Intervención en lengua originaria de la ciudadana Emelia Ortiz García
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Posicionamientos
Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, PVEM
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES
Dulce María Sauri Riancho, PRI
Javier Salinas Narváez, Morena
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
Jesús Carlos Vidal Peniche, PVEM
Raymundo García Gutiérrez, PRD
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, PMC
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, PES
Lucio Ernesto Palacios Cordero, Morena
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
Frida Alejandra Esparza Márquez, PRD
Ana Patricia Peralta de la Peña
Lourdes Celenia Contreras González, PMC
Javier Julián Castañeda Pomposo, PES
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Morena
Votación del artículo tercero transitorio, con la modificación aceptada por la asamblea
Dictámenes con puntos de acuerdo
Comunicado de la Cámara de Senadores, con minutas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se informa la Presidencia que existen registrados previamente 358 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (13:33 horas): Se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En el marco de la celebración de 2019, como el Año Internacional de las Lenguas indígenas, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Amelia Ortiz García, hablante de la lengua triqui, hasta por cinco minutos.
Y antes de que comience, les ruego a las ciudadanas diputadas y diputados que tomen sus asientos. Es más, que no comience todavía la compañera hasta que no haya respeto a la sala. Por favor, siéntense, por favor. La sesión ha comenzado. Por favor, abajo. Aquí a la derecha, tomar sus asientos. Emelia, comienza tu disertación.
La ciudadana Emelia Ortiz García: (Habla en lengua originaria) Somos triquis, un pueblo originario. Somos triquis, un pueblo originario cuyo corazón —como una isla en medio del mar— late en medio del vasto y escarpado territorio mixteco, al poniente de la capital de Oaxaca, en el sur de México, en el mismo vientre de las civilizaciones mesoamericanas.
Somos una lengua autóctona y antigua que está en el continente americano desde hace muchos siglos, desde antes de que llegaran los españoles a invadir, a destruir nuestra historia. Somos una lengua fuerte que ha recorrido el tiempo desde antaño hasta el día de hoy.
Somos desde nuestros orígenes un pueblo de la tierra, un pueblo de campo, un pueblo agrario, un pueblo que siembra maíz, plátano y café.
Somos un pueblo de valores comunitarios: nuestra vida común se engarza en torno a la ayuda mutua, la cooperación, la reciprocidad, el cuidado de nuestro entorno, la solidaridad y la integración de nuestros barrios.
Somos un pueblo de familia, vivimos siempre para y por nuestros parientes: padre, madre, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos y abuelas, primos y primas, compadres y comadres, padrinos y madrinas. Todos ellos conforman nuestros seres queridos con los que compartimos tradicionalmente nuestro andar por la vida.
Nuestras vidas se conforman en torno y en base a nuestras familias extensas. Con ellos practicamos y mantenemos viva nuestra lengua.
Somos un pueblo migrante, que ha salido hacia las ciudades, hacia otros países, ampliando la extensión de nuestro territorio cultural: estamos en las ciudades de Oaxaca, Ciudad de México, y Estados Unidos.
Somos un pueblo de tradiciones ancestrales. Somos un pueblo que vivimos al filo del tiempo, en la tensión permanente entre el pasado, el presente y el futuro.
Algunos nos llaman el pueblo invicto; otros más nos dicen el pueblo rojo, en honor a los huipiles largos que portamos las mujeres hasta los pies, en tributo al espíritu aguerrido de nuestros hombres o en memoria de la sangre que hemos tenido que derramar una y otra vez, en defensa de nosotros y nuestra historia. Nuestros muertos son la memoria viva de nuestras luchas.
Seguiremos luchando hasta derrotar al neoliberalismo, engendro del capital sinónimo de muerte, destrucción, ambición de unos cuantos, perversidad, cárcel, miseria y hambre. Hoy vengo a plantear ante ustedes lo siguiente, porque aquí es donde se hacen leyes para nuestra nación mexicana. Les pido que como representantes del pueblo; escuchen y cumplan su deber de trabajar para el pueblo. Por el bien de todos.
Somos un pueblo que decide de manera racional, organizada y colectiva sobre sus riquezas y recursos naturales, que cuida el medio ambiente. Exigimos que no usurpen nuestra vestimenta ni nuestra danza, utilizándolas en el carnaval y en la Guelaguetza. Exigimos respeto a nuestra cultura. Queremos que se nos regrese la categoría de municipio a San Juan Copala así como fue del 6 de mayo de 1826 a 1948. Queremos que se nos resuelva la ejecución de la resolución presidencial de 1973 sobre la tierra comunal de nuestro territorio triqui.
Queremos que en nuestras escuelas incluyan materia de lectoescritura triqui, para fortalecer nuestra lengua.
Somos un pueblo que quiere vivir en paz y que no nos sigan matando. Muchos hermanos triquis han sido asesinados, desaparecidos, lesionados, viudas y huérfanos
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agradezco la presencia de Emelia Ortiz García, y la invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando lo desee. Felicidades.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día en virtud que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibieron oficios de los diputados Rocío Barrera Badillo, Isaías González Cuevas, Lourdes Celenia Contreras González, Arturo Escobar y Vega, Miguel Alonso Riggs Baeza, Lorena Villavicencio Ayala y Adriana Espinoza de los Monteros García, por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibió de la Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para resolver la problemática que ha causado el desplazamiento forzado interno de personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas de México.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento. Se recibió solicitud de cambio de turno, y con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento, se modifica el turno.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de empleados superiores de Hacienda. Tiene la palabra Lidia García Anaya, hasta por 15 minutos, para fundamentar el dictamen.
La diputada Lidia García Anaya: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, y en mi calidad de integrante, el día de hoy expongo ante este pleno el dictamen en sentido positivo de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de empleados superiores de Hacienda.
El dictamen que hoy discutimos fue una iniciativa presentada el pasado 18 de diciembre del año 2018, por legisladores de diversos partidos políticos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista, quienes encontraron consenso para dar pie a esta reforma, consenso que se vio reflejado al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales al ser aprobado por unanimidad de sus integrantes.
La iniciativa en comento sostiene que el 10 de febrero del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.
Dicha reforma generó un cambio respecto al esquema de nombramientos de funcionarios públicos, específicamente en los artículos 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados de ratificar el secretario de Hacienda y Crédito Público y a los empleados superiores del ramo, eliminando la facultad al Senado de la República de realizar los nombramientos de estos últimos, tal como lo señalaré a continuación.
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
Fracción III. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario en materia de hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 constitucional, así como de los demás empleados superiores de Hacienda.
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado.
Fracción II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado, en caso de que este opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina, del secretario responsable del control interno del Ejecutivo federal, del secretario de Relaciones, de los embajadores y cónsules generales, de los empleados superiores del ramo de Relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga.
Estas reformas consideraron fortalecer la atribución constitucional que tiene la Cámara de Diputados en materia hacendaria para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, la reforma del año 2014 no modificó la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política, en el que se establecen las facultades y obligaciones del presidente de la República, como se enuncia a continuación.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.
Dicha fracción, al no ser modificada y armonizada con todo el esquema de la reforma constitucional en materia político electoral, mantuvo la redacción que faculta al Senado para ratificar a los empleados superiores del ramo.
Derivado de lo anterior, los artículos 74 y 89 se contraponen directamente, ocasionando una antinomia jurídica.
Como precisa el jurista Eduardo García Máynez, existe antinomia jurídica cuando dos normas de derecho de un mismo sistema se oponen contradictoriamente entre sí, teniendo ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal. Una permite y la otra prohíbe, y un mismo sujeto la misma conducta.
Por lo anterior, la antinomia tiene un rezago desde el año 2014, tomando mayor relevancia, toda vez que de conformidad con el artículo decimosegundo transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral, los artículos 69; 74, fracciones III y VII; 76, fracciones II y XI; artículo 89, fracción II, párrafo segundo y tercero y fracción XVII, entraron en vigor el primero de diciembre del año 2018.
Por ello debemos recordar que la Cámara de Diputados por primera vez realizó la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público, y de los empleados superiores del ramo, de conformidad con las nuevas normas constitucionales. Lo que hace necesario realizar las adecuaciones que permitan armonizar nuestro marco jurídico constitucional, para fortalecer la seguridad y certeza jurídica de la norma constitucional.
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de empleados superiores de Hacienda.
Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 89, fracción III. Nombrar, con la ratificación de la Cámara de Diputados, a los empleados superiores de Hacienda, y con la aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés.
La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que pone a nuestra consideración la Comisión de Puntos Constitucionales deriva de la necesidad de realizar adecuaciones que permitan armonizar el texto constitucional para darle lógica y coherencia.
A través de la reforma propuesta al artículo 89 de nuestra Carta Magna, se busca dar claridad a las atribuciones conferidas a cada una de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, en torno a la ratificación de los empleados superiores de Hacienda.
El dictamen pone de manifiesto la existencia de una antinomia jurídica entre los artículos 74 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de las reformas constitucionales en materia política electoral del año 2014.
Se generó un cambio sustancial respecto a las facultades de ratificación al secretario de Hacienda y Crédito Público y a los empleados superiores del ramo, trasladando esta al Senado de la República a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la reforma del 2014 no modificó la fracción III del artículo 89 de la Constitución política, en la que se establecen las facultades y obligaciones del presidente de la República.
Al no ser modificadas y armonizadas con todo el esquema de la reforma constitucional en materia política electoral, subsiste en el texto de inconstitucionalidad la radicación que faculta al Senado de la República para ratificar a los empleados superiores del ramo hacendario.
Por lo anterior, los artículos 74 y 89 se contraponen directamente, ocasionando una contradicción que al principio del presente sexenio ya provocó la falta de certeza respecto a cuál de las dos cámaras correspondía la ratificación de los funcionarios.
Cabe decir que la Cámara de Diputados realizó el año pasado, por primera vez desde 1917, la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los empleados superiores del ramo, de conformidad con las nuevas normas constitucionales, lo que hace necesaria la adecuación sugerida para armonizar nuestra Constitución.
Al igual que la comisión dictaminadora, coincidimos en que el uso del criterio cronológico para resolver la antinomia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirve como un elemento orientado para resolver con precisión las propuestas de modificación que se someta a consideración de este pleno.
El principio citado se refiere específicamente a que, en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicas equiparadas, la norma creada con anterioridad en tiempo debe considerarse abrogada. Y por lo tanto, ceder ante la nueva.
Por lo anterior expuesto y con la intención de que los nombramientos realizados por el Ejecutivo federal se correspondan con las atribuciones exclusivas de cada una de las Cámaras, votaremos a favor de la aprobación del decreto por el que se reforma el artículo 89 de nuestra Constitución Política. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa resulta de particular relevancia, dado que viene a restituir y fortalecer las facultades exclusivas de esta Cámara en materia económica, mandatada por la Constitución Política.
La presente reforma se omitió en 2014, cuando se efectuó la armonización constitucional para la ratificación de diversos secretarios y funcionarios de las dependencias federales, bajo el principio fundamental, en cualquier democracia, de la división de Poderes supremos y en un ánimo de establecer contrapesos al nombramiento exclusivo que de estos funcionarios hace el titular del Poder Ejecutivo y que resultaba, además, una antinomia constitucional que perjudica fundamentalmente a esta Cámara.
Debemos resaltar que los antecedentes respecto a la ratificación de los nombramientos presidenciales, en nuestra historia se remontan al nacimiento mismo del constitucionalismo mexicano en el texto de la Constitución de Apatzingán, en 1814.
Sin embargo, en el contexto actual resulta muy importante el fortalecimiento de las Cámaras del Congreso de la Unión, especialmente en este caso, en nuestra casa, el de la Cámara de Diputados a través de la consolidación de sus facultades exclusivas.
Debemos señalar que, el 11 de diciembre pasado, el presidente de la República envío a esta Cámara los nombramientos del secretario de Hacienda y Crédito Público, y de otros 14 funcionarios.
Ente los altos cargos se incluye a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Subsecretaría de Egresos, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Tesorería de la Federación, la Unidad de Crédito Público, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal, la Administración General de Aduanas, la Administración General Jurídica y la Administración General de Grandes Contribuyentes, cuyos titulares fueron sometidos al escrutinio de las y los diputados, garantizando con ello su capacidad para el desempeño de sus respectivos cargos.
Como podemos observar, las funciones que estos servidores públicos desempeñan o desempeñarán dentro de la Secretaría de Hacienda son muchas y muy diversas, pero todas tienen un denominador común: la importancia de la recaudación eficiente y el gasto eficaz para la implementación de las políticas públicas que derivan del proyecto de nación contenido en la Constitución General de la Republica.
Esta corresponsabilidad entre ambos Poderes, Legislativo y Ejecutivo tiene por objetivo que las finanzas públicas puedan garantizar el correcto funcionamiento del Estado al interior. Esto es, implementar los mecanismos correctos de recaudación que permitan alcanzar las metas fijadas en la Ley de Ingresos, así como evitar endeudamientos excesivos que contaminen las finanzas, con el propósito de contar con los recursos fiscales necesarios para la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo anterior, a través de lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que permite concretar una serie ilimitada de políticas públicas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación constituye el máximo instrumento de implementación de políticas públicas que le permite al Estado alcanzar los objetivos fijados, y es precisamente lo que pretende garantizar esta reforma a través de la colaboración entre ambos Poderes.
Adicionalmente, tenemos a funcionarios como el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, encargado de la defensa de los contribuyentes, que estudia los movimientos en el sistema financiero mexicano para detectar movimientos inusuales que pudieran conducir a la presunción de que se trata de conductas, por ejemplo, ilícitas. Así como la Tesorería de la Federación, que además se encarga de la gestión financiera de los recursos y valores federales. También está la Administración General de Aduanas, que gestiona el tema no menor del despacho en las aduanas de nuestro país.
Todas ellas son funciones fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro sistema financiero y comercial, que es el que nos da estabilidad económica y nos permite conseguir estos objetivos de crecimiento para luego llegar a una correcta redistribución, tal es la envergadura de estos nombramientos que requieren la responsabilidad compartida entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para lograr el crecimiento de la economía de nuestro país y el bienestar de su población.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD expresa que su voto será a favor del dictamen, porque nos sabemos plenamente comprometidos con la colaboración entre poderes con su debido respeto y evidentemente con el desarrollo, el bienestar de nuestro país y de nuestros mexicanos y mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro, de MC.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en aras de una economía legislativa y toda vez que es un dictamen que salió por unanimidad en las comisiones respectivas, trataré de referirme de forma breve y precisa cuál es la postura que tiene Movimiento Ciudadano con respecto a esta iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 89 de nuestra Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de empleados superiores de Hacienda.
Ya se ha dicho aquí que este dictamen lo que viene a hacer, es a ratificar la plana de una modificación que ya se había hecho a nuestro texto de la Constitución hace algunos años y que por omisión se había dejado algo que han llamado ya aquí en este texto, como un problema de antinomia jurídica que se estableció la manera correcta de resolverlo.
En ese sentido pues nos queda muy claro que había, tanto en el artículo 74, como en el 89, facultades duplicadas para ver quién era el autorizado para poder ratificar a estos funcionarios mayores de Hacienda.
En el artículo 74, ya se dijo –cito textual– en el numeral 3 decía claramente que ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición en cuyo caso se estará en lo dispuesto de la fracción II del artículo 76 de esta misma Constitución, así como de los demás empleados superiores de Hacienda.
Decía que era una facultad de la Cámara de Diputados, pero también en el mismo artículo 89 se decía que era facultades y obligaciones del presidente las siguientes. Otra vez el numeral 3 decía: Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y a los órganos integrantes de los colegios encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.
Ese es el problema que se viene a resolver con este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que permitirá armonizar nuestro texto de la Carta Magna con algo que ya se hizo por primera vez, que sea el pleno de este Congreso quien ratifique a los funcionarios superiores de Hacienda.
Me gustaría aprovechar esta intervención para ir más allá. Ya quedó claro a través de este dictamen quién serán quienes ratifiquen a estos empleados, pero empezamos a necesitar buscar mecanismos para que cada vez más esta designación de funcionarios no caiga en algo que yo he llamado un reparto de cuotas y de cuates, porque si bien es cierto que ya establecimos quiénes somos los facultados para ratificarlos, no hemos trabajado en la designación correcta de cómo estos funcionarios antes de llegar a este pleno de la Cámara de Diputados, ha sido designados para que finalmente sean las personas más capaces quienes ocupen estos puestos. Esa es la labor que tenemos.
¿Cómo encontrar esos mecanismos para que sean quienes vengan a rendir protesta los mejores funcionarios que requiere este país? Porque nadie, excepto los directamente beneficiados, están de acuerdo con la forma en que se eligen una gran cantidad de funcionarios públicos, los cuales –déjenme decirlo– se reparten como botín de guerra.
Ese era casi siempre el primer acuerdo entre las fracciones parlamentarias. Lo que se necesita hoy es un sistema de designaciones públicas que permitan a los mejores hombres y a las mejores mujeres aspirar legítimamente y sin necesidad de deber favores para obtener un cargo público.
Señores diputados, compañeras y compañeros, debemos de terminar con este régimen que veía al servicio público –ya lo dije– como un reparto de cuotas y de cuates. Yo creo que la labor que se está haciendo en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de esta misma Cámara de Diputados, en donde todos los días se están haciendo entrevistas creo que a la altura de los funcionarios que requiere este país para encontrar a funcionarios, ya se ha dicho, de diversos órganos técnicos, de diversas secretarías, y es así como desde esta tribuna exhorto, compañeros, a que bien votemos a favor esta armonización que se hará de nuestra Carta Magna, pero que en lo breve estemos trabajando una especie de leyes secundarias que nos permitan a la brevedad que los funcionarios públicos que tomarán decisiones de importancia y trascendencia de este país, sean perfectiblemente los mejores hombres y las mejores mujeres para desempeñar estos cargos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del PT.
El diputado Santiago González Soto: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo concurro a esta tribuna para fijar posición en relación del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma la fracción III del artículo 89 constitucional en materia de ratificación de nombramientos.
Esta reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación del mes de febrero del 2014, estableció como facultad de la Cámara de Diputados la de ratificar a determinados servidores públicos, en particular la del secretario del ramo, de la Secretaría de Hacienda, con excepción de un gobierno de coalición en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el artículo 76, fracción II, así como la de los demás empleados superiores de la Secretaría de Hacienda.
