Intervención en lengua originaria del ciudadano Pedro Mendoza Juan José
Comentarios por el aniversario del fallecimiento de Heberto Castillo Martínez
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Posicionamientos
Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM
Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, PRD
Carmen Julia Prudencio López, PMC
Jorge Arturo Espadas Galván, PAN
Votación del artículo 457, con las modificaciones aceptadas por la asamblea
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Posicionamientos
Carlos Alberto Puente Salas, PVEM
José Rigoberto Mares Aguilar, PAN
Benjamín Saúl Huerta Corona, Morena
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Morena
Ernesto Javier Nemer Alvarez, PRI
Adriana Paulina Teissier Zavala, PES
Jorge Alcibíades García Lara, PMC
José Guadalupe Aguilera Rojas, PRD
Roberto Antonio Rubio Montejo, PVEM-Morena
Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Morena
José Salvador Rosas Quintanilla, PAN
Janet Melanie Murillo Chávez, PAN
Carlos Iván Ayala Bobadilla, Morena
Carol Antonio Altamirano, Morena
Carmen Patricia Palma Olvera, Morena
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 273 diputadas y diputados, y sigue subiendo, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (14:06 horas): Se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En el marco de la celebración del año internacional de las lenguas indígenas, se concede el uso de la palabra al ciudadano Pedro Mendoza Juan José, hablante del Ihu-Hu, una de las nueve variantes del otomí, hasta por cinco minutos.
El ciudadano Pedro Mendoza Juan José: Somos Ihu-Hu originarios de Mayonija, México, América actualmente.
Desde tiempos inmemoriales mi primer ancestro, vio la luz aquí no había nadie, solo el sol, la luna, el agua, el aire, las piedras. Era todo lo que existía.
Poco a poco surgió la vegetación. Estaba sólo mirando hacia el mar.
Se preguntó: ¿Quién soy yo? Entonces Ohja (dios) dijo: Pobre hijo mío, entonces, sacó una sirena del mar y la llevó hasta la gran montaña de Mayonija.
En donde convirtió el agua salada, en agua dulce y la sirena en mujer.
Aquí está el origen de nuestra cultura Ihu-Hu (Nu-Hu) aquí fue donde nacieron nuestros primeros ancestros. Nuestros abuelos y abuelas.
Desde entonces, año con año sus hijos visitamos este lugar; para que nunca jamás olvidemos nuestro origen.
Cuando llegamos ahí hacemos la siguiente plegaria:
Vine aquí a tu casa. Estoy aquí en tu puerta. Vengo a pedir para mi vida. Una vida sana. Una vida completa. Siempre creyendo en ti. Una generación completa.
Quisiera que abrieras mi corazón para sentir que tengo vida. Quisiera que abras mis oídos para poder escucharte. Quiero que abras mi boca para poder hablar contigo.
Quiero salud, quiero una vida saludable –esto llamamos ceremonia de ofrenda–. Es aquí de donde somos originarios. En donde se inicia la familia Ihu-Hu –Ñu-Hu.
El primero de agua salada, el agua dulce. Es decir que la vida surgió en el mar. El segundo, que la vida es un sueño. Es decir nacer y morir.
Nada es nuestro. Respeto. Cuidar. Prudencia. Esa es la palabra expresada, la palabra es una orden.
Nadie puede desobedecer porque la palabra Ihu-Hu –Ñu-Hu– es de respeto. Desde hace nueve mil años se dio la orden.
Hoy comenzamos una nueva generación. Recuerden lo que les digo, a eso se debe mi presencia. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agradecemos la presencia del C. Pedro Mendoza Juan José, y lo invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando lo desee.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta si se dispensa el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Hay un ciudadano diputado que me ha pedido la palabra, y le indiqué que podría ser el momento adecuado, muchas gracias. Roberto Hernández.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): Con su permiso, presidente. Compañeros diputados, el 5 de abril de 1997 perdimos un gran luchador social, Heberto Castillo Martínez, antecesor fundamental para la cuarta transformación.
Ingeniero y político veracruzano, comenzó su participación pública acompañando al ex presidente Lázaro Cárdenas en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Independencia Económica y la Paz en marzo de 1961, de la que surgió el Movimiento de Liberación Nacional, con el propósito de unificar la izquierda mexicana.
En el ámbito profesional desarrolló, después de años de investigación, un sistema estructural mixto de acero y concreto al que llamó tridilosa, empleado en la construcción de muchas obras, demostrando que la ciencia puede compaginar con la política.
Estuvo preso en Lecumberri, por su participación en el Movimiento del 68. Al salir de la cárcel impulsó la conformación del Comité Nacional de Auscultación y Organización para consolidar un verdadero partido de masas, a lado de luchadores sociales como Demetrio Vallejo, con quienes constituyó el PMT y después el PMS, con la idea de hacer una revolución a la mexicana, es decir, con base en las condiciones y la experiencia propias de los habitantes del país, sin apegarse necesariamente al dogmatismo de algunos grupos marxistas, señalando que la conciencia se genera en el proceso de la acción.
Desde entonces, se convirtió en el mayor de los defensores de la soberanía nacional, al denunciar la corrupción de las incongruencias de la política energética imperante. Fue candidato a la gubernatura de Veracruz, diputado federal, senador y candidato presidencial por el PMS en 1988.
En un acto de congruencia y madurez política, declinó para sumarse a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, con el Frente Democrático Nacional. En 1989 se dio el registro del PMS para la formación del PRD.
Muchos políticos lamentaron su muerte. El PRD declaró tres días de luto y su presidente nacional Andrés Manuel López Obrador, suspendió actos partidistas y de campaña. Cabe señalar que el pasado viernes la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo en su honor. Honor y gloria a Heberto Castillo. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibieron oficios de los diputados Arturo Escobar y Vega, Carmina Yadira Regalado Mardueño, Lorena Villavicencio Ayala y José Ricardo Delsol Estrada, por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tienen por retiradas.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: La Cámara de Senadores remite oficio con el que devuelve, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibieron de diversas dependencias, 19 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las comisiones correspondientes, y al promovente, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: La Cámara de Senadores remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules, los siguientes dictámenes.
1. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203 y 205 Bis del Código Penal Federal.
2. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.
3. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.
4. De las Comisiones Unidas de Ganadería y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
5. De la Comisión del Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
6. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, Desplazamiento Forzado Interno, al Título Décimo Octavo y se adiciona y artículo 287 Bis al Código Penal Federal
7. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
8. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el día de hoy la Comisión de Gobernación y Población somete a su consideración un proyecto que busca ampliar la certeza jurídica de los gobernados y perfeccionar nuestro marco jurídico electoral.
En lo que hace al artículo 456, se busca incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, estableciendo las sanciones correspondientes.
En lo tocante al artículo 457, se dispone que sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, estos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven.
Siendo en el caso de estas últimas, obligatorio presentar las denuncias o querellas conducentes ante el agente del Ministerio Público o autoridad administrativa competente.
Lo anterior resulta de trascendencia para nuestro entramado jurídico, en virtud de que fortalecerá las acciones que promuevan la cultura de la legalidad en el servicio público, haciendo efectivamente sancionables aquellas conductas, no solo contrarias a la ética y la honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resultan de manera verificada en violaciones abiertas o las normas electorales.
La norma electoral prevé actualmente un mecanismo de imposición de responsabilidades y ha superado en otros ordenamientos, como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues dispone que la imposición de tales sanciones depende exclusivamente del superior jerárquico del servidor público que comete la infracción, el cual al advertir un hecho probablemente constitutivo de delito o de responsabilidad administrativa se limitará a dar vista a la autoridad correspondiente.
Esto resulta a todas luces dañino a la noción misma de la justicia, pues siendo el caso que por razón del ejercicio de sus funciones el servidor público advierta un ilícito se encuentre en la obligación ética y legal de denunciar, más aún, cuando cuenta con elementos probatorios que permitirán la adecuada integración de una carpeta de investigación o un expediente administrativo.
Al no existir responsabilidad respecto de los casos en que se determine o no presente las denuncias correspondientes o únicamente dar o no vista a la autoridad, la ley vigente tolera la impunidad. Esto es un hecho que con el dictamen que ponemos a su consideración se revierte estableciendo mecanismos que fortalecen la cultura de la legalidad.
Ahora bien, que en 2015 una reforma constitucional perfeccionó el sistema de determinación de responsabilidades y que dicha reforma constitucional fue reglamentada en 2016.
Podemos observar que lo que entonces se estableció fue un cambio de paradigma, en el que elemento nodal de tal sistema de responsabilidades no consistió únicamente en el establecimiento de nuevas posibilidades sancionatorias sino en la identificación de los responsables de sancionar, estableciendo la obligación, hoy básica, de todo servidor público de denunciar ante la autoridad competente los hechos probablemente violatorios de la ley.
Esto entraña la autonomía de los procedimientos iniciados contra el probable responsable en una materia, como el electoral y el daño en otra, como es la civil. La penal o la administrativa pueden causar los mismos hechos.
Es independiente y no implica ser juzgado dos veces por la misma cosa. Deja de ser accesoria a la previa determinación de culpabilidad de la persona física que materializó los actos. Por lo tanto, no es correcto aducir el principio jurídico, non bis in ídem, en este particular.
Asimismo, dentro de una lógica de diseño democrático se busca que los servidores públicos mantengan principios tales como honestidad, integridad e imparcialidad. Tales conductas deben ser efectivamente sancionadas por las vías en las que se genere responsabilidad.
En contraste, los resultados en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral nos dejan ver que las sanciones actualmente aplicadas no son exiguas y en muchos casos no trascienden más que en una amonestación pública y en otros casos se aplican criterios de oportunidad para no sancionar.
Ello justifica que por sí sola la procedencia de la reforma al artículo 457 pues, en efecto, es obligación y no potestad del superior jurídico procurar la determinación de responsabilidades cuando hubiera lugar a ellas.
De ahí que se estima conducente la visión de que obligatoriamente se deberán presentar las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público. Agradezco su atención, es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Agradezco también la atención de los pocos diputados que realmente la escucharon.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Partido Verde Ecologista de México. Y ruego de nuevo a las señoras diputadas y diputados se sirvan tomar asiento y escuchar a sus compañeros, por favor.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Muchas gracias, presidente, buenas tardes a todos. El artículo 134 de nuestra Constitución regula la forma en que un servidor público, de cualquier nivel, debe ejercer su encargo en lo que toca a su conducta, al manejo de recursos y, sobre todo, a la difusión de propaganda personalizada.
Lo anterior se traduce de forma particular en lo siguiente. Respecto de su conducta, un servidor tiene la obligación de ser imparcial, pues presta servicios a todos y no exclusivamente a aquellos que militen en su partido. Violar esta disposición solo trae como consecuencia que el INE dé vista al Congreso federal o local, o al superior jerárquico para efectos de determinar una posible responsabilidad.
En la historia de este país los Congresos locales se han pronunciado amonestando en una sola ocasión, en Veracruz. La sanción no fue representativa y fue más bien una estrategia para concluir el proceso legal.
Respecto al uso de recursos públicos el servidor público tiene en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Los recursos de que habla este artículo deben ser entendidos también como los programas sociales. Nunca en la historia de este país se ha sancionado el uso de recursos públicos con fines electorales ni en materia administrativa ni en materia penal con la Fepade. Solo el Congreso en Nayarit estableció una sanción de inhabilitación a un exgobernador.
Finalmente, la propaganda gubernamental que se emita deberá contener fines institucionales y estar exenta de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Al respecto, y al igual que con la violación al principio de imparcialidad, este tema se manda al Congreso federal o local para determinar responsabilidad. Y esta conducta nunca ha sido sancionada ni ha sido objeto de algún extrañamiento.
En otras palabras, las violaciones a la ley por parte de servidores públicos acaban resolviéndose prevaleciendo la solución política sobre la legal. Y precisamente por eso el Partido Verde estará a favor del presente dictamen.
Esta reforma que se propone busca que el INE tenga facultades para sancionar las 3 conductas previstas por el artículo 134 constitucional para los servidores públicos, reconociendo un agravante en lo que tiene que ver con la coacción o la presión a los electores.
Esta reforma significa un avance para lograr una verdadera equidad en la contienda, sin embargo, esta disposición puede perder eficacia si analizamos los criterios que en la materia ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral, haciendo prácticamente imposible aplicar la letra de la ley, en virtud de criterios garantistas que establecen parámetros de valoración de pruebas desproporcionados, que generan impunidad y una notoria inequidad en la contienda electoral.
Que sirva esta reforma para abrir el debate sobre la equidad de la contienda y los mecanismos con los que contamos para garantizarla. Debatamos sobre los recursos públicos que recibe un partido, pero también de la forma en que gasta el INE. Debatamos si los criterios de interpretación garantista han fomentado una verdadera equidad en la contienda o, por el contrario, han generado impunidad y vacíos.
En México prácticamente todas las fuerzas políticas han gobernado y puedo asegurar que el mexicano sabe para lo que sirve su voto, por ello es obligación de esta asamblea crear el marco normativo necesario para tener procesos electorales con más certeza, alejados de polémicas y alejados de omisiones de la autoridad en busca de que los resultados los legitimen.
Finalmente quiero felicitar a Pablo Gómez por esta iniciativa, durante tres años debatimos este tema en la mesa del Consejo General del IFE y desde entonces el argumento para no sancionar era que no existían facultades expresas para ello, hoy este tema se corrige. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputado presidente. Ha sido y es una razón de la representación del Partido de la Revolución Democrática, luchar de manera permanente en el manejo higiénico y propicio de los recursos públicos, a fin de que haya responsabilidades en el servidor público que malversa, mal usa y de forma poco higiénica usa los recursos para cuestiones de tipo electoral, esa ha sido la historia de lucha y una de las razones primeras del Partido de la Revolución Democrática.
Y también sancionar la conducta, porque hemos dicho en varias ocasiones desde esta tribuna que conducta nociva en el uso de los recursos públicos sin sanción es simulación, compañeros.
El PRD se une a esta propuesta porque es parte de la responsabilidad histórica que tenemos, y particularmente esta Legislatura, de llevar a cabo acciones contundentes y firmes en el uso de los recursos y que no solamente sea uso sino abuso, como hemos visto en otras ocasiones. Por supuesto que el Instituto Nacional Electoral deberá ser parte de esta responsabilidad.
Utilizar el recurso público de manera insalubre ha sido una constante de todos los gobiernos en este país, pero no solamente, compañeros, de los gobiernos federales, sino de los gobiernos estatales y municipales. Eso es lo que buscamos erradicar.
Bienvenida desde el Partido de la Revolución Democrática esta iniciativa que, como he dicho y repito, su cuna ha sido el Partido de la Revolución Democrática.
Esto incluirá, compañeros, el uso del recurso público también por supuesto en la propaganda electoral, porque hemos visto una y otra vez cómo el servidor público no solamente abusa, sino esconde evidencia con una serie de complicidades que terminan por dejar a la ciudadanía una escuela y una forma insalubre de ganar elecciones.
Es nuestra exigencia desde el partido, y hoy nos unimos a esta iniciativa, de que parte de la pedagogía que tiene que recibir la ciudadanía, el mejor ejemplo se lo debe dar el servidor y el servicio público con esta mística que ha dado ejemplo en muy pocas ocasiones, y en otras ocasiones ha dado pésimos ejemplos.
Por ello en muchas ocasiones en este país se buscan personas con recursos públicos y en ocasiones, compañeros y compañeras, no conocemos y no se conoce el origen de esos recursos, y también tendríamos que estar transparentando el origen en muchas ocasiones no solamente del recurso público, sino recursos que nadie conoce su origen y que son, digamos, por decirlo bajo, de dudosa procedencia.
El PRD entonces se une con mucha convicción de que podamos construir una democracia real con transparencia y que la ciudadanía tenga también esa garantía.
El Consejo General del INE, yo no tengo ninguna duda, compañeras y compañeros, de que cumplirá su papel y retomará este argumento. La democracia debe de ser, con un elemento sin cuestionar, un recurso público que venga exclusivamente de los órganos y no del erario y nunca más un recurso público del crimen organizado u otros orígenes que desconocemos.
Nos unimos como Partido de la Revolución Democrática, a esta iniciativa presentada hoy por Pablo Gómez. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio López, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señor presidente. El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que hoy discutimos y que reforma los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene como fin eliminar un vacío legal que hasta el día de hoy existe en la legislación electoral de nuestro país, lo anterior debido a que si bien la porción normativa vigente y materia de este dictamen hace alusión a diversos actores y organizaciones relacionadas con materia electoral en relación a sanciones que se deben aplicar ante la comisión de una determinada infracción, la figura de servidor público había sido omitida en el catálogo, lo cual le permitía realizar acciones al margen de la ley que perjudican el desarrollo de un proceso electoral en perjuicio de la democracia general.
Para Movimiento Ciudadano si un derecho no es para todos, no es un derecho. Y de igual manera si una sanción no contempla a todos los que de alguna manera pueden ser beneficiados por esta situación, la ley es incompleta.
Así entonces consideramos que los servidores públicos se han visto beneficiados durante años de esta laguna jurídica en perjuicio de los ciudadanos al utilizar no solo su posición dentro del gobierno en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, sino los recursos materiales, humanos y económicos que no son de su propiedad pero que utilizan en ocasiones, de manera burda y reiterativa para beneficiar a su preferencia electoral, es decir, una sola persona beneficia a una sola clase política.
Por otro lado, sabemos que presentar las denuncias al Ministerio Público es de vital importancia para la impartición de justicia, y que si bien eso estaba contemplado en la porción normativa de referencia no tenía el carácter de obligatoriedad para el superior jerárquico que tuviera conocimiento de la comisión de una infracción a la normativa electoral o de algún tipo de delito.
Esto es precisamente lo que esta reforma viene a solventar, ya que no dependerá de la decisión subjetiva del superior jerárquico el hacer conocimiento al ministerio público, la conducta ilegal llevada a cabo por el servidor público con la cual dotará de transparencia, pero sobre todo, asegurará la legalidad del superior jerárquico para cumplir y hacer cumplir la ley.
Por último, consideramos que toda ley no solo es perfectible, sino que debe actualizarse constantemente al corregir errores que al momento contienen algo que se hace precisamente con este dictamen, lo cual ayudará a todos los involucrados ya sea de menor o mayor grado en los procesos electorales que se apega a la ley y en caso de infringirla sea sancionado de acuerdo al delito cometido, sin menoscabo a la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral.
Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la salvaguarda de los derechos político-electorales son de suma importancia para una adecuada democratización de los procesos electorales que se llevan a cabo en nuestro país.
Por tal motivo, votaremos a favor de esas reformas, y aprovechamos la oportunidad para dejar en claro que en mi grupo parlamentario apoyaremos toda reforma que perfeccione el marco jurídico nacional venga de quien venga la propuesta. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del Partido del Trabajo.
El diputado Santiago González Soto: Con la venia de la presidencia. Buenas tardes. Acudo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar al favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población, por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Estos artículos forman parte del Libro Octavo, cuya denominación es De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno, y forman parte del Título Primero, cuyo encabezado es De las Faltas Electorales y su Sanción.
Es necesario destacar que por muchos años la sociedad mexicana demandó a las autoridades gubernamentales la realización de procesos electorales limpios, imparciales y sujetos a lo que la norma electoral establecía. No olvidamos las fraudulentas elecciones del año 88 ni tampoco las de 2006.
En el periodo del presidencialismo, presidencialismo autoritario que comprende de 1929 al año de 1994, las elecciones en México fueron elecciones de Estado, esto es, donde no había imparcialidad de las autoridades de los tres órganos de gobierno, ya que se volcaba todo el apoyo en favor de todos los candidatos del entonces conocido partido oficial, de tal forma, que los candidatos de los partidos de oposición participábamos en clara desventaja respecto de los otros candidatos.
Con la alternancia del año 2000 las cosas mejoraron, pero no hubo solución de raíz en virtud de que si bien es cierto el partido mayoritario perdió capacidad de operación desde el gobierno federal, la mantuvo en muchos gobiernos de los estados y de los ayuntamientos y también porque aparecieron nuevos actores que incurrieron con las mismas prácticas después de ese año de la transición.
A partir de la gran revolución cívica llevada el pasado primero de julio del año 2018, donde desde el gobierno federal se ha asumido el pleno compromiso de mantenerse en una clara neutralidad política a efecto de que quien resulte ganador en una contienda electoral lo sea porque convenció al pueblo con su propuesta política, y no porque se hayan volcado los recursos del Estado en favor de dicho candidato.
No obstante que como se menciona en el cuerpo del dictamen, desde la legislación electoral de 1946 hasta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de mayo de 2014, se han previsto sanciones administrativas en contra de quienes violen la ley reglamentaria, lo que es que estas no se aplican.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé en el artículo 456, la adición de un inciso j), que se refiere a la incursión de los servidores públicos como sujetos de sanción administrativa aplicada por el Instituto Nacional Electoral.
Es pertinente mencionar que los sujetos de responsabilidad a las sanciones administrativas son, en primer lugar, los partidos, las agrupaciones políticas, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los notarios públicos, entre otros que se establecen en el artículo 442 de esta ley. Pero no se incluían a los servidores públicos.
El mérito de este artículo 456 de la adición del inciso j), es la inclusión expresa de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, de cualquiera de los niveles políticos, e inclusive de los órganos autónomos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en el que se hayan ahora hasta multas de 5 mil unidades de medidas de actualización, en el supuesto de que se utilicen recursos públicos para la presión o coacción a los electores para inducir el sentido del voto, con multa de entre 5 mil a 10 mil unidades de medida y actualización, y en el supuesto de reincidencia con multa de hasta el doble de la originalmente impuesta.
En el artículo 57 se establece que sin menos cabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, se dará vista al superior jerárquico y en su caso se presentará la queja ante la autoridad competente.
¿Quién en estos momentos es el superior jerárquico de un alcalde o de un gobernador? Es como sociedad que en este momento el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponemos que efectivamente todos los votos sean libremente emitidos y que cuenten y se cuenten bien. Sin lugar a dudas contribuiremos a perfeccionar nuestro sistema democrático.
Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Eudoxio Morales Flores, del Partido Encuentro Social.
El diputado Eudoxio Morales Flores: Posicionamiento de la reforma a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con su permiso, señor presidente. Honorable pleno, es un sistema plenamente democrático, el voto representa la expresión de la voluntad más emblemática de la participación ciudadana para realizar grandes cambios en materia social, política, económica y cultural.
Por ello, es responsabilidad de los órganos del Estado y de los ciudadanos defender, garantizar que el voto sea de calidad. Es decir, que su emisión se realice mediante la decisión personal, libre y secreta.
En este sentido, los principios que debe hacer valer la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Estos principios fortalecerán los principios de equidad y neutralidad de la competencia electoral, con la finalidad de que los comicios se desarrollen en un ambiente plenamente democrático, sin ningún sesgo de corrupción o coacción, como actualmente hoy se da.
Por tal motivo, es un tema muy delicado que a través de los órganos del Estado y, sobre todo, que los servidores públicos federales, estatales y municipales promuevan y beneficien a candidatos y partidos políticos, con la finalidad de favorecer el día de la elección como hoy, diríamos, existe.
Esto corrompe el voto de los ciudadanos, la equidad y la neutralidad de una elección, lo cual daña la credibilidad social, la democracia electoral y vulnera, sobre todo, el Estado de derecho.
Por tal motivo, es necesario acabar con las prácticas que por décadas han secuestrado al voto de los ciudadanos, a través de prácticas clientelares, violencia y coacción, siendo los servidores públicos los principales operadores de tan lamentables prácticas que deben ser superadas.
Ante este escenario, Encuentro Social ha acompañado a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reforma constitucional al artículo 19, donde se ha tipificado como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales.
Consecuentemente, en esta reforma constitucional es necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico, para evitar y sancionar a los servidores públicos que pretendan o puedan utilizar para coaccionar el voto de los ciudadanos.
En este sentido, en Encuentro Social acompaña la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque estamos de acuerdo con incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que puedan ser acreedores a una sanción por trasgredir las leyes electorales, particularmente el que hacen uso de los recursos públicos. Incluso yo diría no solamente de los recursos públicos, de los recursos privados, incluso del lavado de dinero.
Estas sanciones serán de manera gradual, es decir, desde una amonestación pública a sanciones pecuniarias de 5 y 10 mil unidades de medida de actualización o el doble de estos montos si hay reincidencia.
También coincidimos con esta modificación porque estable que los servidores públicos, sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan, podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales. Y el caso de estas últimas será obligatorio para el superior jerárquico presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público, situación que no sucede actualmente de manera vigente. Esto con la finalidad de evitar que los cargos públicos sean utilizados para coaccionar o inducir el voto de los ciudadanos en procesos electorales.
Cabe señalar que esta reforma se armoniza con lo dispuesto con el artículo 134 constitucional, párrafo octavo y noveno, de los cuales mandata la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral. Es decir, tienen prohibido los servidores públicos, en los tres órdenes de gobierno, desviar dinero con la finalidad de coaccionar el voto y difundir propaganda electoral que rompe el principio de la neutralidad de la elección.
Por ello, Encuentro Social de manera permanente fortalecerá el sistema electoral mexicano donde impere la ética, la equidad, la legalidad y la imparcialidad para que las elecciones sean libres, auténticas y democráticas, donde la responsabilidad de los servidores públicos sea salvaguardar en todo momento la neutralidad de los procesos electorales en este país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del PRI.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La legislación electoral mexicana es una de las más robustas del mundo, contamos con reglas claras que permiten garantizar una democracia sólida que se sustenta en la edición libre de los ciudadanos.
A fin de garantizar el buen ejercicio del sistema democrático se prevén sanciones administrativas o penales que castigan la violación a los principios de equidad, y en las contiendas electorales el uso de recursos públicos en los procesos, la corrupción y otras conductas que vulneran el libre ejercicio del derecho al voto libre y secreto.
Lamentablemente, cada vez existen más mecanismos sofisticados que pretenden vulnerar las elecciones. De ahí que las leyes en la materia requieran reformarse, a fin de hacer frente a estas conductas.
Por ello, es que este dictamen que discutimos cobra una enorme relevancia. La reforma que se plantea a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales parte de la necesidad de crear mecanismos de sanción para aquellos servidores públicos que vulneran el principio de equidad en la contienda electoral, a partir del uso de recursos públicos para campañas electorales.
Este texto hace especial énfasis en la necesidad de sancionar a aquellos servidores públicos o funcionarios que actualmente no son castigados cuando cometen actos de corrupción en materia electoral.
Por ello, se modifican los artículos 456 y 457, con el objetivo de establecer la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral sancione, multe a funcionarios, entre los que se prevén también aquellos que ostentan un cargo de elección popular cuando realizan actos de propaganda en favor de un partido o candidato, que utilizan recursos públicos o violentan de cualquier manera la democracia mexicana.
Esta modificación establece un sistema de blindaje electoral que busca garantizar la libertad del voto, se endurece el sistema de responsabilidades y se genera una mayor certeza.
Compañeras y compañeros legisladores, uno de los logros más importantes del país ha sido la consolidación de un sistema democrático que se fundamenta en elecciones libres. Debemos garantizar procesos electorales transparentes y equitativos, para que sean los mexicanos quienes elijan de manera libre a sus gobernantes.
El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, porque con la reforma a las responsabilidades administrativas en materia electoral creamos un nuevo mecanismo de sanción que fortalece todavía más los principios fundamentales de la democracia.
Son los mexicanos, compañeros, quienes eligen a sus gobernantes y no podemos permitir de ninguna manera que ninguna persona, sin importar su cargo, su jerarquía dentro del servicio público o político incida en los procesos y violente la equidad electoral. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas, de Acción Nacional.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos analizando un dictamen que ha emitido la Comisión de Gobernación a efecto de reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Este dictamen versa sobre responsabilidades de los servidores públicos estableciendo una serie de sanciones a aquellas conductas que vienen a inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con la libertad del sufragio, la presión al electorado.
Es una iniciativa en la que en principio debemos estar de acuerdo todas y todos, y así lo manifestamos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde presentamos algunas reservas, unas fueron adoptadas, otras no, razón por la cual nuestro voto en la comisión fue en sentido negativo.
No obstante ello, en este ejercicio del diálogo entre las diversas fuerzas políticas, algo que debemos de privilegiar y hacerlo cada día más seguido, hemos logrado llegar a puntos de coincidencia que nos permiten hoy votar a favor este dictamen.
El Grupo Parlamentario del PAN está a favor de sancionar de manera eficaz a todas y todos aquellos funcionarios que por cualquier motivo a través de su actuación desvíen recursos públicos desde su propio tiempo hasta recursos monetarios para beneficiar alguna campaña política.
Esta postura la asumimos con toda responsabilidad y con toda certeza de que es el camino que se debe seguir, modernizar la legislación electoral para hacer efectivas estas sanciones administrativas.
Quiero resaltar el ejercicio que se hace en la Comisión de Gobernación conducida por la diputada presidenta Rocío Barrera, donde ya es costumbre llegar a muy buenos diálogos y a buenos entendimientos. Una conducción que nos permite construir consensos, que permite entender que dentro de nuestras diversas formas de pensar podemos llegar a puntos en común, donde se entiende que el ejercicio del parlamento es escucharnos a todas y a todos para lograr la mejor propuesta. Donde se entiende que no hay un dueño de la verdad y que dos cabezas piensan más que una.
En este ejercicio que se hace en la Comisión de Gobernación y con el diputado que propone esta reforma, hemos llegado hoy a la construcción de un mejor dictamen que nos permite anunciar el voto a favor.
Estamos convencidos en Acción Nacional de que los recursos públicos jamás deben de verse inmiscuidos en una campaña política. Que el electorado debe ejercer su voto en total libertad. Que cualquier presión al electorado debe ser sancionada y tratándose de un servidor público con mayor razón.
Yo celebro que lleguemos a este consenso e invito a todas y a todos los compañeros a votar a favor este dictamen que versa sobre el fortalecimiento de la democracia. Muchísimas gracias por su atención.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores. Hoy se consulta ante la Cámara un proyecto que tiene como propósito dejar atrás una impunidad inscrita en las leyes que este año cumplirá 30 de haber sido introducida en la legislación electoral de nuestro país.
Hacia el año de 1989, en una reforma electoral, o al menos así llamada, se empeoraron varios preceptos de la vieja normativa. Uno de ellos fue que los servidores públicos que cometieran alguna transgresión administrativa a la Ley Electoral, deberían ser declarados en tal virtud de transgresores y enviarle al superior jerárquico el expediente para que este se hiciera cargo de aplicar la sanción. ¿Cuándo se aplicó la sanción? Nunca.
¿Por qué? Porque esos servidores públicos eran denunciados ante la autoridad electoral. Por lo regular, no actuaban por decisión propia, sino bajo las órdenes justamente de su superior jerárquico.
Entonces esta manera de darles impunidad, fue en verdad una genialidad jurídica, es decir, una gran tomadura de pelo para la República y para la ciudadanía.
No es que queramos hacer arqueología, es que para poder llevar a cabo uno de nuestros propósitos dentro de nuestro programa de la cuarta transformación que consiste en luchar contra los privilegios y los sistemas de impunidad, este punto es un punto relevante, puesto que se trata justamente de la lucha electoral en la que los organismos públicos intervienen, utilizan a los empleados y luego les garantizan completa impunidad tanto a los empleados como a los jefes.
Un sistema electoral que tiene este precepto como el que queremos cambiar por completo el día de hoy, dejarlo atrás, es uno de los peores sistemas electorales que puede haber en un país en el mundo. Repartir impunidades desde la Ley Electoral, pues es la peor cosa que se puede hacer, y sin embargo se hizo. Esto ha sido parte de un sistema político. No es una cosa que ocurrió por equivocación, sino que estas reglas fueron mandadas a hacer.
Señoras y señores legisladores, si en algo nos pudimos unir, no es en la arqueología de lo que ha ocurrido antes, cada quien tiene sus versiones, sino de la tarea de desmontar la simulación, los privilegios y las impunidades. Hagámoslo como lo podemos hacer, el día de hoy la nación y la República nos lo habrán de reconocer. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo, en favor. Por favor, compañera.
La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores, nuevamente con el gusto de poderme dirigir al pueblo de México, al que saludo con mucho cariño como siempre.
Acudo en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a esta alta tribuna, para hablar a favor del dictamen que se encuentra en análisis, que presenta la Comisión de Gobernación y Población, y por el cual se propone la adición al artículo 456 y una reforma al parágrafo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En democracia y en la democracia representativa, en particular el sufragio es el bien jurídico tutelado de mayor relevancia, el más importante que puede existir con las características legales que le dan esa preeminencia para poder hacer de la voluntad ciudadana la representación popular, porque a través de su ejercicio el pueblo elige quién quiere que lo gobierne, y asimismo decide la integración de la representación en los Poderes Legislativos o gobiernos municipales.
Por ello, es importante que se diseñe un andamiaje institucional que le dé un blindaje especial a ese sufragio, que al día de la fecha y según nos denuncia la historia, ha sido objeto en etapas muy específicas y hechos muy deleznables, de una falta absoluta de respeto por parte de los servidores públicos, donde se coacciona de diversas formas el otorgamiento de recursos de programas a cambio del voto.
Si viene a nuestra mente este ejercicio que trastoca de fondo la libertad jurídica del sufragio, podemos ponerle el nombre del partido que quieran. Desafortunadamente en nuestro México hay ejemplos a lo largo y a lo ancho, porque han gobernado nuestro país y sus regiones todos los partidos políticos, de manera que podemos ilustrar esta práctica que hoy se quiere inhibir a través de esta propuesta, porque definitivamente el círculo virtuoso que entraña la construcción del marco normativo en las elecciones tiene que irse adecuando en ese ejercicio incesante, evolutivo, a las realidades que se proyectan en nuestro país.
Una realidad de ellas es que los servidores públicos no estaban incluidos en sanciones específicas para el caso de estas conductas que atentan de fondo a la evolución de nuestro sistema democrático.
En ese entendido, los mexicanos hemos visto en diversos procesos electorales desde el poder público, como ya se dijo, del color que sea, cómo se han diseñado diversos mecanismos de cooptación y coacción hacia los electores.
Se ha atestiguado, además, cómo el uso de los programas sociales, cuyo propósito es palear una situación de marginación en la que se encuentran algunos estratos de nuestra población, se alejan de este fin, de esta teleología. No se han utilizado para paliar estos espacios de necesidad, sino se ha administrado este tipo de programas con fines electorales.
Qué pretende este dictamen. Establecer sanciones específicas que eliminen en buena medida estas prácticas. A todos nos hacen daño como parte del pueblo mexicano, porque no llegamos a alcanzar un nivel de democracia pura, sana, que lleve efectivamente la voluntad del pueblo a hacer una representación o un gobierno.
Por eso en el Partido del Trabajo estamos de acuerdo con la teleología que persigue esta iniciativa, porque ya establecimos que como se aprecia desde la propia Constitución General de la República, el principio de neutralidad política de todos los servidores públicos debe darse sobre un ejercicio de ética, que muchas veces no se puede exigir simplemente en el discurso, y para evitar que se sigan presentando estos ejemplos, lamentablemente tenemos que llevarlo a la ley con tal precisión, que no haya ninguna duda, porque pareciera que aunque estuvieran implícitas en las disposiciones de nuestras leyes reglamentarias, o en nuestra Ley de Supremacía, todos le buscamos la forma para eludir.
Es verdaderamente vergonzante y creo que estamos en un momento donde todos debemos hacer ese esfuerzo, aun cuando nosotros pretendamos en un futuro ser parte del servicio público. Porque finalmente no podemos –reza el refrán– entre gitanos leernos la mano.
Si no hay una disposición expresa, este tipo de conductas van a seguirse llevando a cabo.
Es así como nuestra argumentación tiende a la eventualidad de que nos unamos en esta visión y demos una muestra de ética política y de voluntad de aspirar a estadios mejores, donde el diseño constitucional y en este caso reglamentario, específicamente evite la comisión de estas conductas y en el caso de que lleguen a realizarse, se tenga establecida una sanción específica a la que se llegue a través del procedimiento sancionador que la propia ley refiera.
Como se aprecia, sin perjuicio de lo que el INE hace en el acuerdo de referencia, en el que se basa la iniciativa en mención, es momento de que nosotros, como legisladores, asumamos nuestra tarea. Muchas gracias a la Presidencia y a todos los que han puesto atención a mi intervención.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle, del Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidente. El motivo de mi intervención es para manifestar, a nombre de Movimiento Ciudadano, nuestro voto a favor de este dictamen.
