Intervención en lengua originaria de la ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Posicionamientos
Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM
Juan Carlos Villarreal Salazar, PMC
Javier Julián Castañeda Pomposo, PES
María del Rosario Guzmán Avilés, PAN
Sebastián Aguilera Brenes, Morena
Votación en lo general y lo particular
Propuesta de moción suspensiva
Posicionamientos
Roberto Antonio Rubio Montejo, PVEM
Geraldina Isabel Herrera Vega, PMC
María de los Ángeles Ayala Díaz, PAN
María de los Ángeles Huerta del Río, Morena
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, con cambios de integrantes de las comisiones
Por el que se reforma el artículo 203 y el artículo 205 Bis del Código Penal Federal, fundamentación
Posicionamientos
Frida Alejandra Esparza Márquez, PRD
Carmen Julia Prudencio González, PMC
Luis Enrique Martínez Ventura, PT
Nancy Claudia Reséndiz Hernández, PES
Norma Adela Guel Saldívar, PRI
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Kehila Abigail Ku Escalante, PMC
María Roselia Jiménez Pérez, PT
Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, PES
Martha Hortencia Garay Cadena, PRI
Janet Melanie Murillo Chávez, PAN
Armando Contreras Castillo, Morena
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de la asistencia.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 446 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (13:00 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto, historiadora purépecha, egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, hasta por cinco minutos.
La ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto: La lengua es nuestro territorio.
Brota la lengua. Los abuelos resguardaron nuestra lengua. Decidieron no hablar más en purépecha. Pero la lengua no es sólo palabra. Quedó atrapada entre los caminos que recorren la sierra. En el perfume y color de las flores. Entre las hierbas del campo, y la hicieron medicina acompañada de palabras que curan. En la música que retrata quienes somos, y en los sabores de nuestro alimento. En la profundidad del lago, ahí está nuestra lengua. Algunas fueron escondidas entre ceniza del fogón de nuestras abuelas. La lengua, sonido que vuela con la intensidad del viento, cae, nombra mi entorno y vuelve a brotar en mi pueblo.
Por más de cinco siglos fueron silenciadas nuestras lenguas. Por nuestros abuelos fue escondida. Hoy en día, tan sólo en una quinceava parte de nuestro territorio es hablada la lengua purépecha, me refiero a lo que abarcaba nuestro territorio al momento de la conquista. A partir de la entrada de Nuño de Guzmán en territorio purépecha en 1530 llegó la explotación, colonización y desplazamiento de nuestra lengua.
Hoy los que somos descendientes de una cultura milenaria estamos en una lucha diaria por el total y pleno reconocimiento de nuestros derechos, por la libre autodeterminación de nuestros pueblos originarios. Porque, aunque no parezca, nuestros pueblos siguen padeciendo discriminación, desplazamiento y despojo. Sigue el saqueo de lo más sagrado que tenemos, nuestros recursos naturales.
Las trasnacionales vienen como un cáncer a invadir nuestras tierras, a contaminar nuestros ríos y manantiales.
El monocultivo y sembradíos de aguacate, fresa, arándano en nuestra región nos están invadiendo, enfermando y matando por el uso desmedido de agroquímicos peligrosísimos.
Están dejando a nuestra gente con cáncer. Eso sin mencionar que nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias tierras. ¿Acaso eso no es genocidio? ¿Eso no es despojo? Claro que lo es. Siguen los mismos engaños como hace 500 años, cuando los españoles nos traían espejitos a cambio de que les diéramos nuestro oro. Grandes empresas trasnacionales invaden nuestro territorio. ¿Quién ha permitido eso?
Prometen progreso, pero un progreso a corto plazo, porque cuando se van, lo único que dejan son tierras infértiles, enfermedades, contaminación y hasta muerte. Otra manera más de exterminio.
Los purépecha, hemos sido un pueblo guerrero a lo largo de la historia, gente que pelea para defender la vida, como es la tierra, el agua los bosques. Cherán lo demostró, cuando un 14 de abril de 2011 se levantó todo el pueblo, mujeres, jóvenes, niños y comuneros a defender sus bosques.
Se enfrentaron a toda una mafia que no sabían ni quienes eran. Pero a ocho años de aquel suceso hot Cherán vuelve a brotar vuelve a florecer. Porque en nuestros bosques está nuestro alimento, están los hongos, los quelites, nuestras plantas con las que nos curamos. En nuestros cultivos está el maíz, el chile, el frijol, la calabaza. De eso nos alimentamos. Hemos resistido a muchos cambios, a muchos gobiernos, a muchas situaciones.
Otra de las fuertes experiencias que he vivido es la discriminación y ver a compañeros negar que hablan la lengua por el mismo hecho. Estas experiencias de negación de lo nuestro me llevaron a reforzar cada vez más mis deseos de hacer que mis hijos tuviesen una identidad purépecha muy fuerte, tan fuerte como para que puedan defenderla en lugar de ocultarla, o peor aún, negarla.
El despojo cultural de conocimientos y saberes de nuestros pueblos también es brutal en el entendido de que para nosotros la lengua es nuestro territorio. Porque en el lenguaje está toda una forma de organización, vivimos a través de como concebimos la vida, a través de la lengua. Es la necesidad de vincular hogar, comunidad, y escuela para sumar fuerzas en beneficio del fortalecimiento, vigorización y revitalización de las antiguas lenguas originarias.
Consideramos que esa triada es clave en todo proceso de revitalización lingüística. Pero siempre con la convicción de que el primer terreno por recuperar y consolidar, cognitiva y afectivamente, es el de la intimidad del hogar, de manera de hacer de él un territorio autónomo y descolonizado, donde la fuerza interior de los abuelos, padres e hijos, su agencia y su sintonía y acción movilicen el entorno social y político imperante que hace que las lenguas indígenas se vean cada día en condición minorizada.
Creemos que sólo en la medida en que los recordantes y hablantes logren despertar nuestra lengua en el hogar, podrá iniciarse la gesta heroica de devolución de la voz y del poder a los hablantes de lenguas originarias, movimiento al cual le tocará sumarse a la comunidad y también a la escuela. Si es que esta última adopta un enfoque de derechos y se ve a sí misma como una de las garantes de los derechos de los niños, jóvenes y adultos indígenas.
Pero así como ellos echan mano del seso y recuperan herramientas de las que se apropiaron en su vida escolar y académica para compartir sus ideas y puntos de vista, al hacerlo, acuden también al cariño. Y así dan cuenta del proceso minucioso que han seguido en el cuidado de esas lenguas que reivindican como suyas y que, con cariño, quieren hoy que sus hijos hereden, críen y también amen.
Por eso hago un llamado a ustedes a los que toman las decisiones en esta Cámara, que consideren este mensaje, nuestra lengua es nuestro territorio, en ella está el cómo nombramos a las cosas, cómo vivimos y pensamos. Los purépecha tenemos ciertos valores cimentados y son los pilares que nos sostienen como un pueblo. La honorabilidad, el respeto, la ayuda mutua, el ser humanitario y protector.
Porque es la fuerza de nuestro pueblo y de nadie más... Nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Gracias. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia y las palabras de la ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto, historiadora purépecha, y la invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando ella lo desee. Continuamos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las Comunicaciones.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Se recibieron oficios de las diputadas Julieta Kristal Vences Valencia y Claudia Báez Ruiz, por los que solicitan el retiro de iniciativa y proposición que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retirados. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Se recibieron del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los informes sobre el estado que guarda la educación en México 2018 y anual de gestión 2018.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Educación para su conocimiento.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de diversas dependencias 14 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron del Congreso del Estado de Colima las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Energía para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia...
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada. Micrófono, adelante.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Gracias. Nada más rápido, recordando la vida y los ideales de igualdad del general Emiliano Zapata, después de 100 años, sólo quiero manifestar una inconformidad ante la decisión de devolverles elementos de seguridad pública a los expresidentes Fox y Calderón evidentemente con cargo al Presupuesto Federal.
Si ellos sufrieron un intento de allanamiento, yo celebro que vivan en carne propia lo que los ciudadanos sufren cada día a consecuencia de sus políticas equivocadas. Aquí mismo en esta Legislatura participa una diputada a quien le mataron a una hija, y le asignaron seguridad por parte de la federación solamente por un mes. Después la dejaron, igual que a todos los ciudadanos, con su propia responsabilidad de seguridad. Es una inconformidad que quiero manifestar. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo tercero, Desplazamiento Forzado Interno al Título Décimo Octavo, y se adiciona un artículo 287 Bis a Código Penal Federal. Tiene la palabra por 10 minutos, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, de nuestro Reglamento, el diputado Rubén Cayetano García.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada presidenta Dolores Padierna, diputadas y diputados, ruego su atención. Conforme a la Organización de las Naciones Unidas las personas desplazadas internamente son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
La movilidad forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos, toda vez que representa uno de los grupos poblacionales más desprotegidos que enfrentan condiciones de vida que se traducen en pérdidas materiales y afectaciones psicológicas y sociales, pues genera la ruptura familiar, la desintegración de vínculos sociales y culturales con el término a relaciones de empleo sólidas limitan o dificultan el acceso al sistema educativo y crea el contexto para que las personas que huyen no puedan tener garantizados varios de sus derechos humanos, principalmente los derechos a la alimentación, la vivienda, la educación de niñas y niños, jóvenes y derechos a la salud. En otros términos se rompe dramática y trágicamente el tejido social.
El desplazamiento interno ocurre de manera masiva o individual y/o repentina o gradual. El desplazamiento individual o gota a gota, tiende a ser un desplazamiento invisible, involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad de origen de manera aislada y discreta, como consecuencia de atentados hacia la integridad de su familia, o para escapar del riesgo que significa vivir en una determinada comunidad insegura o violenta, los episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa ocurre después de un ataque dirigido a los habitantes de una comunidad.
Aunque el desplazamiento puede darse por diferentes causas, hoy en día la violencia es la razón para que cada vez más personas tengan que abandonar sus hogares y se encuentren en una situación de extrema desprotección y vulnerabilidad.
A pesar de ello, en nuestro país, aún no existe una ley nacional que regule el desplazamiento forzado interno como un hecho generador de violaciones de derechos humanos y que establezca los mecanismos de prevención de los desplazamientos.
Hasta el momento, los únicos estados de la República que han publicado leyes sobre la prevención y atención de desplazamiento forzado interno son: Chiapas y Guerrero, sin embargo, en ambas entidades no existe reglamentación que permita delinear políticas y programas de gobierno que beneficien a los desplazados, por lo que dichas leyes resultan inoperantes.
Cierto es que también en la Ley General de Víctimas, en nueve de sus artículos, se hace referencia al fenómeno de desplazamiento interno, reconociéndose el mismo como una violación de derechos humanos, no obstante, se estima que esta situación debe ser considerada como un hecho victimizante autónomo.
Toda vez que sus consecuencias son multidireccionales y se reflejan en un rompimiento obligado con la vida que se llevaba con el costo personal y familiar que ello implica, de ahí que resulte fundamental una protección especial a las víctimas de desplazamiento forzado interno, determinándose de manera clara y precisa cuáles son las atribuciones de cada ente de autoridad, sea federal, estatal o municipal, ya que para abatir este fenómeno se requiere la acción conjunta de los tres niveles de gobierno.
Para establecer un nuevo tipo penal, como ocurrirá después de la discusión que permita identificar claramente a las víctimas desplazadas forzadamente, se abrió una mesa de análisis en la cual tuvieron participación a través de sus respectivos representantes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, las víctimas desplazadas en Guerrero, y la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal.
Se concluyó no solo en la importancia de la creación de un nuevo tipo penal que identifique al desplazamiento forzado interno como una conducta delictiva y quienes son las víctimas del mismo, sino también se estimó transcendental agravar la pena cuando el delito se cometa en contra de persona o grupo de personas de mayor vulnerabilidad como son: niña, niño o adolescente, quienes por su propia condición pueden estar doblemente expuestos a condiciones desfavorables.
Defensores de derechos humanos. Quienes son los que más sufren el ataque global al hacer frente a los abusos de poder defendiendo a las minorías, oponiéndose a las barreras tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas con identidades de género u orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, y combatiendo condiciones laborales abusivas.
Periodistas. Que por la propia actividad que realizan, al no gozar de buenas condiciones laborales, de medidas de protección y de protocolos de seguridad, son más propensos a ser amenazados y a sufrir algún tipo de violencia, ataque o agresión.
Es responsabilidad del gobierno mexicano prevenir el delito de desplazamiento forzado interno y asistir a las víctimas en su reinserción a la sociedad de forma satisfactoria, reparando los daños y respetando sus derechos humanos, toda vez que el desplazamiento forzado debe ser entendido como una desprotección de facto del Estado por no haber previsto las medidas necesarias para evitar que la persona o grupo de personas sean víctimas de las diversas formas de violencia, y no haber establecido las condiciones y los medios para el retorno seguro de quien haya sido desplazado.
Finalmente. Quiero expresar mi reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Justicia de esta Cámara de Representantes Populares, porque las diferencias ideológicas y políticas no fueron obstáculo para ponernos de acuerdo y legislar a favor de las víctimas del desplazamiento forzado. Las diferencias prevalecerán con todo derecho, pero aún sobre el derecho debe prevalecer la justicia.
De esta manera podemos mirar de frente a los desplazados para decirles que no son invisibles, que nos ocupan, que reconocemos su legítima exigencia y protesta ante los gobiernos, aún con el asedio de quienes los persiguen hasta los lugares, pueblos y comunidades a donde van a parar luego de la huida de sus lugares de origen o residencia.
Con esta acción legislativa mostramos nuestra solidaridad a los desplazados. Pero también demostramos al resto de la sociedad que nadie debe ser ajeno a su circunstancia de zozobra y dolor, lo que demanda atención plena a su estado de vulnerabilidad. Porque de otra manera, ni la sociedad ni el Estado podrán reestablecer lo que el deterioro de valores y conducta pública han provocado.
Me congratula que la Comisión de Justicia da visos de hacer las cosas bien y apuesto por mantener el ritmo de trabajo, para lograr el bien primordial de esta nueva etapa de México, que es la paz, producto de la justicia. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, compañero.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar sus posturas. Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias, con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras, compañeros diputados, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en nuestro país en estos últimos años más de 300 mil personas tuvieron que desplazarse de manera interna, debido principalmente a motivos de la violencia.
Como legisladores, compañeras, compañeros, tenemos la responsabilidad y la obligación de generar las condiciones propicias para la creación de políticas públicas de prevención y de atención que ofrezcan soluciones viables a los problemas, sobre todo, a la problemática social.
Hoy, la Comisión de Justicia de esta Cámara nos propone un dictamen a la iniciativa que adiciona al artículo 287 Bis y un capítulo III al título décimo octavo del Código Penal Federal, referente al desplazamiento forzado interno.
Estas modificaciones establecen que comete el delito de desplazamiento forzado interno quien de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio activo, coactivo, realiza contra una persona o un grupo de personas, que ocasione que abandone su hogar, que abandone su lugar de residencia.
Además, se propone imponer pena de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a las personas que incurran en la conducta prevista en el párrafo anterior.
También se establece que se entenderá por desplazamiento forzado el movimiento de población que realice la autoridad, cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandamiento judicial.
En este tema, compañeras, compañeros diputados, es de suma y de mayor trascendencia para miles de familias mexicanas que han sido forzadas, que han sido obligadas a abandonar su hogar, a abandonar sus comunidades.
Estamos comprometidos con el impulso de un marco regulatorio para prevenir el delito de desplazamiento forzado interno y de asistir a las víctimas en su retorno de forma satisfactoria, respetando los daños y respetando sus derechos humanos.
Como consecuencia de los enfrentamientos prolongados entre las Fuerzas Armadas y de seguridad contra grupos de crimen organizado, se han sentado las bases para el surgimiento del fenómeno del desplazado interno, de ese desplazamiento forzado aquí en México.
En su mayoría las personas desplazadas son mujeres, madres de familia, que ante los frecuentes eventos de violencia se ven obligadas a huir dejando atrás sus vidas, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y, por supuesto, la integridad de sus familias, fundamentalmente de sus hijos, de sus hijas.
La ola de violencia de la que se huye lastima significativamente al tejido social, las víctimas tienen que soportar cambios de expectativas de vida de un día a otro, de la noche a la mañana. Y lo más grave: aprender a sobrevivir en condiciones que atentan contra su integridad.
Con frecuencia, los desplazados dejan sus comunidades para trasladarse a centros urbanos, fundamentalmente en la misma ciudad, en el estado o al interior de nuestro país. Es muy complicado para ellos poder salir del país, sobre todo por situaciones económicas. Por eso es que es importante poner y tener las bases para poder generar un mejor ánimo en las familias.
Al permanecer dentro del territorio nacional no cuentan con una categoría legal como desplazados, y por tanto, no tienen acceso al régimen de protección que otorga el derecho internacional.
Si bien la Ley General de Víctimas hace referencia en diversos artículos a desplazamientos internos, era necesario incorporar el elemento forzado a un tipo penal para quienes contra su voluntad, es decir, orillados por las circunstancias se han visto involucrados en esta situación y puedan ser reconocidos como víctimas y puedan tener una reparación integral.
Compañeras, compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Verde, generar las condiciones legislativas que den seguridad a nuestra población es una prioridad. Estamos comprometidos con el respeto pleno de los derechos humanos y con la generación de condiciones que permitan restablecer el tejido social en las comunidades más afectadas por la violencia en que vivimos.
Las y los diputados del Partido Verde acompañaremos con nuestro voto a favor a esta reforma, que busca atender de manera frontal un fenómeno social que desgraciadamente se presenta en México.
Coincidimos con la necesidad de crear un marco jurídico que sirva para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados, garantizando así los derechos y los derechos humanos.
Por eso, compañeras, compañeros, la reflexión es para que hagamos votos para que exactamente sea votada a favor. Muchas gracias, es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Claudia Reyes Montiel, del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea constituye, sin duda alguna, un primer gran paso para la atención de uno de los fenómenos más graves que se han producido en nuestro país, debido al incremento de los índices delictivos, y consecuentemente, de la violencia.
Este es, sin duda, un movimiento en la dirección correcta. Sin embargo, a pesar de que existe una preocupación real por este fenómeno, no existe una política eficaz destinada a la atención de quienes son orillados por la violencia que experimentan en su vida diaria.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a nivel mundial la cifra de personas víctimas del desplazamiento forzado era en 2015 de 65.3 millones, de los cuales 40.8 millones eran desplazados internos. Lo que representa una crisis humanitaria a la que la mayoría de los Estados no le ha dado la importancia ni la atención que merece.
En México no se cuenta con cifras oficiales, pero organizaciones civiles reportaron en 2016 más de 287 mil 356 personas en esta condición. De estas personas desplazadas, 80 por ciento son mujeres, doble y hasta triplemente victimizadas, debido a sus condiciones de vulnerabilidad.
A pesar de que no existe un estudio gubernamental sobre el fenómeno, sí podemos señalar que la violencia generalizada, los conflictos sociales y políticos, la discriminación e intolerancia social, los megaproyectos de infraestructura, disputas entre tierras de recursos naturales, así como los desastres ambientales son las principales causas que originan los desplazamientos forzados.
Según lo señalado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los estados que más personas desplazadas registran son: Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
Lo anterior, sin duda alguna se ve agravado por la situación de México, como un país de tránsito hacia Estados Unidos, fenómeno que se ha visto incrementado en los últimos meses y que se ha manifestado en forma de caravanas de migrantes en busca de un permiso laboral para trabajar en el país vecino, y que en muchas ocasiones terminan quedándose en México, con las consecuencias humanitarias que esto significa.
La desintegración familiar, la pérdida patrimonial, la falta de oportunidades laborales, la pérdida de una educación sistemática, la afectación de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, la vivienda y la salud, así como la ruptura de lazos sociales con sus comunidades de origen y la pérdida de arraigo son algunas de las consecuencias que se tienen del desplazamiento forzado interno.
Es urgente, en congruencia, que el Estado mexicano atienda las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el sentido de emitir a la brevedad una ley que atienda de manera integral el fenómeno que hoy nos ocupa.
En tanto, celebramos el amplio consenso del que goza el dictamen que hoy nos ocupa, dado que se trata de una construcción colectiva de todos los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia. Este nuevo tipo penal establece que el delito de desplazamiento forzado interno puede ser cometido de manera individual o colectiva contra una persona o un grupo de personas con la consecuencia de que estas abandonen su hogar de residencia.
Es por todo lo anterior, que ampliamente comprometidos con los derechos humanos, el Grupo Parlamentario del PRD, expresa su voto a favor de este presente dictamen y empeña su mayor esfuerzo para la construcción de una ley que nos permita la atención integral de este gravísimo fenómeno. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Legisladoras y legisladores, a nombre de mi bancada, Movimiento Ciudadano, subo a esta máxima tribuna a presentar nuestra propuesta sobre un tema que ha sido un pendiente histórico para gran parte de la ciudadanía en nuestro país, me refiero al desplazamiento forzado interno.
Para entrar en materia, me permitiré definir el concepto que la Organización de las Naciones Unidas contempla, estableciendo que los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
El desplazamiento interno, quiero remarcar, toma diversas formas, puede darse de manera individual o mejor conocido como gota a gota. Siendo este desplazamiento un desplazamiento invisible en el que los núcleos familiares pequeños abandonan su comunidad.
Tenemos también la modalidad de desplazamiento masivo que involucra a 10 o más núcleos familiares por una misma causa, y que comúnmente se origina como resultado de algún ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad.
Consideramos que con esta propuesta de dictamen que presenta la Comisión de Justicia –de la cual participo– a la iniciativa presentada por el diputado Sebastián Aguilera, busca como fin inmediato se sancione esta práctica para quienes atenten contra la libertad y la paz de los mexicanos, pero también para que las legislaciones locales hagan lo propio y refuercen sus legislaciones en la materia.
Para la bancada de los diputados ciudadanos es una obligación trabajar para garantizar los derechos de la paz a todas las comunidades del país. Reconozco y felicito a los integrantes de la Comisión de Justicia por el gran trabajo que vienen realizando, en particular a la presidenta, la diputada María del Pilar Ortega. A mi compañero, el diputado Rubén Cayetano, quien impulsó fuertemente esta iniciativa. Y por supuesto, a quienes sin ellas no hubiera sido posible el consenso, mis compañeras diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán, Verónica Juárez, Ruth García Grande y Claudia Pérez, por su trabajo y sensibilidad para sacar adelante este dictamen.
Por lo que nos pronunciaremos con un voto a favor en esta iniciativa que busca evitar que persista esta práctica que ha afectado a niñas, niños, adolescentes, indígenas, estudiantes profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y en su mayoría mujeres, madres de familia que ante hechos de violencia y de inseguridad se han visto obligados a huir para salvaguardar la vida propia de los suyos.
Consideramos pertinente que se establezcan las sanciones al Código Penal y sea esta una situación disuasiva de esta atroz vulnerabilidad que ha afectado a miles de mexicanos.
Finalizo diciendo que Movimiento Ciudadano ha levantado la voz en temas de desplazamiento interno ya en el pasado. Clemente Castañeda, nuestro líder nacional, en su momento propuso modificaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, la cual quedó congelada su propuesta.
Por igual se exhortó en ese momento al gobierno federal para coordinar la elaboración de un diagnóstico nacional sobre este fenómeno de desplazamiento forzado interno en México.
Por lo anteriormente expuesto quiero expresar que la bancada de Movimiento Ciudadano celebra que, en estos temas tan sensibles de la justicia mexicana, no haya colores partidistas, sino que hayamos sacado este dictamen en el consenso y en la unidad en favor de los mexicanos y de su paz y tranquilidad en sus hogares y sus comunidades. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo.
