Intervención en lengua originaria de la ciudadana Celerina Patricia Sánchez Santiago
Minuto de silencio por el fallecimiento del ciudadano Héctor Muñoz Ledo
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Por el que se reforman y adicionan los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración
Posicionamientos
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Claudia Angélica Domínguez Vázquez, PT
Irasema del Carmen Buenfil Díaz, PES
Juan Francisco Espinoza Eguia, PRI
Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, PAN
Discusión en lo general y en lo particular
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración, fundamentación
Posicionamientos
Raymundo García Gutiérrez, PRD
María Libier González Anaya, PMC
Javier Julián Castañeda Pomposo, PES
Hortensia María Luisa Noroña Quezada, PRI
Evaristo Lenin Pérez Rivera, PAN
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Morena
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración, fundamentación
Posicionamientos
Ana Patricia Peralta de la Peña
Norma Azucena Rodríguez Zamora, PRD
Kehila Abigail Ku Escalante, PMC
Héctor Joel Villegas González, PES
María Ester Alonzo Morales, PRI
Francisco Javier Luévano Núñez, PAN
Oscar Rafael Novella Macías, Morena
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Morena
Iván Arturo Rodríguez Rivera, PAN
Ricardo de la Peña Marshall, PES
Mary Carmen Bernal Martínez, PT
Juan Martín Espinoza Cárdenas, PMC
Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, PRD
Jorge Emilio González Martínez, PVEM
Alejandra Pani Barragán, Morena
Marco Antonio Adame Castillo, PAN
Norma Adela Guel Saldívar, PRI
Alejandro Carvajal Hidalgo, Morena
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Para celebrar una sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla al Mérito Deportivo 2019
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Sí, presidenta. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 352 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (11:19 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Celerina Patricia Sánchez Santiago, narradora oral, promotora cultura y poeta ñuu savi, en el marco de la celebración del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, hasta por cinco minutos.
La ciudadana Celerina Patricia Sánchez Santiago (habla en lengua originaria): Nuestra lengua es el territorio que nos habita.
Nuestra lengua es el territorio que nos habita y sin ella no podemos expresar ni explicar nuestro mundo. Aunque las lenguas hegemónicas se han encargado de minimizarla, nuestra existencia, como pueblos ancestrales, es muy importante.
Para lograr que las lenguas y culturas indígenas se desarrollen y cambien, como el resto, necesitamos centros, escuelas y universidades reales que privilegien su análisis y desarrollo; no basta promoverlas o respetarlas solamente.
Estoy aquí, ante esta casa de mandato, porque aquí surge una gran parte de las leyes y las reglas que mandatan el desarrollo de la nación mexicana. Por ello les pido que como representantes, como personas que han sido nombradas para trabajar por el bien de todos, cumplan lo que les toca y busquen que se implanten acciones clave en nuestros pueblos.
Ya no queremos simulaciones hacia nuestros pueblos originarios, sino que se haga efectivo lo que dice la Constitución en el Apartado B del segundo párrafo del artículo 2o. constitucional: “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad para los pueblos indígenas”. Como sugerencia, se debería revisar dicho artículo, ya que lo primordial radica en garantizar la educación y la alfabetización de los pueblos indígenas en sus lenguas y culturas, más que tratar de favorecerla e incrementarla.
Como he dicho, nuestra lengua es el territorio que nos habita, ya que a través de ella nombramos lo que cohabita con nosotros. Actualmente estamos perdiendo con gran rapidez mucho de lo que somos. Nuestros niños y jóvenes ya no utilizan los nombres que dimos a las plantas con que nos curamos, los lugares sagrados, los colores, los ríos, las frutas ni las diversas gastronomías; estos están siendo desplazados por el español.
Hoy ya no tenemos nada contra el español, ya que también vivimos con él. Sin embargo, queremos saber leer y analizar nuestras lenguas, ya que en ellas se encuentran nuestra filosofía, nuestro saber, nuestro pensamiento profundo, nuestro sentir y nuestra manera de amar y convivir con el mundo. También deberíamos aprovecharlas para impulsar el respeto del conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación y, de esa manera, ir reconstruyendo nuestra historia con nosotros mismos y con nuestra espiritualidad ancestral.
Si queremos caminar como un país grande y libre tenemos que hacer una reconciliación con nuestras culturas y lenguas, y seguir avanzando en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas. Por ejemplo, México firmó el convenio 169 de la OIT. En la IV parte del documento se habla sobre la obligación de los Estados de impartir educación y ofrecer medios de comunicación desde las lenguas y culturas indígenas.
En estos términos se debe trabajar para crear escuelas, universidades y carreras de intérpretes traductores de nuestras lenguas en México.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos el discurso, las palabras, el mensaje de la ciudadana Celerina Patricia Sánchez Santiago. También la presencia del poeta Mardonio Carballo, un gran promotor de las lenguas indígenas que se encuentra en este recinto. Les invitamos a quedarse o a retirarse del salón de sesiones cuando lo deseen. Continuamos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputadas, diputados, como estarán enterados del fallecimiento lamentable del hermano mayor del presidente de esta Mesa Directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quisiéramos solicitar a todos ustedes, de la manera más solemne y respetuosa, después de unas palabras, un minuto de silencio.
Diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo: Las y los legisladores, grupos parlamentarios y el personal que trabaja en la Cámara de Diputados, nos solidarizamos con la irreparable pérdida de su hermano Héctor, quien lamentablemente falleció la noche de ayer, 2 de abril.
Reciba nuestras sinceras condolencias haciéndolas extensivas a su respetable familia. Honramos la memoria del ingeniero Héctor Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, gran promotor del avance tecnológico en nuestro país. Descanse en paz.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si es de dispensarse la lectura del orden del día.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaria si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron oficios de los diputados Armando González Escoto, José Ricardo Gallardo Cardona, Carlos Alberto Morales Vázquez y José Luis Elorza Flores, por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones que se encuentran publicadas en Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Primer informe bimestral 2019 sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibieron de diversas dependencias 23 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a las comisiones correspondientes y al promovente para su conocimiento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Asuntos Migratorios:
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración,
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración.
De la Comisión de Gobernación y Población:
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.
Quiero informar al pleno que en la Mesa Directiva que tuvimos hace unos minutos, acordamos por una razón especial comenzar por el proyecto de decreto que reforma los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración.
En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, consulte la Secretaría en votación económica si autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta si se autoriza que los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza. Aunque lo haremos poquito más adelante, mientras los grupos parlamentarios se preparan.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración. Vamos a saltarnos el posicionamiento y comenzaremos con las posturas de los grupos parlamentarios.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene en primer lugar la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento. La diputada Mónica Bautista.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Hoy en nuestros días, como es del conocimiento de todos y todas quienes estamos en esta Cámara de Diputados siguen llegando a nuestro país migrantes, refugiados, infancia en movimiento, porque en América Latina hay desigualdades.
Violencia y conflictos terribles que hacen y obligan a las personas que tengan que moverse de sus lugares de origen para buscar mejores oportunidades de vida.
La miseria acompañada de la violencia, provoca grandes desplazamientos masivos de migrantes que entran a nuestro país, buscando oportunidades y mejores condiciones de vida, forma parte del ADN del ser humano.
Por eso, el ser humano se ha extendido por todos los continentes y es un fenómeno natural que busca un desarrollo integral para el individuo. Los migrantes que entran a nuestra nación vergonzosamente han quedado como sombras debido a los abusos, maltratos, trata, robos, violencia y secuestros que han padecido durante su tránsito por nuestro país para alcanzar el anhelado sueño americano, siendo así violados todos sus derechos de dignidad humana.
Por lo anterior, debemos exigirnos que la base del Estado mexicano por tratar el problema migratorio debe fundarse entre los valores históricos que como nación debemos tener, entre ellos: la dignidad, el respeto, la solidaridad y el aprecio al ser humano y no en actitudes inhumanas que los deje a la deriva y en la franca vulnerabilidad y zozobra de sus derechos como personas.
El grupo parlamentario del PRD externa su voto en favor de las modificaciones a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Migración presentada a esta Cámara de Diputados por el Senado de la República, y mediante la cual se reforma el artículo 70 y se adiciona un nuevo artículo 70 Bis de la mencionada Ley de Migración.
Dicha modificación, propuesta por la Comisión de Migración de esta soberanía fue acordada el 21 de febrero del 2019. Los parlamentarios y parlamentarias del PRD están en favor del respeto cabal de los derechos humanos de los migrantes. No podemos ser incongruentes y pedir un trato justo a los mexicanos que migran al extranjero, y aquí en nuestra tierra violar los derechos humanos de los migrantes extranjeros.
En principio, las autoridades mexicanas están obligadas a respetar el derecho de los migrantes a transitar por nuestro territorio y a quedarse en nuestro país si esa fuera su voluntad. Desde luego que este principio debe ajustarse al respeto de las leyes mexicanas, en particular la Ley de Migración.
Dada nuestra experiencia de solidaridad con los migrantes y perseguidos políticos de otros países, como lo indica la protección de la migración española perseguida por el dictador Francisco Franco o la migración chilena víctima de las atrocidades del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, México debe recuperar su prestigio internacional de país solidario y ser ejemplo del respeto absoluto de los derechos humanos de los migrantes y protector de las y los perseguidos políticos.
La aprobación de la minuta que nos ocupa es un acto de justicia en favor de los extranjeros sujetos a procedimientos administrativos relativos a la legalidad de su estancia en nuestro país. Dicha minuta es oportuna, pues en el momento actual caminamos a pasos agigantados hacia una crisis humanitaria de migrantes, sobre todo en los que cruzan nuestro territorio con el fin de llegar a Estados Unidos para ser reconocidos como personas con derechos a trabajar y vivir con dignidad.
México no podrá detener la migración que viene de Centroamérica y tampoco la migración de mexicanos que se dirigen hacia los Estados Unidos, porque en el país del norte el salario mínimo es 11 veces mayor que el salario mínimo mexicano. Ni siquiera el aumento al 100 por ciento al salario mínimo en algunos municipios de la franja fronteriza del norte mexicano podrá detener la migración, porque el salario norteamericano es altamente atractivo.
Con ocho horas de trabajo el migrante mexicano o centroamericano logra satisfacer sus necesidades básicas y generar ahorros que envían como remesas a sus familiares.
México, según datos de la ONU y del Banco Mundial, tiene cerca de 13 millones de migrantes que trabajan en el extranjero, de los cuales 12.2 millones lo hacen en Estados Unidos y las remesas que esos migrantes envían a nuestro país, en 2018 representaron más de 33 mil millones de dólares, cifra superior a la obtenida por la exportación petrolera, cuyos ingresos fueron 26 mil millones de dólares. Para 2019 el nivel de los ingresos que obtendrá México por las remesas se estima en 35 mil
millones de dólares.
En síntesis, las reformas a la Ley de Migración que hoy podrían aprobarse y por las cuales el grupo parlamentario votará a favor, son una pequeña parte del tratamiento que debe darse al grave problema humanitario de la migración que pasa por el corredor México-Estados Unidos. Este problema no se podrá resolver con las actitudes tibias y de supuesta prudencia diplomática que ha adoptado el gobierno de México actual.
La prudencia es un valor, pero la dependencia y la subordinación ante las presiones del gobierno estadounidense constituyen la cara profunda de una prudencia mal entendida. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Bautista.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Nos informan que ya llegó la presidenta de la Comisión de Migración, y tiene la palabra entonces la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, para fundamentar el dictamen, ello de acuerdo a los artículos 104, numeral 1, fracción II, de nuestro Reglamento.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Muy buenos días, muchas gracias. Con su venia, presidenta. A nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios, que tengo el gusto de presidir, vengo a presentar el presente dictamen por el que se aprueba con modificaciones la minuta que reforma el artículo 70 y 70 Bis de la Ley de Migración.
El objeto de la misma es proteger a los migrantes para que tengan una adecuada defensa y, para ello, es necesario contar con un profesionista en derecho, ya que debe tener la formación necesaria que le permita garantizar eficazmente el acceso a la información a las personas migrantes sobre sus derechos y una defensa adecuada de los mismos. Lo anterior, en colaboración de la Defensoría Pública.
Se consideró establecer el derecho de la persona migrante sujeta a un procedimiento administrativo migratorio a ser asistida y representada legalmente por la persona elegida para tal efecto, o bien por el licenciado en derecho asignado por el Estado.
Puntualizar que para los asuntos que estén involucradas personas migrantes, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como los protocolos de actuación, especializados, y facultar al Instituto Federal de la Defensoría Pública para brindar orientación legal y jurídica gratuita a las personas migrantes que lo requieran dentro de las Estaciones Migratorias que sea de manera presencial y vía telefónica, a petición del interesado.
Actualmente la Ley de Migración prevé que los migrantes sean asistidos por las personas que designen, sin establecer la obligatoriedad de ser profesionistas en derecho y no prevé la asistencia de los defensores públicos.
En virtud de lo anterior, esta honorable Comisión de Asuntos Migratorios consideramos que para que la finalidad de la reforma propuesta por el Senado de la República, es necesario adecuar en la redacción de la reforma que el extranjero contará con asistencia jurídica y que la primera la obtendrá de su consulado y de un intérprete, y la segunda del profesionista en derecho, el cual podrá ser privado, público. Este último asignado por la Defensoría Pública, otorgándole una real y efectiva asistencia legal que le permita estar en posibilidad de hacer frente al procedimiento administrativo, cumpliendo plenamente con el principio de una adecuada defensa.
Con la asistencia del cónsul de su país, también se pretende que la persona extranjera pueda entender las acciones y procedimientos ejercidos en su contra, que frecuentemente son entendidos de diferentes maneras en su país de origen y en nuestro país, que es donde se llevará el procedimiento administrativo, ya que con la información traducida en contexto y proporcionada por el cónsul, la persona extranjera puede ejercer su derecho a la defensa de manera plena.
El cónsul asume, además, la función de intérprete de las condiciones y circunstancias en las que se encuentra su connacional, explicando con mayor claridad las implicaciones jurídicas de sus decisiones, encuadrándolos en el sistema jurídico de su Estado, ya que con su asistencia se previenen posibles violaciones a los derechos humanos de las personas extranjeras, así como de protección y defensa de sus derechos.
La función del intérprete será expresar el idioma del extranjero, lo que está escrito o expresado en la lengua del país en el que se encuentre sujeto a proceso, lo que las autoridades manifiesten durante el procedimiento, con la finalidad de que las personas extranjeras entiendan el sentido semántico de los términos, pues si la persona extranjera no requiere la intervención del consulado, el traductor será de gran ayuda para el defensor.
La Primera Sala en materia constitucional emitió la jurisprudencia número 11-2014, la cual fue publicada en el Semanario Judicial del 28 de febrero de 2014, que establece el contenido del debido proceso y el cual sostiene que las garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, se tutelan de dos maneras.
Que corresponda a todas las personas, independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo: el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. Y el de proteger a aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a algún grupo vulnerable donde se encuadran siendo extranjeros, dándole con ello igualdad frente a la ley.
Es importante para el cumplimiento de lo establecido, que también se obligue al Instituto Nacional de Migración para que garantice el contacto y el acceso a los extranjeros, con sus representantes legales y de sus defensores, y de estos, con sus representado o defendido, ya que de nada sirve que se legisle con la finalidad de que los migrantes tengan una adecuada defensa si desde el principio del procedimiento se impide el contacto con sus representantes, apoderados o defensores.
La capacitación de los servicios públicos es un punto medular para la prevención de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
La Ley Federal de Defensoría Pública establece en su artículo 26 que, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Federal de la Defensoría Pública promoverá la celebración de convenios de coordinación con todos aquellos que puedan coadyuvar en la consecución de los fines de esta ley. Entendiendo que también pueden colaborar con organizaciones de la sociedad civil.
En virtud de ello, consideramos que la Ley de Migración no debe regular las facultades de la defensoría pública, en virtud de que ya cuenta con su propia legislación. Es por lo anterior que esta Comisión de Asuntos Migratorios aprueba la minuta con modificaciones en los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración para quedar de la siguiente manera:
Artículo 70. Toda persona migrante sujeta a un procedimiento administrativo migratorio tiene derecho a que se le notifique y contacte con su consulado, siempre que así lo desee, y a un traductor. A contar con uno o varios representantes legales, uno o varios defensores, licenciados en derecho, y estar asistidos por personas que libremente él designe para protección y defensa integral de sus derechos humanos, para contar con asistencia médica y psicológica.
Cuando el extranjero no haya nombrado defensor, se le hará saber que tiene derecho a ser representado por uno, o en su caso, a designar un defensor que se le designará por oficio por el Estado, a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
El Instituto deberá colaborar con las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita la secretaría, para que estas ofrezcan los servicios de asesoría y representación legal a las personas migrantes en situación irregular y a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.
Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas migrantes tendrán un debido proceso, el cual consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente, derecho a ofrecer pruebas y a alegar lo que a su derecho convenga.
Tener acceso oportuno a las constancias del expediente administrativo migratorio, contar con el traductor o intérprete para facilitar la comunicación y en el caso de que no hable o no entienda el español y las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundamentadas y motivadas, les serán oportunamente notificadas para poder, en su caso, presentar algún recurso de inconformidad o recurrir a la resolución.
Para los asuntos en que están involucradas las personas migrantes y sujetas a protección internacional, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como los protocolos de actuación especializados para quienes imparten la justicia y demás instituciones.
Ninguna disposición de este artículo puede interpretarse en el sentido de que el instituto tiene facultades para supervisar el ejercicio profesional de las personas con licenciatura en derecho que ofrezcan o presten su servicios o representación a las personas migrantes.
El artículo 70 Bis del Instituto Nacional de Migración estará obligado a garantizar y permitir el acceso y la comunicación de los extranjeros con sus representantes legales y con su o sus defensores en las estaciones migratorias o en lugares habilitados donde se encuentre el extranjero al que están llevando a un procedimiento administrativo migratorio.
También está obligado a informar al Instituto Federal de la Defensoría Pública para que este brinde orientación legal y asistencia jurídica totalmente gratuita a las personas migrantes que no cuenten con un defensor particular dentro de las estaciones migratorias y que sea de manera presencial o vía telefónica, así cubriendo su derecho de un representante legal y para que pueda tener comunicación y saber qué hacer en su debido momento en su proceso que esté llevando. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continuamos con las posturas de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la diputada Erika Mariana Rosas Uribe, hasta por cinco minutos.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Gracias. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Compañeras y compañeros diputados, se pone a nuestra consideración por parte de la Comisión de Asuntos Migratorios el dictamen por el que se aprueba, con modificaciones, la minuta de decreto que reforma y adiciona los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración.
Es importante establecer que el objeto de la iniciativa de reforma es proteger a los migrantes para que tengan una adecuada defensa, contar con un profesionista jurídico que no solo sea corresponsable, sino también que tenga la formación necesaria que le permita garantizar eficazmente el acceso de la persona migrante a sus derechos.
Actualmente la ley establece que solo podrán ser asistidos por la persona que designen, con la finalidad de que la defensa se realice de forma eficaz y en condiciones de igualdad a las personas.
Para tal efecto, coincidimos con la redacción propuesta por la comisión para que el migrante sea asistido por un defensor perito en derecho, que deberá tener la capacidad de asesorar al extranjero y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para este, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar en posibilidad de hacer frente al procedimiento administrativo, cumpliendo plenamente con el principio de una adecuada defensa que con la asistencia del cónsul de su país, la persona extranjera pueda entender las acciones y procedimientos ejercidos en su contra, asumiendo la función de intérprete de las condiciones y circunstancias en las que se encuentra su connacional.
Que nuestra jurisprudencia sostiene que las garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del estado, se tutelan de dos maneras: el derecho a contar con un abogado y el de proteger aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a algún grupo vulnerable, caso en el que se encuentran los extranjeros dándole con ello igualdad frente a la ley.
Que además de contar una adecuada defensa y una asistencia consultar, incluida la traducción, también deberá contar, en su caso, con un intérprete durante el procedimiento.
En referencia a la preocupación en el acceso restringido que tienen los representantes y abogados de organizaciones sociales para brindar asistencia representación legal, coincidimos con el dictamen de la comisión en que es necesario de manera adicional que se le obligue al Instituto Nacional de Migración para que garantice el contacto y acceso a los extranjeros de sus representantes legales y de su o sus defensores y de estos con su representado o defendido.
Por lo aquí expuesto votaré a favor del presente dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Diputadas y diputados, resulta inevitable que la migración continúe sus pasos, ya vivimos en un mundo globalizado donde las fronteras desaparecen frente ante una integración política, económica y también social que ha convertido al mundo en un espacio donde los flujos comerciales están aparejados con los flujos migratorios.
Desde hace años México, además de ser un país de flujos migratorios provenientes de Centroamérica, se ha convertido en lugar de destino para quienes buscan mejores condiciones de vida y ven en nuestro país una alternativa.
