Minuto de silencio por el fallecimiento de personas en Tlahuelilpan, Hidalgo
Comunicaciones
Iniciativas
Diputado Miguel Ángel Chico Herrera, Morena
Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, PAN
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, PRI
Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, PES
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Diputada Beatriz Manrique Guevara, PVEM
Dictámenes a discusión
Presentación del Informe anual de actividades 2018, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Diputada Beatriz Manrique Guevara, PVEM
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, PES
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, PMC
Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, PT
Diputado Héctor Yunes Landa, PRI
Diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, PAN
Diputada Lorena Villavicencio Ayala, Morena
Intervención final del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez
Dictámenes a discusión
Protesta del ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López, como vocal de la Junta de Gobierno del IPAB
Dictámenes con punto de acuerdo de la Primera Comisión
Dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión
Dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión
Agenda política
Comentarios con motivo de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, Hidalgo
Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, PVEM
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, PES
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, PMC
Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, PAN
Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, Morena
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Muy buenos días, señoras y señores, diputados, señoras y señores senadores. Se va a proceder al pase de lista. (Pase de lista)
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Nuevamente consulto si falta alguna compañera o compañero integrante de la Comisión Permanente de pasar lista. Señor presidente, hay una asistencia de 33 legisladores. Hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:20 horas): Se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte si se le dispensa la lectura al orden del día.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, les ruego manifestarlo de la manera acostumbrada levantando la mano (votación).
La senadora Bertha Xochitl Gálvez Ruiz (desde la curul): Una observación.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Ah, una observación. Señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Permítame, senadora. ¿Con qué objeto?
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): Para cambiar el orden del día.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Haga su propuesta.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, quisiéramos sugerir que, dado que está terminando el período, pudiéramos subir los puntos de acuerdo, en lugar de las iniciativas, debido al tema ocurrido en Hidalgo, y como hidalguense, aparte de solicitarle un minuto de silencio por todas las personas que fallecieron en Tlahuelilpan, pedirle que podamos subir los puntos de acuerdo a la orden del día, por el caso, específicamente de Hidalgo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Mire, compañera, va a haber debate en la agenda política, y suponemos que todo ese tiempo o casi todo, va a converger sobre los acontecimientos actuales, pero pregunto a la asamblea, si obsequia la petición de la senadora Xóchitl Gálvez. Consulte la Secretaría.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica se consulta a la asamblea si se modifica el orden del día que fue acordado en la reunión previa, y en la que, como el señor presidente de la Mesa Directiva informa, en la agenda política vemos que es prácticamente el único tema contemplado, solo para información de los asistentes.
Los que estén por la afirmativa de...
El senador Dante Delgado Rannauro (desde la curul): Presidente.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Señor presidente, le pide la palabra Dante Delgado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, senador Dante Delgado. Por favor.
El senador Dante Delgado Rannauro (desde la curul): Presidente, gracias. El planteamiento de la senadora Xóchitl Gálvez es para que se modifique el orden del día y la agenda política se sustituya por las iniciativas. Perdón, puntos de acuerdo por la...
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Proposiciones de punto de acuerdo.
El senador Dante Delgado Rannauro (desde la curul): Así es. Ese es el planteamiento, pero no lo narró usted, era única observación que quería hacer.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Le agradezco, señor Dante Delgado, que asesore usted de esta manera, a la Secretaría.
El senador Dante Delgado Rannauro (desde la curul): Gracias, presidente.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Señor presidente, ¿cuál es la instrucción?
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Bien, por instrucciones de la Presidencia, se consulta al pleno si es de considerarse la propuesta de la compañera Xóchitl Gálvez, en el sentido de que el tema sucedido en Hidalgo, sea el tema de las proposiciones de punto de acuerdo, en lugar del tema de agenda política. ¿Interpreté bien? De iniciativas. Él dijo proposiciones, el senador Dante Delgado, en su interpretación de lo que explicó la... A ver, señor presidente, si pudiera explicar la senadora Gálvez cuál es su propuesta concreta.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): A ver, concretamente es que sí se suban los puntos de acuerdo, porque ahí es donde pedimos informe a las diferentes dependencias. Lo que nosotros queremos es que se suban los puntos de acuerdo al orden del día. Podría ser en el tiempo de iniciativas. Eso es una propuesta porque sabemos que traemos una agenda muy complicada el día de hoy. Entonces, en lugar de iniciativas subimos puntos de acuerdo nada más, uno por partido.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No hay inconveniente. Consulte la Secretaría.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica, se consulta si la propuesta de la senadora Xóchitl Gálvez es de aprobarse. Los que estén de acuerdo les ruego se sirvan manifestarlo levantando la mano (votación). Los que estén por la negativa les ruego hacerlo de la misma manera (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En sus términos el orden del día.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Bien. En este sentido, señor presidente, si me permite, entonces ahora procederé a consultar a las legisladoras y los legisladores. Los que estén por la afirmativa de dispensar la lectura del orden del día, les ruego levantar la mano (votación). Los que estén por la negativa les ruego levantar la mano (votación). Gracias. Aprobado. ¿Va el acta, verdad presidente?
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Qué estamos votando, señor secretario?
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Se votó la dispensa de la lectura del acta y ahora del orden del día.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Presidente, si me autoriza consultaré si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perfecto.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Gracias, presidente. En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que se encuentra también publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (desde la curul): Señor presidente.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Señor presidente. Piden la palabra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señor senador. Sonido al señor senador.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (desde la curul): Solo para mencionar que la senadora Xóchitl había hecho un planteamiento también en relación a solicitar un minuto de silencio y se votó en contra, quizá sin advertir que eran dos temas los que se estaban poniendo a consideración.
Ya entendimos que se votó en contra la modificación, pero no creo que se haya votado en contra su solicitud del minuto de silencio por la tragedia de Hidalgo. Solo para reiterarlo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si no opinan en contra, la Presidencia obsequia la petición del senador.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Rogaré a los asistentes ocupen sus asientos, por favor.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Señor presidente, si me permite, continúo con la instrucción que me dio. Solicito que las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa de dispensar la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que esta se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, les ruego manifestarlo levantando la mano (votación). Quienes estén por la negativa les ruego hacerlo de la misma manera (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Ruego a los asistentes integrantes de la Comisión Permanente, manifestarlo en el sentido positivo levantando la mano quienes así lo estimen prudente (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, les ruego manifestarlo de la misma manera (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Comunicaciones. De la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, por los que informan la instalación y la clausura de los trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del primer receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió de la Cámara de Senadores, acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018, en el estado de Puebla. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: La Cámara de Senadores, remite acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, para que en el Senado de la República se promueva una serie de foros consultivos, en virtud del proyecto de decreto que abroga la Ley Agraria y expide la Ley para el Desarrollo Agrario. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibieron cuatro oficios por los que, los siguientes diputados, comunican la reincorporación a sus actividades legislativas.
1. Del diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, a partir del 18 de enero del año en curso.
2. De la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, a partir del 19 de enero del año en curso.
3. Del diputado José Elías Lixa Abimerhi, a partir del 20 de enero del año en curso; y
4. Del diputado Xavier Azuara Zúñiga, a partir del 21 de enero del año en curso.
Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado, comuníquese.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que, durante el mes de diciembre de 2018, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes, para dar destino a las mercancías de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y consumo. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 2018, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2017. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió del Banco de México el informe sobre el presupuesto de este instituto central, correspondiente al ejercicio 2019, estructurado en gasto corriente e inversión física. Relacionados y no relacionados con el mandato constitucional de proveer billetes y monedas a la economía. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió de la Secretaría de Gobernación la designación del ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Tercera Comisión y despáchese de modo expedito.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y en Comisión Permanente, en su segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Cámara de Senadores.
Se recibió solicitud de licencia del diputado Fernando Luis Manzanilla, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia al diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el decimosegundo distrito electoral del estado de Puebla, a partir del 22 de enero del año en curso.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, remite las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, para presentar iniciativa.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Me permite antes de comenzar? He pedido en una ocasión, del modo más respetuoso, que las personas que se encuentran de pie tomen sus asientos. Esperamos para reanudar que esto ocurra. Diputado Miguel Ángel Chico Herrera, por favor.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera: Gracias, presidente. El artículo 90, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Ejecutivo federal para representar a la federación por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y las secretarías de Estado en los asuntos que esta sea parte, tales como en las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y los juicios de amparo. Así como en los juicios ordinarios contencioso-administrativos y procedimientos de naturaleza diversa a la jurisdiccional.
Para efectos de la representación mencionada en el párrafo anterior, los artículos 9o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Así como el acuerdo general por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 6 de febrero del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación; y, el acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan en el mismo, publicado el 9 de enero del año 2001 en el Diario Oficial de la Federación, prevén la facultad del consejero jurídico del Ejecutivo federal para representar al presidente de la República en los juicios de amparo, en las acciones y controversias constitucionales, así como en los demás juicios que el titular del Ejecutivo federal intervenga con cualquier carácter.
El 10 de febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticoelectoral, mediante el cual modifica la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República como dependencia de la administración pública federal, para ser un órgano público, autónomo, denominado: Fiscal General de la República.
Por lo anterior, el decreto antes mencionado establece en el artículo décimo séptimo transitorio, fracción I, que los asuntos en que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la federación, así como aquellos que hayan ejercido acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso i) de la fracción II del artículo 105 de nuestra Constitución, que se encuentran en trámite a la entrada en vigor de la declaratoria expresa de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República que realiza el Congreso de la Unión.
Deberán remitirse entre los 20 días hábiles siguientes a dicha declaratoria, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su atención y debido seguimiento. En este sentido, el 14 de diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, emitiendo el Congreso de la Unión para los efectos conducentes la declaratoria de la autonomía constitucional del mencionado órgano público autónomo, publicado el 20 de diciembre de 2018 en el citado medio de difusión.
Las modificaciones estructurales de la Fiscalía General de la República, a la entrada en vigor de la declaratoria de su autonomía, implicaron que la representación jurídica de la federación con que contaba dicho órgano fuera transferida al presidente de la República, siendo ejercida por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y las secretarías de Estado en los asuntos de naturaleza ordinaria, contencioso administrativo o diversa a la jurisdiccional para su atención y seguimiento procesal, razón por la cual se hace necesario reglamentar la representación originaria o residual para dicho cometido.
Por lo tanto, se propone regular la representación jurídica de la federación que transfiere al consejero jurídico del Ejecutivo federal en particular respecto de juicios y procedimientos ordinarios, contencioso administrativos o de naturaleza diversa a la jurisdiccional, a fin de otorgarles la atribución para determinar la dependencia en que recaerá la representación de los mismos con lo cual se permitirá apoyarse en las demás dependencias de la administración pública federal para la atención de los diversos juicios y procedimientos en razón de la materia de su especialidad, generándose así el sistema integral de defensa jurídica de los intereses de la federación. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputados y diputadas, senadoras y senadores. La iniciativa que hoy presenta su servidora tendrá impacto en la vida de muchas madres de familia y desde luego de los niños y niñas.
Les pregunto y les hago la reflexión: ¿cuántos juicios hay por pensión alimenticia en cada uno de nuestros estados? Yo creo que todos sabemos que hay muchísimos juicios pendientes por pensión alimenticia y a continuación les explico mi iniciativa.
El Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los artículos 11 y 25, reconoce el derecho a recibir alimento, un derecho fundamental y elemental.
Aunado a lo anterior la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, de la que México forma parte, obliga al reconocimiento del derecho de las niñas, niños y adolescentes que tienen para vivir en condiciones de bienestar, por lo que las decisiones que se tomen en todos los ámbitos de interés público y general, deben garantizar el interés superior de la niñez, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o.
De acuerdo a cifras oficiales del Inegi, en nuestro país se estima que un 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben dicha pensión, poniendo en vulnerabilidad sus derechos.
Es importante hacer mención que el Inegi detectó que de 2000 a 2015, que los divorcios en el país se incrementaron hasta en un 132 por ciento, lo que trae consigo el incumplimiento de pensión alimenticia también se incremente dejando en incertidumbre el bienestar y el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Ante ese incremento de denuncias en torno a la pensión alimenticia, los juzgados deben hacer más eficientes las resoluciones y las investigaciones por incumplimiento de pensión alimenticia para sancionar y castigar a las personas responsables prevaleciendo en todo momento el interés superior de la niñez.
Por tal motivo presento la siguiente iniciativa que tiene como objeto incrementar las penas por incumplimiento derivadas de las denuncias por investigaciones y demandas de pensión alimenticia, para que se resuelvan con diligencia y celeridad.
También se establece que en aquellos casos en los que se compruebe el dolo en el que una persona se coloque en estado de insolvencia, las obligaciones alimentarias podrán ser retroactivas.
Este tema de retroactividad en pensión alimenticia, tiene ya un antecedente ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 1388 2016.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto
Artículo Único. Se reforman los artículos 336 y el 336 Bis del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:
Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión, o de 200 a 380 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
Artículo 336 Bis. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a tres años. El juez resolverá con diligencia y celeridad la aplicación del producto de trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de este.
Las investigaciones y denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias no prescribirán, y en los casos que se compruebe dolo en el estado de insolvencia, las obligaciones alimentarias serán retroactivas.
Es cuanto. Agradezco su apoyo en esta iniciativa, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales.
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, presidente. El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.
Esta reforma es considerada como histórica, al ser la más trascendental en la materia desde 1917, pues aborda uno de los temas fundamentales de las relaciones labores, la justicia laboral.
Estas reformas sentaron las bases para una profunda transformación al esquema de impartición de justicia laboral, en el que se garantice el acceso a una tutela judicial efectiva, así como los derechos de negociación colectiva y libertad sindical.
Así, se busca dar respuesta al desfase que existe entre las instancias que imparten la justicia laboral y las necesidades y expectativas de los trabajadores, para así atender los vicios y prácticas que generan incertidumbre y obstaculizan la impartición de justicia durante el desarrollo de un conflicto laboral.
Esta modernización legal habrá de contribuir a asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, así como dar certeza jurídica a los trabajadores y empleadores. Lo anterior permite no solo elevar la productividad y la competitividad económica, sino mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.
Sin embargo, para que dichas reformas cumplan con sus objetivos es urgente expedir la legislación secundaria. Recordemos que el plazo era de un año después de su publicación y el Congreso ya está en falta.
Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa para expedir la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales y se reforman diversas disposiciones de otras leyes, como la del Trabajo, la de las Entidades Paraestatales, Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la del Seguro Social y la del Infonavit.
La presente iniciativa responde a la necesidad de adecuar el marco legal para el pleno funcionamiento del sistema de justicia laboral, además de que buscar dar cauce a los compromisos internacionales del Estado mexicano, entre ellos los establecidos en el Convenio de la OIT para proteger a los trabajadores contra todo acto de discriminación que menoscabe su libertad sindical.
También se daría cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, al garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación colectiva para organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, así como a participar en la contratación colectiva mediante la emisión de un voto personal, libre y secreto. Entonces, en este sentido nuestra iniciativa propone.
Primero, la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales como un organismo público, descentralizado y autónomo. Esta institución ofrecerá el servicio público de conciliación para la solución de los conflictos laborales entre trabajadores y empleadores, individuales o colectivos, en asunto del orden federal, ofreciendo a estos una instancia eficaz y expedita para dar certeza y seguridad jurídica.
La iniciativa también busca modificar la Ley Federal del Trabajo, para que la elección de dirigentes se realice mediante voto personal, libre y secreto de sus afiliados a través del procedimiento que establezcan sus estatutos, para agilizar la solución de los conflictos laborales entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sindicatos o entre sindicatos, así como para establecer procedimientos claros y expeditos para el registro de organizaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo, convenios de administración de contratos ley y reglamentos interiores de trabajo.
También se propone que se mantengan vigentes los contratos colectivos de trabajo suscritos con anterioridad a la implementación del sistema de justicia laboral y que la entrada en vigor de los tribunales laborales, el servicio público de conciliación, tanto en el ámbito federal como en el local y los registros laborales sea en el plazo de 12 meses.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública, facultamos a la Secretaría del Trabajo para coordinar la integración y establecimiento de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales de jurisdicción federal.
En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se faculta al pleno de la Corte para resolver controversias en las que formen parte el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales y los centros de conciliación locales.
Finalmente, en las leyes del Seguro Social y del Infonavit buscamos establecer que los conflictos entre trabajadores e instituciones sean resueltos ante los tribunales laborales o los tribunales especializados en seguridad social.
En suma, compañeros, esta iniciativa completa y que retoma planteamientos hechos en el Senado de la República, nuestros compromisos internacionales, la jurisprudencia en la materia y en las opiniones de académicos y expertos.
En el PRI siempre estaremos del lado de los trabajadores, apostando por la justicia laboral, que favorezca la conciliación por encima de los conflictos legales y que permita la generación de empleos.
Por ello, les exhorto a que discutamos y aprobemos esta iniciativa y cumplamos con nuestra obligación que marca la ley. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Gracias, presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores, honorable asamblea, traigo a esta tribuna a su consideración, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 16 Bis de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Para Encuentro Social, la protección de las niñas, niños y adolescentes es una de sus principales causas de ser. La presente iniciativa pretende armonizar el principio constitucional de interés superior a la infancia.
La Organización Panamericana de la Salud señala que a nivel mundial más de 800 mil personas se suicidan cada año, lo que equivale a una cada 40 segundos. Por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes. El suicidio es la cuarta causa de muerte en los grupos de 10 a 19 años.
Datos de México Social señalan que entre 2014 y 2016 se ubica en 6 mil 377 casos de suicidio, cifra 14 por ciento superior al del periodo previo del 2010 al 2013, en el que se registraron 5 mil 547 casos por año. Entre los años de 2010 al 2016 apunta este organismo que en Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima se presentaron el mayor número de los casos.
Diversas investigaciones en el país arrojaron que el abuso sexual, la genética, los fracasos escolares, las relaciones hostiles en las escuelas, los vínculos violentos con la familia o el consumo de información respecto a dicho tema, podrían influir en el suicidio de un infante.
Expertos apuntan que entre los factores que más incidencias tienen para que un niño o niña piensen o contemplen la idea del suicidio, están en primer lugar presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio de los padres, la muerte de seres queridos, de figuras significativas o el abandono, el maltrato físico, la negligencia, el abuso emocional y el abuso sexual, problemas escolares, sea por dificultades del aprendizaje o disciplinarios, llamadas de atención de carácter humillante por parte de los padres.
El estudio Bullying y Suicidios, del doctor Alejandro Águila, advierte que las redes sociales, Internet, de la telefonía celular, la mensajería instantánea para llevar insultos y vejaciones entre iguales se están convirtiendo en factor de riesgo para estos casos.
El incremento de casos del acoso en redes sociales es casi en todos los colegios y en escuelas. Han hecho que la mayoría de planteles educativos hayan tomado medidas tales como no permitir el uso de Facebook si se tiene menos de 13 años.
Sin embargo, el poco control y la facilidad para ingresar a estas redes sociales hacen difícil que se elimine este grave problema, al grado de que ya circulan en videos de actos de bullying que desencadenan suicidios.
De acuerdo con datos del Inegi, los niños entre 10 y 14 años representan el 3.5 de las muertes por suicidio en 2016, estamos hablando de un total de 228 suicidios cometidos. Es decir, hay más suicidios de infantes que de adultos mayores de 60 años y más.
Además, apunta que, en diciembre del 2017, entre adolescentes de 10 a 14 años, el 94 por ciento de quienes se suicidaron eran hombres y el 6 por ciento fueron mujeres.
El Centro de Información de la ONU ha insistido en que es necesaria una labor mundial de concientización de que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura.
Los gobiernos deben elaborar marcos normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio.
Por lo motivado y fundado, se propone adicionar el artículo 16 Bis a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en los siguientes términos:
Artículo 16 Bis. Las autoridades de la federación, de las entidades federativas municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir y, en su caso, atender el suicidio entre las niñas, niños y adolescentes. No esperemos a que los suicidios aumenten para intentar detenerlos y atenderlos.
Legislemos a favor de la niñez mexicana, ella lo merece. Hagamos un México seguro que proteja a su niñez. Eso es posible, hagámoslo nosotros. Es todo, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, para presentar un proyecto de decreto que expide la ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y otros.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, desde hace tres décadas México enfrenta un problema de seguridad que ha generado, como todas y todos sabemos, una crisis humanitaria en la que se han registrado miles de desaparecidos, muchos más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y desplazamiento, en la cual el papel del Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha sido prácticamente nulo y sus agentes han actuado, en muchas ocasiones, como cómplices.
Ahí tenemos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, estado de México o en la desaparición forzada de los 43normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, entre otros lamentables acontecimientos, los cuales son cada vez más recurrentes en nuestro país.
Así hemos visto cómo la violación a los derechos humanos se ha constituido como una política de Estado auspiciada en ocasiones por los Poderes de la Unión o los tres Poderes de gobierno, en la cual los contrapesos de control y fiscalización resultan invalidados, dado que los órganos encargados de realizarlas carecen de facultades para denunciar y evidenciar las nefastas intenciones de un régimen que hoy por hoy se antoja tan autoritario como aquellos años de los sesenta y setenta.
Ante esta crisis, resulta de vital importancia que se inicie un proceso de estudio, análisis, investigación imparcial de sus causas y para generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades, que coadyuve al restablecimiento de la paz social y no un proceso que, guiado por el propio gobierno, intente borrar las huellas del pasado creando comisiones presidenciales, pasando por encima de la legalidad ordenada por los tribunales, encima de los organismos autónomos de nuestro país e inclusive por encima de las recomendaciones internacionales, cayendo en la propaganda política y no en la restitución de los derechos.
Es por ello que proponemos la creación de una Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias en el periodo 2006-2018, que tendría por objeto la investigación, el estudio, el análisis y la aportación de elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México constituyen delitos de lesa humanidad en términos de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Esto permitiría establecer que, como política pública, los principios de justicia restaurativa y los derechos humanos sean la base de las investigaciones y de probables hechos delictivos cometidos por agentes del Estado en contra de la sociedad en su conjunto.
Es importante mencionar que esta comisión gozaría de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas y podrá requerir a las autoridades toda aquella información que pueda serle de utilidad. Que sería una comisión que gozaría de 60 meses calendario y se encontraría integrada por 5 personas designadas por el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas directas o indirectas, y que serían invitados permanentes a las sesiones públicas de la Comisión de la Verdad, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un representante de la Cámara de Diputados y uno de la de Senadores, un representante del Poder Ejecutivo federal, un representante del Poder Judicial de la Federación y un representante de la Fiscalía General de la República que contarían con derecho a voz, pero sin voto.
Es por lo anterior, que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos plenamente convencidos de la pertinencia y oportunidad y esta ley que crea la comisión de la verdad ya que nos permitiría establecer las condiciones para garantizar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y al reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado.
Es hora de brindar a la sociedad la protección que el Estado le debe, pues han sido las propias autoridades las que incurrieron, propiciaron o favorecieron actos violatorios de los derechos de las personas. Es hora que frente a la penetración del crimen organizado y a la omisión, negligencia, impotencia o indiferencia iniciemos el proceso de construcción de la paz en nuestro país. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Es indudable que la pesca representa una de las fuentes alimentarias más importantes a nivel mundial, el sector pesquero brinda una gran oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas que se dedican a esta actividad económica primaria, sin embargo no podemos dejar de lado que como casi cualquier otra actividad humana tiene un impacto ecológico, el cual puede resultar negativo si no se realiza con estricto apego a los criterios de sustentabilidad.
En ese sentido cada año se pierden o abandonan en el mar alrededor de 640 mil toneladas de aparejos de pesca, que actúan como redes fantasmas apresando animales marinos. Estas redes permanecen a la deriva durante años con lo cual muchos peces y mamíferos marinos acaban enredados en ellas.
La vida útil de las redes oscila entre tres y cuatro años y sus características varían según el producto pesquero que se pretenda conseguir. No obstante, puede llegar a medir hasta un kilómetro y medio de largo funcionando como una amenaza para el ecosistema marino por un lapso considerablemente prolongado.
Entre las redes de pesca por las que nadie responde, han sido atrapados delfines, ballenas y muchas otras especies. La falta de información y en ocasiones de reglamentación respecto a las acciones que deberían tomar aquellos quienes se dedican a la pesca sólo agrava la situación, y si a ello se suma el uso de elementos que tardan en degradarse el problema empeora en perjuicio de la biodiversidad marina.
Un claro ejemplo de este problema –y fuimos todos testigos– fue el que se vivió en el mes de agosto del año pasado cuando cerca de 300 tortugas marinas en peligro de extinción fueron encontradas muertas en la costa de Oaxaca. Los animales estaban flotando y en avanzado estado de descomposición, atrapados en redes de pesca atuneras que fueron dejadas a la deriva.
Dicha situación reviste especial importancia al momento de analizar la evidencia que señala que una de las principales fuentes de contaminación marina es precisamente el abandono de dichos instrumentos por tratarse de una trampa mortal para las diferentes especies de fauna.
En ese sentido, la presente iniciativa propone realizar diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable con el objeto de fijar expresamente una prohibición que hoy se encuentra establecida únicamente en norma general.
Así, pues, consideramos necesario atender la gravedad que implica la contaminación por abandono de redes de pesca y el aumento desmedido de ellas, e insertar expresamente dentro del capítulo de infracciones el abandono de las redes de pesca o cualquier otro instrumento por el que se realice captura o extracción de las especies de flora y fauna acuáticas, con la finalidad de desincentivar la ejecución de dichas acciones nocivas.
Igualmente, proponemos adicionar algunas fracciones y algunas facultades a la federación a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como competencias para las entidades federativas y los municipios, todas ellas encaminadas a la promoción, regulación y participación en acciones y programas de tratamiento y destino de las redes de pesca.
