Comunicaciones
Iniciativas
Merary Villegas Sánchez, Morena
Héctor René Cruz Aparicio, PES
Clementina Marta Dekker Gómez, PT
Kehila Abigail Ku Escalante, PMC
Vicente Alberto Onofre Vázquez, PES
Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM
Beatriz Manrique Guevara, PVEM
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES
José Guadalupe Aguilera Rojas, PRD
Proposiciones con punto de acuerdo
Iniciativas
Jorge Luis Montes Nieves, Morena
María del Pilar Lozano Mac Donald, PMC
Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI
Acuerdo de la Junta, relativo a la integración de comisiones ordinarias
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 174 diputadas y diputados, por lo tanto, no hay quórum, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Esperemos un tiempo de tolerancia no mayor de 15 minutos, y si no hay quórum se levantará la sesión como lo indica el Reglamento de la Cámara.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:13 horas): Se abre la sesión.
En primer término, diputadas y diputados, les ruego tomen sus asientos. Se ruega a los medios de comunicación que se retiren a su área de trabajo. Este tema había sido resuelto ya hace muchos años.
Ruego a la Secretaría se sirva recibir el justificante que acredita la razón de fuerza mayor que me obligó a no acudir a la sesión anterior.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Asamblea, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputado Noroña, ¿con qué objeto?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, bueno, no pusieron a discusión el acta, que es lo que proseguía y ya la iban a poner a votación.
La sesión pasada –sobre el acta es mi intervención– compareció el secretario de Desarrollo Social, Pérez Magaña, y solicité a la Mesa Directiva proceder contra el citado funcionario, por sus mentiras sistemáticas y permanentes desarrolladas durante la comparecencia, y quiero preguntar a la Mesa Directiva si se ha iniciado el procedimiento solicitado.
Termino mi comentario planteando, además, que en la pasada comparecencia me parece que esta soberanía cometió un error grande. Yo no me di cuenta, no tuve el cuidado de leer cómo se iba a desarrollar la comparecencia, pero es inaceptable que la última palabra la tenga el representante del Poder Ejecutivo, cuando viene a la glosa del Informe.
Después de las rondas que se dieron cerró con cinco minutos el secretario, eso me parece que se debe modificar en las siguientes comparecencias, porque vienen a dar y a rendir cuentas y no vienen al día del secretario ni a un lucimiento personal, la última palabra la tiene esta soberanía.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le agradezco su observación, a la que ya hemos dado curso en la Mesa Directiva, en la sesión celebrada al día de ayer, en ejercicio de sus facultades acordó llevar a cabo el procedimiento previsto en la ley.
Hasta ahora la única solicitud verbal recibida a este respecto es la del diputado Gerardo Fernández Noroña, que la Mesa ha tomado en cuenta y al respecto ha decidido el siguiente procedimiento de queja ante el Ejecutivo, en acatamiento estricto de la ley.
El artículo 126, y lo leo yo personalmente, si me perdona la Secretaría, dice a la letra –por favor atención–: Cuando alguno de los servidores públicos, a que hacen alusión los artículos 69 y 93 constitucionales, no acuda a la Cámara o no conteste satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas de los diputados y diputadas, estos, estos podrán solicitar al presidente que se erija en queja al titular del Poder Ejecutivo federal, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
Fueron 28, incluyendo al ponente, las diputadas y diputados que cuestionaron al secretario en cuestión. En esa virtud hemos decidido un procedimiento, consultar a las diputadas y los diputados que intervinieron que nos envíen por escrito, a la brevedad, si consideran satisfechos sus cuestionamientos.
Analizará la Mesa si es consenso, mayoría absoluta o mayoría simple de las diputadas y diputados implicados.
Le rogaría entonces nos enviaran a la brevedad, la Mesa directamente les hará un pedido para saber si conforme a la ley están satisfechos las diputadas y los diputados.
Espero estén de acuerdo en este procedimiento. Consulte si se aprueba el acta.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Con su permiso, señor presidente.
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación dos oficios con los que remite los informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 de los programas del sector economía y los presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Bienestar Social para su conocimiento.
Se recibió solicitud de licencia del diputado Roberto Antonio Rubio Montejo. Pido a la Secretaría dar lectura a los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el 9 distrito electoral del estado de Chiapas, a partir del primero de octubre del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: En votación económica se consulta si son de aprobarse los puntos de acuerdo Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación).
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Iniciativa del Congreso del estado de Baja California.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió del Congreso del Estado de Baja California iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Merary Villegas Sánchez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Túrnese a la Comisión... Ah, perdón.
La diputada Merary Villegas Sánchez: Muy buenos días, presidente. Muy buenos días compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con responsabilidad y sentido republicano, presento la siguiente iniciativa que establece la facultad y las bases de la revocación de mandato del presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las reformas a los artículos 35, 36, 41, 73 y 108 constitucionales.
Los hombres de la Ilustración decían, y con razón, que el soberano debería tener las manos libres para hacer el bien y las manos atadas para hacer el mal. El fundamento de la revocación de mandato está en el reconocimiento de que la soberanía dimana de la voluntad del pueblo.
El pueblo pone y el pueblo quita. En democracia son los ciudadanos los que hacen posible por medio de su voto que una persona ejerza el poder, pero cuando esa persona falle en su propósito, cuando distorsione el camino o pierda el rumbo, cuando cometa acciones que denigren su investidura o vayan en contra de nuestra soberanía y principios fundamentales como nación, la sociedad tiene el derecho de revocarle su mandato.
La revocación de mandato es la manifestación plena de la voluntad social, que permite a la ciudadanía sustituir democráticamente a sus gobernantes. La revocación de mandato es un instrumento presente en varias de las democracias y regímenes de estos tiempos.
En Estados Unidos varios estados, condados y ciudades incluyen ya esta figura. En Canadá se estableció desde 1995, en la Columbia Británica está presente en seis cantones de Suiza, Venezuela, Ecuador, Bolivia y en varias provincias de Argentina, por mencionar solo alguno de los ejemplos más ilustrativos.
Esta figura tampoco es nueva en las diversas entidades federales, con sus particularidades se encuentra ya en estados como Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Zacatecas y la Ciudad de México.
En el 2012 se integraron a nuestra Constitución la Iniciativa Ciudadana y la Consulta Popular, pero ninguna de las dos figuras ha funcionado a la altura de sus expectativas. Se necesita avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa.
Lo que nosotros proponemos es reformar los artículos 35, 36, 41, 73 y 108 constitucionales.
El artículo 35 constitucional. Para establecer que la consulta o las consultas populares se realizarán una vez al año el primer domingo de julio y no sólo coincidentes con las elecciones cada tres años como está en la actualidad. Así como establecer como un derecho a votar en las consultas de revocación de mandato del presidente de la República en los términos que disponga la ley correspondiente.
El 36 constitucional. Será reformado para plasmar como obligación ciudadana, votar en los procesos de revocación de mandato del presidente de la República, así como en las consultas populares en los términos que señala en la ley.
El 41 constitucional. Para que los mexicanos tengamos el derecho de la revocación de mandato y el derecho de la consulta como un mecanismo de participación ciudadana.
El 108 constitucional. Para que el presidente de la República pueda ser removido de su cargo en los términos de esta Constitución y leyes aplicables, independientemente de las responsabilidades en las que haya podido incurrir durante el periodo en su cargo.
Compañeras y compañeros, hace unas décadas don Daniel Cosío Villegas, describió con una gran sabiduría pero sobre todo con sentido común que en México el estilo personal de gobernar, de presidir en turno marcaba el ritmo y el sentido mismo de la República.
Con esta reforma y varias que vendrán, el presidente de la República conserva intactas sus facultades como jefe de Estado y jefe de gobierno, pero el destino de la nación siempre estará en la decisión de los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora diputada. La vicepresidenta de la Mesa me ha pedido adherirse a la solicitud, y todos los que quieran hacerlo, desde luego. No es facultad de la Mesa. Está a disposición en la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ernesto Ruffo Appel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diferentes integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ernesto Ruffo Appel: Compañeras y compañeros diputados, todos mexicanos. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a proponer a través de iniciativa de reforma constitucional a los artículos 26, 69 y 93.
Todos estos artículos de la Constitución están relacionados con el control del Legislativo al Poder Ejecutivo, y esto se logra a través de procedimientos de supervisión. Así, de esta manera la soberanía del pueblo se realiza a través del equilibrio de los poderes en el ejercicio republicano de pesos y contrapesos.
Hoy esto es de esencial importancia a la vida política nacional frente al llamado político a la cuarta transformación por el presidente de la República, que tomará protesta este próximo primero de diciembre.
El Congreso de la Unión representa la soberanía de México y, por tanto, la capacidad de supervisar el hacer responsable del Poder Ejecutivo federal.
Es de esencial equilibrio político el respetar el diseño republicano que plasma la Constitución vigente de 1917 y hoy, en razón del resultado electoral del pasado primero de julio, y su efecto en la composición política del Poder Legislativo, apelamos a la vigencia institucional de la capacidad de supervisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
Por tanto, proponemos reformas a los artículos 26, 69 y 93 de la Constitución. Respecto al artículo 26, de donde nace el Sistema de Planeación Democrática, para que esta se desarrolle a través de la forma de gobierno abierto.
Referente al artículo 69 de donde la obligación del Ejecutivo de presentar el informe anual a esta soberanía, se haga de manera oral y en subsecuente sesión de Congreso General, con presencia del Ejecutivo, se hagan preguntas por los legisladores de manera respetuosa que propicie el intercambio de ideas, en el formato que establezca la ley.
Todas las comparecencias se deberán realizar bajo protesta de decir verdad. Que la realización de todas estas funciones de supervisión y control del Poder Legislativo se desarrollen bajo la práctica de parlamento abierto.
Respecto a las reformas al artículo 93 donde los secretarios de despacho darán cuenta por escrito y en comparecencia de sus actuaciones, proponemos que las cámaras tengan la facultad de integrar comisiones específicas para investigar el funcionamiento y resultados de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Los resultados se harán del conocimiento del Ejecutivo bajo el principio de máxima publicidad. Las comisiones podrán recomendar a sus respectivos plenos se emita un voto de falta de confianza cuando se hubiese demostrado lenidad o falta de probidad.
El voto de falta de confianza se aprobará por mayoría. La reiteración de las mismas conductas será causal de juicio político.
Como podemos ver todos, la nueva realidad de la conformación política impela con urgencia al avance hacia más y mejores formas de relación entre los poderes de la República y de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de equilibrio de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público. Es cuanto, diputadas y diputados. Gracias, señor diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. En este caso, como en todos, está abierta la adhesión a la propuesta. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ruego a la asamblea, guarde silencio porque están los oradores en la tribuna, y su palabra debe ser respetada.
El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta, que es la máxima tribuna de nuestro país, orgullosamente como diputado miembro del Partido Encuentro Social, y con la potestad que me otorgaron los ciudadanos del distrito 08 de Baja California, en la elección del pasado primero de julio.
Y es por ellos, por ciudadanos de mi estado, y particularmente los de mi ciudad, Tijuana, que lamentablemente es considerada el día de hoy una de las ciudades más violentas del mundo y que únicamente en lo que va del 2018 suman ya más de mil 600 homicidios de alto impacto.
Ante este escenario de sangre que vive mi ciudad y en general todo México, es que solicito su apoyo para que esta propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el tema de armas de fuego particularmente.
Uno de los temas más preocupantes que reclaman toda nuestra atención y el esfuerzo, es el combate a la delincuencia en todas sus vertientes. Desde los delitos de más baja punibilidad hasta los delitos de alto impacto, como lo es el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y de armas, y por supuesto la delincuencia organizada.
Este flagelo que azota a nuestro país y a nuestras familias debe ser atendido de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y con todo el apoyo de las instituciones del Estado Mexicano, por ello la Cámara de Diputados debe proporcionar en este escenario el ordenamiento jurídico necesario para la actuación de los otros Poderes de la Unión y contar con la certeza jurídica en los procedimientos para la persecución del delito y sus instigadores.
Una circunstancia que lamentablemente incide en los altos niveles delictivos es la facilidad con la que se puede adquirir un arma de fuego en nuestro país, a pesar de las prohibiciones en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Si bien el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a todo ciudadano de poseer armas de fuego en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, la misma ley en la materia determina los casos, condiciones y excepciones en los que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas de fuego.
Sin embargo, en muchos domicilios de México la mayoría de esas armas han sido traficadas desde los Estados Unidos por grupos de la delincuencia organizada.
Según un informe del Centro por el Progreso de América, con datos obtenidos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, ATF, en Estados Unidos, de las poco más de 106 mil armas recuperadas por las fuerzas del orden como parte de una investigación criminal, en México, de 2011 a 2016 rastreadas hasta su origen, el 70 por ciento se compraron de un vendedor de armas con licencia en ese país, principalmente en los estados de California, Arizona y Texas.
Se calcula que cada año se trafican a México desde los Estados Unidos poco más de 200 mil armas de fuego. Esta enorme cantidad de armas son en su mayoría de alto calibre, en la cual no es permitido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que presupone la utilidad de las mismas en la incidencia de delitos de alto impacto que ya se han comentado.
Lo más grave aún es que en el momento de la detención de criminales en posesión de este tipo de armas, en la mayoría de las ocasiones, estos mismos criminales son puestos en libertad por el juzgador del delito, lo que sin duda genera un alto índice de impunidad y demerita el esfuerzo de las corporaciones policiacas en cumplimiento de su trabajo.
Es importante señalar que la creciente impunidad en la que vivimos está en sus máximos niveles, puesto que el Índice Global de Impunidad de México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas, campus Puebla, nos señala un aumento en diversos delitos, que son denunciados y por diversas circunstancias quedan impunes, elevando el indicador a 69.84 puntos a finales de 2017, cuando el 2016 era de 67.42
Este dato de impunidad refleja también una debilidad estructural e institucional en las corporaciones de procuración y administración de justicia, que no alcanza a procesar el gran número de denuncias por delitos de toda naturaleza donde están implicadas las armas de fuego principalmente.
De acuerdo con datos oficiales de la PGR, en el transcurso de 2017 se iniciaron 96 mil carpetas de investigación por delitos de orden federal. Esto equivale casi a 11 mil delitos más, en comparación del año anterior. Los datos anteriores por tasa representan que en el 2017 los delitos del orden federal fueron de 77.7 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con datos del Poder Judicial Federal, en noviembre de 2014 a junio de 2017, la PGR consignó a 6 mil 905 personas por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, donde pistolas como calibre 38 a 9 milímetros, hasta rifles automáticos o lanza granadas, de ese total 695 personas se dejaron libres, debido a que los jueces consideraron que no hubo elementos para vincularlos a proceso.
Ahí radica una gran parte del problema. El análisis que el juzgador...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego abrevie, porque ha pasado su tiempo.
El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Termino, presidente. Hace para determinar el grado de peligrosidad, tiene que ver particularmente con que el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo no está considerado como delito grave. Es por eso que acudo a esta tribuna, para pedir su apoyo para que la calificativa de este delito se incluya en la Constitución y el Código Nacional y así acabar de una vez por todas con la impunidad que viven los delincuentes y brindar certeza jurídica a los ciudadanos de este país. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Justicia, para opinión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley Minera.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Con su venia, diputado presidente. Por una minería responsable, consulta y consentimiento para los pueblos indígenas. Apreciables compañeros y compañeras diputadas, me presento ante ustedes para compartirles una sincera y honda preocupación.
Es verdad que mucho se ha dicho en este recinto sobre las carencias, violencias y privaciones que afectan a nuestra población y que sufren especialmente los sectores más desposeídos.
Desde la pobreza de más de 53 millones de mexicanos hasta la subocupación de 3 millones 600 mil trabajadores, pasando por la dolorosa desaparición de al menos 37 mil personas, todo esto y más ha sido motivo de intensos debates y valiosos pronunciamientos por parte de compañeros y compañeras legisladores.
Sin embargo, a casi de un mes de haber iniciado la legislatura sigue sin denunciarse uno de los mayores actos de rapiña que hoy por hoy tiene lugar en nuestro país, el saqueo y la devastación provocada por la expansión descontrolada de la industria minera.
El asunto no es menor, en datos duros hablamos de una problemática vinculada a la operación de más de 300 empresas, la mayor parte de ellas extranjeras y mucho de ellas canadienses, responsables de al menos 830 proyectos mineros en 24 estados de la República, justificados mediante la entrega por parte del gobierno federal de 26 mil títulos de concesión que amparan la explotación de 56 millones de hectáreas.
Esta es un área que en su conjunto representa casi la tercera parte del territorio nacional, más de la mitad del total de la propiedad social del país. Ni en el porfiriato hubo semejante enajenación del suelo patrio.
Aunque es cierto que en buena medida esta situación es producto del clima de impunidad y corrupción que ha imperado en los últimos gobiernos, lo es también que en la vigencia de una regulación laxa y permisiva más enfocada en proteger y favorecer a intereses corporativos que en velar por la sustentabilidad de los recursos nacionales y el bienestar de los pueblos y comunidades de México, como era de esperarse, en este marco de opacidad regulatoria, la industria minera, pero sobre todo los intereses corporativos asociados a ella, han prosperado como nunca antes en la historia.
Este jugoso negocio ha convertido a la actividad minera en la cuarta fuente de generación de divisas y ha abierto también el camino para la conformación de las más grandes fortunas privadas que existen a costa del pueblo de México.
Peor aún, el nuevo auge de la minería en México ha implicado efectos devastadores y a menudo irreversibles a la biodiversidad y el medio ambiente en todo el país.
Además, ha contribuido a la desarticulación de las localidades, el despojo de tierras comunales y ejidales. La persecución y criminalización de opositores y el desplazamiento forzado de poblaciones sin plan de reubicación.
Desde luego, esto ha derivado en la conformación de más de mil conflictos mineros y el surgimiento de decenas de movimientos en defensa del territorio.
Por desgracia, en este como en muchos otros casos, del despojo y empobrecimiento han sido los pueblos indígenas los más afectados.
El problema radica en que la expansión de la industria minera en territorio indígena se ha llevado a cabo en franca oposición con lo dispuesto en las normas y tratados internacionales, entre los que destaca el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a establecer acciones coordinadas con los pueblos y comunidades indígenas para proteger sus derechos y garantizar su integridad.
En este sentido, una de las figuras más importantes es la del derecho a la consulta y el consentimiento informado. Sin embargo, lejos de avanzar su legislación, el Poder Legislativo se ha encargado de retrasarla, alimentando la comparsa que existe para privilegiar los intereses transnacionales sobre la soberanía nacional.
Por suerte, hoy como nunca antes, las fuerzas de izquierda somos mayoría en este recinto. Esto ha implicado un renovado compromiso por escuchar, atender y hacer valer las causas que han guiado desde muchos años las luchas para hacer de este país un lugar más justo.
Apelando a este compromiso estoy acá, ante ustedes, para presentarles la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 6o. de la Ley Minera, para que ante la posibilidad...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego abreviar, compañera.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: ...de explotación de minerales en territorios cuya propiedad ancestral pertenezca a pueblos y comunidades indígenas, se anteponga siempre el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Como las demás, esta iniciativa está abierta para adhesiones. Desde luego cuenta con ello. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Con su venia, presidente. Diversos estudios internacionales ubican a México como el noveno país con el mayor conflicto bélico a nivel mundial de los últimos años. En 2016 México fue declarado como el segundo país más letal del mundo, solo detrás de Siria, pues la cifra de fallecidos suma más de 250 mil personas. El 95 por ciento de estos homicidios permanecen en la impunidad. En solo 5 de cada 100 se condena al responsable.
No solo son las cifras alarmantes de muertes, sino que además hay decenas de miles de desaparecidos. De 2017 a la fecha el Registro Nacional de Personas desaparecidas suma 37 mil 435 personas. Esta ola de violencia también ha generado que cientos de miles de mexicanos muden de residencia, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento forzado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documentó de 2006 a 2017 un total de 329 mil 917 víctimas de desplazamiento interno forzado en México, donde hubo presencia o uso de violencia.
En este sexenio la violencia está desbordada, siendo el periodismo una de las actividades de más alto riesgo en nuestro país, con 11 asesinatos a periodistas en el presente año y 38 en todo el sexenio. Con mil 775 agresiones y 4 desaparecidos a la fecha. Y el gobierno, en lugar de actuar, se dedica a espiar a las víctimas y a los activistas.
Diversos hechos han marcado este sexenio. Casos como Tlatlaya en el estado de México donde murieron 22 personas y está involucrado el Ejército, caso que no se ha aclarado desde 2014. Tanhuato, Michoacán, en donde fueron asesinadas 42 personas en 2015 y está involucrada la Policía Federal. Nochistlán, Oaxaca. En donde nuevamente está involucrada la Policía Federal en un enfrentamiento con profesores en el año 2016. En este enfrentamiento que duró varias horas hubo seis personas fallecida por arma de fuego, más de 50 lesionados y varios detenidos.
Jalisco, el hermoso estado de donde provengo y del que en estas semanas también se ha hablado mucho, aparición de tráileres de la Fiscalía del estado que estaban llenos de cuerpos de víctimas y que seguramente a muchos de ellos sus familias siguen buscando.
También la desaparición en el mes de marzo de tres estudiantes de cinematografía, caso que aún no se esclarece a la fecha. Y, por supuesto, queda por resolver el lamentable hecho delos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 acontecimiento, que cumplió cuatro años el día de ayer. Cuatro años sin saber la verdad. Cuatro años de impunidad. Cuatro años sin justicia.
Si estos hechos, compañeros y compañeras, no les representa una verdadera crisis de derechos humanos en nuestro país, entonces entenderemos por qué durante los últimos 12 años solamente hemos recibido un conteo del número de muertos y desaparecidos, sin ponerles nombre, sin ponerles rostro, sin escuchar a las familias, sin reconocer a las víctimas.
Conocer la verdad para las víctimas y sus familias no debería ser solo un anhelo, sino una exigencia. Conocer la verdad es un derecho que ante todo les debe garantizar el Estado.
Por eso el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone la expedición de la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México Cuya ley incluye cuatro objetivos:
1. Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad de las víctimas y del pueblo de México sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo de primero de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2018.
2. Garantizar el más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda con vida de las personas desaparecidas durante el periodo referido o, en su caso, el conocimiento de la verdad material sobre el último destino de los cuerpos de las mismas.
3. Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas, de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dicho periodo.
4. Sancionar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en este periodo.
Se propone que esta comisión esté integrada por cinco comisionados, tres especialistas en derechos humanos y dos representantes de las víctimas.
Se debe esclarecer estos sucesos ocurridos, reparar el daño a las víctimas y castigar a los responsables. Debemos reconocer que estamos en deuda con miles y miles de víctimas de la violencia que se vive a lo largo del país, por ello esta comisión es tan solo la primera muestra de voluntad de esta nueva etapa del Congreso y de la próxima administración para hacerles justicia a miles de mexicanas y mexicanos, porque sin verdad no hay justicia. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Javier Salinas Narváez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de austeridad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Perdón, ¿tres iniciativas por cinco minutos cada una?
El diputado Javier Salinas Narváez: En cinco minutos las tres. Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar tres diferentes iniciativas.
La primera. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten trabajadores profesionales egresados de universidades públicas.
Propone otorgar un estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes que contraten recién egresados de universidades públicas. El sistema educativo mexicano enfrenta dificultades importantes en términos de transición al mercado laboral.
Por décadas los gobiernos de la derecha han promovido que las instituciones educativas públicas y el mercado laboral operen de manera aislada, de tal suerte de formamos universitarios cuyos conocimientos no son requeridos por el mercado, favoreciendo el crecimiento explosivo de universidades privadas.
Por ello, debemos mejorar la transición de los egresados de las universidades públicas de la escuela al ámbito laboral para contrarrestar el grave desempleo, el creciente subempleo, así como los cada vez más comunes empleos mal pagados y carentes de las mínimas prestaciones.