De forma paralela, el tránsito de los migrantes de la frontera sur de México hacia Estados Unidos merece una atención de las autoridades migratorias para conocer el número de personas que ingresan, el cual se estima que ascendió a 300 mil en el 2018.
Hay que identificar las rutas de esos flujos migratorios, la cantidad de las personas que se quedan aquí y el número de quienes cruzan a la frontera norte. Esto a fin de contar con un censo que no se tiene. Un censo para saber cuál es el tránsito y el destino en nuestro país para que nos permita establecer obviamente un mecanismo de atención, seguimiento y también protección.
Lo anterior por una importante razón. La seguridad de los migrantes en territorio nacional debe ser atendida. Acaba de suceder hace muy pocas semanas en San Fernando, Tamaulipas, que un comando armado secuestró a 22 personas que viajaban en un autobús, y después se dio un rescate fortuito de 34 migrantes secuestrados. Esto solamente reabre un oscuro capítulo sobre la inseguridad en nuestro país.
El secuestro de estas 22 personas en Tamaulipas contiene una doble agravante. Por un lado la nacionalidad de las personas que vienen de tránsito de países centroamericanos con rumbo de los Estados Unidos y, por otra parte, la evidente falta de coordinación entre las autoridades estatales y federales.
Nos preocupa muchísimo que México sea calificado como un territorio peligroso para los extranjeros y no sólo para los propios mexicanos, quienes transitamos en dirección a Estados Unidos algunas veces y que sufrimos abusos de las autoridades migratorias y policiacas.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconoce la genuina preocupación de la Comisión de Asuntos Migratorios plasmada en este dictamen y que se pone a consideración en esta asamblea orientado a dar protección a los migrantes en territorio nacional.
El sentido del dictamen en discusión, acorde con lo que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de toda persona de gozar a los derechos establecidos en la Constitución, sean nacionales o extranjeros; en el caso de aquellas personas extranjeras que van de tránsito por el país y que gocen de esos mismos derechos sin importar su condición jurídica.
Pero yo me pregunto ¿con qué cara exigimos respeto a los derechos y dignidad de los mexicanos que viven en el extranjero? ¿Con qué cara estamos pidiendo que el gobierno de los Estados Unidos, del Presidente Trump, atienda a nuestros connacionales en Estados Unidos si nosotros no podemos brindar ni la mínima seguridad a los migrantes que pasan por nuestro país o se quedan en nuestro país?
El Estado mexicano debe garantizar a las personas que transitan por territorio nacional, un amplio horizonte de derechos, derecho a recibir asilo, a recibir refugio, a la protección de la unidad familiar, derecho a la dignidad humana, a no ser discriminado, derecho a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, derecho a un traductor, derecho a no ser detenido en albergues, y algunos otros abusos que siguen sucediendo.
Con la aprobación del siguiente dictamen abonaremos a toda persona migrante sujeta a un procedimiento administrativo migratorio, que sea asistida y representada legalmente o a que se le asigne un defensor.
Igualmente se deberán observar los derechos establecidos para los migrantes en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y así en los protocolos de actuación especializada.
Todos hemos tenido conocimiento de los riesgos a los que están expuestas las personas migrantes en su tránsito por el territorio nacional, sujetas a abusos de autoridades y acoso de organizaciones criminales. Por ello toda acción de gobierno o reforma legislativa que brinde protección a sus derechos, por supuesto que es bienvenida.
En consecuencia el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano compartimos el sentido del presente dictamen porque con medidas orientadas a respetar los derechos de los migrantes, se fortalece el respeto a la dignidad de los migrantes dentro del territorio nacional. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Partido del Trabajo.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez: Compañeras, compañeros, decía Evita, que donde existe una necesidad, nace un derecho.
Con el permiso de la Presidencia. Tenemos la necesidad de hacer de México un país que abrace a los migrantes y turistas que se internan en nuestro país. Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios en esta soberanía, que nos propone la reforma del artículo 70 y la adición a un artículo 70 Bis a la Ley de Migración.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo desde la fundación de nuestro honorable instituto político, hemos sido firmes impulsores de las medidas legislativas que tienden a beneficiar a la población.
Estamos convencidos de que es imperativo transitar de un sistema de justicia formal en donde sólo se preocupan por el respeto a las formalidades procedimentales para pasar a un sistema de justicia material en donde lo que se hace es dar la razón jurídica a quien la tiene.
Por ello consideramos relevante la reforma al artículo 70 de la Ley de Migración, porque se establece de manera clara los derechos con los que cuenta toda persona que por alguna razón se encuentra en las estaciones migratorias.
Podemos señalar que se establece en el artículo 70 las condiciones del debido proceso legal que deriva de las formalidades esenciales de procedimiento previstas en nuestra norma fundamental.
En el artículo 70 se prevé que se tiene derecho a que se le notifique, contacte y asista por su consulado y un traductor, y a contar con un representante legal y que cuando el extranjero no haya nombrado un defensor, el Estado le asigne uno a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Estamos totalmente de acuerdo que se brinde a los extranjeros la oportunidad de contactarse con la representación diplomática de su país, a efecto de que estos briden la asistencia legal que corresponda.
Sin embargo, también estamos conscientes de que la situación económica de los extranjeros que ingresan a nuestro país es a veces complicada, y que no en todos los casos se tiene la posibilidad de contar con los servicios profesionales de un abogado particular.
Esto propicia que en perjuicio de los migrantes se comentan múltiples atropellos por parte de quienes abusan de su situación y a veces hasta los extorsionan. Coincidimos con la adición del artículo 70 Bis, pues este artículo tiene el propósito de permitir una comunicación directa del migrante con sus representantes legales.
Quienes se encuentran en las estaciones migratorias no pueden estar incomunicados, se les debe facilitar la comunicación directa con sus representantes.
En este mismo artículo 70 Bis, se prevé la obligación para las autoridades administrativas del Instituto Nacional de Migración, para que informen al Instituto Federal de Defensoría Pública de las Personas que se encuentran en las estaciones migratorias, a efecto de que se les provea una asistencia jurídica eficaz y oportuna.
Si bien es cierto que coincidimos a plenitud con las propuestas presentadas en este dictamen, tengo la convicción de que también debíamos reformar la Ley Federal de Defensoría Pública en el artículo 15, que establece la prestación preferente de servicios de asistencia jurídica a personas en situación vulnerable.
De igual forma, se debió considerar las reformas a los artículos 5o. y 6o. para establecer la competencia expresa de los defensores públicos o asesores jurídicos, para asistir a personas en vulnerabilidad en estas estaciones migratorias.
Es importante también incluir la perspectiva de género. No obstante lo señalado, coincidimos en el espíritu protector de la norma que estoy segura aprobaremos por unanimidad.
Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen, porque el Partido del Trabajo siempre está del lado de la gente. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz: Con el permiso de la Presidencia y el honorable pleno. Dictamen de minuta que reforma y adiciona los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración, en materia de defensa jurídica de migrantes.
La Asamblea General de la ONU proclamó en el año 2000 que cada 19 de diciembre se celebraría el Día Internacional del Migrante, ya que, en ese mismo día, pero en 1990, se adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
En este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independiente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento y la duración de su estancia.
Con base en lo anterior, en septiembre de 2016 se emitió la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, la cual daría nacimiento en diciembre de 18 al Pacto Mundial sobre Migración, donde México fue firmante y actuó como un Estado garantista en materia de derechos humanos. Ese pacto mundial es el primer acuerdo intergubernamental bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que tiene como meta cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera completa. Es decir, garantizar que el tránsito de los migrantes sea seguro, sea ordenado y regular.
En este sentido, el Pacto Mundial sobre Migración, aunque no es vinculante, sí invita de manera moral a los países firmantes a construir leyes para dotar a los migrantes y a sus familiares de seguridad jurídica, además de fortalecer los mecanismos de política pública que los doten de oportunidades, con el objetivo de mejorar la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos que representa.
Al respecto, dentro de los 23 puntos que contiene el pacto mencionado, se encuentran el aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluaciones y derivaciones, y mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio.
Los anteriores puntos se armonizan con el objetivo de la iniciativa que aborda el presente dictamen, por lo que Encuentro Social está a favor de garantizar a los migrantes mecanismos de certeza legal para dotarlos de principios de seguridad jurídica. Lo anterior, para que tengan una adecuada defensa legal y la oportunidad de contar con una asesoría legal eficiente y ética, que le mencione al migrante y a su familia el catálogo de derechos que tienen en cualquier situación jurídica que se les presente, salvaguardando su integridad física y psicológica principalmente.
Con ello se le reconoce y garantiza al migrante el acceso al debido proceso, una adecuada defensa en los procedimientos administrativos donde se vea involucrado, por lo que podrá contar con uno o varios representantes legales, uno o varios defensores, licenciados en derecho y estar asistido por las personas que libremente designen para su protección y defensa integral de sus derechos humanos, así también con asistencia médica y psicológica.
También podrá ser representado por un defensor perito en derecho, ya que deberá tener la capacidad de asesorar al extranjero y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para otorgarle una real y efectiva asistencia legal.
Con esta reforma se le garantiza al migrante la asistencia del cónsul de su país, para que se le puedan explicar las acciones y procedimientos ejercidos en su contra, ya que frecuentemente son atendidos de diferente manera en su país de origen.
Es entonces que el cónsul será un intérprete de las condiciones y circunstancias en la que se encuentra su connacional, explicando con mayor claridad...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada, ya se pasó 40 segundos.
La diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz: ... las implicaciones jurídicas para que así pueda acceder a una adecuada defensa legal y se evite una transgresión a sus derechos humanos.
En este sentido, deberá informar al Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que en caso de ser necesario este brinde orientación legal y asistencia jurídica gratuita a las personas migrantes que no cuenten con defensor particular dentro de las estaciones migratorias, ya sea de manera presencial o vía telefónica.
Encuentro Social se pronuncia por un México de legalidad, que brinde seguridad, certeza y derechos y libertades a los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Juan Francisco Espinoza Eguia, del PRI.
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Compañeras y compañeros diputados, la migración es un fenómeno global que es inherente al ser humano y que ha sido crucial para el desarrollo de las culturas en el mundo.
Existen diversos motivos por los cuales las personas deciden migrar hacia otros países, principalmente para acceder a mejores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.
México ha sido históricamente un país de origen, tránsito y destino de migrantes, por lo que somos especialmente sensibles a este fenómeno. En los últimos años el flujo migratorio se ha incrementado drásticamente, se trata de personas particularmente de origen centroamericano que cruzan nuestro país y hacen el recorrido hacia la frontera norte, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América. Muchos de estos, al no lograrlo, se quedan en México.
Esta nueva realidad significa un importante reto para el Estado mexicano. Las autoridades tienen que hacer cumplir la ley, pero no por ello se deben vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes.
De las lecciones que nos deja el siglo pasado, quizás la más relevante es que por encima de cualquier marco jurídico, por legal que haya sido el procedimiento que le dio origen, están primero los derechos de las personas.
Por ello, la aplicación de la política migratoria de México, hoy más que nunca, debe estar sustentada en nuestros principios constitucionales de los derechos reconocidos en el ámbito internacional.
Queremos un Estado fuerte, no un Estado autoritario. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI celebramos el presente dictamen, el cual establece los lineamientos para garantizar a los migrantes un debido proceso.
Con esta reforma, entre otras medidas, se establece que la persona migrante tendrá derecho a ser asistida por un defensor con plena capacidad para asesorar al extranjero y defender sus intereses.
Se garantiza su derecho a la asistencia consular, a contar con un intérprete durante todo el procedimiento y la comunicación de los extranjeros con los defensores.
Asimismo, se obliga al Instituto Nacional de Migración a informar el inicio de los procedimientos administrativos al Instituto Federal de Defensoría Pública para que este vele por los derechos de los migrantes.
Las y los diputados del PRI estamos siempre a favor de toda iniciativa que amplíe la esfera jurídica de las personas en territorio nacional. Nuestra visión, siempre: la de construir un país a partir de las libertades. Con responsabilidad vamos por un México donde no haya divisiones sino lazos de respeto y solidaridad.
Aprovecho esta oportunidad para manifestar que, ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos, el Grupo Parlamentario del PRI exige una postura del gobierno federal enérgica y contundente que defienda la dignidad de los mexicanos y la soberanía de nuestra nación.
De ninguna manera pueden justificarse las amenazas y amagos en las relaciones entre dos naciones que comparten fronteras. De ninguna manera un hombre de Estado puede responder con ocurrencias y dichos a una situación que día a día se agrava.
Las y los diputados del PRI estamos dispuestos a seguir trabajando por la construcción de una solución al problema de la migración que sea viable y legal para todos los países involucrados, respetando siempre los derechos humanos, la seguridad y soberanía nacionales.
Hacemos votos para que, a pesar de nuestras diferencias con el gobierno federal, prevalezca el ánimo de colaboración y de construcción de acuerdos para construir un frente unido en contra de esas amenazas y las acciones que vulneran los derechos humanos de los mexicanos en cualquier parte del mundo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Partido de Acción Nacional.
La diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas: Buenos días, diputadas y diputados. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas: En décadas recientes el fenómeno migratorio ha adquirido una mayor complejidad con respecto a los patrones identificados dentro del siglo pasado, situación que obliga a repensar los esquemas tradicionales de ubicación y análisis de las personas migrantes.
En Centroamérica actualmente pueden observarse factores estructurales del gran impacto de la sociedad. Tales condiciones trasgreden la composición social y reconfiguran de una u otra forma los patrones de movilidad humana, lo que en muchos casos propicia estos desplazamientos forzados.
Aunque los conflictos políticos y sociales también son causa de ello, así como los desastres naturales que conllevan este proceso migratorio, se habla de que esta violencia se ha generalizado como una de las principales causas de desplazamiento en esta región, traducida en su mayor expresión en el incremento de homicidios y agresiones que orillan a las personas que se ven amenazadas a salvaguardar su vida e incluso a través de nuestras fronteras.
La experiencia ha mostrado que el intento de frenar la migración indocumentada mediante acciones punitivas o paliativas no es la mejor manera de enfrentar este tema.
Todas las personas, sin importar su nacionalidad, género o edad tienen derecho a contar con una defensa jurídica digna, adecuada y que vea por sus intereses. En ese sentido, era necesario reformar la Ley de Migración para que este derecho quede claramente establecido.
Con las modificaciones hechas a la Ley de Migración se garantiza el derecho de una persona a ser asistida y representada legalmente por un profesional jurídico. De esta manera la persona migrante que enfrente un procedimiento administrativo migratorio contará con todo el apoyo que las personas tienen el conocimiento, la preparación y la capacidad de llevar dichos procedimientos.
Es importante dejar claro que el apoyo y la asistencia legal que cualquier extranjero puede llegar a necesitar dentro del país a través de esto le será brindado un gran apoyo sin ningún tipo de restricción; solo con dicha asistencia se podrá garantizar este proceso.
A los cambios hechos al artículo 70 y 70 Bis vemos que este asesoramiento no solo se limita a la asesoría que brinda el Instituto Federal de Defensor Público, sino que también abre la puerta a la colaboración con todas las organizaciones de la sociedad civil.
Cabe mencionar el gran trabajo que dichas organizaciones realizan en el tema de migración, ya que estas en muchos casos, por no decir en su mayoría, son quienes tienen un contacto más directo con los migrantes y conocen cuál es su situación.
Las organizaciones de la sociedad civil son quienes están más cerca de la comunidad migrante y conocen realmente sus necesidades, con las modificaciones hechas vemos que se garantizará que los extranjeros en nuestro país tengan acceso a una adecuada defensa y garanticen el debido proceso.
La colaboración y coordinación entre sociedad civil y órganos del gobierno como el Instituto Federal de Defensa Pública, el Instituto Nacional de Migración y los consulados de los países de origen de estos migrantes serán básicos para garantizar una defensa digna y efectiva.
De igual manera vemos que la adición de un artículo 70 Bis viene a complementar a los objetivos que se quieren alcanzar, se refuerzan dos puntos clave para garantizar el debido proceso: uno, es que garantice el acceso y la comunicación entre el defensor y defendido; y dos, es que tenga asesoría legal gratuita, ya sea que de esta forma sea presencial o telefónica deben de contar con un defensor particular.
Compañeras y compañeros, la protección de los derechos de toda persona debe ser garantizada por el Estado mexicano; por parte del Partido Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes, todo de aquel extranjero que se encuentre en México como nuestros connacionales en otras latitudes. Todos tenemos el derecho a enfrentar cualquier procedimiento armados de las mejores herramientas y con el apoyo de las personas más capacitadas.
En Acción Nacional siempre apoyaremos medidas que lleven a la protección de quienes más lo necesitan, pero en este caso es en la situación de nuestros conciudadanos y brindar además una protección que debe de ser digna y eficaz. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Ulises García Soto, de Morena.
El diputado Ulises García Soto: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Ulises García Soto: Compañeras y compañeros diputados. Poner los derechos humanos en el centro de las políticas públicas del Estado mexicano es tarea fundamental de la cuarta transformación.
Lamentablemente siguen ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes, día con día. Violaciones que lastiman no sólo a los individuos sino también a las sociedades que las cometen. Es por eso que las reformas que en este dictamen se exponen sean de gran importancia para la protección de los migrantes en México.
En el Grupo Parlamentario de Morena nos pronunciamos a favor del presente dictamen, tal y como lo menciona el Instituto Nacional de Migración. Las y los migrantes, sin importar su nacionalidad o situación migratoria que transitan por territorio nacional, tienen los mismos derechos que les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por México.
Una de las razones por las que existen altos niveles de impunidad y violación a sus derechos es la dificultad y los obstáculos que se imponen para tener asesoría pertinente que los acompañe durante el proceso.
Tenemos que reconocer que uno de los derechos más frecuentemente vulnerados es el del acceso a un procedimiento administrativo migratorio que incluya orientación legal y asistencia jurídica. Las y los migrantes están solos, en estado de indefensión y por lo tanto son más vulnerables.
Actualmente no se cuenta con los mecanismos necesarios para seguir el debido proceso ante las autoridades migratorias. Debido a lo anterior hacer posible la asistencia jurídica a los migrantes que se encuentran en nuestro país, es fundamental, ya que sólo así se puede exigir el pleno goce de sus derechos cuando son investigados o detenidos en estaciones migratorias.
Con esta propuesta las y los migrantes podrán recibir el apoyo y orientación legal necesaria de manera presencial o por vía telefónica y además permitirles que se asesoren con quienes ellos decidan.
Es imprescindible el procedimiento administrativo migratorio en cualquiera de sus etapas, se desarrolle con estricto apego a la ley y con el pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Las reformas que hoy discutimos, de ser aprobadas, contribuirán a que nuestro país recupere el lugar en el contexto internacional que le corresponde, el de llevar a la práctica el ejercicio de los derechos fundamentales de todo ser humano en el país donde se encuentre, lugar que se deriva del apego estricto a los mejores principios de la política exterior mexicana, un lugar que nos coloque ante el mundo como una nación solidaria, sensible y fraterna.
En Morena estamos convencidos de que criminalizar la migración, es criminalizar las aspiraciones legítimas de todo ser humano a un mejor futuro. Criminalizar la migración es criminalizarnos a nosotros mismos.
El pueblo de México sabe lo que es migrar. Nuestras familias saben lo que es sentir la ausencia de un ser querido y la angustia de no tener noticias de su paradero.
Por congruencia, por justicia y por un principio de honestidad y ética pública, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la discusión en lo general y en lo particular. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, fracción V, tiene la palabra el diputado Maximino Alejandro Candelaria, de Morena.
El diputado Maximino Alejandro Candelaria: Con el permiso de la Presidencia. México es rector de migrantes y también es un país de tránsito. Ante la realidad, como nación democrática, es necesario otorgar todas las garantías para salvaguardar plenamente sus derechos.
Por ello pido su voto a favor del dictamen a discusión. Un dictamen cuyas propuestas son necesarias y urgentes.
Entre los aspectos más relevantes destaca que:
Se garantiza a las personas migrantes el derecho a acceder a una defensa jurídica adecuada durante los procesos administrativos migratorios, así como la garantía de poder contactar con su consulado.
Es una propuesta que no criminaliza a los migrantes, al contrario, pretende brindarles todas las oportunidades de defensa y acompañamiento institucional. Una propuesta que antepone la condición de persona, antes que el estatus migratorio.
En tal sentido, las estaciones migratorias o estancias provisionales, en tanto espacios institucionales, no deben de ser lugares donde vulneren los derechos, sino donde se les garanticen.
Por ello, fundamentalmente, si no cuentan con un defensor o representante legal, se les proporcione el derecho a uno.
Del proyecto resalta la vinculación que se da con en el Instituto Federal de Defensoría Pública a través de una cooperación institucional que brindará seguridad jurídica, garantías procesales a las y los migrantes durante el correspondiente proceso administrativo.