Conforme a lo previsto en los transitorios de dicha reforma, la facultad de ratificación de la Cámara de Diputados, iniciaría a partir de la toma de posesión del gobierno que inició el pasado 1 de diciembre de 2018.
Esta soberanía aprobó en los primeros días de diciembre del año pasado, la ratificación de diversos empleados superiores de Hacienda, iniciando con el propio secretario de Hacienda actual, el doctor Carlos Urzúa.
Sin embargo, aunque aparentemente quedaba clara la competencia de ambas Cámaras, dependiendo de la modalidad que se aplicara, subsisten algunas dudas acerca de cuál es la Cámara competente para realizar dichas ratificaciones.
Esto es lo que el presente dictamen pretende aclarar, para evitar cualquier tipo de confusión, y por eso se propone que el artículo 89 constitucional que forma parte del capítulo donde se enlistan las facultades del Ejecutivo federal para nombrar, con la ratificación de la Cámara de Diputados, a los empleados superiores de Hacienda; con la aprobación del Senado a los embajadores, cónsules y demás servidores públicos que ahí se prevé.
Ahora bien, ¿cuáles son los empleados superiores de Hacienda? En diciembre pasado se emitió el acuerdo de ratificación del secretario, de los subsecretarios, del Procurador Fiscal de la Federación, de la Tesorera de la Federación, entre otros.
En consecuencia, esta soberanía cuenta ya con un antecedente del ejercicio en materia de ratificación.
En todo caso, deberá establecerse en la Ley Orgánica del Congreso, con claridad, a qué servidores públicos de la Secretaría de Hacienda se les considera empleados superiores de Hacienda, para efecto de esta facultad.
Debemos tener presente que si bien es cierto, el principio del Estado constitucional democrático que establece la división del poder público entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La moderna doctrina constitucional, establece que los poderes públicos colaboran entre sí para perfeccionar jurídicamente esto actos. Tal es el caso de la ratificación de nombramientos en donde corresponde al presidente de la República hacer la propuesta y la Cámara de Diputados ratificar dichas propuestas.
El que sea la Cámara de Diputados deriva de que esta soberanía es, tal y como se señala en el artículo 72, fracción H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Cámara de origen, en todo aquello que tenga que ver con contribuciones, impuestos sin perjuicio de que en el proceso legislativo de las distintas leyes tributarias o de la Ley de Ingresos, sea bicameral.
Aunado a lo anterior, esta Cámara está conformada por los representantes de la nación, por lo que nos corresponde políticamente el ejercicio de esta atribución.
Compañeras y compañeros legisladores, reiteramos que con la aprobación de este dictamen se despeja cualquier duda que pueda existir, e incluso se evita que se presenten impugnaciones respecto a si esta Cámara cuenta o no la atribución constitucional para ratificar nombramientos de empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A partir de esta facultad que utilizamos por primera vez en diciembre pasado, y en tanto no se modifique la Norma Constitucional, esta soberanía seguirá ejerciendo dicha facultad.
Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañeros diputados, compañero presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, de Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, en una materia que sin duda revierte una gran importancia, como es la político-electoral.
Esta reforma integral generó un cambio sustancial respecto al esquema de nombramientos de los funcionarios públicos, particularmente a los artículos 74 y 76 de la Carta Magna, para otorgar la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados de ratificar al secretario de Hacienda y a los empleados superiores de esa importante dependencia.
Ello trajo como consecuencia la eliminación de la facultad al Senado de la República para llevar a cabo los nombramientos. Estas reformas atendieron principalmente a fortalecer la atribución constitucional que tiene esta Cámara de Diputados en materia hacendaria, particularmente en lo relativo a la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, ello siempre previo examen, discusión y en su caso las modificaciones pertinentes que considere hacer a los proyectos enviados por el Ejecutivo federal.
Sin embargo, la reforma de 2014, por omisión no modifica la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política, donde se establece de manera muy precisa cuáles son las facultades del presidente de la República, generándose con ello lo que técnicamente se ha dado en denominar en el ámbito jurídico una antinomia, misma que como aquí ya se ha señalado se entiende literalmente como un conflicto de leyes o más propiamente como una gran contradicción de leyes.
Aunado a lo anterior, la incompatibilidad entre normas tiene que ver esencialmente con la discrepancia del carácter o modalidad de deóntica, que es la obligación, permisión o prohibición, y la coincidencia del contenido de la conducta regulada.
De ahí que los problemas que surgen de las antinomias están relacionados justamente con estos conflictos, ya que pega a los intereses específicos de cada una de las normas, los conflictos normativos surgen de antinomias que después desafortunadamente se exteriorizan dentro de un sistema normativo, como es el caso que hoy nos ocupa.
Cabe mencionar que las consecuencias que originan estas contradicciones son sumamente delicadas, porque desprotegen a los sujetos que intervienen en las relaciones de tipo jurídico.
Es por ello que consideramos que el contenido del dictamen que hoy se ha puesto a consideración de esta honorable asamblea es acertado, en virtud de que permite garantizar la alineación del ordenamiento jurídico, a efecto justamente de evitar esas contradicciones que posteriormente pudiesen estar generando incertidumbres de carácter jurídico y de manera todavía más riesgosa, la inaplicabilidad de la norma.
En Encuentro Social estamos convencidos de que necesitamos actualizar y modernizar nuestros marcos normativos y, para ello, debemos llevar a cabo un trabajo pulcro, un trabajo disciplinado y profesional.
No se trata de reformar leyes por reformarlas, implica tener la capacidad de análisis para establecer todos aquellos elementos que se tienen que modificar también en otro tipo de legislaciones.
Estamos convencidos de que hoy la sociedad mexicana exige que el Estado de derecho sea una realidad, exige que prevalezca la justicia por encima de cualquier decisión unipersonal.
No permitamos que estas contradicciones de ley pongan en riesgo lo que con tanto trabajo se ha construido en este país, un Estado de derecho que institucionalmente va acompañado de un trabajo legislativo profesional. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidente. En sesión ordinaria realizada el 18 de diciembre de 2018, el año pasado, las diputadas y los diputados Marco Antonio Adame Castillo, Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional; María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI; Héctor René Cruz Aparicio, del Partido Encuentro Social; la diputada Julieta Macías Rábago, de Movimiento Ciudadano; la diputada Lilia Villafuerte Zavala; y la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, del Partido Verde Ecologista de México; y su servidora, todos integrantes de la Mesa Directiva, presentamos una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 89 constitucional, preocupados por la antinomia jurídica que salió a la luz, derivado que por primera vez la Cámara de Diputados realizó las ratificaciones de los empleados superiores de Hacienda tal como lo establece actualmente la Constitución. Pero, de dónde surge la antinomia, que no es otra cosa más que una contradicción de normas.
El 10 de febrero de 2014, como se ha señalado aquí, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.
Esta reforma generó un cambio sustancial respecto al esquema de nombramientos de funcionarios públicos, otorgando la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados, de ratificar al secretario de Hacienda y Crédito Público y a los empleados superiores del ramo, eliminando esa facultad al Senado de la República.
Estas reformas atendieron, principalmente, a fortalecer y consolidar la atribución constitucional que tiene la Cámara de Diputados en materia hacendaria.
Sin embargo, la reforma, la del 2014, no modificó la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política, en el que se establecen facultades y obligaciones del presidente de la República, que en esa fracción señala que es obligación del presidente nombrar, con aprobación del Senado, a los empleados superiores de Hacienda. Ahí está la antinomia, el 74 dice una cosa y el 89, fracción III dice otra.
Dicha fracción, al no ser modificada y armonizada con todo el esquema de la reforma constitucional en materia político-electoral, mantuvo la redacción que faculta al Senado para ratificar a los empleados superiores del ramo. Derivado de lo anterior, los artículos 74 y 89 se contraponen directamente, ocasionando esta antinomia jurídica.
La antinomia que viene quedando rezagada desde 2014, hoy toma mayor relevancia, toda vez que las reformas en esta materia entraron en vigor hasta el primero de diciembre de 2018, el artículo transitorio de la reforma de 2014 así lo señalaba.
En consecuencia, la Cámara de Diputados por primera vez realizó la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los empleados superiores de ramo, de conformidad con las nuevas normas constitucionales, lo que hace necesario realizar las adecuaciones que permitan armonizar nuestro marco jurídico constitucional.
La única excepción fue la ratificación de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, realizada por el Senado de la República. ¿Por qué es importante corregir esta situación?
Como todos sabemos, actualmente la Constitución establece qué funcionarios son considerados empleados superiores de Hacienda, por lo que para determinarlos se debe elaborar un acuerdo parlamentario. Dicho acuerdo siempre ha establecido que el titular del Servicio de Administración Tributaria es un empleado superior de Hacienda.
¿Pero qué nos sucedió? Lo interesante de la discusión de este dictamen que hoy se aborda es que, a pesar de que la facultad de designar a la titular del SAT ya era de los diputados ratificarla, la Presidencia de la República remitió el nombramiento al Senado haciendo uso de esa antinomia, de esa contradicción de normas para que el Senado las ratificara.
El presidente tenía la facultad en la fracción III del artículo 89, sin embargo, el Senado ya no tenía facultad para ratificarla. Y lo hizo, aduciendo que la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de jerarquía menor a la Constitución y ya superada por la reforma que les dio la facultad a los diputados, aún decía que el Senado habría de ratificarla.
Afortunadamente, la Comisión de Hacienda el día de hoy someterá a votación el dictamen que elimina esta antinomia en la Ley del Servicio de Administración Tributaria y con ello se podrá dar solución final a este gran embrollo.
Es necesario que el Poder Legislativo corrija estos dos grandes errores, ya que al no hacerlo lo único que estamos logrando es quitarle fuerza a la personalidad jurídica de los empleados superiores de Hacienda, particularmente a la titular del Servicio de Administración Tributaria.
Imagínense, compañeras y compañeros diputados, que alguno de estos abogados especializados en materia fiscal cuestione la personalidad jurídica de la jefa del Servicio de Administración Tributario, señalando que como manda la Constitución, no fue ratificada por la Cámara de Diputados, sino por el Senado sin tener la atribución para hacerlo.
En menudo lío legal estaríamos metiendo a quien tiene la gran responsabilidad de realizar todo el cobro de los impuestos por parte de los contribuyentes del país.
Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de mantener normas contradictorias que son usadas para generar interpretaciones que en nada ayudan a la institucionalidad de nuestro país. Bienvenida la reforma al artículo 89 constitucional. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Raúl Gracia Guzmán, de Acción Nacional.
El diputado Raúl Gracia Guzmán: Buenos días. Este dictamen, como bien se ha dicho aquí en esta tribuna, deviene de una falla técnica legislativa en la reforma política 2014, pero nos da una oportunidad de en estos momentos hacer una reflexión sobre esa reforma política.
Una reforma política que buscaba en aquel entonces con el presidente del Partido Revolucionario Institucional, sin mayoría de un partido político en ninguna de las Cámaras, el buscar democratizar y establecer pesos y contrapesos, respecto del histórico presidencialismo autoritario que ha tenido nuestro país, y una de esas facultades, aunque fue modificar la de Cámara, fue la ratificación de altos funcionarios de Hacienda por la Cámara de Diputados, incluido, y creo que es de mayor relevancia, el tema del secretario de Hacienda.
Hoy atinadamente corregimos ese error y podemos plantear, pues que ya se dé tanto la atribución de la Cámara de Diputados, como la obligación del presidente de la República de someter esos nombramientos a esta ratificación en los artículos correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero esto nos permite reflexionar, como lo mencioné, en cuanto a que estos funcionarios no dependen exclusivamente en su nombramiento y en su actuar al autoritarismo presidencial, es decir, que se deben a otros poderes, que no hay memorándums, que no hay indicaciones fuera de la ley que puedan permitir que no se cumpla norma vigente alguna y mucho menos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy cuando votemos este dictamen, tomemos conciencia de ello y cuando el presidente de la República que busca regresar al presidencialismo autoritario del siglo XX, tenga estas tentaciones, que nos asumamos en estos controles que la Constitución nos da para garantizar que este retroceso antidemocrático y autoritario nunca se vuelva a dar en este país. Las amenazas ahí están, pero en el texto vigente de la Constitución están los candados, las garantías para que desde aquí como representantes populares evitemos que esto sucede. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, de Morena.
El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, diputado presidente. Señoras y señores diputados. El 10 de febrero de 2014fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia políticoelectoral.
La reforma atendió, entre otras cuestiones, a la necesidad de fortalecer y consolidar la atribución constitucional que tiene la Cámara de Diputados en materia hacendaria como lo es la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, previo análisis y discusión de las comisiones, pero sobre todo las contenidas en la Ley de Ingresos.
Para tal efecto, esta reforma generó un cambio sustancial respecto al mecanismo de nombramiento de algunos servidores públicos, particularmente para otorgar a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de ratificar al secretario de Hacienda y Crédito Público y a los empleados superiores del ramo, eliminando la facultad al Senado de la República en la materia mediante la modificación a los artículos 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desafortunadamente, como ha sido señalado aquí, el Constituyente Permanente de 2014 fue omiso al modificar la fracción III del artículo 89 de la propia Constitución Política, donde a la fecha se establecen las facultades y obligaciones del presidente de la República en particular para designar al titular de la Secretaría de Hacienda y a los empleados superiores del ramo previa ratificación del Senado de la República.
De tal suerte que al no ser modificada y armonizada dicha fracción, los artículos 74 y 89 constitucionales se contradicen directamente ocasionando, como se ha señalado reiteradamente aquí, una antinomia jurídica.
La antinomia en cuestión es de mayor relevancia toda vez que de conformidad con el artículo transitorio decimosegundo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en febrero de 2014.
Las reformas al artículo 74, fracción III, entre otros, entraron en vigor el pasado primero de diciembre de 2018. En consecuencia, por primera vez la Cámara de Diputados deberá realizar la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los empleados superiores del ramo, de conformidad con las nuevas disposiciones constitucionales, por lo que es necesario realizar las adecuaciones que armonicen nuestro marco jurídico constitucional.
Por tal razón, resulta indispensable reformar la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para precisar la facultad del presidente de la República para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, previa ratificación de la Cámara de Diputados, de este honorable Congreso de la Unión.
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la misma Carta Fundamental, a fin de eliminar la antinomia antes referida.
Al respecto hay varias posturas importantes de juristas como Eduardo García Maynez, entre otras, sobre estas contradicciones, sino quiero referirme a la de Norberto Bobbio.
Domina que la antinomia consiste en la situación en que dos normas incompatibles entre sí que pertenecen al mismo ordenamiento, tienen un mismo ámbito de validez, es decir, no es posible ajustarse a cada una de estas normas sin violentar la otra, en la medida que la aplicación de una, implica necesariamente la exclusión o inaplicación de la otra.
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo que se establece, el procedimiento para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda nombrados por el Ejecutivo federal en el diario Oficial de la Federación el pasado 16 de noviembre de 2018, los servidores públicos en cuestión deben ser ratificados por esta Cámara.
Por tal razón las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional votaremos a favor, porque resulta indispensable reformar la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para precisar la facultad del presidente para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, ratificados por esta Cámara de Diputados.
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de nuestra Carta Fundamental, a fin de eliminar estas contradicciones a que se refiere. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Salinas Narváez. Está a discusión en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo establece el artículo 230, numeral 3 del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra para la discusión en lo general, hasta por cinco minutos. Hay dos oradores inscritos a favor. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. El presente dictamen de manera atinada, como ya lo han comentado quienes me han antecedido en la palabra, corrige una contradicción que existe entre los artículos 74 y 89 de nuestra Constitución Política, en lo referente a la ratificación de altos servidores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues al día de hoy esta facultad es concedida tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados.
El presente dictamen elimina esta contradicción dejando a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva para ratificar a estos servidores públicos con un argumento muy claro y contundente.
Si esta Cámara es la que aprueba el gasto público, por consecuencia la responsable de auscultar a los aspirantes, a los principales encargos de manera de manejar la Hacienda Pública federal.
Este dictamen es congruente con el principio del manejo de las finanzas públicas y el control parlamentario, pues así fue concebida la reforma de origen en el año 2014.
Las facultades exclusivas son tareas específicas que la Constitución encomienda a cada una de las Cámaras del Congreso con la finalidad de lograr la especialidad de las materias, según corresponda como el caso de la política exterior al Senado de la República y la aprobación del presupuesto y el análisis de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados.
Vale la pena recordar cuál es el origen de esta transformación. En el año 2014, el sistema político mexicano sufrió cambios importantes en su configuración, solo por mencionar algunas de estas transformaciones, se encuentra la reelección de algunos cargos públicos como legisladores y presidentes municipales, la reorganización del Instituto Nacional Electoral y las autoridades administrativas electorales locales, así como el control legislativo sobre los nombramientos de los funcionarios de alto nivel propuestos por el titular del Ejecutivo federal, en caso de no existir un gobierno de coalición.
Recordemos que la idea de un gobierno de coalición fue planteada en la última década en las Cámaras de este Congreso de la Unión.
Finalmente, estas ideas tuvieron eco en la llamada reforma política, la cual para efectos del control legislativo sobre el nombramiento de funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo federal entró en vigor a partir del inicio de este gobierno.
La realidad del país obliga a los Poderes de la Unión a establecer mecanismos cada vez más eficaces y periódicos de rendición de cuentas, la obligación de que los responsables de la hacienda pública federal, antes de ocupar su lugar de manera automática, como se realizó hasta antes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudan al Congreso a exponer trayectoria, experiencia, ideas, compromisos, abonan a mejorar la calidad de nuestra democracia.
No se preocupen, los tiempos oscuros, discrecionales de nombramientos a modo se terminaron, ahora el gobierno hará valer esta forma de equilibrio entre los Poderes y el control parlamentario, que es el fin de esta ratificación de funcionarios.
Es un elemento tan antiguo, pero al mismo tiempo poco valorado. Esa reforma política de 2014 no necesariamente tenía como objetivo fortalecer al Congreso, sin embargo, es fundamental para el desarrollo democrático del país que altos funcionarios se sometan al escrutinio de estas Cámaras.
Por ello apoyaremos esta reforma, por congruencia constitucional, pero además un compromiso con el fortalecimiento del Congreso y de la democracia. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alavez. Saludamos a los alumnos graduado del INESAP, de la carrera de derecho burocrático, invitados por el diputado José Ricardo Delsol Estrada, así como a los jóvenes estudiantes de la Universidad Insurgentes, de la Ciudad de México, invitados por el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. Bienvenidas y bienvenidos. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, en el Partido del Trabajo estamos a favor del dictamen que hoy nos presentan, es parte de una resolución de una antinomia constitucional, la cual deja ambigüedad el papel de la Cámara de Diputados para poder ratificar a los empleados superiores de Hacienda.
