Intervención en lengua originaria de la ciudadana Alicia Gregorio Velasco
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Posicionamientos
Nayeli Arlen Fernández Cruz, Morena
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Jacobo David Cheja Alfaro, PMC
Luis Enrique Martínez Ventura, PT
María del Rosario Guzmán Avilés, PAN
Marco Antonio Medina Pérez, Morena
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, fundamentación
Posicionamientos
Leticia Mariana Gómez Ordaz, PVEM
José Guadalupe Aguilera Rojas, PRD
Juan Martín Espinoza Cárdenas, PMC
Edith Marisol Mercado Torres, Morena
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, PVEM
Frida Alejandra Esparza Márquez, PRD
Francisco Javier Huacus Esquivel, PT
Jorge Eugenio Russo Salido, PMC
María del Carmen Cabrera Lagunas, PES
Ediltrudis Rodríguez Arellano, Morena
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas, fundamentación
Posicionamientos
Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM
Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
María Roselia Jiménez Pérez, PT
Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, PES
Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Varios grupos parlamentarios nos han hecho saber que están terminando sus reuniones. Tendremos un momento de cortesía parlamentaria.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:31 horas): Compañeros, no se rechifla en los recintos parlamentarios. Hay una investidura que respetar. Hay el mensaje de varios grupos parlamentarios que piden se les espere un poco y se los concedimos como cortesía parlamentaria, que ya terminó a las 11:30. Se abre la sesión con 334 registrados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Alicia Gregorio Velasco, hablante de la lengua chinanteca en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hasta por cinco minutos.
La ciudadana Alicia Gregorio Velasco: (Habla en lengua originaria) Buenos días. Mi nombre es Alicia Gregorio Velasco, nací en San Antonio Analco, una pequeña comunidad ubicada en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Las clases que recibí en educación primaria se impartían en he hmen, mejor conocido como chinanteco, sin embargo, al cambio de profesor en cuarto grado fue necesario leer y escribir en español porque los libros de texto solo estaban escritos en ese idioma.
Las clases se tornaron muy complicadas, nadie quería hablar el español, incluyéndome a mí. Definitivamente no me gustaba y no lo consideraba necesario, ya que en ese tiempo decía que nunca iba a salir de la comunidad y que siempre me iba a quedar para casarme y tener hijos. No quise aprender a hablar español.
Cuando terminé la primaria, mi padre quería que continuara con mis estudios, que fuera a estudiar al municipio de Usila, pero para ello tendría que aprender a hablar otra variante del chinanteco. No quise hacerlo, así que le propuse ir mejor a estudiar a la Ciudad de México y aprende el español.
Mi padre no estaba de acuerdo de que fuera tan lejos, la única persona que me apoyó fue mi mamá. Cuando llegué a la ciudad no sabía absolutamente nada de español, solo sabía responder “sí y no”. En consecuencia, cuando ingresé a la secundaria fui la burla de muchos de mis compañeros porque no sabía expresarme en español, y también tuve muchas dificultades porque el contenido de los textos era en español.
Desde mi experiencia en la educación, me planteo varias preguntas y se las dejo para su reflexión: ¿Qué está haciendo el Estado para que la política educativa dirigida a la población indígena tenga una verdadera educación intercultural? ¿Qué estamos haciendo para poder ofrecer una educación intercultural en nuestro país? ¿Es posible cimentar una educación intercultural en nuestro país? ¿Qué entendemos por educación intercultural?
Hablaré desde mi postura de hablante de la lengua he hmen/chinanteco y de profesional de la educación. A lo largo de mi historia he participado en el ámbito educativo y considero es necesario que los profesionales de la educación tengan una formación en el conocimiento de la diversidad lingüística para garantizar la reflexión sobre la lectura, la escritura y la comprensión de textos en lenguas indígenas.
Una educación que atienda a los hablantes bilingües, nos brinda elementos para desenvolvernos académicamente en nuestra lengua. Podremos realizar las adecuaciones de acuerdo a las necesidades y contextos de las propias comunidades. Porque la lengua es parte fundamental de nuestra identidad, porque en ella guarda la forma de cómo percibimos el mundo y a través de ella mantenemos viva nuestra cultura y tradiciones.
Si sembramos una buena base en la formación de los hablantes bilingües, sabrán cómo realizar adecuaciones acorde a las necesidades que requieren las comunidades que son pertinentes a su lengua y cultura.
Con esto, se abre una discusión para las futuras generaciones de hablantes y no hablantes de lenguas indígenas, estudiosos, académicos y a la población en general, para crear conciencia de la situación en la que se encuentran nuestras lenguas, para generar propuestas conjuntas y aprender de la diversidad cultural y lingüística que permita cultivar la educación intercultural para todos, tanto en el discurso político como en las prácticas sociales y reales en nuestro país. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agradecemos la presencia de Alicia Gregorio Velasco y la invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando lo desee.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continuamos. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta...
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, ya la vi, compañera, no es a señas, estamos en un salón de sesiones, la estoy viendo. Por favor, compañera. Compañera, dígame.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Antes de que se apruebe el orden del día, a mí me gustaría hacer un exhorto, respetuoso, tanto a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, para que reconsideren enlistar un dictamen muy importante que estaba ya en el orden del día del día 19 de febrero y que tiene que ver con una reforma a la Ley del ISSSTE y a la Ley Federal del Trabajo.
El tema son licencias para padres de familia con niños con cáncer, es un tema muy sensible y que a todos los que hemos tenido pérdidas con personas que han fallecido de cáncer, pues tenemos la sensibilidad y sabemos lo difícil que resulta para las familias.
Estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de niños y de padres de familia que tienen que estar con ellos en estos momentos pues tan complicados del tratamiento, pues todo el tratamiento del cáncer.
Es obligatorio, de acuerdo a los hospitales, que un padre de familia, el padre o la madre se encuentre con el menor de edad cuando recibe el tratamiento. Muchos padres de familia han perdido su empleo por estar acompañando a sus hijos.
El tema fue aprobado en el Senado por unanimidad, fue aprobado en comisiones, tanto en la de Seguridad Social como en la de Presupuesto y solamente está en manos de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.
Yo hago un exhorto para que se pueda enlistar antes de que concluya este periodo ordinario.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Claro.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): No le demos la espalda a los niños con cáncer...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se aprobó y ya lo hablamos, está en un transitorio la consulta.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Entiendo que está por aprobarse, simplemente pido que se pueda enlistar en próximas sesiones.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Claro, no tenga usted, es otro nuevo.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Muchas gracias por su sensibilidad, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, compañera, procederemos a esa noble causa. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura y le pregunto a la compañera que ha levantado la mano, ¿con qué objeto?
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitar de forma muy respetuosa, intervenir en la parte de que se atienda al médico residente. A estas manifestaciones públicas que están haciendo nuestros médicos y que se les atienda el tema de que no les han pagado su sueldo. Y también, que tenemos iniciativas presentadas el grupo de Acción Nacional para jornadas médicas dignas.
Que le entremos a ver el tema de estos médicos, que es la nueva esclavitud moderna y pongamos fin, de una vez a este maltrato que no merecen estos profesionales de la medicina y de la salud. Gracias, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, ¿está usted enterada de la naturaleza del caso? Parece que no. ¿Está usted enterada de la naturaleza del caso? ¿Son residentes de dónde?
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (desde la curul): Son médicos residentes que están trabajando en el Hospital General, que no se les ha renovado su beca, que están pidiendo se pague ese, entre comillas, salario. Y que también tuve que retirar mi iniciativa de jornadas médicas dignas, que se refiere a la jornada laboral de estos médicos residentes de pregrado y servicio social, precisamente porque la Comisión de Salud la iba a desechar porque se había pasado de tiempo.
Es inaudito que esté pasando esto aquí, en nuestro Palacio Legislativo, en nuestra Cámara de Diputados. Son temas muy sensibles, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Claro que son sensibles, nadie dice lo contrario. Para eso hay una Comisión de Parlamento Abierto. Que por favor se entreviste con ellos para tener la información y poder actuar. Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría dar lectura al oficio de la Mesa Directiva, relativo a modificaciones de turno.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de los siguientes asuntos:
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, el 3 de abril de 2019.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de pensiones alimenticias, presentada por la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 2 de abril de 2019.
Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento, se modifican los turnos de las iniciativas mencionadas. Continúe.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Se recibieron oficios de los diputados Arturo Escobar y Vega, Rosa María Bayardo Cabrera y Olga Patricia Sosa Ruiz, por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposición que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tienen por retiradas.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: La Cámara de Senadores remite oficio con el que en cumplimiento del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos del consentimiento respectivo, informa que de la semana comprendida del lunes 15 al viernes 19 de abril del año en curso, suspenderá sus sesiones ordinarias por más de tres días.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de otorgarse el consentimiento constitucional.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta si es de otorgarse el consentimiento constitucional correspondiente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se otorga. Comuníquese. Continúe.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de diversas dependencias 28 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnense a las comisiones correspondientes y al promovente.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría dar cuenta con la solicitud de licencia del diputado Jorge Emilio González Martínez.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Jorge Emilio González Martínez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada. Comuníquese.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Tiene la palabra por diez minutos la diputada María del Pilar Ortega Martínez, para fundamentar el dictamen.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre de la Comisión de Justicia vengo a presentar el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
El grave problema de inseguridad que enfrenta el Estado mexicano desde hace algunos años como consecuencia del combate a la delincuencia organizada, ha provocado que algunos delitos distintos a los cometidos en contra de la salud crezcan de manera silenciosa bajo el manto de la impunidad, del cual gozan varias organizaciones en este rubro.
En fechas recientes, uno de esos problemas que se ha visibilizado con mayor amplitud es el fenómeno delictivo del robo de hidrocarburos, o delitos cometidos en relación a esta circunstancia.
Un problema que afecta directamente a las finanzas del Estado mexicano que ha creado un mercado paralelo al que está legalmente establecido y que inclusive se ha enraizado en la cultura popular de nuestro país, al grado de que palabras como huachicol o huachicolero ya son parte de la conversación cotidiana de las y los mexicanos, y un tema permanente en la agenda pública nacional.
Más allá de las estimaciones económicas acerca de las pérdidas que representa la comisión de este ilícito que afecta principalmente a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, el delito de robo de hidrocarburos hoy tiene efectos distintos a este, y funestos también, porque hemos visto cómo se ha venido incrementando de manera exponencial la violencia en nuestro país a raíz de la comisión de este delito.
El problema de robo de hidrocarburos no es nuevo, pero ha crecido de manera exponencial. De acuerdo con estimaciones de la propia empresa productiva Pemex, durante los últimos 10 años el robo de combustibles creció en 868 por ciento.
Para poner en perspectiva este dato, hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente se detectan 20. Entre 2013 y 2017 se detectaron 28 mil 76 tomas clandestinas en todo el país, en contraste con las encontradas en 2018 que ascendieron a 12 mil 581 tomas clandestinas. Tan solo las tomas encontradas en 2018 representan poco más del 40 por ciento de las tomas reportadas en 4 años.
Como en todos los mercados ilegales, el robo de hidrocarburos ha diversificado sus métodos y alcances. Una de las actividades ilícitas que han surgido como consecuencia del robo de hidrocarburos es la compra por parte de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a un precio menor, menor del que pagarían por combustible de origen legal, afectando a la industria legalmente establecida, y por supuesto, al erario público.
El sector de los hidrocarburos es una parte fundamental para la economía de nuestro país, para las finanzas del Estado mexicano representan una fuente considerable de ingresos, dado que Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, aun concentra gran parte del mercado de los hidrocarburos de este país.
Por ello, el desarrollo de las distintas actividades que forman parte de las áreas estrategias de la nación, como la compra, enajenación, comercialización o negociación de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, ameritan una especial protección jurídica, pues su adecuado ejercicio constituye un área fundamental no solo para la economía, sino para la seguridad nacional.
Es por ello, que la Comisión de Justicia presenta hoy este dictamen, que tiene como objetivo realizar modificaciones a la Ley Federal en materia de Hidrocarburos, para generar medidas importantes en materia de estos delitos.
De entrada, establecer agravantes a la pena cuando estos delitos estén involucrados franquiciatarios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores. También se establecen medidas importantes para efecto de que, además de las sanciones que implican la revocación del permiso, se establezcan también la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la realización de la actividad, objeto de la sanción, hasta por 15 años.
También se establece que, para garantizar el éxito de la investigación, el juez de control podrá solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión temporal del permiso y, en su caso, la suspensión del o los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las actividades reguladas por el título tercero de la Ley de Hidrocarburos a solicitud del Ministerio Público, o cuando lo considere procedente. Esto es, dentro del proceso de investigación.
Se establece como una especie de medida cautelar, con características muy específicas que están señaladas en el dictamen que hoy está a su consideración, y que es una medida muy importante que tendrá en sus manos la autoridad investigadora.
Además, se crea un registro de aquellas personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se hubiesen suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutorial.
Otro aspecto medular e importante de este dictamen es que, como medida de prevención, los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tendrán la obligación de incorporar un sistema de geoposicionamiento en todas las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus actividades, las cuales se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de comunicaciones y transportes.
Esas modificaciones a la ley significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscalía para lograr que cuente con más herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos ilícitos, y de esta forma poder coadyuvar para desincentivar el crecimiento de este fenómeno delictivo que afecta de manera grave a nuestro país.
Es por ello que lo ponemos a consideración de la asamblea, solicitando el voto a favor del mismo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. El país atraviesa una prolongada etapa de violencia e inseguridad, el crimen organizado ha diversificado las actividades ilícitas que realiza, lo que ha provocado impactos graves a la sociedad y economía nacionales.
Una de las principales actividades ilícitas de estos grupos organizados ha sido el robo de hidrocarburos o huachicoleo, como comúnmente se le conoce. El robo de hidrocarburos es un fenómeno extremadamente preocupante, ya que no solo afecta al mercado formal y la correcta comercialización del combustible, sino que también afecta a la industria y al erario público.
Según algunas estadísticas, en promedio por cada 2 horas y aproximadamente a cada 3.5 kilómetros de los ductos, los delincuentes perforan para extraer de manera ilegal gasolinas, diésel, gas, crudo o petroquímicos, los cuales son comercializados a través del mercado negro.
No obstante lo anterior, la oferta del mercado negro de hidrocarburos se debe a que existe una demanda real por parte de los concesionarios y trabajadores formales de la industria petrolera, quienes con el fin de obtener mayores ganancias por la comercialización de hidrocarburos fomentan la ordeña al comprar huachicol.
El dictamen que hoy se aborda permite reforzar las estrategias de combate al robo de hidrocarburos, ya que la actualización del marco jurídico en la materia facilita el combate eficiente del delito por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
La reforma que nos presentan establece medidas que sientan las bases para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones pertinentes e integrar correctamente las averiguaciones previas de quienes se vean inmiscuidos en cualquier actividad vinculada al robo de hidrocarburos, así como establecer mayores penas para quienes resulten responsables de estas conductas.
Entre estas medidas se destaca la obligación para quien realice operaciones en el sector hidrocarburos, de acreditar que cuenta con los permisos contemplados en la ley. Así también, considera la posibilidad de suspender temporalmente los permisos otorgados por la CRE a las personas morales, y en su caso la suspensión de los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso, cuando el juez de control lo considere necesario a fin de facilitar la investigación.
También permite al Estado la posibilidad de realizar el decomiso de bienes que se hayan generado por la comisión de delitos vinculados con el robo de hidrocarburos, así como la revocación de los permisos para realizar actividades relacionadas con la industria y la inhabilitación para solicitar uno nuevo, por un periodo no menor de 3 meses ni mayor de 15 años para los concesionarios que resulten responsables.
De igual forma, se plantea la creación de una lista negra a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, la cual publicará en su página oficial el listado de aquellas personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se hubiera suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutoriada por los delitos de robo de combustible.
Este dictamen contempla también el aprovechamiento de la tecnología en la lucha contra el crimen a través de la incorporación obligatoria de un sistema de geoposicionamiento GPS en todas las unidades vehiculares utilizadas para el transporte de combustibles, a fin de saber en tiempo real el origen, tránsito y destino de la molécula.
Compañeras diputadas y diputados, estas reformas permitirán a las autoridades dar seguimiento a las denuncias que sean presentadas y, en su caso, que las investigaciones se profesionalicen.
El sector de hidrocarburos es de suma importancia para las finanzas públicas, la generación de empleos, el desarrollo económico y la seguridad energética de nuestro país, razones por las cuales votaremos a favor del presente dictamen, pues con la reforma propuesta se impulsa el combate al robo de hidrocarburos, fortaleciendo la estrategia que desde meses atrás inició el Ejecutivo federal. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy se propone a consideración de este pleno contiene entre sus disposiciones una serie de sanciones para aquellas concesionarias que cometen delitos en materia de hidrocarburos, desde aquellas medidas administrativas hasta las sanciones penales.
En el Grupo Parlamentario del PRD coincidimos en que las cifras de tomas clandestinas crecieron en la sombra de la impunidad y de manera alarmante en la administración pasada y que las actividades delictivas que se desarrollaron en torno al robo de combustible han lastimado y dejado daños irreparables a la sociedad y han deteriorado las finanzas públicas.
Asimismo reiteramos que estamos de acuerdo en el combate al robo de combustible, pero también queremos insistir en que la estrategia, la respuesta a un problema de esta magnitud no puede ser resultado de ocurrencias diarias ni puede desembocar en leyes y, en casos ya vistos, normas hechas a la medida que puedan traer consigo resultados que pueden ser catastróficos.
De acuerdo a la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017, la inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a la población con 73.7 por ciento, superior al 66.4 estimado en 2015. La violencia se ha desbordado en los últimos años en el país y se tienen que tomar medidas urgentes y precisas para afrontarla.
Además, con estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los tres meses que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador, febrero fue el más violento y además se convirtió en el febrero con más asesinatos en 21 años.
El caso del robo de hidrocarburos es un caso que desde adentro de Pemex se fue ejecutando, el endeudamiento de la empresa y las enormes carencias que padece actualmente fueron forjándose a lo largo de muchos años y desde adentro, debido a la discrecionalidad del uso de sus recursos y por la cantidad de privilegios que gozaron una gran cantidad de servidores públicos que pasaron por sus oficinas.
El robo de combustible no es una causa como tal, es la consecuencia de años de opacidad, tráfico de influencias e impunidad dentro de la administración de la misma empresa.
La actual administración tiene que estar verdaderamente comprometida a erradicar la corrupción e investigar las causas de raíz y a denunciar a los responsables. Dada la transversalidad del caso, se deben llevar a cabo investigaciones de pasadas gestiones en el sindicato de Pemex, en la Secretaría de Energía y de ser el caso, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Deben establecerse los protocolos de seguridad y protección civil, tanto para los trabajadores de Pemex como para los militares encargados de resguardar las instalaciones y los ductos.
Concluimos en que, efectivamente, uno de los grandes hilos a seguir es el del comportamiento operativo y financiero de las empresas involucradas en el robo de combustible. Esto es, en su cadena completa: transporte, almacenamiento, distribución, venta, etcétera, y demás negocios que pudieron haberse valido del blanqueamiento de capital derivado de esta actividad delictiva.
También, en que se deben de tomar medidas preventivas en este escenario de recrudecimiento de la violencia, debido al combate frontal al robo de combustible.
En el PRD consideramos que es alarmante la secuencia de las acciones y de las declaraciones de la actual administración, que en esencia se contradicen y que pronto debemos saber cuál es el avance de las investigaciones sobre posibles servidores públicos involucrados.
En efecto, los mexicanos deben conocer todo lo que no se hizo en gobiernos anteriores, para frenar al robo de combustible y que permitió que creciera a lo largo del país, es por ello que expresamos nuestro voto a favor del presente dictamen. Sin embargo, también exigimos al gobierno federal que se transparenten las acciones que están siendo tomadas para abatir la impunidad en estos delitos. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su venia, señor presidente. Es satisfactorio para un servidor expresar desde esta tribuna el sentir de las y los diputados ciudadanos respecto al robo de combustibles.
Los diputados ciudadanos votaremos a favor de esta Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, que afectan considerablemente las finanzas de la mayoría de los mexicanos, contrario al enriquecimiento de unos cuantos, entre los que se encuentran servidores públicos, franquiciatarios y huachicoleros.
No basta con respaldar estas acciones sin antes señalar y reconocer algunas de las afectaciones en las que han contribuido las y los ciudadanos en los distintos estados de la República para terminar con este mal que nos afecta a todos.