La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes, señores y señoras legisladoras de esta honorable LXIV Legislatura, con su permiso, presidenta, voy a hacer uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para posicionarnos con respecto al dictamen que está en discusión, que ha sido trabajado muy especialmente por la Comisión de Justicia, la cual me honro en integrar, y aun cuando ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra al inicio de su alocución se sirvieron hacer un reconocimiento a la comisión, quiero hacer lo propio.
Quiero decir que como en ninguna otra comisión me siento altamente privilegiada de participar en los trabajos de la Comisión de Justicia porque se ha enfocado en darle seguimiento y resolución a todas las iniciativas que se han turnado, dentro de lo que se ha podido, pues dándole, digamos un respeto a los tiempos de los procedimientos, y en esta ocasión no es la excepción, donde un dictamen que resuelve sobre un tipo penal que no se había considerado antes, que es el desplazamiento forzado interno, un tipo penal que se construyó a la sazón del trabajo colegiado de todos los integrantes de la Comisión de Justicia, por lo que insisto un reconocimiento a todos y cada uno de sus integrantes, quienes con una visión de largo aliento y más allá de sus diferencias partidarias, hemos puesto en el centro de esta determinación, de este diseño, de una tipicidad que exige nuestro México, la necesidad de todos aquellos desplazados que por circunstancias multifactoriales tienen que ser extraídos de su lugar donde vienen ellos haciendo su vida ordinaria por diversos temas, tanto como la delincuencia, la inseguridad, cuestiones religiosas, discriminación reiterada y sistemática que en nuestro México es una conducta lacerante, y desafortunadamente muy reproducida.
Como decimos en este caso, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Me parece que la iniciativa que tuvieron los integrantes de la Comisión de Justicia de atender este tema en particular, obedece a que todos en nuestros pueblos, en nuestras regiones hemos tenido un fenómeno de esta naturaleza, y desafortunadamente nos hemos encontrado con que solamente muchos que participan en el hacer político y en el hacer social, pues se han limitado a lamentarlo en las redes sociales, pero no han ido a la acción, y en este caso, esta acción afirmativa viene a apalear en mucho este ejercicio de desplazamiento forzado de nuestros hermanos mexicanos regionalizados de manera preponderante en el sur de nuestra República.
Ya nuestra disposición legal nos permite, como una atribución del Congreso de la Unión, en su fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, establecer delitos y faltas contra la Federación y penas, así como sanciones que les corresponda. Sanciones que desde nuestro punto de vista deben de ser ejemplares, deben de llamar a apalear no solo ese tipo de delitos, sino a inhibirlos porque el hecho es de que la realidad se impone en este incesante constructo normativo que nos llama a todos, donde la realidad viene y nutre el círculo virtuoso de la construcción de la democracia que nos exige a que día con día pensemos en nuestras nuevas modalidades de delito que estén debidamente diseñadas en la ley para que no haya una continuidad de impunidad y corrupción.
Máxima, cuando los grupos vulnerables que son objeto de ese desplazamiento forzado, son en su mayoría, como ya se dijo aquí, mujeres y niños lo que aumenta su grado de vulnerabilidad.
Por eso en el Partido del Trabajo consideramos que esta iniciativa debe transitar en ese ánimo que privó en la Comisión de Justicia, donde todos tenemos que hacer un ejercicio de unidad, ver por nuestros hermanos mexicanos que se encuentran en esta situación y ofrecerles esa garantía, que no solo haya un tipo penal, sino que se le dé difusión a toda aquella acción que tenga como teleología evitarlo en lo conducente.
Es de veras lamentable que hasta el día de hoy no se haya enfocado el esfuerzo en este fin que hoy día estamos discutiendo. Finalmente, quiero hacer ese llamado para que todos coincidamos en la necesidad de que ese dictamen sea aprobado, siga su curso legal, sea ley positivada y haya una certeza y una garantía para todos esos hermanos que desafortunadamente han sido desplazados de su lugar de residencia. Gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Encuentro Social.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Buenas tardes presidenta. Buenas tardes secretarias. Buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Muy buenas tardes.
Me permito emitir el cuestionamiento ante esta honorable asamblea con respecto a la iniciativa presentada por el diputado Sebastián Aguilera, de Encuentro Social, relativo a adicionar el artículo 287 bis y un capítulo tercero al título Décimo Sexto del Código Penal Federal, para poder tipificar el fenómeno de desplazamiento forzado en nuestro país. Siendo esto un primer paso muy importante ante esta problemática que ya tiene más de dos décadas en México.
Esto se ha originado en el marco de inseguridad y violencia que vive nuestro país, en un clima de corrupción, debido a que se ha generado enfrentamientos prolongados entre fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorciones y desalojos arbitrarios.
Violaciones todas ellas graves a los derechos humanos de muchos mexicanos, incluso, cometidas por autoridades municipales, estatales o federales que han sentado las bases para la ola de desplazamiento que el país ha vivido, como lo señalé, desde hace más de dos décadas.
Es por ello, que como diputado representante de un distrito de Tijuana, ciudad donde vemos presente este fenómeno día a día por la llegada a la frontera buscando asilo político, humanitario en los Estados Unidos, de cada vez un mayor número de víctimas de este tipo de desplazamiento forzado, y quienes se instalan esperando una cita para cruzar a Estados Unidos, en su mayoría, en el este de la ciudad proveniente principalmente de estados como Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, entre otros.
Hace aproximadamente dos meses acompañé a la diputada Irma Andazola, también de Tijuana, a conocer el caso de familias enteras que huyendo de la violencia en el estado de Guerrero, se asentaron en una colonia popular de Tijuana. Solo escuchamos tragedias y tristeza por parte de toda esta gente.
En este contexto, el estado de Michoacán fue el estado que mayor expulsó población por motivos de violencia, al menos 10 mil personas fueron desplazadas dentro de este estado. Se llevó a cabo un desplazamiento masivo de población, que no fue debidamente registrado por los medios de comunicación nacionales, pero sí por organizaciones civiles en Baja California.
El desplazamiento forzado interno puede tomar distintas formas, el individual, que tiende a ser un desplazamiento invisible, pero también el colectivo, cuando familias completas son desplazadas de sus comunidades por diversos motivos.
Sin embargo, como se ha mencionado, es urgente la creación de un ordenamiento jurídico de acuerdo a los estándares internacionales de protección a personas que internamente son desplazadas de sus comunidades y de acuerdo a lo que establecen organismos internacionales de derechos humanos y las propias organizaciones afines a las Naciones Unidas con respecto a este tema, e incluye la elaboración de un diagnóstico comprensivo sobre el desplazamiento forzado de familias en México, de acuerdo a lo que establece también la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dicha comisión arrojó los siguientes datos estadísticos: en 2016, el sector indígena fue el más afectado con los desplazamientos, en al menos 7 eventos. En 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en diversas partes del país. De estos episodios de desplazamientos 20 fueron causados de manera directa por la violencia, y de estos, 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia temporal o permanentemente por razones de violencia.
Del 2009 al 2017, compañeros diputados, 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse en el país por razones de violencia religiosa, política o territorial.
Por ello, consideramos muy importante el dictamen que hoy se vota en esta Cámara y a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, que estamos a favor obviamente, convocamos al resto de los legisladores y a mis compañeros de todos los grupos parlamentarios para que apoyen esta importante iniciativa, como un primer paso de un cambio jurídico normativo a nuestras leyes para evitar toda forma de desplazamiento forzado en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada La diputada Claudia Pastor Badilla, del PRI.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Buenas tardes, diputados y diputadas. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Creo que no está en controversia el problema del desplazamiento interno como una situación que vulnera los derechos humanos de las personas y escuchando las cifras que han dado todos quienes me han antecedido en la voz, pues puedo sumar las que ha dado el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, del Consejo Noruego, puedo dar las cifras que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ese es cierto, que uno de los fenómenos que más provoca el desplazamiento es la violencia, y de ahí que la propuesta que nos hagan, sea enfocar una sanción a quienes lo provoquen, lo ocasionen o, incluso, lo aviven.
Sin embargo, el desplazamiento no únicamente obedece a la violencia, el desplazamiento también tiene que ver con conflictos religiosos, tiene que ver con conflictos por tenencia de la tierra, tiene que ver con conflictos y desastres naturales. Y aquí la ventana de oportunidad que se abre es, si podemos responder a un desplazamiento por este otro tipo de eventos sancionando, ¿a quién sancionamos por un huracán? ¿A quién sancionamos cuando una comunidad indígena, con un derecho a la autodeterminación decide que no puede aceptar a miembros de su comunidad con una religión distinta y los expulsa de su comunidad? ¿A quien sancionamos en esos casos? ¿Cómo hacemos la relación proporcional entre esos dos derechos?
Así que yo, más que aportar más cifras, porque estamos creo que todos en la misma lógica de atender a este fenómeno, es a la gran ventana de oportunidad que esta propuesta nos da.
Es cierto, nuestro país, solamente Chiapas y Guerrero han publicado leyes para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno. No obstante que la dinámica propia del desplazamiento implica que las personas, en muchas ocasiones, tengan que cambiar de entidad federativa.
Así que aplaudimos esta propuesta y la acompañamos. Sin embargo, no es posible quedarnos con esto, el Congreso de la Unión debe expedir una ley general en la materia y para eso debemos facultarlo y modificar el artículo 73 constitucional, para darle vigencia.
Hablamos de un problema a escala mundial, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y pese a esa gravedad, en nuestro país el desplazamiento forzado solo se menciona en algunos artículos de la Ley General de Víctimas como una situación de vulnerabilidad.
Así es que en esta intervención yo me enfoco únicamente en la ventana de oportunidad que nos abre esta iniciativa, para considerar además de esto, como uno de los cimientos para perfeccionar nuestro marco jurídico, la necesidad de que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir una ley general que regule el tema, con base en estándares internacionales y por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Hablamos de un problema que involucra la coordinación de la federación, los estados y los municipios. Que además de los tipos penales y sanciones establezca los mecanismos de prevención, protección y reparación a las víctimas, incluyendo la constitución del Sistema Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno. Además de establecer con claridad la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades.
También es indispensable elaborar un registro nacional de personas en esta condición, porque aquí surge la obligación del Estado de restituir a las víctimas los bienes y propiedades, o en su caso, las indemnizaciones, cuando estamos frente a consecuencias derivadas de otras causas distintas a la violencia y que, por lo tanto, están mucho más allá de simples sanciones penales.
Vamos, estamos con ustedes, acompañamos la propuesta. Aprobemos estas sanciones, pero avancemos en el marco integral de un problema tan grave como el desplazamiento. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas, diputados, el dictamen que nos ocupa en este momento es de gran trascendencia y abre una ventana de oportunidades.
El desplazamiento forzado interno en nuestro país es desde hace muchos años una realidad. Es un fenómeno que afecta de manera grave a las personas que son víctimas de ello, ya que se modifican drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de un momento a otro sin hogar, sin sus propiedades, arrebatándoles de manera cruel su estabilidad, pues tienen que dejar todo para sobrevivir.
Desgraciadamente, las cifras demuestran un aumento considerable de personas desplazadas en nuestro país en los últimos años. Todo esto a causa de la creciente violencia en los diferentes estados de la República Mexicana.
En los últimos años la principal causa de este fenómeno en México ha sido la amenazante delincuencia organizada. Ante tal problemática, este tema ha sido sujeto de un análisis profundo dentro de la Comisión de Justicia, así como de especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, comisionados de derechos humanos y público en general en la práctica de parlamento abierto.
Se escucharon todas las voces convocadas y todas fueron tomadas en cuenta. Muchas voces a favor y muchas en contra, pero siempre en favor de las víctimas de esta atroz práctica, poniendo en todo momento a la víctima como prioridad, ya que por lo regular se conoce a los sujetos activos del delito y muy poco a sus víctimas.
Este tipo de movilidad humana forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos, representa uno de los grupos poblacionales más desprotegidos que enfrenta condiciones de vida que se reflejan en pérdidas materiales, afectaciones psicológicas y sociales, generando rupturas familiares, desintegración de vínculos sociales, culturales, terminación de empleos, afectación al sistema educativo. Todo ello sin poder otorgar la garantía de recuperar al menos una parte de sus condiciones de vida anteriores.
Si bien es cierto que la Ley General de Víctimas contempla nueve artículos que hacen referencia a este fenómeno, es necesaria una protección especial. Y comenté anteriormente, implementar acciones de protección y reconocimiento de las víctimas.
Es un gran avance que en este dictamen se han reconocido como víctimas de este delito a aquellos grupos vulnerables, tales como niñas, niños, adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas. Y que sean castigados con agravantes quienes les agravien con este ilícito.
En Acción Nacional no podemos permanecer pasivos ante estos lamentables hechos. Estamos convencidos de que se requieren acciones en defensa de las comunidades y es necesario que los culpables no queden impunes.
Los diputados del PAN creemos que es nuestra obligación apoyar a todos aquellos proyectos legislativos que permitan un combate eficiente al desplazamiento forzado de personas en nuestro país y que permitan la tranquilidad y estabilidad de las familias mexicanas, anteponiendo siempre la dignidad de todas las personas, independientemente de nuestra postura ideológica o partidista, siempre en favor del reconocimiento y protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los mexicanos. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos vamos a manifestar en favor de este proyecto legislativo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Sebastián Aguilera Brenes, de Morena. Mientras él llega a la tribuna, les mandamos un saludo a los ciudadanos del municipio de Chimalhuacán que hoy nos acompañan, invitados por el diputado Delfino López Aparicio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Sebastián Aguilera Brenes: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Sebastián Aguilera Brenes: La tierra es de quien la trabaja. Emiliano Zapata. Diputadas y diputados de esta honorable Legislatura, tengan todos muy buenas tardes.
El día de hoy para mí es un honor y un privilegio estar posicionando un tema tan delicado y difícil para nuestro país, un problema que por décadas fue ignorado por el gobierno. En esta sesión tendremos la gran oportunidad de alzar la voz como parlamento y lograr que, finalmente, el desplazamiento forzado interno sea tipificado como un delito.
No podemos seguir permaneciendo indiferentes ante esta problemática que no solo afecta el estado de Chihuahua, que es de donde yo soy originario, ubicándonos un poco dentro del contexto de esta iniciativa y por la cual nos motivó a presentarse.
Quiero platicarles que hace tiempo un colectivo que es protector de grupos vulnerables dentro de mi estado, me visitó en este Congreso pidiendo justicia. Justicia ante estos hechos que vulneran día a día a los derechos de los mexicanos, derivado de la falta de un tipo penal que sancione el desplazamiento forzado interno; es difícil señalar cifras exactas de poblaciones afectadas por este problema.
Existen estimaciones que señalan más de 329 mil 917 personas desplazadas en nuestro país, contabilizadas hasta el año de 2017. Este tipo de movilidad forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos.
La ONU señala que las personas que han sido desplazadas internamente se identifican como aquellas que han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar, esto con la finalidad de evitar los efectos o consecuencias de un conflicto armado o de violencia generalizada. Este dictamen busca prevenir y sancionar este fenómeno que es consecuencia del temor fundado de ser víctima ante un clima generalizado de inseguridad.
La gente pierde sus hogares, sus trabajos, sus orígenes, su familia, sus pertenencias, y esto no es lo peor. Lo más deplorable es que a donde se desplazan los afectados sufren de hambre, de frío, ya que la mayoría de las ocasiones ellos van y se insertan en cerros o bien en algunas otras provincias, pero sin contar con la posibilidad de rehacer sus vidas, pues al momento de ser desplazados se van sin nada. Evidentemente las condiciones mínimas de paz, sus vidas, con el desplazamiento forzado interno, quedan realmente aniquiladas.
Esta reforma es una herramienta jurídica fundamental para que las autoridades puedan proteger a las poblaciones y enfrentar, perseguir y sancionar a aquellos que generen condiciones para forzar a las familias a cambiar sus lugares de residencia.
Manifiesto realmente y de manera enérgica el agradecimiento a la Comisión de Justicia, a su presidenta, la diputada María del Pilar Ortega Martínez; y cómo no agradecer al diputado Cayetano por su incansable esfuerzo para que se hiciera realidad esta iniciativa.
Hablo no en nombre de una persona ni de un grupo parlamentario. Hablo por todos los mexicanos que anhelamos un país diferente en donde los derechos y la igualdad siempre sean respetados.
Ante nosotros se presenta la gran oportunidad de saldar esta deuda histórica que tenemos con los más vulnerables de nuestro país, es por eso que los invito a que votemos a favor del derecho de los mexicanos a vivir en paz. Es cuanto, muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la discusión en lo general y lo particular, para lo cual tiene la palabra la diputada María Teresa López Pérez, de Morena.
La diputada María Teresa López Pérez: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Teresa López Pérez: Diputadas y diputados. El 18 de octubre de 2017 varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán. Con armas de fuego dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.
Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de tierras, 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.
De acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado obligó a estas víctimas a refugiarse en 11 campamentos, campamentos en los que no pudieron ejercer sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, asistencia humanitaria, educación para las niñas y los niños y seguridad personal.
El desplazamiento forzado de estas comunidades de Chiapas, impactó al menos a 440 menores de edad que permanecieron en condiciones inadecuadas, por no decir más, para su debida protección y seguridad.
Este es sólo uno de los muchos casos de desplazamiento forzado interno que corren en nuestro país, no del año pasado para acá, sino de más de 20 años para acá, por lo menos en forma intensa y cruel.
Durante el 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento interno masivo en México, 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en el 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente, con la intención de salvaguardar su vida. En el 2016 el sector indígena fue el más afectado ya que sufrió, al menos, siete eventos de desplazamiento interno forzado.
Durante años, los gobernantes en turno tuvieron oídos sordos a los reclamos, necesidades y demandas de las y los desplazados. Durante años dieron la espalda a esa cruel realidad, así como a muchas otras violencias que desafortunadamente son cotidianas.
Frente a la ausencia de reconocimiento gubernamental y de las políticas públicas para la prevención y atención integral de las víctimas de desplazamiento interno en México, la población afectada continúa. De ahí la importancia del dictamen que hoy discutimos.
Es el momento de reconocer la problemática y actuar desde los tres poderes y niveles de gobierno. Llegó la hora de da protección y certeza a las víctimas. Hoy, en la cuarta transformación estamos empeñados en hacer de México un espacio pacífico y de bienestar.
Establecer en la ley el delito de desplazamiento forzado interno, es un paso más hacia la plena defensa de los derechos humanos...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.
La diputada María Teresa López Pérez: Es un paso más a la justicia y a la anhelada paz social. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta propuesta, porque al crear el tipo penal se establece el marco jurídico que permite identificar claramente la conducta delictiva y, en consecuencia, establecer también las sanciones correspondientes. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, de Partido Encuentro Social.
Mientras llega a la tribuna, saludamos a los alumnos del Instituto de Desarrollo e Innovación Profesional del estado de Querétaro, invitados por la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil: Bienvenidos. Con su venia. Diputadas y diputados, la discusión del presente dictamen no es un tema menor, no se trata en este caso de colores partidistas ni de ideologías políticas. Así que todos los grupos parlamentarios deberíamos estar a favor, es una asignatura pendiente de resolver.
Se trata de ir avanzando en un tema muy sensible; la violencia, la inseguridad, la impunidad son parte de la debilidad de nuestro Estado de derecho y lo ha sido por años.
Hoy hay una realidad que nos obliga a genera condiciones de ley para aminorar que un número considerable de mexicanas y mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no solo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física o su familia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 6 de cada 100 migrantes que se fueron a vivir a otra entidad federativa lo hicieron motivados por la inseguridad pública o la violencia. No es un dato que hay que perder de vista, es muy significativo y nos dice la gran problemática que nos negamos a ver.
Los desplazados forzados internos están entre las personas más vulnerables, este sector de la sociedad no cruza fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. Pero en muchas ocasiones el precio de cambiar la residencia es muy alto, hay que dejar toda una vida atrás, y créanme, que no por decisión propia.
Debemos detener este fenómeno, se trata de darle ya importancia a los derechos humanos de los desplazados forzados. El desplazamiento forzado interno solo se menciona en algunos artículos de la Ley General de Víctimas, como una de las situaciones de vulnerabilidad en las que pueden encontrar las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pero no es suficiente para sancionar a quienes cometen actos encaminados a generar el desplazamiento forzado de personas.
Por ello, ente esta innegable realidad resulta necesario tipificar el delito y diferenciar cuando se debe considerar un ilícito penal y cuando una violación de derechos humanos. La importancia del reconocimiento del desplazamiento forzado interno es esencial en la implementación de acciones para la protección de las víctimas y para determinar su calidad de víctima. Por ello, se considera indispensable la creación de un tipo penal que identifique el desplazamiento forzado como una conducta delictiva y quienes son las víctimas de este en ausencia de una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.
De esta manera con el presente dictamen se propone adicionar un capítulo tercero denominado Desplazamiento Forzado Interno, al título décimo octavo que comprende el artículo 287 bis y que dispone que: comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia.
Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a sumarse a este dictamen. Tenemos que legislar por aquellas familias que han sido obligadas a desplazarse de su lugar de origen. Abonemos a la certeza y a restaurar paso a paso el Estado de derecho en nuestro país.
Vayamos avanzando y quitémonos esos estigmas de que, si lo proponen en el grupo mayoritario, entonces no apoyemos. Hoy se trata de mexicanas y mexicanos de carne y hueso, se los debemos a todos. Ante esta realidad urge legislar. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos a favor del dictamen. Felicidades, es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Julieta Vences Valencia, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Nada es más doloroso que arrancarse las raíces y salir huyendo para proteger la vida, la libertad, la dignidad o la familia.
Es innegable que la violencia, el crimen y la falta de condiciones de desarrollo hacen que la gente huya de sus lugares de origen, ya sea por enfrentamientos armados, desapariciones, secuestros, odio, intolerancia religiosa, reclutamientos forzados, o cualquier otra causa. Muchas mexicanas y mexicanos dejan sus hogares por circunstancias como estas.
El desplazamiento forzado es el destierro moderno, apartarse del suelo, de las personas, de las historias y de los recuerdos, para poder salvar su vida. Por tales razones es que es necesario tipificar el delito de desplazamiento forzado interno en el Código Penal Federal.
Nadie mediante la violencia física o psicológica tiene el derecho de amedrentar y de forzar a que las personas abandonen su lugar de residencia habitual. Por ello, es pertinente establecer el tipo penal, dejando en claro la conducta y su sanción.
Se propone en el dictamen a discusión que se imponga pena de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandone su lugar de residencia.
Es de señalar que la pena se aumentará hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña, niños, adolescente, persona defensora de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, tan solo en 2016 hubo más de 21 mil personas desplazadas. La misma organización estima que durante el periodo de 2009 a enero de 2017 fueron poco más de 310 mil personas que huyeron a causa de la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.
México no debe ser un lugar donde la gente huya, las personas no deben sentirse desterradas de su propio suelo, hogar y esperanzas. Entendemos que la tipificación penal es solo una parte de una estrategia integral a emprender por el Estado mexicano, que debe proteger los derechos de las personas desplazadas y generar soluciones duraderas para atender esta problemática.
Decía Séneca que en ninguna parte se siente más la pobreza que en el destierro. Por ello, no más desplazamiento forzado interno en México. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Lixa está solicitando la palabra. Micrófono para él, aunque estamos en votación.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Sí, es nada más una observación a la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Es una observación.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Es nada más, de conformidad con el artículo 93, en las facultades de la Presidencia, numeral 1, que se refiere a las correcciones que se puedan tener para tener más claridad en las leyes de procedimiento en la Mesa Directiva, he detectado en el artículo 287 Bis, por lo menos, que se hace referencia a días de multa. Sin embargo, lo correcto de acuerdo al Código es días-multa.
