Intervención en lengua originaria de la ciudadana Delfina Albáñez Arballo
Minuto de silencio por el fallecimiento de la exatleta Enriqueta Basilio
Comunicaciones
De diputadas y de diputados, de la Cámara de Senadores, y de diversas autoridades, con su turno
Dictámenes a discusión
Declaratoria de publicidad de dictamen
Posicionamientos
Raymundo García Gutiérrez, PRD
Lilia Villafuerte Zavala, PVEM
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, PES
Martha Angélica Zamudio Macias, PMC
Evaristo Lenin Pérez Rivera, PAN
Votación del artículo 8 en términos del dictamen
Posicionamientos
Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES
Adriana Gabriela Medina Ortiz, PMC
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Morena
Votación en lo general y lo particular
Por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población, fundamentación
Julieta Kristal Vences Valencia, promovente
Votación en lo general y lo particular
Janet Melanie Murillo Chávez, promovente
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional, fundamentación
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, promovente
Votación en lo general y lo particular
María Roselia Jiménez Pérez e Irma Juan Carlos, promoventes
Votación en lo general y lo particular
Olga Patricia Sosa Ruíz y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, promoventes
Votación en lo general y lo particular
Ernesto Vargas Contreras, promovente
Votación en lo general y lo particular
David Bautista Rivera, promovente
Votación en lo general y lo particular
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Relativo a los hechos en Santiago de Compostela, Nayarit
Intervenciones de diputadas y de diputados sobre diversos temas
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento, el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 320 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (11:27 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En el marco de la celebración del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la ciudadana Delfina Albáñez Arballo, originaria de la comunidad indígena de Santa Catarina, municipio de Ensenada, Baja California. Es gestora comunitaria, cantante, artesana y maestra de la lengua paipai.
Es hija del último jefe tradicional de los paipai. Principalmente trabaja con niños y jóvenes para difundir su cultura, la historia de su pueblo y su lengua. Tiene usted el uso de la palabra.
La ciudadana Delfina Albáñez Arballo: (Habla en lengua originaria) Empezaré por contarles un poco de mi comunidad, la cual tiene un poco más de 500 años.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame un momento, por favor. Suplico a los representantes de los medios de comunicación que están en el pasillo central que puedan pasar al espacio que se ha designado para ello, a fin de poder escuchar a nuestra invitada y oradora del día de hoy. Adelante.
La ciudadana Delfina Albáñez Arballo: Provengo del pueblo indígena paipai, ubicado en el estado de Baja California, municipio de Ensenada.
Ahí habitamos alrededor de 900 personas, entre personas mayores, adultos, jóvenes y niños. Mi comunidad, como todas las comunidades indígenas, vive marginada, le hacen falta médicos, agua potable, fuentes de trabajo y acceso a proyectos productivos del gobierno, que la mayoría de las veces es una batalla aplicarlos, porque piden tanto papeleo o las convocatorias llegan cuando faltan 2 o 3 días para cerrar.
Hemos sobrevivido gracias a nuestros viejos, quienes nos han enseñado a trabajar en estas duras tierras. Todo ha pasado de generación en generación, desde las tradiciones, la medicina, la lengua, la cultura y los cantos para alegrar el alma y despedir a los que se marchan para nunca regresar.
La pérdida de nuestra lengua sucede por miles de razones. Ante la falta de oportunidades los jóvenes se marchan a buscar nuevas oportunidades, y su peregrinar comienza con 100 o 200 kilómetros. Al establecerse, su mimetización con los pueblos blancos sucede dejando de hablar y se adecúan a los estándares del pueblo.
La mayoría logran el sueño de ser profesionales y tienen que quedarse donde puedan ejercer su profesión. Muchos regresan de visita, cuando sucede un funeral o alguna reunión que atender. Siempre son bienvenidos, mientras que aquí nos quedamos quienes somos responsables de cuidar nuestra bella tierra, que miabkiak nos dio.
Nuestra comunidad ha sido relegada del desarrollo y de las oportunidades de crear fuentes generadoras de economía hasta esta fecha. Hoy vemos con optimismo la posibilidad de crear una fuente real de desarrollo económico, ya que contamos con un contrato signado entre la comunidad y la empresa Siemens Gamesa, para construir un parque de generación de energía eólica en nuestras tierras, labor que, sin duda alguna, nos dará oportunidad de contar con una actividad que dará sustento a nuestras familias.
Con esto se estima una inversión millonaria, sin embargo, nuestro proyecto está limitado a que la institución correspondiente lleve a cabo la obra.
Con la finalidad de poder llevar a cabo nuestro proyecto, se hace de fundamental hincapié en esta obra de infraestructura y espero que nuestra petición sea atendida con la medida de apremio que se requiere.
Nuestros antepasados, mi abuelo y tíos, tuvieron que luchar. Fue en el año de 1972 que se logró tener un papel que amparara y protegiera las tierras. Hoy estamos en 2019 y tenemos graves problemas, como invasión de tierras y sitios sagrados. Y es que el hombre blanco, entre más tiene, más quiere poseer.
Es una lucha de años, no es de ayer. Necesitamos fuentes de trabajo. Somos descendencia de los primeros pobladores, no acceder a lo más elemental es una falta de compromiso de gobiernos que van y vienen, y nosotros seguimos igual. Pero, a pesar de esto, somos trabajadores.
Los hombres, en su mayoría, son jornaleros, vaqueros y empleados. Las mujeres, fuertes guerreras que despliegan sus conocimientos en piezas artesanales únicas. Con sus manos y el corazón tejen el pino, la palma y el barro para vender cuando alguien visita a nuestra comunidad, ya que carecemos de lugares especiales en los cuales distribuir nuestro trabajo.
Han pasado muchas generaciones en lucha, observando y escuchando las promesas de gobiernos que van y vienen y que siguen sin cumplir. A pesar de que mi pueblo está declarado como en peligro de extinción, sé que hay un nuevo mañana y que de ahí resurgirán nuestros clanes y volveremos a ser como siempre: gente viva, gente inteligente. O jaspuy paim pa ipai. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia de la ciudadana Delfina Albáñez Arballo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Honorable asamblea, el pasado 26 de octubre falleció la exatleta Enriqueta Basilio, quien fuera campeona nacional de atletismo y llegó a ser considerada como la mejor atleta femenina de su época. Fue la primera mujer en encender un pebetero en los Juegos Olímpicos y, aunado a esos logros, también fue diputada federal en la LVIII Legislatura.
Esta Presidencia, en representación de la asamblea, honra su trayectoria y la reconocemos otorgando un minuto de silencio en su memoria. Si se ponen de pie, por favor.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las comunicaciones de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de los diputados Julieta Macías Rábago, Mariana Dunyaska García Rojas, Nohemí Alemán Hernández, Alejandro Carvajal Hidalgo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Marco Antonio Carbajal Miranda, Martha Elisa González Estrada y Ruth Salinas Reyes, solicitudes de retiro de iniciativas y proposición, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, por el que solicita el retiro de la proposición que remitió a esta soberanía, con relación al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2019, de los programas sujetos a reglas de operación S y otros subsidios U, a cargo dela Secretaría de Economía y su sector coordinado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Tercer informe trimestral 2019 de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del primero de julio al 30 de septiembre de 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Cámara de Senadores, proposición con punto de acuerdo por el que solicita que en el marco de la discusión del Paquete Económico 2020, no se apruebe la imposición del IVA a alimentos y medicinas que propone el FMI, presentada por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibieron de la Cámara de Senadores, trece proposiciones con punto de acuerdo, por las que solicitan a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Secretaría de Salud la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto, el reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al periodo enero-septiembre de 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Informe anual de actividades y el Ejercicio presupuestal 2018.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se recibió de la Secretaría de Educación Pública la información trimestral de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, correspondiente al tercer trimestre de 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública. y de Educación, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: La Cámara de Senadores remite las siguientes iniciativas:
Dos del senador Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario de Morena. La primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2o, fracción I, inciso a), numeral 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: La Cámara de Senadores remite dos iniciativas del senador Juan Manuel Fócil Pérez. La primera, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 113-A, 113-B y 113-C a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
Se recibió solicitud de licencia del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo por el sexto distrito electoral del estado el Baja California, a partir del 30 de octubre de presente año.
Segundo. Llámese al suplente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada. Comuníquese.
Hago del conocimiento de la asamblea que el viernes 25 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores devolvió en términos de la fracción E del artículo 72 constitucional, tres minutas que integran el paquete económico para el año 2020, que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria y se turnaron de inmediato a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Pido a la Secretaría dar cuenta de ellas.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: La Cámara de Senadores devolvió para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, las siguientes minutas.
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
3. Con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría. Pido a la secretaria dar cuenta con la Declaratoria de Publicidad de varios dictámenes.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
2. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población.
3. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal.
4. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional.
5. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año, como Día Nacional de la Mujer Indígena.
6. De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo en materia de turismo médico.
7. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
8. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de abigeato.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
En virtud de que se cumplió con el requisito de la Declaratoria de Publicidad de los dictámenes, consulte la Secretaría en votación económica, si se autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta si se autoriza que los dictámenes se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Isaías González Cuevas para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
El diputado Isaías González Cuevas: Con el permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social vengo a presentar a ustedes el dictamen a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación y Registro Laboral. A este Centro de Conciliación y Registro Laboral le preceden dos reformas sustanciales que le dan fundamento.
La primera es la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, por la que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 constitucional.
La segunda reforma que le da sustento al dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea –es la que nos toca debatir y aprobar a nosotros– y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo pasado, decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva y el cual estableció, de manera clara, los procedimientos para garantizar la libertad, la democracia sindical, así como la conciliación prejudicial en el ámbito laboral.
Como se puede observar, es un instrumento que contará con las facultades necesarias para conciliar los conflictos individuales y colectivos laborales. Aquí este centro va a jugar un papel importante en la vida laboral para evitar que los conflictos se vayan a los juzgados, a los tribunales de trabajo.
Este centro contará con gente especializada para conciliar todos los conflictos, y de esa manera las trabajadoras y los trabajadores van a resolver los problemas que se presenten en la vida laboral.
Es algo nuevo, importante y que se va a evitar lo que hoy se vive todavía en las juntas locales y federales de Conciliación y Arbitraje y que por eso tenemos un rezago de conflictos porque no hay un sistema moderno de resolver los conflictos laborales como lo va a ser el Centro de Registro Laboral que hoy estamos presentando.
Asimismo, este centro tiene la responsabilidad de recibir todos los contratos colectivos de trabajo, así como los reglamentos que existen en nuestro país y que tienen que estar todos con la aprobación de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.
De igual manera, este órgano de conciliación y registro laboral tiene la encomienda de auxiliar a los trabajadores en el proceso de elección de la mesa directiva, de todas las mesas directivas sindicales y que esta elección será en forma democrática a través de voto secreto y directo, y que la autoridad verificará que esto se lleve a cabo para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Así que hoy las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país tienen el poder de decidir libremente a la mesa directiva que mejor les convenga y que ese poder les va a dar lo que ellos siempre han demandado. La justicia laboral, mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores contratos colectivos de trabajo.
¿Por qué? Porque la mesa directiva que quiera o aspire a representar a un grupo de trabajadores, tiene que cumplir con las aspiraciones y la demanda de las trabajadoras y los trabajadores que lo están proponiendo para que compitan en una elección y ahí esta elección, repito, tiene que ser de acuerdo a los artículos 271 y 371 Bis que establecen claramente cómo debe llevarse a cabo la elección de las organizaciones sindicales, que tiene que ser a través del voto libre, secreto y directo.
Por lo consiguiente también hay un procedimiento importante en favor de las trabajadoras y los trabajadores que es la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Y el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo establece que para la revisión de los contratos colectivos de trabajo la mesa directiva tiene que convocar a las trabajadoras y los trabajadores para que hagan la comisión revisora de los contratos colectivos de trabajo y también para que propongan su punto de vista para hacer el pliego petitorio y hacérselo llegar a la empresa correspondiente.
Pero también estar atento en la negociación que se lleva a cabo con el representante del patrón o los patrones o con el representante del patrón.
Posteriormente después de la negociación se dará a conocer los resultados de la negociación de la revisión del contrato colectivo de trabajo, y también esta consulta será a través de voto secreto y directo, y los trabajadores dirán si están de acuerdo con el resultado de la revisión contractual o si no lo están, entonces volverán a la negociación con la empresa o con su representante.
Así que este artículo 390 Ter es muy importante porque ahí también le da poder a las trabajadoras y a los trabajadores de participar directamente, activamente en la revisión del contrato colectivo de trabajo.
Ya no será solamente el comité ejecutivo o los comisionados que hagan esta tarea, sino que son al final de cuentas las trabajadoras y los trabajadores que definirán si están de acuerdo con el resultado de la revisión de los contratos colectivos de trabajo.
Así que es algo que estamos nosotros muy de acuerdo con esto que está establecido y que va a ser parte del trabajo del Centro de Conciliación y Registro Laboral.
Por otro lado, también hoy tenemos que legitimar los contratos colectivos de trabajo, todos los contratos colectivos de trabajo. También se están haciendo de acuerdo a una norma que establece el protocolo que envió la Secretaría de Trabajo para legitimar los contratos colectivos de trabajo.
En este protocolo la Secretaría de Trabajo nos proporciona a las organizaciones sindicales un formato de la convocatoria para celebrar esta votación de los contratos colectivos de trabajo, pero también nos da el formato de la boleta, de lo que contiene la boleta en donde van a emitir su voto las trabajadoras y los trabajadores.
La boleta dice: “¿Estás de acuerdo con el contenido de tu contrato colectivo de trabajo?” Ya el trabajador dirá sí o no. Así que también todos los contratos, aparte de revisarlos anualmente en salario y cada dos años en forma general, salarios y prestaciones, se tienen que legitimar.
Esto estará también en el artículo 390 Ter y en el Apartado 23 del T-Mec. Por lo tanto, es algo que tenemos que llevar a cabo, lo estamos haciendo ya y con resultados en donde las trabajadoras y los trabajadores practican la democracia, emiten su voto y el contrato que tiene la mayoría de la aprobación de los trabajadores se lleva al Centro de Conciliación y Registro Laboral, y en algunos días está el certificado de validez del contrato colectivo de trabajo.
Pero en el caso contrario, de que esta votación salga contraria, que no están de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, el sindicato que administre ese contrato lo pierde y ahí las compañeras y compañeros tendrán que definir qué es lo que van a hacer.
Pueden hacer otro sindicato, pueden irse a otra organización sindical. La libertad sindical ahí también va a jugar un papel importante en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, les pido el apoyo para esta Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va en favor de las y los trabajadores de México. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Se encuentran en esta Cámara ciudadanos que nos visitan del estado de Tamaulipas, invitados por el diputado Erasmo González Robledo, a quienes les mandamos un saludo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Enseguida se otorgará la palabra para la fijación de posturas a los grupos parlamentarios, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Desde su fundación el Partido de la Revolución Democrática acompañó diversas propuestas para acabar con la intervención discrecional del Estado en la vida interna de los sindicatos.
Establecer un marco institucional que permita el funcionamiento de organizaciones sindicales autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real en el ámbito productivo.
En esta visión, las fuerzas democráticas propusimos reconstruir un modelo laboral que hiciera posible la inserción de nuestro sistema productivo y comercial en el mundo globalizado, generando empleos suficientes, estables y bien remunerados, al tiempo que permitiría democratizar el mundo del trabajo y reformar sus instituciones.
Fue hasta el 2017 en que se reformó la Constitución para suprimir las juntas de conciliación y arbitraje y sustituirlas por tribunales laborales, a cargo del Poder Judicial y por un órgano desconcentrado que lleve a cabo la conciliación laboral y el registro de sindicatos y contratos colectivos.
Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, se sustituyeron las juntas, federal y locales, de conciliación y arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales. Con eso los ejecutivos, tanto el federal como estatales y de la Ciudad de México perdieron el poder del control corporativo sobre la justicia laboral.
En el caso del organismo descentralizado de carácter federal y autónomo, se estableció que será el único encargado de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos, sustituyendo en esas funciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta de Coordinación Política Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las juntas locales de conciliación y arbitraje, desmantelando una de las bases más sólidas del control corporativo, construida a costa de la libertad sindical y de la autenticidad de la institución, de la contratación colectiva.
Este organismo autónomo, descentralizado, de carácter federal, tendrá como tarea adicional la conciliación cuando se trate de juicio de materia federal. En materia local la conciliación será competencia de órganos descentralizados que se crearán en cada entidad federativa, aunque la reforma constitucional estableció un término de un año para expedir la legislación reglamentaria, esto solo se logró hasta el primero de mayo de 2019.
Cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y diversas leyes en materia de justicia laboral.
Los transitorios de este último decreto fijaron como plazo para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un término de 180 días, mismo que vence en este mes de octubre.
El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene como propósito cumplir con este mandato, constituye un paso más en la construcción del nuevo modelo de justicia laboral y de democratización del monto de trabajo, para el que aún quedan muchas tareas por realizar.
Honorable asamblea, en nuestro país la presencia del estado de la configuración de los derechos y las instituciones de trabajo han tenido un peso determinante, lo que llevó a construir un modelo sindical corporativo, sin autonomía ni libertad ni democracia sindical, esto limitó la capacidad de acción y movilización de los trabajadores y sus organizaciones, volviendo a los sindicatos un sector vulnerable, con una capacidad limitada para encarar las reformas neoliberales.
Las privatizaciones, el desmantelamiento de las instituciones de seguridad social, la caída salarial, la precarización del empleo y la mutilación de los contratos colectivos que consagraban sus derechos y conquistas. No obstante, prevalecieron sindicatos independientes y fuerzas sindicales que mantuvieron sus propuestas de democratización del mundo del trabajo y la defensa del empleo.
El salario, el bienestar y la salud de los trabajadores encontraron en el PRD una vía de expresión e incluso de materialización de sus demandas en términos legislativos. El PRD continuará apoyando en dar viabilidad al establecimiento de un marco que permite el libre ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia sindical, y una contratación colectiva auténtica para que los sindicatos sean instituciones que, efectivamente, pugnen por el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos laborales.
Votaremos a favor, no obstante, consideramos un contrasentido establecer un régimen laboral de excepción para los trabajadores de este organismo, que garantiza el ejercicio de la democracia sindical, así que reservaremos esa disposición. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Compañeras diputadas y diputados, el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración es una muestra de que nuestro país responde a importantes compromisos pendientes de la agenda nacional, y de igual manera atiende obligaciones adquiridas internacionalmente.
Lo anterior implica una gran tarea, pues da cumplimiento al mandato contenido en el artículo Segundo transitorio del decreto por el que se modificaron diversos ordenamientos jurídicos, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado el pasado 2 de mayo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, da cumplimiento a los compromisos internacionales a que nuestro país se obligó y que consta en el Capítulo 23 y su anexo 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, el cual fue publicado el pasado 29 de julio del 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Cumplir el mandato constitucional referido significa materializar una instancia autónoma, a través de la cual los trabajadores y empleadores podrán dirimir sus diferencias sin acudir a juicio, garantizando los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, fortaleciendo la cultura de la paz por encima de la contienda.
Para lograr lo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, así como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante opinión de impacto presupuestario respecto de la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, indicaron que implicará una erogación de 140.3 millones de pesos.
Estos documentos también contienen la proyección financiera de los costos de implementación del organismo, misma que habrá de considerarse para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, que en meses posteriores habremos de discutir.
Por otro lado, coincidimos con la comisión dictaminadora en dos temas: que el candidato a directora o director general de centro, además de los requerimientos de ley, deba de acreditar ser licenciado en derecho, ya que interactuará de manera permanente y continua con el procedimiento ante los tribunales laborales del Poder Judicial, por lo que respaldamos que esa es la profesión y el perfil idóneo de la persona que deba encabezar y representar a dicho organismo público descentralizado.
En lo que respecta a los actos de dominio, se requiere como requisito previo que dichas facultades sean autorizadas previamente por la Junta de Gobierno del Centro, lo anterior para que esté en armonía con el artículo 58, fracción V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y dotar así de seguridad jurídica su actuación sobre los actos de dominio.
En el Partido Verde estamos convencidos que la creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral contribuirá a agilizar de manera sustancial el trámite de las controversias en materia laboral. Celebramos que el país avance en el cumplimiento con compromisos internacionales ya que nos permitirá fortalecer lazos con nuestros socios comerciales más importantes.
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de mi grupo parlamentario votaremos a favor de presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Manuel Baldenebro Arredondo, del Partido Encuentro Social.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: Gracias. Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, adelante.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: La impartición de justicia en materia laboral ha sido una gran preocupación para empresarios, gobierno y trabajadores, quien han demandado soluciones que contribuyan a cumplir los objetivos de lograr un México con mejores expectativas laborales y competitivas a nivel mundial, así como de dotar de más instrumentos de supervisión a las autoridades para las soluciones.
La reforma laboral constitucional del 24 de febrero del 2017 y de la Ley Federal de Trabajo y otras leyes, el primero de mayo del 2019, establecieron el reto de regresar al Estado la capacidad de proteger a los trabajadores y crear un círculo virtuoso entre los actores y factores de la producción.
Para ello, ha sido necesario establecer mecanismos eficientes que diriman las controversias en esta materia. Durante la presente legislatura nos comprometimos a enfrentar el reto de responder a la actualización y modernizaciones necesarias a través de las modificaciones legislativas que necesita México.
Ahora seguimos trabajando para cumplir con los plazos transitorios establecidos en la reforma a la justicia laboral. Comprendemos que las modificaciones laborales siempre han sido controvertidas, pero necesaria la transformación de acuerdo con las condiciones prevalecientes, sin que tenga que haber necesariamente ganadores o perdedores.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenemos claro que el empleo es una de las herramientas principales y más sanas con las que cuenta una sociedad para impulsar la distribución equitativa de la riqueza nacional, además de atenuar las diferencias sociales en beneficio de todos los habitantes de una nación.
Para ello, no solamente apoyamos este dictamen, sino que continuaremos impulsando la implementación y aplicación de marcos normativos laborales que regulen más eficientemente las relaciones entre trabajo y capital.
Con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, estamos dando un gran salto en la impartición de justicia en materia laboral al transferir la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales del Poder Judicial, previa instancia de conciliación prejudicial y en las fusiones registrales que deberán de realizarse en este Centro.
Con la expedición de la Ley Orgánica que normará dicho Centro, se avance hacia la transformación de un proceso que garantiza los derechos de audiencia y de seguridad jurídica de los trabajadores ante un conflicto laboral, así como el ejercicio pleno de los derechos colectivos y los registros de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores.
Ahora, estamos dando respuesta a una de las demandas de la sociedad, de acceder a una justicia rápida, expedita, transparente, objetiva, imparcial, eficiente, efectiva y apegada a la ley, lo que implica la creación de instituciones responsables y comprometidas a las cuales debemos dar viabilidad para su éxito en su implementación.
¿Por qué debemos tener en cuenta que este Centro auxiliará a las organizaciones sindicales? A los trabajadores en los procedimientos democráticos de elección de sus directivas, en la celebración, revisión, renovación de contratos y recuentos por la titularidad de los mismos; asimismo, emitirá las constancias de representatividad y procedimientos de verificación. Todo ello, como consecuencia del pleno ejercicio del derecho de los trabajadores a ejercer su voto personal, libre, directo y secreto.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenemos la firme convicción de contribuir para devolverle a las instancias laborales credibilidad por parte de los solicitantes, terminar con la corrupción, el tráfico de influencias, la diligencia, la parcialidad, la injusticia y la lentitud de resolución en los juicios laborales, así como impulsar la libertad sindical y negociación colectiva.
El PES estará atento a los tiempos establecidos para la implementación de la reforma laboral que nos correspondan para lograr su éxito y de esta forma se generen las condiciones propicias para el desarrollo de la fuerza de trabajo en nuestro país.
Toda sociedad al momento de decidir quién la representa, sueña con la democracia. Pero nuestro país, en las filas de organizaciones sindicales no solamente es un sueño, es un clamor de justicia de que se ventile un procedimiento donde el voto personal, libre, directo y secreto sea real. Nuestra función es dar los instrumentos a los trabajadores para que esto se lleve a cabo. Diputadas y diputados, hagámoslo posible. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Están en este recinto alumnos y maestros de la carrera de Derecho de la Universidad Michoacana de Ciudad Hidalgo del estado de Michoacán de Ocampo, invitados por la diputada Anita Sánchez Castro. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Martha Angélica Zamudio Macias de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Angélica Zamudio Macias: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Martha Angélica Zamudio Macias: Buen día, compañeras y compañeros. La reforma laboral que aprobó esta soberanía el pasado mes de abril ha marcado un antes y un después en la vida de millones de trabajadores. Aquella reforma fue la más importante que ha tenido la Ley Federal del Trabajo desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 1970, alcanzando más de 530 artículos de los 1010 que forma la ley.
Más allá de los números y la estadística, la reforma laboral significó un cambio radical en la manera de ver y abordar las relaciones laborales en nuestro país. Los dos principales cometidos de aquella reforma fueron el garantizar la libertad sindical para todas y todos los trabajadores mexicanos, y el sentar las bases para el tránsito de nuestro sistema de justicia laboral a un modelo más adecuado, más moderno y progresista.
Con el dictamen que hoy discutimos las y los diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social buscamos dar el siguiente paso a estos objetivos y que no solo queden en buenas intenciones.
La creación de un nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es fundamental para la articulación y práctica de los objetivos de la reforma laboral. En este Centro que gozará de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, se desarrollarán las etapas prejudiciales del proceso de conciliación a nivel federal y se llevará pleno seguimiento del registro e integración de los sindicatos que existen en nuestro país.
Esta dualidad de funciones permitirá garantizar en los hechos los derechos conquistados para las y los trabajadores mexicanos, pues encontrarán un nuevo espacio institucional con personal altamente capacitado que no solo se les apoyará en la resolución de sus conflictos obrero-patronales, sino que también resguardará sus contratos colectivos de trabajo y las constancias de representación que finalmente darán certeza y legitimidad, legalidad a sus elecciones sindicales.
Con la creación de esta nueva institución daremos el primer paso en la construcción de un orden laboral más justo para todas y para todos los mexicanos. El futuro éxito o fracaso de nuestro país dependerá de las condiciones de nuestros trabajadores. Sin ellas y sin ellos no hay economía que pueda crecer a prosperidad y que pueda alcanzar, si queremos que el México de mañana sea más justo y próspero que el que vivimos el día de hoy. Tenemos que empezar por corregir las injusticias que todos los días viven quienes salen a la calle a ganarse la vida y quienes mueven este país.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vemos con gran optimismo lo dispuesto en el presente dictamen, pues creemos que no podemos perder más tiempo en este tema.