En días pasados, la mayoría de los mexicanos nos enteramos y muchos de nosotros sufrimos el impacto real de tener que formarnos en largas filas para adquirir apenas unos litros de gasolina y, en muchos casos, tuvimos que dejar el automóvil y desplazarnos a nuestros trabajos u otras actividades por otros medios.
Entendemos que el cierre de ductos afectó el comercio y la economía de los estados más afectados por estas acciones, cuyas repercusiones, aunadas a la cancelación de la construcción del aeropuerto impactarán en el crecimiento de este año, que difícilmente alcanzará el 2 por ciento, cifra mucho menor a la proyectada para este 2019.
Las medidas implementadas por la falta de combustible en diversos estados de la República Mexicana también afectaron a familias que tenían que trasladarse a clínicas, a hospitales y cuyas consecuencias aún desconocemos, por lo que desde esta tribuna valoramos el esfuerzo realizado por todos y cada uno de ellos.
Dichos esfuerzos deben de ir acompañados de la exigencia al gobierno federal en transparentar los impactos, tanto en el gasto realizado como en los logros obtenidos por las medidas que hasta el día de hoy se han realizado.
El combate frontal al robo de combustible, además de poner al descubierto la falta de capacidad de los gobiernos en turno para enfrentar este problema, también confirmó la falta de voluntad de las y los mexicanos de respaldar al gobierno en contra del huachicoleo.
En reciprocidad a este respaldo ciudadano, es indispensable exigir a los trabajadores de Pemex compromiso y lealtad a México. Al gobierno federal exigimos que se dejen de utilizar los combustibles como productos a los cuales se les gravan impuestos especiales, al ser primordial su consumo, y con ello garantizar ingresos que le permiten al gobierno erróneamente regalar dinero a través de los programas sociales, que no solucionan la grave crisis de la pobreza en nuestro país, pues de acuerdo a cifras de 2016, del Coneval, esta supera los 53.4 millones de personas y 9.4 de millones en pobreza extrema.
Del Poder Judicial podemos exigir todo el peso de la ley, pero no solo para quienes extraen los combustibles de los ductos, sino también a funcionarios y líderes sindicales que causan los daños irreversibles a la empresa de todos los mexicanos.
De la Comisión Reguladora de Energía exigimos la cancelación de las concesiones involucradas en el huachicol. Nosotros, diputadas y diputados, nos debemos exigir, sin ningún tinte partidista, adecuar el marco jurídico a la realidad, respaldar esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.
Las y los diputados ciudadanos votaremos a favor de este dictamen, al dotar de mayores facultades a los Ministerios Públicos, a la Comisión Reguladora de Energía, para la suspensión de los permisos a franquiciatarios, asignatarios, contratistas o distribuidores de hidrocarburos que hayan participado en la comisión de alguno de estos delitos.
Compañeras y compañeros, fieles a nuestro compromiso adquirido al inicio de esta legislatura, las y los diputados ciudadanos les reiteramos: aquí están nuestros votos para evitar que se sigan robando el combustible de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna a fijar posición respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.
Esta ley cumplió tres años de haber sido aprobada y de estar en vigor, tiene el propósito de prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos que afectan a la industria petrolera.
De todos es sabido que Petróleos Mexicanos es la principal empresa pública del país y una de las más importantes del mundo, lo que Pemex hace básicamente es extraer, trasladar, refinar y distribuir el petróleo y sus derivados. Su contribución a la hacienda pública es muy importante por los impuestos que entera al fisco.
En el dictamen que se nos presenta se plantea la adición al artículo 9 Bis, para establecer la presunción de que no se cuenta con derecho y que, por tanto, no se puede acreditar la propiedad o legítima posesión de hidrocarburos petrolíferos por parte de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, cuando no tengan el original de factura electrónica o de comprobante fiscal digital. En consecuencia, al no acreditarse la legítima propiedad o posesión, se entiende que estamos ante el ejemplo palpable de robo de hidrocarburos.
En el caso del artículo 21, párrafo primero, se hace la adecuación legislativa a la mención que existe en el artículo 21 vigente de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos –lavigente–, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los casos en que esta resulte aplicable.
Además, a los titulares de franquicias, contratistas, permisionario o distribuidor, además de las penas establecidas en la ley, se les podrá aplicar, uno, suspensión de actividades por un periodo mínimo de tres meses a tres años; dos, la inhabilitación temporal para solicitar un nuevo permiso; y tres, la disolución y liquidación de la sociedad cuando se advierta que la misma es utilizada de manera sistemática para la comisión de ilícitos en materia de hidrocarburos.
Se faculta en el nuevo artículo 22 Ter a los jueces de control para solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión de permisos de quienes ilegalmente actúan en la industria petrolera violando la ley.
También se faculta a la Comisión Reguladora de Energía para publicar en su página oficial el listado de personas física o morales que han sido sancionadas.
Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a duda todos hemos conocido información del gran saqueo financiero del que Pemex ha sido objeto. Es tiempo de que se tomen las medidas que resulten más apropiadas para evitar estos robos que corresponden auténticamente a la delincuencia organizada.
En múltiples lugares del país los ductos de Pemex son ordeñados poniendo en riesgo la integridad física e incluso la vida de las personas que realizan esta actividad, como lamentablemente ocurrió el 18 de enero en el estado de Hidalgo.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de que es imprescindible blindar a Petróleos Mexicanos en sus actividades, porque lo que Pemex explota y distribuye es la riqueza del subsuelo que es de todos los mexicanos. Sin lugar a dudas hay cómplices dentro de la empresa que deliberadamente por acción y omisión no presentaron oportunamente las denuncias penales correspondientes.
Es imperativo que el nuevo gobierno combata la delincuencia organizada y a aquellos que lucran con la pobreza y marginación de la gente para obligarlos a delinquir. Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con un reporte de Petróleos Mexicanos, en los últimos 37 meses se han detectado en todo el país 32 mil 604 tomas clandestinas de combustible. De las cuales, el 80 por ciento de las tomas clandestinas detectadas se concentran en siete estados del país: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, estado de México y muy querido Tamaulipas.
El huachicol implica una fuga de dinero público, es un robo a bienes nacionales y de recursos públicos, o sea, que en una palabra es un robo al dinero de todos los mexicanos.
Tan solo el año pasado Pemex perdió alrededor de 60 mil millones de pesos. En el 2018 se robaban diariamente más de 600 pipas, cada pipa contenía 15 mil litros de combustible, se habla de 200 millones de pesos diarios. Las pérdidas de Pemex han sido tan grandes que con lo que se han robado en el 2018 alcanzaría para financiar el 40 por ciento de una refinería, o con el robo de tres años se podría construir una refinería nueva.
Ante esta grave realidad resulta urgente modificar los tipos penales de los delitos de hidrocarburos, a efecto de que el Ministerio Público pueda investigar y perseguir delitos a fin de que estos no queden impunes.
En razón de lo anterior, resulta de gran relevancia el dictamen que hoy discutimos, pues tiene por objeto establecer una presunción que admite, prueba en contrario, y que no resulta violatoria de principio de inocencia.
Al disponerse que para los efectos de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de esta ley, se presumirá que no se cuenta con derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de los hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos cuando el involucrado no cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Asimismo, el dictamen que se analiza resulta fundamental, pues que la Comisión Reguladora de Energía, deberá publicar en su página oficial el listado de aquellas personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se hubiere suspendido definitivamente con un motivo de una sentencia ejecutoriada.
Esta medida permitirá que no se viole el principio de presunción de inocencia y que no se contrate con delincuentes. En este momento cabe destacar, y encuentro propicia la ocasión para mencionar, que hace unos meses presenté una iniciativa en donde la Profeco no solo emitiera una lista de quiénes han cometido estos ilícitos en las bombas expendedoras quienes no nos dan litros de a litro y que se sancionará penalmente a quienes nos roban también a los ciudadanos, puesto que también es un robo de hidrocarburos.
Lamentablemente no fue dictaminada en tiempo y forma, y tuve que bajarla para poder volver a presentar. Como legisladores, tenemos la obligación de llenar los vacíos legales que ocasionan altos niveles de impunidad, es necesario contar con los tipos penales que permitan perseguir y enjuiciar a delincuentes, dado el alto robo de combustibles no podemos quedarnos atrás.
Por ello, en Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros, empecemos por lo bueno, reconociendo lo positivo. Reconocemos la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en hacer un firme combate al robo de hidrocarburos, y desearíamos tuviera un mejor equipo de trabajo para lograr que los objetivos que le ha planteado al país se cumplan en la realidad.
En el caso de la estrategia implementada por el gobierno de la República, los resultados no son positivos y los costos económicos y sociales son altos. Tuvimos desabasto de combustible por una serie de errores producto de decisiones no acertadas, esto aunque no guste escucharlo, poco o nada tiene que ver con una decisión de política pública como la que impulsó el presidente López Obrador.
Se estima que el costo por el desabasto de combustible fue cercano a los 40 mil millones de pesos, el cual afectó a productores, comerciantes, transportistas y al turismo, entre otras actividades económicas del país.
La compra en Estados Unidos de los autotanques por adjudicación directa, que ascendió a 92 millones de dólares y que ciertamente es un presupuesto equivalente al destinado anualmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que podamos magnificar el gasto que se llevó a cabo, en esa compra por adjudicación directa en Estados Unidos de autotanques.
Pero habrá que recordar que según Presidencia de la República, solamente 280 de aquellas más de 600 pipas se encuentran en México, de las cuales solamente, de acuerdo a datos oficiales, 80 están circulando porque cerca de 220 están aún en proceso de revisión.
En consecuencia, una estrategia que iba a atender una emergencia y que fue señalada por el presidente López Obrador como urgente, meses después todavía no contamos en México con esos autotanques que costaron millones de dólares por adjudicación directa y que se compraron de esa manera.
Pero vamos a otro dato duro. En enero, cuando se fortaleció la estrategia contra el robo de combustibles, se identificaron mil 565 tomas clandestinas, 49 por ciento más que las que se reportaron en enero de 2018, un año antes. Al cierre del primer bimestre de este año, Petróleos Mexicanos registró 2 mil 907 tomas clandestinas, cifra que representa un aumento del 28 por ciento con respecto al mismo bimestre medido en el año anterior.
Si bien todos estamos a favor del combate al robo de hidrocarburos, la estrategia señalada por el gobierno de la República no ha dado los resultados que todos deseamos y que tenemos que ofrecerle al pueblo de México.
En consecuencia, nosotros en el Poder Legislativo seguiremos haciendo el trabajo y seguiremos dotando de herramientas para que el Poder Ejecutivo sí cumpla las instrucciones del presidente López Obrador y disminuya el robo de combustibles.
En consecuencia, en el Grupo Parlamentario del PRI apoyaremos la propuesta que fue presentada en la Comisión de Justicia para fortalecer las determinaciones que establece la ley, para que cuando una empresa sea detectada que participa en el robo de hidrocarburos, el juez de control pueda someter a la Comisión Reguladora de Energía la solicitud precisamente para que se ponga en pausa el permiso que tiene de operación.
Lamento que esta propuesta, que fue turnada a la Comisión de Justicia y muy importante en materia de combate al robo de hidrocarburos, no haya sido sometida también a la Comisión de Energía, porque en la Comisión de Energía hemos tenido debates importantes sobre esta materia también.
De haberse sometido, se pudo haber enriquecido la propuesta con un elemento fundamental, hace unos momentos una compañera del Partido Encuentro Social y un compañero del Partido del Trabajo mencionaron que efectivamente era necesario que el transportista de hidrocarburos pudiera acreditar documentación fiscal o documentación legal que acredite el traslado legítimo del hidrocarburo.
Hay un vacío en la ley que vamos a modificar, que se tiene que corregir. Fíjense ustedes, se propone en el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que, para alegar legítima posesión, el conductor tiene que ofrecer al menos uno de tres documentos: el original de la factura electrónica o comprobante fiscal, la escritura pública o inscripción en el Registro Público de los mismos, o la presentación de medios de prueba idóneos y suficientes. Pero no se especifica cuáles son esos medios idóneos o suficientes.
La propuesta que llegó a la Comisión de Energía es que ahí se agregue que sea una carta de porte debidamente documentada, tal y como está en la Ley de Transporte Federal. Es una homologación de leyes que ayudaría a combatir el robo de hidrocarburos.
Discutiremos esto a mayor decisión, pero hubiera sido mejor que la Comisión de Justicia también hubiera oído la opinión de la Comisión de Energía. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del PAN.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, el robo de hidrocarburos hoy es un tema de la máxima preocupación en gran parte del territorio nacional.
Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, estado de México, Hidalgo, Guanajuato, entre otros más, han sido entidades donde el robo de combustible se ha intensificado y donde se han detectado un mayor número de tomas clandestinas.
Es un asunto que solo pudo crecer gracias a la complacencia, la negligencia y la corrupción de los gobiernos en complicidad con los extractores y distribuidores de este recurso que es de todos los mexicanos.
Se trata, pues, de un asunto en el que la delincuencia organizada ha encontrado una forma muy ágil de hacerse de recursos, pero que pone en vilo a comunidades enteras que, aunque se han visto beneficiadas por la extracción clandestina de los combustibles, el hecho es que han abierto la puerta a una actividad y a grupos sumamente peligrosos para la vida y la paz de esas mismas comunidades.
Lo que es muy grave es que este combustible robado sea puesto a la venta en las concesionarias autorizadas en las gasolineras y que las autoridades se hayan vuelto cómplices o hecho de la vista gorda ante la ilegal proveeduría de este combustible.
Las y los diputados de Acción Nacional estamos a favor de este dictamen, al considerar que no se puede combatir la corrupción y todas las secuelas de este fenómeno delincuencial conocido como huachicol, en tanto no haya sanciones en contra de quienes ponen a la venta el combustible robado.
En el PAN creemos que se trata de un delito que hay que cortar de raíz. Pero de nada servirán los esfuerzos que desde aquí hagamos, mientras haya autoridades coludidas con los grupos delincuenciales.
De nada servirá establecer sanciones en las leyes si las autoridades de los distintos órdenes de gobierno no ponen de su parte para combatir este delito, que le cuesta miles de millones de pesos a todos los mexicanos.
El problema, y hay que señalarlo, es que hoy no vemos una estrategia clara y no vemos cómo, en el corto plazo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno participen de forma coordinada para combatir este lastre que involucra a muchas poblaciones, pero también a muchos intereses económicos.
Así como todo el sexenio pasado denunciamos que no había una estrategia por parte del gobierno para combatir la inseguridad, hoy comenzamos a ver que el nuevo gobierno carece también de parámetros estratégicos mínimos para hacer frente a este fenómeno delincuencial. Y nos parece que las respuestas que hasta hoy se han dado han sido sumamente deficientes e ineficaces. Cerrar ductos y comprar pipas en Estados Unidos no resuelve el problema.
Hay distintas experiencias internacionales que avalan otro tipo de estrategias y que han funcionado de manera correcta, tanto para combatir el delito como para combatir la inseguridad que este mismo genera. De ahí la importancia de lo que hoy estamos aprobando en este pleno.
Los legisladores estamos allanando el terreno para que el Ejecutivo cuente con las herramientas para prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos. El hecho de añadir el decomiso en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales a sanciones tales como las económicas, la inhabilitación, la indemnización y la suspensión de actividades, es un paso de gran importancia para que aquellos que cuentan con el permiso del Estado para la venta de combustible lo hagan de manera legal y dejen la distribución del producto robado.
En síntesis, compañeras y compañeros diputados, hoy nos encontramos ante la posibilidad de contribuir a que en México prevalezca el Estado de derecho y que las autoridades tengan mejores herramientas para combatir este delito que afecta a la nación entera. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Medina, de Morena.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, se agotó el tiempo de los corruptos y los delincuentes para saquear a nuestro país. Se acabó la complicidad y la impunidad para los malos funcionarios y para empresarios también de esta índole.
Desde hace 2 décadas el robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo, fue un delito que pasó desapercibido por los gobiernos anteriores. De acuerdo con cifras de Pemex, en 1999 ya se reportaban 189 tomas clandestinas en todo el país, pero nadie hizo nada. Fue un monstruo que dejaron crecer.
A finales del sexenio de Felipe Calderón hubo mil 361 tomas ilegales, es decir, aumentó más de 600 por ciento, en comparación con el inicio de su gestión, que fue de 212 tomas clandestinas. Y tampoco nadie hizo nada. El monstruo siguió creciendo.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto los delincuentes gozaron de las mayores mieles de la corrupción y la impunidad, con 12 mil 500 tomas clandestinas. El monstruo se hizo mucho mayor y alcanzó su máximo tamaño.
Ahora vemos quejas en el sentido de que la lucha contra el huachicoleo, que emprendió el presidente de la República, el licenciado López Obrador, tuvo costos y tuvo repercusiones en la economía y repercusiones para las empresas y para el turismo. Pero nunca si dijo toda la repercusión que ha habido en esta materia durante tanto tiempo.
El huachicoleo llegó al punto máximo, que además de las 12 mil 581 tomas clandestinas, se robaban más de mil 100 pipas diariamente y hubo una pérdida estimada en 60 mil 300 millones de pesos. El SAT reportó a 194 permisionarios con inconsistencias fiscales por un total aproximado de 3 mil 217 millones de pesos. El 54 por ciento de este quebranto equivalente a mil 742 millones se generó en estaciones de servicio, es decir, existían permisionarios involucrados en la venta de combustibles de procedencia ilícita.
El plan contra el huachicoleo es una de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir este delito de manera verdadera y frontal. Con la implementación de este plan se disminuyó hasta en un 75 por ciento el huachicoleo y se congelaron cuentas bancarias con montos aproximados por 925 millones de pesos, sin embargo, se requieren seguir adoptando medidas contundentes que manden un mensaje de ineludible respeto de la ley.
La propuesta que discutimos fortalece la lucha contra el huachicoleo y combate los lastres que de ahí se derivan. Esta misma reforma es parte de la estrategia que se está desarrollando, hay una estrategia y esa estrategia parte de hacer limpieza de arriba hacia abajo, de no dejar que haya corruptelas en las direcciones de las empresas del Estado, ni tampoco que haya corruptela abajo, ni en ninguna concesión, ni en ningún servicio.
Por eso coincidimos en que hay que endurecer las sanciones y decomisar los bienes producto de este delito, así como imponer inhabilitaciones hasta por 15 años para solicitar un nuevo permiso.
La Comisión Reguladora de Energía podrá suspender temporalmente las actividades de los permisionarios indiciados y, en su caso, suspender los procedimientos para el otorgamiento de algún permiso. Asimismo, publicará un listado de las personas o empresas cuyo permiso o procedimiento se hubieren suspendido definitivamente.
Por último, como una vía preventiva, los permisionarios de distribución y transporte de combustibles incorporarán un sistema de geo-posicionamiento en sus vehículos. La propuesta a discusión contribuye a combatir eficazmente el robo de hidrocarburos. Es una propuesta que determina exterminar el monstruo del huachicoleo.
Aprovecho esta oportunidad para solidarizarme con el llamado que hace nuestro presidente a los concesionarios, para actuar con responsabilidad y revisar los márgenes de utilidad, para ayudar a reducir el costo de los combustibles. No es posible que haya medidas buenas y resultados malos. No al huachicoleo, pero tampoco a beneficiarse artificialmente aprovechando el incremento a los estímulos fiscales a las gasolinas y al gas LP. Esos estímulos son para beneficio del pueblo de México, no para seguir aumentando las ganancias de unos cuantos. Es todo. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, en pro.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Señor presidente Porfirio Muñoz Ledo. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y amigos de Chiapas. Al auditorio del Canal del Congreso. Nos sumamos al reconocimiento que se hace al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su decisión valiente al combatir el huachicol y se registran las opiniones respetuosas del diputado Enrique Ochoa, respecto a lo administrativo y molestias ocasionadas que hoy sin duda serán mejor para la economía nacional de nuestro país.
Expreso hoy el apoyo al dictamen de la Comisión de Justicia de esta soberanía en materia de delitos en hidrocarburos. En este se reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en esta materia.
El razonamiento que establece como rector la comisión mencionada es destacable por varios motivos. Por un lado, llena un vacío que existía en la ley de un procedimiento normativo eficaz para hacer frente a esta faceta de delincuencia que mina la función del Estado en su responsabilidad de resguardar los bienes de la nación, tal y como lo mandata la Constitución Política mexicana.
