropuertos deben ser aeropuertos, que no deben tirarse, el Benito Juárez, el militar de Santa Lucía, y que los lagos deben de ser lagos como es el lago de Texcoco, y que es un despropósito secar el lago de Texcoco que es un vaso regulador de todo el valle de México.
Apenas ayer en la Junta de Coordinación Política nos explicaban los trabajos de cimentación de los edificios de la Cámara por estar asentados en un lago, decenas de millones de pesos cuesta porque los edificios se han ido moviendo y eso que el terreno en que está asentada la Cámara de Diputados es mucho más sólida, 36 metros de cimentación hacia abajo.
Por donde se le vea el aeropuerto en el lago de Texcoco es un negocio rapaz, voraz, es un despropósito, y yo quiero, ahorita hay reuniones con el subsecretario de Comunicaciones que está explicando las bondades del aeropuerto en el lago de Texcoco, y yo quiero pedirles a mis compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia que tomemos conciencia, que sin no paramos este negocio, no vamos a parar nada, porque el aeropuerto en el lago de Texcoco es chiquitito comparado con el petróleo y eso que son 280 mil millones de dólares.
Se calcula que pueda en su primera etapa necesitar 400 mil millones de dólares. No tenemos 9 mil 500 millones, digo, de pesos, perdón, de pesos, no tenemos 9 mil 500 millones de pesos para las pensiones de los adultos mayores de 65 años, pero vamos a tener 88 mil millones de pesos para el año entrante para el nuevo aeropuerto que además le quitaron de Ciudad de México y sólo lo dejaron en Internacional de México. Francamente no tiene sentido.
Los asuntos de corrupción hasta por la barda que construyó la Secretaría de la Defensa son verdaderamente monstruosos. Todos los megaproyectos siempre tienen tardanza en su ejecución y este proyecto se espera terminarse en 45 años. Hablan de urgencia, pero el aeropuerto en su primera estaría hasta dentro de 8 años, no lo inauguraría el presidente López Obrador.
Como ya lo dije, tirarían 66 años de inversión de miles de millones de dólares del Aeropuerto Benito Juárez. Tirarían el aeropuerto militar de Santa Lucía y no conozco ninguna ciudad del mundo que tire sus aeropuertos para construir uno nuevo.
El aeropuerto de Toluca, también como ya lo he compartido, tiene capacidad para 8 millones de usuarios, y el año pasado solo pasaron por ahí 700 mil usuarios. Los tres grandes megaproyectos de este gobierno han terminado en corrupción y fracaso.
El tren México-Querétaro que se suspendió y se pagó indemnizaciones millonarias y que eso a nadie le escandalizó, como ahora sí pretenden escandalizarnos si paramos como lo haremos, el Aeropuerto en el Lago de Texcoco. El tren Toluca-México que no se terminó y que debería conectarse al aeropuerto de Toluca para tener un sistema metropolitano con Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Puebla y el propio Distrito Federal y el aeropuerto militar de Santa Lucía.
Les pido a los compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia que hagan un video para llamar a votar por la primera opción este fin de semana.
Yo soy ateo, pero llamo a votar por la santa, llamo a votar por Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca. Esa es la opción favorable a los intereses del pueblo de México y dar la espalda a esta posición sería una irresponsabilidad absoluta.
El pueblo de México el primero de julio nos dio un mandato, nos dio un mandato de servirlo y de defender sus intereses, sus derechos y su dinero. Es, por donde se vea, una necedad construir un aeropuerto en el Lago de Texcoco. Muchas gracias, por su atención, compañeros y compañeras.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez... Perdónenme, perdónenme. La Secretaría consulte si el tema se considera de urgente u obvia resolución.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Ahora sí, tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente.
Compañeras, compañeros diputados, en el Partido Verde estamos a favor de que se den a conocer a la opinión pública los documentos solicitados, especialmente si ello puede contribuir en algo a que los ciudadanos estén mejor informados y que puedan tomar una postura objetiva respecto a un tema que se ha vuelto central en la agenda pública en estos últimos meses. Además de que es sabido por las ciudadanas, por los ciudadanos mexicanos, que es una información ya publicada en los portales de transparencia.
Desde luego que estamos a favor de la transparencia, más aun, cuando se trata del proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas. Es cierto que una obra como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México implica la inversión de una gran cantidad de recursos, pero también lo es que trae aparejados muchos beneficios a la población en el terreno económico y en el social.
Quisiera destacar que de acuerdo a la Organización México Evalúa, en el proceso de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no solo se ha cumplido en mayor medida que en otros proyectos, las obligaciones de transparencia, sino que también ha existido un esfuerzo por publicar documentos relevantes, incluso en casos donde no hay una obligación para ello.
Por ejemplo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha cumplido con publicar los fallos de 16 licitaciones, de las cuales representa el 87 por ciento del monto contratado al cierre de 2017. Además, sin ser obligatorio son públicos los convenios de colaboración que ha celebrado con otras entidades y dependencias. Incluso ya hay indicadores sobre la ejecución de los contratos, algo que no suele verse en la rendición de cuentas de los proyectos.