Sin duda estamos de acuerdo en esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque tiene que ver con un tema del día a día en la política electoral de nuestro país.
Mucho se ha hablado de los delitos electorales cometidos por funcionarios públicos, en cada proceso electoral es el pan nuestro de cada día. Saber que funcionarios hacen diferentes acciones para intentar comprar o coaccionar a los electores a fin de manipular su voto.
Sin embargo, y a pesar de que esto está reconocido desde hace mucho tiempo en nuestra legislación electoral, antes en el Cofipe y ahora en la LGIPE, estas conductas estaban reconocidas legalmente pero no existía una sanción. Y en ese sentido, esta reforma que ha sido propuesta por el diputado Pablo Gómez, busca precisamente que estas conductas, que no se deben permitir ni durante ni antes ni después de una elección, queden impunes.
La impunidad es uno de los principales problemas que enfrentamos en nuestro país, pero cuando hablamos de impunidad en materia electoral estamos hablando de que gracias a la impunidad y por la vía electoral llegan a ocupar cargo personas que han cometido delitos electorales. Y cómo podemos esperar que ellos puedan gobernar de manera correcta para las y los ciudadanos cuando han, precisamente, utilizado medios que no son legales para ese espacio, y es por eso que hoy se tiene que sancionar este tipo de conductas.
La reforma es al artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero se refiere al artículo 449. En esta ley venían varios de los actores posibles que pueden cometer delitos electorales, y en el 449 se refiere específicamente a los funcionarios públicos, a los funcionarios públicos de los diferentes niveles y órdenes de gobierno.
Y es muy importante decirlo, a partir de esta legislación todos los funcionarios públicos que cometan este tipo de actos ilícitos serán sancionados. ¿Cuáles son esas conductas que se reconocían en la legislación y no estaban sancionadas? Por una parte, está la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral.
Por otra parte, se encuentra el incumplimiento del principio de imparcialidad, establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecta la equidad de la competencia, porque la equidad es uno de los principios fundamentales que rige nuestros procesos electorales.
Y finalmente, una de estas conductas que están reconocidas en la legislación es la utilización de programas sociales y de recursos del ámbito federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
A partir de esta reforma se sancionará a los funcionarios públicos con estas sanciones, que van desde la amonestación pública, hasta la multa. La multa por cinco mil unidades de medidas de actualización, y se agrava cuando se trata del uso de recursos públicos por la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto.
En ese sentido, estaríamos teniendo una reforma que busque sancionar, no solamente por la vía administrativa a aquellos funcionarios que estén cometiendo delitos electorales, sino particularmente también llevarlo a la vía penal. Y que no queden en el limbo estos delitos electorales. No basta con reconocer que son delitos, sino es muy importante además reconocer que estos delitos son sancionables.
Por eso a partir de esta reforma, y de manera muy particular, es necesario que todos los funcionarios públicos –escúchenme bien: todos los funcionarios públicos– eviten caer en cualquiera de estos delitos que están considerados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Nosotros que hemos estado en varios distritos y municipios hemos visto como hoy muchos siervos de la nación están haciendo este tipo de acciones y no podrían hacerlo en tiempo electoral. A partir de esta reforma es muy importante que quede claro que esto es un delito electoral y que será sancionado. Ningún funcionario de ningún nivel puede utilizar los programas sociales con fines electorales, porque de otra manera serán sancionados. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada. El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, por favor.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Aquellos que nos hemos dedicado al ejercicio político observamos que existe una perniciosa tendencia de algunos servidores públicos para tratar de inclinar las balanzas durante las elecciones, sin menoscabo de que deja de lado las tareas públicas encomendadas, además indebidamente utilizando los recursos públicos para favorecer a un candidato o a un partido.
Tales tendencias debemos desterrarlas en México, y eso es precisamente la finalidad que persigue este dictamen de la Comisión de Gobernación y Población. Las reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen sanciones dirigidas a los servidores públicos que pretenden involucrarse para afectar el equilibrio y la equidad de los procesos electorales.
Las sanciones que se proponen, atendiendo a un principio de gradualidad en su imposición, van desde la amonestación pública y la multa hasta 5 mil unidades de medias y actualización. En caso de que en su conducta infractora los servidores públicos hagan uso de recursos públicos para presionar a los electores y sancionar, la sanción económica que se propone será hasta de 5 mil y 10 mil unidades de medidas de actualización.
Es claro que el dictamen pretende acabar con la corrupción en el ámbito electoral. No queremos más elecciones de Estado. Es por ello que para el caso de la reincidencia del servidor público, proponemos que se sancione con el doble de la multa originalmente impuesta.
Quiero dejar asentado que no se trata de afectar las preferencias e ideologías políticas de los servidores públicos. Ellos están en su plena libertad de apoyar a quien ellos gusten, ya sea candidato o fuerza política de su agrado, pero sin hacer uso de su posición de gobierno y sin hacer uso de los recursos del pueblo.
Por otra parte, el dictamen también pretende corregir una práctica de encubrimiento en el ámbito del servicio público, ya que actualmente queda al arbitrio del superior jerárquico interponer la denuncia penal correspondiente, lo que se presta a un manejo discrecional y arbitrario del caso.
Para corregir lo anterior, la propuesta legislativa propone que, sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, el superior jerárquico presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas. También obligatoriamente presentará la denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.
Al hacer obligatoria la presentación de las denuncias penales correspondientes, eliminamos un nicho de corrupción que facilita la impunidad y la componenda entre los servidores públicos corruptos y deshonestos.
Como pueden advertir, se trata de evitar la utilización de los cargos públicos para coaccionar o inducir al voto de los ciudadanos. Nadie al amparo del poder y del gobierno debe influir en el voto libre de los ciudadanos.
Por todos es conocido que durante la época electoral vemos con preocupación que existen injerencias y presiones para afectar la decisión ciudadana. No son desconocidas las prácticas ilícitas que vulneran el régimen electoral, las presiones a los subalternos, donde se les otorgaban beneficios a candidatos o a un partido, negar el acceso a una plaza pública para un evento de un partido opositor o de su preferencia electoral.
En Morena buscamos que cuando un ciudadano acuda a la casilla lo haga en plena libertad y por convicción, sin temor a que una autoridad vaya a actuar en su contra. Me siento orgulloso de pertenecer a Morena. Felicito al compañero, Pablo Gómez, por esta iniciativa presentada.
Esta LXIV Legislatura marca una gran diferencia en el reclamo justo que por décadas ha sido negado y que fue para proteger y a encubrir por años a servidores públicos corruptos y deshonestos, donde jamás se actuó en contra de nadie. El buen juez por su casa empieza.
Hoy quienes tenemos una representación legislativa y somos mayoría estamos actuando con responsabilidad y sin ningún temor. Hoy se acaba la tradición del encubrimiento, de la complicidad y de la impunidad. En Morena buscamos y aspiramos a una auténtica democracia. Juntos sigamos construyendo un país justo y democrático. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El diputado Benjamín Robles Montoya, del PT.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros. Este dictamen de verdad sin duda es relevante para la democracia mexicana, que debo insistir logró una etapa fundamental de consolidación el pasado primero de julio.
Este dictamen, compañeras y compañeros, lo entendemos en un nuevo consenso que obliga a quienes buscamos el respaldo popular a hacer bien las cosas, y lo digo porque la cuarta transformación con pasos como estos está dando por finalizada la impunidad que protegía a gobernantes para incidir en los resultados electorales. Sí, adiós al pasado corrupto. Adiós al robo de elecciones. Adiós al uso de servidores públicos para favorecer candidaturas de Estado.
La Comisión de Gobernación y Población nos propone una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que viene a complementar el régimen de responsabilidades administrativas con medidas especializadas para la materia electoral.
Se establecen, como aquí se ha señalado, con pleno respeto al principio de taxatividad sanciones administrativas para los servidores públicos que indebidamente participen en el proceso electoral, sin menoscabo de las sanciones penales que pudiesen originarse.
Como lo refiere también el dictamen, así se sanciona la participación indebida del aparato burocrático que pone en grave riesgo la equidad que debe caracterizar a cualquier elección.
Compañeras, compañeros, creemos en el PT que los recursos con los que cuentan los gobiernos pueden superar significativamente las capacidades de las candidaturas y mucho más, mucho más, si se generan coacciones a la ciudadanía a través de la entrega de recursos o en condicionamiento de programas y apoyos. Por eso reiteramos que en el Partido del Trabajo anunciamos nuestro voto a favor del presente dictamen porque abona precisamente a la integridad del servicio público.
Lo anterior significa, compañeras y compañeros, que también respaldamos medidas complementarias porque entendemos que esta reforma se inscribe en un contexto integral del combate a la corrupción y de la protección a la equidad electoral.
Asumimos que el servicio público debe ser imparcial, neutral y objetivo, porque la función más relevante de los gobiernos debe ser la garantía de derechos y servicios públicos.
Cada alteración de la normatividad administrativa conlleva a costos arbitrarios para los ciudadanos. Cada servidor público distraído en actividades electorales indebidas cuesta en términos presupuestales y democráticos o burocráticos enormes cantidades.
Una silla vacía representa que miles de ciudadanos encuentren oídos sordos frente a sus necesidades pero no sólo eso. También representa la máxima corrupción que puede haber del gobierno.
Así han sido años de lucha por elecciones limpias por parte de nuestro movimiento, encabezado desde siempre por el hoy presidente de la República, y nuestra coalición sabe que la intervención gubernamental genera fraudes electorales. Nuestro compromiso está, por lo tanto, con las elecciones limpias, con que cualquier opción pueda ganar en las urnas, pero mediante el voto libre y secreto de la gente. La razón es sencilla: la democracia es de la gente y los gobiernos se deben a la ciudadanía.
Por lo tanto, reconocemos el esfuerzo de la comisión, y nuestro voto en favor será para mantener la democracia que hemos alcanzado. No permitiremos regresiones. La cuarta transformación llegó para quedarse. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del PES.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestras instituciones democráticas y sus servidores públicos deben en todo momento garantizar el principio de legalidad e imparcialidad que mandata nuestra Constitución, es decir, los servidores públicos federales en su desempeño estatal y municipal deben actuar en todo momento con responsabilidad, ética y equidad.
Al respecto el artículo 134 constitucional señala que los recursos económicos que disponga la federación, las entidades federativas y los municipios se anexarán con eficiencia, eficaz economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Este precepto constitucional también contiene el principio de imparcialidad o neutralidad que prohíbe de manera general los poderes públicos, el uso de recursos públicos con fines electorales, esto con la finalidad de lograr que los servidores públicos no hagan uso de su cargo para promoverse con fines políticos o en su caso promuevan a candidatos o a un partido político durante un proceso electoral.
Por ello es importante garantizar el principio de imparcialidad con la finalidad de que los recursos públicos de los programas sociales sean utilizados con fines partidistas, los servidores públicos se abstengan de acudir a reuniones partidistas o de apoyo a candidatos por lo menos durante su jornada laboral.
Los órganos del Estado suspenden la difusión de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales y los servidores públicos durante el ejercicio de su cargo, deben tener una conducta imparcial respecto de cualquier proceso electoral.
Los servidores públicos deberán abstenerse de realizar pronunciamientos a favor o en contra de algún precandidato o candidato o partido político. En este sentido, Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, ya que la reforma planteada tiene armonía sistemática con los preceptos constitucionales y con los tipos penales de conductas ilícitas cometidas por servidores públicos, los cuales son sancionados en base a la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Es entonces que esta reforma fortalece el procedimiento de sancionador al adicionar con sujetos responsables a servidores públicos. Por ello se adiciona el inciso j) al artículo 456 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que corresponde a la modificación de este artículo, justifica las precisiones de que las sanciones electorales se imponen con independencia de otras normas administrativas o penales, ya que son regímenes jurídicos distintos.
Por ello la importancia de establecer la obligación del superior jerárquico, para presentar las denuncias o querellas ante la gente del Ministerio Público, si hubiera utilización de recursos públicos por parte de un subordinado.
Encuentro Social está a favor de consolidar una democracia electoral con garantía ciudadana para que pueda emitir su voto libre de cualquier tipo de coacción que atente contra sus libertades y derechos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, buenas tardes.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Diputado Valentín Reyes López, de Morena.
El diputado Valentín Reyes López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas, las reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales buscan ser ejemplo, decoro y dignidad en los servidores públicos para evitar que desde el cargo público que ostentan, afecten la equidad y regulen las elecciones, específicamente el dictamen propone dos cuestiones de la mayor relevancia.
Primero. Se precisa a los servidores públicos como posibles infractores de las leyes electorales, para establecer sanciones que van desde amonestación pública hasta multas, con independencia de otras responsabilidades administrativas o penales.
Cabe mencionar que las multas se agravan cuando se usan recursos públicos para inducir o coaccionar el voto, así como el caso de reincidencia.
En segundo lugar. Se establece el mandato expreso de que en caso de responsabilidades penales, al superior jerárquico del servidor público que incurra en la falta deberá presentar de forma obligatoria la denuncia penal correspondiente ante el agente del Ministerio Público.
Nunca más corrupción y coacción del voto. Nunca más el uso indebido del poder y de los recursos públicos en favor de un partido. Queremos hacer realidad la expresión de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Ha sido frecuente en nuestra historia que, valiéndose del cargo o de una posición pública, hay quienes indebidamente ejercen presión y tratan de inclinar la balanza en las elecciones, distraer recursos públicos de sus necesarias y altas finalidades por el hecho mezquino de conseguir el poder público.
Si permitimos que esto siga sucediendo habrá siempre injerencias arbitrarias que tengan el atrevimiento de afectar voluntad popular que se deposita en las urnas.
Existe un problema de impunidad y corrupción. De acuerdo a cifras de la Fepade, del total del investigaciones contra servidores públicos durante los últimos cuatro procesos electorales presidenciales, en el proceso electoral de 2018 los casos en contra de funcionarios públicos representó solo el 4.4 por ciento. Por tanto, algo no está favoreciendo la denuncia ni el inicio de procedimientos sancionatorios en contra de los malos servidores públicos.
Debemos cambiar el diseño legal vigente, que no favorece ni permite que prosperen las investigaciones penales por infracciones electorales por delitos cometidos por servidores públicos.
Concluyo. Buscamos revalorizar la ética, la responsabilidad y compromiso de los servidores públicos, a fin de que no intervengan de modo alguno en las elecciones. Buscamos que se respete el voto y decisión de los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, en Morena nos pronunciamos en favor del dictamen a discusión. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión en lo particular el artículo 457, a nombre de diputados de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Hágalo saber la secretaria.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, el sistema sigue abierto. ¿Ya lo cerramos, señor presidente?
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, hay dos votantes que estaban fuera del salón seguramente y han llegado con gran rapidez. Por favor, tome esos dos votos y se cierra el sistema.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 423 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con 423 votos a favor, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, quien presentará una modificación al artículo 457, a nombre de diputados de Morena, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, parece que se perfila, y del PRI, una nueva mayoría.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la asamblea, para compartirles una propuesta de reserva que ha sido suscrita por cuatro legisladores de diversos grupos parlamentarios. Del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido Morena; del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI; y dela diputada Martha Tagle Martínez, del Partido Movimiento Ciudadano, a quienes agradezco que me hayan confiado la oportunidad de mencionar en la tribuna el argumento.
Esta es una reforma que está directamente vinculada con un derecho, que es el llamado derecho disciplinario en nuestro país. El derecho disciplinario se refiere a todas las normas que se generan en nuestro país para regular las sanciones a las que son sujetas los servidores públicos de la nación, y desde ahí hay que partir.
Justamente, el servidor público es toda persona que desempeña una responsabilidad, un empleo, un cargo, una comisión en la administración pública federal. Y en el caso particular de esta reforma, nos referimos al derecho electoral, vinculado a uno de sus órganos, al Instituto Nacional Electoral, en donde desempeñan funciones especiales servidores públicos de la nación.
La reforma propone realizar una adición al artículo 456 y 457. Quiero decir a todos ustedes que hemos planteado en la Comisión de Gobernación un argumento que el día de hoy ha tenido eco y que agradecemos, tanto a su presidenta como a los integrantes de la misma y a los diputados suscribientes de esta reserva.
Nos referimos en especial a eliminar del artículo 457 dos palabras que no son necesarias para garantizar que no vaya a terminar en impunidad esta reforma. Me refiero específicamente a las palabras “obligatoriamente y presentará”, que establecen como obligación en la reforma aprobada que los servidores públicos no solamente sean investigados por la vía administrativa, sino que obligatoriamente sean investigados por la vía penal.
Y la palabra obligatoria es justamente el debate en el cual hemos encontrado coincidencias. Me refiero específicamente a que no todas las responsabilidades administrativas son responsabilidades penales, y no todas las responsabilidades penales son responsabilidades administrativas.
Ante este escenario lo que estamos planteando es que el superior jerárquico tenga facultades para denunciar administrativamente a quien haya incurrido en una infracción, pero no necesariamente tenga que hacerlo ante el Ministerio Público. Para evitar la saturación del Ministerio Público hoy hemos adaptado eliminar ese supuesto para dejar intocado el artículo 457, y con eso los elementos del 456 permitan que esta reforma logre su propósito para sancionar a los malos servidores públicos de la nación.
Reconozco y agradezco la voluntad de los legisladores del Partido Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Movimiento Ciudadano, y naturalmente, a quienes proponemos del Partido Acción Nacional, para que este propósito se alcance y que no favorezcamos la impunidad con una reforma que, con esta redacción, podría tener lamentablemente un escenario que no favoreciera el propósito, que es combatir la corrupción en México. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se admite a discusión. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo 457, por favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación del artículo 457. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se acepta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 457, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Punto, es todo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de las modificaciones aceptadas por la asamblea y de los artículos en términos del dictamen.
(Votación)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Cerramos ya, por favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 406 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Adelante, diputada Natividad, de viva voz.
La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Son 407 votos a favor, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con lo que quitamos dos palabras que nosotros mismos habíamos puesto y que no cambia el sentido de la votación, nos merecemos el premio mundial del barroco. Sí lo meremos, se quita una frase que nosotros habíamos puesto.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Aprobadas las modificaciones por 407 votos y el proyecto de decreto aprobado en lo general, se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dé cuenta la Secretaria con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, presidente. Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que sea sometido a discusión y votación de inmediato. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación. Tiene la palabra por 10 minutos la diputada presidenta Patricia Terrazas Baca, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II de nuestro Reglamento.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Estimadas y estimados diputados. El día de hoy se somete a consideración de esta honorable asamblea para su aprobación el dictamen a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación.