Por tal razón, proponemos establecer un estímulo fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que contraten trabajadores con permisos de pasante o cédula profesional de licenciatura, egresados de universidades públicas en su primer empleo, y para ocupar puestos de nueva creación, consistentes en aplicar un crédito fiscal equivalente al 50 por ciento del salario efectivo pagado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio a que se determine dicho crédito y hasta por tres años.
Es imprescindible estimular la creación de sinergia entre la empresa y las instituciones educativas superiores para que estén en posiciones de establecer un diálogo y vincularlo.
Dos. Modificación a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de austeridad. Proponemos introducir diversas reformas a partir de cinco ejes:
Primero. Limitar las adecuaciones presupuestarias internas para evitar que por esta vía se evada el control de la Cámara de Diputados sobre los destinos de los recursos públicos, pues haga lo que haga la Cámara de Diputados el Poder Ejecutivo recorta a su antojo, discrecionalidad y de manera arbitraria, parte de las partidas o programas que resultaron beneficiados por reasignaciones o adecuaciones que a su antojo lo hace.
Dos. Instruir un comité especializado integrado por consejeros profesionales independientes responsables de revisar y proponer la remuneración de los servidores públicos, la remuneración de servidores públicos de confianza, de mandos medios y superiores. No puede seguir sujeta a decisiones de carácter político, sino que debe de obedecer a un verdadero desarrollo profesional, de acuerdo a su nivel de responsabilidad.
Tres. Limitar los gastos de servicios profesionales, la contratación de los servicios. Bajo esta modalidad permite eludir las restricciones para contrato personal así como los topes salariales establecidos en el decreto del Presupuesto, de facto se duplica el número de empleos sin que esto sea sujeto al régimen de responsabilidad de los servidores públicos. Por tal razón se propone establecer un tope a dicho gasto equivalente al 0.3 por ciento del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.
Tercero. Iniciativa por lo que se reforman las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos al Servicio del Sector Público y Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, para limitar y evitar temas como la estafa maestra. Las auditorías pueden ser practicas por la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas 2012-2016, han observado montos con posibles daños al erario por 6 mil 879 millones de pesos. En numerosos casos, inclusive no existieron evidencias de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, con una patente desviación de recursos.
En vista de lo anterior se propone derogar los párrafos: quinto del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y cuarto del artículo 1o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
Compañeras y compañeros, es tiempo de avanzar por la senda del estímulo a los contribuyentes que contraten a nuestros universitarios recién egresados. Es tiempo de establecer límites a la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio del gasto, y es tiempo de empezar a adoptar medidas para atajar de lleno el ominoso fenómeno de la corrupción. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. La segunda a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su examen. Y la tercera, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Arturo Escobar y Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente. Quisiera tomar unos breves segundos para pedirle al diputado Héctor René Cruz Aparicio, quien presentó hace un momento una iniciativa de reforma al 19 constitucional, que nos permita sumarnos a su iniciativa. E informar también, que hay un cúmulo de iniciativas presentadas en el tema de regulación de armas, especialmente armas exclusivas del Ejército, que creo yo podríamos allegar, de forma unánime, a trabajarlas y construir de forma muy rápida, una nueva regulación.
Y con esto lograr dos principios: el primero, responsabilizar a los gobiernos de los estados a que ya asuman esta responsabilidad al poder regular esto como una conducta grave.
Y, segundo, darles certeza a los jueces de las causas penales para que conozcan, bajo el nuevo modelo de conformación política, que este tipo de delitos, y este tipo de conductas son absolutamente rechazadas por la sociedad.
Por otro lado, y sobre el mismo tema y lo que tiene que ver con la iniciativa, cualquier inicio de un nuevo gobierno es inicio de una nueva esperanza, de un nuevo mecanismo para llegar por fin a encontrar niveles de seguridad aceptables por una sociedad como la mexicana.
Por supuesto que los esfuerzos hechos por los gobiernos del 2000 al 2006, 2006-2012, y este que concluye, lamentablemente por la fuerza del crimen organizado llevaron a tomar decisiones de carácter coyuntural siempre, siempre decisiones reaccionarias que no nos permitían ir a las causas de la delincuencia.
Nosotros somos unos convencidos que mecanismos como elementos de la prevención social de la violencia van a ser claves en el próximo sexenio y de ahí en adelante, para disminuir la violencia, disminuir la delincuencia, y encontramos elementos como la cultura, pero especialmente el deporte, que en análisis de derecho comparado como en España han sido elementos trascendentales para poder vincular, para poder generar convivencia con la sociedad y a través del deporte expulsar las conductas antisociales, que lamentablemente son los primeros inicios para que jóvenes se hagan de la calle, posteriormente tengan acceso a las drogas, generen adicción y lamentablemente después a lo que conlleva es a la violencia y posteriormente a la delincuencia.
Aprovechando que la diputada Ana Guevara es miembro de esta asamblea y que, por lo señalado por el presidente electo, tendrá en sus manos dirigir al deporte nacional, quiero señalarle que va a contar con nosotros. Nosotros hemos venido sosteniendo los últimos 12 años que al deporte habría que desvincularlo de la Secretaría de Educación Pública y darle la relevancia que requiere.
Hay tesis, como pasó en Barcelona antes de la olimpiada de 92, donde se hizo un esfuerzo monumental para crear infraestructura deportiva a efecto de que las calles del centro de Barcelona se pudieran recuperar, y el resultado ha sido muy, pero muy exitoso.
Pasó en Barcelona, pasó en ciudades como Washington, Detroit y Nueva York, donde se hace un vínculo de convivencia entre la autoridad y los grupos delincuenciales especialmente los jóvenes, para que el deporte fuera un mecanismo de atención, de generación de cultura física, de generación de activación física, de organización deportiva, y después de alto rendimiento, que no nada más dan grandes logros como país, sino especialmente generan grandes logros en lo que tiene que ver con salud pública, pero más importante aún; como elementos de combate a la delincuencia y combate a las adicciones.
No tengo la menor duda que si asumimos estos temas de prevención social como el deporte y la cultura, vamos a empezar a sembrar los grandes elementos que nos permitan que al igual a combatir la delincuencia con fuerza, hay que también ayudar a la sociedad a que encuentre mecanismos de atención, mecanismos de convivencia para que puedan los jóvenes mexicanos tener alternativas en sus propias colonias, a través del deporte en espacios recreativos, tanto en activación física como en deporte y en alto rendimiento, para alejarse de estas conductas de calle que son el ingrediente principal para convocar a jóvenes mexicanos a ser parte de los grupos delincuenciales que tanto afectan a nuestro país.
Por lo tanto, proponemos –señor presidente– reformar el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que se reconozca a la creación deportiva como un mecanismo fundamental para poder alejarnos de las adicciones. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el próximo año como “2019, 500 años del establecimiento del municipio en México.”
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Lo primero que quiero comentar es que nunca es ocioso hacer una reseña histórica del origen del municipio y del ayuntamiento en México. Medio milenio, 500 años de esta institución es un hecho que debe llamar por sí solo nuestra atención.
El próximo año, el 22 de abril, estaremos conmemorando este importante acontecimiento. El objetivo de la constitución del ayuntamiento y, en consecuencia, del municipio, fue para materializar la conquista y este orden de gobierno fue el paso decisivo para la organización política y jurídica en el continente americano.
Históricamente el municipio y el ayuntamiento han tenido un muy destacado lugar desde la conquista, pasando por la guerra de Independencia, en las Constituciones de Cádiz, en la de 1824, en la de 1857 y, desde luego, en la de 1917, siempre ha tenido un papel muy importante.
Las preguntas que sugerimos para esta conmemoración son preguntas que siempre están en la mente de todos y quienes hemos sido ya presidentes municipales, la pregunta que debemos hacernos es si ya el ayuntamiento y el municipio es mayor de edad. ¿Las facultades históricas y actuales le han permitido evolucionar adecuadamente? ¿El municipio, el ayuntamiento está cumpliendo con las necesidades de los ciudadanos y las comunidades?
Se dice que es la base de la división territorial, que el ayuntamiento es el encargado de la prestación de los servicios públicos. En otros tiempos era el encargado, estaba facultado del cuidado de alhóndigas, de caminos, de puentes, de mercados, de mesones, vigilante de pesas y medidas, pero lo cierto es que Primo de Verdad, a propósito del ayuntamiento de la Ciudad de México, dijo algo que puede ser traído a nuestros días: el ayuntamiento desde la época colonial debía reasumir la soberanía y convocar a la creación de una nación independiente.
La autonomía municipal siempre se ha visto amenazada por el fantasma de las autoridades intermedias y el centralismo, desde luego, pero en todas estas luchas siempre el municipio por su fortaleza, por su historia siempre ha salido victorioso, por eso en la Constitución de 1917 se consagró como el municipio libre, como una de las banderas más importantes de la Revolución Mexicana.
Hoy tenemos en México, gracias a muchas generaciones, una República federal, con estados libres y soberanos y, claro, con un municipio libre, un México con instituciones fuertes, sólidas y siempre perfectibles.
El supremo poder federal se divide para su ejercicio en Legislativo, en Ejecutivo y en Judicial, a nosotros nos toca hacer nuestra parte, el gobierno no es solo el Poder Ejecutivo.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como él mismo lo ha dicho, gran parte de su ideario lo ha abrevado a través de sus recorridos en los municipios y el contacto con la gente, esperamos que coincida.
Es tiempo de fortalecer más al municipio y es tiempo de darle más libertad. En lo personal me declaro a favor del municipio libre, de su potencial, de sus capacidades, del enorme talento de las comunidades que lo conforman.
El haber sido presidente municipal ha dejado en mí una impronta que ya no se va más, pues quienes hemos tenido la oportunidad de ser presidentes municipales seguimos viendo muchas realidades de México con ojos de presidente municipal. Aquí hay muchos ex presidentes y estoy seguro que en el futuro habrá muchas presidentas municipales y muchos presidentes municipales de esta legislatura.
Estoy también convencido de que es en el municipio en donde empiezan los problemas y es también justamente en el municipio en donde debe de comenzar su solución.
Quinientos años de la historia del municipio, del ayuntamiento en México es sin duda un gran motivo para reflexionar, para estudiar, para mejorar, para profundizar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI propongo que 2019 se decrete como el año conmemorativo de los 500 años del municipio libre en México. Y que esta frase sea incluida como acción indeleble en toda la papelería y comunicados oficiales de cualquier vía.
De ahí se desprenda, como lo platicaba hace un rato con el diputado Noroña, de ahí se desprenda un amplio programa conmemorativo de foros, de reflexión, de producción editorial, propuestas de reformas jurídicas, así como actos alusivos y solemnes que no solo se realicen en la Cámara de Diputados sino también en el Senado de la República, en los estados y en sus tres Poderes.
Y también, obviamente, que sean el centro los municipios de México. Y por supuesto, que sea centro de este hecho histórico el municipio de la Villa Rica de la Vera Cruz, hoy Veracruz de Ignacio de la Llave. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley sobre el Régimen de Capitalidad de la Ciudad de México.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presento responde a un mandato constitucional previsto en la reforma de 2016 sobre el régimen jurídico de la Ciudad de México, y que es nuestra obligación legislar en materia de capitalidad para esta entidad federativa en el marco establecido en el artículo 122, Apartado B de la Constitución federal, y las previsiones establecidas en el décimo transitorio de dicha reforma.
Este proyecto abarca tres condiciones relacionadas con la capitalidad: los asuntos en que debe existir una coordinación interinstitucional entre los Poderes federales y locales. Financiar los costos que tiene ser capital de la República y definir los casos de remoción del titular de la seguridad pública por parte del presidente de la República.
Para ello, la iniciativa propone que deben coordinarse acciones para hacer más efectivo el mecanismo de capitalidad entre los Poderes federales y los locales. Es decir, no solo es de los Ejecutivos de ambos órdenes de gobierno, sino también con los otros Poderes.
A pesar de ello, se considera que es el ámbito Ejecutivo el encargado de dicha coordinación, a través de una comisión interinstitucional creada exprofeso para dar cauce a las necesidades de la capitalidad.
Las acciones de la capitalidad se generan por factores que son comunes en las ciudades capitales porque atraen un alto flujo de población que habita en otras entidades federativas. Suelen albergar a los Poderes federales y, por tanto, son anfitrionas de las representaciones diplomáticas y las acciones políticas de mayor importancia.
La infraestructura vial y urbana facilita el acceso de las instituciones públicas. Cuentan con actividades económicas que costean la mejora de servicios y bienes, ya sean gubernamentales, educativos, financieros, tecnológicos o de salud siempre en aumento.
El hecho de no existir una definición legal de este tipo de financiación ha implicado que el gobierno federal haya utilizado los recursos federalizados para dicho fin como una forma de presión política, a tal grado que incluso en 2017 enviara una propuesta de fondo con cero pesos, asunto que tuvo que rectificar la Cámara de Diputados, aprobando 2 mil 500 millones de pesos, aunque este monto fue 100 por ciento inferior al logrado en el año anterior.
Pero los costos de capitalidad no solo se resumen en este fondo, sino también involucran otro tipo de financiación que viene de otros fondos y recursos etiquetados como lo son los relacionados con la infraestructura hidráulica, el transporte público, el metro, la infraestructura social, el apoyo a la cultura, la migración, el desarrollo agropecuario, entre otros.
El objetivo es resolver la creciente necesidad que tiene la Ciudad de México en materia de suficiencia presupuestaria, a través de la referenciación de este fondo de capitalidad en la recaudación federal participable, con el objetivo de continuar potenciar y mantener políticas públicas, subsidios y programas dentro de la ciudad en que residen los Poderes de la Unión con los beneficios que ya reciben en materia de contribuciones e infraestructura de servicios, sin discriminar a una población flotante en la Ciudad de México, cercana a los 5 millones de personas y que generan importantes presiones financieras.
Finalmente, la ley a la que se refiere el artículo 122, Apartado B de la Constitución federal, debe establecer las causas consideradas como graves por las cuales el presidente de la República tiene la facultad de remover al servidor público capitalino que estará encargado de la seguridad pública local.
Con esta iniciativa se da respuesta al mandato constitucional del 29 de enero de 2016, que obliga al Congreso de la Unión a aprobar la ley en materia de régimen de capitalidad de la Ciudad de México que se une a diversos esfuerzos llevados a cabo en la legislatura pasada. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada Aleida. Quiero recordar que queda pendiente también la Ley de Desarrollo Metropolitano, que son las dos que dejó el 122. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y de Población, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.
El diputado Ricardo García Escalante: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, con su permiso. Someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Es necesario reconocer que la situación económica del país no se encuentra en su mejor momento, la administración que está por concluir mantuvo una deuda creciente, permanentes recortes al gasto público y las reformas estructurales de las que se siente orgulloso el titular del Ejecutivo saliente, no impactaron favorablemente en la calidad de vida de los mexicanos, observándose el alza en los precios de la canasta básica en los combustibles y en los servicios públicos, incluyendo el de la energía eléctrica.
Mediante el Acuerdo 123 de fecha 28 de noviembre del año 2017, emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, se estableció un nuevo esquema tarifario a partir de la nueva metodología de cálculo que fue aprobada por la Comisión Reguladora de Energía en el cual se establece que el precio del servicio de la luz, ahora considerará las variables de cada mes sobre los costos de producción y distribución de dicho servicio, lo que significa que la luz a partir de esa fecha se incrementa a la par del gas natural y de los combustibles que emplea la Comisión Federal de Electricidad.
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido como uno de sus objetivos desarrollo sostenible que se debe garantizar el acceso universal a la energía de forma asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, advirtiendo también que un sistema energético bien establecido apoya a todos los sectores, desde las empresas, la medicina, la educación, las infraestructuras, las comunicaciones y las tecnologías.
Con la presente iniciativa se pretende brindar elementos suficientes para que el Ejecutivo determine los municipios y por supuesto las entidades federativas que requieran contar con tarifas bajas de energía eléctrica, para lograr con esto apoyar al mayor número de usuarios sin necesidad de que se tenga que realizar ningún tipo de gestión para obtener dichos beneficios.
Compañeras y compañeros diputados, atendiendo responsablemente el reclamo de los mexicanos en relación de impulsar iniciativas que les permitan elevar su calidad de vida como lo es la reducción de las tarifas de energía eléctrica, y como parte integral de nuestra agenda legislativa que además observo no es una demanda exclusiva de Acción Nacional ni de Veracruz ni del distrito al que orgullosamente represento, sino que es una demanda nacional, un reclamo generalizado que todo México espera sea atendido, me permito invitarlos muy respetuosamente a que les cumplamos a los millones de ciudadanos a los cuales representamos, quienes tienen depositada su esperanza en nosotros para tomar un respiro por fin en su economía.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica para quedar como a continuación dice.
Artículo 139. El Ejecutivo federal deberá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para grupos de usuarios del suministro básico, considerando las condiciones particulares de los municipios a partir de los factores de sensación térmica y de los indicadores socioeconómicos de sus habitantes con el propósito de apoyar el interés del usuario final, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la Comisión Reguladora de Energía. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Energía para dictamen. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Isaías González Cuevas...
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde a curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ah, perdón. Sonido, por favor.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Presidente, sí, para adherirme a la iniciativa que acaba de presentar nuestro compañero diputado, pero levantando la voz a favor de los productores de manzanas del país y sobre todo de Chihuahua, ya que las altas tarifas de electricidad que tienen en el almacenamiento, resulta que los pone en desventaja con la manzana americana, ya que los americanos tienen prácticas desleales...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, adhesión es adición, no es, no, no, no, la ley y el Reglamento. Salúdeme a los manzaneros de Chihuahua, por favor, y tome asiento.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Por supuesto levanto la voz por ellos, por supuesto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Claro, para que te oigan. Gracias.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Claro, gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Isaías González Cuevas: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con toda atención hoy vengo a presentar la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para efecto de impulsar en forma real, el poder adquisitivo de los trabajadores de México.
Hay que reconocer el esfuerzo que realizan diariamente los trabajadores para que la economía y la sociedad funcionen armónicamente y tengan a su alcance bienes y servicios para la realización de la vida diaria, destacando la creatividad, el esfuerzo que hacen los trabajadores del campo, los de la manufactura, los transportistas, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, los que nos suministran energía eléctrica, combustibles, prestadores de servicio, profesionistas y todos los trabajadores de México.
Por años se ha ratificado anualmente el procedimiento de fijación de los salarios mínimos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en una disputa eterna, en la que los trabajadores demandan aumento y los empleadores litigan su disminución en donde casi siempre los trabajadores sacan la peor parte.
Diversos argumentos se han utilizado para que el salario tenga el nivel que debiera. Rara vez se han considerado los argumentos que los trabajadores han venido expresando con justas razones, factores como la inflación, el elevado costo de los productos de primera necesidad, la disminución real del salario debido en parte a la falta de prestaciones sociales que las empresas ya no pueden deducir y que recientemente la bancarización de los salarios permitiendo a los bancos el manejo del dinero de todas las nóminas del país, sumando las altas comisiones bancarias y seguros que imponen de manera arbitraria e inconstitucional, lucrando además con las necesidades ofreciendo créditos con altas tasas de interés.
Por todas estas cuestiones que constituye la realidad y afecta y merma la calidad de vida y cotidiana de los trabajadores, hoy vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 557, 561, 570 y 573 de la Ley Federal de Trabajo que a efecto de que la Comisión de Salarios Mínimos establezca anualmente una relación de precios de los productos esenciales que no deben de faltar en la mesa de los trabajadores para que se mantenga inamovible durante el mismo lapso en que se fijan los salarios mínimos.
Es una reforma sencilla, es cuestión de que se tenga conciencia que es un elemento más, un componente más para hacer efectivo el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero también tiene un profundo impacto social, y que obligará a la Comisión de Salarios Mínimos en los hechos, cumpla su objetivo de que la determinación de los salarios mínimos, en este caso también fije los precios de la canasta básica y otorgue el derecho al trabajador de una vida digna.
La Comisión de Salarios Mínimos debe ser un instrumento que fortalezca los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y trabajadores, establecidos en el artículo 123 constitucional, y lo establecido en los convenios de la OIT que nosotros apoyamos.
La CROC también compartimos los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en los que México se comprometió a combatir el hambre, la pobreza, promover los derechos humanos y particularmente el objeto número 8, que también adoptamos para impulsar el trabajo digno y decente, que establece empleo, derechos, diálogo, seguridad social y salario digno.
La aprobación de esta iniciativa y su implementación será un componente más para fortalecer el poder adquisitivo del salario, garantizando al trabajador y a su familia que cuando menos cuente una dieta suficiente, necesaria para su desarrollo.
Esta propuesta garantiza lo que ya tenemos establecido en nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo y también en los convenios de la OIT que he citado y en la Agenda 2030 que hemos adoptado.
Compañeras y compañeros diputados, les pido de manera más atenta el apoyo para la presente iniciativa, que seguramente nos dará a todos la satisfacción de haber cumplido con los trabajadores, garantizando que su esfuerzo y su lealtad a la patria sean correspondidos desde esta representación nacional, que reconoce a los trabajadores su función diaria de mover a México. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. Ruego a las diputadas y a los diputados tomen su asiento con objeto de verificación de quórum. Por favor.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, buenas tardes. Con fundamento en los artículos 6o., numeral 1; artículo 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparezco ante ustedes convencido de que la cuarta transformación debe tener en el centro de atención a todas y todos los ciudadanos, donde es fundamental replantear los derechos bajo una visión moderna que responda a la realidad y problemática actual para garantizar su protección efectiva.
En Encuentro Social sabemos que hoy en día no podemos concebir a un ciudadano desvinculado del consumo. Diariamente adquirimos o utilizamos productos, bienes y servicios para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Es hasta imposible ejercer nuestra ciudadanía y nuestros derechos humanos si no somos consumidores.
Al respecto, el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobada en diciembre de 92, reconoce como principios básicos relacionados con el consumo a la protección de la vida, la salud, la seguridad, la educación, entre otros. Sin embargo, en nuestro marco jurídico no está consagrado el consumo como un derecho, lo cual deja una clara desventaja y nula protección a los ciudadanos y ciudadanas.
Esto se refleja en las cuantiosas denuncias que cada año se realizan ante Profeco y Condusef. Es decir, el Estado no tutela ni garantiza los derechos del ciudadano como consumidor. De ahí que se requiere de la denuncia de un consumidor para la intervención de la autoridad administrativa.
Cuando alguien denuncia, la resolución es únicamente sobre el quejoso. Bajo esta lógica, las sanciones, si es que existen, son siempre menores. Con esto nos damos cuenta que las malas prácticas están normalizadas con un cálculo de costo-beneficio en favor siempre de las empresas. Estos no son errores casuales ni aislados, sino una forma de robo o fraude, donde las víctimas siempre son los consumidores.
Para acabar con estas prácticas debemos por mandato de ley garantizar el derecho de la colectividad y no solo del quejoso.
Si el Estado asume la tutela de los consumidores, cuando se identifiquen malas prácticas comerciales se podrá obligar a la reparación del daño de todas las víctimas, no solo de una persona.
Ante este escenario, resulta imperativo elevar a rango constitucional los derechos del ciudadano en su calidad de consumidor, toda vez que estos son vehículos sociales de protección general, vinculados a los derechos sociales, económicos y humanos.
Recordemos, compañeras y compañeros, que proteger los derechos de las y los ciudadanos en su calidad de consumidores, es proteger su derecho a mejores condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Es combatir también la corrupción e impunidad, corrigiendo así las asimetrías que existen entre las grandes empresas y los ciudadanos, consolidando las bases para un México más justo.
Por lo anterior expuesto y con fundamento se somete, y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo y tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 28, párrafo segundo. En consecuencia, la ley castigará severamente a las autoridades, perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de los artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios.
Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales o comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia de la competencia entre sí o para obligar a los ciudadanos consumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Párrafo tercero. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de estos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de precios.