Por otra parte, creo que no podemos dejar de señalar las muchas cosas positivas que a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a generar para nuestro país. No olvidemos que la industria de la construcción es uno de los más importantes generadores de empleo en México y esta obra podría emplear hasta 40 mil personas en su ejecución. Dicha cifra podría crecer hasta 500 mil puestos de trabajo cuando ya se encuentre en operación y esta es la razón por la cual la industria del transporte aéreo tiene un enorme potencial para generar el desarrollo económico aquí en México.
Finalmente, no debemos perder de vista algunos de los argumentos que llevaron a decidir la construcción de un aeropuerto para la Ciudad de México. A pesar del crecimiento del sector aéreo en México nuestro país tiene actualmente problemas de rezago, según el índice de competitividad, en viajes y turismo del Fondo Económico Mundial, ocupamos el 61 lugar de 136 en calidad de infraestructura del transporte aéreo.
Finalmente, me gustaría hacer mención que es importante cuidar que las tarifas de los usos de aeropuertos se mantengan de acuerdo a los estándares internacionales. De manera tal, que no sea tan elevado para los pasajeros y cuidar que si la construcción del aeropuerto...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Sí, señor presidente. De manera tal que no sea tan elevado para los pasajeros y cuidar que, si la construcción del aeropuerto termina concesionándose, esta tarifa no se haga más cara, de modo tal que se protejan los intereses...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: ... de los usuarios. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Dígame, diputada. ¿Con qué objeto?
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Para hechos, al final del temar.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tenemos una lista de oradores, diputada, hay inscrito un miembro de su partido más adelante, puede platicar con él para comentarle sus inquietudes. Por ahora vamos a seguir con la lista de oradores
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Para hechos, por favor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ahora no está contemplado esto, más que el turno. Vamos a continuar con la lista de oradores.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): ¿Entonces al final sí?
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Platique con el orador que va a hablar a nombre de su grupo parlamentario. Adelante, diputado.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: La democracia se sostiene mediante el ejercicio de acciones que permitan su consolidación. Por ello las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRD, consideramos que se debe atender el principio de máxima publicidad en todas las acciones de trascendencia nacional.
Sin embargo, es menester la importancia de atender las acciones que direccionarán el rumbo del país en el periodo de transición. Por ello es necesario que el principio de máxima publicidad no se quebrante y se pueda hacer uso de este, para que se esclarezca todo lo relacionado con la construcción del aeropuerto, así como todo lo referente a la consulta popular.
Como ya se ha expuesto anteriormente, el Estado de derecho debe prevalecer y cada una de las acciones que se ejecuten deben estar en estricto apego a la legalidad y bajo el principio de máxima publicidad.
Los legisladores del PRD vigilaremos y levantaremos la voz para que en nuestro país nadie actúe fuera ni por encima de la ley. Es inaceptable que el nuevo gobierno empiece, antes de tomar posesión del cargo, con actos ilegales.
Por eso afirmamos que si Morena realmente quisiera la consulta popular se realizaría con el debido respeto a las leyes y a las instituciones de la República, de acuerdo a:
Primero. La convocatoria la debe realizar el Congreso de la Unión, no la puede hacer un ciudadano ni tampoco un partido político.
Segundo. La petición para que se realice la consulta la debe hacer el presidente de la República en funciones, en su defecto el 33 por ciento de los legisladores federales de cualquier Cámara o el 2 por ciento de la ciudadanía inscrita en el listado nominal.
Tercera. La organización, el desarrollo, la vigilancia, el cómputo y la publicación de los resultados de la consulta deben ser realizados por el INE.
Cuarta. Los resultados de la consulta solo pueden ser válidos y vinculantes para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, si participa el 40 por ciento de la ciudadanía del listado nominal.
Y quinto. La ciudadanía no solo debe ser convocada en su totalidad, sino que además debe tener la libertad de impugnar los resultados y la validez de la misma consulta.
Hacemos un llamado al Grupo Parlamentario de Morena para que sean garantes y vigilantes de la legalidad de todos los actos del presidente electo, porque si hoy toleran la ilegalidad, mañana se arrepentirán cuando vean reducidas sus libertades y derechos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Desde 1948, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoció el derecho de acceso a la información como un derecho humano.
En 1966 quedó plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en 1969 en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde entonces, el derecho a solicitar y acceder a la información pública ha venido avanzando como una cualidad de los estados democráticos, empoderando y transformando el tradicional rol de las personas, quienes a través del escrutinio y el ejercicio de su derecho a la rendición de cuentas pasan de ser gobernados a fungir como supervisores del gobierno.
En el año 2000 la Organización de Estados estableció la obligación de garantizar el acceso a la información pública como un derecho fundamental, precisando que la información se debe proporcionar de manera expedita. Es decir, de manera pronta y oportuna.
En este sentido, la falta de transparencia y el pretender aducir razones técnicas como excusa a la apertura y socialización de los proyectos del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que se construye en Texcoco, solo ha abonado a lo siguiente: ha abonado a la opacidad, a la especulación, a la falta de conocimiento respecto a los costos, los montos de inversión pública y privada, los impactos ambientales, las empresas contratadas y los posibles conflictos de intereses de políticos, funcionarios y socios de las empresas contratistas.