En este Congreso sí escuchamos las quejas y las peticiones de ayuda de inmigrantes y refugiados. Aspiramos a que se reconozca al pueblo mexicano, a través de sus representantes como un pueblo congruente, generoso y solidario. Un pueblo que en diversas ocasiones ha dado sobradas muestras de fraternidad, hermandad y humanidad.
Hay que recordar que las y los migrantes vienen huyendo de situaciones dramáticas de violencia, de injusticia, la opresión, la pobreza y la exclusión. De ahí que, es necesario evitar que más injusticia y más vulnerabilidad caigan sobre sus hombros.
Apoyar a las personas migrantes que se internan en territorio mexicano, es un acto de congruencia y responsabilidad.
En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos de que, por ningún motivo, la condición de irregularidad migratoria debe menoscabar la dignidad de las personas.
En suma, con estas reformas garantizamos el goce y el ejercicio pleno de los derechos de las y los migrantes que se encuentren dentro de nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Abra la Secretaría el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: ¿Algún diputado falta por registrar su voto? Gracias, sigue el sistema abierto. ¿Algún otro diputado? El sistema sigue abierto, compañeros. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 432 votos a favor, 5 abstenciones, 0 en contra. Por lo que está aprobado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 432 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración. Se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Sí, muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Vengo a presentar el dictamen por el que se aprueba la minuta que reforma y adiciona los artículos 104, 109, perdón, y 140 de la Ley de Migración.
En múltiples informes de las personas migrantes y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han señalado a las autoridades federales, estatales y municipales y en específico al propio Instituto Nacional de Migración, como los responsables de violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Por ejemplo, en el informe sobre las condiciones de la Estación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, en Acayucan, Veracruz, señalan lo siguiente: según los datos recabados por el Insyde, en 2015, uno de cada tres migrantes que fueron detenidos en Veracruz fueron agredidos física, psicológica o verbalmente al momento de la verificación migratoria.
Entre las violaciones se incluyen golpes, quema de pertenencias, burlas y otras acciones. De igual forma en el informe de la otra frontera de México se denuncian cómo agentes del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, que roban y amenazan a personas migrantes durante su tránsito por los estados de Chiapas, Tabasco y otras entidades federativas, por lo que la destitución no es una sanción suficiente y que la propuesta de inhabilitación que constituye una medida que ayudará a garantizar y promover el pleno respeto de los derechos humanos.
En cuanto a la temporalidad de la inhabilitación se considera importante referir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El objeto de la misma es no limitar los derechos de los representados en una estación migratoria y evitar que los servidores públicos cometan violaciones a los derechos humanos de los migrantes, aplicando sanciones más estrictas a los servidores públicos que violenten los derechos de los migrantes.
Consideramos que la nacionalidad y el estatus migratorio de las personas no deben ser factores de discriminación ni limitar el acceso a sus derechos humanos, especialmente cuando enfrentan un procedimiento ante una autoridad y se encuentran privados de su libertad en estaciones migratorias.
Si bien es cierto que la Constitución es clara en reconocer los derechos de todas las personas y que en el marco normativo debe aplicarse sin discriminación alguna, es importante que de manera explícita se especifique que las personas presentadas en una estación migratoria cuentan con la protección de todo el marco legal aplicable a sus casos, atendiendo la complementariedad de las normas y al principio pro personas, garantizados en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es necesario que de manera explícita se señale que las personas presentadas en una estación migratoria cuenten con la protección de todo el marco legal aplicable. La minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los derechos desde su ingreso hasta la estación migratoria.
En la fracción XV nos señala que las demás que se establezcan en esta ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables y en las disposiciones de carácter general que expida la secretaría.
Respecto al artículo 140 de la Ley de Migración, se reforma su último párrafo para quedar de la siguiente manera:
Artículo 140. Los servidores públicos del instituto serán sancionados por las siguientes conductas: Se considera infracción grave y se sancionará con la destitución e inhabilitación, la actualización de las conductas previstas en las fracciones V y VI del presente artículo, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.
En virtud de lo anterior, esta Comisión de Asuntos Migratorios coincide en que la destitución no es una sanción suficiente y que la propuesta de inhabilitación constituye una medida que ayudará a garantizar y promover el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.
En cuanto a la temporalidad de la inhabilitación se considera importante referir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas clasifica a las faltas de los servidores públicos como no graves o graves, y para ambas prevé sanción de inhabilitación.
Tratándose de faltas no graves se establece la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la cual no será de menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
Tratándose de faltas graves, establece que la inhabilitación será de 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se causen daños ni perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno se podrá imponer de tres meses a un año de inhabilitación.
Para la aplicación de la sanción de inhabilitación de los servidores públicos por infracciones no graves también se deben considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público, cómo incurrió en la falta, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor. Entre ellos, la antigüedad en el servicio, las condiciones exteriores, los medios de ejecución y la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones.
Uno de los desafíos más importantes que enfrentamos como país es lograr una política migratoria de Estado, acorde a la normatividad nacional ya los compromisos internacionales suscritos por México en la materia. Específicamente, a los objetivos del pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular que firmó México en diciembre del año pasado.
En dicho instrumento se reconoce que la migración ha formado parte de la experiencia humana desde los albores de la historia, que generan prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado. Y que estos efectos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración. Porque ningún ser humano es ilegal. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Aclarando que no habrá complacencias musicales, damos un saludo para Poncho Lizárraga, líder de la banda El Recodo, heredero de la tradición musical de don Cruz Lizárraga, invitado por los diputados del estado de Sinaloa. Bienvenido.
Nos da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial Número 34 de Tultitlán, estado de México, y saludar a empresarias provenientes del estado de Jalisco, invitadas de la diputada Geraldina Herrera Vega. Sean bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para la fijación de posturas respecto al dictamen tiene la palabra el diputado Humberto Pedrero Moreno, hasta por cinco minutos.
El diputado Humberto Pedrero Moreno: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Humberto Pedrero Moreno: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy la Comisión de Asuntos Migratorios pone a nuestra consideración el dictamen por el que se aprueban las modificaciones a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración.
Cabe señalar que la minuta objeto del dictamen que se discute, establece modificaciones al proyecto de decreto de reforma solo por lo que respecta a las adiciones al artículo 140, es decir, para establecer las sanciones aplicables a los servidores públicos en caso de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Es decir, con esta modificación serán sancionados de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para lo anterior es importante recordar que las disposiciones de la presente ley tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de los mexicanos y extranjeros del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacional.
Es importante reconocer que México por su ubicación geográfica ha sido históricamente un país importante para migrantes que buscan mejores oportunidades de vida, siendo un país de origen, tránsito y retorno a emigrantes, que cuenta con una de las fronteras más grandes del mundo y con aproximadamente 3 mil kilómetros de distancia de un extremo a otro.
Tan solo en mi estado, Chiapas, tenemos 654 kilómetros de frontera con Centroamérica y de igual manera con una de las mayores afluencias de migrantes. En este proceso la migración se torna muy complicada debido al enorme trayecto que las personas deben recorrer para llegar de una frontera a otra, así como los riesgos que esto implica.
El migrante se convierte en una figura altamente vulnerable a sufrir agravios a sus derechos humanos, para lo que es necesario su protección y en caso de violaciones a sus derechos sancionar al funcionario en cuestión.
En referencia a lo anterior, México ha buscado posicionarse como un país solidario, respetuoso, garante de la vida y de la dignidad humana, adoptando la mayor cantidad de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, los derechos de los migrantes y los derechos de los refugiados.
Por lo expuesto, y al igual que en la comisión, concordamos con las consideraciones vertidas en la minuta con modificaciones a la iniciativa de proyecto de decreto, ya que es necesario tomar en cuenta lo que dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es exactamente donde se prevé el procedimiento administrativo correspondiente para poder aplicar la sanción que le sea atribuible al servidor público.
Por lo anterior manifiesto mi voto a favor del presente dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: El 14 de diciembre de 2015 esta Cámara de Diputados recibió una minuta del Senado de la República que expide las leyes reglamentarias del artículo 33 de la Constitución Política, la cual concede al Ejecutivo la facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras que participen en los asuntos políticos del país o ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos, en términos de los artículos 8, 9 y 35 que atente en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución.
El objetivo de esta minuta era armonizar la reforma en materia de derechos humanos aprobada en 2011 con los compromisos asumidos por México, con la firma de convenios y tratados internacionales, sin embargo esta Cámara está en deuda con el análisis, la discusión y la dictaminación de la misma. Es importante subrayar que los verdaderos cambios se dan legislando con responsabilidad y por la sensibilidad e importancia del tema con conciencia.
Como bien lo menciona el dictamen, es larga la lista de recomendaciones hechas por instancias internacionales y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por señalamientos de abusos y violaciones en los derechos humanos de los migrantes por parte de autoridades, especialmente del Instituto Nacional de Migración.
Una estación migratoria, como bien lo señala la ley, es una instalación física que establece el instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria.
Sin embargo, en estas estaciones migratorias lejos de ser un lugar en donde se asiste y asesora a los migrantes, en muchas ocasiones se han vuelto estaciones de terror y de angustia para las personas albergadas. Se han documentado casos en los que a las personas alojadas no se les permite realizar llamadas telefónicas.
Las instalaciones presentan evidencia de insalubridad como deficiencias en el suministro de agua potable y la proliferación de plagas y de insectos en los dormitorios. Existe falta de atención médica y de formación relacionada con los procedimientos administrativos migratorios.
En los casos más lamentables se ha denunciado violencia física y psicológica por parte de los servidores públicos que ahí laboran. En virtud de los registros es importante que los actos y omisiones cometidos en detrimento de los migrantes por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, estén vinculados con procedimientos y sanciones concretos.
En este sentido es importante que los servidores públicos que se desempeñen dentro de las estaciones migratorias se apeguen en todo momento por lo dictado en la Constitución y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hacemos un llamado a las diputadas y diputados para que se modere el uso de la voz, hay un murmullo alto en el salón que impide escuchar a los oradores. Permítame, diputada, especialmente al lado izquierdo y al fondo del salón pedimos a las diputadas y diputados que guardemos el orden para escuchar a la oradora.
La diputada María Libier González Anaya: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, felicidades al señor Poncho Lizárraga, también que se identifica mucho con la comunidad migrante en los Estados Unidos.
En este día es presentado ante esta soberanía el dictamen por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración, mediante los cuales se pretenden garantizar los derechos plenos de los migrantes al momento de ser presentados en las estaciones migratorias que existen en el país, atendiendo de esta manera a las múltiples denuncias realizadas por los propios migrantes en relación a la violación de sus derechos durante su estadía en estos lugares.
Información que ha sido respaldada por la propia Comisión de los Derechos Humanos al señalar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y específicamente el Instituto Nacional de Migración, han incurrido en excesos al momento de su presentación.
Cabe destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de actividades del 2018, hace referencia que de acuerdo a las quejas que esta recibió ante las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de las personas migrantes, se encuentra el Instituto Nacional de Migración, y también señala que fue uno de los que obtuvieron mayores registros de expedientes de quejas.
En el 2015 se registraron 688; en el 2016, 532. Y, finalmente hace referencia en el 2017, se registraron 415 expedientes, de tal manera que las recomendaciones realizadas al Instituto por la CNDH fueron sobre el caso de violación a sus derechos, al trato digno de protección de la salud, a la seguridad jurídica, a la solicitud de refugio y al interés superior de la niñez, etcétera
Al respecto, quiero referirme en primera instancia, a las garantías establecidas por la Constitución Política, que hace plenas para todas las personas que se encuentran en territorio nacional, independientemente de su estatus legal.
México, como país de derecho, no solo es integrante de organismos internacionales, sino que es parte de tratados y convenios que buscan refrendar la dignidad del ser humano.
El artículo 10 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, es claro al señalar que ninguno de ellos será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Por lo que al aprobar este dictamen, estamos armonizando la legislación migratoria nacional con el marco jurídico internacional atendiendo al principio pro persona que señala la dictaminadora.
Recordemos que el respeto pleno de los derechos humanos de la población migrante, es el principio fundamental en que se sustenta la Ley de Migración. El cumplimiento de los derechos de las personas migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias de nuestro país, no deben limitarse al respeto de su integridad, como lo establece el marco jurídico.
Debemos ser más severos al aplicar sanciones para quienes violen sus derechos buscando eliminar la prepotencia, el autoritarismo con el que suelen desempeñarse algunos servidores públicos que atienden a los migrantes, por lo que coincidimos con la colegisladora al establecer dentro de sus sanciones su inhabilitación para el desempeño de su cargo, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De esta manera podremos hacer conciencia sobre la importancia de su desempeño y exigirles el estricto cumplimiento de sus obligaciones, especialmente para los migrantes que vienen en deportación de Estados Unidos, así como el pleno respeto a lo básico fundamental que son los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respalda el dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara, conscientes de que con ello avanzamos en garantizar el respeto de los derechos de los migrantes evitando que estos servidores públicos continúen en el servicio, a través de su inhabilitación. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios de esta soberanía.
El dictamen en discusión propone la reforma a la fracción XV del artículo 109, y la reforma del segundo párrafo al artículo 140 de la Ley de Migración. En el caso del artículo 109 se trata de reconocer de manera expresa los derechos con los que cuenta toda persona que no sea mexicana, que ingrese a una estación migratoria.
En ese artículo 109, en las fracciones del I al XIV, se precisan todos estos derechos y en la fracción XV del texto vigente de la ley se establece que las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría.
Cómo se advierte, al referirse solo a las disipaciones administrativas que expida la Secretaría de Gobernación, limita el amplio espectro de normas jurídicas, que tiene que ver con el tema migratorio.
En la reforma planteada, se propone el siguiente texto, fracción XV. Las demás que se establezcan en esta ley, en otras disposiciones jurídicas aplicables y en las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría.
De lo anterior, se advierte que el espectro normativo que tiene que ver con la regulación de los migrantes en nuestro país es más amplio. En primer lugar, la Constitución General de la República; en segundo lugar, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano; en tercer lugar, las leyes federales, como la Ley de Migración y, en cuarto lugar, las disposiciones de carácter general que se expida por la Secretaría. Como se advierte, esta ampliación del marco legal irá en beneficio de las personas que se encuentran en las estaciones migratorias de nuestro país.
Por otra parte, la reforma al segundo párrafo del artículo 140 está inscrita en las causales de sanción a los servidores públicos del Instituto, por las faltas administrativas en que incurran en el ejercicio de su cargo.
En particular, se trata de establecer con claridad que la actualización de las conductas previstas en las fracciones IV y VI de este artículo, 140, serán considerados como causal de falta administrativa grave, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su actualización daría lugar a la destitución e inhabilitación de los servidores públicos involucrados.
La fracción IV del artículo 140, establece como causal de sanción a quienes dolosamente haga uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria. Y la fracción VI, por violación a los derechos humanos de los migrantes, acreditada ante la autoridad competente.
Del contenido de estas dos fracciones pudieran llegar a derivarse algún acto de corrupción materializado por un servidor público, y una forma de evitar estas conductas, es que sepan que de actualizarse son sujetos, no solo de responsabilidad, sino de la destitución de su cargo y eventualmente la inhabilitación para volver a desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública.
Con la aprobación de estas disposiciones mandamos una señal clara a la sociedad de que el Poder Legislativo mexicano es un firme defensor de los derechos humanos de todas las personas que ingresan a nuestro territorio, con independencia de la forma en que lo haga, sea pacífica o regular. Por estas consideraciones, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Gracias, presidente. El objeto del dictamen que está a discusión consiste, precisamente, en establecer como sanción la inhabilitación temporal y ampliar los derechos de los migrantes que permanecen en una estación migratoria, a lo previsto en otras leyes y no solo a las disposiciones que ya establece la Secretaría de Gobernación.
Esta reforma tiene gran relevancia, compañeras diputadas, compañeros diputados, pues incide en la protección de los derechos de los migrantes, pues todos los migrantes están protegidos por la Legislación Internacional sobre Derechos Humanos y se encuentran en condiciones de igualdad, independiente de su situación migratoria regular o irregular.
Conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, los migrantes irregulares gozan, entre otros, de los siguientes derechos: derecho a la integridad personal, derecho al debido proceso, derecho de recurrir respecto a las decisiones que afecten sus derechos como migrantes.
En consecuencia, es responsabilidad del gobierno mexicano, representado por los agentes del gobierno, del propio gobierno, respetar sus derechos conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley de Migración.
Cuando no se respetan los derechos humanos de los migrantes, el servidor público migratorio incurre en responsabilidad administrativa y se sanciona con base en la gravedad de la conducta y el grado de responsabilidad del infractor.
La Ley de Migración dispone que se considerará infracción grave cuando se violen los derechos humanos de los migrantes y se sancionará con la destitución del servidor público que está asignado al Instituto Nacional de Migración, conocido como Inami.
Mediante este dictamen se establece que también se sancionará con inhabilitación temporal, de conformidad con lo que ya prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los funcionarios. Lo anterior, debido a que la destitución del servidor público no es suficiente dada la gravedad de estas faltas que tienen que ver directamente con la dignidad de personas, con la dignidad humana.
Y por ello en nuestro país es inadmisible, y para cualquier sociedad, que se violen los derechos de personas. Más en un país como el nuestro, que está buscando salvaguardar los derechos humanos de toda persona, independientemente de su condición migratoria en México.
Compañeros legisladores, los migrantes irregulares migran por diversos motivos: algunos lo hacen por reunificación familiar. Otros porque buscan mejores condiciones económicas o sociales, por falta de oportunidades o por violencia o explotación sexual que enfrentan en sus países de origen.
En muchos casos, como ya lo hemos visto, en países centroamericanos como El Salvador, Honduras o Guatemala, donde se vive una violencia recurrente, sobre todo a menores y mujeres.
No podemos ser insensibles a esta realidad. Nuestro país, por su ubicación geográfica, no solamente es un país de origen migratorio, es un país de tránsito y también de destino.
Y por eso, a través más de 3 mil kilómetros de distancia que tenemos en nuestro país, es importante que podamos tener controles verídicos, certeros con respecto a la migración que llega y se va de nuestro país.
Cada año, de acuerdo a las cifras que tenemos, más de 500 mil migrantes, más de medio millón llegan a nuestro país, lo cruzan, destino México, destino Estados Unidos o simplemente regresan a sus lugares de origen. Esta realidad no la podemos soslayar, compañeros diputados, es una realidad importante que afecta una buena parte de nuestro desarrollo como país.
Con la reforma propuesta, cualquier servidor público del Instituto Nacional de Migración que viole los derechos humanos de los migrantes, que viole la dignidad de las personas, estará sujeto a estas sanciones.
Eso hace que, como Grupo Parlamentario de Encuentro Social, y estando conscientes de esta realidad y del fenómeno migratorio, que es un fenómeno global y que ocurre en nuestro país por las condiciones geográficas que tenemos, apoyamos esta reforma que fue planteada para que se puedan conducir de manera más recta y de acuerdo a los tratados internacionales y a nuestra propia legislación los funcionarios que tienen que ver con el trato a los migrantes. Por eso votamos y apoyamos esta reforma del Partido Encuentro Social. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Honorable asamblea. Acudo a esta tribuna para expresar el voto a favor de mi grupo parlamentario, el PRI, a este dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios. Dictamen que recapitula nuestra disposición histórica y testimonio jurídico, que desde 1857 ya reconocía que los derechos humanos son la base y el objeto de las instituciones sociales. Derechos para todo aquel que se encuentre en territorio nacional, sin importar el carácter legal de su estancia.
Precursor jurídico, gracias al cual incluso a principios de esta década nos indujo a reconfigurar las reformas necesarias en la norma, para elevar a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los derechos internacionales suscritos, dotándolos de indivisibilidad, progresividad y universalidad, así como del apremio para todas las autoridades de evitar inquirir, castigar y resarcir sus violaciones. Acción legislativa que afortunadamente también consideró por igual en aquel entonces el respeto a los derechos humanos en nuestra política exterior.
Por eso, en el PRI apoyamos toda reforma que consolide nuestra política migratoria de respeto a los derechos de quienes transitan por nuestro país y nos permita ofrecerles garantías, seguridad y protocolos que privilegien la dignidad, integridad. Y, a su vez, que establezcan obligaciones y finquen responsabilidades en los funcionarios que así no lo hicieren.
Votaremos a favor de este dictamen porque abona a cambiar el atisbo desde aquí y hacia afuera, al pasar de asumir y tratar al migrante como ilegal o criminal a depositario de nuestra solidaridad y también auxilio ante abusos, delitos o conductas inhumanas ejercidas incluso por las autoridades.
Con esta reforma también decimos a nuestros vecinos, México está listo en materia de migración, para construir visiones compartidas, políticas comprensivas, estrategias comunes y prácticas coincidentes entre naciones de origen, tránsito o de destino, de anhelos, sueños y búsqueda de un mejor futuro.