El Estado establecerá las normas y las garantías para el goce, ejercicio y la protección de los derechos ciudadanos en su calidad de consumidor, para lo cual la ley propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
Por un México libre, con justicia, dignidad e integridad. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Santiago González Soto: Con la venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas, vamos acabando con el saqueo de nuestro patrimonio nacional a través de las concesiones leoninas de autopistas y carreteras.
A nombre del grupo legislativo del Partido del Trabajo vengo con el propósito de regular la vigencia de los plazos máximos establecidos en las concesiones y permisos en la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de caminos y puentes en la actualidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entidad responsable de estas concesiones, ha otorgado concesiones de manera descarada por 45 y 60 años.
Queremos hacer del conocimiento de este pleno que este artículo 6o. se instituyó cuando los plazos máximos en la vigencia de las concesiones carreteras no consideraban periodos mayores a 15 años, lo que permitía a la entidad contratante que al existir motivos y causas debidamente fundamentados, la duplicidad de la vigencia de concesión originalmente contemplada en ningún momento rebasaba los 30 años que se hayan establecido en el artículo 6o., párrafo tercero de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y tuvo su funcionalidad hasta el año 2002, cuando el señor Vicente Fox modificó este artículo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijó una vigencia mínima de 30 años en las concesiones de carreteras, autopistas y puentes, lo que ha ocasionado que en la actualidad se tengan concesiones carreteras de 45 y 60 años.
En la comparativa de las concesiones se puede apreciar que la SCT, argumentando la falta de claridad del mencionado artículo 6o., párrafo tercero de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, ha permito el establecimiento de hasta 60 años de plazo en la concesión otorgada, causando con esas acciones un incalculable daño patrimonial al erario público de la nación.
Con el objeto de evitar que las entidades federativas continúen otorgando a su criterio estos excesivos plazos concesionarios, y que para que el tiempo de vigencia del título concesionario esté más acorde al tiempo de vida de la obra es por lo que proponemos a consideración de este pleno la siguiente propuesta de modificación al artículo 6o. de la ley. Que las concesiones se otorgarán hasta por un plazo que no exceda los 40 años y no podrán prorrogarse, bajo ninguna circunstancia, hasta que se haya cumplido la quinta parte de la vigencia de las mismas. A fin de que la prórroga pueda ser considerada el concesionario deberá haber cumplido con las condiciones impuestas en el título de concesión.
Con esta propuesta legislativa el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acerca el poder a la gente, permite que los ciudadanos determinen en beneficio de los mexicanos el tipo de obra que realmente le beneficie y no como por desgracia ha ocurrido, que se construye solamente para llevarse una comisión o moche, sin importar las reales necesidades de las comunidades. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Alan Jesús Falomir Saenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alan Jesús Falomir Saenz: Con su venia, señor diputado presidente. México se encuentra ubicado en una situación geográfica privilegiada en muchos sentidos. Sin embargo, esta misma condición lo coloca también en riesgo frente a diversos fenómenos naturales y meteorológicos ante los cuales debemos hacer frente.
Además, la dinámica de crecimiento de nuestra población nos obliga a la implementación de protocolos, esquemas y planes de prevención de desastres para minimizar los efectos negativos de esos eventos.
En esa lógica es necesario que los municipios y entidades federativas tengan una coordinación interinstitucional en un espacio de actuación, al que mucho se le debe pero poco se le reconoce y apoya. Me refiero particularmente a las corporaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de nuestro país. Son héroes anónimos a los cuales el Estado mexicano no ha dado el reconocimiento y valor que se merecen y que es necesario en todos los sentidos.
Los bomberos mexicanos tienen una gran historia que nace en 1524, en la época colonial, cuando recién se fundó la Ciudad de México. En esa época se elaboraron una serie de lineamientos donde se establecieron las primeras ordenanzas para los bomberos.
El 22 de agosto de 1873 fue creado el primer Cuerpo de Bomberos de México en el Puerto de Veracruz, y contaba con tan solo 8 integrantes. Desde 1956 en esta fecha se celebra el Día del Bombero.
Los bomberos son los héroes más importantes que existen en el mundo. Sus funciones no sólo son apagar incendios, sino también ayudar en desastres naturales como inundaciones y terremotos, rescates en accidentes carreteros, en las alturas, bajo los escombros y en fugas de gas, entre muchas más tareas de las cuales son extremadamente difíciles y peligrosas.
Muchos de estos héroes son voluntarios, no cuentan con el equipo suficiente para realizar su trabajo y no poner en peligro sus vidas, además de percibir salarios que los obligan a tener otro empleo o actividad económica.
En México existen alrededor de 14 mil bomberos, de los cuales poco más de 4 mil son voluntarios, tal como lo informó el presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos para el diario MVS Noticias.
En Argentina, por ejemplo, según un informe del diario El Clarín, a finales de 2016 se tenía un registro de poco más de 43 mil bomberos voluntarios, 7 mil de ellos mujeres, en casi 900 cuarteles en todo el país, con un salario promedio mensual de 16 mil pesos mexicanos al mes. Mientras que los bomberos en Estados Unidos reciben un salario mensual aproximadamente de 60 mil pesos mexicanos, cuando en nuestro país pueden llegar a ganar un máximo de 10 mil pesos mensuales.
Lo verdaderamente injusto aquí, es que quienes ponen en mayor peligro su vida y rescatan tanto a personas como a animales, reciban como salario una cantidad que resulta insultante. Además, por dar ejemplos, un traje de bombero puede llegar a costar hasta 25 mil pesos, mientras que las unidades móviles cuestan alrededor de entre 15 y 25 mil dólares, por lo que para apoyar a comprar o reparar equipos, los bomberos mexicanos tienen que hacer diferentes actividades como colectas o buscar apoyos de representantes privados para subsanar dichas necesidades.
Debería ser un hecho de dignidad que los bomberos reciban el mejor equipamiento y la mejor capacitación para mejorar sus capacidades y su desempeño en esta importante labor social.
Actualmente los bomberos en casi todas las entidades federativas no cuentan con personalidad jurídica, ni son reconocidos en otras tantas legislaciones locales, salvo en entidades como la Ciudad de México que cuenta con la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal que data del año de 1998, o la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del gobierno del estado el mes de agosto de 2018. Además, que existen casos como el de Nuevo León, donde es una asociación civil la que se encarga de dar el servicio de bomberos en todos los municipios del estado.
Por ello es necesario proponer que otra de las funciones en servicios públicos de los municipios en nuestro país sea la organización, atención y apoyo a los bomberos en aquellos municipios que cuenten con un cuerpo de bomberos independientemente de su número de integrantes.
Que tengan visibilidad en la legislación para que las entidades federativas destinen no sólo recursos en sus presupuestos, sino la obligación de desarrollar un programa integral para reconocerlos en la legislación local y crear las condiciones para que en el corto plazo se sienten las bases para una Ley General de Bomberos en México.
Es por ello que esta iniciativa propone no sólo visibilizar a este grupo de hombres y mujeres que ofrecen la vida para salvar a alguien en riesgo, sino también como un reconocimiento urgente a dar certeza jurídica, económica y social, así como su accionar y garantizar que la sociedad mexicana merece y necesita –ante los recientes fenómenos naturales y antropogénicos– los servicios de un cuerpo heroico de bomberos como un servicio público del municipio con apoyo de los gobiernos estatales y federal, así como de la sociedad civil organizada.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue el artículo 115 en la fracción III.
Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
h). Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, Policía Preventiva Municipal, Tránsito y Cuerpo de Bomberos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Con su permiso, presidenta. Las vías de comunicación son elementos fundamentales para el desarrollo de un país ya que permiten el traslado de personas, mercancías a través de territorio nacional.
Las funciones que cumplen los medios de transporte no se limitan únicamente a permitir el tránsito de pasajeros o mercancías, sino que trascienden a tal nivel que el cuidado y ampliación de su infraestructura se convierte en un factor primordial para el fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas y políticas del país.
La red carretera permite, ente otras cosas, que se atiendan emergencias de manera rápida, dado que los tramos bajo la jurisdicción federal abarcan la mayor extensión, contando con conexiones a comunidades en todo el país para la atención de siniestros en los caminos como la atención de pacientes que requieran ser trasladados de un lugar a otro.
Un factor que es pertinente tomar en cuenta es que dada la longitud de la red carretera, así como la dinámica social y económica que en ella se desarrolla, es de considerarse que por la cantidad de viajes que se realizan, aumentan las posibilidades de accidentes vehiculares como de cualquier otro tipo de incidentes.
En el caso de nuestro país, el Inegi publicó un comparativo basado en las cifras más recientes de la OMS, que arrojó el promedio de víctimas mortales a nivel mundial en donde por cada 100 mil habitantes el promedio es de 16.5 personas en el año 2013.
En este caso México se ubicó en el lugar 112 de 179 países, con 12.3 víctimas mortales por cada 100 mil habitantes.
En el Anuario Estadístico de Accidentes de Carreteras Federales 2017 que registra las estadísticas más relevantes de accidentes en la Red Carretera Federal, se estableció un total nacional de 11 mil 883 colisiones, de las cuales la mayoría se concentra de manera constante en los estados de Veracruz, Chiapas y Guanajuato, mismas que agrupan 2 mil 628 colisiones y un saldo de 571 fallecidos.
De acuerdo a este documento, las carreteras que registran el mayor número de colisiones vuelven a ser las mismas que en los últimos años, siendo estas la Puebla-Córdoba, México-Querétaro y Querétaro-San Luis Potosí, al acumular 875 colisiones las cuales dejaron un saldo de 188 personas fallecidas y 499 lesionadas.
Es derivado de lo anterior que se requiere toman en cuenta que, debido a la alta incidencia de accidentes automovilísticos en la Red Carretera Federal, así como en las vías automovilísticas contiguas, se requiere del establecimiento de acciones específicas para que los servicios de emergencia puedan llegar de manera oportuna al lugar del siniestro.
De esta manera el libre desplazamiento de vehículos auxiliares ha sido considerado dentro del diseño de políticas públicas para casos de emergencia tal y como se asienta dentro del acuerdo por el que se emite el Compendio Operativo para Plazas de Cobro 2016, en el cual se define la exención de pago de peaje para cierto tipo de vehículos, mismos que deben ser utilizados para el servicio a la comunidad.
Este acuerdo señala que los vehículos que quedan exentos de peaje son las ambulancias, Semefo, Bomberos, Policía Federal, Policía Local, Fuerzas Armadas Nacionales, Ángeles Verdes, Capufe y transporte de indocumentados.
Tomando en cuenta estos elementos, si bien el documento referido expone con claridad el tipo de vehículos que tendrán exención de peaje en las casetas de cobro de las carreteras federales, es necesario hacer la precisión dentro de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en razón de clarificar su contenido.
Consideramos necesario determinar en la ley la exención de peaje a las casetas de cobro de carreteras federales para vehículos de emergencia por el servicio que prestan a la comunidad, trasladándose a los lugares donde ocurran accidentes con la finalidad de brindar atención a los involucrados.
De esta manera, tendremos la certeza que la exención del pago de peaje se mantenga permanentemente sin que los cambios en el diseño de políticas públicas en posteriores administraciones modifiquen esta disposición. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez, para presentar iniciativa con punto de decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior.
La diputada Ana Lucía Riojas Martínez: Muchas gracias, presidenta. Agradezco la cortesía del Grupo Parlamentario del PRD, que nos cedió este espacio para poder presentar la iniciativa.
Compañeras diputadas, estoy aquí para hablar de la guerra que desde hace 12 años padecemos, pero que desde hace seis, en las calles, una generación ha salido a pedir que se termine.
Por fin esa generación tiene representantes aquí adentro para denunciar las atrocidades que dieron como resultado la Ley de Seguridad Interior y dar la batalla, ahora desde esta trinchera.
Muchas de las voces que se opusieron a la aprobación de dicha ley hoy están aquí. Tenemos una oportunidad que no podemos dejar pasar. Hace seis años nos movía la impotencia y el dolor que generaba la cifra 120 mil muertos.
Salimos a las calles porque queríamos memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición para las víctimas de la guerra contra el narco. Queríamos recuperar la paz, sabíamos que era urgente detener la proliferación de cárteles, la consolidación de narcogobiernos y no queríamos perder a ni una persona más.
El Estado condenó al silencio, olvidó los dolores y siguió adelante, sordo y ajeno. Aquí estamos, seis años después, ante el escenario más descarnado de la realidad del país, viviendo la guerra más larga, violenta y dolorosa de nuestra historia. El dolor y la frustración calen profundamente, pero ya no son un extraño enemigo, son parte cotidiana de vivir aquí, y para algunos es el estado natural del país en el que les tocó nacer.
Les pido que no olvidemos a todas las personas que han perdido la vida para que nosotras pudiéramos llegar a este momento, a las desaparecidas y desparecidos políticos de las luchas armadas, de las décadas de los setenta y ochenta, a los sindicatos que se opusieron siempre a ser sometidos por el régimen, desde el médico hasta el magisterio disidente.
No olvidemos a las militancias del PAN, del PRD, de los partidos comunistas, a las y los combatientes del EZLN, a sus bases y militantes, no olvidemos a las víctimas de esta guerra que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nos dejan.
No olvidemos a las madres y padres de las desaparecidas y desaparecidos que no dejan de buscar a sus hijas e hijos, a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que incansablemente encuentran cuerpos en fosas clandestinas, a las miles de mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. A las y los migrantes centroamericanos que a quienes el tránsito por nuestro país les cuesta la vida, como en San Fernando, Tamaulipas.
A los 43 estudiantes dela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. No olvidemos Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán. No olivemos a Daniel, a Marcos ni a Javier. No olvidemos a Jorge Antonio ni a Javier Francisco, estudiantes asesinados por militares en el Tec de Monterrey, porque los más de 30 millones de votos que nos trajeron aquí son el resultado de un Estado en descomposición, el resultado de la frustración de un país ante la corrupción rampante de las élites políticas y los grupos de poder. Pero también son el resultado de la esperanza de millones que creen que otro país es posible.
Esta legislatura y la nueva mayoría tienen un reto mayúsculo, toda la legitimidad, pero todas las cosas por hacer. ¿Cómo es que arreglamos un país roto, cómo es que regresamos a las personas la alegría cotidiana, cómo reparamos los daños, cómo materializamos la exigencia de verdad, memoria y justicia? ¿Cómo hacemos para que todas las personas que hoy no creen en esto, vuelvan a confiar?
Los últimos 12 años de guerra se han llevado a 250 mil de nosotras y nosotros, les llaman daños colaterales, les dijeron a sus familias que se merecían morir por andar metidos en algo. Este es el resultado de una equivocada estrategia de combate al crimen organizado o al menos eso nos han dicho.
Hoy vivimos entre fosas, con miles de madres destrozadas que han tenido que asumir las responsabilidades de un Estado omiso y cómplice. Nada se ha hecho para acabar la guerra, se abrió fuego cruzado que no cesa, que no resuelve, que no repara, que solo mata y ensordece. Con mentiras históricas le han apostado el olvido, pero quiero creer que esta será la legislatura de la memoria.
Así como la comandante Esther dijo en esta misma tribuna que lo único que queremos es un México en donde no quepan más injusticias, asimismo yo, con las proporciones debidas, les vengo a decir que debemos hacer lo necesario para que estos dolores dejen de desbordarnos. Por eso, compañeras, es que nosotras proponemos abrogar la Ley de Seguridad Interior.
Este recinto ha ignorado sistemáticamente todas las recomendaciones que se han hecho desde instancias internacionales y nacionales. Ha ignorado a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos de familia que piden que se retire de las calles a las Fuerzas Armadas, y se tomen las medidas necesarias para transitar a un nuevo modelo de seguridad, uno con participación ciudadana desde abajo, que fortalezca las policías civiles y en el que seamos todas quienes construyamos la paz.
La Ley de Seguridad Interior normaliza la violencia, no construye la paz. Mientras preparaba estas líneas recordé algunas de las grandes intervenciones que se dieron en el Senado para tratar de impedir la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior: Juan Carlos Romero Hicks. De ti escuchamos una férrea oposición a esta Ley, apelando a la dignidad y autonomía de nuestro federalismo.
Mario Delgado. Tú, en tu tiempo, lo usaste para dar voces a colectivos como Seguridad sin Guerra y advertiste que nuestro país caminaba peligrosamente sobre la cuerda floja del autoritarismo militar.
Honren su palabra y regresemos el Ejército a los cuarteles. Les pido que escuchemos el reclamo de las víctimas y echemos atrás esta Ley tan peligrosa. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.
Esta Presidencia ratifica que la iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución, que leyó el diputado Alan Jesús Falomir Saenz, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, iniciando la tercera ronda de presentación de iniciativas, la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.” Tiene la palabra la diputada Brenda Espinoza López.
La diputada Brenda Espinoza López: Con su venia, diputada presidente. Mejor morir de pie, que vivir toda una vida arrodillado. General Emiliano Zapata.
La tierra volverá a quienes la trabajan con sus propias manos. Frase que la mayoría de los luchadores sociales conocemos y que, a partir del primero de julio adquiere una gran relevancia, ya que los gobiernos hacían que no oían y mucho menos escuchaban.
Ante los reclamos de la población por la carencia, la precariedad, el cacicazgo y el hartazgo de un régimen político antisocial, entre muchos otros factores, empezaos una cuarta transformación. Pero debemos recordar a los hombres y a las mujeres que han luchado por las libertades, de las cuales gozamos el día de hoy. Sería injusto no recordarlos, no rendirles tributo.
Soy una mujer joven, orgullosa de mi México, de mi tierra, de Morelos, cuna de uno de los hombres la cual la historia lo ha puesto no solo en letras de oro dentro de este recinto, sino en el corazón y la mente de hombres y mujeres que el día de hoy siguen luchando por todo lo que para ellos es justo, me refiero al general Emiliano Zapata Salazar.
Mucho se ha dicho y se ha escrito a través de estos casi 100 años de su muerte, como de muchos otros próceres de nuestra historia. Por lo tanto, sería un despropósito pensar que en cinco minutos se puede hablar de sus logros y de su lucha, inspirador de la gente, líder natural, luchador social, con ideales firmes, sumó gente a su ejército en principio por el odio a los cacicazgos y por un ansia de justicia por la tierra y libertad.
El Plan de Ayala, proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre de 1911, escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, firmado el 25 de noviembre del mismo año, expuso los objetivos de la rebelión agraria, de los zapatistas, restitución de la tierra usurpada a los pueblos durante el porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados, previa indemnización.
General, patriota, guerrillero, que peleó con gran lealtad por defender su patria o suelo, reza uno de los tantos corridos que le fueron escritos. Hombre y charro, de una sola pieza, al que debemos seguir exaltando su nombre y rendir tributo a su lucha y lo que significa en la actualidad, también conocido como el caudillo del sur.
Fue uno de los líderes más importantes durante la Revolución Mexicana, estando al mando del Ejército Libertador del Sur, Zapata se convertiría en un símbolo de los campesinos desposeídos, tras morir el 10 de abril de 1919 en una emboscada en la Hacienda de Chinameca Morelos, a los 39 años.
Por eso, vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto para que se declare, a 100 años de la muerte de mi general Zapata, el año 2019 como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.
Por lo tanto, que a partir del primero de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, se escriba esa frase en toda la correspondencia oficial del estado de Morelos y no solo eso, para que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, los organismos descentralizados y las demás secretarías establezcan un programa de actividades para dar relevancia a este hecho. Todo esto con un fin de honrar y reconocer su lucha que mucho ha ayudado a este gran país.
Compañeros y compañeras diputados, conciudadanos, México le debe más al general Zapata. Exaltemos su nombre, rindamos tributo, recordémoslo, leamos sobre él.
Esta cuarta transformación es pacífica, pero hombres como él derramaron su sangre por nosotros, por lo que ahora tenemos y gozamos, y debemos seguir luchando por la justicia.
Y, por último, quiero aprovechar en esta tribuna la oportunidad para decirles a los jóvenes y a los ciudadanos del estado de Morelos y del país, que en esta cuarta transformación no están solos, que la lucha sigue y sigue. Que viva Zapata. Que viva Morelos y que viva México. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Elías Lixa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Muchas gracias, presidenta. Diputadas y diputados, atrás las campañas y de cara a cada ciudadana y ciudadano de país hoy es tiempo de definiciones. Lo que ayer fueron promesas de campañas hoy tienen que traducirse en hechos y resultados.
Nosotros nos definimos porque las familias que menos ganan puedan tener más dinero en sus bolsillos.
Siendo francos, muchos de los que hoy tenemos el honor de estar aquí lo estamos en gran medida porque ofrecimos en campaña a nuestros electores que lucharíamos por la economía de sus familias.
Haciendo honor a nuestra palabra, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PAN hoy presentamos la iniciativa para reformar los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para eliminar este impuesto a quienes menos ganan. Es decir, que todos los que ingresan menos de 10 mil 300 pesos al mes tengan tasa cero en sus impuestos.
Tras la tóxica reforma hacendaria de 2013, que advertimos sería dañina para la economía, se produjo una severa pérdida en el poder adquisitivo de la gente. Se ensancharon las estructuras gubernamentales, es decir, el dinero extra que recaudó el gobierno sirvió para generar más burocracia, sin que esto se viera reflejado en obras y servicios para los ciudadanos. Únicamente sirvió para confirmar las palabras de Carlos Castillo Peraza, que aseguró que burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil.
Hoy proponemos cambiar la perspectiva de la política fiscal, para cambiarla de la visión gubernamental a la visión ciudadana. Por eso hoy presentamos esta iniciativa que tiene como base una propuesta del Imco, en 2017, que pretende beneficiar a 15.5 millones de ciudadanos que perciben menos de 10 mil 300 pesos al mes, 15.5 millones de mexicanos que representan 3 de cada 4 trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE, pero que, en contraparte, solo aportan el 8 por ciento de la recaudación del gobierno en este rubro.
Por lo tanto, eliminar este impuesto tiene como primera meta, como primer objetivo que estas familias puedan tener ese dinero en sus bolsas, ya que para el gobierno no es representativo y sí para las familias puede cambiar en mucho los conceptos de vida digna, de adquisición de vivienda. Y por supuesto de ahorro, que es un problema grave y que genera crisis en el país.
También es cierto que esta iniciativa persigue combatir el mercado informal, ya que 56.5 por ciento de la población activa económicamente está en un trabajo informal. Es decir, no tiene prestaciones legales. Con esto podríamos lograr que se generen esquemas más amigables y, por lo tanto, inclusión en el mercado formal de 29.5 millones de trabajadores en el país.
Poniendo en perspectiva, de estos 15.5 millones de habitantes que perciben este ingreso, supongamos que uno gana 9 mil 500 pesos al mes, paga de impuestos el 10 por ciento. Es decir que con esta iniciativa estaría ganando más de un mes de lo que percibe actualmente, 11 mil 400 pesos más. Más del doble de lo que representa hoy la prestación del aguinaldo.
Durante las campañas la gran mayoría de quienes hoy somos representantes populares aseguramos que estaríamos del lado de la economía familiar. Llegó el momento de demostrarlo. Quienes respaldamos esta iniciativa lucharemos para que las familias que menos ganan tengan más dinero en sus bolsillos y que no sea mañana el gobierno el que les pida conformarse sólo con frijol y gorgojo.
En tiempos en los que como nunca México exige claridad en nuestras posturas, demos un paso sin pretextos para que las familias mexicanas puedan ganar más para que a México le vaya mejor. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
Esta Mesa Directiva saluda la presencia de los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad de Monterrey, Invitados por la diputada María Guillermina Alvarado Moreno. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Salud.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Galindo Favela: Compañeras y compañeros diputados. En los años 90 se llevó a cabo el proceso de descentralización de los servicios de salud, para tal efecto la federación transfirió a las entidades federativas los recursos materiales y financieros y humanos que permitieron dar cumplimiento a este mandato constitucional.
En 1998 con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal se creó el fondo de aportaciones a los servicios de salud, el cual contempla los recursos federales que son transferidos anualmente a las entidades federativas para apoyarlas en el ejercicio de las atribuciones que por ley les competen.