Únicamente para que lo observen en la corrección de rutina de la Mesa Directiva y se apegue a lo establecido por el propio Código y no exista duda. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene usted razón y así se hará.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 429 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, que se denomina “Desplazamiento Forzado Interno”, al Título Decimoctavo y se adiciona un artículo 287 Bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por esta asamblea.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En virtud de que ha se cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, consulte la Secretaría en votación económica, si se autoriza y se somete a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, de nuestro Reglamento, el diputado Humberto Pedrero Moreno, hasta por 10 minutos.
El diputado Humberto Pedrero Moreno: Honorable asamblea. A la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Las MiPyME representan los principales motores para el crecimiento económico de México, de acuerdo a los últimos datos del Inegi, este sector de la economía aporta más de la mitad del PIB y genera nueve de cada 10 empleos formales. Reconociendo la importancia de este sector se vuelve prioritario optimizar y eficientar los programas de apoyo a las MiPyME.
Con base en lo anterior, el presente dictamen propone optimizar las instancias y toda la burocracia de la Secretaría de Economía, incluyendo la transformación de subprogramas de apoyo.
Con el presente dictamen se elimina el instituto, pero de ninguna manera se elimina la facultad, acciones y programas de apoyo a los emprendedores de nuestro país. Al lograr esa transformación se quitarán los gastos operativos y burocráticos para tener más recursos para apoyar directamente a los emprendedores.
La iniciativa suprime las referencias al Inadem en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, ya que con las reformas del 2016 se incorporó al Inadem dentro del marco conceptual de la citada ley.
De esta manera, la iniciativa propone que el secretario técnico del consejo nacional para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, sea designado por el titular de la Secretaría de Economía. Adicionalmente propone, por razón constitucional, sustituir la mención del Distrito Federal por la de Ciudad de México.
Es importante destacar que las facultades que se le dieron al Inadem en su creación desde 2013 estaban originalmente en la Secretaría de Economía. De esta manera, con el presente dictamen se estarían regresando las facultades a la Secretaría de Economía para que estos tengan ahorros en gastos legales y administrativos.
Estos cambios permitirán a la Secretaría de Economía ejercer en apoyos directos a los emprendedores los 806 millones de pesos que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, asignados al Inadem, y complementarlos con todos los otros programas que tienen como objetivo apoyar la capacitación, acompañamiento, asistencia técnica e incentivos, así como el acceso a financiamiento que en total suman 4 mil 447 millones de pesos.
Finalmente quisiera agradecer la apertura, disposición y todo el apoyo de la mesa directiva de esta comisión, en particular de su presidente, por estar dispuestos al diálogo y por apoyar la facultad del Ejecutivo federal para organizar a la propia administración pública federal de la manera más eficientemente posible.
Esta comisión, conforme a las consideraciones y a la votación que realizaron sus integrantes, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos, para presentar moción suspensiva.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Honorable asamblea. Este periodo de sesiones se ha caracterizado por un desarrollo accidentado. A la suspensión de sesiones, ahora se suma la imposición del grupo mayoritario en la conformación del orden del día de esta sesión.
Sin que haya habido un acuerdo en la Junta de Coordinación Política en su reunión del lunes 8 de abril, se incorporó a esta sesión la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor y la dispensa de trámites. Esto a pesar de que la Mesa Directiva tiene en su poder dictámenes aprobados en comisiones y que mantiene congelados por razones poco claras, y de que los grupos parlamentarios hemos acordado conformar las sesiones de esta semana con asuntos consensuados, votados por unanimidad en las comisiones y que representaban demandas emitidas por la sociedad.
Los temas de hoy revelan las prioridades de nuestro Congreso, temas de justicia a favor de las víctimas del turismo sexual, de los desplazados internos y de los derechos humanos de los adultos mayores en reclusión, y sin embargo se deja de lado otros dictámenes que tendrían la misma nobleza y el mismo consenso de los que hoy se discuten para apabullar a esta soberanía con sus prioridades.
Nuestro grupo parlamentario no se opone a discutir los temas que generen nuestras comisiones, no tenemos temas tabú ni obedecemos al reto de poderes fácticos, representamos a los ciudadanos y a las instituciones, y ser atropellados no sólo revela la falta de autoridad y legitimidad de una mayoría mecánica, sino además incongruencia con los ideales que decía defender cuando era oposición.
No nos oponemos a la construcción de mayorías, pero sí a la imposición No nos oponemos a la discusión de los temas porque tenemos argumentos, pero sí a la dispensa de trámites a conveniencia de una fracción de este Congreso en el que todos contamos y todos participamos.
Proponemos que se posponga esta discusión porque carece del consenso de otros temas y porque no se acompañó de un acuerdo del órgano de gobierno que representa la pluralidad de esta Cámara, como lo es la Junta de Coordinación Política. Estas dispensas son un mal precedente para un parlamento que pretende ser abierto y que aspira a mantener los principios de exhaustividad y máxima publicidad. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación si se toma en consideración para su discusión la moción suspensiva.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se toma en consideración para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a pasar a la fijación de posturas, con intervenciones hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: La micro, pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como en los de menor grado de desarrollo.
Estas empresas representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado. De ahí la relevancia que reviste el tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño al incidir estas de manera fundamental en el comportamiento global de la economía nacional.
Este presente dictamen que se somete a discusión, viene a fortalecer la organización de la administración pública a través de las modificaciones propuestas de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, por medio de la cual, desaparecen las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor.
Si bien se pretende la supresión del organismo para coordinar la política nacional de apoyo a los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas, es resaltar que en ningún momento se trata de terminar con los apoyos para el funcionamiento de este importante sector empresarial, por el contrario, lo que este dictamen busca es agilizar los procedimientos generando uno más apegado a la transparencia, pues los beneficios recibirán el apoyo para su creación y funcionamiento sin intermediarios, sin burocracia excesiva que poco abona para generar a los ciudadanos certeza del correcto manejo de los recursos públicos.
Esta reforma busca ayudar a los emprendedores, pues con ella se hace más eficaz la distribución del dinero con el objetivo de promover una mayor inversión y un crecimiento del sector empresarial.
Confiamos que la aprobación de esta reforma venga a abonar en la política nacional, a través de sentar las bases para generar una mejor coordinación en la entrega de apoyos y estímulos de los emprendedores de las micros, pequeñas y medianas empresas
En nuestro partido contarán con el apoyo siempre que se busque combatir las prácticas burocráticas que lastiman el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Compañeros diputados. Como bien sabemos, en nuestro país es muy complicado emprender un negocio. El Inegi ha reportado que únicamente 3 de cada 100 negocios que abren sus puertas en enero llegan a diciembre.
El iniciar un negocio se dificulta aún más ahora que se ha decidido, desde el Poder Ejecutivo, desaparecer el Inadem. En la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, se aprobó por mayoría de Morena una iniciativa que da la estocada final al Instituto Nacional del Emprendedor, el Inadem, pues se aprobaron las modificaciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que elimina toda mención a este instituto de la misma, bajo el argumento de que así se ayudará a acabar con la corrupción.
En enero del 2013 para sustituir el Fondo Pyme mediante un rediseño mayor se creó el Inadem, el cual es un organismo público, desconcentrado, que surgió para apoyar a los emprendedores, crear fondos de inversión y fomentar a las micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente de alto impacto, que son aquellas que no solo buscan la rentabilidad económica, sino también generar cambios en la sociedad y contribuir en temas ambientales con recursos.
Otra de sus funciones es capacitar y orientar a los emprendedores mediante la impartición de cursos gratuitos, e impulsar el emprendurismo a través de la creación de diversos estímulos como el otorgamiento del premio nacional del emprendedor, entre otras importantes acciones.
Por todas estas actividades que realizaba el Inadem, se observaba como un buen proyecto, sin embargo, con el paso del tiempo fue decayendo, sobre todo por dos razones; la corrupción y la burocratización. En un informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación el 2018, se informó que el Inadem presentaba irregularidades.
Por su parte, la excesiva tramitología y el tiempo que llevaba la realización de algunos de sus procesos, generaba que muchos de los apoyos brindados tardaran meses en llegar a sus destinatarios.
Pese a estos problemas, podemos decir que no era necesaria la desaparición del instituto. De acuerdo a varios especialistas, antes que desaparecerlo era preferible hacer una reingeniería, revisión de sus programas y forma de operación, para mejorar el funcionamiento del instituto y que cumpliera con su misión tan importante de apoyar a los emprendedores.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Emprendedores de México, ha dicho que es necesario para el país contar con un organismo que pueda ser el interlocutor entre el gobierno y los temas de emprendimiento.
Un organismo que se encargue de impulsar la innovación, la inversión, lo cual se logra con apoyos, no solo financieros, sino también la capacitación y el acompañamiento, entre otros aspectos.
Como ya dijimos, el Inadem cumplía más funciones que solo dar dinero. Es por eso que se vuelve inadmisible que el presidente haya propuesto su desaparición y en su lugar se vayan a otorgar microcréditos mediante el programa de Tandas para el Bienestar, que contará con un poco más de 3 mil millones de presupuesto, el cual sea dicho de paso, no está muy claro cómo operará.
El Inadem desde su creación ha apoyado a 4.4 millones de emprendedores con recursos, capacitación, información y otros apoyos. Con su desaparición, el gobierno deja en claro que tiene poco interés en impulsar el emprendimiento que genere nuevas empresas innovadoras, que generen un valor agregado en su entorno, y prefiere centrarse únicamente en repartir dinero.
Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD nos opondremos a darle la estocada final al Instituto Nacional de Emprendedores, a través de esta reforma que hoy discutimos, pues consideramos que con ello se dejará en desamparo al sector importante de la población, que había tenido en el Inadem a un importante aliado. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sean bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Los mexicanos somos un pueblo de gente de creativa, trabajadora y con un apetito insaciable de salir adelante. La posibilidad de emprender, generar empleos, arreglar algún problema de nuestra sociedad o de tener independencia financiera mediante la creación de un proyecto personal es un anhelo que tenemos millones de mexicanos y buscaremos la manera de lograrlo día a día.
De acuerdo con datos del observatorio, Monitor Global de Emprendimiento, en la medición de México 2015, en dicho año se obtuvo la tasa más alta de emprendimiento desde que se inició la evaluación en el 2001. En ese sentido, en su reporte global 2018-2019 México fue considerado como el segundo mejor entorno para emprender en Latinoamérica.
Estos resultados no son casualidad, son consecuencia de una política pública decidida, que apoya e incentiva a los emprendedores y Mipymes del país.
En la creación y ejecución de esta política, el Inadem ha sido un actor esencial e indispensable para el crecimiento y desarrollo de nuestros empresarios. El Instituto ha sido el encargado de crear todo un ecosistema emprendedor en el país, en el cual coexisten y se estimulan emprendedores, Mipymes, incubadoras, fondos de inversión, entre muchos otros actores que componen a tan rico ecosistema.
Además de haber apoyado a más de 100 mil beneficiarios, el Inadem ha obtenido diversos reconocimientos, destacando entre ellos haberse ubicado en 2015 y 2017 como el programa con mejor desempeño de la administración pública federal y el haber sido el primer instituto de un país latinoamericano en ostentar la presidencia de Grupo Pymes y Emprendimiento de la OCDE en el periodo 2016-2018.
De igual forma, me gustaría destacar el método de selección y acompañamiento de proyectos del Instituto, sistema obtenido de la experiencia de los seis años en que ha estado en funciones el mismo.
Dentro de dicho método, entre otras cosas, se considera a la selección de proyectos de alto impacto, siendo este tipo de empresas las que generan mayor bienestar al crear mejores empleos, remunerados y con mayor permanencia en el tiempo.
De igual forma, está comprobado que estas empresas promueven un desarrollo a mayor velocidad en el lugar donde se establecen.
En este sentido, es importante que se identifique a los emprendedores y proyectos con mayor posibilidad de éxito, ya que debe recibir un mayor apoyo y acompañamiento, siendo estos los que tienen una mayor capacidad de dinamizar la economía del país, debido al círculo virtuoso que se crea en torno a ellos.
Los proyectos de alto impacto necesitan más que un crédito de 6 mil pesos. Necesitan acompañamiento, necesitan mentoría, necesitan, sin duda, una oportunidad de financiamiento del tamaño de su proyecto para lograr que sea exitoso.
Por otra parte, somos conscientes de que no todos los resultados han sido positivos y que existen ciertas irregularidades que deben ser revisadas y corregidas de inmediato. Por ello, apoyamos que se investigue y examine el actual del Inadem. Sin embargo, no podemos reinventarnos cada seis años y tirar por la borda todo lo positivo que se ha logrado.
El presente dictamen le retira facultades al Inadem, aun cuando no se ha presentado una propuesta clara y puntual sobre qué estrategia seguirá el gobierno federal para continuar detonando el emprendimiento de alto impacto y creación de Mypime en el país.
Lo anterior resulta realmente grave al generar incertidumbre en aquellos que forman parte de este ecosistema. En suma, a lo anterior es importante mencionar que los empresarios e inversionistas reaccionan ante datos duros y estrategias precisas que le dan certeza a sus proyectos y dinero, no ante discurso con poco respaldo.
Sin certidumbre no hay inversión y sin inversión no habrá el crecimiento del 4 por ciento del PIB al que se comprometió el presidente de la República y que todos anhelamos.
Es por lo anterior que hago un llamado al Ejecutivo federal para que usemos el respaldo político y social del que goza actualmente el mejorar lo que ya funciona en el país, y no eliminar todo lo creado por anteriores administraciones. Si así se decide, que se cambie el nombre del instituto, que se revise su funcionamiento, pero que se rescate todo lo provechoso obtenido a lo largo de la existencia del Inadem.
Apoyemos a los emprendedores y empresarios en México, solo de esa manera podremos tener un mayor bienestar para los mexicanos e impulsaremos la economía de nuestro país.
La inversión que haga el gobierno de la República en proyectos y empresas generará un círculo virtuoso en el que el retorno de la inversión será mucho mayor a través del pago de impuestos y la generación de empleos. Pero, sobre todo, a través de la mejora de la calidad de vida de los mexicanos. En razón de lo anterior expuesto...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: ...el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del dictamen en discusión. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Saludamos a los alumnos de la Preparatoria Oficial 168, del municipio de Nezahualcóyotl. Bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María Teresa Marú Mejía: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada María Teresa Marú Mejía: Compañeras y compañeros diputados, el Instituto Nacional del Emprendedor se creó en el sexenio anterior. Se concibió como un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito indiscutible fue desarrollar e instrumentar el proyecto de apoyo a los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas que la anterior administración federal decidió emprender.
Producto de sus legítimas atribuciones de organizarse administrativamente en la forma que mejor estimara para desarrollar su visión de país e implementar su programa de gobierno, particularmente sobre lo que tiene que ver con quienes generan la mayor cantidad de empleo en nuestro país.
Hoy el cambio que estamos discutiendo tiene como propósito darle continuidad de forma muy afortunada a la ruta de trabajo que este Poder Legislativo acompañó, al aprobar las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la nueva administración pueda desarrollar efectivamente su programa de gobierno, pues de lo que en el fondo estamos hablando, con la reforma antes señalada, que desde luego tiene una envergadura mayor a la modificación que hoy discutimos, pero que se alinea al mismo cometido, es de modificar todo nuestro andamiaje legal ahí donde sea necesario, para que se adapte a la nueva realidad administrativa en el particular, pero de régimen en lo general que está desarrollando el gobierno actual.
Esto es así porque el motivo principal de esta modificación responde sin lugar a duda a la determinación de la actual Secretaría de Economía, de desaparecer al Inadem, para dar paso a un esquema de apoyo directo hacia la ciudadanía, lo cual como todos hemos estado observando es una de las directrices de esta nueva administración cuyo fundamento es hacer más eficiente la administración pública.
Pero tenemos que ser reiterativos y contundentes, esta determinación no significa que dejemos de lado el apoyo a este importante sector de la economía, que como todos reconocemos es el principal generador de empleo en nuestro país y que sin duda puede constituirse como una de las posibles soluciones a la problemática de incremento en la informalidad; prueba de ello es que hoy contamos con las reglas de operación del fondo nacional para el emprendedor, para el presente ejercicio fiscal. No desapareció, igualmente hoy contamos con un nuevo programa microcréditos para el bienestar.
Por todo lo anterior, nos sumamos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la modificación propuesta para suprimir todas las referencias al Inadem, que se encuentran en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyo origen data del año 2016. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, el diputado Eudoxio Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Eudoxio Morales Flores: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las micro, pequeñas y medianas empresas son consideradas como el principal motor de toda economía. Las PyME son las empresas que más empleos generan y es muy sencillo entender el por qué, ellas contribuyen de manera importante a la generación de empleos y del producto interno bruto en un 56 por ciento y el 72 por ciento del empleo en México.
En México hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan el 41.8 de empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 empresas y representan el 15.3 por ciento de la empleabilidad. Por su parte, las medianas llegan a 34 mil 960 empresas y generan el 15.9 del empleo.
Las PyME se concentran en actividades como el comercio, los servicios y la industria artesanal, al igual que en los trabajos independientes. Ante esta realidad se creó el Inadem que cumplió un ciclo importante en la vida económica de este país; como organismo público desconcentrado de la Secretaría de Economía el 14 de enero de 2013, por decreto presidencial se creó como apoyo a los emprendedores de las micro y medianas empresas.
No obstante su función, se ha determinado que es necesaria su desaparición de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para reordenar la administración pública federal en esta cuarta transformación.
En virtud de que se buscará fortalecer y preservar la facultad del Ejecutivo federal para organizar la administración pública federal en aras de ser más eficiente y eficaz de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en relación con el 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen que estamos discutiendo también tiene por objeto adecuar la denominación de la secretaría de Estado a la establecida en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 30 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
Compañeras y compañeros legisladores, las pequeñas y medianas empresas, PyME, tienen particular importancia para la economía nacional no sólo por sus aportaciones a la producción, distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y al gran potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el crecimiento y desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza del país.
Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las PyMe por su contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo, así como al desarrollo regional y local.
Las PyMe en México constituyen el 97 por ciento del total de las empresas generadoras del empleo del 79 por ciento de la población, y generan ingresos equivalentes al 23 por ciento del producto interno bruto nacional. Lo anterior es una clara señal de que debemos poner atención en este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son la base de la economía y desarrollo.
Las PyMe cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de servicios y tienen la tendencia a realizar actividades autónomas que tienen relación con las empresas más grandes y de este modo sufriendo la influencia de estas que suelen someterlas y minimizando sus posibilidades de desarrollo o estableciendo interdependencia.
A pesar de ser una fuente importante en la economía del país, las PyMe no cuentan con mucho de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera integral, y existen en el país grandes problemas que les afecta en gran medida.
Por esta razón en Encuentro Social estamos convencidos de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador adoptará todas las medidas que sean necesarias para seguir impulsando las Pyme en México. Por ello acompañaremos de manera positiva este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el día de hoy, hoy queda más claro que la nueva administración no le importan las instituciones.
Con el dictamen que se pretende votar el día de hoy, desaparecerá el Instituto Nacional del Emprendedor, un hecho que marcará el 2019, como lo ha marcado la cancelación de las estancias infantiles, y los refugios para mujeres y la cancelación de la aplicación del tamiz a los recién nacidos.
Hoy quedará en la historia de esta legislatura de que los diputados que apoyen este dictamen están en contra de los emprendedores de este país. Los diputados que apoyen este dictamen, no tienen interés en impulsar la innovación, la competitividad y la proyección de los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas en los mercados nacionales e internacionales.
Tampoco tienen interés en aumentar el desarrollo económico y el bienestar social como tanto lo dicen. Pero sobre todo no tienen interés en el desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial.
Al gobierno actual no le importa la cultura emprendedora, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, el Fondo Emprendedor tuvo una reducción del 84 por ciento en términos reales. Es ahí donde se ve la prioridad de un gobierno, y para este gobierno y para el grupo mayoritario de esta Cámara, no le importan los emprendedores.
Con la desaparición del Inadem ya no habrá un impulso para ellos, ni el fortalecimiento al desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas, ni a los organismos del sector social de la economía.
Tampoco se impulsará una cultura emprendedora a través de un ecosistema financiero ni de fomento, ni se desarrollarán capacidades y habilidades gerenciales, tampoco habrá acceso al financiamiento y al capital. No se promoverá la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en los procesos productivos.
Queda claro que con esta decisión se afecta el emprendimiento, sobre todo, el emprendimiento de alto impacto que engloba a las empresas medianas en proceso de expansión o a las grandes empresas de reciente creación en proceso de consolidación.
Les doy unos datos: de 2013 a 2017, el Fondo Nacional del Emprendedor apoyó a más de 92 mil proyectos de emprendedores, y de pequeñas y medianas empresa, con más de 14 mil millones de pesos en beneficio de muchas familias mexicanas.
Además, en el mismo período se apoyaron 141 proyectos estratégicos por un monto de más de 2 mil millones de pesos, en beneficio de más de 26 mil empresas pequeñas.
Señoras y señores diputados, todas las instituciones son perfectibles, todas, absolutamente todas, pero en el caso del Inadem consideramos que no era necesaria su desaparición. Para mejorar las cosas no se requieren amputarlas.
El Inadem representa un medio de acceso más sencillo a capitales y una mejor tasa de interés para las pequeñas empresas. México está lleno de personas creativas e innovadoras, por lo que el Inadem representa para ellos el mayor promotor de la cultura emprendedora.
Permítanme darles otros datos. De 2014 a 2017 la Red de Apoyo al Emprendedor atendió a más de 785 mil mujeres con asesoría, capacitación, diagnósticos, vinculación a programas de apoyos públicos y privados que operaron en su beneficio.
El Programa de Incubación en Línea atendió a más de 191 mil mujeres emprendedoras. De ese total, más de 8 mil mujeres emprendedoras recibieron recursos del Fondo Nacional Emprendedor.
Con la decisión que se va a tomar aquí, estos recursos se van a perder para las mujeres mexicanas. Queda claro que las mujeres no son prioridad de este gobierno. Es indudable que el Inadem consolidó al medio emprendedor mexicano como el más fuerte de América Latina...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya diputado.
El diputado Fernando Galindo Favela: Concluyo. Su existencia dio confianza a inversionistas de todo el mundo que empezaron y vieron como el gobierno mexicano apoyaba a las mujeres y a los jóvenes emprendedores. Por ahorrarse unos pesos vamos a afectar a miles...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya diputado.
El diputado Fernando Galindo Favela: ... miles de familias mexicanas. No nos equivoquemos. Por todo esto que he comentado, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra de este dictamen. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: Con su venia presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: Compañeras y compañeros legisladores. Con este dictamen presenciamos una muestra más de legislar sin un diagnóstico claro, y parece más una intentona para debilitar las instituciones e ir en contra de los avances logrados para apoyar la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Las modificaciones propuestas en este dictamen ponen en riesgo una economía construida sobre la base de las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país representan el 99 por ciento de las unidades económicas registradas, generan el 78 por ciento de los empleos y aportan el 42 por ciento del producto interno bruto.
Bajo el pretexto de eliminar intermediarios, sin objetividad alguna ni evaluación de las funciones y alcances logrados, le apuestan a generar clientelas con los programas de Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro.
En estos se centra la principal preocupación que le Grupo Partido Acción Nacional tiene respecto a este dictamen, y no propiamente en la desaparición del Inadem.
