Comunicaciones
Protesta como diputada de la ciudadana María de Lourdes Montes Hernández
Declaratoria de reforma constitucional
Posicionamientos
Roberto Antonio Rubio Montejo, PVEM
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES
Iván Arturo Rodríguez Rivera, PAN
Arturo Roberto Hernández Tapia, Morena
Iniciativas
Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Morena
Martha Estela Romo Cuéllar, PAN
Arturo Roberto Hernández Tapia, Morena
Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, PMC
Raymundo García Gutiérrez, PRD
Leticia Mariana Gómez Ordaz, PVEM
Tatiana Clouthier Carrillo, Morena
María de los Angeles Gutiérrez Valdez, PAN
Hortensia María Luisa Noroña Quezada, PRI
Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Morena
Oficio de la Mesa Directiva, con modificaciones de turno
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 429 diputadas y diputados. Por lo tanto, no hay quórum.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (14:25 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En virtud de que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibieron oficios de los diputados Arturo Escobar y Vega, Luz Estefanía Rosas Martínez, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, María Marcela Torres Peimbert, Lorena Villavicencio Ayala y Evaristo Lenin Pérez Rivera, por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposición que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibieron de diversas dependencias seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: El Instituto Mexicano del Seguro Social remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2018.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María de Lourdes Montes Hernández, diputada federal electa en el segundo distrito electoral del estado de Durango.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados. Diputada Martha Olivia García Vidaña, diputada Maribel Aguilera Chairez, diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, diputada Irma María Terán Villalobos, diputado Santiago González Soto, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se solicita a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ciudadana María de Lourdes Montes Hernández, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María de Lourdes Montes Hernández: Sí, protesto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Sea usted muy bienvenida, estimada diputada.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Pueden tomar asiento
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto del orden del día es la Declaratoria de reforma constitucional en materia de Extinción de Dominio. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Señora presidenta, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
En consecuencia, del cómputo realizado esta Secretaría da fe de la recepción de 20 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 22, y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se pide a los presentes ponerse de pie. Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria.
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de loe estados, declara reformados el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Si gustan tomar asiento.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Pedro Pablo Treviño está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto?
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero hacer mención a una problemática que tenemos en Nuevo León en relación con el medio ambiente y seré muy breve. La zona metropolitana de Monterrey es una de las más contaminadas del país y es una donde se utiliza gasolina de las más tóxicas y que más contaminan a nuestro país. En Nuevo León se distribuye gasolina tipo A y tipo C.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, hay una lista para eso. Yo le preguntaba con qué objeto, y estamos en el tema de la declaratoria de extinción de dominio y hay una lista de oradores.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Permítame concluir, ya termino, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Al término de los oradores con todo gusto le doy la palabra, porque además antes de usted se apuntaron tres. Le ruego me permita y al final le doy la palabra. Para hablar sobre la reforma constitucional en materia de extinción de dominio, se otorgará la palabra a los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con su venia, presidenta. El crimen organizado en nuestro país ha registrado un incremento y una evolución sin precedentes en las últimas décadas, lo cual amenaza seriamente la seguridad interior de la nación y trasgrede al mismo tiempo la legalidad y el Estado de derecho.
Si bien el Estado mexicano ha emprendido esfuerzos de todo tipo para enfrentar a los criminales, lo cierto es que estos han resultado hasta ahora insuficientes para acotar el poder de las estructuras delincuenciales y erradicar a través de ello un fenómeno que hoy claramente se encuentra fuera de control.
No se puede soslayar que las bandas criminales han alcanzado un alto grado de sofisticación, caracterizado por su elevada complejidad a nivel organizativo, por la adopción de modelos y estructuras utilizados a grandes comportamientos privados y por incorporar a sus actividades cada vez más tecnología de punta, lo cual ha convertido el fenómeno delictivo en una poderosa industria.
La acumulación de bienes y el capital por parte de las bandas criminales, les ha permitido involucrarse en diversos ámbitos de la actividad económica del país a través de la creación de empresas que utilizan para lavar sus ganancias ilícitas mezclándolas con el dinero obtenido ilegítimamente con la finalidad de ocultar su procedencia.
La capacidad adquisitiva de los delincuentes hace posible la obtención de armamentos que en ocasiones supera considerablemente el utilizado por las corporaciones policiacas e incluso de las Fuerzas Armadas.
De igual forma la creciente capacidad económica de los criminales ha servido para expandir su poder corruptor y asegurarse en el marco de impunidad mediante la transferencia de recursos a autoridades de todos los niveles.
Lo anterior nos exige modernizar nuestro marco legal para crear mecanismos policiales y jurídicos capaces de contener de manera efectiva a la delincuencia organizada.
Si lo que buscamos es debilitar a las organizaciones delictivas hasta lograr su desmantelamiento, debemos limitar el flujo de dinero proveniente de estos delitos que más agravian a la sociedad a través del establecimiento y estableciendo medidas para evitar que los recursos de procedencia ilícita continúen en poder de los delincuentes.
En este sentido, la figura de la extinción de dominio ha demostrado ser un instrumento efectivo para debilitar la capacidad operativa de la delincuencia, porque disminuye los recursos de los cuales disponen.
Sin embargo, bajo el modelo de la actual aplicación de la extinción de dominio en nuestro país, los resultados han dejado mucho que desear y pocos han contribuido al combate de la delincuencia.
Es por lo anterior, que esta asamblea votó en diciembre pasado, votó a favor de modificar el esquema operativo de la extinción de dominio en nuestro país, y de precisar en el texto constitucional la naturaleza civil del procedimiento, así como su autonomía de la materia penal con la cual será posible un litigio civil que el Ministerio Público plantee en bien incorporar al patrimonio de una persona que es investigada por la comisión de ciertos delitos que tenga una procedencia ilegítima.
Igualmente, el decreto aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y ya validado por la mayoría de las legislaturas estatales, establece que el procedimiento es sobre derechos reales o bienes que formen parte del patrimonio de una persona y no sobre una eventual participación o responsabilidad en la comisión de ilícitos, ya sea por obtener el bien o para utilizarlos en actividades delictivas.
La esencia de la modificación reside en si el propietario del bien puede o no acreditar su legítima procedencia.
En síntesis, las modificaciones propuestas están encaminadas a ser más efectivas la aplicación de la extinción de dominio en nuestro país. Por eso celebramos que hoy se emita la declaratoria de la aprobación del decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Constitución Política, con lo cual el Estado contará con mejores herramientas para el combate frontal a la delincuencia. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Antonio Ortega Martínez: La declaratoria de constitucionalidad de las reformas al artículo 22 de nuestro texto fundamental, referente a los procedimientos de extinción de dominio, plantea que esta procede a partir de los bienes de carácter patrimonial en los cuales no pueda acreditarse su procedencia legítima y que se encuentren en relación directa con las investigaciones derivadas de los delitos contenidos en el catálogo, por los cuales se puede iniciar un procedimiento civil de extinción de dominio.
El catálogo ahora, además de los delitos de delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro y trata de personas, se amplía hacia las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Adicionalmente, esta reforma constitucional obliga a las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno a que se preste el auxilio necesario para el cumplimiento de estas disposiciones.
En el mismo sentido, se determina que la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos a este proceso, incluyendo sus productos, rendimientos, frutos y accesorios para el usufructo, enajenación y monetización en favor de la hacienda pública.
No obstante, deja a salvo los derechos de las personas que se consideren afectadas, garantizándoles la posibilidad de tener acceso a los medios de defensa que consideren pertinente para demostrar la procedencia legítima del o los bienes sujetos al procedimiento.
En el mismo sentido, a partir de ahora el Congreso tendrá facultad para expedir la legislación procesal civil única, es decir nacional, que obligue a entidades federativas y municipios para llevar a cabo los procedimientos de extinción de dominio.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está convencido de la necesidad de que los bienes producto del delito sean puestos a disposición de la hacienda pública, de tal manera que sirvan al progreso de las personas que han sido afectadas por la propia delincuencia de manera directa o indirecta, en forma de retribución pública de los productos del delito.
Celebramos en este sentido que estas reformas puedan concretarse y expresamos nuestra disposición para colaborar en la expedición de las correspondientes leyes y reformas, mismas que darán operatividad a todo cuanto hemos aprobado.
Es de nuestro interés particular que este Congreso diseñe un procedimiento expedito que garantice los derechos de todas y todos los mexicanos, pero que también tenga aplicación en la realidad forense de nuestro sistema de justicia, ya que si bien estos procedimientos están contemplados en la Constitución y en su ley reglamentaria desde el 2008, debemos señalar que en muy pocas ocasiones pudiera llevarse a cabo y derivar en un beneficio concreto para la sociedad.
Es por ello que nos congratulamos por la disposición de los Congresos estatales para la pronta aprobación de estas reformas, debido al amplio compromiso que tenemos, no solo con las víctimas directas de los delitos y principalmente con el usufructo social, con beneficio para todos y todas las mexicanas, del producto no legítimo adquirido por la delincuencia. Gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Martha Tagle Martínez: Compañeras y compañeros diputados, las cifras de violencia han colocado a nuestro país en la posición 140 de 163 países en el Índice Global de la Paz, estudio realizado en 2018.
El informe añade que el incremento de la delincuencia organizada en México es el resultado de la debilidad institucional. Otros datos revelan que en 2017 se registró el año más violento en nuestro país, mostrando un deterioro constante, ya que en lo que va del 2019, tan solo en enero se registraron 2 mil 850 asesinatos.
Con respecto a Latinoamérica, las comparaciones entre países evidencian el retraso mexicano en materia del combate a la corrupción, al realizarse la comparación con países latinoamericanos con un producto interno bruto similar al que encontró que México ocupa los últimos lugares, convirtiéndose en un paraíso para los que propician cotidianamente la corrupción, sabedores de que sus actos quedarán impunes.
La confianza de la ciudadanía ante la clase política se está desmoronando, abonando a la grave crisis de derechos humanos, donde permea la desigualdad y persiste una alta concentración de la riqueza en manos de unos cuantos.
Por eso desde Movimiento Ciudadano celebramos la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional que se presentó en este recinto hace dos años y que será instrumento jurídico que servirá para debilitar los flujos financieros ilícitos.
Desde hace un par de décadas, México se encuentra inmerso en un proceso de profundos cambios en materia de justicia penal que obedecen a la necesidad de hacer más efectivo el sistema, con la finalidad de garantizar a la ciudadanía un sistema de procuración de justicia de calidad, transparente, humano y acorde a la realidad.
Desde 1998 se han realizado reformas constitucionales al apartado de garantías relacionadas con el proceso penal, que tenía como objetivo dar mayor flexibilidad a los ministerios públicos para la persecución delictiva. Sin embargo, estos esfuerzos fueron superados por la realidad, que cada vez hacía más evidente la necesidad de modificar de manera integral el proceso penal y con ello la actuación de las instituciones.
Fue hasta el año 2008, con la reforma en materia procesal, que cambia el sistema inquisitorio al penal acusatorio y en el que se avanza estableciendo reglas especiales para la investigación con aseguramiento de bienes, protección de personas, medidas precautorias, entre otras. Sin embargo, quedó pendiente la armonización de la legislación secundaria, para que este cambio de sistema penal se implementara de manera integral y adecuada.