Movimiento Ciudadano ha sido un permanente impulsor de la transparencia. En los municipios de Jalisco que gobernamos, como Guadalajara y Tlajomulco, hemos ocupado los primeros lugares en transparencia municipal al nivel nacional.
Los instrumentos de participación ciudadana deben servir para construir puentes con la sociedad y fortalecer la confianza en las instituciones. Es por esto que en Movimiento Ciudadano, las diputadas y diputados de este grupo parlamentario estamos a favor de que se estudie y se transparente completamente lo que está sucediendo con el tema del Aeropuerto. Es cuanto, señor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por tres minutos.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Mientras más se acerca la fecha de la consulta pública sobre el nuevo movimiento en todo el país, nosotros sentimos que nuestro movimiento toma cada vez más fuerza. Y solo a manera de ejemplo diré que yo no he parado de hablar con nuestra gente en el sur, que me insiste en recordarles a los integrantes de esta Cámara cuánto trabajo nos costó abrir espacios para que nuestra voz se escuchara alto y claro en este Congreso, y cuántos sacrificios tuvieron que hacer hombres y mujeres durante décadas para que por primera vez, sí, por primera vez, se organizara una consulta pública de esta naturaleza.
Los hombres y mujeres de corta memoria, en cambio, que son los mismos que hoy, por cierto, se desgarran las vestiduras por la consulta, no comprenden el valor del sacrificio del pueblo. Pero todas y todos los miembros de nuestro movimiento democrático, del Partido del Trabajo, del propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, podríamos llenar páginas enteras con los nombres de compañeras y compañeros que nos antecedieron, y que sin ellos este primer acto de democracia verdadera sería materialmente imposible.
Además de hablar con nuestra gente del sur, quiero informarles que estuve hace unos días con nuestras paisanas y paisanos migrantes, y ellos me insisten en que los poderosos de hoy son los mismos que quieren su aeropuerto en Texcoco, construido claro con recursos públicos.
Son los mismos que orillaron a muchos de ellos a abandonar sus pueblos y comunidades, a abandonar sus familias. Los mismos a quienes el pueblo les dio 80 años de oportunidades y siempre fallaron. Robaron y robaron hasta cansarse.
¿Por qué, entonces, ahora se les va a creer cuando nos hablan de su aeropuerto en Texcoco? ¿Por qué si además ya tienen todo amarrado en contrataciones y deudas para el país? ¿Por qué el pueblo de México debe pagar el tiradero que ustedes provocaron?
Nos hablan de deudas y de dinero que ya se gastó y quieren meter miedo diciendo que las consecuencias de una cancelación la pagarán los jóvenes. Pues ustedes son los responsables. Ustedes, que como siempre han querido hacer negocio al amparo del poder. Ustedes, que siempre le han cargado los costos al pueblo y las ganancias a sus cuentas bancarias. Todo lo que digo por fortuna está cada vez más claro para la gente de México.
El pueblo sabe quién es quién, por qué pelea el régimen actual y por qué causas peleamos nosotros. Ustedes por el negocio. Nosotros por la esperanza. No al aeropuerto en Texcoco.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario del PES.
El diputado José Luis García Duque: Buenas tardes. Con la venia, Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado José Luis García Duque: Compañeras y compañeros diputados. Pocas decisiones se tomarán en los próximos días que serán más relevantes que la determinación que dónde se hará el próximo aeropuerto para la zona metropolitana del valle de México.
Es cierto que la obra de Texcoco ya lleva un importante avance y que se han gastado recursos multimillonarios, pero también es cierto que muchas de las dudas que despertó desde el arranque fueron acalladas en ese momento y tienen ahora un eco del que carecieron antes.
Los opositores de la obra la detuvieron en el primer momento en el año 2005, ante todo porque la autoridad del estado de México, en ese entonces, respondió violentamente llegando al extremo de matar a dos personas, violar a más de dos decenas de mujeres y golpear a 200 opositores.
El triste caso de Atenco que menciono merecía críticas por la violación de derechos humanos, total que el aeropuerto se detuvo ante la intolerancia y violencia del gobierno, retrasando casi siete años la necesaria inversión. Pero la saturación del aeropuerto obligó a buscar una nueva solución, porque las horas de espera se acumulan diariamente.
Es cierto que la megaobra es una de las mayores del mundo. Si se termina como está planeada se podrá volver el aeropuerto más importante de América Latina, desplazando a terminales como Dallas, Miami o Panamá, como punto de enlace en vuelos nacionales e internacionales, con la ventaja adicional que no se requerirá visa americana por lo que muchas personas que no pueden usar aeropuertos de Estados Unidos utilizarán este aeropuerto, pero todo ello sujeto a que toda la obra este conforme a lo planeado.
Y como señala el punto de acuerdo en comento, si las megaobras suelen ser complicadas, la obra púbica en México más. Los retrasos y sobrecostos son parte habitual de este tipo de tareas.
Así, pues, en Encuentro Social nos parece conveniente apoyar la propuesta del Partido del Trabajo de pedir más información sobre esta megaobra, aunque es posible que para el momento en que nos la den la trascendental decisión de continuar la construcción en Texcoco o buscar una alternativa, ya hayan tomado y sea poco útil para este momento.