Lo que nos preocupa a las y los diputados del Partido Acción Nacional es la visión de este gobierno que frena el desarrollo empresarial, el impulso al talento, al desarrollo tecnológico, así como a las cadenas de valor de micro, pequeñas y medianas empresas, y se olvida de los retos y oportunidades que supone el apoyo a un gran número de emprendedores en nuestro país.
Nos preocupa que muchas de estas empresas ya están trabajando con tecnología verde y contribuyendo con su esfuerzo a los compromisos del Estado mexicano en materia de transición energética. Nos preocupa también que se elimine el financiamiento para el empoderamiento económico de las mujeres, del cual el 50 por ciento de los créditos son dirigidos a mujeres emprendedoras.
Lo que se refleja con este dictamen es que al gobierno federal no le interesan las energías limpias, el apoyo a mujeres ni el grueso del sector empresarial.
Con el recorte presupuestal al Fondo Nacional del Emprendedor en un 80 por ciento, con respecto al año 2018, se reducen considerablemente los apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas y los apoyos a varios sectores agroalimentarios, de comercios y de servicios, desde el nivel municipal hasta el federal.
México requiere promover la cultura emprendedora y generar estímulos para todos aquellos que no provienen de familias de empresarios y que antes las medidas de despidos masivos en la administración pública federal, solo tienen la alternativa de iniciar un negocio con todas las garantías del gobierno, para obtener un crédito de la banca comercial, mejorar sus activos, capacitarse, consolidarse y expandirse.
Las Mipymes requieren acceso a crédito y facilidades fiscales que les peritan rentabilidad. De lo contrario, su destino seguirá siendo el mismo, engrosar las estadísticas de mortandad empresarial, sin que exista por parte del gobierno federal plena voluntad de apoyar los principales factores que indiquen en su estabilidad y contribuyendo con ello a una rápida contracción de la economía de nuestro país.
Los subsidios y apoyos al crédito de las Mipymes son parte de una política pública que ha tardado largas décadas en dar resultados positivos. Por ello, es relevante realizar una evaluación seria que permita avanzar sobre lo construido, avanzar con paso firme en políticas de Estado. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: ... votará en contra de este dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Compañeros y compañeras diputadas, este proyecto de decreto que va a modificar diversas disposiciones en materia de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, lo que pretende no es desaparecer el apoyo. Lo que pretende es incrementar y mejorar la distribución de este apoyo.
Lo que se busca es, sí claro, contribuir al desarrollo económico nacional a través del fomento y de la creación de nuevas empresas, pero lo más nuevo, es que no vamos a permitir que los apoyos se sigan dando de un modo en que la intermediación impide que lleguen genuinamente a todos los mexicanos emprendedores, porque todos sabemos que estas pequeñas empresas conforman un muy valioso medio para generar empleos y con ello, por supuesto, provocar una mejor distribución de la riqueza y con ello un impulso grande al desarrollo económico. Pero lo principal aquí es que se elimine el grave problema de la intermediación que tanto daño le ha hecho a la justa y a la equitativa distribución del presupuesto.
Hay millones de mexicanos que no habían gozado del derecho de ser apoyados por el presupuesto que es de todos nosotros.
Con la iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta soberanía, lo que se busca justamente es eliminar esta obesidad burocrática, esta ineficacia, esta intermediación y lo que queremos hacer es mucho más ágil el reparto de estos apoyos. Vamos a desaparecer el gran potencial de trampas y de intermediaciones fantasmas que había en este instituto.
La propuesta es quitarle las referencias del Inadem a la Ley de Desarrollo de la Competitividad que obligaba al presidente a conservar a ese Instituto Nacional del Emprendedor y que de facto le estaban quitando las facultades constitucionales de reglamentar, como quiera, la organización de la Secretaría de Economía.
Y este es el punto de fondo y que no se confunda nadie. La cuarta transformación realmente lo que va a hacer es que los recursos se destinen a generar, a desarrollar, a fortalecer a las empresas.
Ahora hemos y vamos a quitar este formato tradicional de un reparto indirecto para hacer realidad el apoyo directo a todos los mexicanos que más lo necesitan. Hoy vamos a tener una Secretaría de Economía con la libertad de organizarse para cumplir mejor con este cometido, una Secretaría, absorber la función de apoyo a los pequeños y medianos empresarios tendrá la responsabilidad de ser más eficaz en la repartición de estos apoyos.
Esta es una reforma que nos va a ayudar a hacerlo, que va a desaparecer los formatos de distribución del dinero en que solo se beneficiaba a unos cuantos, a los mismos tal vez que hoy se quejan amargamente. Esta es una reforma que va a generar los más amplios consensos en la sociedad, porque todos queremos que el apoyo se reparta de una manera muy transparente. Esto es lo que nuestro presidente quiere. ¿Quién puede estar en contra de que se gaste menos en la ineficiente burocracia?
Ahora, lo que los ciudadanos exigen, sí, exigen eso, es una administración que gaste menos, una administración que sea más ágil, que sea más eficiente. De modo que yo los invito a que votemos realmente por lo que nuestros representados quieren.
Hay que aceptar que cuando algo ya no funciona, como esto, el disfraz neoliberal con el que anteriores gobiernos hicieron a la administración pública, hoy francamente ha quedado al desnudo.
Nos heredaron una administración que parece un elefante reumático, un elefante que, además de reumático es brutalmente obeso. Ahora vamos a pasar a ser una administración genuinamente republicana, que cuide cada peso de lo que los ciudadanos pagan en impuestos y que, a su vez, esto sirva para impulsar la creación y el desarrollo.
No más instancias o mecanismos que generaban corrupción y desvío de recursos. Eso, eso ya se acabó. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluida la lista de oradores, ahora pasaremos a la discusión en lo general. Se han registrado oradores en contra y en pro. Vamos a tener intervenciones por cinco minutos y en primer lugar tiene la palabra la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Compañeras y compañeros diputados, el grupo mayoritario... Bueno, la coalición del grupo mayoritario aprobó un dictamen que equivocadamente pondrá fin a una política pública que fomentó la competencia y la innovación en nuestro país.
Este dictamen tiene por objeto suprimir las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En esencia, busca borrar una institución que apoyó tan solo en el último año a más de 37 mil proyectos de emprendedores. El nuevo gobierno está empeñado en desaparecer todos los programas que ya están probados, que han cumplido con su objetivo, que son semillero de nuevas empresas y que al final son los que les dan trabajo a nueve de cada diez mexicanos.
El dictamen señala que no es necesario mantener las facultades al instituto para promover el desarrollo económico nacional, a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.
Esto es lamentable, lamentable en un marco actual mundial de crecientes encadenamientos productivos que deben estar generando mayor valor agregado, y eso era parte de las funciones del Inadem.
En pocas palabras, se les está dando la espalda a los emprendedores de nuestro país, desaparecen legalmente las atribuciones de un importante organismo que se había convertido en el impulsor de una política bien definida para apoyar a los emprendedores.
Hablan que hay muchos intermediarios en el Inadem, pero lo cierto es que dos terceras partes del fondo del emprendedor...
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Dígame, diputada. ¿Con qué objeto?
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (desde la curul): Para solicitarle a ver si la diputada me permite realizar una pregunta.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Diputada, acepta una pregunta?
La diputada Soraya Pérez Munguía: Sí, con mucho gusto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (desde la curul): Diputada, me gustaría conocer su opinión, de que actualmente haya una reducción importante al programa de mujeres emprendedoras.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Bueno, no nada más el de mujeres emprendedoras. Hay una reducción del 50 por ciento a todo el fondo y de 80 por ciento al Instituto Nacional del Emprendedor, que bueno, ahora no sé qué va, en dónde va a acabar este recurso, dado que ya viene la desaparición formal.
Pero lo más preocupante es que hablan en el mensaje que la prioridad son los emprendedores, cuando la prioridad se determina a partir de las prioridades en el presupuesto y cuando hay una reducción pues implica que no hay una prioridad de política pública hacia el emprendedurismo y eso creo que es lo que debe quedar más claro para la ciudadanía. Muchísimas gracias por su pregunta.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe, diputada.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Les mencionaba que hablan de que el problema del Inadem es los intermediarios; sin embargo, dos terceras partes del fondo del emprendedor hoy se entregan directamente a los microempresarios. También hablan de la falta de transparencia cuando el Coneval otorgó mención honorífica al fondo del emprendedor.
Hay un índice, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos, pues el fondo del emprendedor obtuvo el primer lugar del ranking. La OCDE recientemente señaló que México ocupa el segundo lugar en América Latina por su política al emprendedurismo, pero lo más lamentable es que los emprendedores que encontraron respuesta y orientación en esta institución pública y ahora verán truncados el proceso de crecimiento de sus negocios y en el peor de los casos enfrentarán al fracaso por la falta de continuidad de una política pública exitosa.
Recuerden que el emprendedor, el Inadem, no nada más estaba entregando recursos, sino hacía un acompañamiento durante el proyecto y recientemente un seguimiento una vez concluido el proyecto al que se le financiaba.
Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI queremos construir mejores condiciones para nuestros jóvenes empresarios y para todos aquellos que traten de emprender nuevos negocios viables y con sentido social.
No podemos aspirar a que nuestros emprendedores sólo tengan oportunidades para ser aprendices de algún oficio. No podemos impulsar políticas que sólo resultan dádivas que alimentarán las aspiraciones políticas de un populismo disfrazado de salvador.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos en contra de este dictamen, porque no han explicado cómo este nuevo modelo económico les va a traer beneficios a los mexicanos...
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputada. ¿Diputada Herrera, con qué objeto?
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul). Quisiera hacerle una pregunta a la diputada Soraya.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, ¿acepta una pregunta?
La diputada Soraya Pérez Murguía: Sí, con mucho gusto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Quisiera su opinión, diputada Soraya. ¿Usted cree que con 6 mil pesos una persona puede hacer un negocio?
La diputada Soraya Pérez Munguía: No nada más es el financiamiento. Indistintamente del monto es el acompañamiento técnico que brindaba el propio Instituto Nacional del Emprendedor.
Indiscutiblemente el fondo ya no nada más tenía diversidad de montos de financiamiento, sino incluso se había abierto a nuevos nichos de emprendedurismo incluido el de innovación y tecnología, diputada, que usted conoce muy bien por la comisión a la que pertenece, y son sectores que ahora también se van a ver desprotegidos.
Pero sin duda es insuficiente los montos de financiamiento que están informando que van a dar ahora con las nuevas políticas, y lo que requerimos son una política muy concreta que apoye al emprendedurismo de manera integral, que desafortunadamente esos fueron los errores o los diagnósticos que se tenían.
Lo que se requiere es el apoyo al emprendedor de manera integral. Financiamiento, asesoría, acompañamiento, evaluaciones a través de consejos, y además el tema de la entrega de los recursos que se hacía a través del fideicomiso.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (desde la curul): Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe.
La diputada Soraya Pérez Murguía: Sólo quisiera concluir, si me permite, presidente, diciendo que esta decisión de desaparición del instituto se suma a otras muchas malas señales económicas que han estado sucediendo todos los días.
Apenas ayer el Info dijo que no era viable la refinería. Apenas ayer el secretario Espriú habló de que no encontró corrupción en el aeropuerto, y hoy el fondo monetario internacional, por quinta vez, reduce la expectativa de crecimiento para nuestro país.
Sin duda las políticas públicas malas traen peores consecuencias y al final quienes lo vamos a sufrir somos todos los mexicanos. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Marco Antonio Reyes Colín.
El diputado Marco Antonio Reyes Colín: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia. Con todo respeto a la compañera que me antecedió, yo no veo el México que esté dentro de los países de primer mundo. ¿Cuál crecimiento? No hemos tenido ningún crecimiento desde hace 80 años, compañera, con el respeto que usted me merece.
De verdad que es insuficiente lo que nos han dejado, pero para eso nos pusieron la mayor parte de los 30 millones de votantes, para resarcir todo ese daño que nos han hecho.
Con la aprobación del presente dictamen se dará un paso a una mejor estructura ejecutiva para impulsar al emprendedor mexicano, y se extinguirá una contradicción existente desde el año 2013 entre dos leyes.
Es bien sabido que una de las atribuciones del Poder Ejecutivo es establecer la estructura orgánica que mejor considere para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus obligaciones.
En el caso de los apoyos a los emprendedores, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por darle un giro a la manera de cumplir dichas obligaciones.
El giro propuesto elimina a los intermediarios, en este caso al Inadem, y junto con él, elimina también muchos de los costos administrativos y operativos, así como buena parte de la corrupción que frenaba el desarrollo de los emprendedores.
No se dejen engañar, los recursos que están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar a los emprendedores mexicanos se van a usar, pero a partir de ahora se van a usar bien, y se van a usar bien por una sencilla razón: los recursos no volverán a perderse en el camino, sino que se otorgarán directamente a los beneficiarios finales por medio de micro créditos.
Por otro lado, como señalaba al inicio, al aprobar este dictamen también estaremos terminando con una contradicción jurídica existente desde el año 2013. Esta contradicción tiene que ver con la imposición de la existencia del Inadem al Ejecutivo federal.
Establecida en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una imposición contradictoria porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal atribuye el derecho al Ejecutivo federal de estructurarse de la manera que considere más pertinente para el cumplimiento de sus atribuciones.
Compañeras y compañeros legisladores, estamos en una etapa de transformación para México, en donde no consentiremos este tipo de irregularidades que dan paso al uso inadecuado de los recursos públicos.
La reforma propuesta es una exigencia jurídica y una exigencia social. Por ello, los compañeros legisladores y la coalición de Morena, votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra para hablar en contra, la diputada Kehila Ku Escalante, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ha pasado el turno, voy a continuar con el debate. Permítame la oradora. Desde su curul, por favor.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Nada más por alusiones personales. Y a mí me parece increíble cómo manejan el discurso político, pero la realidad está a la vista de todos y en todos los documentos oficiales de organismos autónomos, internacionales etcétera. En todo el período anterior crecimos en promedio 3 por ciento, sí crecimos. Lo que esperamos en este año es 1.6 por ciento, y creo que Hacienda dijo, lo recapituló a 1.5 por ciento. Yo no veo ninguna señal para que alcancen el 4 por ciento que prometieron a la ciudadanía. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Por favor, continúe con su intervención...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Sí, ¿con qué objeto diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una precisión diputado, presidente, no hubo alusión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado, le contesto. Tuve la petición, concedí la intervención. Lo hice desde la curul por una atención y una cortesía porque yo no me percate en el momento que estaba conduciendo durante la intervención de la petición.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Si me anota entonces para hechos, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, lo hare al final de la discusión como se estila en estos casos. Tiene la palabra, diputada Kehila Ku Escalante, para hablar en contra.
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Gracias, presidente. Con su venia, con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores. En primer lugar, quisiera manifestar que los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que es de suma importancia respetar las decisiones del Poder Ejecutivo en su facultad de organizar su administración como lo considere más conveniente y que, además, está establecido en la Constitución en su artículo 89, en la fracción primera.
El dictamen que el día de hoy discutimos tiene como principal objetivo suprimir las referencias del Instituto Nacional del Emprendedor en la Ley para el Desarrollo de las Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. De manera general, esta iniciativa pretende irle quitando facultades al Instituto Nacional del Emprendedor hasta que desaparezca según lo ha manifestado la propia Secretaría de Economía.
Si bien se ha argumentado que la principal razón por la que se busca eliminar al Inadem es porque es una institución que trabajó sin trasparencia, y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque desde mi punto de vista, creo que este combate o esta lucha tendría que ser combatiendo la corrupción y corregir lo que se esté haciendo mal y no necesariamente hablar de la desaparición del instituto. Pues una buena parte el dinero se asignó bajo reglas de operación y benefició a muchos proyectos.
Cabe hacer mención que existen también datos como los proporcionados por el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales, el Indep, en relación al Fondo Nacional del Emprendedor, administrado por el Inadem, cuya calificación es de 95.1 en una categoría especifica que es la orientación de resultados a la ciudadanía durante el año 2018. Lo cual ubica a este fondo arriba del promedio de la evaluación de los programas públicos en ese aspecto.
El Inadem también creó infraestructura de 190 incubadoras, incubadoras de alto impacto, aceleradoras, convenios de trabajo con más de 32 sistemas universitarios, siendo este uno de los motores principales para el emprendimiento y el desarrollo de proyectos.
De igual manera y partiendo desde el punto de vista de emprendedores y consultores, la desaparición del Inadem afectará al ambiente del emprendimiento, generando un mayor impacto a las empresas medianas que se encuentran en proceso de desarrollo o las grandes, que recientemente fueron creadas y que aún están en proceso de consolidación.
Además, el simple hecho de otorgar créditos no estará generando empleos como se piensa. Ante el panorama que vive la actual sociedad, se debe impulsar la innovación y el emprendimiento, para que ello derive en más empresas que den trabajo a más mexicanos.
Por otro lado, e insistiendo en respetar las facultades del Ejecutivo, nos parece un poco apresurado querer eliminar las referencias del Inadem en una sola ley, cuando actualmente este se encuentra ubicado dentro de un marco jurídico que abarca más legislación, reglamentos y acuerdos internos de la propia administración, además de que aún cuenta con presupuesto asignado para este año por 659.4 millones de pesos, resaltando obviamente la reducción que se tuvo de más de 80 por ciento.
Por último, dentro de los antecedentes que se presentan en la iniciativa, se hace mención a que en el año 2015 el Inadem fue creado en lugar de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Esta propuesta propone ser la modificación en el artículo 3o. y el artículo 19, derogando al Instituto Nacional del Emprendedor, sin dejar claro cuál sería la propuesta de sustitución para el mismo.
No queda claro si la propuesta es que el Inadem vuelva a ser Subsecretaría o si va a haber un ente que sustituya estas funciones.
En resumen, no estamos en contra de que la administración federal se organice como bien le parezca. Sin embargo, una modificación de tal importancia, como lo es la propuesta de eliminar el Instituto Nacional del Emprendedor, no debe realizarse de esta manera.
No se puede desaparecer un organismo que todavía tiene normativas vigentes y que todavía tiene presupuesto asignado por este año. Resalto que los diputados de Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo en que por un lado se otorguen todo tipo de apoyos sociales, como lo son las becas, como son todos los programas que se han promovido durante esta administración. Pero, por otro lado, se quieran cancelar estas instancias que impulsan la productividad de los emprendedores y que son una verdadera herramienta para combatir la pobreza en nuestro país.
Por tal motivo, los diputados de Movimiento Ciudadano reiteramos nuestro voto en contra de este dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, para hablar en pro.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros diputados, ayer se dio un falso debate en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Yo lo señalé.
Un falso debate, lo dije y hoy debo reiterarlo, porque estoy viendo absolutamente lo mismo por parte de compañeras, compañeros de grupos parlamentarios que perdieron estrepitosamente las elecciones presidenciales, porque vienen aquí a pintar un panorama que no existe.
Si hay un gobierno en el que pueden confiar los emprendedores es en el gobierno del licenciado López Obrador, como pueden confiar también las mujeres. Quienes tienen a sus hijos en estancias infantiles, tienen ya un programa dirigido precisamente a ellas.
Y aquí se habla, porque es lo único que le queda a la oposición, inventarse el país, olvidándose de que las prebendas que añoran, las canonjías con las que sueñan y que gozaban antes, esas ya se acabaron, no caben en esta nueva etapa del país, no caben en la cuarta transformación.
Ese falso debate se insiste aquí, lo señalé ayer y hoy debo reiterarlo, para dejar claro por qué actúan así los grupos parlamentarios de oposición y advertirles, allá ellos, lo dije ayer y lo vuelvo a reiterar, que así siguen, si así siguen, pues así verán sus resultados, porque si algo está viendo la mayor parte del pueblo de México, es cómo se avanza en esta cuarta transformación.
No caben entonces, las prebendas, canonjías del pasado, olvídense, no habrá forma de que regresen. Pero lo que sí cabe es que el dinero público sí se utilice para apoyar al pueblo.
Hoy hablamos de emprendedores, porque a lo mejor alguien puede decir que no leyó a tiempo, para eso cada grupo tiene sus representantes en distintas comisiones, quien no leyó a tiempo el dictamen.
Ahí se señala con claridad, se acaba la burocracia, la mala burocracia que fue corrupta y no lo digo yo. Échense un clavado a los informes de la Auditoría Superior de la Federación para darse cuenta de la cantidad impresionante de expedientes por recursos no comprobados.
Así que ya no habrá en esta etapa de la cuarta transformación ni funcionarios con grandes oficinas que se chupen el presupuesto público, ni tampoco empresarios o supuestos empresarios, porque según los datos de la Auditoría Superior de la Federación, ahí está, no tienen forma de haber comprobado en qué se utiliza el dinero público.
El diputado Fernando Galindo Favela (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputado. Diputado Galindo, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Galindo Favela (desde la curul): Si acepta una pregunta el orador.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, ¿acepta una pregunta?
El diputado Benjamín Robles Montoya: Con gusto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Fernando Galindo Favela (desde la curul): Preguntarle, diputado, si sabe qué porcentaje del gasto operativo del Inadem, ¿cuánto se gasta en plaza y en servicios personales y en gastos de operación? ¿Cuánto corresponde al monto total de lo que se utiliza para apoyar a los emprendedores?
Porque le doy un dato, el Inadem tiene nada más 191 plazas, de los cuales 65 son mandos medios, bajos y superiores y 123 son operativos. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje del gasto de operación para ver si realmente va a ser un gran ahorro a cambio de dejar de apoyar a los emprendedores?
El diputado Benjamín Robles Montoya: Pues le agradezco mucho la pregunta, porque me permite insistir en lo que hemos planteado aquí una y otra vez. Esas minucias que representaban para quienes ostentaron el poder en el pasado y que no supieron hacer la tarea que les encargaba la nación, que era sacar adelante a este país. Y ahí están los datos.
A ver quién puede alzar la mano para decir que este país ha ido en la ruta correcta en los últimos años, las administraciones donde nos mal gobernaron el PRI y el PAN, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Por esas minucias.
A usted no le interesan. A esta administración de la cuarta transformación sí le interesa y nosotros en esta Cámara de Diputados vamos a apoyar sin reservas al presidente López Obrador, porque confiamos más en él y en esas políticas públicas que está impulsando. Así que esas minucias para usted, para nosotros son ahorros que se van a ir directamente a apoyar al pueblo.
Y habrá quien aquí venga a decir que no le gustan programas como el de las tandas, y está en su derecho. Pero a nosotros nos asiste no solamente el derecho, sino la fuerza política que nos dio el voto popular. Y por eso seguiremos impulsando la cuarta transformación de este país. Así le contesto su pregunta, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Lo que sí debe saber la gente, decía yo, es que se va a utilizar el dinero público precisamente para impulsar una serie de programas importantes.
Yo por eso les digo, compañeras y compañeros, que en esta Cámara de Diputados lo que sí tenemos es la obligación de promover el desarrollo económico, de promover la competitividad, pero mediante un sistema legislativo capaz de asignar democráticamente las oportunidades y fomentar el bienestar compartido.
Por eso el PT viene aquí a anunciar en voz de un servidor el voto a favor, convencido a favor de este dictamen para actualizar esta legislación en materia de desarrollo y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.
Y asumimos, por supuesto, el compromiso de trabajar lo que está planteado en los transitorios. Porque el objetivo nuestro, compañeras, compañeros, es impulsar un nuevo modelo administrativo para que el gobierno de México pueda impulsar así, con todas sus palabras, subrayadamente, esta cuarta transformación.
Por eso se han hecho propuestas, como las modificaciones orgánicas al consejo nacional en la materia, que no abordaré más porque se hizo al principio en la presentación del dictamen.