En ese sentido, mencionar que uno de los pendientes para esta legislatura es crear una nueva ley en materia de delincuencia organizada que contenga reglas especiales para la extinción de dominio, que comprenda un mayor número de bienes y que se pueda relacionar con la delincuencia organizada, asumiendo con ello el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 73 constitucional, fracción XXI, en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aplicará los procesos para investigar, perseguir y sancionar a la delincuencia organizada y que a su vez atienda las normas especiales que harían más efectivo el combate a dicha criminalidad.
Es importante mencionar que Movimiento Ciudadano contribuye con su voto a favor de esta iniciativa y ha contribuido en ese proceso, porque creemos que es necesario dotar al Ejecutivo de las herramientas legales necesarias para combatir la delincuencia y con ello darle, sobre todo, a la ciudadanía la demanda que tanto hacen todos los días, que es garantizar la seguridad de su vida y sus bienes de manera cotidiana.
Por eso, en Movimiento Ciudadano celebramos que este proceso de reforma constitucional haya sido concluido en su totalidad y que esté listo para ser promulgado por el Ejecutivo del país. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros. Hoy se declarará la validez de la primera reforma constitucional del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta legislatura.
Y por eso, vale recordar que el decreto que se incorporará a la Constitución surge de los esfuerzos de legisladores de distintos partidos, pero también de un amplio consenso parlamentario para promover el fortalecimiento de herramientas institucionales que generen integridad y seguridad.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebra que hasta el día de hoy se hayan reunido los votos aprobatorios de 20 legislaturas. Y destaco que conforme a los registros electrónicos de esta Cámara de Diputados, la legislatura de Oaxaca haya sido la primera en aprobar este decreto, situación que me enorgullece.
La declaración de validez se trata de un paso correcto para la cuarta transformación. Su contenido amplía los hechos contemplados para la aplicación de la extinción de dominio como la de corrupción, el encubrimiento o los delitos cometidos por servicios públicos y los ilícitos en materia de hidrocarburos, pero tiene mayores alcances.
Reconoce la naturaleza civil del procedimiento, garantiza el derecho humano de los implicados a contar con mecanismos adecuados de defensa para demostrar la procedencia patrimonial legítima y vincula a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a prestar auxilio para cumplir con las acciones respectivas.
Coincidimos, por tanto, con la necesidad de contar con una legislación nacional en materia de extinción de dominio, a través de la cual podamos eliminar distorsiones normativas entre leyes locales, generar incentivos para prevenir hechos de corrupción e ilícitos, así como para promover sanciones comunes en todo el país.
Lo reitero. Hablamos, por lo tanto, de un paso fundamental que complementa la estrategia del gobierno de México para acabar de una vez por todas con la corrupción y también de garantizar entornos seguros para las familias mexicanas. Aspiremos a continuar con estos consensos.
En el Partido del Trabajo reconocemos los esfuerzos del gobierno de México para impulsar modificaciones al régimen de extinción de dominio, así como la Fiscalía General de la República, por fortalecer su participación en la aplicación de esta medida.
Pronto estaremos celebrando la declaratoria de validez de la Guardia Nacional y de la ampliación de delitos para aplicar la prisión preventiva oficiosa, tres reformas que exhiben visiones gubernamentales integrales, que promueven el buen servicio público para satisfacer las necesidades de la gente.
Compañeras, compañeros diputados, diputada presidenta, el arranque del presidente López Obrador es histórico. Su gobierno es imparable y este Congreso no se quedará atrás. Muchas gracias, y es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Honorable asamblea, hoy nos encontramos en un día muy importante para esta LXIV Legislatura, ya que estamos dando cauce a un tema de gran relevancia que sentará, de una vez por todas, las bases para combatir a la corrupción y a la impunidad que tanto daño ha hecho a todos los mexicanos.
Con la aprobación en la mayoría de los Congresos locales de esta reforma es nuestro deber hacer esta declaratoria de constitucionalidad que representa no un formalismo, representa el resultado de un trabajo en el que todos hemos participado, en el cual asumimos que el interés común de los ciudadanos era muchísimo más representativo que los intereses de grupo o los particulares de las fuerzas políticas.
Sin duda alguna esta reforma aprobada en materia de extinción de dominio significa un gran avance para lograr la transformación que nos hemos empeñado en llevar a cabo. Se sienta una base sólida para el combate contra la inseguridad y es una figura que, al igual que la Guardia Nacional, será fundamental para alcanzar los objetivos del plan para la paz y la seguridad de esta nación.
Cabe recordar que lo que estamos el día de hoy declarando no es un invento, no es una oficiosidad, es una figura que ya ha sido probada en distintos países, tanto a nivel europeo, como en los Estados Unidos y también en algunos de América.
Hay resultados favorables que han demostrado que sí es posible atacar al narcotráfico, en virtud de que se arremete directamente contra la capacidad operativa de los grupos criminales y además se constituye en un instrumento eficaz para la recuperación de activos.
Dichas modificaciones están apegadas a los derechos humanos, pues se otorga seguridad jurídica en los términos que establecen los propios postulados constitucionales y se sustentan en principios básicos como el de legalidad y debido proceso.
Los legisladores de la Coalición Juntos Haremos Historia, de la cual el Grupo Parlamentario de Encuentro Social es fundamental y, por cierto, partido que está hoy más que vivo, todos estamos convencidos que creamos una figura fuerte, viable y eficaz con lo que vamos a combatir un negocio ilícito que hoy está valuado en más de 3.6 billones de pesos.
Sigamos en este camino, pues solo con acciones como esta podremos estar construyendo el México que todos queremos, necesitamos integrar siempre el interés y las voces de la suprema nación.
El reclamo de la sociedad contra la corrupción no es un juego, es una constante y por ello en la Coalición Juntos Haremos Historia, tal como lo ofrecimos, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, vamos a seguir en esta lucha, se están sentando las bases y no le vamos a fallar a México.
Sigamos construyendo acuerdos en beneficio de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestras familias, porque un México donde existan figuras para combatir la corrupción y al crimen organizado, que es posible, vamos a hacerlo todos juntos. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, a usted, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Compañeras y compañeros diputados. La declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de extinción de dominio, constituye un paso de gran importancia para fortalecer la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el crimen organizado en México.
Aunque esta figura fue incorporada en el sistema jurídico mexicano en el año 2008, solía utilizarse únicamente en delitos contra la salud y la delincuencia organizada. Además, cada entidad federativa cuenta con su procedimiento local y si bien ha permitido debilitar las estructuras financieras de la delincuencia, esta declaratoria permite fortalecerla para garantizar una aplicación más eficaz. La reforma constitucional a los artículos 22 y 73 permite homologar los procesos en todos los estados de la República generando certeza y seguridad jurídica.
La extinción de dominio es un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil mediante la cual el Estado, a través del Ministerio Público como institución de procuración de justicia, identifica y quita los derechos que una persona tiene sobre los bienes cuando estos son resultado de una actividad ilícita.
Con esta reforma se ha conseguido ampliar el número de tipos penales en que puede ser utilizada, además establece la obligación del Congreso de crear una ley en la materia, así como un código único procesal en materia civil para homologar la operatividad y efectividad de esta figura.
No es un tema menor. Estamos reformando artículos fundamentales de nuestra Constitución para atacar de manera frontal a todos estos delitos que se han transformado en un verdadero problema para el Estado mexicano que dañan nuestra economía y ponen en peligro la integridad física de todos los ciudadanos.
Es importante aclarar que el proceso de extinción de dominio es independiente a la investigación penal. Procede cuando una persona acusada de un delito no puede acreditar a licitud de los recursos económicos. De ahí que estos pasen a ser del dominio del Estado.
Así, independientemente de la sentencia que un juez penal emita contra algún acusado, existirá la posibilidad de que los recursos económicos y legales, puedan regresar al Estado mexicano.
De ahí que la figura cuente con una doble función. Por una parte limita los recursos operativos de la delincuencia atacando su estructura financiera, y por otro, se utilizan en beneficio de nuestra sociedad.
Hoy mandamos un mensaje firme contra la impunidad. No permitiremos que lucren a costa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
La extinción de dominio constituye un instrumento jurídico que abona en el combate a la delincuencia. Por ello en el grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos del importante avance que hoy emprendemos.
México requiere de marcos jurídicos robustos y de una Constitución protectora de los derechos de las y los ciudadanos.
Continuaremos trabajando por un mejor país para combatir la impunidad y la corrupción. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el día de hoy se realiza la declaratoria de mayoría constitucional necesaria para la aprobación de la reforma de los artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio.
La figura de extinción de dominio ha sido mal entendida, y por lo tanto, mal aplicada. Esperamos que con esta reforma se pueda enmendar y proceder a utilizarla como pieza clave para remontar la crisis de violencia que vive el país.
Recordemos una noción fundamental: el crimen organizado y la corrupción, se mueven por ambición económica. El Estado tiene todas las herramientas para cortar de tajo la acumulación de bienes en manos del crimen organizado.
La extinción de dominio persigue bienes y no personas. Para eso está la acción penal. Puede y debe convertirse en una de las herramientas estratégicas del país para abatir la impunidad, debilitar eficazmente al crimen organizado y la corrupción.
En aquellos países en el que se ha aplicado, se puede hablar de un antes y de un después en materia de fortalecimiento del estado de derecho, ejemplo de ello lo son Italia, Colombia, diversos estados de la Unión Americana, entre otros.
En nuestro país, desde 2008 está prevista la figura de extinción de dominio en el artículo 22 de nuestra Constitución. Sin embargo, tanto en su regulación constitucional como en la legislación del orden común, se ha incurrido en fallas e insuficiencias que han generado en los hechos una figura disfuncional, y que no ha dado los resultados que se esperaban.
En términos generales, la recuperación de activos en nuestro país es insignificante, como lo ha señalado el grupo de acción financiera internacional, y cito un ejemplo:
Solamente se recuperaron en el sexenio anterior, por vía de extinción de dominio, 17 millones de dólares, un promedio de 2.9 millones de dólares anuales. Una cantidad minúscula en comparación a las enormes utilidades del crimen y la corrupción.
Hay que señalar, sin embargo, que las fallas y muy escasa aplicación de la extinción de dominio no solo son atribuibles al diseño legal, sino a la indiferencia, incapacidad o falta de voluntad de quienes tanto a nivel federal como local, han debido realizarla.
Ante los defectos identificados en el diseño constitucional, en la LXIII Legislatura, los diputados federales del PAN, encabezaron la presentación de una reforma constitucional que sirvió como base para la elaboración de la enmienda constitucional que el día de hoy nos corresponde aprobar.
El Grupo Parlamentario del PAN en esta Cámara, aprobó con reservas esta reforma, ya que los términos de su redacción final no fueron conforme a la propuesta original. Consideramos que los cambios operados en la reforma, sobre todo en el Senado de la República, fueron en demerito de esta figura, en tres aspectos principales y que son los recomendados por la Organización de las Naciones Unidas, y que por lo tanto respetan derechos humanos y prerrogativas fundamentales:
Primero, se retiró la prescriptibilidad de la figura que deriva del principio general del derecho, que del fraude no nacen derechos.
Segundo, se ignoró la retrospectividad que es fundamental para no legitimar acervos legítimos que provengan a la temporalidad previa a esta reforma.