Este dictamen, cabe mencionar, tiene origen en la iniciativa que se presentó en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el 9 de octubre de 2018.
La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, ante y aprobada el 4 de diciembre de 2018 por el pleno de dicha Cámara.
¿En qué deriva la importancia de esta minuta? La evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. Así cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones de este tipo, es ineludible que debe de ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades correspondientes.
En los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.
Actualmente el artículo 113, fracción III del Código Fiscal de la Federación establece una sanción de tres meses a seis años de prisión a quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Ahora bien, la presente minuta pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes.
En este sentido la minuta de referencia propone:
a) Modificar la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación para que solo contemple la sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que aparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y
b) Se adicione el artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación para establecer que se impondrá sanción de tres a a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Esta comisión dictaminadora está convencida que la reducción de la evasión de impuestos fortalece los ingresos públicos y por consiguiente, también la sostenibilidad fiscal de los gobiernos así como genera un impacto positivo en el bienestar de los países.
Es por ello que se coincide plenamente con la colegisladora en la pertinencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.
Dada la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra-venta de facturas, la generación de una competencia desleal, todo ello generando a largo plazo que la carga tributaria recaiga solo en los contribuyentes cumplidos.
Estamos convencidos los legisladores de esta comisión, en que la presente minuta constituye un paso importante en el combate a las prácticas descritas. Sin embargo, se estima imperante continuar con el estudio, análisis e implementación de medidas adicionales que tengan efectos positivos sobre la recaudación a corto plazo.
En este sentido, en fecha próxima se presentará una iniciativa a nombre de los integrantes de la comisión, tendiente a avanzar en las medidas para el combate al presente tema. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes compañeras y compañeros, el presente dictamen tiene como objetivo principal sancionar de tres a seis años de prisión a quienes vendan, enajenen estas facturas falsas.
Al imponer este tipo de sanciones, buscamos desincentivar este gran negocio ilícito. Las facturas falsas, creo que todos coincidimos, son un problema muy grave para nuestro país, ya que genera pérdidas económicas de recursos que se dejan de recaudar, además de que fomenta la corrupción, la evasión fiscal, en donde la principal causa de la caída de los ingresos nacionales es vía impuestos se debe a las operaciones simuladas por empresas que emiten estas facturas falsas, en donde muchas de ellas son utilizadas para distribuir productos ilegales, para el lavado de dinero y desvío de fondos.
Por esta práctica ilegal las finanzas públicas del país dejan de recibir aproximadamente 2 billones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así, la evasión fiscal perpetrada a través de la compra-venta de facturas falsas es una práctica que nos afecta a todas y a todos los mexicanos que cumplimos con la ley y que sí pagamos nuestros impuestos.
Lo más lamentable es que esta tragedia fiscal afecta principalmente a aquellos que son los que menos tienen, los más pobres y desfavorecidos de nuestro país, ya que debido a la evasión fiscal el gobierno no implementa más programas para beneficiar a los más pobres del país o entregar más becas escolares, o bien canalizar más recursos para la detección y tratamiento de cáncer infantil, por citar alguna problemática.
El gobierno también no incrementa el presupuesto a ciencia y tecnología o el presupuesto a medio ambiente o el combate al cambio climático, y también deja de invertir en infraestructura estratégica para detonar el crecimiento regional. En síntesis, esta evasión fiscal detiene el desarrollo del país, afectando a todas y todos los mexicanos para el simple beneficio de unos cuantos delincuentes.
En ese sentido, la aprobación de este dictamen es de suma importancia ya que coadyuva con las autoridades fiscales para tener mayor control de las operaciones que sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como el combate a la evasión y elusión fiscal, permitiendo disminuir la corrupción en la adquisición de bienes y prestación de servicios.
Este es un primer paso, es un primer paso en donde se endurecen estas penas sobre todo para el que vende, pero tenemos el firme compromiso de avanzar y de ir más allá, de reforzar la legislación para verdaderamente poder terminar con este gran negocio de la venta de facturas o bien denominado de la venta de papel.
Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vamos a favor, porque estamos a favor de México, porque estamos a favor de un México que sea más incluyente, en favor de todos aquellos que son los que menos tienen. Por ello, en este dictamen vamos a votar a favor. Muchas gracias, presidenta, es cuanto, compañeros.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Antonio Ortega Martínez: No podía ser más oportuna la presentación de este dictamen, una vez que hemos conocido los preocupantes indicadores y previsiones que presenta la Secretaría de Hacienda, en los pre-criterios de política económica 2020.
Declinación del crecimiento económico, coincidente con los recortes a la baja en las estimaciones de calificadoras, analistas, organismos internacionales y el propio Banco de México.
Desde finales del 2018 y los primeros tres meses del 2019, estimando un decrecimiento real anual del PIB de 1.6, y como consecuencia tendremos menores ingresos fiscales que obligarán a un recorte del gasto, un recorte inmediato para mantener el equilibrio de las finanzas públicas y un recorte aún más severo en el Presupuesto del próximo año, que Hacienda estima en 2019 en 121 mil millones de pesos, equivalente a 0.5 del PIB.
La parte positiva de estas malas noticias es que Hacienda reconoce la realidad de la desaceleración de la economía y ello posibilita la adopción de estrategias contingentes para tratar de revertir el menor vigor de nuestra economía nacional.
Consideramos que Hacienda en donde se quedó corta es en esclarecer las verdaderas causas internas y externas de este grave tropiezo económico. Los principales analistas económicos han señalado que sin duda hay ingredientes externos: la desaceleración de la economía en China, en Europa, en los Estados Unidos, pero que un ingrediente importante son las decisiones políticas internas, señalando las más importantes como la suspensión del aeropuerto de Texcoco, la implementación de la nueva estrategia energética, la falta de estudios de factibilidad financiera de los grandes proyectos del Ejecutivo, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, y otro conjunto de decisiones que afectan la confianza y la inversión y desactivan la inversión privada nacional y extranjera.
Por ello, ratifico que este dictamen es oportuno, ya que se pone en manos del Ejecutivo federal una norma que permite que se instrumenten programas, que conjugando premios y castigos pueden incrementar sustancialmente los ingresos públicos.
La minuta pretende desincentivar la comisión del delito de adquirir, expedir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se trata de combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, generalmente vinculadas con empresas fantasmas y otras, como el lavado de dinero.
Para ilustrar la importancia del dictamen permítanme señalar a la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente, que estimó que el año pasado el uso de facturas apócrifas causó al fisco una pérdida de ingresos por casi 2 billones de pesos, monto que equivale al 70 por ciento de la recaudación tributaria prevista para este año.
El dictamen también se propone fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.
Por lo anterior, el voto de los diputados del Partido de la Revolución Democrática será a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Compañeras y compañeros diputados, vengo hoy a esta tribuna a fijar una postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Si me permiten antes hacer una reflexión sobre estos asuntos que hemos estado votando los últimos días.
Yo celebro que cada vez más esta Cámara de Diputados sea sensible a los asuntos públicos, pero, sobre todo, a aquellos asuntos del día a día del ciudadano y para dar una muestra, recordar lo que hicimos la semana pasada.
Nos pusimos de acuerdo todas las fracciones parlamentarias y prácticamente por unanimidad sacamos la Ley General del Registro Civil, que ahora les permitirá a los menores de edad, no necesariamente tener que registrar el estado civil de los padres o quitar esta palabra ahí medio facciosa de adulterinos.
Nos pusimos de acuerdo también con la Ley del Seguro Social. Los padres, los varones hoy podrán solicitar el servicio de guardería cuando su situación jurídica así lo permita. Lo hicimos también con la Ley de Migración, endureciendo las penas para aquellos servidores públicos que denuesten el paso de migrantes por nuestro territorio.
Y en ese sentido, el punto y dictamen que me antecedió en el uso de la voz va también en ese sentido, endurecer las penas para quienes cometan delitos electorales a través de la utilización de recursos públicos. Es un paso fundamental para esta transformación que algunos compañeros aquí han citado una y otra vez.
Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión, porque una cosa es el discurso combativo de oposición, y otra cosa también es el ejercicio conveniente del poder. De nada sirve hoy que aprobemos, y aprobamos ya está mencionada reforma de Ley de Procedimientos Electorales, si finalmente desde el día de hoy se incumple en que efectivamente se esté vigilando que los recursos públicos no se estén utilizando para este tipo de intereses personales.
Contextualizo. Con lo que respecta a nuestro posicionamiento, el proyecto de decreto por el que se reforma esta fracción III, del artículo 113, y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación, por supuesto que para Movimiento Ciudadano será a favor.
Señalando como punto de partida que desde el 4 de diciembre del 2018 el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría de votos el dictamen correspondiente y ordenó el envío de la minuta a esta Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.
Afirmo, también, que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la cual participo, realizó diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que permitan analizar y valorar el contenido de la citada minuta, expresar consideraciones de orden general y específico sobre ella, e integrar el presente dictamen que en unos minutos más votaremos.
Por lo anterior, nuestro posicionamiento será a favor, debido a que estamos de acuerdo en que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia y de control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.
Por supuesto que estamos en contra de la emisión de facturas para simular operaciones inexistentes. Ya se dijo aquí, solo el mercado, el tamaño de ese negocio son 2 billones de pesos. Prácticamente un 40 por ciento del presupuesto anual de nuestra nación.
Es una realidad que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismas que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio totalmente ilegal.
La evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. Además, estas prácticas pueden involucrar el lavado de dinero, por lo que este tipo de acciones deben tener consecuencias legales contundentes.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coincidimos en que se imponga una sanción de tres a seis años de prisión al que expida, enajene, comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Tenemos confianza en que consecuencias como esta contribuirán a que las malas prácticas se debiliten, se fortalezcan los ingresos públicos. Por supuesto lo que permitirá la sostenibilidad fiscal del gobierno mexicano. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la presidenta Dolores Padierna.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Óscar González Yáñez: Apreciables curules y dignos diputados y diputadas que nos acompañan, México está considerado uno de los países... en percepción uno de los países más corruptos del mundo.
Hay un debate de que si somos el 135 o el 138. La verdad es que de 180 países que se miden, estamos muy debajo de la media mundial. Pero el tema que nos preocupa no es tanto si somos el 130 o el 135 sino la escala del 0 a 100. Los países nórdicos tienen 80 puntos en la escala de 0 a 100 y en México tenemos solamente 28 puntos.
No habría ningún problema si fuéramos el 100 o el 150 si en la escala del 0 a 100 tuviéramos más de 80 puntos. El problema es que tenemos solamente 28 e independientemente, insisto, del número que ocupemos, la percepción es que somos un país corrupto.
Yo me permitiría hacer una pregunta: ¿quién es más corrupto? ¿El servidor público que usa su cargo para hacer cosas ilícitas o el empresario o el particular que tiene una empresa que realiza actividades ilícitas generando facturas falsas o apócrifas?
¿Cuánto deja de ganancia esta actividad? Hay cálculos que tenemos que van del 2 por ciento al 10 por ciento del producto interno bruto. Hay quien plantea que son alrededor de 42 mil millones de pesos la generación de estas facturas falsas que ya se han convertido en una práctica cotidiana en la economía mexicana.
El servidor público usa sus facultades y el empresario usa su derecho de generar una facturación. En días pasados nosotros acabamos de nombrar a la responsable jurídica del SAT esperando nosotros que esta práctica pudiera ser atendida de otra manera.
Los empresarios buscan en todo momento cómo evadir impuestos, en consecuencia la evasión y la elusión se convierten en un instrumento de ganancia de las empresas. ¿Cuál es lo preocupante de la generación de este facturaje? Que en lugar de que la ganancia venga producto de la inversión, de que tengas productos más baratos, lo haces ahora a través de la administración y de la contabilidad de una empresa, por eso se ha convertido en una actividad muy, muy, muy benévola para los propios empresarios.
Yo terminaría mi intervención diciendo que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos dejar de ser un país corrupto, pero que tenemos que hacer un esfuerzo todos, tanto servidores públicos, como los propios empresarios.
Nosotros en la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo nos manifestamos sólidamente y fuertemente en contra de lo que es la corrupción emanada de los particulares a través de la generación de facturaje falso. Es una nueva etapa, es un nuevo momento del país, ojalá lo entendamos de esa manera, vamos por un nuevo país y sancionar esta actividad nos va a llevar a que entonces del país que queremos esté cada vez más lejos de la corrupción.
Yo hacía una reflexión con mis compañeros hace un momento, ¿quién es más corrupto, el servidor público o el particular? ¿El que mata a la vaca o el que le agarra la pata? Bueno, gracias por la respuesta. Entonces, en consecuencia, son más corruptos los servidores públicos y también los empresarios. En consecuencia, son corruptos aquellos que generan una actividad que está fuera de la ley y buscan ganar dinero a través de la contabilidad de sus empresas.
El respetuoso llamado que les hacemos a los empresarios es que abandonen esta actividad, dado que ahora va a ser un delito y van a ser seriamente castigados. No queremos llenar las cárceles de gente corrupta, lo que queremos es sacar la corrupción de la sociedad y crear una cultura donde no haya necesidad de ser corrupto para ganar dinero. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por cinco minutos.
La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Arriba Tamaulipas. Gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados. Todos sabemos que hay muchas cosas incómodas para la mayoría de la población, pero el pago de impuestos creo que es el principal. A pesar de que sea algo a favor del bien común y una obligación ciudadana, el pago del impuesto es una tarea poco agradable.
Hay pocas acciones individuales que son tan benéficas para la sociedad como el pago de los impuestos. Es con los tributos o las contribuciones que podemos ofrecer educación a todos los niños y a todas las niñas. Proveer de infraestructura a todo el país, cuidar la seguridad pública y proteger la integridad territorial o procurar justicia, entre otras tareas que nuestros pagos al fondo común, que implican los impuestos, hacen posible.
De allí que pagarlos bien y a tiempo sin duda es totalmente benéfico para todo el país, y más ahora que nuestro presidente López Obrador ha hecho del combate a la corrupción una cruzada nacional.
El pretexto de muchos que decían para qué pagar impuestos, si se los van a robar, está quedando totalmente obsoleto. Hoy, el dinero público se usa para beneficio del pueblo. Es momento de que todos contribuyamos adecuadamente.
Por todo ello es muy importante evitar las operaciones simuladas. Aquellos que fingen operaciones para reducir su base gravable, para esconder ingresos buscando pagar menos, esos no sólo evaden y eluden el fisco, lo hacen de la manera más terrible. No simplemente dejan de pagar y ya, sino que aparte mienten y falsean los datos para poder robarle al pueblo de México entregando menos de lo que deben al gobierno, garante del bienestar común en este tipo de tareas. Es pues, por tanto, un robo terrible que debe ser altamente sancionado.
A pesar de ello, hasta ahora la ley lo trataba como algo simple y menor, poco importante, y daba igual vender o comprar una factura falsa; simular una operación para pagar menos, tenía poca sanción y era indistinta para las partes. Por ello apoyamos este dictamen que hace dos cosas al modificar el artículo 113 y añadir el artículo 113 Bis del Código Fiscal Federal.
Separa los hechos de comprar y de vender comprobantes falsos o facturas simuladas y da una sanción más grave de hasta seis años de prisión a quien venda y adquiera documentos falsos. De esa manera quien quiera engañar al fisco, deberá pensarlo realmente dos veces.
Perder casi una parte importante de su vida por ganar unos cuantos miles de pesos, dejará de ser una opción viable. El negocio de robarle a todos pagando menos impuestos dejará de ser realmente un negocio. Por supuesto que de aprobarse esta medida pasaremos a un segundo paso, hacer que se aplique adecuadamente empezando con los grandes falsificadores de facturas.
Como Cámara de Diputados dotaremos al gobierno de más herramientas para evitar estos delitos. Confiamos en que las usarán adecuadamente de manera correcta y expedita, porque no sólo roban al bien común, ya lo mencioné hace unos minutos, mienten y engañan. Esas conductas son totalmente intolerables y ahora con esta norma serán sancionadas severamente, porque un México en que todos pagamos lo justo y a tiempo al fisco, es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, compañeros diputados.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados por parte de las personas físicas y morales, ha provocado un gran daño al sistema de recaudación nacional.
Por esa razón resulta pertinente impulsar reformas legales para desincentivar la comisión de ese ilícito. Debemos de contribuir con la autoridad fiscal para modernizar el marco legal y enfrentar los nuevos desafíos.
Es importante señalar que la venta de facturas falsas es un problema para el Servicio de Administración Tributaria. De 2010 al 2018, se identificaron más de 8 mil empresas que presuntamente cometen algún acto delictivo en esta materia. Cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras, ascienden a más de 750 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.
Por otro lado, el Sistema de Administración Tributaria considera que la principal causa de la caída de la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las empresas deductoras de operaciones simuladas, como son: incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones y facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación.
La evasión de pago de impuestos es una práctica nociva que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, pero, sobre todo, reduce la capacidad que tienen los gobiernos para atender la necesidad de la gente.
Los contribuyentes que incurren deliberadamente en acciones de este tipo, deben de ser sujetos a sanciones más severas por parte de las autoridades. Resulta pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes y de facturas y comprobantes fiscales.
La modificación a la actual fracción III del artículo 113, resulta pertinente para que solo se contemple a quien adquiera los comprobantes al considerar que en dichas medidas se tendrá un efecto positivo para la disminución de la práctica, y sobre todo, para mejorar la recaudación.
Por otro lado, la adición de un artículo 113 Bis establece que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Lo anterior, para mitigar esta práctica a efecto de que nuestro sistema recaudatorio mejore. Es por ello que, en el Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor de este dictamen.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de aquellas medidas que mejoren la calidad de vida de los mexicanos y también estamos a favor de todas las acciones que busquen reducir los actos ilícitos de los delincuentes.
La defraudación fiscal es un acto que no debemos de permitir porque tener menos impuestos para atender las necesidades de la gente es un acto que va en contra de los derechos de todos los ciudadanos. Ese es el compromiso del PRI, luchar contra todos los actos ilícitos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, desde hace varios años, expertos en materia fiscal han advertido que el uso de facturas falsas afecta sistemáticamente al fisco y por lo tanto a todo el país. Por ello es urgente tomar las medidas precautorias correspondientes para ayudar a las autoridades fiscales a combatir un problema que en el mediano plazo puede afectar también a la inversión pública, hecho que como ya se ha observado en días recientes, deriva en un menor crecimiento económico.