Reitero a las emprendedoras que nos están escuchando, a los emprendedores: ahora sí podrán confiar en que el recurso público va ir para ayudarles a ustedes y no para que se quede en el bolsillo de falsos empresarios. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, invitados de la diputada María Chávez Pérez. Sean bienvenidos. Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna, no a defender al instituto, que por cierto ya le habían dado la estocada en el Presupuesto de 2019 con 80 por ciento menos.
Vengo a defender la importancia de la cultura del emprendimiento, el fomento al desarrollo, el trabajo de este con 32 universidades y escuelas técnicas, para promover la cultura del emprendimiento, la innovación y la creación de empleos, la facilidad y apoyo para la incorporación a cadenas de proveedurías nacionales, a través de la capacitación, a través de la creación, desarrollo y fortalecimiento de sus negocios.
Vengo a defender la creatividad de nuestros jóvenes y de los mexicanos y mexicanas que quieran participar en estos programas. Vengo a defender a las más de 189 incubadoras, a las más de 67 incubadoras de alto impacto, a las aceleradoras, al programa de crédito joven de mujeres PyME, a la red de apoyo del emprendedor.
Quiero platicarles al menos un programa de éxito, el programa Lean Startups México, que es donde participa la Universidad Anáhuac, el Inadem, el Banco Interamericano de Desarrollo y también instituciones privadas, donde se fondea 30 por ciento el Inadem, 30 el BID y 40 por ciento instituciones privadas.
Este programa adoptó a México la metodología más usada y probada con éxito en Silicon Valley, el Clúster más importante del emprendimiento en el mundo que evita el alto porcentaje de mortalidad de los emprendimientos. Este programa logró construir 19 empresas en siete meses en cuatro estados de la República. Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí e Hidalgo.
Esta metodología prueba directamente en el mercado las ideas y las construye cobre las experiencias con el cliente, por eso evita el desperdicio de recursos de tiempo y dinero. Logra que el emprendimiento tenga éxito. Emprendimiento de alto impacto que utiliza tecnología y que están enfocados en desarrollar en su entidad el agro, la inteligencia artificial y la robótica.
Recordarles, compañeros y compañeras legisladores, diputados, diputadas, los países que mayor impacto han tenido en el emprendimiento y en el desarrollo –me refiero a las MiPymes– cuentan con una agencia especializada.
Debemos reflexionar muy bien nuestro voto. Si bien estamos de acuerdo en hacer los cambios necesarios al instituto, corregir lo que haga falta, el dictamen que se presenta no tiene una visión clara de cómo se va a continuar estimulando el emprendimiento y la innovación.
Nosotros en Acción Nacional estamos a favor del emprendimiento, de la innovación que México necesita para hacer frente al presente y futuro de la competitividad en el mundo. Estamos a favor de la generación de empleos dignos.
Nosotros entendemos muy bien, compañeros, qué es emprendimiento y qué significa apoyo. Ahora serán programas de apoyo dirigidos, y en el Inadem la iniciativa es abierta a cualquier proyecto y simulando la creatividad.
Debemos mantener la misión y la visión de crear emprendedores e innovación, y hoy lamentablemente con este dictamen estamos enterrando la creatividad de nuestros jóvenes, mujeres, mexicanos, mexicanas que han participado y quieren participar en estos programas.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este dictamen por ser lo que nuestro país, nuestro México querido, que a ustedes también les importa, en este momento no requiere este tipo de programas, requiere la estimulación a la creatividad, a la innovación y al emprendimiento al que tienen derecho. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, México no debe tener nunca más instituciones que malgasten los recursos del pueblo.
El Instituto Nacional del Emprendedor, mejor conocido como el Inadem, es un organismo que fue creado para fomentar y apoyar a los emprendedores, y eso se aplaude, que es el origen de este instituto.
Asimismo, el Inadem tenía como objetivo principal promover un entorno favorable para el desarrollo de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo el entorno que ha creado el instituto se ha visto rodeado de irregularidades que presumen actos de corrupción y daños al erario de la nación.
Por citar algunos ejemplos, de la Cuenta Pública 2014, se presume un daño al erario por 6 millones de pesos. De la Cuenta Pública 2016, se sospecha un perjuicio por 127 millones de pesos. En 2017 se presume un daño por 94 millones de pesos, habrá que esperar lo señalado en la Cuenta Pública 2018, para ver el desenlace de esta historia de corrupción.
Lo anterior ha sido evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, aunque hay que señalar que aún falta incluir todas las observaciones, ya que lo analizado son pequeñas muestras del registro obtenidos por la Federación.
Compañeras y compañeros, el Inadem es un símbolo de la corrupción, un símbolo de cómo se hacían las cosas antes de la llegada de esta cuarta transformación. Ahora este gobierno trabaja para asumir su responsabilidad ante la ciudadanía con los recursos ejercidos por el Inadem, trabaja para revisar y mejorar las políticas públicas para el fomento de las Mipymes.
Para ello, se crearon ahorros a través de la reducción en costos burocráticos innecesarios, y reorientando los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y, sobre todo, mucha honradez.
Esta decisión tiene que ver con el regreso de las atribuciones de apoyo a los emprendedores, directamente de la Secretaría de Economía, generando una coordinación más sólida y más cercana para el beneficio...
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Permítame diputado, un momento. Permítame. Diputada Mier y Terán, ¿con qué objeto?
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle, por su conducto, al diputado si me aceptaría una pregunta, por favor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, acepta una pregunta.
El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete: Adelante, señor presidente.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Muchas gracias, señor diputado. Estoy escuchando con mucha atención lo que usted está diciendo y los principios de transparencia y de efectividad en el gasto que está usted enunciado. ¿Qué opinión le merece entonces a usted el que actualmente ya no se estén licitando y se estén adjudicando directamente la mayoría de los contratos que ha estado realizando el nuevo gobierno?
El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete: Bueno, primeramente, con la información que estamos dando o no le encuentro alguna relación. Pero si quisiera expresar en respuesta de que esto que está sucediendo es precisamente por la mala administración del gobierno anterior.
Primera, el Inadem tiene un objetivo de ayudar a los emprendedores, la mala organización de estos trabajadores que eran sus compadres, que eran sus amigos, eran su familia, desgraciadamente hicieron las cosas muy mal, y por eso tenemos lo que tenemos del Inadem.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe, diputado.
El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete: Gracias, presidente. Por estas razones la extinción del Inadem es una medida necesaria, pero, sobre todo, honesta y responsable. Y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena votarán a favor del presente.
Compañeras y compañeros, lo que es derecho no es chueco, y el Inadem está más torcido que nada. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tengo...
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con que objeto, diputado.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Para hechos. Tengo una pregunta para el diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A ver, ya termino su intervención. Si usted quiere registrarse para hecho, con mucho gusto lo registro. Permítame solo desahogar el trámite del último orador.
Tengo registrado al diputado Azael Santiago Chepi, para hablar en pro, y luego al diputado Fernández Noroña para hechos, al igual que al diputado Riggs. Al término de esto consultaré si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
El diputado Azael Santiago Chepi: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Azael Santiago Chepi: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, el Instituto Nacional del Emprendedor nació en 2013 con la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, en materia de extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Es hasta 2015 que se modifica la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y le confiere al Inadem las facultades que ya estaba ejerciendo con la anuencia de su Reglamento.
Estamos iniciando un nuevo gobierno que quiere mirar las cosas diferentes, con un proyecto de nación a consolidar. Para ello necesita organizar bien las instituciones a su cargo, volviéndolas más eficientes en el ejercicio de sus funciones y su gasto, y más eficaces en los servicios públicos que brinda.
El dictamen que hoy se presenta, acertadamente suprime las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, puesto que con los cambios realizados en la administración pública federal dicho organismo ya no resulta necesario para promover el desarrollo económico y productivo de las empresas.
Queremos dejar en claro que lo anterior no implica que dejará de haber una instancia especializada que apoye al emprendimiento de los mexicanos, sino que corresponderá a la Secretaría de Economía continuar con dicha labor y generar políticas nuevas que den mayor alcance a los emprendedores de este país. Mayor alcance a los emprendedores de este país, llevándolos a nuevos mercados y generando bienestar social.
Es importante manifestar que no hubo acceso a estos proyectos en las entidades federativas con altos índices de marginación y me refiero en especial al estado de Oaxaca, como seguramente a otras entidades, porque los procesos para acceder a estos fueron complicados, fuera de los contextos y realidades de las comunidades que no tienen acceso a Internet, pues la forma de acceder a ellos fue principalmente a través de plataformas virtuales. Por ello consideramos viable se implemente una estrategia que permita a la Secretaría de Economía hacer llegar los apoyos de manera directa a los emprendedores.
Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, en congruencia con el legítimo derecho que se tiene para organizar las instituciones de la administración pública federal, para alcanzar los objetivos y metas que en materia económica se tiene previsto en el proyecto de nación 2018-2024, pero sobre todo, para cambiar la realidad de muchos emprendedores, de miles de mujeres, de jóvenes e indígenas que están esperando una verdadera política que nos ayude, sin barreras, sin condiciones, sin burocracias, a todos ellos se los debemos. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña, para rectificación de hechos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Los últimos 30 años el PRI y el PAN han gobernado el país, los resultados están a la vista, destrozaron la planta productiva, el campo y la ciudad.
Estamos importando 90 por ciento de la gasolina, 60 por ciento del maíz, el país está bañado en sangre, una pesadilla, como ayer Bachelet lo comentó, como si fuéramos un país en guerra, bueno...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, permítame, diputado. Permítame, permítame, diputado. Diputadas, diputados, estamos concluyendo el debate de este dictamen. Pido respeto al orador. Continúe.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Los diputados son muy hipócritas y muy insolentes en la tribuna. Y yo escucho todas sus necedades y no los interrumpo. Y ellos no pueden escuchar argumentos porque como ya lo dije, brincan como chinicuiles en comal.
Pero lo que yo quiero plantear, de manera muy precisa es que el PRI y el PAN decidieron ser aprobados por el Fondo Monetario Internacional y reprobados por el pueblo de México.
Nosotros decidimos ser aprobados por el pueblo de México, a riesgo de ser reprobados por el Fondo Monetario Internacional. Nuestro compromiso es con el pueblo de México.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Tiene la palabra el diputado Miguel Riggs. Y registro la intervención del diputado Guadalupe Romo.
El diputado Miguel Ángel Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, presidente. Pues sí, yo nomás quisiera que todos aquellos diputados y diputadas que se suben aquí, a tribuna, a hablar de desvío de fondos en administraciones pasadas, pues que lo sustenten.
Una y otra vez se suben y recalcan que desaparecen instituciones, que desaparecen programas muy exitosos por desvío de fondos. Pero no sabemos de una sola carpeta de investigación que estén llevando a cabo para perseguir exfuncionarios.
El día que ellos lo presenten yo seré el primero en sumarme. Porque yo sí he llevado una vida honesta y transparente. Por eso es que no apruebo que se suban a hablar por hablar. De todos modos, desaparecer este instituto nada más por un supuesto y no redestinarlo...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Miguel Ángel Riggs Baeza (desde la curul): ...y no darle un puntual seguimiento de dónde debe de ser este fondo aplicado, no solamente en tanda, pues yo también les organizo una tanda.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Miguel Ángel Riggs Baeza (desde la curul): Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Guadalupe Romo.
El diputado Guadalupe Romo Romo (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para aclararle al señor Noroña que cada que abre la boca, cada que pide el sonido es para ofender a todos los diputados, en general. Porque más de alguno de ellos ya estuvo en otro partido.
¿Qué culpa tienen ahorita los diputados del PRI que no han estado en una legislatura antes? ¿Qué tienen que ver con esto? ¿Acaso tuvieron algo que ver con lo que sucedió antes? ¿Qué tengo que ver yo, que es la primera vez que estoy? De hecho, estoy luchando porque hoy nos vaya mejor. Estoy luchando por lo que el presidente quiere hacer realmente lo lleve a cabo y lo concrete al 100 por ciento.
Yo no soy su títere de este payaso, tampoco para que venga a insultarme. Jamás le he faltado al respeto, jamás. Simplemente me estoy defendiendo y yo soy quien pedí la voz por agresiones, no para que se le dé después al él. Es cuanto, señor presidente.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Por alusiones, diputado presidente, por alusiones.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Mire, diputado presidente, yo creo que es necesario primero que llame al orden a su fracción. Porque el diputado que me antecedió es además de un cobarde un insolente.
Dice que no me ha faltado al respeto y lo hace de manera absolutamente destemplada, sin dar un solo argumento. El tipo cree que estamos en la escuelita, de vámonos para afuera. No, no, en la tribuna, con argumentos, con hechos.
Ustedes han validado el baño de sangre que hay. Se suben a tribuna a sostener mentiras, datos faltos. La realidad demuestra que ustedes son repudiados por el pueblo, por los gobiernos corruptos y traidores a la patria. Ese es un hecho indiscutible. Eso no es ninguna falta de respeto, son argumentos que se acreditan con los hechos. –Relájate, relájate. Yo no te interrumpí cuando hablabas. Relájate.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No saben discutir. No han aprendido que en el debate se escuchan los argumentos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, concluya.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No han aprendido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Concluya su intervención, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): El compañero se puede tardar el tiempo que quiera y no le dicen tiempo.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, le pido que concluya.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo para debatir. Los tengo en la mira, diputados y diputadas.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La diputada secretaria María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Toda vez que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Secretaria, consulte si alguien no ha emitido su voto.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe el cómputo.
La secretaria Ma. Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 268 en pro, 9 abstenciones y 143 en contra.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular por 268 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Doy cuenta a la asamblea. Continúe la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Se recibió de la Junta de Coordinación Política comunicaciones en relación a cambios de integrantes de las comisiones ordinarias que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De enterado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203 y el artículo 205 Bis del Código Penal Federal. Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul) Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Lixa? Sonido, por favor, a la curul del diputado.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. En lo que inicia la oradora, únicamente para solicitar se observe lo contenido en el Reglamento, en el artículo 104, fracción VIII, ya durante la presidencia del diputado Marco Adame se estableció atenerse que cuando sólo se enlisten oradores en un sentido, se ponga a decisión del pleno si únicamente se desahogan esos tres.
A esta sesión se le metió otro dictamen. Tenemos todavía un dictamen después. Me parece que este va a ser el supuesto y sugiero que nos aboquemos a ese artículo para hacer más eficiente la sesión toda vez que serán en un solo sentido las discusiones. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Cuando se desahoguen los oradores, después de tres, esta Presidencia hará la consulta si se considera suficientemente discutido. Si la asamblea determina que así es, ahí concluirá, si no, tendremos una ronda de tres oradores más. Gracias. Adelante, diputada Rodríguez Mier y Terán.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias, presidenta, con su venia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, vengo esta tarde a presentar en nombre de la Comisión de Justicia este dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman el articulo 203 y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de turismo sexual.
Estoy segura de que este es un tema de la mayor trascendencia para la sociedad mexicana, principalmente por las víctimas a las que ataca que son personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo. Es decir, estamos hablando de grupos vulnerables.
Por los bienes jurídicos tutelados, de la misma manera, para la norma penal, en este caso, el libre desarrollo de la personalidad que también involucra la libertad, la seguridad, la salud, así como la integridad personal y emocional de una persona, e incluso de su familia, lo cual nos exige acciones legislativas contundentes para buscar, inhibir la comisión del delito y, en su caso, imponer castigos ejemplares y que a su vez inhiban otros delitos que están íntimamente relacionados con este, como lo es el de la trata de personas.
En el marco de las reformas que estamos poniendo a su consideración, cabe tener presente la obligación dispuesta en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, a efecto de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los menores de edad contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido por supuesto, el abuso sexual mientras se encuentre la persona menor de edad bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que la tenga a su cargo.
Es importante reconocer que no obstante los esfuerzos realizados desde el ámbito legislativo y en la implementación de políticas públicas en los últimos años, las cifras publicadas por diversas organizaciones internacionales y organismos de la sociedad civil, nos muestran que dicho delito, el de turismo sexual, lejos de disminuir, se ha incrementado.
De acuerdo con estudios de la UNICEF, alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata con fines sexuales en todo el territorio nacional, identificando puntos críticos en lugares como Cancún o la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la situación tiende a agravarse en comparación con otras entidades federativas.
Como se expresa en el dictamen que está a su amable consideración, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las violaciones más graves a sus derechos humanos, que provoca enormes trastornos, sufrimientos y consecuencias irreversibles, físicas, emocionales, psicológicas, no solo para las víctimas, sino también para sus familias.
De acuerdo con un cálculo reciente de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, de los 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 1.39 millones están involucrados en la prostitución infantil forzada, de un 40 por ciento niños y un 50 por ciento niñas.
Asimismo, conforme el informe mundial sobre explotación sexual, en el mundo se prostituyen entre 40 y 42 millones de persona, y de ellas, 80 por ciento son mujeres y niñas, la mayoría de estas en edades que van de los 13 a los 25 años de edad.
Lamentablemente, el turismo sexual ha aumentado en todo el mundo, pero destacadamente en América Latina. Es necesario dar este contexto para dimensionar el grave problema de turismo sexual e impulsar estas reformas legislativas e institucionales que son necesarias para enfrentarlo con toda la fuerza y capacidades del Estado.
Según la Organización Internacional para la Migraciones, en épocas de vacaciones aproximadamente el 20 por ciento de los turistas buscan relaciones sexuales pagadas, y de este porcentaje el 3 por ciento son con niñas, niños o adolescentes. Con los razonamientos expresados, las reformas objeto del presente dictamen tienen los siguientes objetivos:
En primer término, el artículo 203, en su párrafo segundo, efectúa el aumento de la pena de prisión y de la sanción económica a quien cometa alguna de las conductas que integran el tipo delictivo de turismo sexual. La propuesta que traemos a su consideración es que la pena pasaría de 7 a 12 años, para quedar en una pena mínima de 15 y una máxima de 30 años. Y la multa también estaría pasando de mil a 30 mil días.
El incremento de la pena en los términos propuestos implica también, y esto es muy importante compañeras y compañeros, la homologación con la sanción dispuesta en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, con lo cual se evita una disparidad de penas que pudiera favorecer a los sujetos activos del delito, cerrando una posible brecha en la impunidad.
En el caso del 205 Bis, lo estamos reformando para dar la condición de imprescriptible a este tipo penal, y asimismo, para contemplar un agravante cuando el autor de esta conducta, de este ilícito, tuviera con la víctima alguna de las siguientes relaciones: ejerza la patria potestad, guarde custodia, sea ascendiente o descendiente sin límite de grado, familiar en línea colateral hasta el cuarto grado, tutores o curadores, y algunas otras concepciones que tenemos también aquí previstas.
Debemos tener presente que la niñez de hoy, compañeras y compañeros, todos lo sabemos, se ha dicho aquí, es el futuro de nuestro país y que la explotación sexual vulnera de manera particularmente grave sus derechos, por lo que debemos redoblar los esfuerzos para su erradicación con el mayor compromiso, con la mayor responsabilidad, por supuesto con amor, con el amor que debemos tenerle a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Es necesario asimismo que la niñez pase a ocupar el lugar central que le corresponde en las reformas legislativas y en las políticas públicas de este gobierno y de este país, por lo que nosotros votaremos y sometemos nuestra consideración por parte de la comisión a favor de este dictamen, lo cual celebramos.
Y solicitamos también de ustedes que tengan la solidaridad para hacer lo mismo y en el mismo tema de derechos de la niñez poner a la consideración el llamado que hacemos para que también las licencias en el tema de padres para niños que están enfrentando el cáncer, puedan ser de la misma manera aprobadas puesto que forma parte también de la protección integral de la infancia, que tenemos nosotros la obligación de cumplimentar. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchísimas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada Erika Mariana Rosas Uribe.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Con la venia de la Presidencia. México es un país lleno de diversidad, algo que no admite discusión es la gran variedad y belleza de los destinos turísticos que nuestro país posee, lo cual a la gran mayoría nos llena de orgullo ante el mundo.
Sin embargo, existe un lado oscuro en las visitas que los extranjeros nos realizan, que nos llenan de vergüenza e indignación y de lo que poco se habla, pues desafortunadamente México no solo resulta atractivo por sus paisajes y su gente, sino que ofrece un paraíso para quienes buscan lo que a nivel internacional se ha reconocido como turismo sexual.
De acuerdo a los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales y, en 20 por ciento de estos desplazamientos, el sexo es buscado por los turistas, de los cuales un 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Es posiblemente la forma más cruel de explotación infantil, pero no existen datos completamente fiables sobre turismo sexual con menores.
UNICEF calcula que son 1.8 millones de niños y niñas quienes lo sufren, en algunos países es fácil, barato, incluso, ropa y comida son intercambiados a cambio de sexo, aunque me parece que podemos coincidir en que este fenómeno puede producirse en cualquier lugar y contexto. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad son importantes factores que generan estos lamentables fenómenos.
Particularmente, considero que la dificultad para abordar este problema se debe, en parte, a que muchos estados lo ocultan, no hay estadísticas homogéneas. Al tratarse de una actividad ilegal no reconocida hace que se desconozca el verdadero alcance y naturaleza del fenómeno.
Igual, que no hay cifras exactas de los afectados, tampoco es sencillo conocer quiénes son los que abusan. Más allá del uso que los nacionales hacen de la prostitución infantil, los flujos suelen describir un patrón, el mismo que el propio turismo, de países ricos a países pobres.
Las complejas redes de trata de personas trascienden las fronteras estatales y nacionales. Por ejemplo, una investigación del FBI del año 2017 reveló que en la ciudad fronteriza de Tijuana hay quienes operan como proxenetas de menores de edad a solicitud de ciudadanos estadounidenses, quienes establecen comunicación previa con los interesados en tener relaciones sexuales con niños o niñas y los ofrecen como cualquier otro producto de mercado.
Alarmantemente, Tijuana no es único lugar donde se ha detectado el problema, de acuerdo con información presentada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada mes 100 niños mexicanos son obligados a prestar servicios sexuales en diversas ciudades, donde sobresalen Cancún, Guadalajara y Tapachula.
La sola idea de pensar que la motivación para visitar nuestro país es la de buscar sexo con menores de edad o con mujeres víctimas de trata de blancas nos llena de rabia, pero resulta más indignante que no se ejerzan las medidas necesarias para erradicar este problema de raíz.
Se calcula que más del 80 por ciento de las víctimas que son ofrecidas a turistas son mujeres que son engañadas o forzadas a prostituirse y de estas más del 50 por ciento son menores de edad.
La desigualdad de género, la pobreza, la migración contribuyen a que México sea visto como fuente de tránsito y destino de trata de personas, siendo el segundo negocio ilícito más lucrativo, solo detrás del narcotráfico.
Aunado a esto, el turismo sexual no sería posible sin la red de complicidad, tanto de los que promueven el acto como de la prevaleciente impunidad por parte de las autoridades locales que ven en el turismo sexual como una actividad remunerada, otorgando amplias facilidades a los turistas.
Por estas razones, es urgente tomar cartas en el asunto, castigando de manera más severa este delito. Aumentar las penas es solo una de las muchas acciones que como legisladores estamos obligados a tomar para desalentar estas prácticas. Nuestras leyes deben buscar que el respeto a la dignidad de nuestras niñas, niños y mujeres sean nuestra carta de presentación.
Con el aumento de las acciones que se prevén en el dictamen que hoy se somete a votación, 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa, mandamos un mensaje claro de 0 tolerancia hacia los explotadores y a los consumidores.
Por esta razón, votaré a favor de aumentar las penas de turismo sexual en nuestro Código Penal a quienes resulten responsables. Y celebro que se considere como agravante cuando el explotador sea quien, por su naturaleza únicamente, debería brindarle seguridad y protección a la víctima.