En resumen, que se informe todo lo solicitado y entre más pronto mejor. Es cuanto, gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Soraya Pérez Munguía: El Nuevo Aeropuerto Internacional de México representa para los mexicanos una oportunidad histórica de desarrollar el oriente del valle de México, que es una zona de alta marginalidad. Tiene déficit de infraestructura y un rezago social que ata a la pobreza a más de 30 por ciento de la gente del estado de México. Si revisan la información del INEGI, las personas que viven ahí y que tienen hijos, los hijos solamente pueden tener una comida al día.
Es una zona de altísima marginación, por eso es muy importante que nuestro grupo parlamentario se posiciona a favor del proyecto que sea viable técnicamente, económicamente, socialmente y financieramente.
El nuevo aeropuerto significa más empleos y una mejor calidad de vida. Se habrán de generar, como ya se ha mencionado en todos los medios de comunicación, 160 mil nuevos empleos durante su época de construcción y alcanzará a medio millón de empleos en su etapa de operación final. Además, se proyecta construir ahí una universidad, la Universidad Tecnológica y Aeronáutica a favor de los jóvenes que encontrarán un plan de vida.
Lo más importante para nosotros, el punto de acuerdo –con todo el respeto al Grupo Parlamentario del PT– nos parece ocioso, ya que toda la información referente al aeropuerto está pública en las diferentes páginas electrónicas, especialmente en la de SCT, es el proyecto más auditado, 99 por ciento de todos los contratos están auditados y revisados. Pero por supuesto, que si se encuentra evidencia de un desvío o de algún...
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputada. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Para rectificación de hechos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Le ruego permitamos concluya la oradora, vamos a desahogar el orden establecido y al final vemos su intervención. Diputada.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Si se encuentra una desviación, un ilícito, pues que se hagan las denuncias correspondientes, y nuestro grupo parlamentario va a estar a favor de que se inicien los procedimientos necesarios.
De veras, quien gobierna está obligado a tomar decisiones. Honestamente nos parece que, y ya lo discutimos la semana pasada, consultas significa consultar, pedir consejo a alguien. Nos parece ocioso pedir consejo cuando el que tiene que tomar decisiones es el gobierno electo. La información está disponible, quien gobierna está obligado a decidir, y me parece que nos debemos enfocar en darle más calidad al trabajo legislativo, tener una discusión que sea más de fondo y menos de debate y de demagogia política. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Laura Leticia Méndez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Laura Leticia Méndez Reyes: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PAN está a favor de este punto de acuerdo para solicitar información al gobierno federal sobre distintos rubros de impacto respecto a la construcción del nuevo aeropuerto.
Sin embargo hacemos notar que esa información le hubiera sido más valiosa a los tomadores de decisiones para contar con mejores elementos de juicio y evitar una consulta sesgada e inconstitucional.
Sí, es válido con solicitar esa información, como también es válido conocer de primera mano por parte de quienes se han aferrado, sin respaldo técnico alguno, las razones para considerar a Santa Lucía como un aeropuerto funcional para los usuarios.
Con el mismo rigor que se pide información en este punto de acuerdo, queremos que se transparente con celeridad los costos, procedimientos y demás información que sea útil a la ciudadanía para establecer la base militar de Santa Lucía como aeropuerto alterno.
Creemos que los argumentos que se han vertido para conocimiento de la ciudadanía, previos a su consulta, no son suficientes. Tan es así, que se está requiriendo información a través de este punto de acuerdo.
Está bien consultar a los ciudadanos, sí, en tanto se haga con orden y con organización. En los países donde existen mecanismos de democracia directa, las consultas se hacen a través de procesos definidos.
Por eso en México aprobamos el mecanismo constitucional que establece la consulta popular, para no hacer las cosas al vapor o para legitimar propuestas de campaña.
En tal virtud, y tomando en consideración que no está de más contar con mayores elementos de información, el voto del PAN será a favor de esta propuesta, a sabiendas de que cuando esta llegue, quizá sea demasiado tarde, y la decisión de construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía o Texcoco, ya habrá sido tomada. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Para concluir la ronda de oradores, tiene la palabra, el diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Víctor Gabriel Varela López: Lo que el proponente de este punto de acuerdo está haciendo, es una solicitud de información, únicamente, y creo que por sanidad de la cosa pública debe de ser común este ejercicio.
Pedir información, sobre todo, de una obra importante y que genera muchísimas dudas. Al menos quienes estamos informados de la problemática que sufre la zona oriente de la Ciudad, sabemos que hay cosas graves.
El lago Nabor Carrillo que se pretende convertir en laguna de regulación, implicaría un ecocidio. De las pocas cosas buenas que los anteriores regímenes hicieron, fue precisamente la recuperación de una parte del lago de Texcoco, que fue el lago Nabor Carrillo. Fue reconocido a nivel internacional. Está reconocido a nivel nacional como uno de los 100 proyectos que han sido positivos en el caso de la protección a la biodiversidad.
No sé por qué ahora pretendan deshacer lo poco bueno que se hizo anteriormente. Pasar de un lago artificial que se creó con el Nabor Carrillo, a una laguna de regulación es un ecocidio. Se estaría matando a las aves migrantes que hay en este cuerpo de agua, se estaría matando a las aves que viven, a las aves residentes y 19 de ellas están en peligro de extinción. Volverían las tolvaneras que antes de existir el Nabor Carrillo había en la zona oriente.