Detiene, a la vez, el ambiente que se ha creado en las comunidades y en la sociedad en su conjunto, que a través del robo de combustibles se viene creando un modo de vida que agrega a familias e incluso niños y adolescentes en una práctica delincuencial que los gobiernos pasados no supieron afrontar con la seriedad que el asunto merecía.
Propiciar ambientes sociales que giren en torno al robo ilegal de combustible estaba facilitando la creación de conglomerados sociales que reproducen conductas, hábitos, creencias, modos de convivencias sustentados en la violación de la ley como constante, incluso, obstruyendo importantes bases de generación de riqueza nacional dada la relevancia del petróleo en la economía.
Estábamos ante un problema creciente que se descubre en 2017 y se incrementa en cerca de 64 por ciento en el año 2018, en cuanto a las tomas clandestinas que surgen al por mayor en toda la ruta de gasoductos en territorio nacional, especialmente, en regiones cercanas a las áreas de producción.
Con la presente iniciativa se reconfigura la situación, y da paso a la intervención del Estado para corregir la anormalidad en la que nos situamos y se ubican grupos sociales que hoy deben encontrar un nuevo camino que los aleje de los actos delincuenciales en los que han desenvuelto sus ámbitos de coexistencia social.
Ahora el Ministerio Público y el poder jurisdiccional podrán definir si el acto que se le imputa a alguna persona, sea física o moral, debe ser acreedora a una sanción, que inclusive, puede propiciar la anulación de permisos que se hayan otorgado para explotar, transportar o comercializar el hidrocarburo.
Al mismo tiempo se precisa la intervención de la autoridad administrativa para operar la suspensión de los concesionarios cuando así lo determine el Poder Judicial.
Lo importante es que ahora con esta iniciativa entramos a crear un ambiente donde el cambio de conducta nos permitirá poner orden en una actividad sustantiva para la nación. No se podrán seguir con esas actitudes y relaciones que impregnan a la sociedad e incitan a la delincuencia como vida, como modo de vida.
Por lo anterior, creo que entramos a una nueva fase en donde revertimos las actividades ilícitas del robo de hidrocarburos y su comercialización, y paramos las conductas derivadas que afectan gravemente la vida de las comunidades.
Por estas razones votaremos en todos sus términos el dictamen de la Comisión de Justicia que aquí discutimos, porque incluso, se respetan la aplicación de procesos debidos y presunción de inocencia de los imputados por estos delitos.
Pero a la vez, se reduce la fragilidad de la norma que permitía la realización indetenible de esos actos delincuenciales. Es cuanto, muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. Cuando a final del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una lucha contra el robo del combustible, en Movimiento Ciudadano no regateamos en apoyar, sin duda, cualquier lucha que tenga como fin poner un alto a la corrupción que se vive en el país y que afecta la vida cotidiana de las personas
Sin embargo, no dejamos de advertir que esa lucha que el presidente López Obrador inició a finales del año pasado, carecía de estrategia y que hasta la fecha no sabemos los resultados que ha tenido esa lucha contra el robo de combustibles.
Fue evidente, al principio de este año, gracias al desabasto y los problemas que se generaron a raíz de este, sin embargo, a pesar de que todavía el programa emergente de pipas no está funcionando, el problema desapareció, aunque aparentemente no se ha resuelto.
Y ahora, en el Legislativo, iniciamos con lo que deberíamos de haber iniciado antes de empezar con esta estrategia, es decir, hacer las reformas legislativas pertinentes para que tanto el Poder Judicial como el propio Ejecutivo y en este caso la Comisión Reguladora de Energía cuenten con los elementos suficientes para combatir el robo de combustibles en nuestro país.
Por eso es que en Movimiento Ciudadanos vamos a apoyar este proyecto de dictamen, que además es importante reconocer que en la Comisión de Justicia se hizo un trabajo muy importante para poderlo adecuar a la ley vigente, y que realmente pueda ser un mecanismo para combatir el robo de combustible.
Pero también no podemos dejar de advertir, desde Movimiento Ciudadano, que esta reforma hoy es parcial y es insuficiente. ¿Por qué? Porque atiende solamente a una parte del problema, una parte del problema que tiene que ver con los permisionarios y con las personas que transportan el combustible, y si bien es ahí una parte donde se da justamente el robo de combustible, es solamente una parte de la cadena de corrupción.
Hay que recordar que la corrupción en nuestro país, y en todo el mundo, se teje a través de redes de corrupción donde hay muchas personas involucradas, y en esta propuesta de reforma atacamos solamente un eslabón de esa cadena de corrupción, que en este caso tiene que ver con los permisionarios y los transportistas en materia de hidrocarburos.
Es muy importante que a partir de esta reforma, esos permisionarios se les pueden suspender actividades, se les puede inhabilitar de manera temporal o incluso, de acuerdo a la gravedad del robo se pueda generar la disolución y la liquidación de la sociedad. Sin embargo, insistimos, esta es solamente es una parte de la solución en materia de combatir la corrupción que se genera con el robo de combustibles en nuestro país.
Nos parece muy importante que la Comisión de Justicia haya centrado el problema para que sean los jueces quienes tengan la capacidad de mandatar a la Comisión Reguladora de Energía para sancionar y suspender de manera temporal los permisos, o de manera definitiva los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso por actividades reguladas en la Ley de Hidrocarburos, y también, que esta Comisión Reguladora de Energía deba decretar las medidas solicitadas por el juez de control.
¿Por qué es importante esto? Porque en todo caso siempre debe haber, por una parte la presunción de inocencia, pero por otra parte debe de haber un procedimiento legal para que realmente las personas que sean señaladas por delitos puedan contar con todo el proceso legal y no escabullirse por alguna falta en este proceso legal.
Por eso la Comisión de Justicia insistió y logró poner en este tema las facultades que tendría el juez con respecto a la Comisión Reguladora de Energía.
Por otra parte, también se mandata hacer pública la lista de aquellos permisionarios que han caído en alguna, que ya tienen una suspensión de su permiso o que están en un procedimiento definitivo de suspensión, justamente para que no se pueda volver a contratar a esos permisionarios.
Por eso, Movimiento Ciudadano hoy esta mañana apoya este proyecto de dictamen, pero no podemos dejar de insistir en que el problema del robo de hidrocarburos y en general la corrupción, tienen redes importantes donde incluso hay funcionarios involucrados, y por supuesto en este caso no podemos dejar de señalar a quienes desde Pemex han estado involucrados en este robo de hidrocarburos que hoy nuevamente no aparecen en esta reforma, y es ahí donde también tenemos que poner la mirada. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra la diputada Claudia Pérez Rodríguez, de Morena.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, una de las principales acciones de la presente administración federal, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es precisamente implementar el Plan contra el Robo de Hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo, ello para combatir este delito que ha lacerado por mucho tiempo a nuestro país en todos los aspectos, económico, político y social.
Cabe mencionar que el robo de hidrocarburos o huachicoleo existe desde hace más de 20 años, situación que fue conocida por exfuncionarios e incluso por expresidentes de México, en cuyas gestiones jamás se atrevieron a combatirlo de una manera verdadera o categórica.
En 2018, el robo de combustible ascendió a más de mil 100 pipas diariamente, con capacidad de 15 mil litros cada una y una pérdida estimada en más de 60 mil millones de pesos al año.
En octubre de 2018 se llegó a un nivel récord, de 12 mil 581 tomas clandestinas, en donde se extraía combustible de manera ilegal.
Gracias al Plan contra el Robo de Hidrocarburos, o huachicoleo, implementado en esta cuarta transformación, se ha disminuido este delito de manera considerable. Esto es hasta un 75 por ciento y se han congelado 226 cuentas y montos de 925 millones de pesos y 738 mil dólares.
Uno de los ejes principales en la agenda en nuestro Grupo Parlamentario de Morena, para este año, es el combate a la corrupción y de la impunidad. En este sentido, se aprobaron dos reformas constitucionales que trascienden y que respaldan la política anticorrupción del gobierno de México.
Una fue en materia de prisión preventiva oficiosa, la cual tiene como objeto principal evitar que los presuntos responsables de los delitos, entre ellos los que cometen robo de hidrocarburos o huachicoleo, estén libres, puedan huir o sigan delinquiendo.
La otra fue en materia de extinción de dominio, que consiste en que los bienes que son utilizados por la delincuencia o que resulten ser productos de esta, sean ahora propiedad del Estado y sean utilizados para reparar el daño a las víctimas y para prevenirse los delitos.
Sin embargo, debemos seguir dotando de herramientas al gobierno federal, ello para fortalecer el combate contra el huachicoleo, así como endurecer las sanciones contra los permisionarios que realicen sus actividades con combustibles de procedencia ilícita, inclusive suspenderles o revocarles sus permisos.
Por lo que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta propuesta, convencidos de que estas acciones contribuyen para erradicar el robo de hidrocarburos de manera real y contundente.
Refrendemos nuestro compromiso con la sociedad, combatir con mano firme este crimen, el cual ha causado dolor, pérdidas humanas, económicas y conflictos sociales. Recordemos, compañeros, que nuestro compromiso es con la gente, porque somos representantes populares y debemos de construir el andamiaje jurídico para que podamos tener un México mejor y más digno. Es cuanto, compañeros.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: ¿Algún diputado falta por emitir su voto? El sistema sigue abierto. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Sigue abierto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La diputada Padierna aquí está.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: ¿Algún otro diputado? Parece que ya. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Faltan. Okey. Ahora sí, ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 450 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado en lo general y en lo particular por 450 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Pase al Senado de la República para los efectos constitucionales.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera Geraldina Herrera, ¿con qué objeto?
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): No se oye.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, compañera, ¿con qué objeto?
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Sí, presidente. Es comentándole que la cirrosis es la cuarta causa de muerte en México y el 50 por ciento de la cirrosis es ocasionada por la hepatitis C...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, compañera. Voy a pedir atención, si no, parecería que nadie tiene cirrosis aquí.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Sí. ¿Ya? Quiero informar que la cirrosis es la cuarta causa de muerte en México y el 50 por ciento de la cirrosis es ocasionada por la hepatitis C. La hepatitis C ya tiene cura y quiero invitar a todos mis compañeros y compañeras a la conferencia magistral que impartirá el doctor David Kershenobich hoy en la tarde en el Salón Verde, a las 4. El doctor David Kershenobich es el director del Hospital Zubirán.
Y al mismo tiempo, invitarlos a una prueba de detección de hepatitis C, gratuita para todos los diputados y diputadas y para todas las personas de aquí del Congreso. Esto es en el patio sur del Edificio A, en un horario de 10 a 17 horas del día de hoy al 12 de abril. Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias por el comercial, compañera. Tiene la palabra por diez minutos la diputada Ana Laura Bernal Camarena, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento. Es el dictamen de la Comisión del Deporte, lo había dicho antes, por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
La diputada Ana Laura Bernal Camarena: Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes de comenzar a abordar la materia del presente dictamen, quiero destacar que el proceso legislativo fue de una amplia discusión al interior de la Comisión del Deporte, lo que refleja la pluralidad y voluntad política de los representantes de todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos en favor del deporte mexicano.
Hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen respecto del proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Existe actualmente el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, que tiene la finalidad de integrar una base de datos centralizada, confiable y actualizada, el registro está actualizado a nivel nacional y lo componen los datos de atletas, federaciones, asociaciones o sociedades estatales recreativo-deportivas, de la rehabilitación, infraestructura e instalaciones deportivas y eventos deportivos.
El Renade está a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y su objetivo es generar un grupo de información que proporcione un soporte para el planteamiento de estrategias que permitan implementar acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y deporte, sin embargo, es operada con el apoyo de los organismos registradores que son los institutos estatales y municipales del deporte, a través de los convenios de coordinación y colaboración que celebran, con el objeto de tener un alcance operativo en todo el país.
De tal manera que tal información clara y precisa de las entidades federativas y municipales y municipios también, para conocer la situación real de la infraestructura dedicada al deporte en el país.
Por lo anterior, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía se fundamenta en la necesidad y conveniencia de tener un registro actualizado de las instalaciones deportivas que existen en el país. Las instalaciones deportivas, lejos de representar un lugar y un espacio en donde irse a activar y hacer deporte, son partícipes de la indurable función social que se desarrolla a través de la práctica físico deportiva. Por tanto, su diseño, planificación, control, mantenimiento y gestión debe ser calculado cuidadosamente para el éxito de la misma y en la promoción y desarrollo de hábitos saludables de la población.
Cada municipio debe tener espacios deportivos en buenas condiciones, adecuadas a su entorno, a sus necesidades y a sus posibilidades de mantenimiento. Sin embargo, la falta de actualización en el registro hace que la infraestructura deportiva que se construye esté destinada a cambiar el fin para el que fueron hechos.
Existen ejemplos de instalaciones que se convierten en almacenes, estacionamientos, cualquier otro fin distinto a lo que debe ser, el deporte, que es consecuencia directa de una falta de actualización en el registro nacional de cultura física y deporte.
En la Comisión de Deporte estamos convencidos y convencidas de que es insostenible mantener una política coherente desde el punto de vista de la distribución y construcción de instalaciones en un país tan extenso como México, sin una adecuada planificación como lo está en este momento.
Es decir, que las variables de volumen de población, territorio geográficas, climatológicas de hábitos y tradiciones deportivas, situación económica o sociales, hacen imprescindible disponer de instrumentos de estudios que ayuden a determinar cuál es la mejor instalación para un territorio, para un estado y para nuestro país.
El proceso conlleva a que todos los actores, materia deportiva, coadyuven en la actualización de registro y es necesario que el Congreso de la Unión conozca cada año la información actualizada del registro, sabedores que existen los mecanismos para solicitar la información, por ejemplo, por medio de un exhorto.
A través del Instituto de Transparencia vemos con urgencia que los legisladores conozcamos de primera mano los datos actualizados sobre la infraestructura deportiva. Incluso el caso de excepción que está sujeto a discusión puede abrir la puerta a otras solicitudes de información en la ley, dependiendo el tema que se trate.
En razón del dictamen no sólo hay que determinar de cuántas instalaciones se dispone, también sus características, servicios y conocer el grado de conservación, sistema de gestión y nivel de utilización.
El presente dictamen tiene el objetivo de aportar información actualizada que ayude en la toma de decisiones a la hora de planificar la construcción de una nueva infraestructura deportiva, ya que es incierto crear nuevos espacios deportivos, como mejor conocidos “elefantes blancos”, si se desconoce la tendencia de la práctica deportiva de la población. La extensión necesaria para los mismos o la oferta externa de otras organizaciones.
Por lo tanto, esta comisión coincide con el promovente de la iniciativa en el sentido de que son necesarias más referencias y datos y comparaciones a la clásica construcción con base a indicadores de la cantidad de población y área de influencia.
En consecuencia, el registro de infraestructura deportiva debe permanecer actualizado, y la Conade enviará a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre de cada año a partir del 2020, a más tardar en esa fecha el registro de inmuebles deportivos para así contribuir al manejo transparente de los recursos federales y garantizar su efectiva distribución, la óptima operación de la infraestructura deportiva existente y la nueva creación si así fuese. Con la aprobación de este dictamen se continuará el trámite legislativo.
Por todo lo anterior es necesario fortalecer el registro nacional de cultura física y deporte, y dotarles a los legisladores la información necesaria para ejercer la función y orientación de la política pública. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: El dictamen que se presenta para discusión tiene como objetivo plasmar en la Ley de Cultura Física y Deporte la necesidad de tener un registro de las instalaciones deportivas a nivel nacional, lo cual, sin lugar a dudas, proporcionará elementos para mejor la situación del deporte en nuestro país.
Al tener conocimiento de la cantidad y calidad de las instalaciones deportivas en México se podrán planificar de forma óptima las propuestas y programas que contribuyan a estimular el deporte, así como la construcción o mejora de infraestructura deportiva acorde a las necesidades de cada entidad.
En el Partido Verde estamos seguros que la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, se debe realizar tomando la información actualizada.
Por ello, cada obra y proyecto debe contar con especificaciones técnicas y adecuadas a los deportes y actividades que se realizan en las diferentes entidades y municipios del país.
El registro que hoy se propone permitirá construir instalaciones para competencias atléticas acordes a la realidad deportiva de la localidad con visión de mediano y largo plazo. Abordar proyectos constructivos con un plan de gestión posterior. Dotar de equipamientos a municipios que estén en posibilidad de mantenerlos para no afectarlos posteriormente con los altos costos del mantenimiento. Dotar equitativamente del equipo deportivo a entidades de acuerdo a la demanda de las mismas y sus necesidades.
Por lo anterior, en el Partido Verde nos manifestamos a favor del presente dictamen y como lo hicimos en la Comisión de Deporte, siempre votaremos a favor de aquellas propuestas que contribuyan a mejorar el deporte de nuestro país. Es cuando.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Saludamos a los estudiantes de la escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, estado de México, invitados por el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete. Sean bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Amigos, amigas diputadas, diputados, a nivel constitucional, el artículo 4o. establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y que dentro de las tareas del estado están su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
Asimismo, a lo establecido en los artículos 1o. y 6o. de la Ley General de Cultura de Física y Deporte, corresponde a la Federación, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a los estados, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos a la cultura física y la práctica del deporte.
Aun cuando está bien estipulado en la Constitución, y como bien lo menciona el dictamen en comento, en México uno de los factores que han determinado y mermado la práctica de una actividad física, deportiva o recreativa, es la disponibilidad de infraestructura física.
En ese sentido, coincidimos especialmente ahora que se acerca la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en que debe ejecutarse un diagnóstico profundo y que se debe partir del mismo para la elaboración de planes y programas presupuestarios que atiendan de manera precisa la problemática, y den soluciones transversales a corto, mediano y largo plazo.
Es lamentable que como se comenta, y por falta de recursos, no pueda llevarse a cabo de manera completa un registro nacional de infraestructura deportiva para poder generar estadísticas e indicadores integrales.
La Organización Mundial de la Salud, en su documento Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud, menciona que la inactividad física es al cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo, asociándose a ella el 6 por ciento de defunciones a nivel mundial, y que solo es superada por la hipertensión en un 13 por ciento, el consumo de tabaco en un 9 por ciento y el exceso de glucosa en la sangre en un 6 por ciento. El sobrepeso y la obesidad representan un 5 por ciento de la mortalidad mundial.
La inactividad física entre la población aumenta en muchos países, y ello influye considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles y en la salud en general de la población mundial. Las recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud tienen principalmente por objeto prevenir estas enfermedades mediante la práctica de actividad física, y sus principales destinatarios son los responsables de políticas públicas en el ámbito de la salud para el fomento del ejercicio físico en el conjunto de la población.
Especialmente en los últimos años en México ha crecido la preocupación por los crecientes niveles de sobrepeso y obesidad, con información de la Encuesta de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, en el país 72.5 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, y la tercera parte de los niños se encuentran en la misma situación.
Este es un problema que, además de poner en riesgo a la población, pone bajo un escenario alarmante la perspectiva de salud del país en general, tanto a mediano como a largo plazo.
Asimismo, se reveló que un buen porcentaje de esta población, el 62.8 por ciento, acude a instalaciones públicas. Sin embargo, menos de la mitad de esas personas considera que alcanza la suficiencia, por lo que la preferencia de la población por instalaciones deportivas públicas ha caído 5 puntos porcentuales, mientras que la preferencia por las privadas se ha incrementado en 3 puntos porcentuales.
Aun cuando la evidencia empírica señala que la actividad física y el deporte ofrecen una formación integral, bienestar emocional y salud, el tema de la infraestructura es solo uno de los problemas que enfrenta el deporte nacional y que, a efectos de lograr un verdadero cambio, se deben tomar medidas adicionales y no solo de carácter legal.
El Grupo Parlamentario del PRD apoyamos el dictamen a discusión, no sin dejar en claro que la promoción de la actividad física y del deporte debe mantenerse como un tema importante para la actual administración y que no solo se debe ver como un tema administrativo o como un tema complemento, como se le ha visto por su presupuesto. Es una gran área de oportunidad para el desarrollo integral de la población, especialmente para la niñez y los jóvenes de este país. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. No huyo de un reto porque tenga miedo. Al contrario, corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies. Nadia Comaneci.
El deporte es en el sentido más puro, la base para el proceso integral del individuo. De ahí su importancia a nivel mundial, porque ha traspasado las fronteras del campo, de la economía, educación, política, salud, cohesión social y cultural.