Estamos comprometidos en legislar por el bienestar de las niñas, niños y mujeres mexicanos y en que México únicamente sea reconocido a nivel internacional por la riqueza de su tierra y la calidad de sus nacionales. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rosas Uribe.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, el dictamen que la Comisión de Justicia pone a consideración de esta asamblea propone el incremento de las penalidades para los tipos penales relacionados con el turismo sexual en contra de menores de 18 años.
Y aun cuando en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que el populismo penal no es una respuesta a la gravedad de la problemática que observamos, no podemos obviar que esta no constituye una grave violación a los derechos de las niñas y de los niños.
Es en este sentido que afirmamos que es responsabilidad de esta Cámara cumplir con lo mandatado por el artículo 4o. constitucional, que señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena cada uno de sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Aunque es nuestra obligación como sociedad velar por el desarrollo integral de las niñas y niños, se siguen cometiendo actos violatorios de sus derechos y de su integridad.
Su calidad de sujetos en desarrollo los convierte en uno de los grupos sociales más vulnerables a los excesos y abusos del ejercicio del poder. Y como bien han señalado diversas organizaciones y académicos, la pobreza y vulnerabilidad son condiciones que pueden llevar a los niños a transitar por caminos inexpresables: la explotación laboral, la explotación sexual, las adicciones, entre muchas otras.
Una de las circunstancias más dolorosas que muestra la gravedad de las situaciones que pueden enfrentar los niños es la explotación sexual en cualquiera de sus expresiones.
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes asegura que el turismo sexual es una actividad que lastima profundamente los tejidos de la sociedad y que se define, como toda explotación sexual, tanto de niños como de adolescentes por parte de los visitantes que mayoría son originarios de países desarrollados o visitan su propio país con la complicidad, tanto directa e indirectamente de los diferentes servicios o sectores de ramas turísticas.
Los viajes se pueden realizar de forma individual o en grupo, donde están incluidos los servicios de relaciones sexuales con personas que sean menores de edad, una vez llegado al destino elegido.
Se considera turismo sexual también a las personas que, aunque no hayan contratado ningún servicio de este tipo, aceptan diferentes ofertas que realizan las redes de explotación sexual en el destino.
La Organización Internacional para las Migraciones ha señalado que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales y en 20 por ciento de estos el sexo es buscado por los turistas, de los cuales el 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Esto significa que más de 3 millones de personas que viajan buscan sexo con menores de edad.
En México las cifras son alarmantes, y aunque estas cifras no se tienen claras por ser imprecisas, por ser actividades que se llevan al margen de la ley, se estima que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo después de Tailandia, en turismo sexual infantil. Además, es catalogado como fuente de tránsito y destino de trata de personas.
Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha estimado que cada año alrededor de 21 mil niñas y niños son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
Es importante nuevamente que desde aquí, en concordancia con los demás Poderes, llevemos a cabo tareas sustantivas para prevenir y combatir este delito.
En el PRD estamos comprometidos y convencidos de que es importante que se investiguen y se castiguen a los diferentes agentes, los cuales tienen una vinculación directa e indirecta con el turismo sexual y que de esta manera contribuyan al aumento de este dañino fenómeno ya que son una pieza principal del mismo.
En este sentido expresamos que el voto en nuestro grupo parlamentario, va a ser siempre a favor de las niñas y los niños de este país y también, por supuesto, a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Esparza Márquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con el permiso de la Presidencia. En principio quiero felicitar a la Comisión de Justicia, a su presidenta, la diputada Pilar y a la proponente Marina del Pilar, del Grupo Parlamentario de Morena, por este dictamen que nos presenta, de decreto por el cual se reforman el artículo 203 y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de turismo sexual.
Para Movimiento Ciudadano, el asunto que hoy nos ocupa debe ser tratado con mayor seriedad y hacer todo lo necesario para presentar ante la justicia a toda aquella persona que practique y fomente el turismo sexual, ya que dicho delito amenaza la dignidad de hombres y mujeres menores de edad, al ejercer sobre estas violencia física, sexual y emotiva por el abuso de poder.
Lo más aberrante en este delito es que quien lo comete se auto justifica argumentando que, quien tiene la culpa de que esta práctica exista son los mismos menores de edad y que, por lo tanto, no son víctimas. El problema es universal, lo que conlleva a aceptar la gravedad del mismo y por lo tanto actuar en consecuencia.
Para dar un cuadro limitado de la gravedad y de la profundidad de este problema podemos mencionar algunas cifras al respecto. A nivel mundial la Organización Mundial de la Salud estima que más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años se han visto obligados a mantener relaciones sexuales forzosas o han sido víctimas de otras formas de violencia y explotación sexual con contacto físico.
Y de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en México se estima que hay 16 mil niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, la cual es la forma más extrema de violencia que los adultos pueden ejercer contra la infancia.
Como legisladores estamos obligados a comprender la amplitud y la profundidad de este fenómeno social por lo que consideramos que es acertado el dictamen que la comisión hoy nos presenta, por medio del cual se sanciona de manera más firme a quien comete el delito de turismo sexual y al cual se le da la calidad de imprescriptible.
Por ello se da un paso real al hecho de que el escenario donde se comete este delito no sólo es en el ambiente doméstico, y que las secuelas pueden llegar a manifestarse de por vida al haberse herido la dignidad de la personas.
Para mi grupo parlamentario ningún caso de turismo sexual puede ser encubierto y/o subestimado, para lo cual es necesario cambiar la mentalidad en una búsqueda decisiva de acciones legislativas en bien de la comunidad en general y particular de las víctimas de este delito.
El encubrimiento de los abusos favorece que se extienda este mal debilitando su prevención y fortalece su práctica. Las víctimas de este delito, dejan en ellas heridas profundas e imborrables que se manifiestan en rencor y tendencia a la autodestrucción.
Entre las personas explotadas por el turismo sexual están las más vulnerables y necesitadas de una protección y ayuda especial, ya que esta práctica ilegal se centra en menores de edad robándoles algo inapreciable, su niñez y su inocencia, convirtiéndola en una acción despreciable y equiparable a la esclavitud.
En las víctimas se concentran sentimientos de angustia, tristeza, vergüenza, confusión, miedo, culpa y desconfianza, lo cual puede derivar en intentos, continuación de suicidio.
Es lamentable que desde hace 15 años México se haya convertido en un paraíso para este delito principalmente en zonas turísticas. En 2018, CINPINA declaró que el turismo sexual infantil ha ido en incremento y que los paraísos son zonas turísticas como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y Ciudad de México.
El incremento gradual de hechos relacionados con esta trata de personas con fines de explotación sexual ha sido muy complejo e involucran principalmente redes de complicidad donde los tres órdenes de gobierno tenemos que poner atención para aplicar políticas públicas.
No existen casi organizaciones que puedan atender la situación de estos niños y también tenemos que decir que también hacen falta refugios para este tipo de víctimas y personal institucional.
De nada va a servir si nosotros aprobamos aquí que se aumenten las penas sobre este delito si tenemos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por cada 100 carpetas de investigación que se abren donde los niños y niñas son víctimas, sólo alcanza sentencia una de ellas.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes del grupo parlamentario consideramos que el dictamen que hoy votaremos es una respuesta concreta a la justificada rabia de la gente ante este delito, por lo cual Movimiento Ciudadano se suma a esta acción positiva por parte de la Comisión de Justicia. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Prudencio González.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo 203 y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de turismo sexual.
Primero quiero enfatizar que en la Constitución General de la República establece en su artículo 4, párrafo 9, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
En el dictamen que seguramente aprobaremos, se reforma el artículo 203 del Código Penal Federal para incrementar la pena a quienes practican esta nefasta conducta en perjuicio de nuestros niños.
El texto actual del párrafo segundo establece una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2 mil días multa.
En el texto de la reforma propuesta, la pena privativa de libertad se incrementa de 15 a 30 años y de mil a 30 mil días de multa, como principio. El incremento de la pena es importante y su propósito es desalentar la comisión de la conducta, pero también sancionarla de manera enérgica cuando esta se cometa.
Al margen de la disposición constitucional citada, también damos cumplimiento al derecho convencional en virtud de que la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 19, la protección de los niños para que no reciban malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
También la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé medidas de protección para nuestros niños en esta materia, y por obvias razones, son solo medidas de protección, y en todo caso, de carácter administrativo, pero no pena privativa de libertad, como es el caso de las reformas del Código Penal Federal.
El comercio sexual es un problema grave en muchos países alrededor del mundo, debido a que como lo menciona la Organización Internacional para las Migraciones, el 20 por ciento de los viajes turísticos internacionales tienen como propósito la actividad sexual, esto significa que 3 millones de personas viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad.
La UNICEF calcula que en el mundo alrededor de un millón 800 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual turística. El Instituto Belisario Domínguez destaca que, en México, en el año 2016, el número de víctimas de trata de personas se estimó en 500 mil casos, de los cuales alrededor de 70 mil son menores de edad sujetos a explotación sexual, donde 45 de cada 100 casos son niñas indígenas.
Destacando que en este delito están involucrados más de 47 grupos de delincuencia organizada, de tal forma que en un contexto internacional México ha sido catalogado como el segundo país con mayor actividad de turismo sexual, colocándose como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.
Por las consideraciones antes expuestas y porque nuestros niños y niñas mexicanos merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto, en el Partido del Trabajo votaremos favorablemente por este dictamen. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Ventura.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Honorable pleno, en el 2016 la UNICEF señaló que en el mundo había alrededor de un millón 800 mil niñas y niños que eran víctimas de explotación sexual turística. En 2017 la Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas indicó que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacional, el 20 por ciento de estos desplazamientos.
El sexo es buscado por los turistas, de los cuales, un 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Este dato arroja aproximadamente más de 3 millones de personas que viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad. En este mismo año México fue considerado el segundo lugar mundial en turismo sexual, solo superado por Tailandia.
Al respecto, datos de la Comisión Unidos Contra la Trata señalan que México es catalogado como fuente de tránsito y destino de trata de personas, donde el turismo sexual infantil ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años.
La UNICEF mencionó que cada mes 100 niños mexicanos son reclutados para prestar servicios sexuales en ciudades como Cancún, Guadalajara, Tijuana, Tapachula. Datos de 2018 proporcionados por el mismo organismo internacional, indicó que más de 70 mil niñas y niños son utilizados para turismo sexual. Mientras la oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, mencionó que en México 21 mil infantes son captados cada año por redes de trata, donde el 45 por ciento son niñas indígenas.
En este sentido, Encuentro Social condena energéticamente la práctica aberrante del llamado turismo sexual, el cual es un delito de esclavitud moderna y fenómeno multifactorial que ha proliferado por la corrupción, la impunidad que por décadas nuestro país ha padecido.
Más terrible es cuando participan familiares cercanos a las niñas, niños, adolescente, quienes son los que promueven esta actividad ilícita con la complacencia de las autoridades.
Esto sin duda es una de las agravantes entorno a este delito, ya que la red de complicidad, tanto de lo que promueven el acto, como la opacidad de las autoridades, que ven el turismo sexual como una actividad remunerada, otorgando amplias facilidades a los turistas extranjeros, principalmente europeos y estadounidenses, para acceder a menores de edad bajo la premisa de una estancia sexual.
Nuestro grupo parlamentario coincide y acompaña el presente dictamen que reforma los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal, porque para nosotros es fundamental proteger y garantizar las libertades y los derechos de las niñas, niños, adolescentes e indígenas, que padecen con más frecuencia la trata de personas en su modalidad de turismo sexual, así como sancionar severamente a quienes operen y faciliten esta actividad.
Por ello nos pronunciamos por un México sin cadenas, por un México sin pedofilia, por un México sin trata de personas, por un México sin turismo sexual, porque no permitiremos que el cuerpo y el alma de ningún ser humano sean agredidos y violentado. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reséndiz Hernández.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores, durante los últimos años la trata de personas con fines de explotación sexual se ha incrementado alarmantemente en nuestro país, hasta posicionarlo como uno de los que registra el mayor número de casos en el mundo.
A pesar de constituir uno de los ilícitos que más daños físicos y emocionales genera, el gobierno federal carece de datos actualizados y sus acciones para identificarlo, sancionarlo y prevenirlo. Está lejos de dar los resultados esperados.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, dicho delito está proliferado particularmente en entidades como Baja California, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México y Quintana Roo.
Este ilícito es ejercido con total impunidad y muchas veces al amparo del poder en espacios públicos, operando como supuestas casas de masaje y servicios de acompañamiento.
Lamentablemente nuestras niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas, ya que estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia arroja que por lo menos 16 mil infantes son objeto de estas prácticas que trasgreden su dignidad humana y violan sus derechos humanos fundamentales.
Se tiene documentado que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos, de los cuales al menos 3 millones se hacen con tendencias pedófilas, es decir, buscando establecer relaciones íntimas con menores de edad, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
Este contexto refleja escenarios de violencia, inseguridad y situaciones de alto riesgo, en estados con vocación turística, pero principalmente evidencia la operación de bandas delictivas que atentan y vulneran el interés superior de la niñez.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen, por el cual se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal.
Estamos convencidos que con estas modificaciones no solo se incrementarán las medidas de acceso a la justicia, sino que además se fortalecerán las acciones de protección y seguridad a las víctimas bajo los principios de oportunidad, progresividad y máxima publicidad.
Compañeras y compañeros legisladores, de aprobarse en sus términos se homologará el marco jurídico, ya que el Código Penal Federal establecerá las mismas sanciones que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual estipula cargos de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días como multa.
Con respaldo de su voto se prevendrán disparidades en las penas y suspenderán lagunas jurídicas que benefician a los delincuentes. Se desprotegen a las víctimas de la importancia de incorporar estos preceptos en los supuestos del artículo 205 Bis. Con su entrada contaremos con mayores herramientas de coordinación e intercambio de información para el combate frontal del turismo sexual.
Debemos promover mejores acciones legislativas y políticas públicas para garantizar un marco jurídico que permita su sanción efectiva y erradicación, pero particularmente que asegure la protección y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guel Saldívar.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Gracias, presidenta. Diputadas y diputados de este Congreso, los delitos sexuales representan una de las manifestaciones más perversas de la violencia contra las personas. Supone múltiples tipos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Algunos de ellos, como el turismo sexual, constituyen formas de esclavitud en la actualidad que quebrantan gravemente los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
Este tipo de delitos constituyen un negocio mundial a través del cual redes delictivas nacionales y trasnacionales hacen grandes negocios que les representan altísimas ganancias ante la creciente demanda, la impunidad y la corrupción que contextualizan a estos delitos.
El turismo sexual infantil representa la explotación sexual de niñas y niños a cambio de un pago por parte de turistas nacionales o extranjeros a personas que promocionan lugares turísticos cuyo mayor atractivo no lo constituye un lugar en sí, sino la inclusión de niñas y niños para su explotación sexual en lugares accesibles para el ejercicio impune de este tipo de violencia sexual.
En los últimos años ha ido en aumento el turismo sexual en México, pues se estima que alrededor de 16 mil niñas y niños están atrapados en la prostitución y la mayoría se encuentra en los destinos turísticos del país.
En este sentido es que en México existe tipificado el delito de turismo sexual, mismo que en la legislación mexicana se le conoce como delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional, con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad.
Asimismo, tanto el Código Penal Federal como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, establecen penas para quienes cometan el delito de turismo sexual. Sin embargo, es necesario que la legislación se armonice, ya que el Código Penal Federal señala una pena menor a la que la Ley General establece.
Es así que quienes integramos la Comisión de Justicia emitimos este dictamen, que reforma el artículo 203 del Código Penal Federal, para imponer una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días al autor del delito de turismo sexual.
De este modo se pretende que se le trate como un delito grave y no tan a la ligera, pues actualmente el del Código Penal contempla una penalidad muy baja para el tipo de daño que ocasiona a las niñas y niños y a la sociedad misma.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos de acuerdo en que este delito debe sancionarse de forma severa para que quienes lo cometan paguen las consecuencias del daño que ocasiona. Defendamos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ayudemos a que los delitos en contra de todas y todos ellos sean sancionados adecuadamente.
Por lo anterior, consideramos que estas razones son más que suficientes para que se vote a favor el presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Mata Lozano.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado David Orihuela Nava: Con su venia, diputada presidenta. Diputados y diputadas, quisiera iniciar este posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. No sin antes externarle un amplio reconocimiento a la diputada Marina del Pilar Ávila Almeda, quien es la que presenta el presente dictamen con proyecto de decreto.
Comentarles que en nuestro país son las niñas, niños, adolescentes, mujeres indígenas y migrantes los más vulnerables, propensos a ser convertidos en una mercancía cuyo fin es la explotación de diversas formas.
Anualmente miles de víctimas de trata son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones de esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores. Uno de ellos y en el que en este dictamen nos ocupa es el turismo sexual.
Entre 2017 y 2018 México fue ubicado como el segundo lugar a nivel mundial en materia de turismo sexual, de acuerdo a datos proporcionados por la ONU, solo por debajo de Tailandia.
De acuerdo con información presentada por la Organización Internacional para las Migraciones, cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales, donde 20 por ciento de las personas buscan sexo. De la cifra anterior, el 3 por ciento tiene una tendencia pedófila, lo que significa que al menos 3 millones de turistas van por el mundo buscando sexo con niñas y niños.
Las cifras anteriores son focos rojos que no han sido atendidos de manera oportuna, permitiendo que los números continúen aumentando debido a la invisibilización, corrupción y a la incorrecta aplicación de las leyes actuales vigentes respecto al tema.
La maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, ha dado datos en los que señala que algunas de las causas de que niñas y niños sufran de trata de personas, explotación y turismo sexual, están relacionadas con el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, pero también tienen que ver con la inseguridad, ya que en muchos casos estas prácticas derivan de secuestros.
Por otro lado, la facilidad con la que en Internet pueden cometerse ilícitos como el comercio ilegal, ha servido como plataforma potenciadora de este problema, pues en distintas webs y foros puede encontrarse información para contactar y ubicar los destinos y lugares en los que existe una oferta de turismo sexual, así como comprar a las víctimas.
La UNICEF y el DIF y diversas organizaciones nos indican, a partir solamente de estimaciones, que alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes, víctimas de estas prácticas en todo el territorio nacional, destacando puntos rojos de incidencia como son el puerto de Acapulco o la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la situación tiende a agravarse en comparación con el resto del país.
El contenido a la presente iniciativa pretende aumentar la pena establecida por el artículo 203 del Código Penal Federal, ya que en su exposición de motivos señala que se han incrementado gradualmente los ilícitos relacionados con la trata de personas y de la explotación sexual, siendo un negocio lucrativo para la delincuencia organizada.
En el texto vigente del artículo 203 del Código Penal Federal, los delitos en materia de trata de personas, perdón, señala la pena de 7 a 12 años y de 800 a 2 mil días de multa. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar a los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, establece en su artículo 13, la conducta atípica de turismo sexual, fijando una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días multa, justo como se está planteando en esta propuesta de modificación, esto con la finalidad de evitar disparidad de penas entre un ordenamiento y otro.
Escapar del turismo sexual es complicado para sectores vulnerables como lo son los niños, niñas y comunidades pobres de nuestro país. Es ahí donde se concentran los mayores casos del ilícito, ya lo hemos visto con las cifras expuestas.
Este delito es un cáncer que crece de manera alarmante en nuestro país afectando de forma severa la vida de sus víctimas y la seguridad de nuestro México, a tal grado de que nuestro territorio es considerado como uno de los paraísos del mundo de turismo sexual.
Debemos comenzar a generar medidas que nos permitan avanzar a la solución de esta problemática y asegurar justicia a las víctimas de estos delitos. Endurecer las penas para los actores de estos, es un paso firme que coadyuvará a garantizar que ninguna persona sea explotada con fines de turismo sexual.
Es por ello que a nombre de la Comisión de Justicia hago el llamado a todos ustedes, compañeros y compañeras, a manifestarse con su voto a favor del presente dictamen en favor de los niños y niñas de México. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Orihuela Nava.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento, tiene la palabra para hablar en contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas. Mi compañero Luis Enrique da un dato verdaderamente demoledor que yo no conocía. Qué México es el segundo país de turismo sexual infantil en el mundo. Es verdaderamente brutal, inhumano, terrible, incalificable.
¿Se va a resolver con una ley y con endurecimiento de pruebas este tema? No. Es un paso necesario absolutamente, pero yo aquí en esta tribuna he sostenido que cinco de cada 10 niños comen una vez al día en este país; 50 por ciento de los niños y niñas mexicanas comen una vez al día; y si son indígenas, ocho de cada 10, el 80 por ciento.
Están sujetos a trabajar, están sujetos al abuso, están sujetos a la explotación y el paso a la explotación sexual es simplemente evidente.
Si no cambiamos la estructura económica de nuestra patria seguiremos condenando a nuestros niños y a nuestras niñas a que sean carne del turismo sexual. Eso es monstruoso, cuando las niñas y los niños deberían de estar en la escuela jugando, desayunando, comiendo y almorzando, comiendo tres veces al día.
El gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, el 19 de noviembre de 1910 en el diario Regeneración decía, “mañana vamos a tomar las armas mexicanas y mexicanos, y vamos a triunfar, vamos a derrocar al tirano, pero no nos conformemos con cambiar a Porfirio Díaz con otra persona porque si no cambiamos el sistema económico no cambiaremos nada en esencia”.
Esta revolución sin violencia tiene que plantearse una profunda transformación del sistema económico. Yo estoy convencido que desde México debemos construir otro camino para la humanidad, que erradique estas lacras de las que estamos hablando, de que son inaceptables, inhumanamente inaceptables.
Acabo de estar en un Congreso Nacional de Filosofía y Pierre Sané, de Senegal, que presidió Amnistía Internacional, decía que la pobreza es una violación brutal a derechos humanos. Aquí tenemos la muestra de que es así. Efectivamente es una violación a derechos humanos inaceptable, negarle a la gente que coma tres veces al día, que tenga un techo, que tenga acceso a educación, a vivienda, a cultura, y por eso me indigna tanto cuando la oposición se sube aquí a tribuna a decirnos cosas, cuando durante 30 años han impuesto las políticas económicas que han generado que México sea el segundo lugar en turismo sexual del mundo, carajo. Eso es inaceptable, inaceptable.
Y por eso no tolero tampoco sus majaderías, no se las voy a aguantar ni una sola, se las voy a responder y no voy a caer en sus provocaciones trotskistas.
No, los majaderos son ustedes que vienen a decir, aquí hay cosas que no hicieron desde el gobierno, que hicieron que este país sea el segundo lugar de turismo sexual infantil del mundo, que hicieron que sea el segundo lugar con periodistas asesinados del mundo. Los majaderos y los insolentes y traidores al pueblo son ustedes que le dieron la espalda al pueblo de México, y que olvidaron que era el origen de la Revolución Mexicana. Ustedes son los majaderos, ustedes son los insolentes, ustedes son los desmemoriados, ustedes son los desvergonzados.
Se necesita cara dura para venir a esta tribuna a sostener lo que sostienen. No son una oposición seria, no lo son, ojalá lo sean. Aspiro seriamente a que lo sean. Termino.
Vengo a aquí a exigirles respeto a la oposición, debatan con seriedad, den argumentos, den datos, den cifras, dejen de insultar, además desde el anonimato de sus tribunas dejen de insultar, desde el anonimato de sus tribunas.
Por supuesto, son un vendepatrias, son unos traidores al pueblo, es lo que son. Por eso fueron arrasados el 1o. de julio y por eso a volver a ser arrasados en 2021, y en cuanto proceso electoral se presente.