En México, el uso de comprobantes fiscales digitales por internet ha generado controles de expedición de facturas mucho más rígidos, pero esto no ha sido suficiente para terminar con la simulación de operaciones por parte de los contribuyentes.
Al respecto, recientemente el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, señaló que la evasión y la elusión fiscal en nuestro país ascienden a un billón de pesos anuales, lo que representa entre 3 y 4 puntos del PIB. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente afirma que la estimación podría alcanzar los dos billones de pesos anuales, es decir el 8 por ciento del PIB.
De acuerdo con el Banco Mundial, México está entre los países más perjudicados por la evasión de las empresas, que coincide con las estimaciones del SAT al detectar unas 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación.
La estimación del daño al erario público con las facturaciones fantasmas representa el 60 por ciento de la recaudación proyectada para el presente ejercicio fiscal, y el 34 por ciento del total de ingresos estimados, aprobados por el Congreso de la Unión en diciembre del año pasado.
En su momento, la dictaminadora de origen en la Cámara de Senadores señaló que en los últimos años se incrementó el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se utilizan con el fin de obtener un beneficio ilegal, como el incremento indebido de deducciones, obtención de devoluciones fraudulentas de IVA y lavado de dinero, solo por citar algunos casos.
Al respecto, la aprobación de esta reforma permitirá, por un lado, que las autoridades fiscales consoliden el control sobre operaciones de los contribuyentes, pero también pretende poner un alto a las operaciones financieras de dependencias públicas con empresas fantasmas en todos los órdenes de gobierno.
De acuerdo con datos expuestos en el foro denominado Corrupción y empresas fantasma, propuesta de reforma legal para su combate eficaz, organizado justamente por esta Cámara, expertos estiman que el 70 por ciento de las facturas generadas por empresas falsas son utilizadas por instituciones del sector público para desviar recursos. Dichas cifras alarmantes nos permiten conocer la gravedad de este delito y además que en un alto porcentaje se encuentra respaldada por la corrupción de servidores públicos y que, por lo tanto, debe ser atendida en forma prioritaria. Por ello consideramos que es importante pasar del discurso a los hechos, ya que hasta ahora nos parece que no se han registrado avances cuantificables en el combate a la corrupción.
Como ejemplo de lo anterior, tenemos las declaraciones del gobierno federal sobre la supuesta corrupción en distintos programas, en las cuales no se señala a los responsables ni las pruebas que lo sustentan ni que se hayan iniciado los procedimientos judiciales correspondientes, para que realmente se sancione a quienes cometen actos de corrupción.
Por lo que en el caso de los funcionarios públicos que participan en la compra de comprobantes fiscales para efectuar el desvío de recursos públicos, exhortamos al gobierno federal a que realice acciones concretas para que no haya ni perdón ni olvido para los que con sus actos ilícitos han saqueado a nuestra nación.
En Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen, porque queremos poner en manos de las autoridades fiscales las herramientas necesarias para hacer eficiente la recaudación de impuestos y generar los ingresos necesarios que contribuyan al incremento de la inversión y generación de desarrollo para todos los mexicanos. Pero también esperamos la aplicación efectiva de la ley, para que no se trate de una reforma más, sino una herramienta efectiva para combatir la compra-venta de facturas de operaciones inexistentes. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tenemos en esta Cámara invitados especiales del evento denominado Diputada y Diputado por un Día, invitados por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona: Compañeras y compañeros legisladores, de la Colegisladora se recibió la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.
En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos que la evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, siendo ineludible que este tipo de conducta ilícita debe ser sujeta a sanciones enérgicas por parte de las autoridades correspondientes.
El presente dictamen es un reflejo de la voluntad política del gobierno federal, cuyo compromiso es combatir la corrupción de manera frontal y sin tregua.
La minuta que hoy se discute está encaminada a poner un alto total a las prácticas de evasión fiscal mediante la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La principal causa de la caída de la recaudación de los impuestos se debe a las operaciones simuladas por empresas deductoras de operaciones, como son: incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación, y lavado de dinero.
Basta de ser permisivos, ya no podemos continuar con la emisión de facturas falsas mediante actos simulados, sin la materialización de actividades u operaciones de empresas que bajo un registro indebido e ilegal venden la emisión de las mismas a través de las famosas empresas fantasmas o despachos que venden facturas para evitar trasladar el impuesto a las arcas del gobierno.
Dada la gravedad de la evasión fiscal en nuestro país, que actualmente se ha convertido en una práctica generalizada, se requieren acciones de defensa en favor de los contribuyentes que sí respetan la ley y sí cumplen con sus obligaciones.
Esta propuesta fortalece el marco jurídico, salvaguarda el bienestar de los contribuyentes y castiga de manera ejemplar a quienes falsifican comprobantes fiscales. En esta ocasión se sancionará a los que adquieren, enajenen o expidan facturas falsas. Conductas cometidas por delincuentes de cuello blanco, supuestos pagadores de los impuestos, empresarios que, teniendo la capacidad contributiva para cumplir con el pago de impuestos, prefieren indebidamente aminorar su carga contributiva, erosionar la base tributaria para evadir o defraudar el pago de impuestos en perjuicio del Estado y del pueblo de México.
Hoy se incrementa la sanción para los delincuentes que acostumbran erosionar la base tributaria, de tal manera, que se les impida continuar con esta práctica. Esta minuta fortalece el marco jurídico, combate la corrupción y refrenda el compromiso con el pueblo de México. No más empresas que vivan del erario.
Ciudadanos, no más ser permisivos de actos de corruptela. Ciudadanos, no seamos parte de este sistema de corrupción, apoyemos a nuestro México bajo el principio de autodeterminación, para que con fidelidad como ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales y entendamos que su destino será en programas que ayuden a los más vulnerables de nuestra sociedad.
Invito a esta soberanía para que, en corresponsabilidad con todas las fuerzas políticas aquí representadas, pongamos un alto a la simulación en la aplicación del castigo a quienes defraudan la hacienda pública. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos ahora a la discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Paola Tenorio Adame, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Paola Tenorio Adame: Con el permiso de la señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Paola Tenorio Adame: Gracias. La hacienda pública mexicana no volverá a ser violentada por los intereses particulares de unos cuantos. La evasión de impuestos y la comprobación de actividades inexistentes han lastimado por mucho tiempo a los recursos de nuestra nación. A esta situación desde Morena le decimos: basta.
Con la aprobación del presente dictamen haremos que las penas a quienes se enfrentan quienes expiden o enajenen comprobantes fiscales falsos sean más altas. Específicamente, de corroborarse la culpabilidad de la persona, la penalidad a la que se enfrentará ya no será de un mínimo de tres meses, como lo expresa el texto vigente del Código Fiscal de la Federación, sino que será de un mínimo de tres años.
Es uno de los pasos que deben darse en el nuevo camino que está tomando nuestro país, un paso en el sentido correcto, un paso que incentiva la honestidad republicana de nuestro presidente de la República.
Permítanme introducir este momento la esencia que provoca el nacimiento de esta propuesta. Según el estudio Evasión de impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, los recursos que el fisco general ha dejado de ingresar a estas arcas de la hacienda pública por este tipo de actividades ronda los 500 mil millones de pesos. Sin embargo, en tiempos más recientes la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido que la cantidad podría rondar los 2 billones de pesos.
Compañeras y compañeros legisladores, esta cantidad es equivalente al 70 por ciento de la recaudación prevista para 2018. Es claro que esta situación no puede seguir así. No puede seguir así porque estos recursos no solo significan pérdida de dinero, sino también pérdida de mejores oportunidades de desarrollo y pérdidas en el bienestar de las personas. Significan más desigualdades, aún más desigualdad social y pobreza.
Indudablemente teníamos la obligación de tomar cartas en el asunto. No únicamente porque estas actividades alimentan la corrupción en este país, sino porque con esto refrendamos nuestro compromiso para transformar y mejorar a nuestro México.
Con el incremento de la penalidad que propone el presente dictamen se encarece en 300 por ciento el costo que hay que pagar para continuar emitiendo y enajenando facturas fiscales falsas. Estamos seguros que en este encarecimiento desincentivará la comisión del delito y fortalecerá los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la presentación de servicios o adquisición de bienes. Ya no habrá mano blanda con los corruptos, ya no habrá incentivos perversos para seguir dañando los recursos de las y de los mexicanos. Ya basta.
Por ello en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del presente dictamen. Confiamos que las demás fracciones también lo harán por el bien de México. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, hasta por cinco minutos.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidenta. Con su venia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: En México los ingresos públicos por concepto de impuestos constituyen uno de los principales pilares de las finanzas públicas de nuestro país. Sin embargo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, México se mantiene entre los seis países con menos ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe, al representar apenas el 17.4 por ciento del producto interno bruto.
Ha sido necesario resaltar que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones por las empresas deductoras de operaciones simuladas, cuyas prácticas comunes se encuentran en el incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de impuestos al valor agregado, la realización de operaciones fantasmas, la facturación de mercancías en las que no se pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero.
Según el Servicio de Administración Tributaria, este tipo de evasión ha provocado pérdidas en recaudación al país de hasta 2.04 billones de pesos en un cálculo realizado entre el 2010 y agosto de 2018. La emisión de facturas apócrifas por desgracia se va diluyendo a través de diferentes contribuyentes de manera que pueden involucrar a todos los sectores en un afán egoísta y antipatriótico, pues su actuar no se limita al beneficio inmediato que han alcanzado ilícitamente, sino que trasciende en un efecto dominó en detrimento de la economía nacional.
Se trata pues de un daño que impacta directamente a los mexicanos, pues la baja recaudación impide que se pueda disponer para un gasto público equilibrado y que garantice a la ciudadanía el acceso a los beneficios derivados de dicho ejercicio.
La minuta que propone una adición de un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación busca desincentivar la conducta ilícita mediante la imposición de una sanción privativa de libertad únicamente a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados buscando atacar el origen que motiva la práctica.
Las y los diputados sin partido estamos convencidos que una nación con una economía eficiente y sana no sólo depende de la buena administración de sus gobiernos, sino también del actuar con probidad de su ciudadanía.
Es por ello que votaremos a favor del dictamen que hoy nos ocupa en un primer paso por generar desde la ley los mecanismos que propicien un orden social. Si bien ya en una frase por demás dicha y en una insistencia encontraremos la verdad, el cambio inicia por uno mismo y la corrupción, como el cáncer de nuestra sociedad, sólo encontrará su tratamiento y cura en la insistencia de la visión del bien común como una responsabilidad de todos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Compañeras y compañeros legisladores. México no volverá a tener un sistema de recaudación que no cuente con la fuerza suficiente para hacer frente a los actos que la vulneran.
La evasión de impuestos indudablemente es una práctica que daña el potencial de recaudación de cualquier gobierno, y desafortunadamente nuestro país no es la excepción, y no es la excepción en buena parte porque no contamos con sanciones adecuadas que eliminen el incentivo económico que tienen estas prácticas, prácticas que son ilegales y deshonestas.
Según el Servicio de Administración Tributaria, la presentación de facturas para simular operaciones inexistentes es la principal actividad que daña la hacienda pública, operaciones que tienen como principales finalidades: incrementar las deducciones de impuestos, aumentar las solicitudes de devolución del IVA, facturar mercancía que no paga impuestos por su importación u operaciones que simplemente lavan dinero.
Por si eso no fuera suficiente, para ejemplificar la realidad a la que nos enfrentamos, permítanme comentarles que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales falsos.
Compañeras y compañeros diputados, no es posible continuar por el sendero de la corrupción y la deshonestidad, debemos ejercer las atribuciones que nos otorga la Constitución y legislar a favor de un sistema fiscal que salvaguarde la ley y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todas y todos, personas físicas y morales.
Un sistema fiscal que haga frente a la corrupción y promueva una mejor recaudación que incentive la salud de nuestra hacienda pública, y que se logren distribuir los recursos a quienes más lo necesitan. Un sistema fiscal que no incentive estas prácticas ni se limite a sanciones mínimas para quienes las cometen.
Con la aprobación del presente dictamen avanzaremos en esta dirección de hacer ley la propuesta. Habrá más control y vigilancia, y lograremos que se evite este gran riesgo para quienes expidan y enajenen facturas fiscales falsas, que haya, pues, un freno a la impunidad, a la corrupción, a la deshonestidad, y que se desincentiven estas actividades.
Digamos ya basta a la corrupción y a la evasión de impuestos. Digamos sí a un mejor futuro, a un futuro más justo y un México que esté verdaderamente al servicio del pueblo. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Ruego a la Secretaría consultar a la asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Abra la secretaría el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónica. Diputada presidenta, a favor 417, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 417 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, al Código Fiscal de la Federación. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Damos paso al apartado de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Bueno, nos están solicitando un cambio. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del mismo Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Con su venia, presidente. Compañeros, buenas tardes. Acudo hoy a esta tribuna para presentar una propuesta de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de austeridad electoral.
Es claro que el mandato de la pasada elección orienta a todos los órganos del poder a la economía, a la austeridad, a gastar menos en beneficio de programas sociales en favor de los ciudadanos. Se han hecho diversos esfuerzos en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, incluso en el Judicial, y creo que necesitamos bordar nosotros sobre un tema fundamental, cómo generar condiciones para que tengamos procesos electorales no tan onerosos, que sean más económicos y donde no se traslapen las funciones de la materia.
¿Cuál es el fondo de este tema? El fondo de este tema es que desde la reforma electoral de 2014 se generó una redistribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados, denominados OPLEs.
Se distribuyeron las competencias para que el INE asumiera muchas funciones que tenían los institutos en los estados, pero además para que ejerciera ascendencia sobre estos. El INE designa a sus integrantes, el INE puede ejercer sus atribuciones total y parcialmente, lo está haciendo por ejemplo en el caso de la elección de Puebla, y de esa manera quedó un entramado con una diversa dinámica a la que traíamos hasta ese momento.
Todo pudiera estar bien y el cambio de atribuciones pudiera ser adecuado. Sin embargo, lo que no se modificaron fueron los presupuestos. El año pasado, en el 2018, los OPLEs gastaron 15 mil millones de pesos, para este año tienen presupuestados 10 mil millones de pesos. Son gastos excesivos que pueden obviarse, si fortalecemos la estructura del INE para que el INE asuma los procesos electorales y federales, donde finalmente ya la concurrencia es tal, y que el INE lleva gran parte de estos fenómenos.
¿A qué nos llevaría esta reforma? Esta reforma nos conduciría a eficientar los procesos electorales, a concentrarlos en una sola autoridad electoral nacional y además a tener ahorros sustanciales para las entidades federativas.
Estamos hablando que las entidades federativas recibirían o dejarían de presupuestar para presupuestarlo en otras cosas, alrededor de 9 mil millones, cuando no estamos hablando de elecciones y alrededor de unos 10 mil a 11 mil millones, cuando estamos hablando de procesos electorales.
Esta reforma está encausada a lo que hemos sostenido en Morena, para tener instituciones públicas que sean autónomas o que sean de cualquier Poder, pero que se oriente con un ejercicio de autonomía y que el gasto que estas ejerzan vaya acorde con lo que la sociedad está demandando. La sociedad demanda que no dilapiden ningunos órganos del Estado y que las elecciones sean más baratas.
Nuestra propuesta también contempla o retoma una idea que ya se ha presentado en otras iniciativas, que es reducir el gasto de los partidos políticos. Si estamos pidiendo que se recorte el gasto en la democracia, lo lógico es también acompañar la idea de que los partidos políticos eroguen menos en las elecciones. De esta manera vamos uniformando la estrategia de ir abaratando todos los procesos del ejercicio del poder público.
Con esta idea, compañeros, en Morena proponemos y seguiremos avanzando por la ruta de economizar, de destinar recursos, en este caso, a las entidades federativas para que puedan hacer más con lo que tienen ahora, a la vez de que podamos tener procesos electorales eficientes y eficaces y seguir por la ruta de confianza en este camino.
Yo les pido que lean y revisen con atención esta reforma. Les pido que entendamos que va en el camino de austeridad que la gente ha demandado y además que podamos construir, a partir de ella, el estudio y el análisis de una reforma electoral integral, donde veamos, todas las fracciones aquí representadas, hacia dónde tenemos que ir para la próxima elección. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Bien. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El diputado Xavier Azuara Zúñiga va a presentar dos iniciativas en la misma intervención. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción Servicios, y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, ambas suscritas por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Compañeras y compañeros diputados, al presentar dos iniciativas en un acto, ruego a la Presidencia tenga a bien ser benevolente con el tiempo.
A más de 100 días de este gobierno, se han encendido focos rojos que advierten la línea política que tendremos en los próximos años, dentro de los que se encuentran la concentración absoluta de los recursos públicos, la eliminación de intermediarios, llámese sociedad civil, gobierno estatal u órgano regulador.
Es preocupante que bajo el pretexto de corrupción se eliminen programas de alto impacto para diversos sectores de la población, como los recursos para las estancias infantiles, la pensión de mujeres víctimas de violencia, el Fondo Nacional del Emprendedor, así como la concentración de los recursos del Fondo Minero, y la del mal llamado Programa de Tandas para el Bienestar. Y la lista podría seguir.
Por ello, es importante impulsar el marco jurídico que proteja el pacto federal y los ingresos de las entidades federativas para el bienestar de los ciudadanos. En este sentido, la primera de las iniciativas que presento ante ustedes tiene como finalidad fortalecer y transparentar el cálculo de las fórmulas que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal para el Gasto Federalizado.
Si bien es cierto que en la Ley de Coordinación Fiscal se establecen las fórmulas para la distribución de los recursos del Ramo 33, a través de los diferentes fondos existen dos grandes problemas con estas fórmulas. El primero es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está obligada a poner a disposición de todos los ciudadanos los componentes de las fórmulas, ni muchos menos actualizarlas.
Por lo que es prácticamente imposible para un gobierno estatal o municipal calcular los recursos que se le asignarán en cada ejercicio fiscal, y se conforman con lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les dice que les toca.
El segundo problema se observa mediante un análisis del comportamiento de los diversos fondos pertenecientes al Ramo 33. Encontraremos que la Secretaría de Hacienda otorga a las entidades federativas menos recursos de los que en realidad les corresponde, aun cuando la recaudación federal participable se encuentra al alza.