Como se señala en la declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia y el respeto, además respalda el empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., último párrafo, que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
El presente dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte menciona que según cifras del Registro Nacional de Infraestructura Deportiva 2015, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, hay un total de 47 mil 216 instalaciones deportivas públicas y privadas distribuidas en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, en México habitan más de 127 millones de personas, pero no hay una cifra exacta de cuántos deportistas hay en nuestro país, por lo que las instalaciones deportivas existentes no son suficientes para garantizar el ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones.
Conforme a la Olimpiada Nacional se establece que hay aproximadamente 23 mil deportistas y muchos de ellos se encuentran en áreas deportivas, por lo que hay que promover y garantizar el desarrollo de la activación física y el deporte.
El objeto del presente dictamen es reconocer la necesidad de contar con un censo de instalaciones deportivas, ya que en un territorio tan extenso como el nuestro la distribución y construcción de instalaciones sería ineficaz sin una adecuada planificación.
En los últimos años se ha recortado de manera significativa el Presupuesto de Egresos en apoyo al deporte y la mayor parte de este poco presupuesto se destina apropiadamente para algunas escuelas públicas, mantenimiento de sedes deportivas y para la organización de eventos, pero no para apoyar a los atletas de alto rendimiento, quienes son los más afectados, por lo que urge hacer un llamado y en forma sustancial respaldar, apoyar y fortalecer a aquellos atletas y deportistas que nos representan en competencias internacionales, como los Juegos Olímpicos y que ponen en alto el nombre de nuestra querida nación.
Por lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está de acuerdo en que exista un manejo transparente y eficaz que garantice la óptima operación de los inmuebles deportivos existentes y de aquellos de nueva creación.
Aunado a ello, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, deberá de hacer llegar un informe actualizado cada primera semana del mes de septiembre de cada año a esta Cámara de Diputados.
Muchas personas están en la búsqueda de alternativas distintas al deporte para mantenerse en forma física y buscan o buscamos milagros tendenciosos para bajar de peso, llegando a ser desidiosos para practicar algún deporte, cosa que considero es la mejor manera de mantenerlos saludables física y mentalmente.
Por ello, la bancada de Movimiento Ciudadano apoyamos y votaremos a favor del presente dictamen y exhortamos al gobierno federal para que el deporte se considere como una prioridad para el Estado y que exista la infraestructura adecuada, así como la implementación de todas las disciplinas deportivas en las escuelas y espacios públicos deportivos a bajo costo, o de ser posible, de manera gratuita para que todas las familias de nuestro país puedan tener una vida más saludable.
Trabajemos pues, todas y todos, y en todos los niveles de gobierno para que el deporte sea óptimo y equitativo, garantizando estrechar lazos sociales que promuevan verdaderamente los valores como la paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y la justicia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 280, Salvador Allende, del gobierno del estado de México, invitados por el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez. Sean bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Ana Laura Bernal Camarena: Muchas gracias. De nuevo, buenas tardes. Agradezco a mi grupo parlamentario. Es un honor volver a la máxima tribuna legislativa para exponer las razones positivas del dictamen que reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de registro nacional de infraestructura deportiva.
La propuesta de la Comisión del Deporte es oportuna, aunque los mecanismos de solicitud de información se encuentran vigentes y son diversos. Tenemos el punto de acuerdo que genera un exhorto, la solicitud de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es decir, contamos con elementos para conocer todo dato gubernamental, sin embargo, es preocupación de los grupos parlamentarios tener la información actualizada de las instalaciones deportivas del país.
Hago un llamado desde este honorable pleno a todas las instituciones estatales, municipales y asociaciones civiles que laboran en materia deportiva, a que ayuden a mantener actualizado el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva.
Es responsabilidad de todos mantener el Renade vigente, para que se tomen las mejores decisiones a la hora de elaborar el Presupuesto de Egresos.
Las y los diputados estamos convencidos de que se requiere mantener y construir una infraestructura deportiva. La sociedad está esperando respuestas positivas, es nuestra responsabilidad colaborar con el Poder Ejecutivo federal.
Y porque estamos en proceso de transformación del país, el hecho de establecer el 8 de septiembre de cada año para el envío de la información sobre instalaciones deportivas puede tener un poco de complicaciones, ya que es inicio de periodo ordinario y estamos en plena discusión del presupuesto. Pero también podemos ver alguna otra fecha, pero que sea anualmente.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es vital estar del lado de la gente y darle poder para que revisen y vigilen toda la actuación del gobierno.
Como representantes del pueblo, estamos a favor de velar por la transparencia, por lo que urge conocer la totalidad de instalaciones deportiva en México. Ello nos dará claridad de cuántos espacios se encuentran en malas condiciones de todos los estados o están siendo utilizados con otro fin que no es el deportivo.
Es un trabajo titánico que diariamente realiza la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte. Reitero mi reconocimiento y solicitud a que todos nos sumemos, todos y todas a la actualización del Registro de Infraestructura Deportiva, porque solamente así podemos lograr lo que tanto deseamos.
Después de un amplio análisis al interior de la Comisión del Deporte, la mayoría consideró prudente que el dictamen continúe el proceso legislativo que estará sujeto al análisis del Senado de la República como Cámara revisora.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está en pro de la planificación, creación y operación de instalaciones deportivas. Sobre todo, está a favor de recuperar los espacios perdidos en anteriores administraciones, en beneficio de las y los mexicanos.
Cada región en México merece tener espacios deportivos adecuados a sus necesidades y utilizados para lo que debe ser: la activación física y el deporte.
En ese sentido, debemos hacer un esfuerzo al interior de este órgano legislativo para dar resultados positivos, pues en el deporte, como todo en la vida, la voluntad es el resultado. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Partido Encuentro Social.
La diputada María Rosete Sánchez: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada María Rosete: Compañeras y compañeros legisladores. La actividad física y el deporte son elementos integrantes de la cultura en la sociedad moderna, al mismo tiempo que constituyen un medio que contribuye a mejorar la salud y la interacción social de los individuos, por ello, el deporte es medular para el desarrollo personal, social, psicológico e higiénico de la población.
Para cualquier nación las actividades deportivas requieren de los principios básicos necesarios para construir una estructura organizativa que facilite la participación eficaz y continua de atletas, clubes, equipos y practicantes del deporte en general.
A través de los centros deportivos y de recreación se fomenta la formación y orientación integral de las personas y en particular de jóvenes y adolescentes. En estos espacios públicos y privados se desarrollan o se deben desarrollar actividades lúdicas que fomenten habilidades para la vida, como la educación física, la competición sana, aprendizajes de arte y cultura, liderazgo y desarrollo personal.
No obstante, sin un mantenimiento adecuado de las instalaciones deportivas, estas tienden a deteriorarse y comienzan a ser utilizadas para fines distintos a los originales. Un esmerado cuidado y una atención permanente de las mismas, alargarán su vida útil, además de ofrecer actividades físicas, recreativas y deportivas para beneficio de la población.
El deporte y las actividades físicas requieren de una planificación acorde con la realidad social y con las interrelaciones entre el sistema deportivo local y regional, por lo que el rol del Estado es ineludible, con una política deportiva coherente, dinámica, realista, autónoma y decidida.
La función del Estado en materia deportiva, además de fomentar el deporte, consiste en proporcionar a la sociedad instalaciones deportivas en buenas condiciones, nuestro país cuenta con una importante infraestructura física deportiva.
De acuerdo con cifras del registro nacional de infraestructura deportiva 2015, suman un total de 47 mil 216 instalaciones públicas y privadas, desafortunadamente la mayoría de estas instalaciones no se encuentran –óiganlo bien– no se encuentran en buenas condiciones.
La actualización del registro nacional de instalaciones deportivas es indispensable no sólo para una adecuada planificación, sino para garantizar que los recursos públicos se manejen y se destinen de manera objetiva y con ello también se garantice el acceso al derecho constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte.
Tomemos en cuenta que la Conade tiene como una de sus atribuciones integrar y actualizar al registro nacional de cultura física y deporte, conocido como Renade, con la finalidad de integrar una base de datos nacional centralizada, confiable y actualizada.
La infraestructura deportiva representa beneficios para la ciudadanía, ya que son fundamentales para que un país genere cohesión social, integración familiar, disminución de la violencia y de las adicciones y combate a la obesidad.
De acuerdo con el programa nacional de cultura física y deporte 2014-2018, no se puede tener de manera clara y precisa un punto de partida para conocer la situación real de la infraestructura dedicada al deporte social en el país, además de la inexistencia de un esquema de normas o instrucciones en torno de la planificación, creación y operación de instalaciones deportivas.
Derivado de la situación real de la infraestructura deportiva existente, resulta de mayor relevancia el dictamen a discusión, pues se propone establecer que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte remita al Congreso de la Unión la actualización que corresponde del Renade respecto de la infraestructura deportiva, a más tardar el 8 de septiembre de cada año.
Esta actualización permitirá tanto a la Conade como al Congreso de la Unión tomar decisiones correctas para el fomento del deporte en México, con base en información precisa y confiable de la infraestructura deportiva con la que cuenta el país
En virtud de que el deporte es la forma de manifestación fáctica de lo físico y agente de salud importante y necesaria, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Margarita Flores Sánchez: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Margarita Flores Sánchez: Compañeras y compañeros legisladores. De acuerdo con el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, nuestro país cuenta con un poco más de 47 mil 216 instalaciones deportivas públicas y privadas.
Lamentablemente muchos de estos inmuebles presentan daños estructurales, deterioro en sus servicios y averías en las instalaciones, lo cual provoca su abandono y su utilización como bodegas y refugio temporal para personas en situación de calle o con problemas de drogadicción.
Pese a la relevancia de este asunto, la actual administración federal ha sido poco transparente en el uso de los recursos públicos destinados a la remodelación, construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva. Prueba de ello, es que no conocemos los proyectos en ejecución, los presupuestos asignados, las empresas beneficiadas y los cronogramas de obras.
Peor aún, durante este gobierno no se ha realizado la actualización del Registro Nacional de Infraestructura Deportiva, por lo que desconocemos con seguridad el total de instalaciones, el estado que guardan, las actividades que desarrollan y la población atendida.
En el PRI tenemos claro que no puede existir planeación estratégica y promoción del deporte como hábito de una vida saludable si no contamos con un censo serio, transparente y confiable; de ahí la importancia de la aprobación de esta propuesta legislativa, y principalmente, el involucramiento de la sociedad civil y de las organizaciones.
Bajo estas consideraciones, los integrantes de mi grupo parlamentario votaremos a favor del presente dictamen por el que se modifica el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Lo anterior, tomando en cuenta que con la aprobación de esta iniciativa la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tendrá la obligación de remitir a la Cámara de Diputados y Senadores, a más tardar el 8 de septiembre de cada año, la actualización del Registro Nacional de Infraestructura Deportiva.
Entre los beneficios de esta propuesta destaca que al contar con un diagnóstico preciso se podrá promover el uso adecuado de las instalaciones deportivas y consolidar al deporte como método efectivo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud física y mental de la población.
Conocer la situación real hará posible la ejecución de un programa integral que contemple, entre otros aspectos, recursos suficientes para la remodelación, ampliación y construcción de nuevos espacios deportivos, cuya característica debe ser un mayor aprovechamiento orientado a la práctica del deporte estudiantil, popular y de alto rendimiento.
Señoras y señores legisladores, contribuyamos al cumplimiento de la función social de los espacios deportivos, así como garantizar que la infraestructura deportiva sirva para el pleno ejercicio de derecho constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte, como parte de la formación integral y desarrollo de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Flores Suárez: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Flores Suárez: Compañeras y compañeros diputadas y diputados de esta LXIV Legislatura, les quiero platicar algo muy, muy personal, el día de ayer estaba ingiriendo mis sagrados alimentos y recibí la llamada de mi amigo diputado Elías Lixa, donde me informaba que este dictamen iba a ser sometido a votación por este pleno, lo cual me puso más feliz de lo que regularmente soy, y le agradezco mucho la llamada a mi compañero.
También el día de hoy, muy temprano, ya subiéndome al coche para dirigirme aquí a este recinto, encendí el estéreo, y la canción que apareció en la radio, fue una que me gusta mucho personalmente, y yo creo que esta Comisión de Deportes fue lo que hizo para que esto fuera realidad, para que este dictamen fuera considerado por este pleno, una canción magistralmente interpretada por Joan Manuel Serrat, Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Y les quiero compartir el por qué siento que hoy es un día en el que ganamos todos, es un día en el que reconozco que si todos sumamos esfuerzos, México puede tener una mejor dirección, un mejor rumbo.
Es un día en que gracias a la sensibilidad de los diputados integrantes y diputadas integrantes de la Comisión de Deporte, esto se hizo realidad. Y le estamos dando un arma para que se fortalezca Conade, para que Conade tenga a ciencia cierta una infraestructura deportiva a lo largo y ancho de los municipios, estados y por ende, de la República.
Por ello quiero agradecer a nuestro diputado presidente de la Comisión de Deporte, Ernesto Vargas Contreras, quien desde el día de su presentación de esta iniciativa la suscribió y acompañó en este andar hasta este momento. Al igual que tú, querido amigo, estoy convencido de que un Estado sin visión de deporte es un Estado condenado al fracaso.
En el mismo sentido, reconozco y agradezco a todos y cada uno de los compañeros integrantes de la Comisión de Deporte, en especial a Erik Morales, a Edith Mercado, a mis compañeros y amigos Saraí Núñez, Miguel Riggs, Alan Falomir, Isabel Guerra, Martha García, Guadalupe Romo, y cómo no mencionar a Ricardo García Escalante, a mi vicecoordinador, a mi coordinador Jorge Romero, Juan Carlos Hicks, y sobre todo sabiendo que unidos hacemos la fuerza. A Jorge Espadas también, a Luis Mendoza.
Debemos tener conciencia de que las instalaciones deportivas son el reflejo de nuestra responsabilidad como gobernantes, y bajo esta idea nuestras instalaciones deportivas no pueden seguir siendo utilizadas como refugios para gente que vive en estado de pobreza o que se pretenden drogar, o bien que los utilicen como bodega o como salón de fiestas infantiles.
Nuestros niños, niñas y adolescentes principalmente merecen espacios deportivos dignos, y con esta iniciativa es fundamental que la Cámara de Diputados sepa cómo dirigir el Presupuesto federal con un análisis, una discusión y aprobación en su presupuesto.
Tengo claro a dónde y cómo y a cargo de quién se encuentra cada una de esas unidades. Esto será posible solamente con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte a cargo de la Conade.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de fortalecer a la Conade para así combatir al enemigo público de este siglo XXI y de esta gran nación, el sobrepeso y la obesidad.
Este día como legisladores federales debemos sentirnos satisfechos al aprobar un dictamen libre de colores partidarios con un solo propósito; construir un país en donde las oportunidades para practicar un deporte se conviertan en una realidad para todos.
Por su atención, muchas gracias. Agradezco mucho a la Presidencia, diputada Dolores, diputado Marco Adame, y a los secretarios, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado Ricardo Flores Suárez. Saludamos la presencia en este recinto de alumnos de la Preparatoria Sur Vespertina del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Edith Marisol Mercado Torres, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Edith Marisol Mercado Torres: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Edith Marisol Mercado Torres: El deporte como política pública es un importante pilar que permite la consolidación de otras acciones en materia social y de seguridad pública.
La educación, la salud y el combate a la delincuencia en nuestros días no pueden mirarse de forma unilateral y separada de la actividad física y deportiva. En la cuarta transformación la política deportiva va mucho más allá del desarrollo de las aptitudes físicas, implica el desarrollo de valores y aptitudes sociales para el autocuidado y una convivencia social pacífica.
Mente sana en cuerpo sano. Es la cita que hace referencia al estado de salud física y social al que aspiramos las y los mexicanos. En esta misma condición desde luego alude al aspecto recreativo que conlleva las prácticas deportivas.
Por ello las políticas públicas que impulsa el Estado mexicano en la materia fomentan la integridad y el bienestar de las personas y de la sociedad en un conjunto.
En tal virtud, resulta indispensable contar con un registro nacional de la infraestructura física deportiva, a efecto de continuar desarrollando acciones para su mejora y fortalecimiento.
Es de señalar que las instalaciones deportivas constituyen también un importante espacio de convivencia social, así como para la realización paralela de actividades culturales. Actividades que fortalecen los lazos solidarios entre los integrantes de la sociedad y fomentan actividades que abonan a nuestra identidad nacional.
Además, como ya se ha mencionado, las políticas públicas, derivadas de la implementación de espacios deportivos, van de la mano con la seguridad, el combate a la violencia y la prevención del delito. Es por tanto, que estos espacios deportivos resultan fundamentales para el desarrollo económico y social del país.
Estos espacios constituyen, además, una importante oportunidad para el sano esparcimiento de las y los jóvenes. Son espacios que conforman un semillero de grandes talentos deportivos y una herramienta importante para desarrollar y entrenar las potencialidades de nuevas generaciones.
En estas instalaciones es donde se concentran gran parte de las políticas públicas que los tres órdenes de gobierno conllevan a cabo en la materia. Tenemos que asegurar que estas políticas públicas tengan su mejor referente en la prevención del delito, la salud y la paz social.
En suma, conservar, desarrollar y fortalecer los espacios físicos para las actividades deportivas, es apostarle al futuro del deporte mexicano y al futuro de una sociedad sana y pacífica. De ahí la importancia de ratificar en la ley la obligación de contar con un registro nacional, que coadyuve a la generación de políticas públicas bajo la implementación de modelos integrantes.
Gracias, diputado Ricardo Flores por ese agradecimiento que nos da, por haber contribuido con esta iniciativa en la Comisión del Deporte. Por ello, votaremos a favor del dictamen a discusión, que hoy nos presenta la Comisión del Deporte. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a pasar a la discusión en lo general. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, conocida como Conade, es un organismo público descentralizado, fundado en 1988. Es la institución responsable de desarrollar e implementar programas que incentiven la actividad física en la sociedad, tanto recreativa como deportiva, y así crear una sólida cultura del deporte. Esta misma dirige un presupuesto para promover e invertir en atletas de calidad y competitividad mundial de distintos deportes, dándoles la oportunidad de participar en eventos deportivos representando al país.
De acuerdo con el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Conade formulará las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones, deportivo-recreativas, deportivas del deporte en rehabilitación y activación física deportiva.
En este tenor, la Conade tiene como una de sus atribuciones integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, conocido como Renade, con la finalidad de integrar una base de datos nacional centralizada, confiable y actualizada.
El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte es un registro a nivel nacional de atletas, federaciones, asociaciones o sociedades estatales, recreativas, deportivas, de la rehabilitación y de la cultura física y deporte, instalaciones deportivas, eventos deportivos, entre otros.
El proyecto está a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y su principal objetivo es generar un acervo de información que proporcione un soporte para el planteamiento de estrategias que permitan implementar acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo y promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte.
El Renade es operado con el apoyo de los organismos registrados como institutos estatales del deporte, a través de convenios de coordinación y colaboración que celebran, con el objeto de tener un alcance operativo en todo el país.
Conforme a lo expuesto, la Conade tiene como obligación integrar y actualizar el Renade en lo relativo a instalaciones deportivas.
De acuerdo con las cifras 2015, en México existen 47 mil 216 instalaciones público-privadas, mismas que se encuentran distribuidas en 32 entidades federativas. No obstante su importancia, por los beneficios que se obtienen de la práctica del deporte, para la sociedad en general, las instalaciones deportivas en nuestro país se encuentran deterioradas.
La experiencia indica que es insostenible mantener una política coherente, desde el punto de vista de la distribución y construcción de instalaciones en un país tan extenso como México, sin una adecuada planificación y actualización.
Para este gobierno la práctica de la actividad física y el deporte es una prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros. Incorporar el hábito de la activación física sistemática mejora la capacidad funcional y la calidad de vida. Promover el sentido de pertenencia y el orgullo por los logros de nuestros representantes deportivos define la ruta para que habrá de transitar la política pública en la materia.
En este tenor el dictamen a discusión es fundamental, pues si no se tiene un conocimiento claro y preciso de instalaciones deportivas con las que cuenta el país y estado en que se encuentran, no se pueden tomar decisiones correctas que beneficien a la población.
El dictamen que estamos analizando tiene por objeto establecer que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte remitirán al Congreso de la Unión la actualización que corresponde del Renade, respecto a la infraestructura deportiva, a más tardar el 8 de septiembre de cada año.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos de que esta reforma redundará favorablemente en la práctica del deporte en México y, sobre todo, permitirá al gobierno tomar decisiones correctas respecto de la infraestructura deportiva con la que cuenta nuestro país.