Y vine a hablar aquí a favor del dictamen. Pedí la palabra en contra como una práctica parlamentaria porque no podía intervenir y no les iba a dejar inmunes sus majaderías. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Lixa?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Para una moción, presidenta, toda vez que el orador se ha referido a que su intervención fue a favor. En primera, solicitar que sea contabilizada como tal, y en segunda, creo que es importante que la Presidencia llame al orden a todos los diputados para no mentir en el registro y hacer una chicana con el Reglamento.
Se viene a pedir respeto y se anuncia de forma deliberada una violación, con el único objetivo de engañar el procedimiento a la Mesa Directiva, es inadmisible y tiene que ser reconvenido. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Queda registrada su moción, diputado Lixa. Y tiene el uso de la palabra para hablar en pro...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, ¿con qué objeto diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con el objeto de la alusión del diputado que me antecedió. Yo no engaño ni engañé, simplemente...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No da pie, diputado Fernández Noroña, es una moción que presentó el diputado Lixa. Queda registrado en el Diario de los Debates...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No hay ningún engaño. Aceptó las majaderías en mi contra...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Y procedemos a continuar con la lista de oradores.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): ...sola palabra, con una falta de respeto inaudita. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra para hablar en pro, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Con el permiso de la Presidencia. El turismo sexual en México es una de las formas más extremas de violencia que los adultos ejercer contra la infancia. El turismo sexual constituye una grave violación a los derechos de la niñez, es una vergüenza nacional y un agravio contra las víctimas y contra la sociedad en su conjunto.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la explotación sexual comercial infantil es una violación a los derechos humanos y una forma de explotación económica, la cual ocurre cuando una persona o grupo de personas enganchan o utilizan a niñas, niños o adolescentes, en actividades sexuales con el objetivo de satisfacer sus intereses o los de terceras personas a cambio de cualquier remuneración, sea económica o de otro tipo.
Por su parte el Departamento de Estado Norteamericano menciona que México es un país fuente, tránsito y destino para la explotación sexual infantil. Gran cantidad de niñas son traídas con engaños desde Guatemala, Honduras, el Salvador, y son vendidas a bares, mantenidas en situación de esclavitud y obligadas a prostituirse con el pretexto de cubrir sus gastos de alojamiento y alimentación.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, solo por debajo de los fraudes y la extorción.
Por su parte, el capítulo México de ECPAT, que es la Organización Internacional para poner fin a la Prostitución, Pornografía y Tráfico de Niños con Fines Sexuales, con presencia en más de 70 países, señala que México es visto a nivel mundial como destino de turismo sexual. Destacan ciudades tristemente como Tijuana, Cancún, Acapulco, y es conocido en el argot como el Van Gogh de América Latina.
La mayoría de los turistas sexuales proceden principalmente de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania. Además, es de mencionar que no tienen un perfil determinado, ya que pueden ser desde pederastas hasta clientes ocasionales.
Compañeros, creo que estamos todos en la inteligencia de que como legisladores tenemos la atribución legal para emitir leyes, no obstante, nuestra presencia aquí también reclama el cumplimiento de nuestra obligación ética de proteger en el ámbito de nuestra competencia a nuestras niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, debemos realizar acciones que castiguen a todo aquel que promueva, publicite, invite, facilite o gestione el turismo sexual infantil. Acciones que desincentiven y eviten que se ponga un menor a disposición de un sexoturista.
Este turismo sexual es un cáncer social que desgraciadamente se asume como parte del entorno y por ello se ignora flagrantemente su práctica.
En ese contexto, la familiarización de los riesgos tiene relación con una extendida justificación, que asume que una niña, un niño o un adolescente que acompaña al sexoturista, lo hace porque así lo ha decidido el propio menor. Esto es falso, ese argumento es parte de un estereotipo perverso y muchas veces machista, frecuentemente utilizado por los pederastas. Es falso, es una justificación retrógrada que busca el dominio de unas personas sobre otras, que son muy vulnerables.
Queremos que se escuche claro y fuerte: Las y los menores de edad no entran en contacto con sexoturistas por decisión propia, sino porque son víctimas del delito de trata de personas.
Por ello el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen. Queremos enviar un mensaje muy claro a los tratantes y a los turistas sexuales: Ese delito atroz, en contra de la niñez mexicana se acabó, lo vamos a perseguir, no habrá impunidad y vamos a castigarlos con toda la fuerza de la ley. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ramírez Lucero. Tiene la palabra para hablar en pro, la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, el turismo sexual es una de las peores formas de abuso y esclavitud moderna en todo el mundo.
Por este motivo, Encuentro Social se pronuncia a favor de armonizar nuestro marco normativo para incrementar la pena a quien cometa el delito de turismo sexual, el cual más allá de las cifras, que son deprimentes, este delito altera la estabilidad social, la tranquilidad y, sobre todo, la libertad de las personas y más aún, cuando las personas son niños, niñas, adolescentes e indígenas y en su mayoría mujeres, los cuales como grupos vulnerables son violentados, esclavizados y obligados a tener relaciones sexuales bajo amenazas e intimidación.
En este sentido, es un tema prioritario para nuestra sociedad, los cuales han sumado esfuerzos. Un ejemplo de ello se dio en la entrada, en el 2012, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Sin embargo, se omitió armonizar el Código Penal Federal en el delito de turismo sexual, delito que lesiona el libre desarrollo de la personalidad de los seres más importantes para cualquier sociedad en el mundo, que son los niños.
Por tal motivo, esta modificación del Código Penal Federal es de relevancia y que pone en sintonía las penas y sanciones económicas del delito de turismo sexual en el Código y Ley General mencionados, para que el autor de este delito se imponga a una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa y se aumentarán al doble la pena y la sanción económica cuando el autor del delito sea una persona con algún parentesco o que sea su familiar.
Con esta reforma se elimina la sanción que está en el Código Penal Federal actualmente, la cual es menor a la establecida en la Ley General y creaba duplicidad de las normas en estos ordenamientos, que en su momento podrían beneficiar al autor del delito.
Por esta razón, Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, en aras a consolidar las garantías de los menores y de grupos vulnerables que padecen del delito de turismo sexual.
Porque Encuentro Social por su parte tiene la convicción y compromiso de velar por el interés superior de los niños y los grupos vulnerables. Sabemos que no podemos permanecer pasivos ante esta situación y que valen la pena todos los esfuerzos que se lleven a cabo para la prevención, erradicación y castigo justo para aquellos que vulneran la dignidad de las personas, su libertad y su integridad física y emocional.
Porque un México en donde el turismo sexual sea una práctica totalmente erradicada es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Torres Díaz. Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado... Permítame un momento. Diputado Lixa, ¿con qué objeto?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta, con mucho respeto. Nuevamente insistir en el cumplimiento del artículo 104, fracción VIII. Yo sé que la simulación de registrar a una persona en el sentido contrario puede ser una chicanada parlamentaria. Sin embargo, en las hojas de registro que nos entregan a los grupos parlamentarios, quien se subió a simular estaba registrado en pro, no en contra, eso fue un cambio de último momento. Es evidente, con pruebas, que estaba registrado en pro.
Han transcurrido ya tres oradores en pro, uno que estaba inscrito, que se movió pero que fue una violación y una burla confesa al Reglamento, y creo que esta asamblea no debe de permitirlo, hay que sentar un precedente. Engañar al pleno no debe ser premiado de ninguna manera. Solicito que se aplique el Reglamento, que sea el pleno quien decida si la discusión terminó o continúa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Efectivamente, diputado Lixa, el Reglamento se aplicará y el Reglamento le otorga a esta Presidencia la responsabilidad de la conducción de la sesión.
Y esta Presidencia llama para hablar en pro al diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Morena. Una vez que haya concluido el diputado Guzmán Valdéz, procederé a consultar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Adelante, diputado Guzmán Valdéz.
El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia. “Que ninguna palabra ni una mirada obscena manchen la casa donde haya un niño”. Juvenal.
Compañeras y compañeros diputados, el turismo sexual infantil es un delito aberrante que nos lacera como sociedad, un delito que atenta contra la dignidad humana, la integridad física y psicoemocional de las víctimas. Un delito que constituye, junto con las demás modalidades de trata de personas una nueva forma de esclavitud, la cual tiene como importantes desencadenantes la pobreza y la desigualdad.
Este delito es alarmante, ya que de acuerdo con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial, donde los puntos rojos han sido las ciudades de Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana.
Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil han sacado a la luz diversos casos de cómo se compran los servicios sexuales de niñas, niños y adolescentes.
Una de las formas más comunes es a través de Internet y las redes sociales, donde los propios familiares ofertan a menores de edad para brindar servicios sexuales, e incluso los servicios forman parte de paquetes turísticos.
El turismo sexual infantil involucra una serie de complicidades que van desde la participación hasta el silencio. Complicidades que se gestan en la corrupción y muchas veces en el amparo de las autoridades. De ahí la tolerancia e impunidad.
En razón de lo anterior, la UNICEF ha realizado diversas recomendaciones para eficientar la lucha contra el turismo sexual, entre las que destacan adoptar medidas que permiten reforzar la aplicación de las leyes existentes, o efectuar las modificaciones necesarias para hacer efectiva la persecución de los agresores en materia de turismo sexual.
Así como verificar que en todos los casos se prescriban acciones para los agresores, explotadores, enganchadores y todos aquellos que obtengan beneficios derivados de la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes.
En virtud de cumplir con las recomendaciones internacionales de la UNICEF, así como respetar la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, es necesario adecuar nuestra legislación interna para que todos aquellos delincuentes que obligan a nuestros niños y adolescentes al turismo sexual sean llevados ante la justicia y reciban una sentencia con estricto apego al marco internacional.
No podemos permitir que sigan vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es necesario que desde este Poder Legislativo actualicemos la norma jurídica para erradicar el abuso y el maltrato infantil.
De ahí que celebramos la propuesta que aquí discutimos, una propuesta que, al homologar los temas entre los dos ordenamientos que sancionan el delito de turismo sexual, le cierre la puerta a la impunidad, al evitar lagunas jurídicas e interpretaciones disímbolas. Esto es, empatar lo previsto en la Ley de Trata con el del Código Penal Federal, para que haya una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa en ambos ordenamientos legales.
El Grupo Parlamentario de Morena, votará a favor el presente dictamen. Hacerlo es votar a favor de la niñez mexicana, es votar a favor de erradicar esa detestable cultura que cosifica a los seres humanos. Las niñas, niños y adolescentes no son juguetes sexuales, son personas sujetas de derechos e investidas de dignidad humana. El Estado debe garantizar su protección. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si este dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Abra la Secretaría el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañeras y compañeros diputados, una vez que haya concluido esta votación vendrá inmediatamente después una votación nominal a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Cordialmente se les invita a todas y a todos a permanecer en el salón para que puedan, inmediatamente después, votar este acuerdo. Es votación nominal.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 388 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 203 y 205 Bis del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, diputada Álvarez, por favor, ¿con qué objeto, diputada, por favor?
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): Pueden contar mi voto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tome nota la Secretaría, si es tan amable. Con el voto de la diputada Ivonne Álvarez, serán 389 votos a favor del dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las fechas de las etapas de las convocatorias para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo.
(Votación)
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguien más falta de votar? Ciérrese el sistema votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 376... diputado, ¿nombre?
El diputado David Orihuela Nava (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: David Orihuela, a favor. Presidente, son 377 votos a favor, o abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Creo que hay algún inconforme.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: ¿Su nombre, por favor? Diputada María Rosete.
La diputada María Rosete Sánchez (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A favor. Diputado.
El diputado Juan José Canul Pérez (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Diputado José Canul, a favor.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Hay más?
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Diputada González Márquez.
La diputada Karen Michel González Márquez (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: ¿Diputada María Alemán?
La diputada María Alemán Muñoz Castillo (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: ¿Diputado Daniel Martínez Terrazas?
El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Señor presidente, 382 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese. Por 382 votos.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios. Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, para fundamentar el dictamen.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, vengo a esta tribuna para fundamentar a nombre de la Comisión de Justicia el dictamen sobre la iniciativa con proyecto que adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El sistema penal acusatorio instituido en nuestro país desde 2008, reviste un cambio fundamental en la forma en que nuestro Estado evoluciona hacia la constitución de un Estado democrático de derecho, el sistema penal acusatorio se convirtió quizá en la primera pieza de ese cambio que ha dado nuestro Estado, nuestro país para consolidarse como tal.
Una de las características del sistema penal acusatorio es el garantismo, que por una parte centra su atención en visibilizar y proteger a la víctima del delito, pero por la otra protege también los derechos humanos del imputado...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañeros. Compañera, un momento. Noto una falta casi general de atención a la compañera, aunque sean adultos mayores, por favor, o si lo son, con más razón.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidente. Continúo. Es el último dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia y, bueno, les señalaba que una de estas piezas fundamentales tiene que ver con el equilibrio procesal entre víctima e imputado.
De hecho, la construcción de esta Ley de Ejecución Penal se genera como el último eslabón del Sistema Penal Acusatorio y constituye también la última etapa del procedimiento. Se decidió por el legislador, que esta ley protegiera los derechos, tanto de imputados que están en prisión preventiva como quienes ya están purgando una pena en prisión.
De tal manera, siendo este básicamente uno de los objetivos del juez de ejecución penal, que es velar por estos derechos humanos, se centra una gran atención en la ley, en casos como el de mujeres en prisión; el de los hijos de mujeres en prisión que acompañan a sus madres; el caso también de personas con discapacidad, pero también el de los adultos mayores. A estas personas nos referimos en el presente dictamen.
La población de adultos mayores considerados como aquellas personas mayores de 60 años de edad en la ley respectiva, en nuestro país asciende a 13 millones de acuerdo con el Consejo Nacional de Población.
Se trata de una población que paulatinamente por la dinámica propia de los cambios demográficos de la sociedad actual crecerá cada vez con mayor velocidad. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el cambio en el porcentaje de personas adultas mayores pasó de 6.2 en 1990, a 10.5 por ciento en 2017, lo cual significa que prácticamente se duplicó en 30 años, creando una tendencia generacional, que sin duda significará uno de los cambios sociales de mayor trascendencia en este siglo y en consecuencia impondrá nuevos retos y desafíos para las políticas públicas implementadas en materia de salud pública y de atención social que se requieren por las características propias de su edad.
Particularmente existe un sector de esta población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, me refiero a las personas mayores internas en centros penitenciarios. El análisis de condición especial de estas personas más allá de ser un problema de corte social se trata de un asunto de derechos.
En una aproximación general, el reconocimiento de los derechos de las personas en reclusión ha sido una materia explorada en el derecho internacional de los derechos humanos. Cito como ejemplo la sentencia 124, de 1993, de la Corte Interamericana, que sostuvo lo siguiente: la dignidad humana, como ya se estableció, es fundamento de la organización social, tiene su desarrollo en el derecho a la igualdad. Toda persona tiene derecho a la igualdad de oportunidades dentro de la relación individual-sociedad.
Sin embargo, en razón de esta misma igualdad, se impone un trato compensatorio a aquellos grupos que se encuentran en una situación de particular debilidad manifiesta, en cuanto a que estos no pueden acceder fácilmente a los medios materiales que les permitan hacer efectiva su dignidad en el marco de igualdad.
Existe un derecho de las personas a vivir dignamente. Este es inherente, es decir, a ser parte de su esencia. Y como tal, es un elemento perfeccionante que no puede ser renunciado.
El artículo 5o. de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, establece la obligación en relación con las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus diversos diagnósticos penitenciarios anuales ha señalado las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores, principalmente en relación con la garantía de acceso a los derechos a la salud y a la alimentación, así como ciertas condiciones que propician una mayor vulnerabilidad y desventaja respecto a otros internos que no tienen esta característica de vulnerabilidad.
En su pronunciamiento sobre la supervisión penitenciaria de 2016, la propia CNDH consideró de manera específica la vulnerabilidad de estas personas adultas mayores y estableció la necesidad de que los centros penitenciarios tengan registros de esta población y de sus necesidades. De que se cuente con accesibilidad a instalaciones, atención médica, equipos médicos de apoyo, talleres de acuerdo a sus necesidades, dietas adecuadas, acceso a instalaciones deportivas, instalaciones de visita íntima y familiar, así como acciones para evitar que sean discriminados, pues actualmente no existe información fehaciente que permita conocer la cantidad de personas mayores en reclusión, ni sus condiciones generales en cuanto al acceso a la salud y a la alimentación, entre otros.
Por estas razones, la Comisión de Justicia coincide con quien promovió esta iniciativa, en la necesidad de realizar una adición en el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de garantizar lo siguiente: que cada centro penitenciario cuente con un registro de las personas de más de 60 años, que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyo y ubicación.
Que con esta información las autoridades penitenciarias puedan implementar políticas públicas que garanticen a estas personas el pleno respeto a sus derechos. Que el Poder Ejecutivo federal, así como los respectivos de las entidades federativas, contarán con 180 días para realizar las adecuaciones conducentes a través de su normatividad reglamentaria.
Con estas disposiciones se podrá contar con información oficial que permita conocer el estado real de las personas mayores internas en centros penitenciarios y con ello se podrán tomar mejores acciones y acceso a una vida más digna para estas personas.
Es importante señalar y recordar que quienes hoy están purgando una pena privativa de libertad han perdido un derecho, ese derecho que está restringido por la imposición de la pena, pero no el resto de sus derechos. En consecuencia, el Estado mexicano debe garantizar los mismos.
Es por ello que ponemos hoy a consideración de esta asamblea esta importante adición a la Ley de Ejecución Penal. Y aprovecho también para felicitar a todos y todas quienes integran la Comisión de Justicia, porque hemos podido llevar a cabo la discusión y el análisis técnico de una serie de instrumentos legislativos que seguro serán justamente para enriquecer y mejorar nuestro sistema de justicia. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Humberto Pedrero Moreno, que aparece como del Verde y como de Morena. Que es su nombre, además.
El diputado Humberto Pedrero Moreno: Gracias, presidente. México se ha comprometido en numerosos tratados internacionales al legislar en favor de los grupos vulnerables. Prueba de ello fue la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas, que entre sus fines destacan proteger el desarrollo armónico de las facultades y aptitudes de las personas de la tercera edad, garantizando a su vez el respeto a la dignidad, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, a la familia, a la participación en la vida cultural y el deporte.
La Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, realizada por el Inegi, identificó con el 37 por ciento a la discriminación como el principal problema que enfrentan las personas mayores a 60 años y, en segundo término, con 31 por ciento el abandono y el maltrato.
Estas situaciones de vulnerabilidad demandan una atención inmediata, las circunstancias se complican aún más cuando se trata de adultos mayores que se encuentran recluidos por estar cumpliendo una pena privativa de la libertad.
Una encuesta sobre personas mayores en reclusión penitenciaria que realizó en el 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontró que hay una población total de 6 mil 334 ancianos en los 32 estados del país, víctimas de condiciones infrahumanas quienes enfrentan violaciones a sus derechos humanos, negligencias y abandono institucional.
Las graves condiciones que padecen los adultos mayores en las cárceles del país confirman las carencias en las que se encuentran los ancianos presos en materia de salud, alimentación y estancia digna de acuerdo a su edad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destaca la disminución en los últimos años el porcentaje de personas que se encuentran entre 60 y 66 años y el incremento exponencial de los que tienen más de 66 años. Además, esta población representa el 4.1 por ciento de los reclusos del país.
En general, por lo avanzado de su edad y por los años pendientes para terminar su condena, es altamente probable que no logren pasar mucho tiempo en libertad en lo que les queda de vida, por lo que es obligación del Estado garantizarles las condiciones necesarias para llevar una vida digna durante su condena.
Debemos recordar que el derecho a la protección de la salud se extiende a absolutamente todos los mexicanos y que centros penitenciarios deben regirse en estricto apego al derecho de los derechos humanos de los reclusos, cuyo objetivo debe ser una buena preparación para que puedan reintegrarse a la sociedad como personas productivas, garantizándoles en todos los casos las condiciones necesarias para pagar la deuda social de la manera más humanamente posible.
Además, de acuerdo a los datos del Inegi, de 2010 a 2017, el número de centros penitenciarios se ha disminuido en 12 por ciento, mientras que el número de reclusos se ha disminuido únicamente en 1.5 por ciento, esto representa un reto adicional para las condiciones de vida de los reclusos por la sobrepoblación que se vive en estos lugares.
Establecer como obligación que todas las cárceles del país lleven un registro de adultos mayores que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, permitirá a las autoridades implementar políticas públicas que garanticen el pleno respeto de sus derechos.
Las condiciones de desventaja por las necesidades de atención que demandan estos adultos mayores, requieren que sean atendidas de manera urgente para que tengan las mismas condiciones y garantías que el resto de las personas en reclusión.
Por esta razón votaremos en favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El dictamen que la Comisión de Justicia pone a consideración de esta asamblea el día de hoy atiende un grave problema del sistema penitenciario nacional.
Debemos estar conscientes de las graves condiciones que las personas privadas de su libertad tienen que afrontar debido a los autogobiernos en las cárceles, la corrupción de las autoridades penitenciarias, así como el hacinamiento y la falta de circunstancias que les garanticen una vida digna mientras pagan su deuda con la sociedad.
Las dificultades sistémicas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano no son nuevas y desgraciadamente quienes más sufren estas deficiencias son aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores.
Estos problemas van desde su ubicación en los espacios carcelarios que les permiten una estancia digna, ya que no responden a sus necesidades físicas, falta de equipo de apoyo como sillas de ruedas, andaderas, bastones hasta la falta de medicamentos y el abandono de sus familiares, y no digamos ya de la atención médica o nutrición acordes a su edad en caso de requerirlo.
Según el órgano desconcentrado de readaptación social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta junio de 2017 se encontraban privadas de su libertad 209 mil 782 personas de las cuales 5 mil 846 son adultos mayores y 234 son mujeres y 612 hombres. De ellas, el 59.03 por ciento tenía entre 60 y 65 años, y el 40.97 por ciento más de 66 años de edad.
No obstante las múltiples y constantes recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno federal poco ha hecho para resolver la problemática de los centros de readaptación social y mucho menos para la atención de aquellas personas adultas mayores que tienen requerimientos especiales. Las mujeres en esta condición particularmente sufren de abandono y violaciones consuetudinarias a sus derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.
A pesar de que esta situación ha sido multievidenciada por la comisión nacional solicitando no sólo la atención a sus necesidades de alojamiento, de tal manera que sus requerimientos conforme a su edad y vulnerabilidad les permita una integración en igualdad de condiciones que las otras reclusas para cumplir con la finalidad de su internamiento, es decir, la reinserción social.
Señala la CNDH que entre las principales dificultades que tienen que afrontar los adultos mayores en privación de libertad, se puede señalar que el 44 por ciento de los presos mayores se encuentran clasificados inadecuadamente en pisos superiores de los centros o en la parte alta de las literas.
El 29 por ciento carece de rampas para movilizarse, el 11 por ciento carece de programas de reinserción social, de un 7 por ciento no hay registros y un 8 por ciento no tienen dietas adecuadas y al 1 por ciento le faltan aparatos ortopédicos para moverse o prótesis.
Asimismo con base en las cifras obtenidas las personas con más de 70 años y una pena de más de 10 años estarían obteniendo su libertad alrededor de los 80 años de edad, por encima del promedio de esperanza de vida planteada por el Inegi, en 2016 que fue de 75 años, lo que les impediría alcanzar la reinserción social como fin de la pena si no se observan los criterios necesarios para ello, estableciendo una nueva violación a sus derechos humanos, revictimizándolos sin posibilidad de resarcimiento alguno debido a las altas probabilidades de un deceso en encarcelamiento.
Todo lo anterior se presenta cotidianamente en los centros de reinserción social, federales, estatales y municipales, no obstante que nuestro marco jurídico profundamente garantista pretende avalar al máximo el ejercicio de los derechos humanos.