Las y los trabajadores mexicanos merecen justicia, y confiamos que los nuevos derechos e instituciones que trajo consigo la reforma laboral será la respuesta indicada. Nuestra causa son los derechos y el bienestar de las y los trabajadores mexicanos.
Para las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano la causa es México, por lo tanto, votaremos a favor de esta reforma. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Esta Presidencia saluda a la delegación china de Nanjing, invitados por el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo.
La diputada Margarita García García: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, decía Marcelino Camacho que los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia.
La Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje fue aprobada por unanimidad en la comisión, debido a que se considera necesaria para la labor que se planteó en la reforma laboral y el desempeño del centro federal.
Además de cumplir un compromiso con el pueblo de México, planteado en el artículo segundo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2019, este centro comenzará sus funciones para el 2021 conforme decreto, por lo que aprobamos esta ley. Estamos cumpliendo con lo establecido para una mejora en el tema laboral.
Cuando aprobamos la reforma laboral, aprobamos la creación de un Centro Federal de Conciliación y Arbitraje el cual manejará los asuntos laborales de carácter colectivo. Estos servirán como foros obligatorios de conciliación previos a litigios individuales y algunos colectivos que deben llevarse ante tribunales laborales.
Este centro será un conciliador obligatorio en los conflictos colectivos entre sindicatos que disputen la titularidad del centro de trabajo, el cual se resolverá a través del procedimiento especial colectivo, servirá como registro de sindicatos, verá lo relativo a votaciones y emitirá constancias de representatividad.
La creación de esta nueva ley es principalmente para organización y funcionamiento de este nuevo organismo. Regirá su funcionamiento y su conformación, lo dirigirá un director general y una junta de gobierno conformada por titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a las y los presidentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografica y del Instituto Nacional Electoral.
Será un organismo público descentralizado, con plena autonomía del gobierno federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Con esta ley también se fomenta la transparencia de la vida de los sindicatos, así como prohibir a los patrones involucrarse en la vida de los asuntos sindicales, creación de nuevos sindicatos, la existencia de una buena relación colectiva, incorporando la perspectiva de género y de protección a los derechos humanos.
Lo anterior resume el abandono de la política neoliberal a la clase trabajadora, la cual desatendieron y dejaron a su suerte a los trabajadores, siendo que ellos son el motor del país.
El Partido del Trabajo y sus integrantes apoyaremos todo aquello que represente un avance importante en la implementación de la reforma laboral que beneficie a los trabajadores, porque son ellos y sus familias los que mantienen a este gran país llamado México.
Aunque las diferentes corrientes ideológicas dentro de esta Cámara no estemos de acuerdo, nosotros, como Partido del Trabajo, no cejaremos en su defensa. Por eso, desde esta tribuna les digo a todos los trabajadores de la República que no están solos, que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está con ustedes.
Somos aliados en esta cuarta transformación del país, pero antes que nada, somos aliados en la defensa de las fuentes de empleo, somos aliados en la defensa de un sindicalismo democrático, somos aliados en la lucha por combatir las consecuencias, desde la contratación y la simulación laboral que se da en la mayoría de los casos de subcontratación, en donde algunas empresas no tienen ningún empacho en defraudar a los trabajadores, despojándolos de sus prestaciones, así como defraudando a las autoridades competentes en tener el mínimo de lo que corresponde de las aportaciones a la seguridad social, condenando con esto a que los trabajadores coticen con el mínimo permitido, que en el futuro se tradujera en pensiones de miseria.
Señoras y señores diputados, demos pues un paso importante en la lucha de la clase trabajadora. Apoyemos, todos, el siguiente dictamen, por considerar que la seguridad laboral es un bien necesario para el sano desarrollo de las familias de los trabajadores. Por lo anterior, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Isaías González Cuevas: Con el permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRI acompañó la reciente reforma constitucional en materia de justicia laboral, que significó un gran paso para transformar radicalmente la impartición de justicia en nuestro país.
Hoy se presenta a esta soberanía un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será la nueva instancia para dirimir las controversias entre trabajadores y patrones.
Debemos recordar que la reforma constitucional contempló la creación de un organismo público descentralizado de la administración pública, el cual tendrá como finalidad garantizar la democracia y la representatividad sindical.
Además deberá llevar a cabo la función conciliadora en conflictos laboral y de competencia federal y se encargará de realizar los registros de las asociaciones sindicales y contratos colectivos y reglamentos interiores, garantizando el ejercicio pleno de los derechos colectivos de trabajo.
Pero también este centro que se encarga de la impartición de la justicia laboral, ¿verdad?, es algo que también dentro de sus funciones debe de ver y apoyar a las iniciativas que se han presentado en el tema del outsourcing o la subcontratación y que este centro nos debe apoyar para que salgan estas leyes, reglamentar bien este sistema de subcontratación para evitar que se sigan anulando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Este centro debe apoyarlos para prohibir que la nómina total de los trabajadores entre en el esquema de subcontratación, porque es ahí donde perjudica totalmente lo conseguido en la Ley Federal del Trabajo, en los contratos colectivos y anula la justicia laboral. Por lo tanto, este centro tiene también, seguramente, como promotor de la justicia, este encargo y que seguramente nos va a apoyar, para que salgan estas leyes que hemos presentado, tanto en el Senado y aquí en la Cámara de Diputados.
El Grupo Parlamentario del PRI acaba de presentar, bueno, hace unos días presentó una iniciativa sobre este tema y esperamos también contar con el apoyo, su orientación, así como quiere estar acomedido en todo este centro, pues también lo queremos aquí en estas leyes, también que, muy acomedido pues que nos acompañe, para que salga a favor y terminar con esta práctica que viene afectando a las trabajadoras y los trabajadores.
Así que también este centro es algo que en el próximo seguramente también nos va a ayudar en algo que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores, el tema de pensiones. El tema de pensiones es algo muy delicado y muy grave para el país y hoy las Afores, el sistema que tenemos ha sido beneficiado. Ha sido beneficiado y le han permitido reformas acabando con las Afores, y hoy un sistema que no beneficia a los trabajadores, por el contrario, se acordó un concepto con dos componentes para cobrar doble comisión.
Por lo tanto, este centro nos va a ayudar, nos tiene que ayudar para buscar la justicia, porque el sistema de Afores, el sistema que tenemos está fracasado, porque 7 de cada 10 trabajadores no va alcanzar una pensión digna. Así pues, que este centro está comprometido con la clase trabajadora, pero no solamente para que vea que los contratos y todo, está bien, sino que también vea cómo vamos a resolver estos grandes problemas que tiene nuestro país, compañeras y compañeros.
Y próximamente, en diciembre, vamos a proponer el aumento salarial para los salarios mínimos, pero también debe de apoyarnos para ese aumento y también para los mínimos profesionales, porque los mínimos profesionales se están quedando rezagados y no solamente el salario mínimo necesita aumento, sino también los mínimos profesionales.
Así pues, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de esta iniciativa, pero también con el compromiso de que este centro va a luchar, junto con el sector laboral, para la justicia que necesitan las mexicanas y mexicanos trabajadores de este país. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: El día de hoy es un día importante para la fracción parlamentaria de Acción Nacional. El primero de mayo se promulgó la nueva Ley Federal del Trabajo, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos de haber participado en la construcción de un documento que representara la posibilidad de generar nuevas condiciones en la relación entre los factores de la producción, entre los trabajadores y los patrones, que nos permitiera acabar finalmente con viejos vicios que generaron que en este país prevaleciera un sindicalismo plagado de corrupción, plagado de canonjías, de liderazgos viviendo en la opulencia y de trabajadores viviendo en la miseria y en el abandono.
Por eso, la reforma constitucional en materia de justicia laboral sentó las bases para transitar hacia una nueva dinámica para la resolución de asuntos laborales, buscando agilizar los procedimientos a través de la conciliación entre los patrones y los trabajadores.
Ahora, los centros de conciliación laboral representan la oportunidad de los trabajadores de contar con procedimientos con una resolución rápida, evitando la realización de juicios por demás largos y engorrosos que hasta este momento conllevan el desgaste de los trabajadores, además de mermar su capacidad.
Además de la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación Laboral, se estará complementando el marco jurídico secundario para dar pleno cumplimiento a la reforma constitucional, cumpliendo con nuestra obligación de garantizar los derechos humanos de las personas, en el caso específico de los trabajadores principalmente, por lo que respecta a sus derechos de audiencia y de seguridad jurídica ante un conflicto laboral. Así como el ejercicio pleno de los derechos colectivos y los registros de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores.
Por todo lo anterior, en aras de avanzar hacia la consolidación y la culminación de la nueva justicia laboral es que votaremos a favor del presente dictamen, reafirmando nuestro compromiso por vigilar la correcta aplicación y funcionamiento de este nuevo sistema de justicia laboral en defensa de los derechos de las y los trabajadores de México.
Sin embargo, compañeras y compañeros, nuevamente volvemos a insistir en esta posibilidad de la reflexión de los diputados de Morena una vez que discutamos el Presupuesto de Egresos. Se puede convertir este documento, esta nueva Ley Orgánica del Centro de Registro de Conciliación federal, en un anhelo, simple y sencillamente en una carta romántica de buenas intenciones. Está condenado con el presupuesto que se le está destinando, a quedar esto en letra muerta y que no tengamos la posibilidad verdaderamente, después de haber trabajado en un documento como es la nueva Ley Federal de Trabajo, de generar la justicia y las condiciones para que los trabajadores de México puedan verdaderamente tener justicia laboral. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Anita Sánchez Castro: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Anita Sánchez Castro: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy votamos es la respuesta a una demanda que por años han exigido los trabajadores para poder organizarse en sindicatos con comités elegidos libremente, que representen sus auténticas demandas y el reclamo de una justicia laboral expedita.
Esta Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro sindical responde al mandato constitucional de febrero del 2017, de la llamada reforma constitucional en materia de justicia laboral y a las leyes secundarias laborales en este histórico primero de mayo del 2019.
En ellas se establece la organización y funcionamiento del Centro Federal como un organismo público descentralizado, como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y de esta operatividad presupuestaria van a surgir estos centros como tal, de una forma que en ciertos estados se vaya implementando paulatinamente estos centros.
El objetivo del Centro es sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar a los trabajadores y patrones en sus asuntos individuales y colectivos del orden federal, conforme a lo establecido en el artículo 123, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También será competente para registrar los sindicatos, federaciones, confederaciones, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos de ley, reglamentos interiores de trabajo, así como todos los procesos administrativos relacionados.
Su Junta de Gobierno estará conformada por entidades gubernamentales a través de representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de organismos autónomos constitucionales como el Inai, Inegi e INE, esto para dar la certeza de carácter autónomo e imparcial terminando con el tripartismo que existía en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo tanto, estarán vigilados para que no haya más corrupción.
Algunas de las atribuciones más importantes que tendrá el Centro de Conciliación son:
Realizar una conciliación tanto individual y colectiva, salvo casos especiales para lograr solucionar sus diferencias antes de presentar una demanda salvaguardando los derechos de las y los trabajadores.
Agilizar la justicia laboral a través de un procedimiento sencillo para la resolución de sus diferencias, evitando la carga de trabajo de los tribunales.
Apoyar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales y verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, como lo es el ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo.
Comprobar la veracidad de los documentos de la elección de directivas sindicales para terminar con sindicatos de protección que cómo han hecho daño a nuestra nación, a nuestros trabajadores.
Toda la información de los sindicatos se hará pública y se brindará a quien lo solicite, copia de los documentos que obren en los expedientes registrados cumpliendo con lo establecido en nuestra Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Con esto, la creación del Centro de Conciliación garantiza el respeto de autonomía sindical, los trabajadores son los que tienen la parte medular para decidir quiénes son sus directivas sindicales, asimismo la libertad y negociación colectiva y el derecho a una justicia rápida y expedita.
Este dictamen cierra la puerta a los contratos colectivos de protección patronal...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Anita Sánchez Castro: ... estableciendo un procedimiento de legitimación sindical para acabar con los sindicatos extorsionadores y la intromisión patronal en las elecciones. Esto va para el Apartado B, también, de trabajadores.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, su tiempo ha concluido.
La diputada Anita Sánchez Castro: Termino, presidente. Es por esto que Morena está a favor de este dictamen. Ya cayeron los primeros líderes sindicales corruptos y vamos por más. Esta cuarta transformación de eso se trata. No más corrupción.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Anita Sánchez Castro: Es todo, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pasaremos ahora a la discusión en lo general. En la lista que tiene la Presidencia están anotados solamente diputados en pro, tendremos tres intervenciones y consultaremos si está suficientemente discutido. Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Compañeras y compañeros, nuestro Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que estamos seguros será una institución profesional y moderna como merecen los trabajadores de nuestro país, para obtener justicia pronta y expedita.
Las diputadas y los diputados del PRI estamos convencidos en que construyendo nuevas instituciones no solo para cumplir con un mandato constitucional, sino para dotar de un nuevo andamiaje jurídico e institucional a los trabajadores de México.
La reforma constitucional en materia laboral contempló la creación de un organismo público descentralizado de la administración pública federal para garantizar la democracia y representatividad sindical.
Hoy votamos un dictamen para darle plena vigencia a esta reforma. Creamos un organismo que tendrá una función conciliadora con conflictos laborales de competencia federal, y se encargará de realizar los registros de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores garantizando el ejercicio pleno de los derechos colectivos.
Será competente para registrar a nivel nacional todos los contratos colectivos de trabajo, contratos, ley, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
Lo más importante es que sedes su inicio el centro contará con un servicio profesional que formará a todos los servidores públicos con una visión institucional. Los nuevos funcionarios desarrollarán las funciones con perspectiva de género, con un enfoque en derechos humanos, así como los mecanismos necesarios de gestión, promoción y compensación orientados a la jerarquización del empleo y la carrera pública basado en el mérito, en el logro, en los resultados y en los valores de vocación de servicio, efectividad, transparencia, eficiencia y cuidando de los recursos, orientación a la ciudadanía, calidad del servicio, probidad, rendición de cuentas, flexibilidad, mérito e idoneidad.
Compañeras y compañeros diputados, estamos a favor de esta reforma que es congruente con los cambios inéditos que en materia laboral recientemente aprobó esta Legislatura.
Vamos en pro porque con una Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se evitará la discrecionalidad en asuntos como las negociaciones de contratos colectivos e individuales.
Con este centro habrá un órgano que de manera imparcial expedirá las constancias de no conciliación, así como las de representatividad, previo cotejo y constancia de que la mayoría de los trabajadores eligieron a determinada dirigencia.
Por primera vez existirá capacitación profesional para auxiliar a los sindicaos en la elección de sus directivas. Todo esto sería imposible si no contara con los instrumentos necesarios para sancionar el cumplimiento de las normas laborales.
Ahora con las multas y las medidas disciplinarias, se incentivará que en el mundo del trabajo que también se hagan respetar los principios previstos en el Código de Conducta que aplicará para todos sin excepción. Por esta razón el Grupo Parlamentario del PRI irá a favor. Muchísimas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José del Carmen Gómez Quej: Con su permiso, diputado presidente. El día de hoy la Comisión del Trabajo y Previsión Social presenta a esta soberanía el dictamen mediante el cual se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Como antecedente, la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenemos dos reformas en materia laboral de gran trascendencia para nuestro país, en beneficio tanto de los trabajadores como de los patrones.
Primero, la reforma y adición de diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2017, a través de la cual se estableció un nuevo sistema de impartición de justicia en materia laboral, al transferir la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales del Poder Judicial, previa instancia de conciliación prejudicial.
Asimismo, la modificación constitucional contempló la creación de un organismo público descentralizado de la administración pública federal, el cual se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Por otra parte, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo del presente año, estableció el mandato al Congreso de la Unión de expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo cual es motivo del presente dictamen.
Cabe señalar que las reformas antes señaladas y la ley se encuentran en discusión y el Estado mexicano cumple con diversas obligaciones internacionales en la materia.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones en asuntos individuales y colectivos de orden federal, conforme a nuestra Constitución Política y a la Ley Federal del Trabajo.
Entre las atribuciones que se le establecen al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podemos destacar las siguientes: realización de la función conciliatoria individual y colectiva. Registrar a nivel nacional todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamento interior de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
Auxiliar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, así como verificar el cumplimiento de los principios democráticos y los requisitos aplicables.
Expedir constancias de no conciliación y representatividad. Verificar el apoyo mayoritario de los trabajadores en contratos colectivos de trabajo que les rigen y sus convenios de revisión.
Vigilancia del ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto. Verificar el contenido de los contratos colectivos de trabajo que haya hecho del conocimiento de los trabajadores. Hacer pública la información de los sindicatos. Establecer un modelo de gestión conciliatorio administrativo para su adecuado funcionamiento.
Compañeras y compañeros diputados, es obligación de este órgano legislativo actuar conforme al interés público, y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está seguro de que con la aprobación del presente dictamen acatamos esa obligación.
Como lo señalé anteriormente en la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, beneficia tanto a trabajadores como a patrones, garantizando y fortaleciendo su esfera jurídica, principalmente si se atiende la obligación del Estado mexicano de proteger los derechos humanos.
Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen e invitamos a los demás grupos parlamentarios que conforman esta legislatura a votar en el mismo sentido. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene a palabra el diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Manuel Gómez Ventura: Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Gómez Ventura: Compañeras y compañeros diputados, para lograr una autonomía sindical y una verdadera negociación colectiva necesitamos votar a favor de este dictamen, que tanto hace falta en materia de justicia laboral.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será el mecanismo efectivo para poder transitar hacia una auténtica justicia laboral y una auténtica libertad y democracia sindical.
Lo sabemos, la esencia del sindicalismo se deterioró por ambición del hombre, de los hombres que en su momento tuvieron la responsabilidad de representar a un sinnúmero de trabajadores agremiados a una organización sindical, y la experiencia de muchos trabajadores, la que hemos adquirido, o estamos adquiriendo acá, nos dice que por décadas los líderes buscaron simplemente su beneficio, a través de elecciones fraudulentas, de engaños, de utilizar diferentes mañas para poder reelegirse y conservar el poder, porque pues les convenía o les conviene aún a algunos, porque ahí hay dinero, ahí hay para enriquecerse y dejan a un lado la esencia de un representante sindical de defender los derechos de sus agremiados, de buscar un equilibrio entre los factores de producción, ejemplo de ello es que en esas elecciones para elegir a sus comités, las convocatorias no las hacen en su momento, las hacen un día antes, registran una sola planilla, hacen reuniones antes para ponerse de acuerdo, aunado a que cuando llevan a cabo su elección las juntas actúan en contubernio.
Con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se podrá verificar la elección para que se cumpla con los principios de certeza, confiabilidad y legalidad.
La intervención del mismo será a petición de las directivas sindicales o de por lo menos el 30 por ciento de sus afiliados, siempre que exista duda razonable, fundada y motivada.
Asimismo, este organismo registrará todos los sindicatos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo y verificará que se haya hecho con el apoyo mayoritario de los trabajadores. Aquí cambia la cosa, serán los trabajadores que van a certificar, a validar toda esta situación.
Por ello, los diputados federales tenemos el compromiso de hacer valer esta reforma laboral, de hacer valer lo que en su momento el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral determine.
Tenemos que dar certeza a estas elecciones sindicales y terminar de una vez con los dirigentes corruptos, con los dirigentes que solamente asumen el poder para enriquecerse y que los contratos colectivos de protección patronal, que tanto han dañado a los trabajadores y, por ende, a nuestro país.
Por eso, en Morena votaremos a favor y en defensa del sindicalismo autónomo y transparente y vigilaremos de cerca a los líderes que no cumplan con la defensa de sus agremiados, que no cumplan con buscar un equilibrio entre los factores de producción, porque también como mexicanos nos afecta. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputado, presidente, ¿me permite repetir la votación?
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Compañeras diputadas y diputados, les pido un momento de su atención. Pasaremos a tomar la votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: No se considera suficientemente discutido. Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada María Rosete Sánchez: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada María Rosete Sánchez: Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras legisladoras, así como al público en general que nos acompaña en esta sesión de manera presencial y a través de los medios de comunicación.
A nombre del Grupo Parlamentario del PES, estamos a favor de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que entrará en vigor dicho decreto, plazo que fenece el primero de noviembre de esta anualidad.
La aprobación de este dictamen por parte de esta soberanía es de trascendental importancia, toda vez que se cumple con un requisito necesario para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenga existencia legal en una ley orgánica, lo cual debe ser de manera previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, pues es explorado derecho que a todo ente de gobierno le deben ser asignados los recursos necesarios para su instalación, más en este caso, que se trata de una de las autoridades encargadas de la correcta implementación de la reforma laboral.
Por tanto, con este dictamen se garantiza y brinda seguridad jurídica a los trabajadores y patrones de nuestro país, porque se contará con una autoridad imparcial que se encargará de dirimir sus diferencias y controversias utilizando la mediación, la autocomposición y los mecanismos alternativos de solución de controversias para hacer más ágiles la solución de los asuntos laborales, evitándoles gastos y costos innecesarios.
Así también, con esta autoridad de nueva creación se tutelan, se garantizan y se protegen los derechos humanos de los trabajadores mexicanos relativos al pleno ejercicio de la libertad sindical y a la negociación colectiva, porque este centro auxiliará a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, en los procedimientos democráticos de elección de sus directivas en la celebración, revisión y renovación de contratos y recuentes por la titularidad de los mismos.
Asimismo, emitirá las constancias de representatividad y procedimiento de verificación, todo ello como consecuencia del pleno ejercicio del derecho de los trabajadores a ejercer su voto personal, libre, secreto y directo.
Es por todo lo anterior que no me resta más que invitarlos y exhortarlos a que voten a favor de este trascendental dictamen para la clase trabajadora mexicana. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Presidente, con su permiso.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Compañeras y compañeros legisladores, el sindicalismo mexicano atraviesa por un momento histórico. Hoy, a diferencia de las administraciones anteriores, tenemos un gobierno que respeta la libertad sindical y vela por los intereses de los trabajadores, se acabaron los pactos en lo oscurito con los líderes sindicales. Este gobierno no es omiso ante los hechos de corrupción de las burocracias sindicales que se han enriquecido a costa de los trabajadores.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia por haber terminado con el corporativismo que tanto ha dañado a los trabajadores. Con la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, abonamos al fortalecimiento del andamiaje jurídico e institucional para la consolidación de un nuevo modelo laboral que garantice la libre sindicación.
La importancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral estriba en que será la instancia encargada de todos los registros sindicales y vigilará que los contratos cumplan con los procesos democráticos.
De igual forma a nivel federal, será la instancia encargada de los procesos de conciliación, con ello se garantizan los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, así como la prevención de conflictos.
Con la expedición del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se materializa uno de los mandatos constitucionales, como es el de dar certeza jurídica a los trabajadores y empleadores para que puedan dirimir sus diferencias mediante una instancia autónoma.
Con la aprobación de este dictamen se da cumplimiento a diversos compromisos internacionales en materia laboral que nuestro país ha firmado, tales como: el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo y el Anexo 23 del Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC.
En el nuevo modelo laboral que aspiramos a construir no hay cabida para prácticas de corrupción. Es por ello que celebramos que se contemple la instauración de un órgano encargado de la vigilancia, control y evaluación que será designado por la Secretaría de la Función Pública.
Compañeras y compañeros, como Partido del Trabajo tenemos la enorme responsabilidad de velar por mejores condiciones laborales para los ciudadanos, es por ello que celebramos el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, en virtud de que abona a la construcción de un nuevo modelo laboral.
En el Partido del Trabajo siempre estaremos del lado de los trabajadores. La lucha por una efectiva democracia y libertad sindical, es una de las causas que ha defendido desde distintas trincheras. Es por ello que hoy celebro la presentación de este dictamen.
En este tenor hacemos el llamado a votar a favor del presente dictamen, en virtud de que contribuye a una democracia sindical plena en la que se promueva un sindicalismo libre mediante el empoderamiento que merecen y por el que tanto han luchado las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Es cuanto. Gracias, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal: Con el permiso de la presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal: Compañeras y compañeros legisladores, es compromiso de este gobierno asegurar la justicia de los grupos más necesitados de la población para que así puedan acceder a mejores condiciones de vida. La justicia busca mantener la armonía en las sociedades. En lo que respecta a la justicia laboral vamos por el camino correcto, fortaleciendo la cultura de la autocomposición y prevención de conflictos.
Con las reformas aprobadas en esta Legislatura en materia laboral, estamos logrando importantes cambios en beneficio de las y los mexicanos. Cambios que no se pueden ver materializados si no cumplimos con las obligaciones que los artículos transitorios nos exigen.
Por ello, discutimos el dictamen con proyecto de decreto el cual se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Con esta ley permitiremos que los resultados que la reforma laboral recién aprobada tiene planteados, sean óptimos.
Además, se establecen las bases para la organización y funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los requisitos mínimos con los que deberá contar, por decir un ejemplo, su director general.
Este centro será la primera instancia ante los conflictos laborales. Se dará prioridad a la conciliación prejudicial entre trabajadores y empleadores para que puedan llegar a acuerdos rápidos y favorables para ambos, dirimiendo sus diferencias a través de la conciliación como método alternativo sin que haya necesidad de llegar a una instancia judicial.
Este gobierno tiene claro que los juicios implican gastos tanto para la impartición de justicia como para las partes implicadas, por ello tanto los trabajadores como los patrones tendrán la obligación de agotar la instancia antes de acudir a una demanda ante los tribunales laborales. Asimismo, el centro contribuirá a la disminución de demandas laborales y a liberar de la carga excesiva a quien sí tiene en los tribunales especializados en esta materia.
En el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor porque conocemos los beneficios que aportará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a la justicia de nuestro país.
Votaremos a favor porque tenemos certeza que este organismo contará con una organización responsable, necesaria y completa que asegurará su adecuado funcionamiento. Es cuanto, diputado presidente.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se considera suficientemente discutido.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido. En consecuencia, se informa a la asamblea que se recibió propuesta de modificación al artículo 8 del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se reserva para su discusión en lo particular.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, diputados.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de votación.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado presidente, se emitieron 410 en pro, 1 en contra y 17 abstenciones.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado por 410 votos a favor en lo general y en lo particular los artículos no reservados.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Está a discusión en lo particular. Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reserva al artículo número 8, hasta por cinco minutos.
La diputada Mónica Almeida López: Muchas gracias, con la venida de la Presidencia. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, establece en su artículo 8o. que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de este nuevo organismo se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta determinación está justificada en los considerandos del dictamen debido a que se decide establecer un régimen de excepción a estos trabajadores. No obstante, no se justifica en el cuerpo del dictamen a qué se debe la excepcionalidad del trabajo que desempeñarán los servidores públicos al servicio de esta instancia de conciliación y registro.
El apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria están reservados para los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión. Es decir, es una definición restringida para lo que la propia Carta Magna define como estos Poderes, o sea, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputada. Ruego a la asamblea atención a la oradora. Hay murmullo en la sala y no se escucha la intervención. Hago una moción de orden. Continúe.
La diputada Mónica Almeida López: Muchas gracias, señor presidente. El Centro Federal de Conciliación y Registro no forma parte de esos Poderes, por ser un organismo descentralizado, según lo define la Constitución en el propio artículo 123, apartado A, fracción XX.
Los trabajadores de los organismos que siendo públicos no rigen sus condiciones laborales por el apartado B son diversos: El IMSS, que es el contrato colectivo más grande del país; la UNAM, la UAM, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros, son entes públicos que, pese a su naturaleza diversa y sus labores excepcionales, se rigen por el apartado A y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.
Y esto es así por determinación de ley y por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Jurisprudencia 1/96 determinó que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal, con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B, del artículo 123 constitucional.
Pero además, resulta notoriamente contradictorio que en el nuevo organismo no se respete el mandato constitucional que otorga a los trabajadores el derecho de acudir a la conciliación previa a los juicios, que otorga certeza y certidumbre a la libertad sindical y que autentifica la contratación colectiva.
Recordemos que aunque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución, ya citada, fue reformada recientemente mediante un decreto publicado el primero de mayo de 2019, erradicando trabas que desde la ley habían impedido la libre democratización de los trabajadores al servicio del Estado, en el tema de la libre sindicalización, al eliminar la prohibición de constituir más de un sindicato en cada dependencia del poder público y eliminando el monopolio sindical de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, como federación única. Se mantiene un sistema de justicia laboral similar al de las juntas de conciliación y arbitraje, que es de lo que se ha estado tratando la reforma constitucional y legal en la materia de justicia laboral.
Las condiciones generales de trabajo, que no contratos colectivos, carecen de la bilateralidad y las garantías de las que ya gozan los trabajadores del apartado A, dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución, en su artículo 87, que las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a la solicitud de este y se revisarán cada tres años.
Y aquí, compañeros diputados, estamos dándonos cuenta de un contrasentido que tiene el propio dictamen, al establecer un organismo que velará por la conciliación laboral, la libertad sindical y la autentificación de la contratación colectiva de las organizaciones de los trabajadores, menos de los propios.
Por eso, en esta reserva proponemos que se enmiende tal contradicción, estableciendo que en este organismo descentralizado las relaciones laborales se rijan como debe ser, por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto y muchas gracias por su atención y el ruido.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo reservado, en términos del dictamen.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo, en términos del dictamen.
(Votación)
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Saludamos la presencia de estudiantes de excelencia académica, becarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, invitados por las diputadas por el estado de Hidalgo, María Marivel Solís Barrera y Lidia García Anaya e Isabel Alfaro Morales. Sean bienvenidos.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, diputados. Está abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de votación.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 400 en pro, 9 en contra y 16 abstenciones.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular por 400 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene la palabra la diputada Miroslava Carrillo Martínez, hasta por 15 minutos, para fundamentar en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Permítame, diputada.
Antes de dar inicio a la intervención de la diputada, advierto que la asamblea se encuentra distraída por algunas actividades extraparlamentarias. Pido a los diputados y diputadas y a nuestros visitantes, puedan realizar sus actividades con el orden requerido, a fin de poder atender a la oradora.
Las personas que se encuentran en el pasillo central, pido puedan pasar a sus lugares, los legisladores y los visitantes, ocupar el lugar que corresponde. Muchas gracias, diputadas y diputados. Adelante, diputada.
La diputada Miroslva Carrillo Martínez: Presidente, muchas gracias. Buenas tardes diputados. Expongo ante ustedes el dictamen en sentido positivo, con modificaciones a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero.
En el proceso legislativo de este asunto concurren las voluntades y voces de legisladores de los diversos grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados, como la de Senadores.
Los precedentes parlamentarios que dan inicio y continuidad al proceso legislativo de este dictamen señalan al Senado de la República como Cámara de origen y a esta Cámara de Diputados como Cámara revisora.
El origen de este proceso se da en fecha 4 de diciembre de 2018, cuando la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República la iniciativa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por el que se reforman los artículos 108 y 111 de nuestra Constitución Política en materia de fuero.
Después de un riguroso tratamiento de análisis y estudio, finalmente el proyecto de decreto de mérito en fecha 27 de marzo de 2019, fue aprobado en el pleno de la Cámara de Senadores en lo general y en lo particular y se remitió a esta Cámara.
En ese mismo acto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó que se presentó un voto particular por los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Así, en sesión ordinaria del 9 de abril de 2019, en la Cámara de Diputados se remitió del Senado la minuta en referencia y finalmente se recibió en la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales en fecha 10 de abril de 2019, para su dictamen.
En su núcleo esencial la minuta recupera las discusiones y posicionamientos más importantes que esta Comisión de Puntos Constitucionales tuvo durante el proceso legislativo de dictaminación de cuatro iniciativas en la materia en el mes noviembre de 2018.
Por ello, nos mantenemos en algunos de los mismos argumentos que en aquella ocasión se asumieron desde varias perspectivas a favor de ponderar el fuero y la impunidad procesal a diversos servidores públicos quienes lo ostentan.
Se hace del conocimiento de este pleno de esta Cámara de Diputados que el sentido de ese dictamen se dio bajo el respeto a la pluralidad de voces, tanto del presidente de la República como de los integrantes de los grupos parlamentarios proponentes de iniciativas durante esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, incluso de otras legislaturas.
Dichas voces no solo son en los diferentes grupos parlamentarios, sino también se dan en diversos sectores sociales y políticos, ante la demanda de justica por los abusos y arbitrariedades de legisladores, presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República y de otros servidores públicos que gozan y gozaron del fuero e inmunidad procesal a lo largo y ancho del país durante la historia de México.
Las bases de dicha inmunidad procesal penal podrían o no tener elementos razonables vigentes, pero la práctica señala otra realidad. El fuero constitucional es ya insostenible.
El reto a resolver ahora es la garantía del libre funcionamiento de los poderes públicos, pero sin el llamado fuero y concebir la inmunidad de los titulares de los órganos del poder público como un estatus para impedir que otras autoridades puedan paralizar o afectar el funcionamiento de los órganos del poder público haciendo a estos vulnerables.
Dicha inmunidad debe limitarse a la libertad personal de cada uno de los integrantes titulares de tales órganos para que estos, bajo cualquier circunstancia, funcionen con normalidad y no afecten el cumplimiento del servicio público.
En atención a ello esta comisión dictaminadora se manifiesta por secundar el contenido esencia de la minuta enviada por el Senado, y exhorta al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a continuar la construcción de las bases de una regulación que elimine el llamado fuero de los altos servidores públicos.
Ello, con la firme convicción de consolidar un mecanismo que en los hechos desestimule la impunidad, pero sin que ello favorezca la persecución política de los propios servidores públicos ni impacte en la estabilidad de la función que desempeñan o intervengan en la capacidad decisional de los servidores públicos.
En otros países como en Estados Unidos, la sujeción a proceso penal de los poderes públicos se puede realizar sin tener como requisito una declaratoria de procedencia. Los representantes populares tienen el privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, salvo por los casos de traición, delito grave y perturbación del orden público. En España los legisladores solo pueden ser juzgados en el Tribunal Supremo, y en Italia los diputados y senadores no podrán ser detenido, salvo en acto de crimen.
Así, de ninguna manera el servidor público podrá perder el carácter de inmunidad que le otorga la Constitución y podrá seguir en el cumplimiento de sus funciones hasta que exista un acto jurisdiccional supremo que decida condenatoriamente sobre los objetivos del proceso.
No existiría entonces persecución política ni se entorpecería el ejercicio de los órganos del Estado. De esta manera se protege el cargo y no habrá necesidad para esperar a que se termine con el encargo para que inicie el proceso o se resuelva el mismo.
Ello no para proteger a servidores por delitos cometidos, pero no así de la inmunidad, puesto que la misma es necesaria para un normal funcionamiento de los poderes públicos.
Es importante señalar que las investigaciones y procedimientos por la denuncia de un delito no implican privación de su inmunidad, es decir, de la prerrogativa que la Constitución le otorga para proteger su autonomía, pero esto no puede ser excusa para que el servidor público sea sujeto a proceso y, en consecuencia, no puede ordenarse su aprehensión.
El fuero ya no puede ser considerado durante más tiempo como un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos, pues las responsabilidades que deben cumplir no pueden ser omitidas, aun durante el periodo que dure su encargo.
La principal razón es que no se debe continuar salvaguardando al servidor público con la excusa de que se hace al cargo o por eventuales acusaciones sin fundamento.
En ese orden de ideas la inmunidad aludida en esta nueva reforma permite un ejercicio de la acción penal más libre y evita que se proteja a servidores públicos que han incurrido en algún delito.
De esta manera la figura vigente del fuero constitucional no promueve la responsabilidad pública, por lo que consideramos debe de modificarse esa figura vigente de la Constitución.
No hay motivo por el que el servidor público quede protegido y se permita determinar si su conducta que le imputan constituye o no algún delito.
No obstante, es importante reconocer y aclarar que además del fuero actualmente es la impunidad también la que ha generado distorsiones, porque puede haber funcionarios que cometieron algún ilícito y al terminar el cargo no se les imputa ninguna responsabilidad por supuestas conductas ilícitas.
Por ello, se deben considerar en el tiempo presente inmediato reformas que favorezcan la aplicación y procuración de justicia.
De la modificación al artículo 111 esta Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminadora del asunto en referencia, consideró dejar en sus términos la reforma que realizó el Senado de la República, pero no así el artículo 108 constitucional. Justamente ahí radica esa modificación a la minuta de referencia de este dictamen.
Para tales efectos esta Comisión de Puntos Constitucionales, en su reunión plenaria, valoró oportuno modificar el artículo 108 del proyecto de decreto de la minuta, sujeto a discusión.
El pleno de la comisión consideró pertinente regresar a la redacción del proyecto de decreto en los mismos términos en los que fue presentada la iniciativa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Cámara de Senadores.
En este sentido, los integrantes de esta comisión advirtieron una discordancia entre el texto de la reforma al artículo 108 constitucional y el espíritu de la propuesta originalmente plasmada en la iniciativa del Ejecutivo.
La iniciativa del presidente tiene como propósito establecer la clara posibilidad de que el presidente de la República sea procesado penalmente por la comisión de los delitos referidos en el artículo 19 constitucional.
Se trata de eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la federación, y no así la minuta recibida por la Cámara de Diputados, que adicionó una porción normativa que restringe la posibilidad actual de que los legisladores federales sean procesados por la comisión de cualquier delito.
En efecto, en la actualidad con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero, en el cual la Cámara de Diputados debe declarar por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.
En este sentido y toda vez que las disposiciones constitucionales deben interpretarse de manera armónica y sistemática, el texto adicionado al proyecto original deriva de una restricción de los delitos por los que procede el desafuero de los legisladores, condición discordante con el espíritu de la reforma.
En este sentido, esta comisión determinó regresar al texto original de la iniciativa para preservar intacto el propósito por el que fue diseñado el proyecto de decreto por el Ejecutivo. Más aún cuando somos conscientes de que la razón jurídica que subyace en este atiende a la demanda social de terminar con el velo de impunidad que ha procurado el fuero a los altos servidores de la nación.
Compañeros legisladores y legisladoras, es necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional de la que gozan actualmente servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la comisión de delitos federales.
En este sentido, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con su iniciativa sienta las bases para impedir que uno de los más altos funcionarios públicos de este país sea sometido al poder de la justicia si sus comportamientos atentan contra el marco jurídico mexicano.
Ello siempre garantizando el desarrollo de la capacidad decisional y el libre funcionamiento de los poderes públicos, lo que permitirá vivir en un Estado de derecho bajo el principio del buen gobierno, donde todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas al imperio de la ley en un plano de justicia e igualdad social. Es cuanto, señor presidente, gracias por su atención.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por 15 minutos cada uno.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Compañeros legisladores, el dictamen que hoy la Comisión de Puntos Constitucionales pone a consideración de esta asamblea tiene muchos aspectos cuestionables, principalmente debemos señalar que el incremento en el número de delitos por los cuales puede ser procesado el presidente de la República, no tiene ningún impacto real si no se cambia el procedimiento por el cual se determina su responsabilidad.
Es importante que estemos plenamente conscientes de esto, porque pueden incluir todo en el Código Penal y el resultado será el mismo.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que mientras el procedimiento en contra del presidente dependa de una mayoría en el Congreso y no de una potestad de una fiscalía autónoma con suficiente libertad para realizar las investigaciones que considere pertinentes, el procedimiento penal en contra de un presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo.
Sin embargo, la postura histórica de nuestro partido nos obliga a respaldar esta propuesta, porque en nuestro grupo parlamentario entendemos la alta responsabilidad de tomar esta decisión trascendente, no solo para quien hoy ocupa la Presidencia de la República, sino para todos los mexicanos.
Haciendo esto expreso, el compromiso de quienes militamos en el Partido de la Revolución Democrática para actuar, siempre y en todo momento, bajo cánones de legalidad y honorabilidad, reafirmando el principio fundamental de la construcción de una democracia fuerte, la igualdad ante la ley.
La votación del presente dictamen no implica un cambio real y fundamental en la forma de hacer política en México, pero sí expresa la posibilidad de entablar una nueva relación entre los ciudadanos.
Un ejemplo de ello fue, sin lugar a duda, el juicio de procedencia que realizamos en contra de un compañero diputado en el mes de abril, cuyo precedente seguramente establecerá nuevas formas de regular el comportamiento de los integrantes de este Poder, así como otros representantes populares.
Es por ello que hacemos votos para que la democracia mexicana, a través de esta reforma, se vea fortalecida y la confianza de los ciudadanos en el funcionario público sea restablecida.
Buscaremos, no obstante, mejorar los procedimientos para fortalecer a las instituciones y generar los mecanismos por los cuales se pueda garantizar el correcto ejercicio del servicio público, cualquiera que sea su nivel de desarrollo.
Buscaremos que sea la autoridad jurisdiccional quien lo resuelva, pero queremos dejar en claro ante la sociedad, ante los mexicanos, que de ninguna manera nuestro grupo parlamentario propondrá elementos que contribuyan a la impunidad o a la falta de transparencia.
Tampoco obstruirá o enturbiará los derechos de los ciudadanos ni de los derechos de las víctimas, porque es nuestro derecho legislativo y así lo seguiremos haciendo, con honorabilidad y responsabilidad política.
Es por ello que quiero dejar claramente establecido, que desde la perspectiva del PRD el país requiere de transparencia y congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas, y buscaremos siempre que quienes ostenten un cargo de elección popular o desempeñen algún puesto en la administración pública, estén sujetos al escrutinio ciudadano. Asimismo, rindan cuentas y en caso de ser necesario, puedan ser presentados ante la justicia de manera pronta y expedita.
Hoy, todos los fueros están a discusión, los fueros formales y los fueros de facto. Nuestro país necesita otra vida institucional y otra forma de rendir cuentas. Esperamos que esta reforma no constituya el comienzo de la utilización de instrumentos legales o de instituciones públicas para la persecución política, en el marco de un escenario de descomposición general que se vive por la enorme influencia del crimen organizado en el país.
Compañeros, compañeras, legisladores, el dictamen que hoy votamos es un avance en la consolidación de la democracia igualitaria, sin privilegios para ningún servidor, pues eliminará la excusa de que existen barreras legales que ponen a los gobernantes por encima de los ciudadanos.
Con este paso no solo se garantiza la igualdad política sino también se fortalecerán nuestras instituciones.
Estamos conscientes, no obstante, que en manos de un gobierno autoritario y sin una fiscalía autónoma, el retirar la inmunidad a quienes resultan opositores incómodos, representa un alto riesgo para la libertad.
Por lo cual, en el Grupo Parlamentario del PRD pugnaremos para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.
Finalmente, a nombre de nuestro grupo parlamentario hacemos votos para que las instituciones y las personas encontremos una nueva forma de convivencia y expresamos que nuestro voto será a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Con su permiso, presidente. Muy buen día tengan todos ustedes.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: La supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su encargo, tanto en México como en el mundo, es un tema que ha estado en la mira de la sociedad desde hace tiempo. Pues si bien debe haber honestidad y rectitud en el actuar de quienes ocupan un cargo público, hemos sido testigos de algunos episodios en los que el fuero ha servido como una protección constitucional para delinquir.
Lamentablemente, una figura como el fuero, que fue creada con el fin de proteger legisladores y funcionarios de la persecución judicial de la cual pudieren ser objeto, derivado del cumplimiento de sus funciones, ha sido aprovechada por algunos para evadir la acción de la justicia.
En este sentido, la ciudadanía percibe que el fuero ha sido un incentivo para el incumplimiento de la ley y un factor que facilita las condiciones para la prevalencia de la impunidad y los hechos de corrupción que tanto han lastimado a nuestra sociedad.
El día de hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a nuestra consideración un dictamen que propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución, con la finalidad de ampliar la responsabilidad en que pudiera llegar a incurrir el presidente de la República, senadores y diputados federales, a fin de que puedan ser imputados y juzgados por hechos de corrupción, delitos electorales o por cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.
De igual modo, se realiza una precisión para mejorar la redacción del párrafo cuarto del artículo 111, al establecer que para proceder penalmente con el presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110 del mismo ordenamiento.
Es importante recordar que en nuestro régimen jurídico el presidente de la República no es sujeto de juicio político, no por una prohibición expresa sino porque fue voluntad del legislador no vincular a este supuesto jurídico al Ejecutivo federal, tema que ya fue abordado en su momento por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante jurisprudencia reiteró que se excluye de esta responsabilidad política su titular, el cual precisamente de lo que debe responder es de su responsabilidad penal, de la cual, ahora con esta reforma ningún ciudadano puede ni debe sustraerse.
Mediante este dictamen debe aclararse que no se están dando facultades novedosas a la Cámara de Senadores que ya cuenta en el derecho vigente con la facultad de recibir acusación contra el presidente de la República, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable, atribución que el Constituyente federal previó para la colegisladora.
Lo que se está aclarando con la redacción de esta reforma al agregar al inciso del cuarto párrafo el artículo 111 la redacción para proceder penalmente, es que se continúe con el régimen especial de responsabilidad penal vigente previsto por la figura del titular del Ejecutivo federal, recodando que el efecto de responsabilidad penal del presidente no le es aplicable a otros altos funcionarios por disposición constitucional, cuya consecuencia de la llamada declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados es ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente, es decir, del Ministerio Público.
A partir de esta reforma, el presidente pasa a formar parte de un régimen que ya es aplicable desde el 2016 a senadores y diputados federales, contra los cuales ya se puede proceder por cualquier delito, incluyendo los relativos a delitos por hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves conforme al artículo 19 de la Constitución.
Ya no existe ninguna diferencia entre servidores públicos en cuanto respecta a la posibilidad de enfrentarse a la justicia si se comete algún delito de naturaleza mencionada durante el ejercicio de su encargo.
Esta reforma ayudará a fortalecer nuestro sistema de partidos y a la larga nos ayudará a tener mejores servidores públicos, las condiciones en la que surgió el fuero han cambiado y con ello tenemos que ajustar las normas para adaptarlas a la nueva realidad.
Con la reforma que nos ocupa nos ponemos a la vanguardia en América Latina, junto con países como Brasil, Argentina, Perú y Guatemala, que han juzgado y sentenciado ex presidente o presidentes por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad durante el ejercicio de su encargo, demostrando con ello que nadie, ni siquiera quienes han accedido al más alto encargo político del país puedan estar por encima de la ley.
Bajo esta lógica las modificaciones que se plantean responden a la exigencia ciudadana de que los servidores públicos no constituyan una clase privilegiada que se encuentra por encima de la justicia, ni mucho menos que la obtención de un puesto de elección popular signifique que quienes lo ocupen no serán castigados por los ilícitos que cometan.
La modificación del pacto constitucional tiene su justificación en la necesidad de generar los incentivos requeridos para que las conductas de los servidores públicos sean ejemplares y se sujeten a los principios de honestidad, de coro y ética a los que debe conducirse siempre. Aspiramos a que las posiciones de gobierno y representación popular se ejerzan sin la menor suspicacia o sombra de dudas sobre la probidad y honradez de quienes la ocupan.
Es por ello que el Partido Verde votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Diputadas y diputados. –Abro comillas. “En forma categórica expreso que no habrá impunidad, al asumir el mando del Poder Ejecutivo propondremos una reforma a la Constitución para eliminar los fueros del presidente de la República, entre otras medidas, se suprimirá la disposición de que el jefe del Poder Ejecutivo no puede ser sujeto a ninguna pena por el delito de corrupción” –cierro comillas. Andrés Manuel López Obrador, en su libro 2018, La salida.
Para todos los que juzgan superficialmente la manera coloquial, directa y contundente con la que se expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy compañeras y compañeros diputados, lo que se está discutiendo es precisamente lo que significa, en voz del presidente, que las escaleras se barran de arriba hacia abajo.
El fuero especial del que goza el presidente y que hoy, con la aprobación, la voluntad decidida y la convicción de las y los legisladores eliminaremos, se mantuvo vigente desde la Carta Magna del 57. Ahí, establecía expresamente que al igual que los titulares de los Poderes Ejecutivos en las entidades federativas, el presidente era responsable de infracciones a la Constitución y a las leyes federales, pero que –abro comillas– “durante el tiempo de su encargo, solo podría ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común”.
Del mismo modo, el texto original de la Constitución del 17, establecía en el artículo 108 que el presidente de la República durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Hoy, 100 años después las cosas han cambiado, en julio del año pasado la gente tomó una decisión. Eliminar los viejos vicios del régimen anterior para pasar a una nueva condición.
Tomó la decisión de darle una pausa real al régimen presidencialista, donde finalmente hoy sí se tocan las investiduras de aquellos titulares del Ejecutivo que se consideraban intocables. Hoy finalmente sí se estará dando un paso sustantivo en esta materia.
En el PES, al igual que en la coalición Juntos Haremos Historia, estaremos a favor de esta reforma constitucional pues para nosotros no es discurso, no son letra muerta el ir con la eliminación a la corrupción, el establecer las bases claras para que la rendición de cuentas y la transparencia del presidente sea una realidad.
El fuero, todas y todos recordamos, se creó como una protección para el correcto ejercicio de la función pública no para funcionarios en lo particular, y menos para funcionarios corruptos. Eso ya se acabó.
Hoy, sin duda, se distorsionó la finalidad del fuero presidencial. Se comenzó a propiciar la impunidad y facilitó que algunos servidores públicos que se apartaron de la ley en esa medida se sustrajeran de la acción de la justicia.
Con esta reforma constitucional para que el Ejecutivo ya pueda ser enjuiciado por actos de corrupción estamos dando un gran paso. Según el Inegi la corrupción es el segundo problema que más le preocupa a la gente.
Es el lastre que tiene subsumido en el subdesarrollo a este gran país. La corrupción, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, le cuesta casi 80 mil millones de pesos en aquellos rubros fiscalizados, por ello es que necesitamos terminar con esa práctica.
Esta reforma sin duda atiende una demanda histórica de los ciudadanos. Se está respondiendo, como lo hemos hecho desde el inicio de esta Legislatura y desde el inicio del gobierno de la transformación, a un compromiso que hicimos en campaña.
En el PES sabemos de la importancia de esta reforma, por ello iremos a favor de la misma. Sabemos que la eliminación del fuero en esta oportunidad se ha decidido que sea de manera paulatina, sin embargo, vamos a seguir insistiendo en la ampliación a la eliminación de este privilegio a todos los servidores públicos, a los representantes populares, tal y como lo hicimos el pasado 4 de septiembre del 2018 que, por cierto, sí me interesa recordarles a todas y a todos quienes en aquella oportunidad, en un debate que fue histórico, donde hubo posiciones encontradas, donde desde la Comisión de Puntos Constitucionales todo mundo dijo “vamos por la eliminación de los privilegios. Vamos a eliminar el fuero”.
Y posteriormente en el pleno en lo general, se votó a favor, pero ya en lo particular hubo algunas fuerzas políticas que recularon y establecieron su voto en contra para no alcanzar la mayoría calificada que eliminaba contundentemente este privilegio.
En aquella oportunidad se los dije y hoy lo reitero, no en un ánimo de conflicto ni de agresión. Ojalá que aquellos que tuvieron miedo de votar a favor en lo particular de esta reforma, hoy finalmente con conciencia, con decisión y con mucha convicción, respetemos la decisión de la gente. Ya no más presidencialismo a ultranza.
Hoy vamos a promover, como en esta ocasión, la eliminación de todos los privilegios. El servicio público tiene que recuperar su esencia, ya no puede ser para el privilegio de unos pocos.
Hoy necesitamos que en este país todas y todos vayamos en una sola línea: la de garantizar el desarrollo, el acercamiento con la ciudadanía. Pero, sobre todo, hacer de la política el verdadero instrumento que permita conciliar posiciones, engrandecer la apertura, el diálogo y a lo más importante que tenemos las y los ciudadanos, que es la dignidad.
Por ello, vamos por esta eliminación del fuero presidencial, y a seguir trabajando en la eliminación de cualquier otro tipo de privilegios.
Adiós al presidencialismo, adiós a los privilegios y hoy esperemos que de una vez por todas le demos adiós al fuero presidencial. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Compañeras y compañeros diputados, el célebre liberal Lord Acton afirmaba que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. En esta lógica, si consideramos elementos como la ineficacia de los mecanismos de desafuero, la alta tolerancia social a la ilegalidad y la debilidad institucional para judicializar casos de corrupción, podemos considerar que nuestro sistema político ofrece condiciones de poder absoluto a muchos de sus protagonistas.
Por eso, es urgente que la República reencuentre límites para sus élites, pues lo que hoy tenemos es la inoperabilidad de los mecanismos vigentes para procesar a los representantes populares cuando han cometido algún delito, generándose condiciones de impunidad en beneficio de los integrantes más deshonestos de nuestra clase política.
En consecuencia, una de las exigencias más arraigadas en nuestra sociedad está en disminuir los elementos facilitadores de impunidad en la vida pública nacional, por ejemplo, el fuero.
A partir de esta problemática, desde hace años se ha difundido la idea de eliminar el fuero y permitir que si los representantes populares transgreden la ley sean llevados a juicio, como se debe hacer con cualquier ciudadano.