Asumimos la responsabilidad de ser paradigma en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, porque atesoramos en nuestra conciencia a los millones de connacionales que han emigrado y cuyos derechos fueron violentados por autoridades extranjeras.
En nuestro territorio no queremos que eso suceda, por eso apoyamos el detener y sancionar todos los abusos de las autoridades en contra de los migrantes y dejamos manifiesta la obligación de velar y proteger los derechos humanos de quienes se encuentren en nuestras estancias migratorias.
No queremos ni una sola violación a los derechos de los migrantes, el trato que con firmeza demandamos para nuestros paisanos, debe verse también ostentado en el que nosotros aquí deparamos.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI estamos comprometidos con mejorar nuestras leyes, cuentan con nosotros para ser un México más justo y ofrecer a todos un México más humano. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Me parece sumamente acertado, a nombre de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que en este momento esta Cámara de Diputados y desde la Comisión de Asuntos Migratorios estemos atendiendo, legislando en materia migratoria ante el fenómeno y presión social que está viviendo este país por la nueva dinámica de fenómeno migratorio en México.
Todos sabemos que hemos dejado de ser un país, o hemos disminuido en gran medida, un país que exportaba migrantes, a un país que cada día se convierte en receptor de migrantes. Por eso toda persona que se encuentra en territorio nacional debe contar con la protección de sus derechos sin importar su condición migratoria, género, nacionalidad o edad, sin embargo, en la realidad la situación que viven los migrantes en México dista en mucho de los casos que la ley establece.
Vemos muchas veces que quienes deben ofrecer protección son quienes cometen abusos y violaciones de los derechos humanos. No hablamos de un solo responsable en este fenómeno, aquí participan en la violación a los migrantes autoridades federales, estatales y municipales, pero principalmente el Instituto Nacional de Migración, quien tiene la mayor cantidad de denuncias acumuladas.
Una manera de garantizar que los derechos humanos de los migrantes no sean violentados es señalar de manera explícita que cuentan con la protección de todas las leyes en este país.
Debe de hacerse del conocimiento de los migrantes que llegan a las estaciones migratorias mexicanas que nuestro marco legal está de su lado, así como la propia Constitución y las demás leyes que de ahí emanan.
Las reformas que plantea el dictamen no alteran ni modifican sustancialmente el artículo 109 y el 140; por el contrario, lo complementan y fortalecen los temas de derechos de las personas que sean presentadas a una estación migratoria y de las sanciones a quienes cometen la violación de los derechos humanos.
En el caso de las sanciones, resaltamos que se incluya a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que es la que corresponde establecer las sanciones a los servidores públicos que la infrinjan. Aplaudimos en Acción Nacional la necesidad de incluir la inhabilitación y no solamente la destitución del cargo que no era suficiente.
Hoy más que nunca, debido al aumento considerable de migrantes que llegan al territorio nacional, debemos actuar, compañeros diputados, en contra de estos abusos. Pero también me parece necesario la reflexión en esta Cámara de cambiar este presupuesto que se disminuyó en cerca de un 56 por ciento y que no va a ser suficiente solamente la legislación, la protección del marco jurídico si no se cuenta con los elementos necesarios para la protección de los migrantes.
Debemos de ser congruentes con lo que establecen nuestras leyes, en donde siempre se busca la protección de los derechos humanos. Ya desde hace algunos años la ONU ha señalado la necesidad de que en este país se establezcan mecanismos para la protección de los migrantes, como lo estamos haciendo el día de hoy.
En Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, debido a que busca la protección de los derechos de los migrantes, además de que contempla las sanciones que se estipulan para los servidores públicos que incurran en violación a los derechos humanos.
Es fundamental dejar claro y de manera explícita, como los derechos que se cuenta y con las sanciones que amerita quien incurra en una falta. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios tiene que ver con el diseño de una plataforma jurídica que atiende el fenómeno histórico de la migración hacia nuestro país.
También el dictamen establece sanciones graves respecto del desempeño de los servidores públicos en el ámbito migratorio. Para todos debería quedar claro que los migrantes constituyen uno de los sectores más afectados por la política neoliberal. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.
No podemos soslayar que México se ha colocado entre los países con mayor índice de corrupción entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De igual forma nuestro país figura en la lista de las naciones que violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas, y en el caso que nos ocupa, de los migrantes.
Ese fue el legado de las administraciones pasadas, el cual queremos erradicar de una vez y para siempre, para ser congruentes al levantar la voz y pedir que se respeten los derechos de nuestros connacionales necesitamos también respetar la integridad y los derechos humanos de los migrantes que entran a nuestro territorio.
Como país de tránsito o destino, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestro compromiso ético y humanista. Como dice el dicho: no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa.
La función pública debe ser ejemplar y demostrar una auténtica vocación y actitud de servicio. Para ello es preciso asumir plenamente que antes que migrantes son seres humanos, y como tal, deben ser respetados.
No podemos dejar a nuestros hermanos migrantes en manos del crimen organizado ni a la deriva. No podemos revictimizarlos convirtiéndolos en blanco de corrupción y maltrato. Estas acciones hoy son intolerables, sobre todo si son cometidas por un servidor público.
Es necesario entender que una de las funciones sustantivas de las autoridades migratorias es salvaguardar los derechos humanos de las y los migrantes que se interna a suelo mexicano. De ahí que los servidores públicos deben ser íntegros y honestos, conducirse con rectitud y respeto pleno a los derechos humanos y fundamentales de las y los migrantes.
El gobierno federal de la cuarta transformación, desde su inicio se ha caracterizado por una política humanista y humanitaria. Una política que se aleja del enfoque policiaco y de la criminalización del fenómeno migratorio.
La cuarta transformación asume que no hay nada más legítimo que un ser humano vaya en busca de sus sueños y de una mejor calidad de vida, para lo cual desafortunadamente tienen que dejar atrás sus raíces y su tierra, porque dejarla atrás significa abandonar la miseria, la violencia y la exclusión que atentan contra su dignidad humana y ponen en riesgo su integridad física.
Esta solidaridad y esta política que ha impulsado la cuarta transformación requiere garantizar en la ley que los servidores públicos se conduzcan con probidad, para lo cual es necesario imponer cuando la conducta lo amerite, sanciones ejemplares.
De ahí que el dictamen a discusión incorpora a los servidores públicos relacionados con la materia migratoria al régimen de responsabilidades administrativas que les corresponde. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a pasar ahora a la discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Claudia Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez: Con la venia de la Presidencia. La injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia para cualquiera. Decía Martin Luther King.
Por desgracia, es de todos sabido que tenemos un sistema de justicia que requiere ser reconstruido para asegurar justicia a nacionales y extranjeros. Los atropellos que recibimos en agencias del Ministerio Público son incontables y quienes transitan por México, ya sea por placer o por necesidad, pasan por lo mismo, pero suman agravios cuando el Instituto Nacional de Migración se habilita muchas veces para conocer de delitos y faltas.
En este actuar extralimitado se violan los derechos de migrantes y turistas. En este punto quiero ser enfática y visualizar que tenemos migrantes internos, estos son aquellos connacionales que dejan sus estados para ir a las urbes en busca de una mejor vida. Es el caso de nuestros indígenas.
Ellos deben ser protegidos, arropados, apoyados y guiados por el Instituto Nacional de Migración, no perseguidos. Es por eso que estamos a favor de que el Instituto de Migración sea un instituto que conozca, no que persiga; que apoye y no que se funja y se erija como fiscalía.
En este punto es importante que el Instituto Nacional de Migración, así como persigue y acusa de delitos ante el Ministerio Público, cuando bien nos va y no se extralimita, que también haga denuncias cuando desaparecen, como es el caso de los 200 migrantes centroamericanos de los que nadie habla.
Eso también debe ser del conocimiento del Ministerio Público, y si el Instituto Nacional de Migración sabe, debe hacerlo también del conocimiento del Ministerio Público y llegar hasta las últimas consecuencias.
La bancada del Partido del Trabajo está totalmente a favor de que el Ministerio Público sea quien conozca de presuntos delitos cometidos por migrantes y también que conozca de aquellos agravios que ellos, los migrantes, reciban dentro de nuestro país.
Vemos positivo que cualquier funcionario sea sancionado si actúa de forma abusiva o corrupta contra migrantes y turistas.
Hoy invito a todos los presentes a votar a favor de la protección a migrantes y a la protección a turistas. Pero también invito a quienes ven el Canal del Congreso para terminar con la ola anti-migrante, ya que todos somos humanos y todo el mundo es nuestro y está para transitarlo en busca de la felicidad. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se harán los ajustes técnicos. En un momento más se reestablecerá el sistema. Pido el apoyo de la Secretaría. Diputadas, diputados, pueden seguir votando. Por el momento en este tablero se están transmitiendo las dos votaciones alternadamente, en tanto se puede reestablecer el tablero que está a mi izquierda.
Como pueden ver nuestro sistema de votación está migrando, pero en un momento tendremos la estabilidad de los tableros, por lo pronto pueden seguir votando. Diputadas, diputados, me informan que el tablero que está a mi izquierda quedará de momento sin utilizarse, la contabilidad de los votos y su registro se reflejará solamente en el tablero que está a mi derecha. Cualquier duda, cualquier observación, favor de realizarla en el momento que la detecten. Diputada, consulte si falta alguien de emitir su voto.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Diputadas, diputados, ¿falta algún legislador o legisladora por emitir su voto? Sigue abierto el tablero electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el tablero electrónico.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Cierre el sistema.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 439 votos a favor, 0 en abstención y 0 en contra.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular por 439 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración. Tiene la palabra por diez minutos la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Gracias, diputada presidenta. Presento dictamen por el que se aprueba con modificaciones la minuta que reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.
El objeto de la misma es evitar posibles errores de interpretación que deriven en conflictos por invasión de competencias. Para precisar la facultad de control, verificación y revisión del Instituto Nacional de Migración, con el fin de evitar una interpretación que dé lugar a considerar que el Instituto Nacional de Migración tiene funciones ministeriales, policiacas, de recibir e investigar denuncias penales, funciones que son exclusivamente del Ministerio Público, por lo que ninguna autoridad migratoria debe contar con la facultad en materia de persecución de delitos, así sean cometidos por migrantes en situación irregular, en tanto que se trata de una obligación exclusiva de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
Es por ello que a fin de evitar posibles errores de interpretación que deriven en conflictos por invasión de competencias se propuso reformar el artículo 93 de la Ley de Migración, para que se precisara que la recepción y atención de denuncias por parte del Instituto Nacional de Migración por la probable comisión de un delito tenga como única finalidad la de ejercer sus facultades de control, verificación y revisión migratoria y se turne de forma inmediata al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente, por lo que se le dará la certeza y seguridad jurídica a los migrantes que se internen en el territorio nacional a través de la inclusión en el texto del artículo de las palabras control, verificación o revisión migratoria para clarificar que las facultades del Instituto Nacional de Migración únicamente se refieren a ser coadyuvantes del Ministerio Público Federal, al momento de presentar denuncias o querellas respecto a conductas en las que se tipifiquen hechos delictivos.
Sin embargo en el texto del numeral están las palabras recibirá y atenderá, las cuales también crean una confusión respecto a las facultades que tiene el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público Federal, sobre la actuación que cada autoridad tiene en las denuncias formuladas en contra de extranjeros en la presunta comisión de delitos.
En virtud de lo anterior, esta Comisión de Asuntos Migratorios considera que la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Migración no le permite facultades de investigación tratándose de la posible comisión de un acto delictivo y mucho menos con facultades jurisdiccionales, ya que existen órganos jurisdiccionales para tal efecto.
Y es por ello, que en el artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación si un extranjero está detenido y en su caso la autoridad a cuya disposición se encuentre, y el motivo de su detención.
Actualmente se siguen presentando denuncias de violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración, por lo que se deberá de cambiar la redacción de la reforma a fin de que sea el propio instituto el que solicite la información de las denuncias realizadas a extranjeros por la comisión de un delito, o en su caso que la autoridad responsable de recibir dicha denuncia informe al Instituto Nacional de Migración y no que el instituto sea el que reciba y turne a la autoridad competente.
Lo anterior sólo para efecto de visitas, verificación y control migratorio, quedando la redacción del artículo 93 de la Ley de Migración de la siguiente forma.
Artículo 93. El instituto solicitará información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria.
Cuando los particulares presenten denuncias ante él, deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al particular ante la autoridad competente para que presente la denuncia correspondiente. Así es como queda el artículo 93. Es cuanto, diputada presidenta.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Vences Valencia.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, para hacer uso de la voz.
La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Con la venia de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen a discusión puesto a nuestra consideración por parte de la Comisión de Asuntos Migratorios, deriva de la necesidad de evitar posibles errores de interpretación en el artículo 93 de la Ley de Migración, que deriva en conflictos por invasión de competencias entre el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público.
Derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos del Senado, consideraron pertinente realizar una aclaración al respecto de las competencias del Instituto Nacional de Migración en la gestión migratoria, ya que no es atribución recibir y atender las denuncias formuladas en contra de extranjeros, sino solamente conocerlas, situación que es totalmente cierta y pertinente.
Es necesario precisar que el Instituto Nacional de Migración no cuenta con facultades de investigación en la posible comisión de un delito, y que tampoco cuenta con la facultad de investigación y persecución de presuntos actos delictivos en tanto es una obligación exclusiva de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
De igual manera coincidimos con la Comisión de Asuntos Migratorios al plantear que lo propuesto por el Senado también crea confusión respecto a las facultades que tiene el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público Federal en relación a la actuación que cada autoridad tiene en las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos.
Es importante precisar que es obligación del Ministerio Público informar a quien lo solicite. Si un extranjero está detenido y en su caso la autoridad a cuya disposición se encuentre, así como el motivo de su detención.
En ese sentido es importante que quede plasmado en la ley que el Instituto Nacional de Migración deberá solicitar información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria.
Y cuando los particulares presenten denuncias ante él, deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente, y enviará de forma inmediata al particular ante el Ministerio Público para que presente la denuncia correspondiente.
Por lo anterior votaremos a favor del presente dictamen con modificaciones de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley de Migración. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Peralta de la Peña.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el problema de la migración en nuestro país es una realidad cada vez más demandante, como país de origen, tránsito, destino y retorno de los migrantes.
Hemos visto caravanas provenientes de los vecinos países de Centroamérica cada vez más numerosas y nutridas de connacionales a través de su paso por nuestro territorio, que con vistas a alcanzar un futuro mejor en los Estados Unidos, atraviesan nuestro país arriesgando la salud, la integridad física e incluso su propia vida.
Estamos obligados a la implementación de políticas públicas para atender el fenómeno migratorio de manera integral, que nos permitan estar a la mira no solo de la emergencia actual, sino diseñar programas de atención permanente.
No resulta ocioso, en consecuencia, el ocuparnos de temas, como los que hoy se ponen a consideración de este pleno, y que sean discutidos de manera seria y con la profundidad que ameritan, dado que las consecuencias en términos humanos y de políticas públicas son muy graves.
Las tragedias personales desatadas por la pobreza y la violencia en los lugares de origen de las personas migrantes, deben movernos a la empatía por nuestros semejantes, ya que ellos abandonan todo lo que poseen con vistas a proteger, en muchas ocasiones su vida.
El paso de estas personas a través del territorio nacional ha requerido atención médica, nutricional y vigilancia policiaca para protegerlos de los grupos de delincuencia organizada que los asechan.
El dictamen que ahora discutimos proviene de una minuta que pretende la modificación del artículo 93 de la Ley de Migración para aclarar que el Instituto Nacional de Migración no tiene facultades en materia de investigación de delitos y que, en consecuencia, cuando les sea informada a la Comisión de una conducta delictiva, deberá turnarla a la autoridad correspondiente, y únicamente tomará conocimiento para efectos de control, verificación o revisión migratoria.
Esta reforma, en consecuencia, se hace indispensable, dado que los agentes del Instituto Nacional de Migración siguen extorsionando, maltratando, violando los derechos humanos de los migrantes, e incluso entregándolos a la delincuencia organizada, como en el caso de las 26 personas migrantes, entre las que se encontraban dos niños y nueve mujeres desaparecidas el pasado 7 de marzo en Tamaulipas, y que nos remite sin duda alguna a los terribles acontecimientos de San Fernando, cuando en el año 2010 fueron masacrados 72 migrantes, y un año después, en 2011, fueron encontrados los cuerpos de 193 personas en fosas clandestinas, muchos de ellos migrantes.
Es por ello que insistimos en que esta reforma no puede verse de manera aislada, debemos implementar políticas de protección integral para los migrantes y uno de los primeros pasos es la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, ordenada por el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, del 10 de junio de 2011, y que establece el plazo de un año para su emisión, con lo cual el Congreso de encuentra en falta desde hace ya casi siete años.
Queremos hacer énfasis en ello, dado que se trata específicamente de una ley que regula el procedimiento por el cual la Secretaría de Gobernación podrá deportar a los extranjeros a través de un procedimiento individual y no colectivo, expedito y con apego al debido proceso.
Este procedimiento sin duda alguna contribuiría a disminuir los márgenes discrecionales de actuación que en la actualidad poseen los agentes del Instituto Nacional de Migración, favoreciendo individualmente el libre ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes.
Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD, plenamente comprometido con los derechos de las personas migrantes tanto en nuestro territorio y aún más allá de nuestras fronteras, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Zamora.
Solo para ilustración de la asamblea. Posiblemente veremos en los próximos minutos algunos signos de las pantallas de votación. Están procediendo a reiniciar el sistema y a dejarlo en condición adecuada para recabar la votación al término de la discusión del presente dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. A todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados en el recinto.
No se puede dejar de pensar en la realidad de miles de personas que día a día dejan atrás a su patria. No podemos ser omisos de las situaciones y necesidades que mueven a los habitantes de un país a cruzar las fronteras y salir en busca de mejores condiciones para sus familias.
Tan solo en 2018, cerca de 14 mil 500 personas de países de Centro y Sudamérica, así como del Caribe, solicitaron asilo a México en condición de refugiados y en lo que va del año, más de 12 mil 500 personas han solicitado tarjetas de visitante, por razones humanitarias, según cifras del propio Instituto Nacional de Migración.
Hoy en día es todo un hecho que ya no se puede hablar de México como un país de tránsito, sino que ahora también es un lugar de destino en el que extranjeros adoptan nuestra patria como suya, siguen las costumbres de nuestro país como si fueran propias, contribuyen con la economía nacional y se resguardan en nuestras leyes para regir su estadía en nuestro territorio. Así lo hacen cerca de un millón de extranjeros que actualmente habitan en México y que vieron en este país una oportunidad para vivir.
Lo anterior señalado nos obliga a repensar en cuanto a las obligaciones y deberes de todas y todos los que vivimos en México. No se puede permanecer en un país y ser omiso de las normativas que gobiernan a sus habitantes, pero tampoco se puede mantener al margen nuestra obligación social de velar por los derechos humanos de todas y de todos.
Es así que en esta Cámara de Diputados tenemos un gran compromiso social que cumplir y debemos actuar como un bastión y garante sí de la justicia, pero a su vez del respeto a los derechos humanos de todo individuo en el país, ya sean connacionales o extranjeros.
Un gran paso es erradicar todo posible error de interpretación en cuanto a las facultades del organismo encargado del control, verificación o revisión migratoria, para que este cumpla a cabalidad las funciones para las que fue instituido y, a su vez, se instrumenten las acciones necesarias para todo aquel que infrinjan las leyes mexicanas por las instancias correspondientes, como lo es el Ministerio Público, en el caso de procedimientos penales.
Con la reforma del artículo 93 de la Ley de Migración, se acentúa que solo el Ministerio Público puede ejercer procedimientos penales en contra de los migrantes en tránsito o con residencia en territorio mexicano, y no así el Instituto Nacional de Migración, siendo este último un órgano con facultades de garantizar el salvoconducto por el territorio nacional, mediante acciones que garanticen la legalidad. Pero, sobre todo, el respeto a los derechos de cada uno de ellos.
Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano alzamos la voz en pro de las iniciativas que coadyuven y fomenten el bienestar y la seguridad de los extranjeros en México y votaremos a favor de esta iniciativa, a fin de garantizar que los procesos realizados a migrantes en situación de tránsito y/o residencia en México se lleven a cabo con estricto apego y recelo de la ley, garantizándoles el debido proceso y el cumplimiento del respeto estricto a sus derechos humanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Kehila Abigail Ku Escalante.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Y tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladoras, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esa tribuna para hablar a favor del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.
Este dictamen tiene un profundo espíritu protector de los derechos humanos de los migrantes y de las normas constitucionales que establecen el principio de presunción de inocencia.