En virtud de que la práctica del deporte es uno de los pilares para una vida saludable a cualquier edad, Encuentro Social votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Quiero pedir a la asamblea un momento de atención. Como se advierte, el orador que ha hecho uso de la tribuna habló en pro. En el mismo sentido lo harán los dos oradores siguientes.
Quiero pedirle a la Secretaria que me haga favor de leer el artículo 104, numeral 1, fracción VIII de nuestro Reglamento, a fin de dejar perfectamente clara la dinámica que estamos siguiendo y evitar cualquier confusión que suscite alguna incomodidad a alguna o alguno de los diputados por el procedimiento que estamos siguiendo.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Artículo 104. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se sujetarán a lo siguiente.
VIII. Cuando en las listas a las que hace referencia la fracción V de este artículo se inscriban oradores únicamente para argumentar en un solo sentido, ya sea a favor o en contra, se admitirán hasta tres oradores que podrán hablar hasta por cinco minutos y agotada esta ronda el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, secretaria. Tiene la palabra, para hablar en pro y hasta por cinco minutos, el diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado David Bautista Rivera: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado David Bautista Rivera: Compañeras y compañeros legisladores, una sociedad que no tiene como parte de sus valores y cultura cotidiana la práctica deportiva, es una sociedad predispuesta a la enfermedad y al delito, es decir, es una sociedad que se aleja del bienestar de una calidad de una vida digna.
El deporte para muchas personas ha sido un refugio emocional, para otras una pasión que les ha permitido descubrir y desarrollar sus cualidades y sus talentos, para muchas más es un simple pasatiempo que les permite estrechar lazos sociales, mejorar su salud y utilizar su tiempo libre de forma creativa, pero también es una profesión y una vocación.
Son muchos los beneficios que el deporte brinda a la vida personal de cada ser humano y por ende a la sociedad. Lamentablemente la infraestructura física y deportiva en México no responde a las necesidades de la población, ni a las de los deportistas.
Los espacios destinados al desarrollo de actividades deportistas, actualmente no se encuentran en condiciones óptimas para ser parte de una estrategia integral en materia de desarrollo social y prevención del delito, al contrario, la calidad y cantidad de estos espacios han propiciado que por su abandono hayan sido tomados por los delincuentes como guaridas o para realizar actividades ilícitas.
Es urgente regresar los espacios deportivos, es urgente regresar a la niñez y a la juventud mexicana a sus espacios Es urgente que las mujeres y las personas adultas mayores se sientan seguras en ellos al realizar actividades físicas y deportivas.
Para ello, como primer paso es fundamental contar con un mecanismo que nos permita saber con certeza cuántos y cuáles espacios deportivos quieren rehabilitación.
Un mecanismo que nos permita dimensionar la demanda, así como instrumentar programas para tener no sólo espacios deportivos, sino suficientes y en buenas condiciones. Para ello es necesario contar con un informe que permita registrar, conocer y ubicar los espacios deportivos existentes en el país.
Lo anterior será posible gracias a la elaboración de un informe anual que deberá ser entregado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, a esta Cámara de Diputados cada 8 de septiembre. La Conde podrá cumplir con dicho objetivo mediante la vinculación de estas atribuciones a su registro nacional de cultura física y deporte.
Además, esta reforma podrá permitir a esta Cámara de Diputados evaluar la situación en la que se encuentran dichos inmuebles y así distribuir de manera más eficiente los recursos federales destinados para este fin.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen. Estamos convencidos de que el deporte no solamente beneficia la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, sino que también transforma la realidad social. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia López Rayón, para hablar en pro y hasta por cinco minutos –diputada del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Claudia López Rayón: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Claudia López Rayón: Compañeros y compañeras legisladores. En diciembre pasado, en el marco de la discusión de aprobación del Presupuesto 2019, se presentó ante la Comisión del Deporte de esta Cámara de Diputados más de seis mil proyectos para contribuir, ampliar y rehabilitar la infraestructura deportiva en todos los estados del país por un monto aproximado de 50 millones de pesos.
Funcionarios de gobiernos estatales y municipales hicieron largas filas para registrar sus proyectos con la esperanza de ser considerados y recibir recursos presupuestales para cumplir compromisos de campaña o atender demandas formuladas por la ciudadanía.
Según la encuesta del Inegi, módulo de práctica deportiva y de ejercicio físico, en el 2015 el 42 por ciento de los mexicanos realizan actividades físicas, y de ellos el 66 por ciento la practican en espacios públicos; 2 de cada 3 mexicanos físicamente lo hacen en espacios públicos. Lo que pone en evidencia la importancia de estos para la población de nuestro país.
También es de llamar la atención que en la encuesta referencial entre quienes manifiestan no estar activos físicamente, solo el 1 por ciento señaló que era por falta de instalaciones para practicar, para la práctica deportiva. La principal razón expresa fue la falta de tiempo. Así manifestó el 42 por ciento de los encuestados.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, tiene registro hasta el año de 2015 la existencia en todo el país de más de 47 mil instalaciones deportivas tanto públicas como privadas.
La elaboración de políticas públicas en nuestro país debe tener como sustento estudios y estadísticas precisas y oficiales que apoyen la acción formulada por los gobiernos. De esta manera se garantiza la actuación objetiva y se asegura el buen uso del presupuesto en beneficio de la mayor población.
La ley en materia establece la obligación de elaborar un registro nacional de cultura física y deporte, para que esa información se utilice en la elaboración adecuada de planes y programas. En ellos participan los tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios, suministrado los datos necesarios en el ámbito de sus competencias.
La modificación que hoy discutimos en el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece la obligación de la Conade para que informe al Congreso de la Unión la actualización del Renade, información de gran valía para la discusión y asignación del presupuesto en materia de infraestructura deportiva.
La actividad física y el deporte deben de ser un ámbito cotidiano para la sociedad mexicana por los beneficios que reportan a la salud física y emocional, así como por los beneficios sociales que conlleva.
Es nuestra tarea como legisladores, realizar las adecuaciones a los ordenamientos jurídicos para brindar condiciones necesarias y suficientes que permitan a las mexicanas y a los mexicanos un desarrollo pleno en su vida.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena, estará a favor de esta modificación. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Abra la Secretaría el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: ¿Algún diputado falta por registrar su voto? Gracias. El sistema sigue abierto, compañeros.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ha pasado el tiempo, cierre por favor la votación.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Gracias, compañeros. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 457 a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado en lo general y en lo particular por 457 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado de la República para efectos constitucionales.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Ganadería, y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Eduardo Ron Ramos.
El diputado Eduardo Ron Ramos: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, el pasado 24 de marzo del presente año, las Comisiones Unidas de Ganadería y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, aprobamos el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
La iniciativa, origen del presente dictamen, plantea establecer como objeto de las organizaciones ganaderas el fomentar entre sus asociados la adopción de fuentes de energías limpias y renovables para la realización y desarrollo de las actividades ganaderas.
De acuerdo con la exposición de motivos presentada por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, el uso de fuentes de energía potencia la productividad y competitividad del sector pecuario, procura a largo plazo la seguridad y sustentabilidad alimentaria y combate los efectos del cambio climático.
En ese sentido, es importante recordar que el artículo 27 de nuestra Carta Magna dice que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleos y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. Asimismo, esta iniciativa concuerda con lo señalado por la Asamblea General de la ONU, quien declaró al periodo 2014-2024 como la Década de la Energía Sostenible para Todos y señala que la energía tiene un papel facilitador clave para conseguir las cadenas alimentarias eficientes y más inclusivas, permitiendo mayores rendimientos. Es por ello que estas comisiones consideran viable la adición propuesta a la Ley de Organizaciones Ganaderas.
Lo anterior, en virtud de que sin duda al promover el uso de energías limpias y renovables se impulsa el crecimiento de la industria ganadera y pone a la vanguardia internacional el sector pecuario de México.
Adicionalmente, los diputados y las diputadas que integran la Comisión de Ganadería consideramos relevante mencionar que el aprobar la reforma a la Ley de Organizaciones Ganaderas contribuye a reducir costos energéticos de producción, permitiendo generar más y mejores alimentos para abastecer el mercado nacional.
Por lo anterior, coincidimos con la necesidad de hacer ajustes legislativos que coadyuven de forma transversal a mitigar sustantivamente los efectos negativos al medio ambiente. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra...
El diputado Eduardo Ron Ramos: Felicidades a la diputada Olga Juliana.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Con su venia, señor presidente. La ganadería en nuestro país es un sector muy importante, representa una industria que genera empleos, ingresos y bienestar a las personas que se dedican a la misma. Forma parte de la actividad económica del sector primario.
Esta actividad desarrolla la cría, el tratamiento y la producción de animales domésticos, con la finalidad de obtener productos destinados a la alimentación y a la industria del vestuario y el calzado.
Actualmente, la industria ganadera en general se enfrenta ante el reto de hacer uso de innovaciones tecnológicas y de energías limpias, para con ello fomentar el crecimiento del sector, haciendo compatibles los beneficios empresariales con el máximo respeto al medio ambiente.
Los ganaderos para ser más competitivos deben dejar atrás los sistemas tradicionales de producción, a fin de transitar a sistemas más eficientes y rentables, para así garantizar su permanencia en el ramo.
El noble sector pecuario, como cualquier industria, está obligado a evolucionar, a tomar conciencia de los problemas y menoscabos generados al medio ambiente y actuar en consecuencia para mitigarlos.
Los ganaderos tienen a su alcance en sus territorios diversas modalidades de energía renovable y de manera clara pueden beneficiarse de ellas, tales como las corrientes de agua, el sol, viento, bioenergía, entre muchos otros.
Este tipo de energías pueden aprovecharse, incluso, en sistemas aislados y dada la naturaleza de este tipo de energías limpias y de tecnologías, resulta más competitivo que un generador de diésel viejo y obsoleto.
No podemos negar que el cambio climático existe. No podemos negar que los humanos nos hemos aprovechado de las bondades que la naturaleza nos presenta, y que en esa dinámica hemos ocasionado daños al ambiente.
Cada día es una oportunidad para enmendar el cambio y llevar a cabo acciones que permitan revertir, en la medida de lo posible, los problemas ambientales que hemos causado. Las energías renovables son aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, entre muchas otras.
Su principal característica es que no hacen uso de combustibles fósiles, lo que las hace diferentes a las energías convencionales, sino aprovechan los recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Por ende, su impacto en el ambiente tiene una magnitud menor al que generan contaminantes, ya que emplea recursos finitos.
Para generar un verdadero desarrollo rural sustentable, el Estado debe asumir la responsabilidad. Es por ello que el dictamen que se pone a nuestra consideración resulta relevante. En él se establece la manera expresa que las organizaciones ganaderas tendrán como objeto fomentar entre sus asociados el uso de fuentes de energía limpias y renovables para la realización y el desarrollo de las actividades ganaderas, a fin de potenciar este importante sector de nuestro país.
Que las actividades ganaderas se modernicen, marchen rumbo a la vanguardia debe acelerarse, pero sobre todo, debe ser motivo de orgullo que cualquier industria haga uso de las energías que, al ser generadas, no liberan contaminantes.
Nuestro grupo parlamentario no podría estar más de acuerdo con la propuesta que se pone a consideración de este pleno, pues se reconoce la necesidad de llevar a cabo acciones para evitar que sea más estropeado nuestro planeta, nuestro hogar y nuestro país.
Se vuelve relevante cualquier acción que nos lleve a tener alternativas y dejar de lado la dependencia hacia los combustibles fósiles. De igual manera, es importante resaltar que con esta reforma se resalta la relevancia que tienen las asociaciones ganaderas, como un medio para que los asociados tomen conciencia y emprendan labores para hacer uso de las fuentes de energía limpias y renovables.
También es una muestra de voluntad para cumplir con los acuerdos y compromisos internacionales en materia del cambio climático.
Así pues, estamos llevando a cabo acciones precisas que impactan de manera positiva las actividades cotidianas de muchas personas dedicadas a la ganadería en nuestro país, pues con el empleo de energías limpias existirá la reducción de los costos energéticos, lo que hará más rentable dicha actividad en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, presidente. Con su venia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, y a todos los mexicanos que nos siguen a través de diversas plataformas del Canal del Congreso. El desarrollo de casi cualquier actividad productiva en un país impacta directamente en los espacios, en el medio ambiente.
Es complicado concebir un proyecto de infraestructura o una actividad comercial, por ejemplo, que no tenga como consecuencia modificar el ecosistema en el cual se construye o se pone en marcha.
Sin embargo, es esencial que exista la mayor responsabilidad en la planeación y en la implementación de medidas de mitigación que ayuden a reducir las consecuencias nocivas y el daño al medio ambiente.
Desafortunadamente, en México el desarrollo económico en ocasiones pareciera no tener convergencia con una conciencia sobre la importancia de mantener al mínimo el deterioro ambiental.
El dictamen a discusión que tiene como objeto que se establezca dentro de la Ley de Organizaciones Ganaderas el uso de energías limpias y renovables es de suma importancia, en tanto pone sobre la mesa un debate que hemos estado postergando: el de la transición energética.
En este sentido, en el Grupo Parlamentario del PRD hemos señalado constantemente que se deben tener presentes los problemas a los que nos podemos enfrentar el día de mañana, y uno de ellos puede ser la falta de oferta generalizada de combustibles fósiles, como la gasolina, que ya padecimos al principio de año en el país. Además de los efectos que ya estamos percibiendo a causa de la contaminación y la degradación ambiental.
Así pues, es necesario emitir criterios, lineamientos, normatividad y promover en todo momento el uso de energías limpias. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, mejor conocida como FAO, ha señalado que especialmente la agricultura, la ganadería, la pesca y silvicultura tienen tarea por delante para reducir su huella contaminante.
Según un informe del año 2016 de esta organización estos sectores generan más del 20 por ciento de las emisiones responsables del cambio climático, y solo la industria energética tiene una responsabilidad mayor con el 47 por ciento en el incremento de la temperatura del planeta, por los gases de efecto invernadero. Asimismo, se deben tomar medidas urgentes y sostenibles para mitigar la contaminación de suelo, agua y aire.
La academia ha señalado constantemente que el uso de energías renovables es una buena alternativa ante el problema de disminución de las reservas de combustibles fósiles y la generación de contaminantes.
En el PRD nos preocupa el camino a la petrolización y a la carbonización que está marcando la actual administración dejando atrás las tendencias de cambio tecnológico y transición energética. Es importante que hagamos uso de todos los recursos con los que cuenta el país, siempre con una planificación con visión de desarrollo sostenible y comprometido con el medio ambiente y con futuras generaciones. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Jorge Eugenio Russo Salido. Ausente. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: La energía finita es en un planeta finito. Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, hoy discutimos un tema de suma trascendencia para la vida ambiental, económica y pecuaria de la nación, deliberación que tiene como propósito la protección del medio ambiente a partir de medidas en las actividades ganaderas.
Debido al crecimiento demográfico y al aumento de los ingresos, así como la transformación de las preferencias alimentarias, incrementan la demanda de productos pecuarios, a la vez que la globalización impulsa el comercio de insumos y productos, donde la seguridad alimentaria y la agricultura enfrentan grandes desafíos debido al cambio climático, por ello es fundamental mitigar los daños ocasionados por la actividad pecuaria en función de tomas de decisiones adecuadas y adopción de medidas oportunas.
En datos se prevé que la producción mundial de carne se incrementará en más del doble, pasando de 229 millones de toneladas en 2001 a 465 millones de toneladas en 2010, y que la producción de leche crecerá de 580 a mil 43 millones de toneladas.
Un sistema de energía renovable permitirá a los productores ampliar sus perspectivas y multiplicar sus opciones, disminuyendo los obstáculos para la explotación y desarrollo de los recursos agropecuarios y así abrir un abanico de posibilidades productivas.
Nuestro país cuenta con un gran potencial para el aprovechamiento de las energías renovables. En casi todo el territorio se encuentran altos niveles de disponibilidad de recursos energéticos en forma de radiación solar, viento, corrientes de agua o biomasa. Además, se cuenta con la suficiente capacidad técnica para aprovechar estas fuentes de energía.
Por citar un ejemplo, en países como Suecia, Letonia, Finlandia, Austria y Dinamarca las energías renovables aumentaron logrando un desarrollo bajo en carbono, que además es rentable para el consumidor y es benéfico para el medio ambiente.
Asimismo, hay que enfrentar que la población no para de aumentar y se generan nuevas demandas energéticas. Abastecer a la población mundial requiere combinar la necesaria reducción del dispendio energético con el aumento decidido de energías renovables y limpias.
Sin embargo, no bastará con las acciones de gobierno, se requiere de la decidida participación de todos y de todas y cada uno de los actores involucrados en esta materia. Es el momento de emprender acciones tendientes a la solución de este problema. Es la ocasión de explorar nuevas opciones de energía solar térmica, fotovoltaica, eólica y biomasa. Transitar hacia fuentes de energías alternativas.
Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor de la iniciativa para contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente y el fortalecimiento de la actividad pecuaria del país. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Jorge Eugenio Russo Salido, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jorge Eugenio Russo Salido: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. El sector pecuario dentro de los sectores agrícolas es la actividad que ha tenido un crecimiento acelerado en todo el mundo, convirtiéndose en el medio de subsistencia para más de mil 300 millones de personas, y representando el 40 por ciento de la producción agrícola a nivel mundial.
No obstante, la rapidez con la que el sector pecuario ha crecido ha traído consigo graves consecuencias ambientales, pues a pesar de que la ganadería solo produce el 9 por ciento de emisiones de CO2 de todas las actividades humanas, esta genera el 65 por ciento del dióxido nitroso, el cual es uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes y cuyo potencial de calentamiento global es 296 veces mayor que el CO2.
Hoy coincidimos que es necesario dar un nuevo rumbo a la industria ganadera para menguar las afectaciones que se deriven de esta actividad, la cual es tan importante para nuestro país en términos económicos. Por lo cual el uso de energías limpias y renovables dentro del sector pecuario es un acierto en las políticas que se deben de implementar en nuestro país.
El avance en uso de energías limpias y renovables que se ha dado en México, se ha mantenido al alza en los últimos años dándose de manera paulatina y, sin embargo, de acuerdo a especialistas del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, nos encontramos en un grave retroceso en la materia, pues nuestro país cuenta con un gran potencial para desarrollar energía solar y eólica, mismo que no ha sido aprovechado por la falta de políticas más agresivas que permitan el auge de este tipo de fuentes energéticas en diversos sectores económicos del territorio nacional.
En este sentido, nuestro papel como actores principales en la implementación de políticas públicas es el de generar los instrumentos necesarios que permitan el desarrollo de proyectos que beneficien a largo plazo a la ciudadanía, por lo que nuestra seguridad energética debe dar prioridad al desarrollo de fuentes energéticas más duraderas y con ello dejar de lado el uso de combustibles fósiles, tanto por cuestiones ambientales como por económicas.
La política energética del nuevo gobierno ha mostrado una grave involución en la materia, pues este ha apostado por recluir el uso de energías renovables, y optado por la construcción de nuevas refinerías.
La reactivación y mantenimiento a termoeléctricas y carboeléctricas, así como la disminución del capital en el Presupuesto de Egresos de programas enfocados al uso de energías renovables.
Las medidas que se están dando con la actual administración, no permitirían diversificar el portafolio de generación energética de nuestro país, lo que puede llegar a traer resultados contraproducentes, como lo sucedido por el desabasto de gasolina ocurrido en meses pasados.
Si bien las acciones que está implementando el gobierno en turno son una solución a corto plazo, las repercusiones a la larga tienden a ser mayores, debido a la contaminación proveniente de los combustibles fósiles, además de la volatilidad en el precio de estos energéticos convencionales.
De igual manera, el cambio hacia esta nueva estrategia energética llegará a afectar en el mediano y largo plazo los compromisos que nos impusimos mediante el acuerdo de París, pues el aumento en el uso de la gasolina, el combustóleo y el carbón, va a acrecentar de manera significativa las emisiones de gases con efecto invernadero.
Por ello, hoy votaremos a favor de este dictamen, pues para Movimiento Ciudadano el uso de energías renovables es uno de los temas torales que debe estar incluido en la agenda para el desarrollo integral del país, pues debemos tener una panorama más amplio respecto a las políticas energéticas que implementaremos, tanto en nuestro bienestar, como el de las nuevas generaciones. Es cuanto, diputado presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputada presidenta. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos de que, si no mejoramos los marcos regulatorios de las actividades productivas, los efectos del cambio climático serán irreversibles.