El denominado fuero históricamente se ha justificado a partir de defender el ejercicio libre de representación popular, aunque en los casos más emblemáticos que se esgrimen para justificarlo no haya sido efectivo. Tal y como sucedió con muchos legisladores en el siglo XIX o en casos como el de Belisario Domínguez y Eduardo Neri.
En contraste, por lo general el fuero ha servido como protección de delincuentes. Asimismo, se puede observar que, si los mecanismos para proceder contra representantes populares fuesen efectivos, los casos no serían ni tan escasos ni tan polémicos.
Un ejemplo de este tipo de peculiaridades de los pocos procesos de desafuero en México nos remite al siglo XIX contra el entonces senador Venustiano Carranza, cuyo proceso se vio contextualizado en un conflicto personal que involucraba a la familia Madero, en ese momento rival de los Carranza en Coahuila y al presidente Porfirio Díaz.
Otro ejemplo de características similares se dio en 1943, durante el proceso contra el diputado oaxaqueño Jorge Meixueiro, quien al inicio del procedimiento acusó un trasfondo político y se quitó la vida en el pleno de la Cámara de Diputados.
Asimismo el proceso de desafuero contra el senador Jorge Díaz Serrano, si bien se hallaba sobradamente motivado, debemos recordar que se inscribió las consecuencias de un conflicto de rivalidades por la candidatura de su partido, disputada algunos meses antes.
De igual manera en el 2005, en el caso del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aunque también sobraban motivos para la procedencia es de reconocerse a la luz de los testimonios de sus propios detractores que fue parte de una estrategia para disminuir sus posibilidades para contender por la Presidencia.
Aunado a estos usos que se ha dado al fuero, al observar casos de ineficacia de los mecanismos vigentes para poder proceder a probables infractores de la ley escudados en el fuero, la memoria nos remite a muchos ejemplos, desde Romero Deschamps durante la época del 2000, hasta el ex diputado Tarek, en la legislatura pasada.
En consecuencia y en atención a la demanda social de retirar el fuero, Movimiento Ciudadano ha sido una de las fuerzas políticas que ha impulsado desde hace años la derogación de esta herramienta, que en lugar de garantizar la independencia en el ejercicio de la representación popular, en la mayoría de los casos se ha desplegado para proteger corruptelas, ilegalidades y excesos.
Derivado de todo lo anterior, el 14 de julio de 2016 las y los jaliscienses que integrábamos en ese momento la legislatura estatal, tomábamos la determinación de eliminar el fuero. Asimismo, en ese ánimo de congruencia, en el ámbito federal las bancadas de Movimiento Ciudadano en esta legislatura y en la anterior, desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República hemos presentado diversas propuestas para dar ese importante paso en la vida constitucional de nuestra democracia.
En este contexto, se enmarcó el apoyo que nuestra bancada dio a la iniciativa aprobada por esta soberanía en abril de 2018, misma que lamentablemente fue relegada a la congeladora legislativa del Senado de la República.
También en este ánimo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano brindó su apoyo responsable y crítico para formar el consenso que propició el dictamen que esta legislatura aprobó el 27 de noviembre de 2018, y que también tuvo como destino la congeladora del Senado.
Hoy discutimos y votaremos una minuta derivada de una iniciativa del Ejecutivo federal, que a pesar de tratarse de una iniciativa corta de alcances y mal planteada, en esta tercera ocasión las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano volvimos a respaldar este intento y participamos activamente para integrar un dictamen que mejora los errores planteados en la minuta del Senado de la República.
Derivado de esto último, se logra mejorar el texto y aunque sigue pendiente la eliminación del fuero, el dictamen amplía las posibilidades de la ciudadanía para defenderse de eventuales atropellos por parte del Ejecutivo federal, cuando estos se vinculen directamente a las actividades señaladas en el artículo 19 de la Constitución.
En este sentido, consideramos positivo el dictamen, en virtud de permitir resolver los graves problemas de proporcionalidad e idoneidad que presentaba la minuta que nos envió la colegisladora, ello sin considerar la incertidumbre jurídica en la que hubiese quedado el Poder Legislativo.
De haberse refrendado la minuta como venía, pues ponía las condiciones para la persecución de la oposición y, paradójicamente, potenciaba la impunidad en un fuero reforzado para los legisladores frente a la población en general.
En este contexto, votar a favor de este dictamen significa votar a favor de enviar un mensaje al Senado de la República, en el sentido de ponerse a dictaminar las dos minutas que ya tienen en su poder, mismas que por mucho representan intentos más serios que la minuta que nos enviaron para la eliminación del fuero.
El valor que observo de estos productos legislativos: se proyectan las palabras de representantes populares de todos los signos políticos, por ejemplo, aquellas que integraron uno de nuestros legisladores, ese 27 de noviembre de 2018, en el que contra lo que parece que piensa el presidente, nuestro colega reconocía lo que aprobamos en noviembre como un modelo de inmunidad constitucional, que serviría exclusivamente para asegurar el libre funcionamiento de los legisladores, en el que los servidores públicos no podrían ser privados de su libertad hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.
En contraste, el texto de la minuta senatorial planteaba un riesgo directo y evidente para la independencia entre poderes. Sin embargo, ni esos atributos ni esos alcances estaban en la iniciativa del Ejecutivo federal o en breve resolutivo que contiene la minuta que nos envía la colegisladora.
Otro ejemplo, el reconocimiento desde las filas del oficialismo hacia las minutas que se encuentran congeladas en el Senado está en el discurso de uno de los diputados más destacados, cuyo nombre no diré para evitar gastar nuestro tiempo en alusiones personales, pero quien señalaba que la reforma del artículo 61 del decreto que aprobamos en noviembre era fundamental para evitar que los legisladores y legisladoras fueran reconvenidos o procesados por sus expresiones, atributos que ni la minuta del Senado ni la propuesta presidencial ofrecían.
Entrando en materia, la minuta cuyo dictamen hoy discutimos presenta al menos dos problemas fundamentales que resuelve el dictamen y que a continuación mencionaré:
1.La minuta del Senado no retiraba el fuero, lo que hacía es reforzarlo con respecto a los delitos que no están incluidos en la lista dispuesta en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es decir, casos como el que antier abordó esta soberanía, hubiesen sido imposibles de llevar a cabo, debido a que los hechos presumibles aplicables al exdiputado Charrez no están en el artículo 19.
2. La Fiscalía General de la República aún no ha dado muestras de la independencia y rigurosidad que su delicada función exige. Aún seguimos presentando denuncias por corrupción o por violación de la Constitución y no hay investigaciones confiables ni detenidos, incluso, se inician procesos contra los denunciantes.
Aún seguimos presenciando cómo no se han fortalecido los casos que el actual gobierno heredó de la administración pasada.
Y lejos de hacer justicia ante los excesos de algunos exgobernadores, contratistas o dirigentes sindicales, se ha contribuido a que los casos se colapsen y la impunidad siga hiriendo a la sociedad.
Ello nos da elementos para sospechar de una falta de capacidad o una débil independencia en la Fiscalía General de la República.
Ambas posibilidades, ante un mal diseño, como eran los términos parciales que planteaba la propuesta del Ejecutivo y su minuta, podrían derivar en la persecución de rivales políticos que desde el Poder Legislativo hagan cuestionamientos incómodos.
Cabe mencionar que no me refiero a que esto pueda suceder en la actual administración, me refiero a que un cambio constitucional supone la perdurabilidad de sus disposiciones y, en consecuencia, y riesgo futuro, derivado del texto de la minuta.
Por ello, pensemos en que, si no acotamos la minuta en los términos del dictamen, ese riesgo podría actualizarse en el siguiente sexenio.
A partir de esos hechos, dudas razonables y riesgos probables, las diputadas y diputados ciudadanos hubiésemos deseado que se hubieran incluido modificaciones más amplias en la minuta, dando mayor certidumbre en términos de independencia entre Poderes y atendiendo la exigencia de la sociedad.
A pesar de nuestras dudas, las diputadas y los diputados ciudadanos somos conscientes de que como afirmaba el independista venezolano Francisco Miranda, entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la República que la impunidad del crimen, con la prospección de la virtud.
En nuestro país, el fuero es precisamente una de las herramientas históricas con las que han logrado traiciones a la democracia, fraudes a la sociedad e impunidad en los crímenes.
Por todo lo anterior, y con la convicción de eliminar el fuero para ayudar a desterrar la impunidad, siendo consecuentes con nuestros dichos en otros años y otros espacios públicos, y en pleno conocimiento de de las repercusiones que tendría para la Constitución una mala redacción en materia de fuero, me permito reiterar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen y de darnos la oportunidad de repensar nuestros objetivos y los medios para lograrlos en materia de eliminación del fuero.
Todo esto para darle a México un marco constitucional que elimine la impunidad que hasta hoy ha prevalecido con el fuero, sin que ello implique una capitulación de la vida republicana.
Votemos pues por el dictamen y si su destino es dormir en la congeladora del Senado, entonces trabajemos juntos con una nueva propuesta, con la consigna de no permitir ni el perdón ni el olvido contra la impunidad ni la injusticia ni abrir las puertas a la posibilidad de lesionar más la independencia entre poderes. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Antes de iniciar, diputado presidente, quisiera mencionar el atentado a Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte por dos tiros que recibió en la cabeza por la mañana.
Hay algunos medios que ya dan por cierto su fallecimiento, pero la información que tenemos es que sigue grave en el hospital en que fue internado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Lo lamentamos, diputado, y estaremos atentos a las noticias oficiales al respecto. En efecto, hay información encontrada. Está Presidencia está atenta para expresarse en cualquier momento.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias al pleno por su comprensión.
Hay mucho desconocimiento sobre el tema del fuero constitucional. Se sostienen verdaderas barbaridades en tribuna sobre lo que esta figura es y representa. No es ningún privilegio, el fuero constitucional ni siquiera es un fuero en sentido estricto, porque no te da un tribunal especial para ser juzgado.
No es como el fuero militar que, si cometes un delito dentro de tu actividad, eres juzgado por los tribunales militares, sino te da un procedimiento diferente, que no es un privilegio. Ese procedimiento diferente es, en el entendido de que quien se dedica a la actividad pública del país corre riesgos y dentro de los riesgos están el que te inventen o te prefabriquen delitos.
No hablo en abstracto, voy a traer aquí ejemplos históricos y ejemplos recientes de cómo se han prefabricado delitos contra políticos o políticas para quitarlos del camino y el fuero en ese sentido lo que ha buscado es evitar en lo posible que esos atropellos se den.
Desde la fundación de nuestro país, cuando se constituyó en imperio, los legisladores que eran 150, plantearon 100 de ellos que mejor no fuera imperio, que fuera República y el emperador Iturbide se enojó y los mandó a la cárcel a los 100 legisladores, no tenía protección, no tenían ninguna cobertura institucional y pagaron su diferencia de opinión con su libertad.
Por eso desde la primera Constitución de 1824, la figura del fuero constitucional ha permanecido vigente en nuestro marco constitucional. Pero no somos excepción en el mundo, habrá dos o tres países, no creo que más, que no tenga fuero el jefe de Estado, que no tenga fuero el presidente de la República, que no tenga fuero el Poder Legislativo o el Poder Judicial.
A mí me tenía este tema muy irritado, porque me parece una irresponsabilidad grande, un acto suicida retirarle el fuero al presidente de la República. Pero lo que se va a decidir no es eso, lo que se va a decidir es una determinación correcta de que nosotros hemos vivido un régimen presidencial donde el presidente era intocable, no había manera de proceder contra él de ninguna forma, traición a la patria podría interpretarse de mil maneras y no había un camino que abriera la posibilidad de juzgar a quien estaba en la máxima responsabilidad pública del país.
La reforma que nos envía en la iniciativa, que nos envía el Senado, abre ese camino, dice qué delitos graves, corrupción, delitos electorales, los del 19 que me parece que ahí hay algunos excesos, como inclusive la oposición en tribuna aquí ha manifestado. Son delitos por los cuales el presidente de la República puede ser juzgado, mantiene la cobertura del fuero constitucional, y es correcto que lo mantenga, porque –insisto– sería suicida frente a los intentos permanentes de tirar a nuestro gobierno, que nosotros entregáramos atado de pies y manos al compañero presidente de la República.
Pero voy más lejos, sería irresponsable que hiciéramos una reforma que desapareciera el fuero, porque no solamente abriríamos el camino a que próximos presidentes o presidentas fueran absolutamente vulnerables, sino los propios legisladores.
Todos los que hemos participado en la lucha social nos han inventado delitos a lo largo de nuestra trayectoria. A mí, Mario Villanueva que era gobernador de Quintana Roo, me inventó, cuando era dirigente de los Deudores de la Banca, que había golpeado en el rostro a un policía y del golpe le había luxado el tobillo derecho. Estuve sujeto a un proceso penal durante un año, salí libre bajo fianza, al final me declararon libre porque decían que mi defensa era tan vehemente de mi inocencia que había dudas fundadas, pero era una evidente persecución política en mi contra.
Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, antes de ser dirigente del PRI fue diputado federal y fue acusado de vender los permisos para trabajar como braceros en Estados Unidos, una acusación falsa, y a pesar del fuero fue enviado a la cárcel con todo y fuero, nunca lo desaforaron, lo que demuestra que el fuero ni siquiera te da cobertura cuando hay un poder absolutamente arbitrario, absolutamente atrabiliario.
A Belisario Domínguez y Serapio Rendón, como dice popularmente la gente, el fuero no cuida el cuero, porque con todo y fuero fueron mandados a asesinar por Victoriano Huerta, igual que al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez que fueron asesinados, ciertamente después de haber firmado su renuncia que les había quitado el fuero y la cobertura constitucional que tenían.
Quien sostiene en esta tribuna que el fuero es garantía de impunidad, falta a la verdad. La mayoría de alcaldes y alcaldesas del país no tienen fuero. Alguno que otro corrupto ha habido en las alcaldías del país. Yo pregunto por qué no los han metido a la cárcel si no tienen fuero, lo que los protege es la red de complicidad, la impunidad da la cobertura de complicidades desde la cúspide del poder que permite todo tipo de atropellos, todo tipo de delitos, todo tipo de excesos de los cuales la población está ciertamente indignada.
Y si nuestro pueblo está indignado por los excesos, ¿debemos conceder que hay que retirar el fuero? No. Debemos hacer que el fuero no sirva como impunidad. Y esta soberanía tiene la honra de haberle quitado el fuero al diputado Charrez, porque estuvo involucrado en un accidente donde perdió la vida una persona. No prejuzgamos, pero era obvio que no se había preconcebido un delito para quitarlo del camino, sino él se había visto envuelto en un trágico accidente. Hoy el diputado Charrez está privado de su libertad.
Nosotros no le dimos ninguna impunidad, ninguna cobertura por ser un integrante de la mayoría que encabeza el gobierno en esta Cámara de Diputados. Actuamos con seriedad y con responsabilidad.
Si mañana un presidente o presidenta surgido de las filas de Acción Nacional o del PRI, ¿por haber surgido de estas filas no debería tener fuero? Debe tener fuero. Es una irresponsabilidad poner en una condición de vulnerabilidad al sistema político mexicano por un acto de demagogia, por no querer discutir, explicar, razonar que es una decisión equivocada el retiro del fuero constitucional.
Los diputados y diputadas locales en su mayor parte, sin querer agraviarlos, tiemblan frente al poder del gobernador en turno. Se subordinan al gobernador en turno y tienen fuero. Imagínenselos sin fuero.
Yo aquí podría citar el nombre de varios gobernadores atrabiliarios –que no lo haré porque no quiero generar un debate que se vaya por las ramas perdiéndonos de lo central–. Pero más de un gobernador podía inventarle un delito a un diputado federal, a un diputado local, a un senador de la República con el control de la fiscalía de su estado, quitarlo de la actividad política, generar una represalia porque no tuviera fuero constitucional.
Bueno, el propio compañero presidente López Obrador, cuando eras jefe de Gobierno, fue sometido a un proceso de desafuero con un falso delito. Aquí vino a esta tribuna –esta se la negaron, lo pusieron allá abajo en una tribunilla menor– para que él, en una de las intervenciones más brillantes que ha tenido a lo largo de su carrera política, exhibiera a quienes querían sacarlo de la carrera presidencial inventándole ese delito.
Y a pesar de la contundencia de su defensa y de su palabra fue desaforado, y estuvo a nada de ser enviado a la cárcel y de ser víctima de un atropello político si no lo hubiera acuerpado el pueblo de México exigiendo que este le mantuviera sus derechos políticos vivos y que pudiera contender para la presidencia de la República donde vivimos un monstruoso fraude electoral.
Pero estuvo a nada de ser sacado de la contienda política electoral de 2006, y ello se evitó gracias al fuero constitucional; sin el tiempo para preparar su defensa, sin el tiempo para discutir de cara a la nación, desde esta soberanía habría sido hecho pedazos, porque es muy fácil que con campañas de medios que acusen de lo que quieran, te cuelguen los San Benitos que les venga en gana, determinen que eres responsable de cosas absolutamente falsas e imaginarias, y con eso generen las condiciones para que seas enviado a la cárcel.
Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, llegó con mayoría de su movimiento antes de ser traicionado por Lenin Moreno a la vicepresidencia, y acudió a un proceso de desafuero en Ecuador y le dijo a su mayoría “quítenme el fuero, no tengo nada que temer. Yo no he robado, no me he corrompido, no tengo ninguna mancha en mi carrera política”. Lleva más de cuatro años en la cárcel porque le quitaron el fuero, diciendo que no tenía nada que temer.
Dilma Rousseff, tenía inmunidad diplomática y le dieron un golpe suave, que de suave no tuvo nada, la retiraron de la responsabilidad pública, el Congreso lleno de diputados, diputadas, senadores, senadoras, corruptos, en Brasil, con acusaciones de corrupción y al final está en libertad porque no había cometido ningún acto de corrupción.
Lula Da Silva, ex presidente de Brasil, ha sido privado de su libertad con una falsa acusación de corrupción, y no pudo protegerse porque carecía de un furo constitucional y fue ´víctima inclusive de reformas que su propio movimiento había hecho y que hoy lo tienen en la cárcel.
Hoy el diario español de derechas ABC, es su Sección Internacional dice “Argentina es el primer país del mundo que pasará al libro Guinness de los récords por tener una vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, con 13 procesamientos, siete órdenes de detención, millones y millones de dólares y 2 mil 200 causas abiertas”. Son ciertas todas estas acusaciones y son falsas todas estas acusaciones.
Y Cristina Fernández hoy es vicepresidenta electa gracias a que era senadora de Argentina y gozaba del fuero constitucional que le permitió enfrentar esa campaña brutal de denuesto en los medios de comunicación, que tuvo la altura de miras para apoyar a Alberto Fernández encabezando la fórmula en Argentina y que el día de antier, el pasado domingo, obtuvieron un contundente triunfo frente al presidente en funciones, Mauricio Macri.
Yo le agradezco mucho a la fracción del PT que me haya permitido hacer esta intervención porque, insisto, la información que tenía es que se iba a proceder a retirar el fuero al presidente de la República en abstracto, al compañero presidente en concreto, y me parece que eso era un acto suicida, un acto irresponsable, un acto inaceptable.
Yo quiero pedirles compañeras y compañeros diputados, que cerremos de una buena vez este debate. O que lo mantengamos abierto, pero que no sigamos en la temeridad de querer quitar una figura que da garantías en el ejercicio de la actividad política, de la actividad pública.
A mí ya me habrían acusado, ya lo han hecho, pero ya me habrían metido a la cárcel con cualquier patraña para quitarme de la actividad política. Pero no solo a mí, a ustedes, a todas y todos ustedes.
No debemos abrir un camino al golpismo, no debemos abrir la puerta a las venganzas políticas desde el poder económico y desde el poder político.
Hoy tenemos un fiscal general que es un extraordinario ciudadano, un ser humano como Gertz Manero, y tenemos un extraordinario compañero en la Presidencia de la República, quienes somos sus compañeros y compañeras, López Obrador. Pero nosotros no estamos legislando para personas en concreto, estamos legislando para el país y, por lo tanto, tenemos que ser muy responsables en nuestras decisiones y bajo ninguna circunstancia poner en condición de vulnerabilidad a un futuro presidente o presidenta de la República, porque es el eje articulador del sistema político mexicano.
Tenemos una responsabilidad y un honor muy grande al estar en esta soberanía y me parece que debemos honrarla con decisiones serias, consecuentes, firmes, documentadas, con conocimiento. Y retirar el fuero es, como ya lo dije, una actitud irresponsable y suicida de quienes nos dedicamos a la actividad política y, particularmente suicida de quienes formamos parte de este movimiento de la cuarta transformación que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Quisiera invitar de manera respetuosa al grupo mayoritario, que se pongan de acuerdo. Acabamos de escuchar una defensa puntual íntegra del diputado Noroña del fuero. Pero hay quien piensa todavía en este momento, en los pasillos de esta legislatura, que le vamos a quitar el fuero presidencial. Eso no es cierto. Lo que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales desde el mes de abril es ampliar los delitos en materia del fuero.
En ese sentido, quiero decirles que los medios de control parlamentario son el instrumento idóneo para evitar que alguno de los tres Poderes de la Unión rebase los límites del poder. De ahí que exista el juicio político como procedimiento para imputar al titular del Poder Ejecutivo federal por alguna de las causales actualmente previstas en nuestra Constitución, como son traición a la patria y otros delitos graves del fuero común.
Hoy debatimos en torno a la ampliación del catálogo de los delitos por los cuales el jefe del Ejecutivo podrá ser responsable política y penalmente.
Este dictamen presenta una reforma para ampliar el catálogo de los delitos por los cuales podrá ser imputado el presidente de México, entre ellos abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos y los demás previstos en el artículo 19 de nuestra Carta Magna.
Como se observa, no hay un cambio en materia del derecho procesal constitucional en el rubro de juicio político, tan erróneamente señalado como eliminación del fuero.
En realidad, lo que hace este dictamen es expandir las causales de juicio político, incorporando otras conductas antijurídicas que impliquen prisión preventiva oficiosa.
Tampoco existe una novedad en el caso de los legisladores, toda vez que el derecho a no ser reconvenido por lo expresado en este Parlamento o por hechos de responsabilidad civil, tiene antecedentes desde hace cuatro siglos en Inglaterra y se conoció como inmunidad parlamentaria.
Hoy no estamos ante ninguna novedad en esta materia, pues ambos procedimientos se encontraban en nuestro orden jurídico desde 1824, con el sistema de responsabilidades, previsto en el entonces artículo 38 constitucional, aplicable para el Ejecutivo, integrantes de la Corte, secretarios de despacho y gobernadores.
Fue en el año 1857 cuando a los juicios de responsabilidad política se les incorporaron los delitos oficiales y se instauró al Congreso como jurado de acusación.
Como se observa, no hay nada nuevo bajo el sol, aunque algunas voces se empeñen en asegurar que en este dictamen se va a eliminar el fuero. Lo decimos claro y contundente: no se elimina ningún fuero al supremo Poder Ejecutivo. Ciertamente, se perfecciona un modelo para evitar que se prive la impunidad en lo más alto del cargo del servicio público en México.
Afirmar lo contrario sería una falacia, puesto que no se retira ningún privilegio procesal, por el contrario, se busca que los delitos de corrupción o los electorales, además de los previstos en el artículo 19 constitucional, sean detonantes para juzgar al primer mandatario de este país.
El fuero presidencial no se elimina, habrá lugar a acusarlo, primero ante la Cámara de Senadores y deberá observarse el procedimiento constitucional actualmente previsto en el artículo 110 relativo al juicio político.
Por lo que corresponde a los integrantes del Congreso de la Unión, este dictamen corrige la primera versión, donde existía una redacción al artículo 108, donde al acotarse a los delitos previstos en el artículo 119 constitucional se restringían las posibilidades por las cuales podría invocarse al desafuero de los legisladores, lo cual sería contrario al espíritu de esta reforma.
En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con la esencia de este cambio, cuyo objetivo central es impulsar mejores conductas y prácticas en el servicio público, para evitar cualquier desviación o ilegalidad. Cerremos la brecha para que los delitos que más ofenden a la sociedad no pasen de largo en nuestro Estado de derecho.
Honorable asamblea, la ley nos hace iguales como ciudadanos. Toca a cada uno de nosotros aportar desde nuestra trinchera en el sector público, en el privado o en la esfera de la acción social lo mejor de nuestro trabajo, esfuerzo, conducta y aptitud para construir una forma diferente de hacer política y de participar en los asuntos públicos.
Y desde luego, coincidimos en que ni los legisladores ni el presidente deben de estar ajenos de ello, por ello votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, diputadas, diputados. Desde su fundación, el Partido Acción Nacional ha trabajado de manera incansable y persistente, a efecto de eliminar todo lo que es conocido como abusos del poder.
Desafortunadamente, en muchas ocasiones se ha advertido que el autoritarismo ha campeado en virtud de un sistema político que privilegió la impunidad, la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
Son incontables las iniciativas que durante ochenta años el PAN ha impulsado, a efecto de eliminar y acotar la impunidad y el abuso de poder.
Uno de los temas que se ha señalado como fuente de ese abuso es el manto de impunidad del que ha gozado la figura presidencial. Dentro de tema genérico de fuero presidencial, el régimen constitucional ha acotado de manera sensible los delitos por los cuales puede ser procesado el titular del Ejecutivo, es decir el presidente de la República.
En el texto vigente se señala que el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves del fuero común. Dicha redacción, hay que señalarlo, quedó desactualizada con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, ya que la expresión delitos graves del fuero común, en términos claros quedó vacía de significado.
Lo anterior es así porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales fue eliminado el baremo de delitos graves que existía para los efectos de la sustentación del auto de formal prisión sin derecho a fianza.
Con la redacción que se contiene en la reforma que se da cuenta en este dictamen, se aclara cuáles pueden ser los delitos que pueden ser objeto de investigación e imputación cuando sean presuntamente cometidos por el titular del Poder Ejecutivo. En tal sentido, se precisa que además de traición a la patria será factible incoar los delitos por los que se prevé la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como delitos electorales y actos de corrupción.
En el artículo 111 se precisa que para proceder penal contra el presidente será el Senado quien resuelva en términos del artículo 110. Es decir, que debe ser el Senado quien resuelva la declaración de procedencia.
Consideramos que la redacción pudo haber aclarado de manera puntual el alcance de dicha previsión, a efecto de conjurar confusiones con el capítulo de acusación dentro del proceso penal.