Debo señalar con claridad, que nadie abandona su tierra y su país solo por espíritu de aventura, lo hacen porque en sus lugares de origen no cuentan con un trabajo debidamente remunerado que les permita la debida manutención de sus familias, o bien, abandonan su lugar de origen por la inseguridad en la que se vive.
Históricamente México ha sido un país solidario con quienes enfrentan en sus países de origen situaciones adversas. Debemos reconocer también que millones de mexicanos han abandonado nuestro país, sus lugares de origen, para ingresar preferentemente a los Estados Unidos de América, país en donde enfrentan grandes adversidades.
La propuesta de reformar el artículo 93 de la Ley de Migración tiene el propósito de separar con claridad que la función persecutora de delitos en casos de que estos se cometan corresponde al Ministerio Público y a las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Tiene la facultad de solicitar al órgano persecutor de delitos información sobre las denuncias formuladas en contra de algún extranjero que se encuentre en las instalaciones migratorias, pero en ningún caso cuenta con facultad legal por sí, de iniciar alguna investigación.
Inclusive, en el segundo párrafo se establece que cuando algún particular pretenda presentar alguna denuncia ante las autoridades del Instituto, esta debe remitirlos a la agencia del Ministerio Público que corresponda.
Sé que algunos de quienes nos encontramos en esta soberanía hemos sido migrantes y conocemos a perfección las adversidades que hoy enfrentan miles de migrantes que hoy se encuentran en territorio nacional. Porque conocemos esta situación somos los más obligados a ser sensibles al dolor y angustia que hoy enfrentan miles de migrantes en nuestro país.
Por desgracia, muchos de ellos son violentados en sus derechos, ingresan a territorio nacional por las corporaciones policiacas o por particulares que los secuestran o extorsionan. Debemos recordar los lamentables sucesos ocurridos en Tamaulipas, donde muchos de ellos fueron secuestrados y asesinados.
El día de hoy, con la aprobación de este dictamen, refrendamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos que vienen de otra parte del mundo.
Es tiempo ya de que en materia migratoria dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Como Estado mexicano y como sociedad debemos respetar los derechos de las personas.
También desde esta tribuna hago un llamado al pueblo mexicano, para que por los lugares por donde circula el ferrocarril que es utilizado por los hermanos centroamericanos, que los protejan. Son víctimas de las policías locales, estatales, municipales. Se maneja el tráfico de órganos o son secuestrados.
Les hago un llamado para que el pueblo mexicano nos unamos y respetemos y apoyemos y defendamos a todos nuestros hermanos migrantes, porque bien sabemos que en Estados Unidos muchísimos mexicanos... Y me incluyo porque también fui migrante, a mis 14 años emigré a ese país, igualmente con una necesidad, y conoce uno a la perfección el estar en otro país y ser violentados sus derechos.
Así que un llamado a la sociedad mexicana, para que cerremos filas y defendamos a los migrantes de las garras de esas bandas organizadas que muchas veces operan con el contubernio de las autoridades. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Manzanilla Téllez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Héctor Joel Villegas González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde exclusivamente al Ministerio Público. En términos de lo expuesto, la investigación y persecución de los delitos en nuestro país solo corresponde al Ministerio Público, sin importar si se trata de nacionales o extranjeros.
Por ello, el artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación, si un extranjero está detenido y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre y el motivo. Con estas disposiciones constitucionales y legales se establece con claridad el ámbito de competencia del Ministerio Público.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional. Le corresponde vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación, así como presentar en las estaciones migratorias a los extranjeros en situación irregular, respetando en todo momento sus derechos humanos.
De lo expuesto, se desprende con claridad que las funciones del Instituto Nacional de Migración no son de investigación y persecución de los delitos. Atendiendo a ello, el dictamen a discusión tiene por objeto reformar el artículo 93 de la Ley de Migración, para establecer que el instituto solicitará información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de los delitos, solo para efectos de control, verificación o revisión migratoria y que cuando los particulares presenten denuncias ante él, deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al particular ante la autoridad competente para que se presente la denuncia correspondiente.
Esta reforma permitirá que el Instituto Nacional de Migración no se arrogue facultades que no le corresponden y que por ende pudieran resultar violatorias de los derechos humanos de los migrantes, pues es un principio que debe sustentarse en la política migratoria de los Estados Unidos Mexicanos el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuera su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria.
Nuestro país por su ubicación geográfica ha sido históricamente un país importante para migrantes, siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, pues alberga una de las fronteras más grandes con aproximadamente 3 mil kilómetros de distancia de un extremo a otro y con mayor afluencia migratoria en el mundo.
Ante esta realidad no podemos desconocer las caravanas de migrantes que han estado ingresando las últimas fechas a nuestro territorio nacional. Si bien se dice que los migrantes son objeto de delitos por su condición vulnerable, también hay extranjeros que ingresan al país y permanecen en él para cometer ilícitos, prueba de ello es que tan solo en la Ciudad de México hay 576 personas extranjeras sujetas a proceso durante los años del 2013 al 2018.
Al ser una realidad que migrantes cometen delitos en nuestro país, resulta fundamental la colaboración del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Migración con pleno respeto a sus ámbitos de competencia y, en este sentido, es primordial la reforma a la Ley de Migración que contiene el dictamen a discusión. Por ello, en Encuentro Social votaremos a favor. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villegas González.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Ester Alonzo Morales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. México, como un país de tránsito y destino migrante, debe contar con una política pública eficaz que permita garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos de todas aquellas personas que diariamente ingresan al territorio nacional.
También debe tener una legislación efectiva que permita el buen ejercicio de la política migratoria nacional con atribuciones bien definidas. Esto para consolidar un sistema protector de los derechos humanos de los migrantes.
Es precisamente por ello que el dictamen que discutimos cobra relevancia. Es una reforma que presentó el exsenador Teófilo Torres Corzo, de nuestro grupo parlamentario de la LXIII Legislatura.
El senador proponía que el Instituto Nacional de Migración recibiera y atendiera las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria que corresponda, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente.
La minuta aprobada en el Senado y recibida por la Cámara de Diputados planteaba que el instituto conocerá de las denuncias formuladas en contra de los extranjeros. Actualmente este artículo establece que el Instituto Nacional de Migración podrá recibir y atender denuncias por posibles hechos constitutivos de delitos formulados contra extranjeros.
Sin embargo, de acuerdo con la Constitución mexicana, la facultad de recibir denuncias e investigar los delitos es exclusiva del Ministerio Público de la federación. La ambigüedad jurídica que existe en la ley genera confusión, porque el Instituto Nacional de Migración al ser un órgano desconcentrado de la administración pública federal no cuenta con la capacidad de dar seguimiento a ninguna denuncia. Su función es regular la política migratoria.
El ajuste que hizo la comisión es para mejorar el dictamen de la minuta en razón de la competencia que tiene el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público. Por ello esta propuesta busca establecer que el instituto podrá solicitar información al Ministerio Público sobre hechos constitutivos de delitos cometidos por extranjeros, pero no podrá recibir las denuncias de tales hechos.
Esto permite distinguir las facultades de cada una de las instituciones y establecer de manera clara que cuando se trata de una política migratoria, el Instituto puede conocer hechos delictivos que se le imputan a un extranjero, pero que de ninguna manera es una instancia investigadora capaz de buscar la verdad jurídica de hechos delictivos.
Compañeras y compañeros diputados, la migración es un fenómeno de gran relevancia para México. Diariamente ingresan tanto de manera legal como ilegalmente, distintas personas al país.
El Instituto Nacional de Migración tiene la importante obligación de regular los flujos migratorios desde un enfoque de derechos humanos, preservando la seguridad tanto de los mexicanos como de los extranjeros, debe conocer la información de las personas que ingresan al país, pero no puede valorar o juzgar un hecho de carácter penal.
Por ello el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la reforma con leyes más precisas. Caminemos hacia un Estado de derecho más fuerte. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alonzo Morales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Javier Luévano Núñez: Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Señoras y señores diputados, para que se aplique la ley adecuadamente, debe de haber una claridad en cuanto a las facultades que tienen las autoridades.
Un caso que refleja la importancia de lo anterior, ocurre entre el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público, no habiendo una delimitación clara, la ley deja abierta la posibilidad de una interpretación incorrecta de las facultades del instituto, llevando a que este abarque facultades exclusivas de los ministerios públicos.
Es común la creencia de que el Instituto Nacional de Migración puede llevar a cabo labores de investigación de un delito por parte de un extranjero o de recibir denuncias en contra de un nacional de otro país, o de que tiene funciones policiacas y ministeriales.
Lo anterior es una interpretación equivocada que ha llevado a abusos y a faltas al debido proceso. Esta falta de claridad que hay en la ley, vulnera incluso, y ha llevado a que se violenten los derechos de los migrantes que se encuentran en nuestro país.
Todas las personas que se encuentran en territorio mexicano, sin importar su nacionalidad y condición migratoria, deben contar con una protección a sus derechos, sin una delimitación clara de funciones, tal protección no se puede lograr.
Coincidimos que con el presente dictamen, y consideramos que se debe de corregir esta falta para establecer de manera explícita, que el Instituto Nacional de Migración solo tiene facultades de control, verificación y revisión migratoria.
De igual manera, de que tiene la obligación de turnar a la autoridad competente la denuncia hecha por la comisión de algún delito en que esté involucrado algún extranjero.
De ninguna manera pues, se limita al Instituto, ni en sus facultades ni en la información a la que pueda acceder con el objetivo de cumplir sus funciones, por el contrario, se busca que las instituciones sean más fuertes y sólidas, empezando por sus acciones y la información que manejan.
Además, se busca dar transparencia a las facultades de las autoridades migratorias y de esta manera evitar los abusos que pueden llegar algunos de sus funcionarios a cometer.
Compañeras y compañeros, ante la situación que vivimos en nuestro país actualmente que, de un incremento pronunciado en la población migrante, debemos contar con una autoridad migratoria capacitada y fortalecida, pues la migración es un fenómeno que trae consigo considerables retos por lo que es importante que nuestras autoridades cuenten con las herramientas necesarias para hacerles frente y tengan claro que sí pueden y qué no pueden hacer.
Para que logremos el objetivo de tener una migración segura y ordenada es imprescindible contar con la reforma que hoy estamos discutiendo. En Acción Nacional nos pronunciamos por acciones que lleven a la protección de los derechos de los migrantes y que se cumpla con el debido proceso.
Apoyamos, pues, el presente dictamen debido a que coincidimos con la necesidad de contar con una delimitación clara en las facultades, pues sin dicha delimitación se puede caer en excesos y abusos, que por el contrario alejan a la justicia y llevan a que se vulneren los derechos humanos. Con ello esperamos que los abusos cometidos dejen de ser comunes y que efectivamente se aplique la ley. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Luévano Núñez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Oscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Oscar Rafael Novella Macías: Buenas tardes. Con su venia, señora presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que nos presenta hoy la Comisión de Asuntos Migratorios, relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración, abonará a dar certeza jurídica a las y los migrantes que se internen a territorio mexicano, certeza que ha reclamado por décadas la probidad en la actuación del Instituto Nacional de Migración.
Para nadie es ajeno que el Instituto Nacional de Migración es una de las instituciones más corruptas del gobierno, lo que ha sido reconocido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hecho por el cual la secretaria ha instruido el relevo paulatino de trabajadores de base y sindicalizados involucrados en actos de corrupción.
Para nosotros es loable la labor que desempeña el gobierno federal y reconocemos que la tarea no es sencilla, sin embargo, el compromiso contra la corrupción es frontal. En este mismo sentido, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, ha confirmado recientemente que 400 agentes de esa dependencia han sido cesados de diciembre de 2018 a la fecha.
Con el presente dictamen que hoy discutimos se pretende erradicar los vicios que han sido señalados y denunciados de manera reiterada. La reforma propuesta busca clarificar la esfera de competencia del Instituto Nacional de Migración y del Ministerio Público, para garantizar transparencia en la información pública y brindar así seguridad jurídica a las y los migrantes.
El Instituto será coadyuvante del Ministerio Público Federal, el cual bajo su jurisdicción tipificará la comisión de los posibles delitos. Con estas reformas se combate una de las vertientes de la constante violación de los derechos humanos de los migrantes cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, de ahí su pertinencia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen. Estamos convencidos que con estas reformas se combatirán los abusos de poder, que dan paso a violaciones de los derechos humanos de los migrantes. De esta manera se da cumplimiento a los instrumentos internacionales signados y ratificados por México.
Desterremos la simulación e impunidad que por décadas ha dañado seriamente el tejido de nuestras instituciones. Dejemos atrás el papel que tuvo México hasta hace unos meses e impulsemos las propuestas que nos permitan avanzar en el marco del cumplimiento del derecho internacional.
En el Grupo Parlamentario de Morena hemos abierto el camino de una sola vía para el respeto de los derechos humanos de las y los migrantes que se encuentren en territorio mexicano. Nada, absolutamente nada nos hará retroceder. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchísimas gracias, diputado Novella Macías.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, para la discusión en lo general y en lo particular tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor.
La diputada Claudia Elena Lastra Muñoz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.
En principio quiero señalar que, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el tema migratorio es de particular importancia y tenemos el firme compromiso de trabajar desde nuestra trinchera para mejorar las leyes migratorias, uniendo esfuerzos y trabajando en materia de cooperación internacional para favorecer el desarrollo de los países de origen, tránsito, destino y retorno de flujo migratorio, en donde por supuesto México tiene un papel estratégico debido a su posición geográfica.
No olvidemos que las caravanas migrantes abandonan su lugar de origen impulsados por las condiciones de pobreza extrema, inseguridad, desigualdad e injusticia, buscando nuevas oportunidades laborales, dejando a sus familias para migrar a los Estados Unidos en busca del sueño americano y en muchos casos trabajan en condiciones de riesgo e incertidumbre.
Nuestra Carta Magna establece que toda persona que entra a territorio mexicano gozará de los derechos humanos y protección de las leyes, y es obligación de las autoridades del Estado mexicano garantizar el respeto a esos derechos, ya sean migrantes, nacionales, género, extranjeros o cual fuera su origen de nacionalidad, género, o situación migratoria, con especial atención a los grupos vulnerables.
Como mexicanos debemos asegurar el respeto de los derechos que reclamamos para nuestros connacionales, cuya situación migratoria es irregular en el exterior, y garantizar con responsabilidad la vigencia de estos derechos para los extranjeros dentro del territorio mexicano.
Ahora bien, la Ley de Migración, en su artículo 19, tiene prevista la existencia del Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica es la de ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expide la misma Secretaría.
El artículo 93 de la misma ley, señala que el Instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente.
Es muy importante tener en cuenta que la facultad de investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público.
Consideramos que el texto vigente puede malinterpretarse en una invasión de esferas o usurpación de la facultad constitucional del Ministerio Público, como representante de la sociedad para investigar las denuncias o querellas por la posible comisión de delitos.
En consecuencia, la reforma que hoy discutimos tiene como objetivo dar certeza jurídica a los migrantes y concretar las funciones y facultades de la autoridad migratoria. Es así, que la propuesta de la dictaminadora tiene como fin establecer y determinar la facultad del Instituto para solicitar información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos, única y exclusivamente para efectos de control, verificación o revisión migratoria.
Asimismo, en el segundo párrafo del artículo en cuestión se propone que en los casos en que acuda un particular para presentar denuncias en contra de un extranjero, el instituto deberá informar que no es autoridad competente para investigar la probable comisión de delitos y deberá canalizarlo a la agencia del Ministerio Público que corresponda, para que ahí presente sus denuncias.
Compañeras y compañeros legisladores, la política migratoria del Estado mexicano es un acto no solo de soberanía nacional sino también de solidaridad para los habitantes de otros pueblos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lastra Muñoz. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Con su venia, diputada presidente, Dulce María Sauri. Compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos de Chiapas, auditorio del Canal del Congreso, buenas tardes para todos.
Como parte de las directrices de la política exterior, la suscripción del pacto para una migración ordenada, segura y regular es una prioridad para México, dada la importancia que constituye el paradigma de cooperación y entendimiento.
La temática de la migración es un asunto de especial trascendencia para los que vivimos en las zonas fronterizas norte y sur del país. Es por ello que el dictamen que nos presenta la Comisión de Migración, por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración, atiende la necesidad de afrontar los retos y oportunidades en las instituciones encargadas de conducir la política migratoria de México.
Para ejemplificar y contextualizar esta problemática basta señalar que en 2016 no hubo investigaciones, enjuiciamientos o condenas de empleados gubernamentales en el sistema de justicia penal en México.
En contraste, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cada año son secuestradas 22 mil personas migrantes en México. Negocio ilícito que reporta ganancias para la delincuencia organizada, estimadas en más de 50 millones de dólares. Y hasta septiembre de 2018 la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, reportó que habían sido presentados ante la autoridad migratoria 73 mil 222 personas extranjeras.
El gobierno mexicano viene actuando con prudencia y sensatez ante estos acontecimientos. Es nuestra responsabilidad contribuir a que las autoridades del gobierno, todas: federal, estatal y municipal generen la política pública más adecuada. Es por ello que, al dotar de transparencia la información de nuestras instituciones, se avance en un esquema de protección a los derechos de los migrantes.
El dictamen que nos ocupa precisamente combate un mosaico de ilegalidad, que algunos servidores públicos generan al margen de las instituciones. El gobierno no ha optado por una política agresiva y de represión, porque se atiende a las realidades que son constantes en todo el mundo.
Sabemos que el manejo de estos conflictos requiere prudencia y razonamientos que se sujetan a distintas normativas. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dirigir con el Ejecutivo federal las razones que mejor nos lleven al manejo del tema migratorio.
Por ello, reitero que no es prudente actuar con impulsos, porque ello destruye y no nos lleva a lograr caminos prudentes de construcción de soluciones, sino que nos hará caer en precipitaciones que pueden convertir el problema en ambientes negativos que después no se puedan revertir.
Por esta razón, rechazamos las agresiones y expresiones del presidente de los Estados Unidos, Trump, donde acusa al gobierno mexicano y amenaza con cerrar la frontera. Sus expresiones de construir muros y cerrar fronteras son absurdas. Abonamos a la cooperación bilateral y a la amistad entre los dos países.
Debemos meditar bien nuestra actuación como representantes populares. El exhorto es trabajar con solidaridad y compromiso por quienes, al igual que muchas y muchos mexicanos tuvieron que emprender la marcha hacia nuevos destinos en busca de oportunidades. Y en esta Cámara, aquí, tenemos compañeras y compañeros que así lo han padecido. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bonifaz Moedano. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el presente dictamen.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Abra la Secretaría el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La diputada María Sara Rocha Medina: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto, si son tan amables por favor? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema por un segundo. Ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, se emitieron 429 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pasamos al apartado de la agenda de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Con su permiso, señor presidente. Por economía parlamentaria solicito que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, la presente iniciativa que hoy presento a este pleno.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Así se hará.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa es la cuarta que presento para el fomento y difusión de la cultura política democrática y forma parte de un paquete que busca armonizar diversas leyes para construir ciudadanía y consolidar los procesos de participación ciudadana.
El tema de la cultura política debe ser un tema de primera importancia para cualquier sociedad que se precie de ser democrática, y entender la importancia que tiene la cultura política para la construcción de formas de organización política y social más democráticas, horizontales y participativas, abona en beneficio de las instituciones, de las relaciones de poder y de la forma en que los ciudadanos nos relacionamos con el poder político y quienes están al frente de las estructuras políticas donde se toman las decisiones fundamentales de un país.
El hecho de darnos cuenta de que por medio del proceso electoral podemos cambiar de gobernantes, no indica que hayamos adquirido una cultura política democrática, es más, el contar con elecciones limpias, transparentes, competitivas con un sistema electoral fuerte y un sistema de partidos plural, no es garantía de que nuestra percepción con respecto a la política haya cambiado en su totalidad.
Esta percepción que muchas personas tienen de la política y de los principalmente participantes en la lucha por el poder, que son los partidos políticos, aún es algo o mucho, negativa.
La idea que generalmente se tiene de la política, es que es una actividad donde hay corrupción, impunidad, abuso de poder por parte de quienes detentan cargos públicos y que solo sirve para hacer ricos a aquellas personas que de ella participan, y no para mejorar las condiciones de vida de la población.
En el caso de los partidos políticos, no es muy diferente. Se tiene la idea de que los partidos sirven solo a sus propios intereses y que siempre andan en la búsqueda de mayores ingresos y de cargos públicos para repartir entre aquellos que le son fieles a su causa.
En nuestra Constitución se establece que los partidos políticos son entidades de interés público, y como tales, están obligados a promover la participación ciudadana en la vida democrática, a servir como un vehículo para que los ciudadanos tengan acceso al ejercicio del poder del poder público.