Lo anterior porque la ley establece que los porcentajes son para efectos de referencia, lo que ha permitido un manejo discrecional de los recursos para las entidades federativas y municipios.
Por ello, la iniciativa que pongo a su consideración tiene dos objetos muy relevantes en materia de transparencia y fortalecimiento del gasto.
El primero, bajo el principio de máxima publicidad, para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá poner a disposición pública y de manera actualizada la información que utiliza para las fórmulas de asignaciones de los recursos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
El segundo es eliminar los efectos de referencia para dispersión de los recursos, con la finalidad de eliminar esta práctica que ha permanecido por años.
Con esta iniciativa queremos demostrar que no solo somos una oposición, sino una opción constructiva que impulsa los mecanismos legislativos para combatir la corrupción.
Por otra parte, el presidente reconoció el aumento de las gasolinas, incumpliendo una vez más a su promesa de campaña. Por ello, esta iniciativa tiene como objeto la eliminación del IEPS a gasolinas de 92 octano, ya que este combustible contiene una menor cantidad de azufre, lo cual genera una menor emisión de gases contaminantes.
Además, esta iniciativa no solo busca beneficiar al consumidor de las gasolinas, también muestra la preocupación que hay en temas de salud pública. Por ejemplo, el 63 por ciento de la población en México es consumidora de bebidas alcohólicas, siendo los jóvenes entre 12 y 24 años los principales consumidores de estos productos.
Otro problema agravante de salud es el consumo de tabaco, puesto que el consumo de este producto es uno de los principales causantes de problemas pulmonares en nuestra población.
También estamos tomando en cuenta un segmento de la población que el gobierno federal ha ignorado. Por esto, mi preocupación de la obesidad que aqueja a nuestros pequeños.
Nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Uno de cada tres de nuestros niños presenta este problema y que, de seguir así, nos posicionará en el primer lugar en obesidad en el mundo. Por lo cual, se propone aumentar en 10 por ciento el impuesto a tabacos labrados, sin tocar a los productores labradores a mano.
Este mismo porcentaje a cada una de las graduaciones alcohólicas adscritas en la ley. Así como también el incremento de un peso a bebidas saborizadas, donde se estima que el consumo se reduzca en un 8 por ciento.
Estos impuestos aportan al total del IEPS, en promedio cada uno, de 5 a 12 por ciento. Estos aumentos aportarían un incremento a la aportación total, tomando en cuenta también la reducción de gasolinas. No habría un impacto negativo en la recaudación, por el contrario, esto aumentaría en un estimado de 167 mil millones de pesos, los cuales serán destinados a programas de salud pública de combate a la obesidad y apoyo...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga: ...al sector Salud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez: Gracias. Estimadas diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna para presentar a esta soberanía una iniciativa que tiene como propósito fundamental la defensa de los derechos de los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando en escuelas privadas.
Esta reforma que someto a su consideración, propone ampliar las facultades que tiene actualmente la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de garantizar relaciones comerciales equitativas, el acceso a mejores condiciones de mercado, específicamente para fijar las reglas claras entre los particulares que prestan los servicios educativos de carácter privado y los consumidores, padres de familia, evitando con ello se vulneren sus derechos e intereses por un actuar abusivo o desmedido.
Como antecedente preceptivo se tiene un acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, por el que se establecen las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que proporcionan los particulares, sin embargo, es sabido que las anomalías continúan y se acrecientan cada vez más cada ciclo escolar.
Lo anterior es destacable por ser la única disposición jurídica con la que actualmente la Profeco fija su actuar para conducirse en esta materia. No obstante, hoy en día es notoriamente insuficiente para normar de manera eficaz y eficiente las ofertas educativas en mención.
En el acuerdo de cita se precisa que los servicios ofrecidos a los educandos a cambio de una contraprestación económica deben ser ajustados a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de las actividades y a las instalaciones y recursos académicos que aquellas utilizan para el cumplimiento de su objetivo.
Asimismo, considera únicamente a los servicios educativos de tipo elemental y medio, y por lo tanto no resulta aplicable al nivel de educación superior y a nuevas modalidades como lo es la educación no escolarizada o en línea.
Hay que mencionar que la Secretaría de Economía tiene la facultad, entre otras, de fijar normas y procedimientos de comercialización que favorezcan un trato equitativo en la prestación de las actividades educativas que brindan las escuelas privadas, así como una mejor provisión de información.
En este sentido, la pasada administración firmó un convenio entre la SEP y la Profeco para evitar abusos en contra de la economía de los padres de familia con hijos en escuelas particulares y con ello coadyuvar con la transformación educativa.
Del tal modo, la presente iniciativa modificaría los artículos 19, 24 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adicionaría un artículo 65 Quáter con la finalidad de que se encuentre un sustento legal para la expedición de una norma oficial mexicana que regule esta materia e impacte de manera positiva en más de cinco millones de alumnos que cursan la educación básica, media superior y superior de forma escolarizada, evitando con ello el crecimiento exponencial de injusticias que se han cometido por años en detrimento de sus respectivas familias.
Por citar un ejemplo, se tiene que en agosto de 2015 la procuraduría informó que al menos 300 escuelas particulares a nivel nacional habían sido sancionadas con prácticas abusivas entre las que destacan el condicionamiento de compra de útiles escolares y uniformes.
En virtud de lo anterior, propongo establecer obligaciones a los particulares que presten servicios educativos en cualquiera de sus modalidades y tipos, para que con el carácter de proveedor cumplan con lo siguiente.
Primero. Informen por escrito el costo total de los servicios que prestan previo a la inscripción para cada ciclo escolar.
Segundo. No incrementen las colegiaturas durante el ciclo escolar ni establezcan cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie.
Tercero. No exijan la adquisición de útiles escolares, vestuario, libros y otros artículos o servicios con determinados proveedores; y
Cuarto. No condicionen la entrega de documentación académica al pago de contraprestación alguna.
Compañeras, compañeros, las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor surgen de una demanda constante de los padres de familia que con mucho esfuerzo invierten gran parte de sus ingresos en la construcción de mejores alternativas de vida a través de la educación, razón por la cual pido su apoyo para que esta propuesta legislativa pueda ser dictaminada a favor en su oportunidad y se convierta en una verdadera solución a los problemas que atañen a la prestación de servicios educativos de particulares. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, y a la Comisión de Educación para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. La transformación del Estado mexicano se refleja en la transformación de sus leyes y de sus instituciones.
La visión del proyecto de nación pone en el centro de las políticas públicas el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos, deja de lado la asistencia social y la asistencia pública.
Los esfuerzos de la nueva administración se concentran en erradicar la pobreza, la desigualdad, en disminuir la brecha que separa a todos los que menos tienen de los que tienen todo.
La Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública que consta de 14 artículos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985.
La última reforma que se realizó data del 9 de abril de 2012, es decir, van a ser siete años de que se revisó esa norma.
Es momento de que hagamos un esfuerzo por modernizar dicha institución. En razón de ello el Grupo Parlamentario de Encuentro Social pone a consideración de este honorable pleno la iniciativa para transformar la Lotería Nacional para la Asistencia Publica en la Lotería Nacional para el Bienestar Social.
Proponemos además reformar además de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública para dotar a la Secretaría de Bienestar Social de la competencia para atender lo relativo a la Lotería Nacional para el Bienestar Social.
También la iniciativa propone que la nueva lotería se sectorice en la Secretaría de Bienestar Social, con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas que fondean los programas sociales para el bienestar social.
La iniciativa propone también que los recursos derivados de los premios no cobrados, se reintegren al patrimonio de la institución y que se actualicen los nombres de las secretarías de la Función Pública y del Bienestar Social en la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.
Con la finalidad de fortalecer la influencia y el enfoque de bienestar en el órgano de gobierno, se propone que, en ausencia del presidente de la junta directiva, que hoy es el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sea sustituido por el secretario de Bienestar Social.
Diputadas, diputados, la nueva Lotería Nacional debe ser más transparente y rendir cuentas al poder en que se deposita la representación popular, que son las Cámaras del Congreso y de la Unión.
Por ello se propone en la reforma que el informe anual de actividades y de resultados, el presidente de la junta directiva presenta, sea turnado a las Cámaras del Congreso de la Unión.
La reforma que Encuentro Social está promoviendo propone hacer justicia a lo uno de los pilares de esa institución, es decir, a los expendedores y vendedores de billetes. Estamos proponiendo también, que reciban una comisión por la venta de billetes sin exceder el 15 por ciento de valor nominal de dichos billetes, elevándolo en un 5 por ciento más de lo que hoy reciben. Hagámosle justicia, ellos son la fuerza de la venta que da vida a nuestra lotería.
Presentamos esta iniciativa con respeto a la historia de esta noble institución del Estado mexicano, conscientes que la Lotería Nacional data de 1770, sabedores de que nuestra Lotería nació con el nombre de Real Lotería General de la Nueva España, que el primer sorteo de la Lotería se llevó a cabo el 13 de mayo de 1771, con un monto equivalente a 84 mil pesos actuales.
Somos respetuosos de la aportación de la Lotería, sin embargo, necesitamos una Lotería que fortalezca a los programas de bienestar social que coadyuve a superar la pobreza a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos.
Queremos una Lotería que apoye a elevar los estándares de la vida material, de salud, educativos, de actividades personales y de medio ambiente, un estado de bienestar es posible, hagámoslo nosotros. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Maribel Martínez Ruiz y María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Gracias, diputado presidente. Efectivamente, en nombre de mis compañeras diputadas, quisiera arrancar señalando lo siguiente, lo que estoy convencido. Más importante que conservar el poder, así lo creemos, más importante que ganar una elección o demostrar hegemonía de un proyecto político, está el equilibrio democrático, la garantía de la competencia política y la libertad de las y los ciudadanos para acceder a espacios de decisión y gobierno.
Señalo esto porque creo que los partidos no pueden ponerse de rodillas frente a la divisa del poder por el poder. Creo que los partidos requieren sostenerse de pie pero sobre otra divisa, la que plantea que el poder solo ennoblece si se pone al servicio de la gente, tanto de la gente de hoy como la de mañana.
Por eso siempre será preferible un régimen democrático fuerte, instituciones y leyes justas, y no un marco jurídico que solo responda a una coyuntura partidista o a un resultado electoral cuya naturaleza siempre es volátil y cambiante.
Estoy convencido que la cuarta transformación entonces debe apostar por un régimen democrático justo y no por un régimen a modo. Esta es la voluntad del pueblo y creo que es la voluntad a seguir por las fuerzas progresistas de esta Cámara.
Por estas razones, las diputadas Maribel Martínez, María Teresa Marú Mejía y un servidor, del Partido del Trabajo, estamos presentando una iniciativa de reforma constitucional en materia de financiamiento de los partidos políticos y de acceso a los medios de comunicación social.
Sí, sostenemos que es verdad que los partidos en su mayoría han perdido la confianza de la gente, pero también es verdad que el marco jurídico con el que actúan es insuficiente, cuando no decirlo, que quizás sería más correcto, obsoleto para garantizar su adecuado funcionamiento.
Por ejemplo. Pocos recursos para el fomento de la cultura política, y muchos para frivolidades publicitarias. Pocos recursos para capacitación y apertura de espacios para la participación política de las mujeres, y mucho en cambio para la búsqueda del voto, que debe ser el último eslabón de los intereses partidistas y no el primero.
De ahí que nuestra intención sea que el financiamiento al que tienen acceso los partidos cumpla al menos con tres objetivos:
1. Como dice José Woldenberg, garantizar un nivel de recursos suficientes para que la competencia electoral sea eso, una competencia entre distintas opciones con oportunidades reales de conquistar el poder o espacios de representación parlamentaria, y no un ritual entre ganadores y perdedores.
Lograr esto requiere un reparto de recursos equitativo igualitario que propenda al pluralismo político y no a la concentración excesiva del poder público.
2. Que el financiamiento a los partidos sea el más transparente de la historia. Que los partidos demuestren en su interior lo que prometen hacer si son gobierno o Parlamento. Que primero cumplan en casa lo que deciden aspirar en ciudades, en entidades y aún en el país entero.
Por eso proponemos, por ejemplo, que los partidos políticos no podrán reservar ningún tipo de información acerca del origen y destino de los recursos públicos; y
3. Que el tiempo establecido como derecho de los partidos y en su caso de los candidatos independientes, se distribuya en partes iguales.
Así creemos que esta Cámara de Diputados y, sobre todo la mayoría política de esta Cámara, requiere enviar un mensaje muy claro a la nación: Lo que nosotros queremos no es el poder a perpetuidad, sino la democracia viva. Queremos un país equitativo y con libertades. La expresión de la diversidad en todos los órdenes, la construcción de un régimen para todas y para todos, porque sin duda alguna y en eso creo que todos estamos de acuerdo, viva la diversidad en México. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano reconoce que las llamadas sociedades de información crediticia o buró de crédito, como son conocidas, cumplen con una importante función de apoyo a las instituciones que otorgan créditos a personas físicas y morales.
Si bien es cierto que el buró de crédito contribuye para que instituciones bancarias y empresas cuenten con criterios más objetivos para aprobar o negar créditos, también es verdad que con el tiempo se han convertido en un freno para el otorgamiento de estos.
Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano esto es así, en virtud de que cualquier usuario de crédito que por alguna circunstancia haya mostrado un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, es reportado como no sujeto de crédito, independientemente que haya solventado sus pagos o haya regularizado su situación de los pagos.
El punto es que en este proceso se prolonga demasiado el tiempo que marca la ley para que el buró de crédito retenga la información de los usuarios, por un periodo de 72 meses, en donde se reportan los incumplimientos de pagos, independientemente de que se haya hecho ya la regularización de estos desde mucho tiempo atrás.
Los diputados ciudadanos estamos conscientes de que esta situación va en detrimento de la opción de personas y de empresas para acceder a créditos, que en el caso de personas físicas les impide tener alternativas para contar con capacidad económica para solventar los gastos familiares, y en el caso de las empresas, frena las posibilidades de inversión, esta situación afecta primordialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos recibido denuncias de que se ha generado la proliferación de fraudes que se cometen, ofreciendo servicios para borrar el historial crediticio del buró de crédito.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, así lo acredita. Es por ello que Movimiento Ciudadano plantea como necesario considerar la reducción del plazo de 72 meses, estableciendo un periodo de tiempo menor y, sobre todo, diferenciando entre personas físicas y personas morales, toda vez que obviamente no es lo mismo el monto de crédito que puede tener un individuo al que puede tener una empresa.
Así, la presente iniciativa plantea la necesidad de modificar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a fin de que el buró de crédito libere el historial crediticio de los usuarios, pero diferenciando los plazos para personas físicas y personas morales.
Se propone que se reduzcan los plazos a 12 y 24 meses respectivamente. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Compañeras, compañeros diputados, la iniciativa que someto hoy a consideración de esta asamblea tiene como objetivo reformar el primer párrafo de la fracción IV del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, con base en las siguientes consideraciones.
Entre los varios problemas de salud que afectan a la población derechohabiente de los sistemas de seguridad social que ofrece el Estado mexicano, podemos agregar, sin lugar a dudas, el desabasto de medicamentos cuyos orígenes son diversos.
Ya sea por las limitaciones económicas que enfrenta dicho sistema, donde converge la desatención presupuestal por parte de las autoridades responsables, además del incremento de la población atendida y el mayor número de los padecimientos crónico-degenerativos, el panorama ha adquirido dimensiones que requieren de su atención.
Las modalidades de la sustracción de medicamentos que llevan a cabo distintos actores, entre otras, efectuadas en no pocas ocasiones por el personal adscrito al sistema referido, ha provocado inocultables casos de la falta de medicamentos oportuna en dichos hospitales y en clínicas.
A este problema que afecta la salud de las personas se agrega el daño al erario, causado por actitudes transgresoras de la ley. Ello aunado a la existencia de un mercado negro donde se ofertan muchos de estos medicamentos, conformado también por muestras médicas y medicamentos falsos, demanda de adecuaciones al marco legal vigente.
Se tiene conocimiento que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, siendo superado solo por China, Rusia, Estados Unidos, la India y Brasil, en lo que se refiere a la venta de medicamentos de origen ilegal, afectando a 8 millones de personas. Además del 60 por ciento de los medicamentos ofertados en los distintos canales de comercialización es robado, es falsificado o ha sido elaborado sin observar los protocolos que debieran seguirse para tal efecto.
Entre los medicamentos ofertados se encuentran algunos para tratar padecimientos muy severos, como es el caso de los antirretrovirales, utilizados en el tratamiento del VIH, o los fármacos para contrarrestar casos de cáncer.
De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, tan solo el ilícito de la falsificación de medicamentos y su posterior venta les provee a las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad un monto aproximado a los 11 mil 500 millones de pesos de ganancias anuales.
Por lo que concierne a la sustracción de medicamentos utilizados en hospitales y clínicas del sector salud, no resulta difícil pensar que para que ello ocurra hay una participación decisiva, desafortunadamente, por parte del personal adscrito al sector. Ya sea en la modalidad de personal médico o administrativo.
Sin duda se trata de una minoría, cuantitativamente hablando. No obstante, la suma de conductas irregulares genera un problema de abastecimiento de fármacos, lo cual puede corroborarse en múltiples casos de pacientes que, al verse impedidos de surtir su receta en la instancia correspondiente, se ven en la necesidad de costear la adquisición del medicamento en farmacias del sector privado, con un grave daño patrimonial.
Las actividades sanitarias en el país, así como de la industria farmacéutica, han localizado en el mercado negro la existencia de medicamentos provenientes del sector salud. Lo anterior ha generado un reclamo social que demanda castigar a los responsables, sea cual sea la magnitud de los actos irregulares.
En este contexto, a manera de ejemplo, son ya varios los casos que dan cuenta de la venta de vacunas en establecimientos particulares, como sanatorios y consultorios, mismas que habían sido destinadas inicialmente al sector Salud.
Por lo antes expuesto y buscando dar una respuesta proveniente de nuestra actividad legislativa, es que presento la iniciativa en comento, a fin de sancionar conductas irregulares que originan este problema. Además de producir, tanto el quebrando patrimonial sufrido por el sector Salud, y la afectación económica a los derechohabientes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y de Morena.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: La educación es el medio idóneo a través del cual las personas pueden superar las condiciones de pobreza, marginación, exclusión social en las que se encuentran, toda vez que posibilita el acceso a otros derechos fundamentales para el desarrollo y bienestar.