En términos claros. Lo que este día estamos aprobando en esta Cámara de Diputados, en esta reforma constitucional, es una ampliación al catálogo de los delitos en los que puede incurrir el presidente de la República. Pero hay que reconocer que esto no lo coloca en un esquema de igualdad con el resto de los ciudadanos de la República, porque aún existen muchas figuras y tipos penales en los que no está incluido la figura del presidente de la República, es un avance muy importante, hay que reconocerlo.
También hay que distinguir, que cuando hacemos referencia a la figura del fuero no estamos entrando en ese esquema de análisis o, en términos claros, quedaría en muchos aspectos intocada la Constitución.
Con esta modificación al sistema penal acusatorio que se planteó, en la República Mexicana existe un planteamiento que nos permite con esta redacción aclarar de manera precisa los alcances que existen en este artículo.
Compañeras y compañeros, esta reforma satisface una necesidad fundamental en el establecimiento de un régimen republicano en el que la impunidad oficial y el abuso del poder puedan ser acotados.
Entiendo que hay quienes, desde el cargo de diputados, argumentan que se está eliminando la figura de fuero del presidente de la República, eso es absolutamente falso, y hay que decirlo con claridad para no engañar a los habitantes del país. Se está aclarando y avanzando con esta reforma sin duda alguna, y por esa causa el grupo del Partido Acción Nacional, de manera decidida apoya este dictamen y se pronuncia por su votación unánime. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Compañeras y compañeros diputados. Estamos, sin duda alguna, frente a una reforma constitucional histórica que despoja al presidente de la República de privilegios o mantos de impunidad al ampliar las conductas por las que se puede ser enjuiciado.
Inauguramos la responsabilidad penal para el presidente de la República. Y también es histórica y decirlo claramente, porque esta iniciativa que seguramente vamos a aprobar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, fue promovida por el propio presidente de la República, quien renuncia el día de hoy a los privilegios que lo hacían intocable.
A nadie es ajeno que el llamado fuero constitucional de los servidores públicos es uno de los más nefastos privilegios que han distinguido el ejercicio de la función pública en México.
Es por cierto el privilegio que más descrédito social ha merecido. No, no es porque por sí mismo el fuero sea un instrumento del autoritarismo. Por el contrario, nació como una necesaria protección al cargo de los servidores públicos dirigida a conjurar la permanente tentación de la persecución política por parte de los gobiernos autoritarios y de esa manera garantizar el papel de control que un poder del Estado debe ejercer sobre el otro con absoluta independencia.
En ese sentido, tanto la impunidad procesal penal de los altos funcionarios públicos, como la inmunidad constitucional de los parlamentarios, son figuras que nacieron al mismo tiempo que el Estado moderno, instituciones jurídico-políticas que tuvieron su mejor asidero en la función primigenia de posibilitar el desarrollo de los principios de organización democráticos y republicanos, sin embargo, en México, el fuero constitucional ha degenerado en dos efectos que contradicen su origen.
En principio derivado en un privilegio que garantiza a los altos funcionarios la posibilidad de abusar de su investidura con total impunidad, tanto para imponer su poder y perpetuarse en este, como para enriquecerse a costa de los recursos públicos. En los últimos tiempos hay ejemplos de este sistema de impunidad, prácticamente en todos los espacios de nuestro país.
En segundo lugar, el fuero ha servido como un sistema de represión política de opositores mediante la aplicación selectiva del procedimiento de declaratoria de procedencia o desafuero en contra de los enemigos políticos del régimen.
Y el mejor ejemplo, creo que es importante recordarlo, de este mal uso es el artero proceso de desafuero al que se sometieron justamente a quien hoy ocupa la presidencia de la República con la aciaga intención de inhabilitarlo para participar como candidato a ese mismo puesto de elección popular.
Por ello, en estos tiempos de la cuarta transformación de la República, esas desviaciones del fuero constitucional deben terminar, tanto la que tiende un manto de total impunidad en el sector público como la que permite la persecución penal de adversarios por razones políticas.
La protección constitucional debe dirigirse únicamente a garantizar la permanencia, continuidad y estabilidad en el ejercicio de la función pública en nuestro país, pero no debe impedir que los falsos funcionarios puedan ser llevados ante los tribunales por la comisión de delitos, especialmente de aquellos que resultan más lesivos para el interés social como son la corrupción gubernamental, la corrupción política y los delitos que la Constitución determina como de mayor impacto social. Tal es la intención de la reforma que hoy discutimos.
Como expresamente propuso el presidente de la República en la iniciativa que presentó ante el Senado, nuestro grupo parlamentario sostiene que debe modificarse el texto constitucional para hacer posible que el propio titular del Ejecutivo de la Unión sea procesado penalmente si incurre en actos de corrupción, delitos electorales o alguno de los delitos contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Es decir, aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa.
Así lo establece el dictamen que hoy discutimos en las reformas que contienen los artículos 108 y 11 de la Constitución Política. En ello se especifican los delitos por los que deberá responder el presidente de la República durante el tiempo de su mandato, con lo que se elimina la incertidumbre que actualmente generan dichos preceptos y se termina todo el debate interpretativo.
Además, esclarece el procedimiento que habrá de seguirse tanto para evitar la impunidad del mandatario como para prevenir toda posibilidad de persecución política, pretensión que ha estado patente, como aquí se ha comentado, en prácticamente todos los procesos de democratización social que se han emprendido en América Latina.
Se trata de terminar con el espectro de absoluta impunidad que trae consigo el fuero para garantizar que el presidente de México se haga cargo de la responsabilidad penal que generan las conductas que lesionan los intereses públicos, fundamentalmente si incurre en alguna y que de esa manera la justicia penal se convierta en un instrumento más de rendición de cuentas del mandatario.
Pero se trata también de mantener viable el sistema de organización del Estado mexicano en torno de una república democrática, cuyos poderes se sostienen en los principios de decisión, colaboración y control entre uno y otro, sistema en el que debe de estar proscrita toda posibilidad de persecución o desestabilización por motivos políticos.
Por eso consideramos que este paso decisivo, que no hay que demeritarlo, en lo que ha sido un difícil camino hacia la eliminación del fuero de todos los altos servidores públicos en México.
Somos conscientes de que no estamos eliminando esta protección constitucional para todos los que actualmente gozamos de ella, lo cual no impide, esto es muy importante, no impide que seamos responsables de nuestras conductas.
Somos responsables ante la ley por cualquier delito. Pienso, y esta es una reflexión personal, que deberíamos de repensar la declaración de procedencia, en su momento, para evitar cualquier filtro que se aleje justamente a lo que establecen las leyes penales.
Pero iniciar estableciendo la clara posibilidad de que el más alto mandatario, el presidente de la República pueda ser sujeto al proceso penal precisamente por las conductas que nos condujeron hasta la grave crisis de corrupción que hoy estamos superando, sin duda inaugura una ruta correcta.
Ciudadanas y ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara se congratula del avance, pero no cederemos en el esfuerzo para abatir de forma total y definitiva ese resabio de los tiempos del autoritarismo, ese velo de impunidad bajo cuyo amparo se tejieron las más escandalosas tramas de la delincuencia de cuello blanco.
Misión cumplida, presidente. Se acabó la impunidad y será responsable penalmente como lo ofreció usted a los ciudadanos mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Está a discusión en lo general y tiene la palabra el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar a favor.
Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de la excelentísima señora Paivi Marianne Pohjanheimo, embajadora de la República de Finlandia en México, quien participó en el acto de instalación del Grupo de Amistad México-Finlandia, que preside el diputado Ricardo García Escalante.
La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida, señora embajadora, y hace votos para que los lazos de amistad y cooperación entre ambos países se vean fortalecidos con este acto.
El diputado Ricardo Villarreal García: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Villarreal García: El día de hoy estamos nuevamente discutiendo un asunto que es de la mayor relevancia nacional. Desde hace muchos años muchos mexicanos y mexicanas hemos soñado con que finalmente seamos todos iguales ante la ley. Que no haya mexicanos de primera y mexicanos de segunda, como hasta hoy. Mexicanos que lo tienen todo y lo pueden todo, inclusive violar flagrantemente, impunemente la ley y están felices y contentos. Y, por otro lado, mexicanos que no tienen nada y que a veces son sancionados incluso por conductas que no cometieron.
Por eso el PAN ha estado siempre y seguirá estando siempre a favor de eliminar lo que popularmente conocemos como el fuero constitucional. Este que, si bien es cierto nació para que los políticos de oposición pudieran expresar libremente sus ideas, pero que en la práctica ha servido para que muchos políticos se escuden detrás de él para cometer atracos y fechorías contra el pueblo de México.
Por eso no podemos permitir que los políticos sigan teniendo una protección que los distingue de los ciudadanos. Todos, todos, sin excepción debemos ser iguales ante la ley.
Nuestra voluntad de eliminar esta figura ha sido tal, que en diferentes legislaturas hemos votado su eliminación. Muchos de los que estamos aquí votamos una iniciativa en la LXIV Legislatura para eliminarlo. Dicha iniciativa se quedó congelada en el Senado de la República porque no hubo la voluntad en aquel momento de las mayorías.
Lo mismo en la LXIII Legislatura, el PAN volvió a votar nuevamente la eliminación del fuero en la Cámara de Diputados y nuevamente la mayoría en el Senado la frenó. Por eso hoy nuevamente volveremos a votar este dictamen a favor.
Cualquier avance para que las y los políticos mexicanos sean igual a los demás ciudadanos siempre será apoyado por el PAN.
Sin embargo, debemos dejar una cosa clara, este dictamen bajo ninguna circunstancia ni remotamente elimina el fuero constitucional. Nuevamente el presidente y los partidos que lo apoyan están tratando de engañar al pueblo de México. Empezaré por decir que este dictamen en nada cambia el fuero que desafortunadamente tenemos las y los diputados, los senadores, los gobernadores y muchos funcionarios más.
A nosotros esta reforma no nos toca con absolutamente nada, ni siquiera nos menciona, nos deja exactamente igual, siendo igual de privilegiados que siempre, cuando los demás ciudadanos no tienen estos privilegios. A lo único que se refiere esta reforma es simplemente cambiar un par de palabras, en cuanto a cuando el presidente de la República puede ser juzgado por la comisión de un delito.
Mientras hoy la Constitución señala que el presidente puede ser juzgado solo por traición a la patria y por delitos graves del fuero común, hoy se propone cambiar la redacción para que sea solamente por traición a la patria o por los delitos establecidos en el artículo 19 de nuestra Constitución, que básicamente son los delitos que esta soberanía ha determinado que son delitos graves del orden común y, por lo tanto, merecen prisión preventiva oficiosa.
Es decir, compañeras y compañeros, si hoy virtualmente es imposible juzgar al presidente de la República, en esta reforma nada cambiará las cosas. No es cierto, como decía el presidente, que finalmente él será igual que todos los mexicanos ante la ley. Después de hoy seguirá siendo absolutamente imposible que el presidente sea juzgado y sería imposible, porque inclusive si detuvieran al presidente de la República, sea quien fuere, cometiendo un delito en flagrancia, siendo grabado públicamente, tendría esta Cámara de Diputados que votar por mayoría que el presidente fuera acusado, lo cual evidentemente no sucedería porque sus aliados tienen mayoría.
Y si en un milagro la mayoría de los diputados acusan al presidente, entonces el Senado de la República tendría que juzgar al presidente y tendría que ser condenado por dos terceras partes del Senado de la República, que también controla.
Entonces, dejemos clara las cosas, el presidente después de hoy seguirá teniendo la misma protección que siempre ha tenido. No engañemos a las y los mexicanos, los diputados, los senadores, los gobernadores seguirán teniendo la misma protección que siempre hemos tenido.
Ojalá y hoy que debatimos esta nociva figura para nuestro país lo hagamos en serio. Propongamos, como muchos de nosotros lo hemos hecho durante varias legislaturas, que todos nos convirtamos en absolutamente iguales ante la ley, que no sean nuestros pares, otros políticos de nuestros partidos, los que nos defiendan, que nos defendamos...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo ha concluido.
El diputado Ricardo Villarreal García: ...que nos defendamos nosotros ante los tribunales, como lo hacen absolutamente todos los mexicanos. Concluyo diciendo, compañeras y compañeros, solamente cuando todos seamos iguales ante la ley las cosas en este país van a cambiar. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar en contra del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La sociedad mexicana acudió el pasado primero de julio a las urnas a votar a favor del nuevo proyecto de transformación política y social del país, pero también lo hizo para demostrar su hartazgo en contra de la corrupción generalizada que privaba en los individuos, en los distintos niveles de gobierno.
El descontento surgió al percatarse de que el aparato institucional para imputar responsabilidades penales o administrativas estaba sesgado, de tal forma que aún con la comprobación fehaciente de que algún servidor público hubiera cometido un delito o falta administrativa, no se le sancionaba.
El gobierno se concibió no como un medio de solución de problemas sociales sino como de un botín donde se podía meter mano al erario para apropiarse de los recursos públicos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde la pasada campaña presidencial se comprometió a impulsar una reforma constitucional para que el presidente de la República fuera igual ante la ley que el resto de los ciudadanos, y que, si en ejercicio de sus funciones incurriera en alguna responsabilidad, particularmente de carácter penal, fuera separado de su cargo público.
Sin embargo, no podemos pasar por alto que más allá de la buena voluntad del presidente de la República, aún persisten atavíos y la negativa de los poderes fácticos que se niegan a perder privilegios y que pudieran orquestar una acusación falsa que permitiera vía el uso faccioso de la ley, obtener lo que el pueblo de México les negó en las urnas el pasado primero de julio.
Dada la naturaleza de funciones del presidente de la República como jefe de gobierno y jefe de Estado, considero que sin la protección constitucional inherente a su alta responsabilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador sería vulnerable ante acusaciones falsas.
La experiencia internacional en algunos países de América latina nos muestra cómo los presidentes frágiles y vulnerables ante las confabulaciones de los grupos de interés... Quiero dejar en claro que aun rechazando esta propuesta el presidente de la República en los términos de la legislación vigente en los artículos 108 y 111 constitucional, puede ser juzgado, aun en el ejercicio de sus funciones o al término de las mismas, hasta que no se utilice el término de la prescripción de los probables delitos que cometieron.
Compañeras, compañeros diputados, pueblo de México, estoy en contra de este dictamen porque los diputados, los legisladores, senadores, no estamos, si aprobamos esto para el presidente de la República, y como dijo el dicho vayamos poniendo nuestras barbas a remojar porque los que seguimos somos nosotros.
Habrá diputados que hoy ejercen el cargo que vienen de diferentes luchas sociales, o quizá por amistad con los dirigentes de los partidos o por otras cuestiones están aquí. En el caso de su servidor y otros compañeros, venimos de la lucha social. El caso particular, he apoyado la comunidad desde muchos años en cuestiones muy delicadas que han tenido que ver con caciques regionales y con el gobierno de los estados, por eso yo estoy en contra.
Los diputados y los senadores debemos de tener fuero, porque el fuero le sirve a la gente, porque nosotros recibimos problemática de los ciudadanos. Así es que estaré siempre en contra de eliminar el fuero y les pido que nosotros los diputados, los senadores nunca permitan que se quite el fuero, porque el fuero es para servirle a la gente.
Les vuelvo a repetir, vengo de la región de Ecatepec con Tlalnepantla, en el estado de México, y tenemos y sufrimos golpeteo por parte de los gobernadores de ese estado, que son altamente corruptos y que siempre han hecho maniobras para afectar a la gente. Por eso con la frente en alto, pueblo de México, estoy en contra de que se elimine el fuero, porque el fuero es para servirle a la gente. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Compañeros diputados, compañeras diputadas, por primera vez en la historia moderna de nuestro país tenemos un presidente que ejerce el poder con responsabilidad moral y en total apego a la ley. Este ejercicio responde a la renovación del aparato gubernamental que ha puesto en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la cuarta transformación los funcionarios están obligados a desempeñarse con responsabilidad, anteponiendo el interés de las y los mexicanos. Como parte de este momento histórico del poder público hemos decidido dejar atrás la absoluta inmunidad procesal del presidente de la República y así ser consecuentes con lo que en Morena ofrecimos en campaña, ser un gobierno distinto, un gobierno que puede ver de frente a la gente. Se trata de que el presidente pueda ser juzgado y sancionado por la comisión de actos ilícitos graves que atenten contra el pueblo de México.
Los delitos por los que se le podrá procesar son relativos a los hechos y actos electorales ilícitos, por corrupción, y los delitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Es una realidad lo que vamos a votar el día de hoy.
Se acabó el manto protector de la impunidad del presidente, se acabó, son otros tiempos y, en consecuencia, debemos de ser congruentes con la digna labor del Ejecutivo, quien nada debe, nada teme.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena exhorta a los integrantes de los distintos grupos parlamentarios a votar a favor. Votemos a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que restringe los supuestos de inmunidad procesal al presidente de la República.
Con su voto ningún presidente de la República podrá beneficiarse de la impunidad al haber cometido delitos graves. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro.
La diputada María Ester Alonzo Morales: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada María Ester Alonzo Morales: Compañeras y compañeros legisladores. Con esta reforma establecemos la posibilidad de juzgar al presidente de México por actos de corrupción, delitos electorales o cualquier otro hecho delictivo previsto en el artículo 19 constitucional.
Estas modificaciones son relevantes, porque establecen nuevas obligaciones para el titular Ejecutivo federal, sometiéndolo a las leyes penales que todos estamos obligados a cumplir.
Pero no se equivoquen, compañeros y compañeras, porque este dictamen no elimina la inmunidad, es más, no se le mueve una sola coma al juicio de procedencia previsto en el artículo 111 constitucional. ¿Cómo podemos decir que eliminamos el fuero si la inmunidad continúa vigente en la Constitución?
Durante la legislatura pasada, el PRI en esta Cámara votó a favor de una iniciativa que sí garantizaba la eliminación total de la inmunidad. Se trató de un proyecto que apostó por la rendición de cuentas, la transparencia y, sobre todo, la consolidación de una clase política respetuosa de los mexicanos.
Si bien votaremos a favor del dictamen por reconocer que es un avance, queremos dejar claro que este no es un dictamen que elimine el fuero. La inmunidad es una figura jurídica que establece la imposibilidad de enjuiciar penalmente a un alto funcionario de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, para que se proceda se requiere que la Cámara de Diputados se establezca como jurado para emitir la declaración de procedencia a fin de remover el fuero del funcionario público.
Si bien la inmunidad ha permitido garantizar la libertad de pensamiento evitando el uso indebido de la justicia y la libertad de opinión de quienes se oponen al gobierno, somos conscientes de que esta figura mal utilizada puede ser un mecanismo que fomenta la impunidad y la evasión de la acción de justicia.
Nosotros somos sensibles a las demandas de la sociedad. Si queremos acabar con la corrupción, si deseamos construir un gobierno responsable y cercano a los ciudadanos, debemos reformar los primeros tres párrafos del artículo 111 y por qué no, reformar también el 110 en materia de juicio político como en su momento lo propusimos.
Compañeras y compañeros legisladores, el PRI reitera el compromiso que tiene con los mexicanos. Estamos a favor de ampliar el catálogo de delitos por los que se puede enjuiciar a un presidente porque es un cambio necesario, pero no es suficiente.
Debemos escuchar a la sociedad, seguir trabajando por consolidar una clase política comprometida con las causas sociales, luchar por un México verdaderamente libre de corrupción, pero sin verdades a medias. En el PRI hemos sido congruentes, hay constancia clara de nuestro compromiso con la construcción de leyes lógicas y bien estructuradas.
La discusión sobre la eliminación del fuero constitucional es uno de los pendientes más importantes que tenemos en el Poder Legislativo. En el PRI continauremos trabajando para consolidar lo que hoy iniciamos, pero que ciertamente está muy lejos de concluir. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Diputados, diputadas. Creo que México está ya despertando de una de sus más tristes pesadillas. Va despertando de haber tolerado años de corrupción y de impunidad. Esa que prevaleció y que lamentablemente perpetuaron aquellos políticos que justo ahora se indignan con lo que ellos mismos provocaron. Esa pesadilla sin embargo terminó en julio del año pasado.
Ahora nos toca a nosotros, a los diputados de Morena, a los diputados elegidos por un pueblo harto y cansado de la corrupción, corregir ese rumbo y darle una nueva esperanza de justicia al pueblo mexicano.
Nuevamente el presidente de la República y los legisladores de Morena respondemos y cumplimos con el compromiso que le ofrecimos a la ciudadanía. Sí, otra propuesta más de campaña que hoy se está discutiendo y aprobando en esta Cámara de Diputados. Y esta es la promesa de eliminar la posibilidad que permitía al presidente de la República en funciones no ser juzgado en caso de cometer algún o muchos delitos.
Hoy el presidente puede ser juzgado, no solamente por traición a la patria, sino que ahora también puede ser juzgado por corrupción, por delitos electorales y por todos aquellos delitos contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que ya amplía porque fue reformado justo también en esta Cámara el espectro de los delitos que requieren prisión oficiosa.
Como ya muy bien lo dijo aquí el diputado Fernández Noroña, el pasado mexicano estuvo lleno de luchas y de pugnas por ordenar a este Estado, a aquel Estado naciente, y requirió en ese momento histórico que pensadores o que constructores del orden jurídico tuvieran libertad real para que sus palabras y sus acciones no fueran sujetos de presiones judiciales.
Pero aquí de lo que estamos hablando es de la inmunidad, no del fuero. Aquí vamos ya a quitar esa posibilidad de que alguien que está gobernando, el presidente mismo, pueda tener impunidad. Y la propuesta que hoy estamos haciendo aquí justo lo que hará es que nunca más en este país vuelva a pasar eso.
Estamos estableciendo otro instrumento para facilitar la construcción de las instituciones. Cómo podríamos haber hecho una genuina, democrática y republicana institución presidencial si el primero que podía romper con la ley era el propio presidente sin ser castigado. Eso no va a volver a pasar en este país.
El dictamen que hoy traemos a discusión, este que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelve una igualdad que los ciudadanos llevamos mucho tiempo exigiendo.
Ahora el presidente de la República no tiene una inmunidad absoluta y por eso no va a poder volver a cometer delitos sin ser juzgado, como todos sabemos que ya ha ocurrido muchas veces en este país.
Este dictamen le quita al Poder Ejecutivo justamente esa figura privilegiada de inmunidad que había imperado durante muchos años.
El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Permítame un segundo, diputada Huerta, por favor. ¿Con qué objeto, diputado Villarreal?
El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): Preguntarle a la oradora si me acepta una pregunta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, ¿acepta una pregunta del diputado Villarreal?
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Sí, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, adelante.
El diputado Ricardo Villarreal García: Escucho con atención que la oradora dice que ahora el presidente ya será juzgado como cualquier ciudadano. Le quisiera preguntar a la oradora si nos podría explicar cuál es el procedimiento para que hoy el presidente, a partir de que esta reforma entrará en vigor, fuera juzgado. Porque yo sin duda difiero enormemente, el presidente no va a poder ser juzgado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: No dije que podría ser juzgado solo como cualquier ciudadano, dije que ya va a ser juzgado, cosa que no ocurrió en el pasado, como usted seguramente lo sabe muy bien. Cuando el presidente cometía actos de corrupción, por ejemplo, como fue en este país sistemáticamente con los presidentes del PAN y del PRI, no había la herramienta para que fueran juzgados.
Sí, ahora la hay, porque... Bueno, pues entonces lea el dictamen, diputado, porque no se puede. Cuando no lee el dictamen bien no podemos platicar. Ahora tiene que leerlo bien y saber que ahora nuestro presidente sí podrá ser juzgado.
Y decía, y con esto termino, diputada presidenta, el dictamen este que estamos hoy aprobando, que no ha leído el diputado, pero que seguramente ahora podrá leer bien, sí le quita al Poder Ejecutivo esa figura privilegiada de la que antes se habían servido los partidos en el gobierno para cometer brutales y monstruosos actos de corrupción.
Se les acabó, afortunadamente. Ahora cualquier presidente, no solo este presidente, por supuesto. Cualquier presidente, este Poder Ejecutivo podrá en el caso necesario, por supuesto que todos sabemos aquí que nuestro presidente nunca será juzgado por eso, por su transparencia y absoluta honestidad, pero no vaya siendo que ustedes por ahí.
Vamos y estamos respondiendo al reclamo social justo para que el presidente de la República no tenga inmunidad y cualquier proceder inconveniente sea juzgado. Estamos muy contentos todos los ciudadanos, y con esto acabo...
La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Un segundo, diputada, permítame por favor.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: ... porque nunca más volveremos a vivir la terrible...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, permítame un segundo por favor.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: ... impunidad que hubo antes.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Quién? Diputada, ¿con qué objeto? La diputada Mirtha, ¿con qué objeto?
La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (desde la curul): Para ver si me acepta la oradora una pregunta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo concluyó, pero ¿acepta una pregunta rápidamente?
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: No, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: No, gracias, diputada. No aceptó la pregunta. Diputado Elías Lixa, ¿con qué objeto?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Para saludarle, presidenta, porque no pedí la palabra. Nada más estoy escuchando a la oradora, pero aprovecho para saludarle.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Así es, diputado. Diputado, gracias por los saludos. Continuamos. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Nos es grato como miembros de esta legislatura discutir hoy una reforma constitucional tan importante, como la que hoy será sin duda aceptada por esta soberanía.
¿La corrupción es un problema? Sí. Por lo tanto, debe mejorarse en todos los marcos normativos, como el que hoy nos ocupa, para buscar el bien de la ciudadanía.
Es una realidad que las personas tienen poca confianza en los respectivos gobiernos, en donde el yo o nosotros se antepone en las decisiones de gobierno al concepto de nación.
Por citar un ejemplo de lo anterior, de acuerdo con el ranking Mitofsky en México que hoy se publica en El Economista, respecto a la confianza en las instituciones 2019, miren, encontramos que el nivel de confianza que los ciudadanos tienen hacia las instituciones, en el tema de la Presidencia se encuentra en segundo lugar, solo por debajo de las universidades, y los senadores y diputados registramos una confianza baja, estando estos últimos al final de la lista y no solo eso, por debajo de la policía, sindicatos y partidos políticos, que se han desacreditado sistemáticamente.
Ningún mexicano podría estar en contra de que se enjuicie al presidente de la República por hechos de corrupción. Pero seamos claros, ya que no podrá acusarse a ex presidentes al amparo de la porción normativa, porque es clara la redacción, limitar a dicha acción a durante el tiempo de su encargo.
Esta propuesta de reforma no elimina el fuero, solo limita, por lo que es necesario dejar en claro y no engañar a los mexicanos.
Así entonces esa reforma no es suficiente, ya que si bien se amplía el catálogo de delitos por el cual el presidente de la República podrá ser acusado durante el tiempo de su encargo, no puede ser denunciado por todo tipo de delitos, sino solo por algunos y solo se menciona al presidente de la República, lo que a nuestro parecer hace la reforma incompleta.