También es oportuno insertar dentro de los principios para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura sustentables la disposición final de las artes de pesca.
Por otra parte, no debemos omitir que uno de los elementos a destacar de la presente iniciativa es el impulso al reciclaje de las artes de pesca.
En el Partido Verde estamos convencidos de que las propuestas de modificación que estamos presentando pueden contribuir a la lucha en contra de una problemática mundial que afecta gravemente uno de los ecosistemas el día de hoy más vulnerables en el planeta. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo, aprueba la designación del ciudadano Jonathan Ernest Heath Constable, como miembro integrante de la Junta Directiva del Banco de México.
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Escalante para fundamentar el dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo García Escalante: Con la venia de la Presidencia. Compañeros integrantes de la Comisión Permanente, acudo a esta tribuna para someter a su consideración los dictámenes aprobados por la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, que aprueba por unanimidad la designación del ciudadano Jonathan Ernest Heath Constable y por voto de mayoría la designación de Gerardo Esquivel Hernández como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.
La ratificación del ciudadano Jonathan Ernest Heath Constable, una vez aprobado el dictamen, es para cubrir la vacante generada a partir del 31 de diciembre del 2018 por el vencimiento del cargo del ciudadano Manuel Ramos Francia y ocupar el cargo hasta el 31 de diciembre del año 2026, en tanto que la ratificación del ciudadano Gerardo Esquivel Hernández es para que ocupe el cargo hasta el 31 de diciembre del año 2022 con motivo de la vacante producida por la conclusión anticipada del licenciado Roberto del Cueto Legaspi.
Amigos integrantes de esta Comisión Permanente, quiero resaltar el esfuerzo de revisión, análisis y la dedicación de las y los legisladores integrantes de la comisión que me honro en presidir, y por supuesto la disposición de los funcionarios aspirantes para tener un diálogo abierto y plural.
A todos les externo mi agradecimiento porque las reuniones con los funcionarios aspirantes se dieron en un marco de apertura, para que los integrantes de la Tercera Comisión, se manifestaran en un ambiente de respeto y diálogo, para cumplir su responsabilidad de mantener el adecuado funcionamiento de las instituciones fiscales y monetarias del sistema financiero mexicano.
No tengo la menor duda de que con este antecedente estamos en el camino correcto para fortalecer los mecanismos de diálogo que abonan al pacto federal y al bien común de nuestra nación.
Tampoco omito decir a nombre de los integrantes de la Tercera Comisión, que las ratificaciones que hoy sometemos a su consideración las hacemos con la convicción de que los funcionarios propuestos asumirán de manera responsable digna y con total independencia, el cargo que se les encomienda.
En virtud de lo anterior, quisiera señalar lo importante que ha resultado la revisión curricular porque nos permitió fortalecer la visión que tiene esta comisión sobre la importancia de que asuman el cargo en esta destacada institución, personas con la más alta preparación técnica más allá de las diferencias políticas que genera la pluralidad entre partidos políticos.
Efectivamente hemos podido constatar que sus amplios conocimientos y excelentes trayectorias profesionales, respaldan el asumir con compromiso, responsabilidad, profesionalismo e independencia, las funciones que tiene el Banco de México.
Los razonamientos en la comisión sobre estos nombramientos fueron particularmente variados, pero no por ello, menos relevantes. Insisto en resaltar que hemos constatado el perfil académico y la trayectoria de los aspirantes.
La Junta de Gobierno del Banco de México, es la titular y responsable de la política monetaria del país. Los momentos y los desafíos que financieramente, en términos de mercados internacionales enfrenta nuestra nación, requiere de decisiones que puedan mandar señales y variables de confianza a los mercados e instituciones financieras internacionales.
La economía de nuestro país no debe visualizarse como una aldea sin vínculos cercanos. En definitiva, debe entenderse en el contexto de un mercado mundial global que supone relaciones comerciales y financieras entre los distintos países que repercuten en el comportamiento eficiente de nuestra economía.
En el conocimiento de que las actuales condiciones de la economía mexicana representan grandes retos, se requiere un alto compromiso para cumplir las atribuciones que la ley les confiere a los funcionarios del Banco de México con relación a la aplicación de medidas de política monetaria que permitan mantener la inflación en condiciones de estabilidad, tasas de interés competitivas y atractivas para la inversión extranjera, el control del tipo de cambio, la operación de las instituciones de crédito y la regulación de los sistemas de pago, todo ello en favor de los mexicanos.
Por esta razón, estamos seguros que se debe establecer una mayor comunicación entre los funcionarios del Banco de México y los legisladores del Congreso de la Unión, para que de manera coordinada trabajemos en la aprobación de leyes que ayuden a instrumentar, sin retrasos, la política monetaria y con el objeto prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.
No tengan duda que en el Congreso encontrarán los aliados y el respaldo suficiente para legislar en aquellos asuntos que resulten relevantes para la economía del país.
Compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Permanente, con la aprobación de estos dos nombramientos cumplimos las facultades y obligaciones que nos confiere la Constitución. Por eso, a nombre de los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo ponemos a su consideración este dictamen en el sentido de apoyar la ratificación de los aspirantes antes mencionados. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores registrados, se solicita a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo de la misma forma (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría recoja la votación nominal del acuerdo, iniciando por el lado derecho del salón.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Se va a recoger la votación nominal del acuerdo. Iniciaremos desde la primera fila por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto.
El diputado Ricardo García Escalante (desde la curul): Nada más una consulta. Son dos dictámenes, uno es el de Jonathan Ernest Heath y el otro es el de Gerardo Esquivel. ¿Vamos a votar Jonathan Ernest Heath en este? ¿Es correcto?
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Es correcto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sí.
El diputado Ricardo García Escalante (desde la curul): Del PAN, a favor.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, a favor.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (desde la curul): Por el Partido Acción Nacional, a favor.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, a favor.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): A favor.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): A favor.
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): A favor.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): A favor.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): Morena, a favor.
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): A favor.
El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar (desde la curul): A favor.
La senadora M. Citlalli Hernández Mora (desde la curul): A favor, Morena.
La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (desde la curul): Morena, a favor.
El senador Cruz Pérez Cuellar (desde la curul): A favor.
El diputado Silvano Garay Ulloa (desde la curul): Diputado, a favor.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Partido del Trabajo, a favor.
El senador Joel Padilla Peña (desde la curul): Del Partido del Trabajo, a favor.
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): Morena, a favor.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano (desde la curul): A favor.
El senador Rubén Rocha Moya (desde la curul): A favor.
La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): A favor.
La senadora Verónica Noemi Camino Farjat (desde la curul): A favor.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): A favor.
El senador Dante Delgado (desde la curul): A favor.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (desde la curul): A favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Diputada del PES, a favor.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada de Morena, a favor.
El senador Martí Batres Guadarrama: Senador de Morena, a favor.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputado, Morena, a favor.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: A favor.
El diputado Héctor Yunes Landa: PRI, a favor.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Se consulta a la asamblea si falta algún legislador, alguna legisladora de emitir su voto. Señor presidente, le informo que hubo 35 votos en favor, 0 en contra y tampoco hubo abstenciones.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado el acuerdo por 35 votos. Comuníquese al Ejecutivo Federal.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo, por el que se aprueba la designación del ciudadano Gerardo Esquivel Hernández. Tiene la palabra el diputado Ricardo García Escalante para fundamentar el dictamen.
El diputado Ricardo García Escalante (desde la curul): Ya se fundamentaron los dos dictámenes en la intervención pasada.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se fundamentaron, es cierto, tiene usted razón. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra Alejandra Noemí Reynoso, del Partido Acción Nacional.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes. A nombre del Partido Acción Nacional queremos dejar de manifiesto nuestra posición en torno a este dictamen.
Para nosotros lo más importante es el fortalecimiento de las instituciones, la autonomía de los órganos y, por supuesto, lo que pretendemos y lo que queremos es que el Banco de México siga siendo una institución autónoma, una institución fuerte, una institución que nos ayude y nos siga ayudando a generar confianza en estos momentos de México en el extranjero.
Por eso queremos manifestar nuestro voto en abstención y les voy a dar la razón. Para que el Banco y la institución se fortalezcan necesitan también de la confianza. Si bien lo hemos dicho, se dijo en la comisión que dictaminó y en la comparecencia, de las dudas que podían existir por el posible conflicto de interés, queremos también dar ese beneficio de la duda.
Hay un compromiso de la autonomía, hay un compromiso de la responsabilidad en el encargo y por eso es que el día de hoy Acción Nacional votaremos en abstención, confiando en que el Banco de México se fortalezca, confiando en quienes hoy son designados, confiando en que esto nos ayude, a nuestro país, nos ayude a México y confiando en que finalmente se actuará como se espera, con autonomía, con responsabilidad y con autoridad. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora diputada. Me gustaría simplemente aclarar, en la votación que se hizo nominal usted cantó abstención. No, cantó a favor y ahora manda, ¿cuál es? ¿La segunda? Muy bien. Diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Buenas tardes, con su permiso, diputado presidente.
El día de ayer en la sesión de la Tercera Comisión, en que tuvimos a bien realizar la votación de ambos dictámenes, pusimos de manifiesto, en primer lugar, nuestro claro reconocimiento a la trayectoria académica y profesional de cada uno de los dos propuestos para el cargo de subgobernadores del Banco de México.
De hecho, se ha expresado de parte de diversos integrantes nuestro reconocimiento al Ejecutivo por este par de propuestas que, sin lugar a dudas, en el ámbito de su formación académica, su producción, incluso en libros y en la literatura que tiene que ver con la política económica, la política monetaria, representan ambos candidatos.
Yo, en la misma solicité, en el caso del doctor Gerardo Esquivel, que se pudiera hacer, como es práctica común en cualquier país desarrollado, cualquier país democrático, un apartado sobre el eventual conflicto de interés.
De manera posterior, tanto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado como en la Cámara de Diputados, revisamos el tema, este que nos ocupa y solicitamos que antes de que se pudiera procesar este dictamen aquí, en la Comisión Permanente, hubiera una declaratoria explicita por parte del doctor Gerardo Esquivel, respecto de su actuación en la junta de gobierno.
Quiero señalar que este cargo, como todos ustedes saben, tiene más un ángulo de desempeño colegiado en la Junta de Gobierno que de carácter individual. Por esa razón, daré lectura a la carta que se nos ha hecho llegar relacionada con esta petición.
Dice: “Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presente. Por este medio me permito ratificar lo expresado en mi comparecencia del día 14 de enero de 2019, ante legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de este órgano del Congreso de la Unión, en el sentido de que en caso de ser aprobada por esa soberanía mi designación como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, asumo el compromiso de actuar con total independencia y ser garante de la autonomía constitucional del Banco de México”. Y firma el doctor Gerardo Esquivel Hernández.
En lo que toca a la inquietud planteada por los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano, con esta carta y este compromiso previo a su elección, nos damos por satisfechos y hacemos votos por el cumplimiento de este claro compromiso el día de hoy ante esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidente. Como integrante de la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente, participé en forma activa en el análisis y discusión durante las comparecencias de los dos subgobernadores del Banco de México, designados por el Ejecutivo, y cuyo proceso de aprobación estamos considerando en este momento.
Quisiera señalara que, en particular, en el caso del doctor Gerardo Esquivel enfaticé dos cuestiones. Una, relacionada con su experiencia –muy amplia, por cierto– en el ámbito académico en forma exclusiva, no reuniendo uno de los requisitos para formar parte de la Junta de Gobierno del banco, que es ni más ni menos haber desempeñado un cargo de decisión en el sector financiero.
Sin embargo, la propia ley concede la salvedad de que dos subgobernadores del propio banco, de los cinco, pudieran tener esa característica de no experiencia en altos cargos de decisión. La única cuestión que subrayé en ese momento fue que quien tenga ese rasgo no podrá ser gobernador de la institución al menos en los tres años siguientes, es decir, hasta 2021.
El otro aspecto que resalté en la comparecencia fue el posible conflicto de intereses, dado que el doctor Gerardo Esquivel está casado con la secretaria de Economía y el punto de confluencia de interés entre la institución Banco de México y la Secretaría de Economía es claro, se trata del desarrollo económico del país visto desde el ámbito de la política monetaria en el caso del Banco de México y de la promoción del crecimiento por parte de la propia secretaría.
Finalmente, el doctor Gerardo Esquivel dio respuesta en relación al tema académico, sobrada a mi juicio, sin embargo, quedó pendiente el tema del conflicto de intereses.
El día de hoy ha enviado una carta iniciativa de Movimiento Ciudadano donde señala y reitera su disposición de conducirse en el marco de un estricto respeto a la institución del Banco de México y a las características de pluralidad que tienen que imperar la institución. Esto colijo implica dejar atrás el sesgo partidista en la toma de decisiones en una institución de la mayor relevancia del Estado mexicano como es el Banco de México.
En este sentido el Grupo Parlamentario del PRI hemos hablado sobre nuestro voto, yo voté en contra en el dictamen, sin embargo, decidimos dar una prueba de apertura, no solo hacia el doctor Gerardo Esquivel, sino a la institución Banco de México que como bien señaló la senadora Reynoso, nos interesa particularmente cuidar a todos, independientemente de nuestro origen partidista.
El beneficio de la duda que damos al doctor Gerardo Esquivel, absteniéndonos de votar, es el que esperamos que muestre con hechos en que su desempeño será a la medida de las exigencias de una institución que es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que sea para el bien del Banco de México la decisión que se tome este día en la Comisión Permanente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Chico Herrera.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera: Hemos escuchado con atención los argumentos que se han dado sobre los nombramientos de los subgobernadores, el subgobernador propuesto, Gerardo Esquivel.
Como miembro de la Comisión Tercera de la Permanente, ahí tuve la oportunidad de estar presente en esa comparecencia y la verdad es que celebro que el licenciado, el doctor Gerardo Esquivel su apertura para explicar y comentar el por qué él busca ser subgobernador del Banco de México, y que ha sido muy claro que actuará imparcialmente y actuará a favor del Banco de México en su autonomía.
La propia carta que le fue solicitada y que él contestó en esos términos, nos garantiza la imparcialidad y el trabajo que él desarrollara de ser votado aquí en este pleno de la Permanente, y a mayor abundamiento, hay que ser muy claros que no existe ese conflicto de interés porque la propia autonomía del Banco de México sobre cualquier entidad del gobierno federal, cualquier secretaría de Estado, le da esa facultad de poder ser el subgobernador del Banco de México y no hay ningún conflicto de interés.
Además, las caras credenciales que tiene Gerardo Esquivel en su vasta carrera como economista, trabajos que ha desarrollado, nos garantiza su imparcialidad y la autonomía con la que él seguramente va a actuar como subgobernador del Banco de México. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos los acuerdos.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría recoja la votación nominal del acuerdo, iniciando por el lado derecho del salón.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Se va a recoger la votación nominal del acuerdo. Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto y su nombre.
El diputado Ricardo García Escalante (desde la curul): Ricardo García Escalante, diputado, en abstención.
La diputada María Ludivina Sandoval Mendoza (desde la curul): Partido Acción Nacional, abstención.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (desde la curul): Partido Acción Nacional, me abstengo.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): En abstención.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En abstención.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): En abstención.
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): En abstención.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): A favor.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): A favor.
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): A favor.
El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar (desde la curul): A favor.
La senadora Minerva Citlalli Hernández Mora (desde la curul): A favor.
La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (desde la curul): A favor.
El senador Cruz Pérez Cuéllar (desde la curul): A favor.
El diputado Silvano Garay Ulloa (desde la curul): A favor, PT.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Partido del Trabajo, a favor.
El senador Joel Padilla Peña (desde la curul): Del Partido del Trabajo, a favor.
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): Morena, a favor.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano (desde la curul): A favor.
La diputada Beatriz Rojas Martínez (desde la curul): Morena, a favor.
El senador Rubén Rocha Moya (desde la curul): A favor.
La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): A favor.
La senadora Verónica Noemi Camino Farjat (desde la curul): A favor.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Partido Acción Nacional, en abstención.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): A favor.
El senador Dante Delgado Renauro (desde la curul): A favor.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (desde la curul): A favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): PES, a favor.
El senador Martí Batres Guadarrama: Morena, a favor.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Morena, a favor.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: En abstención.
El diputado Héctor Yunes Landa: En abstención.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Morena, a favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Señor presidente, se emitieron 26 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado el acuerdo por 26 votos a favor. Comuníquese al Ejecutivo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se encuentran en este salón de sesiones los ciudadanos: Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández, cuyos nombramientos como miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, acaban de ser aprobados por la asamblea.
Para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senadora Lucía Virginia, diputada Ricardo García Escalante, diputada Dulce María Sauri, diputada Claudia Domínguez, diputada Adriana Paulina Teissier y senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se pida a la comisión, cumpla su cometido.
(La comisión cumple su cometido)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciudadanos Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández: Sí protesto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Los ciudadanos que protestan, sí protestan. Si así no lo hacen, que la nación se los demande. Muchísimas gracias y felicitaciones.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se pide a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Mesa Directiva, relativos a la presentación del informe de actividades del 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Acuerdo.
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo noveno del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la presentación del informe anual de actividades correspondiente a 2018 de dicho órgano constitucional autónomo, por parte de su presidente el licenciado Luis Raúl González Pérez, se llevará a cabo en la sesión de la Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, correspondiente al miércoles 23 de enero de 2019, a las 13 horas.
Segundo. El formato para la presentación del informe referido en el resolutivo anterior será el siguiente:
Primero. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará el informe de actividades de 2018, por un tiempo de hasta 30 minutos.
Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dará cuenta de la recepción del informe y dictará su turno a las Cámaras del Congreso.
Tercero. Se dará paso a una ronda de posicionamientos por parte de los grupos parlamentarios, con representación en la Comisión Permanente, en orden creciente, hasta por 10 minutos cada uno.
Cuarto. Finalizado los posicionamientos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervendrá por 10 minutos.
Quinto. El Presidente de la Mesa Directiva, en representación de la Comisión Permanente dirigirá un mensaje final por 3 minutos.
Tercero. En ningún caso se autorizarán intervenciones distintas a las previstas en el presente acuerdo.
Cuarto. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el pleno de la Comisión Permanente.
Segundo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 23 días del mes de enero de 2019, atentamente presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente senador Martí Batres Guadarrama, secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván y secretario diputado Héctor Yunes Landa.
Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la presentación del Informe anual de actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del ciudadano Luis Raúl González Pérez, presidente de dicho organismo.
Se designa en comisión para recibirlo a la diputada Claudia Pérez, a la diputada María Luduvina Sandoval, al diputado Héctor Yunes Landa, a la diputada Claudia A. Domínguez y a la diputada Beatriz Manrique Guevara.
Se pide a la comisión cumplir con su cometido.
(La comisión cumple con su encargo)
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciudadano Luis Raúl González Pérez, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Con el presente ejercicio se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 102, Apartado B, noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 y 52 de Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El formato para la presentación de este informe se llevará a cabo de conformidad con el acuerdo aprobado en esta sesión. Tiene la palabra el licenciado Luis Raúl González Pérez, hasta por 30 minutos.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muy estimado licenciado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
Muy estimadas legisladoras, muy estimados legisladores, integrantes del Consejo Consultivo, representantes de la sociedad civil. Año con año este organismo nacional ha dado cuenta a esta soberanía en sus informes sobre las vulneraciones a los derechos humanos registradas en cada periodo, las cuales en estas casi tres décadas generalmente han reflejado una tendencia al aumento sin presentar disminuciones significativas.
El ejercicio democrático llevado a cabo el primero de julio de 2018 y los cambios en el poder que, como consecuencia del mismo se generaron más allá de una alternancia política, deberían abrir la oportunidad de que, desde las distintas instancias del Estado, incluido por supuesto el Poder Legislativo, se trabaje para incidir significativamente en el abatimiento de las violaciones a los derechos fundamentales y consolidar su vigencia.
En los 28 años de existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no solo se ha ampliado el catálogo de derechos reconocidos, también se han fortalecido los mecanismos que buscan su garantía y en particular se ha generado una toma de conciencia sobre su relevancia, así como sobre la necesidad de evidenciar las conductas que los vulneran, para dejar atrás prácticas, costumbres y prejuicios que formaban parte de nuestro día a día y que se acentuaban sin cuestionar su compatibilidad con una cultura de verdadero respeto de la dignidad de las personas, lo que ha implicado una lucha por el reconocimiento de la defensa de los derechos humanos por la posibilidad y el derecho a defender los derechos.
A pesar de la reforma constitucional de 2011 que implicó un gran avance en el reconocimiento de derechos, a casi ocho años de distancia no hemos podido concretar avances equivalentes en la vigencia efectiva de los derechos humanos, ni en el abatimiento de las violaciones registradas a los mismos.
Los derechos enunciados en las normas no se materializan en el día a día de las personas, ni se da cabal cumplimiento a las tantas veces repetida, pero frecuentemente ignorada, obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
Las razones de que se vulneren derechos humanos son múltiples, pero desde el trabajo cotidiano de la CNDH podríamos enunciar, entre las más relevantes, la falta de control y sistemas efectivos de rendición de cuentas que propicia en que buena parte de la gestión gubernamental permanezca fuera de escrutinio público.
La laxitud o tolerancia al incumplimiento o falta de aplicación de la ley, la equivocada noción de que la pertenencia o filiación a una institución pública, grupo u organismo político, lleva implícito el derecho de conducirse al margen de la ley. La falta de conocimientos, capacitación y de perfiles idóneos de los servidores públicos de todos los niveles para cumplir con las funciones encomendadas, la prevalencia de la improvisación y la atención a intereses particulares o de grupo frente a la planeación estratégica y la procuración del interés público.
La ignorancia de la ley, la falta de una apreciación objetiva de la realidad del país y el cerrar los ojos ante las necesidades y requerimientos de las víctimas, así como de aquellos que no forman parte de los grupos del poder dominante o se encuentran en una condición de vulnerabilidad.
Durante 2018 México no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos, misma que por el contrario se acentuó en varios aspectos como lo fue el número de homicidios que con independencia de la clasificación que se les quiera dar, representa la cifra más alta de personas que perdieron la vida en 22 años, siendo el año más violento en la historia del país.
Casos que en su gran mayoría permanecen en la impunidad, abonando a un entorno en el que la falta de garantías mínimas de seguridad para la convivencia cotidiana en diversas regiones del país, así como la falta de respuestas efectivas ante problemas tan graves como las miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, la falta a un acceso real y efectivo de la justicia y la debilidad del Estado de derecho, ocasionaron un desencanto de la sociedad respecto de sus autoridades que se tradujo en alejamiento y desconfianza.
La voluntad política de cambiar el estado de cosas se expresó de manera recurrente por distintas autoridades, pero las acciones realizadas para ello no fueron adecuadas o simplemente no se llevaron a cabo.
Muestra de ello es la falta de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, las cuales formalmente se aceptan pero en los hechos presentan grados considerables de incumplimiento, campo en el que podría actuar el Poder Legislativo.
Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esta situación, pero eso requiere que cada parte del Estado asuma con profesionalismo y responsabilidad la tarea y papel que dentro de la estructura democrática del país corresponde a cada instancia.
No será debilitando la institucionalidad democrática ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de legalidad y del respeto a la dignidad humana.
La Constitución implica el acuerdo fundamental que nos vincula como país y sustenta la convivencia entre las personas, siendo la expresión de las decisiones fundamentales de México como país, no pudiendo ser por ello el sitio donde se concentren o impongan los idearios o programas de un gobierno o autoridad en particular.
En el ámbito legislativo si bien se registraron algunos avances en materia normativa, con frecuencia dichas disposiciones no tuvieron una repercusión práctica al haberse formulado bajo un enfoque parcial que sin considerar la integralidad de los problemas o materias que se intentaban atender, entraron en conflicto con otros instrumentos normativos o no contemplaron que se generaran las condiciones administrativas o presupuestarias necesarias para su implementación.
Muestra de ello ha sido la imposibilidad práctica que ha enfrentado la vigencia operativa de leyes en materia de tortura, desaparición forzada, así como de la última reforma constitucional en materia de justicia laboral.
Este organismo nacional preparó y entregó a esta soberanía una agenda sobre derechos humanos que contiene un apartado de dependientes normativos, entre los que se incluyen ordenamientos tales como la necesaria ley sobre consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
La CNDH como una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole, cuya vocación y justificación última está en el servicio a México y a las y los mexicanos, ha acompañado a las víctimas y ejercido su papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan, como consecuencia del reclamo y la necesidad de justicia y reparación de las víctimas y de la sociedad.
Durante 2018 un total de 377 mil 579 personas recurrieron a este organismo nacional. Derivado de ello se recibieron 44 mil 274 escritos de los cuales previo análisis de los mismos, derivaron en la apertura de 25 mil 889 nuevos expedientes, de los cual 9 mil 2 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7 mil 855 a orientaciones directas, 8 mil 395 remisiones y 637 inconformidades.
Tan sólo estos asuntos implicaron la atención de un total de 77 mil 404 personas agraviadas.
Si bien durante 2018 se inició un número considerable de asuntos, tal cuestión no implicó un aumento en el rezago de los mismos, toda vez que a diciembre de 2018 frente a 25 mil 889 iniciados, se reportó la conclusión de 26 mil 408, con lo que se concluyó un mayor número de asuntos a los que se iniciaron, preservando la tendencia que al efecto se ha registrado en los últimos cuatro años.