En este contexto, el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que todos los sectores de la población tengan acceso a la misma en condiciones de igualdad y de no discriminación. La educación por las características con las que cuenta es un derecho humano fundamental, protegido a nivel internacional a través de los acuerdos de tratados internacionales y a nivel nacional por las leyes propias de cada país.
En el caso de México en las últimas décadas se han logrado importantes avances en materia de cobertura educativa en lo que representa a la educación básica, que esta sea impartida de forma universal.
A pesar de lo anterior, es importante mencionar que el sector educativo en nuestro país es uno de los más grandes y complejos del mundo, lo que implica que enfrentemos grandes retos en materia de planeación y regulación tanto de planes de estudio por nivel educativo, como de la infraestructura necesaria para su impartición, por lo que se ve en la necesidad de apoyarse del sector privado para poder ampliar la cobertura de los servicios educativos en el país y ser utilizado por las familias que así lo decidan.
La educación en nuestro país, en concordancia con las leyes mexicanas, puede impartirse de forma gratuita mediante el financiamiento público a través de la prestación de servidores por particulares, con el objetivo de atender las necesidades y demandas de la población.
La educación que se imparte en nuestro país ya sea pública o privada debe apegarse a lo establecido con las leyes aplicables en la materia, así como en lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública.
En lo que respecta a la educación básica y media superior que se imparte por los particulares, es pertinente hacer mención que por su carácter no cuenta con un financiamiento público, por lo que recurre de cobro de cuotas como medio de subsistencia y a través del cual se generan recursos económicos como parte de un negocio privado, lo que aplica que las personas que hacen uso de la prestación de sus servicios tengan que cubrir el pago de diversos conceptos.
En el caso de nuestro país, el único instrumento a través del cual se regulan las cuotas y pagos que deben ser cubiertos por la prestación de servicios educativos, se encuentra el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que presentan los particulares.
A dicho acuerdo se establecen algunos conceptos bajo los cuales las instituciones educativas privadas pueden realizar cobros a los alumnos por diferentes conceptos entre los que destacan la inscripción y la reinscripción.
Debemos señalar que las instituciones de educación privada cumplen con una gran misión que se traduce en la preparación de millones de mexicanos que por diversos motivos no hacen uso de los servicios que ofrecen las instituciones de educación pública, sin embargo es inexcusable que se realicen prácticas comerciales con el cobro de reinscripciones en perjuicio de las familias mexicanas.
La presente iniciativa tiene como objeto fundamental eliminar la posibilidad de aplicar cobros por reinscripción por considerarlo desproporcional. Consideramos que la naturaleza de las cuotas de reinscripción es abusiva para los padres de familia, ya que estos al pagar las cuotas de colegiatura por cada año escolar ya han cubierto el costo de ingreso a las escuelas y estas últimas no deberían de volver a cobrarles dicho concepto.
Asimismo, creemos necesario que las instituciones de educación privada estén obligadas a dar a conocer de forma puntual y pormenorizada los servicios que están contratando, con el objeto que los padres de familia tengan el conocimiento de los pagos que ellos realizan.
Estamos convencidos que con esta iniciativa se protegerán los derechos de las familias mexicanas que hacen uso de los servicios educativos prestados por instituciones privadas, al garantizar que no realizarán pagos injustificados totalmente desproporcionados, por lo que les solicitamos, compañeros diputados, de todo su apoyo. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Recorte de Gasto Corriente de la Federación.
La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Estimadas compañeras y compañeros. El grupo de diputados sin partido hoy venimos con una propuesta de ley con el objetivo de aplicar las economías necesarias en el gobierno abonando con técnica de transparencia e impulsando una política eficiente en el ahorro en el gasto gubernamental.
Desde nuestra visión, el correcto gasto público debe promover una Hacienda responsable, eficaz, eficiente y transparente, que mejore las condiciones de bienestar de los mexicanos, para lograrlo se han creado una diversidad de normas e instituciones que permiten evaluar y monitorear la calidad del presupuesto y del gasto público ejercido, con el fin de que los dineros públicos alcancen para cubrir las necesidades de todos.
Lamentablemente los gastos administrativos han crecido mediante una inercia empujada por la inflación, partiendo de los presupuestos anteriores sin análisis serios y con total falta de control.
Esta situación genera que el servicio público pierda la credibilidad ante la sociedad, ya que se percibe un derroche del dinero público en las actividades gubernamentales.
Por poner algunos ejemplos, en 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que el gasto de la federación excedió durante el ejercicio fiscal los ingresos que efectivamente recibió, lo cual se traduce en un desbalance que podría estar justificado durante ciertas épocas de incertidumbre o recesión económica pero que en definitiva no pueden ser la constante.
Lamentablemente estos desbalances han continuado durante muchos años sin mayores restricciones. Identificamos que el gasto programable ha tenido aumentos anuales de aproximadamente 10.7 por ciento respecto al estimado en el Presupuesto de Egresos.
Debo hacer notar que de este aumento, por lo menos un tercio fue destinado a gastos de operación, lo cual puede significar que el gasto no fue eficiente o su estimación fue incorrecta.
Para el ejercicio fiscal 2017 el gasto para el desarrollo social fue de 2 mil 282 millones 387 mil pesos, lo cual representa casi el 50 por ciento del gasto total que se ejerció durante este año fiscal.
Lamentablemente este gasto no representa un avance en materia de combate a la pobreza, la cual mantiene sus cifras de 7.6 por ciento de personas en pobreza extrema, y de 43.6 personas en pobreza. Estas cifras no permiten pensar que el gasto para el desarrollo social es mucho pero no es suficiente.
Los anteriores ejemplos son una simple muestra de que el gasto público no está cumpliendo el objetivo de beneficiar a los que menos tienen, abonando al desprestigio de las instituciones, la falta de credibilidad al sentimiento de ausencia de representación por parte de los gobernantes.
Ante esta situación proponemos generar nuevas reglas para disminuir el gasto corriente del gobierno federal, impactando principalmente en servicios personales, materiales y suministros y en servicios generales.
El objeto de la presente iniciativa es disminuir el gasto corriente de entre todas las dependencias, entidades y órganos de los poderes de la unión y demás entes públicos federales, procurando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez de la administración.
Derivado de las anteriores consideraciones, es que propongo la presente iniciativa de Ley de Ahorro y Recorte de Gasto Corriente de la Federación, como una propuesta complementaria a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena denominada Ley de Austeridad Republicana.
En esta propuesta identificamos el ahorro por capítulo de gasto. Se armoniza con las leyes vigentes en materia hacendaria, se blindan los derechos laborales de los servidores públicos, se protegen las acciones prioritarias del gobierno y se incluye en acciones preventivas de combate a la corrupción y transparencia. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros de esta honorable asamblea, vengo a presentar esta iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La presente iniciativa es la quinta que presento para el fomento y difusión de la cultura política democrática, y forma parte de un paquete que busca armonizar diversas leyes para construir ciudadanía y consolidar los procesos de participación ciudadana.
Es decir, construir un andamiaje legal fincado en las principales demandas de la sociedad que le permitan la inclusión y participación en los asuntos públicos. En palabras simples, una sociedad es democrática cuando tiene la posibilidad de participar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas y así derrotar la cultura política del viejo régimen autoritario, empobrecedor y entreguista, que dejó a nuestro país derruido por la desigualdad y la violencia.
En los últimos años se ha encasillado a la generación llamada millennial, como una generación apática, egoísta y desinteresada de la política y de los temas públicos, sin embargo, debemos preguntarnos, ¿quiénes han formado a esa generación a la que hoy se le juzga como individualista y poco participativa en los asuntos públicos?
Debemos entender que como servidores públicos y como representantes populares tenemos el compromiso de diseñar y proponer leyes e instituciones que respondan a las necesidades de la sociedad actual y los tiempos que hoy nos está tocando vivir requieren de un marco jurídico e institucional comprometido con aportar en formación de jóvenes para que participen de forma activa en los asuntos públicos.
Para esta nueva mayoría social y política la juventud es un tema prioritario. El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro así lo demuestra, sin embargo, sabemos que no es suficiente dar apoyos económicos para becas de estudio y capacitación para el trabajo, entendemos que la juventud requiere espacios de manifestación, de expresión de ideas y de inquietudes, y por ello estamos convencidos que las leyes y las instituciones deben dar las bases para que la juventud se exprese libremente.
Es necesario construir políticas públicas que tengan como objetivo que las y los jóvenes sean protagonistas de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país. Para ello requerimos de la modificación del marco jurídico que dé pauta para que las instituciones diseñen e implementen las políticas públicas necesarias en materia de jóvenes y participación ciudadana.
Es por ello que propongo lo siguiente. Dar atribuciones al Instituto Mexicano de la Juventud para diseñar, implementar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, una estrategia nacional de difusión, promoción y fomento de la cultura política democrática y construcción de ciudadanía, por medio de cursos, talleres, seminarios, coloquios, conferencias, pláticas en escuelas de nivel primaria, secundaria, medio superior y superior, publicaciones impresas y electrónicas, cápsulas de televisión, radio, redes sociales y cualquier otro medio que sirva para este fin.
Dicha estrategia nacional será una política pública que deberá contar con objetivos, metas, líneas de acción e indicadores, para evaluar sus avances y el impacto que genera en la población objetivo. Por lo anterior, es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Jáuregui Montes de Oca. Túrnese a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Salvador Rosas Quintanilla: Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, el crecimiento económico y las finanzas sanas no deben lograrse a costa del bienestar de la economía familiar ni de la estabilidad financiera de las empresas que son el motor del país. Por eso me presento aquí, con una propuesta de reforma de Ley del Impuesto Sobre la Renta, que traerá consigo un beneficio sustancial a los mexicanos.
Es claro que México necesita tener una recaudación eficiente, por lo que es necesaria una legislación y una política fiscal acorde a las condiciones económicas actuales y en sintonía con las demandas de la población y del sector empresarial.
El caso concreto del impuesto sobre la renta, ISR, que grava directamente las fuentes de riqueza entre las percepciones que considera gravables en su ley, están aquellos ingresos percibidos por personas físicas, por conceptos de dividendos o utilidades, como se observa en el precepto 140 y 164 de la ley. Sin embargo, señala que las personas físicas estarán sujetas de manera adicional a una tasa del 10 por ciento sobre los dividendos o utilidades, distribuidos por las personas morales residentes en el país.
A este respecto existen opiniones diversas, cuando lo correcto o no de este concepto, ya que en contra de la eficiencia y utilidad del impuesto, este concepto resulta inequitativo y quizá ilegítimo, al privilegiar la recaudación acosta del sometimiento de nuestro sector productivo y los ingresos reales de los trabajadores.
Este impuesto cedular adiciona del 10 por ciento complicó el panorama, ya que suma al 10 por ciento del reparto de utilidades, PTU, y el incremento del 28 al 30 por ciento del ISR, genera una carga efectiva que alcanza un 50 por ciento, misma a que a todas luces es excesiva, abusiva y lesiona el bolsillo de los pagadores de impuestos.
Es así que surge la necesidad de realizar una modificación a la legislación vigente y replantear las políticas fiscales que soportan dicho impuesto, no solo con la intención de una recaudación eficiente, sino que además incentive el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una manera convencida de su utilidad, sin someter al sector productivo.
Por lo antes expuesto es que pido su apoyo para este proyecto, para que su dictamen sea positivo y posteriormente en este pleno lo aprobemos, por eso les propongo que en beneficio de las personas disminuyamos esa carga excesiva del ISR al eliminar ese pago por concepto de una tasa adicional del 10 por ciento sobre los dividendos de utilidades distribuidos por personas morales. Es cuanto, señora presidente, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rosas Quintanilla. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 24 y 26 de la Ley del Mercado de Valores.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Muchas gracias, compañera diputada, en funciones de presidente. Hace muchos años tuve la oportunidad de presidir el Instituto Estatal de las Mujeres en mi tierra, en Tabasco, en donde a petición del entonces gobernador, me tocó crear desde cero el primer banco para mujeres.
La idea en su momento sonaba descabellada, no les voy a decir los años, pero ya tiene un montón de años, pero al final resultó ser un gran éxito e incluso después fue replicado a nivel nacional y hoy hay muchísimos esfuerzos similares en varias entidades federativas e incluso en el gobierno federal.
Porque sé el poder que tienen las herramientas económicas de primera mano es que hoy estoy aquí apoyando el trabajo de muchas otras compañeras diputadas que han subido a esta misma tribuna para abogar por una verdadera equidad de género y compartirles esta iniciativa que tiene que ver con la igualdad, pero sobre todo, con la inclusión económica que tanto necesita nuestro país, especialmente para alcanzar posiciones estratégicas para las mujeres en consejos de administración y en la alta dirección de las empresas nacionales.
Nuestro país ha logrado grandes avances en torno a la igualdad de género, según el informe sobre la brecha de género elaborado por el World Economic Forum, México ocupa el lugar 50 de 149 países. Hemos avanzado más de 30 escalones en solo un año. Sin embargo, cuando se trata de participación económica y oportunidades en la fuerza laboral caemos a los lugares 122 y 124 respectivamente. Estos son los últimos lugares en el ranking internacional, incluso por debajo de países como Angola, Guatemala y la República Democrática del Congo.
Está comprobado por distintos estudios realizados por la OCDE que el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo tiende a producir un crecimiento económico más acelerado y más sostenido.
Y hablando específicamente de mujeres en funciones directivas, diversos análisis han demostrado que la participación femenina en los consejos de administración trae un retorno al capital de 44 por ciento mayor que aquellas empresas que solamente están compuestas por varones. O utilidades mayores de 47 por ciento.
Estos indicadores se extrajeron con datos de las 300 compañías más grandes de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Argentina.
La inclusión de las mujeres en la vida económica del país debe ser una de las tareas prioritarias en la agenda empresarial, pero sobre todo en nuestra agenda política y social.
Por eso me encuentro hoy en esta tribuna, porque sé que estoy representando el trabajo de muchas otras mujeres legisladoras que ya abrieron brecha en este tema, como la legisladora Cristina Díaz o Diva Gastélum o de organizaciones como el Colegio Nacional de Economistas, Dalian Empower Group, el Global Summit of Women, Women on Boards, y muchas otras organizaciones que también han alzado su voz.
Justamente, hoy en el Senado tuvimos un foro en donde pudimos escuchar a muchas de estas organizaciones.
Es momento de que las principales empresas de nuestro país cuenten con comités de diversidad para que, tal como lo establece esta iniciativa que presento, en un plazo de 6 años se logre alcanzar la representación del 30 por ciento de mujeres en los consejos de administración de las empresas nacionales. Algo sumamente importante, especialmente porque en México solo 7.4 por ciento de dichos consejos cuentan con la participación de mujeres, son de los niveles más bajos de toda América latina.
Y con las modificaciones que propongo a la Ley del Mercado de Valores en sus artículos 19, 24 y 26, podremos asegurar espacios en la toma de decisión para mujeres en el más alto nivel de las empresas que cotizan en la bolsa.
También se abriría paso a una nueva cultura de transparencia, razón por la que contemplé que fuera una obligación de ley que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano regulador en la materia, revele la integración por género de los consejos de administración, así como todos los mandos directivos de las empresas. Y no únicamente como parte de la circular única de emisoras, que ya fue emitida en 2017 y que en el último informe aún no da cuenta de esta obligación.
Compañeras y compañeros legisladores, es contradictorio que, a pesar de que las mujeres representemos más del 50 por ciento de la población, aún no existan las condiciones necesarias que nos permitan acceder a una vida igualitaria. Es hora de que también en la vida económica de nuestro país se abran estas oportunidades.
Hoy, después de años de lucha, somos muchas más las mujeres con la capacidad, experiencia y liderazgo necesario listas para participar en las decisiones corporativas y listas para hacer de México un país con más bienestar social, menos desigualdad y más crecimiento económico. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Munguía. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rubén Terán Águila: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, pregunto: ¿quién de ustedes se quiere reelegir? ¿Cuántas veces, compañeras y compañeros diputados, aspiran a reelegirse? Ante tanta reelección ponemos en riesgo a la República democrática de México. La anterior reforma del artículo 59 de nuestra Carta Magna, conlleva a la culminación de las reformas del periodo neoliberal. Admitir tres veces de manera consecutiva la reelección de diputados, ocasiona en gran media una reducción de oportunidades para otras personas que al igual que ustedes pueden representar a su pueblo de manera digna.
La reelección legislativa puede conllevar a muchas tentaciones, abuso de poder, pero también poder económico, y por si esto fuera poco, la reelección legislativa tan abundante que tiene hoy estipulada esta Carta Magna, impide la renovación de las llamadas clases políticas.
Recordemos, compañeros, que ningún ciudadano se debe imponer y perpetuar en el poder, pero tampoco en el ejercicio de su representación. Creo de manera firme en la profesionalización legislativa, pero no creo en su exceso.
El propósito fundamental de esta iniciativa no es impedir la reelección, pero sí evitar a legisladores eternos y los hay en todos los partidos. Bien decía El Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, que la patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el gobierno.
Hoy, compañeros diputados, tenemos esa posibilidad de poder hacerlo y de manera actual en el artículo 3o. se establece que la democracia no solamente es la democracia concebida como una estructura política o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural.
Esta iniciativa es de vital relevancia, compañeras y compañeros. Esta iniciativa pretender reducir a un solo momento la forma en que nosotros podemos reelegirnos sólo una vez, no tres veces como lo establece la actual Constitución.
Sin lugar a dudas aspiramos que muchos mexicanos lleguen a esta Cámara, que dignifiquen al Parlamento mexicano, que traigan la talla de Altamirano, de Ramírez, el Nigromante; de Francisco Zarco, o bien, a parlamentarios como José Mujica, como Luis Manuel Rojas o como Heriberto Jara.
Nosotros tenemos que darles esa oportunidad y no hacernos eternos en esta Cámara de diputados. Una reelección, no más. No abusos en ningún sentido, compañeras y compañeros diputados.
Esta Cámara legislativa debe darle al pueblo de México una nueva Constitución cuyos principios sean el reflejo de los diputados que hoy estamos aquí, que a la manera de un Constituyente, hoy, en el siglo XXI, nosotros tenemos que darle un nuevo mecanismo y un nuevo rumbo a este país.