En el 2003 se reformó la Ley General de Salud dando origen al Sistema de Protección Social en Salud, a fin de brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social y establecer las bases legales para garantizar el acceso a los servicios sin desembolso alguno y sin discriminación.
A la fecha se han detectado dificultades en la elaboración de las diversas nóminas de salud a cargo de las entidades federativas. Por ejemplo, se han encontrado nóminas de personal financiando con recursos del fondo en las que se identificó la inexistencia de resúmenes contables, del número de pagos realizados y del importe total pagado por concepto de percepciones y deducciones. De igual forma, es carece de información sobre trabajadores regularizados, eventuales, honorarios y homologados.
Un problema recurrente en el renglón de servicios personales, es la falta de información clara, detallada y oportuna de las plantillas del personal que se paga con recursos del sistema de protección social en salud, que atiende lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La problemática analizada incluye la carencia del pago de prestaciones establecidas en la ley que ha obligado a la federación a llevar a cabo una serie de programas para regularizar esta situación en beneficio de los trabajadores, utilizando recursos para este fin que pudieran ser destinados para atender otras carencias sociales.
Lo anterior, hace evidente la necesidad de que la federación y las entidades federativas unan sus esfuerzos para generar un control administrativo adecuado, tanto de las plazas, que la primera transfirió a las segundas, así como de aquellas que son contratadas con recursos provenientes del sistema de protección social en salud.
Con esta iniciativa se pretende hacer eficiente el ejercicio de los recursos federales destinados al pago de los servicios personales para la prestación de los servicios de salud, reorganizar los procesos para el pago de la nómina, aminorar la carga administrativa que para las entidades federativas significa este rubro, así como prevenir las recurrentes observaciones de los órganos de fiscalización en esta materia.
Por lo anterior, se considera necesario modificar los términos y condiciones bajo los cuales se transfieren los recursos federales a las entidades federativas por concepto de servicios personales.
La iniciativa que se propone a su consideración modifica la Ley de Coordinación Fiscal mediante la creación del fondo de aportaciones para la nómina y gasto operativo en los servicios de salud en el Ramo 33, y su alcance contempla la consolidación de la remuneración de los servicios personales del propio Ramo 33 y del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con esta medida, además de hacer eficiente el gasto en las prestaciones del personal que labora en los servicios estatales de salud, se verán homologadas sin necesidad de que la federación tenga que establecer programas especiales de regularización, ya que cualquier contratación que no se ajuste a lo establecido en esta iniciativa correrá por cuenta y orden de la entidad federativa correspondiente.
La iniciativa es respetuosa de la soberanía de las entidades federativas como responsable de los servicios de la atención médica, y en consecuencia como patrones del personal que prestan los mismos al mantener bajo su competencia el manejo de los recursos humanos y del personal que labora en las unidades médicas a su cargo.
Así, las entidades federativas serán apoyadas con cargo al fondo de aportaciones para la nómina y gasto operativo de los servicios de salud administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con recursos económicos complementarios a los que originalmente corresponde aportar a las entidades federativas para ejercer las atribuciones en materia de salubridad general que establece la Ley General de Salud.
Asimismo, se propone que la Secretaría de Salud sea responsable de establecer, regular, coordinar y operar, así como mantener actualizado un sistema de información de trabajadores de salud el cual estará integrado, entre otros, por el Registro Nacional para las Estructuras Ocupacionales. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Emilio Manzanilla Téllez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y de Morena.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: “Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se están muriendo de hambre”. León Tolstói.
Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros, pueblo de México, la erradicación de la carencia alimentaria en la que se encuentran más de 6 millones de mexicanos es uno de los grandes fracasos de la administración que está por concluir.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Cruzada Nacional contra el Hambre no constituyó una solución estructural y permanente para atender el problema de la prevalencia de la pobreza alimentaria.
Por otra parte, el Informe Anual México 2017 elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, indica que a nivel nacional el 50 por ciento de las niñas y niños, adolescentes, están en situación de pobreza y el 20 por ciento de ese sector de la población está en situación de carencia alimentaria.
En ella radica la importancia de la iniciativa que hoy presento ante este pleno en virtud de que busca garantizar el acceso de alimentación escolar gratuita y universal durante la jornada escolar en los planteles de educación básica de nuestro país, para lo cual proponemos la adición al artículo 23 Ter a la Ley General de Educación.
La presente iniciativa tiene dos grandes vertientes: por un lado, busca erradicar la situación de carencia alimentaria de las niñas y niños que asisten a los planteles de educación públicos, con el objetivo de incrementar el rendimiento escolar.
Y por otro lado, busca contribuir a fomentar una alimentación equilibrada que ayude a prevenir los problemas de sobrepeso y obesidad. Actualmente en nuestro país, el programa Escuela Tiempo Completo, tiene un componente de servicio de alimentación que se ofrece a todas las alumnas y alumnos que asisten a la escuela, el servicio no tiene ningún costo para las familias, sin embargo, la cobertura de este programa únicamente alcanza el 3 por ciento del total de los planteles de educación básica.
A nivel nacional, países como Brasil, Honduras y Bolivia, han instrumentado una política igual que la que la que proponemos, estas experiencias internacionales no solo dan cuenta de los esfuerzos institucionales de estos países por garantizar la alimentación escolar universal en los planteles escolares, sino también muestran la viabilidad de instrumentar una política pública de esta naturaleza en México, a fin de asegurar los servicios de alimentación escolar, se ajusten a las necesidades de los planteles tales como infraestructura, población, ubicación geográfica y que se ofrezcan alimentos saludables acorde a los requerimientos nutricionales de los alumnos. La iniciativa plantea la creación del Plan Nacional de Alimentación Escolar.
Compañeras y compañeros, la carencia alimentaria entre la población infantil es un problema que es apremiante atender y ante lo cual los legisladores no podemos ser omisos ni indiferentes.
Una alimentación nutricional adecuada son aspectos fundamentales para la creación y desarrollo óptimo de nuestra niñez. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reiteramos nuestros compromiso con las niñas y niños de México, estamos convencidos que mejorar las condiciones de este sector de la población es un requisito indispensable para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria con oportunidades para todos. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Alberto Esquer Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley Federal del Trabajo y de la del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Alberto Esquer Gutiérrez: Gracias, diputada presidenta. Compañeros y compañeras diputadas y diputados, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la cultura es de vital importancia para el desarrollo de nuestro país y todos sus actores del medio cultural es fundamental para fortalecer el trabajo cultural en el país, en los estados y desde luego en los municipios.
Por eso el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano somete a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Seguro Social.
Proteger a los creadores culturales, actores, músicos, escritores, pintores, artistas no asalariados, constituye, además de garantizar sus derechos de seguridad social, garantiza la seguridad colectiva así como también la creación cultural y el enriquecimiento cultural de nuestro país.
Si queremos que los pueblos mantengan su identidad, mantengan su historia, mantengan su cultura, debemos de construir actores, debemos de construir condiciones políticas, culturales en nuestro país para así hacerlo.
Su servidor viene de una tierra de grandes artistas, de la tierra de Clemente Orozco, de la tierra de Juan José Arreola, de la tierra de Consuelito Velázquez, tierra de artistas nacionales donde por la falta del apoyo y la identidad a los artistas, se puede perder esta gran historia de este gran legado.
En ese mismo sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano debemos y queremos procurar y asegurar la preservación de la memoria de la historia y de la protección de los inmuebles culturales, como museos, teatros, edificios históricos que constituyen y forman parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Por eso el día de hoy proponemos reformar la Ley General de Cultura, la Ley Federal del Trabajo, para garantizar acceso y seguridad social a los artistas, a sus familias y además que la comunidad cultural pueda tener derechos especiales que hoy no están reconocidos en nuestras legislaciones.
Segundo. Planteamos establecer y destinar por lo menos el 1 por ciento del Presupuesto de Egresos a la cultura. Un compromiso que los diputados de Movimiento Ciudadano hemos asumido para promover la infraestructura, la identidad y todo el tema cultural con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tercero. Proponemos incluir obligaciones para que la debida protección y conservación de los recintos culturales del país puedan estar totalmente resguardados y cuidados como un patrimonio cultural en todo el país.
En Movimiento Ciudadano confiamos que estas propuestas tendrán eco en este grupo parlamentario y en todos los grupos parlamentarios de este Congreso de la Unión, representado por los diputados y diputadas de todo el país.
Estoy convencido que, si todos sumamos esfuerzos en materia cultural, abonamos también al tema de la inseguridad, al tema de la formación, valores y principios de nuestros niños y niñas de nuestro país, y sobre todo también del legado de nuestros jóvenes en materia cultural.
Por eso exhorto a todos mis compañeros y compañeras diputados, que todos juntos demos una batalla para que los legados culturales de todos y cada uno de los estados, municipios y localidades que representamos en todo el país, se vea representado en el Presupuesto de Egresos, destinándole por lo menos el 1 por ciento del Presupuesto en materia cultural. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el principio de igualdad implica la exclusión de todo trato desigual que no pueda ser justificado a través de la ley.
Este Congreso se ha pronunciado a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en reiteradas ocasiones, prueba de ello es la agenda legislativa que se ha presentado en los últimos días, con ello se refrenda una vez más el compromiso de trabajar, desde el Poder Legislativo, para la construcción y modificación de leyes que nos permitan vivir en una sociedad donde las oportunidades sean las mismas para hombres y mujeres, una sociedad donde no exista la discriminación y que el género no sea un obstáculo para el ejercicio de los derechos.
México es un país que ha enfrentado en las últimas décadas un proceso de lucha que tiene como objetivo modificar conductas sociales y la ideología machista que tristemente sigue arraigada en el imaginario colectivo. Producto de esta lucha se han logrado mejorar condiciones a través de instrumentos normativos, como la expedición de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Ahora bien, debemos recordar que nuestra responsabilidad como legisladores es armonizar las normas jurídicas para hacerlas compatibles, compatibles con las disposiciones federales, los tratados internacionales y de esta manera evitar conflictos y dotarlos de eficacia.
Conscientes de esta responsabilidad, en el Partido Verde Ecologista de México creemos necesario actualizar la Ley del Seguro Social para que sus preceptos sean coincidentes con la realidad social que hemos estado buscando a lo largo de tantos años.
Una realidad en la que se considere a la mujer, pero también al hombre como sujetos de derechos iguales, con igualdad de condiciones. El derecho a la seguridad social puede entenderse como las medidas que establece el Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección de la salud, los cuales por su propia naturaleza deben de ser y estar al alcance de todas las personas.
Sin embargo, a pesar de múltiples reformas que se han hecho a la Ley del Seguro Social, aún cuenta con preceptos obsoletos originados por el contexto social que no corresponde a la actualidad, de manera específica me refiero a los artículos en los que se establece que cuando la mujer es la asegurada por el Instituto expresamente se imponen mayores requisitos a los hombres para acceder al seguro por enfermedad, por pensión, viudez, asignaciones familiares o riesgos de trabajo.
En estas disposiciones se establece, por regla general, que para que el esposo o concubino de la trabajadora pueda reclamar los derechos de la Ley del Seguro Social es requisito indispensable que compruebe que dependía económicamente de su esposa o concubina, carga que, por el contrario, no se está imponiendo a las mujeres.
Desde nuestra bancada estamos convencidos de que esta distinción es infundada y es injustificada. Por estas razones es que el día de ayer la bancada a la que pertenezco presentó la iniciativa con proyecto de decreto que pretende eliminar estas condiciones y generar condiciones de igualdad lisas y llanas.
Aprobar esta iniciativa no solo establece el derecho a hombres para acceder a los mismos beneficios otorgados por la Ley del Seguro Social, sino que a su vez reivindica los derechos de la mujer, evitando que se sigan perpetuando estereotipos tales como el asumir que únicamente es receptora y no proveedora de recursos.
La ONU plantea que los estereotipos de género son un problema global, por lo que combatir los problemas derivados de estos es una tarea que tenemos que resolver entre todos, como el Estado, la sociedad y desde luego, los niveles de la vida privada.
Para el Partido Verde es importante sensibilizar sobre la idea de que la búsqueda de la igualdad de género no es solamente un asunto de mujeres, es un asunto de derechos humanos.
Desde nuestro grupo parlamentario impulsaremos la aprobación de esta iniciativa y los invitamos y las invitamos a sumarse, eliminado diferencias en la ley y buscando la igualdad lisa y llana para todos los seres humanos. Por su atención, muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Adelante, diputado.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, los sismos de 1985 y 2017, al igual que otras fechas emblemáticas para este país, se encuentran grabados en la memoria de las familias mexicanas, ya que estos fenómenos significaron un parteaguas en sus vidas. Muchas de ellas sufrieron la pérdida de algunos de sus miembros, en otros casos la desaparición de familias completas.
El 19 de septiembre es una fecha que vive en nuestra memoria. En 1985 el país fue azotado por el más grande temblor del cual tengamos memoria.
Recordamos no solo los grandes hoteles derrumbados, edificios en unidades habitacionales, fundamentalmente en la zona de Tlatelolco. Mucho dolor, pero también se dejó ver la cara más sincera y consciente de todos los mexicanos. Eso, sin duda, fue un gran despertar de la sociedad civil.
El 19 de septiembre de 17, en la misma fecha, pero en distinta hora y poco después del macrosimulacro, otro temblor azotó al país. Las cifras, una vez más, fueron alarmantes y miles de personas perdieron su patrimonio y, a su vez, el hogar de sus familias.
Eso ha hecho que tengamos presente los mexicanos esta fecha, pero la efeméride del 19 de septiembre no debe pasar desapercibida y solo ser recordada como un día en el que el país cayó en desgracia, sino por el contrario, debe ser como el día en que la nación se unió en una sola causa.
Los esfuerzos fueron mayúsculos. Se recibió ayuda de todo tipo y de muchas latitudes. Fueron miles los voluntarios de todo el país, incluso extranjeros, que se movilizaron para demostrar que cuando la conciencia, la solidaridad y la unión en una gran nación se pueden enfrentar este y muchísimos más desastres.
Fueron también 27 los países que se sumaron a la ayuda. Hoy sabemos que a los mexicanos nada nos detiene, que aun con los embates de la naturaleza y otras externalidades nada nos divide. Los mexicanos somos uno y juntos somos capaces de lograr lo imposible.
El 19 de septiembre siempre tiene que ser recordado como el día en que México se hizo uno, que cuando todo mundo asumía que no nos levantaríamos lo hicimos con unión, con decisión y convicción.
Se habla de unidad nacional, de la nobleza del pueblo de México, de la grandeza de la patria. Sin embargo, no nos hemos pronunciado porque el Estado mexicano reconozca esta fecha como un día especial para la memoria y el corazón de todos quienes somos mexicanos.
Es fundamental que a nadie se nos olvide lo que vivieron miles de personas en esa fecha. Requerimos tener vigente que ante cualquier amenaza los mexicanos seguiremos siendo uno.
Las presentes y futuras generaciones deben recordar a los héroes anónimos, a todos aquellos que lograron demostrarle al mundo, aun en la tragedia, que México no dejaría de existir y que, sin distingos de clase, color o circunstancia, la unidad fue la que logró sacar al país.
En estas fechas y atendiendo a una iniciativa de la sociedad civil organizada, encabezada por el actor, director y productor de cine Kuno Becker, en este acto legislativo el Grupo Parlamentario de Encuentro Social que les pide a todas y cada una de las demás fracciones parlamentarias que se sumen a esta gran iniciativa, quisimos someter esta iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un numeral 13 Bis a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que el 19 de septiembre sea considerado como el Día de la Unión Nacional en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.
Que dios ilumine desde ahora a nuestra suprema nación mexicana. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación y de Población, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, diputado Fernández Noroña. Micrófono, para él.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Solo una moción de orden. Es muy respetable la creencia religiosa de cada quien, pero vivimos en un Estado laico, y pido que los compañeros diputados y diputadas guarden su creencia personal y respeten el Estado laico cuando hagan uso de la tribuna. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputada presidenta. El cambio democrático expresado en la participación ciudadana demanda un diálogo entre poderes horizontal, respetuoso, pero veraz, firme y cotidiano. Por ello y con la presente iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRD, aspira a enriquecer la información que la sociedad mexicana tiene derecho a recibir sobre el estado auténtico de la administración pública federal.
Con la reforma al artículo 69 efectuada en el 2008, se elimina la asistencia del presidente de la República a la apertura del primer periodo de sesiones del Congreso. Este cambio por sí mismo pudiera considerarse irrelevante, pero ante el evidente deterioro de las relaciones entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, esto viene a contribuir más a una falta de comunicación y el alejamiento de estos dos poderes en detrimento del quehacer público.
El que ya no tenga que venir a esta soberanía el presidente del país a presentar su informe, ha generado más perjuicios que beneficios, pues no sólo ha marcado una mayor distancia entre estos dos poderes, sino que además ha obstaculizado la colaboración entre los mismos y ha limitado el diálogo provocándose así el distanciamiento en una relación que debería de ser respetuosa y de entendimiento.
Considerando que el informe que presenta el Ejecutivo federal es un documento en el que se plasman datos reales, verdaderos sobre los resultados de las decisiones presidenciales, no debería ser excluyente del discurso que el presidente debe realizar de cara a los ciudadanos.
El Congreso mexicano debe evolucionar para configurarse como uno de los poderes esenciales de un sistema presidencial con características e instrumentos parlamentarios a donde el diálogo entre los poderes, la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo y la fiscalización de las tareas y del uso de los recursos públicos del Ejecutivo, deben fortalecerse.
La asistencia del presidente de la República más que un acto protocolario, es una forma que puede contribuir a reanudar la relación respetuosa entre estos dos poderes a tratar de entablar un diálogo que lleve a entendimientos y a acuerdos y a elevar sin duda el nivel de discurso político.
Necesitamos, como legisladores y representantes verdaderos del pueblo, seguir trabajando en mecanismos que transparenten el actuar de los poderes, en este caso particular, el que el Ejecutivo federal a razón de restablecer un mecanismo de control político y además de exigir capacidad, eficiencia y responsabilidad a quienes se les encomienda el gobierno de nuestro país, provean de los instrumentos legales para producir, en su caso, los cambios necesarios.
En esta iniciativa las y los legisladores del PRD proponemos reformar el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adicionar un segundo párrafo al mismo artículo, recorriéndose el segundo y tercer párrafo originales, al tercer y cuarto párrafos, a efecto de que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado, acuda al pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político y a entregar por escrito el informe de gobierno.
Y que en fecha posterior acuda a esta misma soberanía en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración federal, a exponer lo fundamental de su informe y sostener un intercambio de opiniones con la representación nacional.
Posteriormente a este acto, iniciará la glosa y el análisis del informe conforme a los artículos 69 y 93...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: ...de la Constitución. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día que son las proposiciones con punto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Presentará proposición con punto de acuerdo relativo a la obra de la garita centro en Mexicali, Baja California, con un punto de acuerdo suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: Compañeras y compañeros diputados, vengo de Baja California, donde inicia la patria, particularmente la capital del estado, Mexicali, Baja California, una de las principales puertas de nuestro país que recibe diariamente a millones de personas, mexicanos y extranjeros. Y que además, representa un sector económico muy importante, no solamente para nuestra ciudad, sino para nuestro país.
En esta ocasión me remito a la garita centro, que es la que nos ocupa. Una de las principales puertas de entrada, de importancia económica y de migración para nuestra nación.
Representa el desarrollo social y económico que ha detonado en que esa zona sea considerada de las más relevantes, medicamente, derivado de la alta concentración de instituciones médicas, hospitales, consultorios y farmacias que, junto con la zona de algodones, dejan una derrama económica para nuestra ciudad superior a los 200 millones de dólares anuales. Y eso solamente es una estimación aproximada.
A finales de 2015, se hizo público el proyecto portuario fronterizo Mexicali-Calexico, que conectaría a la ciudad de Calexico con Mexicali, y le daría una nueva dinámica de movilidad, flujo, tránsito y accesibilidad a nuestra frontera.
Con este proyecto se incentivó el interés por invertir en la zona e infraestructura, proyectos ejecutivos, empresas y centros educativos, entre otros.
Entonces, hubo un recorte que modificó al proyecto de construcción de la nueva garita de la zona centro de Mexicali, la cual consistió en esta primera etapa en la eliminación del diseño de un puente y de un paso desnivel que vendría a conectar esta nueva infraestructura con el centro histórico de nuestro municipio.
Hasta donde tenemos conocimiento, la modificación surge ante una disminución de recursos de 280 millones de pesos por parte de las autoridades federales quienes han expuesto que pasará su construcción a una segunda etapa, lo que no genera certeza ante el inmediato cambio de gobierno, la administración pública federal, generando desconfianza de que no se vayan a retomar los planos originales o se elimine en definitiva, dejando afectaciones económicas y viales que ya se presentan.
La relación entre Mexicali y Calexico es muy grande. Las garitas que unen a ambas ciudades registraron en 2014 un cruce promedio de 4.7 millones de vehículos de pasajeros, con un total de 7.2 millones de personas y 4.5 millones de peatones al año en sentido de sur a norte, lo cual está catalogada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, como el quinto cruce fronterizo transitado más importante del mundo. En México, solamente por debajo de Ciudad Juárez-el Paso y Tijuana-San Diego.
Aunque ya se emitieron los escritos dirigidos a la Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera del SAT y los regidores de Mexicali aprobaron un punto de acuerdo debido a la afectación que genera la obra recién inaugurada por el gobierno federal y el proyecto ya fue autorizado por la propia Secretaría de Hacienda, hasta el día de hoy no hemos recibido respuestas, por lo que hoy propongo y pongo a su consideración los siguientes puntos de acuerdo de urgente resolución.
Primero. Por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal respetuosamente girar sus instrucciones al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular del Servicio de Administración Tributaria, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al titular del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a efecto de que de manera urgente se liberen los recursos asignados e inicie con la ejecución de las obras de infraestructura requeridas para la correcta integración vial, de desarrollo económico y urbano que se requieran para que la obra en curso, relacionada con la remodelación y reubicación de la Garita Internacional Zona Centro genera los menores efectos sobre la seguridad de las personas que diariamente la transitan y que proceda con la ejecución del puente y paso desnivel señalados en el proyecto inicial, y de construcción previamente solicitado y aprobado.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer públicos los informes del proyecto de la Garita Centro, en Mexicali, Baja California, así como sus avances y modificaciones. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: La frontera terrestre que comparten los Estados Unidos de América y nuestro país es una de las más dinámicas del mundo, pues a través de los puertos de entrada entre ambos países existe un importante flujo de bienes y personas, con un intenso intercambio comercial, cultural y económico.
De esta forma, las acciones que emprenda nuestro país en materia de puertos fronterizos debe estar orientada a generar y garantizar condiciones de eficacia y eficiencia en materia de flujo de personas y mercancías, con el objetivo de que los tiempos de espera, tanto de entrada como de salida de nuestro país sean adecuados y cuenten con condiciones estructurales que garanticen la seguridad y movilidad de los usuarios, el adecuado flujo comercial, así como la detección y aseguramiento de mercancías ilícitas.
Recientemente se ha dado a conocer la preocupación de los habitantes de Mexicali, Baja California, por la remodelación de la Garita Centro, la cual se ha retrasado y aparentemente se ha modificado de acuerdo a su estructura original. Dichos cambios pueden generar afectaciones económicas en la región, así como poner en riesgo la seguridad de los usuarios que utilizan diariamente la infraestructura disponible, tanto para el cruce peatonal como vehicular.
No obstante, es importante señalar que el diseño de proyectos de remodelación de los puertos fronterizos, por muy relevantes que sean, no deben afectar las finanzas públicas y tiene que considerar la viabilidad económica y técnica de los mismos para garantizar su cumplimiento, precisando que concluir las obras en más de una etapa no necesariamente pone en riesgo su culminación y buena ejecución.