Los hechos que se denuncian involucraron a diversas autoridades y ámbitos, en particular por lo que hace a las quejas iniciadas, las autoridades señaladas con mayor recurrencia presuntamente responsables fueron: IMSS, 2 mil 532 casos; ISSSTE, mil 215; SEP, 746; Instituto de Migración, 587; Sedena, 382; la PGR, 375; la Policía Federal, 356; la Sedesol, 311; la secretaría de Marina 284, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para la Trabajadores, en 212 casos.
Con variaciones menores estas mismas autoridades han permanecido en los últimos años como las autoridades más denunciadas, siendo relevante señalar la salida de esta lista del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, de la Secretaría de Gobernación, lo que es consecuencia de la implementación de los servicios de atención inmediata que este organismo nacional lleva a cabo de manera directa en centros federales, donde se atendieron 2 mil 805 casos planteados por personas privadas de la libertad que no llegaron a constituir quejas por su pronta solución.
Si agrupamos las quejas recibidas por sectores, el de salud congregaría un mayor número de quejas durante 2018, 4 mil 43 casos, seguidos por el de Seguridad, mil 734; después el educativo con 892, y el social con 328.
Respecto de 2015, las quejas vinculadas al sector salud, educativo y social, pasaron de 3 mil 69 a 4 mil 43 casos. De 669 a 832 y de 257 a 328 respectivamente.
Mientras que algunos sectores como el de salud han presentado un incremento en los últimos años, las quejas recibidas vinculadas al sector seguridad, pasaron de 2 mil 292 en 2015 a mil 734 en 2018. Disminución que, si bien podría verse como algo positivo, no resulta suficiente en tanto los hechos denunciados en este ámbito, frecuentemente implican las conductas más graves en materia de derechos humanos, y aún con la disminución continúan ocupando el segundo lugar de quejas presentadas en su contra.
El número de quejas presentadas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvo una disminución respecto de 2017, al pasar de 415 a 382 quejas. Lo cual no fue suficiente para que dejara de estar entre las cinco autoridades con mayor número de quejas presentadas en su contra.
La Secretaría de Marina vio incrementado el número de casos de 259 a 284, mientras que la Policía Federal de 425 en 2017 a 356. En tanto la Procuraduría General de la República de 422 a 375.
Si bien las variaciones numéricas en los casos que van a la baja podrían interpretarse como algo positivo, lo cierto es que no existen números o parámetros aceptables de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, aun cuando tales hechos se pretendan justificar en la implementación de acciones para preservar la seguridad y combatir la criminalidad.
Las personas se duelen de que tanto autoridades militares como civiles vulneran sus derechos humanos, y es claro que existe temor en presentar las denuncias correspondientes, siendo un hecho que es necesario atender.
Presuntas violaciones a derechos humanos que se reclamaron con mayor frecuencia fueron prestación indebida del servicio público, 2 mil 101 casos. Faltar a la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, 2 mil 92. Omitir proporcionar atención médica, mil 576. Obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social, 604. Acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes, 525. Negligencia médica, 489. Omitir suministrar medicamentos, 454. Prestar indebidamente el servicio de educación, 442. Realizar deficientemente los trámites médicos, 389. Detención arbitraria, 318.
Por lo que hace a los presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, se registraron 696 expedientes de queja en los que este organismo inició un expediente, siendo 25 los casos de privación de vida, 39 de desaparición forzada, 57 de tortura, 255 de tratos crueles y 2 los de ejecución sumaria, y como lo he mencionado, 318 por detención arbitraria.
Respecto de estas presuntas violaciones, si bien el número de casos presentó una ligera disminución en algunos rubros o se mantuvo constante respecto del año anterior, es preocupante el aumento en los casos de desaparición forzada, que se incrementaron en casi un 180 por ciento, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, registrándose, de igual forma, un aumento menor en los casos de tortura, que fue de 50 a 57.
En cuanto a la resolución de los expedientes, se continuaron consolidando los mecanismos de atención que esta Comisión Nacional ha promovido para buscar que los problemas o las situaciones que los motiven recurran a la misma, se atiendan o se subsanen por la vía más expedita, preservando o restituyendo derechos.
Durante el periodo se tuvieron 3 mil 726 casos que se resolvieron durante el procedimiento, mil 486 quedaron sin materia y en 179 se alcanzaron arreglos conciliatorios, todo lo cual representa 5 mil 391 casos, lo que equivale a cerca del 60 por ciento del total de expedientes concluidos en ese periodo por esas vías.
La tarea de este organismo nacional es preservar y defender derechos, encontrándose en su mandato la obligación de intentar lograr en cada caso una conciliación entre las partes, preservando el interés y derechos de las víctimas, siempre dentro del respeto a los derechos humanos.
En razón de ello, las recomendaciones no son la única forma de conclusión del expediente ni el indicador básico de la actividad institucional de atención a quejas, siendo el último recurso para casos particularmente relevantes y en los cuales las autoridades responsables se negaron a resarcir los derechos violentados.
En los casos que llega la emisión de la recomendación, no es inusual que la autoridad proporcione información falsa o incompleta a la CNDH, o que busque obstaculizar administrativamente u operativamente el desarrollo de las investigaciones, lo cual ocasiona que este organismo nacional tenga que obtener por medios propios la información relevante sobre el caso, así como realizar dictámenes técnicos especializados para sustentar sus expedientes.
Cada recomendación está sustentada en hechos, no en presunciones o simples dichos. La verdad que se denuncia y hace pública tiene respaldo en una investigación objetiva y profesional. Frecuentemente el conocimiento técnico y científico especializado aporta los elementos determinantes para la solución.
Durante 2018, se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, 90 recomendaciones ordinarias, 8 por violaciones graves y 3 recomendaciones generales. Lo que implicó en recomendaciones ordinarias un paso de 81 a 90, y en el de recomendaciones por violaciones graves, de 5 a 8.
Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las cuales fueron destinatarias por su recurrencia el IMSS, 21 casos; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con 5 casos cada uno, y los gobernadores constitucionales de los estados de Chiapas y Veracruz, SEP, Semar y Semarnat, con 4 respectivamente.
Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2018, al concluir ese año, tan solo una recomendación había sido cumplida totalmente.
Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las que versaron son: negligencia médica, 20 casos; falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño del cargo, 16 casos; integración irregular de averiguación previa, 14; prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13; retardaron o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles e inhumanos y degradantes, con 8 respectivamente.
Del cúmulo de 431 recomendaciones en trámite a diciembre de 2017, durante 2018 se pudieron concluir 37 recomendaciones, cifra inferior a la del año previo. Al finalizar 2018, las 5 autoridades federales con mayor número de puntos recomendatorios pendientes de cumplimiento son: la Secretaría de Seguridad y Protección con 302 casos, el IMSS con 261, PGR 265, la Secretaría de la Defensa 113 y Semar 103.
Cinco gobiernos estatales con mayor número de puntos recomendatorios fueron: Guerrero con 109, Chiapas 76, Oaxaca 59, Tamaulipas 76 y Coahuila 55.
Hay 5 casos de recomendaciones emitidas por esta Comisión Nacional que llevan más de 10 años sin su cumplimentación.
Como ya lo he referido, en 2018 este organismo emitió 8 recomendaciones por violaciones graves, lo que representa casi la mitad del total de 19 de ellas formuladas bajo tal calificación.
Estas recomendaciones fueron dirigidas a 40 autoridades, siendo 3 instancias que recibieron más recomendaciones de este tipo de violaciones graves: la PGR con 6 casos, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina con 3 casos cada una.
Sin desconocer que los hechos que les dieron origen son anteriores a 2018, durante este año se pudieron concluir las investigaciones de casos tan graves como de: detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, actos de tortura, violación sexual y cateos ilegales, entre otras conductas, en que incurrieron entre otros miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, en diversas entidades de la República.
Los abusos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en la casa hogar de Zamora, Michoacán, así como los casos emblemáticos de Palmarito, en Puebla, y Allende en el estado de Coahuila. Palmarito, Puebla.
Asimismo, se emitió la recomendación relativa al caso Iguala, mismo en el que la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional estuvo determinado por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como en la serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores este organismo.
Para determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida.
La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, la lesión a 42 y la desaparición forzada de 43 más.
Las omisiones y actuaciones indolentes de varias instancias de procuración e impartición de justicia ocasionaron la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, así como el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que diversas consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad.
En este sentido, este organismo nacional vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de que se envíen para análisis las 41 porciones petrosas de huesos temporales, cuya existencia quedó acreditada, además de los 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles a prueba de ADN para avanzar en la determinación del destino de 43 normalistas desaparecidos, para precisar científicamente si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas.
Tomando en consideración el gran número de personas desaparecidas en el país, la realización de estas pruebas ayudaría a encontrar la verdad en este caso o en otros.
La CNDH ha hecho públicas sus evidencias y conclusiones sobre este caso. Reiteramos nuestra disposición a que se estudien, analicen y discutan cuestiones tan relevantes, desde un punto de vista de evidencia científica y las opiniones expertas.
Dejemos que la ciencia hable. Todas las hipótesis y líneas de investigación se siguieron, y aunque aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso, tal como la Comisión de la Verdad, que con carácter intersecretarial se ha constituido para la atención del caso, tendrá en el trabajo desarrollado por la Comisión Nacional una guía y orientación para continuar con una investigación objetiva e integral que determine las responsabilidades en estos lamentables hechos.
Como hemos señalado en otras ocasiones, la atención a las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de la recomendación, es necesario su seguimiento y constatar su puntual cumplimiento en el caso de las autoridades responsables. Así como denunciar públicamente y decididamente las negativas y obstáculos que se presenten para su cumplimiento es deber de esta institución.
En razón de ello, como consecuencia de las recomendaciones emitidas en 2018, la CNDH presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 por responsabilidad administrativa.
Asimismo, con motivo del fortalecimiento de las acciones de la CNDH en el seguimiento, se tuvo conocimiento de que durante el periodo que se informa se impusieron sanciones administrativas a 89 servidores públicos, lo cual representa una disminución considerable respecto de las 117 sanciones impuestas en 2017. Asimismo, se impusieron sentencias condenatorias a 9 servidores públicos en 5 procesos penales.
Las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones a disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos.
Durante 18 la Comisión Nacional emitió tres recomendaciones de este tipo, que versaron sobre la vinculación entre un nivel de vida adecuado, un medio ambiente sano y la contaminación atmosférica. El derecho de las personas privadas de su libertad a mantener la vinculación con el exterior y sobre el efecto del salario mínimo en la dignidad de los trabadores y la vigencia de sus derechos.
Asimismo, durante ese año la CNDH emitió seis informes especiales mediante los cuales se pusieron de manifiesto diversas problemáticas, tales como la relativa a los derechos de las personas con discapacidad, los centros penitenciarios de baja capacidad, la asignación y contratación de publicidad oficial, la situación de los migrantes haitianos y centroamericanos, así como las caravanas migrantes y la problemática inherente al seguimiento de las recomendaciones.
En 2018 se promovieron 53 acciones de inconstitucionalidad, sumando con ello un total de 147 acciones de esta naturaleza interpuestas en los últimos 4 años. Para tal efecto, este organismo nacional revisó 2 mil 896 reformas o adiciones normativas.
Entre las resoluciones más relevantes emitidas respecto de estas acciones por la Suprema Corte destaca la relativa a la Ley de Seguridad Interior, la cual ratificó la necesidad de la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en este ámbito.
El mandato de este organismo implica no solo la protección de los derechos humanos que ampare el orden jurídico mexicano, también la observancia, promoción, estudio y divulgación de los mismos, funciones que encontrarán ustedes detalladamente en el informe.
Señoras y señores, desde la CNDH coincidimos en que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho.
En diciembre de 2018 con motivo de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la República hizo expreso su compromiso de respetar el contenido y los principios de la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo.
En este sentido, reiteramos el llamado que hemos hecho a que nuestro país por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática, expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios aun en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.
Si se les concede poder económico se afianza su poder político, si se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que en la práctica dejen de existir incentivos reales para que una vez superados los estados de emergencia renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil.
La propuesta de reforma a la Guardia Nacional aun con el mandato administrativo civil que se ha planteado, continúa siendo una respuesta parcial incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo, que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos, no garantizaría terminar con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales que nuestro país estaría obligado a cumplir, no proporcionando certeza alguna sobre la temporalidad forzosa que tendría al inicio de repliegue militar y su sustitución por policías civiles.
De igual forma, como este organismo nacional lo hizo cuando en años anteriores, se intentó plantear como salida frente al incremento de los índices delictivos, el aumento de conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, no se puede dejar de señalar que tal cuestión contraviene lo previsto por la Constitución que establece que tal medida es de carácter excepcional, además de que con el marco normativo actual todos los delitos respecto de los cuales se plantea la reforma constitucional podrían ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicitara al juez, sustentando debidamente su petición.
Termino. La ampliación del catálogo de delitos no garantizaría que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente, con lo cual subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente, o bien que gente injustamente imputada permaneciera privada de su libertad indebidamente.
Sobre este particular, garantizar la implementación y operación de las 33 fiscalías autónomas es importante, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes resulta de fundamental importancia.
No se trata sólo del perfil o la capacidad de quienes encabecen dichas instituciones. Se requiere generar el andamiaje normativo necesario y dotar los recursos necesarios para garantizar que puedan operar sujetar a mecanismos de supervisión externa que garanticen y avalen su desempeño e independencia.
De contar con instancias de esta naturaleza, la investigación de casos tan complejos como la percepción pública de las explosiones ocurridas el pasado viernes en el estado de Hidalgo, y otros que han acaparado la atención nacional en los últimos meses, tomaría un curso institucional y la sociedad contaría con la certeza de que se llegaría a la verdad sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales de ningún tipo.
Nuestra institucionalidad en este ámbito es incipiente, y aun cuando no se podría cuestionar la capacidad y honestidad de los servidores públicos que han anunciado que se llegará a la verdad en casos como los que he referido, lo cierto es que tales dichos deben de estar sustentados en los hechos de una investigación objetiva, integral, profesional, exhaustiva, sustentada en elementos técnicos científicos irrefutables.
Hemos rechazado enfáticamente la imposición de verdades históricas. No podemos permitirnos entrar a una época de verdades oficiales. La verdad es un bien que debemos preservar como factor necesario para llegar a la legalidad. A la verdad no se llega por consensos. A la verdad se llega probando hechos.
Antes de concluir quisiera plantear en esta tribuna la necesidad de que desde la función legislativa se contribuya a generar un entorno donde se respete el derecho a disentir y se eviten discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana. El ejercicio de la conciencia crítica frente a las decisiones de gobierno debe dar pauta al debate plural e informado.
Nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, persona que desaparece o pierde la vida, implica agresiones de mexicanos contra mexicanos.
Nuestro país enfrenta una violencia fratricida. El reto de las autoridades es asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les han encomendado para que, por medio del cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático logremos recuperar la paz, la seguridad y la armonía de nuestras relaciones sociales. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese el informe a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: A continuación, se dará paso a una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la diputada Beatriz Manrique, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con la venia de la Presidencia. Bienvenido, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por su informe, muchas gracias por su mensaje.
Sin duda el reto en materia de derechos humanos, de su crecimiento en la cultura de la sociedad, de su cumplimiento, de su vigencia, es un tema que nos compromete a todos y a todas y que no resulta de fácil solución.
Los derechos humanos no constituyen de ninguna manera un renglón aparte de la acción del Estado ni de la vida social. Su vigencia, su cumplimiento, están relacionados con toda la operación del poder público, con el ámbito de las libertades, con el ámbito de la seguridad, que atañe a todos los sectores sociales.
Sin duda muchos de los retos que enfrenta este país en materia de derechos humanos, se ha incrementado de manera exponencial por el tema de la violencia, no solo en el número, sino en la intensidad de ello, haciendo falta esfuerzos para garantizar la protección, la defensa, la observancia y la promoción, así como el estudio y la divulgación de los derechos humanos.
Resulta doloroso seguir escuchando una y otra vez a importantes sectores de la sociedad acusar a cualquier instancia de derechos humanos de defensores de delincuentes. Refleja que todavía tenemos mucho que trabajar en la divulgación de lo que son los derechos humanos y por qué su relevantísima importancia para un Estado de derecho, un Estado democrático.
Es notoria la labor realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido su discurso, bienvenida la fuerza de sus recomendaciones, porque ha mantenido una postura independiente, hoy muy necesaria.
Ayuda con esto a que se lleve a cabo una democracia sana, que se vaya construyendo una democracia sana debido a que la autonomía de aquellas instituciones que tienen, como parte de sus responsabilidades vigilar el actuar de las autoridades, es importante que cuenten con la libertad para fijar recomendaciones específicas de conformidad a los hechos, de los cuales ya habló el presidente, y que de ninguna manera estas instituciones se encuentren sometidas a intereses ajenos a la genuina tutela de los derechos humanos de la población, tarea pendiente en muchas entidades federativas donde las instancias de derechos humanos parecieran comparsas, parecieran nulificadas por el poder político predominante.
Es claro el mensaje de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos conduce a no permitir que se continúe oscilando entre la ineficiencia y el abuso, ni que se dé lugar a violaciones de derechos humanos, ya sea por acción, tampoco por omisión, y que para lograrlo se hace necesario el fortalecimiento de las autoridades de todos los órganos de gobierno.
Al mismo tiempo, es fundamental la actualización de las políticas públicas en armonización con los derechos humanos para tener una eficiente coordinación que disminuya la violencia criminal, se atienda a las víctimas de manera integral y la paz como un valor social y que tenemos que alcanzar.
En este tenor nos permitirnos resaltar la labor que en 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó en materia de calidad del aire, en la que se detectó violación a los derechos humanos a la salud, y también una violación al nivel de vida adecuado a la que tienen derecho los y las mexicanos. El medio ambiente sano es y debe de ser central en las políticas públicas ambientales y también la reducción de la contaminación es un deber que ha sido incumplido, así como la necesidad de evitar un riesgo permanente en la salud de las personas.
En este sentido, los legisladores del Partido Verde hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que continúe trabajando en la revisión del cumplimiento de estos y otros derechos ambientales reconocidos por nuestra legislación. Su actuar hace posible la visibilización de derecho que pareciera que no resultan importantes porque son difusos o porque son difíciles de constatar como algo escandaloso, pero la violación a los derechos humanos en materia de medio ambiente es constante y es creciente y nos pone en riesgo a todos y a todas.
Asimismo, aprovechamos en este posicionamiento para manifestar la indignación que tenemos en torno a los feminicidios que ocurren en muchas regiones del país. Nos solidarizamos con el reclamo social en diversas entidades federativas y nos sumamos para que se emita la Alerta de Género, la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres al menos en las entidades en las que está el proceso abierto.
La emisión de la Alerta de Violencia de Género es una oportunidad, no es un castigo ni es una señalización contra las autoridades de manera particular, es una oportunidad para detonar una serie de acciones y liberar una serie de presupuestos que permitan atender el problema en una situación excepcional.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, derivado del informe presentado, reconocemos la forma en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho uso del presupuesto asignado en el año que está informando. Nos congratulamos de la forma firme y clara en que ha manifestado la preocupación a la debida protección y defensa de los derechos fundamentales.
Es indispensable que se siga contando con autonomía, con fuerza, con independencia, que se promueva el reconocimiento y la visibilización del incumplimiento de los derechos humanos de todas y todos. No importa a quién dejemos en evidencia, el bien que se salvaguarda siempre es mayor, así como la necesidad de seguir impulsando una verdadera cultura de los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias. Bienvenido, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas que saludamos la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy, ante esta Comisión Permanente.
Bienvenido, maestro Luis Raúl González Pérez, a este ejercicio, que esperamos rinda frutos para todas y todos, quienes desde la responsabilidad de la defensa de los derechos humanos, o desde la trinchera legislativa nos debemos a la ciudadanía.
Esperamos que las cifras, las propuestas, las resoluciones, las recomendaciones y las posiciones que a través de este informe que se ha presentado el día de hoy, pueda contribuir a los debates, pero sobre todo a las definiciones que se planteen en esta Cámara de Diputados.
Es por ello que nos parece trascendente este informe, que en medio de la crisis humanitaria que día a día afrontamos las y los mexicanos, sepultando nuestros muertos, buscando a los desaparecidos y brindando hogar a quienes han sido desplazados por la violencia, refrendamos nuestro reconocimiento a la labor que realizan todas las personas que laboran en la Comisión Nacional y también reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y que nos evidencian la cruda realidad que nos toca vivir.
La violencia desatada por la delincuencia organizada ha ido en aumento, tanto en ferocidad como en incidencia. Después de vivir el año más violento, el proceso electoral más violento, vivimos el inicio de sexenio más violento.
No podemos seguir conviviendo con la violencia, porque su normalización implica la deshumanización de las mujeres y hombres que habitamos en este país.
Es por lo anterior que desde el Grupo Parlamentario del PRD agradecemos su valiosa participación en las audiencias realizadas para la dictaminación de la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional y debemos señalarlo, compartimos su visión.
La propuesta de reforma constitucional contraviene a una serie de recomendaciones, observaciones y criterios formulados por instancias internacionales, dirigidas al Estado mexicano sobre la obligación de restringir las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estas últimas deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar de dicho ámbito, señaló así usted en las audiencias.
Y si bien el dictamen sufrió cambios, en nuestra opinión estos fueron únicamente de maquillaje y quienes sufrirán los resultados serán nuevamente las personas que habitan en nuestro territorio nacional. Es por ello que esperamos que su voz y los comentarios que hoy ha hecho al respecto sean escuchados en los próximos días en el Senado de la República.
Sin embargo, las acciones de la Comisión son muy amplias y en muchas materias y es por ello, porque las y los mexicanos necesitamos órganos estatales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de todas las personas y porque todas y todos los ciudadanos requerimos de información confiable y sin riesgos, que desde hace varios lustros hemos venido construyendo un sistema de pesos y contrapesos que sea funcional.
El fortalecimiento de la división de Poderes, así como de los órganos autónomos, como un mecanismo de racionalización del poder público, por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, es como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los órganos constitucionalmente autónomos, como el que usted tan atinadamente dirige, son indispensables para la consolidación del Estado de derecho. Tienen una paridad de rango con los demás órganos y Poderes, de tal forma que no se encuentran subordinados a ellos y es en estas características en donde radica su primordial importancia.
Es por ello que lo que el Grupo Parlamentario del PRD espera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que se siga actuando con principios legítimos que contribuyan a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático y se constituya como la piedra angular de la cimentación de la paz en nuestro país.
Bienvenido sea su informe, que sin lugar a dudas dará para muchos debates en esta Cámara de Diputados, pero sobre todo, dará también mucha luz para que desde la Cámara de Diputados sigamos defendiendo los derechos humanos, pero sobre todo, garantizando cada uno de ellos para todas y todos los mexicanos. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Gracias, presidente. Ciudadano Luis Raúl González Pérez, sea usted bienvenido a esta representación popular.
Recibimos su informe con la convicción de que los órganos constitucionales preservan el equilibrio político del Estado mexicano.
La libertad e independencia con la que se atiende la defensa de los derechos humanos es el mayor valor con el que cuenta la Comisión.
Estamos de acuerdo en que la reforma de derechos humanos de 2011 está incompleta. Mi grupo parlamentario en todos los asuntos públicos de interés social, los aborda con el principio de avance progresivo para avanzar en el tema.
En razón de ello, proponemos, como lo ha señalado el presidente, que hagamos una gran mesa de trabajo de diputados, senadores y la Comisión para atender la agenda legislativa de derechos humanos.
Convocamos con miras de Estado a que a la brevedad construyamos esta mesa de trabajo como un mecanismo que aproxime al ombudsman con los representantes populares.
La cultura del respeto de los derechos humanos es uno de los pendientes a los que no les hemos puesto atención. Encuentro Social ve hacia adelante y propositivamente.
En nuestra bancada consideramos que la mayor violación acumulada de derechos humanos es la impunidad.
En México nada pasa. Esa es una percepción generalizada con respecto de la preservación de la armonía social.
Las violaciones a los derechos humanos no dejarán de estar en la agenda nacional diaria, hasta que todos y todas tengamos una convicción de Estado de derecho y en el respeto a los demás.
Nos pronunciamos porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos incremente su colaboración con las instituciones del Estado mexicano. Ello para que la cultura de los derechos humanos y el Estado de derecho sean transversalmente atendidos, desde la manera preventiva hasta la emisión de recomendaciones.
La autonomía no implica aislamiento institucional. Sin duda, con la colaboración que proponemos las quejas y recomendaciones se podrán atender preventivamente.
Construyamos una nueva relación de Estado mexicano con la Comisión que preside. Una reforma pendiente, la participación de la Comisión en los órganos de consulta de varias dependencias.
Encuentro Social se pronuncia por el fortalecimiento de la Comisión para que cumpla con la finalidad que le marca la ley y diversos instrumentos internacionales.
Atenta de su posicionamiento con respecto de la Guardia Nacional, Encuentro Social la entiende como una nueva corporación civil preparada para atender la seguridad de la gente ante el alto avance de la delincuencia organizada.
Señor presidente, lo ideal es que los militares estén en los cuarteles, en eso estamos todos de acuerdo. A ese respecto, como nosotros lo hemos dicho, demos confianza a los militares, que todos los días exponen su vida por cuidar la de otros. Démosle confianza a esta institución del Estado mexicano.
El proyecto de la Guardia Nacional, presidente, tiene un tiempo de evaluación. Con respeto le convoco a que le den seguimiento y proponga.
La gente en la calle todos los días sufre la delincuencia: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidios, robo a casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La gente se indigna cuando los delincuentes salen libres y continúan delinquiendo. ¿Qué les respondemos, presidente?