La contaminación, el efecto invernadero, las sequías, las inundaciones y la extinción de la flora y la fauna son problemas cada vez más alarmantes, que nos obligan a poner nuestros esfuerzos en la búsqueda urgente de soluciones más eficaces.
La esencia del proyecto sometido hoy a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, que busca reformar la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, está en la necesidad de promover el uso de energías limpias y renovables en el sector pecuario de la economía nacional.
A manera de ilustración, de acuerdo con la Ley de Transición Energética, las energías renovables son aquellas que se originan mediante fenómenos de la naturaleza y se regeneran de la misma forma, pero no liberan contaminantes. En tanto que la Ley de la Industria Eléctrica establece que las energías limpias son aquellas cuyas emisiones o residuos no rebasan los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias.
El uso desmedido de combustibles fósiles ha provocado el aumento de gases en la atmósfera, aseverando la contaminación y el efecto invernadero, lo que además ha impactado negativamente en la salud y en la calidad de las personas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló que la producción pecuaria es una de las causas principales de los problemas ambientales en la actualidad. Tan solo esta actividad es responsable de al menos el 18 por ciento de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, es decir, casi una quinta parte.
El futuro del binomio ganadería-medio ambiente estará determinado por la manera como se logre el equilibrio entre los dos. Es por esto urgente dar paso a una legislación que promueva una actividad ganadera sustentable.
La importancia del sector ganadero para la economía del país es tal que se registran tiempos de producción histórica en carne de bovino, que asciende a los 2 millones de toneladas, ubicando a México como el sexto productor de carne en el mundo al exportar aproximadamente 220 mil toneladas al año.
Hoy estamos ante la oportunidad de legislar a favor de un marco legal moderno y adecuado que atienda la demanda social, que nos encaminemos hacia una economía sustentable y que promueva entre las organizaciones de productores ganaderos el uso de fuentes de energías limpias y renovables.
Con nuestro voto a favor daremos un paso gigante hacia el cumplimiento de los compromisos globales en materia de mitigación del cambio climático, como lo es la Agenda 2030 y los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Asimismo, contribuiremos a la armonización del marco normativo nacional con los tratados internacionales de los que México forma parte.
Esta medida no solo será benéfica para el medio ambiente, sino favorecerá la productividad y la competitividad del sector en todo el país, además que tendrá un resultado positivo en la economía de las familias ganaderas.
El funcionamiento de las actividades pecuarias bajo un modelo de energías limpias y renovables potenciará los sistemas de producción y toda la cadena de valor, generando un desarrollo integral en todas las regiones ganaderas.
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, congruente con los principios que defiende y con alto sentido de responsabilidad legislativa y humana votará a favor del presente dictamen, cuya iniciativa fue propuesta por nuestra compañera diputada y coordinadora de la bancada Olga Juliana Elizondo Guerra.
Aprovecho mi participación en esta honorable tribuna para exhortar a las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios a que se sumen a esta propuesta, que de convertirse en ley beneficiará a las nuevas generaciones, a las que también tenemos una responsabilidad histórica.
Por un medio ambiente sano, por un país sustentable, con energías limpias y renovables, hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Canul Pérez: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Juan José Canul Pérez: Compañeras y compañeros legisladores, el campo ha jugado históricamente un papel trascendental en el desarrollo económico y social en beneficio de millones de productores y sus familias en todo el país.
Particularmente, la ganadería constituye una actividad de primera relevancia de la economía rural y la economía en su conjunto, debido a que es generadora de alimentos, empleos, ingresos y divisas, de ahí la importancia y pertinencia del dictamen que hoy discutimos y de la necesidad de continuar impulsando políticas públicas para su fortalecimiento.
La propuesta de reforma a la Ley de Organizaciones Ganaderas pretende fomentar entre sus asociados el uso de fuentes de energías limpias y renovables para la realización de las actividades ganaderas, a fin de potenciar el sector.
De acuerdo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas existen más de 800 mil ganaderos en todo el país, 2 mil asociaciones ganaderas locales, 44 uniones regionales y 26 organizaciones especializadas.
Las organizaciones ganaderas promueven la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible del sector. Orientan la producción según las condiciones del mercado. Proponen la integración de la cadena producción, proceso, comercialización para el abastecimiento de los mercados. Y sugieren la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas en materia de producción ganadera y sanidad animal, entre otras.
En tal virtud, coincidimos en que el uso de energías limpias y renovables es primordial en la realización de la mayoría de las actividades pecuarias, ya que tiene múltiples usos, como proveer alumbrado, bombeo de aguas, refrigeración en los sistemas de ordeño, así como el establecimiento de telecomunicaciones y calefacción de agua, con fines productivos principalmente.
No tenemos la menor duda de que con esta reforma se impulsa el crecimiento de la industria ganadera y pone a la vanguardia internacional al sector. A la vez, dará cumplimiento a lo estipulado por nuestra ley fundamental en la materia, así como los convenios internacionales de los que México forma parte.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, ya que estamos convencidos que contribuirá a potenciar el sector ganadero, el cual es palanca del desarrollo económico y fuente generadora de alimentos, de empleos e ingresos de millones de productores y sus familias en todo el país. Enhorabuena a todo el sector ganadero del país y que todo sea para bien. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Se encuentran en la Cámara de Diputados integrantes de la Asociación de Mujeres Construyendo Guerrero, invitadas por la diputada Soraya Pérez Munguía, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Mario Mata Carrasco: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Mario Mata Carrasco: Compañeras y compañeros diputados, los grandes procesos de cambio social y económico en nuestro país han estado estrechamente ligados a las actividades del sector rural y la producción agropecuaria.
El crecimiento de la población y la creciente urbanización del territorio han generado un incremento gradual de la demanda de productos ganaderos. A partir de las evidencias de la FAO se ha podido observar que a nivel global la expansión del sector ganadero está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre recursos naturales del mundo.
Los efectos más visibles son, por ejemplo, que los pastizales se ven amenazados por el deterioro y el uso intensivo de los suelos. Los bosques se están destruyendo para plantar piensos. Los recursos hídricos se están volviendo escasos. La contaminación del aire, el suelo y el agua está aumentando y se están perdiendo los recursos zoogenéticos adaptados a cada lugar.
La misma FAO estima que el ganado es responsable del 18 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y que provocan efectos negativos a nivel local. La evidencia de que la actividad ganadera tiene consecuencias en el cambio climático es innegable. Por ello, es urgente que en nuestro país se establezcan cambios en la legislación para ser compatible el desarrollo pecuario y el cuidado al medio ambiente.
Necesitamos que el crecimiento económico y el aprovechamiento sustentable de los recursos del sector recorran el mismo camino. En México se ha logrado en los últimos años un crecimiento promedio del 3.5 del producto interno bruto, siendo el sector económico más dinámico en el conjunto de la economía nacional. Este impulso debemos mantenerlo sin afectaciones al medio ambiente y con un uso eficiente de la energía que se utiliza en las actividades agropecuarias.
El dictamen que hoy está a discusión para incluir en la Ley de Organizaciones Ganaderas, que estas fomenten el uso de energías limpias y renovables en sus actividades, permite impulsar la transición energética en el sector ganadero y alcanzar metas nacionales en cuanto a la producción de energía. Además de que con ello se sentarán las bases para cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático.
Esta reforma permitirá a la industria ganadera nacional aprovechar los recursos existentes de forma eficiente. Se podrá, por ejemplo, promover la producción de energía con biomasa, utilizando los residuos orgánicos de las granjas. Se sentarán las bases jurídicas para la generación de electricidad con fuentes limpias, como la fotovoltaica o la eólica, para ser utilizada en todas las cadenas de valor de la industria ganadera.
Como ya se dijo, la iluminación, el bombeo del agua, la refrigeración, entre otros usos, tendrá una fuente sustentable que permita preservar los suelos y el agua del sector. Sin embargo, vemos con preocupación que el sector energético no está trabajando el ritmo que el país lo necesita.
No es posible que, en la Secretaría de Energía, que dirige Rocío Nahle, esté ocurriendo lo que ella tanto criticó: la adjudicación directa de los grandes contratos, el conflicto de intereses en la compra de carbón de la Comisión Federal de Electricidad al senador Armando Guadiana Tijerina, además presidente de la Comisión de Energía del mismo Senado, y junto con su hermano, empresarios que explotan carbón. Una bonita familia. Todo como los mejores años de la corrupción rampante en el país.
Asimismo, vemos reticencia hacia el uso de las energías limpias y renovables por parte de los tomadores de decisión. En este rubro el dato actual es que el 92 por ciento del consumo energético corresponde a energías no renovables y solo el 8 por ciento a energías limpias y sustentables.
El Grupo del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, convencidos de que toda actividad productiva generadora de riqueza y empleo puede ser compatible con el uso sustentable en nuestros recursos naturales. Desde antes nuestro partido siempre tuvo presente la necesidad de que el crecimiento económico debe realizarse con el uso de fuente de energía no contaminantes que garanticen el bienestar de las familias rurales respetando y preservando nuestra rica biodiversidad. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros. El tema, fomentar el uso de fuentes de energías limpias y renovables para la realización de la actividad ganadera general. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros.
El mundo cambia ante nosotros mientras nos mantenemos impávidos frente a los cambios que ponen en alto riesgos a nuestro planeta. No reaccionamos y nos mantenemos indiferentes ante un peligro que se vislumbra catastrófico, debido al calentamiento global.
El futuro se acerca a una velocidad mayor que la proyectada por los científicos, la temperatura promedio aumenta año con año, los glaciares polares se derriten a gran velocidad, el planeta padece sequías cada vez más prolongadas y el nivel del mar es 19 centímetros más elevado que en los últimos 20 años.
De 1880 al 2012, la temperatura media mundial aumentó 0.85 grados centígrados, si este aumento llegara a los 2 grados centígrados se perderá el 90 por ciento del hielo y el 99 por ciento de los corales del planeta. Es decir, la vida en la tierra estaría amenazada.
Cada día más animales pasan a la lista de extintos o entran en la lista de un peligro de extinción, lo que significa que las futuras generaciones ya no los verán, serán parte del pasado y los conocerán únicamente por Internet. De las 834 especies que se han extinguido en el planeta, 49 son mexicanas.
Ahora bien, en el mundo el 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable y 345 mil menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas. La escasez de agua afecta a 4 de cada 10 personas, y el 90 por ciento de los desastres naturales están relacionados con el agua.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las naciones industrializadas son las mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, sin embargo, los países más pobres son los que más sienten sus efectos. De ahí la importancia del dictamen a discusión.
Celebro que este Congreso sea sensible al cambio climático. Celebro que decidamos no ser espectadores e impulsemos medidas para que uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país crezca y se desarrolle de forma sustentable.
La actividad ganadera es responsable del total del 18 por ciento de los gases de efecto invernadero a la atmósfera debido al uso irracional de combustibles fósiles y tecnología obsoleta.
Adoptar energías limpias y renovables en beneficio del medio ambiente significa no sólo un acto de responsabilidad social, sino una acción que potenciará y fortalecerá a dicho sector.
Es por ello, que con el voto favorable al dictamen que hoy discutimos realizamos una importante contribución al desarrollo económico sustentable de México y a la mitigación del cambio climático.
Los sectores productivos, los poderes del Estado y la población en su conjunto, desde el ámbito de nuestra respectiva competencia, debemos actuar de manera conjunta para promover e incentivar el uso de energías amigables con el ambiente.
En el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del presente dictamen, lo haremos por el bienestar del país, del planeta y de quienes en él habitamos y, sobre todo, por las generaciones venideras.
Votaremos a favor porque eso significa también apostarle a la soberanía alimentaria de nuestra nación. Votaremos a favor convencidos de la que la norma jurídica debe establecer con claridad la conducta deseada para hacer posible un mejor presente y un mejor futuro. Es mucho lo que este poder legislativo puede aportar, hagámoslo juntos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la discusión en lo general. Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del PAN.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Con su venia presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Gracias. Sin duda la aprobación de esta iniciativa merece reconocimiento y una celebración porque es un paso más a la modernización de la industria pecuaria de nuestro país.
El norte de México, Chihuahua, ha sabido ganarle al desierto y ha hecho que su suelo seco y su clima extremo sea alimento del ganado chihuahuense y de México, por supuesto. La industria ganadera es celosa y no se regala absolutamente nada, o trabajas, o trabajas o te mueres.
Sin embargo, nuestra actividad esta retrasada con respecto a su desarrollo en otros países y es indispensable sacarla del atraso lo antes posible. En un mundo globalizado como en el que vivimos, no podemos pensar en encerrarnos en nosotros mismos y quedarnos en donde estamos, el avance tecnológico y la apertura comercial son clave, y lo son aún más para la actividad ganadera. Por eso la importancia de esta iniciativa y su aprobación, porque moderniza y porque nos hace voltear a ver a esta noble actividad.
Ahora bien, celebramos sí, pero esto no se puede quedar ahí, el esfuerzo debe ser conjunto, continuado, porque un esfuerzo aislado no lo es todo, es necesario que esta Cámara haga un compromiso para con los ganaderos de México, y trabajemos en conjunto por mejorar, por modernizar la ganadería mexicana, pues termina siendo para beneficio de todos.
Contemplemos el redistribuir el programa Crédito a la Palabra, pues la ganadería no es solo más vacas y más toros, también es agua, tubos, celdas, bombas sumergibles. Tomemos en cuenta que si no preservamos los suelos, agua y lo ecosistemas vinculados a la actividad agropecuaria, perderemos la capacidad de producir alimentos, pero también, la posibilidad de obtener servicios ambientales como los que ofrecen los árboles y la cubierta vegetal al producir oxígeno, o agua de calidad para consumo humano libre de contaminantes por la actividad pecuaria.
Estamos convencidos que la puesta en práctica de esta propuesta permitirá, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generados por el sector ganadero, y con ello contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
Urge también regularizar su desarrollo y aquí es un tema que le incumbe directamente al gobierno federal, pues como mencioné, hemos de caminar en un esfuerzo conjunto y continuado.
Chihuahua, por ejemplo, existen alrededor de 2 mil pozos que se encuentran sin registro esperando a que Conagua se digne a trabajar y esa falta de registro tiene a los ganaderos sin poder tener algún tipo de crédito o de apoyo para su mejor desempeño en nuestra actividad ganadera.
Urge, pues, exigir porque los ganaderos ya nos cansamos de solicitar que Conagua cumpla con su trabajo y su responsabilidad, y regularice la situación que he mencionado. Es totalmente inaceptable continuar así.
Vamos pues por un esfuerzo continuado y conjunto para la ganadería mexicana. Ya dimos el primer paso en ese sentido con la aprobación de esta iniciativa que va por el uso de energías limpias y renovables en el sector pecuario, y por supuesto, que hemos de coadyuvar al cumplimiento de los acuerdos y de compromisos internacionales en materia de cambio climático y energía renovable, una responsabilidad que debe ser asumida sin cortapisas por el Estado mexicano, a efecto de generar un verdadero desarrollo rural sustentable, para que la ganadería mexicana avance. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, de Morena.
El diputado Marco Antonio Carbajal Miranda: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el 68 por ciento de los gases de efecto invernadero provienen tan solo de 10 países, entre ellos México, generando el 1.68 por ciento del total de las emisiones que llegan a la atmósfera.
Las principales fuentes de emisiones de los gases de efecto invernadero en nuestro país son el transporte, la generación de electricidad y la industria. Día con día sentimos más los efectos negativos del calentamiento global, como por ejemplo lluvias torrenciales y temperaturas altas en el invierno, así como largas sequías en el verano.
Es necesario reconocer que con la actividad industrial irresponsables hemos enfermado al planeta. El daño que le hemos hecho como humanidad se observa irreversible. Por ello lo que tenemos que hacer y debemos de hacerlo rápido, es detener la tendencia creciente de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
El dictamen que hoy nos ocupa establece medidas que ayudarán a frenar el deterioro del medio ambiente. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen a discusión. Votará a favor por México, por las familias mexicanas, por el desarrollo sostenible del sector ganadero y por el bien del único hogar que tiene el ser humano, nuestro planeta.
Por ello invito a las demás fuerzas políticas a que se sumen con voluntad a la propuesta que hoy nos presentan las Comisiones Unidas de Ganadería, y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. Digamos sí a las acciones que permitan reducir los gases de efecto invernadero. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Carmen Mora García, de Morena.
La diputada Carmen Mora García: La idea general de que tratamos problemas medioambientales sin hacer cosas, simplemente no funciona. Natalie Jeremijenko.
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hay personas y gobiernos que se niegan a aceptar sus efectos negativos y aún peor, sus consecuencias catastróficas. No aceptar la realidad del cambio climático y sus efectos, nos llevan indudablemente a un futuro incierto y desolador.
Muchas preguntas se habrá que resolver y habría que hacerlo de inmediato, dado que todas ellas están directamente ligadas al clima y nuestro futuro. ¿Cuál será la forma de producción de alimentos en un futuro? ¿Se contará con la suficiente agua potable para enfrentar las necesidades humanas? ¿Qué nuevas enfermedades aparecerán, producto de la contaminación? ¿Cuántas ciudades a la orilla del mar desaparecerán debido al aumento del nivel del mar?
Es evidente que tenemos que iniciar acciones efectivas, que tenemos que impulsar nuevas políticas públicas y realizar modificaciones al andamiaje jurídico. El medio ambiente y las nuevas generaciones merecen nuestro mayor esfuerzo.
En el Grupo Parlamentario de Morena le damos la bienvenida a este dictamen. Votaremos a favor, porque es necesario fortalecer el sector ganadero, garantizando su desarrollo sustentable. Es necesario fortalecerlo porque ello imprimirá un importante impulso a la economía nacional y abonará al establecimiento de la soberanía alimentaria por la que tanto hemos luchado, pero también es fundamental responder a la demanda ambiental, no solo como un acto sensible, sino también como una acción responsable.
Para mejorar el bienestar de la población, para hacer posible la justicia social, para alcanzar la seguridad alimentaria es indispensable hacer coincidir el crecimiento agropecuario y el cuidado al medio ambiente.
Cada vez que dañamos al medio ambiente, cada vez que abonamos a la contaminación, sus efectos regresan como un búmeran hacia el campo y a las familias que de él dependen.
De ese modo, ese campo donde la desigualdad, la pobreza y la marginación se agudizan con los fenómenos ambientales, derivados del cambio climático, por ello no cesemos en la ardua tarea de legislar en favor del medio ambiente. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada Mora García. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el tema se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, de este dictamen.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiera el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, queda medio minuto. Si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto. Ciérrese el sistema electrónico. Diputada presidenta, se emitieron 434 en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular, por 434 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas. Tiene la palabra por diez minutos la diputada presidenta María del Pilar Ortega Martínez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, el combate a la inseguridad en nuestro país ha comenzado como una acción impostergable frente al crecimiento desmedido de la permeabilidad de los grupos delictivos a las instituciones del Estado mexicano.
El tiempo ha dejado a su paso diversos efectos negativos que han lastimado profundamente a la sociedad mexicana. Sin duda, la muestra más palpable de esta situación es la trágica situación por la que atraviesan las víctimas del delito, el de aquellas personas que han padecido por sí mismas o en la persona de sus familiares más cercanos los efectos de la violencia, de la impunidad y de la dilación de las instituciones del Estado para brindar efectivamente la seguridad y la tranquilidad de las y los mexicanos.
En ese orden de ideas, 2010 comenzó el proceso legislativo de la Ley General de Victimas, con la presentación entonces de una iniciativa para otorgar reparación del daño y compensaciones a quienes son afectados por las acciones delictivas.
En referencia a la figura de la compensación la exposición de motivos de una de las iniciativas que dio origen a la Ley General de Víctimas plantea lo siguiente. Se plantea a favor de la víctima la figura de la compensación de naturaleza estatal, diferenciándola claramente de la restitución, reparación o indemnización que el delincuente debe asumir frente a su víctima, ya que en la primera se utilizan fondos públicos para comenzar la nocividad del delito, partiendo del argumento de que la sociedad en su conjunto es responsable de la prevención criminal, por lo que, al fracasar esta, resulta justo que se compense a la víctima.
Este enfoque es particularmente significativo en países como México, donde la delincuencia organizada incurre con el propósito de inhibir la aplicación de la ley en actos terroristas y de ejecuciones sistemáticas, causando mayores estragos en la población.
De ahí la necesidad de que nuestras leyes reflejen una mayor cauda de derechos para las víctimas de los delitos, en especial los cometidos bajo esta modalidad de organizada. Fin de la cita.