No pido de manera radical, a la manera de Ignacio Madero la no reelección. Pido, compañeras y compañeros diputados, al tiempo del siglo XXI y de manera republicana la reelección responsable.
Esta Cámara legislativa, esta Legislatura hará historia, no tengo dudas. Y esta propuesta que pongo a consideración, seguro estoy, marcará un parteaguas en el Parlamento mexicano. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Terán Águila. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Con su venia, diputada presidenta. Las y los niños mexicanos deben ser un tema prioritario en la presente Legislatura, y la garantía de crecimiento pleno es una obligación que como legisladores no debemos olvidar.
Por eso me gustan los días como hoy. Los días en donde en reiteradas ocasiones, aquí, en tribuna, se ha hablado de temas para niñas y niños.
Y bueno, con la gran apertura de información que contamos en la actualidad a través de los medios de comunicación, tenemos frente a nosotros un gran reto, ese reto es la sexualización infantil.
Lo anterior está generando una apertura a la sexualidad precoz para nuestras niñas, niños y adolescentes.
La sexualización infantil es un proceso donde el desarrollo de la sexualidad de los niños se ve acelerado y modelado prematuramente en estereotipos típicos de una edad adulta, y que son resultado de la publicidad y marketing inapropiados.
Como lo he comentado, y desafortunadamente el principal potencializador de riesgo para nuestros niños han sido los medios de comunicación, ya que a nuestras niñas y niños se les invita a realizar actividades de un adulto, como la vestimenta más atrevida, maquillaje, poca ropa, entre otras cosas.
Con lo anterior estamos contribuyendo a que la maravillosa etapa de inocencia desaparezca, presionando a nuestras niñas y nuestros niños a desertar sus ojos a un mundo adulto, especialmente en temas relacionados con su sexualidad.
Dentro de los trabajos legislativos que hemos realizado en esta materia, tuve la oportunidad de realizar el foro ¿Y tú sabes qué es la sexualización infantil? Este foro se realizó aquí en la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero de este año donde las consecuencias facilitadas por doctoras, maestras y psicólogas especializadas en la materia de una niña o niño sexualizado nos exponen lo siguiente: la insatisfacción con su propio cuerpo.
Niñas de entre siete y 11 años se quieren cambiar algún aspecto de su cuerpo, idealización de un cuerpo esbelto. Burlas, trastorno depresivo mayor, trastornos alimenticios, del 7 por ciento de niñas de 10 años que ya se encuentran en un rango de anorexia.
Alteraciones sexualizadas, sexuales visualizados, en inicio precoz de la vida sexual, prácticas sexuales de riesgo, lo que aumenta las posibilidades de embarazo infantil y adolescente, y aun peor aumenta el caso de abuso sexual.
Permitir este tipo de conductas daña lo más preciado en nuestras niñas, niños y adolescentes, esto es sus emociones, en donde si llega un trastorno mayor de lo antes mencionado, se le puede llevar a una niña o a un niño hasta el suicidio.
Contar con una sociedad sexualizada será el detonante para aceptar vivir con violencia, desvalorizados y por qué no, estaríamos en la antesala de aceptar ser el primer país con las mamás más jóvenes de todo el mundo.
Cualquier daño físico, mental, psicológico y emocional que bloquee de manera temporal o permanente el desarrollo integral de nuestras niños, niños y adolescentes, debe ser sancionado, sin embargo, es más valioso y menos costoso generar prevenciones.
Por lo anterior expuesto, presento esta iniciativa reformar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar los mecanismos y las herramientas necesarias para un adecuado desarrollo social.
Compañeras y compañeros diputados, les hago un llamado como legisladora, pero sobre todo, como madre de un niño de siete años para que podamos cambiar aquellos actos para los cuales no existe una reparación de daño.
Las niñas, los niños y los adolescentes de México merecen ser protegidos por las leyes mexicanas, y sobre todo, vivir plenamente cada una de las etapas de su vida. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputada Murillo Chávez. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla: Con su venia, diputada presidente. Amablemente le solicito que el texto de la iniciativa que ahora presento sustituya al publicado en la Gaceta Parlamentaria, en virtud de haber realizado cambios al proyecto de decreto.
Con la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II; 72 y demás relativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará a los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
En 1884 se realizó la Conferencia Internacional de Meridianos, con sede en la Ciudad de Washington, DC. El evento tuvo la finalidad de establecer un sistema de husos horarios coherente entre las 25 naciones asistentes. Se consideró propicio adoptar un sistema único de medición de tiempo basado en un solo meridiano para reemplazar los numerosos sistemas individuales existentes.
Cabe señalar que nuestro país adoptó la orientación de Conferencia Internacional de Meridianos a partir de 1931, y hasta 1989 se aplicó el concepto de horarios estacionales en diversas regiones del territorio nacional. Es a partir del decreto presidencial de 1996 cuando que se establece el sistema de horarios estacionales denominado horario de verano con alcance para todo el territorio nacional, con una duración de siete meses, del primer domingo de abril al último domingo de octubre.
Después de los primeros años de aplicado el horario de verano, el 29 de diciembre de 2001, fue promulgada la Ley de Sistemas de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el sistema normal de horarios que regirá en todo el territorio nacional, así como la forma en que dicho sistema normal de horarios podría ser modificado.
En nuestro país el horario de verano fue concebido e implementado específicamente como una alternativa para el ahorro de energía, considerando además que por priorizar las actividades en las horas de mayor disponibilidad de luz solar se verían beneficiados la economía a través de los negocios, el comercio y la productividad, sin embargo, los resultados observados a la fecha en cada uno de los supuestos beneficios, resultan discutibles.
El ahorro de energía derivado de la aplicación del horario de verano en el territorio nacional fue sustentado principalmente en el ahorro diario derivado de una hora más de iluminación artificial y la disminución en el consumo de energía. La realidad es que para los usuarios del servicio eléctrico en el país tal ahorro de energía, si es que existe, no se ve reflejado en la facturación del servicio.
La situación es que después de un periodo de 23 años de aplicarse los husos horarios estacionales en el país, existe el consenso general de dejar de aplicar el horario de verano. Con el horario de verano se ahorra energía durante las noches, pero también se gasta durante las mañanas en las horas de oscuridad previas al amanecer y en la tarde, dado que en las regiones cálidas de México las personas regresan una hora de luz más temprano a sus hogares. El clima cálido hace necesario el uso del aire acondicionado, aumentando el consumo de la energía.
Por las mismas razones aquí citadas, la tendencia desaprobatoria en el mundo hacia el horario de verano va en aumento y el mejor ejemplo de ellos es Europa. Existen factores negativos sobre la salud, con consecuencias sobre la productividad y la seguridad de las personas. Se sufre somnolencia, cansancio, dificultad para realizar tareas mentales y físicas, cambios de ánimo, irritabilidad, falta de atención, memoria, concentración, trastornos digestivos y de otros órganos y sistemas.
Los periodos óptimos de sueño circadianos no sincronizan con los horarios de sueño reales, el cambio de luz de la mañana a la noche es lo que aumenta este retraso, la luz no produce el mismo efecto durante la mañana que durante la tarde, la luz por la mañana activa el ritmo, pero la luz durante la tarde lo demora.
Expuesto y fundamentado lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará a los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2017.
Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2020.
Segundo. Las dependencias de los Ejecutivos federal y estatales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias tomarán las medidas necesarias, a efecto de difundir con la anticipación debida el presente decreto para el conocimiento de la población.
Solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates el texto de la presente iniciativa. Por la generosidad de su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ayala Bobadilla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Energía, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, presidenta. Diputadas y diputados, presento una propuesta de modificación, tanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios como a la de Obras Públicas.
El objetivo de esta iniciativa es eliminar las deficiencias de estas leyes, que permiten la proliferación de redes de corrupción, que facilita a los funcionarios abusar de las excepciones y eludir su responsabilidad.
En México se ha abusado y distorsionado el servicio público para encubrir actos de corrupción de manera inaceptable e inmoral. Las lagunas e imprecisiones de las leyes han servido para eludir el mandato constitucional.
El artículo 104 de la Carta Magna, en su párrafo cuarto, establece con claridad cómo deben cuidarse los recursos públicos, para que los funcionarios los utilicen de manera honrada, eficaz y transparente.
El mandato constitucional señala que las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias públicas.
Esa regla general tiene una excepción en el siguiente párrafo, donde se precisa que cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado, así queda claro que el texto constitucional mandata realizar licitaciones y solamente como excepción permite otros procedimientos.
En consecuencia, tanto la Ley de Obras como la Ley de Adquisiciones permiten que estas se realicen no solo por licitación, sino también permite la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa, el problema radica en que desde 2012 la Auditoría Superior de la Federación ha señalado el incumplimiento de este diseño constitucional y observado el desvío de recursos a través de empresas fantasmas o contratistas que realizan simulaciones, como es el caso mediáticamente conocido como la estafa maestra.
La anomalía consiste en que diversas entidades de la administración pública, por ejemplo, Sedesol o Sedatu evitaron la realización de licitación, firmando contratos con otras entidades, por ejemplo, algunas universidades públicas, pero al no existir suficientes controles y obligaciones se han presentado casos de corrupción que han ofendido gravemente al pueblo.
El hecho es que desde hace siete años el ente especializado en fiscalizar los recursos señaló e informó al Poder Legislativo y a la opinión pública de este esquema de opacidad y discrecionalidad, pero durante ese tiempo las lagunas legales se han mantenido, la omisión ha estado en manos de los legisladores y fue la anterior mayoría la que impidió realizar los cambios que la experiencia exigía, actuando como cómplices parlamentarios de los abusos. Ahora nos corresponde a nosotros lograr un cambio para que las malas prácticas y los abusos ya no se repitan.
Así, les propongo hacer nuestras las observaciones de la Auditoría Superior para establecer que, si en una dependencia se pretende contratar a otra, esto solo sea posible cumpliendo un conjunto de salvaguardas y requisitos, entre los que destaca que sean justamente los titulares quienes firmen los contratos respectivos, para que después no puedan argumentar que ellos no tuvieron conocimiento ni participación, como es el caso de Rosario Robles.
Además, será indispensable verificar que la entidad contratada cuenta con la capacidad material y humana para cumplir el contrato, para cancelar las prácticas abusivas de subcontratar a terceros.
También será empatar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, en caso de incumplimiento.
Compañeras y compañeros, es el momento de recuperar lo propuesto, discutido durante años. Con la nueva composición del Congreso no deben mantenerse las mismas reglas del servicio público que han cobijado la corrupción.
Les propongo que esta iniciativa, que recupera los planteamientos progresistas de la legislatura pasada y que coincide con la minuta enviada por el Senado, sea analizada y enriquecida para votarle en este mismo periodo de sesiones.
Si en el pasado reciente no hubo condiciones para lograr un cambio, ahora no hay excusa ni justificación válida. Hoy hay que ir al fondo. Si la ley tiene deficiencias, entonces es urgente que nosotros cumplamos con nuestro trabajo para que esas prácticas no se repitan nunca más.
Nunca más un caso como el de Rosario Robles, basta de simulaciones y basta de corrupción. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Antonio Altamirano. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. y deroga la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Carmen Patricia Palma Olvera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, presento ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. y se deroga la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
Esta iniciativa pretende que el estado de Quintana Roo se incorpore al huso horario de la zona centro o de los 90 grados, también conocido como tiempo universal coordinado, UTC 6, por sus siglas en inglés, en el que se encuentran otros 25 estados de la República, con excepción de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
El Sistema de Husos Horarios toma como referencia un punto común mediante el cual se contabilizan las 24 horas de un día, tanto en dirección este, como oeste. Dicho punto medio es lo que se denominó como meridiano de Greenwich o meridiano cero.
El horario del estado de Quintana Roo se encuentra adelantado en una hora con diferencia al centro del país. Esta medida, adoptada por el gobierno federal anterior, vulnera los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes y de todos los involucrados en el quehacer educativo, violando el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los menores se encuentran expuestos a toda clase de peligros al tener que acudir a sus centros educativos cuando todavía no amanece.
En 2018, en el estado de Quintana Roo se suscitaron 8 violaciones a niñas y niños que caminaban solos rumbo a la escuela cuando aún no amanecía. La realidad es que hoy en día la calidad de vida de los quintanarroenses se ve afectada, ya que inician actividades con una iluminación insuficiente, alternado su reloj biológico, forzando su metabolismo, poniéndolos en situación de vulnerabilidad al transitar por lugar que, por el solo hecho de encontrarse a oscuras, se tornan inseguros. Lo que incrementa la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia u otras eventualidades que pueden atentar contra su persona.
Toda alteración respecto a la medición del tiempo y su asignación en un horario diferente al natural genera consecuencias negativas, que impactan en la salud y en el aprovechamiento escolar. Asimismo, no existe investigación científica que demuestre que el ciudadano común se beneficie económicamente ante un cambio de horario.
La Asociación Americana de Psicología publicó diversos estudios, en los que señala que los cambios de fase de tiempo que se realizan para alinear mejor la actividad de vigilia con los periodos de luz diurna tienen efectos secundarios, tanto en trabajadores, como en la población infantil, aumentando hasta en 5.7 por ciento los accidentes laborales y disminuyendo el rendimiento escolar.
Quintana Roo es el principal pueblo turístico de México, los quintanarroenses nos sentimos orgullosos de que Cancún sea un distintivo y referente mundial en materia turística, de que nuestra gente dedicada al sector turismo se encuentra en un rango competitivo a nivel mundial, por lo que la modificación del uso horario ha sido un tema controversial, en virtud de que se han afirmado que modificar el horario coadyuve al crecimiento económico y a mejorar la captación turística mediante la extensión productiva de los días.
Sn embargo, esto representa una justificación insuficiente si comparamos las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo de 2014 a 2015 en el que se destaca que este criterio solo evidencia inconsistencias porque la captación anual de divisas que ingresaron al gobierno federal disminuyeron en 2.5.
Quintana Roo no solamente es Cancún y sus playas, es un estado con 10 municipios más que demandan atención. Es preocupante que con la aplicación del horario actual se registre mayor consumo de energía y mayores costos.
Concluyo destacando que Felipe Carrillo Puerto, es el único de los 2 mil 458 municipios de México que ha resistido la imposición de un horario que no ha demostrado favorecer al ahorro de energía, que tampoco se refleja en el bolsillo del quintanarroense de a pie.
En este municipio la resistencia del pueblo maya sigue vigente a través de la voluntad popular. En Felipe Carrillo Puerto, se respeta la hora del gallo, la hora rebelde, la hora natural, la hora de Dios. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Palma Olvera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Energía, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Tres compañeros y compañera han solicitado a hacer uso de la palabra, antes de finalizar esta sesión. Esta Presidencia se las otorgará, desde su curul y por un minuto flexible –no en exceso, pero flexible–, con objeto de que desahoguen sus inquietudes. Tiene el uso de la palabra –desde la curul he señalado– el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sonido por favor a la curul del diputado Hernández. Adelante, diputado.
El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Amigas, amigos, legisladoras, legisladores. El campo siempre nos hermana a todos. Hoy, los productores de maíz en México no sienten el apoyo del gobierno federal. Quien no apoya al desarrollo del campo, no apoya al desarrollo de México.
El día de hoy en Sinaloa se han desarrollado manifestaciones de grave preocupación del abandono y de la falta de compromiso, sensibilidad y de falta de conocer la realidad por la que pasan los productores de maíz en Sinaloa y en todo el país. No es un tema local. El tema del maíz va más allá en el país de lo económico. Es un tema cultural en la mesa de los mexicanos.
Sin duda que la desaparición de programas, la disminución del presupuesto para el campo, la falta de conocimiento y sobre todo también la falta de cumplir con la palabra que en enero de este año en la presentación del programa de los precios de garantía se les prometió a todos los productores de maíz, en ningún momento se identificó una cantidad de hectáreas o de toneladas de producción por hectárea, y hoy les están generando, después de haberles prometido 5 mil 610 pesos que se les garantizaba de parte del gobierno federal por tonelada a los productores de maíz, hoy no...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo ya se ha agotado. Concluya por favor.
El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (desde la curul): ... tienen certidumbre los productores de maíz. El tema en Sinaloa, para nosotros en la Confederación Nacional Campesina, es comenzar con ellos en una lucha para que les cumpla el gobierno federal lo que les prometió el señor presidente en enero al presentar precios de garantía. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hernández Deras. Tiene el uso de la palabra desde su curul el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (desde la curul): Con su permiso, diputada presidenta. Allende, Coahuila sufrió la tragedia en el 2011 de 300 desaparecidos, conocida esta tragedia a nivel mundial. Allende, Coahuila hoy nuevamente es abandonado por el gobierno federal.
Hoy tenemos al alcalde de este municipio en huelga de hambre, ante una petición legítima de que se reconsidere incluir a este municipio y a Morelos y a Zaragoza y Villa Unión, dentro de la franja fronteriza y los incentivos que se generaron para estos municipios que están conurbados con la zona fronteriza, y ante una cerrazón nuevamente, Allende, Coahuila es abandonado por la federación.
Hacemos el llamado a este Congreso a que se solidarice con el municipio de Allende que hoy tiene a su alcalde en huelga de hambre. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Rivera. Tiene el uso de la palabra, desde su curul, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (desde la curul): Gracias, diputada presidenta, con su venia. Compañeros legisladores, me permito en este acto comentar que desde 1997 el volcán Popocatépetl ha presentado una gran actividad volcánica, desde expulsión de vapor de agua, hasta material incandescente.
El episodio que vivimos el 18 de marzo pasado, nos hace hacer una reflexión y creo que hemos dejado de prestar la debida atención a los planes de acción ante una posible emergencia por una erupción volcánica.
Y es nuestra obligación sumar fuerzas para velar por la seguridad de los casi más de 26 millones de personas que se encuentran a menos de 100 kilómetros de la cercanía al cráter, y es que se verían afectadas por un fenómeno de este tipo, y es por eso que uso esta tribuna para hacer un llamado a que sumemos esfuerzos para señalizar de forma óptica las rutas de escape, darles el adecuado mantenimiento y reconstrucción, así como diseñar un plan de comunicación eficiente.
Estas medidas nos ayudarán a actuar de una forma más ordenada y responsable ante cualquier contingencia. Debemos de recordar que prevenir es vivir. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputado Ambrocio Gachuz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (18:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, martes 9 de abril, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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