Tercero, se conservó la vinculación procesal con causas penales.
Lo anterior es un error notable, la extinción de dominio no debe depender de ningún procedimiento de naturaleza penal.
Consideramos, no obstante, que la reforma tiene un aspecto positivo, que es el mandato para la creación de una normatividad única en esta materia. Será importante que en dicha legislación de carácter general se superen las insuficiencias y omisiones señaladas.
Por lo anterior, al celebrar la mayoría expresada para esta reforma en los Congresos de las entidades federativas, incluyendo el de la Ciudad de México, hacemos votos para que la aprobación de esta reforma genere, ahora sí, una verdadera política de recuperación de activos y extinción de dominio para todo el país a efecto de superar por la vía del debilitamiento financiero de la delincuencia y la corrupción, el estado de violencia endémica y de inseguridad que padece nuestro país y nuestra ciudad.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en próximos días presentará su propuesta de Ley General de Extinción de Dominio, a efecto de dotar del instrumento pertinente para la realización de los objetivos estratégicos que, estamos seguros, se pueden conseguir para devolver la paz a nuestro país no con amnistías, sino quebrantando las finanzas de la delincuencia.
Enhorabuena por este paso que hoy se confirma en el seno del Constituyente. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, por último, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia: Con su permiso, presidenta. Honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para abundar sobre la declaratoria de validez de la reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
Cabe señalar que se trata de la primera reforma constitucional que inicia y concluye esta legislatura. Que el consenso alcanzado pasó por la negociación, el análisis, la opinión y el escrutinio de organizaciones, ciudadanos e instituciones que estuvieron al tanto del proceso.
Asimismo, se ha cumplido la norma del proceso reformador, que implica la aprobación por parte de las legislaturas estatales, quienes, bajo el principio de federalismo y contrapeso político, también discutieron y analizaron el tema.
Esta reforma tiene plena justificación porque en México la corrupción ha afectado gravemente el desarrollo de nuestro país y la sociedad mexicana. Muchos funcionarios o servidores públicos que han ocupado cargos en los tres Poderes y niveles de gobierno, han cometido excesos y abusos constitutivos de delitos, responsabilidades administrativas y civiles, ante la falta de una legislación, como la presente.
Como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y como mexiquense, cito como ejemplo los siguientes: En el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación, que inició proceso por las presuntas responsabilidades administrativas de funcionarios en el mal uso de recursos públicos, mediante contratos hechos con la Secretaría de Desarrollo Social, entre el 2013 y el 2015, dentro de la llamada estafa maestra, actualmente en investigación.
De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2017, en materia de salud, encontró varias vías a través de las cuales el Presupuesto federal etiquetado terminó en sueldos de personas que ya no trabajaban, otras que nunca trabajaron. Pagos excedentes en contratos, que están pendientes de aclaración o que simplemente no se aplicó.
La corrupción destruye la confianza de la sociedad y evita el desarrollo económico. La principal motivación de esta reforma constitucional radica en privar del derecho de propiedad. Es decir, afectar las ganancias económicas, producto de conductas delictivas, por cualquier persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública y que dicho delito tenga que ver con un delito en materia de corrupción.
Por ello se estimó procedente la reforma constitucional que se plantea, en este caso la acción de extinción de dominio, para privar del derecho de propiedad a aquellas personas respecto de bienes que son instrumento producto de delitos por hechos de corrupción, sin lugar a compensación, retribución o indemnización alguna.
Dicho lo anterior, esta declaratoria da cuenta de que es posible lograr acuerdos en la diversidad política del México actual. Ahora juntos debemos impulsar el compromiso por la paz y por la justicia, de modo tal que las reformas a los artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio sean ejemplo cotidiano para el diálogo y la voluntad política.
Debemos estar orgullosos porque hemos logrado el acuerdo para recuperar en forma legal y efectiva los bienes producto de la delincuencia y la corrupción.
Pronto vendrá la publicación en el Diario Oficial de la Federación y nos tocará expedir la legislación única en materia de extinción de dominio, porque el compromiso es recuperar la confianza de los ciudadanos, que tengan la certeza de que el delito no paga, que los bienes que son utilizados por la delincuencia o que resulten fruto de la misma, pasarán a ser propiedad de todos los mexicanos, que estos bienes serán utilizados en una adecuada reparación a las víctimas de la delincuencia y a la prevención del delito.
Debo señalar que con la emisión de una legislación única abonamos a la seguridad jurídica y a la certeza para los ciudadanos, evitamos contradicciones y procedimientos diversos. Queremos dar el mensaje claro de que no habrá más impunidad ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo por actos de corrupción.
El compromiso de este Poder Legislativo es dar la señal inequívoca de que nadie se puede enriquecer indebidamente ni beneficiarse a costa del sufrimiento, la vida o la libertad de otros. Ese es el reto que aún tenemos ante la emisión de la legislación única que tenemos a la puerta y poder hacer realidad la máxima de la honrosa medianía a la que aspiraba Benito Juárez en el ejercicio del servicio público. Por su atención, gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Así concluyen las intervenciones sobre extinción de dominio. La diputada Abelina López Rodríguez, nos solicitó, desde su curul, la palabra. Tiene un minuto, diputada.
La diputada Abelina López Rodríguez (desde su curul): Gracias. Que no corra mi minuto todavía. En el eco de la injusticia del ayer, la conquista de derechos de hoy. Justamente a 42 años que la Asamblea General de la ONU proclamara el día 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
Nada hay que festejar, más bien, es recordar a quienes con su lucha lucharon por los derechos civiles, políticos y económicos. Viene a mi mente Hypatia de Alejandría, filósofa, maestra en matemáticas, astrónoma, ícono de la libertad y de pensamiento, justamente eso le trajo la muerte en el año 415 después de Cristo.
Olympe de Gouges, que en 1791 redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Solamente fue un documento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.
La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): Pero lo más álgido, lo más álgido de la historia, y es reprobable que justamente en la búsqueda de nuestros derechos hayan muerto más de 120 mujeres, escasamente por la lumbre.
Hoy nos toca a mujeres de un solo objetivo. Caminemos juntas, nunca hacia atrás en nuestros derechos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, de Morena. Desde su lugar, un minuto.
La diputada Erika Vanessa Castillo Ibarra (desde la curul): Con su venia, presidenta. Ni del Estado ni de la Iglesia ni del marido ni del patrón. Mi cuerpo es mío y solo mío y la decisión es mía.
Los derechos alcanzados, aún insuficientes, han sido producto de la lucha y no de concesiones. Hoy, esta voz, mi voz es por aquella mujer que hoy no está. Reconocimiento a la libre participación en la defensa de los derechos de las mujeres, de los movimientos sociales en la academia, en la sociedad, en la familia. Antes de amarnos, aprendamos a respetarnos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Compañeras y compañeros diputados, quiero hacer mención de una de las problemáticas más complejas que tiene nuestro medio ambiente, y esta es en la zona metropolitana de Monterrey.
Se está comercializando de las gasolinas más tóxicas y contaminadas de México en nuestra zona metropolitana. En Nuevo León se distribuye gasolina tipo B y tipo C. Que, si bien cuesta menos producirlas, son más tóxicas a diferencia de las que se utilizan en los estados de Jalisco y en la Ciudad de México, en donde se distribuyen combustibles AA o A.
Un análisis del Observatorio de la Calidad del Aire de Nuevo León arroja que estos combustibles contienen cancerígenos que por su agresividad han sido prohibidos en otros países.
A nombre de mi compañero Juan Espinoza y de mi compañera Ivonne Álvarez, el día de hoy he presentado un punto de acuerdo para exhortar a Pemex para que nos envíe gasolina de calidad, como lo hace a la ciudad de Guadalajara, a su zona metropolitana y a la Ciudad de México. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del PES, del Partido Encuentro Social. Micrófono.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Sí, ya. Gracias. Diputada presidenta, en uso de la voz y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aprovecho la ocasión para llevar a cabo una pequeña reflexión sobre el real significado de este día, el cual me parece que consiste en un real acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos, bajo el máximo principio y postulado que consagra el primer artículo de nuestra Carta Magna.
Ahora bien, en ese contexto debemos señalar, por ejemplo, que la tasa de empleo de las mujeres en el estado de Quintana Roo, en mi estado, es de las más altas del país. Lo anterior significa que se ha dado un sustancial avance en cuanto al acceso al empleo y, por ende, a los ingresos. Y no cabe duda de que nuestras congéneres han destacado en el sector de servicios turísticos.
No obstante, las condiciones de desigualdad laboral aún persisten y se deben acotar las brechas salariales entre ambos géneros. Asimismo, se debe reconocer que aún falta mucho por hacer, sobre todo en circunstancias de acceso pleno a la procuración y administración de la justicia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): En particular, en materia de delitos sexuales, tales como hostigamiento y acoso sexual. Lo anterior en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por otro lado, en materia de medidas de prevención del delito de feminicidio...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Sí. Ya que a ninguna mujer asesinada le resulta relevante si contamos o no con la prisión preventiva oficiosa, ya son fallecidas. Por lo anterior, solicito desde este recinto a la Presidencia que tome medidas al respecto. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada Irma Juan Carlos, de Morena.
La diputada Irma Juan Carlos (desde la curul): Con su permiso. En este lugar, hace 18 años, habló una mujer tzotzil, quien denunció la situación de violencia que vivimos como pueblos y como mujeres indígenas.
No parece lejano ese 2001, cuando los distintos pueblos caminaban para que la sociedad mexicana entendiera los problemas que enfrentamos. Esa voz indígena dijo: “Sufrimos el olvido, porque nadie se acuerda de nosotras”.
La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas señala en su informe: “La violencia hacia los pueblos indígenas agudiza la vulnerabilidad de las mujeres, el racismo, la discriminación, la violación del derecho a la salud, a la educación, a la alimentación siguen siendo problemas latentes en nuestras comunidades”.
Ante esta realidad, las mujeres indígenas seguimos sosteniendo la vida comunitaria, han sido nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, en donde hemos hallado cobijo. Por eso en este día que se conmemora el Año Internacional de la Mujer, va nuestro tributo a esas mujeres que nos allanaron el camino.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
La diputada Irma Juan Carlos (desde la curul): Por esas mujeres que no claudicaron, que resistieron, y a todas esas mujeres que todos los días luchan por su familia. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del PAN.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Hago un reconocimiento a todas las mujeres de México y del mundo en este día, pero realizo un llamado para que se respete y garantice por parte del gobierno federal, los derechos que con esfuerzo se han obtenido a favor de las mujeres más vulnerables, sus familias y en México.
En Chihuahua que es mi estado, se atienden a mujeres y niños que han sido víctimas de violencia extrema y que acuden a los refugios que se han creado, también se atienden 6 mil 800 niños atendidos en las estancias infantiles y que son necesarias para las mujeres que requieren trabajar.