Además de ser quienes integran la representación de los intereses de diversos sectores de la sociedad, frente a las estructuras del poder político como en este recinto legislativo. Sin embargo, pareciera ser que los partidos políticos se han quedado cortos en cumplir con su función de promover la participación ciudadana, y en hacer que los ciudadanos tengan acceso real a la toma de decisiones y al ejercicio del poder público, como lo establece nuestra Constitución.
Los partidos, como entidades de interés público, deben promover todo aquello que mejore la calidad de vida de la población en su conjunto, ya sean temas sobre seguridad pública, sobre seguridad social, empleo, educación, trabajo o cualquier otro tópico de la política pública.
Es indispensable contar con una cultura de participación ciudadana en los asuntos públicos. Asimismo se requiere que seamos ciudadanos informados, conscientes y propositivos.
Los partidos políticos deben convertirse en promotores y difusores de la cultura cívica democrática que permita formar ciudadanos comprometidos con la democracia.
Por ello propongo lo siguiente:
Que los partidos políticos implementen actividades que promuevan y difundan los valores cívicos, la ética pública, los valores democráticos y la construcción de ciudadanía, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Cultura a través de un comité coordinador para diseñar e implementar la estrategia nacional para fomentar y difundir la cultura política democrática, la construcción de ciudadanía, los valores cívicos y la participación ciudadana. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la crisis de violencia e inseguridad que padece nuestro país tiene como una de sus razones la proliferación de conductas ilícitas por parte de la delincuencia organizada y la corrupción.
El principal motor de estas actividades es la ambición de contar con fuentes ilícitas de recursos económicos. Nuestro país sobresale dentro de la comunidad internacional, como lugar de origen y destino de flujos ilícitos, tanto del orden financiero como económico en lo general.
En ese sentido, las autoridades encargadas de recabar datos estadísticos han sido omisas en consolidar los referidos tanto a los delitos procedentes del género de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como de la cifra económica a la que los bienes sujetos a los procesos de lavado y triangulación han sido sometidos.
Dicha omisión suele ser suplida con las estimaciones realizadas por empresas consultoras nacionales e internacionales, que estiman que en México se llegaban a lavar cada año entre 40 y 60 mil millones de dólares.
A efecto de hacer frente a dichos fenómenos y la cauda de efectos perniciosos para la economía, el sistema financiero y el Estado de derecho, es fundamental que el Estado actúe de manera categórica y eficaz en el cumplimiento de la ley y el abatimiento a la impunidad.
Una de las materias pendientes en materia de seguridad y justicia es precisamente la relacionada con la recuperación de activos de manos del crimen y la corrupción, que se lleva a cabo fundamentalmente a través de tres procesos reconocidos en el ordenamiento jurídico mexicano, y que son el decomiso, el abandono y la extinción de dominio.
Desde que aprobamos la iniciativa constitucional en materia de extinción de dominio señalamos que en los seis años de la administración anterior pudieron haber sumado al menos 250 mil millones de dólares los recursos recuperados. Toda vez que han sido objeto de la mayor preocupación en el seno de los órganos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, como la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, los fenómenos relacionados con el crimen organizado y el lavado de dinero, así como la corrupción y sus efectos erosivos de la gobernabilidad y el desarrollo de las naciones, es que se han generado diversos instrumentos y tratados internacionales, que contienen obligaciones para los Estados en materia de prevención y persecución de dichos actos ilícitos.
En ese orden de ideas es que se han suscrito, auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas, los siguientes tratados internacionales: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y sus tres protocolos complementarios en materia de trata de personas, tráfico de migrantes y de tráfico ilícito de armas, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La presente iniciativa ha sido desarrollada incorporando los referentes internacionales en la materia, adaptando los contenidos de la ley modelo, señalada a la tradición jurídica sustantiva y adjetiva de nuestro país.
En tal sentido, los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional encontramos necesario que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que debe expedirse en cumplimiento del mandato constitucional, derivado de propuestas hechas originalmente por legisladores de nuestro partido para el combate eficaz a la corrupción y a la criminalidad organizada, tengan los atributos consagrados por la práctica y la doctrina internacional. Dichas características son:
Procedimiento real verdaderamente autónomo del correspondiente a la vía penal; acción de extinción de dominio imprescriptible; a favor de inhibir la posibilidad de legitimación de acervos patrimoniales, derivados de la ilicitud por el simple paso del tiempo, lo cual sería un imperdonable e ingenuo proceso de lavado de dinero, inherente al marco constitucional.
La posibilidad de aplicación retrospectiva de la acción de extinción de dominio, a efecto de que esta se pueda aplicar incluso a conductas y hechos ejercidos de manera previa a la emisión de la legislación ulterior.
Carga dinámica de la prueba, lo que implica a diferencia del proceso penal, la exigencia jurídica de que sostiene la ilicitud de la propiedad de su patrimonio, la acredite en el ejercicio de la garantía de audiencia.
El contenido de este proyecto supone la regulación de aspectos de orden sustantivo y adjetivo de disposiciones de categoría constitucional, por lo que se dispone en las hipótesis sustantivas de procedencia de la acción, quienes son las partes de proceso, así como las atribuciones a cargo del Ministerio Público, tanto del orden federal como de las entidades federativas y la policía en la preparación, presentación de acción de extinción de dominio.
En tal virtud y en acatamiento a la reforma constitucional recientemente aprobada por esta soberanía que dispone la creación de una Ley Nacional de Extinción de Dominio, es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone el presente proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Compañeras y compañeros legisladores, el sistema de representación proporcional representa un parteaguas en el proceso de democratización de nuestro país, porque permitió dar voz a los intereses y posturas políticas e ideológicas de las minorías.
Tal como lo expresó en su momento Jesús Reyes Heroles, el objetivo fue que el Estado ensanche las posibilidades de representación política, de tal manera que pueda captar en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria y pequeñas corrientes que, diferenciando en muchos de la mayoría, forman parte de la nación.
La reforma electoral de 1977 modificó el artículo 52 de la Constitución Política, a fin de establecer que la Cámara de Diputados estaría integrada por 300 legisladores electos por el principio de mayoría relativa y 100 diputados seleccionados mediante el principio de representación proporcional, a través de un sistema del ISSSTE regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Asimismo, planteó en el artículo 54 que los partidos políticos podían participar en el sistema de listas.
A partir de ello, el sistema electoral mexicano sufrió diversos cambios en relación con el sistema de representación proporcional. En 1986, por ejemplo, se amplió el número de diputados plurinominales de 100 a 200.
Si bien este principio ha permitido conformar un sistema plural, lo cierto es que la elección de los diputados plurinominales se asigna conforme a una fórmula que no necesariamente refleja la diversidad política y cultural que existe en el país.
De hecho, se han documentado diversos casos en los que la implementación errónea de la fórmula genera un sistema de asignaciones equivocado, que posteriormente suele ser impugnado ante el Tribunal Electoral.
Fue precisamente por tales motivos que la reforma política electoral de 1993 introdujo una vía de representación que funcionó, y aún funciona, para la elección de senadores.
Este sistema, denominado primera minoría, establece que, en la elección federal, además de la fórmula de dos senadores electos por el principio de mayoría relativa, también será senador aquel candidato que obtenga el segundo lugar en las votaciones.
Estas modificaciones se realizaron con el objeto de garantizar que cada entidad federativa contara con al menos un senador de oposición que representara los intereses de sus electores. Esto permitió que en el Senado de la República se reflejara la creciente diversidad política que entonces ya atravesaba el país.
La primera minoría se caracteriza por atender a la representación directa y a los intereses de los ciudadanos. Si bien, es evidente que el senador que obtuvo el segundo lugar en las votaciones no fue electo, cuenta con importante electorado que respaldó su proyecto político.
Este sistema, además de permitir la conformación de una Cámara alta más plural, también atiende a los intereses específicos de la pluralidad política nacional desde un sistema de representación directa.
El resultado es la conformación de un Poder Legislativo más plural y representativo, que atiende a los distintos intereses sociales mediante la negociación, el consenso y el desarrollo de un proyecto de nación que buscará respuesta a las distintas realidades sociales y culturales del país. A pesar de que este mecanismo ha fomentado de manera determinada la pluralidad, actualmente no se encuentra previsto en la elección de diputados.
La Cámara baja representa a los ciudadanos, es el máximo órgano encargado de mostrar el pluralismo político y la diversidad social que existe en el país. Los diputados son garantes de los intereses del pueblo y, sin embargo, el sistema de representación que existe se basa únicamente en la conformación de fórmulas que no responde al capital político directo de aquellas personas que, habiendo perdido una elección, cuentan con un electorado importante que compagina con su proyecto.
Hoy el sistema de representación proporcional no es suficiente para establecer una composición que refleje la diversidad de nuestro país, toda vez que se basa en proporciones establecidas conforme a una fórmula que no está diseñada para reflejar de manera directa la decisión de los votantes, sino que se fundamenta en estimaciones y proporciones equitativas entre todos los partidos políticos, a fin de repartir curules.
Precisamente por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo modificar el sistema de elección de diputados plurinominales, a fin de introducir el mecanismo de primera minoría en la elección de diputados, con el objeto de fomentar el pluralismo, la negociación, atender la gobernabilidad y responder a las demandas e intereses de los ciudadanos. De esta forma esta iniciativa propone establecer que 100 diputados de los 200 que tenemos en este momento...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: –Concluyo, presidente–... sean electos mediante el sistema de lista y 100 diputados sean electos a través del principio de primera minoría. Con esta reforma vamos a tener una Cámara de Diputados más representativa de los ciudadanos y garante del pluralismo político. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Gracias. Honorable asamblea, la cultura está íntimamente ligada al arte, el cual se expresa a través de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música y la danza. Pero el cine, considerado como el séptimo arte, es una expresión que reúne todas las artes en un formato cuya reproducción es relativamente barata y fácilmente transportable. Así, cada ciudad, cada plaza e incluso cada casa de este país pueden llegar a tener una función de cine.
El cine ha beneficiado a millones de personas, al trasmitir sus ideas e innovar año tras año. En muchas ocasiones en él se conjugan todas las expresiones artísticas y se ha convertido en la manera más idónea de trasmitirle al mundo la situación de cada país, el contexto social en el que se vive y la forma de vida de cada sector social, lo cual en muchas ocasiones propicia el apoyo a los grupos más vulnerables.
Si bien el cine nació de forma oficial el 28 de diciembre de 1895 como todos sabemos, por los hermanos Lumière, en París, fue hasta el 6 de agosto de 1896 que en nuestro país surgió esta expresión artística.
Hay que recordar que se invitó al presidente Porfirio Díaz a una primera función en el Castillo de Chapultepec y, posteriormente, a ser filmado cabalgando en el bosque. El primer cine en México fue documental, pero al servicio del poder.
La producción cinematográfica avanzó paulatinamente como recopilador de la realidad social de nuestro país con obras como La Banda del automóvil gris, que por cierto también fue la primera película enlatada y censurada en la historia de este país. También Viva México, y por supuesto, Viva Zapata.
Fue hasta mediados de los años 30, que derivado de las diversas cuestiones políticas y reforzado por la Segunda Guerra Mundial nació la que hoy conocemos como la época de oro del cine mexicano, un cine mexicano que reflejaba a México ante sí y ante el mundo.
Si bien parece que las producciones cinematográficas nacionales no tienen mayor relevancia estas han ido en aumento año con año, principalmente por los apoyos que el Estado mexicano ha brindado.
El 2017 fue positivo para el cine mexicano en términos de producciones y estrenos; se realizaron en ese 2017, 176 películas en México, de las cuales 52 fueron coproducciones internacionales en gran medida con países latinoamericanos, fueron 88 las películas que se estrenaron, lo que representa apenas el 21 por ciento de los lanzamientos totales.
Sin embargo, y aquí también viene algo bien curioso, 52 por ciento de las producciones de 2017 fueron dirigidas por mujeres y el género comercial más exitoso fue la comedia, y lo tenemos reflejado también en 2018 y en este inicio de 2019.
La cultura resulta esencial para el desarrollo de cualquier persona en el país, por tal motivo el Estado en sus tres niveles de gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a los diferentes espacios culturales que puedan ofrecerse en el país.
Por lo anteriormente expuesto presento la iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para permitir que estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta para producción cinematográfica, en vez del 10 por ciento que se tiene en este momento, sea hasta del 15 por ciento, pero bajo la siguiente condición: solo en los casos en lo que las inversiones en producciones cinematográficas nacionales o la distribución de películas nacionales sea en beneficio de un sector vulnerable de la sociedad mexicana o se realice a través de emprendedores sociales.
En muchas ocasiones estas producciones cinematográficas reflejan la vida nacional y al mismo tiempo crean proyectos que benefician a los grupos vulnerables del país. Tomemos como ejemplo el revuelo y la aceptación mundial que la película Roma, de Alfonso Cuarón, que refleja además el México de la década de 1970 y la vida de las mujeres, tuvo en nuestro México reciente.
Hagamos más cine para México hecho por mexicanos con un sentido social. En México tenemos que hacer más cine de alta calidad que refleje quiénes somos y que tenga un mayor contenido social. Esto es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo decimoctavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Comentar que esta iniciativa ha sido suscrita por una servidora, sin embargo, varios compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Morena también han tenido a bien suscribir esta iniciativa que se ha convertido en una demanda de los pensionados y jubilados del ISSSTE. Debo dar mérito a quien en realidad lo tiene.
Con esta iniciativa materializamos el hecho de que los diputados federales somos únicamente la voz del pueblo, y somos intermediarios para poder generar las mejores condiciones que satisfagan las necesidades de nuestros representado.
Querido pueblo de México, pensionados y jubilados de nuestro país. Diputadas y diputados. Los pensionados del ISSSTE perciben, como complemento a su pensión básica como jubilados y pensionados, un bono de despensa y previsión social múltiple.
Lo anterior se hacía en términos de los artículos 57 de la Ley del ISSSTE de 1983 y del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE.
Con la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE de 2007, el instituto y su junta directiva desde el 2008 dejaron de aplicar los incrementos al bono de despensa y previsión social múltiple. Asimismo, desde el ejercicio fiscal 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente autorizó los incrementos de dichos bonos para los trabajadores en activo.
Ahora bien, la redacción del artículo décimo octavo transitorio de la ley vigente, garantiza la continuidad de derechos contemplados en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE de 1983. Por ello se considera que los trabajadores jubilados y pensionados, continúan con su carácter de trabajadores, pues se habla de trabajadores en activo, así como de jubilados y pensionados, de lo cual se desprende implícitamente que mantienen su derecho a las prestaciones de las que gozaban en su etapa de trabajadores en activo, salvo que sean contradictorias con su carácter de jubilados o pensionados.
Por ende, los incrementos en los referidos bonos a los trabajadores en activo también deben de aplicarse a los pensionados y jubilados al haber sido un derecho creado que recibieron. De una interpretación sistemática de la Ley del ISSSTE, se advierte que los jubilados y pensionados no sólo acceden a la prestación de la pensión o jubilación, sino a otras prestaciones adicionales como el bono de despensa y la previsión social múltiple, las cuales tienen carácter accesorio a su pensión, ya que entra al patrimonio del trabajador justo al momento en que se adquiere el carácter de jubilado y se mantiene mientras se tenga derecho a gozar de la pensión.
Por lo tanto el objetivo de la presente iniciativa radica en reformar y adicionar el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del ISSSTE, ello para que los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes gocen de los beneficios que les otorgaba la ley abrogada, continúen en ejercicio de sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento y tengan derecho en su proporción al incremento a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas a los trabajadores en activo cuando resulten compatibles a los pensionados.
Por último, quiero comentarles que espero que cuando esta iniciativa se turne a comisiones, podamos contar con la voluntad de todas y todos los compañeros diputados, toda vez que más de uno en nuestros distritos tenemos grupos importantes de pensionados y jubilados afiliados al ISSSTE. Espero también que esta iniciativa no tenga que ser supeditada a los temas económicos.
Todos sabemos que cuando un trabajador se jubila o es pensionado, lo que perciben es muchísimo menos de lo que venían percibiendo cuando trabajaban en activo. Esperemos contar con la voluntad de todas y todos ustedes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El diputado Alejandro Mojica Toledo (desde la curul): Presidente
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Alejandro Mojica Toledo (desde la curul): Me ponen sonido, gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sonido al diputado Mojica.
El diputado Alejandro Mojica Toledo (desde la curul): Gracias. Gracias, señor presidente, solamente para adherirme a la iniciativa que presenta la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, que acaba de terminar de hacerlo. Ese es el motivo, señor presidente, deseo adherirme, Alejandro Mojica Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Si la proponente así lo permite, con mucho gusto.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (desde la curul): Sí.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado, y quien desee hacerlo, estará como siempre, abierta la lista de adhesiones, si así se requiere.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Buenas tardes, diputadas y diputados. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Albert Einstein.
Lamentablemente nuestro país se hace notar ante el mundo por la forma que se trasgrede toda forma jurídica respecto a la protección de uno de los derechos fundamentales de las personas, como lo es el trabajo.
Lo que deja a un lado la buena intención de aquella grandeza histórica plasmada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el Congreso Constituyente de 1917 y que en la actualidad solo queda como un anecdotario.
A finales del siglo pasado se originó en mercados de Estados de Estados Unidos de Norteamérica y a Europa, especialmente en el Reino Unido, una práctica conocida como outsourcing, cuyo término más cercano en nuestro marco legal es, subcontratación. Este régimen laboral originado en otros países, se extendió por el mundo y a su tiempo, alcanzó nuestro país, por lo que se comenzaron a realizar este tipo de prácticas no reguladas.
No reguladas por la ley hasta la reforma laboral de 2012, en la que se plantea en el artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo, que la subcontratación es aquella por medio de la cual un patrón denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que existe el outsourcing malo, que es aquel que realiza la empresa contratista a fin de evadir las responsabilidades y laborales de los patrones, afectando los derechos de los trabajadores, en especial las prestaciones de seguridad social.
De acuerdo con una consultora que realizó un reporte de práctica en 2016, en México alrededor de 900 empresas que se dedican a la subcontratación solo poco más de 100 tienen registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Según esta misma investigación, solo el 4.4 por ciento de este tipo de empresas pagan sus impuestos correspondientes, por lo que todas aquellas empresas que practican el outsourcing malo se enriquecen a costa de los trabajadores.
Es decir, que además de violentar los derechos humanos del trabajo y seguridad social al no declarar sus impuestos, se podría presumir que los evaden, lo cual sería una práctica ilegal y sumamente penada por la ley.
Un claro ejemplo son los trabajadores de limpieza que laboran en esta honorable Cámara de Diputados, quienes me han comentado que no cuentan con seguridad social y prestaciones por ley. Y es muy lamentable que en esta casa de todas y todos los mexicanos, donde se construyen las leyes, no pongamos el ejemplo.
La Ley Federal del Trabajo señala que toda empresa contratante de los servicios de una empresa contratista deberá cerciorarse permanentemente de que la empresa contratista cumpla con lo establecido en la ley, y si no se cumpliesen estas disposiciones la empresa contratante se constituiría como responsable solidario, por lo que esta Cámara de Diputados caería en responsabilidad solidaria respecto de los derechos que se estuviesen vulnerando a los trabajadores contratados.
Ante ello, de la manera más respetuosa, pero también más atenta, exhorto a que conforme a nuestras leyes se les reconozca a todos los trabajadores los derechos que la ley les otorga y que no pueda malinterpretarse que se permite el outsourcing malo, y mucho menos en esta Cámara de Diputados.
Por ello, propongo reformar los artículos 15 A, 15 B, 15 C y 15 D para castigar a todas aquellas empresas o micro empresas que practican el outsourcing malo, y favorecer a todas aquellas que sí cumplen con los requisitos que establece la ley.
Diputadas y diputados, todas y todos estamos obligados a vigilar que se cumpla cabalmente con todas las disposiciones de ley de nuestra Constitución, para las y los mexicanos.
En esta ocasión yo digo: Outsourcing sí, a todas aquellas empresas que cumplen con las disposiciones de ley, derecho, obligaciones y seguridad social para todas y todos los trabajadores. Outsourcing no, a todas aquellas empresas que solo explotan y utilizan a las y los trabajadores para beneficio propio, haciendo a un lado los derechos sociales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de nuestra Constitución y demás tratados internacionales.
Por bien de todas y de todos los trabajadores, los invito a sumarse a esta importante iniciativa y a demostrar que tenemos esa gran voluntad poderosa de poder cambiar a nuestro país, en esta ocasión en pro y a favor de todas y los trabajadores de nuestro querido país.
Agradezco a mis compañeros de Movimiento Ciudadano por adherirse a esta iniciativa, e invito a todos los demás partidos a que lo hagan con buena voluntad. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Damos un saludo y bienvenida a estudiantes de la carrera de relaciones internacionales de la FES Acatlán, y estudiantes y ciudadanos de Puebla, invitados por el diputado Héctor Jiménez y Meneses. Bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: La violencia contra las mujeres es una de las peores trabas que impide el goce pleno de sus derechos y del desarrollo de su personalidad.