Por otro lado, esta reforma debería ser acompañada de cambios legales para favorecer el papel de los denunciantes ante los hechos de corrupción, ya que por todos es conocido que en nuestro país se le tema a la denuncia por riesgos a sufrir alguna represalia, por lo que es necesario generar condiciones para que se promueva una denuncia segura.
En Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen, pero seamos conscientes que esta reforma es solo el primer paso, por lo que esperamos que estas no sean solo menciones o acciones de sanciones, de sanción que tenga que ver con generar un impacto político o con castigar verdaderamente al titular del Poder Ejecutivo por realizar acciones al margen de la ley.
Lo anterior, debido a que será esta Cámara, la Cámara de Senadores, la que tendrá bajo su responsabilidad que estas reformas sea un mecanismo real de sanción. El combatir la corrupción, fortalecer a los Poderes de Estado, por lo que es una tarea conjunta donde todos tendremos un grado de responsabilidad al aprobar el dictamen que se nos presenta en estos términos.
Los casos de acciones al margen de la ley son habituales entre los miembros del gobierno, lo cual ha dado lugar al hartazgo de las sociedades, en relación de utilizar el poder para enriquecer a los menos y empobrecer a los más. Por ello, esta reforma es una expectativa para que tras décadas de inacción la justicia por fin se imponga.
Para Movimiento Ciudadano los actos ilegales cometidos por cualquier servidor público afectan a las personas, a las familias y a las comunidades en su vida cotidiana. En menoscabo del desarrollo nacional en su conjunto, la ilegalidad en el ejercicio de la función pública es un obstáculo a la posibilidad de progreso y perjudica principalmente a los sectores de menos recursos y más vulnerables, por lo que sancionar a los servidores públicos que utilizan el poder para beneficiarse a costa de perjudicar a los demás es una acción que debe ser apoyada. Gracias por su atención.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores, el proyecto que se consulta a la asamblea tiene que ver profundamente con la historia del país. No es un asunto circunstancial, nada incidental lo ha motivado.
Durante muchos sexenios los presidentes hacían fraudes, violaban la libertad de sufragio, alteraban los resultados, ponían a sus amigos de gobernadores, también los quitaban.
Durante muchísimos sexenios condonaban adeudos fiscales, como hemos visto. Durante muchos sexenios los presidentes eran impunes. Nadie se metía con ellos.
Hoy queremos enviar un mensaje al país, no estamos de acuerdo, renegamos de esa historia, de esa parte de la historia, de la historia negra de la política mexicana.
El presidente, conforme lo estamos proponiendo, es una persona que podrá ser acusada por cualquier delito electoral, grave o no, cualquiera del catálogo de la lista. Por cualquiera que está en el capítulo de actos de corrupción en el Código Penal, no uno o dos, cualquier delito, grave o no grave.
Y claro, por los que están en la lista del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que nosotros mismos hemos reformado.
Eso es lo que estamos diciendo, estamos diciendo que el presidente puede ser destituido de su cargo y presentado en un proceso penal si comete esas conductas.
Estamos diciendo que así debió haber sido siempre. Estamos diciendo que una república democrática no permite que el presidente sea un intocable que comete delitos con total impunidad.
Estamos diciendo que establecer la democracia en nuestro país implica dejar de proteger al jefe del Estado y del gobierno, como si fuera dueño de la República. Que la República no tiene dueño.
Estamos en este momento a punto de votar una reforma del artículo 108 sobre la responsabilidad penal del presidente, y la semana que entra votaremos sobre la responsabilidad política del presidente frente al pueblo y la capacidad del pueblo de revocar el mandato.
Hemos enviado al Senado una reforma para quitarle al presidente las llaves del perdón fiscal, y seguiremos porque estamos tratando de crear un nuevo sistema político de la Constitución. Hemos votado también porque no haya partida secreta, que era lo que el presidente utilizaba y utilizó muchas veces, porque no debe haber un solo gasto secreto del presidente de la República ni de nadie.
Estamos entonces, si ustedes empiezan a armar las piezas de lo que está haciendo esta legislatura, sentando las bases de un nuevo sistema político de la Constitución. Esa fue nuestra promesa de campaña, pero sobre todo nuestro compromiso frente a un pueblo que ha sido vilipendiado, reprimido, insultado por el poder encarnado en el presidente de la República.
El intocable del pasado no lo será más. Este fue nuestro compromiso y estamos cumpliéndolo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Concluida esta ronda de oradores y en términos del artículo 230, numeral 4 del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Se consulta a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Voy a repetir la votación, señora presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, secretaria.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que en términos...
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado José Elías Lixa, para hechos. Desde su curul, hasta por un minuto.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Escuché con mucha atención prácticamente todo el debate, a todos los diputados, que en su mayoría expresaron buenas intenciones y causas nobles en la tribuna.
Sin embargo, creo que es justo determinar realmente qué es lo que se vota y realmente qué es lo que está a discusión, porque pareciera, para algunos, que se pretende a través del discurso decir que esto amplía un catálogo de delitos por el que se puede juzgar el presidente, o peor aún, la forma en la que puede ser juzgado.
Esta es una actualización de la Constitución. La Constitución ya preveía prácticamente que se podía juzgar al presidente en prácticamente todos los supuestos que han dicho, porque la Constitución establecía los delitos del orden común, los delitos graves del orden común.
Y cierto es que, desde antes del 94, cuando la Suprema Corte emitió su diccionario jurídico, ya existía un debate sobre cuáles eran esos delitos. Lo que hoy hacemos es enmarcar, no ampliar, enmarcar que esos delitos son a los que se refiere el 19 constitucional, que no haya ilusos, para que no existan después, desilusionados. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. En virtud de que en términos del artículo 109 del Reglamento no se reservó artículo alguno para su discusión en lo particular. Consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En términos del artículo 231, numeral 4 del Reglamento, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 421 votos a favor. Son 420 votos a favor, 5 abstenciones y 29 votos en contra. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del Artículo 72 constitucional.
Se informa a la asamblea que los siguientes dictámenes serán discutidos con fundamento en el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de esta Cámara mediante la fundamentación del dictamen por parte de la comisión, y fijación de postura por parte del promovente, ambos hasta por cinco minutos.
Acto seguido, se realizará la votación nominal abriendo el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos, por lo que le ruego a la asamblea, a los diputados y a las diputadas, que permanezcan en el salón de sesiones ya que tendremos votaciones consecutivas.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Rocío Barrera Badillo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Compañeras diputadas y diputados. El dictamen que en este momento se discutirá tiene por objetivo mantener debidamente armonizado nuestro orden jurídico nacional, particularmente en la materia migratoria, mediante la derogación del artículo 10 de la ya anacrónica y muchas veces remendada Ley General de Población.
Antes de entrar en materia y al margen de la presentación que me convoca a esta tribuna, me permito anticipar que la renovación de este ordenamiento es urgente y que es uno de los temas que la comisión que me honro en presidir tiene como tema prioritario para el presente periodo legislativo, por lo que muy pronto estaré solicitando su voto a favor de la nueva Ley General de Población.
En cuanto al dictamen que nos toca, no obstante su sencillez, resulta trascendente en sus efectos, pues como ya anticipé, nos permite mantener congruencia jurídica respecto de las disposiciones en materia migratoria que fueron trasladadas de la Ley General de Población, a la Ley de Migración cuando esta última fue creada.
En un sentido amplio el dictamen desarrolla lo dispuesto en el artículo 11 constitucional, que establece el derecho de toda persona para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes, sin establecer condiciones al ejercicio del referido derecho.
El artículo que proponemos derogar se refiere a las facultades de la Secretaría de Gobernación para fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo en puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las diversas secretarías que por su competencia tengan funciones que incidan en los temas de migración e inmigración.
La derogación propuesta fue iniciativa de la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia. Se debe a la existencia de una cláusula equivalente en la Ley de Migración que, atendiendo al principio de especialidad, es la que debe prevalecer.
En este sentido, es importante señalar que no se trastoca en modo alguno la esfera de derechos de la ciudadanía ni se amplían o disminuyen las facultades y atribuciones de la Secretaría de Gobernación de cualquier otro ente público, pues ya existe una porción normativa similar pero con mayores alcances en la ley antes mencionada, pues incluye la obligación de las secretarías involucradas de proporcionar los elementos necesarios para prestar los servicios correspondientes a sus respectivas competencias.
En este contexto los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población consideramos viable y oportuna la reforma propuesta por lo siguiente:
Uno. En los términos vigentes la Ley General de Población tiene por objeto regular los fenómenos que afectan a los mexicanos en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.
Dos. Esta ley era la norma jurídica que reguló la migración desde 1974, sin embargo, al resultar ineficiente ante las nuevas y dinámicas realidades migratorias, y al estar desfasada en relación con los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de derechos humanos, en 2011 se expidió la Ley de Migración, que abordó este tema con un enfoque garantista.
Tres. Al arrancársele a la materia migratoria buena parte del articulado de la Ley General de Población fue derogado, sin embargo, por un error de técnica legislativa el texto del artículo 10 prevaleció.
La Ley de Migración tiene por objetivo dirigir y regular el ingreso y salida de personas extranjeras y mexicanas, así como el tránsito y estancia de personas extranjeras en el territorio nacional, y forma parte de una serie de reformas jurídicas implementadas como estrategia para modernizar los diversos procesos migratorios que concurren en el país.
La disposición que derogaremos está prevista en el artículo 31 de la Ley de Migración, pero en este caso no vale argumentar que lo que abunda no daña, pues la Ley General de Población no establece una obligación de cooperación que sí prevé la Ley de Migración, lo que puede devenir en un conflicto normativo.
Asimismo, es importante aplicar correctamente las reglas de la técnica legislativa al elaborar y revisar las leyes, ya que esta deriva no solo en su pronta aprobación, sino que su cumplimiento y aplicación sean siempre bien acatados por sus destinatarios.
Pido entonces a ustedes su voto a favor para una mejor calidad de nuestras normas. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, como promovente, hasta por cinco minutos.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Con su venia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Estimadas diputadas y diputados, en virtud de los cambios sociales y jurídicos de los últimos años que se han observado en nuestro país, se han hecho reformas sustanciales en beneficio de la sociedad. Un ejemplo de ello es la expedición de la Ley de Migración, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.
En consecuencia, se derogó en la Ley General de Población todo lo referente a este tema, ya que esta última legislación resultó limitada para atender de manera adecuada las dimensiones y particularidades de los movimientos internacionales y procesos migratorios.
El decreto anterior, por lo que respecta a la Ley General de Población para reformar, derogar y adicionar diversos artículos de esta legislación señaló en su exposición de motivos lo siguiente.
La Ley General de Población, promulgada en 1974, que tiene como objeto regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, presentó sin duda un hito a nivel mundial por su acertada respuesta a la situación demográfica del país de aquella época.
Esta ley orientó los esfuerzos gubernamentales a que las personas decidieran de manera responsable, informada y libre del tamaño de su descendencia y su espaciamiento.
También propició mediante procesos educativos y de comunicación en población una más sana cultura demográfica y favoreció una mayor y más amplia e igualitaria participación de la mujer en los procesos de desarrollo.
Fue una respuesta vanguardista en la dinámica de la población que se distinguía por un acelerado crecimiento, el cual multiplicaba las demandas de los servicios de educación, salud, vivienda y empleo, imponiendo enormes desafíos al desarrollo nacional.
Sin embargo, las disposiciones desde esta ley en materia migratoria fueron retomadas de la Ley General de Población en el año de 1936 y 1947, lo que tuvo sentido en su momento, ya que los cambios del movimiento internacional de personas no habían sido tan profundos como lo son ahora.
No obstante que la ley fue reformada en diversas oportunidades siendo las más profundas las de 1990, 1996 y en el año de 2008, logrando con esta última un gran avance en materia de protección a los derechos de los migrantes con la despenalización de la migración irregular en nuestro país.
Este marco jurídico resulta limitado para atender de manera adecuada las dimensiones y particularidades de movimientos internacionales de personas y procesos migratorios en México. Más aún cuando nuestro país ha firmado y ratificado diferentes instrumentos jurídicos internacionales que le imponen obligaciones sobre todo en materia de protección a los derechos de los migrantes, contribución al reforzamiento de la seguridad hemisférica, fronteriza y regional, y atención especial sobre todo a grupos vulnerables dentro de los flujos migratorios.
En virtud de lo anterior, se derogó de la Ley General de Población todo lo concerniente al tema migratorio, para que la Ley de Migración regulara lo referente a este tema, en consecuencia el Capítulo II de la Ley General de Población, titulado de Migración, fue derogado, entre otros y en este capítulo donde se encuentra el artículo 10, objeto de la presente iniciativa. Desafortunadamente el 9 de abril de 2012 se expidió una reforma que no tomó en consideración que estos artículos ya habían sido derogados en el Capítulo II de la Ley General de Población.
Es por ello que este dictamen abroga el artículo 10 de la Ley General de Población y se basa en la armonización de las leyes mexicanas y que con ello se garantice su más estricta aplicación, con lo cual se puede evitar la violación a los derechos humanos y a los cuales deben sujetarse las autoridades mexicanas, sin que se transgreda, sobre todo, nuestra Carta Magna.
El derecho de tránsito sigue estando garantizado en nuestra legislación y en especial el tránsito internacional, el cual se regula en el artículo 37 de la Ley de Migración, situación por la cual pido a esta soberanía su aprobación para la derogación de la Ley General de Población, subrayando y agradeciendo que este dictamen vaya en sentido positivo por parte de la Comisión de Gobernación y Población, presidida por nuestra compañera diputada Rocío Barrera. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas, diputados, solicito su atención, por favor. En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 431 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 431 votos, el proyecto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia saluda la visita del licenciado José Humberto Trejo Catalán, rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Cresur, con sede en Comitán, Chiapas, invitado de la diputada Roselia Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sea muy bienvenido.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Presentamos el dictamen de la iniciativa de proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 55 y 56 del Código Civil Federal, a nombre de la Comisión de Justicia que preside la diputada Pilar Ortega y todos y todas sus integrantes.
Certidumbre jurídica para los recién nacidos, es uno de los derechos que se adquiere al momento de nacer. Ese derecho a la identidad la Unicef lo reconoce como un acto jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de pertenencia a un Estado, a la sociedad y a una familia, condición necesaria para garantizar el respeto, ejercicio y protección de sus derechos.
Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la identidad, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el ámbito nacional, la Carta Magna y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, reconocen el derecho a ser registrado de una manera gratuita e inmediata en el Registro Civil, así como la obligación del Estado a expedir gratuitamente la primera copia del acta de nacimiento.
La ausencia de este documento es una barrera legal para el ejercicio de los derechos, tales como el derecho de la salud, a la educación, al desarrollo social, incluso al voto. No contar con acta de nacimiento es un factor de exclusión social.
La diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, promovente de esta iniciativa, señala que el primer documento de identidad en nuestro país es el acta de nacimiento y que, si no se garantiza con ella el derecho a la identidad, las y los mexicanos no podrán tener ejercicio libre y desarrollo pleno de su personalidad.
Cifras presentadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, plantea que entre el 7 y el 13 por ciento de las y los mexicanos no cuentan con un acta de nacimiento, esto también impide contar con un registro exacto de la población y de las defunciones.
A partir de 1981, la Secretaría de Gobernación dio inicio a un proceso de modernización del Registro Civil para atender cada necesidad, según cada territorio y población, e incentivó el registro oportuno sin importar las barreras territoriales y económicas, sin embargo, no se ha alcanzado este objetivo.
Por lo antes expuesto, la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Pilar Ortega Martínez, con opinión favorable del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, coincide con el planteamiento de reformar el Código Civil Federal, para:
Que en primer lugar los médicos, parteras, hospitales públicos o privados que hubieren asistido un parto, cuenten con 48 horas para dar aviso al Registro Civil del nacimiento.
Segundo, que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Tercero, que toda institución educativa, pública o privada que tenga conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberá dar aviso al Registro Civil en las 24 horas siguientes para que este levante el acta de nacimiento correspondiente.
Y cuarto, que quienes incumplan esta obligación de dar aviso del nacimiento al Registro Civil, se hagan acreedores a una sanción administrativa.
Por lo antes expuesto, les solicitamos compañeras y compañeros, diputadas, diputados, su voto a favor de este dictamen ya que con ello daremos certidumbre a muchos y muchas que hoy no tienen un acta de nacimiento. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como promovente.
La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy me enorgullece estar frente a esta tribuna celebrando la oportunidad de avanzar a favor de las niñas y los niños de México.
Hoy es una gran muestra de que con voluntad los colores pueden dejarse de lado y verdaderamente ayudar a quien más lo necesita. En México, a pesar de que hay el derecho a la identidad, es un acto obligatorio, aún existe un gran número de personas sin registro alguno, ya que al menos en nuestro país hay un millón 3 mil 702 personas de todas las edades que no cuentan con un acta de nacimiento, y de estas personas, 527 mil 963 representan a una niña, un niño o un adolescente.
Esto quiere decir que seis de cada 10 personas no pueden ejercer ningún derecho. La garantía de derecho de identidad es esencial para las niñas y niños, pues durante su desarrollo al tener la ausencia de este documento, se constituye una barrera legal para el pleno ejercicio de sus derechos como a la salud, a la educación y al desarrollo social. En pocas palabras no contar con un acta de nacimiento representa un factor de exclusión social y una falta de protección que debe brindar y garantizar el propio estado.
En México, quien no está registrado, simplemente no existe, se vuelve un fantasma para poder ir a la escuela o para poder acceder a algún programa social.
Por lo anterior, solicito a este pleno se apruebe la reforma a los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil con el objeto de garantizar el derecho a la identidad mediante el acta y el registro de nacimiento adecuado bajo los siguientes considerandos.
Primero. La autoridad competente deberá expedir gratuitamente la primera copia de acta certificada. Facultar a los abuelos maternos o parientes para declarar el nacimiento de un menor. Establecer que toda institución de salud o educativa, ya sea pública o privada y que llegue a tener conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberá dar aviso inmediato al juez del Registro Civil.
También determinar que las embajadas y consulados podrán extender actas de nacimiento de los mexicanos nacidos en el extranjero mismas que surtirán efectos inmediatos en territorio nacional sin necesidad de certificación. Se aplicará la sanción correspondiente en caso contrario a lo antes estipulado.
Contar con un registro oficial de nacimiento garantiza el buen desarrollo y sana convivencia entre nuestras niñas, niños y adolescentes, los cuales al llegar a la edad adulta contarán con estudios que les permitan desarrollarse plenamente y con la garantía de ejercer todos sus derechos, evitando así tristes vivencias de nuestros pequeños.
También me permito desde esta tribuna exhortar a las madres y padres de familia a que por favor ayuden a sus hijos, sobre todo recién nacidos, a que los lleven a su registro y tengan su acta de nacimiento. Ayudemos a los pequeños porque ellos por su edad no pueden por sí solos ejercer este derecho a la identidad.
Gracias a estas reformas podremos contar con mejores instrumentos normativos para hacer efectivo el derecho a la identidad de niñas y niños. Esto en atención del interés superior de la niñez reforzando el marco legal para la protección de todos sus derechos.
Compañeras y compañeros diputados, gracias por escuchar a 527 mil 963 niñas y niños que nadie no solo los había escuchado, sino que también tristemente antes de esto legalmente no existían. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Presidenta, se emitieron 423 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Juanita Guerra Mena, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.
La diputada Juanita Guerra Mena: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Juanita Guerra Mena: Honorable asamblea, las diversas reformas y adiciones legales que esta Cámara ha realizado en materia de seguridad pública requieren el análisis y adecuación de otras normas jurídicas, a fin de actualizar los contenidos y perfeccionar procedimientos a lo que esta legislatura ha establecido.
Justamente durante el primer periodo del primer año de ejercicio modificamos la Ley Orgánica de la Administración Pública General, a fin de que mediante una reingeniería organizacional y procesal las labores de seguridad e inteligencia recayeran en la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Para la Comisión de Seguridad Pública la iniciativa motivo del dictamen es sumamente oportuna, ya que es en esencia una propuesta de modernización legislativa consistente en la adecuación de contenidos de normas para que el Estado encuentre las plenas condiciones para el debido cumplimiento de los imperativos categóricos que en ella se plasman.
Se define una metodología de armonización legislativa como un proceso en segunda dimensión que corresponde el hecho fundamental de adecuar la norma, a fin de establecer y consolidar el reconocimiento de un derecho específico que implica para el Estado diversos deberes de orden de reconocimiento, respecto y garantía, entendiendo esto el mismo como una exigencia social derivada a la incondicional dignidad de las personas humanas, el cual tiene el carácter multidimensional y tiene una dimensión filosófica, política, social y cultural.
La armonización legislativa hace entonces un ejercicio necesario de la aplicación y desarrollo implementado en el Congreso de la Unión y cuya observancia evita la actualización de efectos adversos, sobre todo que presente en un efecto negativo más grave, el de generar una responsabilidad por incumplimiento del Estado mexicano.
En lo que respecta al contenido del presente dictamen, este considera benéfica la idea que el promovente, en un sentido de poder subsanar la contradicción jurídica que, en este género, a raíz de los cambios que realiza la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que en su momento no tocaron a la Ley de Seguridad Nacional, en la que respecta a la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencias.
Ahora bien, el Consejo de Seguridad Nacional constituye el órgano colegiado rector que dicta la política en materia, misma que la responsabilidad a presidirlo estará por obviedad en razones por el presidente de la República.
Sin embargo, en ausencia de este, la ley contempla que en este supuesto será el secretario ejecutivo quien se encargue de suplirlo, por lo que la Ley de Seguridad Nacional establece que el secretario de Gobernación fungirá con ese cargo.
De acuerdo a lo ya aprobado el 30 de noviembre del 2018 por este Poder Legislativo, contempla en su artículo 30 bis la fracción XXI la siguiente, a la letra dice: A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los asuntos siguientes...
En la XXI fracción. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el de Seguridad Nacional en ausencia del presidente de la República.
Por lo anterior, es claro que existe una antinomia jurídica entre lo dispuesto por la ley especial, es decir la Ley de Seguridad Nacional con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde hay una evidente contradicción respecto a quien sustituirá al presidente de la República en presidir el Consejo de Seguridad Nacional, puesto que la reforma expresamente señala que quien lo suplirá será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero, por otro lado, la ley especial señala que será el secretario d Gobernación quien cumpla con esta suplencia.
Por lo que en su primer momento el dictamen considera la modificación de este aspecto, a fin de que sea el titular de Seguridad y no de Gobernación quien supla al jefe del Ejecutivo.
A efecto de dar congruencia a la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencia, como un órgano adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aprobado en la reforma antes mencionada. Esta iniciativa modifica la nomenclatura de dicho centro, para armonizar lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para este órgano administrativo concentrado, adscrito a esta nueva dependencia.
Estas Comisión de Seguridad Pública considera que el dictamen y sus contenidos coadyuvan, armonizan y perfeccionan diversos aspectos de la Ley de Seguridad Nacional, que tienen que ver con las reformas de este honorable Congreso de la Unión, respecto a la modificación al andamiaje legal bajo el que se desarrollan las labores de seguridad pública por parte del Estado mexicano.
Finalmente, es menester comentar a ustedes que con esta modificación se resuelve un vacío legal, que de persistir generaría graves imprecisiones en el desarrollo de las labores fundamentales que lleva a cabo el Sistema Nacional de Seguridad, por eso es muy importante que aprobemos dicho dictamen.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo ha concluido.
La diputada Juanita Guerra Mena: Es cuanto, ciudadana presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando de las Fuentes Hernández, como promovente.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Compañeras y compañeros diputados, tan valiosa es la existencia de las leyes para el orden social como la coherencia entre ellas, perfeccionarlas es tarea permanente, de ahí la importancia de armonizarlas.
La técnica legislativa nos exige que revisemos toda la normatividad relacionada con la iniciativa que proponemos, de manera que contemplemos las modificaciones pertinentes para hacer concordantes nuestras leyes.
Se trata de una labor valiosa y esencial que no siempre es posible cuando el tiempo apremia o es difícil cuando son diversos los ordenamientos que se involucran. No es poca cosa que tras la aprobación de una iniciativa queden algunas incongruencias legales e incluso antinomias que pueden tener diversas consecuencias negativas, por eso propuse reformas a la Ley de Seguridad Nacional, para armonizar con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se publicó el 30 de noviembre de 2018.
Entre otras modificaciones se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se transformó el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional en el Centro Nacional de Inteligencia. Además, la primera de estas reformas conlleva a una participación de la nueva secretaría en el Consejo de Seguridad Nacional.
Es por ello que propuse que en la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Seguridad Nacional se sustituya el nombre del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencia. Y que en la fracción V del artículo 12 se especifique el nuevo cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el hecho de que fungirá como secretario ejecutivo en el Consejo de Seguridad Nacional.
Igualmente, en la fracción X del mismo artículo 12 se sustituya el nombre del cargo de procurador general de la República por el de fiscal general de la República. Y que en la fracción XI, nuevamente se cambie el nombre del órgano conocido como Cisen por el Centro Nacional de Inteligencia. Lo mismo que en el Título dos, en el artículo 18 de dicha ley, dedicado a la mencionada institución.
No olvidemos, compañeras y compañeros diputados, que las leyes son instrumentos de precisión, de los cuales depende el orden social de un país. De ahí la importancia de armonizar hasta el más mínimo detalle todos nuestros ordenamientos.
Por ello, agradezco a la Comisión de Seguridad Pública, en lo particular a su presidenta, a Juanita Guerra Mena. Y a la Comisión de Defensa Nacional, en lo particular a su presidente, al diputado, general Benito Medina Herrera, por el dictamen favorable en la primera y su opinión, en el mismo sentido, en la segunda.
Y estoy seguro que contaremos con el voto de todas y todos ustedes para que esto sea una realidad jurídica. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 435 en pro, cero en contra y una abstención.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 435 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año, como Día Nacional de la Mujer Indígena. Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Flora Tania Cruz Santos para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
La diputada Flora Tania Cruz Santos: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Flora Tania Cruz Santos: Estimadas compañeras y compañeros legisladores. Son las voces sin sonido las que nos conmueven, son los abrazos de amor incondicional los que nos impulsan, son su ritmo, su caminar incansable, los poemas que susurran al oído de sus hijos, el esfuerzo callado por llevar el alimento a su familia.
Debemos como nación conocer quiénes somos, para saber cómo aliviar aquello que nos impide caminar. Desde esta legislatura de la paridad de género debemos, antes que nada, reconocer nuestra integración multicultural, multiétnica, multigeneracional y multigenérica.