Sin embargo, es sumamente necesario asumir una actitud vigilante del proyecto en todo el proceso, ya que cuando se define y asigna una partida presupuestal para el desarrollo de infraestructura pública esta debe ser ejercida, respetando en todo momento los principios de transparencia y rendición de cuentas, condiciones que permiten a la ciudadanía conocer la forma en la que se están ejerciendo los recursos públicos.
Promover acciones apegadas a la vigilancia y transparencia permitirá que los habitantes de Mexicali tengan tengan certeza de que las obras de remodelación de la Garita centro se desarrollarán en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado, con lo que el desarrollo económico de la región no se verá afectado.
Como legisladores debemos ser sensibles a la preocupación de la población en esta ciudad fronteriza, por ello nos unimos al exhorto que se pone a nuestra consideración y hacemos un llamado a las autoridades, para que de forma responsable se realicen las acciones pertinentes que garanticen la viabilidad de este proyecto, asegurando las condiciones técnicas y estructurales que permitan el adecuado flujo comercial y de personas. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Compañeras y compañeros diputados, las garitas eran construcciones militares que servían para resguardar las entradas en las ciudades y principalmente en los diversos puntos militares, tal era la importancia que revestían para la población un verdadero crecimiento, tal es el caso de la Garita de Mexicali que se sitúa en la mitad de la ciudad contemporánea y representa uno de los símbolos de la identidad de la ciudad.
Es por ello que resulta muy importante en este suceso de suspensión poder incidir de manera enérgica y de manera contundente con nuestra decisión, para que continúe la construcción de esta importante obra para Mexicali y, por supuesto, para Baja California.
Sin embargo, y mucho más preocupante resulta el lentísimo proceso de modernización de las aduanas, así como el torpe proceso de coordinación con los oficiales que se encuentran en ambos lados de la frontera.
Las aduanas permiten la entrada a nuestro país, no solo de mercancía de dudosa procedencia, sino de miles de armas cada año, drogas, dinero ilícito y múltiples cosas que afectan, no solo la seguridad de las y los mexicanos, sino la seguridad nacional de nuestra nación.
El operativo implementado por las autoridades norteamericanas que hoy conocemos como Rápido y Furioso, por el cual fueron introducidas una cantidad muy grande de armas ilegales en nuestro país, financiado por el gobierno norteamericano, ha quedado en el olvido.
Debemos estar conscientes de que este constituye una de las grandes deudas del gobierno de Estados Unidos con las y los ciudadanos mexicanos, por lo cual las víctimas mortales del narcotráfico se multiplicaron.
Es por ello que el gobierno mexicano en ejercicio debe de exigir cuentas claras al gobierno de los Estados Unidos y al titular del gobierno entrante. Debe comprometerse al esclarecimiento y deslindarse de las responsabilidades en términos que determine la legislación correspondiente.
En ese tema realmente importante nos debemos ocupar, y que en términos de este punto de acuerdo que hoy nos encontramos discutiendo, debe de ser atendido a la brevedad por las autoridades correspondientes.
Proponemos que tenemos que votar a favor, en el Grupo Parlamentario del PRD nos solidarizamos con todos los habitantes de estas, ambas ciudades, sobre todo con los mexicalenses, porque también Baja California tiene derecho al desarrollo económico.
Y posponer es sinónimo de cancelar. El PRD vota a favor de este acuerdo. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jorge Alcibiades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jorge Alcibiades García Lara: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
El diputado Jorge Alcibiades García Lara: Compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano saluda y apoya con plena convicción la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades hacendarias y aduanales la inmediata asignación de los recursos necesarios para concluir adecuadamente las obras del cruce fronterizo Mexicali-Río Nuevo.
Apelamos a la sensibilidad y a la comprensión del gobierno federal para que no pierda de vista el interés público que debe prevalecer en la realización de esta obra.
Haber modificado el proyecto original, a causa de recortes al presupuesto previsto, pone en riesgo el desarrollo de toda la actividad económica de la zona aledaña.
Son muchas las personas estadounidenses que cruzan la frontera con rumbo a Mexicali. Estas personas representan una valiosa derrama económica para los residentes de la capital bajacaliforniana, especialmente en el área de cuidados médicos, pero también en el comercio y turismo en general.
Es importante mencionar que dicha población se vería imposibilitada de subsistir de no ser por la actividad económica generada por sus visitantes. Los millones de vehículos que anualmente cruzan esta frontera hacen necesaria una infraestructura adecuada, que facilite la movilidad de todos, siendo este uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo.
Y todo esto se dificulta a causa de que en su construcción se eliminaron dos puentes, mediante los cuales se garantizaba la accesibilidad a zonas estratégicas, como la zona del Centro Histórico y el distrito médico, cuya principal clientela proviene de los Estados Unidos.
Es apremiante que las autoridades rectifiquen y sean reasignados los 280 millones que fueron reducidos, a fin de que se corrija la afectación a la economía de la zona. El gobierno federal debe considerar que Mexicali y Calexico son ciudades que coexisten en una relación de mutuo beneficio para las poblaciones de ambos lados de la frontera, hermanadas por diferentes convenios, pero aún más, por una enorme codependencia económica, social, cultural y comunitaria.
Para Movimiento Ciudadano queda claro que este asunto va más allá de posturas partidistas o de intereses particulares. El único interés que debe imperar es el de la ciudadanía, es el de los cachanillas y en general el de todos aquellos que dependen de manera directa o indirecta de un cruce fronterizo moderno y adecuado para la capital bajacaliforniana.
Los recursos para el proyecto de infraestructura de la garita centro de Mexicali fueron aprobados por esta Cámara de Diputados, por lo que la cancelación de los mismos constituye un acto discrecional e indebido de la Secretaría de Hacienda. Por ello, la bancada de diputados de Movimiento Ciudadano se suma al presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por tres minutos.
El diputado Armando Reyes Ledesma: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
El diputado Armando Reyes Ledesma: Compañeras diputadas, compañeros diputados, nos pronunciamos en favor de la urgente terminación de la megaconstrucción en la garita de Mexicali-Calexico, en Baja California.
A través de la información dada por el presidente municipal a los medios de comunicación locales, ha manifestado su descontento con el retraso de la obra, así como las graves consecuencias que ha causado a la población que día a día usa esta garita. A pesar de que en julio pasado abrieron las puertas de la garita Mexicali-Calexico, no entregaron la obra en su totalidad.
Lo que repercute en la interacción con los usuarios de este paso internacional, especialmente en el lado mexicano, efectuando las tareas diarias que la gente que cruza hacia Estados Unidos, esta afectación también perturba diariamente en la economía de los comerciantes que aproximadamente el 40 por ciento de sus ingresos dependen directamente del flujo de esta garita.
El retraso en la apertura de la nueva garita entre Mexicali y Calexico, el hecho de que las instalaciones del lado mexicano sigan en construcción ha provocado un caos vehicular en la zona centro y el río Nuevo. Ha sido necesario hacer modificaciones a las vialidades para permitir el acceso a las nuevas instalaciones para cruzar a Calexico.
El gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, informó a los medios de comunicación locales, que desde hace más de un año ha estado gestionando ante la Secretaría de Hacienda los recursos necesarios para que se apruebe el proyecto de la nueva garita y que incluya la construcción de pasos a desnivel que conectan la nueva aduana con la zona centro de Mexicali.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha hecho oídos sordos a esta petición del gobernador y el presidente municipal, Gustavo Sánchez. Es fundamental para el desarrollo de estos pasos internacionales el suministrar la infraestructura necesaria para el flujo óptimo de personas, ya que no solo implica facilitar el comercio y la buena relación vecinal, también a ser eficaz y eficiente la interacción de infraestructura que se genere en varia naciones.
Exhortamos a la Secretaría de Hacienda...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Armando Reyes Ledesma: ... y a los gobiernos estatales y municipales, para que prioricen en el ejercicio del gasto hacia la terminación de la obra de los puentes de la garita Mexicali. Es cuanto, diputados, diputadas, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Buenas tardes, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Buenas tardes, diputado.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Buenas tardes, diputadas y diputados. Ocupo esta tribuna esta tarde para posicionar al Grupo Parlamentario de Encuentro Social y hacer una respetuosa solicitud para que se liberen los recursos correspondientes para la ejecución de la remodelación y reubicación de la garita internacional zona centro de la ciudad de Mexicali, Baja California, mi capital en mi estado de Baja California.
Como representantes populares entendemos al Presupuesto de Egresos de la Federación como un instrumento que a partir de la distribución de los recursos públicos se resuelven los problemas que aquejan a nuestros gobernados. En cada ciclo presupuestario los diputados tenemos que ver la necesidad de resolver graves problemas de infraestructura con los que vivimos.
Encuentro Social se une al reclamo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Mexicali, Baja California y del Grupo Parlamentario de Morena, en la proposición que nos ocupa para que se liberen los recursos para la obra que probablemente en las altas esferas de la Secretaría de Hacienda carezca de la más mínima importancia, pero para quienes todos los días padecen el cruce por horas de sur a norte y de norte a sur de Baja California a California, y de Mexicali a Calexico, es una obra de suma importancia para la vida económica y social de nuestra capital.
La administración que iniciará funciones a partir del primero de diciembre, debe ver en el sistema aduanero una oportunidad para ayudar a la solución de estos problemas que aquejan a muchas familias de nuestra capital.
El comercio exterior es vital para el desarrollo económico del país, sin embargo nuestras fronteras tienen que ser seguras y confiables para todos. Las garitas son el filtro para impedir que al país ingresen mercancías que agravan la seguridad pública, que distorsionan el mercado interno y que permite probablemente la trata de personas.
Nuestra bancada se manifiesta por que el respeto al derecho que significa el Presupuesto de la Federación cumpla y exige que se liberen de inmediato los recursos públicos que hace la diputada Ávila Olmeda para concluir con los trabajos de remodelación de la garita de Mexicali, Baja California. Es cuanto, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra por tres minutos la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Irma María Terán Villalobos: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
La diputada Irma María Terán Villalobos: Compañeras y compañeros legisladores, la Garita Centro, Garita Vieja o Garita Río Nuevo, es una instalación existente de inspección de peatones y vehículos que fue construida en 1974, pero los factores de movilidad han cambiado en poco más de cuatro décadas.
Debemos de reconocer que actualmente son otras las necesidades de infraestructura. Soportar la carga vehicular y peatonal por este importante acceso, así como los requisitos de seguridad, es importante señalar que esta garita es el octavo cruce fronterizo del país con más de un millón de vehículos anuales.
Las garitas surgieron con el objetivo de crear una zona libre de importación. Fungen como puntos de revisión cercanos a los límites de la franja o región fronteriza. Sin embargo, durante los últimos años esos puntos de revisión han dejado de cumplir su objetivo fundamental dificultando las actividades comerciales.
En este marco el Ejecutivo federal anunció desde noviembre de 2013 la implementación del programa de Apoyo a las Zonas Fronterizas del País, que a la fecha ha beneficiado a 11 entidades federativas del país, entre ellas Baja California y Sonora y, por supuesto, otros estados.
Este programa ha realizado una inversión cercana a los 29 mil 300 millones de pesos. El programa ha sido implementado a través de seis acciones entre las que se destaca el cierre gradual de 12 garitas de la franja fronteriza, no así la Garita Centro de Baja California.
Lo anterior ha sido con el objetivo de lograr un despacho de mercancías más rápido que ha facilitado las actividades comerciales en el país con el objeto de fortalecer la actividad comercial.
Desde 2014 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció un fondo fronterizo, del cual el estado de Baja California ejerció el 32.87 por ciento, y el 29.52 por ciento del total de 2014 y 2016 respectivamente, más que cualquier otra entidad fronteriza.
Compañeras y compañeros diputados, las garitas son un punto de conexión para el comercio y la movilidad de miles de mexicanos que todos los días cruzan la frontera. En este sentido las y los legisladores del PRI nos pronunciamos a favor de modernizar las garitas del país con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de quienes utilizan esta infraestructura. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lizbeth Mata Lozano, hasta por tres minutos, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Compañeras y compañeros diputados, la frontera norte de nuestro país es una de las más extensas y dinámicas en todo el mundo, y es también, un factor de impulso para el desarrollo económico de México.
Diariamente cruzan por nuestra frontera miles de autos y peatones que generan un intercambio comercial muy poderoso y originan una derrama económica altamente considerable.
En el caso particular de la Garita Centro de Mexicali, este cruce fronterizo ocupa el 5o. lugar en tránsito al año en la frontera México-Estados Unidos, con 8.6 millones de cruces de automóvil y 8.5 millones de cruces de peatones hacia ambos sentidos de la frontera.
Dada su importancia en la administración federal 2006-2012, se aprobaron recursos por 800 millones de pesos para invertir en el proyecto de cruce fronterizo Mexicali-Río Nuevo. El proyecto inicial consideraba la construcción de dos puentes vehiculares en Mexicali.
Estos puentes son el puente Deprimido, avenida Colón Oriente-Ferrocarril-Garita y el puente Acceso, avenida Colón Poniente-Garita-Avenida. Estos proyectos ya cuentan con registro en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, la administración del presidente Peña Nieto ha decidido, de manera inexplicable, no dar continuidad a tan relevante proyecto bilateral de infraestructura.
Resulta inadmisible que por una negligencia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos destinados y aprobados por esta soberanía para la construcción de un puente y paso a desnivel en la Garita Centro de Mexicali, no se encuentren disponibles para concluir esa importante obra.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene razón alguna para retrasar o cancelar el flujo de recursos para la remodelación del paso de la Garita Centro de Mexicali, que tiene un impacto muy positivo para la economía de Baja California y para la economía nacional. Lo único que explicaría una postergación o cancelación de dicho proyecto por parte del actual gobierno federal es una mala planeación o de pleno un desvío de dichos recursos para otros fines no autorizados por esta Cámara de Diputados.
Cabe señalar que además es un tema de seguridad, pasan los automóviles justo por la vía del tren y se puede generar una catástrofe en el sentido de un conflicto entre ellos mismos.
Por estas razones el Grupo Parlamentario del PAN apoya este punto de acuerdo. No permitamos que esta obra de infraestructura en la Garita del Centro de Mexicali sea suspendida por negligencia de la Secretaría de Hacienda y su titular, José Antonio González Anaya. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Salvador Minor Mora: Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Salvador Minor Mora, soy diputado por el distrito 01 de Mexicali, Baja California.
Venía a fortalecer el punto de acuerdo de mi paisana, y digo venía porque con todas las exposiciones anteriores ya no ocupa más su fortalecimiento a ese justo punto de acuerdo. Felicidades.
Definitivamente ha sido inexplicable el detener o no concluir una obra tan necesaria y tan importante para el municipio de Mexicali y su valle.
Voy a aprovechar, más que sustentarlo, porque ya lo han externado todos los partidos y todos los que me han antecedido, más que nada para agradecerles precisamente esa excelente disposición ante una injusticia que se estaba dando en la ciudad de Mexicali.
Tuvimos que recurrir a la tribuna, porque las puertas ya estaban cerradas en las distintas instancias, tal y como el punto de acuerdo lo menciona. Esto va a darles una seguridad a los ciudadanos, a los sectores comerciales y productivos de Mexicali y del estado de Baja California, de que esta obra se va a concluir y se va a terminar con la incertidumbre de inseguridad, que ha generado este desorden de la terminación, sin ninguna justificación de esta obra.
Por eso de parte de los mexicalenses, un agradecimiento a todos los partidos políticos y, por supuesto, a esta honorable asamblea. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Con qué objeto, diputada Pérez Munguía?
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Moción de hechos, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Qué hechos, diputada?
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Como ex presidente del Indaabin, me tocó estar en las negociaciones de este proyecto que es de vital importancia, no nada más como lo han mencionado para Mexicali y para el estado, sino para todo el país. La obra no está detenida, nunca ha estado detenida, está en construcción, el SAT lleva un porcentaje de avance importantísimo, prácticamente está concluida y quiero refrendar la importancia de las vialidades.
Sí, efectivamente ha habido un problema en la falta de coordinación entre las autoridades locales que han cambiado una y otra vez el proyecto, y esto lo viví de primera mano al ser titular del Instituto. Sin embargo, hasta el último momento en el que fui presidente del Indaabin se llegó a un acuerdo que autorizó el gobernador y que ya debería estar en proceso.
Por eso sí refrendo la importancia de esta vital obra, que está poniendo en un caos importantísimo a la ciudad de Mexicali, me sumo.
Y quiero aprovechar el momento para decir que esta administración ha sido la que por mucho ha invertido mucho dinero...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Abrevie, diputada.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): ...más de 30 mil millones de pesos en modernización de puertos fronterizos y le pediría a las autoridades electas que hagan un hueco presupuestal, porque para concluir la modernización en vialidades y no poner en caos...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): ...a la competitividad de este país se requieren otros 50 mil millones de pesos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Registrada su intervención, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido. Comuníquese. Perdón, perdón, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ahora sí, aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris a implementar una estrategia que permita regularizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en el país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Gracias. Con la venia de la Presidencia. El cáncer se ha convertido en un serio problema de salud pública en todo el mundo, tanto por la carga que su tratamiento supone para los sistemas sanitarios como para el alarmante ritmo de crecimiento de los nuevos casos registrados en los últimos años.
En nuestro país el cáncer en niños y adolescentes se ha convertido en una de las principales causas de la muerte de los menores.
De acuerdo al Informe Mundial sobre el Cáncer 2014, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en 2012 la carga mundial de cáncer alcanzó los 14 millones de nuevos casos al año, una cifra que prevé aumente a 22 millones anuales, en las 2 décadas siguientes.
En el mismo periodo se estima que las muertes por cáncer aumentan de 8.2 millones hasta a 13 millones de defunciones cada año.
En México el cáncer es la tercera causa de muerte entre la población. Fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos.
En lo que respecta al cáncer en niños en nuestro país, esta enfermedad constituye en la actualidad una de las principales causas de muerte en este grupo poblacional.
El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad entre mexicanos de entre 5 y 14 años de edad.
Se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan principalmente las leucemias y los linfomas.
Ante el panorama que supone el aumento en la incidencia de cáncer en la población mundial, se requieren urgentemente mayores esfuerzos en materia de prevención y detención.
Se ha demostrado que el acceso a tratamientos eficaces y asequibles contra el cáncer, incluidos los cánceres infantiles, reduce significativamente la mortalidad, incluso en los países en desarrollo.
Es claro entonces, que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer puede reducirse si los gobiernos realizan esfuerzos para garantizar el acceso oportuno a tratamientos y a los fármacos adecuados.
Uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de cáncer en el mundo es la ciclofosfamida, fundamental para el cáncer. Lamentablemente, en las últimas semanas se ha registrado el desabasto de la ciclofosfamida en diversos centros de atención oncológica en el país.
El pasado 18 de septiembre, padres de pacientes con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de Federico Gómez, señalaron que desde hace casi un mes se dejaron de suministrar los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus hijos. Y esto también ocurre en otras entidades.
Por su parte, el Colegio Mexicano de Oncología Médica dio a conocer el pasado 19 de septiembre que el desabasto de las ciclofosfamida a nivel nacional afecta tanto el sector público como el sector privado.
De acuerdo con la periodista Maribel Ramírez Coronel, el desabasto de la ciclofosfamida es un problema exógeno a México, pues sorpresivamente una de las principales proveedoras globales de dicha sal cerró y dejó sin insumos a muchos integrantes del sector farmacéutico en México.
En México, los laboratorios que fabrican la ciclofosfamida se quedaron abruptamente sin materia prima y sin posibilidad de surtir al sector salud.
El problema es que en la industria farmacéutica los ciclos de producción son planteados con muchos meses de anticipación y, una vez que se consigue la materia prima para la fabricación, aún pasarán algunos meses para que se pueda producir y abastecer adecuadamente la demanda. Lo cual genera desabasto e impide que los pacientes con cáncer sigan su tratamiento, poniendo en riesgo la vida de miles de mexicanos, entre ellos nuestras niñas y nuestros niños.
Una de las principales preocupaciones del Partido Verde ha sido garantizar que nadie en nuestro país se quede sin medicamentos para seguir sus tratamientos, más aún cuando se trata de una enfermedad devastadora, que cada año les cuesta la vida a miles de mexicanos, especialmente a nuestra población infantil.
En este sentido consideramos oportuno exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en conjunto con la industria farmacéutica nacional, implemente acciones y diseñe una estrategia que permita regularizar el abasto de los fármacos para tratar los distintos tipos de cáncer en el país. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se consulta a la asamblea si se considera este punto de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se considera de urgente resolución.
De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición los siguientes diputados y diputadas, hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias. Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. De acuerdo a la Constitución Política, toda persona en nuestro país tiene derecho a la protección de la salud; la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y de las propias entidades federativas en la materia.
En el caso de los niños y niñas, la Carta Magna señala también que tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual deberá ser guiado el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y no puede ser de otra forma, nuestras niñas y niños son lo más valioso que tenemos como nación y cuida su salud es fundamental para asegurar su futuro.
Uno de los pilares del acceso al derecho de la protección de la salud de los mexicanos es justamente el acceso a los medicamentos que se requiere para mantener un estado de completo bienestar, libre de afecciones y de enfermedades.
En este sentido es fundamental garantizar a la población de nuestro país el acceso oportuno a los medicamentos, especialmente cuando se trata de pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas como es el cáncer, las cuales pueden costar la vida de muchos niños y niñas.
Es importante resaltar que no administrar un medicamento como la ciclofosfamida puede regular en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, entre ellos los más comunes en nuestro país, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No contar con un mes de tratamiento incide directamente en las posibilidades de los pacientes de ganar la batalla en esta terrible enfermedad.
Quiero ser enfático en recordar que la ciclofosfamida no es un medicamento para aminorar el dolor generado por el cáncer, sino un fármaco indispensable para tratarlo y buscar su propia curación. Se entiende que la crisis que actualmente afecta a nuestro país no es un problema que se atribuya a un factor interno, sino que se deriva la escasez en materias primas para fabricar este medicamento a nivel mundial, provocado por el cierre inesperado de la compañía que surtía al sector farmacéutico.
No obstante lo anterior, es indispensable que se propongan urgentemente manos a la obra para regularizar el abasto de este medicamento en todo el país, el cual –como ya se mencionó– afecta tanto al sector público como al privado.
Recordemos que son miles de persona que hoy sufren con el cáncer, entre ellos se encuentran miles de niños y niñas que necesitan de este medicamento para curarse. Es por ello que les pido su valioso apoyo al punto de acuerdo que hoy presentamos con la finalidad de que se regularice a la brevedad posible el desabasto y no se apague por culpa del cáncer la luz de la sonrisa de muchos niños y niñas de este país. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Según informes del programa sectorial de salud 2013-2018, el surtimiento de medicamentos por parte de las instituciones públicas de salud ha ido en evidente decrecimiento. En mayor proporción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en el 2012 sólo el 68.7 por ciento de los derechohabientes obtuvo todos sus medicamentos en el lugar de consulta.
Esto se ha dado en un contexto donde el gasto en materia de salud se ha incrementado de manera significativa, principalmente dirigido a la población que no tiene acceso a la seguridad social.
Sin embargo, lo anterior no refleja un crecimiento de los servicios de atención médica, ya que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México mantiene una oferta de servicios de salud por debajo de los estándares de la misma organización.
Contamos con 2.2 doctores por cada mil habitantes. El promedio de la OCDE es de 3.3, y una tercera parte del número de enfermeras por cada mil habitantes que el promedio de la OCDE.
Con respecto a las defunciones por padecimientos se redujeron sólo el uno por ciento desde 1990, contrastando con la reducción del 48 por ciento observada en varios países de la OCDE.
Uno de los efectos deseables del aumento del financiamiento público es la reducción del gasto privado en salud, ya que permite a las personas dirigir por parte de su gasto al mayor consumo de otros bienes, pero en nuestro país el gasto privado en salud ha crecido al mismo ritmo que el aumento al financiamiento público.