Otros delitos de la reforma del artículo 19 son: uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Como legisladores, debemos ofrecer respuestas a la gente. Acompáñenos a construir un Estado seguro para la gente.
Finamente, Encuentro Social ofrece su voluntad para diseñar un Estado que cuente con políticas integrales, que surjan de la perspectiva de derechos humanos. Es todo. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su venia, diputado presidente. Distinguidas y distinguidos legisladores miembros de la Comisión Permanente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano expresa su felicitación al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a todo el personal directivo y de trabajo de esta institución, por el detallado informe de actividades que presenta el día de hoy ante esta soberanía. Lo anterior es una muestra de rendición de cuentas en virtud del ejercicio de las atribuciones legales que tiene conferida dicha institución.
Los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, analizaremos con detenimiento el contenido de todo este extenso informe y además valoraremos con toda objetividad cada una de las observaciones y los señalamientos que en él se hacen.
Las investigaciones de oficio, las observaciones planteadas a diversas dependencias y las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son un claro compromiso de reivindicación del Estado constitucional de derecho y sobre todo de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos México forma parte. Es una lástima que no en todos los casos han sido escuchados los argumentos de esta institución para poner los derechos humanos en el centro de toda decisión de gobierno.
Preocupan, por supuesto, las ocho recomendaciones de violaciones graves a los derechos humanos, además de las recomendaciones ordinarias y es preciso que todos tomemos no solamente más en serio, sino a fondo, el contenido del artículo 1o. de nuestra Constitución Política a efecto de evitar las violaciones reiteradas a los derechos humanos.
Se destaca que entre las ocho recomendaciones por violación y violaciones graves de derechos humanos hayan sido, en primer término, justamente señalamientos en contra de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General. Eso nos habla de volver a retomar necesariamente el debate que se dio en torno al 102 en torno al carácter que la Fiscalía General debe observar como una entidad que en forma deseable debiera tener la autonomía.
Lo anterior es de destacarse porque en torno a la participación también del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las pasadas audiencias públicas que en materia de debate sobre el dictamen de la Guardia Nacional se dieron aquí, justamente en este mismo recinto, ha puesto en el centro de la discusión de los problemas de la militarización de la seguridad pública particularmente por el cuestionamiento al Estado constitucional y democrático de derecho, y en la forma en cómo este hecho violenta el principio de convencionalidad, de manera tal que parece que se está haciendo caso omiso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es cierto lo que aquí se ha señalado por anteriores oradores. El estado de inseguridad que vive México es verdaderamente lamentable. Sin lugar a dudas vivimos una crisis de seguridad en el territorio nacional. Pero plantear el tema de la Guardia Nacional como la única alternativa o como la alternativa que va a resolver esto, cuando lo que se requiere es una propuesta de carácter integral.
Por ejemplo, se dice y se asevera de manera muy fácil que la crisis de seguridad tiene que ver con la descomposición de los cuerpos policiacos de las entidades federativas o la incapacidad de los cuerpos policiaco de los municipios, pero no se repara en que esa descomposición también es propia de los cuerpos policiacos de la federación y de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de la República o bien de la Fiscalía General, tomando en consideración que los delitos de alto impacto que precisamente han generado este problema, son precisamente del fuero de carácter federal, y su persecución si bien involucra a todos los niveles de gobierno, corresponde fundamentalmente por materia al ámbito federal.
Por eso, lo que se busca es una solución de carácter integral. A la decisión que en materia federal debe empujarse, debe corresponder un esfuerzo porque todas las policías de las entidades federativas y de los municipios fortalezcan sus capacidades institucionales para hacer frente a la situación de crisis de seguridad que vive el país.
Adicionalmente es importante también señalar que no se va a transformar el actual estado de cosas si no fortalecemos la vía civil. El poder es uno solo, y si ese poder es ocupado por instancias de carácter miliar, paulatinamente las soluciones civiles van a quedar hechas de un lado, cuando justamente lo que se debiera es fortalecer las capacidades institucionales de formación policial de alto nivel por parte de todos los niveles de gobierno.
Aquí yo quisiera comentar un detalle: escucho que muchas posiciones de los grupos parlamentarios se expresan en favor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no reparan en que en la Cámara de Diputados se le hizo una baja del 14.34 por ciento del Presupuesto para 2019.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votó en contra del Presupuesto 2019 porque, entre otras cosas, le baja el presupuesto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a otros órganos autónomos que haciendo no solamente compleja su actuación, sino además poniéndolos en contra de las cuerdas al aprobarles un presupuesto por abajo del que ejercieron en el año anterior.
Desde la Cámara de Diputados trabajaremos para que en este año se haga todo el esfuerzo y concertación con todos los demás grupos parlamentarios y se puedan hacer gestiones que restituyan el presupuesto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De igual manera reconocemos la opinión y el trabajo hecho en torno al debate del artículo 19, sobre todo cuando lo que está en el centro de la discusión tiene que ver con las reformas de 2008 a la Constitución en torno al nuevo sistema de justicia penal, por un lado, y por otro lado a la garantía constitucional de presunción de inocencia.
Reconocemos el esfuerzo de la comisión por la reivindicación de los derechos humanos de colectivos vulnerables que son los más proclives, justamente, a violaciones a sus derechos. La brecha de desigualdad compromete a que estemos vigilantes de las decisiones de Estado.
Su rol de liderazgo entre los organismos de derechos humanos de las entidades federativas, también es digno de resaltarse.
Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano expresa: la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado a la altura de las circunstancias de México y se ha convertido en un verdadero contrapeso y referente de su actividad en los poderes públicos, de manera que el equilibrio y la sana discusión de los asuntos que más ocupan a los mexicanos, deben ser bajo el mando de respeto y protección, promoción de los derechos humanos.
Muchas felicidades, distinguido presidente de esta Comisión, y enhorabuena transmítala, por favor a todos cuantos trabajan ahí. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Claudia Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez: Con la venia de la presidencia. Doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compañeras y compañeros legisladores.
Esta soberanía recibe el informe anual de actividades que por ley está obligado a presentar al Poder Legislativo.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aún reconociendo que el informe es anual, se debe hacer un balance de los seis años de la pasada administración gubernamental, donde la violación de los derechos humanos alcanzó altos niveles de afectación a los gobernados.
Sin lugar a dudas, el caso emblemático es de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Guerrero. Los familiares y amplios sectores de la sociedad no comparten la denominada verdad histórica, formulada por ex procurador Jesús Murillo Karam, de que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente calcinados.
En Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo compartimos la opinión del órgano jurisdiccional de Tamaulipas, por el que se obliga a investigar de nueva cuenta este asunto y, desde luego, compartir el ánimo de llegar a la verdad que impulsa al nuevo gobierno para crear, con fecha 4 de diciembre de 2018, el decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y el acceso a la justicia. Los responsables de este atroz delito deben ser sancionados legamente.
La desaparición de personas y desaparición forzada debe hacerse visible. No se pueden quedar en el olvido casos como el de los tráileres con cajas llenas de cuerpos que aparecieron por todos México. Tampoco los de los miles de cuerpos que fueron encontrados en fosas clandestinas. Hay que recordar que todos ellos son hijos de alguien, hermanos de alguien, esposos de alguien. Alguien los está buscando y ustedes tienen que hacer visibles estos casos, no pueden quedar impunes.
En pasadas legislaturas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa de reforma constitucional en su apartado A, con el propósito de que las recomendaciones que emitiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueran vinculantes para la autoridad a la cual van dirigidas. Estamos ciertos de que no se debe permitir que bajo trucos legales las autoridades a las cuales va dirigida al recomendación evadan el cumplimiento.
Más aún, se debe avanzar en el fincamiento de responsabilidades a las autoridades omisas en el respeto a los derechos humanos.
Nos preocupa la situación de degeneración de justicia en los tribunales mexicanos que ha obligado a que se acuda a la jurisdicción internacional para acreditar responsabilidad, no ya de alguna autoridad, sino del Estado mexicano en su conjunto. Creemos que la Comisión a su cargo tendría que dar un acompañamiento a las víctimas a efecto de que no se violen las garantías procesales previstas en el artículo 20 constitucional.
En un país con una impunidad de casi el 96 por ciento de los delitos, queda claro que la inacción de las instituciones encargadas de procurar justicia, y en su caso de los órganos jurisdiccionales, es muy grande. Todas las autoridades debemos encargarnos de que la justicia mexicana se aplique eficazmente y de que los centros penitenciarios no sean los lugares en donde solo quienes no tienen dinero para pagar un defensor se encuentren pugnando su pena.
Señor presidente, en este nuevo gobierno la prioridad es el respeto a la ley y consecuentemente a los derechos humanos de los gobernados, sin embargo queremos destacar que hay delitos como el feminicidio y los derechos de los grupos vulnerables, en donde la Comisión a su cargo tiene que ser muy vigilante y denunciarlos oportunamente.
Nosotros, como legisladores federales, asumimos el firme compromiso de impulsar medidas legislativas que permitan una eficaz tutela de los derechos humanos en su fase de prevención y sanción.
El defensor de derechos humanos tendrá en nosotros un firme aliado para que México vuelva a ser un país donde la vigencia del orden jurídico tenga plena aplicación.
Debe estar seguro que analizaremos con detenimiento el informe presentado y, en su oportunidad, le haremos llegar nuestras informaciones, no sin antes decirle y agradecerle el que esté aquí. Decirle que sabemos que ha tenido que desarrollar su encargo con un gobierno que ha estado lleno de corrupción y eso no permite hacerlo de la mejor manera. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Héctor Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Yunes Landa: Queridas compañeras, queridos compañeros legisladores. Señor maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea usted bienvenido a esta soberanía.
Un principio fundamental de la democracia es el respeto absoluto de los derechos humanos expresados en nuestra Carta Magna. Ningún país puede llamarse democrático si pasa por encima de las garantías individuales, sin importar el fin.
Celebro que hoy esté usted aquí con nosotros, señor presidente, para hacer un balance de lo que como nación hemos avanzado en materia de defensa y procuración de los derechos humanos. Su presencia aquí, señor presidente de la CNDH, entre nosotros, nos servirá para revisar los muchos pendientes que aún tenemos y que juntos, con voluntad, sin distingos partidistas podremos atender y resolver.
Como grupo parlamentario nos preocupa que decisiones sin planeación y plagadas de desaciertos nos hagan retroceder en lo que tantas décadas de lucha nos ha tomado.
Hoy desafortunadamente México vive una polarización, exacerbada en la gran mayoría de las ocasiones por la propia cabeza, con un discurso donde son ustedes y nosotros, con un discurso en donde eres chairo o eres fifí, si se me permite la expresión, donde ideológicamente nos quieren obligar a dividirnos entre un bando y otro bando, pasando por alto que ante todo somos hombres y mujeres, mexicanas y mexicanos.
Nada atenta más contra los derechos humanos que un gobierno con visión personalista, promotor del culto a la persona antes que a la ley, invasor de la esfera privada de las personas en aras de impulsar la moral propia.
Los mexicanos escuchamos un día sí y otro también, una especie de evangelio matutino, de estrategias de gobierno, pasando por alto los hechos, que no interpretaciones, que no percepciones, que decenas de personas son afectadas en sus libertades indeclinables, como el libre tránsito, el poder de desplazarse con libertad cuando uno quiera y adonde cada uno quiera.
Muy lejos de las explicaciones orientadas a la rendición de cuentas, los mexicanos recibimos agradecimientos por nuestra paciencia, agradecimientos por nuestra comprensión, ante la improvisación, la incompetencia y la ignorancia de las tareas de gobierno y eso que apenas llevan 53 días cumpliendo o incumpliendo la responsabilidad de gobernarnos.
Otro ejemplo claro fueron los recortes desmesurados aprobados por la llamada cuarta transformación en el Presupuesto de Egresos de este año a rubros que impactan a los grupos más vulnerables, como por ejemplo a nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos o que impactan contra el empoderamiento de las mujeres, lo que sin duda impactará en el trabajo que realiza la Comisión Nacional bajo su presidencia, al quedar muchas de ellas y muchos de ellos desprotegidos en la indefensión por una mala decisión burocrática.
¿Qué les decimos entonces a las víctimas de Tlahuelilpan? ¿Qué les decimos a los mexicanos que no llegan a clases porque no hay transporte? ¿A los mexicanos que enmudecidos ven cómo sus impuestos se dilapidan?
A todos ellos no les pedimos disculpas por su paciencia, a ellos les decimos que aquí estamos como una fuerza activa del Congreso y que desde el Poder Legislativo seremos contrapeso real a los intentos de un ejercicio irresponsable del gobierno sin límites.
No queremos un país de disculpas, queremos un país de libertades, respaldados por una institución autónoma, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que siempre encontrará el apoyo de nosotros como representantes populares cuando ustedes cumplan eficazmente su responsabilidad, aunque también la Comisión que usted preside hallará en nosotros nuestra crítica y nuestra llamada de atención cuando su desempeño así lo amerite.
Tras lo anterior, me permito formularle las siguientes preguntas:
Primero. Los recortes presupuestales aprobados por la mayoría de Morena y sus aliados a los rubros antes mencionados, como los programas destinados para migrantes y mujeres, ¿impactarán en el trabajo de la Comisión que usted preside?
Segundo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Inegi, se estima que en el 2018 existieron 25.4 millones de víctimas. Independientemente de quién fue el responsable de este gobierno, le pregunto, ¿qué acciones ha realizado la Comisión Nacional de Derechos Humanos para acompañarlas?
Tercero. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como parte de los grupos de trabajo de las alertas de violencia de género ha realizado acciones tendientes a proteger los derechos de las mujeres. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido los resultados y qué se requiere modificar para fortalecer el mecanismo?
Una pregunta más: ¿Considera procedente la propuesta de una representante popular de Morena de establecer un toque de queda para las mujeres a partir de las 10 de la noche para con ello evitar los feminicidios?
Pregunta cuatro: Más de 12 mil trabajadores federales han sido despedidos desde que inició esta administración federal. ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos está realizando algunas acciones ante los abusos cometidos en su contra?
Pregunta quinta: ¿Cuáles son los caminos de intervención legales de la Comisión bajo su presidencia, en relación con los recientes y muy lamentables hechos en el estado de Hidalgo?
Y sexta: ¿Nos puede usted compartir la visión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la luz del ejercicio del gobierno actual?
Señor presidente, compañeras y compañeros, la construcción de la paz y la reconciliación en México atraviesa por el diálogo plural y franco entre las distintas fuerzas políticas por la transparencia del ejercicio de gobierno y la comunicación entre poderes, así como por el respeto al equilibrio constitucional de la federación con los estados y municipios.
Los legisladores federales del PRI insistimos en que en el respeto de los derechos humanos no podemos dar ni un paso atrás.
Reciba usted, señor presidente, nuestro reconocimiento por su imparcial y profesional desempeño al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su atención y por las respuestas a las preguntas que le hice en mi intervención, de antemano muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por diez minutos.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional representados en esta Comisión Permanente nos comprometemos a analizar el informe que acaba de presentar, de conformidad con el apartado B del artículo 102 constitucional.
Como usted sabe, el Partido Acción Nacional tiene un compromiso fundacional con la causa de los derechos humanos, asumido antes de que estos llegaran a las agendas de gobierno o se convirtieran en la vanguardia del pensamiento constitucional.
Nosotros priorizamos la agenda humanista, por ello presidimos en el Senado esta comisión tan importante.
El día de hoy confirmamos y robustecemos nuestra identidad iushumanista. A siete años de la histórica reforma en materia de derechos humanos y después de escuchar su mensaje, confirmamos la noción de que la causa de los derechos fundamentales en nuestro país aún tiene deudas pendientes, con amplios sectores de la población. Sobre todo, con aquellos ancestralmente olvidados, marginados y explotados.
Cuenta usted con que en el ejercicio de nuestras facultades los legisladores de Acción Nacional seguiremos trabajando por darle eficacia a políticas públicas necesarias para cerrar la brecha de desigualdad, marginación y la violencia de género que tristemente persiste en nuestra sociedad, así como el ejercicio pleno y universal del acceso a los servicios de salud, alimentación y educación que forman parte de la vida digna que todos debemos tener.
En la agenda por la promoción, garantía y cumplimiento de los derechos humanos siguen destacándose temas y casos cuya resolución es indispensable. Uno de esos casos es el relativo a la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En tal sentido, ponderamos el reporte que ustedes han realizado acerca del mismo, desde la perspectiva de derechos humanos.
En otro tema, desafortunadamente en días recientes, 95 personas han perdido la vida y decenas más han quedado gravemente heridas en un evento trágico en el que confluye la corrupción, la marginación, la falta de diligencia y la impericia.
Acompañamos la apertura de una investigación por parte de la comisión que usted preside y hacemos votos por el establecimiento cabal de lo sucedido en Tlahuelilpan, así como el fenómeno contextual causante de este doloroso episodio.
En otro orden de temas, hemos seguido dando seguimiento a sus expresiones realizadas con el grave problema del desplazamiento forzado, así como con la necesidad así expresada por usted, de que en el país se cuente con un ordenamiento que regule dicho fenómeno, cuente con nosotros para darle el impulso correspondiente.
Otro aspecto fundamental en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado valiosas aportaciones, es el relativo a la conformación y creación de la fiscalía autónoma, ahora que ya ha sido nombrado el primer fiscal se vuelve muy importante que entre los Poderes y órganos constitucionales autónomos concurramos en dos tareas, la primera desde luego en coadyuvar para que la naciente institución pueda desarrollarse de la mejor manera; y la segunda, en vigilar cada quien desde la esfera de sus competencias en el cumplimiento del debido proceso y los derechos fundamentales que le son inherentes, ubicando en el centro de las mismas los derechos de las víctimas.
Al respecto hemos observado que tanto a nivel federal como en las entidades sigue pendiente la implementación y consolidación de componentes críticos para el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Al respecto, queremos instar a quienes podemos incidir en la materia, como puede ser el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que los gobiernos correspondientes desarrollen los esfuerzos para conseguir la justicia que sigue siendo un anhelo de todas y todos.
Otra de las asignaturas centrales en la agenda de protección de derechos fundamentales es la persistencia en la violencia y vulnerabilidad de los periodistas y defensores de derechos humanos. En el PAN hemos impulsado medidas de orden legislativo y de política pública para hacer eficaz el régimen de protección de estos sectores tan importantes para una sociedad democrática.
Con el inicio del nuevo gobierno hemos advertido expresiones que tienden a segregar las opiniones entre las que son favorables o desfavorables, catalogándonos en buenos y malos.
Consideramos que lo anterior es un fenómeno poco saludable promovido desde la titularidad del Ejecutivo, quien no puede ni debe pasar desapercibido por los efectos nocivos que se pueden generar en el ambiente de las libertades ciudadanas que todos debemos promover y defender. El presidente de la República debe ser el garante principal de la tolerancia y la manifestación de todas las ideas, así como el respeto de los derechos humanos.
Igualmente, agradecemos y tomamos nota de las opiniones vertidas por usted a propósito de reformas e iniciativas que se encuentran en el Congreso. En este sentido, hacemos un respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas a ser receptivos de las opiniones emitidas por este y los demás organismos de derechos humanos y que se muestre sensibilidad y se tomen en cuenta las opiniones en la elaboración de los dictámenes.
Al respecto, señalamos nuestras coincidencias respecto de su preocupación sobre la Guardia Nacional, especialmente derivado de las quejas presentadas por la actuación de militares y marinos.
Consideramos que ahora que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados dicha minuta amerita el escrutinio en las sucesivas fases de discusión y en la eventual constitucionalización de las tareas castrenses en materia de seguridad.
Adicionalmente a lo anterior, surgen nuevos retos en la agenda de la materia, como sucede en los fenómenos de las caravanas de migrantes y los derechos laborales de amplios sectores de exservidores públicos.
En todos estos temas y en la generación de políticas de vigilancia que tienden a optimizar los recursos en la promoción y defensa de los derechos humanos, la sociedad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuenten con nosotros.
Y 2019 será un año complejo presupuestalmente. La reducción a rubros como el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es lacerante. La reducción a la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos da una pésima señal tanto a nivel nacional como internacional. Desafortunadamente refleja la falta de interés de este gobierno en el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos. Dicen que en el presupuesto se reflejan las prioridades de los gobiernos, y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el presupuesto fue reducido.
Por eso, hoy desde el PAN celebramos la congruencia de su discurso y hacemos nuestras sus palabas. No a la polarización, no a los discursos de odio. Sí al respeto a las instituciones y al Estado de derecho. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Muchas gracias, diputado presidente. Me permito simplemente hacer una brevísima digresión, para el diputado Héctor Yunes: no veo un atisbo de autocrítica, dejaron al país hecho pedazos. Las cosas por su nombre.
Ahora sí, buenas tardes, señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestro Luis Raúl González Pérez, bienvenido sea usted a este Palacio Legislativo de San Lázaro, sede momentánea de la Comisión Permanente. También les doy la más cordial bienvenida a todos los que trabajan y son parte del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Enhorabuena por su trabajo.
Aprovechamos este informe anual para reconocer el esfuerzo permanente que día con día realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger los derechos fundamentales de todos los mexicanos, dando especial atención a las personas y grupos sociales más vulnerables, quienes padecen con mayor frecuencia la violación de sus derechos y garantías constitucionales, así como para promover la cultura de respeto de los derechos humanos y divulgar su conocimiento.
En los ámbitos nacional e internacional, es una institución, y lo decimos con toda convicción, que ya forma parte del patrimonio de este país y de la sociedad en su conjunto.
Por ello el Grupo Parlamentario de Morena reitera su total disposición para analizar el marco jurídico que sustenta las normas que aplica, y los procesos operativos que ejecuta, así como las condiciones con las que otorga su servicio.
Abrimos las puertas para todas estas iniciativas a las que hizo referencia para que las vayamos valorando una por una.
Considerando que se debe poner en el centro el fortalecimiento de la atención con la cercanía y acompañamiento de las personas agraviadas, ya sea quejosos o víctimas con el objeto de atender de manera efectiva las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que se vive en el ejercicio de derechos, incidir para la reparación del daño, así como la prevención y no repetición de violaciones y de esta manera conformar un cambio institucional y cultural en favor de los derechos humanos.
En este orden de ideas el Grupo Parlamentario de Morena reconoce la importancia de participar con las instituciones de derechos humanos para coadyuvar en el entendimiento sobre las problemáticas contemporáneas que trastocan la dignidad humana como son los actos de corrupción.
La corrupción es un problema para la democracia mexicana porque supone la apropiación privada del poder público, supone el desvío de fondos y el uso de relaciones ilegales para ganar licitaciones que tienen el objetivo de generar bienes y ofrecer servicios.
Para el gobierno de México, y también para el Grupo Parlamentario de Morena es indudable que existe un fuerte vínculo entre la corrupción y el pleno ejercicio de los derechos humanos, particularmente de los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Por ello, desde esté ámbito legislativo, estamos convencidos en incidir en la generación de los instrumentos jurídicos que generen mejores prácticas y políticas públicas conducentes en una mayor protección de los derechos humanos.
En consecuencia, asumimos el compromiso de responder a las demandas ciudadanas y a las denuncias por violaciones de los derechos humanos en el marco del desarrollo y la implementación de los 17 objetivos del desarrollo sostenibles, entre ellos el número 16 que convoca a lograr sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, para lo cual se fija la meta de reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas.
La defensa del patrimonio de todos los mexicanos es algo que nos corresponde a todos, a todos sin distinción.
En los tres órdenes de gobierno y distintos ámbitos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Combatir la corrupción no es un asunto administrativo judicial, es incluso una cuestión de derechos humanos.
Es así que desde el ámbito legislativo Morena respalda por completo las acciones emprendidas por el gobierno federal en el combate a la corrupción en general, y en el robo de hidrocarburos en lo particular mediante la presentación del plan conjunto de gobierno en México para combatir el robo de hidrocarburos, con la participación de 15 dependencias del gobierno de México, combatir la corrupción y el robo de hidrocarburos institucionalizado y tolerado dentro y fuera de Pemex a través de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a la fuga de dinero público en un robo de bienes a la nación a los recursos públicos, al dinero de todos los mexicanos y que el año pasado significó en términos generales una pérdida para Pemex en el orden de 60 mil millones de pesos.
Finalmente les diría, tengo muchas cosas que decir, pero no, no tengo el tiempo necesario. Les diría que el telón de fondo... Diez minutos, ok, muy bien.
Bueno, si estamos hablando del orden de 60 mil millones de pesos, señor comisionado, seguramente con toda esta estrategia de combate a los hidrocarburos, tendremos los recursos suficientes el próximo año, para poder respaldar todas las instituciones como quisiéramos, en este país, incluyendo de manera determinante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Eso también debe ser materia de investigación, porque es el abandono institucional por años lo que ha provocado la tragedia que vivimos el 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo.
En México las instituciones de procuración y administración de justicia están marcadas por la fabricación de culpables, poco respeto al debido proceso a los derechos humanos de los acusados y la impunidad.
Afortunadamente, después de cuatro años que no tuvimos un procurador, se tomó la decisión de continuar...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera Lorena, su tiempo se está acabando.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Son cinco minutos, son diez minutos, señor presidente, son diez minutos, a todos se les dio diez minutos.
Entonces, como decía, que el problema en México es que tenemos una ausencia absoluta de justicia. Tenemos hoy la fortuna de que ya se regularizó el proceso y se designó al fiscal general y estamos en espera de la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, donde vamos a apostar todo empeño porque parte del problema de las cosas que hemos visto tiene que ver fundamentalmente con este tema, con la diada funesta de la corrupción y de la impunidad, donde las principales víctimas, como ya se ha mencionado, son la mayoría de los grupos más desprotegidos y vulnerables.