Según nos indica el Inegi, en nuestro país habitan cerca de 120 millones de personas de todas las edades, pero no nos extendemos en este momento a hablar sobre todos nosotros, sino sobre quiénes son, se sienten o se les considera como indígenas, pero en especial sobre las mujeres indígenas.
Es un caso especial que haya casi medio millón más de mujeres indígenas que varones indígenas, y lo es porque en términos generales la diferencia entre mujeres y varones en la población indígena es menor en 0.4 por ciento, lo que comparado con la diferencia de género en la población total nacional.
En datos duros estadísticos hace más importante reconocer la presencia femenina en la población nacional de nuestro país, se reconocen 68 etnias indígenas. En suma, poco más de 12 millones de habitantes son o se consideran indígenas, esto porcentualmente es casi el 10 por ciento de nuestra población.
Por ello la importancia de un día nacional que reconozca no solo el género, sino también el origen étnico que representa el 5.1 por ciento de la población total nacional. Aprobar el dictamen que se presenta es apoyar el reconocimiento de la vida y obra del 5.1 por ciento de la población mexicana.
Decretemos un día que reconozca a la mujer indígena nacional, avivemos un impulso legislativo en pro de los derechos humanos de las mujeres, pero en especial de las mujeres indígenas.
Reconociendo el orgulloso y rico vitral social que integra nuestro país, con sus notables y bellas diferencias que deben ser recordadas a la sociedad a fin de mantener esa pluriculturalidad que tanto nos enorgullece, pero hagamos conciencia de la necesidad de que la ley sea más vigorosa a favor de las mujeres indígenas sobre las que cae la dureza de los juicios sociales.
El decreto sostiene lo anterior, pero nos pide aprobar el día 5 de septiembre de cada año en un enlace universal que reconozca a las mujeres indígenas en todo el mundo y se evite la agresión, la violencia que los estudios internacionales están diciéndonos que sucede en mayor cantidad en contra de las mujeres indígenas.
Es necesario un día que nos recuerde que las leyes que emanen de este y otros Congresos, deben ajustarse a las condiciones de vida de las mujeres indígenas nacionales sus derechos humanos para recibir servicios básicos, educación, salud, liberar su alma y cuerpo del dominio que por siglos han subyugado su estatus.
Por ello es importante dedicar en la memoria de nuestra nación un día específico, el 5 de septiembre de cada año, que nos recuerde la obligación constitucional de equilibrar las leyes, de dar esa pauta de equidad constitucional que los derechos humanos nos obligan a realizar a favor de la mujer indígena, no solo de forma tersa sino eficiente, visible y palpable. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, como promovente, hasta por cinco minutos. Informo a la asamblea que en este dictamen son dos diputadas las promoventes, por lo cual se les dará el uso de la palabra a ambas.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Ja petsanalex ixuke’ winike’ sa’n. Honorable pleno, muy buenas tardes. Por todas aquellas mujeres indígenas que, a pesar de ser valientes, en su tristeza, en su impotencia, pronuncian la frase por qué nací mujer, o, estamos enterradas vivas.
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, acudo a esta tribuna para hablar sobre el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población por el que se declara el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, del cual soy promovente.
En la celebración del II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, reunido en Tiwanaku, Bolivia, en 1983, se acordó que el día 5 de septiembre era la fecha elegida para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena, con el fin de dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus pueblos, así como su lenguaje y fuerza de carácter.
Las mujeres conformamos el 51.4 por ciento de la población. Las mujeres indígenas que habitamos México sumamos 13.2 millones de personas que junto a nuestros hermanos indígenas representamos el 21.5 por ciento del total de la población mexicana.
En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las mujeres indígenas tenemos derechos que deben ser respetados y defendidos por toda la sociedad, entre ellos a una vida digna, al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un pueblo, con un gran sentido de respeto y orgullo de pertenencia y con derecho a que no se nos discrimine por ello.
Al reconocimiento de sus derechos políticos como el de representación agrarios, lingüísticos y económicos. A hablar de su propia lengua aprendida de sus ancestros y transmitirla a sus hijos, así como expresar su cosmovisión filosofía y creaciones en su propia lengua.
Al acceso a recursos públicos para su desarrollo, al acceso a la tierra en igualdad de condiciones que los hombres en las formas establecidas por la Constitución y las diferentes leyes.
Al territorio como un espacio para la subsistencia y para el desarrollo de cultura a la que pertenecen, a ocupar cargos importantes políticos o administrativos dentro de sus comunidades y en el ámbito estatal y nacional, a vivir dignamente de acuerdo con las costumbres y tradiciones de su comunidad.
Seamos realistas, la discriminación, el racismo, la violencia por género, la pobreza extrema, el monolingüismo, entre otros, colocan a las mujeres indígenas en situaciones de exclusión de oportunidades que aumenta las desigualdades. Así el acceso a la justicia se vuelve casi una utopía.
El porcentaje de analfabetismo es especialmente alto en mujeres indígenas adultas, en donde prácticamente seis de cada 10 mujeres indígenas no saben leer ni escribir. La pobreza de las mujeres es una característica más de la inequidad de género en México.
El informe de Coneval 2016 dice que en el año 2010 el 31.9 por ciento de mujeres indígenas estaba en condición de pobreza y el 23.3 en pobreza extrema. Para el 2016 aumentó el número, 40.1 por ciento en pobreza, y el 45 en pobreza extrema.
A pesar de estas condiciones de exclusión y múltiples violencias las mujeres indígenas no hemos dejado de luchar, y en cada acto y en cada paso hay grandiosos ejemplos de resistencia y entereza, brindan lecciones de vida y cubren un gran porcentaje de las labores de cuidados en las cuales este país no podría sobrevivir.
En tal sentido valoramos urgente y en coincidencia con el planteamiento hecho por el presidente de la República en su toma de protesta que este país es el sexenio de los más olvidados y excluidos.
Es pertinente mostrar esa voluntad de gobierno de reconocer a las mujeres indígenas que tanto han aportado a este México plurilingüe y pluricultural.
Con este decreto buscamos hacer un llamado a los diversos actores de la sociedad a generar medidas afirmativas y acciones compensatorias para reducir las desigualdades que pesan sobre las mujeres indígenas, a hacer partícipes a las mujeres en los espacios de toma de decisiones y construir políticas culturalmente pertinentes a la sociedad que valore los aportes de las mujeres indígenas en toda la esfera de la sociedad a la historia y memoria, al reconocimiento de la participación activa de las mujeres indígenas en la conformación de la historia de México. Ts’akatalex lek. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Irma Juan Carlos: Con el permiso de la Presidencia. Gracias a todos mis hermanos, gracias a todo el pueblo que trabaja para las mujeres mayores de edad y niños.
Compañeras y compañeros legisladores, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, un suceso que ha sido reivindicado por las organizaciones indígenas donde reconocen la lucha de las mujeres indígenas.
Este día fue instaurado en recuerdo de una lideresa indígena: Bartolina Sisa, que luchó contra la dominación española y murió a manos del ejército realista el día 5 de septiembre de 1782.
Torturada, ahorcada y descuartizada, y luego fue exhibida su cabeza y extremidades en los sitios en donde luchó, para escarmiento de los pueblos originarios opuestos a la colonización en Tiwanaku, Bolivia.
En el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos Indígenas de América, en honor a esta heroína se declara el Día Internacional de la Mujer Indígena.
Por ello, en honor a la lucha histórica de las mujeres indígenas, el movimiento latinoamericano hace un reconocimiento a la militancia y participación política de las mujeres indígenas.
En México uno de cada diez mexicanos es indígena y un gran porcentaje de esta población son mujeres. La labor que realizan muchas veces no es reconocida, ya que las mujeres, y en mayor número las mujeres indígenas, se enfrentan a diversas desigualdades por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre.
Las mujeres indígenas en México han garantizado la reproducción de las lenguas, de las culturas y tradiciones de las diversas comunidades. Además, las mujeres indígenas somos parte fundamental en la defensa y continuación de la vida de los pueblos indígenas, así como en la permanencia de una sociedad en bienestar.
Esta iniciativa reconoce la importancia de fortalecer los derechos de las mujeres indígenas de todo el país y mandata a los gobiernos a que tomen las medidas necesarias para garantizar sus condiciones de vida y el ejercicio de todos sus derechos.
La mujer indígena es la base de la producción y la economía agroalimentaria nacional. Heredera de conocimientos milenarios que protege el patrimonio biocultural en beneficio de toda la nación.
En el artículo 2o. de la Constitución se reconoce y garantiza el derecho de la mujer indígena y resalta la protección de su dignidad, integridad y derechos políticos, electorales. Pero aún seguimos siendo discriminadas, excluidas y aún no se nos garantiza el pleno ejercicio de nuestros derechos elementales.
Somos las que resistimos las diferentes formas de violencia estructural, precisamente por nuestra triple condición de exclusión, por ser mujer indígena y pobre, y a pesar de ser impulsoras de la vida social y económica de nuestro país, en pleno siglo XXI seguimos siendo invisibilizadas.
Buscamos sumar esfuerzos para lograr el reconocimiento al arduo trabajo que las mujeres indígenas realizan a favor de la sociedad, toda vez que son artesanas, parteras, curanderas, herederas de conocimiento milenario y preservan las lenguas y culturas, así como las tradiciones ancestrales. Ellas son portadoras de conocimientos en medicina tradicional y de la biodiversidad de sus entornos.
De acuerdo con datos obtenidos del Instituto de los Pueblos Indígenas, actualmente México cuenta con 68 pueblos indígenas, de los cuales la mujer tiene una participación fundamental.
Es por ello que debemos sumar esfuerzos para concretar las acciones necesarias que garanticen el reconocimiento a este arduo trabajo a favor de los pueblos indígenas.
Por eso queremos establecer un día especial para la celebración de la mujer indígena, para que se promuevan acciones para asegurar una mejor calidad de vida, educación y respeto a este sector de la población.
Que se reconozca la importancia de fortalecer los derechos de las mujeres indígenas de todo el país.
Se trata de un acto de justicia y homenaje a las mujeres en la defensa de sus tierras y territorios, en la transmisión y revitalización de las lenguas propias, en la transmisión de las formas de curación y medicina propia.
Por su resistencia, a pesar de múltiples violencias y exclusiones que les afectan, el 5 de septiembre se busca...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo ha concluido.
La diputada Irma Juan Carlos: ... ser una fecha reivindicativa para honrar a todas nuestras ancestras, ausentes y presentes, que dieron y dan vida por nuestra libertad y autonomía.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de la soberanía el siguiente decreto. Que el Congreso de la Unión declara el 5 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer Indígena.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, concluya, por favor.
La diputada Irma Juan Carlos: Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaria, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: ¿Algún diputado o diputada que falte de votar? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún compañero diputado o diputada de emitir su voto? El sistema sigue abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 443 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 443 votos, el proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7o. de la Ley General de Turismo, en materia de turismo médico.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Javier Alegre Salazar, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
El diputado Luis Javier Alegre Salazar: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado
El diputado Luis Javier Alegre Salazar: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Turismo, y en especial de mis compañeras diputadas Olga Patricia Sosa Ruiz, del Partido de Encuentro Social y la doctora Maiella Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano, quienes con un servidor somos coautores de esta propuesta, hago este posicionamiento.
El hecho que hayamos trabajado esta iniciativa conjuntos tiene que ver con el interés mayor de nuestra Comisión de Turismo en no ver ni colores ni partidos para legislar a favor del turismo y de ver a México como un solo ente.
Agradezco también a todos los integrantes de la Comisión de Turismo por haber aprobado este importante dictamen.
Este dictamen sienta un precedente muy importante para la actividad turística, toda vez que se reconoce al turismo de salud que incluye al turismo médico, en constante crecimiento, como un segmento fundamental de la actividad turística.
Cada año miles de personas salen de Estados Unidos y Canadá y países de Europa, en busca de tratamientos médicos especializados cuyos costos suelen ser muy altos en sus países de origen. México, en los últimos dos años se ha colocado como uno de los países preferidos por las personas que demandan este turismo, su crecimiento es y sigue siendo muy importante.
Es un segmento de turismo que es altamente trasversal, beneficia el sector de la construcción para hospitales y hoteles, la hotelería, porque no solo vienen los pacientes, sino son acompañados por sus parientes, y finalmente también impacta al sector salud.
Esto se ha logrado gracias a que nuestro país cuenta con profesionales de la medicina de primer orden y núcleos hospitalarios de excelencia. Esto ha permitido que gran número de los pacientes nacionales y extranjeros cada año reciban tratamientos que prolongan y mejoran su calidad de vida.
No hay nada como la atención y calidez de nuestras enfermeras y enfermeros y médicos mexicanos. México representa una gran oportunidad para que los pacientes que nos visitan, ya que el costo de los tratamientos médicos se ubica en promedio, entre un 40 y un 65 por ciento más bajos que en Estados Unidos.
En los últimos 10 años el turismo médico tuvo un crecimiento en divisas de un 120 por ciento al pasar de mil 788 millones de dólares a casi 4 mil millones de dólares.
Con este dictamen se sienta un precedente muy importante para dotar a la Sectur y a la Secretaría de Salud con atribuciones para que en conjunto puedan promover, en coordinación con las instituciones públicas y privadas, acciones en materia de turismo médico y de salud que favorezcan regular esta actividad.
Además, con esta propuesta se faculta a la Sectur fomentar y promocionar el turismo médico y de salud, en coadyuvancia con la Secretaría de Salud. Con esta reforma se crea una disposición institucional para que ambas Secretarías puedan armonizarse bajo bases de coordinación sólidas que abona a fortalecer el desarrollo de este importante segmento de la actividad turística.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, el turismo en nuestro país participa con el 8.9 por ciento del PIB nacional. Si bien está por debajo del promedio mundial que es del 10.4 por ciento, a ese nivel debemos aspirar. Propuesta como la que hoy discutimos va en esa dirección.
El sector turismo genera más de 4 millones 300 mil empleados directos y casi 10 millones de empleos indirectos, especialmente para grupos vulnerables que son los jóvenes y las mujeres.
En 2018 visitaron nuestro país 41.3 millones de turistas internacionales, los cuales aportaron 22 mil 526 millones de dólares, solo superado por las remesas y la inversión extranjera.
¿Y por qué es importante lo anterior? Porque en términos de la cuenta corriente, la balanza de pagos cuyo déficit superó en 2018 los 21 millones de dólares, el alto superávit de la balanza comercial de turismo supera los 11 mil millones de dólares y ha aportado mucho a la estabilidad financiera de nuestro país.
Actualmente ocupamos el segundo lugar en turismo médico a nivel mundial, solo superado por Tailandia, pero orgullosamente ocupamos el primer lugar a nivel global de turismo dental, por eso es muy importante seguir apuntalando este segmento de la actividad turística.
Y es por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos, como promovente.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Buenas tardes. Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: México es reconocido a nivel mundial por la gran hospitalidad que ofrece a todas aquellas personas que buscan conocer nuestra cultura y convivir con nuestra gente.
La calidez y generosidad de las y los mexicanos siempre han sido distintivos que aprecia la comunidad internacional. Como nación, nos hemos sobrepuesto a las carencias y eso nos hace ser un gran país.
Sabemos que son más y más turistas quienes tienen por propósito venir a visitar nuestras hermosas playas, nuestros pintorescos pueblos mágicos y nuestros legendarios monumentos arqueológicos.
En el PES actuamos firmemente y proponemos soluciones muy concretas para que el país pueda transformarse, pueda ser diferente y pueda hacer la diferencia. El dictamen de turismo médico que presento a esta soberanía, responde a la exigencia de responsabilidad social de dar acceso a la atención médica y de calidad a quienes se desplazan desde sus hogares a nuestra tierra.
Esto es muy importante. Sabemos que su tiempo es un bien escaso que debemos valorar al 100 por ciento y reconocemos que es uno de los motores que fortalece a nuestra economía.
El turismo médico contribuye a generar ingresos para nuestro país, a partir de ofertar servicios médicos de calidad y a costos accesibles para ciudadanos nacionales y extranjeros.
Este sector ha crecido de manera exponencial, de tal forma que al día de hoy se benefician hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, paramédicos, laboratorios clínicos, farmacias, hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, servicios de transporte, restaurantes e inmobiliarias, dejando con ello una importante derrama económica que nos exige ofertar servicios con estándares universales que nos unan y den confianza a todos.
Desde Encuentro Social propuse la participación coordinada entre las Secretarías de Salud y de Turismo, a fin de que colaboren entre sí para la promoción y el óptimo desarrollo de programas y actividades en materia de turismo médico, de tal forma que con este vínculo se mejoren los servicios que se ofrecen en nuestro país.
Uno de los estados que destaca en esta área del turismo es mi muy querido Tamaulipas. La franja fronteriza del estado recibe diariamente a miles de norteamericanos residentes en el valle de Texas que visitan municipios como Matamoros, Laredo, Reynosa y Río Bravo, y pueden realizarse servicios dentales, exámenes médicos cirugías plásticas reconstructivas, de cardiología y muchísimas consultas generales más a precios accesibles y de calidad. Este hecho convierte a México en el segundo destino de turismo médico y eso en el PES lo reconocemos.
Compañeras y compañeros legisladores, creemos en un sólido sistema de atención médica que atienda la salud de los mexicanos y de los extranjeros. No podemos dejar desprotegidos a quienes nos han elegido como destino.
Agradezco al presidente de la Comisión de Turismo y a mi compañera Maiella. Gracias, presidente Luis Alegre, a toda la Comisión de Turismo por haber votado a favor, y hoy les pido su respaldo al presente dictamen que busca mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y de todos aquellos que nos visitan. Otro México con turismo médico es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta, gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, como promovente de la iniciativa.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: México, gran potencia en el turismo médico. Muy buenas tardes a todos. Quiero felicitar en primer lugar al presidente de la comisión, al diputado Luis Alegre y por supuesto a mi compañera y amiga la diputada Olga, pero de forma especial a esa voz de los klosters de todo el país que pudimos platicar con ellos, que pudimos escuchar sus necesidades y que el día de hoy nos tiene aquí.
Ya entrando en materia quiero decirles que el consejo consultivo de turismo médico debe entenderse como el flujo internacional de viajeros con el fin de recibir servicios médicos que involucren varios procesos como consulta, intervención, hospitalización, atención clínica y provisión de medicamentos.
Y quiero hacer aquí un paréntesis. Los que más nos visitan son los estadounidenses, pero de forma particular nuestros connacionales y lo hacen porque tienen la confianza de los médicos en México, y sobre todo, porque pueden comunicarse con el idioma.
Quiero recalcar que, dada la relevancia turística de nuestro país junto con la oferta de servicios con los que contamos, es necesario enfocarnos a impulsar el ordenamiento y la transformación del turismo médico, fomentar un mayor flujo de inversiones de financiamiento.
La promoción eficaz de estos destinos, impulsar también la sustentabilidad y, sobre todo, impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector.
Dichos objetivos se han desarrollado de manera gradual que a la fecha la profesión médica nacional, así como la inversión privada en materia de salud, ha incrementado sustancialmente.
Los profesionistas en la salud de nuestro país cada día son más especializados y mejor preparados. Cada día es mayor la generación de infraestructura y equipo médico moderno, de alta tecnología y de gran calidad.
Quiero decirles que el presente dictamen obedece así una necesidad de impulsar el turismo médico, sobre todo debido a las recientes estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones para la Salud, que calculan que la industria del turismo médico crecerá hasta un 25 por ciento durante los próximos 10 años. Aprovechémoslo, aprovechémoslo.
Paralelamente, México se ha posicionado en el segundo lugar mundial de atención médica a extranjeros, de acuerdo a los datos elaborados del extinto ProMéxico y tan sólo las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos en nuestro país, les reitero, son un 80 por ciento más baratos que en Estados Unidos, lo que nos da una ventaja que, repito, no debemos desaprovechar.
La aprobación de este dictamen resulta una oportunidad única para nuestro país, pues la calidad de nuestros servicios médicos privados, el tipo de cambio del dólar con relación al peso mexicano y consecuentemente el buen precio en los tratamientos nacionales, así como los atractivos turísticos generales de nuestro México, resultan un fuerte incentivo para que la población extranjera nos visite, nos visite con motivo de su atención médica.
Quiero también agradecer a la Secretaría de Turismo, de forma particular al equipo que lleva turismo médico en la Secretaría, por toda su colaboración y por fundar las bases necesarias para que todos los clústers de nuestro país puedan realmente tener calidad y, sobre todo, esa certificación que tanto se necesita.
Por lo anterior, desde luego se consolida en lo que a continuación votaremos. Y por tal razón aplaudo, pues estoy convencida de que si abordamos conjuntamente empresas, sociedad civil y gobierno de manera adecuada estos pilares, podremos dar ese gran salto en corto plazo a mejores condiciones de la oferta turística en servicios de salud.
Hago un llamado a todos los médicos que quieran participar en turismo médico, que se acerquen de forma directa a la Secretaría de Turismo, porque les reitero: México es una gran potencia para el turismo médico. Muchísimas gracias, y gracias por su voto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Diputadas y diputados, solicito su atención por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 427 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 427 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo, en materia de turismo médico. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Ara Aivazian, embajador de la República de Armenia en México, quien asistió a la instalación del Grupo de Amistad México-Armenia, presidido por el diputado Adolfo Torres Ramírez.
Deseamos que el trabajo de este grupo de amistad sirva para continuar fomentando los espacios de diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Sea usted muy bienvenido, señor embajador, a la Cámara de Diputados, y le deseamos todo el éxito al grupo de Amistad México-Armenia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Edith Marisol Mercado Torres, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
La diputada Edith Marisol Mercado Torres: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Edith Marisol Mercado Torres: Buena tarde, compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Deporte hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el cual tiene por objeto atribuir a la Conade la preservación de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la educación física.
En el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, turnado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se señala que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del deporte, es por ello que se necesitará de mejores profesores para esta rama, por medio de capacitaciones constantes.
Dentro del mismo plan se establece también que el programa educativo tendrá como mínimo tres horas de educación física a la semana y que las escuelas servirán como promotoras del deporte, impulsando a las ligas deportivas interescolares e intermunicipales.
Por ello, uno de los objetivos que se plantea el actual gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo es estimular la práctica de actividad física y regular en la población, sobre todo, en las niñas y en los niños.
Dicho lo anterior, los integrantes de la Comisión del Deporte consideramos que la ejercitación física continua puede producir una práctica y disfrute deportivo habitual, que puede contribuir positivamente a que los alumnos mejoren un rendimiento cognitivo y académico.
Gracias a la práctica deportiva de la educación física se pueden reducir problemas de salud, principalmente los relacionados con el sobrepeso y la obesidad.
En la actualidad, el objetivo de alcanzar una calidad de vida ha cobrado mucha importancia en la promoción de la salud, por tanto, la educación física es un instrumento pedagógico muy eficaz para desarrollar las pautas de conductas saludables para lograr este objetivo.
El sedentarismo, junto con la obesidad, supone un alto costo económico y conlleva un acortamiento o reducción de la esperanza de vida de las personas, de hasta de 10 años. En nuestro país se calcula que esto representa, aproximadamente, un gasto de 120 mil millones de pesos por año.
De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los escolares de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.
Por todo lo anterior, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía no contraviene ningún precepto constitucional, por el contrario, con la adición de la palabra perseverando y la frase, por medio de la educación física a la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se cumple con el principio de progresividad, estableciendo en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la adición propuesta se estaría protegiendo y resguardando la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos.
Con este dictamen también se pretende que la Conade no solo promueva y apoye, sino que también preserve en los planes y programas educativos la inducción de la cultura física y el deporte por medio de la educación física.
Con esto se observa claramente el cumplimiento del principio de progresividad al ampliar el alcance y la tutela del derecho humano previsto en el artículo 4o. constitucional.
De igual manera, el presente dictamen se encuentra acorde con lo que establece el párrafo once del artículo 3 constitucional, que señala la obligación de que los planes y programas de estudio incluyan a la educación física y al deporte.
Es innegable considerar la activación física como un derecho humano fundamental para el desarrollo integral de las personas, por lo que se justifica que debe existir la preservación de la inducción de la cultura física y deporte en los planes y programas, a través de la educación física, tal como se propone en este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, como promovente.
El diputado Ernesto Vargas Contreras: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los fines que perseguimos en la C omisión de Deporte, mis compañeras y mis compañeros, a quienes agradezco el apoyo a esta iniciativa, a todas y a todos los grupos parlamentarios les agradezco, es estimular la educación física y la práctica del deporte.
Sin duda alguna también es uno de los fines que persigue el Estado mexicano en su plan educativo. Es decir, que la educación física es el conjunto de actividades físicas y deportivas que se realizan en la escuela, contribuyen al mantenimiento y conservación de la salud y se concibe como parte fundamental de la educación integral del ser humano desde el momento en que le proporciona estimulación cognitiva, afectiva y motriz.
También permite la adquisición de habilidades, actitudes y hábitos para contribuir con un desarrollo armónico que se logra mediante actividades acordes a las necesidades e intereses en las diferentes etapas de la vida.
Sin embargo, hasta el momento la educación física no está del todo bien organizada ni forma parte de los engranes principales del sistema educativo. A nivel federal podemos ver que se han hecho algunos esfuerzos, algunos estados lo hacen, son casos aislados, pero no ha existido mucha congruencia al respecto.
No hay un plan estratégico de desarrollo al deporte por medio de la educación física, como método de cohesión social, de comprensión, de respeto, de reconocimiento, de afecto, y si no hay plan estratégico de desarrollo desde la escuela, desde las niñas y desde los niños, los niños se encontrarán en un callejón sin salida en donde no van a tener una realización plena, no van a tener una oportunidad para desarrollarse, no van a tener una vinculación significativa con sus pares y van a terminar más bien atrapados en las adicciones o en problemas de salud que generan gran costo al Estado o problemas de salud como sobrepeso y obesidad.
Hay un dato muy interesante que me encantaría compartir con ustedes. Está comprobado que cada niño que es activado físicamente, que participa en sus clases de educación física con regularidad, reduce hasta en una décima parte la probabilidad de abandonar el colegio y tiene en un 40 por ciento mejores calificaciones.
Además, tiene, una vez que continúa en su progresión deportiva, a través del sistema educativo hasta llegar a la universidad, un 28 por ciento de posibilidades de alcanzar mejores salarios, es decir, el deporte genera productividad en el país, genera cuestión social, genera otra alternativa que no sea el crimen organizado y las adicciones a las drogas.