Estarían también evitando la filtración de agua que una de las funciones de este lago ese sea, que abastece los pozos de absorción de agua potable de la zona oriente. Todo esto estarían haciendo sin la mínima certeza jurídica.
Decirles que la Federación que califica este tipo de obras ha negado, ha negado la autorización, ha recomendado que el cuerpo de agua cerca del aeropuerto deba de estar a 5 millas por lo menos, ocho kilómetros, el lago Nabor Carrillo está a 3.5 kilómetros. Esto implica entonces que se tiene que desecar forzosamente el lago matando a todo esto.
No entendemos por qué esta obcecación en hacer el lago en esta zona, porque además de todo se está devastando los cerros alrededor para sacar el material. Sabemos que va a ser un barril sin fondo, algo que le gusta mucho a los empresarios y políticos habituados a la corrupción, que no sirva la obra para que cada año se le dé mantenimiento multimillonario, que deje beneficio a unos cuantos y ponga en riesgo el medio ambiente y la vida de los pasajeros. Es cuanto, diputado presidente.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Señor presidente, para hechos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Diputada Claudia Domínguez, dígame a qué hechos quiere referirse.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Gracias, presidente. Pues a todo lo expuesto por el PRI, por supuesto. Este nuevo aeropuerto no solo es un gran negocio inmobiliario para ellos...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Perdón, diputada. Déjeme precisar algo. Quiero pedirles que tengamos presente que la esencia del punto de acuerdo es la solicitud de información importante sobre esta obra. Entonces, dígame.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Bueno, a mí no me importa qué tan documentado tengan su portal, porque a final de cuentas sabemos que todo lo que tiene marca EPN está lleno de corrupción. Esto es un despojo a los pueblos, es un despojo ambiental, un gran negocio inmobiliario, al que no vamos a permitir que se lleve a cabo.
También hablan de no sé cuántos miles de empleos. ¿Bajo qué términos? ¿Bajo los términos en los que dejaron a todos los trabajadores? Si supieron bien entramar todo para tener de esclavos a todos los mexicanos, pero no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que este aeropuerto venga a echar abajo todo lo que ya hemos luchado todos los mexicanos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Diputada Hildelisa González.
La diputada Hildelisa González Morales (desde la curul): Quiero hacer de manera breve unas consideraciones respecto a este punto de acuerdo. Me parece lamentable que se señale que una encuesta implica falta de autoridad o de decisión de un gobierno que ya se ha nombrado.
Las formas democráticas de participación de los ciudadanos no nos deben asustar, porque será la tónica que de ahí en adelante impulsaremos desde las diferentes instancias.
El aeropuerto es un negocio de un grupo muy pequeño de ciudadanos mexicanos que han visto, no solo el interés de construir escuelas, de darle comida a los pobres, porque eso no subyace en el tema del aeropuerto, sino un jugoso negocio donde los terrenos ya se valuaron, ya se destinaron para grandes consorcios que van a facilitar...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Hildelisa González Morales (desde la curul): ... negocios jugosos. Pero termino diciendo no al aeropuerto en Texcoco.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Para hechos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Comente sus hechos, diputado. Cruz Juvenal, por favor, sonido. Dígame.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Eduardo Zarzosa, para servirle.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Eduardo Zarzosa, disculpe. Diputado Eduardo Zarzosa.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Sí, para hechos, presidente. Mire, nosotros estamos a favor de la transparencia. Aquí el punto de acuerdo es muy claro, se pide información, la cual está disponible, por un lado. Y por otro, insistimos, lo hemos repetido hasta el cansancio, lo volvemos a decir el día de hoy. Si tienen pruebas apórtenlas, si alguien cometió un ilícito, si alguien se equivocó, si alguien robó dinero pagará con la autoridad competente.
Ustedes a partir del primero de diciembre serán gobierno y tendrán la oportunidad de llevar ante la autoridad competente este caso y otros. Nosotros estaremos siempre a favor de la transparencia, estaremos siempre a favor de la rendición de cuentas, pero sobre todo y que no quede ninguna duda, no solaparemos a nadie que haya incurrido en errores o en delitos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se define el mecanismo para recibir las propuestas de preguntas parlamentarias que se realizarán al Ejecutivo federal, con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura en razón de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, y se aprueba.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se dispensa su lectura y se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se dispensa la lectura y se aprueba. Comuníquese.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pido a la Secretaría dar cuenta.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco a que realicen las gestiones pertinentes para el seguimiento y atención especial a los afectados por las severas lluvias que persisten en los estados afectados por el huracán Willa y la tormenta tropical Vicente.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para que liberen recursos del fondo revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación y suministro de agua para las familias damnificadas por las severas lluvias que persisten en los estados afectados por el huracán Willa y la tormenta tropical Vicente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018. Firma la Junta de Coordinación Política.
Como adherentes, presidente, el diputado Irineo Molina Espinoza, de Oaxaca. La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, de Nayarit. El diputado Ignacio Campos Equihua, de Michoacán. El diputado Azael Santiago Chepi, de Oaxaca. La diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Oaxaca. El diputado Enrique Ochoa Reza. El diputado René Juárez Cisneros. La diputada Ivonne Álvarez García.