Las mujeres del Partido Acción Nacional estamos preocupadas por la rápida pérdida de derechos, no se debe relegar a las mujeres. Exigimos al presidente López Obrador, que reconsidere la suspensión y disminución de los programas destinados a apoyar a las mujeres y a la niñez mexicana. Sabemos que es obligación del Estado procurar políticas públicas hacia el bien de las mujeres, de los niños y de la familia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (desde la curul): Termino. Por lo que todo aquello que atente contra su estabilidad no podrá ser útil a la patria ni a su desarrollo. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, de Morena, en el uso de la palabra.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (desde la curul): Gracias, presidenta. La reforma al artículo 1o. de la Constitución sucedida ayer en Nuevo León, es un retroceso, es una violación a los derechos de las mujeres que contravienen instrumentos internacionales como la CEDAW y Belém do Pará, estos legisladores que votaron a favor de esta iniciativa olvidan que México es un país con el primer lugar en embarazo infantil y que muchos de esos embarazos son producto de la violencia sexual. La reforma aprobada significa criminalizar a las mujeres y no podemos dar marcha atrás en nuestros derechos alcanzados.
De acuerdo con el informe de maternidad o castigo elaborado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida, entre 2007 y 2016, 4 mil 246 mujeres fueron denunciadas por aborto en el país, es decir, al menos una diaria. El Estado mexicano tiene el compromiso de velar por la vida y los derechos de las mujeres que mueren en abortos clandestinos, porque el que se criminalice a una por practicarse una interrupción del embarazo, contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Apoyamos al gobierno mexicano, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para buscar a través de un código penal único la legalización de la interrupción legal del embarazo. Vivas nos queremos. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación de iniciativas. Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Por economía parlamentaria, solicito que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa que hoy presento ante ustedes, compañeras y compañeros diputados de esta honorable asamblea.
Vengo a presentar esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin duda uno de los grandes retos en nuestro país es el combate a la corrupción.
En recientes fechas he presentado diversas iniciativas para fortalecer al llamado sistema nacional anticorrupción, pues considero indispensable apoyar desde el Poder Legislativo la cruzada que ha emprendido el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su combate a la corrupción y a la impunidad, ya que son dos de los flagelos que más lastiman a la sociedad.
Atacar la corrupción y la impunidad desde las estructuras de poder político y económico no es suficiente, se requiere también trabajar desde abajo con la ciudadanía, desde la vida cotidiana de las y los mexicanos.
Es indispensable conjuntar esfuerzos contra esta serie de prácticas que nos han sido heredadas desde hace décadas. Sólo así podremos cerrar la pinza y combatir la corrupción por dos frentes. Las estructuras gubernamentales y desde la ciudadanía misma.
Las prácticas ilegales han sido comunes en el ámbito público y fácilmente las podremos reconocer como casos de encubrimiento, de complicidad, del uso abusivo del poder para enriquecerse al amparo del poder político.
Transformar estas viejas formas, prácticas políticas cimentadas en una cultura de valores cívicos y democráticos es una necesidad de esta nueva mayoría. Una cultura política democrática que haga de las y los mexicanos personas educadas en valores tales como la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la empatía, el respeto por la diferencia, el diálogo y el acuerdo como mecanismos para procesar los conflictos.
Educar en democracia es socializar estos valores y todos aquellos que hagan de las sociedades lugares más justos con igualdad de oportunidades pese a las diferencias. Educar en democracia debe ser el reflejo de la enseñanza de principios que proyecten actitudes y comportamientos democráticos.
Educar no sólo es tarea de las escuelas en cualquiera de sus niveles. Formar ciudadanas y ciudadanos que conocen sus derechos y sus obligaciones, es responsabilidad de todas las instituciones públicas y privadas. Son las instituciones las que de una u otra forma contribuyen a moldear las conductas y a fomentar ciertos valores que son socialmente aceptados o rechazados.
Por ello presento hoy a esta asamblea lo siguiente: Que la Secretaría de Gobernación por medio de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, fomente y difunda la cultura política democrática para que con ello fortalezca el proceso de construcción de ciudadanía y el desarrollo de los valores sociales como la solidaridad, la empatía, la justicia y el respeto por la diversidad.
Propongo que la Secretaría de Educación Pública tenga como temas de enseñanza en los diferentes niveles del sistema educativo nacional, la difusión de la cultura democrática y los valores cívicos.
Propongo también que la Secretaría de Cultura sea la encargada de organizar, dirigir y coordinar a la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para crear e implementar una estrategia nacional de desarrollo, fomento y difusión de la cultura política democrática, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía.
Creo firmemente que podemos aportar, con esta iniciativa, para cambiar un poco o un mucho, según sea el caso, la cultura política heredada, por una cultura política democrática que sea la base sólida de nuestras relaciones políticas y sociales. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen. Le damos la bienvenida al ciudadano Moisés Anaya, presidente municipal de Chapala, Jalisco, así como a sus acompañantes, en síndico y el secretario general, invitado por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas. Sean ustedes bienvenidos.
También le damos la bienvenida a esta Cámara, a los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez. Y a los alumnos de licenciatura en Derecho, de la Universidad Continente Americano de San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por el diputado Miguel Ángel Chico Herrera. Sea bienvenidas y bienvenidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 389 Ter, al Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional. Diputada, es su turno.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Compañeras y compañeros diputados. Hoy quiero hacer el uso de la voz de esta tribuna, presentando una iniciativa que está muy lejos de ser solamente mía.
En el caminar por el distrito que represento, tocar puerta a puerta y visitar establo por establo, después de poder palpar el esfuerzo constante de los productores que se levantan a las 4 y media de la mañana, todos los días, de lunes a domingo, sin un solo día de descanso, una queja constante en todos y cada uno de ellos es el respeto.
Y esta iniciativa que es de ellos, nos debe de ocupar a todos los aquí presentes, ya que es sencillo hablar de respeto en discurso cuando las normas oficiales solamente invitan a regular los productos en el mercado, Profeco hace revisiones y todo lo que hace y en lo que queda es en: usted disculpe.
Pero realmente vemos que no hay una sola verdadera consecuencia para quienes a diario afectan la economía de nuestro pequeño productor, quienes, por ahorrar costos, en este caso de producciones, venden productos que se dicen y denominan leche en su publicidad, ya sea por el nombre como tal así como imágenes que sugieren y confunden al consumidor, quien de forma desinformada compra un producto caro y que no aporta los nutrientes como leche, entendiendo a esta como el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluyendo el calostro.
De esta forma, el consumidor elige un producto que se ostenta como leche y no lo es, poniendo en riesgo su salud y adquiriendo un producto que realmente no es lo que ofrece. Esto, compañeros y compañeras, debemos decirlo fuerte y claro, esto es un fraude.
Fraude para quien lo consume, porque no cumple con la norma y dice y establece para que sea leche, y para quien, por consecuencia, debido a los altos costos de los insumos de producción y demás, la industria no compra sus productos y tienen que malbaratar su producto y hasta tirarlo.
Por eso planteamos en esta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 389 al Código Penal Federal, para quedar a la letra como sigue.
Comete delito de fraude el que publicite y comercialice como leche aquellos productos que no cumplan con las especificaciones físico-químicas en la materia, definidos por las autoridades competentes para tener esta denominación.
Compañeras y compañeros, ¿hasta cuándo daremos al pequeño productor un verdadero valor y respeto a su trabajo? Los invito a que ese día sea hoy. Quien prometa y ofrezca aquello que no es, quien engañe vendiendo como leche lo que no lo es, tenga una verdadera consecuencia y permita una verdadera competencia justa a quienes son el motor de nuestra economía y merecen todo nuestro respeto no solo en discurso, sino en acciones, nuestros productores. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Saludamos a integrantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por el diputado Alejandro Viedma Velázquez. Sean ustedes bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
La diputada Ximena Puente de la Mora: Con el permiso de la Presidencia. Honorable pleno. El varón y la mujer son iguales ante la ley, reconocimiento que plasma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La igualdad es un derecho humano protegido por diversos instrumentos nacionales e internacionales, exige que las personas gocen de derechos y libertades sin distinción alguna, incluyendo la de sexo o identidad de género.
La forma en que las mujeres y hombres hemos ejercido este derecho desde siempre en nuestra sociedad ha sido asimétrica. Hoy en día hemos dado pasos más firmes para materializar el concepto de igualdad sustantiva, que implica que este derecho reconocido en las leyes pueda ser traducido de manera integral en la vida diaria de las personas.
En este orden, la iniciativa que hoy se presenta propone la modificación de dos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Para que la igualdad sustantiva deje de ser una aspiración y se convierta en una vocación de todas y de todos los que integramos la sociedad, es indispensable contar con políticas públicas adecuadas, pero también eficaces a este objetivo.
La información estadística que dibuja el mapa del servicio público con indicadores que ponderen la perspectiva de género ayudan a visibilizar aquellas diferencias en la vida cotidiana de las y los mexicanos, y de que forma la discriminación por género afecta el desarrollo integral de las personas.
Una política pública elaborada con base en estadísticas, que muestre las desigualdades basadas en género asegura los puntos de partida de la igualdad sustantiva y que lleguemos a gozar plenamente de una igualdad en los hechos.
La reforma que hoy se propone, propone modificar el artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con el objeto de que el Inegi, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tenga por objeto producir, integrar y difundir con perspectiva de género información demográfica y social, económica y financiera, geográfica y del medio ambiente. Esto es que se contemple la perspectiva de género como parte del ciclo de vida de la información que producen los subsistemas del Inegi.
Además se propone la modificación del artículo 78 de la misma ley, e inserta la igualdad sustantiva como uno de los temas de interés nacional, y que dicha información se elabore con base a una metodología científicamente sustentada y con perspectiva de género.
A partir de ello la igualdad sustantiva se convierte en uno de los temas de la agenda del órgano nacional de información estadística y geografía.
La Organización de las Naciones Unidas, así como la declaración y plataforma de acción de Beijín, consideran que la generación de estadísticas con perspectiva de género como una prioridad para alcanzar una verdadera igualdad.
Llevar a cabo políticas públicas con base en evidencia es un acto de responsabilidad del Estado, pero también de las y los servidores públicos.
Compañeras y compañeros diputados, la académica Judith Butler sostiene: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad, condición para tener un diagnóstico objetivo de las asimetrías de género y en esa perspectiva construir una nación entre iguales, que el Día Internacional de la Mujer no sea solamente un festejo, sino que asumamos compromisos en esta LXIV Legislatura de la paridad de género, compromisos tangibles para lograr una verdadera igualdad sustantiva, una verdadera igualdad de los hechos de todas y de todos. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 330 de la Ley General de Salud.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Hago de su conocimiento que esta iniciativa está respaldada por todos los miembros de mi grupo parlamentario, lo cual agradezco y pido, si es a bien, a los demás grupos parlamentarios analicen y por favor, por el bien de la salud y de los trasplantes en México y una mejor calidad de vida se unan a esta iniciativa.
En México más de 21 mil personas están registradas en espera de un órgano o tejido para trasplante, de ellas cerca de 13 mil personas necesitan un trasplante renal, así como 7 mil 500 un tejido de córnea, 326 un trasplante hepático para continuar con vida. Desafortunadamente, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, solo se realizan cerca de 180 de estos procedimientos cada año.
La donación, la educación y las leyes solo son una parte del problema, la otra son los recursos y la infraestructura. Es decir, si hoy se duplicaran los donadores de poco serviría, porque no tenemos los suficientes cirujanos especializados ni las instalaciones requeridas.
El Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud reconoce, en junio de 2017, que México tiene el reto de promover la cultura de la donación. El mayor reto es promover la donación, empezar a satisfacer las necesidades nacionales de donación de órganos y de tejidos para trasplante.