Retomando la noción de la compensación de la nocividad del delito, es que surge la necesidad de hacer que esta figura sea otorgada con mayor celeridad a las víctimas del delito, en la comprensión de que el retardo y la dilación de las instituciones del Estado para poder compensar a las víctimas les afecta nuevamente y en algunos casos más graves implican la revictimización de la persona.
Por ello, en la Comisión de Justicia se planteó la necesidad a partir de una iniciativa de reducir la temporalidad establecida en la ley, perdón, de establecer una temporalidad para mejorar la redacción que actualmente tiene la disposición relativa en la Ley General de Víctimas en relación a esta compensación.
Y es que en la misma ley no se establece alguna temporalidad, se establece sí una temporalidad para que la Comisión Ejecutiva de Víctimas a partir de la solicitud de esta compensación emita una resolución, pero no así para establecer cuánto tiempo tiene la comisión de víctimas para otorgar la misma.
Es por ello que a partir de la iniciativa presentada se concluye que se establezca este plazo de 120 días hábiles en el cual deberá de generarse esta compensación. Con esta reforma, se establece una indicación puntual para la Comisión Ejecutiva de Víctimas, para que tenga el tiempo suficiente para poder hacer la entrega de la compensación a las víctimas del delito y no se genere una dilación en el otorgamiento de las mismas, es decir, estamos poniendo un plazo máximo para que esta se genere.
También se especifica la eliminación del criterio que establecía que dichas compensaciones fuesen otorgadas en moneda nacional, en el entendimiento como el cumplimiento de una obligación del Estado esa compensación puede otorgarse como la misma ley establece en especie y por ello pues esta disposición era incongruente con el objeto de la ley.
Las modificaciones planteadas en el dictamen de la Comisión de Justicia, que hoy se somete a su consideración, será muy importante en este anhelo de justicia de la sociedad mexicana y sobre todo en este anhelo de justicia de quienes hoy lamentablemente se han visto en la terrible posición de ser víctimas de un delito.
Sabemos que tendremos que hacer mucho más para generar acciones contundentes para frenar la violencia, para evitar que el delito se cometa, pero también como Estado mexicano tenemos que estar preparados para la eventual comisión de delitos y, sobre todo, para proveer las acciones materiales indispensables para apoyar a las víctimas de los delitos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar sus posturas. Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias, presidenta, con su permiso.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras, compañeros diputados. El tema del combate a la inseguridad siempre es un tema muy interesante al cual las y los diputados, todos compañeros, debemos de ponerle mucha atención.
Un verdadero Estado democrático del derecho que sea garante de la protección de los derechos humanos, tiene la responsabilidad y la obligación de responder a las víctimas de los delitos, a las víctimas de las violaciones causadas por la acción u omisión de los órganos de gobierno, o bien, de las y de los funcionarios públicos. La manera en que se lleva a cabo es mediante la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición de los hechos.
De acuerdo con los estándares internacionales y a nuestra Constitución, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación del daño adecuada, integral y proporcional a la naturaleza del acto.
Nuestro trabajo como representantes populares debe centrarse siempre en las personas, en generar los mecanismos y propiciar las mejores condiciones para que sus vidas mejoren, y en los casos en los que la tranquilidad a sus víctimas cotidianas le fue vulnerada, logren volver lo antes posible a una vida normal, a la normalidad.
Es por ello que existe la compensación económica como una de las medidas para la reparación integral, la cual permite a la víctima que les sean resarcidos todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas que pueden ser económicamente evaluables y que sean consecuencias del delito.
Estos pueden ser los daños patrimoniales generados, el pago de los gastos y costos judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud de las víctimas, entre otros.
Sin embargo, la realidad es que los procesos burocráticos y la falta de un plazo determinado para que la autoridad cumpla con esta obligación, ocasiona que las víctimas queden en estado de incertidumbre y por tiempo indefinido, postergando el proceso de iniciar una recuperación emocional, una recuperación física, que les permita recuperar su trauma de acuerdo al delito.
La falta de un plazo, de una fecha, ocasiona que se sigan revictimizando los efectos, y el Estado por su parte, se aparta de una función de tutelar los derechos de todos los que han sido víctimas. Por esta razón, esta reforma se vuelve necesaria pues con ella se le da certeza sobre el tiempo de entrega de la compensación a la que tiene derecho.
La propuesta de la modificación por parte de la comisión que exactamente propone aquí al pleno, es que el daño se pueda resarcir con el pago de la compensación de las afectaciones en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la resolución dictada por la comisión ejecutiva. Esto le permite entonces esa certidumbre y esa seguridad para que en un plazo no mayor a 120 días pueda ser resarcido económicamente el daño.
Sé que no existe medida alguna para borrar el dolor y el sufrimiento que han vivido una terrible experiencia de esta, estoy consciente que desafortunadamente siempre habrá un antes y un después en la vida de quien ha perdido la tranquilidad y la confianza, sobre todo, de las autoridades.
Pero si bien, no se puede borrar el pasado, lo mínimo que se debe y se puede hacer en caso, el Estado, es facilitarle las herramientas para permitirle que a su propio ritmo puede recuperar esa paz que le fue arrebatada. Proporcionar la compensación económica dentro de un plazo determinado es una obligación del Estado como parte responsables, es una cuestión de mera justicia social.
No es justo que una persona además de las pérdidas intangibles y del sufrimiento que le ha ocasionado, vea además dañado su patrimonio, pero peor aún, que se vea en la imposibilidad de solicitar ayuda por el hecho de no disponer o no poder pagar los servicios médicos, o peor aún legales, que necesita para seguir delante de la manera más normal posible.
Por eso es que su servidor votará, votaremos en el Partido Verde a favor del presente dictamen porque esta medida abona a generar una verdadera política de justicia, de justicia social para las víctimas que tan necesario es en nuestro país.
Por eso, compañeras, compañeros, los invitamos a una reflexión para que su voto sea a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Saludamos hoy la aprobación del presente dictamen que en su origen fue presentado por el Partido de la Revolución Democrática, porque en nuestro país más allá de los discursos, más allá de los discursos con las víctimas, el Estado mexicano tiene su deuda más grande en un contexto de violencia, que lejos de disminuir observamos cómo día con día se vuelve más álgida.
Tanto, que hoy somos testigos del trimestre más violento en la historia de México en el que han sido asesinadas más de 8 mil 500 personas, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y saludamos la aprobación de este dictamen, porque el andamiaje institucional que hemos construido para la atención a las víctimas, ha sido diseñado y resulta urgente la consolidación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Sin embargo, al mes de marzo pasado únicamente tres entidades federativas habían armonizado su legislación local con lo establecido en la ley general y solo 15 cuentan con asesores y asesores jurídicos para víctimas y fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
Esta situación debe ser corregida de inmediato, ya que según lo afirma el propio titular de la Comisión Ejecutiva, el 80 por ciento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos, corresponden al ámbito local y aun cuando se establece la posibilidad de que la Comisión Ejecutiva actué de manera supletoria, esto no resulta suficiente.
Saludamos también a aprobación del presente dictamen porque resulta ingente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogas en las entidades federativas puedan responder de manera eficiente a los retos que nos ha impuesto la realidad en nuestro país, en donde los desaparecidos suman más de 40 mil y la Comisión únicamente ha atendido a 446 víctimas, según su propio informe, de los cuales 79 recibieron compensaciones subsidiarias por delitos del fuero federal y 367 personas recibieron compensaciones por violaciones a sus derechos humanos, cometidas por autoridades federales, erogando un total de 399.2 millones de pesos.
Es en este sentido que el dictamen que presenta hoy la Comisión de Justicia a este pleno viene a solucionar uno de los mayores problemas que se presentan para el otorgamiento de compensaciones, y por ello la necesidad de establecer un plazo máximo de 120 días contados a partir de la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.
Dado que hemos sido testigos de inaceptables dilaciones como las que han sufrido las familias, víctimas directas, indirectas y circunstanciales de hechos tan paradigmáticos como los acontecidos con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como los integrantes del equipo de futbol, Avispones, en 2014.
Hemos coincidido en múltiples ocasiones en que el diagnóstico realizado por el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en México, sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, señalando que un sistema idóneo de justicia es aquel que se basa exclusivamente en normas jurídicas y no en criterios de conveniencia u oportunidad política, sancionando a las y los responsables de los delitos, garantizando que las personas inocentes no sean condenadas injustamente y garantizando plenamente los derechos de las víctimas.
Esta reforma hoy sin duda nos obliga por un deber moral para con las víctimas, nos obliga también el marco convencional del que formamos parte. Nos obliga las recomendaciones internacionales y la constante observación de las organizaciones de la sociedad civil, sin las cuales la Ley General de Víctimas no hubiera sido posible.
Por ello, desde esta tribuna hacemos un reconocimiento a las organizaciones que agrupan y representan a las víctimas, porque sin su colaboración el Estado mexicano seguiría ignorando a quienes por su inacción han sufrido algún daño en su persona o su familia.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD expresa su compromiso y solidaridad con las víctimas de las fallidas políticas en materia de seguridad y se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Ruth Salinas Reyes: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ruth Salinas Reyes: Sin duda alguna la reparación integral de las víctimas es una de las tantas tareas pendientes reales e inminentes que tiene nuestro país con las víctimas, por ende, con la sociedad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 20, inciso c), fracción IV, lo siguiente: La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.
Por lo cual, con esta reforma se está ejecutando lo que mandata nuestra Carta Magna, dándole celeridad y certidumbre jurídica a las personas que hayan sido objeto de un hecho victimizante por cualquier razón, en concordancia con el artículo 17 de la Constitución de llevar a cabo una justicia imparcial, pronta y expedita.
Durante los últimos años posteriores a la creación de la normatividad encaminada a la reparación integral de víctimas, había sido letra muerta. El Estado no ha tenido la capacidad de garantizar a las víctimas su desarrollo posterior al hecho, recuperar su forma de vida, de proporcionar una reparación integral que incorpore con las mismas o mejores condiciones a la sociedad.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pareciera estar como un simple espectador, observando cómo crece constantemente el número de víctimas, registros y estadísticas, sin soluciones, mucho menos respuestas a miles de víctimas. Es gravoso que sigamos hablando de víctimas, cuando el Estado debe garantizar el bienestar de la población.
Según los registros que tenemos, las víctimas en nuestro país son principalmente por los siguientes actos: desaparición forzada, homicidio, secuestro, trata de personas y lesiones, delitos por demás lacerantes a nuestro entorno.
De acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas se recibieron más de 10 mil solicitudes para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por compensación en el año 2018, lo cual refleja un índice menor de la realidad. Las víctimas que no están registradas se multiplican por numerosos y demás elevados.
De estos registros solamente se sustanciaron el 10 por ciento y se dio respuesta a un 50 por ciento aproximadamente, registros mínimos, cuando hay más de 250 mil muertes en nuestro país por violencia. Sin embargo, debemos reconocer que el presente dictamen que reforma a la Ley General de Víctimas es un avance sustancial en la búsqueda de mejores respuestas para las víctimas, para no aletargar la justicia reparativa.
Coincidimos, sin lugar a dudas, que es necesario establecer un término perentorio para ejecutar la resolución emitida por la Comisión Ejecutiva, para que el Estado repare, por cualquier medio, el daño sufrido a la víctima. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebra el presente dictamen y lo votará a favor.
La reparación integral a las víctimas es un tema que debe formar parte de la agenda legislativa de manera prioritaria, privilegiando así los derechos humanos. Entendemos que aún falta camino y mecanismos adecuados para acceder a la reparación del daño, procedimiento que deberá establecer por lo menos la restitución de los bienes, el pago de los daños sufrido. Y en caso de no ser posible la restitución se debe realizar un pago de su valor actualizado, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, la situación de vulnerabilidad de la víctima y la afectación del daño sufrido.
El Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por este tema, internamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado en este sentido: el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido y de no ser esto posible, proceda el pago de una indemnización justa, como medida resarcitoria por los daños ocasionados.
Sin embargo, una cualidad imprescindible para garantizar los derechos humanos es que la víctima pueda reclamar por sí misma los daños que se le ocasionaron, siendo el Estado responsable de otorgar la reparación integral, además comprometerse a que no se repita, con la firme obligación de nunca olvidar a las víctimas.
Existe la normativa de atención a las víctimas en nuestro país, pero no ha sido exigible. Además, no se contaba con una temporalidad que otorgara certeza. No se debe seguir postergando la justicia, en ello radica el buen o mal funcionamiento de la reparación integral del daño. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Majaya, diputada presidenta Dolores Padierna.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Ixuke winike, diputado, diputada. Tsómanotik, sáan. Muy buenas tardes, agradezco mucho su atención. Saludo a los pueblos de México.
Aquí estamos, llenos de esperanza para calmar tanto dolor y tantas lágrimas. Es por eso que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, acudo a esta tribuna a fijar posición respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.
En principio, quiero señalar que los derechos de la víctima o del ofendido por la comisión de algún delito, están contenidos en el apartado C del artículo 20 de la Constitución General de la República, en los que en 7 fracciones se prevén los derechos de las víctimas, en particular en la fracción VI se establece el derecho para solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.
Por otro lado, en la fracción XXIX-X, de la propia Constitución, donde se establece la facultad para el Congreso de la Unión de expedir la Ley General en Materia de Derechos de las Víctimas, el artículo 155, materia del presente dictamen, forma parte del Título Octavo, que se refiere al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. El capítulo IV se refiere a la reparación, esto es, a la reparación del daño de manera subsidiaria, a lo que como resultado de la sentencia se pudiera condenar al sujeto activo en la comisión del delito.
Las víctimas del delito tienen la posibilidad jurídica de solicitar la reparación del o los daños causados. Sin embargo, aunque materialmente tienen derecho a ello, en el texto vigente del artículo 155 de la Ley General de Víctimas no se prevé un plazo para que la autoridad pueda cubrir a la víctima la reparación pecuniaria.
Por ello, el mérito del presente dictamen consiste en reformar el primer párrafo para eliminar el pago en especie de la reparación del daño y adicionar un segundo párrafo donde se establece un plazo perentorio de no más de 120 días, contados a partir de la resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que se cubra el pago.
En la Ley General de Víctimas se prevé, en los artículos 26 y 27, el derecho a la reparación integral como parte de esta, y podrá determinarse el acceso a la reparación pecuniaria.
En la propia ley, en el artículo 84, se prevé la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y entre sus facultades, conforme a lo que se dispone en el artículo 88, fracción XXIII, lo referente a establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos.
En nuestro país existe impunidad casi total que opera en favor de la delincuencia. Casi todas las estimaciones consideran que del 100 por ciento de delitos cometidos, aproximadamente 94 por ciento quedan en la impunidad porque no son denunciados.
En el resto los indiciados son absueltos en juicio porque el órgano acusador no fue capaz de probar adecuadamente la imputación. Muy pocos de los delitos cometidos son sancionados.
En consecuencia, las víctimas padecen una doble afrenta: la del delincuente que les causó un agravio en su persona o patrimonio, y la de la incapacidad del Estado mexicano para aplicar la justicia. Por eso, resulta muy importante que se establezca un tiempo perentorio para que la autoridad competente, dentro de un plazo no mayor a 120 días, repare el daño causado a los agraviados.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, consideramos que los aspectos de prevención, persecución y sanción de la delincuencia deben operar adecuadamente. Para ello, en la presente legislatura hemos aprobado ordenamientos de gran relevancia para preservar la seguridad jurídica de los mexicanos. Si se cumple adecuadamente el diseño institucional, los delincuentes serán sancionados y serán ellos los responsables directos de reparar el daño causado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, compañera.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Solo de manera excepcional esta tarea corresponderá al Estado mexicano y como es en el caso de la reforma que aprobaremos, dicho pago será en término perentorio de no más de 120 días a partir de que se tomó la determinación de pagar. Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Ts’akata Lex Ditsan. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: El derecho de acceso a la justicia se encuentra contemplado en el artículo 17, párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice lo siguiente: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirlos en los plazos y términos que señalen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
De esta manera nuestra Carta Magna contempla el derecho de cualquier persona a tener acceso a la justicia, así como tener información respecto a los procesos de investigación. Concatenando lo anterior, es menester mencionar lo establecido en el artículo 20 de la Carta Magna, inciso C, fracción IV, donde se hace alusión al derecho de las víctimas a recibir la reparación del daño, para lo cual la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en relación a la reparación del daño, materia del presente dictamen.
En ese tenor no debemos soslayar la Ley General de Víctimas, pues es esta quien considera los mecanismos de reparación del daño para las personas víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones constitutivas en los estados que se encarguen de efectuar dicha reparación en los términos que establece la ley.
Esto es atendiendo a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida, privilegiando principalmente el principio pro persona que en materia de derechos humanos consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos, y la norma o criterio que menos restrinja, sin embargo los procedimientos ágiles que establece la Constitución no siempre lo son, pues muchos de ellos conllevan dilación en el proceso, y por ende, no se consigue la reparación integral del daño sufrido a víctimas y ofendidos del delito.
Es por ello que el incorporar en el artículo 155 de la Ley General de Víctimas, el hecho de que se debe efectuar el pago de la compensación como medida de ayuda y asistencia en un plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de dicha resolución para garantizar la reparación integral dictada por la comisión ejecutiva, nos hace una medida adecuada en virtud de que hasta el momento la ley no cuenta con un plazo establecido para garantizar la reparación integral del año a víctimas y ofendidos, por lo cual hay procesos aún inconclusos de personas víctimas que no han sido objeto de la reparación del año que por derecho les corresponde.
Por la anterior, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor el presente dictamen en el compromiso irrestricto de que como legisladores tenemos con la sociedad mexicana precisamente de velar por los intereses de las víctimas, a efecto de que se repare el daño en un tiempo determinado y no haya dilación en el mismo. Justicia para todas las víctimas de México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, compañeros. Es con mucho gusto que vengo esta tarde a fijar el posicionamiento de mi Partido, el Revolucionario Institucional, en esta reforma que viene de la Comisión de Justicia.
Como ustedes bien saben, porque puesto que estamos hablando de un tema de lo que hemos estado platicando en varias ocasiones aquí, que es la reparación integral y los derechos de las víctimas.
Ya hemos dicho en esta tribuna que el último eslabón o la última parte en un proceso penal, que entró a empezar a buscar una igualdad fueron las víctimas del delito, que paradójicamente, si lo analizamos, son las personas que menos culpa tienen de estar inmersos en un proceso penal.
Entonces, hasta el 2013 fue que se publicó esta ley que atendía en particular y ponía en el mapa del procedimiento penal los derechos que tienen las víctimas. Uno de los fundamentales es el que tiene de ser reparado en su integralidad, pero no únicamente como una cuestión monetaria, sino como un derecho a poder restablecer su vida y el estado que tenía hasta antes de que se le cometería el ilícito o el delito del que se está doliendo.
Muchos de estos ilícitos son irreparables, y estaríamos hablando entonces de las víctimas indirectas, una madre, un padre, buscando justicia por la desaparición o muerte de un hijo.
Entonces, esta sensibilidad que tenemos que tener cuando abordemos los temas de víctimas, debe de permear, compañeras y compañeros, a todos los partidos políticos, porque ojalá que nunca tengamos que estar nosotros en ninguna de esas, en ninguno de esos supuestos en los que requerimos solicitar justicia y requerimos de la misma manera que se nos repare o se nos ayude a regresar las cosas al estado que tenían antes de habérsenos vulnerado estos derechos.
Entonces, cualquier acción afirmativa que nosotros tomemos para ir creando la igualdad o igualando o nivelando cada vez más la posición de las víctimas en un proceso penal, debe de ser bienvenido y debe de ser aplaudido por todos nosotros. Porque yo considero que la postura de todos los grupos parlamentarios, por supuesto, entraña el mayor respeto a los derechos humanos, y como bien lo cito mi compañera que me antecedió en la voz, el principio pro persona en cuanto al mayor beneficio que puedan acceder los implicados en uno de estos temas.
En el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, votaremos a favor de que se agregue este párrafo al 155, que está marcando una temporalidad en la que la víctima debe recibir, tras una determinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, su reparación, en este caso, monetaria.
¿Por qué lo aplaudimos? Porque si lo dejamos abierto estamos condenando a las víctimas a un calvario burocrático, aun después a una revictimización después de que ya fueron victimizados por la persona que les cometió el ilícito y al no tener una certeza o una certidumbre de cuándo podrán acceder y tener este monumento que sería por concepto de reparación del daño.