Tal y como lo relata el dictamen, en la reforma que se efectuó en el año 2004, no modificó la fracción III del artículo 89 constitucional, en el que se establecen facultades y obligaciones del presidente de la República. Dicha fracción, al no ser modificada y armonizada con todo el esquema de la reforma constitucional en materia político electoral, mantuvo la redacción que faculta al Senado para ratificar a los empleados superiores del ramo.
Derivado de lo anterior, los artículos 74 y 89 se contraponen directamente, ocasionando antinomia jurídica. Además que la relación que guarda la Cámara de Diputados con la Secretaría de Hacienda es específica, por la atribución de este recinto para analizar y aprobar el presupuesto anual.
Por lo que es de especial atención que a complejidad del fenómeno antinómico, hace necesaria algunas precisiones y distinciones para su adecuado tratamiento, ya que de otro modo es altamente probable incurrir en confusiones o insuficiencias explicativas, las cuales producen una comprensión distorsionada del funcionamiento de los ordenamientos jurídicos.
Esta antinomia expuesta en el dictamen bien señala que queda rezagada desde el 2014 y hoy toma relevancia, sobre todo porque por primera vez se realizó la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los empleados superiores del ramo, por lo que hace necesario realizar las adecuaciones que permiten armonizar nuestro marco jurídico constitucional para fortalecer la seguridad y certeza jurídica de la norma constitucional.
La noción de antinomia pertenece al pensamiento sistemático, ya que presupone la idea de un sistema y de que este tiene coherencia interna como propiedad formal. Todo sistema jurídico persigue un mínimo de coherencia y, por lo tanto, no tolera las antinomias, consideradas como dos normas aplicables al mismo caso y proporcionando soluciones contrarias y contradictorias.
Por la importancia y trascendencia de sus consecuencias, es necesario incluir a los conflictos normativos como una unidad especial, en donde el estudiante identifique y contextualice teóricamente los conflictos normativos, específicamente las antinomias, en esta honorable Cámara de Diputados.
Por lo tanto y por la relevancia, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo irá a favor de la presente iniciativa. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Huacus. Damos la bienvenida al señor Mario Ibarra y a su hijo, ganaderos de Loredo, Zacatecas, invitados de la diputada María de Jesús García Guardado. Bienvenidos. Concluida esta ronda de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No habiendo artículos reservados para su discusión en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, con 441 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra es mayoría calificada.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de empleados superiores de Hacienda. Pasa al Senado de la República, para efectos constitucionales.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al titular y al suplente de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados. Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos y al acuerdo.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Acuerdo.
Primero. Se propone a la ciudadana Lidia Pérez Bárcenas como titular de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, y al ciudadano Ricardo Álvarez Montiel, como su suplente.
Segundo. El nombramiento se realizará mediante votación nominal y por mayoría calificada de los presentes en el pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero. La duración del cargo de la titular de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, así como de su suplente, será...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, secretario. Hago una moción a la asamblea, la Secretaría está explicando el procedimiento con el cual vamos a pasar de inmediato a votar en el tablero a los funcionarios que ocuparán la titularidad y la suplencia de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados. Ruego su atención para que no exista ninguna duda y se pueda emitir el voto con la mayor claridad, por favor. Se va a repetir el procedimiento.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con gusto, presidente. Repito, acuerdo:
Primero. Se propone a la ciudadana Lidia Pérez Bárcenas como titular de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, y al ciudadano Ricardo Álvarez Montiel, como su suplente.
Segundo. El nombramiento se realizará mediante votación nominal y por mayoría calificada de los presentes en el pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero. La duración del cargo de la titular de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, así como de su suplente será de cuatro años, contados a partir de la aprobación de su nombramiento.
Transitorios
Primero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Segundo. Comuníquese al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para los efectos conducentes.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 24 de abril de 2019. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se va a proceder a la elección del titular y suplente de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.
(Votación)
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Se pregunta de nueva cuenta si falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Listo.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe el quórum... El voto.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Señor presidente, se emitieron 432 votos en pro, 2 en contra...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame. Tome de viva voz el voto de la diputada Garza.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (desde la curul): A favor.
El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.
El diputado Eduardo Ron Ramos (desde la curul): A favor.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): A favor.
El diputado Efraín Rocha Vega (desde la curul): A favor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Listo.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Señor presidente, se emitieron 438 votos en pro, 2 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Registre el voto de la diputada Soraya Pérez.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): A favor
La diputada Lucinda Sandoval Soberanes (desde la curul): A favor.
La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández (desde la curul): A favor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe el sentido del voto, por favor.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Okey, de nueva cuenta, señor presidente. Se emitieron 441 votos en pro, 2 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado, comuníquese. En consecuencia, se declara que han sido electos como titular y suplente de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, los ciudadanos Lidia Pérez Bárcenas y Ricardo Álvarez Montiel, por un periodo de cuatro años a partir de esta fecha.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se encuentran a las puertas de este salón de sesiones los ciudadanos Lidia Pérez Bárcenas y Ricardo Álvarez Montiel, cuyo nombramiento como titular y suplente de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados acaba de ser aprobado.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputado Pablo Gómez Álvarez, diputado Adolfo Torres Ramírez, diputada Ximena Puente de la Mora, diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pido a las diputadas y diputados que están en el pasillo central, puedan despejar el área para permitir el paso de la comisión y los ciudadanos que rendirán protesta.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se pide a los presentes ponerse de pie, por favor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ciudadanos: Lidia Pérez Bárcenas y Ricardo Álvarez Montiel, ¿protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular y suplente de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados que se les ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La ciudadana Lidia Pérez Bárcenas y el ciudadano Ricardo Álvarez Montiel: Sí, protesto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades y mucho éxito.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partida secreta.
Esta Presidencia ha recibido notificación de que la presidenta de la Comisión hará la presentación de diversos dictámenes en una presentación. Tiene la palabra la diputada Miroslava Carrillo Martínez, hasta por quince minutos, para fundamentar los dictámenes, rogándole haga la precisión al momento de estar en tribuna relativos a partida secreta, salud preventiva y comisiones de investigación, en un solo acto, en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento.
La diputada Miroslava Carrillo Martínez hará su intervención relativa al dictamen en materia de partida secreta.
La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Legisladoras y legisladores, expongo a este pleno el dictamen que reforma el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de la partida secreta.
Este dictamen en materia de eliminación de la partida secreta, es importante subrayar que esta comisión dictaminadora consideró el sentido positivo en base a lo siguiente.
Se ponderó que resulta clave romper con las inercias históricas e impulsar nuevas concepciones de lo que significa la asignación y el ejercicio del gasto público hoy, bajo las condiciones de democracia y transparencia, rendición de cuentas efectiva y la fiscalización para México.
En una revisión somera que realizó esta Comisión de Puntos Constitucionales sobre el tema, en los países de Chile, Colombia, España y Argentina, en derecho comparado, no se encontró precedente alguno sobre la concepción de partidas secretas. Por lo que México es el adalid genuino y auténtico y por lo menos decir negativo de esa disposición jurídica constitucional.
En su estudio sistemático de la comisión respecto del tema de esta comisión, halló un contrasentido entre el artículo 74, relativo a la facultad presidencial de la partida secreta y lo que refiere el artículo 126 constitucional, que no ha sido modificado desde su origen y que dispone lo siguiente: No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o ley posterior.
Por ello consideramos que se debe refrendar el compromiso del valor de la transparencia en el uso de los recursos públicos, señalado en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal.
En este sentido, en materia de presupuesto y gasto público no debe existir secrecía alguna y mucho menos cuando los recursos del erario público sean transferidos a particulares.
También consideró que derivado de un simple análisis de lógica jurídica, en congruencia constitucional de ética pública y de un consenso generalizado de la sociedad, incluso de las pláticas sostenidas con los integrantes de esta comisión dictaminadora, se derivó procedente aprobar positivamente el contenido de la reforma propuesta de la iniciativa en referencia.
En primer lugar, porque versa sobre una reforma de carácter presupuestario, que tiene como trasfondo aquella obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público.
La reforma implica un gran cambio de fondo, en cuanto a que pone por delante los principios de máxima publicidad sobre los recursos públicos y destierra del orden constitucional la posibilidad de que haya previsiones de gasto con carácter secreto.
Fortalece las atribuciones constitucionales exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria y se enmarca en el principio de control y fiscalización de los recursos de la federación. Elimina gastos discrecionales, a través de las partidas secretas en el presupuesto, como parte del control y fiscalización del gasto e ingreso público que debe privar en cualquier democracia.
Cabe señalar que este dictamen fue aprobado en positivo y por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que todas las expresiones políticas integradas en ella coincidieron plena y responsablemente en su viabilidad. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: México demanda desde hace tiempo que la transparencia sea el eje rector de todos los actos gubernamentales, esto implica la necesidad de concretar cambios profundos en la forma en que se concibe y ejerce el poder público.
La rendición de cuentas y el ejercicio del poder no pueden volver a ser ejercicio de manera separada en nuestro país. Hoy los ciudadanos tienen a su disposición diversos mecanismos como la trasparencia y la fiscalización que obligan a los servidores y funcionarios públicos a actuar con responsabilidad, especialmente en el manejo de los recursos del erario.
Tenemos que resolver y remover de la Norma Suprema de este país, que es la Constitución, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga de una partida secreta que no es fiscalizable. Resulta congruente con el discurso de la transparencia, de que los ciudadanos tengamos, en todo momento, el derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos del Estado mexicano.
En la práctica de nuestro país las partidas secretas estuvieron destinadas a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en el cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implicaba riesgo, urgencia y secrecía. Sin embargo, en pleno siglo XXI el ejercicio discrecional del gobierno no cabe más en un Estado democrático, transparente y comprometido con el combate a la corrupción.
El concepto de partida secreta que actualmente existe en el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional pretendió legitimar una práctica, por lo cual, a voluntad del presidente de la República, sin más trámite que expresarlo por escrito, los secretarios de Estado disponían de una parte del presupuesto sin estar obligados a rendir un informe de ello al Poder Legislativo.
La existencia de partidas secretas corresponde a un régimen presidencialista, en donde la concentración del poder en la figura del presidente de la República le permitía imponer sus condiciones en la toma de decisiones para definir el rumbo tanto político como económico de la nación. Esa forma de ejercicio del poder ya no es congruente con la realidad de un México moderno, que ha optado desde hace años por el pluralismo político.
La presente reforma fortalece las atribuciones constitucionales, exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria, respetando así el principio de control y fiscalización de los recursos de la federación.
De tal manera que sea el Poder Legislativo el único facultado para decidir el objeto y monto del gasto público. La administración de los fondos públicos debe ser razonable, equitativa y sobre todo, apegada a derecho. De tal suerte que resulta inadmisible la existencia de las partidas secretas en el texto constitucional.
Votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen, porque estamos convencidos de que en nuestra Carta Magna, que es un texto que defiende la transparencia, el acceso a la información y a la rendición de cuentas, no puede subsistir una disposición que abra la puerta a la opacidad y a la secrecía en el manejo del erario y los recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales pone hoy a consideración de esta asamblea tiene una gran importancia.
Si bien resulta acertado que desde 1977 se ha intentado regular la transparencia en el ejercicio del gasto que de manera discrecional ejerce el titular del Poder Ejecutivo, lo real es que hasta hace una decena de años, estas seguían presentes tanto en el decreto de Presupuesto como en el imaginario cultural, como un dinero del cual el presidente disponía de lo que no tenía que rendir cuenta alguna, destinándolo generalmente para compra de conciencias.
La existencia de la partida secreta se justificó a partir de la necesidad de realizar labores de inteligencia, de negociaciones internacionales o para justificar los gastos de seguridad y defensa nacional. Esta debe actualmente aparecer en el presupuesto anual. Y si bien la Cámara de Diputados no tiene injerencia en su determinación, la ley estipula que debe dedicarse a labores de la administración pública.
Resulta acertado entonces señalar que el texto vigente permite la existencia de estas partidas, sin embargo, la reforma que se propone prohibiéndolas de manera expresa no resolverá el problema del ejercicio clientelar del gasto público ni tampoco de la falta de transparencia de su ejercicio.
En los apenas cuatro meses que tiene este sexenio, de la manera más burda y cínica, el dinero destinado a comprar clientelas se regala como bondadosa dádiva entre los más necesitados, abusando de las necesidades más básicas de la población, arropando la pobreza desde el hálito de su perpetuación a través de la bondad de la figura presidencial.
Para comprar estas clientelas electorales han desaparecido el Instituto del Emprendedor, el Consejo de Promoción Turística y han aglutinado el ejercicio del gasto de la Secretaría de Hacienda. No para evitar la corrupción, sino para centralizarla y controlarla.
Cada vez es más evidente que este gobierno no tiene ningún compromiso con la honestidad de la transparencia, sino con la construcción de un proyecto que a través del personalismo presidencial cubre con su sombra a toda su purificada prole.
La nueva modalidad de partida secreta es, sin duda, las que se reservan bajo el pretexto de la seguridad pública o de la seguridad nacional, cuya transparencia es prácticamente nula y que desde la oposición el Grupo Parlamentario de Morena denunció, pero que ahora como gobierno esconde para disponer de ellas.
Debemos señalar que nadie, ni en este Congreso ni en cualquiera del mundo podría obtener una modificación como la que se nos presenta. Es evidente que votaremos a favor de la transparencia, pero en congruencia exigimos al grupo mayoritario y a su gobierno el apego a la Constitución y a la ley para hacer eficiente el gasto público.
Queremos un erario que aporte los elementos necesarios para la superación de las condiciones de pobreza y no una dádiva gubernamental que las perpetúe.
Otra de las nuevas modalidades de las partidas secretas es, sin duda, el diezmo que pide a los funcionarios públicos por la asignación de obra pública que pueden llegar incluso hasta el 30 por ciento del valor de la obra que se encuentra tan extendido que ya constituye una práctica común en nuestro país. Estos actos de corrupción se han extendido y no es gratuito que día a día veamos crecer el número de casos de funcionarios ligados a ellos, gracias predominantemente al ejercicio de investigación ciudadana.
Es por todo ello que no basta una reforma constitucional para terminar con la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, resulta ingente establecer mecanismos para su control, tales que garanticen la eficiencia de la transparencia, por lo cual nos comprometemos como grupo parlamentario.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a tribuna de esta soberanía para fijar el posicionamiento a favor del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación al proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la iniciativa por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quiero iniciar mi participación resaltando que los artículos 126 y 134 de nuestra Constitución, son claros al establecer que no pueden ejercerse recursos públicos que no estén contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, dichas disposiciones establecen que el gasto público debe realizarse bajo principios de honradez en el que no exista un manejo abusivo, ni distintos a los fines programados, así como de transparencia, a fin de que el gasto gubernamental sea de conocimiento general para los y las ciudadanas.
En ese sentido, la actual redacción del cuarto párrafo de la fracción IV del 74 constitucional representa a todas luces una contradicción, pues es facultad del titular del Poder Ejecutivo de contar –y escúchenlo bien– con una chequera personal para lo cual no rinde cuentas. Es decir, a través de las partidas secretas estaba posibilitado de manejar recursos púbicos de manera discrecional sin ningún límite en cuanto a montos ni erogaciones, además de no estar obligado a reportarlos a
esta Cámara, por lo que no existía manera de ser fiscalizados a fin de conocer su destino y utilidad.
Cabe mencionar que la existencia de las famosas partidas secretas también representaba un elemento que erosionaba la atribución exclusiva de esta Cámara de analizar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que le otorgaba al Poder Ejecutivo de facultades especiales en materia presupuestaria, ya que como bien menciona el cuerpo del proyecto del dictamen dicho concepto representa un ingrediente propio del llamado presidencialismo mexicano que caracterizó la mayor parte de la vida pública de nuestro país, donde el poder se concentraba en una sola persona a pesar de que nuestro sistema político contempla la división de poderes.
Las partidas secretas permiten tal nivel de opacidad que ha resultado complicado cuantificar con exactitud el daño al erario a través de su uso, aunque se ha llegado a estimar que en periodos de 14 años entre los 80 y 90 los titulares del Poder Ejecutivo ejercieron alrededor de 1 mil 342 millones de dólares de forma discrecional.
Así, pues, a pesar de lo anterior, la figura de esta partida secreta ha sobrevivido en la legislación por más de dos siglos y ha sido intocable por ambas Cámaras del Poder Legislativo hasta esta Legislatura.
En la construcción de la vida democrática en nuestro país no se puede dar cabida más a la opacidad a la discrecionalidad. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por impulsar a la transparencia y la rendición de cuentas como ejes rectores en el ejercicio gubernamental, porque estamos convencidos que ningún gobierno y ninguna autoridad tienen derecho de ocultar la manera en cómo se utilizan nuestros recursos.
En lo particular ha sido una batalla que he dado desde Jalisco cuando fui diputada local, en el que impulsé reformas legislativas para eliminar dichas partidas secretas en el Poder Ejecutivo y que hoy, señoras y señores, son una realidad. Es cuestión de voluntad y hoy lo estamos viendo aquí.
Es así que nosotros, en nuestro grupo parlamentario pone de nuevo sus votos para aprobar este dictamen que elimina por completo en lo que se ha convertido un símbolo de corrupción, que daba pie a desvíos y abusos por parte del presidente de la República y sus allegados.
De esta manera evitamos que en este y en los futuros gobiernos subsecuentes, tengan a su alcance un mecanismo que históricamente se ha utilizado como caja negra en materia presupuestal.
También estamos convencidos que es fundamental que el Presupuesto de Egresos esté blindado con la finalidad de que atienda realmente las necesidades del país y de su gente, en lugar de los caprichos y ambiciones de los gobiernos que han pasado y, posible, del que está en turno.
Con la aprobación de este dictamen las y los diputados damos cumplimiento a las exigencias de las y los ciudadanos de conocer y en cómo se utilizan los recursos de nuestro país.