Ah, perdón, Enrique Ochoa Reza, de Michoacán. René Juárez Cisneros, de Guerrero. Los diputados Ivonne Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguía, Pedro Pablo Treviño, de Nuevo León.
Los diputados Erika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas, de Sinaloa. La diputada Margarita Flores Sánchez, de Nayarit. La diputada Ximena Puente de la Mora, de Colima y la diputada María Luisa Hortensia Noroña, de Jalisco. Es cuanto.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación).
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Estamos en votación, diputado.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado, comuníquese. Sí, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Irineo Molina Espinoza (desde la curul): Sobre el mismo tema, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A ver, diputado. Se ha aprobado un acuerdo. Se ha listado a los adherentes. Es un acuerdo que está aprobado por la mayoría de este pleno. Le ruego nos permita continuar con el orden del día y al final, si tiene alguna intervención, como lo hemos hecho en otras ocasiones, les concedo la palabra.
El diputado Azael Santiago Chepi (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado, ¿con qué objeto? Diputado Chepi.
El diputado Azael Santiago Chepi (desde la curul): Celebrar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a todos los partidos agradecerles este exhorto. Sin embargo, ha habido muertos, hay escuelas destruidas, puentes, caminos. Y hacer el llamado para que se emita la declaratoria de desastre natural en los municipios afectados de la sierra norte de Oaxaca, de la Cuenca del Papaloapan, del Istmo de Tehuantepec, de La Cañada. Les pedimos su apoyo, su sensibilidad, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se inscribe su expresión, diputado.
La diputada Margarita Flores Sánchez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada Margarita Flores, ¿con qué objeto?
La diputada Margarita Flores Sánchez (desde la curul): Con el mismo objeto del tema del huracán, que en estos momentos está entrando al estado de Nayarit por las zonas de la costa, entre 5 y 7 de la noche. Y decirles que necesitamos verdaderamente a las instituciones federales y que estén activos los recursos en el tema del Fonden.
Decirles que tenemos ríos, como el San Pedro, el Santiago, Acaponeta, el río Lerma, que viene recorriendo desde el estado de México y que ahorita, en estos momentos, Nayarit está pasando por una situación difícil.
También reconocer que el gobierno del estado está trabajando muy de la mano con el gobierno federal para poder salvaguardar la vida de todos los nayaritas. No nada más es en Nayarit, es Jalisco y es Sinaloa. Pero en estos momentos está llegando el huracán, entonces sí nos gustaría mucho que se tomen en cuenta estos temas para el gobierno federal y para el tema del Fonden.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada. Está incluido su estado en este acuerdo que hemos tomado y también su preocupación. Se inscribe su expresión en el Diario de los Debates.
El diputado Irineo Molina Espinoza (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado Irineo Molina.
El diputado Irineo Molina Espinoza (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente adicionar a este documento que emite la Junta de Coordinación Política a nombre de mi estado, de Oaxaca, el cual ha sido lastimado no solamente por malos gobiernos sino también la madre naturaleza. En los últimos años nos ha dado algunas enseñanzas. Aún no nos recuperamos de los sismos del año pasado y hoy nos llega la tormenta tropical Vicente, que ha causado severos daños en carreteras, caminos, comunidades, puentes, viviendas, en muchas regiones del estado de Oaxaca.
La petición que hago es que estos recursos del Fonden, que ya no se nos tome el pelo en el pueblo de Oaxaca, porque es requerimiento para que aterricen que el estado complemente con un 50 por ciento de los recursos, y el gobernador y el estado de Oaxaca no tienen para aplicarlo. Y por lo tanto nos quedamos solamente con el sueño, con la esperanza de poder reparar caminos, carreteras y puentes.
Ojalá que esta soberanía tenga la fuerza para poder acompañar al pueblo de Oaxaca, porque sí, esta tormenta tropical Vicente...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Irineo Molina Espinoza (desde la curul): ...hizo mucho daño en mi región, en la cuenca del Papaloapan. Muchas gracias.
El diputado Adolfo Torres Ramírez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se inscriben sus expresiones en el Diario de los Debates. El diputado Adolfo Torres Ramírez, ¿con qué objeto?
El diputado Adolfo Torres Ramírez (desde la curul): Diputado presidente, el día de ayer su servidor presentó un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán para que den especial atención y seguimiento a la ciudad de Morelia derivado a las lluvias a causa del huracán Willa.
Agradezco que la Junta de Coordinación Política se sensibilice y se sume a este exhorto y se solicite la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres para los damnificados por el huracán de los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se inscriben sus expresiones en el Diario de los Debates.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada Rosalinda, ¿con qué objeto?
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Es para el mismo tema. También pido de que se atienda de manera inmediata, le pido al gobierno federal y al estatal, los 41 municipios que comprenden el istmo de Tehuantepec. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se recoge su preocupación, diputada. Y se adiciona a lo expresado en el debate sobre este punto.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Pérez Negrón, de Encuentro Social. Dígame, diputado.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (desde la curul): Solamente presidente...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Sonido.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Simple y sencillamente para reafirmar la atenta solicitud para que no entre en el mecanismo burocrático del Comité Técnico la publicación de la declaratoria de desastre en Morelia. Tal como lo acaba de expresar el diputado, también allá, por Michoacán.