Sobra decir que la mal llamada guerra contra el narcotráfico ha provocado que estos abusos se incrementen y han puesto en evidencia la debilidad de las instituciones de seguridad pública.
Con mucho respeto le quiero decir al comisionado que coincido mucho en su diagnóstico, pero me hubiera gustado que no solamente actuara para favorecer la investigación de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, me hubiera gustado que nuestro comisionado estuviera también interesado en quienes han generado esta desgracia, que son depredadores que son los que han estimulado este tipo de prácticas donde no hubo una sola mención. Hay responsables y esos responsables son los que hoy provocaron esta tragedia.
Ante la crisis de seguridad que atraviesa el país, ante las numerosas víctimas de este conflicto, Morena está comprometido con hacer del cumplimiento de los derechos humanos una realidad en México. La fracción parlamentaria de Morena reconoce la importancia de los derechos humanos como eje rector de los cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas en nuestro país, y por ello se compromete a garantizar seguridad y paz para los ciudadanos y hacerlo con pleno respeto a los derechos humanos.
Así está contenido y esa es parte de las cosas que debemos reforzar de manera muy clara y contundente en el nuevo modelo de Guardia Nacional, donde está perfectamente señalado que se debe garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La cuarta transformación terminará con una de las principales causantes de la frecuente violación de derechos humanos en nuestro país: la impunidad.
En esta administración no se tolerarán las violaciones y, por supuesto, nosotros no lo permitiremos como legisladores, tolerar las violaciones a derechos humanos por ninguna autoridad. No seremos cómplices ni encubriremos a nadie. No toleraremos las violaciones de derechos humanos por parte de ningún miembro del cuerpo de seguridad, que se va a discutir y aprobar en su momento, y de nadie, de ninguna institución y de ninguna persona.
La cuarta transformación está abocada a la construcción de un Estado democrático de derecho.
Termino convocando de manera muy respetuosa al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que hagamos una cruzada por la promoción de los derechos humanos. Parte de lo que vimos en la tragedia está totalmente vinculada a la ausencia de un Estado de derecho, al conocimiento de lo que implican los derechos humanos, al abandono, a la miseria.
Yo digo que los dos temas fundamentales, que son el telón de fondo de la tragedia de Hidalgo, es la impunidad y es la desigualdad.
Y creo, a propósito del comentario que hizo quien me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente, el Presupuesto acredita cuáles son las prioridades de un gobierno, y este gobierno tiene como prioridad fundamental el rescate de todas aquellas personas, el rescate de las personas que no tienen hoy oportunidad alguna. Estamos hablando de jóvenes, pero estamos hablando de mujeres, estamos hablando de gente de la tercera edad.
Estamos plenamente comprometidos con el combate real y de fondo de la desigualdad, para que no volvamos a ver lo que vimos y que son parte de las lecturas que nos corresponde hacer a todos, con esta tragedia humana que ocurrió el pasado fin de semana. Es cuanto y muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Me ha pedido la palabra, por un minuto, el diputado Yunes. Se la concedo, para alusiones personales.
El diputado Héctor Yunes Landa (desde la curul): Para alusiones, sí, así es. Lamento mucho que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos venga a testificar una muestra de intolerancia del grupo mayoritario de este Congreso.
Quiero decirle que lamento mucho, quien me aludió, que siga usando el pasado para justificar la ineficacia del presente, y como muestra, un botón, nunca jamás en el gobierno anterior ni en los anteriores, recuerdo, el desabasto que hoy sufrimos 58.5 millones de mexicanos.
Usted misma ha expresado mi reconocimiento por su papel valiente en cuestionar propuestas de su propio partido. Y también a la diputada Clouthier, sobre todo en la propuesta en materia de la Guardia Nacional.
Concluyo diciéndoles que hoy cumplen 54 días de gobierno, en 100 días haremos un balance y veremos cómo están cumpliendo ustedes su tarea de gobierno, antes de criticar a los de antes. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. En virtud de su intervención, creemos que debe ser la última, la diputada Lorena Villavicencio pide para hechos.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Sí, me aludió directamente y para hechos.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Usted aludió. Es su opinión y tiene el pleno derecho.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Y simplemente sí decirle...
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Por alusiones, pero no hay hechos.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Un minuto, estamos hablando de tolerancia, ustedes son los promotores hoy de la tolerancia.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Oiga, no hay diálogos.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): No. Sí, sí lo aludí y lo aludí, porque toda, toda su intervención, efectivamente, en toda su intervención no hizo, en ningún momento, una referencia a lo que nos dejaron. Ni una referencia a toda la impunidad que se generó en el sexenio anterior.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Su minuto ha transcurrido.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Eso, eso es lo que construye que la gente no respete el Estado de derecho y eso es lo que tenemos que hacer. Okey.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Claro. No, no está en procedimiento, pidió un minuto, lo concedí. Aplico mociones más modernas.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, el ciudadano Luis Raúl González Pérez, hasta por diez minutos.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez: En primer término, quiero agradecer a las y a los legisladores que intervinieron por sus comentarios, preguntas, inquietudes y propuestas.
Y quiero empezar diciendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los humanos que yo presido y lo he dicho públicamente, siempre estará atenta a recibir incluso las críticas que nos permiten precisamente mejorar nuestro trabajo, corregir lo que no sea adecuado y perfeccionar lo que vaya bien.
Trataré de sintetizar los diversos temas que fueron aquí abordados. No es ajeno que se trató el tema recurrentemente de la seguridad. No es ajeno que desde luego la Comisión Nacional y su servidor no desconocemos los niveles de violencia y de inseguridad, lo hemos dicho insistentemente.
También nos hemos referido a los binomios de pobreza y de desigualdad, también nos hemos referido al binomio de corrupción e impunidad, en una envoltura, lo he dicho, no es nuevo y lo señalo, he sido crítico en los momentos que he tenido la oportunidad a través de nuestros... públicos, mis recomendaciones del Estado débil de derecho.
Todo ese contexto, desde luego que deseamos que haya una mejor y más seguridad. Hemos sido muy enfáticos, no a cualquier costo. No al costo de perder la institucionalidad democrática que significa la institucionalidad civil.
No somos insensatos en pensar, y también ha sido público mi posicionamiento, retirar en estos momentos a las Fuerzas Armadas. Pero no hemos visto que se le ponga una fecha fatal, con una hoja de ruta verificable y auditable para el retiro de las mismas.
Por el contrario, pensamos que el modelo que se plantea hace de las Fuerzas Armadas su permanencia. Y creo que eso no abona, como lo señalamos, a los estándares que desde organismos internacionales se han planteado, porque es lo que México y otros países han suscrito al precisamente reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Tenemos el reciente caso, el caso Alvarado, donde es enfática en las consideraciones la Corte Interamericana y vuelve a insistir de manera concisa en la mayor restricción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Respeto a las Fuerzas Armadas, reconozco el valor de las mismas en tareas que le han servido a este país, pero creo que la mejor contribución de una institución del Estado mexicano, patrimonio de la sociedad civil, como es la Comisión Nacional, es decir los riesgos que implica la permanencia ad infinitum de la Guardia Nacional.
No me es ajeno que en el modelo no se plantea, por ejemplo, ¿qué va a pasar con cerca de 500 mil policías?
Debo de recalcar la irresponsabilidad de los gobiernos estatales en 12 años en donde no se tomaron las medidas adecuadas.
Déjenme referirme también a otro aspecto. Y reconozco las diferentes menciones que se hicieron para el respeto de la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y celebro que la respuesta del señor presidente de la República haya sido ante el planteamiento que hizo la Comisión Nacional, de que respetar la autonomía de la Comisión Nacional es respetar la Constitución. Y respetar la Constitución es evitar actos arbitrarios. Y la respuesta fue muy favorable, de que se respetará la misma y se cumplirán sus recomendaciones.
No defendemos delincuentes, defendemos el cumplimiento de la ley. Una ley que fue instituida por el poder Constituyente, por el poder revisor de la Constitución y por los Congresos federales y estatales. Ahí se establecen hipótesis normativas para quien se ubique en esa hipótesis tenga derechos o tenga obligación y eso cumplimos.
Por eso, de buena y muchas veces de mala fe se alienta que defendemos delincuentes, porque muestra la incapacidad para perseguir el delito con técnicas científicas.
La autonomía de la Comisión tiene que ver –y agradezco las muestras de solidaridad– con el presupuesto reducido de la Comisión Nacional. No se beneficia o se perjudica a la Comisión Nacional con el presupuesto. Hay personas de carne y hueso que se pueden ver perjudicadas.
No es a la Comisión Nacional a quien se beneficia de aceptar las recomendaciones. Es a víctimas. Y debo decir que la Comisión Nacional tiene un acompañamiento permanente respecto de las víctimas a derechos humanos.
Ahorita daré unas cifras, hablaré en lo general primero de las cuestiones que me fueron planteando, que traté de agrupar.
Desde luego y se planteó fortalecer la relación con este órgano legislativo. He dado muestras permanentes de esa vinculación, que va más allá de este informe. He tenido contacto permanente con comisiones legislativas de este Congreso. Pero me abocaré a intensificar las mismas.
Y señalarles que la Comisión Nacional a mi cargo desde el comienzo de mi gestión, y habrá muchas organizaciones de la sociedad civil que puedan constatarlo, más allá de las coincidencias o diferencias que podamos tener, recobramos la interlocución con la sociedad civil.
Una tercera parte de mi agenda está dedicada, y del equipo de trabajo, a las organizaciones de la sociedad civil.
Desde luego que el caso de Ayotzinapa preocupó y ocupó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los invito a que se asomen a las 2 mil 200 páginas que contienen una pincelada de lo que contienen más de un millón de actuaciones que están sistematizadas, pero que como dije yo y el equipo de trabajo, es la aproximación más cercana a la verdad y será un insumo importante para la comisión de la verdad que sea instituida, pero también creo que tiene que cuidarse la vinculación de la Comisión de la Verdad con el tema del ordenamiento jurídico mexicano en cuanto al tema de procesamiento penal, ¿para qué? Para evitar también impunidades.
Por otro lado, sobre la propuesta que se hizo del PT a que sean obligatorias las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, veamos y desde luego que buscamos que la Comisión Nacional tenga las y mejores herramientas de defensa, pero la figura del Ombudsperson responde a una naturaleza, la imperatividad de sus recomendaciones la convertiría en un tribunal, pero creo que hay modelos que se pueden estudiar para fortalecer su eficacia.
Por otro lado, un tema importante y no podía estar ajeno en el reporte que dimos, la violencia contra la mujer y la igualdad de género. La violencia contra la mujer, y me preguntan qué hemos hecho al respecto, déjenme decirles, hay 30 procedimientos de alerta de género en el país sobre 27 estados, hay estados de la República, Veracruz o el estado de México que tienen doble alerta de género.
La comisión ha sido una férrea defensora para que esas alertas de género sean eficaces, tan es así que por lo menos en más de cinco ocasiones no hemos opuesto al voto mayoritario de quienes emiten la alerta o la determinan por estar en contra, pero también, y este cuerpo legislativo puede ser receptivo a que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia puede ser modificada para fortalecer esa herramienta. No es la panacea, no es la solución, pero sí es una herramienta importante de los 28 estados, cerca de 13, 14, se tiene determinada la alerta.
Se ha mencionado aquí y es importante señalarlo, el tema de periodistas y defensores, tenemos recomendaciones generales al respecto, creo que es uno de los temas más sensibles de las violencias que se viven en el país.
Recientemente tuvimos el lamentable deceso o muerte y homicidio en Baja California Sur de un periodista, y en Chiapas lamentablemente de un activista. También señalar el tema del desplazamiento forzado interno. Ustedes tienen acá una propuesta que hicimos ya a esta Legislatura sobre desplazamiento forzado interno.
Se mencionó también el tema de lo sucedido y lo lamentable que sucedió en Hidalgo. La Comisión Nacional hizo lo que en el pasado también venía haciendo, porque es su deber y es nuestra convicción. No estamos haciendo señalamientos específicos, lo que hicimos fue aperturar un expediente para acceder al derecho a la verdad, para conocer precisamente de la información que nos puedan brindar las distintas autoridades. No hicimos señalamientos. Se trata de una apertura de queja. A la queja que inició la Comisión Nacional llegó otra queda donde nos pedía esa intervención, pero no estamos haciendo señalamientos.
Quiero decirles que sobre el tema de corrupción y derechos humanos, basta ver los pronunciamientos que hemos hecho muy claros frente a todas las autoridades donde hemos tenido esa participación, pero invito a que se introduzcan en un estudio que preparó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, corrupción y derechos humanos, porque desde luego que hay una correlación entre corrupción y derechos humanos y sobre todo recae en personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Pero también hay un estudio que los invito a conocer sobre pobreza y derechos humanos, porque de los ocho ejes que se plantearon por el actual gobierno, señalamos públicamente que siete de ellos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las cuestiones sociales, desde luego que los saludábamos, donde no compartíamos era el octavo sobre temas de seguridad a los que ya me he referido.
Debo de señalar que el tema de la cruzada para una promoción de derechos humanos, aceptamos el reto porque el reto es cómo llegar a 125 millones de mexicanas y mexicanos. Déjenme ubicar algunas de las preguntas específicas. No sé si me faltaría algo, pero voy a referirme a las preguntas. Defensores ya me referí.
Feminicidios. Desde luego que nosotros estamos atentos. Parte de la problemática es que no se tiene una uniformidad en el tema del feminicidio. Las formas para su identificación resultan complicadas.
También debo decirles que en el tema de la violencia faltan reglamentaciones específicas. Está a nivel Legislativo, pero faltan reglamentaciones y lo hemos dicho al respecto.
Pero también en el tema de la mujer los invito a un estudio único, me atrevo a decirlo de esa manera, que es el Atlas de Igualdad de Género, bueno, que se construyó por entidad federativa y por municipios donde están como semáforos las preocupaciones sobre la violencia o sobre la igualdad. Creo que es un aporte de la Comisión Nacional muy importante que pongo a la Mesa de esta soberanía.
Desde luego que hablamos en el tema de seguridad de una integralidad. Eso es parte de lo que nosotros hacemos énfasis. Respuestas parciales nos darán resultados parciales, como la mejor policía que se construya, no va a ser eficiente, no va a ser suficiente si no se cambia el modelo de procesamiento en cuanto al profesionalismo de quienes son los operadores del sistema.
Veinticinco millones, efectivamente de víctimas, y quiero decirles que donde, un ejemplo, digo, todo el acompañamiento que hemos tenido en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Veracruz, una parte importante del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está acompañando a las víctimas de colectivos o familiares de colectivos desaparecidos.
Pero también la atención victimal que proporcionamos, los datos están ahí en el informe y en obvio de tiempo no podría decirlo. Tenemos quejas por despidos, desde luego que tenemos quejas por despidos. Estamos viendo el análisis de cada una de acuerdo a la naturaleza de la misma. Lo que procede es orientación para que acudan a las instancias jurisdiccionales correspondientes.
Y desde luego que la Comisión Nacional, y con esto termino –creo que ya me pasé del tiempo, pero concluyo– es muy difícil en diez minutos, pero quise concentrar, solamente volver a insistir. Desde luego que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre tendremos y defenderemos que la persona sea el eje de toda política pública y también por otro lado, desde luego, que estaremos atentos a acompañar a esta legislatura en todas las mesas y por eso propusimos un panel para trabajar más y mejor el tema del modelo de seguridad, e invitarles a que busquemos todos desde nuestra trinchera la unidad dentro de la diversidad. Muchas gracias por su atención, han sido ustedes muy amables.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias a usted. En primer lugar, queremos invitarlo, presidente, a que venga de nuevo. Aquí ha surgido la idea, que ya estamos trabajando con las instituciones que son responsables de lo electoral, en comenzar a armar grupos de trabajo con las dos Cámaras, de modo que en el próximo período de sesiones la duración del encargo del presidente es hasta noviembre, y tenemos mucho tiempo.
Yo quiero hacer cinco observaciones:
Ombudsman, en la jerga mundial no es organismo oficial, es un organismo de moral pública, sí, eso es. En México le hemos llamado siempre ombudsman desde que nació precisamente, la Comisión de Derechos Humanos, pero la gente lo ha aceptado. Yo creo que el gran mérito de la comisión per sé, es que tiene autoridad moral, que tiene conocimiento de las cosas y que pues va en el buen camino con los instrumentos que están a su disposición.
Yo le decía, hace un momento al presidente, a título personal, eh, que él es como Santa Claus, que todos lo consideran que está del lado del bien. Bueno, entonces hay que ir a las...
Primero, el movimiento contemporáneo de derechos humanos lo comenzamos en 58, en 54 con la Academia de Derechos Humanos, su grupo de fundadores es por 84, insistimos al gobierno para creara la Dirección de Derechos Humanos en Gobernación, como si se le aventara un bistec a un león, y ahí trabajamos. Dos años más tarde teníamos el proyecto de la Comisión. No hago más historia.
Siempre hemos padecido cuatro competencias que se nos niegan. Primero se negó la capacidad de participar en procesos judiciales, jurisdiccionales. Aparentemente eso era muy sabio, pero no, porque nosotros queríamos y seguimos queriendo la participación en lo que es, de un proceso, debido proceso, que convenimos, es un derecho humano, de acuerdo, y esa no...
Segunda limitación que nos pusieron, si todo esto ha sido poquito a poquito. La electoral, uf, debate que duró ocho años, hasta que la ganamos, pueden dar opinión en materia electoral, bajo ciertas...
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez: Todavía no.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pero hemos ganado. Entonces vamos a sumarnos a su carro.
La otra, la jurisdiccional electoral, la laboral, que esa sí ya se ganó, estaba prohibido todo aquello que podía aceptar intereses económicos o intereses políticos arraigados. Sigue prohibida, la laboral ya no, ya no. Entonces ha sido una lucha constante.
Yo quiero hacer una invitación al señor presidente y a todos los que están aquí, para que en seis meses le demos la vuelta a esto. Él nos dijo lo que está haciendo, pero no nos dijo lo que le falta, por eso lo estoy complementando, estamos en la misma onda. Entonces está muy dispuesto el presidente a trabajar con nosotros, las dos Cámaras, para subsanar todos aquellos sistemas que han sido...
Las instituciones nacionales, no federales, tienen jurisdicción en los tres niveles, pero tiene los... la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero al INE, que ya no es IFE por eso. Ellos tienen competencia nacional, pero les han puesto una limitación: solamente pueden opinar en los casos en que hay pronunciamientos de los ombudsman locales.
Segundo. Jamás se les ha permitido velar por lo que es clave en esta materia, que es exigibilidad y jurisdiccionalidad. Cuando menos la Comisión de la Ciudad de México ya tiene desde un juez en la esquina hasta una sala constitucional. Si no son exigibles, si no son judiciables, no funcionan.
Y por último. Es imprescindible que se establezca la igualdad de medios. Por el momento han ganado tanto en prestigio que perdieron un poco en dinero. Tal vez la próxima sea al revés, pero hasta ahora seguimos ganando todos. Yo repito esta invitación que espero ustedes me acompañen. Muchas gracias.
Agradecemos la presencia del presidente, licenciado Raúl González Pérez, en la consignación del informe anual.
Solicito a los legisladores que formaron la comisión de cortesía para recibirlo, lo acompañen a retirarse de este recinto cuando desee hacerlo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo, por el que se aprueba la designación de Jorge Eduardo Navarrete López, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, pido a la Secretaría recoja la votación nominal del acuerdo, iniciando por el lado derecho del salón.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: En votación nominal se pregunta a las legisladoras y los legisladores si es de aprobarse el acuerdo sometido a su consideración, por lo que se recoge la votación iniciando por el lado derecho, solicitando manifiesten su nombre y el sentido de su voto.
El diputado Ricardo García Escalante (desde la curul): Por Acción Nacional, a favor.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (desde la curul): A favor.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): A favor.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): A favor.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): A favor.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (desde la curul): Morena, a favor.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera (desde la curul): Morena, a favor.
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): A favor.
El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar (desde la curul): A favor.
La senadora M. Citlalli Hernández Mora (desde la curul): A favor, Morena.
La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (desde la curul): Morena, a favor.
El diputado Silvano Garay Ulloa (desde la curul): A favor.
El senador Joel Padilla Peña (desde la curul): Del Partido del Trabajo, a favor.
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): Morena, a favor.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano (desde la curul): A favor.
La diputada Beatriz Rojas Martínez (desde la curul): De Morena, a favor.
El senador Rubén Rocha Moya (desde la curul): Morena, a favor.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): Morena, a favor.
La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Partido Verde, a favor.
La senadora Verónica Noemi Camino Farjat (desde la curul): Partido Verde, a favor.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, a favor.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Movimiento Ciudadano, a favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): PRD, a favor.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Del PES, a favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Morena, a favor.
El vicepresidente senador Martí Batres Guadarrama: Morena, a favor.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Morena, a favor.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: PRI, a favor.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: ¿Falta alguna diputada o diputado, senadora o senador de emitir su voto?
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (desde la curul): Partido Acción Nacional, a favor.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: A favor. Señor presidente, se emitieron 31 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Rectifico, perdón, 32 votos a favor, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Treinta y dos votos. Comuníquese al Ejecutivo federal.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se encuentra en este salón de sesiones el ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López, cuyo nombramiento como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, acaba de ser aprobado por la asamblea.
Para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Citlalli Hernández Mora, Alejandra Noemí Reynoso, Ricardo García Escalante, Dulce María Sauri y Beatriz Manrique Guevara.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Se solicita a la comisión cumpla con su cometido.
(La comisión cumple con su encargo)
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Se solicita a las y los presentes ponerse de pie.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Jorge Eduardo Navarrete López: Sí, protesto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si así no lo hace, que la nación se lo demande.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Se informa a la asamblea que en la reciente votación fueron 33 votos, contando el voto del senador Miguel Ángel Mancera, que faltaba por contabilizarse.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con punto de acuerdo de la Primera Comisión, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse en conjunto, excepto los dictámenes enlistados con el número cuatro, que se separará para su discusión.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica, se consulta si son de aprobarse en conjunto, a excepción del dictamen número cuatro, los puntos de acuerdo para su discusión, no separados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, secretaria. Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Se encuentra ahora a discusión el número cuatro de los dictámenes que se refiere a que la Comisión Permanente exhorte a las dependencias de la administración pública federal, a cumplir con lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en materia de comunicación social. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El ejercicio de proporcionar información a través de redes sociales sobre las acciones que emprendió o emprenderá el gobierno federal no se encuentra debidamente reglamentado en la Ley General de Comunicación Social, la cual es la legislación actual de la materia, dicha ley indica los motivos por los cuales se podría incurrir en una falta en este tema.
En el caso del ejercicio del gasto no se puede contemplar una real violación a la norma, puesto que la motivación del mensaje publicado por las secretarías de Estado en sus redes sociales, se encuentra su fundamento en el artículo 5 de la ley en comento, es decir, la necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información y/o atención.
Sin embargo, si se plantea abordar el tema de destacar el nombre, en términos del artículo 9, fracción I de esta ley, misma que remite al artículo 45 para derivar la falta a la autoridad competente, en este sentido y ante la ausencia de regulación en la materia, no existe una autoridad que observe este tipo de publicaciones en redes sociales fuera de los tiempos electorales. Es por estos motivos que el sentido del dictamen fue en contra ya que considero que este no tiene materia.
Entonces aquí nos hacemos la pregunta. ¿Qué es o no relevante cuando interpretamos lo que dice la ley? No hay duda de que la trascendencia de los acontecimientos, por ejemplo del robo que se comete con bienes de la nación merece una difusión amplia a la ciudadanía, ¿o no es una ofensa al interés general que se estén robando la gasolina que es un bien muy apreciado por todos los mexicanos?
No estamos hablando de cualquier cosa, pues se mantiene en la atención de todos los mexicanos y todos debemos estar informados de lo que está sucediendo con lo que realiza el gobierno de la República y las dependencias diariamente.
Finalmente, quiero señalar que rechazamos esta proposición porque la función de informar por parte del gobierno es un acto de fortalecimiento constante de la democracia del país. Por su atención, muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchísimas gracias, presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores. El punto de acuerdo que se convirtió ahora el dictamen, que fue elaborado en la Primera Comisión y votado por mayoría, establece un llamado muy sencillo a respetar la Constitución y la ley en materia de comunicación social.
Ese es un llamado que se le hace al gobierno federal y se lo tendríamos que hacer a todos los gobiernos de los estados y gobiernos municipales. En eso radica el punto de acuerdo, en exhortar a que se respete la ley en materia de difusión social. Ese es el llamado.
La pregunta es: ¿estamos de acuerdo en pedirle a las autoridades que respeten la ley o no estamos de acuerdo en pedirlo? Es un tema muy sencillo, de muy fácil explicación.
Que si está regulado, que si no está regulado, que si queremos un texto literal para poderlo aplicar. Esa es otra materia de interpretaciones legales. Pero debemos recordar que toda autoridad, toda autoridad, toda, con muchos millones de votos o poquitos millones de votos, tiene que ceñirse al principio de legalidad.
Y lo decíamos en la comisión, la autoridad sólo puede lo que la ley expresamente le permite.
¿Qué estamos solicitando a través de este dictamen? ¿Qué está solicitando la Primera Comisión de Trabajo? Porque es un dictamen de la Primera Comisión de Trabajo. Esta Primera Comisión de Trabajo donde se aprobó por mayoría y en congruencia, esos votos se tendrán que verificar ahorita, esta Primera Comisión de Trabajo solicita a las autoridades que respeten el texto constitucional y legal en la difusión social.