Asimismo al respaldar este proyecto la Cámara de Diputados armoniza, de una vez por todas, la Constitución Política con los nuevos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que da cumplimiento y fortaleza en principio constitucional de máxima publicidad, el cual implica, entre otras cosas, eliminar todos los obstáculos que impidan a la sociedad vigilar y analizar el ejercicio del gasto público. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Gracias. Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Compañeras, compañeros, en esta tribuna, a diferencia de otras épocas, las mayorías hablan con la verdad.
En México, la corrupción rigió en el viejo régimen, permitió el enriquecimiento ilícito y desmedido de gobernantes. Otorgó impunidad frente a hechos gravísimos y lastimó la confianza ciudadana en sus instituciones.
Un hecho grave, que como lo hemos referido en otras ocasiones, ha colocado a nuestro país en los peores lugares en las evaluaciones internacionales sobre corrupción, y la percepción ciudadana sobre los gobiernos del pasado quedó clara el pasado 1o. de julio, porque no se trató de una simple victoria de nuestra coalición, sino de un cambio de régimen y de la instauración de un gobierno honesto.
El presidente López Obrador se ha caracterizado por su calidad democrática y por su vocación con la apertura, principios que no encuentran sintonía con la opacidad del presupuesto.
Antes, muchos diputados, estaban acostumbrados a hacer negocio con el dinero de la gente, y en el gobierno había discrecionalidad para favorecer intereses privados con las contribuciones del pueblo.
Eso ya está en el pasado, pero nuestra responsabilidad como Poder Legislativo es cumplirle a la gente, un anhelo de que la integridad y la honestidad caractericen a quienes tienen la responsabilidad de conducir los gobiernos de la nación.
La ciudadanía emitió una sentencia inapelable en la que la corrupción ya no será permitida en el presente ni en el futuro, y el Partido del Trabajo celebra el consenso ciudadano.
Acompañaremos el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales porque contribuye sustantivamente a fortalecer la rendición de cuentas en nuestro país. La regla será que cada peso ejercido podrá ser auditado, eliminaremos un obstáculo que impedía al ciudadano conocer en qué se usa, en qué se gasta cada peso en manos del gobierno, y también cambiamos las reglas para esta Cámara de Diputadas y Diputados, cuya facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá entenderse únicamente desde la transparencia y el acceso a la información pública.
México cuenta con uno de los sistemas legislativos más robustos en la materia, pero existen normas que deben ser actualizadas para alcanzar una plena apertura gubernamental. Confiamos que la tradición perversa del pasado instaurada por quienes hoy son oposición, quedará eliminada en cada uno de las reformas que hemos aprobado.
La ley de hoy destaca en esta lucha legislativa. Adiós a las partidas secretas, adiós a la corrupción, adiós a los gobiernos deshonestos. Seguiremos siendo pioneras y pioneros del buen gobierno, la coalición que hemos construido está logrando su objetivo; aprobar las modificaciones necesarias que en el pasado se pensaron imposibles, y que hoy camina a ritmos acelerados.
Le estamos cumpliendo al pueblo de México y no dejaremos de hacerlo. Es nuestro compromiso. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la rendición de cuentas y la transparencia son principios fundamentales que establece nuestra Carta Magna para la actividad de los servidores públicos.
De igual forma, nuestra Constitución establece que los recursos económicos que ejerza la Federación se deberán administrar de manera eficiente, eficaz, con transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Dichos principios han resultado de distintas reformas que a lo largo de los años se fueron planteando conforme a las exigencias de todos los mexicanos, que requieren un mejor manejo los recursos públicos, pero sobre todo que la totalidad de los mismos se ejerzan de manera transparente. Es decir, que no exista ninguna partida secreta.
Con ello en el año 2000 se creó la Auditoría Superior de la Federación, un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado principalmente de autonomía técnica y de gestión, con el objetivo principal de fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías, que se efectúan a todos los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos e incluso a los particulares que ejerzan recursos públicos.
Sin embargo y a pesar del compromiso de este Poder Legislativo de buscar maneras que puedan garantizar la transparencia del uso de los recursos púbicos, aún quedan disposiciones que contravienen con lo establecido en el artículo 74 de nuestra norma, en donde se establecen las partidas secretas.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se pretende deliberar en este momento, nos presenta para su discusión y en su caso aprobación, con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo citado, eliminar el precepto que contraviene los principios para el manejo de los recursos que nuestra Constitución establece.
Es con ello que el objeto primordial de esta iniciativa es la eliminación de la presencia de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de nuestra federación, así como en cualquier otro ordenamiento legal.
La hipótesis que se plantea en el artículo 74 establece que podrán existir las partidas secretas que se consideren necesarias, las cuales se emplearán por los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República.
Es por ello que distintos actores de la sociedad se han manifestado sobre la problemática que representa el contenido de dicho precepto legal, pues podría llegarse a la comisión de actos ilícitos.
Con las partidas secretas anteriores administraciones pudieron contar con una gran cantidad de recursos que todos los mexicanos aportamos, para ser gastados sin ningún tipo de reglas de operación, en total ausencia de justificación, creando con ello nuevas erogaciones no previstas.
Si bien en algunos países se contempla un gasto reservado, no existe comparación con la discrecionalidad de la figura mexicana de partida secreta, pues las primeras sí establecen un marco mínimo de ejecución de esta como actividad de inteligencia y seguridad nacional.
Los tiempos de transformación que vive nuestro país exigen las máximas condiciones de transparencia y rendición de cuentas, por lo que se considera inadmisible cualquier tipo de partida secreta en la asignación y el ejercicio del gasto público.
No quiero dejar de mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para el correcto ejercicio del gasto público se requiere salvaguardar los principios de legalidad, honradez, eficiencia, eficacia y transparencia que se refieren al dominio público del ejercicio del gasto.
Es por lo anterior, que el precepto constitucional, establecido en el artículo 74, no encuentra cabida con el correcto ejercicio del gasto público, incluso considerándose ilegal.
Con la aprobación de la presente reforma se logrará un gran cambio de fondo en materia presupuestaria, pues se prioriza el principio de máxima publicidad para el gasto de los recursos públicos, dando carpetazo a todo tipo de gasto secreto.
Además, con el apoyo, con el voto a favor de todos y cada uno de ustedes se fortalecerá el ejercicio de fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación.
En Encuentro Social estamos comprometidos para que todo el gasto del recurso público sea bajo el principio de transparencia que hasta el último centavo esté a la vista de todos y todas las mexicanas.
Es por lo anterior que mi grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Un México en el que no exista opacidad en la forma en el que se gasta el dinero de todas las familias mexicanas y que imperen los principios de transparencia, legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, esta reforma es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Fernando Galindo Favela: Diputadas y diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos estado a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Esto lo hemos acreditado. En la pasada administración se implementó y fortaleció uno de los mejores portales de transparencia presupuestaria a nivel mundial. Incluso, se ganaron premios internacionales.
El dictamen que estamos analizando propone eliminar de la Constitución la posibilidad de utilizar una partida secreta en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, acto que el Grupo Parlamentario del PRI aplaude, celebra y, sobre todo, apoya.
Pero que quede bien claro, por más de 15 años ha habido una prohibición expresa dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para utilizar una partida secreta. Nada más lean el artículo 4o. del Presupuesto que acabamos de aprobar en diciembre del año pasado. Con esto quiero decir que en los últimos años el Ejecutivo federal no ha utilizado una partida secreta.
Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de eliminar la posibilidad de tener una partida secreta dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
¿Qué hacía la partida secreta? En teoría, esta partida fue ideada para hacer frente a gastos contingentes y circunstancias no previstas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. Permitía un gasto discrecional en el gobierno, sin transparencia, generando opacidad y desconfianza.
Lo que resulta preocupante es que esta partida pueda ser utilizada en fines distintos para los que se requiere el presupuesto, que es mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Por lo que, más allá de tener o no una partida secreta, lo que tenemos que buscar es que cada peso de los mexicanos se gaste de manera eficiente, pero, sobre todo, en procesos competitivos.
Como país es lo que tenemos que anhelar. En ese sentido, las denominadas partidas secretas son completamente anacrónicas y contrarias a la realidad política actual, máxime en un contexto en el que nuestro país trata de fortalecer sus instituciones democráticas, el Estado de derecho, así como los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
Compañeras y compañeros diputados, en una democracia como la nuestra no podemos seguir postergando la eliminación de este tipo de partidas, que podrían generar un rechazo entre la sociedad. Por lo tanto, hoy esta soberanía cumple con su obligación de contribuir en la supresión de cualquier uso discrecional en el uso de los recursos de los mexicanos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero sobre todo, en la ejecución del gasto público del Ejecutivo federal, ya que ahora en adelante no existirá esa posibilidad de usar partidas secretas y que se autoricen dentro del decreto de Presupuesto de la Federación, que todos los años realiza la Cámara de Diputados.
¿Y cuál es el objetivo? Tener transparencia y rendición de cuentas de cada uno de los recursos que pagan los mexicanos con sus impuestos. Con esta reforma le vamos a dar certeza jurídica al destino de los recursos públicos. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI va a votar a favor, porque estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Saludo con respeto a la asamblea. Primero que nada, quiero externar mi reconocimiento y felicitación al diputado Pablo Gómez por esta iniciativa, que ha promovido en la Cámara de Diputados. Sin duda alguna es un tema que refleja interés en la construcción de un Estado democrático.
Y cuando se presentan iniciativas de esta naturaleza, que tienen ese objetivo y esa finalidad, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está dispuesto a privilegiar coincidencias por encima de las diferencias.
Quiero decirles a ustedes que cuando nos referimos a un Estado democrático existen hoy tres componentes que la Constitución ya consigna y que forman parte de su texto, que se refieren a la transparencia, a la rendición de cuentas y al acceso a la información pública.
Estos tres componentes que hoy ya existen en la Constitución y que han sido aprobados previamente por el Constituyente Permanente, encuentran en la partida secretar un obstáculo para cumplir su cometido al que está haciendo referencia como objetivo esta iniciativa.
Es importante tener claro e identificado a qué se refiere el concepto de transparencia. ¿Qué es transparencia? Transparencia es abrir la información y las acciones al escrutinio público, para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y utilizarla e inclusive como un mecanismo para sancionar.
Cuando nos referimos a la rendición de cuentas estamos refiriéndonos específicamente a que el gobierno explique a la sociedad sus acciones y acepte, en consecuencia, las responsabilidades de las mismas.
Y finalmente, el componente de acceso a la información pública que no es otra cosa que una prerrogativa ciudadana para acceder a la información de la cual es depositaria el gobierno, pero que es propiedad del pueblo mexicano.
Estos tres elementos que hoy integra la Constitución son los componentes para un Estado democrático y aquí es en donde hoy debemos concentrarnos para combatir con firmeza la existencia en el texto constitucional en su artículo 74, de la partida secreta como un concepto que es contrario, antagónico a este modelo al que aspiran hoy todos los mexicanos.
Cuando nos referimos a la partida secreta es a ese fondo multimillonario que el Presupuesto federal asignaba a la Presidencia de la República, un fondo que era sinónimo, sin duda alguna, y sigue siéndolo por estar en el texto constitucional, de corrupción, de opacidad, de discrecionalidad y en muchos casos de desviación de recursos públicos para fines distintos a los que tiene le Estado al servir a los ciudadanos.
Estoy convencido de lo que establece hoy la Constitución en uno de sus preceptos cuando define los principios que debe atender todo servidor público en México. Me refiero específicamente a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe seguir todo servidor público. En este caso, cuando nos referimos a la partida secreta, estamos haciendo referencia a la figura del presidente de la República, la máxima figura que representa el Poder Ejecutivo en la Unión, uno de los tres Poderes de la Nación.
Este personaje que encabeza la Presidencia de la República debe ajustarse a estos cinco principios establecidos en la propia Constitución y debe hacerlo para poner el ejemplo. Si la propia Constitución en su artículo 74 le establece una facultad constitucional que es contraria a los componentes para un Estado democrático, es donde observo y reconozco el talante del diputado Pablo Gómez para presentar una iniciativa que de una vez por todas termine con esta figura que históricamente ha atentado y agraviado a los mexicanos.
Porque este recurso lamentablemente ha sido utilizado y destinado para propósitos completamente distintos al no tener el derecho los ciudadanos, a través de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, para conocer el destino que el presidente de la República tiene para estos fondos en particular.
Lo dije al inicio de mi intervención. En el PAN privilegiaremos las coincidencias por encima de las diferencias, y hoy nos une una coincidencia, la eliminación de la partida secreta como figura constitucional que atenta contra el Estado democrático.
Los votos de Acción Nacional estarán a favor de esta iniciativa para que sea una realidad, y con ello se elimine otro privilegio más que existe en la Carta Magna que nos permita acercarnos en términos de sensibilidad a quienes representamos, que son los ciudadanos y quienes demandan principalmente un nuevo modelo democrático para la República Mexicana. Muchas felicidades. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado Aguilar Vega.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero: Con su venia, diputado presidente. Reconozco la lucha, que no es de esta legislatura, sino que data de hace muchos años que ha dado nuestro compañero Pablo Gómez Álvarez, por eliminar la partida sereta del presidente de la República.
Una lucha que hoy cristaliza, gracias a la decisión contundente del pueblo de México. Desde esta tribuna decimos que estamos cumpliendo, que se está desmantelando este entramado jurídico que servía no a los ciudadanos, sino a la corrupción y a la preservación de aquel régimen autoritario.
Eliminar la figura de la partida secreta es muy importante porque hoy, en este país, ya no hay lugar para el pillaje ni para la corrupción. Es el México democrático.
Gastos eventuales, extraordinarios, contingentes o como quiera que se le hubiera llamado en el pasado, representaban millones y millones de pesos utilizados históricamente sin rendir cuentas a nadie, para fines o beneficio de no sabemos quiénes, porque había todo un aparato diseñado para la opacidad, para la impunidad.
Un desfile de presidentes de la República que tenían una cuantiosa chequera personal con cargo a los recursos de las mexicanas y de los mexicanos. Así de ofensivo e insultante, como fueron todas esas simulaciones, investigaciones que no llegaron a nada, que acabaron siempre absolviendo a todas y a todos los investigados.
Por esas tantas historias innombrables, el pueblo se cansó y se decidió por un cambio verdadero que devolviera la honestidad y los principios al ejercicio del poder público.
Con esta y otras reformas sigue avanzando la cuarta transformación de la vida pública de México, tal cual lo comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con él estamos, desde este Congreso, la fracción parlamentaria de Morena, en plena cruzada por acaba con la corrupción y con ese régimen de privilegios.
Con este dictamen decimos: nunca más al uso de partidas del presupuesto público en la discrecionalidad. Nunca más a los mantos oscuros protectores. Hoy avanza de manera contundente la construcción del gobierno abierto, el de la acción pública transparente que rinde cuentas y destina el gasto a los objetivos que siempre debió haber servido, que es el bienestar de toda la gente.
En la democracia el derecho a la información tiene un valor supremo. Los gobiernos se han de regir por el principio de máxima publicidad, y están obligados, a partir de esta reforma, a nunca más ocultar información de esa famosa partida secreta que dejará de existir para siempre, que siempre se transparentarán todas y cada una de las actuaciones del gobierno, en esta nueva etapa ningún recurso público quedará sin fiscalizar, sin que se aclare su destino.
Un reconocimiento también a los demás grupos parlamentarios que se han sumado a esta propuesta, con ella abonamos todos al rescate de la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos hacia esta representación popular.
Enhorabuena por la democracia en México, por la transparencia y por el gobierno abierto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pasamos a la discusión en lo general. Tiene la palabra el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del... Disculpe, diputado Negrón. Disculpe.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (desde la curul): Perdón.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en pro.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Ya ven, es un tema tan importante que nos peleamos para tomar la palabra en torno al tema. Muy bien.
Diputado presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se dice que la transparencia es la palabra de la década, que se cita millones de veces en discursos, entrevistas, proclamas, declaraciones, desplegados, reclamos ciudadanos, artículos académicos. Está en boca del periodista, del legislador, del opositor, del ciudadano inconforme. Y resulta que contradice a la transparencia nuestra propia Constitución.
No deja de sorprender que un país que promueve, entre otros, el derecho a la información, mantenga vigente en su ley suprema el oscuro concepto partida secreta. Partida secreta dije, nomás que lo dije así como en secretito pa que vaya siendo congruente.
Cuando pensábamos que realmente habíamos avanzado con la promulgación de la primera Ley de Transparencia, cuando se creó un órgano garante de ese derecho y cuando todavía más allá, fuimos más allá todavía al proteger los datos personales en posesión de particulares, e incluso cuando modificamos el artículo 6o constitucional para sentar las bases del derecho a la información en todo el país e impedir que leyes obsoletas en algunos estados no fueran impidiendo el avance a la transparencia, sí, pensábamos que todos estos avances serían una herramienta eficaz para combatir la corrupción y la impunidad para empoderar al ciudadano y que este pudiera fiscalizar a sus gobiernos, tanto los municipales o estatales, hasta el federal y exigir el correcto uso de los recursos públicos.
Y sí, fueron pasos muy importantes que incluso inspiraron a otros países a sumarse a la tendencia de gobiernos abiertos, siguiendo incluso el modelo mexicano. Por eso resulta vergonzoso que en nuestra Carta Magna existan conceptos retrógrados que atentan contra el principio de máxima publicidad en el que descansa el derecho de acceso a la información.
Tan solo en el sexenio pasado, de 2013 a 2016 el gasto confidencial y opaco de la llamada partida secreta 33 mil 701, representó un gasto total de 40 mil 545 millones de pesos, a pesar de que la Cámara de Diputados en el uso de sus facultades presupuestarias le había destinado solamente 2 mil 915 millones, lo que significa un aumento presupuestal discrecional, sin justificación ni reporte de mil 291 por ciento en términos nominales.
No sobra decir que la propia Auditoría Superior de la Federación señala en sus revisiones que esos recursos se usan sin que cumplan con las premisas de urgencia, riesgo y confidencialidad extrema, que indica la definición proporcionada por la Secretaría de Hacienda y que en ningún caso se detalla el destino de las compras o el uso específico de esos recursos millonarios.
Las partidas secretas permiten más bien a gobiernos autoritarios, a dictaduras, en donde los ciudadanos no tienen derecho a saber cómo es utilizado cada centavo que aportan a la hacienda pública para lograr un Estado de bienestar, y los diputados ciudadanos tenemos la convicción de impedir por las vías democráticas ese retroceso que asoma en los gobiernos a la voluntad de un solo hombre. Ni las dictaduras del pasado ni las dictaduras de un solo hombre.