Es por ello que celebramos la adición de un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal en el que establece que todos los centros penitenciarios posean un registro en el que se asienten los datos de las personas mayores de 60 años, entre los cuales deben encontrarse sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, de tal manera que la autoridad penitenciaria pueda realizar las acciones correspondientes para que todas las personas puedan gozar dentro de su internamiento de los derechos humanos que le son inherentes.
En consecuencia y plenamente obligados en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, expresamos que el voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, según cifras del Inegi, en México hay más de 12.5 millones de adultos mayores de 60 años, de los cuales aproximadamente 188 mil están privados de su libertad en centros penitenciarios. Un gran porcentaje de ellos cuenta con problemas de salud debido a la misma naturaleza humana.
Es necesario precisar, que independientemente de que estén recluidos, sus derechos humanos siguen vigentes, lo cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
En general, la Constitución, los tratados internacionales y demás normas aplicables para las personas de 60 años o más, mencionan que deben prevalecer ciertos derechos humanos.
Cito algunos de ellos:
1. La integridad, dignidad y de preferencia, lo cual implica que el Estado debe brindarles protección a los adultos mayores, así como darles oportunidades de tener una vida de calidad, aun cuando se encuentren en prisión.
2. A la certeza jurídica, que se basa en que las autoridades den un trato digno y apropiado en los procesos jurisdiccionales en los que se involucren, así como recibir asesorías jurídicas gratuitas.
3. A la salud y a la alimentación. Las personas mayores tienen derecho a recibir lo satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo su acceso preferente a los servicios médicos y recibir también capacitación y orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal.
4. Accesibilidad universal. Los centros penitenciarios deben contar con la infraestructura para que mujeres y hombres de 60 años o más, tengan libertad de moverse dentro de la misma.
Lamentablemente en México aún no se cuenta con políticas públicas para este sector poblacional. Por ello, esta iniciativa puede ser un importante parteaguas en la creación de normas, instrumentos, instituciones y demás que coadyuven en el cuidado de los adultos mayores que se encuentran recluidos.
Y por ello mismo me congratulo que esta iniciativa se enfoque en ese sector tan desprotegido. Aprovecho felicitar por ello a la diputada Hortencia Garay por esta iniciativa, y a la Comisión de Justicia, por su dictamen.
En ese sentido siempre nos hemos manifestado a favor de las iniciativas que tengan como un objetivo real el beneficio de una población tan importante como lo son nuestros adultos mayores.
Por tal motivo, Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: (Habla en su lengua originaria). Señor presidente, con su permiso. Hombres y mujeres. Diputados y diputadas. Muchas gracias.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicho ordenamiento prevé en distintos artículos el derecho de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario a recibir atención médica preventiva y del tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo las necesidades propias de su edad, tal y como se establece en la fracción II del artículo 9.
En el artículo 27 se establece la obligación para la autoridad penitenciaria de contar con datos de las personas privadas de su libertad. Por ejemplo, en la fracción II establece: el expediente médico contará con el historial clínico de cada persona privada de la libertad, mismo que se integrará por lo menos con ficha de identificación, historia clínica completa, notas médicas subsecuentes, estudios de laboratorio, gabinete y complementarios y documentos de consentimiento informado.
En el artículo 34 se disponen también aspectos referentes a la atención médica, como se puede acreditar en distintos artículos de la Ley del Congreso de la Unión. Al momento de aprobar la norma jurídica materia del presente dictamen, consideró que derivado del derecho convencional y de las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 20, apartado A, toda persona privada de su libertad cuenta con una serie de derechos, los cuales no pueden ser conculcados y una vez que la sentencia también cuenta con derechos que deben ser respetados como lo es el derecho a la salud.
El artículo 35 Bis que se propone adicionar establece que los centros penitenciarios deberán contar con un registro de personas de más de 60 años, que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a afecto de que la autoridad penitenciaria implemente las políticas públicas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos en condiciones de igualdad, con respeto al resto de la población en internamiento.
Si bien es cierto, como ya lo señalé, existen obligaciones como las que se prevén en la fracción II del artículo 27, respecto de contar una historia clínica completa de cada persona que está recluida.
Nos parece que la propuesta del dictamen en el artículo 35 Bis que se adiciona, es acorde en el establecimiento y garantía de los derechos de las personas adultas mayores.
La Constitución y la doctrina en materia penal señalan que el propósito de la pena es sancionar una conducta ilícita, pero se busca que quien trasgredió la ley pueda reintegrarse a la sociedad de manera plena.
Por ello debemos procurar los medios que garanticen que las personas adultas mayores gocen en reclusión de un trato distinto, en atención de su edad y características de eventual vulnerabilidad.
Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. (Habla en lengua originaria). Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Partido Encuentro Social.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con su venia, presidente. Los adultos mayores son considerados como grupos vulnerables, pues por su condición de edad se encuentran en situación de riesgo, que les impide incorporarse plenamente al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, existen 13 millones de personas de 60 años o más, cifra que ha venido en aumento.
En los últimos años tanto las organizaciones civiles como los gobiernos, así como la comunidad internacional, han planteado la problemática respecto a la falta de condiciones que permitan dignificar el proceso de envejecimiento de los adultos mayores.
Prueba de lo anterior, el primero de noviembre de 2017 entró en vigor la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual tiene por objeto el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de personas mayores. Esto es con la finalidad de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Asimismo, obliga a los Estados que forman parte a adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento del objeto de dicha convención.
Si bien es cierto que la mayoría de los adultos mayores se encuentran en una condición de vulnerabilidad, lo cierto es que esta situación aumenta en aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, es decir, adultos mayores que se encuentran en un centro penitenciario cumpliendo una pena.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en el año 2017 existían más de 5 mil personas que se encuentran en esta situación. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus diversos diagnósticos penitenciarios ha señalado la falta de atención hacia los adultos mayores, específicamente en el acceso al derecho a la salud, el derecho a una alimentación, los cuales son inherentes al ser humano tan solo por pertenecer a la especie humana, derechos fundamentales que no se les debe coartar para no estar en situación de desventaja y vulnerabilidad frente a otras personas.
Por ello, la CNDH ha emitido ciertas recomendaciones tendientes a dignificar la vida de las personas mayores y eliminar la brecha de desigualdad que existe frente a las otras personas en algún centro de readaptación social, pues el hecho de que compurguen una pena solo restringe sus derechos políticos y civiles, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 35 y 38 del Pacto Federal.
Sin embargo, de acuerdo con el Informe Especial sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, elaborado por el órgano autónomo y publicado en el año de 2017, establece la recomendación de crear en los centros de reclusión un registro de personas de más de 60 años, en el que se incluyan condiciones de salud, necesidades específicas, de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
La propuesta que la Comisión de Justicia pone el día de hoy a consideración es precisamente una adición al artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que los centros penitenciarios cuenten con un registro confiable y óptimo de personas de más de 60 años. Con ello no solo se da cumplimiento a las observaciones realizadas por la CNDH, sino que también nos hace cumplir con nuestro deber de cuidado que tiene el Estado con las personas en reclusión, especialmente con los grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad.
En Encuentro Social estamos comprometidos con respetar los derechos fundamentales de los adultos mayores, que por la comisión de un ilícito se encuentran en reclusión sin que ello tenga que ser motivo para recibir un trato denigrante. Más bien, deben de ser tratados con dignidad, independientemente de su conducta, tal como lo establece el artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Hortencia Garay, del PRI.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, en principio quiero agradecer sinceramente a la Comisión de Justicia, por la sensibilidad de votar en lo positivo a esta iniciativa que presenté y que es en beneficio de los adultos mayores.
En un lapso de 20 años la población adulta mayor de país prácticamente se duplicó. Este cambio poblacional trae consigo retos que deben abordarse para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas adultas mayores que enfrentan la pérdida y privación de derechos, además de las nuevas necesidades que genera el estado de salud.
Para el Estado, un foco de atención deben ser las personas adultas mayores que se encuentran en centros penitenciarios. Espacios de por sí saturados en los que este segmento está más expuesto a la discriminación, a la violencia y carencias de servicios básicos como alimentación adecuada y salud.
La población de más de 60 años en los centros penitenciarios va en aumento. Las proyecciones a mediano y largo plazo hacen urgente conocer con mayor detalle y dar seguimiento a la salud y condiciones de vida de los reclusos en edad avanzada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido sobre las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios del país, principalmente en rubros como la atención a su salud, acceso a una alimentación adecuada acorde a su edad, accesibilidad en las instalaciones, entre otros.
Esta reforma, además de reconocer los derechos de las personas privadas de su libertad y la obligación del Estado de garantizar su seguridad y una vida digna al interior de estos centros, es un instrumento que permitirá controlar la salud de los reclusos, de tal forma que se prevengan enfermedades que deterioran la condición y generarán más erogaciones al Estado.
Las personas que cumplen una pena en este proceso de reinserción social por el paso del tiempo y la reclusión envejecen, se deterioran y tienen necesidades distintas. Y corresponde al Estado reconocer esas diferencias para cumplir con las condiciones para una vida digna para las personas privadas de la libertad.
Compañeras y compañeros diputados, con esta reforma dotaremos de las herramientas para que el Estado sepa a detalle información que requiere para implementar políticas públicas al interior de los centros penitenciarios.
Con esta reforma se podrán atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí la relevancia del presente dictamen, que busca adicionar un artículo, el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Es urgente hacer más humanitarios los centros de reclusión, solo de esta forma se podrá garantizar una efectiva reinserción social.
Compañeras y compañeros, les pido su voto a favor. Los adultos mayores, estén en donde estén, merecen una vida digna. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra Janet Melanie Murillo Chávez, de Acción Nacional.
La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hablar de derechos humanos es hablar de justicia y de respeto; es la base para alcanzar una sociedad armonizada y con mayor calidad de vida entre los individuos. Gracias a esta adquisición de derechos podemos desarrollarnos de manera plena y con dignidad.
Como se ha mencionado, los derechos humanos son universales, incluso para aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. Actualmente en nuestro país se ha incrementado de manera significativa el número de reclusos en los centros penitenciarios, gran parte de ellos siendo adultos mayores, de los cuales actualmente no sabemos en dónde están localizados, ni si las condiciones en las que se encuentran ellos son dignas.
En México, a lo largo de los años se ha fomentado el respeto y la consideración a los adultos mayores, situación que no debe ser distinta en los centros de reclusión. Por ello, el Partido Acción Nacional en virtud de motivar que aquellas personas privadas de su libertad, en etapa de vejez, cuenten con la garantía de ejercer sus derechos, considera importante que los centros penitenciarios en ellos se cuente con un registro que contenga padecimiento, situación médica y condiciones generales de las personas adultas mayores recluidas en los mismos. Pero algo muy importante también a destacar es que se pueda llevar un control de su alimentación y atención médica geriátrica.
Este registro, como lo señala la dictaminadora y en lo que coincidimos, es que posibilitará la aplicación de políticas públicas que faciliten y apoyen al adulto mayor en reclusión dignificando su estancia y erradicando posibles abusos por parte del sistema penitenciario.
Hablamos de un sistema penitenciario omiso a las problemáticas de estas personas, a falta de disposición expresa para generar un ambiente de respeto a los derechos humanos de los adultos mayores. Como legisladores, debemos garantizar que los derechos humanos sean respetados no sólo en la persecución y combate al crimen, sino también en los procesos judiciales y en la administración de justicia.
Los centros penitenciarios no están exentos de cometer actos de injusticia en el desarrollo de sus funciones, por el contrario, debido a su naturaleza es más complicado el apego a nuestros derechos humanos.
Si logramos en la ejecución de la sanción penal un trato más humano y dignificante a quienes cumplen su sentencia, podremos estar dando un paso más hacia la reinserción social del sentenciado a efecto de que eventualmente se reintegre a la sociedad dignamente y por tanto pueda no volver a delinquir.
Hoy damos un paso hacia adelante en esta tarea y vemos además con gran optimismo que esta reforma, entre otras que vendrán, traerá la posibilidad de lograr una convivencia digna en los centros penitenciarios.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen con la esperanza de velar siempre por el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores en reclusión. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Armando Contreras Castillo, de Morena.
El diputado Armando Contreras Castillo: Con su venia, compañero diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En este día de la Comisión de Justicia con los dictámenes que se discuten y de la justicia agraria por el centenario del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata, también quiero decir que la población penitenciaria es un sector abandonado en nuestro país.
La falta de condiciones de vida digna en los penales representa uno de los mayores retos en materia de derechos humanos. En el 2017 había 5 mil 846 adultos mayores de 60 años en las cárceles mexicanas; 234 mujeres, 5 mil 612 hombres. Para ellos su edad es una seria desventaja y los vuelve más vulnerables debido a que los penales no toman en cuenta su condición.
Es importante enfatizar que los adultos mayores que cumplen alguna condena, suelen ser discriminados y segregados en nuestro país. Si ya de por sí el principal problema que enfrentan los adultos mayores es la discriminación y en segundo término el abandono y el maltrato, se agudiza su estado al estar privados de su libertad.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observan significativas deficiencias en los penales con respecto a la atención de los adultos mayores, sobre todo en los rubros de estancia digna e integridad personal. Esto quiere decir que carecen de infraestructura adecuada para poder atender sus necesidades de ubicación y desplazamiento, programas de atención a la salud acorde a su edad, situación física y psicológica, así como equipos de apoyo para poder moverse con independencia.
Lo anterior produce que las problemáticas propias de su edad como las condiciones de salud, la carencia de movilidad y otras discapacidades, dificulten su supervivencia en prisión.
Esta falta de atención se traduce en una disminución en la esperanza de vida, puesto que se ve afectada su salud física y psicológica. Sin un registro sobre sus necesidades es difícil que el Estado pueda impulsar políticas públicas efectivas que permitan solucionar la diversidad de sus problemas.
De ahí que la propuesta a discusión pretende la construcción de un registro cuyos datos contribuyan a instrumentar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de las y los adultos mayores en las prisiones, registro que incluirá información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, lo cual permitirá que las autoridades penitenciarias realicen acciones para garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.
Es fundamental ofrecer las condiciones necesarias que permitan la reinserción social y el acceso a una vida digna para todas las personas privadas de la libertad.
El Grupo Parlamentario de Morena está convencido de que propuestas, como la que aquí discutimos, contribuyen a la recolección de datos e información necesaria para el ejercicio de un buen gobierno, un gobierno capaz de dar respuesta a sus ciudadanos y generar políticas públicas basadas en evidencias.
Consideramos pertinente atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ya que es necesario garantizar una vida digna a todos los reclusos de nuestro país, pero, sobre todo, a las personas adultas mayores.
La bancada de Morena votará a favor del presente dictamen. Con nuestro voto reiteraremos nuestro compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Contreras Castillo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento, tiene la palabra para hablar en pro, hasta por cinco minutos, la diputada María Elizabeth Diaz García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María Elizabeth Diaz García: Las y los internos están privados de su libertad, pero no de su dignidad como personas. Raúl González.
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, en México existen distintas prácticas que vulneran los derechos humanos de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que en general la población que vive en las prisiones es considerada por muchas organizaciones como una de las capas sociales más abandonadas en nuestro país. Además, destaca que la población carcelaria de adultos mayores, pese a su condición de abandono, es prácticamente invisible.
Por lo anterior, consideramos que la propuesta que hoy nos presenta la Comisión de Justicia, de la cual soy integrante, es necesaria.
Según datos del organismo de Derechos Humanos, a junio de 2017, en el sistema penitenciario del país, se encontraban presas 200 mil 782 personas por delitos del fuero federal y del fuero común, de las cuales 5 mil 846 eran personas adultas mayores.
De acuerdo con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, los centros penitenciarios deben contar de forma permanente con un número suficiente de especialistas, como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos, y al menos un médico calificado. Sin embargo, la mayoría de estos centros no cuenta con lo básico para lograr una autentica readaptación social.
Tal como lo señala la Comisión de Derechos Humanos en el informe especial sobre personas mayores en los centros penitenciarios, existen deficiencias en la atención de los adultos mayores, primordialmente en los rubros de salud, alimentación, equipos de apoyo y estancia digna. La información que brinda este informe es con base en las quejas de los reclusos ante la Comisión de Derechos Humanos.
Sin embargo, se desconoce de manera puntual en qué condiciones se encuentran los adultos mayores, debido a la falta de registro en lo que respecta a las necesidades de salud, educación, alimentación, capacitación, entre otras.
En tal virtud, conscientes de la necesidad de promover una vida digna para las personas adultas mayores que se encuentran en reclusión, el Grupo Parlamentario de Morena, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Díaz García. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida, y no hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. Miguel de Unamuno.
Honorable asamblea, hago uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen de la Comisión de Justicia, que adiciona este artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero también para establecer una posición que no nos puede ser ajena a nadie, quienes de una forma u otra tenemos un origen, tenemos un abrevadero de conocimiento, de grandes ejemplos y, sobre todo, de una gran vocación por la reivindicación de lo más importante que tiene una sociedad, que es la dignidad humana.
Hoy estamos discutiendo sobre una reforma que sin duda sentará las bases, no solamente para generar esas condiciones idóneas de las que las y los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra han señalado respecto a la actualización y a la configuración de un registro de nuestros adultos mayores que están privados de su libertad.
En este país ha quedado claro que no existe una verdadera cultura en materia penitenciaria y más dramático aún, que no existen las condiciones óptimas para que la reinserción social sea una realidad.
Hoy hemos citado todos los diagnósticos, las sugerencias y recomendaciones de los organismos internacionales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no hemos señalado la necesidad de transitar hacia un modelo de oportunidades para nuestros adultos mayores que les permita vivir los últimos años de su vida con dignidad.
Afortunadamente en este gobierno del cambio, por convicción y por decisión, hemos tomado la determinación de jugárnosla con ese sector vulnerable, porque es evidente que si hay falta de empleos, falta de oportunidades y discriminación hacia ese gran sector de seres humanos, por supuesto que tienen que buscar alternativas, como lo haríamos los jóvenes, como lo haría cualquier padre de familia que quiere sacar adelante a su familia.
Y hay estadísticas de que muchos de nuestros adultos tienen que recurrir también a prácticas no deseables, para poder seguir manteniendo a su familia con la frente en alto, proporcionarles una vida más o menos decorosa.
Y lo que no es permisible es que aún y cuando hay, como en cualquier Estado de derecho, una sanción por violentar la ley, ni siquiera tengamos la capacidad de tratárseles como se les merece.
En Encuentro Social seguimos impulsando los valores, vamos a seguir reivindicando el papel fundamental de la familia y vamos a tomar las causas y las banderas, que invito a todas y todos los legisladores a que las hagamos nuestras.
Todos tenemos un abuelo, todos tenemos a alguien que nos ha guiado a lo largo de la vida, quiera Dios que no nos toque que viva las penumbras que hoy muchos de aquellos que buscaron una oportunidad tienen que vivir en los centros penitenciarios. Los adultos mayores valen mucho, por eso hagámoslo nosotros. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Negrón Ruiz. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada presidenta Dulce María Sauri Riancho. Compañeras y compañeros diputados, con esta intervención concluye, a menos que este pleno disponga otra cosa, la discusión y aprobación de dictámenes emanados de la Comisión de Justicia. Enhorabuena a todos los integrantes por el trabajo que reflejamos entre todas y todos.
Dicho lo anterior, pregunto: ¿en qué condiciones viven las y los adultos mayores en los centros penitenciarios? ¿Cuál es su alimentación? ¿Cómo está su salud y su movilidad? ¿Qué acciones se han implementado para garantizar sus derechos humanos?
Las preguntas anteriores hoy desafortunadamente no tienen respuesta. No la tienen porque las autoridades de los centros penitenciarios no han instrumentado acciones encaminadas a salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores en reclusión.
Entre las y los reclusos son quienes se encuentran personas en un estado de mayor vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que deriva de su edad y de su estado de reclusión, lo que agudiza aún más el abandono, el maltrato, la invisibilidad, la exclusión y la precariedad.
Por lo anterior, la propuesta que hoy estamos discutiendo resulta necesaria, sin importar el estado jurídico de las personas adultas mayores, el reconocimiento de sus problemáticas y necesidades deben ser atendidas.
En este Poder Legislativo, desde el ámbito de nuestra competencia tenemos la obligación de garantizar la protección de sus derechos humanos.
En tal virtud, una primera acción es contar con un registro de las personas de más de 60 años en los centros penitenciarios, el cual permitirá conocer el tamaño de la problemática y trazar acciones focalizadas que permitan resolverlas, a efecto de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas adultas mayores en reclusión.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, a favor de los derechos humanos, a favor de la justicia, a favor del bienestar de quienes más lo necesitan.
Ellas y ellos ya están pagando su deuda con la sociedad. Nos corresponde a nosotros saldar la deuda que tenemos con las personas adultas mayores que conforman una comunidad dentro de los centros de reclusión.
Podrán tener suspendidos sus derechos políticos, no así sus derechos humanos. Por lo mismo, por la vigencia de sus derechos humanos Morena va a favor. Es cuanto, muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Abra la Secretaría el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La diputada secretaria María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, señores diputados. ¿Se encuentra algún diputado o diputada que falte de emitir su voto, si son tan amables, por favor? Tienen medio minuto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora diputada, se emitieron 318 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 318 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal en Materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en los Centros Penitenciarios. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Han solicitado hacer uso de la palabra tres compañeras y compañero diputado. Se les concederá desde su curul y por un minuto. Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez (desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero hacer un pronunciamiento en favor de la autonomía de la Universidad Autónoma del estado de México –de mi alma máter.
Como egresado de la universidad pública y como ciudadano, considero que la autonomía de la UAEMex debe prevalecer por encima de intereses de grupos opositores y de preferencias políticas.
La autonomía de las universidades públicas ha permitido que se conviertan en espacios de libertad de pensamientos, de innovación. Sus funciones esenciales se adaptan a nuevas circunstancias de la sociedad en constante transformación y evolución garantizando la independencia en su organización interna y su gobierno, además que representan una protección especial concedida por la Constitución del Estado de México.
Con el debido respeto solicito se reconsidere esta esencia de la universidad. Hoy más que nunca debemos continuar abonando al engrandecimiento de la cuna intelectual de los universitarios mexiquenses. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Roa Sánchez. Tiene el uso de la palabra desde su curul por un minuto la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. Exhorto respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que garantice el derecho constitucional de petición previsto en el numeral 8o. y dé respuesta al escrito entregado el 7 de diciembre del año 2018 suscrito por empleados del ISSSTE, referente a la solicitud de toma de nota por parte del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISSSTE.
En esta nueva etapa en la historia de nuestro país, es urgente garantizar plenamente la libertad de asociación sindical de las y los trabajadores al tenor de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, firmados por el Estado mexicano.
El 26 de marzo pasado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó la toma de nota al nuevo Sindicato Petróleos de México. Continuemos, pues, con el reconocimiento de nuevas asociaciones sindicales democráticas que proponen defender auténticamente a las y los trabajadores. Justicia laboral y libre asociación sindical. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares. Tiene el uso de la palabra, desde su curul y por un minuto, la diputada Virginia Merino García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Virginia Merino García (desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. Para condenar enérgicamente el homicidio del C. Camilo Pérez Álvarez, de 53 años de edad, líder natural de la región triqui, quien fue emboscado y acribillado el pasado 4 de abril del presente año, y se exhorta al fiscal general del estado de Oaxaca, doctor Rubén Vasconcelos Méndez, para que en el ámbito de su competencia realice una investigación exhaustiva, pronta y expedita para el esclarecimiento de este asesinato. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Merino García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (19:17 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 11 de abril a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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