Según la Convención Belem Do Para, la violencia contra las mujeres se manifiesta como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición nos permite visibilizar las diversas formas de agresiones que afrontan las mujeres a diario.
Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas requiere además de políticas públicas integrales enfocadas en su prevención. También lo es que cuando estos actos se cometen las víctimas deben tener la certeza de que cuentan con el respaldo institucional y, por lo tanto, es indispensable crear un marco legal que les permita acceder a la justicia desde la perspectiva de género.
Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, siguen existiendo casos en los que se demuestra la falta de atención, por lo que es tarea del Estado mexicano impulsar, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres, desde los principios de la universalidad, integralidad y progresividad, como por ejemplo, no está tipificada la violencia virtual en redes sociales. La violencia política en la que hay datos alarmantes.
En todo el 2018 se suscitaron 237 agresiones contra mujeres políticas en el país, reportó el Segundo Informe de Violencia Política contra las Mujeres en México, de la Consultora de Riesgos Etellekt, del total, 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas y 3 asesinatos, entre otros.
Se registraron también 19 atentados contra familiares de las mujeres políticas, 13 resultaron asesinatos. En los casos de asesinatos, en 15 casos fueron comandos armados, 4 fueron perpetrados por desconocidos y fueron asesinos solitarios, y uno fue un contratista local.
En el informe de la CEDAW, en México, en la ocasión del Noveno Informe Periódico de México, recomienda que de conformidad con las obligaciones que incumben al Estado parte, en virtud de la Convención, la consonancia con la meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, y teniendo en cuenta la labor positiva realizada por el Estado parte, al aprobar otras leyes generales, el Comité recomienda al Estado parte que derogue todas las disposiciones legislativas discriminatorias contra las mujeres y las niñas, y armonizar las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y violencia contra las mujeres.
También que reforma el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso, este Congreso, pueda aprobar un Código Penal nacional que regule todos los asuntos penales, con inclusión de todos los delitos y sanciones a establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante la ley penal federal.
En el Grupo Parlamentario del PRD, para nosotros es prioritario continuar armonizando la legislación referente a erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que proponemos agregar al artículo 73 constitucional, donde el Congreso tiene facultades en su fracción XXI para expedir, en el inciso d), la legislación en el Código Penal Federal que establezca todos los asuntos penales en un capítulo referente a las violencias contra las mujeres y niñas, con inclusión de todos los delitos, sanciones y/o derogaciones correspondientes que garanticen plenamente los derechos de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia. Por un México libre de violencias contra las mujeres. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Emilio González Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Detectar Oportunamente el Cáncer Infantil, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde y de Morena.
El diputado Jorge Emilio González Martínez: Muchas gracias, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Emilio González Martínez: Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. En nuestro país es la principal causa de muerte por enfermedad de niños entre 5 y 14 años.
El término cáncer infantil se utiliza para referirse a distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los menores antes de cumplir los 15 años. Los tipos más comunes son las leucemias, los del sistema nervioso central y los linfomas.
Muchos estudios han tratado de identificar las causas de esta enfermedad, pero son muy pocos los causados por factores ambientales o relacionados con el modo de vida de los niños. En realidad, este padecimiento en los menores no tiene una causa conocida.
La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos de síntomas inespecíficos, por eso hay que estar muy atentos y generar alertas para evitar que la enfermedad se detecte en fases avanzadas.
Dado que el cáncer en los niños no se puede prevenir, la estrategia más eficaz consiste en centrarse en el diagnóstico oportuno y correcto, y seguido de una terapia eficaz. Es de importancia recalcar que el cáncer es curable si se detecta al tiempo, lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte del niño.
El diagnóstico oportuno requiere crear conciencia dentro del ambiente familiar o escolar y el acceso a la atención sanitaria. También de la evaluación clínica, el diagnóstico y determinación del estatus de la enfermedad y, por último, el acceso al tratamiento.
En México debemos tomar medidas, pues entre los países desarrollados y los que no existen grandes diferencias en las tasas de supervivencia. En aquellas naciones donde el acceso a la atención médica es difícil y a menudo limitada, los porcentajes de supervivencia son solo del 10 al 20 por ciento. Es decir, solo 8 o 9 niños de cada 10 diagnosticados con cáncer mueren.
En cambio, en los países desarrollados los números se invierten, ya que la probabilidad de sobrevida oscila entre el 80 y 90 por ciento. Por eso es necesario enfocarnos en la detección oportuna.
La realidad de nuestro país nos obliga a actuar, solo la mitad de los niños ganan la batalla contra la enfermedad. Contamos en México con un penoso porcentaje de sobrevivencia de 56 por ciento, donde los niños de familias con recursos tienen la gran mayoría, y el porcentaje de 44 por ciento de niños que mueren, la gran inmensa mayoría, son de niños de familias pobres o sin recursos económicos.
En México podríamos estar salvando a la mayoría de nuestros niños si fuéramos eficientes en identificar los primeros signos y síntomas, diagnosticándolos y atendiéndolos con calidad.
Los esfuerzos realizados hasta el momento han sido insuficientes para incrementar la sobrevida en nuestro país, pues a la fecha se siguen perdiendo vidas de niñas, niños y adolescentes debido a un diagnóstico tardío o a la imposibilidad de tener acceso a un tratamiento de calidad. Se puede mejorar significativamente la vida de los niños con cáncer si la enfermedad se detecta pronto y se evitan los retrasos en el tratamiento.
En el Partido Verde nos hemos comprometido a atender este problema que afecta de manera tan sensible a muchas de las familias mexicanas de pocos recursos económicos. Por ello consideramos necesario instrumentar acciones para garantizar el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento idóneo de los menores de 18 años que padecen cáncer y con esto reducir sustancialmente el número de muertos.
Por lo anterior, proponemos la expedición de una ley enfocada en la detección oportuna de esta enfermedad, como un instrumento que permitirá por un lado visibilizar y dimensionar la magnitud del problema, y por otro, sentar las bases para que de una buena vez la incidencia de muertes por cáncer infantil se disminuya de manera significativa a través de la única estrategia disponible y efectiva, la detección oportuna y el acceso a un tratamiento de calidad.
Por lo expuesto, esperamos contar con su apoyo y sometemos a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Detectar Oportunamente el Cáncer Infantil.
Por último, quisiera hacer una reflexión. En esta Cámara todos buscamos ayudar, todos los temas sin duda tienen importancia...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Jorge Emilio González Martínez: ...pero qué puede ser más importante que ver por los niños, uno. Ver por los niños de las familias pobres, dos. Y, tres, ver por los niños enfermos con cáncer. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada. ¿Con qué objeto?
La diputada Flor Ivone Morales Miranda (desde la curul): Presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada Morales.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda (desde la curul): Si a través de la Presidencia le pudiera solicitar al ponente, al diputado Jorge Emilio González, si nos pudiéramos adherir a su iniciativa como Grupo Parlamentario de Morena.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Entiendo que el diputado hizo una invitación a que hubiera suma a su iniciativa, creo que no tendrá inconveniente el diputado. Está abierto el libro para adhesiones. Gracias, diputada.
El diputado Jorge Romero Herrera (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado Romero. ¿Con qué objeto? Sonido.
El diputado Jorge Romero Herrera (desde la curul): En el mismo sentido, si por su conducto, presidente, le pudiera preguntar al diputado ponente si admite la adhesión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para tan obviamente noble causa. Nos sumamos a esta iniciativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Así se recibe la disposición, diputado Jorge Romero y la de los diputados del Partido Acción Nacional. Gracias, diputado Jorge Emilio.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Con qué objeto, diputada Loya?
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Igualmente sumarnos a esta causa noble que tanto le falta al país resarcir. Si nos lo permiten, por parte del Grupo de Movimiento Ciudadano, si nos lo permite el diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Registro la disposición del diputado y estimo también que esta propuesta tendrá importante apoyo en comisiones. Todo lo indica. Quien desea adherirse está abierta la suscripción en la mesa de la Secretaría.
Esta Presidencia saluda a integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, al comité directivo y a su presidente, el licenciado Francisco Gallo Palmer, quienes se encuentran en el salón, invitados por el diputado Óscar González Yáñez y diputados del PT. Sean ustedes bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Emmanuel Reyes Carmona, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Salud.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Muchas gracias, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Aprovechando la oportunidad, diputado Jorge Emilio, también los diputados independientes nos sumamos a su propuesta si usted nos lo permite. También estamos a favor de los niños con cáncer.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende aspectos de la dignidad humana como derecho fundamental superior. Reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, en el que todo individuo debe de elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida.
Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.
Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 1o, 22 y 26, estos abordan respectivamente la igualdad y libertad humana, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, y la educación como vía para el desarrollo de la personalidad humana, sin embargo no aparece regulado expresamente en la Constitución mexicana, lo cual ha sido obstáculo para su reconocimiento en diversas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con la presente iniciativa pretendemos enunciar que el individuo tiene derecho inherente a su calidad de persona humana y que el ejercicio de estos derechos asegura desarrollar su personalidad, implica prerrogativas y poderes de acción que el individuo va a fortalecer frente al poder público.
Ahora bien, el objeto al desarrollo de su libre personalidad es tutelar, una esfera vital del individuo es decir la construcción de su proyecto de vida, pero al mismo tiempo una norma abierta que ampara diversas posibilidades de comportamientos o conductas que pueden ser dispares.
Aunado con lo anterior es importante mencionar cómo la Corte ha vinculado el derecho al libre desarrollo de la personalidad con la libertad de opción a decidir el criterio que tiene la persona para decidir sobre su opción de vida.
Finalmente se afirma que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto y se limita hasta donde inicia la esfera de los derechos de las terceras personas.
Exigimos por lo regular el respeto al derecho a la libertad religiosa, al libre tránsito, a la libre expresión, y exigimos muchísimas libertades en defensa de los derechos humanos, pero nunca, y cuando se tocan temas que son inherentes a los derechos fundamentales del ser humano, y que estos tienen que ver con elegir la libertad, de elegir de manera abierta el desarrollo de la personalidad, entonces ahí nos callamos.
Por eso es necesario garantizar de manera inherente los derechos al desarrollo de la personalidad del ser humano.
Y viene a mi mente, por supuesto, el famoso caso de Paulina Ramírez, de Mexicali, Baja California, cuando a los 13 años de edad fue violada, y por situaciones religiosas, quizás convicciones morales de médicos del Hospital General de esta ciudad, le impidieron el derecho a desarrollar su personalidad, no solamente de ella sino también de su madre.
Qué decir, por ejemplo, también de que cuando la mujer por su propio derecho decide amputarse alguna parte de su cuerpo, alguna extremidad o bien decide no tener la matriz, y entonces el criterio del médico es “no, no te quites la matriz porque estás muy joven y puedes tener más hijos”. O qué decir cuando el médico decide no ligar a una mujer, porque el médico considera entonces que todavía está en edad reproductiva. O bien, decir de aquellas mujeres que han decidido renunciar al derecho de ser madres, o bien, el cambio de la personalidad.
La ley no puede ir en contra de los derechos fundamentales del ser humano. Por ello, los diputados independientes y de izquierda de esta Cámara de Diputados, apelamos a ese criterio general de legisladores que están a favor de los mexicanos y que sin duda alguna están a favor de las libertades.
Con mucho respeto consideramos no ignorar la necesidad de incorporar a la norma positiva vigente en materia de salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Alejandra Pani Barragán, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se instaura la presea general Emiliano Zapata Salazar al mérito por la lucha social en México, a cargo del Partido Morena. Esta iniciativa también la suscribe el diputado Sergio Mayer Bretón. Adelante.
La diputada Alejandra Pani Barragán: Con su venia, señor presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Alejandra Pani Barragán: Presidenta, perdón. Para glorificar a Zapata, nuestro jefe, no se necesitan palabras, bastan sus hechos. La figura del gran Caudillo del Sur crece y se agiganta día tras día. Emiliano Zapata, el primero que nadie, exigió, con las armas en la mano, que se les devolviese a los campesinos las tierras que habían sido despojadas.
Él, que durante nueve años y contra cinco gobiernos sucesivos, sostuvo una lucha desigual y heroica con hombres desnutridos y mal armados, contra ejércitos disciplinados, aguerridos y provistos de toda clase de elementos de guerra, el que todo sacrificó, hasta la vida, para librar a las masas campesinas de la opresión y de la miseria. El que dio a la revolución el contenido social que carecía y que supo condensar en el Plan de Ayala los anhelos y reivindicaciones justicieras de los hombres del campo.
Él, que fustigó a sus adversarios con aquella célebre frase: A mí me persiguen por el delito de querer que coman los que siempre han tenido hambre. Emiliano Zapata, el luchador abnegado y heroico, ha conquistado en la historia un lugar prominente entre todos los demás revolucionarios, porque a él más que a ningún otro hombre, se le debe que el campesino tenga un pedazo de tierra que le permita vivir como hombre libre.
Por eso, no solo en México sino en América, en Europa y en el mundo entera, en el viejo y en el nuevo continente, se aclama Zapata como el libertador de los campesinos y se le saluda como el iniciador de la reforma agraria, que planteada por él antes que nadie, en la época que hoy vivimos ha sido aceptado o empieza a serlo en todos los países de la orbe, porque ha sido él y nadie más que él quien inició y planteó esa reforma en el histórico Plan de Ayala desde el 28 de noviembre de 1911, antes de la revolución rusa y antes también de todos los movimientos libertarios.
El zapatismo debe ser recordado por su compromiso con los más necesitados y empobrecidos, y especialmente por sus respetos a la vida y libertad de autodeterminación en contra de las ideas dominantes que apelaban a un bienestar económico de una minoría, a costa de la pobreza de una gran mayoría.
Hoy en día son innumerables los hombres y mujeres que luchan por lograr la protección y una vida digna para los más necesitados. Muchas de estas personas inspiradas en figuras como Emiliano Zapata, son héroes anónimos que a diario corren riesgos y ponen en peligro su vida misma, y aunque su lucha no es por reconocimientos, justo es que el Estado mexicano reconozca y haga visible a estos héroes nacionales de nuestro amado México.
Es por ello que, en el marco conmemorativo de los 100 años de su muerte, que presentamos el diputado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía y su servidora, Alejandra Pani Barragán, la iniciativa que instaura la presea General Emiliano Zapata Salazar.
El mérito por la lucha y en México por premiar y reconocer a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su trabajo y acciones a favor de causas sociales, y como servidores de nuestra patria y la humanidad.
Viva Emiliano Zapata. Viva México. Es cuanto, señores.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, presidenta. Diputadas, diputados, como se ha dicho, en nombre propio y de los legisladores del Partido Acción Nacional, presento iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria con la finalidad de otorgar atribuciones a la Cámara de Diputados en la autorización del uso de los recursos excedentes, así como en las adecuaciones al Presupuesto de Egresos.
Históricamente el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda ha contado con facultades excedidas en la asignación de los ingresos excedentes y ha desempeñado un papel unilateral en las adecuaciones presupuestales.
El ejercicio de estos recursos y su reporte en los informes financieros, así como en la Cuenta Pública se realizan normalmente con criterios cambiantes y discrecionales, de modo que no es posible seguir el rastro sobre el origen de los recursos y mucho menos saber cómo se ejercieron.
Estas malas prácticas han propiciado que el Ejecutivo federal subestime los ingresos en el proyecto de Presupuesto, manteniendo la opacidad en el origen de los recursos excedentes y una discrecionalidad desconcertante en su utilización.
Como ejemplo, vale la pena destacar que desde el año 2000 y hasta 2017 el Ejecutivo ingresó y gastó más dinero del que le fue autorizado, salvo en 2001.
La diferencia entre lo aprobado en el presupuesto y lo reportado en la Cuenta Pública ascendió al 7.2 por ciento en promedio durante los últimos 18 años. Esto significa que cada año se gastaron 242 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado. ¿Es mucho o es poco? Para que tengamos una idea, el monto equivale al costo del ahora cancelado nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o dos veces el costo estimado del Tren Maya.
Lo que se ha definido para el año fiscal 2019 nos anticipa que no será diferente en esta ocasión, lo aprobado en la Ley de Ingresos recurrió al mismo tipo de prácticas. Si bien la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece lo que debe incluir el proyecto de Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal evade detallar el origen de los ingresos no petroleros. De igual manera, no especifica en los informes trimestrales ni en la Cuenta Pública a qué rubro destina los ingresos excedentes. Tampoco detalla las modificaciones presupuestales que autoriza al interior de las entidades ejecutoras.
Como botón de muestra, el estudio denominado la Caja Negra del Centro de Análisis México Evalúa 2016, revela cómo entre 2013 y 2016 el 50 por ciento de los ingresos excedentes se clasificaron en el rubro denominado “otros aprovechamientos”.
El Poder Legislativo, diputadas y diputados, ha participado poco en la discusión fiscal y, por ende, ha sido relegado en el control del gasto público, ha cedido en su obligación de asegurarse que los recursos de los contribuyentes se gasten de manera eficiente, austera y transparente y ha dejado abierta la puerta para que estos se utilicen con criterios discrecionales.
Por estos motivos, propongo iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 19, 40, 58, 59 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que se establezca en la ley que cuando los ingresos excedentes no petroleros registren un incremento superior al 1 por ciento respecto al gasto programable, deberá considerarse un presupuesto complementario y su asignación será aprobada por la Cámara de los Diputados.
También, introducir la autorización de la Cámara de Diputados en las adecuaciones presupuestarias externas e internas que rebasen el 5 por ciento del monto autorizado en el Presupuesto de Egresos.
Y en materia de obligaciones de transparencia propongo desglosar el origen específico de todos los tipos de ingresos de aprovechamientos, tanto en la Ley de Ingresos como en los informes financieros y restringir el uso de categorías o rubros denominados otros.
Y finalmente, propongo publicar una nota metodológica que dé cuenta del origen y asignación de los recursos excedentes, con base en la normatividad fiscal vigente. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen. Omití el turno en la iniciativa presentada por la diputada Alejandra Pani. Esa iniciativa que propone una presea general Emiliano Zapata debe turnarse a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Adelante.
La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, diputada presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Los ciudadanos requieren en todo momento una debida y adecuada atención, esto por parte de las autoridades que los gobiernan.
La única manera de brindar esa atención es respondiendo cabalmente a todas y cada una de sus inquietudes. Y cuando estas versan en temas que afectan o modifican los derechos de los ciudadanos, no podemos ignorar el dar una respuesta concreta y por escrito.
Pues bien, tal parece que las autoridades desconocen por completo tal situación. O mejor dicho, intencionalmente no dan contestación a dichas peticiones, esperando que el desánimo del ciudadano impere y cese en su inquietud de tener una respuesta por escrito. Y todo esto bajo la figura de la negativa ficta.
Esta figura prevé que, ante el silencio de la autoridad, ante la falla de la contestación por escrito, la petición se entiende que fue contestada en sentido negativo, por el simple transcurso de cuatro meses. Sí, cuatro largos meses que debe esperar el ciudadano para que sencillamente se dé enterado que su petición fue negada.
Y buscar la manera legal de llevar a juicio las garantías a la autoridad, para que conteste por escrito, fundando y motivando el por qué su negativa a su respuesta, perdiendo así de 6 a 12 meses más para resolver un asunto menor.
Y después de haber hecho batallar al ciudadano para obtener la respuesta por escrito, ¿acaso tiene alguna sanción el servidor público flojo e irresponsable? La respuesta es que no. Tal parece que nuestro sistema legal premia la pereza y la falta de atención al ciudadano, quien debe ser la persona más importante para el servidor público.
Los problemas de lentitud de los trámites y la lesión que ello produce está presente y ha comenzado a preocupar, pues la respuesta tardía, o peor aún, la falta de respuesta, no deben ser signos distintivos de la administración pública. Es lógico considerar que quien formula una petición espera una respuesta, pues el acto administrativo es el fin perseguido por el peticionante.
No podemos seguir solapando la inactividad administrativa. El servidor público que no realice su trabajo debe ser sancionado. No permitamos que la indiferencia y la pereza sea la marca distintiva del servicio público.
Mandemos un claro mensaje, un mensaje contundente: que todo aquel que no quiere servir de manera diligente no tiene cabida en la administración pública. Debe sancionarse a quien no desarrolla adecuadamente sus obligaciones, y la principal, la principal obligación de todo servidor público es la de atender a la ciudadanía en una esfera jurídica que no sea transgredida por omisiones o la simple displicencia de la conducta de los funcionarios que la componen.
Vamos, compañeros, por una administración pública que respete y que trate dignamente a la ciudadanía y a toda la sociedad de nuestro país. Esa es nuestra responsabilidad. Tomemos acciones claras y contundentes, como la planteada por esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno.