Tenemos que seguir adelante con la ampliación de los derechos ciudadanos, para que todos los ciudadanos sepamos realmente en qué se gasta cada peso y en que finalmente funciona.
Por el contrario y precisamente porque sabemos que el acceso a la información es una herramienta que tiene importantes implicaciones en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y en la autodeterminación individual y colectiva, defenderemos la supremacía de los derechos.
La transparencia tiene claramente una naturaleza instrumental para el ejercicio de otros derechos. Es decir, que su ejercicio pleno es a su vez garantía para la realización de otros derechos. Así lo ha reconocido el sistema interamericano, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico Social de la ONU y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Y es que el derecho de acceso a la información ha ido evolucionando, la información exigible, no solamente debe limitarse a las generalidades sobre la gestión de los recursos públicos del Estado, sino también a la información específica y útil para facilitar la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, actividades económicas y políticas, entre otras.
En ese sentido, es posible afirmar que la discusión sobre la materia se está dirigiendo desde la transparencia de una primera generación hacia una segunda generación.
Nuestras leyes no son perfectas, desde luego, por eso tenemos que ajustarlas a la realidad de los tiempos en que vivimos, y en este caso es imperativo que pongamos el derecho a saber por encima de los obstáculos que nos hacen de opaca y difícil información.
En este sentido, Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor del presente dictamen, para eliminar la partida secreta a la que se refiere el artículo 74 constitucional. Pero también propone que en adelante los avances contra la opacidad y a favor del derecho de acceso a la información, materialicen esa segunda generación de derecho denominada transparencia focalizada que logrará eventualmente que la información ayude a tomar mejores decisiones de la vida cotidiana, incentive la competencia más sana y más equitativa de los ámbitos económico, financiero, empresarial, social, laboral, académico y deportivo, entre otros, y sirva para tomar decisiones de inversión, preparación de mercados futuros, elaboración de planes de emergencia y hasta para salvar vidas.
No podemos permitir regresiones de ningún tipo, los mexicanos no merecemos más gobiernos autoritarios...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Termino, presidente. Los mexicanos no merecemos más gobiernos autoritarios, antidemocráticos. Los hombres y mujeres de esta nación tenemos derecho a saber y el gobierno tiene la obligación de ser total y absolutamente transparente, solo así podemos avanzar realmente en la consolidación de la transformación.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Cada peso debe ser fiscalizado para cualquier persona, sin obstáculos de ningún tipo y sin barreras, incluso, físicas.
Debemos poder conocer también, no solo la cobertura, el resultado y el impacto de cada uno de los pesos gastados para el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Es cuanto, compañeros.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra... Perdón, voy a dar algunos avisos y saludos. Saludamos a estudiantes y profesores del Instituto Franciscano de Oriente, del municipio de Huamantla, Tlaxcala, licenciaturas en Derecho, Administración y Psicopedagogía, invitados de la diputada Claudia Pérez. Saludamos la visita de alumnos de la Universidad del Altiplano, de Tlaxcala, invitados por el diputado Carlos Carreón Mejía.
Saludamos a los invitados del diputado Agustín García Rubio. Y se encuentra presente en el salón de sesiones el ciudadano Gonzalo Pérez, presidente de la Federación Hidalguense, en Chicago, invitado por la diputada María Libier González Anaya. Bienvenidos. Tiene la palabra la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez: Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y esta nueva mayoría de legisladores progresistas nunca más va a permitir un acto de corrupción, mucho menos de un presidente.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El propósito es que nunca más el Ejecutivo federal pueda pedir o destinar partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Partimos de la premisa fundamental de que la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades exclusivas que la norma constitucional le otorga, aprueba anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y no seremos comparsa de tener acumulados que se gastarán a discreción, que no se puedan fiscalizar y que nos incluirían al otorgarlos, en el rubro de funcionarios corruptos. No lo seremos, ya hay demasiados.
La existencia de conceptos de gastos vinculados a la partida secreta no encontraría su referente en ningún programa anual, y en el momento en que la Auditoría Superior de la Federación audite la Cuenta Pública de la partida secreta, no encontraría un programa operativo anual que le sirva de referente, respecto de cuáles serán los objetivos que se pretendían alcanzar con esa asignación presupuestal.
La partida secreta tiene una naturaleza discrecional y, por lo tanto, arbitraria en su ejercicio. Es contraria al régimen de rendición de cuentas. Hoy es el día de la transparencia.
Es por eso que sabemos que tenemos a un presidente honesto, sin embargo, en arca abierta pues hasta el más santo peca. Vamos a evitar dejarles tentaciones a la mano. Ya no, eso ya no va a existir.
Debemos considerar que hay diversos preceptos constitucionales que otorgan un manejo claro y transparente de los recursos públicos gubernamentales.
Por ejemplo, el artículo 134 constitucional establece: “Los recursos económicos de que disponga la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
Ya sabemos que muchos de nuestros funcionarios públicos se pasan esto por el Arco del Triunfo. No más, por eso tenemos hoy que pugnar porque la fiscalización y la transparencia sean nuestra bandera.
Por otro lado, el artículo 6o, Apartado A, en el tema referente a la información pública gubernamental establece que los sujetos obligados deberán contar con portales de transparencia, donde se pondrá al acceso del público la información financiera con la que cuentan. Esto también incluye al presidente de la República ya, ahora.
Como se aprecia en los últimos años, el poder revisor de la Constitución ha realizado diversas reformas constitucionales con el propósito de ampliar las posibilidades de control ciudadano en el conocimiento y revisión de los recursos económicos que ejercen los entes públicos.
Queremos señalar que en anteriores legislaturas el diputado del grupo parlamentario Jaime Cárdenas García, nuestro compañero del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución en donde, entre otras cosas, afirmó que la partida secreta fue en algunos sexenios, unos más y en otros menos, un fondo millonario que el Presupuesto federal asignaba a Presidencia de la República, cuyo monto por ejemplo en el sexenio de Salinas de Gortari fue totalmente escandaloso.
En el pasado el Ejecutivo federal podía utilizar este recurso de manera discrecional, esto no sucederá más. Es por eso que la... Perdón. Estoy emocionada porque están aquí presentes dos personas importantes para mí y me distraje. Están mis hijos, a los cuales agradezco su presencia y su apoyo para que yo pueda estar aquí esta mañana, esta tarde.
Es por eso que nunca más vamos a permitir actos corruptos, discrecionales. La partida secreta no va a existir. Votamos a favor, el Partido del Trabajo está a favor de esta iniciativa. Gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Gracias. Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Compañeros legisladores, nadie puede estar en contra del contenido de este dictamen, pues abona a la transparencia y a la rendición de cuentas, que son los dos elementos sustanciales en los que se sustenta cualquier gobernabilidad democrática.
Por medio de la transparencia y de la rendición de cuentas debe el gobierno explicar a la sociedad sus acciones y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas, al mismo tiempo que abre la información al escrutinio público.
La fiscalización constituye un instrumento de primera relevancia para cualquier gobierno, para que cualquier gobierno haga mejor uso de los recursos que coadyuve a erradicar la corrupción y principalmente para que quite de cualquier momento la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público.
El centro de este dictamen establece que no habrá partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Presupuesto es el instrumento más importante del país, pues ahí se refleja en qué se van a gastar los recursos, se establecen las prioridades para atender el gasto público, un gasto cada vez más limitado, por eso se tiene que transparentar.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo que el ejercicio de los recursos tiene que hacerse con eficacia, con eficiencia, con honradez, pero sobre todo con transparencia; son recursos de todos los mexicanos y por lo tanto debemos hacer valer que se haga un buen uso de los mismos, que sirvan para atender las necesidades y objetivos prioritarios del país.
Los ciudadanos tenemos derecho a conocer plena y oportunamente cómo y cuándo se gasta el recurso que es de todos los mexicanos. Además, es una buena medida porque no hay una evidencia en Iberoamérica y en ningún país de América Latina, hay sólo datos en países como Chile, Colombia, España o Argentina, en donde se habla de los denominados gastos reservados, que son muy distintos a las partidas secretas como hoy están en México, y estos gastos reservados son destinados fundamentalmente a temas de inteligencia y de seguridad nacional.
Compañeras y compañeros legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública es un tema de la mayor importancia que radica en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán de estar al alcance de todos los ciudadanos en forma clara, accesible y veraz.
Por eso es muy importante señalar que la transparencia no sólo tiene que ver con recursos, sino también en la forma en que la información la conocen los mexicanos, en todas las decisiones que tiene el gobierno, involucren o no recursos.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRI está a favor de este dictamen y está a favor del ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos con el objeto de combatir uno de los males más endémicos del sistema político en cualquier país que es la corrupción, el dispendio y la ineficiencia que tanto afectan a los ciudadanos y el desarrollo nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas. En 1918, el diputado José Siurob decía: Se nos solicitan estas cantidades para partidas cuyo solo nombre constituye un desprestigio. Se sabe perfectamente que en España existían algunas partidas como estas en el Presupuesto. Las partidas de gastos extraordinarios y de emergencia y de gastos secretos, y fue precisamente un conservador, don Antonio Maura, quien siendo jefe del gabinete español suprimió estas partidas a las que él llamó las partidas de los reptiles. Las partidas de los reptiles, agregaba Siurob, porque no de otro modo pueden llamarse a los que acostumbran medrar a costa de estas partidas del Presupuesto.
El precepto que se consulta para ser reformado, que se busca ser reformado, decía o dice: no podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter, en el mismo Presupuesto. Las emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República.
Durante los largos años de estas partidas, no fueron los secretarios quienes las usaron, con el acuerdo escrito del presidente de la República, las usaba directamente el presidente de la República sin ningún acuerdo escrito de él mismo. Las entregaba a quien quería, cuando quería y para lo que quería.
Dice la Constitución que todos los gastos deben ser justificados. No dice que los secretos no. Pero nunca se justificó un solo centavo de las partidas secretas que no eran para los secretarios de Estado sino para el presidente de la República.
La partida secreta en México durante años fue en aumento, y aumentaba más en los años electorales. Coincidentemente el presidente tenía más gastos cuando había elecciones que cuando no había elecciones.
En 1989, primer año de Salinas, solo la partida secreta al margen de otros gastos que no eran tampoco transparentes, era de 102 millones. La dejó en 190 millones de dólares.
Además de estas partidas secretas, había muchísimos otros gastos discrecionales en el ramo 23 del Presupuesto. Gigantescas sumas, que llegaron a ser de más de 2 mil millones de dólares, discrecionalmente utilizadas de conformidad con decisiones del presidente de la República.
Durante estos años, mucha gente luchó en este país, no solo contra la partida secreta sino también contra todos los gastos discrecionales, contra el financiamiento de la actividad política a través del presupuesto, contra la corrupción, contra la práctica de sustraer fondos públicos para aumentar la fortuna de servidores públicos y de empresarios, contra la práctica del peculado, contra la práctica del mal uso de los recursos de todos.
Hoy en el momento en que la Cámara se apresta a votar por un precepto que diga: no habrá partida secretaria en el Presupuesto de la Federación, rendimos homenaje a los periodistas valientes, a los políticos que se la rifaron en la denuncia, en la lucha contra los gastos discrecionales del presidente, contra las partidas secretas que fueron siempre semilla de un sistema de corrupción ignominioso que queremos acabar para siempre. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluida la ronda de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a su votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte, secretaria.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ciérrese el sistema.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de la votación.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Se emitieron 437 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular por 437 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partida secreta. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud preventiva. Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 230, numeral 2, del Reglamento.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Compañeras y compañeros diputados, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales expongo a este pleno el dictamen con proyecto de decreto que modifica los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud preventiva.
La iniciativa que da lugar al mismo basa su problemática en la necesidad de incrementar y mejorar las políticas públicas en materia de prevención de la salud, para establecer como prioridad la atención preventiva de la salud, por encima de la atención reactiva.
Adicionalmente, busca establecer el derecho a favor de trabajadores y trabajadoras de contar con un día laboral libre al año, con pleno goce de sueldo para el efecto de que acudan a la realización de las evaluaciones diagnósticas de su salud.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000, México tenía una esperanza de vida promedio de 74 años, mientras que en la actualidad es de 75. Es decir, en casi 20 años podemos ver que el aumento es mínimo, reflejo de la falta de creación de políticas públicas en materia de salud preventiva en México.
Si esta estadística se compara con la información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, podemos advertir que la esperanza de vida de las y los mexicanos es cinco años menor al promedio de la organización, que en la actualidad es de 80 años.
Entre las principales causas de esa diferencia se encuentran precisamente enfermedades susceptibles de ser atendidas efectivamente, con una detección y tratamientos oportunos, pues en nuestro país la atención a la salud es reactiva. Es decir, se atiende cuando ya se ha producido una afectación en el individuo y esta persona asiste ante los servicios de salud para su curación o tratamiento, por lo que es indispensable generar políticas públicas de salud integral, que incluyan en su diseño la prevención.
Se trata pues de incrementar los niveles de salud de las personas y colectividades y de prevenir las enfermedades específicas, cuya historia natural sea conocida y para las que se disponga de instrumentos de prevención primaria o secundaria, efectivas y eficientes, lo que solo puede obtenerse a través de un diseño de política pública sanitaria integral.
Desde esta perspectiva, existe una necesidad de instrumentar políticas públicas en los diversos órganos de gobierno, que persigan la prevención de las enfermedades de un diseño interinstitucional, propósito que solo puede lograrse en el contexto jurídico mexicano a través de una reforma constitucional que introduzca la prevención como principio fundamental y que irradie sus efectos en todo el diseño institucional y de políticas públicas.
Dentro de los antecedentes históricos de la protección constitucional al derecho de la salud, contenida en nuestro artículo 4o. de la Carta Magna, encontramos que en el año de 1983 se estableció en el párrafo cuarto del referido numeral, la garantía individual de la que gozaría cada individuo a la protección de la salud, misma que desde ese entonces ha permanecido intocada, siendo esta la única referencia al derecho patrio, que se contiene en la Constitución federal.
Asimismo, en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos se prevé el derecho a gozar del más alto nivel de salud posible, que regula su contenido y alcance y que establece obligaciones específicas de carácter mediático e inmediático, que vincula al Estado mexicano.
Como ejemplo podemos citar el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional a los derechos humanos, sobre el derecho a la salud, al señalar en su párrafo primero del artículo 12 que reconoce de los Estados parte el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Mientras que en el párrafo segundo del mismo artículo se indican, a título de ejemplo, diversas medidas que deberán adoptar los Estados, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho.
Diversas convenciones internacionales reconocen también el derecho a la salud, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1977; y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.
En varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea de 1961, en su forma revisada; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981; y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988. De igual manera, se recoge en todos el derecho a la salud.
Entre los citados instrumentos internacionales, el derecho a gozar del más alto nivel de salud posible incluye no solamente la salud física sino también mental. Como ejemplo de las medidas que deben adoptarse a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figuran, entre otras, la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños.
El mejoramiento de todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, así como la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos de salud, en caso de enfermedad.
En este orden de ideas, el derecho a gozar del más alto nivel de salud implica acciones estatales de carácter mediato e inmediato, como lo es, precisamente, adoptar medidas de derecho interno para garantizar la vigencia de los derechos humanos.
Así, el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, como derecho humano independiente e indivisible, es un prerrequisito para el goce y el ejercicio de muchos otros derechos: la libertad al desarrollo de un proyecto de vida, a la vida privada, entre otros.
Para el Estado mexicano es entonces una obligación adecuar su orden jurídico a los estándares internacionales en materia del derecho a accesar al más alto nivel posible de salud, a través de la adopción de medidas legislativas a nivel constitucional que produzcan efectos en el resto del ordenamiento normativo nacional y lograr la adopción de medidas interinstitucionales que nos garanticen este derecho humano, especialmente a lo que se refiere a la salud preventiva.
Este dictamen tiene como finalidad, en consecuencia, modificar el marco del artículo 4o. constitucional, con el objeto de armonizar el texto de dicho precepto a los estándares internacionales en materia del derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, además de incluir en el texto de dicho artículo constitucional una mención explícita a la salud preventiva como una obligación del Estado mexicano, ejecutable a través de una política pública que se enfoque en la prevención de la enfermedad y no solo a la restauración de la salud afectada.
Bajo este tenor, corresponde también a los legisladores analizar las causas económicas, sociales y jurídicas que traen como consecuencia la imposibilidad de la población de participar activamente de las políticas de promoción y prevención de la salud.
Y una de las causas que se observa es justamente la falta de tiempo y de recursos de la población económicamente activa para asistir a instituciones públicas de salud, para que se lleve a cabo a una persona una revisión preventiva del estado de salud que guarde, para identificar factores de riesgo y diagnosticar oportunamente posibles afecciones, para su efectivo tratamiento en tiempo y forma.
En un sentido más amplio, la accesibilidad de los servicios de salud va más allá de la disponibilidad de servicios públicos sanitarios, involucra a la conjunción de factores políticos, económicos, sociales y culturales que pueden constituirse como obstáculos de facto¸ para el acceso al pleno goce del derecho a la salud. Y, en consecuencia, la obligación del Estado a reconocer esos obstáculos y en la medida de lo posible adoptar las medidas necesarias para eliminarlos.
Esta situación se hace especialmente grave en aquellas personas que laboran jornadas de trabajo que les impiden asistir a la realización de esas evaluaciones diagnósticas en su salud en su día ordinario.
La opción para trabajadoras y trabajadores de acudir ante las instituciones primarias de salud cuando no se encuentra presente en su fisiología un estado patológico que justifique ausentarse de su centro de trabajo es en este momento inaccesible.
Lo anterior, máxime cuando a ellos les representa dejar de percibir el sueldo correspondiente a esa jornada de trabajo, por lo que se identifica esa circunstancia como un obstáculo económico y social al acceso de la prevención de cualquier enfermedad.
Como corolario del derecho humano a gozar del más alto nivel posible de salud para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, desde este panorama, el presente dictamen propone entonces también la modificación del marco constitucional de los Apartados A y B del artículo 123 constitucional, para que se establezca el derecho de los trabajadores de acudir a las instituciones de salud para la realización de la valoración de salud, al otorgarles la prerrogativa de gozar de un día libre con pago íntegro de su sueldo, para efectos de que acudan a realizarse dicha valoración diagnóstica.
Esto contribuiría a la eliminación de uno de los obstáculos sociales y económicos por los que la población participe activamente en la prevención de la salud, como un incentivo a los trabajadores para acercarse a los servicios de salud pública.