La donación de órganos en México mejora. No solo en cuanto al número de donaciones y trasplantes que se realizan, también sobre la percepción de estos y de este acto.
En México se ha incrementado la cultura de la donación, según el Centro Nacional de Trasplantes, respecto a la cantidad de donaciones y trasplantes.
En el 2012 había una tasa nacional de donaciones del 3.7, por cada millón de habitantes, mientras que en 2017, la tasa aumentó al 4.5 por ciento de cada millón de habitantes.
Nosotros, como legisladores, estamos obligados a velar por la mejor calidad de vida de los habitantes de este país. Es por ello que se deben destinar más recursos, cambiar la mentalidad de la población, en hospitales y centros de salud de la población.
En los centros de salud, provocar un impacto favorable de los datos duros de los próximos años. La cuestión en el índice de donación de trasplantes no solo radica en cambiar la mentalidad sobre la cultura de los donadores, incluso los familiares, sino también se desprende de los recursos de las instituciones públicas. No solo en el traslado y procedimiento quirúrgico sino desde el equipamiento y capacitación de los médicos, estudios de compatibilidad e incluso en el tratamiento con inmunosupresores que, dada condición de algunos pacientes, esto se puede extender por toda su vida, afectando severamente la economía y la de los familiares.
Los trasplantes con fines terapéuticos deben ser cubiertos en su totalidad por parte de la institución de salud pública, trátese de derechohabientes o no. Ya que, al tratarse específicamente de la necesidad de un trasplante, sea el órgano cual sea, no estamos refiriendo a un paciente que depende del mismo para mejorar drásticamente su calidad de vida. Incluso, en algunos casos, la vida de ellos depende de este trasplante.
Contrariamente a lo que ocurre, por poner un ejemplo, por cada paciente con insuficiencia renal se erogan cerca de 20 mil pesos al mes, si es que es derechohabiente.
De lo contrario, el paciente que no tiene acceso a la seguridad social se ve sumamente mermado en su economía, al grado de tener que decidir si adquirir alimentos o algún medicamento o catéter necesario para sus diálisis, mientras que el trasplante se ve lejano para ellos al contar siquiera con recursos para su inicio.
Hacerse estudios de compatibilidad entre los propios familiares, esto es tarde. Hago un llamado a ser sensibles con todas aquellas personas que claman acceso al trasplante y donde muchas veces su vida depende de ello. O bien, intenta mejorar su calidad de vida, pero sin que ello explique que la familia tenga que realizar gastos exorbitantes.
Por lo anterior expuesto es que someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 330 de la Ley General de Salud.
Artículo primero. Se adiciona un párrafo 330 a la Ley de Salud para que dar como sigue:
Artículo 330. Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que exista justificante de orden terapéutico.
En razón del objeto de la ley en lo referente a la preservación de la vida y de las prioridades del sector Salud, cualquier institución de salud pública deberá sufragar los gastos de los trasplantes de acuerdo a un previo estudio socioeconómico desde...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: ...en caso de requerirse cuidados, hospitalización y recuperación de los pacientes, tratándose del donante y del receptor, sin considerar si se trata de un derechohabiente o no a algún régimen de salud o seguridad social. El sistema nacional de salud podrá establecer convenios...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: ...con particulares –en un momento– para que, en caso de imposibilidad para brindar los servicios señalados en el párrafo anterior, estos sean accesibles a todas las personas. Luchemos por una salud mejor para todos los mexicanos y mexicanas. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la renta.
La diputada Margarita García García: Con su permiso diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Margarita García García: Compañeras y compañeros diputados que hoy todavía estamos aquí cumpliendo con la responsabilidad que nos comprometimos con el pueblo de México. Hay pocas personas justas porque hay pocas personas dispuestas a dar a cada uno lo que le corresponde.
Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con los que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, mediante ello se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea por razón de determinado nivel de tributación entre los distintos estados o a través del gasto social el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado.
En particular, el impuesto sobre la renta es el gravamen con mayor presupuesto de recaudación en México, además de ser considerado como uno de los más justos y equitativos, toda vez que se argumenta que tiene directamente la capacidad contributiva del sujeto y su fuente de riqueza.
En esta tesitura, la equidad en su acepción jurídica interpretada por la Suprema Corte es considerada como la manifestación de lo justo e innato en el hombre y en la colectividad que permita tener en cuenta las diferencias individuales y llega a significar el ideal que el derecho positivo debe poderse realizar.
En este sentido, compañeras legisladoras y legisladores, qué está sucediendo con los pensionados o bien porque ya dedicaron más de 30 años de su vida a la prestación de un servicio personal subordinado, ya sea en el servicio público o en la iniciativa privada, recordemos que son sectores que cada vez van en crecimiento y se han vuelto vulnerables.
Sucede exactamente lo contrario al ideal de principio de equidad tributaria, contrario a lo que la Corte ha señalado hoy a los pensionados, los jubilados, reciben un trato diferenciado, un trato injusto, se les impone una doble tributación, es decir, pagan el impuesto sobre la renta de sus ingresos provenientes de lo ya trabajado y que en su momento también lo gravaron.
Con estas medidas vigentes estamos quebrantando el principio de justicia, pues si se debe gravar en relación a la capacidad económica de la persona, en consecuencia, a los jubilados, pensionados o cualquier otra forma de retiro, no se les debería imponer el ISR. ¿Dónde está siendo equitativo, donde está la congruencia?
De conformidad con los datos señalados en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2017 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2017, cerca del 4.3 de jubilados y pensionados, personas con ingresos de entre 9, 25 salarios mínimos, es decir 162 mil 855 jubilados y familiares estarían exentos del pago de impuestos sobre la renta. Esta población se concentra principalmente en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima y el estado de México, y en el otro extremo se encuentra Tlaxcala, Michoacán, Coahuila y Yucatán.
Por todo lo anteriormente expuesto, sabemos que existen razones de toda índole que justifican el rechazo de este cobro injusto que se les hace a los jubilados y pensionados y por eso mismo es que vengo a presentar esta iniciativa que propone una solución de raíz y plenamente apegada a los criterios de tributación conscientes en la equidad, justicia, proporcionalidad, gradualidad y universalidad corrigiendo la norma y proveyendo, como lo decía José María Morelos y Pavón, a su exacta observancia con moderación y con prudencia.
Compañeras y compañeros diputados, pongo a su consideración reformar las fracciones IV y V del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Con esta propuesta se eliminarán falsas interpretaciones, injustos tributos y regímenes de excepción para un sector que hoy por hoy requiere un acto tan noble como elemental de la justicia.
Desde la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo los conminamos a votar a favor de nuestros padres y nuestros abuelos trabajadores, y con ello recompensar la castigada actividad laboral.
Aprovecho esta honorable tribuna para invitar tanto a hombres y mujeres a que nos sigamos conduciendo por el camino de la inclusión, a que sigamos dignificando el gran papel que desempeñamos todas las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada del planeta.
Siento que la igualdad es un principio de humanidad en el que hombres y mujeres forman parte de un todo y por ello que en el planeta exista conciencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Margarita García García: Estamos dispuestos a convivir en armonía y respeto mutuo –ya termino, presidente–. Creo férreamente y sin dudar en aquella frase de Charles Malik que dice así. La forma más rápida de cambiar la sociedad es movilizar a las mujeres del mundo. Esto lo vamos a lograr todas juntas, las mujeres, dando esa gran lucha que dieron las mujeres que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, por favor.
La diputada Margarita García García: Pero no lo vamos a lograr si aquí mismo cuando hay una invitada nos descalificamos entre mujeres. Vamos a seguir logrando esa lucha...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada, su tiempo está excedido.
La diputada Margarita García García: ... que muchas mujeres dieron con esa congruencia, con ese respeto que nos debemos dar a todas. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal para eliminar el matrimonio infantil.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Gracias. Con su permiso, presidente. Le solicito respetuosamente que en esta participación se tenga también por presentada la iniciativa con el turno 42, promovida también por mi persona, con la finalidad de agotar las dos intervenciones en una sola.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Así se hará, diputada.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Gracias. Dejemos a las niñas ser sólo niñas, no esposas. El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos ligada a la desigualdad y a la pobreza, frena las oportunidades educacionales y laborales de todos los menores, sobre todo de las niñas, quienes por prejuicios y estereotipos de género, son desalentadas a continuar trabajando o estudiando y reciben un trato de persona adulta independientemente de su edad. En otras palabras, se les roba absolutamente su niñez.
Ahora bien, la UNICEF define al matrimonio infantil como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años y no es necesario que ambos contrayentes sean menores de edad, sino sólo uno de ellos.
El matrimonio generalmente se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes, quien carece de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre otros motivos, debido a coacciones o a una intensa presión social y familiar.
Justamente un niño se vuelve vulnerable al encontrarse en una etapa de desarrollo en la que la capacidad de decisión puede verse altamente influenciada por una esfera cultural, familiar o social en la que él se desenvuelve diariamente.
Y acorde a la oficina del alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estos matrimonios pueden convertirse en un matrimonio servil, es decir que previo arreglo entre padre o madre de la niña con el futuro cónyuge, generalmente mayor de edad, la menos queda reducida mediante el matrimonio infantil a la condición de un objeto sobre el que se tiene la propiedad. Además, las pone en la mira para convertirse en víctimas de trata de personas, ya sea con el fin de prostituirles o someterles a la esclavitud.
Entre este tipo de riesgos que puede sufrir una menor de edad, también está el embarazo. La UNICEF ha concluido que las niñas que se casan temprano, además de abandonar sus estudios, pueden embarazarse, lo cual representa una afronta a su salud, pues las muertes maternas relacionadas con el embarazo en adolescente y el parto son un componente importante de la mortalidad en las niñas de 15 a 18 años en todo el mundo.
El embarazo de dichas circunstancias genera un riesgo del 60 por ciento mayor en donde el recién nacido puede morir, y si sobrevive, hay posibilidades de que nazca con bajo peso, desnutrición y un desarrollo cognitivo y físico tardío.
Justamente nuestra Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, previene dicha problemática. Exige la edad de los 18 años para contraer matrimonio, pues se presume que hasta ese momento cualquier persona se ha desarrollado de manera adecuada en el aspecto físico, emocional, sexual, psicosocial y que cuenta con información suficiente para decidir sobre su plan de vida.
Sin embargo, es bien cierto que algunos ordenamientos jurídicos locales obedecen la exigencia de la ley marco al establecer la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años.
Los mismos evaden dicha disposición a través de la incorporación de excepciones que permitan dispensar dicho requisito, posible bajo el argumento de que no existe provisión alguna sobre la posibilidad de crear excepciones a la regla general, causando con ello un riesgo al menor.
Atendiendo a ello, presento ante ustedes dos importantes reformas a nuestra legislación federal y general. La primera, consiste en reformar el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de eliminar toda posibilidad de incorporar normas de carácter general o excepcional en la legislación civil que permita la celebración de matrimonios infantiles.
Y la segunda, la reforma al Código Civil Federal para que dicho orden de gobierno se prohíba en su plenitud la figura de matrimonios infantiles en coherencia con la Ley General citada, pues hoy en día es posible que aquellos se celebren en embarcaciones o en el mismo sentido en nuestras oficinas consulares por el personal adscrito a ellas.