La efectividad del presupuesto público en materia de salud se ha visto obstaculizada por su ineficiente uso, y la distribución del gasto hacia las entidades federativas es desigual y obedece principalmente a criterios inerciales que en poco contribuyen a mejorar los resultados de salud.
El Grupo Parlamentario del PRD en la anterior legislatura fue promotor de los derechos en materia de salud de la población mexicana. Señalamos oportunamente el grave problema que representaba el desabasto de medicamentos.
El día de hoy nuestro grupo mantiene y refrenda ese compromiso respaldando el presente punto de acuerdo, pero además solicita rediseñar una política nacional de medicamentos que aborde integralmente los aspectos relacionados con la seguridad, eficacia, calidad, disponibilidad, abasto, acceso, equidad, prescripción adecuada, uso racional e innovación de fármacos y otros insumos para la salud en el país, para mejorar su abasto y disminuir su costo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra Maiella Martha Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Con su venia, presidente. Estimadas diputadas y diputados, en nuestro país el derecho a la protección de la salud está previsto en el artículo 4o. constitucional. De ahí que existe una obligación correlativa del Estado mexicano para garantizar el disfrute de servicios de salud idóneos que satisfagan las necesidades de todos los mexicanos.
La constitucionalidad de la protección de la salud no exime la sensibilidad humana ante este derecho.
Como representantes legítimos de nuestra soberanía estamos obligados y exigidos a resolver las demandas sanitarias más urgentes.
A la luz del enfoque de calidad el desabasto de medicamentos constituye una de las grietas más notables del sector salud en el país.
El desabasto traduce en una ineficiencia del sistema de protección de la salud que pone en grave riesgo la vida y el pleno desarrollo de quienes padecen una enfermedad.
El cáncer es un problema de salud pública, por lo que el desabasto no puede ser pospuesto ni pasado por alto.
Los pacientes deben continuar con su tratamiento, por lo que es prioritario que se busquen los medios y mecanismos para evitar la escasez de medicamentos oncológicos, especialmente cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha reconocido tal circunstancia.
Por tal razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se suma a la presente propuesta, y refrenda su apoyo a las niñas, los niños, los adultos en tratamiento, así como a sus familias, recordando que es nuestro deber legislativo y humano, implementar las medidas que permitan a la población alcanzar el más alto nivel de salud. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sí. Tendremos muy pronto la votación, sí, de estos puntos. Por lo tanto, si no hubiera quórum, tendríamos que esperar –según la ley– 15 minutos. En el caso de que no estuviesen, levantaríamos la sesión.
Tenemos además el tema de la integración de las comisiones, que cuyo plazo vence el día domingo. Por lo tanto, tendríamos que aprobarlo hoy. Si hubiera, se levantara el quórum, tendríamos que convocar el día de mañana. Muchas gracias.
Exhorto a todos los interesados... Es la ley. Perdón, hay voces contra la ley, pues se vale, pero no es muy republicano.
Tiene la palabra Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia.
La procuración de salud de la población es uno de los objetivos principales de cualquier estado. La salud, además de ser un derecho humano, es un elemento fundamental para poder ejercer el resto de los demás derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida digna. La salud de la infancia es, si es posible, una responsabilidad del Estado aún mayor.
Es así que el combate contra uno de los problemas de salud que más achacan actualmente a nuestra sociedad y a nuestra infancia es el cáncer, se erige como uno de los más necesarios focos de atención del gobierno, además de fomentar la investigación y de mejorar los mecanismos y el presupuesto destinado a la cobertura médica universal, hoy es urgente que se resuelva el desabasto de medicamentos que se usan en los tratamientos de este padecimiento, principalmente la ciclofosamida.
La crisis actual falta de acceso a medicamentos contra el cáncer, es solo una de las evidencias de lo poco que le ha interesado a este gobierno sus ciudadanos y sus familiares. Es completamente inadmisible que a niños y a niñas se les estén suministrando quimioterapias a medias por ineficiencias burocráticas o por falta de voluntad política.
Esta crisis nos abre la herida que coincide con otros de los temas que nos apura y nos indigna, que es la sustitución de medicamentos destinados para atender el cáncer a los niños, en Veracruz, por agua, y las lamentables consecuencias de ello.
Ni un niño más sin tratamiento contra el cáncer. Las farmacéuticas, su producción y su distribución responden a intereses económicos, a movimientos del mercado, a intereses personales. Sin embargo, es responsabilidad del gobierno encontrar mecanismos que compensen y resuelvan estos desabastos.
Es por ello que nos unimos a este exhorto y no nada más nos unimos, exigimos que todas las partes involucradas en cada suministro, incluidas la Secretaría de Salud y la Cofepris, así como las farmacéuticas, regularicen el abasto de los fármacos necesarios para tratar el cáncer. Es cuanto, diputada presidente. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Armando González Escoto, del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Armando González Escoto: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, ocupo este turno del orden del día para posicionar a mi grupo parlamentario con respecto del exhorto a las autoridades de salud y sanitarias, a implementar acciones, diseñar en conjunto con la industria farmacéutica nacional una estrategia que permita regularizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en el país.
Es preocupante la falta de medicamentos para atender el cáncer en diversos hospitales. Esta soberanía requiere pronunciarse de manera puntual y oportuna, por lo que es preciso recordar que la anterior legislatura del Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Salud, a fin de instituir dentro de la Secretaría de Salud el Registro Nacional de Cáncer.
El 22 de junio de 2017 se publicó el decreto por el que se crea dicho registro, el cual integrará de información proveniente del sistema nacional de información básica en materia de salud.
El Registro Nacional de Cáncer señala que contará con la información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que se ha dado al mismo, de parte de los médicos, incluyendo información de curación y supervivencia.
Por su parte, el Reglamento del Registro Nacional de Cáncer, publicado el pasado 17 de julio del presente año, establece que el Registro Nacional tiene por objeto la integración de una base de datos sobre los casos de cáncer en México, a fin de proveer información consistente y de calidad que sea útil para conformar, actualizar y analizar el panorama general de la enfermedad y a la vez fomentar y desarrollar investigación y canalización de recursos.
Además hace mención que el Registro Nacional tiene, entre otras, las siguientes finalidades, como el servir de base para la formulación e instrumentación de políticas públicas, programas y mecanismos para la promoción, prevención y control del cáncer.
Encuentro Social coincide con la prioridad de que las niñas y niños, adolescentes, tienen en la agenda política pública sanitaria de la nación. Encuentra coincidencias con los autores de la proposición en cuanto al alto costo que a las familias les produce contar con un familiar con cáncer.
Con base en lo anterior, Encuentro Social en voz de su servidor se suma al punto de acuerdo y además propone que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud y al Reglamento del Registro Nacional de Cáncer, se agregue a la proposición los siguientes puntos:
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud incorpore dentro del catálogo de indicadores de servicios de salud un indicador en materia de suministro de medicamentos que garantice el derecho a la salud.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Salud un informe de los avances de implementación del Registro Nacional de Cáncer.
Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Salud informe de los avances de actualización de la Norma Oficial Mexicana, NOM-035-SSA3-2012 en materia de salud, a fin de garantizar la operación del Registro Nacional de Cáncer.
Es cuanto, señores diputados.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Becerra Fortoul, Barrera, perdón, del PRI.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el cáncer es una de las enfermedades que más aquejan a la población del mundo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran alrededor de 14 millones de nuevos casos y fallecen entre 8 y 13 millones de personas por esta enfermedad, representando la tercera causa de muerte y la segunda tratándose de nuestras niñas, niños y adolescentes en México.
La atención, diagnóstico oportuno y lucha contra el cáncer infantil es un asunto prioritario. Se diagnostican anualmente 5 mil nuevos casos de este tipo de padecimiento y fallecen, fallecen 6 menores al día por esta causa, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Salud.
Estamos y estaremos muy pendientes de que el abasto del medicamento oncológico se libere de inmediato de los acuerdos comerciales que actualmente han detenido su producción ordinaria. En esto ya trabaja arduamente el gobierno federal de la mano de la Cofepris y la Secretaría de Salud.
Sin embargo, esto es sólo una muestra de los distintos focos rojos que enfrenta nuestro país al dar la batalla a esta enfermedad, ya que existen otros aspectos que pueden atenderse para mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares y desde aquí, desde este Congreso, como muchos de ustedes saben, existe una iniciativa impulsada desde la sociedad civil Cáncer Warriors de México aprobada el 25 de abril de este año por unanimidad en el Senado y que busca apoyar a padres de estos menores que se encuentren luchando contra el cáncer.
Esta iniciativa busca ayudar y apoyar y no soltar a 9 mil 500 padres o madres trabajadoras que tienen a un hijo diagnosticado con cáncer, al otorgarles licencias laborales para que puedan acompañar los tratamientos oncológicos de sus hijos sin perder su empleo, por un tiempo determinado. Y subsidios de gobierno sin carga por el patrón, equiparables al subsidio por enfermedades no profesionales, soportados en el artículo 96 de la Ley del Seguro Social. Es decir, el 60 por ciento del salario con el que cotizan los trabajadores.
La iniciativa ya fue turnada a este recinto parlamentario. Llegó en calidad de minuta, sin artículos reservados y sin observaciones. Está lista para ser aprobada. Votémosla.
Estos padres que llevan consigo la carga económica que implica enfrentar esta enfermedad, en muchos casos ya no cuentan con un empleo porque la propia enfermedad de sus hijos les exige acompañarlos durante el tratamiento y son despedidos como consecuencia.
Respetuosamente, muy respetuosamente, hago un llamado para que el cáncer no solo se enfrente en los hospitales sino que también desde esta trinchera demos batalla junto a las familias que lo enfrentan con valor, dignidad y mucho, mucho amor. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, en el uso de la palabra hasta por tres minutos.
La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz: Gracias. Señoras y señores diputados, el cáncer es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo cada año y es una de las principales causas de muerte, tanto en México como en otros países.
Datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, publicados en septiembre de este año, nos hablan de 18.1 millones de nuevos casos a nivel mundial y 9.6 millones de muertes por cáncer en el 2018 en el mundo.
Esta enfermedad afecta física, emocional y económicamente a quien la padece y también a sus familiares.
El cáncer no discrimina y afecta a hombres y mujeres, niños y adultos, a ricos y pobres, a todos por igual.
Esta enfermedad verá un incremento en los próximos años, por lo que es imperativo contar con estrategias de acciones que no solo vean por la prevención sino que además garanticen que se cubran las necesidades de quienes ya la padecen.
La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2014 en México hubo alrededor de 33 mil 900 muertes de hombres y 38 mil muertes de mujeres a causa del cáncer.
El combate a esta enfermedad es una prioridad que seguramente compartimos muchos de los que estamos aquí presentes.
En Acción Nacional estamos a favor de cualquier medida que permita hacerle frente a esta y a cualquier enfermedad, y que ello sea accesible para todos. Como bien sabemos, para hacerle frente al cáncer es imperativo contar con herramientas necesarias y ello significa contar con los medicamentos necesarios.
En México esto ha sido un problema. La última administración del PRI no ha podido enfrentar el grave problema de desabasto de medicamentos y solo ha visto cómo empeora el problema, particularmente en el sector de salud pública, dejando a miles de personas sin el tratamiento necesario.
El desabasto sigue y sigue y es muy común saber de casos de pacientes y de sus familiares, de cómo no encuentran las medicinas que requieren para sus tratamientos.
Compañeras y compañeros, no podemos permitir que el grave problema del desabasto de medicinas continúe. Debemos afrontar el problema con verdaderas soluciones, con estrategias sólidas, coordinadas y muy bien pensadas. Este problema continúa y seguirá empeorando si no hacemos algo al respecto.
En el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional votaremos a favor de este punto de acuerdo, ya que vemos en él la posibilidad de llegar a una solución de este grave problema, que es uno de los tantos rezagos que la administración de Peña Nieto nos está dejando a todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Arturo Hernández Tapia, de Morena.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia: Con su venia, diputada presidenta. Respetable audiencia, anticipo que la fracción parlamentaria de Morena votará a favor de esta proposición por ser un acto de elemental justicia y humanidad, no sin antes hacer las siguientes consideraciones.
Primeramente, no puedo dejar de hacer un público reclamo al partido proponente, ya que esta grave problemática es una de las trágicas consecuencias de su perversa alianza con el partido del actual gobierno, que por su mal desempeño ha llegado al brutal extremo de atentar contra la vida de los mexicanos, de lo cual también son ustedes responsables.
Diputados del Verde Ecologista, hoy les damos el beneficio de la duda y paso a lo siguiente.
Para abundar en la propuesta resalto que el director del Instituto Nacional de Cancerología señala que en México se registran 160 mil nuevos casos de cáncer y 80 mil fallecimientos anualmente. Casi 70 por ciento de estos casos desgraciadamente se diagnostican en etapas avanzadas, lo que complica el tratamiento e impacta negativamente la supervivencia de los afectados.
Según datos aportados por la Secretaría de Salud, los tres tipos de cáncer infantil más comunes son la leucemia, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Muchos de ellos reversibles con un tratamiento adecuado. Considerando que las niñas y los niños y adolescentes son el futuro del país, resulta obligatorio para el Estado garantizarles todos sus derechos, en este caso el derecho constitucional a la protección de su salud. Lamentablemente el actual gobierno ha fallado en esta tarea como en muchas otras.
Nuestro sistema de salud se encuentra en una grave crisis de desabasto de medicamentos para todo tipo de tratamiento, no solo el cáncer. Por ello hoy las mamás y papás de niños y adolescentes con cáncer legítimamente claman por medicamentos oncológicos para continuar con el tratamiento de sus hijos.
Reitero que, en muchos de los casos en cáncer infantil, si es detectado a tiempo, logra superarse gracias al tratamiento basado en medicamentos antineoplásicos que actualmente se encuentran en grave desabasto en el país, entre otras causas por la corrupción y la desfalleciente industria farmacéutica mexicana.
No obstante que la Cofepris aceptó que existe tal desabasto y mencionó una serie de medidas a implementar como el abasto del medicamento por parte del Laboratorio Pisa y los Laboratorios Cryopharma, así como la reducción en el tiempo para agilizar la prueba de esterilidad, esto resulta insuficiente y queda mucho por hacer.
Sin duda esta problemática será resuelta de raíz con la siguiente administración federal que tiene en este rubro como prioridades mejorar la compra consolidada de medicamentos e impulsar la industria farmacéutica mexicana. Con la cuarta transformación vendrán tiempos mejores por la salud de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido. En tal sentido, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al tercer punto de urgente u obvia resolución. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se convoca al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a una reunión de trabajo con el grupo plural de diputados para evaluar casos relevantes y la eficacia de este órgano, en la representación de los intereses de la sociedad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Jesús Guzmán Avilés: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Jesús Guzmán Avilés: Señoras y señores diputados. En Acción Nacional sabemos que no se puede hablar de avances en el combate a la corrupción si no se investiga y castiga responsablemente y eficazmente a los delincuentes como Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Duarte desfalcó al estado de Veracruz y también a los 212 municipios. Esa, compañeros y compañeras, es una realidad y no una fantasía.
Hoy nos preocupa mucho la actuación errática de la PGR en la integración del expediente y el seguimiento del caso. Nos preocupa y nos indigna la forma en que la PGR está actuando a favor de la impunidad, a favor de quien evadió la acción de la justicia y sobre el que pesan acusaciones de la mayor seriedad.
Estamos hablando de más de 61 mil millones de pesos que fueron desviados por Javier Duarte, y sobre los que la Auditoría Superior de la Federación estuvo advirtiendo durante años sin que el gobierno federal hiciera nada. Las pruebas ahí están, como están las indagaciones del SAT sobre el desvío de 3 mil 300 millones de pesos que el gobierno de Veracruz habría entregado a 31 empresas fantasma.
Ahí también está la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual sospechosamente omisa en presentar las denuncias correspondientes en operaciones con recursos de procedencia ilícita realizadas por Javier Duarte.
Ahí también están las denuncias de los municipios a los cuales les robó más de 4 mil millones de pesos del ramo 033 y del ramo 023.
Nueve años con posibilidad de que sólo sean cuatro años y medio y salga dentro de tres años y medio, y 58 mil pesos de multa. Ese es el castigo, esa es la sentencia de Javier Duarte.
No, señoras y señores, se trata de un asunto que lastima la inteligencia de México, que lastima la inteligencia del pueblo de México.
En el PAN nos preocupa de sobre manera que las autoridades encargadas de la acusación en este caso fundamental y paradigmático para el combate a la corrupción, haya actuado a la ligera para llevar la impunidad al ex gobernador de Veracruz.
Por ello el PAN presenta este punto de acuerdo. Que venga y rinda cuentas el encargado del despacho de la PGR y nos explique a los diputados y a las diputadas las razones por las que Duarte tiene esa raquítica sentencia, que venga el encargado de despacho a hablarnos de frente, de cara a la nación y nos informe sobre las acciones de extinción de dominio y de recuperación de activos que se ha realizado respecto a los bienes relacionados con las conductas ilícitas en este caso.
No podemos dejar pasar este pacto de impunidad. No podemos dejar pasar este caso que sin duda, lastima la confianza de los ciudadanos y sus autoridades, y lo que es peor, lastima a las instituciones de México.
Esto, diputadas y diputados, es una burla a los veracruzanos. Eso, diputadas y diputados, es una burla al pueblo de México. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para los efectos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera de urgente resolución, y de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para su discusión de este punto, y hasta por tres minutos, en lo general, varios diputados.
Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las investigaciones llevadas a cabo para aclarar el estatus judicial del ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de cometer los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, dieron como resultados su culpabilidad para la cual le fue determinada una sanción penal y económica.
Ante las autoridades jurisdiccionales y en el marco actual del Sistema Penal de nuestro país, Duarte se confesó culpable de los delitos imputados, situación que derivó en una sentencia condenatoria que más allá de sus implicaciones personales, nos brinda seguridad sobre el compromiso adoptado por el actual gobierno federal para investigar cualquier delito sin importar la afiliación política de quien comete ese delito.
Tenemos que ser responsables ante las consecuencias de situaciones como esta, redundar en reproches e insistir en lo que se califica como error, nos impide a ser objetivos ante las áreas de oportunidad que se evidencian en el desarrollo de este, y cualquier otro procedimiento.
No distraigamos la atención sobre lo verdaderamente importante, pues hoy tenemos que ser enfáticos en el reconocimiento de la legalidad de una investigación y en el fortalecimiento de nuestro Sistema Penal nacional, así como el de las instituciones para que cada vez sean más eficientes, cada vez sean más eficaces.
En el Partido Verde refrendamos nuestro compromiso para seguir consolidando acciones y políticas que abonen a robustecer, a hacer más confiable y eficiente a las autoridades encargadas de investigar hechos constitutivos de un delito.
La resolución del juez, del control del Centro de Justicia Penal Federal, es una muestra de la responsabilidad y compromiso de nuestras autoridades penales para dar una lucha frontal a todo aquello que atente contra la seguridad y legalidad en nuestro país.
Es por ello que quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos a la presente solicitud del compañero en el punto de acuerdo, pues consideramos necesario trabajar en la adopción de una responsabilidad compartida en el diseño de normas y políticas públicas que fortalezcan a las instituciones y garanticen el estado de derecho de nuestro querido México. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidente. Javier Duarte de Ochoa, es un nombre que a nivel nacional provoca indignación, que refleja la impunidad, la simulación y el servilismo de nuestro sistema de procuración de justicia, que se rinde a intereses políticos que obstaculizan el derecho de acceso a la justicia.
En este caso hemos visto la falta de profesionalismo y la complicidad de la Procuraduría General de la República, primero para localizarlo y extraditarlo, después para someterlo a juicio, en donde observamos a un Javidú sonriente ante la inminente impunidad.
Nueve años de cárcel para quien saqueó miles de millones de pesos del pueblo de Veracruz, para quien dio agua destilada a niños con cáncer, para quien es responsable de la muerte de periodistas y otros actos de lesa humanidad. Se los digo como veracruzana; nueve años no son suficientes, esta resolución es ofensiva para una sociedad tan lastimada.
Sin embargo, la PGR no es la única responsable de este suceso. Recordemos que la legislatura pasada evitó el desafuero de ex colaboradores de Duarte. Se interpuso para llevar a la justicia a quien desvió recursos, cometió peculado y utilizó el cargo para fines personales, y aunque hoy nos encontramos ante una nueva situación política, estamos ante la incertidumbre de que el destino de Duarte sea semejante al de Rosario Robles, pues pese a las evidencias de desvío de recursos el presidente electo ya le mandó a decir que no se preocupe.
No podemos permitirlo, es indispensable la revisión de esta sentencia y la voluntad política para hacer lo correcto y evitar un nuevo agravio a la población.
Es por todo lo anterior que resulta urgente la aprobación de una Fiscalía General de la República, con plena autonomía, para evitar que por pagos políticos quienes detentan el poder pretendan jugar con la justicia.
Javier Duarte debe regresar lo robado a Veracruz, debe pedir disculpas públicas por todos sus crímenes y terminar sus días cumpliendo sentencia.
Es por esto que nos sumamos a la propuesta de Acción Nacional. Es necesario reunirnos con el encargado de despacho de la PGR para que informe el estado que guardan investigaciones tan importantes en materia de corrupción. Pero, sobre todo, le pedimos a la PGR que actúe respecto a los bienes y activos financieros en poder de la red de presupuestos, prestanombres y empresas fantasmas del ex gobernador Javier Duarte y su esposa, Karime Macías. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a menos de tres meses que termine la administración federal actual, nos encontramos en medio de una crisis de procuración de justicia debido a que no se ha nombrado el titular de la Procuraduría General de la República.
Esto no es un asunto menor, ya que la Procuraduría General de la República debe ejercer sus atribuciones respondiendo a la satisfacción e interés social y del bien común, y la actuación de servidores públicos se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos, lo cual, esto está en entre dicho.
El día de ayer, mientras acontecía una marcha para recordar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde la indignación es generalizada por los lamentables hechos ocurridos y por la falta de investigación que basada en la verdad haga justicia a los deudos y a la sociedad en general, también el día de ayer a las ocho de la noche con doce minutos, un juez federal preguntaba: ¿admite usted, en este momento, la responsabilidad en los delitos que se le imputan? Mientras Javier Duarte responde: sí, su señoría, lo acepto.
Así es como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado a solo nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de 40 bienes inmuebles por los cargos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La pena privativa de libertad de nueve años resulta irrisoria a la luz de una serie de delitos que no fueron cometidos únicamente en lo individual por el exgobernador Duarte, sino que constituyen un mecanismo de crimen organizado, depredador de recursos públicos.
Por ello, consideramos que los elementos aportados por la PGR no fueron suficientes para obtener una sentencia proporcional a los delitos cometidos.
Como gobernador en funciones, Javier Duarte utilizó 21 empresas fantasmas, con 73 licitaciones amañadas, fue acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber legal, además que durante su gestión ocurrieron 17 asesinatos en contra de periodistas y la desaparición de 3 periodistas cuyo paradero aún se desconoce, siendo la gestión más letal para el ejercicio de la prensa en el estado de Veracruz.
El grupo de Movimiento Ciudadano no toleraremos más omisiones y actos de corrupción, por ello impulsamos la plena autonomía de la Fiscalía General de la República y por ello presentamos, como ya lo hicimos en el Senado, la iniciativa de la sociedad civil de reforma constitucional Por una Fiscalía que Sirva.
Por todo lo anterior, nos sumamos al presente acuerdo que nos convoca a demandar un ejercicio de rendición de cuentas al encargado del despacho de la PGR. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo.
La diputada Lizeth Sánchez García: Gracias, presidente. Diputados, diputadas, estos últimos tres sexenios han estado caracterizados por la corrupción y la impunidad. Simplemente, recordemos a los Amigos de Fox y el posible tráfico de influencias. Y el caso de los hijos de su esposa Martha y los señalamientos públicos de enriquecimiento ilícito. O la investigación documentada, realizada por el reportero Raúl Olmos, sobre los presuntos desvíos millonarios de recursos y la posterior amenaza que el expresidente realizó al periodista por dicha investigación.