Para prevenir enfermedades potenciales e identificar riesgos a su salud y, a la vez, hacer operativo el derecho humano reconocido en el artículo 4o. constitucional a través de la adición de una fracción específica del artículo 123, de los Apartados A y B de la Constitución, en el que se reconozca ese derecho a trabajadores y trabajadoras.
Así, la Comisión de Puntos Constitucionales, que tengo a bien representar el día de hoy, considera de gran importancia transitar de la actual perspectiva de salud reactiva por una nueva visión enfocada en la salud preventiva.
Para efecto de hacer más efectiva la protección de la salud de las personas en México y garantizar el goce del más alto nivel de salud, no solo cuando ya se ha presentado la alteración de la fisiología del individuo, sino desde que dicha afectación suceda.
El concepto de medicina clínica preventiva se constituye por aquellos servicios personales de salud proporcionados en el contexto de la medicina clínica, cuyo objetivo es el mantenimiento de la salud y la reducción del riesgo de enfermedad y en definitiva de su muerte.
Este enfoque solo puede conseguirse a través de la modificación de las políticas públicas de salud, lo que indudablemente requiere de una modificación de los principios constitucionales del sistema de salud en México, que se constituyen en lineamientos fundamentales para el diseño y la orientación de las actuaciones del poder público respecto de la prestación del servicio de salud.
Las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad deben incluir las actividades de los servicios públicos y privados de salud que tienen como objetivo el fomento y la defensa de nuestra salud y la prevención de las enfermedades mediante actuaciones que inciden sobre las personas.
La armonización propuesta de estos artículos constitucionales a los estándares más actuales de la protección del derecho a gozar del más alto nivel de salud, atiende fundamentalmente a esa necesidad de ampliar el ámbito de protección constitucional de los derechos humanos.
En la medida en el que el texto constitucional prevea una protección amplia de los derechos fundamentales es en este caso el derecho a gozar del más alto nivel de salud posible, señalando con claridad las directrices de dicha protección, será posible instrumentar las distintas instancias del aparato estatal y encaminarlas a la realización de los fines como norma fundamental.
Es por ello que para la instrumentación de una política pública de salud preventiva que sea efectiva y permee en todos los aspectos de las actuaciones de los agentes de nuestro sistema de salud, es necesario incluir esta protección dentro del propio texto constitucional sin que ello tenga mayor repercusión en las finanzas públicas.
De acuerdo con un estudio de impacto presupuestal solicitado al Centro de Finanzas de esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, para cuantificar cualquier gasto adicional o erogación que imposibilitara a la reforma que se pretende, se concluyó que la eventual aprobación del presente dictamen solo precisaría las acciones de prevención que actualmente se llevan a cabo, como lo son el programa IMSS-Bienestar presentado por el Ejecutivo federal en enero de este presente año, con las previstas en la Ley General de Salud que ya tiene normadas acciones de prevención, como materia de salubridad general.
Diputadas y diputados, por lo anteriormente expuesto y fundado, los invito a ser parte de esta reforma constitucional que en la Comisión de Puntos Constitucionales estamos convencidos servirá de parteaguas en la lucha por la mejora en la calidad y expectativa de vida de las y los mexicanos, por lo que los invito a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para la fijación de postura de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el diputado Emmanuel Reyes Carmona.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Muchas gracias, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables de la muerte de 41 millones de personas cada año representando el 71 por ciento de las muertes anuales a nivel mundial, las cuales se caracterizan por ser en muchas ocasiones asintomáticas hasta un estado avanzado de la enfermedad, cuando dichas enfermedades ya son incurables y sólo tratables algunas de ellas.
La población en México se ha caracterizado por dar tratamiento a enfermedades una vez que estas ya están presentes y no por prevenirlas antes de que aparezcan. Dicha prevención es el eje fundamental del dictamen que hoy se discute en esta Cámara de Diputados. La prevención sería una solución oportuna para poder reducir el problema de las enfermedades que el día de hoy aquejan a nuestro país.
En el bloque de los diputados sin partido estamos conscientes del problema que representan las enfermedades que cada día son más recurrentes entre la población mexicana de todas las edades.
Tal es el caso de la obesidad y la mala alimentación que más tarde pueden derivar en diabetes –por decir un ejemplo–, padecimiento que cada año ha ido incrementándose de manera exponencial.
Estamos comprometidos con la causa en favor de la salud. Nos hemos dado a la tarea de proponer para la población en general puntos de acuerdo basados en la activación física, el cuidado de la salud y la alimentación teniendo como resultado la creación de un régimen nutricional para la sociedad, en donde su calidad de vida estaría mejorando significativamente.
Estamos a favor de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de las enfermedades y nos hemos dado a la labor de incentivar a la gente para que aproveche los servicios de salud y opte por la vacunación, misma que es fundamental para la prevención de enfermedades mortales.
Como representantes del pueblo estamos enfocados en el beneficio de los mexicanos garantizando una buena calidad de vida y qué mejor el que impulsar políticas públicas para garantizar la salud.
Es de suma importancia que incentivemos a la población al cuidado de la salud brindándoles la información necesaria para que conozcan los beneficios del verdadero privilegio de gozar de la salud pública, y por supuesto también del peligro que representa la desinformación, que hay quienes se encargan de propagar campañas en contra de la vacunación, las famosas llamadas antivacunas, las cuales atacan un gran avance humano como lo es la medicina y con ello la creación de las vacunas.
Conforme disminuyen los índices de vacunación, enfermedades que estaban casi extintas empiezan a volver. Por ello la prevención es de suma importancia.
Debemos disipar los mitos sobre la vacunación y la errónea idea de que estas perjudican a la población para asegurar la salud de las generaciones futuras.
Por lo tanto, consideramos de suma importancia el dictamen en cuestión. La salud debe de ser prioridad tanto para las personas, así como las instituciones de todo el país, ya que con la población gozando de buena salud, no solamente se beneficia a las personas, el gasto en la atención a las enfermedades se reduce de manera significativa. Estaríamos entonces ganando por todos los lados.
Compañeras y compañeros, para lograr un México saludable se requiere implementar estrategias anticipadas que fortalezcan y amplíen la lucha contra riesgos sanitarios, favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades para elegir estilos de vida saludables en donde estaríamos previniendo y reduciendo los niveles de mortalidad.
En ese sentido estamos conscientes de que muchas son las cosas que podemos hacer para reducir el problema de las enfermedades en México, informando a la población, impulsando políticas en materia de actividad física, reforzando las instituciones de salud para la prevención de las enfermedades, resaltando los beneficios de la vacunación, entre muchos otros.
Trabajando en conjunto podremos llegar a dicha meta en materia de prevención de enfermedades para el cuidado de la salud pública de las y los mexicanos. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, presidente, con su venia. En las últimas décadas en México, se han experimentado cambios sustanciales en el comportamiento de la salud de los mexicanos. Esto derivado principalmente por cambios ambientales, demográficos, económicos, sociales y culturales, y los avances en el campo de la atención que han ido transformando las características de la salud de la población.
Así pues, estas características definen la calidad, la esperanza de vida y, por supuesto, la presencia de enfermedades y causas de mortalidad en la población nacional.
Como todo proceso de desarrollo y crecimiento económico, la mejora de la salud de la población debe ser una prioridad y está sometida a la creación de infraestructura y al incremento del acceso y la provisión de servicios de salud.
En este sentido, México ha transitado de un escenario de altos niveles de mortalidad por enfermedades infecciosas a elevadas cifras de muerte por enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles.
De esta manera, debido a la modificación del estilo de la población, han surgido nuevos riesgos debido al sedentarismo, al estrés, al consumo de tabaco o de drogas, incluso a la violencia, así como patrones alimentarios compuestos por alimentos de alta densidad energética, el colesterol elevado e hipertensión arterial, factores que ha dado como resultado problemas como la obesidad y otras enfermedades crónico degenerativas a edades cada vez más tempranas.
Especialmente en los últimos años, en México ha crecido la preocupación por los niveles a la alza de sobrepeso y obesidad, con información de la Encuesta de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, 72.5 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, y la tercera parte de los niños se encuentran en la misma situación.
Este es un problema que además de poner en riesgo a la población, pone bajo a un escenario alarmante la perspectiva de salud en el país en general, tanto a mediano como a largo plazo.
De acuerdo con Inegi, de las 703 mil defunciones registradas en México hace dos años, el 86.6 por ciento se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud.
Las tres principales causas de muerte tanto para hombres como para mujeres, son enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.
Es de subrayar que también un aspecto que muchas veces se olvida o se disuelve en la aplicación de políticas y los programas presupuestarios, es la importancia de la salud mental de la población, pues los trastornos mentales afectan, hasta donde se tiene registro, a casi el 30 por ciento de la población de nuestro país, y solamente 1 de 5 personas afectadas recibe un tratamiento.
En 2013 el Ejecutivo federal propuso al honorable Congreso de la Unión realizar diversas modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Mediante estas modificaciones se preveían dos aspectos positivos.
El primero era una reducción al consumo de alimentos de alto contenido calórico, y el segundo, la generación de recursos para el combate y la prevención del sobrepeso y la obesidad, e incrementar el acceso al agua potable.
En concordancia con el dictamen a discusión, es importante que se incrementen y mejoren las políticas públicas en materia de prevención de la salud, así como colocarla por encima de la atención reactiva y que se reconozca realmente como un derecho para que se adapten las condiciones laborales en el que el trabajador pueda hacer uso de los servicios de prevención, diagnóstico y asesoría que brinda el Estado mexicano.
Finalmente, en el PRD estamos a favor de los cambios que promueve este dictamen, no sin antes resaltar que la actual administración tiene que comprometerse realmente a diseñar e implementar programas de calidad en materia de prevención, insisto, y hacer uso estricto de los recursos económicos que para ello se captan.
El gasto en el tema de la salud no es opcional, es un deber del Estado y su disponibilidad y acceso en la máxima calidad posible es un derecho de todos y cada uno de los mexicanos. Es cuanto, muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña.
La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy tenemos la oportunidad como legisladores, de aprobar una reforma que beneficiará a los trabajadores mexicanos.
Nosotros como representantes populares estamos obligados a dar resultados que beneficien a la población y esta ocasión es propicia para ello. Con la reforma que se pone a nuestra consideración buscamos salvar vidas. Querremos un México sano y la prevención es fundamental para ello.
Buscamos que no existan casos donde lo que consideramos como un simple dolor de cabeza sea un síntoma mucho más grave, puede ser un derrame cerebral.
Hay trabajadores que mueren por no atender oportunamente las señales de alerta de que hay algo mal con su salud, todo por el temor de pedirle permiso a su empleador para ir al médico.
Para nadie es un secreto que uno de los motivos más comunes de las personas en edad productiva para no acudir al médico es la falta de tiempo, la poca flexibilidad que encuentran en sus trabajos para ello.
Prevenir antes que curar no debe ser solo la consigna de cada persona, sino que debe convertirse en una premisa fundamental para el Estado mexicano. En nuestro país es necesario cambiar el enfoque de atención a la salud, preponderadamente reactivo por uno preventivo.
Uno de los objetivos de la prevención es evitar complicaciones y sufrimiento a las personas, a quienes lamentablemente se les detectan enfermedades graves en etapas avanzadas, como lo es el cáncer.
Esta reforma es importante pues también permite ahorrar miles de millones de pesos en nuestro sistema de salud, los cuales pueden ser invertidos en otros rubros que beneficien a las personas, como infraestructura, educación, cultura.
De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, está demostrado que por cada peso que el gobierno invierte en prevención, hay un ahorro de hasta mil pesos en acciones curativas. Lo mismo sucede en las finanzas de las familias, cuando las personas invierten en cuidar su salud a través de revisiones médicas de forma periódica, pueden estarse ahorrando miles de pesos en el tratamiento de alguna enfermedad.
De igual manera coincidimos en la necesidad de incorporar al texto constitucional una disposición encaminada a derribar los obstáculos que impiden a los trabajadores acudir al médico a la realización de estudios clínicos, por temor a verse afectados en sus percepciones económicas. Por todo esto, anticipo mi voto a favor de la aprobación de este dictamen. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Buenas tardes, compañeras y compañeros. “Una onza de prevención vale más que una libra de curación”. Benjamín Franklin.
La calidad de vida de las y los mexicanos no puede entenderse sin tomar en cuenta las políticas de salud pública, tengamos presente que una sociedad saludable, es una sociedad más feliz.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, es pues, un derecho inalienable.
Debemos ser conscientes que la salud física y mental influyen directamente en la capacidad de las personas para intervenir y aprovechar su entorno. Son elementos decisivos para la productividad y desarrollo personal, incluso existe una correlación directa entre la salud y la productividad de nuestro país.
Se estima que 90 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. En el caso de la diabetes, una de las principales consecuencias médicas de la obesidad en México, los costos en salud y ausencias laborables al año le cuestan a la economía aproximadamente 223 mil millones de pesos, según la Fundación Mexicana para la Salud.
Muchas veces las enfermedades son consecuencia de una serie de causas que pudieran prevenirse. En este sentido tenemos un área de oportunidad que no podemos dejar pasar, por lo que en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor de fortalecer las acciones de gobierno enfocadas en la salud preventiva, bajo el principio de que es mejor prevenir las enfermedades que atenderlas.
En este sentido, vemos pertinente la modificación al artículo 123 constitucional, para otorgar un día al año, con goce de sueldo íntegro, para realizar estudios médicos preventivos, lo que da paso a garantizar una mayor seguridad social a las y los trabajadores de México.
Coincidimos plenamente en que la presente iniciativa abonará a la construcción de un sistema integral de salud pública, donde se conjuguen y complementen los servicios médicos, tanto preventivos como reactivos.
Compañeras y compañeros, no cabe duda que la inversión en salud es una de las principales necesidades de nuestro país, por lo que tenemos que sumar esfuerzos y dejar plasmada en esta legislación la demanda histórica social para contar con un sistema de salud universal, de acceso incluyente y centrado en las personas.
Aún hace falta mucho por hacer, pero mantengo la certeza de que con voluntad y trabajo, independientemente de los colores partidistas, esta legislatura marcará la diferencia y sentará las bases para que las y los mexicanos cuenten con un sistema de salud digno y eficiente que contribuya de manera directa a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Con la venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado. Compañeros y compañeras diputados y diputadas de esta LXIV legislatura. A nuestro pueblo de México. Subo a esta tribuna para fijar postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en relación al dictamen que reforma y adiciona al artículo 4o. y 123 constitucional en materia de salud preventiva.
Como lo señala la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud requiere que los formuladores de política de todos los departamentos gubernamentales hagan de la salud un aspecto central de su política.
Esto significa que debemos tomar en cuenta las repercusiones sanitarias en todas nuestras decisiones y dar prioridad a las políticas públicas que eviten que la gente se enferme o se lesione.
Mediante la prevención las personas conseguimos hacernos de un mayor control de nuestra salud, el adquirir conocimientos, aptitudes e información nos permite elegir también opciones saludables. Por ejemplo, respecto de nuestra alimentación y de los servicios de salud que necesitamos, porque la prevención son todas aquellas medidas que realizamos para prevenir la aparición de una enfermedad, la reducción de factores de riesgo, así como atender y detener el avance, y atenuar las consecuencias una vez establecidas.
Para ello, es fundamental la participación activa de cualquier Estado para generar que la vía por la que las familias se hagan de bienestar sea una acción colectiva y no individualista.
Esta orientación política pública reduce la mercantilización de la salud y atiende el sentido de entenderlo como un derecho fundamental, que no debe estar limitado por las condiciones socioeconómicas de origen de ningún ser humano.
La salud es un derecho humano universal, un inestimable bien social, sus acciones trascienden las fronteras del denominado sector Salud. La salud exige bienestar físico, mental y social, un nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, descanso y recreación.
Nuestra responsabilidad como Estado mexicano debe estar orientada a impulsar las acciones necesarias a fin de que la prevención en salud sea cubierta en todas las modalidades, es decir, prevención primaria, secundaria y terciaria.
La primaria implica generar estrategias para prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo. La secundaria está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente, por tanto, corresponde realizar acciones para generar un tratamiento oportuno. Y la terciaria se refiere a acciones relativas a la recuperación de la enfermedad clínicamente cuando se manifiesta y mediante un correcto diagnóstico y tratamiento de rehabilitación física, psicológica, social. Y en caso de invalidez o secuelas, buscando reducir de este modo las mismas.
Hoy la reforma que se nos presenta a discusión principalmente está inscrita en general las pautas que nos ayuden a hacer real y efectiva una política de prevención secundaria.
Con la presente reforma establecemos en el texto constitucional nuestra obligación de garantizar la prevención, y para hacerla realmente efectiva generamos el derecho de los trabajadores a disfrutar al menos un día laboral con goce integro de salario, a efecto de practicarse estudios médicos preventivos.
Asimismo, nos obligamos a que garantizaremos los recursos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, y es que estas determinaciones toman suma relevancia cuando revisar la publicación anual del panorama de la salud por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Encontramos que nuestro país se encuentra dentro de los últimos tres lugares en lo que se refiere a la asistencia al médico durante el año, pues para el 2015 el indicador corresponde y muestra, en promedio de los mexicanos, que solo asistimos a 2.7 consultas médicas al año y mientras el promedio de OCDE es de 6.9 consultas médicas y nos queda claro que sin la asistencia al médico no podemos esperar contar con diagnósticos oportunos que atiendan prontamente las enfermedades de nuestra ciudadanía.
Por ello es necesario que generemos los incentivos correctos y es que como sabemos, gracias al anuario de morbilidad y si bien las principales que han sido de las enfermedades infecciosas, respiratorias e intestinales, lo cual nos obliga a reformar nuestras estrategias de prevención primaria.
También observamos que dentro de las 20 principales causas de enfermedad a nivel nacional está la obesidad, la hipertensión y la diabetes tipo 2, lo que nos demanda una estrategia más agresiva para realizar una prevención secundaria y para generar los diagnósticos oportunos que atiendan la persistencia de dichos padecimientos. Esto cambia el paradigma de la política de salud que se ha venido implementando en nuestro país.
Apostar por la prevención genera dos efectos positivos. Por un lado, genera una política pública que vela por una eficacia presupuestaria, pues al desarrollar práctica de diagnóstico oportuno resulta en ahorros considerables en el mediano y largo plazo, pues resulta en términos económicos más barata la detección oportuna de un padecimiento y su tratamiento correspondiente, que el proceso de intervención y curación que implica cuando la enfermedad está en una etapa avanzada en la que su intervención requiere de procedimientos médicos más costosos.