Compañeras y compañeros, coincido plenamente en lo manifestado por la ONU Mujeres y por la Unicef en cuanto a que tenemos un compromiso como país para poner fin al matrimonio infantil, asegurando no solo a las niñas de hoy que serán adultas mañana, asegurándole sus oportunidades para su pleno desarrollo. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: La propuesta de reforma al artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen. Y la propuesta de reforma al Código Civil Federal se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Raymundo García Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Diputada y diputados presentes, a los ciudadanos que hoy nos acompañan y que nos siguen por las diferentes plataformas del Canal del Congreso.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la cuenta pública 2017. Año con año se concluyen obras públicas fuera de los plazos convenidos que rebasan los montos originalmente contratados, con enormes sobrecostos y de calidad cuestionable, por lo que se generan situaciones que impactan negativamente en el mejoramiento social y económico de la población.
Un ejemplo claro es el tren México-Toluca, en el cual la Auditoría detectó un probable daño o perjuicio por 770 millones de pesos en los recursos públicos entregados por esta obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, en el cuarto informe trimestral de finanzas públicas al Congreso, hasta diciembre de 2018 el proyecto muestra un avance del 86 por ciento y con un monto de inversión que ascendería a más de 70 mil millones de pesos y por ahora se prevé que este proyecto se tenía planeado iniciar en 2018, inicie en 2023 con un costo superior, lo que inicialmente fue presupuestado.
Así pues, un año más se expuso la opacidad con lo que se manejaron recursos públicos en diferentes dependencias, entidades federativas y proyectos de infraestructura de índole federal. En este sentido, es preocupante el patrón año con año se repite y que no existan aun planes concretos de la actual administración para corregirlos.
En este recinto hemos discutido, se han aprobado varias reformas, como la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras, con varios argumentos entre los que se encuentran el de sanear las finanzas públicas y recortar gastos superfluos.
En contraste, se ha tomado decisiones sin un sustento técnico firme y convincente, principalmente en el ámbito de las obras públicas y las adquisiciones gubernamentales.
Como es bien sabido, si no se manejan de la manera estrictamente correcta y apegada a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, a lo establecido en el artículo 134 constitucional, pueden tener una incidencia negativa en las finanzas públicas y en el desarrollo económico de una región y del país.
La actual legislatura tiene una tarea pendiente con respecto a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las atribuciones de compras públicas ahora pasaron a manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, solo se trata de un cambio de gestión de recursos, se trata de que todo el procedimiento de compras gubernamentales de un giro en favor de la economía y la planeación nacional.
Obras públicas caras, sin planeación, de mala calidad, llevadas a cabo al margen de la opacidad, con contratos amañados y que en algunos casos fueron desarrolladas con graves problemas de ejecución técnica y materiales de dudosa calidad, llegan a presentar un peligro para los ciudadanos, como fue el caso del Paso Express y para las finanzas públicas del país, han sido un tema recurrente en las primeras planas de los periódicos nacionales a lo largo del sexenio.
Adquisiciones públicas irregulares, caras y poco transparentes, contratos con empresas sin experiencia o cuyo giro y actividades originales difieren de aquellas por las que fueron contratadas Convenios turbios, empresas fantasmas, también se han vuelto hechos habituales en las compras públicas.
Bajo este escenario, el Congreso de la Unión se encuentra en una situación de apremio, en legislar en esta materia pues, como bien lo han documentado, por un lado, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Federal de Competencia Económica y, por otro, las organizaciones de la sociedad civil, la legislación actual en obras públicas y servicios relacionados con las mismas en compras públicas en general.
Presenta grandes y graves deficiencias, misma que permite un marco que deja a un lado lo establecido por la Constitución y posibilita procedimientos proclives a la corrupción, en que la mayoría de los casos son aprovechados para obtener beneficios particulares.
Así pues, esta iniciativa expuesta ante esta honorable asamblea tiene como objeto adicionar una fracción XXX A y XXX B al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso tenga facultades de expedir las leyes generales en materia de obras públicas y servicios relacionados, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Asimismo, en el Grupo Parlamentario del PRD, estamos convencidos de que se deben establecer los lineamientos mínimos en materia de planeación, programación, presupuesto, contratación, fiscalización, auditoría, evaluación y transparencia. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: La igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas. En ocasiones suele pensarse equivocadamente que es un tema solo de mujeres donde la lucha para reivindicación y reconocimiento de los derechos solo les trae beneficio directo a ellas, cuando la realidad es que vivir en una sociedad igualitaria nos beneficia a todos.
En el Partido Verde estamos convencidos que el empoderamiento de niñas y mujeres es una de las maneras más efectivas para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social de un país.
En México se han logrado grandes avances en la materia, prueba de ello es que estamos viviendo la legislatura dela paridad de género. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos que se han realizado por el empoderamiento de las niñas y mujeres, existen disposiciones en nuestro marco jurídico nacional que contravienen expresamente los compromisos internacionales adquiridos en materia de igualdad y la no discriminación.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en todas las tradiciones jurídicas existen leyes que continúan institucionalizando las condiciones de segunda clase para las niñas y mujeres respecto a temas tan importantes como lo son la nacionalidad y la ciudadanía, la salud, la educación, los derechos maritales, los derechos laborales, la patria potestad, los derechos de propiedad y la herencia
Incluso, en diversos países existen leyes vigentes que son expresamente discriminatorias, por ejemplo, algunos limitan el derecho de la mujer a contraer matrimonio, así como el derecho a divorciarse y volverse a casar, lo cual propicia las prácticas maritales discriminatorias, como la obediencia de la mujer y la poligamia.
En pleno 2019 podría parecer casi increíble que México ocupe un lugar dentro de este vergonzoso listado, pero así es, pues tal es el caso del artículo 158 del Código Civil Federal, que señala que una mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz a un hijo, obligación que en ningún momento se le impone al hombre.
En nuestra bancada entendemos que el Código Civil fue estructurado de acuerdo con la época y tiempos que estaban viviendo en el momento de su publicación, pero no por eso debemos ser omisos al hecho de que en la actualidad su redacción deja entrever una profunda desigualdad entre los géneros.
Al permitir que exista esta disposición en nuestro Código Civil, no solo se está tolerando la desigualdad y la discriminación en contra de la mujer, sino que se está atentando contra el derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, el cual comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo.
En este sentido es que presentamos la iniciativa de ley que deroga completamente el artículo 158 de este ordenamiento. Esta iniciativa propone eliminar la prohibición establecida a las mujeres para contraer matrimonio, hasta pasando 300 días de la disolución de uno anterior.
Si bien es facultad de las entidades federativas regular sobre las cuestiones familiares, el Código Civil Federal suple los aspectos no contemplados en dichos ordenamientos, en caso de que se presente alguna controversia.
Aunado a lo anterior, como legisladores debe ser nuestro compromiso buscar la derogación de este y de cualquier otro artículo que sea discriminatorio, ya que la sola existencia de estas disposiciones en las legislaciones vigentes perpetúa estereotipos de género y refuerzan la creencia de la inferioridad de la mujer sobre el hombre.
En el Partido Verde Ecologista de México sabemos que la lucha por la igualdad es una lucha diaria que tiene que ir desde el comportamiento de hombres y mujeres en las calles, pero cuyo ejemplo debe emanar de las leyes. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. El proyecto de iniciativa que el diputado Mario Delgado y yo presentamos el pasado martes recoge una demanda ya añeja en la sociedad mexicana: disminuir el dinero público que se destina a los partidos políticos.
El veredicto de las urnas el primero de julio fue claro. El sistema de partidos fundado en la década de 1990 ha caducado. Como representantes populares, es nuestro deber ser la voz de la sociedad en el Congreso. No podemos aplazar más esta demanda. No podemos ignorar las exigencias de la ciudadanía.
La propuesta que presentamos mantiene los principios que han regido el financiamiento a los partidos políticos en México: garantizar la equidad democrática y prominencia del dinero público sobre el privado para asegurar la independencia de los partidos de grupos, de intereses particulares.
No obstante, lo que sí hace esta iniciativa es reducir la tendencia de los últimos 12 años, en los que se aumentan injustificadamente los recursos a los partidos políticos. La iniciativa mantiene la estructura del régimen de financiamiento que establece el artículo 41 de la Constitución: gastos para campaña, gastos para actividades ordinarias y gastos para actividades específicas.
Nuestra propuesta es reducir el financiamiento para actividades ordinarias. Este es el caso que durante las últimas décadas más han crecido entre 1997 y 2018. Los recursos destinados a las actividades ordinarias se han multiplicado por 10, mientras que la confianza de los mexicanos en los partidos políticos y en la democracia ha caído de una manera estrepitosa.
En nuestra propuesta buscamos reformar el artículo 41 de la Constitución en su inciso a), fracción II, para reducir a la mitad el multiplicador por el que actualmente se determina el dinero público a partidos.
Reducir el multiplicador en contraste por cambiar la base por la que se define el presupuesto permitirá una disminución directa, sin provocar efectos no deseados para la democracia como un aumento en la abstención.
En la iniciativa se reduce el multiplicador de 65 por ciento del valor de la UMA y actualiza a 32.5. Es un cambio pequeño, peor que tiene una gran trascendencia para recuperar la confianza de la sociedad en los partidos.
Esta pequeña modificación hubiera permitido que el dinero a los partidos para actividades ordinarias este año hubiese sido de 2 mil 482 millones, en vez de 4 mil 965 millones.
La aprobación de esta iniciativa es indispensable para actualizar el sistema de partidos mexicano a la nueva realidad política derivada del primero de julio de 2018.
También sería una manera de obligar a los partidos, a sus dirigentes a que volteen de nuevo a ver a la ciudadanía y a la militancia. Si la provisión de recursos por parte del Estado disminuye drásticamente, los partidos tendrán que regresar a su militancia para que los sostengan. Esto podría fomentar una mejor representación. Esta iniciativa es un primer paso para cambiar la realidad política que tanto ansía la sociedad.
Compañeras y compañeros diputados, atendamos a la brevedad esta exigencia de los mexicanos y mexicanas. Asumamos nuestra responsabilidad. Nuestro puesto se lo debemos solamente a los mexicanos y a nadie más.
Ya le hemos dado vuelta al asunto demasiado tiempo, no podemos seguir esperando y esta legislatura tiene que dar el paso. Es hora de recuperar el propósito primero de los partidos, representar a los mexicanos y a las mexicanas en la democracia, el momento es hoy y el momento es ahora. Le pido, presidente, que lo ponga de manera íntegra en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro Viedma Velázquez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul del diputado. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Alejandro Viedma Velázquez (desde la curul): Para preguntarle a la diputada Tatiana Clouthier, si pudiera adherirme a la iniciativa que acaba de presentar.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Seguramente sí, diputado. En este caso el procedimiento es que está abierta la mesa para adhesiones si la proponente está de acuerdo. Adelante, diputada.
La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: Gracias, con su venia presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: Todo a favor de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, desde la ley se han implementado las directrices institucionales que habrán de protegerlos garantizando el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, evitando en todo momento su vulneración.
Es así que en el amplio reconocimiento de sus derechos humanos se ha impuesto al Estado las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar, esto de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.