La manifestación que se hizo en la Primera Comisión, mayoritaria, no unánime, fue en este sentido. Sin mayor aspaviento, sólo es pedir respeten el texto constitucional, la esencia de la difusión social que se hace del trabajo de los gobiernos, es lo que se está pidiendo.
La pregunta es si hay congruencia o no hay congruencia y eso lo vamos a ver en un momento más con la votación. Y la invitación, la sugerencia es, vamos a votar a favor de este dictamen, compañeras, compañeros donde lo único que se pide es que se respete la ley. No hay un señalamiento de violación porque no somos autoridad para señalar que se está violando o no se está violando.
No viene así en el dictamen, el dictamen invita al respeto a la ley. No estamos diciendo que la autoridad federal, algún funcionario, el señor presidente, ya violó la ley. No, de ninguna manera, no se está señalando eso, se está invitando a que se respete la ley en la difusión social.
No estamos diciendo que ya se debe sancionar con equis cuestión a un funcionario. No, se está invitando a que se respete la ley.
Y recuerden, somos funcionarios públicos todos, todas, y nos rige el principio de legalidad. Yo no me puedo excusar como servidor público, en que la ley no me regula una determinada situación, yo como servidor público estoy obligado a actuar conforme a lo que la ley me establece. El ciudadano sí, puede todo lo que la ley no prohíbe, pero el servidor público solo puede lo que la ley permite.
Luego entonces, si retomamos el argumento de que no existe regla, no se puede hacer por la autoridad, argumento que no comparto. Pero, suponiendo sin conceder, que no está reglado, luego entonces el poder público no puede hacer uso de una herramienta que la ley no regla, porque el poder público solo puede lo que la ley expresamente le mandata.
Por ello la invitación, compañeras legisladoras, a que en este punto de acuerdo reiteremos esta invitación al respeto a la legalidad, es lo que versa este punto de acuerdo. Ojalá veamos la voluntad para que este llamado se haga al gobierno federal, y desde aquí yo, muy respetuosamente lo mismo hago a los gobiernos estatales y municipales, y a todos los servidores públicos, el respeto a la ley en sus esquemas de comunicación social a todos.
Hoy el punto de acuerdo versa sobre el gobierno federal y yo no tengo inconveniente, ninguno. Al contrario, invito a que a este gobierno y a todos, a todos, se les exija el respeto a la ley. Por más votos o menos votos que hayan sacado, todos deben respetar la ley. Por su atención, muchísimas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Lorena Villavicencio, perdón, la diputada Lorena Villavicencio para hablar en contra. Adelante.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Gracias, presidente. Bueno, yo formo parte de esta comisión, de la Primera Comisión, y me veo obligada a hacer una intervención por lo que se ha expresado aquí en estos, ante este pleno.
Y decir que el exhorto, mucha gente dice y escuché alrededor de mí, durante la discusión, que el exhorto es un llamado a misa. No señores, el exhorto no es un llamado a misa. Exhortar presupone, de entrada, que hay una conducta irregular. O sea, hay algunos indicios que nos están señalando que hay alguna conducta irregular y por eso votamos en contra, no porque queramos, de ninguna manera, que se violente o vulnere la ley, pero no somos autoridad competente.
Hay una vía clara, definida, para presentar este tipo de quejas. Tenemos toda una institución que ya ha resuelto sobre este tipo de temas, del tema del uso de los medios de comunicación para la promoción de algún funcionario público.
Está la institución, es el Instituto Nacional Electoral, ahí tienen una representación los partidos que presentaron este punto de acuerdo. Entonces, si no podemos permitir de ninguna manera que haya ningún indicio que se presuponga que hay una violación, y menos cuando se trata. Las pruebas que están presentando es información que está otorgando el presidente de la República para solicitar apoyo en una medida extrema, donde se está jugando la vida muchas personas.
Estamos enfrentando a la delincuencia organizada, se está enfrentando de parte del gobierno federal. Entonces es muy importante que tenga acceso justamente a los medios de comunicación para que la gente esté debidamente informada y para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que vivimos el fin de semana.
Entonces me parece que ese tipo de información es correcta, de ninguna manera se trata de promoción personal. Entonces no podemos permitir que ahora resulte que cada comunicación que haga el presidente de la Republica solicitando el apoyo de los ciudadanos para determinada acción se va a convertir en un acto de promoción o de proselitismo.
Señores, entiendan bien. Ya fuimos al fondo de lo que implica la promoción, esto no es promoción, es comunicación. Y además también quiero pedirles, aquí se habla mucho de la transparencia, se habla mucho de la colaboración, de la participación ciudadana y el parlamento abierto.
Si somos congruentes con estas tesis y con estas propuestas que estamos haciendo para ampliar la comunicación con la sociedad civil, para que la gente esté debidamente informada, entonces nos parecería muy bien, creo que es muy saludable que tengamos un presidente de la República que está tratando de constituir justamente un gobierno abierto, donde la gente sepa con toda claridad cuáles son las medidas que se están tomando para enfrentar a la delincuencia organizada y que también tomen sus previsiones y que también sean responsables de los hechos.
Quiero decirles que la cultura de impunidad obliga a la construcción de una cultura del Estado de derecho. Obliga, estamos obligados todos los ciudadanos. Aquí todos tenemos que ser responsables de lo que está pasando en este país y me parece que lo que ha estado haciendo el presidente de la República es justamente eso; pedirles a los ciudadanos que asuman la parte de responsabilidad que también tienen.
Entonces, por eso nuestro partido no puede votar a favor de lo que parece algo sin ninguna trascendencia, porque estaríamos dando pie a algo muy grave, que es limitar la comunicación, porque además no está regulado en muchos medios y es un tema que en todo caso valorémoslo.
Ustedes hagan sus propuestas y lo discutimos, pero de ninguna manera podemos aceptar que se ha cometido ninguna violación de ningún derecho, y en todo caso tienen salvaguardada el conducto del INE para presentar la queja correspondiente. Muchas gracias.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: ¿Con qué objeto, diputado Espadas?
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Para hechos.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Con todo gusto, pero será al final, porque así lo señala el Reglamento Interior del Congreso General. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Sylvana Beltrones, para hablar en pro.
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, presidente. Quiero dejar claro que este es un dictamen que se aprobó en su mayoría en la comisión respectiva y por eso es que lo estamos discutiendo ahorita.
Creo que hay una confusión con lo que se está discutiendo. Por supuesto que tenemos facultad de exhortar a respetar la ley, si no para qué son los puntos de acuerdo. Pero vamos a discutir un punto de acuerdo que se base en el punto de acuerdo que se presentó.
Esto crea confusiones cuando se dictamina con considerandos que no coinciden con lo que se presentó desde un principio. Nosotros, y a lo mejor por eso están confundidos, porque el dictamen no corresponde a lo que su servidora presentó la semana pasada en esta Permanente ni tampoco a los artículos referidos por quienes me han antecedidos en el uso de la palabra.
Aquí lo que se pide es que se respete el 134 y las leyes de comunicación social por parte del gobierno de la República.
Nadie está en contra de que el presidente salga en las mañanas a informar a la población, al contrario, se agradece y se le reconoce el esfuerzo que hace por esto. Pero, por otro lado, está la propaganda del gobierno federal. Esta propaganda se ha visto en varias ocasiones por varias secretarías, que tiene elementos coincidentes con el del Partido Morena y, no solo eso, que también sale dentro de su publicidad con frases diciendo: Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunado a eso, también denunciamos dentro de las exposiciones que hay un video en donde se pide ayuda para reclutar a la Guardia Nacional, misma que ni siquiera ha sido aprobado por el Congreso de la Unión. Es por eso que presentamos el presente punto de acuerdo, para pedir que se esté al margen de lo que dice la Constitución y las leyes.
Sabemos que hay criterios del Tribunal Electoral, pero las leyes ya están y son muy claras. Las mismas a las que nos referíamos, solo para aclarar, era el 134 constitucional, el 41 base III Apartado A de la Constitución, así como el 25, párrafo uno de la Ley General de Partidos Políticos, el 159, párrafo cuatro y cinco, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esos son los que nos brindan el marco legal para hacer esto en nuestra plena facultad como senadores o diputados de este Congreso.
Por otro lado, también creemos que debemos de cuidar la institucionalidad todos nosotros, es por eso que se hace este llamado. Es solamente y quedó, quiero decirles compañeros, esta parte, porque la parte en la que también solicitábamos en una reserva el pedir medidas cautelares al INE, esa fue eliminada también por acuerdo de la comisión.
Entonces, nosotros solamente queremos darle institucionalidad, porque como lo dije cuando presenté este punto de acuerdo, el gobierno de la República trabaja para todas y para todos sin distinción de colores y es lo que nosotros pedimos en este punto de acuerdo. Es cuanto.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, senadora.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Presidente, una pregunta.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Le solicitan una pregunta a la oradora de parte de la diputada Claudia Domínguez, ¿la acepta, senadora?
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con gusto.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Adelante.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Gracias. ¿Usted cree que el Partido Revolucionario Institucional utilizó los colores patrios como promoción partidista? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? ¿Es legal o es ilegal? Gracias.
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez: No.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Juárez Piña, del PRD, para hablar en pro. Perdón, perdón, perdón, la diputada Verónica Juárez Piña, del PRD, para hablar en pro, adelante.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, su servidora forma parte de la Segunda Comisión y quiero comentarles que el día de hoy discutimos un punto de acuerdo que tenía que ver precisamente con este punto que ahora discutimos y los compañeros de la mayoría nos decían que no podíamos discutirlo ahí, porque no era la comisión en donde se atendían los puntos constitucionales y porque en su opinión, aunque estuvieran de acuerdo, no era el espacio para discutirlo.
Comentábamos ahí y me parece que a partir de lo que aquí se comenta, que lo que no quieran tener y que tanto han comentado en distintas intervenciones, es siquiera tener un poquito de autocrítica.
No se les ve. Se quiere argumentar de cualquier forma para tratar de decirnos que siempre tienen la razón.
A mí lo que me parece es que es cierto que hay un derecho que tienen todas las ciudadanas y los ciudadanos a recibir información. Eso nadie lo está discutiendo. Lo que se está discutiendo es que se viole un precepto constitucional. Y por eso le voy a pedir, por favor, a la Presidencia que pueda instruir a la Secretaría el poder leer el artículo 134 en su penúltimo párrafo, por favor.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Por favor, lea la Secretaría el artículo que está pidiendo la diputada, el 134.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”. Es cuanto, señor presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, secretaria. Adelante, continúe, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: En ningún caso, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Esto incluido el presidente de la República.
Por lo que quienes presentamos estos puntos de acuerdo hemos considerado que hay una violación a lo establecido aquí y a la ley reglamentaria de igual forma.
Por lo que nosotros vamos a insistir a que seamos congruentes y que no tengamos miedo a que hagamos un exhorto a todos los entes de la administración pública para que cumplan la ley. En mi opinión debería de haber sanciones, por supuesto.
El pasado 10 de enero, el Ejecutivo federal, como bien se dice acá, citó en todas las páginas oficiales una imagen que hacía referencia, como bien se decía aquí, a la estrategia contra el huachicoleo implementada en los últimos días. Pero también en todos los portales, y de manera particular hablábamos aquí de dos secretarías donde se hablaba el punto de acuerdo de la senadora Beltrones, en donde era en Relaciones Exteriores una de ellas.
Yo me pregunto: ¿por qué esta imagen fue retirada en los días posteriores si no violaban la ley? Entonces yo les pregunto aquí, ¿no tenemos la disposición de poder llamar a todo mundo a que la cumpla, a que nos sujetemos y que cuando se violente también nos atengamos a las consecuencias?
Me parece que esta soberanía tenemos todo el derecho también de poder exigir, exhortar a que todas las autoridades, con independencia de lo que quieran informar, cumplan la ley.
Termino. Cuando algo se publica en todos los portales por supuesto que es oficial. Tenemos comunicados, tenemos convocatorias, tenemos marcos jurídicos dependiendo de la secretaría. Entonces, no nos vengan a decir que no violentaron la ley porque era un portal que lo vemos a través de Internet. Muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, diputada. Tiene ahora un minuto para rectificación de hechos el diputado Jorge Arturo Espadas.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchísimas gracias, señor presidente. Nada más para referir dos cosas: cada uno de nosotros, cada persona, cada ser humano tiene la posibilidad de tener sus preconcepciones subjetivas.
Cuando vienen los funcionarios federales a rendir aquí la glosa, por ejemplo, del informe, se les exhorta –y se les va a exhortar– por el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados a conducirse con verdad. Esto no implica que estemos diciendo que son mentirosos ¿eh? Es un exhorto, es un llamado.
¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Exhorto es invitar a alguien con palabras a que haga algo. Eso es. No podemos prejuzgar que a la mejor yo estoy pensando por exhorto una cosa que es diferente a lo que está pensando un diputado o una diputada.
El exhorto es un llamado a, nada más. Por eso es importante no confundir, señalar nada más y solicitar a la Presidencia que antes de votar este acuerdo se lea el resolutivo para que se entienda qué se está pidiendo.
Sí queremos difusión, información la hemos pedido muchas veces. Hoy en día no sé cuándo se va a acabar el desabasto. Hemos pedido esa información. Qué bueno que el presidente la diera y qué bueno que lo siga haciendo.
Y si la memoria no me es infiel, incluso en la difusión que se hizo aquí en la Cámara de Diputados de la toma de protesta venía la voz del presidente de la República, lo cual está prohibido en el 134 constitucional.
Por eso yo decía, no es solo al gobierno federal que este punto de acuerdo nos ocupa, es a todos, es un llamado a todos. En este caso, en el punto del exhorto al gobierno federal, respetar el 134, no le veo por qué no. Muchísimas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, diputado. Previa lectura del resolutivo, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente En votación económica... Perdón, previo al resolutivo.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: El resolutivo, primero.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a las secretarías, entidades y dependencias de la administración pública federal, a cumplir lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los mensajes y comunicados oficiales sean de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social, quedando exentos de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es cuanto, señor presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el resolutivo leído.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta si es de aprobarse el resolutivo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: A juicio de la Presidencia es mayoría por la negativa.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se desecha. El siguiente punto...
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Tiene la palabra, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a todos los dictámenes de la Segunda Comisión de Trabajo, hasta por cinco minutos.
La senadora Noemí Alejandra Reynoso Sánchez: Gracias, presidente. A nombre del Partido Acción Nacional me referiré a los dictámenes que se procesaron en la Segunda Comisión.
El primero de ellos tiene que ver con lo relacionado a los acontecimientos en Nicaragua y los integrantes de esta comisión hemos votado a favor de este resolutivo. Consideraos que es muy importante recordar la vigencia de los instrumentos internacionales de los que México es signatario como es la Carta Democrática Interamericana que es el instrumento jurídico que los Estados Americanos nos hemos dado para que a través del derecho internacional público se protejan las instituciones democráticas y el orden constitucional, con el objetivo de evitar las agresiones autoritarias y dictatoriales que tanto daño y tantas vidas han cobrado en nuestra región.
Esperemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores escuche este llamado que le hacemos desde el Poder Legislativo para que se continúe propiciando el diálogo, la construcción en el seno también de la Organización de los Estados Americanos.
También me referiré a otro de los puntos de acuerdo y que tiene que ver con lo que sucedió en al menos dos ocasiones en Tijuana a principios del año pasado y el primero de enero específicamente, al momento de que autoridades de Estados Unidos arrojaron gas lacrimógeno hacia los migrantes en territorio mexicano.
Por eso desde este Poder Legislativo también reconocemos que es algo muy lamentable que justo en la frontera norte y de manera reincidente se estén dando estos acontecimientos, y no podemos olvidar que decenas de decesos de personas de la frontera han sido a manos de agentes fronterizos y la impunidad con la que operan los agentes de la Border Patrol, ellos utilizando armas letales y los agentes, y han disparado incluso desde la Unión Americana.
En muchos casos los familiares que exigen justicia sólo reciben a cambio más impunidad. Nuestro país no puede dejar de denunciar cuando se violan los derechos humanos de las personas en territorio mexicano. Desde el Poder Legislativo hacemos y denunciamos cada una de estas agresiones, y más porque han sucedido y no tampoco, y aunque la cancillería se ha expresado, no es garantía de que no vuelva a suceder.
Agradecemos la confianza de los miembros de la Segunda Comisión de este periodo de receso de la Comisión Permanente, pero también quiero aprovechar este espacio porque hubo algunos puntos de acuerdo que se retiraron y que se habrán de turnar a las comisiones ordinarias. Sin embargo en la coyuntura internacional me parece que es muy importante hacer un llamado de lo que está sucediendo el día de hoy.
A nombre del Partido Acción Nacional expresamos a nuestros hermanos venezolanos nuestro apoyo total el día de hoy, en su lucha por la libertad. Expresamos nuestro apoyo total a quienes...
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Perdón, senadora.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ...indican el camino contra la usurpación del poder presidencial de Nicolás Maduro. Desde esta tribuna le enviamos nuestro respaldo y reconocimiento...
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Senadora, si no tengo mal entendido está usted fundamentando los dictámenes en su conjunto.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ...al presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Fueron de los temas que abordamos.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Pero hay que separar las intervenciones. No, permítame, senadora, por favor. Una cosa es fundamentar los dictámenes y otra cosa es posicionar a nombre de uno de los grupos parlamentarios. Usted está confundiendo...
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: A nombre del PAN.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: No, usted pasó a nombre de la comisión a fundamentar los dictámenes en su conjunto.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: No, lo dije al principio, presidente, al principio de mi intervención lo aclaré.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Bueno, adelante.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por eso en Acción Nacional sí reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado, y reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de los presos políticos, especialmente de Leopoldo López.
Los acompañamos a la distancia recordando al senador Belisario Domínguez y al diputado Eduardo Neri, y a los legisladores de 1913, conociendo que un día como hoy, el 23 de enero de 1958, se conmemora en Venezuela el día de la recuperación de la democracia.
Desde aquí en Acción Nacional levantamos la voz, reconocemos a Juan Guaidó y reconocemos y manifestamos nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela. Es cuanto, presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, senadora. Respetamos los puntos de vista de todas las fracciones parlamentarias, sin embargo, estoy obligado a señalar que ese dictamen no se aprobó, o sea, no había materia para posicionar en ese punto. Habiendo un dictamen, entonces habría habido una discusión donde se expresaran los distintos puntos de vista, y usted pasó a posicionar sobre los dictámenes de la comisión, y este tema no formó parte de los dictámenes de la comisión. Por lo tanto, creo que habló sobre un tema que no estaba a discusión.
Bien, vamos entonces a proceder a votar, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban en conjunto todos los dictámenes de la Segunda Comisión.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: En votación económica se consulta si son de aprobarse en conjunto los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén en contra sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Señor presidente, se aprueban por mayoría.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
No habiendo oradores registrados, consulte... Ah, perdón, sí hay un orador. Está el diputado Silvano Garay Ulloa, del Partido del Trabajo para hablar...
A ver, retomo en lo que iba. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes en conjunto, excepto el dictamen número 6, que se separa su discusión.
El secretario diputado Jorge Arturo Espadas Galván: En votación económica se pregunta a las legisladoras y a los legisladores si es de aprobarse los dictámenes no separados para su discusión. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Los que estén por la negativa (votación). Señor presidente, aprobados por mayoría.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense. Ahora sí, está a discusión el dictamen número seis, reservado para su discusión de la Tercera Comisión. Se ha registrado el diputado Silvano Garay Ulloa, para hablar en contra. Adelante, por favor.
El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, creo que la política económica y la estrategia para combatir el tema de robo de combustible, creo que es la mejor acertada y es por ello que mi Partido del Trabajo votará en contra de este dictamen en su parte número 6.
Bueno, hemos dicho lo siguiente, que en México pasa algo increíble, o sea, en México vendemos barriles de petróleo a Estados Unidos y otros países, y nos venden ellos gasolina. Es por ejemplo si yo me dedicara a vender naranjas, yo le vendo naranjas a Estados Unidos y ellos me regresan el jugo de naranja. O sea, eso pasa de manera increíble.
En esta soberanía aprobamos en días pasados 57 mil millones de pesos para el tema de los hidrocarburos, es para recuperar lo que era antes Pemex. Pemex anteriormente, antes de 2012 era uno y ahora después de 2012, en 18, es otro. En 2012 la gasolina costaba menos de 10 pesos, 2018, gobierno priista. ¿Cómo entregan ahora la gasolina?, casi a 20 pesos.
Creo que la política que se está haciendo es la mejor para recuperar el tema de los hidrocarburos y creo que con la construcción de la refinería en el estado de Tabasco, la refinería que se llama Dos Bocas, creo que son eso a un largo plazo, no mucho, se ha dicho que en tres años, va a bajar el precio de la gasolina sin aumentar en este momento los impuestos.
Creo que es la mejor política que puede haber y es por eso que el Partido del Trabajo votará en contra. Muchas gracias, señor presidente, creo que esto que es una medida muy acertada, y creo que no va a haber ni siquiera ningún gasolinazo ni a corto ni a largo plazo. Creo que va a bajar la gasolina, va a bajar el diésel, va a bajar el gas y así vamos a gobernar en este sexenio. Muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, para hablar en pro.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, senador presidente. Creo que el preopinante no entendió o no leyó la propuesta de punto de acuerdo. Le pediría al señor presidente, si le solicita a la Secretaría nos haga el favor de leer concretamente el punto de acuerdo, el resolutivo único, si es tan amable.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Lea la Secretaría el resolutivo del punto de acuerdo que está a discusión.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones considere reestablecer para el ejercicio fiscal 2019, los estímulos fiscales aplicables al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles automotrices para el ajuste de cuotas. Es cuanto, señor presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Adelante, diputado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, presidente. Esto lo único que quiere decir, en primer lugar, es un exhorto a la Secretaría de Hacienda; en segundo lugar, tiene que ver con que, en los años anteriores, como todos los presentes saben, más del 60 por ciento de las gasolinas se importan, y eso hace que el precio de las gasolinas reciba un impacto del tipo de cambio.
Los vaivenes que tiene el tipo de cambio podrían impactar de manera muy negativa en el precio de la gasolina, si estos se transmitieran de manera directa al consumidor. En este caso concreto, se dio un mecanismo para que un cuadro que publica la Secretaría de Hacienda de estímulos fiscales al IEPS, pudiera conservar una pequeña banda que permita compensar esos cambios y no se generen ante los consumidores de gasolina, no se genere un impacto directo por los vaivenes del tipo de cambio. Pero eso es en el caso de que se encarezca el precio de la gasolina a través de esta vía.
Pero también hay impactos positivos, como los que acabamos de vivir hace algunos días, y los que estamos viviendo en este momento, en el cual el tipo de cambio incluso ha vuelto a ser, por algunas horas o algunos días, de 18 pesos y fracción. Ahí entonces el gobierno federal tiene ingresos adicionales, de manera tal que este punto de acuerdo se sustenta en los siguientes elementos: si ya aprobamos el Senado y la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos, quiere decir que estaban perfectamente contemplados en la Ley de Ingresos los recursos necesarios para la aplicación de ese cuadro, de suavización de los precios de las gasolinas y de los hidrocarburos que se venden.
Entonces, no había ninguna necesidad de cambiarlo. Sin embargo, ahora a contrario sensu de lo que dijo el preopinante, claro que sí hay gasolinazo, aunque sea de 40 centavos, pero esos 40 centavos repercuten en el tema inflacionario, en el tema de incremento de precios de consumo básico y evidentemente en el precio de las gasolinas que, no obstante que ha bajado el dólar, de todas maneras seguimos pagando por arriba.
Entonces, si el principio del gobierno, el máximo principio ha sido no se puede gobierno rico con pueblo pobre, y si uno de los problemas, basándome en su argumentación anterior, ha sido que se incrementó casi al doble en los últimos cinco años el precio de las gasolinas, pues entonces deberían de firmar el exhorto, porque el exhorto el único propósito que tiene es que no se le repercuta al consumidor más allá del precio de la gasolina.
Es una banda muy pequeña, pero que es muy importante para el consumidor final de la gasolina y sobre todo para los grandes transportistas, que justamente tienen en los hidrocarburos el principal insumo que puede influir en los precios.
De tal manera que, siendo un exhorto a la Secretaría de Hacienda, primero, y segundo, de manera respetuosa, y segundo, en beneficio de los consumidores, realmente es inexplicable por qué no están de acuerdo en que puedan. Ojalá que lo reconsideren. Muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Tonatiuh Bravo Padilla. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el resolutivo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta si es de aprobarse el resolutivo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Bien.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): El motivo por el que solicito a la Mesa que podamos hacer una votación nominal y que todos podamos tener certeza, cualquiera que sea el resultado de la votación, por favor.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Yo con gusto aceptaría, pero ya fue dictado el trámite y ya se declaró el resultado de la votación. Bien.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): En una votación que se llevó a cabo tuvimos dudas, en esta votación es igual.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Aclarar la votación, que la asamblea quede absolutamente segura del resultado.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: A juicio de la Secretaría no hubo duda en el resultado y lo ha declarado en consecuencia y ha terminado el trámite de la votación.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Pero los demás legisladores también tenemos dudas.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Pero corresponde a la Secretaría hacer la declaratoria del resultado de la votación y el trámite ha concluido. Bien, vamos a pasar al siguiente punto que se refiere a la discusión del dictamen de la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo relativo a requerir comparecencia del procurador fiscal de la federación, respecto a diversas disposiciones fiscales en la frontera norte. Está a discusión el acuerdo.
No habiendo oradores. No habiendo oradores, aquí hay una oradora. Adelante, diputada Dulce María Sauri. ¿En qué sentido?