Por el otro lado, el beneficio de generar una cultura de salud sobre la ciudadanía nos hace conscientes del papel crucial que desempeña el asistir periódicamente al médico, no solo como una práctica que realizamos cuando tenemos molestias ya visibles, sino como una acción que promueve el estar actualizados de nuestro real estado de salud.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la presente reforma que integra en la redacción del artículo 123 constitucional el derecho de los trabajadores de disfrutar al menos de un día laboral con goce íntegro de salario para el efecto de practicarse estudios médicos preventivos.
Esto sin duda busca como sociedad que conozcamos mejor el real estado de salud que guarda nuestra población, y con ello dirigir atinadamente nuestros esfuerzos a fin de atender las problemáticas nacionales.
Y es que el perfil epidemiológico ha evolucionado en nuestro contexto nacional revelándonos que las enfermedades transmisibles han disminuido su prevalencia en la población mexicana, mientras que las enfermedades crónico-degenerativas se han incrementado rápidamente en los últimos años, lo que ha ocasionado que la demanda de atención médica sea cada vez más mayor.
Además, padecimientos como la hipertensión arterial y la diabetes se están presentando en ciudadanos en edad productiva lo que incrementa la probabilidad de desarrollar complicaciones que evolucionan y deterioran su calidad de vida.
Por eso, compañeros y compañeras, por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor del presente dictamen porque estamos de lado del pueblo y luchamos siempre en favor de las causas más nobles que es la salud. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Compañeras diputadas, compañeros diputados. Honorable pleno. La Organización Mundial de la Salud señala que el grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición política, económica o social.
El derecho a la salud para las personas significa tener acceso a los servicios de salud que necesitan. Tener que hacer frente a dificultades económicas a veces empeora las condiciones de muchas personas.
La salud depende en gran medida de otros derechos humanos –van relacionados– como el acceso al agua potable y al saneamiento, alimentos nutritivos, una vivienda digna, educación y condiciones seguras de trabajo.
Por estos motivos la Organización Mundial de la Salud defiende e impulsa la idea de centrar la atención médica en la persona, en la familia, lo cual significa materializar los derechos humanos de las personas en cosas muy concretas como es una vida saludable.
En nuestro país, desafortunadamente, la cultura de prevenir enfermedades, se encuentra lejos de tener estándares de calidad, eficiencia, debido a que constitucionalmente no se reconoce un modelo de salud preventiva en nuestro país.
Por ejemplo, la OCDE en 2018 reportó que en México hubo aproximadamente 19.2 muertes por cada 100 admisiones hospitalarias, por accidente cerebro vascular sistémico, cuando el promedio en el resto de los países de la OCDE fue de 8.2 en 2015.
Las causas son: la mala alimentación y en muchas de esas consecuencias la diabetes y la obesidad, por lo cual México tiene el número más alto de admisiones hospitalarias por diabetes, de los países que conforman la OCDE con 292 por cada 100 mil habitantes.
Por ello es importante garantizar y promover la salud preventiva que evite de manera oportuna el padecimiento de enfermedades, ya que en este esquema de salud tiene un enfoque proactivo para la atención del paciente.
Garantizar la prevención en el marco constitucional, que es lo que estamos haciendo ahora, es un cambio de paradigma en el sistema de salud porque se deja atrás el modelo de salud reactivo, lo cual sienta un precedente en materia de derechos humanos para todos los mexicanos.
Con esta reforma a la Carta Magna, se priorizarán las acciones de promoción a la salud y prevención de las enfermedades, donde la participación de los institutos de salud pública y privadas en nuestro país, es fundamental para fomentar una renovada cultura en el cuidado de la salud.
Encuentro Social se pronuncia a favor de incrementar los niveles de salud de los ciudadanos en todo nuestro país, de los trabajadores y de las colectividades de nuestro México, de las minorías y de cada comunidad por más apartada que se encuentre en México.
Por eso vemos con agrado la presente reforma a los artículos 4o. y 123 constitucional, donde toda persona tendrá el derecho al acceso al más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de cualquier otra índole. Además, se garantizará a todo tipo de trabajadores, que por cada año de trabajo deberán disfrutar al menos de un día laboral, con goce íntegro de sueldo, para efecto de practicarse los estudios médico-preventivos.
Encuentro Social apoya estas reformas que se reflejarán en un mejor y mayor bienestar para las familias mexicanas, además de generar políticas públicas más humanas y apegadas a los principios sociales de nuestra Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito con otros países del mundo a nivel internacional. Es cuanto, diputado presidente, compañeros diputados.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Compañeras y compañeros diputados, la salud es uno de los derechos humanos más significativos, pues sin ella no podemos hablar de calidad de vida.
La Organización Mundial de la Salud manifiesta que todas las personas deben tener acceso a servicios de salud cuando y donde lo necesiten. De ahí, la pertinencia del dictamen que hoy discutimos, a través del cual se pretende fortalecer las políticas públicas en materia de prevención a la salud.
Plantea modificar el artículo 4o. de nuestra Ley Fundamental, con el objetivo de establecer que toda persona tiene derecho al acceso al más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y del tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.
Asimismo, busca modificar el artículo 123 constitucional, a fin de establecer el derecho de los trabajadores y trabajadoras, de contar con un día laboral libre al año, con pleno goce de sueldo para efecto de practicarse estudios médicos preventivos.
Por su parte, el artículo segundo transitorio, que establece que las instituciones de salud federales, estatales y municipales, deberán promover la implementación de un sistema de salud preventivo, con un incremento gradual de la cobertura de estos servicios hasta universalizar su accesibilidad en todo el territorio nacional.
No es un asunto menor, los especialistas coinciden en que, pese a los adelantos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, son las acciones de prevención las más importantes para conseguir una vida sana, digna y con calidad.
Sin embargo, 13 por ciento de los mexicanos no nos realizamos un chequeo médico por falta de tiempo, dinero, o desidia, según la encuestadora de las Heras.
A ver, queridos compañeros diputados, una pregunta nada más así, usurpando ahorita las funciones de la Mesa Directiva. Levanten la mano quiénes ya se hicieron su chequeo anual.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: No usurpa nada, diputada.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Gracias, señor presidente. ¿Quiénes ya se lo realizaron? No, hombre, pues esta encuestadora se quedó corta. Yo aprovecho para invitarles a que todos nos realicemos el chequeo anual. Ya estamos terminando abril, urge que nos lo hagamos, queridos compañeros diputados y diputadas.
Acudir a tiempo no solo ayuda a prevenir la aparición de una enfermedad, sino también a salvar vidas y a tener ahorros millonarios. Basta señalar que un estudio del a Organización Mundial de la Salud reveló que por cada 1.27 dólares invertidos por persona al año en los países de bajos y medianos ingresos, puede ayudar a salvar 8.2 millones de vidas de aquí al año 2013 y ahorrar hasta 350 mil millones de dólares a los sistemas de salud.
Las bondades de una política pública de prevención son evidentes, protege la salud, mejora la economía de las familias y contribuye a eficientar el desempeño de los sistemas de salud a nivel mundial.
Por sus beneficios concretos, coincidimos con los promoventes en la necesidad de impulsar una reforma constitucional que introduzca la prevención como el elemento central y cuyos efectos positivos alcancen todo el diseño institucional y de política pública.
Compañeras y compañeros legisladores, sin salud no se puede pensar en el desarrollo, el progreso y el bienestar personal. La salud es una condición para el mejoramiento sistemático del bienestar de la población. Es decir, es un igualador social, un mecanismo de inclusión, un requisito medular para la productividad y el combate a la pobreza.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de actualizar el andamiaje jurídico con el objeto de armonizar el texto del artículo 4o. de nuestra Ley Suprema a los estándares internacionales en materia de gozar del más alto nivel posible de salud.
Incluir en el texto constitucional la salud preventiva como una obligación del Estado mexicano, no solo genera bienestar a mediano y largo plazo, sobre todo mejora la calidad de vida de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Le agradecemos la consulta de salud pública.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Por mi voz habla la voz del cuarto distrito del estado de Yucatán, hablan las vecinas y los vecinos de la ciudad de Mérida. Hablan las mujeres, que hace más de cuatro años no tienen la oportunidad de hacerse la mastografía o prevenir el cáncer cervicouterino. Hablan los hombres, a los cuales los mitos machistas les han dicho que hacerse el chequeo de próstata les va a hacer perder la hombría, cuando en realidad lo que van a perder es la vida.
Hablan millones de mexicanos, a los cuales no se les ha dicho que su vida vale toda la prevención. Hablan los trabajadores y las trabajadoras de México, que tienen derecho a prevenir en la salud y que hoy la Constitución no se los ha consagrado.
Compañeras y compañeros, acudo con mucha humildad ante ustedes, como promovente de esta iniciativa, cierto de que la salud únicamente puede ser brindada cuando se previene y no únicamente cuando se trata una enfermedad.
Cierto de que el Estado mexicano debe hacer más por cada uno de los ciudadanos y cambiar el paradigma de que la salud es la corrección de un problema médico, cuando la salud tiene que ser atendida desde el día inicial.
Por eso hemos propuesto cambiar el concepto de salud en México, para que todos los mexicanos no solo tengan derecho a la protección en la salud, sino acceso al más alto nivel de salud como sea posible, acceso a la prevención y acceso al tratamiento de las enfermedades. Pero hacerlo patente, comenzando por las y los trabajadores de todo nuestro país.
Quienes hemos dictaminado esta iniciativa estamos seguros que al menos un día puede hacer una diferencia sumamente grande entre la vida y la muerte. Un día en el que no se necesite estar enfermo para poder atender nuestra salud. Un día para prevenir y combatir a tiempo el cáncer, el VIH, la diabetes, poder combatirlos de manera oportuna. Un día que demuestre que vale más la vida que la economía.
Porque hoy, para poder atender su salud, millones de mexicanos tienen que esperar a ya estar enfermos. Hoy los justificantes solo aplican cuando ya estás enfermo, solo aplican cuando hay una urgencia, no para prevenir.
Y yo no estoy de acuerdo, no creo que sea justo y nadie debe estar de acuerdo, nadie debe de creer que es justo que una mamá o que un papá tenga que decidir entre llevar dinero y pan a su casa o atenderse la salud propia.
Decía don Manuel Gómez Morín: “tenemos la obligación de evitar el dolor humano evitable, el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, con nuestra incapacidad de ser mejores y más nuevas las cosas humanas”.
Hoy tenemos la oportunidad de hacer nuevo el derecho de la salud y la organización y la concepción que el Estado mexicano le da. Por eso, yo agradezco la sensibilidad que cada uno de ustedes ha tenido y la voluntad de los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también de todos los grupos parlamentarios que han manifestado ya su acuerdo con esta iniciativa.
Faltará mucho por hacer, nos quedarán las leyes secundarias, nos quedará la Ley de Salud, pero es sumamente importante dar un paso, sí estructural, sí de gobierno, pero el más importante, un paso cultural. Un paso en el que todos nos comprometamos con la salud propia y la salud de nuestros hermanos mexicanos. Un paso en el que nadie, absolutamente nadie tenga que sentir que tiene que pedir permiso para atenderse la salud.
Después de la vida, el derecho a la salud y la dignidad son los más importantes que un país le puede garantizar a sus habitantes, a sus ciudadanos. Hoy les invito a que juntos demos un paso en pro de la salud de todos los mexicanos.
Levantemos la voz por todas las personas que no pueden hacerlo, porque murieron por diabetes, por no habérsela detectado a tiempo. Por todas las personas que perdieron la vida por no haberse hecho el estudio de la mastografía o del antígeno prostático. Cosas tan simples que a tiempo pueden ser de gran beneficio.
Pero quiero decirles que esta iniciativa no únicamente busca beneficiar a los trabajadores, eso está clarísimo, también busca beneficiar a los empleadores. Porque si garantizamos que todos los trabajadores tienen acceso a la prevención en la salud, reduciremos en un tiempo considerable las prolongadas incapacidades o enfermedades que se pudieran haber prevenido.
Y les tengo otra noticia: es bueno para las finanzas de las instituciones de seguridad pública, porque hoy destinan muchos recursos en pocas personas en enfermedades que se pudieron haber prevenido.
Si esos recursos los enfocáramos en la prevención, podríamos atender a más gente de manera oportuna. Queremos sí, la prevención, pero también que la intervención médica sea oportuna, desde el principio, cuando las tragedias se pueden evitar.
No puedo ocultar mi orgullo por ser yucateco. Quienes hemos nacido en esa tierra sabemos que lo que vivimos y la tierra próspera en la que habitamos no es producto de la casualidad, sino el legado de grandes hombres y mujeres.
Hoy quiero hacer homenaje al constituyente yucateco, don Héctor Victoria, redactor del artículo 123 de la Constitución, que en Querétaro expuso desde la máxima tribuna la importancia de poner jornada máxima, día de descanso, pero, sobre todo, de asegurar condiciones de salud para las y los trabajadores de México.
Hoy, con este granito de arena que ponemos, quiero sumar mi trabajo al del yucateco ilustre, don Héctor Victoria y con esto reconocer que su trabajo ha generado una reflexión, más de 100 años después, que sigue dando frutos. Porque lo que se hace por amor a la tierra, por amor a México y por amor a los mexicanos trasciende, sin duda, el tiempo y dignifica a los seres humanos. Va por México, que viva México. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado Elías Lixa Abimerhi.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Con su venia, presidenta. Para Morena una prioridad, sin duda, es la salud. Y sin duda también, como en otros fenómenos que afectan a la sociedad, es muy importante concentrarnos en la prevención.
La iniciativa que ha presentado el diputado Elías Lixa, y que hoy está a nuestra consideración, la acompañaremos y lo haremos con responsabilidad y con el compromiso de Morena de priorizar siempre los temas de importancia y trascendencia para todos los mexicanos. Felicito la propuesta, diputado. Enhorabuena.
Estamos construyendo un andamiaje para cambiar muchas realidades del pasado y este caso no es la excepción. La salud de los trabajadores amerita que contemplemos un diseño constitucional para garantizar que ellos puedan dedicar al menos un día para atenderse y diagnosticar su salud preventivamente.
Existen datos y argumentos sobre los beneficios de la prevención, que van desde una mayor esperanza de vida, un mejor desarrollo de la planta laboral y hasta la optimización del gasto público en materia de salud, con los ahorros que implicaría no atender enfermedades en un estado avanzado.
Con la reforma de los artículos 4o. y 123 constitucional también estamos adecuando nuestra normatividad a los estándares internacionales, con el fin de acceder al más alto nivel posible de salud.
La medida que se aprueba irradiará posteriormente en la legislación secundaria para hacer verdaderamente eficaz este derecho y que no se distorsione de alguna manera.
La salud física y mental es la posición más preciada del ser humano, es un derecho humano y es responsabilidad del Estado garantizarla. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, el Poder Legislativo, como parte del Estado mexicano, legislar para que la Carta Magna contemple la instrumentación de este derecho humano con la precisión de otorgar al trabajador un día al año para practicarse los estudios médicos preventivos con goce de sueldo. Esa es la parte fundamental de esta iniciativa.
Con esta reforma nos estamos enderezando hacia la premisa fundamental del nivel más alto posible de salud contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y con la implementación adecuada de la presente reforma estaremos migrando más hacia una salud preventiva en lugar de una salud reactiva.
Es decir, vamos a gestionar o estamos poniendo el primer bloque para que podamos atender de manera prematura aquellas enfermedades que no escalen y que generen un perjuicio a la persona y a toda la sociedad.
Con esta reforma el Constituyente Permanente estaría modificando el enfoque de las políticas públicas de salud –ojo, este dato es importante–. Lo que estamos haciendo legislativamente va a incidir en las políticas públicas y no solo desde el aspecto preventivo, sino también desde un punto de vista constitucional, donde se va a evidenciar que nuestro trabajo y lo que hoy vamos a aprobar va a incidir directamente en la esperanza de vida de los trabajadores para mejorarla.
Con ello estamos eliminando todos los obstáculos que aquí se han comentado y que tenían los trabajadores para cuidar su salud, la falta de tiempo, la falta de dinero, la falta de permiso por sus empleadores; esto ya queda superado cuando se otorga constitucionalmente un día con goce de sueldo para poder atender preventivamente la salud.
Con ello y con las modificaciones a los artículos 4o. y 123 que se están proponiendo, estaremos potenciando la garantía del derecho a la salud de los mexicanos, donde además en la parte transitoria contemplamos que las instituciones de salud federales, locales y municipales deberán promover la implementación de un sistema de salud preventivo e incrementarlo gradualmente hasta tener una cobertura universal.
Este derecho no es solo programático, sino tiene un contenido substancial y se traducirá sin duda en una mejor calidad de vida para los trabajadores mexicanos.
Diputadas y diputados, hoy en Morena nos congratulamos en acompañar esta propuesta porque estamos convencidos que es el camino correcto para cumplir con nuestra obligación primaria, garantizar el derecho humano a la salud de los mexicanos, por ello votaremos a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Gutiérrez Luna. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión en lo general. De conformidad con lo que establece el artículo 230, numeral 3 del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra para la discusión en lo general hasta por cinco minutos.
Tiene la palabra, el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Yo voy a seguir con el tema del método establecido por la compañera diputada del PRI sobre las encuestas, y siguiendo el orden del diputado compañero del PAN de Yucatán, para preguntarles a todos los hombres que confiesen y que de manera preventiva levante la mano quién ya se hizo los estudios correspondientes de la próstata porque es delicado. Mira, uno, por eso nos estamos muriendo los hombres. No hay cultura.
El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración es de la mayor trascendencia en virtud de que busca que las instituciones de salud del Estado mexicano adopten un enfoque preventivo que permita garantizar el más alto nivel de bienestar posible para las y los mexicanos.
Al realizarse esta reforma desde la propia Constitución se establecen las bases jurídicas para transformar todo el diseño de las políticas e instituciones de salud, reitero, con un enfoque preventivo. Asimismo, con ello se cumple y armoniza el contenido del artículo 4o. constitucional con diversos compromisos que nuestro país ha adoptado en la materia.
La propuesta responde al complejo panorama que enfrentamos en la materia, mismo que se distingue por la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles. Tal es el caso de los padecimientos asociados al sobrepeso y a la obesidad como lo son la diabetes y la hipertensión, enfermedades que podrían disminuir de manera significativa con acciones preventivas.