La Ley General de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes contempla como un hecho de prevención y progresividad los protocolos de actuación. Debemos de saber que en la aplicación de estos su principal objetivo es ofrecer procedimientos estratégicos para atender en los centros educativos todo hecho que afecte la sana convivencia, pero al mismo tiempo se fortalezcan las prácticas de convivencia inclusiva, democrática y pacífica.
También es preservar y lograr espacios educativos armónicos ayudando a la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos.
En atención a esta disposición, la Secretaría de Educación Pública emitió las orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, documento que tiene como fin la metodología e implementación de los protocolos de actuación en las 32 entidades federativas.
Sin embargo, se ha detectado que el conjunto de los centros de atención escolar que tienen que ver con la educación inicial y educación básica en el ámbito público y privado no están realizando acciones de prevención, por lo que las autoridades escolares y los auxiliares de la educación responden de forma mediática conforme van ocurriendo actos que vulneran la integridad de los menores, hecho que los pone frente a una situación de omisión en la aplicación de los protocolos de actuación.
La adición que hoy propongo a la Ley General de Educación resulta adecuada y necesaria para concretar la especial atención en la vigilancia y protección de los derechos de los educandos frente al abuso sexual infantil, el acoso escolar y maltrato para que ante la omisión del desarrollo, cumplimiento y aplicación correcta de los protocolos de actuación sea motivo de infracción para quienes prestan servicios educativos.
Esta propuesta permitirá que las autoridades que están en contacto con los menores de edad conozcan la correcta aplicación y ejecución de los protocolos, por lo que las actuales políticas públicas deben de garantizar un sistema educativo de calidad, equitativo, transparente y democrático que cuente con directrices orientadas a la construcción de condiciones necesarias para un ambiente de formación integral.
Asimismo, esta propuesta fortalecerá las escuelas convirtiéndolas en espacios incluyentes, libres de violencia y seguros para todos. De lo contrario, la omisión en la observancia sobre la aplicación de los protocolos de actuación vulnera en todo momento el derecho de protección de la primera infancia y la educación básica por parte de las autoridades educativas.
Pido su apoyo, compañeros diputados, para que en el impulso de políticas que antepongan el interés superior del menor, no sólo observemos medianamente su aplicación en la existencia de un dictamen favorable a la presente propuesta hará posible que existan resultados que disminuyan los índices de inseguridad que atentan contra la integridad de los menores en México. Es cuanto. Gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gutiérrez Valdez. Esta Presidencia envía un cordial saludo y bienvenida a los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Administración Pública, así como de la Facultad de Derecho, invitados por la diputada Claudia Pérez Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, cualquier economía requiere para su crecimiento del perfecto funcionamiento y armonía de sus sectores y ramas. Lo anterior es especialmente importante si nos referimos a un sector imprescindible como lo es el autotransporte de carga, base y puntal de las economías y de la sociedad en su conjunto.
En nuestro país eso no es excepción. El sector del autotransporte de carga en México es imprescindible. Basta mencionar que el año pasado hubo 25 mil 720 empresas activas de autotransporte de carga tanto general como especializada, representando un crecimiento de este tipo de empresas mayor al 13 por ciento.
Gracias a ello este sector movió en nuestro territorio, poco más de 546 mil toneladas de productos, 2.1 por ciento más que los años anteriores.
Este sector moviliza por nuestro sistema carretero el 82 por ciento de la carga total vía terrestre, además aporta el 5.9 por ciento de nuestro producto interno bruto y el 82 por ciento del PIB del sector transporte, y genera más de 1.8 millones de empleos directos.
No obstante, todo lo anterior, éste valioso sector aún tiene considerables rezagos y pendientes urgentes. Uno de ellos y que ha traído lamentables consecuencias, son los accidentes ocasionados por las unidades de doble remolque, unidades que representan un riesgo a la seguridad. No solo de los operadores o la mercancía que transporta, también para las personas que transitamos por las carreteras.
Riesgos por la peligrosa relación de peso de carga de los dobles remolques y las malas condiciones físico-mecánicas de muchas de las unidades del parque vehicular, que es alarmantemente antiguo.
Según reportes del sector, el 60 por ciento del total del parque vehicular del servicio de autotransporte de carga en el país, es obsoleto, y a pesar de ello, el doble remolque tiene permitido una carga de hasta 80 toneladas, límite muy superior al promedio mundial.
Por ejemplo, en Canadá la carga máxima es de 50 toneladas, en la mayoría de los países de Latinoamérica es de 45 toneladas, e incluso, en algunas partes de Estados Unidos, su circulación está prohibida.
Además, en nuestro país se ha detectado escasa capacitación de los operadores de unidades de dobles articulados, jornadas extenuantes de trabajo, el consumo de sustancias prohibidas durante la conducción y expedición de licencias federales sin cumplimiento de todos los requisitos.
Por eso es que tenemos aparatosos accidentes con lamentables pérdidas de vida. Además, no han funcionado los intentos de regulación de la circulación del doble remolque, como las revisiones de condiciones físico-mecánicas de las unidades, las verificaciones de peso de la carga o la verificación, certificación y emplacamiento del convertidor de arrastre entre remolques, ni la colocación y uso de espejos retrovisores auxiliares o la colocación de sistemas y antibloqueo de frenos, ni el establecimiento de límite máximo de velocidad a 80 kilómetros por hora.
Lo anterior no ha servido para elevar la seguridad en la circulación del doble remolque y evitar accidentes. El sobrepeso y el exceso de dimensiones del doble remolque y su combinación con la antigüedad de las unidades deficientes, condiciones físico-mecánicas, deplorables condiciones de los convertidores y el error humano, siguen causando muertes en nuestras carreteras. No hemos sido capaces de detener los más de 5 mil siniestros anuales en donde el doble remolque es el responsable directo.
Esta realidad nos obliga a reconocer que tenemos que prohibir completamente la circulación del doble remolque en nuestras carreteras.
Debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde en la protección y seguridad de los usuarios del sistema carretero, de los operadores y de sus familias, de las unidades del autotransporte en nuestro país y de la mercancía que diariamente se transporta.
El autotransporte de carga mexicano debe recuperar su seguridad, prestigio y rentabilidad y por ese motivo no podemos ni debemos, como representantes populares, evadir la atención de esta problemática.
En este asunto debemos anteponer la seguridad de todos ante los intereses económicos de algunos. Necesitamos rescatar a nuestro invaluable sector del autotransporte de carga volviéndolo seguro, confiable, eficiente y además altamente rentable para quienes trabajan en él y sus familiares, así como también para la economía en general.
Además, tenemos que atender el compromiso y la deuda moral que se tiene con quienes, de manera triste y lamentable, perdieron a familiares en un accidente provocado por una unidad de autotransporte de carga de doble remolque. Ese es el espíritu de esta iniciativa que presento. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Noroña Quezada. El turno de la iniciativa de adición al artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, es a la Comisión de Educación, para dictamen. En el caso de la iniciativa de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de la Ley Federal de Competencia Económica.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el combate a la corrupción es el principal objetivo de este gobierno y la rendición de cuentas es el antídoto más importante para hacerle frente a la opacidad de los gobernantes.
La transparencia y el acceso a la información son elementos que rebasan la simple apertura de los archivos, y no descansaremos hasta que se vuelva una costumbre que los servidores públicos den cuenta de sus acciones y decisiones.
Se comprometió con la ciudadanía de revisar minuciosamente nuestro marco jurídico y seguir avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas. Bajo este contexto encontramos que en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismos autónomos creados en 2013, existe una valiosa área de oportunidad para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Tomando en cuenta que estos órganos autónomos tienen la alta responsabilidad de garantizar la libre competencia y concurrencia, consideramos inaceptable que los comisionados de dichos órganos deliberen los temas de mayor trascendencia para la nación a puerta cerrada y que incluso hay ocasiones en que apagan los micrófonos ocultando en una desafortunada clandestinidad los criterios y argumentos que darán atención a los problemas más relevantes en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
Por esta razón propongo que se reforme el procedimiento con el que actualmente sesiona el pleno del instituto, y el que corresponde a la Cofece, para que en sus deliberaciones cumplan con los más altos estándares de transparencia.
Si tenemos claro que el acceso a la información pública es un derecho humano, esto solo puede admitir algunas excepciones. Por consiguiente, el valor de la información radica en su contribución para persuadir actos de corrupción, elevar la eficiencia del trabajo del gobierno y someter al escrutinio público cualquier asunto que pueda atentar en contra del bienestar social.
Un ejemplo de que la transparencia sí es posible y además necesaria al interior de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones es el empleado por el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que se encuentra en la misma calidad constitucional de dichos órganos reguladores. El INAI transmite sus sesiones de pleno en vivo, a través de medios electrónicos oficiales y estas quedan resguardadas en un archivo web de su portal, para consulta posteriormente.
Otro vector de observancia es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, aunque es el ente máximo de justicia del Poder Judicial y no un órgano garante de acceso a la información, sus sesiones de pleno no se ven interrumpidas o se deciden arbitrariamente suspender el audio de las sesiones.
A partir de estos dos ejemplos, resulta absolutamente injustificado que los institutos y la Cofece se han privilegiados con un formato que solo genere confianza.
Que quede claro, habrá temas que invariablemente deberán tener un trato especial, por el tipo de información que se maneja, por lo que esta reforma prevé este tipo de casos particulares. Pero en lo que sí vamos a hacer énfasis es en asegurar la transición de estos órganos a un modelo mucho más transparente en la rendición de cuentas, como herramienta poderosa para combatir actos de corrupción o colusión entre agentes económicos y funcionarios públicos.
Bajo esta lógica argumentativa y toda vez que la máxima publicidad es el pilar fundamental, exhortamos a todos los grupos parlamentarios a solidarizarse con el espíritu de este proyecto y a sumarse al gran esfuerzo de amplificar la transparencia en aquellos espacios donde existen velos de incertidumbre.
Por todo lo anterior, propongo que las sesiones de pleno deben ser transmitidas en vivo, que las grabaciones sean de acceso público y con la finalidad de evitar un daño en los intereses legítimos de los agentes económicos, que previamente se supriman datos o información reservada o confidencial.
Esta reforma tiene como fin último empoderar a la ciudadanía otorgándole el derecho de evaluar y juzgar las decisiones que toman los órganos reguladores, lo cual siempre abonará a consolidar el ambiente de certeza y seguridad que requieren los mercados en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Badillo. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen y a la Comisión de Radio y Televisión para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados, la iniciativa que hoy someto a su consideración plantea reformar el artículo 2o. constitucional para establecer que, en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía, se respeten en todo momento los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se respeten en todo momento los derechos, sin menoscabo de los derechos de los pueblos originarios consagrados en la Constitución.
La presente iniciativa propone una modificación para garantizar que en todo momento prevalezca el interés superior de la niñez. Se propone establecer condiciones legislativas para evitar que se contrapongan derechos fundamentales de dos grupos poblacionales como son los pueblos indígenas y los niños. Dos sectores que exigen y requieren respeto y apoyo para ejercer plenamente esos derechos.