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): En contra.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: En contra del resolutivo del punto de acuerdo. Adelante.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): Gracias, presidente. Discutimos este punto de acuerdo en la Tercera Comisión. Originalmente quienes lo presentaron solicitaban la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, para hacer una explicación no solo de cómo se están cobrando los impuestos en la nueva zona libre de la frontera norte, sino para conocer la estrategia general, de tipo fiscal, de la zona fronteriza norte, que abarca desde luego la disminución del 16 al 8 por ciento en el cobro del impuesto al valor agregado, que incluye la disminución al 20 por ciento de la tasa de impuesto sobre la renta a las empresas, que incluye un precio especial de combustibles que asumimos se da en relación a la disminución drástica del impuesto sobre producción y servicios. Y que requerimos, con base en la información de los medios de comunicación, saber cómo está operando esto, que hasta el momento, la verdad, está en total opacidad.
Hemos leído y escuchado en los medios de comunicación y en las redes que incluso no han podido vender gasolina en algunas estaciones de la franja fronteriza porque, dado que las matrices tienen su domicilio fiscal fuera de la franja fronteriza, no pueden expedir facturas con la aplicación del IVA del 8 por ciento. Entonces, obligados a dar el combustible a un precio menor, redunda en pérdidas millonarias para quienes lo venden.
No sabemos cómo está operando. Acuérdense de una cosa muy importante: esto no vino vía reformas a la Ley del IVA, a la Ley del Impuesto sobre la Renta ni tampoco de la Ley del IEPS, vino a través de un decreto presidencial.
Ahora resulta que para poder tener la tasa del 20 por ciento se requiere tener cuando menos 18 meses de antigüedad en la formación de las empresas. ¿Qué va a pasar? Ah y con otra, el decreto solo abarca un periodo de 2 años.
Queríamos preguntarle al secretario de Hacienda cómo puede esto promover la instalación de nuevas empresas. ¿Qué va a pasar con las empresas de carácter nacional que están facturando en la franja fronteriza del norte? Esas eran las preguntas al secretario de Hacienda.
Sin embargo, la mayoría de Morena señaló que era suficiente con que viniese el procurador fiscal. Dice el refrán, de nada a poco, pues mejor poco. Pero no se trata solamente de eso, sino que la Permanente, el Poder Legislativo esté informado de cómo se está aplicando este decreto de estímulos que el Ejecutivo expidió, era todo. Entonces, en contra de que no haya sido convocado el secretario de Hacienda y desde luego a favor de que haya información sobre una medida de gran impacto que simple y llanamente está sumida en la opacidad y la confusión. Muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, senadora Dulce María. Perdón, diputada Dulce María Sauri. Bueno ya aquí ya, a varias ya les extendí el periodo de a tres años más. Bien. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Secretario Yunes, por favor. No hay más oradores. No habiendo más oradores, consulte, por favor, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados, senadoras y senadores –senadora Dulce María Sauri, ya la hicieron senadora. Les rogamos expresar su votación levantando la mano, los que estén a favor, levantando la mano (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Casi empatados, presidente, pero por eso, ahí está el desempate. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Se pide a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con motivo del 75 aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas Entre México y Canadá.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente conmemora el 75 aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre México y Canadá, celebrando y reconociendo los fuertes lazos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones.
Segundo. La Comisión Permanente refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la relación entre México y Canadá mediante la diplomacia parlamentaria, en particular la celebración periódica de reuniones interparlamentarias entre ambos países.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 23 días del mes de enero de 2019. Firma, presidente Porfirio Muñoz Ledo; Vicepresidente Martí Batres y toda la Mesa Directiva.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul). Presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Senador Ramírez Marín, ¿para qué objeto?
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, presidente. Una moción de orden para señalar que este punto no ha sido tratado con ninguno de los miembros de la representación del PRI, y su servidor es además presidente de la Comisión Segunda que ve precisamente los temas de Relaciones Exteriores.
No tenemos inconveniente en su contenido, obviamente es sumamente benévolo pero una vez más, señalamos la inconsistencia en los trámites que se llevan a cabo en esta Comisión Permanente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Disculpe, senador, pero este punto se abordó en la Mesa Directiva. Es decir, no se abordó en ninguna de las comisiones, y en la Mesa Directiva sí había un diputado del PRI presente. Continúe la Secretaría.
El diputado Héctor Yunes Landa: Perdón, señor presidente, yo soy el representante del PRI en esa reunión y este tema no fue planteado ahí, y fui el primero en llegar y el último en irme, por cierto. Sólo para su conocimiento, con todo respeto, presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: La información que tengo de parte de una de las secretarias de esta Mesa Directiva es que sí se abordó en asuntos generales.
El diputado Héctor Yunes Landa: Y como secretario de la Mesa Directiva, que estuve en la previa, no fue el caso.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Pues yo creo que sí, porque usted lo está firmando.
El diputado Héctor Yunes Landa: Bueno, me pasaron a firmar como 500 documentos hoy por los planteamientos que había, pero no fue tratado. No fue tratado, y lo digo con toda franqueza. Yo confío en la buena fe. Hoy me han pasado cerca de 500 documentos. Creo en la buena fe de lo que me pasan a firma, pero ese tema... Tolerancia, estoy hablando con todo respeto.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Permitan al diputado que se exprese por favor.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: –ya concluí–. A la orden. Actúo ahora como secretario.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Bien. Mire, yo sí recuerdo que se trató, y sí estaba usted presente en la sesión porque como usted mismo dijo, estuvo presente durante toda la sesión, es un tema de diplomacia y de fraternidad entre naciones, que es un excelente tema.
Yo les pido amigablemente a nuestros compañeros senadores y diputados del PRI, que apoyen el punto.
Y también, por otro lado, haré lo propio y hablaré con los demás miembros de la Mesa Directiva a fin de que podamos hacer las consultas lo más exhaustivas posibles en lo sucesivo sobre diversos temas, en este espacio y en los demás espacios parlamentarios.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: De acuerdo, presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, senadores y diputados del PRI. Continúe la Secretaría.
El secretario diputado Héctor Yunes landa: Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo de la misma manera (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Se aprueba, comuníquese.
En virtud de que han transcurrido las cuatro horas de duración de la presente sesión que establece las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si autoriza continuar el desahogo de los asuntos. Haga la consulta la Secretaría, por favor.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Sí, con mucho gusto. Se consulta a la asamblea si es de autorizarse que se continúen los trabajos del día de hoy, no obstante haber pasado las cuatro horas de la sesión.
Los que estén por la afirmativa, les rogamos levantar la mano (votación). A ver, vamos a contar para que no haya duda. Catorce por la afirmativa. Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano (votación). Trece. Ganó la afirmativa, presidente. Ya lo declaró la Secretaría como hace un momento, señor presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Sí, pero le faltó contar mi voto.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: No, sí lo conté
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: ...así es de que está empatado.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: No, sí lo vi, y por uno, por cierto, nada más, pero sí lo conté.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Pero es que antes de que...
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: No, no, no.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Sí, sí. Dijo 13, antes de que levantara yo mi mano.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Estaba contado, señor presidente. Es más, usted tiene el privilegio de ser el primero que cuento siempre.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: No puede ser porque no había levantado la mano al principio.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Pero como usted dice, me...
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Sino hasta el final.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Como le avisó la secretaria hace rato... No, no, la votación está hecha y esta secretaría ya informó que es 14-13, por la afirmativa.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Pero yo le estoy haciendo una observación sobre mi voto.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Se lo conté, presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Bueno...
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (desde la curul): Entonces acepta la responsabilidad de que por su voto no tratemos el tema de Hidalgo...
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: En virtud de que hay la presunción de que hay un empate a la votación, le pido que la repita, por favor.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, es el mismo criterio que le pedimos aplicar en la votación anterior.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: No, no porque no se había considerado mi voto en esta votación. Se lo digo con toda sinceridad.
El diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Que sea nominal la votación.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Le pido que repita la votación de manera nominal, en virtud de que hay un empate en la misma.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: No, hay duda, señor presidente, ¿verdad? Hay duda sobre la votación. Es que escuché empate.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, por favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El secretario diputado Héctor Yunes Landa: Va a haber votación vía nominal.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Sí. Quiero nada más tener una moción de procedimiento. Me parece que debe de quedar muy claro qué es lo que estamos votando, y los que insistimos en que debemos de seguir en esta asamblea para discutir la agenda política, nos parece trascendental que podamos abordar la tragedia que ocurrió en el municipio de Hidalgo. Los que estamos insistiendo, nos interesa abordar este tema, y por eso me parece importante que podamos pasar a la discusión.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Sí, es decir, la votación que estamos llevando a cabo tiene que ver con la continuidad de la sesión, sin prejuicio de cuáles sean los temas que se aborden. Simplemente estamos votando si continúa o no continúa la sesión, y no hay materia de discusión, senadoras y diputados.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (desde la curul): Fue un acuerdo de Mesa Directiva.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Pero, de todas maneras, por Reglamento, por reglas tengo que consultar si continúa la sesión y es lo que estamos haciendo en este momento.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): ¿Puedo hablar?
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: ¿Con qué objeto?
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (desde la curul): A ver, para hablar del acuerdo que hicimos cuando se discutió la agenda.
Realmente yo sabía que esto iba a pasar. Yo quiero suplicarle a la gente de Morena que discutamos el tema de Hidalgo. Hay cien personas que perdieron la vida, no es justo que este Congreso no se exprese. De verdad se los suplico, hay gente sufriendo y cuando discutimos la agenda yo propuse que se discutiera primero este tema, justo porque no iba a dar tiempo.
Entonces es prácticamente la última sesión y no me parece que nos vayamos sin posicionar, y no queremos culparlos de lo que pasó en Hidalgo, queremos que se tomen decisiones en beneficio de las personas que están sufriendo en Hidalgo. Las familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos, los que no han podido localizarlos en los hospitales.
Entonces yo sí les pido que sean generosos y nos apoyen, porque ahorita ya llegaron todos los de Morena para hacer mayoría y ganarnos la votación. La ganamos a la buena y sigamos discutiendo el tema. Gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, senadora. Senadora Citlalli Hernández, ¿Con qué objeto?
La senadora Citlalli Hernández Mora (desde la curul): Solo para rectificar un tema. Solo para aclarar.
Me parece que es importante no confundir ni manipular a la opinión pública en el sentido de que lo que estamos votando específicamente, debido a proceso, es la continuidad o no del desarrollo de la sesión. Me parece que ponerle ya un sello de que lo que queremos es votar en contra de que se discuta el tema de Hidalgo, que para todos es lamentable sin color de partido, sin distinción ideológica, sería un grave error.
En ese sentido yo lo que pediría es, que si lo que se plantea es que la continuidad de la sesión implica la discusión de los lamentables hechos acontecidos en Hidalgo, bueno, será conciencia a la siguiente votación, pero decir que estamos votando en contra de ello sería una falacia que no podemos permitir los legisladores de Morena.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Sí. Senadora Reynoso y luego la diputada.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Gracias, presidente. Para quienes tenemos el orden del día de esta sesión, estamos conscientes que el único punto que nos falta abordar es precisamente la agenda política que se acordó en la Mesa Directiva, y qué casualidad que se pregunta hasta las 4:25 y no antes, cuando se cumplieron las cuatro horas, para ver si podemos continuar.
Así es que no queremos engañar a nadie, queremos continuar en la sesión para abordar el único punto que nos falta, que, por Dios, es la última sesión de este receso, nos falta clausurar el periodo.
Les pedimos a los compañeros y compañeras de Morena que hagan un esfuerzo para seguir trabajando. Gracias, presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Sí, permítame, la senadora y después haremos un... Perdón, la diputada Claudia.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Diputada. Gracias. Nada más pedirle, por favor, al secretario, que se haga cargo solamente de sus atribuciones porque nos confunde, y la verdad toda esta sesión ha estado como interviniendo de una manera que no ha sido la correcta y que no ha mostrado respeto por la Presidencia. Muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. Los compañeros diputados senadores de Morena estarían de acuerdo en modificar su votación, a efecto de que se pueda dar lugar a la discusión sobre el tema de Hidalgo, con un orador por grupo parlamentario.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Luego entonces, al no haber ya contradicción sobre este punto, procederemos con el siguiente punto del orden del día, que son comentarios con motivo de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Comenzaremos con la intervención del proponente original y después iremos en orden creciente. Adelante, por favor, senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor presidente, estimados compañeros legisladores, con su permiso. Antes que nada, enviamos desde aquí nuestro más sentido pésame, nuestra más fraternal solidaridad a las familias de las víctimas de esta horrible tragedia. Vayan para ellas, no solamente muestras de palabra, vayan para ellas nuestro compromiso de que esta sea una experiencia que cierre un ciclo permanentemente pospuesto en nuestro país, el marco en el que deben actuar las autoridades y la permisividad con que se debe de enfrentar la situación, una situación que involucra a un número muy grande personas.
Esta tragedia por supuesto que tiene que dolernos a todos, es una cicatriz, es una herida abierta, perdón, es una herida abierta, no solo en México, es una herida abierta para todo el mundo. Más de 90 víctimas mortales, personas desaparecidas, cuando minutos antes contemplábamos, en los videos posteriores, cómo se divertían, jugaban, reían y después de eso la tragedia y después de eso una explosión que deja a muchos sin reconocer, pero lo más impresionante, deja a muchos sin siquiera aparecer.
Eso es lo que nos puede mostrar las dimensiones de esta tragedia y por eso, estimados amigos, no podemos obviar las preguntas a las que esta tragedia da lugar. En primer lugar, ¿por qué no se cerró un ducto que estaba abierto, cuando todos los días hemos escuchado que esta ha sido reiteradamente la estrategia que se está llevando a cabo?
Nos picaron el ducto de Azcapotzalco y están, por eso lo cerramos, por eso no hay gasolina. Hoy nos intentaron picar todos los ductos y los cerramos, eso va a dificultar más la distribución y el abasto.
Vamos a tener que comprar pipas, porque nos siguen picando los ductos y tiene que llamar la atención y tiene que llevarnos a pregunta el hecho de contemplar una fuente de muchos metros de altura, rebosando combustible horas después de que fue notificada la fuga, horas después de saberse que nos habían picado ese ducto. Tienen que ser preguntas: ¿por qué Pemex no cerró el ducto apenas recibió el reporte de la fuga?
¿Cuándo se considera entonces que una fuga es relevante para salir en televisión nacional y otras irrelevantes cuando pueden costar la vida a decenas de personas? ¿Cuál es la actuación que debió tener la autoridad?
Dicen, en comentarios aparte; “Es que el Ejército no va a enfrentar al pueblo. Es que las policías no van a ser usadas para confrontar a la sociedad”. Eso es entendible en una marcha que reclama la aplicación de derechos humanos, el resultado de unas elecciones, la expresión de tal o cual cosa relativa a su libertad de expresión, se entiende que ni el Ejército ni la Policía Federal puedan actuar contra la sociedad. Pero para evitar que se bañaran en gasolina y luego pudieran explotar, ¿de verdad ningún protocolo de la autoridad prevé su obligación de prevenir esta clase de daños?
Entonces, ¿para qué mandamos agentes a partidos de fútbol? Precisamente, precisamente para evitar confrontaciones, violencia y daños. Y aquí, ante el espectáculo en ese momento divertido, de gente bañándose en gasolina no hicimos nada. Y después, el espectáculo siniestro de recoger cadáveres.
Esa es una pregunta que está en el ambiente. ¿Por qué no se puso a salvo a la gente, aun contra su voluntad? ¿Qué era lo que podía hacer la autoridad y qué era lo que no? ¿Quién tenía que disponer la actuación de esos soldados que llegaron con horas de anticipación a la tragedia? ¿Cuál era el marco delimitado en un incidente de daño federal del resto de las fuerzas de seguridad? ¿Protección civil no tiene ninguna capacidad de actuación cuando se trata de ductos de gasolina o de oleoductos? ¿De verdad, nadie se dio cuenta de que era una situación que iba a terminar en una tragedia? ¿De verdad en ese momento nadie pensó que la menor chispa iba a significar la muerte de cientos de personas posiblemente, como podemos apreciar en los videos?
Son preguntas. Una gran lección que nos dejan estos hechos es el análisis determinante sobre la capacidad de actuación de las fuerzas militares y los protocolos a que se están sujetando.
Los tenemos en la calle, estamos seguros de que cuentan con los protocolos de actuación para casos no solamente de enfrentarse a las personas que se dedican al crimen organizado, sino también a casos como este donde ese crimen organizado ha derivado en la irresponsable actitud de cientos de ciudadanos.
Otra pregunta, este tipo de tareas como las que le estamos pidiendo al Ejército exigen experiencia en proximidad, labores de persuasión, de disuasión, una preparación específica. Pero en cuanto a que estaban ahí no hay duda. En cuanto a qué debieran haber hecho, no hay duda.
Podemos especular de si recibían órdenes o no, de si enfrentarían o no el riesgo que se correría o no. el hecho irrefutable es que estaban ahí. En vez de 25 soldados, posiblemente requeriríamos mucha más fuerza civil, pero hoy no se trataba de reprimir a los pobladores, se trataba simplemente de ponerlos a salvo. Ese es el término.
Para momentos como este contamos con fuerzas policiales y hay que reflexionar seriamente sobre si en verdad queremos hacer totalmente a un lado o desaparecer en su función.
En el mismo sentido tengo que señalar que el fiscal general de la República, a quien acabamos de otorgarle ese nombramiento, se encuentra ante una de sus más difíciles pruebas.
No nos hubiera gustado que este fuera el bautizo de su actuación, pero sin duda hacemos votos, confiamos, creemos, exigimos que cumpla y que nos dé resultados absolutamente contundentes con respecto a los hechos y con respecto a los responsables.
Podríamos, amigos, hacer como se hacía hasta hace muy poco: salir a rompernos las vestiduras y decir: los primeros muertos del sexenio. Podríamos también decir: fue el Estado. No tengan ninguna duda, hoy lo que nos tiene que mover es que hay prácticamente un centenar de personas que sufrieron porque no supimos hacer a tiempo lo que estábamos obligados a hacer.
¿En qué consistía esto? ¿Quién pudiera ser responsable? Nosotros no vamos a adelantar juicios, esperaremos y confiamos en la actuación de la justicia mexicana, que es lo que pedimos para todas estas víctimas y sus familias. Justicia.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, senador.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la palabra, la senadora Verónica Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista.
La senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias, presidente. Con el permiso de usted y de la Mesa Directiva y todos los compañeros. Definitivamente estamos ante una tragedia muy tremenda. Efectivamente recordamos y recuerdo muy bien haber visto cada uno de los videos en twitter. No dejaba de impresionarme el hecho de que la gente se bañara en gasolina, no dejaba de impresionarme cómo también llevaba a sus hijos, cómo habían familias ahí.
La única forma en la que podemos prevenir es de civiles a ciudadanos, y hablamos de un tema de comportamiento, desde la parte de la prevención social del delito, la que podemos hacer sin los uniformes, ni de la policía federal, ni del Ejército, ni de la Marina, esa es la primera.
Segundo, estamos también y es una opinión sumamente personal ante un, tal vez desconocimiento de las competencias de cada una de las autoridades. Recuerdo cuando discutíamos en el Senado cuáles eran las atribuciones que se le tenían que dar a la Secretaría de Gobernación y decía claramente: Tiene que ser la prevención social del delito y también tenía que ser protección civil. ¿Por qué? Porque ahí era necesario, era obvio que podrías tener a protección civil comandando toda una
estrategia porque de ahí nace la naturaleza de la acción, la naturaleza era civil, de donde sale era de un civil que buscaba la protección de la vida por sobre cualquier cosa y ahí puede coadyuvar el Ejército, la Policía Federal, etcétera.
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos el Plan DNIII? Tiene que activarse una alerta para que entonces el Ejército pueda entrar a hacer su trabajo. Sucede lo mismo en este caso, valdría la pena que hubiera sido el Consejo de Protección Civil que se sentara en ese momento, que actuara en ese momento y entonces fuera respaldado por las otras fuerzas. Ahí tenemos lo que hemos visto en otras ocasiones. Ahí tenemos los ejemplos de qué es lo que podemos hacer.
Cuando se hace una estrategia y sobre todo una de este tamaño, combatir al huachicoleo, hemos dicho una mil veces que estamos a favor de la misma, se tiene que pensar en todas las aristas, y todas implica desde cerrar un ducto, desde la transportación por pipas, desde qué va a pasar si me encuentro a civiles jugando con un ducto que está siendo ordeñado. Qué va a pasar si me encuentro ya a la banda como tal, ordeñando el ducto.
Es decir hay que pensar en todo. Es aquí donde yo también hago referencia a un punto de acuerdo, que va a ser turnado porque no vamos a tener tiempo de presentarlo, en donde la senadora Gabriela Benavides, también de mi grupo parlamentario, está solicitando medidas tanto de protección civil como de apoyo a las carreteras porque se han duplicado, tal vez triplicado las salidas de pipas de la carretera Colima-Manzanillo. Eso es un aumento real a que puedan existir accidentes, explosiones, etcétera.
Nosotros estamos en ese tema también. En Yucatán ha habido personas que se han quemado por ordeñar el ducto, específicamente la última que recuerdo es el que va de Progreso a la ciudad de Mérida. Así que estamos en eso.
Para terminar, yo quisiera decirles que efectivamente el tema de la propaganda para apoyar una estrategia no está mal, pero vamos a hacerla bien. Yo aquí les pido a todos los compañeros, todos, los de Morena, los del PAN, los del PRI, los de todos, trabajemos en campañas de protección civil y de prevención social.
Vamos a publicar qué hacer desde la ciudadanía, con la ciudadanía para que podamos salir avante en esta estrategia en la que les repito, estamos con ustedes, por si queremos que salga bien. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, senadora.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. En primer término, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exteriorizamos nuestras condolencias a todas las familias, y a todos aquellos y aquellas que por desgracia perdieron algún familiar, se encuentra desaparecido o lesionado a partir de la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero. Toda nuestra solidaridad.
En nuestra opinión, la primera razón de existir del Estado es la preservación de la vida de las personas. Es cierto que tiene muchas funciones más, pero ninguna es tan importante como proteger a la población.
El pacto social con el que nace el Estado moderno y que muy bien teorizó Jobs, es la renuncia a parte de nuestra libertad a favor de un Estado que nos proteja y actúe para mantener la vida de las personas.
Por lo tanto, Estado es y debe ser sinónimo de seguridad. Estado es y debe ser siempre sinónimo de supervivencia.
Ante esta realidad es innegable que la tragedia de Tlahuelilpan es un fracaso del Estado. No digo que el gobierno sea el culpable, pero sí que las omisiones costaron vidas. Es una cadena de errores que nos demuestra que la actual administración no está haciendo bien las cosas, incluso ya como sabemos todas y todos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya denunció al Ejército por inacción el pasado viernes en una tragedia que ha costado decenas de vidas.
Y es que las preguntas son de sentido común. ¿Por qué no hubo una actuación de las fuerzas castrenses y la policía estatal acorde con el riesgo que existía en la zona? ¿Cómo es posible que la Sedena hubiera pensado que con 25, 50 elementos podían hacer frente a una toma clandestina que albergaba a cientos de pobladores? ¿Por qué la reacción fue tan tardía si había reportes que la toma clandestina comenzó a las 14:30 horas? ¿Cómo explicamos que las Fuerzas Armadas arribaron hasta las 17 horas y se cerró el ducto después de las 18 horas?
Aquí se ha comentado que hay muchas preguntas sin resolver, y a pesar de las múltiples ruedas de prensa que se realizan en la mañana, seguimos en la incertidumbre.
Se presume mucho de estas conferencias, pero también en nuestra opinión es todo menos serio a la hora de rendir cuentas.
De repente se nos dice que son honestos y que se está combatiendo el robo del combustible, esa es su justificación principal.
A mí me parece que es inexplicable que este gobierno no haya hecho ante este contexto trágico una autocrítica, por el pésimo operativo del viernes. Casi 100 víctimas, 100 tragedias, casi 100 tragedias familiares. Son hechos dolorosos que pudieron haber sido evitados actuando con los protocolos adecuados.
Por eso a nosotros nos parece interesante, importante, indiscutible y urgente que nos puedan decir, la Secretaría de Energía y el director de Petróleos Mexicanos, cuáles fueron los mecanismos de coordinación y actuación entre sus dependencias frente a la emergencia suscitada por la fuga de gasolina del ducto Tuxpan-Tula en el kilómetro 226.
Que nos comenten la estrategia del combate al robo de hidrocarburos en diversas entidades del país y el rol que tendrá el órgano desconcentrado para el transporte y la logística de gasolina.
Creemos importante que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos informen de manera pormenorizada respecto a las acciones tomadas para la protección de la ciudadanía, que informe al menos por qué la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no enviaron, como decía ya, el número de efectivos necesarios para la contención de los pobladores para acordonar la zona y de esta manera también resguardar su integridad física.
Que nos digan por qué en el marco del sistema de atención, Sistema Nacional de Protección Civil, ¿qué acciones tomaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para resguardar la integridad física de los pobladores que se encontraban en lugar de la fuga producida en este ducto?
Y también, creemos que es necesario que la Fiscalía General de la República, en estas investigaciones, y en esta en particular que se inicie, y en las que tengan que ver con el asunto, que sea en el ejercicio de la autonomía y de la independencia, que se lleven a cabo con estos principios las indagatorias de los hechos suscitados el pasado 18 de enero.
Es importante deslindar responsabilidades y a partir de ello también garantizar la verdad y la justicia, especialmente para las víctimas y sus familiares. Por eso nos parece importante que se puedan deslindar estas responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios, que por omisión o comisión pusieron en riesgo la integridad física de las y los ciudadanos, llegando hasta el trágico desenlace que ahora conocemos.