A nombre de la coalición Juntos Haremos Historia y de todos los diputados federales por Michoacán, solicitamos que verdaderamente se haga caso con oportunidad y pleno para que se publiquen estas declaratorias. El día de hoy en Morelia y en todo el estado de Michoacán estamos en espera que toque el huracán Vicente y eso puede trastocar todavía más y afectar a muchas familias del estado de Michoacán. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias.
El diputado Maximiliano Ruiz Arias (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Ruiz. ¿Con qué objeto?
El diputado Maximiliano Ruiz Arias (desde la curul): Sí, señor presidente. Solamente para hacer énfasis, en este momento se está reportando ya la entrada del huracán Willa, seis kilómetros al norte de Escuinapa. Los mayores daños serán entre Teacapan, Rosario, Escuinapa, en donde desafortunadamente acabamos de tener un colapso en la temporada de captura de camarón. Ahí tenemos un gran número de granjas acuícolas que seguramente sufrirán las consecuencias de ese fenómeno.
Mi intervención es para hacer un llamado a quien corresponda, en este caso al gobierno del estado, a Sagarpa, a Fonden, para ver si ahora en esta ocasión pueden liberar los recursos que no liberaron para los 11 municipios que resultaron afectados el día 19 de septiembre en el norte de nuestro estado.
Hay grandes problemas y la naturaleza desafortunadamente está contribuyendo por nuestra incompetencia a tratar lo que tiene que ver con el buen asunto del clima. Así es que el aviso desde esta soberanía a las instituciones, señor, ojalá y todo esto que tiene que ver con los desastres naturales tenga algún tipo de resultado en la forma de cómo tratamos a la naturaleza. Ella puede vivir sin nosotros. Nosotros sin ella no tenemos futuro. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se inscriben sus expresiones, diputado. Finalmente, el diputado Valentín Reyes.
El diputado Valentín Reyes López (desde la curul): Sólo para exhortar a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para que destine recursos a la zona de la cuenca del Papaloapan, distrito 17, que se encuentra devastada por los últimos fenómenos naturales y donde tenemos dos ríos importantes que es el Papaloapan y el río Tesechoacán, causando severos daños a la agricultura, a la infraestructura y a todo lo que concierne a los damnificados.
Es importante también recalcar que hago un llamado al secretario de Gobernación, don Alfonso Navarrete, para que nos libere recursos y puedan aplicarse a esa zona devastada. Muchas gracias, es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Hacemos propia y causa común la preocupación de las diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios ante estos severos desastres, y se incorporarán para que se exprese la Cámara en el sentido del punto de acuerdo que aprobamos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pasando a otro punto, se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de integrantes y juntas directivas de diversas comisiones. Consulte la Secretaría en votación económica sin son de aprobarse, en razón de que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se pregunta si son de aprobarse estos cambios. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobados. Comuníquense.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: En términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Ha solicitado la palabra, a ver, Secretaría, ¿diputado Fernández Noroña? No. Diputado Rubén Cayetano García. Sí, diputado ¿con qué objeto?
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Me inscribí para una intervención final.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene un minuto, por favor, desde su curul.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para hablar un minuto por Guerrero. En Guerrero durante el mes de septiembre alcanzamos la tasa más alta de feminicidios y ya suman 43 en todo el año. Encima de esto el obispo Salvador Rangel Mendoza dijo hace dos días, sin aportar una sola prueba, que las mujeres asesinadas estaban vinculadas con la delincuencia o ejercían la prostitución, un dicho a priori e injusto. Es decir, que además de arrebatarles la vida se les pretende arrebatar la honra.
Desde esta Cámara de Diputados alzo la voz para reprobar que se criminalice la memoria sin que ninguna autoridad investigadora o jurisdiccional haya resuelto respecto de la vida o actividad de las mujeres asesinadas.
Alto a la política incompetente y simuladora que se realiza en Guerrero, que atribuye a quien se le arrebata la vida un vínculo con la delincuencia...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul). Nos sumamos a la solidaridad de los familiares y también a la petición de justicia sin prejuzgamientos. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Diputado Roberto Hernández Tapia.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): Gracias, presidente. El 13 de septiembre del año en curso esta soberanía aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para regular sueldos y evitar que cualquier servidor público supere las percepciones del presidente de la República.
Se trata del primer ordenamiento de gran calado aprobado por esta Legislatura que reglamenta los artículos 75 y 727 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 72, inciso b) establece: se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto.
Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado, y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo.
En este orden de ideas, el Ejecutivo federal se encuentra dentro del segundo plazo constitucional.
Por ello, se exhorta a presiden de la República Enrique Peña Nieto, para que publique a la brevedad, por ser de sumo interés nacional y exigencia popular, la ley de referencia. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se registra su solicitud, diputado. El diputado Ricardo de la Peña Marshall. Sí, diputado.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall (desde la curul): Gracias, con la venia. Mire, nada más para recordarles a todos, que hoy conmemoramos el Día Nacional de la Aviación, y que por un error a propósito de Amado Nervo –perdón– de Salvador Novo, cuando escribió la historia de Mexicana de Aviación, puso el dato de que Mexicana de Aviación era la primera línea aérea de México.