En efecto, en diversos ámbitos el ejercicio de estos derechos puede llegar a presentar situaciones de contradicción, algunos derechos de los pueblos indígenas relativos a sus formas de organización interna conllevan el riesgo de afectar derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Me refiero al derecho de los pueblos indígenas a conservar y practicar sus propias formas de organización social, así como su derecho a definir y ejercer sus sistemas normativos internos, los cuales tienen la función tanto de solucionar conflictos como de normar las conductas y las costumbres emanadas de las culturas ancestrales de los pueblos y comunidades.
En la presente iniciativa no se pretende limitar, ni mucho menos, estos derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, es importante establecer salvaguardas para que no incurran en afectaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.
Al respeto menciono dos temas: el primer tema es el matrimonio infantil y las uniones tempranas. A nivel nacional, a finales del año 2018, prácticamente todos los estados de la República habían establecido la prohibición expresa del matrimonio infantil. Sin embargo, el problema no se agota en la prohibición del matrimonio infantil formal, sino que está presente también en la práctica de las uniones tempranas que consisten en la unión, concubinato o diversas formas de pareja, donde los protagonistas son niños, niñas y adolescentes.
En diversas regiones y sectores de la población, como entre los pueblos indígenas, las uniones tempranas tienen una aceptación social y cultural importante, razón por la cual se siguen practicando, a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido.
Debo precisar que la práctica de las uniones tempranas no es generalizada entre los 68 pueblos originarios de México ni son prácticas exclusivas de los pueblos indígenas, porque igualmente se practican en la sociedad en general.
El segundo tema es el del trabajo infantil, fenómeno que ocurre a nivel nacional, no solo entre los pueblos indígenas. Sin embargo, estos conservan formas ancestrales de organización social, cultural y económica que incluyen diversas modalidades de trabajo comunitario donde participan niños, niñas y adolescentes.
Por ello, es preciso establecer disposiciones legales para que las prácticas que legitiman el trabajo infantil comunitario nunca afecten los derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación, a la salud, a la alimentación ni impidan el libre desarrollo de su personalidad.
Por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar la fracción II del Apartado A del artículo 2o. constitucional, para establecer que en la aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos deben sujetarse a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, y de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y el libre desarrollo de su personalidad.
Como podemos ver, en este artículo ya existe una salvaguarda para que en el ejercicio de sus derechos colectivos los pueblos indígenas respeten la dignidad e integridad de las mujeres indígenas. Con la presente iniciativa se plantea establecer que también se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Compañeras y compañeros diputados, represento al estado de Chiapas, donde contamos con una amplia y diversa población indígena...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: Termino, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante.
La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: ...que en las últimas décadas han luchado incluso con las armas en la mano para que se reconozcan sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo, lamentablemente, en Chiapas también se presenta una situación de marginación y pobreza que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos difícilmente son ejercidos a cabalidad.
Con la presente iniciativa avanzaremos en la armonización legislativa entre lo dispuesto por los artículos 2o. y 4o. de la Constitución, para garantizar el ejercicio armónico, progresivo y digno de los derechos de nuestros pueblos originarios y nuestros niños, enalteciendo a México como nación pluricultural, solidaria y sin discriminación.
Solicito respetuosamente a la Presidencia se turne para opinión a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Martínez Aguilar. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y, obsequiando la solicitud de la promovente, a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario del Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Rubén Cayetano García: Diputada presidenta Dulce María Sauri, con su venia. Diputadas y diputados, hago uso de la voz para presentar una iniciativa que frene el anatocismo en perjuicio de los trabajadores del Estado.
Como bien se sabe, una de las finalidades de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en particular del ahorro para el fondo de la vivienda, es obtener por parte de los trabajadores créditos baratos y suficientes.
El ISSSTE a través del fondo de la vivienda, contribuye a resolver el problema social de una vivienda digna para los trabajadores. Los recursos que aportan los trabajadores al fondo de la vivienda son para el Fovissste, para que el Fovissste los administre de manera eficiente y transparente para alcanzar el fin social que se persigue.
El esquema de financiamiento del Fovissste actualmente es desventajoso y prácticamente un crédito de usura, con muy altos intereses, con reglas crueles como es la actualización anual al crédito con base a veces salario mínimo, VSM y/o unidad de medida y actualización, UMA, y a los intereses de saldos insolutos, así como cobro de intereses sobre intereses por pagos no realizados o vencidos.
Como dato, en el presente año 2019 en términos generales cualquier deuda de crédito hipotecario en el Fovissste aumentó con la actualización en base a la UMA de 22 mil pesos a 35 mil pesos, los trabajadores al servicio del Estado desconocen las formas en que se aplican y administran los créditos hipotecarios para vivienda y cómo adquieren su crédito, pensando que era un crédito social y de bajo costo, pero se ha encontrado que no es barato, que no ayuda al trabajador porque termina pagando lo triple de su deuda original adquirida durante los 30 años que tiene que pagar y la mayor parte de sus pagos se van a intereses y la deuda queda sin avances de pago significativos, por lo cual se vuelve impagable.
El Fovissste no puede manejarse como una sociedad mercantil que lucre con el cobro desmedido de intereses, pues el fin con el que fue creado no tiene nada que ver con la obtención de ganancias, su objeto es predominantemente social.
Los créditos que otorgan las empresas privadas son un préstamo en dinero, de hecho, la mercancía de ese negocio es el propio dinero, donde la persona se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas ara el propio préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.
Son empresas que persiguen una ganancia sin otorgar estos financiamientos, pero en el caso del Fovissste no debería existir un cobro de intereses porque es un órgano del Estado que otorga créditos a los trabajadores, porque no debe perseguir un fin de lucro.
Los trabajadores derechohabientes al ISSSTE del estado de Guerrero, por ejemplo, se han visto en la necesidad de conocer la situación financiera de sus créditos hipotecarios detectando irregularidades en los estados de cuenta respectivos y del procedimiento para adquirir el crédito.
Lo que establece el artículo 185 de la Ley del ISSSTE, cuya reforma vengo a plantear, en la actualidad es lo que al crédito hipotecario lo hace impagable, porque si un trabajador adquiere un crédito por 500 mil pesos, al año siguiente y cada primero de enero le hacen la actualización y le aumentan 22 mil pesos más a la deuda y le cobran los intereses por esa cantidad de 522 mil pesos y así cada año que dure su crédito, lo que constituye un anatocismo.
Como se puede ver meridianamente en el artículo 185 de la Ley del ISSSTE, contempla un doble cobro de interés, es decir los establecidos por el préstamo recibido que no será menor al cuatro por ciento, y un segundo cobro de intereses por el aumento anual de los salarios mínimos.
Es por las razones antes expuestas que considero esta reforma de suma importancia y por ello someto a consideración de esta Cámara la modificación y adición a los artículos 169, 180, 183 y 185 de la Ley del ISSSTE para liberar a los trabajadores del peso arbitrario del pago de deudas indefinidas e impagables. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 212 de la Ley General de Salud.
La diputada Carmen Mora García: Con su venia, diputada presidenta. Estimados compañeros legisladores, presento ante ustedes una iniciativa que tiene por objeto reforzar lo relativo a la alimentación saludable y la actividad física.
Apostar porque las autoridades sanitarias, educativas y laborales apoyen y fomenten estas acciones como elementos claves para el combate a la obesidad y al sobrepeso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define al sobrepeso y obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa.
Asimismo, desde la perspectiva biomédica se considera al sobrepeso y obesidad como una enfermedad que afecta a todos los grupos de edad, de distintas etnias y de todas clases sociales. En la actualidad el sobrepeso y la obesidad son un gran problema de salud pública en nuestro país, además de que impacta en todos los ámbitos de las vidas de quienes la padecen.
De conformidad con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal, siete de cada diez mexicanos adultos sufren de este problema. De ahí que nuestro país actualmente vive una epidemia de obesidad y de sobrepeso, padecimientos que son los principales detonantes de otras enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño y cáncer, sólo por citar algunas.
Además de que la obesidad también es causa de estigma social. Además de los efectos adversos que provocan estas enfermedades, también elevan costos económicos para el Sector Salud, pues la propia secretaría estima que el costo total por atención a la obesidad en el ejercicio 2017, fue de 240 mil millones de pesos, cantidad que seguirá en aumento hasta alcanzar los 272 mil millones proyectados para el año 2023.
Ahora bien, el término de epidemia ya se utiliza puesto que, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, esta se presenta cuando una enfermedad ataca a numerosas personas durante un mismo periodo de tiempo, situación que acontece en nuestro país, y afecta a 24 millones de mexicanos que sufren obesidad.
De acuerdo con la misma Organización Mundial de la Salud, para el año 2018 nuestro país ocupaba el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, lo que resulta alarmante, pues tres de cada 10 menores y cuatro de cada adolescente padecen esta enfermedad.
Asimismo, la falta de consumo de frutas y verduras se debe a que en las zonas rurales de nuestro país existe un desabasto; sin embargo, sí se encuentran disponibles alimentos con alto contenido en grasas y azucares.
En relación a lo anterior y con el reporte, Impacto Económico del Sobrepeso y la Obesidad en México, 1999-2023, en el ejercicio fiscal 2017, 201 mil 549 mexicanos murieron por enfermedades originadas por el sobrepeso y la obesidad.
Sabemos que la tarea para el combate a la obesidad y al sobrepeso no es una tarea sencilla, sin embargo, debemos emprender todo lo necesario para atacar esta epidemia.
Amigas y amigos legisladores, hagamos conciencia, el excesivo consumo de alimentos altos en azucares y grasas y la ingesta de bebidas azucaradas, así como la falta de acceso a las frutas y verduras, además de la carencia de información confiable y clara sobre nutrición, son factores primordiales para el exceso de peso en nuestra población.
Por estas razones se considera que el estudio en los hábitos de alimentación, merecen atención al problema de dichas enfermedades.
Ahora bien, la falta de actividad física contribuye en gran medida a padecer sobrepeso y obesidad. Actualmente esta actividad se ha visto reemplazada por acciones que implican el sedentarismo.
Por ello, es necesario reglamentar el hecho de que tanto en las aulas como en los centros de trabajo se lleven a cabo programas de ejercicio físico para el combate a la obesidad y al sobrepeso, lo que ligado a una alimentación saludable es un tratamiento ideal y efectivo contra tales enfermedades. Derivado de lo anterior, resultad de imperiosa necesidad reglamentar en la Ley General de Salud...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera, su tiempo se ha agotado.
La diputada Carmen Mora García: Un momento, presidenta. Que los etiquetados de alimentos señalen de forma directa, sencilla y visible, real el contenido de azucares añadidos, así como de sodio y grasas transgénicas, con la finalidad de que las personas que los adquieran estén conscientes de lo que consumirán, hechos que ayudarán en la toma de decisiones saludables y a su protección frente a la publicidad engañosa.
Esperando contar con su apoyo para tomar acciones que combatan este gran problema, les agradezco mucho su atención. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Mora García. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de los siguientes asuntos
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario de Morena, el 28 de febrero de 2019. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, para dictamen.
2. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a ejecutar acciones que garanticen la conservación del medio ambiente y el cumplimiento de la normatividad aplicable en el desarrollo del proyecto del Tren Maya, presentada por la diputada Julieta Macías Rábago, y suscrita por la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 21 de febrero de 2019. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Frontera Sur, para opinión.
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2019. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos de los asuntos mencionados. Actualícense los registros parlamentarios.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de marzo de 2019, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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