Yo les pido, compañeras y compañeros, que de la misma manera que estamos aprobando esta iniciativa del 155 que marca la temporalidad de 120 días para poder recibir la reparación del daño, así lo hagamos con las diversas iniciativas que se han estado presentando en el tema de víctimas del delito, porque no lo estamos haciendo más que para honrar el compromiso de justicia que tenemos todas y todos los mexicanos, y el compromiso que tenemos los y las diputados de podérselos entregar a través de derechos que puedan ser efectivamente solicitados y efectivamente adquiridos, porque si no, nos vamos a quedar nada más en listas o catálogos de buenos deseos.
Por lo cual, en el grupo parlamentario, mi partido, votaremos a favor y celebramos que así se hayan manifestado los demás grupos parlamentarios que han participado antes de nosotros. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Compañeras y compañeros diputados, en los últimos 11 años, como consecuencia de la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia, en nuestro país la figura de la víctima ha cobrado una centralidad nunca antes vista.
Después de décadas en que la víctima era relegada en las decisiones de las autoridades ministeriales y judiciales, los esfuerzos que ahora se realizan deben tender a darle un tratamiento digno y a la altura de sus necesidades.
Con la ulterior reforma en materia de derechos humanos, y la consolidación en nuestro país de la recepción del Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales, el marco constitucional y convencional impele a las autoridades de órdenes administrativos, judicial, ministerial, a contar con una política victimal robusta y eficaz.
Desafortunadamente en la atención de víctimas de delito y de derechos humanos aún vemos insuficiencias y desinterés en muchos sectores y autoridades. De manera poco sensible se ha ofrecido a miembros del crimen esquemas de amnistía y perdón, sin considerar las necesidades y expectativas de decenas de víctimas, ofendidos y sus familias.
El gobierno ha sido poco sensible con la sed de justicia que tienen decenas de miles de compatriotas. Por esta razón, el Grupo Parlamentario del PAN da un paso al frente en la defensa de los derechos de las víctimas. Consideramos que el tejido institucional creado hasta la fecha ha sido incapaz de dar respuestas oportunas.
Hablamos de hacer realidad el concepto de pasar de concepto básico de reparación, a reparación integral del daño, que incluye prestaciones tanto económicas como de orden institucional y moral para satisfacer y resarcir los daños infringidos en las víctimas.
Convencidos de que la política de atención de víctimas debe avanzar y garantizar medidas efectivas y expeditas, los diputados miembros del Grupo Parlamentario del PAN apoyamos el dictamen que se discute. Consideramos que la fijación de una fecha límite para el pago de la prestación económica de la compensación es una medida razonable, necesaria y pertinente.
Compañeras y compañeros, para hablar de una verdadera justicia para las víctimas y del cumplimiento de la directriz constitucional de reparación del daño se requieren medidas concretas y verificables, en plazos oportunos. La fijación de 120 días hábiles para la cobertura de la compensación nos parece una medida legislativa adecuada, que obligará a las instancias victimales a enfocarse con mayor eficacia en su labor.
Consideramos que estas razones son más que suficientes para que se vote a favor el presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada presidenta Dolores Padierna. Hacedoras y hacedores de leyes, estas palabras están dedicadas a las madres, padres, familiares y amigos de las víctimas en México, a los periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, estudiantes, amas de casa, jornaleros, obreros, profesionistas, y a todo el pueblo de México.
Hablar de víctimas en nuestro país es hablar de millones de compatriotas, que en los últimos años han sido víctimas afectadas en su integridad física, en sus bienes y/o en sus derechos.
De acuerdo al Inegi, durante 2017, el 35.6 por ciento de los hogares, es decir 12 millones 386 mil hogares tuvieron al menos una víctima de algún delito. Además, a nivel nacional se estimaron que 25.4 millones de personas fueron víctimas de algún delito.
Este tema nos ha lastimado por décadas, es la herencia más dolorosa del régimen derrotado. Este ha hecho que la sociedad civil pasara del silencio acusador y el coraje, a la indignación y a la movilización, a la toma de la palabra, a la exigencia de acciones, a la construcción de propuestas, para que esta tragedia termine.
Desde esta tribuna le decimos a la sociedad que nos sentimos identificados y convocados por los familiares de muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, secuestrados y encarcelados, sin haber cometido delito alguno. Igual que ustedes sentimos la angustia con la que se camina al ir al trabajo y no saber qué va a pasar.
Queremos lo mismo que todos los mexicanos: Queremos justicia, que se castigue a los culpables, aunque sean parientes o amigos de los gobernantes en turno, para que no se repita un crimen. Basta de impunidad. Justicia para los 43 de Ayotzinapa y sus familiares, y tantos y tantos desaparecidos.
El gobierno de la cuarta transformación no será indolente con las víctimas en nuestro país. El acceso a la justicia ha sido un derecho acotado durante décadas. Principios elementales como el de certeza no han sido garantizados en México para quienes han vulnerado a su esfera jurídica. La vida, el patrimonio, la seguridad, la libertad, entre otros derechos fundamentales. Con este dictamen lo garantizaremos.
Los derechos humanos de las víctimas es lo primordial en este asunto que discutimos y eso conlleva de nuestra parte la decisión de apoyar lo que beneficie a las víctimas.
Es por ello, que si el Estado mexicano debe ser garante de la esfera jurídica de los gobernados y en lugar de eso se trasgreden, como parte de los agravios recibidos es justo que se restablezcan los mecanismos para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y establecer un plazo máximo para el pago de la compensación que les permita superar con prontitud un acto o hecho victimizante.
Es por eso que estos derechos fundamentales son no solo tema recurrente, sino una permanente práctica de respeto y tutela en la nueva etapa para México. Precisamente hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la visita de Michelle Bachelet, para suscribir un acuerdo en materia de derechos humanos, para dar seguimiento a la Guardia Nacional, con ello queremos terminar con la equivocada idea de que los derechos humanos son un obstáculo para ejercer acciones de seguridad y protección a la población.
Quienes emanamos del proyecto alternativo de nación somos consecuentes y vamos a favor del presente dictamen, porque hemos defendido siempre que se apoye al humillado, al desposeído y al agraviado.
En Morena vamos a favor, porque somos de izquierda, porque nos ofende la injusticia, porque amamos al prójimo y porque, lo digo sinceramente, somos hombres y mujeres de buen corazón. Muchas gracias, es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Cayetano García.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la discusión en lo general y particular. Tiene la palabra la diputada María Luisa Veloz Silva, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada María Luisa Veloz Silva: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Luisa Veloz Silva: Nuestro compromiso es con aquellos que han sido víctimas del delito, buscamos asegurar su derecho a una adecuada y pronta reparación del daño sufrido.
Estamos a favor de la reforma al artículo 155 de la Ley de Víctimas, porque propone que la reparación integral debe ser pagada en un plazo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que asegura un adecuado resarcimiento y no una revictimización.
Con una adecuada y pronta reparación del daño procuramos justicia a las víctimas, y con ello abonamos al objetivo de lograr la tan anhelada paz social por la vía de las instituciones. Además, la reforma es plenamente congruente al mandato constitucional, el cual ordena que será la ley la que fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.
Buscamos la restitución de los derechos de las víctimas, por ello se fija un plazo cierto para el pago de la reparación integral del daño con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Todos sabemos que cuando no hay un plazo definido en la ley, difícilmente se puede hacer exigible una obligación.
Estamos convencidos de que con esta reforma damos certeza y seguridad jurídica. Estamos convencidos que con esta reforma ponemos un acicate para que las autoridades en materia de procuración de víctimas cumplan oportunamente con la reparación prevista en la ley.
Queremos acabar con todas aquellas barreras, obstáculos y escollos burocráticos para acceder a una adecuada reparación integral. De nada servirá que llegue una indemnización cuando la víctima ya falleció o sufrió daños irreparables por la falta de cumplimiento oportuno.
En Morena queremos justicia y paz social a través de instituciones que den garantías, términos y tiempos precisos y claros. Queremos que quien ha sido víctima de la delincuencia recobre su dignidad y sus derechos. Queremos que tenga esperanza de que en México vamos por un verdadero cambio en la impartición de justicia. Es todo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar un posicionamiento con respecto al proyecto que está en discusión.
Saludo, primero, el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Justicia, la cual me honro en integrar, en avanzar en este y otros tantos temas que esta semana se han trabajado y que vienen a abonarle a ese clima de justicia que todos los conciudadanos mexicanos están exigiendo.
Venimos a manifestarnos a favor del proyecto en discusión, dado que aun y cuando el artículo 20 de nuestra Carta Magna, en su inciso c) preconiza de forma diáfana todos los derechos de las víctimas de quienes han sido sujetos de la Comisión de un delito, y más aún de los ofendidos por el mismo, la realidad es que en los hechos la justicia restaurativa, que ha sido uno de los símbolos, de los ejes del sistema de justicia penal en nuestro México no ha dado el resultado esperado.
Justicia restaurativa también llamada reparadora o compasiva, donde la víctima se considera debe ponderarse a la luz de un principio donde el hecho de que se le repare el daño en términos absolutos no ha podido sentar sus reales en nuestro México.
De ahí que la necesidad de que se establezca, según como lo propone el dictamen en discusión, un término perentorio para que una comisión específica, con independencia de una sentencia que haya resentido el sujeto activo del delito en términos penales, resarza a toda víctima u ofendido en términos amplios, lo que ha tenido que padecer por la comisión del mismo.
Y hay que hablar de que el Estado mexicano tiene ese imperativo de ser garante de seguridad jurídica, de certeza, de justicia que muchas veces y en muchos casos –y aquí ya se han ilustrado algunos notablemente trágicos y muy conocidos– no se ha podido encontrar ese remanso de justicia. De manera que la insultante realidad nos dice lo importante de esta iniciativa.
Por eso, en el Partido del Trabajo no tenemos ningún ápice ni sombra de duda de que vamos a apoyarlo y nos parece de veras muy encomiable que todos los grupos parlamentarios y quienes han antecedido en la palabra a su servidora, se hayan manifestado en este sentido, dado que todos estamos en la eventual posibilidad de ser víctimas, todos los días, dadas las circunstancias de poca seguridad en nuestro México, no pensando solo en nosotros, sino en todos esos ciudadanos que no denuncian si quiera la comisión de un delito.
Aquí se ha hablado de cifras de veras alarmantes, de delitos cometidos que no se han resarcido en sus términos y lamentablemente quiero decirles que se ha hablado de una cifra dorada, que es la que se constituye por aquellos delitos que sí llegan a denunciarse, pero hablemos de la cifra negra, de aquellos delitos que ni siquiera se denuncian, por esa flojera que tenemos los ciudadanos muchas veces de acudir a las instancias de administración y procuración de justicia, donde el tortuguismo, a veces la falta de capacitación, a veces la falta de voluntad, cosas que deben terminar.
Por eso esta iniciativa es importante, pero se tiene que acompañar, como ya se dijo aquí, por otro tipo de medidas que vengan y apuntalen esta decisión. No es la panacea la determinación que vamos a tomar hoy, pero sí es un avance indiscutiblemente, porque habrá que decir que el hecho de que una comisión específica tenga un término a partir del cual tenga que resolver con cargo a fondos públicos, porque el Estado en estos casos no ha garantizado la certeza jurídica, ni el combate a la inseguridad que vive México.
De ahí que nos parece acertada la propuesta y que estemos a favor de la misma, porque estamos hablando de la reparación del daño a víctimas del delito de una manera subsidiaria a la que como resultado de una sentencia se pudiera condenar al activo del delito.
Tenemos un alto compromiso, señores legisladores, a generar trazos que realmente abonen a la exigencia de justicia de nuestros conciudadanos mexicanos, medidas que sean específicas, medibles y comprobables. Por eso la invitación a que nos sumemos en este esfuerzo y votemos a favor de esta iniciativa. Gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Compañeros y compañeras diputadas. Nada puede resarcir el dolor de una víctima, de una madre que pierde a un hijo, de una mujer que tendrá que hacerse cargo ella sola de su familia, porque su esposo murió; de una persona que perdió todo por lo que había trabajado toda su vida.
Hace 12 años, gobiernos de manera irresponsable sumieron a nuestro país en un conflicto innecesario que ha traído dolor y sufrimiento para miles de personas. Esa mal llamada guerra ha dejado miles de víctimas. A mí me parece que el expresidente de la República, Felipe Calderón, debe pedir perdón por emplazar a una guerra que hoy sigue cobrando vidas.
De acuerdo con fuentes oficiales, hay evidencia documental de que al menos 250 mil 547 personas han muerto en este país entre diciembre de 2006 y abril de 2018. Es por ello que hoy el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas. Recordemos que la Ley General de Víctimas establece que la reparación será integral e incluye cinco medidas y así se refiere en el propio dictamen.
Primero. La restitución, que implica devolver a la víctima hasta donde sea posible a su situación anterior a la comisión del delito.
Segundo. Compensación. Se otorgará apoyo cuantificable económicamente de forma proporcional y apropiada del daño causado, conscientes de que el dinero siempre será insuficiente para reparar el dolor de la pérdida, y más cuando es parte de los saldos de una guerra que no debió haberse emplazado.
Tercero. Rehabilitación, que es atención médica sicológica, asesoría para que la víctima pueda hacer frente a las violaciones a sus derechos humanos y restituir en la medida de lo posible su salud emocional.
Cuarto. Satisfacción, que es la verificación de los hechos, la búsqueda de las personas desaparecidas, disculpas públicas. En pocas palabras, el derecho a la verdad; y
Quinto. La garantía de no repetición.
En Morena estamos conscientes de que el Estado de derecho debe ser capaz de resarcir los daños y de hacerlo de manera pronta como lo establece la Constitución, si no, no podremos lograr la pacificación de este país. Apoyamos de manera contundente los derechos de las víctimas y la necesidad de fortalecerlos.
Esta propuesta se centra en el derecho a la reparación del daño, otorga la garantía a las víctimas de que una vez que su calidad de víctima es reconocida puedan acceder a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, de conformación, de conformidad con el artículo 110 de la Ley General de Víctimas, en un plazo no mayor a 6 meses.
De esta manera se les permitirá superar con prontitud el hecho victimizante, lo cual constituye un paso fundamental en favor de los derechos humanos de las víctimas.
Nuestro grupo parlamentario está en la búsqueda de construir la paz y sanar heridas, reparar los daños a las víctimas de manera pronta es un primer paso hacia la reconciliación nacional, lo cual sustenta la transformación que queremos y haremos posible todos los mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Claudia Reséndiz Hernández, del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. No está la diputada. Tiene la palabra la diputada Rosario Merlín, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Rosario Merlín García: Compañeros, compañeras. Gracias ciudadana presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María del Rosario Merlín García: Quiero hoy agradecer de verdad a todos los diputados que han pasado en favor de esta iniciativa. Y efectivamente exigir, exigir lo de resarcir el daño.
A uno de mis compañeros que, siendo trabajador del Congreso, fue privado de su libertad, y después de seis años fue liberado, y luego te dice: discúlpame, nos equivocamos. Y a la fecha no le han atendido, él sufre del corazón, tuvo torturas severas durante varios días, antes de ser, de tomarle una declaración.
Desde aquí, a nombre del compañero David Vargas, pido que de manera inmediata se atienda su situación. Únicamente de pastillas y medicamentos del corazón y de la tortura que recibió, gasta mínimamente 8 mil pesos al mes, independientemente de los estudios que se tiene que hacer.
Pero este es solo un caso, su servidora en el 2004 también fui detenida, estuve casi un año privada de mi libertad, y los delitos que me formularon, en ese entonces la Federación: delincuencia organizada, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y coordinadora de los secuestros. Al final, ni disculpen, nos equivocamos.
Te liberan declarada y absuelta, igual que a mi compañero, ¿y? E inmediatamente cuando sales llegan los federales a tu casa, y si haces una contrademanda o pides resarcir el daño, vamos a matar a toda tu familia. ¿Y qué pasa?
Dos mil cuatro, ya la temporalidad pasó, te amenazan para que no lo hagas, aterran a tu familia, detienen. Posteriormente levantan a mi hermano los federales, saquean su casa, matan a sus perros, golpean a su esposa, golpean a su familia, e igual, si demandas o exiges algo, vamos, vamos contra tu familia.
Compañeros, compañeras, hoy, de verdad, a todos los diputados de los partidos les aplaudo. Por qué, en una estadística de participaciones y de iniciativas, el temor de ni siquiera querer participar, porque en Guerrero es otra cosa, te ven y te tienen ya anotada, porque el bajo perfil, porque tenemos que hoy en este día que apenas se está exigiendo que sea de manera inmediata, deberíamos de retomar casos como esos y no digo el mío nada más.
Yo lo viví, lo sigo viviendo igual que mi hijo, al ver situaciones como esas, igual sigue aterrándose después, 2004, ¿cuántos años han pasado y aun así?
Gracias a todos los compañeros y compañeras, y por supuesto que estamos a favor que, de manera inmediata, no esperamos a que mueran, no esperamos a que maten familias y no hay necesidad tal vez de que yo demande resarcir el daño. Hoy esto nuevamente de diputada y aun así resarcir el daño emocional yo creo que nunca, nunca. Gracias, compañeros.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Agotada la lista de oradores y oradoras, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Abra la Secretaría el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Adelante, está abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Gracias. Ciérrese el sistema electrónico. Diputada presidenta, se emitieron 420 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Secretaría, por favor.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Junta de Coordinación Política comunicaciones en relación a cambios de integrantes de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Enterados. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Han solicitado tres diputadas la palabra desde su lugar. Quiero hacer la aclaración que la diputada Claudia Jiménez, del Partido Encuentro Social, sí estaba presente a la hora que se le mencionó, pero le comunicaron que ella no participaría en esta discusión. Hacemos esa precisión, muchas gracias. Tiene la palabra por un minuto, desde su lugar, la diputada Rosalba Valencia Cruz, de Morena.
La diputada Rosalba Valencia Cruz (desde la curul): Hasta que me toca. Gracias, presidenta. Hoy en el Día Nacional de la Adopción quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas de este recinto legislativo para trabajar en un tema de suma importancia para nuestra niñez mexicana.
De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño, señala que la protección especial que necesitan los niños y niñas para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, social, en condiciones de libertad y dignidad, implica su debida protección legal.
De acuerdo con el último estudio de UNICEF se registraron cerca de 1.6 millones de niños que se encuentran en casas hogar, colocando a México en el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños que viven en algún orfanato, solo después de Brasil que tiene 3.7 millones.
Tan solo en la Ciudad de México, entre 2012 y 2017 se realizaron mil 247 solicitudes de adopción, de las cuales 440 fueron concedidas, es decir, un 35 por ciento de estas peticiones, entre los cuales 10 casos fueron de adoptantes internacionales, siendo esta una cifra alarmante. No podemos coartar el derecho que tienen...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.
La diputada Rosalba Valencia Cruz (desde la curul): ... niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, tal y como lo señala la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 13, fracción IV.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya.
La diputada Rosalba Valencia Cruz (desde la curul): Hablar de adopción es un tema sensible para las familias mexicanas, ya que hoy en día para poder adoptar se necesita una serie de requisitos y trámites burocráticos que, lejos de ayudar, entorpecen la oportunidad de poder darles una familia...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
La diputada Rosalba Valencia Cruz (desde la curul): ... a niños y adolescentes. Concluyo, el deseo de tener un hijo es algo natural para muchas mujeres, aunque no siempre es fácil. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del PRI.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (desde la curul): Gracias, presidenta. Hacer un llamado al gobierno federal y también un exhorto a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para que se atienda el tema del campo mexicano.
Apenas el día de ayer, en Sinaloa, miles de productores sinaloenses exigían mejores condiciones. En Sinaloa se producen aproximadamente 6 millones de toneladas de maíz de las 22 que se producen en México. Arriesgar o reducir la producción de maíz en Sinaloa significa depender cada vez más del exterior y provocar aumentos en la tortilla, lo que va a impactar directamente en los bolsillos de todos los mexicanos.
El día de hoy la Sader va a atender a estos productores sinaloenses, también a gente de Sonora y de Tamaulipas. Si no hay firmes respuestas y favorables para el campo mexicano, particularmente para el campo sinaloense, las consecuencias las vamos a empezar a vivir pronto, y particularmente mañana que se manifiestan frente a Palacio Nacional.
Atendamos desde esta soberanía y todos los grupos parlamentarios sumémonos a esta lucha del campo sinaloense y del campo mexicano. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (16:53 horas): Gracias, diputada. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 10 de abril, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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