El diputado Ulises García Soto: Con permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Ulises García Soto: Compañeras y compañeros diputados, cuando hablamos de migración rápido se nos viene a la mente un mexicano cruzando el desierto o un centroamericano sobre el tren, tratando de llegar a Estados Unidos. La cuarta transformación tendrá que llevar luz a donde el viejo régimen solo llevó oscuridad.
La migración fue uno de los capítulos más oscuros de la etapa neoliberal, porque así convenía al régimen. La pobreza y la inseguridad emanadas de las políticas neoliberales no solo convirtieron al país en una fábrica de muertos y pobres, sino también en una fábrica de migrantes.
Migrantes que si bien les va pueden salir del país, y los que no, esos migrantes que son forzados a desplazarse del campo a la ciudad, de una ciudad a otra, o de un estado a otro pero sin salir de territorio nacional, huyendo de las grandes corporaciones y la explotación despiadada de los recursos naturales, de la inseguridad o de la violencia sistémica pero silenciosa del estado a las comunidades rurales, a través del abandono institucional y presupuestario.
Cuando nuestros migrantes cruzan la frontera internacional se llaman refugiados, y los que se quedan en territorio nacional, desplazados internos. Ni siquiera existe la figura jurídica para referirnos a este fenómeno migratorio. Debemos entonces corregir y decir que las políticas neoliberales de inseguridad, muerte y pobreza convirtieron al país también en un país de desplazados.
El desplazamiento forzado interno se caracteriza por estar fundamentado en el temor de una amenaza directa o indirecta e inmediata a la vida, la seguridad o la libertad, o porque haya sido objeto de violaciones graves a los derechos humanos. Hemos sido candil de la calle y oscuridad en la casa.
En 1981 ayudamos a los refugiados guatemaltecos a conseguir asilo en Chiapas, firmamos la Declaración de San José Sobre Refugiados y Personas Desplazadas, pero no hemos legislado para nosotros reconocer a nuestros propios desplazados internos. Tan solo en Ciudad Juárez, ciudad de la que soy oriundo, en la mal llamada guerra contra las drogas, cerca de 200 mil personas huyeron de la ciudad en un periodo de 8 años.
Según cifras del monitoreo de desplazamiento interno en 2018, son cerca de 400 mil personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el país, siendo Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero las entidades federativas más afectadas.
Por este motivo se debe recalcar que se trata de una omisión grave, porque no existe un sistema normativo que proteja a los desplazados internos en el país. No existen políticas públicas ni estrategias claras ni estadísticas oficiales.
Es por eso que presentamos ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto sobre la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, para tener un marco jurídico eficiente para la protección de los ciudadanos a vivir tranquilos en su lugar de origen y tener mecanismos para garantizar la protección de la seguridad, la reparación del daño y las garantías de no repetición.
Esta iniciativa tiene congruencia política, se apega a un fenómeno real y vigente en el país no legislado. Además no representa un impacto presupuestario, es por eso que invito a todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía se suman a esta iniciativa.
Tenemos que dejar asentado en nuestros marcos jurídicos y en nuestras leyes y reglamentos mecanismos institucionales de acción para atender a esta población en el futuro y para las próximas generaciones, pero también es un reconocimiento de los errores de las políticas fracasadas del pasado. Un compromiso con la verdad. La aprobación de esta iniciativa es entonces también parte del proceso de la reconciliación nacional.
Por último, solicito a la Mesa Directiva que esta iniciativa se turne a la Comisión de Gobernación para su dictamen y a la de Migración para su opinión. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. La solicitud del diputado lo analizará la Mesa Directiva.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Gracias. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: La vivienda se ha convertido en un pilar muy importante de la familia. Es el epicentro del bienestar social, por lo que toda familia debe de disfrutar de una vivienda. Es así que el artículo 4o. constitucional establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
De acuerdo a cifras de la encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares 2016, en México existe un total de 32 millones 873 mil 588 viviendas, de las cuales el 58.9 por ciento son propias, el 9.9 son propias pero aún las están pagando, el 14.5 son rentadas y el 14.2 son viviendas prestadas.
En consecuencia, cerca del 30 por ciento de los hogares no son propios, lo que evidencia la necesidad de gran parte de la población por tener una vivienda propia. Cabe destacar que entre los diferentes problemas para adquirir una vivienda se encuentran los siguientes: el no contar con recursos propios y el no tener acceso a un crédito hipotecario.
El 66.5 de las viviendas propias fueron adquiridas con recursos propios, sin embargo, el Infonavit se posiciona como el medio de financiamiento para la adquisición de una vivienda para aquellos que no cuentan con los recursos inmediatos para su compra. Del total de viviendas propias, el 20 por ciento fue adquirida a través de esta prestación laboral, seguida de bancos con un 6.2 por ciento.
El Infonavit se encarga de establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para lo siguiente: para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, también para el pago de pasivos contraídos por todos los conceptos anteriores.
El Infonavit se ha convertido en un gran apoyo para la adquisición de una vivienda. No obstante, este beneficio no es para toda la población. Actualmente existen personas que se encuentran dentro de la formalidad y tienen la capacidad para pago para realizar sus aportaciones a una subcuenta de vivienda e incluso para el pago de un crédito hipotecario, pero no cuentan con ningún tipo de apoyo para la adquisición de una vivienda.
Actualmente la Ley de Seguridad Social prevé un régimen voluntario para que todas las familias tengan derecho a un seguro de salud. De esta manera todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluidos los familiares y cualquier familiar adicional, pagará anualmente una cuota establecida para tener dicho beneficio.
Sin embargo, no existe un régimen voluntario para que todas las familias puedan obtener un crédito barato y suficiente para adquirir una vivienda, para la construcción o reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Con esta iniciativa poco más de 53 millones de personas serían beneficiadas de manera inmediata, considerando que de acuerdo con cifras del SAT, 44 millones 427 mil 405 personas que se encuentran dentro del régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, 3 millones 439 mil 796 personas dentro del régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales y 5 millones 177 mil 393 personas están dentro del régimen de incorporación fiscal, todas ellas podrían tener la posibilidad de este beneficio.
Todo lo anterior, sin considerar a las personas que pudieron incorporarse o que pudieran incorporarse a la formalidad.
Ante esta problemática propongo realizar una reforma integral, proponemos que se haga una reforma integral que permita a los trabajadores que se encuentran en la formalidad y que no cuentan con seguridad social, incluyendo Infonavit, puedan incorporarse a un régimen voluntario que les permita tener acceso a un crédito por parte del Instituto, similar al ahora existente para el seguro social.
Para cuidar las finanzas del Instituto, el Consejo de Administración determinaría anualmente el importe de las cuotas mínimas del régimen voluntario a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento de la situación financiera del mismo.
Entre otros beneficios de esta propuesta se encuentran, los incentivos para incorporarse dentro de la formalidad.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Culmino presidenta. Mayor número de personas podrán tener acceso a créditos para adquirir vivienda, se incrementan los recursos del Infonavit, se incrementan las demandas de viviendas, se reactiva el sector de la construcción, se generan empleos, es palanca de crecimiento económico para el país, y poco más de 53 millones de personas serían beneficiadas de esta manera.
Por todo lo anterior, pongo a consideración la presente iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Vivienda para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, enfrentar estructuras oligopólicas que controlan los precios y la calidad de los productos es, sin lugar a dudas, un reto monumental al que se tiene que hacer un beneficio en la economía familiar.
En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, determinó que los consumidores mexicanos gastaban 30 por ciento más en mercados con problemas de competencia, y hace algunos meses la Comisión Federal de Competencia Económica identificó que el poder de mercado de algunas empresas representa una afectación dramática sobre el precio del 100 por ciento en algunos productos esenciales en la vida cotidiana de las personas.
En palabras simples, la falta de competencia significa que pagamos el doble de lo que realmente cuestan algunos productos y servicios, y si esto fuera diferente los hogares observarían un aumento automático del 15 por ciento en la capacidad adquisitiva de sus salarios.
Recordarán que la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia económica hizo énfasis en el proceso de selección de los comisionados, con la finalidad de brindar sus decisiones y elegir a los mejores perfiles de un proceso abierto y público.
Si bien es cierto fue una decisión acertada que los siete comisionados de la IFT y los siete de Cofece sean ratificados por el voto de las dos terceras partes del Senado, esto no ocurre con los titulares de la autoridad investigadora.
De acuerdo al procedimiento vigente, la facultad de la elección de los titulares de la autoridad investigadora recae exclusivamente en los comisionados de cada órgano regulador, y es aquí donde los legisladores advertimos el incumplimiento constitucional de la separación de funciones, ya que al existir un delgado vínculo de agradecimiento entre dichos funcionarios, rompe flagrantemente el espíritu constitucional y representa un error que debe corregirse inmediatamente.
El hecho de que los comisionados decidan quién debe ser el titular de la autoridad investigadora, somete a dicho funcionario público a que en el futuro le cobren el respaldo por su nombramiento y ello pueda derivar en presiones para incidir, frenar o sesgar el sentido de algunas investigaciones.
Por esta razón, el propósito de esta reforma es que los titulares de la autoridad investigadora sean elegidos por el mismo rigor técnico con el que se elige a los comisionados. Esto es, se sometan al mismo proceso de selección, que sea el Senado de la República quien esté facultado para ratificar su nombramiento y que este último tenga que ser quien decida su reelección.
El siguiente tema que deseo someter a su consideración tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas del trabajo que realizan los titulares de la autoridad investigadora de los órganos reguladores.
Si analizamos la regulación vigente, los titulares de la autoridad investigadora tienen el poder supremo de decidir qué se investiga, por qué se investiga y qué no se debe investigar. Además, su criterio es el único que le otorga prioridad a las investigaciones y son ellos los que determinan cuándo iniciarlas, aplazarlas, o sencillamente nunca comenzarlas, sin que nadie pueda cuestionarlos y sin rendirles cuentas a nadie. De este tamaño es el poder que tiene el titular de la autoridad investigadora.
Si uno revisa el texto constitucional, los comisionados presidentes tanto de la Cofece como del IFT, están obligados a rendir cuentas a la sociedad y año con año presentan su informe anual ante el Senado de la República. Pero, como ya se explicó, los titulares de la autoridad investigadora están exentos de dicha responsabilidad.
Por esta razón propongo una reforma constitucional, para que ellos también rindan cuentas ante la sociedad y compartan el razonamiento bajo el cual decidieron el inicio de sus investigaciones.
Me voy a referir a un ejemplo muy concreto. Entre las últimas investigaciones de la Cofece se encuentra la investigación sobre la presunta comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores de fútbol.
Si bien la intervención de dicho órgano regulador en el balón pie mexicano puede incidir positivamente en favor de los jugadores, lo cierto es que están empleando recursos públicos y capital humano, que bien podría analizar algún otro tipo de mercado que beneficie a una población de mayor tamaño o que trascienda en favor de la economía familiar.
Por eso deseamos que los titulares de la autoridad investigadora se presenten ante el Senado de la República, para que en un diálogo franco y directo se compartan los problemas de regulación que existen en México y que también sea útil la interacción con los senadores, para que los reguladores se sensibilicen de los temas que más les preocupan a las familias en las entidades federativas.
A nadie le conviene que los órganos de competencia económica y telecomunicaciones inviertan años, recursos y el talento de su capital humano en investigaciones que beneficien marginalmente a unos cuantos, o que se apliquen sanciones inferiores a los que invierten a la Cofece o en el Ifetel en dichos procedimientos.
Cierro esta intervención recordándoles que la regulación económica es competencia de todos y la aprobación de esta reforma abonará a este objetivo en beneficio de los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 Bis de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Diputadas y diputados, no hay crimen más cruel que la desaparición de un ser humano. Para los familiares de los desaparecidos, la pérdida de un ser querido se sigue viviendo como algo reciente, pero mientras haya esperanza seguirán atrapadas en una tortuosa indefinición, sin poder hacer el duelo ni seguir adelante con sus vidas.
El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el mes de enero dio a conocer su primer informe de actividades y reportó tener registro de cerca de 40 mil 180 personas desaparecidas en todo el país.
Para nadie es un secreto que la desaparición de personas en los últimos años se acrecentó, por lo que se observa con preocupación la información de numerosos casos de desaparición y existen notables omisiones en las legislaciones en la materia, para proteger adecuadamente a los denunciantes, quienes ante la incertidumbre de los procesos legales y los tiempos que se manejan en estos, no encuentran soluciones que les permitan obtener una mejor calidad de vida.
En ese sentido, esta propuesta tiene como objetivo el no dejar en el abandono a los familiares que han sufrido esta pérdida, es decir, desaparición de la persona que se hacía cargo de la manutención de su familia y para ello pongo a consideración de esta soberanía la modificación de los artículos 109 Bis de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo la siguiente premisa.
Las legislaciones antes señaladas, es decir, estos articulados, establecen de manera clara los derechos de los familiares derechohabientes que cuentan con la declaración de ausencia, pero no podemos dejar de precisar que existe un intervalo de tiempo en el cual se colocan en el abandono. Entre la fecha de presentación de la denuncia, desaparición o la presentación de la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la fecha en que se dicta la resolución de declaración especial de ausencia, motivo por el cual presento esta iniciativa.
¿Qué quiere decir esto? Que cuanto una persona desaparece sus familiares tienen que presentar la denuncia respectiva, y posteriormente, tres meses después, la declaración de ausencia ante los juzgados civiles.
Pero en ese lapso, la familia no tiene derecho a las prestaciones de seguridad social que contempla el IMSS o la legislación del ISSSTE. Es decir, su familia no tiene derecho a atención médica o a atención hospitalaria en el lapso de la presentación de la denuncia y la resolución de la declaración de ausencia, que aproximadamente, en resolverse el tema de la declaración, es decir, en dictarse la resolución tarda nueve meses.
En ese lapso, la familia no tiene seguridad social ni acceso a la salud, si es que cuenta con el Seguro Social.
Entonces, lo que estoy proponiendo es que el artículo 109 Bis de la Ley del Seguro Social se modifique para quedar como sigue: cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y a partir de que se haya hecho la denuncia o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos de la legislación especial en la materia, los beneficiarios conservarán el derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria.
Una vez que la autoridad dicte la resolución de la declaración especial de ausencia, se estará a los efectos legales de la presente ley. Y la modificación del artículo 43 de la Ley del ISSSTE para que quede como sigue:
El trabajador dado de baja por cese, renuncia, terminación de la obra o tiempo para los cuales haya sido designado, así como el que disfrute de licencia sin goce de sueldo pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un mínimo de seis meses, conservará en los dos meses siguientes a la misma el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: ...establecidos en el capítulo anterior. Del mismo derecho disfrutarán en lo que proceda, sus familiares derechohabientes. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y a partir de que se haya hecho la denuncia o la presentación de queja...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: ...ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en términos de la legislación especial en la materia, los beneficiarios conservarán el derecho a recibir los beneficios de salud establecidos en el capítulo anterior. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Social, para su opinión.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Manuel Gómez Ventura: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Manuel Gómez Ventura: Hablar de injusticia laboral es hablar de corrupción, es hablar de violaciones a los derechos laborales.
Hablar de sindicatos sonaría súper interesante si estos no hubiesen desvirtuado el objetivo para el cual fueron creados. La representación y defensa de los trabajadores ante las empresas y gobiernos o patrones. Sin embargo, la ambición de los líderes sindicales terminó a la fecha aliándose a los intereses patronales y de los gobiernos corruptos.
Y es que precisamente la legislación en materia laboral, consagrada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma el ideario revolucionario para la defensa de los trabajadores y reconoce su derecho a coaligarse a través de sindicatos para la defensa de sus intereses comunes.
Por ello, para lograr el cumplimiento efectivo de la libertad de asociación, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 354 y 359 reconocen el derecho que tienen los trabajadores y patrones a coaligarse y a constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa ni injerencias indebidas con la libertad plena de redactar sus estatutos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y formular su programa de acción.
Y confirmando lo anterior, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación, reconoce el derecho que tienen los trabajadores y empleadores, sin distinción, a constituirse o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen conveniente. Por su parte el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, complementario del Convenio 87, protege a los trabajadores de todo acto de discriminación tendientes a menoscabar la libertad sindical.
Sin embargo, al no contar con una forma democrática de elegir a los representantes sindicales, ha dado como resultado la firma de contratos colectivos de protección patronal, mecanismo que han usado las empresas por décadas para aniquilar la posibilidad de que los trabajadores que contrate la empresa puedan ejercer su derecho de asociación y se afilien al sindicato que prefieran; esto en virtud de la controvertida cláusula de exclusión por admisión, contraviniendo así los principios normativos contenidos en la Constitución y en los diversos tratados internacionales.
La afiliación automática y obligatoria de trabajadores a un sindicato determinado, es un claro resabio del corporativismo autoritario, y es que la actual redacción de la Ley Federal del Trabajo contempla la posibilidad de que el sindicato contratante y el patrón pacten la contratación exclusiva de trabajadores que estén afiliados a él.
En consecuencia, los trabajadores que pretendan organizarse a través de sindicatos disidentes para la defensa de sus intereses a menudo se topan con obstáculos burocráticos y técnicoinfranqueables, diseñados precisamente para desalentar todo movimiento que se oponga a los intereses de los sindicatos hegemónicos y de los patrones.
Por tal motivo, esta iniciativa propone modificar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 371, inciso IX, donde se garantice el procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros salvaguardando el libre ejercicio del voto personal, libre y secreto, para que los trabajadores en un acto informado y responsable tengan finalmente el derecho de decidir qué sindicato les va a representar en la negociación de su contrato colectivo de trabajo ante el patrón o ante la empresa.
Asimismo, se propone derogar los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, eliminar la inconstitucional cláusula de exclusión por admisión y el contrato ley, a efecto de que los trabajadores recuperen el derecho de afiliarse al sindicato que elijan, tal como lo señala los principios fundamentales del derecho internacional del trabajo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión social para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Dé cuenta la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria Mariana Dunyasca García Rojas: Se informa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para celebrar una sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla al Mérito Deportivo 2019. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Dé cuenta la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones que se encuentra disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Han solicitado, desde su lugar por un minuto, tres diputadas la palabra. Tiene la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena, desde su curul. Adelante, diputada.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Gracias, presidenta. Pido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dé seguimiento y solución a la controversia constitucional presentada en el 2012. El número de expediente es el 121 de los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, ya que a partir del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no ha permitido la revisión de ese expediente.
También pido a los gobernadores de Chiapas y Oaxaca que coadyuven a darle solución y que apoyen, ya que todo proceso tiene que ser con diálogo, con paz, y también porque son dos estados hermanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. La diputada Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, desde su lugar, por un minuto.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): A la base trabajadora de mi estado de Guerrero: en los últimos años las organizaciones sindicales oficialistas del gobierno o el partido gobernante han gozado un trato exclusivo y en consecuencia ha derivado en el monopolio de sus líderes a ser representantes únicos, sin la posibilidad de sus agremiados para disentir libremente o ser considerados en la toma de decisiones colectivas, peor aún, lejos han estado de defender los derechos laborales y han amedrentado, amenazado, chantajeado y engañado a sus afiliados, incluso los han privado de ejercer un voto libre y secreto, como circuló un video el pasado fin de semana en que una candidata en su búsqueda de la cuarta reelección por la dirigencia en la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, exige lealtad y obliga a sus agremiados a acudir a las urnas mostrando la boleta a su representante de cada casilla.
Hoy en esta cuarta transformación la exclusividad se les terminó. Celebro la toma de nota que realizó el día de ayer la secretaria del Trabajo al nuevo sindicato de Petróleos Mexicanos Petromex, lo que significa que por primera vez los trabajadores que no se sientan representados por sus líderes, pueden ejercer su derecho a la libre asociación...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Hago un llamado a la base trabajadora de la Sección 36 de trabajadores de la salud a abandonar las filas de quienes lejos están de representarlos, a que ejerzan su libertad para organizarse y trabajen en la construcción de verdaderas acciones que defiendan los derechos...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): ...laborales y garanticen la democracia sindical. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. La diputada Socorro Irma Andazola Gómez, de Morena, por un minuto.
La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para refrendar el apoyo a las jornaleras y jornaleros del valle de San Quintín, en Baja California, quienes desde hace más de tres décadas han denunciado la violación sistemática a sus derechos humanos y laborales, sin que hasta la fecha hayan sido atendidos de forma satisfactoria, y por el contrario han sido omisas las autoridades estatales y laborales correspondientes.
Entre sus demandas legítimas se encuentra e mejoramiento de las condiciones de trabajo, y en especial de las mujeres jornaleras, como horarios justos de jornadas, sueldos justos, seguridad social, prestaciones de maternidad, así como el cese y sanción al acoso sexual del que son objeto las mujeres jornaleras en el valle de San Quintín, en Baja California. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (16:36 horas): Se levanta la sesión y se da cita para la que tendrá lugar mañana jueves 4 de abril de 2019, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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