El gobierno de Calderón también fue señalado por actos de corrupción. La Estela de Luz, aquel que se pensó fuera un monumento para conmemorar el bicentenario de la Independencia es hoy recordado por ser un monumento a la corrupción.
También se recuerda el pago que la Secretaría de Seguridad Pública realizó a Televisa para promocionarse a través de una telenovela de 13 capítulos. ¿A quién se le ocurrió esa brillante idea?
Pero sin duda el gobierno actual es el campeón de la corrupción, casas blancas, Grupo Higa, OHL, Odebrecht, concesiones carreteras con permisos para robar con esas tarifas que tienen y que son una burla a la ciudadanía.
La estafa maestra, robos de las quimioterapias de los niños. Gobernadores acusados de corrupción, los Duarte, Borges, Rosario y así, la lista es larguísima.
Y dentro de todo este basurero, los funcionarios que están al frente de estas instituciones han solapado la corrupción.
La impunidad que ha acompañado estos casos y otros tantos más, solo puede ser entendida por la incapacidad en el actuar de las instituciones responsables.
El colmo de esta situación es la Procuraduría General de la República, hoy sin cabeza. Sin alguien que asuma la responsabilidad de buscar justicia. El punto que nos proponen es atendible, si bien se centra en el caso de Javier Duarte y el daño patrimonial que sus acciones causaron a los veracruzanos, consideramos que la Procuraduría aún tiene muchos casos pendientes que aclarar y de los cuales debe dar cuenta fiel a todos los ciudadanos.
Por lo anterior, los diputados del Partido del Trabajo estamos a favor de la realización del grupo de evaluación que atienda esos casos relevantes que han dañado tanto a la sociedad mexicana. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor Yunes Landa: Con permiso de la Presidencia, de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario al que pertenezco, al Partido Revolucionario Institucional, expreso nuestra coincidencia con el punto de acuerdo propuesto por el Partido Acción Nacional.
En lo personal, como diputado, como veracruzano, como ciudadano, suscribo también este punto de acuerdo. La justicia no se abrevia, el castigo no se negocia. Si bien es cierto que la impunidad se termina con la aplicación de la ley, también es cierto que la aplicación de esta debe además ser justa, debe ser ejemplar. No fue el caso en la sentencia Duarte.
El daño no solo se repara con la sola restitución de los recursos sustraídos, esta debe ser acompañada de una pena privativa de libertad que inhiba la comisión de delitos similares en el futuro.
La sociedad veracruzana sigue padeciendo el saqueo del exgobernador Duarte y de sus cómplices. El futuro de nuestros hijos y de los nietos de estos está hipotecado. Por eso la sentencia dictada ayer por un juez en contra de Duarte generó indignación entre los veracruzanos.
La pena, compañeras diputadas, compañeros diputados debe ser acorde al delito. La sentencia dictada en contra de Javier Duarte ayer no lo fue. Por el contrario, resultó en una burla a los veracruzanos y lo peor: un incentivo nacional al saqueo.
Por eso urgimos a que las autoridades en la materia, en la medida de que nuestro marco jurídico lo permita, corrijan y que lo hagan muy pronto, de lo contrario solo en una breve fracción de tiempo veremos a Javier Duarte libre, por la buena conducta que seguramente va a observar tras las rejas. Buena conducta, por cierto, que no observó como gobernador de Veracruz. Si bien es un juez quien dicta las sentencias, también está claro que esto lo hace en base a los elementos que le aporta la fiscalía.
Por ello nuestra coincidencia con el punto de acuerdo propuesto por el Partido Acción Nacional de convocar al responsable de la procuración de justicia del gobierno de la República ante un grupo plural de diputados para evaluar casos como el de Javier Duarte de Ochoa. No más sentencias pequeñas para grandes ladrones. Que la justicia se aplique sin distingo, sin privilegio. El mismo rigor.
Compañeras y compañeros diputados, como el que hoy demandamos la aplicación de la ley para quienes ayer defraudaron la confianza de la sociedad, la demandaremos mañana para aquellos que vuelvan a defraudar a quienes deben servir. Tendremos la autoridad moral para hacerlo, porque nosotros comenzamos limpiando la casa propia, que conste. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el día de hoy ante esta honorable asamblea, quiero reforzar y apoyar el punto de acuerdo consistente en el exhorto que se hace al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República a una reunión de trabajo con carácter urgente, con un grupo plural de diputados con el fin de evaluar su eficacia en casos relevantes de corrupción.
El día de ayer con una sentencia de nueve años de prisión concluyó el proceso penal federal que la PGR promovió en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
En Acción Nacional no podemos ser omisos ante lo ocurrido el día de ayer. No podemos hablar de avances en el combate a la corrupción si no se investiga y castiga de manera contundente a delincuentes de la talla de Javier Duarte.
Este delincuente desfalcó al estado de Veracruz de una manera nunca antes vista. Duarte y su grupo de delincuentes desvió millonarios recursos de las arcas públicas del estado. Hago énfasis en decirlo de esta manera porque él mismo se declaró culpable de ser cabeza de una organización criminal que con empresas fantasmas y prestanombres realizó estos robos.
Estos desvíos fueron evidentes y también sus consecuencias. Sólo por poner un ejemplo, se robaron los recursos del Ramo 23 y 33 de los 212 municipios del estado, dejando a los ayuntamientos en estado de insolvencia para cumplir sus necesidades más básicas de operación. Estos recursos serían destinados a concluir miles de obras que eran en beneficio de los más necesitados y marginados de Veracruz.
Tenemos que cuestionar la falta de capacidad de la PGR. NO puede haber tantos errores e inconsistencias en la integración de sus investigaciones. ¿Es incapacidad o complicidad?
Es de observar que no se ha mencionado como parte de esa sentencia el inhabilitar de por vida a este delincuente. No puede volver al servicio público. No lo podemos permitir. Son nueve años de prisión que para alguien que desapareció más de 60 mil millones de pesos es una burla totalmente inverosímil en cualquier parte del mundo.
A nombre del pueblo de Veracruz y de todos los mexicanos levanto la voz y exijo cuentas claras del proceder de la PGR. Esto no puede seguir sucediendo. Debemos combatir la corrupción con hechos claros, objetivos y contundentes y no sólo con buenas intenciones. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Raquel Bonilla Herrera, de Morena.
La diputada Raquel Bonilla Herrera: Con su venia diputado presidente. La pena impuesta a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, solamente de nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos, es una burla para el sistema de justicia, y un agravio para la sociedad y el estado de Veracruz.
Javier Duarte se debe de estar riendo desde prisión al recordar que durante su gobierno él en dos días decidió encarcelar a un par de tuiteros acusándolos de terrorismo, equiparado con una pena de tres a 30 años de prisión sin derecho a fianza. Cuando a él no se le ha levantado ninguna acusación por delitos de corrupción o cargos de delincuencia organizada a pesar de que durante su administración se utilizó una amplia red de empresas fantasmas para desviar recursos del estado de Veracruz.
De nada sirvieron los múltiples señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación que presentó decenas de denuncias penales por irregularidades en su gestión.
Es evidente que la gestión de la Procuraduría General de la República ha sido deficiente. La falta de transparencia para tomar esta decisión lleva a la sospecha de acusaciones a modo, hechas para cubrir sólo una parte de la responsabilidad sabiendo que era inevitable la detención del ex gobernador veracruzano ante evidente abuso de poder y actos delincuenciales cometidos a gran escala y sin recato alguno.
De manera sorprendente la PGR retiró el cargo de delincuencia organizada cuando este delito no se persigue por querella. Les recuerdo, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por los intereses de la sociedad, no está para hacer tratos ni abandonar la acción penal.
La negociación de la aplicación de una pena corporal relativamente leve y en notable eficiente, condena en materia de recuperación de activos, pues se habla únicamente de 40 propiedades cuando se han documentado más de 90 en el patrimonio de Duarte.
Esta forma de actuar de la PGR es una carta abierta a la impunidad. Para que se haga justicia a medias y mediante acuerdos. Esta es una invitación abierta para que la delincuencia organizada que se ha cometido por años desde el gobierno, esa es una forma de decir: la corrupción no se castiga.
Todo lo anterior es responsabilidad del ministerio público, y por ello el encargado de despacho debe de darnos cuentas de sus acciones. Es la rendición de cuentas como un acto republicano que exige la sociedad. Ya basta de pactos donde únicamente nos dañan y contribuyen a la desacreditación de las instituciones.
Además de las acciones erráticas de la PGR debemos de decir que en México, estas decisiones jurídicas no se toman sin consultar al presidente.
Enrique Peña Nieto es responsable políticamente por no haber enviado la propuesta que nombra al Fiscal General de la República y que tampoco tengamos Fiscal Anticorrupción. Esta falta solo ha beneficiado directamente a Javier Duarte.
Esto es solo un experimento y Javier Duarte ha sido el conejillo de indias para probar el sistema legal de los cuales, y las fórmulas que emplearán para salir impunes sin importar el desfalco y la ruina en que han dejado a nuestro estado en Veracruz.
Este es el remedo de justicia que se aplica en nuestro país, donde los poderosos de cubren uno a otro...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego abrevie, diputada.
La diputada Raquel Bonilla Herrera: Concluyo. Donde los poderosos se cubren unos a otros tapándose con la misma cobija, esa cobija que se llama corrupción.
Por ello en un acto plenamente republicano y de rendición de cuentas, el Grupo Parlamentario de Morena apoyará el punto de acuerdo presentado. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No lo vi. Pídalo.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Estaba solicitando la palabra para hechos.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Para qué, hechos?
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Por el tema de Javier Duarte.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Usted es de qué partido?
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: De morena.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya habló Morena.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Ya está suficientemente discutido.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se votó suficientemente discutido. Ya habló su partido. Yo le mandé un mensaje a través de la Secretaría, se lo dieron, que su partido ya habló. Y ya está suficientemente discutido. Se lo hubiera dado a su oradora, son del mismo partido.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Procedo, presidente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se ha recibido una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella ya que tiene la anuencia de la Mesa Directiva.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, presidente. Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 27 de septiembre de 2018.
Dirigido, diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la honorable Mesa Directiva y de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 64, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente una modificación al orden del día en el capítulo de iniciativas con dispensa de trámites, del siguiente asunto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2018.
Diputado Mario Martín Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Rúbrica.
Diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Rúbrica.
Diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Rúbrica.
Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Rúbrica.
Diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Rúbrica.
Diputado Alberto Esquer Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Rúbrica.
Diputado José Ricardo Gallardo Cardona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Rúbrica.
Diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Rúbrica.
Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se aprueba la modificación del orden del día.
Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformarían los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el objeto de reducir el número de comisiones ordinarias para la LXIV Legislatura, de 56 a 46. De lo que me congratulo en todos los órdenes.
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría si autoriza se le dispense la lectura.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica se consulta si se le dispensa la lectura, en virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se autoriza. Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución se le dispensen todos los trámites y someta a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta si se considera de urgente resolución se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se considera de urgente resolución.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, para la discusión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se está abriendo, se está abriendo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Sí, claro. Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
No se encontraba registrado orador alguno, pero ya se registra. En pro, el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputado presidente. Quise hacer uso de la palabra por dos razones, sí había yo adelantado en la sesión anterior mi inconformidad, estoy de acuerdo, pero quise manifestar mi inconformidad, y quiero reiterarla, de la desaparición de la Comisión del Distrito Federal.
Reitero que no somos considerados los capitalinos una entidad de la República, por décadas hemos sido tratados como menores de edad, sin que reconozcan plenamente nuestros derechos.
De hecho, sigue siendo un artículo, el 122 constitucional, que tiene que ver todavía con muchos asuntos de la vida política de los capitalinos, y me parece que esta reforma trunca que se ha hecho, pues es insuficiente y debería, mientras no se termine, existir este espacio de procesamiento. El presupuesto de la capital del país se decide por esta soberanía, a diferencia de los 31 estados de la República, solo por citar uno de los ejemplos.
Me parece que la desaparición de la comisión debería implicar un compromiso explícito de realizar ya la reforma plena para devolvernos todos los derechos a los capitalinos y a las capitalinas.
Debemos ser un estado más de la República y me parece que es injustificable a estas alturas que esta situación permanezca.
Por otro lado, quiero compartir la preocupación de un grupo de ciudadanos que me vio hace un momento, planteando su malestar por la desaparición de la Comisión de la Reforma Agraria. Hay muchísimos conflictos por titularidad de tierra de toda la vida en el país. Me parece que esta necesidad se mantiene viva y que debería también alguna de las comisiones en que se fusionaron retomar esta tarea fundamental.
Es más, yo estoy convencido de que el próximo gobierno popular que encabezará el compañero presidente electo, debe darle ya seguridad definitiva y absoluta en la titularidad de la tierra a lo largo y ancho del país a todas las mexicanas y a todos los mexicanos.
Así es que quise manifestar esta determinación y quiero, finalmente, plantear que ha sido un esfuerzo grande de todas las fracciones llegar a un acuerdo para resolver la integración de las comisiones. Y espero que quienes han quedado con responsabilidades al frente sepan que tienen una tarea muy fuerte, es colectiva, es de todos, pero quienes encabezarán estas comisiones tendrán que sacar una responsabilidad grande. Porque estoy convencido que esta legislatura, si no se convoca un Congreso Constituyente, tendrá que realizar las tareas de Congreso Constituyente para dar al país nuevas condiciones que requiere de profunda transformación en beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras, diputados y diputadas.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Ha pedido la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla. No, que pidan la palabra ordenadamente. Sí, no pero ya está alguien esperando.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Buenas tardes, estimadas y estimados diputados. Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en lo general y en lo particular en favor de la presente iniciativa, en virtud de varias consideraciones que compartimos con ustedes.
La primera de ellas porque atiende a una demanda insoslayable de los ciudadanos en el sentido de que las Cámaras reduzcan el número de comisiones legislativas y, por lo tanto, procedamos a la concentración de las materias legislativas que en el pasado solamente fueron cambiadas más con el propósito del reparto de cuotas de comisiones que por la profundización del estudio de las materias.
También estamos en favor de que, además de que se reduzcan estas comisiones, se integren todos los grupos parlamentarios a la conformación de las mismas, de manera tal que puedan las comisiones ser expresión plena de la pluralidad del pleno de la Cámara de Diputados.
Respecto del procedimiento que podría en un momento determinado discutirse, el hecho es que la misma Ley Orgánica nos dice que es el mes de septiembre en el que debemos conformar las comisiones. Y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que el pasado martes fue aprobado establece claramente diez días para la modificación de la ley que el día de hoy se está metiendo en procedimiento.
De igual manera, se apoya en el hecho de que la Constitución y la misma la Ley Orgánica permiten a las Cámaras tomar resoluciones en materia de su régimen interno.
Todos lo sabemos, hay una enorme cantidad de iniciativas y de rezago legislativo pendiente que espera de manera urgente la conformación de comisiones. De manera tal que si con este paso le damos base legal a la conformación de las mismas, estamos trabajando en cumplirle a la ciudadanía la conformación de comisiones en el mes de septiembre, por un lado, y por otro lado, en avanzar lo que es justamente el propósito central de nuestra presencia aquí, el trabajo legislativo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El diputado Miguel Acundo González, del Partido Encuentro Social. Desde su curul.
El diputado Miguel Acundo González (desde la curul): Señor presidente. En este país hay un enorme rezago en la solución de conflictos agrarios, por eso me sumo a la propuesta del diputado Noroña, porque no puede desaparecer la Comisión de Reforma Agraria, esos asuntos pendientes los tenemos que resolver. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, el diputado Alfredo Vazquez Vazquez, de Morena.
El diputado Alfredo Vazquez Vazquez: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras. Hago uso de la voz para manifestar la situación que está ocurriendo de desaparecer la Comisión de la Reforma Agraria cuando en Chiapas no están resueltos los conflictos agrarios.
Asimismo, ha existido o ha prevalecido en todo momento la desatención para los pueblos indígenas de Chiapas y, sobre todo, el sector más desprotegido. Por eso dejo este manifiesto, de que este Congreso en esta Legislatura se le tenga que buscar una solución a los graves problemas agrarios que también, sin lugar a dudas, tenemos los conflictos con los hermanos del EZLN.
Y aprovechando la ocasión, también quiero manifestar la preocupación que está prevaleciendo en Chiapas, el caso del día viernes pasado. Nos enteramos del asesinato cobarde del compañero periodista Mario Gómez en Yajalón, Chiapas.
Mucho se ha dicho de las muertes de los periodistas en el país y es claro que como sociedad que avanza en un contexto de derechos sociales y políticos no podemos menospreciar la importancia que tiene el acceso a la información para la sociedad, lo cual la ha llevado a consolidarse como un derecho fundamental de todas las personas.
Unas de las principales formas para acceder a la información en virtud de que esta ya se nos presenta después de un proceso de recolecta, síntesis y jerarquización, lo es sin duda a través de la noble actividad del periodismo.
Atentar contra la vida de cualquier ser humano, un ataque al derecho fundamental de las personas a la vida y a que se respete su integridad física, es un hecho reprobable en toda su magnitud, pero el hacerlo con relación a sus funciones laborales como el caso del periodismo es también un atento al derecho de todos los mexicanos a recibir información.
En este caso es el que desgraciadamente nos enteramos que el viernes pasado, 21 de septiembre, del asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, quien al salir de su domicilio fue acribillado a tiros por dos hombres a bordo de una motocicleta, según información de El Heraldo de Chiapas, periódico donde laboraba.
Según información, el periodista ya había denunciado las amenazas de su muerte.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Abrevie, por favor, diputado.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Abrevio, señor presidente. Primero. Los diputados de la LXIV Legislatura federal condenamos enérgicamente el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, ocurrido el pasado viernes 21 de septiembre.
Segundo. Manifiestan las condolencias a familiares y amigos y se solidarizan con su pena.
Tercero. Se exhorta a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas a poner en manos de la Procuraduría General de la República los avances de investigación de los hechos de este lamentable homicidio. Se exhorta al gobierno federal...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón. Diputado, sea respetuoso de las normas...
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: ...de las entidades federativas...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, por favor, licenciado, por favor.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Gracias, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La licenciada Cynthia López, la diputada Cynthia López Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Cynthia Iliana López Castro: Con su venia, señor presidente. Subo a esta tribuna únicamente para hacer un posicionamiento a favor, que no desaparezca la Comisión de la Ciudad de México.
Participé como diputada local de esta ciudad, pero además al igual que algunos de los compañeros, fuimos parte del Constituyente de la Ciudad de México, y si bien luchamos para que fuera una entidad autónoma, no es una entidad federativa como tal y no tiene la total autonomía.
Todavía existe aquí el 122 constitucional que regula todo el tema de la Ciudad de México.
Hay muchas injerencias que tiene esta Cámara para el tema de la ciudad. Y haría esa petición de que no desapareciera la Comisión de la Ciudad de México, si bien ya tiene su propia Constitución y muchos de nosotros pertenecemos a esta entidad, hay cosas que se tienen que regular desde aquí.
Entonces haría ese pequeño, pues ese exhorto para que no desaparezca la comisión de nuestra ciudad capital, que todavía hay muchas cosas que se tienen que regular.
Y por otra parte, hacer el comentario para que se divida la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Actualmente somos la tercera parte de la población de este país y debe de darse la importancia a los jóvenes. El que se mezcle y se haga una sola comisión no va a permitir que se puedan desarrollar los temas competentes a la materia.
Somos los jóvenes la mitad de la población, somos casi 40 millones de jóvenes. Hay muchas políticas que se tienen que hacer de manera transversal. La lucha de los jóvenes ha sido para que no nada más se sectorice, sino para que se atienda de manera transversal en cada uno de los temas.
Por eso únicamente hago esta petición y dejo a su consideración estas observaciones. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: A propósito de las dudas que existen sobre el tema, la Secretaría me ha indicado que, desde el punto de vista constitucional, desapareció el Distrito Federal. Se modificaron cerca de 20 artículos de la Constitución donde se equiparan los estados de la Unión con la Ciudad de México.
Y el constituyente de la Ciudad le otorgó plena soberanía a la Ciudad y autonomía de gestión. Si se reconociera una comisión de la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal, tendría que haber una por Aguascalientes y hasta la zeta. Perdón, están en el mismo trato.
No habiendo... A ver... No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido. Informo a la asamblea que en lo particular hay propuestas de modificación al artículo 39, numeral 2, fracción XXVI y la adición de un artículo transitorio.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y los artículos no impugnados.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general, del proyecto de decreto, y en lo particular de los artículos no impugnados. Rectifico, cinco minutos. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
(Votación)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. A la diputada Alma Marina Vitela le vamos a pedir su votación de viva voz, por favor. Ya. A la diputada Flor Ivone Morales, si nos ayuda emitiendo su voto de viva voz, por favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Está abierto el sistema todavía, por favor. Cerramos el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 417 votos a favor.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado en lo general y lo impugnado, por unanimidad de votos. La unanimidad en la pluralidad es siempre bienvenida, y el consenso nacional en lo fundamental construye países. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento, tiene la palabra, por tres minutos, Mario Mata Carrasco, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación.
El diputado Mario Mata Carrasco: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, claro que la austeridad ha llegado y estamos conscientes que estamos a favor de ella.
En lo general, excelente decisión. En lo particular disiento que las comisiones de Juventud y Diversidad Sexual se hayan fusionado, por los siguientes motivos.
El primero, es el principio de especialización. Las comisiones deben ser totalmente acordes con el asunto que deben tratar. No debemos en ningún momento poder fusionar lo que no es fusionable. Los dos temas son torales para nuestro país, en el quehacer diario de los asuntos públicos y su importancia es tal, que merecen ser una comisión exclusiva para cada uno de ellos. No hay que irnos por economías mal entendidas.
El querer hacer una sola comisión demuestra un prejuicio de que la diversidad sexual solo importa en los jóvenes, cuando sabemos que es un tema de niños y niñas, de adolescentes, de personas adultos, adultas y hasta la tercera edad.
Lo mismo, los jóvenes son mucho más que la diversidad sexual. Su importancia socioeconómica en este segmento de la población simplemente es la mayor, y como lo dijimos, el cúmulo de asuntos que se tratará sobre la juventud será inmensurable, como para quitarle tiempo y concentración con el tema de diversidad sexual.
No hay por qué regatearles a estos dos temas recursos. No podemos pasar a la historia como la legislatura que soslayaron a la juventud y a la diversidad sexual por cuestiones nimias en el recurso que se maneja, que además no tiene ningún efecto este en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, lo que hagamos o dejemos de hacer en estos temas tendrá efecto para millones de personas y los daños pueden ser irreversibles e inmensurables.
Proponemos se separen estas dos comisiones, que pasen de ser de 43 a 46 para quedar en 47... Perdón, que pasen de ser de 43 a 44 para quedar en 47 total. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta a la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene la palabra el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adiciones.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Muchas gracias, con su permiso, presidente. Diputadas y diputados, el Partido Acción Nacional ha acompañado este acuerdo, la reducción de las comisiones, desde el primer momento, esta no va a ser la excepción. Sin embargo, no podemos ignorar desde ninguna perspectiva que en la sesión inmediata anterior al votar la integración de las mismas o cómo va a quedar la conformación de las presidencias, se generó una serie de reflexiones acerca del marco jurídico que nos rige.
Es decir, se hacía necesaria la modificación de la ley y hoy al aprobarla el proceso tiene que continuar para poder hacer la norma perfecta. Es decir, este decreto aún tiene que ser turnado al Senado para su aprobación y una vez integrado entonces ya estar con la ley en firme.
Por lo tanto, para evitar que existiera alguna actuación extralegal en las comisiones o que pudiera generar invalidez en la actuación de los mismos.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito proponer una adición en un cuarto transitorio para quedar como sigue:
Artículo cuarto transitorio. Una vez que el presente decreto entre en vigor se procederá a instalar las comisiones cuya conformación haya aprobado el pleno.