Y en realidad fue Aeronáutica del Sur, en territorio tabasqueño, auspiciada por los hermanos Suárez, desde Tenosique, Tabasco, frontera con Guatemala. Y además de ello, luego retomada por Tomás Garrido Canabal y operada por Jean Mates, un héroe de la aeronáutica, de la Primera Guerra Mundial, de origen holandés, y con eso, en realidad, Aeronáutica del Sur es la primera línea aérea que tiene en México el registro número 2, y por lo tanto, también es la primera de bandera de ruta y de tarifa.
Y pues recordarles a todos, que es Tabasco, y Tomás Garrido Canabal, quien hace ese hito en la aviación nacional. Gracias, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences. Sí, diputado.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Sí, presidente. Quiero hacer un llamado a esta soberanía. El sistema hospitalario del estado de Guerrero está en franco naufragio. Todos los hospitales de la Secretaría de Salud-Guerrero, se encuentran con déficit de insumos y de medicamentos, tal es el caso del Hospital General de Coyuca de Catalán, Guerrero.
A los familiares de los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, ya bien sean programados o de urgencia, se les pide una lista de insumos y medicamentos sin los cuales no es posible realizar la cirugía.
Esta lista incluye: equipos de anestesia, anestésicos, suturas, compresas, sondas, antibióticos, oxitócicos y analgésicos, entre otros.
Lo peor, que varios de estos insumos con el sello de la Secretaría de Salud, se encuentran para su venta en farmacias cercanas al hospital de referencia. Exhortamos al gobernador Héctor Astudillo...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): ... a solucionar los graves problemas de salud en y para los guerrerenses. Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: En el Día del Médico, se recoge su preocupación y se inscribe en el Diario de los Debates su propuesta. Diputada Araceli Ocampo Manzanares.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Ante la crisis humanitaria que estamos viviendo al interior de nuestro país, y derivado del movimiento migratorio centroamericano, exhorto desde esta curul a los diputados y las diputadas de esta LXIV Legislatura, que seamos nosotros los que recibamos a los migrantes de manera digna y que estemos al pendiente vigilando cualquier tipo de violación a sus derechos humanos, ya que los migrantes próximamente transitarán de manera pacífica por este país. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (desde la curul): Gracias, diputado presidente. El día de hoy quiero hacer una denuncia de discriminación racial a nuestros hermanos indígenas de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Iguala, donde se encuentran tomadas las instalaciones por los alumnos del medio indígena por malos tratos, humillaciones, cancelación de becas a las madres solteras, cobro de cuotas injustificadas, amenazas y actos inapropiados, como ingerir bebidas alcohólicas dentro del plantel por parte de la directora Beatriz Tenorio Sánchez.
Por lo que hago un llamado al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, y al secretario de Educación, para que se remueva inmediatamente a la directora, ya que la educación de los jóvenes y de nuestros hijos no puede estar en manos de este tipo de personas y se dé solución inmediata a las demandas de los alumnos del medio indígena de ese plantel. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias a usted, diputada. Se inscriben sus expresiones. Diputada María Luisa Veloz Silva.
La diputada María Luisa Veloz Silva (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Hago uso de esta curul para informar que la Alerta de Género en el estado de San Luis Potosí es un tema en el que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, ha sido omiso.
La indolencia de la élite política tiene a las mujeres en un estado fallido, sin protección alguna de sus derechos.
Exhorto al gobernador Juan Manuel Carreras, que aplique el recurso de 17.8 millones de pesos asignados para la Alerta de Género en el estado, y deje de ser omiso en los feminicidios. Porque lo convierte en cómplice.
Agradezco la información proporcionada a la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género de San Luis Potosí. Es todo.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Diputada Carmen Medel Palma.
La diputada Carmen Medel Palma (desde la curul): Agradezco, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Carmen Medel Palma (desde la curul): El día de hoy en México se conmemora el Día del Médico, y es por ese motivo que desde esta Cámara debemos hacerles saber que merecen nuestro más grande reconocimiento, a la incansable labor que desempeñan día con día. Porque son los médicos quienes a pesar de las condiciones en las que tengan que trabajar, sin instrumental, sin equipos y ahora sin medicamentos, sacan adelante al paciente.
Por eso mismo, como mujer y como médico, que ha vivido en carne propia la problemática que aqueja a nuestra profesión, es precisamente que un día como hoy inscribí un punto de acuerdo por el que exhorto a la Secretaría de Salubridad, de Salud, a actualizar cada año las guías de práctica clínica, conforme a las buenas prácticas internacionales, por ser estas una herramienta más importante para garantizar una atención adecuada...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Carmen Medel Palma (desde la curul): ... a los pacientes, homologar a las variaciones en la práctica clínica, así como ser uno de los principales instrumentos de protección legal en el ejercicio de nuestra profesión. Es cuanto, señor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo (18:26 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el jueves 25 de octubre de 2018, a las 11 horas. Atención en el siguiente aviso. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas.
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