El problema es que se necesita que alguien lo coordine de manera muy comprometida, con mucha honradez y con mucha eficacia. La cultura física y el deporte deben ser realizadas en los espacios educativos y esto debe ser mediante la educación física en los planes de estudio, con profesores capacitados, con la estructura necesaria para que puedan realizar su práctica dentro de las instituciones educativas.
Por esa razón es que el pasado periodo ordinario de sesiones presenté la iniciativa que tiene por objeto reformar la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para adicionar que la Conade tiene dentro de sus atribuciones, promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo, preservando y apoyando la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la educación física. No podemos seguir menospreciando ni disminuir la importancia de la educación física en nuestro sistema educativo.
Sin lugar a dudas el deporte siempre, en todos los países, y uno lo ve en la progresión que tiene en el desarrollo del deporte, lo que sucede en el deporte siempre será un reflejo de lo que está sucediendo en el país, siempre.
Compañeras y compañeros, con su voto a esta iniciativa vamos a ayudar a que, utilizando el deporte como una herramienta muy poderosa, desde la educación física, vamos a ayudar a transformar la vida de nuestras niñas, de nuestros niños, vamos a ayudar a transformar a nuestra sociedad, vamos a ayudar a la transformación de los núcleos sociales más elementales. Por su atención y por su voto, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 412 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de abigeato. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rubén Cayetano García, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104 numeral 1, fracción II, del Reglamento.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa. Diputadas y diputados, es para mí un honor presentar en representación de los trabajadores y trabajadoras diputadas integrantes de la Comisión de Justicia, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de abigeato.
El abigeato es la conducta delictiva definida en el Código Penal Federal como el apoderamiento de una o más cabezas de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. Se trata de un delito patrimonial de alto impacto considerando que México es un país con un alto valor productivo en materia agropecuaria.
De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, el valor aproximado de esta actividad económica primaria ascendió a más de 400 mil millones de pesos tan solo para 2018.
Sin embargo, en consonancia con su alto valor económico, esta actividad ha atraído a la delincuencia, pues de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se abrieron 5 mil 562 carpetas de investigación por la comisión de este delito.
Además del abigeato y su equiparado, otros individuos involucrados en la cadena de producción ganadera y pecuaria prestan ayuda o participan en el negocio que sigue a la conducta delictiva.
El registro, transporte, sacrificio y comercialización de las cabezas de ganado, constituyen instancias que permiten obtener beneficios económicos del objeto del delito, que son las cabezas de ganado o las colmenas, tomando en cuenta que como ganado se consideran también a una o más colonias de abejas en un apiario.
La participación de individuos en otras instancias posteriores al abigeato, resulta más grave cuando utilizan un cargo público para esos fines. Esta participación de funcionarios aparece como lógica si se considera que varias de esas acciones son facultad de instancias públicas.
Por ejemplo, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la función y servicio público del rastro estará a cargo de los municipios. Es ahí donde ocurren los sacrificios de los animales, algunos de ellos probablemente objeto de abigeato.
Otra actividad posterior al abigeato es el traslado de las cabezas de ganado. Para poder transportar legalmente a estos animales es necesaria la expedición de guías de tránsito. De acuerdo con el diagnóstico nacional sobre la implementación del programa de reforma a tres sectores prioritarios, gran parte de las entidades establecen en sus leyes ganaderas, de las uniones ganaderas... son quienes poseen la facultad de expedir aquellas guías.
A pesar de que la actividad ganadera tiene una clara vocación en diversos estados de la República, esta actividad delictiva que inhibe la inversión y provoca cuantiosas pérdidas trasciende a todo el país. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos con el problema planteado por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, David Bautista, en la urgencia de implementar reformas que permitan inhibir la comisión de este delito que, como todos aquellos de naturaleza patrimonial, inhiben el crecimiento económico del país.
De esta forma, las reformas planteadas consisten en lo siguiente: reformar el artículo 381 Ter, para incrementar el límite máximo punitivo de 10 a 15 años y mantener el límite mínimo establecido en 2 años. Y adicionar un artículo 381 Quintus, que contiene las conductas equiparables al abigeato. El sacrificio de ganado sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, la legalización por sí o por interpósita persona de documentos que acrediten la propiedad del ganado sin haber tomado las medidas indispensables para cerciorarse respecto a la procedencia legítima de los animales.
La expedición de documentación o permisos requeridos para la movilización de ganado, en contravención con la normatividad aplicable y la autorización del sacrificio de ganado en rastros sin la acreditación de su procedencia legítima.
Con estas modificaciones planteadas expresamos nuestra intención de proteger al sector ganadero y con ello impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Solicito por lo argumentado su voto a favor. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado David Bautista Rivera: Con la venia de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la ganadería es una de las fuentes más importantes de alimentación, la cría de bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves, nos obsequian carne, leche y huevos, alimentos que se consumen en grandes cantidades en México, lo que nos brinda la oportunidad de gozar de una alimentación rica y saludable.
Sin embargo, en los últimos meses el sector ganadero se encuentra preocupado por la reciente desaparición de sus animales. Estos denunciaron el incremento del robo de ganado, donde el mismo personal que lo cuida ingresa a los terrenos o domicilios para destazarlo, llevándose todo para su venta a las carnicerías, dejando solamente las vísceras y las patas.
Con base en los informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, en lo que va de este año en Tabasco se generaron 379 robos; en Veracruz, 181; Aguascalientes, 164. Posteriormente Guanajuato, con 154 reportes y Puebla, ubicado en el doceavo lugar con 105 robos.
Además del abigeato y su equiparado, otros individuos involucrados en la cadena de producción ganadera y pecuaria presentan ayuda, participan en el negocio que sigue en la conducta delictiva.
El registro, el transporte, el sacrificio y comercialización de las cabezas de ganado constituyen instancias que permiten obtener beneficios económicos del objeto del delito, que son las cabezas de ganado y las colmenas.
Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las averiguaciones previas y carpetas de investigación, indican que del 2015 al 2017 se realiza el robo de ganado sin violencia. No obstante, en el 2018 e empezaron a registrar robos de ganado con violencia.
Resultado de esto, en lo que va del año un aumento del 6.2 por ciento de este tipo de robo a nivel nacional.
Casi 7 millones de mexicanos cada día se enfrentan a los robos constantes de su ganado. El precio de cada res y caballo ronda entre los 10 y 20 mil pesos, y los borregos desde 5 a 12 mil pesos, dependiendo su peso.
Las medidas y declaraciones de autoridades respecto a la introducción de animales, objeto de abigeato, a rastros municipales no es un hecho aislado, esto ocurre en diversas entidades del país.
El delito de abigeato constituye un grave problema para el desarrollo económico del país, porque atenta contra las actividades primarias y de autoconsumo en México. Este escenario empeora porque en nuestro sistema jurídico no se considera como un delito grave el abigeato ni las acciones que resultan de este, como son: el sacrificio al ganado sin consentimiento, los rastros clandestinos, la expedición ilegal del ganado, entre otras, por lo que en la actualidad el abigeato es apto al apego de finanzas muy bajas, incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quien comete este delito.
Al terminar con el abigeato estaremos también acabando con los rastros no oficiales, que mantienen la carne insalubre. Es por eso que se debe garantizar el Estado de derecho en la ganadería.
Es por esto que se deben modificar diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de abigeato, que generen certidumbre jurídica a los productores ganaderos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bautista Rivera. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputados que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 406 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abigeato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos. Dé cuenta la Secretaría con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que comunica el cambio de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones, así como modificación en la integración de diversos grupos de amistad, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados y comuníquense.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea, que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los hechos de Santiago de Compostela, Nayarit, se desahogará conforme al procedimiento establecido en el artículo 113, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados. Esto es, un diputado o diputada por cada grupo quienes podrán hablar hasta por tres minutos, en orden creciente.
Una vez finalizadas las intervenciones se consultará a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido y de continuar el debate, se abrirá una ronda más para pasar a la votación nominal.
Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para restablecer la certidumbre y la seguridad jurídica en el mandato de la presidencia municipal de Compostela, Nayarit.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con la venia, presidenta.
Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados, con respeto a la soberanía estatal exhorta respetuosamente a los Poderes del estado de Nayarit, para que dentro de sus atribuciones y facultades intervengan para restablecer la certidumbre, la seguridad jurídica en el mandato de la presidencia municipal de Compostela, Nayarit, en el H. Ayuntamiento de Compostela y se cumpla el mandato y la voluntad popular de los electores expresada el pasado 4 de junio de 2017, preservando a las autoridades a quienes legalmente corresponde desempeñen sus funciones.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, para que investiguen neutral y objetivamente y, en su caso, sancione a los responsables de los hechos realizados en contra del C. Conrado López Álvarez, el pasado 21 de octubre de 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2009. Firman diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; y diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Es cuanto presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión el acuerdo. En los términos establecidos en la fracción I, numeral 1 del artículo 113 del Reglamento, se otorgará la palabra a las y los diputados para precisar su postura hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El problema de Compostela, Nayarit, es un problema complejo pero que se encuentra ya en solución por parte de las autoridades locales competentes. Desde nuestra perspectiva, esta no es una situación que carezca de importancia, pero ya tomo sus cauces institucionales.
Para explicarnos mejor, debemos iniciar diciendo que la persona que fue electa como presidenta municipal el 4 junio del 2017, la ciudadana Gloria Núñez, pidió licencia para tomar protesta como senadora de la República y, en consecuencia, según el artículo 137 de la Constitución del estado de Nayarit, se encuentra impedida para ejercer nuevamente el cargo.
Por otra parte, la ciudadana Kenia E. Núñez Delgado, quien ejerció como presidenta municipal sustituta, se encuentra vinculada a proceso en la causa penal 1593/2019 por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de ejercicio indebido en funciones, en agravio del ayuntamiento de Compostela, Nayarit, así como los delitos de abuso de autoridad, peculado y falsificación de documentos, por el uso indebido de más de 15 millones de pesos.
El juez de control del juzgado de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral con sede en Tepic, Nayarit, durante la audiencia inicial celebrada el 25 de septiembre del 2019, le dictó como medida cautelar, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de presidenta municipal suplente de Compostela, Nayarit, además de otras medidas cautelares.
En los primeros días del mes de 2019, Ramón Morán Galaviz, regidor del ayuntamiento, fue nombrado por el cabildo como presidente municipal interino, a pesar de la interposición de dos solicitudes de amparo en contra de esta resolución y que fueron negados con fecha 27 de mayo y 17 de julio de 2019.
Debemos señalar que, si bien se resuelve legalmente la titularidad interina de la presidencia municipal, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRD, el único llamado que podríamos hacer a las autoridades de aquella entidad, es que, dado que fue electa una mujer, la persona que se designe para sustituirla sea precisamente una mujer, situación a la que el punto de acuerdo que acaban de hacer lectura no hace referencia alguna.
En cuanto al segundo resolutivo, la redacción violenta la autonomía de la propia Fiscalía General del estado cuando sostiene que los hechos deben de ser investigados de manera neutral y objetiva, cuando esa es precisamente la naturaleza de la propia institución.
En esta Cámara hemos exhortado a las autoridades y fiscalías estatales, sin embargo siempre hemos respetado su independencia en el desarrollo de sus actividades de manera institucional. En este segundo resolutivo se emiten juicios de valor que violentan esta autonomía y generan incertidumbre respecto al desarrollo mismo de las instituciones locales.
En el Grupo Parlamentario del PRD repudiamos todo acto de violencia, sin embargo, debemos señalar que sobre el ciudadano Conrado López Álvarez pesan señalamientos que lo vinculan con la venta y compra de autos y maquinaria de manera ilícita. Por lo que se hace referencia, podría tener un cariz no de agresión, sino de vendetta.
Es por ello que, si bien coincidimos en la necesidad de que se realicen las investigaciones relativas a estos acontecimientos, no podemos coincidir en la redacción de estas propuestas. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Tiene el uso de la palabra la diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados. Es indudable que todos coincidimos en la garantía del Estado de derecho como condición política para conducir los asuntos del gobierno en cualquiera de sus poderes.
En el Partido Verde Ecologista de México, estamos a favor de la legalidad y de que el actuar de cualquiera institución o persona en el país se conduzca apegándose a ella. No podemos alejarnos de esa premisa.
En dado caso, derivado de una solicitud de licencia por parte del titular de un cargo de elección popular para ser candidata o candidato a otro, se tiene que asumir la separación del primero.
Conforme al artículo 125 constitucional, ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la federación ni otro de una entidad federativa que sean también de elección, pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
No se puede esperar que después de una solicitud de licencia de un cargo y separado de una responsabilidad en la que se eligió desempeñar otra, se siga teniendo influencia alguna al anterior, limitando las funciones de la persona en el encargo.
De igual manera, si la única autoridad competente para la suspensión y/o remoción de un regidor, síndico o presidente es el Congreso de un estado, a eso debemos apegarnos una vez que exista la investigación y los elementos necesarios para tomar la determinación. Eso es lo que tiene que suceder y debe ser el procedimiento para cada caso. No puede ser de otra manera.
Por mucho que una persona quiera tomar un camino distinto, nuestras instituciones, leyes y normatividad no pueden ser vulneradas a la ligera ni manejadas al capricho de los individuos, sino existe notificación en el Congreso local por parte de algún ayuntamiento sobre la suspensión o nombramiento de cualquier persona como un presidente interino, no tendría por qué existir controversia alguna.
Asimismo, las fiscalías generales de los estados no deben ser sometidas a intereses de grupos ni personales de ningún nivel. Los procesos no deben estar condicionados a que se actúe con determinada manera, sino debe ser un actuar conforme a derecho, con investigaciones claras, públicas y con rigor, para poder sancionar a quienes resulten responsables de cualquier acto ilícito.
Adicionalmente, un juez de distrito no debe enfocar su estudio de manera parcial considerando los argumentos de la aplicación de las normas de orden administrativo, pasando por encima del ámbito constitucional al que está obligado.
En el Partido Verde siempre estaremos a favor de los principios y preceptos constitucionales, a favor de las instituciones y que estas sean conducidas con la debida rectitud y transparencia para que aporten certeza a la población y se acceda a la justicia a quien demuestre tener la razón.
Nos sumamos a que las autoridades correspondientes actúen conforme a derecho con la imparcialidad debida y que se realicen a profundidad las investigaciones correspondientes, deslindando las responsabilidades que resulten conducentes. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Espinoza Mata. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente acuerdo, y lo hacemos porque nuestro grupo parlamentario siempre ha estado a favor de preservar la legalidad y la certidumbre electoral y democrática.
Quiero dejar claro que nuestra fracción parlamentaria manifiesta su respeto irrestricto al Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Sin embargo, advertimos algunas irregularidades en lo que podría ser un acto de poner en riesgo la voluntad de los ciudadanos que votaron en las elecciones en ese municipio de Compostela, sobre todo en los actos que tienen que ver con la solicitud de licencia al pleno del ayuntamiento y a la Cámara de Senadores de una representante popular.
Si bien es cierto, estos hechos ya son cosa juzgada en algunos de los casos y ha intervenido el Tribunal Electoral de la Federación a partir de resolutivos y sentencias que en algunos de los casos ya causaron estado, no desconocemos y es la base de nuestro posicionamiento que algunas versiones aseguran que personas públicas de ese municipio pudieran estar involucradas en hechos de posible corrupción y conflicto de interés.
Por lo anterior, consideramos que es viable exhortar de manera respetuosa a los Poderes de Nayarit, pero con el debido respeto a su soberanía, con la única finalidad de que se realicen las investigaciones de manera imparcial, de manera objetiva. Pero, además, que se preserve el respeto a la vida democrática de la Republica y de los estados.
No omitimos señalar también que se han presentado algunos incidentes preocupantes de violencia que desde aquí repudiamos, como lo hemos hecho en cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida de las personas.
Rechazamos cualquier acto de violencia para dirimir las diferencias políticas, ya que en Movimiento Ciudadano estamos a favor de que sean las instituciones y a través de la vida democrática que se diriman los conflictos entre el poder público.
Votaremos a favor porque estamos a favor de la legalidad, pero dejamos en claro que es con pleno respecto a la autonomía del estado de Nayarit. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeras y compañeros, en Compostela, Nayarit, ganó la hoy senadora Gloria Núñez. Se fue de campaña, quedó de primera minoría en el Senado, tomó protesta en el Senado. Estaba la suplente en su lugar, Kenia Núñez, que, aunque tiene el mismo apellido, no tiene parentesco.
La senadora pidió licencia al Senado para regresar a la alcaldía de Compostela y tomar el control del lugar. ¿Por qué? Porque hay un negocio de mil 800 millones de dólares en las playas de Compostela. Ese es el tema.
Y la suplente promovió un juicio de derechos civiles, lo ganó, obligó a la senadora a regresar el cargo, a pesar de que la Constitución de Nayarit establece no solo que no puedes tener dos cargos, sino que, si te vas a un cargo federal, ya no puedes regresar a la Presidencia Municipal.
Bueno, Gloria Núñez regresó, perdió el juicio, y después hubo una disputa porque la hoy senadora quería tener el control y quiere tener el control y tiene el control del Ayuntamiento de Compostela. De hecho, sigue una foto de ella dentro del ayuntamiento, como si fuera la alcaldesa.
El contralor interno destituyó arbitrariamente a la alcaldesa, porque no tiene facultades para quitarla. Nadie puede quitar más que el Congreso local a un integrante del cabildo. No solo hizo eso, sino nombró a un interino, hombre, sin importarles que ahí había sido mujer la elegida, para que estuviera al frente como representante en los negocios de la senadora Gloria Núñez.
El lunes pasado había una protesta muy importante del pueblo de Compostela por este problema que se viene arrastrando ya de más de un año, y el compañero Conrado López Álvarez, que esperaba en el pueblo de Xalisco –con equis– Nayarit, a 10 minutos de Compostela que pasaran a recogerlo, recibió un tiro en la cabeza.
Yo hablé con el gobernador y el gobernador me dijo que le habían querido robar un auto, cuando el compañero ni auto llevaba, estaba esperando a que pasaran por él para ir al mitin.
Y hoy aquí el PRD, su fracción sostiene que el tipo vende autos y que fue una cosa oscura. Es una canallada que sobre un hecho tan grave y tan cobarde de haber atentado contra la vida de uno de los abogados que ahí ha estado denunciando este hecho irregular, todavía se quiera justificar la agresión.
Fui promotor de que se diera este debate. El punto de acuerdo es una propuesta de Morena, que me parece muy cuidadosamente redactado y les pido que lo votemos a favor, porque no debemos permitir el atropello en ningún punto del territorio nacional.
Me parece que deben hacerse las investigaciones a fondo sobre la agresión. Me parece que debe restituirse la legalidad. Me parece que debe respetarse el voto de la gente en Compostela, y me parece que no se debe seguir convalidando este tipo de atropellos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra el diputado José Ramón Cambero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Ramón Cambero Pérez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras, la verdad que antes de expresar algunas consideraciones respecto al tema que hoy nos ocupa, quisiera llamar la atención de la asamblea.
La verdad es que en México existen aproximadamente 2 mil 500 ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen dificultades diversas, desde el punto de vista de gobernabilidad, finanzas, inseguridad.
Pudiéramos dar muchos ejemplos, pero el horno no está para bollos, tenemos que ser muy responsables en nuestra actuación. Si empezamos a traer asuntos de los ayuntamientos a esta honorable legislatura, el día de mañana no solamente vamos a ampliar el periodo un mes, sino vamos a tener que sesionar todo el año, todos los días, para desahogar los diversos temas.
La verdad que ocupamos sembrar la unión, no la desunión, que haya reconciliación. En Compostela, es un municipio donde hay paz, donde hay orden, pero, sin embargo, efectivamente, han pasado algunos hechos que aquí se han narrado parcialmente ciertos.
Lo que sí existió, lo que aquí se ha dicho, la senadora o la presidenta municipal, hoy senadora, participó en el proceso 2018. Ganó, ella eligió irse al Senado, el ayuntamiento le toma protesta a la presidenta suplente. En ese ínter, como es su derecho, la senadora decide regresar y lo que sucede es que después de algún tiempo ella decide tomar una última decisión y quedarse en el Senado, esa fue su voluntad.
Pero debo decirles que, en esos días posteriores, el ayuntamiento integra unas averiguaciones y un expediente y la presidenta suplente tiene dos procesos, uno por la vía administrativa por el órgano de control, y otro por la vía penal.
La presidenta está impedida jurídicamente, la presidenta suplente, para regresar al ayuntamiento, para estar al frente del ayuntamiento. Lo que hizo el ayuntamiento, de acuerdo a lo que la ley del gobierno municipal señala, sesionar y nombrar un presidente municipal para que se hiciera cargo de lo que es el ayuntamiento. Eso es lo que ha sucedido.
Concluyo, presidenta, con lo siguiente. La verdad, el ayuntamiento está integrado de manera plural, para que quede constancia. Hay regidores del PAN, regidores del PRI...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado José Ramón Cambero Pérez: –Con todo gusto concluyo, presidenta–. Del PT, de Morena, del PRD y de Movimiento Ciudadano.
Yo quiero decirles que no caigamos en berrinches, que legislemos por el bien de México y no le hagamos caso a quien se siente redentor no nada más de la patria sino del mundo... diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Muchas gracias, diputado Cambero Pérez. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, miren, esta historia bien pudiera encuadrarse en una especie de ley de Herodes, aunque en el caso de Nayarit y concretamente en el caso de Compostela, pudiéramos llamarla de la gloria al infierno en Compostela.
Lo digo porque creo que quienes nos han antecedido en el uso de la palabra han expresado qué es lo que acontece en Compostela.
No es un tema que nos sorprenda, pero sí es un tema que en verdad indigna y esta soberanía está obligada a exhortar a las autoridades a que se restituya el Estado de derecho.
Esta ambición de los políticos tradicionales de seguir manteniendo a toda costa el control político de su pueblo, es lo que tiene hoy así a una ciudadana que también fue votada, para que sea recluida en la cárcel en Nayarit. Y me refiero a Kenia Núñez, la suplente, que ha sido llamada a tomar protesta una y otra vez y cuando ya se agotó, después de una resolución del tribunal, que obligó a la senadora a tomar el cargo para el cual fue electa, entonces hicieron uso de toda una serie de maquinaciones para que, a través de un órgano de control interno de la contraloría municipal, se le suspendieran los derechos y se le retirara del cargo de presidenta a Kenia Núñez.
Yo vengo a expresar el respaldo absoluto a Kenia Núñez y a pedir que se restituya el Estado de derecho en Compostela, Nayarit.
Por todo lo que hemos expresado, quiero decirlo con todas sus letras, condenamos desde esta tribuna el uso de las instituciones mexicanas de fiscalización y control de los recursos públicos, así como de procuración de justicia, como instrumentos de persecución política para los adversarios, y como mecanismos antidemocráticos de acceso al ejercicio del poder público.
Llamamos al Congreso local de Nayarit, a que dé la cara, a que realice las gestiones oportunas para resolver el conflicto político y restablezca el orden constitucional. Ustedes tienen la última palabra, pero nunca más usar las instituciones del poder para golpear a quien piensa diferente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Jarero Velázquez. Consulte la Secretaría a la asamblea, si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se consulta, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del acuerdo.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del acuerdo.
(Votación)
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 251 votos a favor, 21 abstenciones y 53 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Han solicitado hacer uso de la palabra, desde su curul y por un minuto, varias compañeras y compañeros diputados. Procederé a darles el uso de la palabra. El diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sonido a la curul del diputado Martínez Ventura, por favor.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura (desde la curul): Gracias, presidenta. El día de hoy aproximadamente a las 11 horas, el presidente municipal de mi tierra, Valle de Chalco Solidaridad, en el estado de México, Francisco Tenorio Contreras, fue objeto de un atentado con arma de fuego y que lamentablemente lo tiene en estado muy delicado y de pronóstico reservado.
Por esta razón quiero hacer primero un exhorto a la autoridad correspondiente para que se dé con él o los responsables de este hecho y se aplique la ley como corresponde en estos casos tan dolorosos para la sociedad y que se han repetido, pues no olvidemos que hace un par de meses también sufrió un atentado y falleció el cuarto regidor del municipio de La paz, municipio vecino de Valle de Chalco.
Pero también quiero hacer un llamado a la sociedad vallechalquense y a la sociedad mexicana, para que cada uno hagamos la parte que nos corresponde, para generar un ambiente más llevadero, que nos permita construir la paz que tanta falta nos hace. Hago votos por el restablecimiento de la salud de mi presidente municipal y expreso a su familia mi solidaridad. Es cuanto. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Ventura. Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Con su venia, señora presidenta. Para informar a esta soberanía que gracias a las diversas reuniones que llevamos a cabo con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, se acordó un incremento salarial considerado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para los docentes bilingües de nivel inicial preescolar y primaria de educación indígena.
Quiero expresar mi mayor agradecimiento a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Educación Pública, maestro Esteban Moctezuma Barragán, así como al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Martín Garza González y al director general de Educación Indígena, Javier López Sánchez, por sus consideraciones.
Agradecer también a todas las personas que intervinieron en esta gestión por su colaboración, dedicación y esfuerzo para otorgar un aumento salarial a los maestros y maestras de educación indígena, esperando a la brevedad posible ver reflejado un salario justo.
Con estas acciones reafirmamos que en esta cuarta transformación tenemos el compromiso de dignificar y retribuir su valioso trabajo, fortaleciendo la educación intercultural, plurilingüe en beneficio de las comunidades originarias...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): ... de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares. Tiene el uso de la palabra la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): La educación para personas con discapacidad ha estado en un nivel de marginalización desde siempre en México. La discapacidad todos la traemos momento a momento. Eh ahí que en México existen 5.7 millones de personas que padecen alguna discapacidad, cifra que equivale al 5.1 por ciento de acuerdo al Inegi.
El gran olvidado es el CAED, hoy denominado Centro de Atención de planteles federales de educación media superior de Estudiantes con Discapacidad. De ahí que las evidencias presupuestales corroboran lo dicho. En el 2018, 45 millones 844 mil; en el 2019, 33 millones 0.16 mil; en el 2020, 32 millones 521 mil, por lo cual solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se reconsidere un incremento.
Desde aquí decimos que la transformación de un país pasa por el reconocimiento de las personas con capacidades diferentes. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Con el permiso de la Mesa. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conap, es un órgano descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que inició actividades el 5 de junio del 2000 y es la encargada de la administración de las áreas naturales protegidas.
En México existen diversos tipos de áreas protegidas federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales, privadas y áreas naturales protegidas. Este fin de semana tuvimos reunión con los dos municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa.
Le pediría a la Conapred que haga todos los estudios y diagnósticos para poder declarar estos dos municipios como áreas naturales protegidas. Es cuanto, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Domínguez Flores.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (18:55 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 30 de octubre a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas.
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