En suma, se trata de garantizar que la actuación de las comisiones de este Congreso estén dentro del marco jurídico que nos rige, y atendiendo al principio de legalidad. Por su atención y su apoyo, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba o se desecha la adición propuesta.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se acepta la modificación, la adición.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 39 y la adición de un artículo transitorio, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos de la iniciativa. Y la adición de un transitorio aceptada por la asamblea.
(Votación)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Disculpen, diputadas, diputados, ¿falta alguien de votar? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado falta de votar? Por favor levanten la mano cuando ya hayan votado. ¿Alguien más que falte de votar? ¿Alguien más que falte de votar? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 400 votos a favor, 420 votos a favor. Ningún voto en contra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Aprobado en lo particular por 420 votos el artículo 39, reservado en términos de la iniciativa y la adición de un artículo transitorio.
Aprobado en lo general y lo particular, de nuevo por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República y envíese de inmediato por medios austeros, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves: Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Comparezco ante el pleno de la Cámara de Diputados, para presentar...
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, señora diputada? Perdón. En su curul.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Perdón, presidente. Era un tema que tenía que ver con la votación que acabamos de tener hace un momento y es un tema importante que tiene que ver con la integración de las comisiones.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Eso viene después. Ahorita se va a dar el informe.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Pero es importante decirlo en este momento.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. Cuando llegue el momento de las comisiones, usted haga sus reservas o su grupo parlamentario.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Pero tiene que ver...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se lo ruego.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Perdón, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se votó la reforma.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Ya se votó, pero...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ahora vamos a discutir la integración de las comisiones.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Justamente por eso, presidente. Permítame.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pero no está a discusión.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Perdón. Pero creo que...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No está a discusión.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): No está a discusión...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Esto ya se votó. A ver. Pónganle el sonido. Dígame, diputada.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Gracias. Es importante señalar lo justo, porque en este momento se está procesando la construcción del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se procesó.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Había ya un exhorto en el sentido de que las mismas tuvieran una integración en sus presidencias de forma paritaria.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Así es.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Simplemente es en el ánimo de que la Junta de Coordinación Política respete ese exhorto y que el documento que suscribirá esa Junta para que sea votado por este pleno, venga integrado en esos términos. Hubiera sido muy bueno que en la propia propuesta legislativa que envió la Junta ya hubiera venido esta disposición. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada, por su celo en la paridad. Quiero informarle que así han sido construidas todas las comisiones. Acabo de platicar un buen rato con representantes mujeres de todos los partidos y quedaron a satisfacción. Ahora usted puede decirles a las mujeres que representa que usted tomó la palabra. Gracias. Continúe el orador.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves: Gracias, presidente. Comparezco ante el pleno de la Cámara de Diputados y diputadas para presentar una iniciativa de reforma al artículo 55 de nuestra Constitución Política, con la finalidad de reducir la edad para ser electo diputado o diputada federal.
Actualmente la Constitución Federal contempla la edad de 21 años como edad mínima para acceder al cargo, cuestión que considero se opone a lo establecido en la propia Constitución ya que concede la calidad de ciudadano a los 18 años. Ahora bien, la interpretación en su conjunto de los artículos 34 y 35, el derecho a votar y ser votado, son intrínsecos a la calidad de ciudadano.
Si bien es cierto la segunda parte de la fracción II del artículo 35 que comento establece una excepción a la regla general de establecer determinadas cualidades específicas para acceder al derecho de votación pasiva –como pudiera ser la edad–, también lo es que en los hechos la excepción está superando a la regla general, ya que de manera tajante limita a los ciudadanos de 18 años a acceder al derecho pleno a la votación.
Es decir, se acota el derecho de estos a ejercer únicamente el derecho activo demorando el goce y disfrute del derecho pasivo hasta que alcance los 21 años de edad, siendo esta la edad requerida para poder ser aspirante a un cargo de elección popular, específicamente el cargo de diputado o diputada federal.
Durante las discusiones de la Segunda Comisión del Congreso Constituyente de 1917, para poder arribar a la conclusión de la edad requerida para ser diputado o diputada, básicamente se basaron en tres puntos principales.
A decir en ese entonces por el ciudadano Arturo Méndez, el primero de ellos, era que la juventud no tiene los conocimientos básicos ni la experiencia ni el reposo que necesitan para desempeñar este cargo, además de señalar que el desarrollo físico de un hombre o una mujer se completa al llegar a los 25 años, advirtiendo que el desarrollo intelectual es muy variable y que estos dependían del medio y de la herencia.
Como se puede advertir en esas concepciones, descansan las limitaciones que mutilan las garantías de los ciudadanos y ciudadanas a ejercer a plenitud los derechos ciudadanos.
Hoy por mucho es evidente que esas limitaciones físicas no son en lo mínimo una limitación intelectual, por el contrario, la inclusión enriquece la democracia.
Ante estas ideas del siglo pasado, hoy el constituyente mexicano debe velar por la inclusión de todo aquel ciudadano que tenga las aptitudes de ejercer el derecho a ser votado.
Si bien es cierto la experiencia es determinante en el ámbito de la función pública, también lo es que al ser la Cámara de Diputados un órgano colegiado, integrado por 500 miembros, da la posibilidad de permitir a la juventud de forzar experiencias, máxime cuando las determinaciones son tomadas por la mayoría y que a ella le anteceden extensos debates y discusiones, a la luz de un análisis profundo de cada uno de los temas, lo que desde luego se traduce en una toma de decisiones maduras.
Asimismo la integración de la Cámara de Diputados y diputadas es el resultado de la expresión popular, entonces el Estado mexicano debe garantizar que todas las corrientes de pensamiento estén debidamente representadas, siendo necesario escuchar también la voz efervescente de las juventudes, que desde luego tienen mucho que decir y más que aportar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Favela Peñuñuri del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud.
El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Buenas tardes, compañeros y compañeras, legisladores y legisladoras. Vengo en nombre de mi fracción del Partido del Trabajo para someter una iniciativa con proyecto de decreto en la calidad de adultos mayores. Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Adelante.
El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Al pueblo de México, nuestra Constitución dispone en su artículo 4o., que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
En la Ley General de Salud, en su artículo 6o., fracción III, sobre el Sistema Nacional de Salud menciona como uno de sus objetivos el colaborar al bienestar social mediante servicios de asistencia, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y en lo social.
Por su parte la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 6o. establece que el Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo y seguridad social a las personas adultas mayores.
Para el cumplimiento de los objetivos y mandato de la ley, se establece la siguiente propuesta de mejora en el sector salud, enfocado en atención a los adultos mayores.
La situación actual de esta población, según el Consejo Nacional de Población, indican que la esperanza de vida en México en 2017 fue del 75.34 años de edad, e irá creciendo, y una disminución de la tasa de natalidad, y como consiguiente un incremento en el envejecimiento de la población.
En comparativa en 1990, las personas con 60 años y más, mujeres y hombres, de 6.6 por ciento y 5.1 por ciento respectivamente, mientras que actualmente representa alrededor del 15 por ciento.
El 8.6 por ciento represente a la población adulta mayor en la zona urbana, y el 10.1 en la zona rural, lo que se convierte en una mayor demanda de servicios de salud y esos son precarios o simplemente no existen.
Las principales causas de muerte son enfermedades crónico-degenerativas y las más comunes son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, por supuesto también los tumores malignos.
El esquema presupuestal no ha sido favorable, una limitante para el buen funcionamiento del sistema. La actual administración en 2013 le destinaron 187 mil 498 millones de pesos, en este 2018 ya fueron 217 mil 606 millones de pesos, esperando que el próximo Presupuesto pasen del actual 3.2 por ciento al 6 del producto interno bruto, por lo que es conveniente que nosotros los diputados contemplemos un verdadero aumento a este sector.
Las cifras per cápita tienen un panorama preocupante. En 2013, con alrededor de 118 millones de mexicanos le correspondieron al día 4.35 pesos por ciudadano. En 2018, con una población alrededor de 129 millones, le corresponden 4.42 pesos al día, tomando en cuenta la población adulta mayor que demanda más atenciones. Simplemente es insuficiente el poder solo considerarlos dentro de los programas que otorga la Federación.
En referencia a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el artículo 10, fracción XVI se establece el fomento de las instituciones educativas y de seguridad social para establecer disciplinas para la formación de geriatras y gerontólogos, con el fin de garantizar la cobertura.
Por la alta demanda, es necesaria una extensión de la rama de geriatría ya que en 2012 existían solo 450 geriatras certificados, uno por cada 22 mil 345 adultos mayores.
Según datos del Instituto Nacional de Geriatría, mientras que, en 2018, según el Consejo Mexicano de Geriatría, A.C, existen 537, cuando deberían de egresar 200 por año. Debemos de fomentar las prácticas profesionales y de enseñanzas médicas en esta área en clínicas y hospitales, ya que el gobierno actual y los pasados nunca se preocuparon porque sean verdaderamente atendidos.
Se considera urgente la instalación y habilitación de clínicas y hospitales con esas especialidades, como lo menciona el artículo 27, fracción XI de la Ley General de Salud, que la atención médica de los adultos mayores sea en áreas de salud geriátrica. De esta manera podrán con atención propia, eficiente y eficaz, además de construir o adaptar...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, señor diputado.
El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Termino. Casas de atención, ocupación y distracción del adulto mayor, en donde convivan, designen su experiencia y tengan una distracción entre sus iguales.
Tomemos en cuenta que muchos de nosotros estamos o estaremos próximos a ocupar dichos espacios. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado Favela Peñuñuri. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.
La diputada María del Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, señora presidenta. Señoras y señores legisladores, los diputados federales del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, al tenor de lo siguiente.
No hace mucho tiempo, los migrantes eran los grandes olvidados para nuestro país. Hasta hace pocos años el Estado mexicano reparó en que tenía una gran problemática que había dejado sin atención a través del tiempo. Un grupo vulnerable abandonado, violentado en sus derechos fundamentales y desprovistos de mecanismos para participar en la vida pública y formar parte como sujeto activo de la voluntad ciudadana.
No es desconocido que México se ubica en el segundo lugar de los países de origen de los emigrantes, con una cifra de alrededor de 12.3 millones de connacionales distribuidos en todo el mundo.
Ampliar la representación democrática de los mexicanos en el exterior es una deuda que el Estado mexicano tiene y que no ha terminado de pagar.
Nuestros connacionales, ávidos de ser tratados como mexicanos y no de segunda clase, están levantando la voz para impulsar esta iniciativa con la intención de ampliar la representación democrática de los mexicanos en el exterior, a través de la figura del diputado migrante, de representación proporcional, fue necesario determinar en un primer momento, a través de una fórmula objetiva, transparente y sensible, la cantidad de diputados migrantes que se integrarán al Congreso federal.
En cada circunscripción territorial existe cuando menos una entidad federativa en la que su presupuesto depende de manera significativa de las remesas o cuenta con un número importante de migrantes inscritos en la lista nominal de electores que están residentes en el extranjero.
Con base en lo anteriormente citado y con el objetivo de que los connacionales estén debidamente representados en esta Cámara, la circunscripción plurinominal que cumpla con alguno de los siguientes criterios contará con un diputado migrante de representación proporcional.
Punto número uno. Que el promedio del índice de dependencias del PIB estatal con respecto a las remesas en la circunscripción plurinominal sea de por lo menos el 2 por ciento del índice de dependencia del PIB estatal del año anterior a la elección de diputados federales.
O el segundo punto. Que la circunscripción plurinominal cuente con al menos 20 mil connacionales registrados en la lista nominal de electores residentes en el extranjero en el año de la elección en curso.
Para el caso de elecciones federales en que se renueva la totalidad de los cargos a elección popular y para el caso de elecciones federales en que se renueva solamente la Cámara de Diputados, se hará con base en la lista nominal de electores residentes en el extranjero de la elección anterior.
Cabe mencionar que la aplicación de esta fórmula no es acumulativa y solo se asignarán cinco diputados migrantes, uno por cada circunscripción plurinominal que cumpla con las características antes señaladas, pues con el empleo de esta fórmula no se pretende incentivar la migración o premiar el mayor flujo de remesas hacia México.
Es fundamental que quede claro para todos que el espíritu de esta iniciativa que presentamos es ampliar la representación democrática de los mexicanos en el exterior, porque son mexicanos y como tal se les debe tratar. Que la fórmula utilizada surge ante la imposibilidad de determinar la cantidad de personas que por entidad federativa se encuentran radicando fuera del territorio nacional, porque ni el Instituto de los Mexicanos en el Exterior cuenta con la cifra exacta.
Al introducir la figura del diputado migrante en el orden jurídico mexicano, se propone que adicionalmente a los requisitos que establecen la Constitución federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el candidato pueda cumplir con los siguientes temas:
Primero. Tener residencia binacional, es decir, que resida en el extranjero por lo menos tres años. Pertenecer a organizaciones o asociaciones de migrantes cuando menos un año antes de su postulación. Acreditar que ha fomentado o promovido el vínculo entre la comunidad a través de actividades culturales, recreativas, deportivas o productivas. Y acreditar que ha participado en beneficio de su comunidad, cuando menos un año antes de su postulación.
Con estos requisitos para ser diputado migrante consideramos que se garantiza que el aspirante a tal cargo está involucrado y comprometido con los asuntos de interés para los migrantes y que, a su vez, mantiene un vínculo cercano con su comunidad en México, para la que también desea trabajar. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación, Protección Civil y Población para su dictamen. Se pide a las diputadas y diputados no retirarse del salón, falta una votación importante.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Compañeras y compañeros, con la reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia de 2008, México dejó atrás el sistema inquisitivo para transitar a uno acusatorio y oral que parte de la defensa y protección de los derechos humanos.
Lo anterior se estableció con el objetivo de despresurizar el congestionado sistema, reducir gastos públicos, brindar justicia a las víctimas y centrar los esfuerzos en la investigación diligente de delitos que más lesionan a la sociedad.
De hecho, la falta de eficiencia en el sistema inquisitivo se puede constatar con las estadísticas que se observan en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, en donde la Procuraduría solo había logrado consignar el 22 por ciento del total de las averiguaciones previas. Por eso fue necesario hacer estos cambios que nos llevaron al Sistema de Justicia Acusatorio y Oral.
Posteriormente, con las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos de 2011, México incorporó el garantismo como modelo de Estado de derecho, con ello nuestro país comenzó a formar parte de una comunidad global que vigila y promueve la protección de los derechos humanos.
El Estado asumió el compromiso de generar mecanismos jurídicos que permitan garantizar los estándares más altos en materia de protección y promoción de los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional.
Todas estas reformas reconfiguraron la dimensión penal del sistema en sus distintas facetas. Esto es porque partieron del principio de la defensa y protección de los derechos humanos. Por sí mismo el derecho penal es represor y restrictivo, y de ahí la imperante necesidad de establecer garantías que doten de seguridad jurídica a las personas que intervienen en el proceso penal.
Originalmente se había planteado que cada entidad federativa tuviera su propio código, pero el resultado fue la incorporación de figuras procesales que solo existían en algunos de los estados y no en todo el territorio nacional. Por eso, en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Si bien es cierto que el Código establece derechos y garantías tanto para la víctima o el ofendido, también como para el imputado, lo cierto es que en el marco del procedimiento todavía es necesario consolidar algunas reglas procesales que permitan fortalecer aún más el equilibrio entre las partes. Ello a fin de que el sistema atienda en su totalidad las garantías judiciales demarcadas por el derecho internacional de los derechos humanos.
En ese sentido la iniciativa prevé una reforma al artículo 126, con el objetivo de fortalecer el derecho a una defensa adecuada. Actualmente el citado artículo del Código Nacional establece la posibilidad de que el abogado defensor recurra al órgano jurisdiccional a fin de solicitar la presentación de un testigo, cuando este se negara a presentarse de manera voluntaria.
Lo anterior se estableció con el objetivo de otorgar mecanismos que faciliten el acceso a datos de prueba en el marco de la construcción de la defensa. Se busca modificar el 261 sobre las definiciones de dato de prueba, medio de prueba y prueba.
La reforma planteada busca sustituir el término tribunal de enjuiciamiento por órgano jurisdiccional, con el propósito de evitar confusión sobre la posibilidad de producir prueba en etapas preliminares o previas a juicio, para efecto de demostrar la pretensión del oferente.
Se propone también modificar el 325 para determinar que, si la investigación complementaria no se concluye en el tiempo demarcado por el juez, se procederá a sobreseer la causa. Ello tiene por finalidad fortalecer la obligación del Ministerio Público de investigar diligentemente y dota al imputado de seguridad jurídica.
El artículo 344, sobre el desarrollo de la audiencia durante la etapa intermedia, con el objetivo de referir la posibilidad de establecer el desahogo de medios de prueba, fortalecimiento de lo ya referido en el 262.
Se prevé eliminar el último párrafo del 346, la decisión del juez de control de exclusión de medios de prueba que sea apelable.
La iniciativa prevé reformar el artículo 366, con el objetivo de garantizar y atender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se encuentra en el procedimiento penal, puesto que se propone la obligatoriedad de grabar los testimonios de los menores con el objetivo de evitar la revictimización, si fuera necesario que volvieran a rendir testimonio en partes posteriores de los procedimientos.
Y finalmente, se prevé la reforma al 479 para dar congruencia a la modificación del 467 para poder explicar cómo proceder durante la sentencia cuando se produce una apelación contra la admisión o la exclusión de prueba. De la misma manera, se prevé que el delito de portación de armas de calibre de uso exclusivo del Ejército, no en todas sus modalidades, sea incluido al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Por su atención, muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Reyes Montiel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del PRD.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su permiso, presidenta diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Posicionamiento a la iniciativa que reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución.
Un Estado democrático requiere de instituciones fuertes, la fortaleza de las instituciones democráticas proviene de un marco normativo de aplicación general que se sustraiga de la discrecionalidad en su aplicación. La ley, como define Aristóteles, es razón desprovista de pasión.
Para que la convivencia política sea posible, los ciudadanos, todos, deben someterse a lo que disponga la ley, pero más observantes de la ley deben de ser los ciudadanos que determinan magistraturas y responsabilidades del Estado.
En el camino emprendido, para la democratización de nuestro país hay mucha resistencias y obstáculos. La presidencia de la República debe ser una institución democrática, no un espacio de excepción a la norma. La persona que detente el honroso encargo de presidente de la República es depositario de la confianza de los ciudadanos y tiene la enorme responsabilidad de conducir y administrar los asuntos de los recursos públicos con honestidad y transparencia.
El presidente de la República es a la vez el jefe de Estado de gobierno, pero al mismo tiempo es servidor público. Su conducta en la cúspide de la pirámide de la administración pública debe permear de ejemplo y compromiso público. Debe ser guardián y garante de la integridad de los bienes del Estado y no cabeza de facción que hace de estos bienes botín.
El Grupo Parlamentario del PRD ha presentado en esta Cámara de Diputados desde sus orígenes como partido de izquierda planteamientos para que, desde la cabeza de Estado, el titular Ejecutivo, haga previsiones legales que no admitan espacios de discrecionalidad que puedan generar incertidumbre jurídica e impunidad que constituyan incentivos a posibles actos de corrupción.
En este sentido, hemos propuesto en diversas oportunidades la reforma al artículo 108 constitucional que ha enfrentado la oposición de grupos parlamentarios mayoritarios, que además han detentado la presidencia en diferentes ocasiones.
Desde su óptica, la reforma propuesta resulta inaceptable, inadmisible, como si estuviera proponiendo la destrucción del Estado. Nada más absurdo y alejado de la realidad. Lo que proponemos forma parte de la normatividad democrática de cualquier país democrático que el presidente de la República pueda ser sujeto de responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebida de fondos de recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves de orden común. Esto pasa en cualquier república democrática.
El artículo 110 propone que el presidente de la República pueda ser sujeto a juicio político. Es decir, la reforma propuesta contempla las conductas genéricas y el procedimiento ya contemplado en la Constitución.
Para que un sistema nacional anticorrupción sea completo, es necesario que se contemple al presidente como sujeto de responsabilidad en conductas que puedan ser constitutivas de delitos de corrupción.
El PRD seguirá insistiendo en la construcción de un Estado democrático. Con esta iniciativa volvemos a proponer que, en el espíritu de equidad e igualdad, todos los servidores públicos, incluyendo al titular del Ejecutivo, estén sujetos a normas de anticorrupción y no se escuden en su encargo para incrementar su fortuna personal o de su familia a cuenta del quebranto del Estado y de la sociedad mexicana que contribuye con su trabajo.
Hacemos un llamado a todos los legisladores federales para que con visión de Estado y voluntad política demos otro paso hacia adelante para adecuar el diseño institucional a las exigencias y a las necesidades actuales, para que en el futuro próximo se puedan sancionar, prevenir, disuadir y corregir comportamientos tendientes a la corrupción. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En 1972 fue fundado el Infonavit. A 46 años de su creación ha otorgado más de 10 millones de créditos hipotecarios que han permitido que igual número de familias tengan una vivienda.
La Ley del Infonavit es clara al definir al instituto como un organismo de servicio social cuyo objeto es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para adquirir una vivienda, así como para construir, reparar, ampliar o mejorar su hogar.
Cada año el Infonavit otorga más de 600 mil créditos, lo que representa una inversión de más de 200 mil millones de pesos.
De acuerdo con datos del instituto, la cartera vencida asciende a 105 mil 864 millones de pesos, y su índice es de alrededor del 5.7 por ciento.
La venta de cartera vencida a empresas privadas, representa un perjuicio para los trabajadores, toda vez que el objetivo del instituto es velar para que ellos puedan acceder a una vivienda digna.
Sin embargo ante la falta de pago o la cancelación de un crédito, las empresas que compran la cartera vencida, utilizan mecanismos extrajudiciales para realizar la cobranza que le ponen en riesgo, no solamente el patrimonio, sino la dignidad de personas a través de prácticas fuera de la ley que implican incluso simulación de actos jurídicos.
Es importante señalar que el artículo 123 de la Constitución reserva a la Ley del Infonavit, toda la materia de financiamiento del crédito para la obtención de vivienda, dentro de la cual se incluyen las políticas de otorgamiento y las de recuperación de adeudos.
Este precepto constitucional es claro al señalar que la ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad una casa habitación.
Diputadas y diputados, con motivo de esa reserva no cabe la posibilidad de que tales cuestiones sean reguladas por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, ya que de hacerlo, resultaría contrario a la norma suprema.
Igual de grave resulta que el Infonavit para recuperar créditos contrate empresas privadas que usen técnicas de hostigamiento y datos personales que fueron entregados por el trabajador.
Es fundamental que el Infonavit no desvirtúe el objetivo para el cual fue creado. Por eso yo propongo a ustedes que modifiquemos la ley para que la cobranza de los créditos vencidos o que presente retrasos, sea ejecutado directamente por el Instituto.
Dos. Que en todo caso en los procedimientos de cobranza se respeten los derechos humanos de los trabajadores.
Tres. En los casos en que el crédito otorgado al trabajador presente retrasos, el Instituto no subcontrate a personas físicas o morales para realizar requerimientos o acuerdos a nombre de él.
Cuatro. Prohibir que el Instituto ceda, enajene o transfiera personas físicas o morales ajenas a esta, los créditos otorgados, aun cuando se consideren vencidos.
Compañeras y compañeros, el artículo 4o. de la Constitución establece que toda familia tiene derecho disfrutar una vivienda digna y decorosa. La finalidad el Infonavit es esa, no de perseguir a los trabajadores y mucho menos, de poner en manos de particulares sus créditos que lucraran con ellos después al vender las casas. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se ha recibido acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de comisiones ordinarias para la LXIV Legislatura. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura y se aprueba.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora Presidenta. En votación económica se consulta si se dispensa su lectura y se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se aprueba.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (17:09 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 2 de octubre de 2018 a las 11 de la mañana.
---o0o---