Nosotros hemos solicitado que se conforme una comisión de legisladoras y legisladores que dé seguimiento a cualquier acción que se esté presentando por parte de los funcionarios y las acciones que se estén llevando por parte del gobierno federal. Esperemos que pronto la Junta de Coordinación Política, al menos en la Cámara de Diputados, lo esté resolviendo.
Justicia, verdad y no repetición es lo que exigen las víctimas y las familias que ahora están sufriendo. Es cuanto.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, diputada Verónica Juárez.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Partido Encuentro Social.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Gracias, presidente. Encuentro Social expresa sus condolencias más sentidas a los familiares y amigos de quienes fallecieron en la explosión de una toma clandestina de combustible en un ducto de Pemex, el viernes pasado, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.
La nación está de luto por las mujeres y hombres que salieron en busca de unos centavos para llevar a su casa o de unos litros de combustible para mover sus vehículos, y solo hallaron la muerte.
En nuestra bancada legislativa nos pronunciamos porque la Fiscalía General de la República investigue de forma independiente y nos diga qué pasó en Tlahuelilpan. Encuentro Social manifiesta su voto de confianza en el ciudadano fiscal, en que con prontitud y eficiencia dirá a las familias de quienes perdieron la vida, qué fue lo que ocurrió.
Nosotros no sembramos dudas ni alimentamos hipótesis sin fundamento. Hacemos un respetuoso exhorto a todos los actores políticos a actuar con ética, responsabilidad y, sobre todo, con respeto al dolor y la angustia por las que están pasando las familias hidalguenses y no politizar la desgracia.
Debatamos con todos los recursos a nuestro alcance sobre la manera de evitar que se repita esta desgracia. Sumemos talentos, experiencias, propuestas para aliviar el dolor de México.
Es fácil decir lo que hubiéramos hecho. El hubiera no existe. Lo que sí existe es una tragedia en la que se requiere de la solidaridad de todos.
Encuentro Social reitera su respeto a nuestro Ejército nacional. En este grave asunto, mi bancada no coincide con quienes señalan responsabilidad de las Fuerzas Armadas de los hechos. Disuadieron y exhortaron a la gente a retirarse. La gente no hizo caso.
Nosotros no vemos inacción por parte de las Fuerzas Armadas ni de los elementos de la Policía Federal. Racionalmente eran 25 los elementos del orden y más de 800 personas en el lugar de los hechos. Materialmente no era posible que el Ejército dispersara a la gente.
Voces de algunos partidos que hace algunos sexenios fueron gobierno dicen que hubieran hecho. Pero cuando fueron gobierno las desgracias los rebasaron.
La Fiscalía nos dirá la verdad de lo que pasó y encontrará a los responsables. Reiteramos nuestro llamado a aportar los datos que tengamos para apoyar la investigación.
Encuentro Social pide generosidad política, pide altura y respeto para el duelo de los familiares de los hoy occisos. Al día de ayer eran 94 muertos, 46 heridos y 65 desaparecidos. Además de que se habían recopilado 54 muestras de ADN.
Algo que con mucho respeto quiero externar, es el margen de la ética, al exponer en televisión a la gente ardiendo y agonizando entre llamas, o fotos de personas con sus cuerpos quemados. Soy una convencida de la libertad de expresión y de la máxima publicidad, pero, ¿qué tanto aporta a la información la imagen de una persona quemándose?
Encuentro Social asume el compromiso de que a la brevedad discutamos la reforma al artículo 19 constitucional, para adicionar como delito grave que amerita prisión preventiva al robo de hidrocarburos.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, dejemos que la tragedia de Hidalgo saque lo mejor de nosotros y no lo peor. Encuentro Social reitera su voluntad para que la seguridad en la proximidad de los ductos de Pemex sea seguro. Ni una Tlahuelilpan más, hagámoslo nosotros, es posible. Eso es todo, presidente, gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, diputada.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, diputado, perdón, senador presidente. Como ya se ha dicho aquí, el pasado viernes 18 de enero se registró una fuerte explosión en el oleoducto Tuxpan-Tula, en el municipio de Tlahuelilpan, misma que ocasionó la muerte de alrededor de 100 personas y decenas de heridos, así como decenas de desaparecidos.
Ante lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano expresa sus condolencias, solidaridad y respeto a todas las familias que en estos lamentables hechos perdieron la vida, resultaron afectados, tienen heridos, o bien, tienen algún familiar desaparecido.
Una vez ocurrida la explosión, diversos medios de comunicación han transmitido la cronología de lo sucedido y el gran impacto social que ha tenido por el número de personas fallecidas y el nivel de afectación a las comunidades y población, de manera que se han planteado eventuales responsabilidades de algunas autoridades al no haber atendido esta situación de manera oportuna.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado, de oficio, una queja de investigación de los hechos y ha manifestado la necesidad de proporcionar atención médica especializada a las personas heridas que así lo ameriten.
Debe hacerse el mayor esfuerzo por atender a la población que ha resultado afectada tal y como lo está haciendo tanto el gobierno federal, el gobierno local y la colaboración de todas las entidades federativas que sea posible, para lograr los mejores y más rápidos resultados posibles.
Lo sucedido en el estado de Hidalgo, sin lugar a dudas, hay que decirlo como es, es una de las más grandes tragedias de los últimos años y hay la sensación de que estos lamentables hechos se pudieron haber evitado.
Por esta razón, nosotros consideramos que es una comisión legislativa la que debe ser coadyuvante y complementar el esfuerzo que lleven a cabo las instituciones en su responsabilidad jurídica, por una parte. Y, por otro lado, que deba garantizar tanto el derecho a la verdad como un seguimiento que nos lleve a valorar qué acciones legislativas deben de hacerse para evitar futuras situaciones como esta.
Las varias explosiones y fugas que han ocurrido en ductos de gasolina o poliductos en México, es consecuencia de un delito que ha ido al alza, ha ido creciendo y no hubo, hay que decirlo con toda franqueza, durante varios años, autoridad que lo parara.
Es resultado de una convergencia perversa de las condiciones de extrema pobreza, la falta de empleo, la existencia, acción y control de los grupos del crimen organizado en regiones y territorios del país. Pero también lo es, de graves omisiones de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad.
Por ello, debe hacerse una investigación exhaustiva, no solamente con el propósito directo de fincar responsabilidades eventuales a servidores públicos por omisión o por una acción inadecuada, sino lo más importante, debe hacerse la investigación para establecer las carencias de protocolos institucionales, las faltas y las insuficiencias en las responsabilidades y fortalezas institucionales o recursos humanos, con la finalidad, precisamente, de que se lleve a cabo una adecuada subsanación de las mismas.
No solo se trata, pues, de comisiones para imputar responsabilidades, sino justamente para tomar las acciones que se deben de llevar a cabo y que puedan evitar y hacer frente a posibles nuevos hechos.
Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es importante que se garantice el derecho a la verdad y que las investigaciones sean lo más oportunas y transparentes posible.
Para lograrlo, reiteramos, si es necesario, que adicionalmente a las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General, se constituya una comisión formal de investigación de carácter legislativo, conformado en la Cámara de Diputados y que convoque a expertos nacionales e internacionales de manera que podamos seguir protocolos en el seguimiento de la investigación, y que enviemos una señal de clara confianza a la sociedad en general. Pero, sobre todo, que cumplamos como poder público con nuestras atribuciones.
Reiteramos, por supuesto, que apoyamos el combate al robo de combustible. Movimiento Ciudadano considera que las acciones del titular del Ejecutivo en esta materia son adecuadas, no solamente para combatir el robo de combustible sino para proteger el patrimonio de todos los mexicanos.
No obstante que hacemos este apoyo explícito, sí hacemos el señalamiento que las consecuencias en la forma de como se está haciendo han generado hechos como la falta de distribución del combustible, por un lado. Y, por otro lado, es innegable también el señalamiento que se hace de que la recolecta de gasolina en ese lugar de la tragedia también tenía como aliciente la carencia de combustible a la que nos hemos visto expuestos diferentes entidades federativas.
Por eso, hacemos un llamado también a la Presidencia de la República, para que a la brevedad posible se revitalice la distribución eficiente de combustibles en todos los estados de la República que se están viendo afectados.
Principalmente, en donde los estragos van a generar no solamente un desabasto de gasolina en esas entidades, sino un desabasto de productos básicos en otras entidades que no tienen el problema de distribución.
Además, proponer la comisión de investigación de carácter legislativo. El día de hoy queremos hacer un llamado muy especial a este Poder y a todos los grupos que integramos esta Comisión Permanente.
Además de unirnos como poder en lo que a todos nos ocupa, más que para señalar los yerros, para aportar soluciones que puedan corresponder al Poder Legislativo. Sí queremos hacer un llamado al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Seguridad a nivel federal a fin de que se prevean acciones, que hasta ahora no ha sido claro que las hayamos tenido pero que pueden presentarse en los próximos días como reacción del crimen organizado que controla la venta, el robo y venta de combustible ilegal y que está viendo afectadas sus ilegales ganancias.
Este es un tema que se debe prever junto con las acciones que hoy demandamos en torno a la distribución de combustibles. Muchas gracias, presidente. Muy amables por su atención.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, al diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Tiene la palabra, el senador Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.
El senador Joel Padilla Peña: Con su permiso, presidente. El Partido del Trabajo se une al luto de mexicanas y mexicanos por esa tragedia ocurrida en el estado de Hidalgo y expresa toda su solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida.
El tema del robo de combustible, ya referido generalizadamente como huachicoleo, aunque este se refiera a una práctica específica de adulteración de combustible ha sido controversial y una discusión álgida en el país, tanto por las manifestaciones de desabastecimiento como por lo acontecido en Hidalgo.
La tragedia que ocurrió en Tlahuelilpan, hace cuatro días es además de motivo inminente e innegable de una investigación profunda para deslindar responsabilidades y rendir cuentas, un doloroso recordatorio estado del sistema de distribución y administración de combustible en nuestro país.
Lo sucedido ahí es producto de una serie de problemas que desde hace décadas se ha ido preservando y acumulando en México, problemas de mantenimiento, de monitoreo y salvaguarda con la red de tuberías y ductos de Pemex y una red de corrupción cuyos límites aún los y las especialistas no logran definir lo grande y cínica que es dicha red.
Las pérdidas humanas, así como el daño físico que sufrieron quienes estaban en Tlahuelilpan son culpa, no de las decisiones tomadas en ese momento, tanto por los pobladores que asistieron en búsqueda de gasolina, como por las autoridades que trataron de evitar la desgracia, sino de los gobiernos del prian que se coludieron, que permitieron, que participaron y que colocaron sus intereses antes del bienestar de la nación.
Los problemas de abastecimiento del combustible de las pasadas semanas, junto con la muerte de un centenar de personas, son delito de una crisis que tarde o temprano se iba a manifestar y la razón por la que ello se dio en este momento es la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir y resolver de frente uno de los fenómenos que más sangraba a nuestra nación.
Aun cuando haya quienes cuestionen la estrategia seguida por el presidente, en el Partido del Trabajo estamos convencido de que ha sido una de las mejores decisiones tomadas por la nueva administración y la expresión clara de lo que representa la cuarta transformación.
Tanto en términos políticos como pragmáticos, la estrategia de combatir directamente a quienes conducía un negocio millonario, ilegal a costa del bienestar de las y los mexicanos, llega en un momento pertinente y necesario. Tan es así que la aprobación popular del presidente no ha hecho más que incrementarse a raíz de ello.
El Partido del Trabajo respalda las decisiones del presidente tomadas en esta materia, y refrenda su apoyo incondicional con las estrategias y políticas de combate a la corrupción que implican la cuarta transformación. Confiamos en que con perseverancia y unión lograremos revertir el daño que han hecho a México con políticas neoliberales para que la corrupción es irónicamente combustible.
Desde esta tribuna les hacemos un llamado a formar parte del lado correcto de la historia y a contribuir con el proyecto de la cuarta transformación, a respaldar el combate al huachicoleo y a la corrupción y a resarcir los daños que estos han causado a México.
Hemos escuchado algunas voces que sancionan la labor del Ejército y que buscan responsabilizar al gobierno federal por omisiones y responsabilidad de la explosión. Tratan de lucrar con la tragedia señalando que el Ejército y la Policía Federal no actuaron porque tenían conocimiento del riesgo de una explosión.
Lo cierto es que las Fuerzas Armadas trataron de evitar un enfrentamiento con civiles, en todo momento buscaron evitar una confrontación con los pobladores. Videos que circulan en redes sociales dan cuenta de que el Ejército y la policía exhortaban a la población a alejarse de la fuga.
Lo sucedido en Hidalgo es una tragedia e invita a que nuestras diversas autoridades federales se coordinen con autoridades locales para analizar y, en su caso, mejorar los protocolos de actuación y de protección civil ante situaciones en las que las multitudes se encuentran en situación de riesgo.
Asimismo, el Partido del Trabajo hará un llamado para realizar campañas informativas sobre los riesgos que implica la manipulación de hidrocarburos. Es cuanto, senador presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, senador Joel Padilla.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Bertha Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Bueno, con su permiso senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, que conste que quedamos que no vamos a politizar la tragedia, en memoria de mis paisanos de Tlahuelilpan, de Tetepango, de Munitepec, de Teltipán, no sé cuántos más vayan a fallecer, esperemos que no, pero su estado es muy grave.
El viernes 18 de enero sucedió el Tlahuelilpan, Hidalgo, una tragedia, entre otras razones por lo siguiente: una fuga provocada en el ducto. La tradición de huachicol en varios municipios de la zona del Valle del Mezquital, ignorancia de la población y omisión de la autoridad.
Todos estos elementos se conjugaron para que a las 18:52 horas del viernes 18 de enero se registrara una explosión con fatales consecuencias.
Desde que se corrió la voz de que en la comunidad de San Primitivo fluía gasolina, llegaron de Tlahuelilpan y pueblos aledaños para llenar cubetas, jarras y bidones. Un delito, sí, pero también hay que decirlo con todas sus letras, una urgencia de conseguir gasolina por el desabasto registrado desde el 7 de enero.
Aquí mismo, en esta tribuna, el pasado 9 de enero advertí que, en Ixmiquilpan, Tepatepec e incluso en el mismo Tlahuelilpan, la gente sabía dónde se vendía el combustible producto del huachicol y que los gobiernos se habían hecho ojos de hormiga, dije güeyes, una atrocidad espantosa que era urgente combatir.
Lo dije y lo reitero, no pretendemos entorpecer el trabajo del gobierno federal en su estrategia para combatir el huachicol, al contrario, queremos contribuir a hacer frente a esta situación tan compleja. Fue una terrible desgracia, y ciertamente la ordeña de ductos es un delito, pero criminalizar a las personas que estuvieron ahí, es equivocado.
Comentarios como: se lo buscaron y se lo merecen. Hace ver mal a una sociedad que se rige por leyes, como si el castigo por robar combustible deba ser castigado con la muerte en lugar de una sanción.
Tampoco podemos ignorar que puede haber negligencia por parte de la autoridad. ¿Por qué nadie dio cumplimiento a la Ley General de Protección Civil? Que en su capítulo 15, artículo 73, indica, que, en caso de riesgo eminente, los tres niveles de gobierno ejecutarán las medidas de seguridad a fin de proteger la vida de la población.
Alguien tendría que haber advertido, que, aunque la gasolina líquida por sí misma no explota, cuando sus vapores alcanzan ciertos puntos de ignición, se prende, explota y quema todo a su alcance.
No se aplicó el protocolo del sistema de comando de incidentes para acordonar el área de riesgo e impedir el acceso. Pasaron horas, y protección civil nunca llegó con un explosímetro, esto es un explosímetro, lo voy a prender, no se espanten, este explosímetro se lo vamos a donar al municipio de Tlahuelilpan, cada uno de los 91 municipios que tienen ductos, deberían de tener uno para poder determinar la magnitud de la fuga.
Está prendiendo, ahorita va a empezar a espiar, cuanto esté listo va a pitar. Este es un manual de respuesta, aquí en el capítulo de gasolina dice qué hay que hacer. Este también se los voy a regalar, y este manual está en internet, que prácticamente se descarga de manera gratuita y aquí escribes gasolina y te dice qué hacer. Y cuando es un derrame grave, te dice que tienes que alejar a las personas 300 metros.
Estas cintas sirven para acordonar la zona, y se ponen letreros de, peligro.
Este megáfono tiene cobertura de un kilómetro y entonces podemos advertirle a la población que hay una emergencia.
Vamos a hacer la prueba con el equipo. Más que soldados, necesitábamos técnicos, aquí les va a hablar la ingeniera, voy a poner el encendedor con un poco de gas. Es butano y me indica el nivel de explosividad que hay en la zona.
Si en lugar de mandar policías federales este aparato empieza a sonar y se le dice a la gente: tenemos una emergencia, evacúen la zona, hay riesgo de explosión. Les aseguro que la gente se hubiera movido. Yo lo que quiero, es que cada municipio tenga un equipo para detectar posibles explosiones. A ver si alguien me lo apaga, creo que le puse demasiado gas.
Muchas preguntas aún requieren respuesta. De ninguna manera basta que se hubiera considerado que la fuga no era relevante. ¿Por qué Protección Civil federal no pidió ayuda de Pemex, que tiene instalaciones a 14 kilómetros del lugar? ¿Por qué fue tan limitada la actuación de la Sedena y la Policía Federal y municipal? ¿Quién tomó la decisión de no cerrar los ductos de manera inmediata?
Es casi un hecho que si se hubieran cerrado las válvulas a las 14:30 horas, cuando se reportó la fuga, no estaríamos hablando de esta tragedia. Aclaro, una cosa es la actividad ilícita de las personas ahí presentes, y otra que les excluya de la posibilidad de tener la calidad de víctimas ante la ausencia de la acción del Estado.
Por lo anterior, considero importante que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorguen la calidad de víctima a las personas que acrediten daño por la posible omisión de autoridades, y que sean además integradas al Registro Nacional de Víctimas.
Asimismo, es necesario que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República investiguen las actuaciones de los servidores públicos, para que no se omita ninguna línea de investigación, a fin de deslindar responsabilidades.
Desde aquí les mando, a nombre del Partido Acción Nacional, nuestro más sincero pésame a todas las familias. Mi más sincero pésame, y mañana estaré entregando este explosímetro al municipio de Tlahuelilpan, y ojalá otros senadores, aquí apoyaron todos mis compañeros de partido, y se los hiciéramos llegar a cada municipio y así evitar estas tragedias, ahora que vamos a tener cientos de pipas por todas las carreteras.
Yo lo que aquí vengo a hacer es una propuesta que salva vidas. Muchas gracias.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, senadora Xóchitl Gálvez.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Tiene el uso de la palabra la senadora Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.
La senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: Gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, me parece que lo primero y creo que se ha externado aquí por parte de todos los grupos parlamentarios, es solidarizarnos con las familias de las víctimas, de los heridos. Por supuesto, lamentar ese hecho que a todos nos ha consternado, porque detrás de ello, como aquí se dijo, hay muchas preguntas.
Primero, quisiera decir que desde el Grupo Parlamentario de Morena hay un completo respaldo al presidente de la República en este combate al robo de combustible, que es un combate histórico, porque en otros gobiernos se trató de ignorar una realidad cotidiana, que va más allá de la premisa robo de combustible. Detrás del robo de combustible hay personas en distintas partes de la República, con condiciones sociales y económicas poco favorables, que a veces los orilla a sumarse a esas prácticas del robo de huachicol, que a veces los orilla a tener que vincularse con el crimen organizado de menor medida y que muchas veces se convierten en una carne de cañón cuando se dan tragedias de este tipo.
Lo que aconteció en Hidalgo por supuesto es lamentable, en los últimos años hemos tenido cantidad de incendios de ductos y no ha habido una actuación contundente. Coincido con los demás grupos parlamentarios, falta un protocolo de actuación, cuando tienes miles de personas bañándose en gasolina, sacando la gasolina con cualquier tipo de recipiente, porque es una realidad cotidiana.
Lo que realmente es lamentable en el fondo, es que es una realidad cotidiana que aqueja a todo nuestro país o a distintas partes de la República y que nunca por parte del Estado y por parte de los gobiernos hubo una actuación.
Hoy, hay un combate directo, frontal al robo de combustible, lo dije la vez pasada en esta misma tribuna. Con ese combate por supuesto que hay una respuesta de quienes están detrás del robo de combustible y hay sabotaje a los ductos.
La primera pregunta que habrá que responder es si esta explosión fue resultado de un sabotaje o fue un accidente. Se ha dicho aquí también que por qué no se cerraron los ductos de manera inmediata.
Y creo que es importante decir que ya hay expertos que han señalado que el no cerrar de manera inmediata justamente respondía a un tema de que si se cerraban los ductos de los dos lados había mucha más presión y la explosión habría sido de mayor magnitud. Esa me parece que es una cuestión técnica. En la práctica también es real, que había 25 elementos para tratar de disuadir a miles de personas.
Y yo lo hago como pregunta, porque me parece que todos los que estamos opinando aquí sobre este hecho, opinamos con base en lo que hemos visto en los medios de comunicación, con los videos que hemos visto en redes sociales, con lo que hemos obtenido de información a través, insisto, de los medios de comunicación, pero la realidad es que no sabemos si alrededor de esa escena también había, y lo digo con mucha responsabilidad, había miembros del crimen organizado azuzando a la gente a que pudiera aprovechar esta fuga.
Veinticinco elementos, no sabemos qué había alrededor de esta escena, miles de personas que no pudieron contenerse. Hay videos incluso en los que las personas, en los que se demuestra que las personas que estaban ahí respondían a los elementos policiales de manera negativa para moverse.
Y bueno, frente a ello, por supuesto que necesitamos que el gobierno federal siga combatiendo el robo de combustible con protocolos, porque insisto, esta no es la primera explosión, lamentablemente, que ocurre. En los últimos años ha habido varias explosiones de los ductos, lamentablemente, con víctimas, con heridos y con personas fallecidas.
Pero sí valdría la pena que empecemos a valorar este combate al robo de combustible de manera seria y que cerremos filas, porque no solo es un elemento de justicia y de combate a la corrupción, hay elementos sociales y ahora se ha demostrado con esta lamentable tragedia, elementos sociales que acompañan el llamado huachicoleo.
Y desde esta tribuna el Grupo Parlamentario de Morena se suma al llamado del presidente a que la población nos ayude al combate contra el robo de combustible. Que la población genere una especie de boicoteo y un alto a romper esta cadena del robo de combustible, que lamentablemente, a veces a quienes lastima más es a la población más necesitada.
Coincido aquí con la senadora Xóchitl Gálvez y con otros compañeros legisladores, no debemos criminalizar a quienes estuvieron en estas escenas. Por supuesto que nadie en este país merece morir de ninguna manera, aun cuando estuviera cometiendo cualquier tipo de acto.
Pero sí es importante que con el debate político que nosotros realizamos alrededor de esta acción aumentemos el debate ético, porque algo que fue muy lamentable alrededor de este acontecimiento fueron las opiniones o algunas opiniones en redes sociales criminalizando a la población, celebrando que hubiese muertos frente al robo del combustible. Y eso me parece que a veces es resultado de la confrontación política que se da en un bajo nivel.
Hay que hacer un llamado a la población, insisto, el Grupo Parlamentario de Morena creemos que es momento de cerrar filas para un combate al robo de combustible que es histórico, en el que muchos otros gobiernos quizás decidieron no enfrentarlo de manera responsable y permitieron y vieron la pérdida millonaria a Pemex, y se sabía cómo estaba todo el robo, solo por mencionar un tema que habrá que ir acompañando esta estrategia.
Entre el 2014 y 2015 Pemex tenía una estrategia para combatir el robo de combustible. En Culiacán lograron inhibir el robo de combustible en un 90 por ciento, con una estrategia de drones, con una estrategia muy puntual.
Y aquí también sale una pregunta: ¿por qué Pemex frente a ver esos resultados, dejó de acompañar o de sostener esta estrategia?
Por supuesto que hay que seguir combatiendo el robo de combustible, hay que entender el fenómeno social alrededor de él y hay que acompañar a las víctimas. De manera personal yo reconozco la actuación del gobierno mexicano frente a la tragedia. El presidente de la República estuvo a la 1 de la mañana, llegó al lugar de los hechos.
Reconocer al sistema de Salud también, que dio una atención a las víctimas y a los heridos de manera inmediata. Y decir, solo quisiera cerrar con esto haciendo el llamado a que nuestros debates políticos ayuden a que tengamos más ética política, más ética social, cerrando con una frase de un escritor, Antonio Ortuño, que tras la tragedia hacía una breve semblanza, una breve radiografía de lo que pasaba en la opinión pública.
Él decía: “Quizás habríamos de comenzar por el reconocimiento de la miseria humana en la que estamos sumergidos los mexicanos, la miseria desesperada de quien roba porque no le queda de otra. La de quien saca provecho de la ocasión que se le presenta. La miseria también de quien se burla de las víctimas porque se lo merecían”.
Desde el grupo parlamentario de Morena, insisto, nuestro respaldo al combate del robo de combustible, al presidente, nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra suma a esto que ha planteado sobre todo la senadora Xóchitl Gálvez, de que se necesitan mayores protocolos de actuación y que, en efecto, tenemos que dejar de normalizar lo que ha sido cotidiano quizá durante más de una década, y son explosiones, este tipo de fugas y este tipo de reacciones sociales. Es cuanto, presidente.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, senadora Citlalli Hernández. Con ella concluimos la lista de oradoras y oradores sobre este tema de la agenda política.
El presidente senador Martí Batres Guadarrama (17:29 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el viernes primero de febrero de 2019, a las 10 de la mañana.
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