La reducción de este tipo de padecimientos y de muchos más sólo será posible a través de una política preventiva de salud la que, dicho sea de paso, también tendría un impacto significativo en las finanzas públicas.
Quien ha hecho uso de la voz lo ha establecido con claridad. Basta mencionar que de acuerdo al estudio kilos de más, pesos de menos, los costos de la obesidad en México, elaborado por el IMCO, los recursos económicos destinados a la atención de la diabetes, atribuible al peso y a la obesidad, oscilan entre los 62 mil y 98 mil millones de pesos.
Por otra parte, no podemos ser omisos ante la ausencia o nula prevención de enfermedades por la falta de tiempo y recursos por lo engorroso que puede resultar asistir a los centros de salud.
Entre las consecuencias destaca la imposibilidad de identificar factores de riesgo a la salud y tratarlos oportunamente.
En este orden de ideas al otorgarles a los trabajadores regulados tanto por el apartado A y B del artículo 123 de la Constitución, el derecho a un día al año con goce de sueldo para la revisión preventiva de su estado de salud, se abona a la maximización del bienestar de las y los mexicanos.
Esta Cámara de Diputados se ha caracterizado por ser el cauce de las grandes preocupaciones y exigencias sociales, especialmente aquellas que habían sido dejadas en el olvido, o minimizadas por gobiernos anteriores.
Compañeras y compañeros, es tiempo de que los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna pasen de preceptos que sólo presentan buenas intenciones a una realidad para toda la población.
El acceso a los servicios de salud no puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos. El Estado mexicano tiene grandes deudas pendientes con el pueblo de México y sin duda una de ellas radica en hacer que el acceso a los servicios de salud sea una realidad para todos y todas.
Con el asunto a discusión avanzamos en la construcción de un país que alcance su pleno desarrollo humano en su aspecto formal pero también en el material.
Una política de salud preventiva abona en el desarrollo de la economía de nuestra nación al tener trabajadores sin riesgos, de contraer enfermedades que afecten su desempeño laboral, lo que incrementa la productividad y la competitividad en nuestro país.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre hemos abogado por el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y psicológico de las y los mexicanos. A partir de estas consideraciones las y los legisladores del PT votaremos a favor del presente asunto. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Montalvo Luna. Tiene el uso de la palabra la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Con su permiso, presidenta. En toda acción de salud es indispensable la salud preventiva, gozar de un bienestar general que se integra por un estado físico, mental y social que conduce a cualquiera a gozar de una integridad físico-psicológica, es un derecho y paralelamente una obligación del Estado.
El derecho a la salud, además de encontrarse reconocido en nuestro artículo 4o. constitucional, recoge también distintos instrumentos internacionales, así como jurisprudencias y organismos regionales que dan protección a los derechos humanos y que sus contenidos se clasifican primero en establecer un marco jurídico mínimo que asegure estas garantías.
También dotar a los servicios de salud un estándar de disponibilidad, calidad proporcional y adecuada al estado de cada persona, y también, en tercer lugar, la vigilancia y el control de las prestaciones de los servicios de salud tanto públicos como privados.
Compañeras y compañeros diputados, todo pilar de desarrollo de cualquier país y de cualquier persona es, sin duda, la salud misma.
La salud preventiva tiene como finalidad principal el fomento, la protección y la conservación de la salud, de ahí que las políticas nacionales le concedan prioridad dentro del proceso de medicina integral.
La salud preventiva va adquiriendo la jerarquía necesaria, y hoy se fortalece. Pero es una tarea de todos, de nosotros los legisladores, de las instituciones públicas, pero también de los hogares de México.
Y hago un llamado a las familias de México a promocionar hábitos y estilos de vida más saludables.
Este dictamen al artículo 4o constitucional se incorpora expresamente la exigencia de que el Estado garantice el acceso a la población al más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y tratamiento de cualquier padecimiento de carácter endémico, profesional o de cualquier otra índole como una herramienta para garantizar este derecho.
El sentido de incorporar la redacción de hoy, que se discute, será impulsar la prevención, como actividades sanitarias antes de que aparezca la enfermedad determinada, o lograr también estilos de vida saludables, la curación del enfermo o mantener controlada la enfermedad, y también una rehabilitación integral necesaria.
Por otra parte, se prevé ampliar el artículo 123 constitucional, los derechos de los trabajadores, en atención a la prevención de enfermedades, reconociendo como derecho de todo trabajador a que cada año pueda asistir en un día de labores, con goce de sueldo, a realizarse sus estudios médicos con la finalidad de que conozca su estado de salud y de esta manera pueda prevenir un padecimiento o bien la oportunidad de tratarlo oportunamente.
Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoya la aprobación de este dictamen y celebra que estemos tomando acciones para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones nacionales e internacionales en materia de salud, acorde siempre a lo establecido en el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, imprimiendo progresividad en la tutela de los derechos fundamentales de las personas y ampliando ahora a nivel constitucional la adopción de providencias de todo tipo, especialmente económicas y técnicas en materia de salud.
Compañeras y compañeros diputados, la salud preventiva debe ser el pilar del modelo de salud pública en México. Felicitamos al promovente y les recordamos, como lo dijeron mis compañeros diputados, que la prevención es vida. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Maldonado. Tiene la palabra la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Con su permiso, diputada presidenta. El derecho a la protección de la salud es una de las principales funciones del Estado mexicano. Por su relevancia, constituye un elemento indispensable para el desarrollo individual y colectivo.
En los últimos años hemos avanzado significativamente en esta materia, sin embargo es fundamental continuar trabajando en la consolidación de un sistema de salud preventivo accesible, integral y de calidad, en favor del bienestar de las familias mexicanas.
El eje central de la presente reforma es elevar a rango constitucional la promoción de salud a través de la prevención de enfermedades, lo que no solo nos permitirá generar ahorros significativos y fomentar la atención temprana, sino disminuir los índices de mortalidad.
Siguiendo el ejemplo de mi compañera, ustedes saben que el cáncer es una de las enfermedades que más muertes provoca. Yo les preguntaría, y para continuar con las encuestas, ¿quién se ha hecho una colonoscopía? Saben que el cáncer de colon es el cáncer mortal, pero es el único cáncer que se cura si es detectado a tiempo. Si alguien me dice quién se lo ha hecho y podemos tener una encuesta. Uno, dos, tres...
Además, sepan que el cáncer de colon, además de si no se detecta a tiempo, es hereditario.
Con su aprobación, se pretende proteger el derecho que toda persona tiene el acceso oportuno a los mecanismos de salud preventiva y al tratamiento efectivo de las enfermedades.
Incorporar acciones preventivas en nuestro sistema de salud hará posible una política integral y un diseño institucional basado en la coordinación y cooperación de todas las instituciones de salud.
Por lo anterior, se propone disponer de al menos un día laboral con goce de sueldo, a efecto de poder practicarse estudios médicos preventivos y diagnosticar de manera temprana posibles padecimientos.
La consolidación de la salud preventiva implica no solo cambios en nuestra cultura, sino también el fortalecimiento de las instituciones del sistema nacional de salud.
Para su debido cumplimiento se incrementarán los mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno, también se creará un plan de prevención y se aumentarán los recursos económicos de infraestructura y humanas para la protección de la salud.
Dado los beneficios concretos que esto significa, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, que reforma y adiciona los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario dotar al Estado mexicano y a sus instituciones de un marco jurídico homologado con los más altos estándares internacionales, que permitan salvaguardar uno de los derechos humanos más importantes y gozar del más alto nivel de salud.
Los invitamos a acompañar esta reforma constitucional, la cual estamos convencidos se reflejará en el mejoramiento de la salud y calidad de todos y todas las mexicanas. Muchas gracias. No se les olvide hacerse sus análisis.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Velasco González.
Para orientar a la asamblea, solicito atentamente a la Secretaría proceda a dar lectura al artículo 230, numeral 5, de nuestro Reglamento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Artículo 230, numeral 5. Cuando se solicite el uso de la palabra solo para argumentar a favor o solo para argumentar en contra, se admitirán hasta tres oradores que podrán hablar hasta por cinco minutos y agotada esa ronda el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido, en caso negativo el presidente podrá abrir otra ronda de oradores bajo estas mismas reglas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, secretaria. Dado que nos encontramos en el supuesto de tres oradoras y orador que hablaron a favor, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que se ha reservado para su discusión en lo particular el artículo tercero transitorio.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Algún diputado y diputada que falte de emitir su voto, si son tan amables, por favor? Sigue abierto el sistema, compañeros diputados. Tienen 43 segundos para emitir su voto. Está abierto el sistema, diputado. ¿Alguna diputada o diputado que falten de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputadas y diputados.
La diputada secretaria María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 411 votos en pro, 2 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 411 votos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión el artículo tercero transitorio del proyecto de decreto. Tiene la palabra por tres minutos el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar la propuesta.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Muchas gracias. Yo sé que muchos van a decir que no estoy de acuerdo ni con lo que yo propongo, pero presento esta reserva en virtud de que en la redacción el artículo tercero transitorio hace cita a la obligatoriedad de este derecho y la forma en la que los gobiernos federal, estatal y municipal tienen que ir destinando en programas multianuales recursos a largo plazo para hacer efectivo el derecho a la prevención.
Por eso estamos proponiendo agregarle únicamente de manera gradual, para que sea posible financieramente para los gobiernos. Porque queremos que los gobiernos sean los principales promotores de este derecho y no que le tengan miedo a un derecho a la prevención.
Por eso mandamos un mensaje claro a los gobiernos de todos los niveles. Queremos que sea un derecho promovido por los gobiernos, desde el Ejecutivo, y por eso le vamos a poner esta posibilidad, para que poco a poco puedan ir generando estas condiciones.
Igualmente, le mandamos un mensaje al Senado para que a la brevedad nos ayuden a sacar adelante esta reforma que gracias a todos ustedes hoy es posible. Muchas gracias a todos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Lixa Abimerhi. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.
La diputada secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica consulto a la asamblea si se admite la reserva presentada. Las diputadas y los diputados... a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta la modificación al artículo tercero transitorio del dictamen.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea, si se acepta la modificación al artículo tercero transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta y se reserva para su votación nominal.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 231, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, abra la Secretaría el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo tercero transitorio con la modificación aceptada por la asamblea.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo tercero transitorio con la modificación aceptada.
(Votación)
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema, si son tan amables por favor. Las diputadas y los diputados que falten de emitir su voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 406 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado el artículo tercero transitorio con la modificación aceptada por la asamblea por 406 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salud preventiva. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El diputado Gonzalo Herrera Pérez, ha solicitado un minuto de silencio por el lamentable violento de ceso de David Eduardo Otlica Avilés, presidente del municipio de Nahuatzen, Michoacán. Esta Presidencia lo concede.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría en votación económica si son de aprobarse, con excepción de los dictámenes enlistados en el orden del día con los números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23 y 24.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo, con excepción de los mencionados por la presidenta de la Mesa Directiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 13, y un capítulo vigésimo primero al título segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
Señora secretaria, continúe. Señor secretario usurpé en el primer punto su función, discúlpeme. Numeral 2, por favor.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Segundo. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, que devuelve para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Han solicitado diputadas y diputados hacer uso de la palabra, la cual se concede, desde su curul y por un minuto. Tiene la palabra la diputada Dorheny Cayetano, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Dorheny García Cayetano (desde la curul): Gracias, presidenta. El día de ayer, desde este recinto, condenamos el ataque armado en el que Maricela Vallejo Orea, fuera ultimada, una de las presidentas municipales más jóvenes del país como varios de los jóvenes que estamos representando a nuestros estados en este recinto.
Sin embargo, lo que no se mencionó es que la alcaldesa se quejó de amenazas de muerte, mismas que motivaron una denuncia ante la Fiscalía General del estado. Su tío fue asesinado el 15 de diciembre de 2017, sin que a la fecha se haya esclarecido.
En enero del 2018, declaró que las amenazas provenían de gente asociada a sus antecesores en la administración anterior, y que la investigación seguía abierta.
Según datos del Inegi, la Fiscalía General del estado que encabeza Winckler, tiene un porcentaje de efectividad de menos del 18 por ciento, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz no puede hacer su trabajo sin que la Fiscalía rinda resultados.
Tenemos las y los veracruzanos plena confianza en nuestro Ejecutivo, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, pero...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su minuto se ha agotado.
La diputada Dorheny García Cayetano (desde la curul): Concluyo, diputada, pero no pueden hacer su trabajo sin que la Fiscalía dé resultados. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias. Tiene el uso de la palabra, desde su curul por un minuto, la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María Marivel Solís Barrera (desde la curul): Muy buenas tardes. Sin duda hoy es un día histórico para la educación y la ciencia en nuestro país, la reforma educativa otorga nuevas bases constitucionales al desarrollo científico, tecnológico y de innovación nacional.
Nuestro reconocimiento a la diputada Adela Piña y Miroslava Carrillo, por la sensibilidad y apoyo para este tema. De manera específica, con esta reforma se reconoce el derecho humano a gozar de los beneficios del proceso científico y sus aplicaciones. Se establece con toda claridad que el Estado deberá apoyar la investigación científica, humanística y tecnológica.
Se considera una responsabilidad compartida entre el Estado, los sectores social y privado, garantizar el financiamiento, conservación, desarrollo y difusión de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
De manera destacada se establece el facultar al Congreso para expedir la Ley General en Materia de Ciencia, Tecnología...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, se ha agotado su tiempo.
La diputada María Maribel Solís Barrera (desde la curul): ...e Innovación.
Por ultimo. Estamos seguros de que con esta reforma constitucional se vinculará de manera directa la educación, ciencia, tecnología e innovación, con el desarrollo nacional del país. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Solís Barrera.
Tiene el uso de la palabra desde su curul, por un minuto, la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Simey Olvera Bautista (desde la curul): Gracias. Hacer presente que en estos días la escritora Sabina Berman denunció, a través de Twitter, que Enrique Krauze plagió una anécdota para un artículo de un periódico nacional que ella había escrito.
La situación desata un tema delicado, por lo que vale la pena cuestionarnos de fondo, hay un estado de indefensión en el cual se encuentran los autores y autoras ante un poder que tuerce una ley tan delicada como la Ley Federal del Derecho de Autor.
Pido desde aquí que se piense qué opciones tienen de reclamar sus derechos de autor, ante quien detenta el poder o influenciar también sobre los jueces y ministerios.
Casos de México hay, varios demuestran que el copyright se basa en buena fe, esperar que otros no lo plagien, y si no, hacer que la Ley Federal de Derechos de Autor no sea letra muerta.
Es necesario proteger los derechos para así evitar el plagio, pero sobre todo proteger los derechos culturales de creadores y creadoras que son vulnerables ante ciertos personajes con poder que ocupan su influencia mediática y sus favores políticos para enriquecerse con obras ajenas. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Olvera Bautista.
Tiene el uso de la palabra por un minuto, desde su curul, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para manifestar nuestra inconformidad por lo que esta mañana anunció el presidente de la República, sobre desaparecer las zonas económicas especiales.
Una vez más pretenden pasarse encima de este Poder Legislativo, porque la creación de las zonas económicas fue a través de una ley, y hasta donde tenemos conocimiento, no hay ninguna iniciativa por parte del Ejecutivo para cambiar esta ley que crea las zonas económicas.
Una vez más también están cancelando una política pública sin mostrarnos un diagnóstico o una alternativa de política pública y esta era una oportunidad para disminuir las brechas de desigualdad que existen entre el sureste mexicano y el norte.
Anunciamos como grupo parlamentario que inscribimos un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Economía y de Hacienda, que nos informen sobre esta decisión. Quieren destruir la posibilidad de crear miles de empleos para el sureste mexicano, para mi estado, pero también para otros estados del sureste que estaban incorporados en la política de zonas económicas especiales. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Munguía. Tiene el uso de la palabra, por un minuto desde su curul, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (desde la curul): Gracias, presidenta. Para manifestar lo siguiente. En los primeros 130 días del gobierno de Cuitláhuac García, han ocurrido más de 600 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía.
Con el homicidio de Maricela Vallejo, la alcaldesa de Mixtla, suman cuatro los alcaldes asesinados en lo que va de la actual administración. Además, en este año han sido asesinados cinco ex alcaldes y cinco regidores, y se han registrado por lo menos dos ataques con armas de fuego.
Es por eso que desde esta Cámara de Diputados demando que se establezca urgentemente una mesa de trabajo con la participación de las autoridades estatales, municipales y federales, para establecer una coordinación real y una nueva estrategia.
La violencia en Veracruz es algo insostenible. La ciudadanía merece vivir en paz. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Rodríguez Zamora. Tiene el uso de la palabra, por un minuto desde su curul, la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Ana Ruth García Grande (desde la curul): Muchas gracias, estimada presidenta. Le ruego que en las siguientes sesiones voltee para acá, la Mesa Directiva, porque luego ya me he quedado dos veces con la intención de hacer uso de la palabra.
En esta ocasión, para lanzar una exigencia al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que le ponga ganas y agilice el proceso de formalización de los Cendi, porque al día de hoy ya se tomó la decisión de que Cendi Puerto San Carlos, Baja California Sur, cerrará funciones a partir del primero de mayo.
La verdad, deleznable situación. La verdad depende de la Secretaría de Educación Pública, el proceso de formalización lo instruyó el presidente de la República.
Y hago este llamado muy puntual, solidarizándome con los trabajadores de Cendi, en 14 estados de la República, que tienen situaciones verdaderamente lamentables, lo que viene a hacer nugatorio el derecho de los menores a una educación básica de calidad. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García Grande. Tiene el uso de la palabra, por un minuto, desde su curul, el diputado Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Juan Enrique Farrera Esponda (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Un día como hoy nace Belisario Domínguez, chiapaneco, que en memoria de él nos deja un legado desde el Senado, el doctor Belisario Domínguez, adquiere una especial vigencia, aunado a la libertad de expresión: “convoco al restablecimiento del orden institucional y a la unidad nacional para la reconstrucción del país”.
Su ejemplo de honradez y valentía nos debe guiar para la mayoría de los mexicanos que estamos participando en la cuarta transformación, para legar a las nuevas generaciones un país con dignidad y justicia social. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Farrera.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (18:44 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes, reitero, mañana viernes 26 de abril, a las 10 horas, reitero, 10 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 8 horas.
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