Intervención en lengua originaria de la ciudadana María Bertha Sántiz Pérez
Comunicaciones
Iniciativas
Martha Elena García Gómez, PAN
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, PRI
Mary Carmen Bernal Martínez, PT
Carmen Julia Prudencio González, PMC
Norma Azucena Rodríguez Zamora, PRD
Francisco Elizondo Garrido, PVEM
Marcelino Rivera Hernández, PAN
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Morena
Araceli Ocampo Manzanares, Morena
Sandra Paola González Castañeda, Morena
Martha Hortencia Garay Cadena, PRI
Marco Antonio Medina Pérez, Morena
Silvia Guadalupe Garza Galván, PAN
María del Carmen Cabrera Lagunas, PES
Francisco Javier Huacus Esquivel, PT
Juan Martín Espinoza Cárdenas, PMC
Carlos Sánchez Barrios, Morena
Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, PAN
María Lucero Saldaña Pérez, PRI
Maria del Carmen Bautista Peláez, Morena
Melba Nelia Farías Zambrano, Morena
Julieta Kristal Vences Valencia, Morena
Martha Elena García Gómez, PAN
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, PES
Adriana Gabriela Media Ortiz, PMC
Hilda Patricia Ortega Nájera, Morena
María Lucero Saldaña Pérez, PRI
Alejandra Pani Barragán, Morena
Declaratoria de elección de Mesa Directiva
Protesta de la presidenta de la Mesa Directiva
Protesta de vicepresidentas, vicepresidente, secretarias y secretarios de la Mesa Directiva
Mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva
Autorización para que el Paquete Fiscal 2020 se reciba y se turne de inmediato a comisiones
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia, ya que son 11 de la mañana con 8 minutos.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 166 diputadas y diputados. Por lo tanto, no hay quórum, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tendremos que esperar a que haya quórum, para lo cual hay media hora. Si no, tomaremos decisiones legales. Muchas gracias.
Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 317 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:24 horas): En consecuencia, se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, se concede el uso de la palabra a la ciudadana María Bertha Sántiz Pérez, licenciada en derechos humanos y docente en la Universidad Intercultural de Chiapas, hablante de la lengua tojolabal.
La ciudadana María Bertha Sántiz Pérez (habla en lengua originaria): El conocimiento ancestral es fundamental para un pensamiento y una práctica incluyente
Muy buenos días tengan todos ustedes y a todas las personas que me ven en este momento; con la venia de todos, inicio mi intervención.
Mi nombre es María Bertha Sántiz Pérez, nací en una localidad tojol-ab’al llamada oficialmente Rosario Bahuitz, en el municipio de las Margaritas, Chiapas, México.
Soy una de las tantas mujeres indígenas que existen en nuestro México y en el mundo, hablo y escribo la lengua tojol-ab’al, de la familia lingüística mayense, y el español.
Tojol-ab’al se llama mi primera lengua y significa “palabra verdadera”, “discurso correcto” o “palabra que no miente”, compuesta por dos raíces: tojol, que equivale a “recto, correcto, justo, derecho”, y ab’al: “palabra, discurso”. Por ello, las y los tojol-ab’ales nos denominamos mujeres verdaderas, hombres verdaderos.
Nos encontramos en la parte sureste del estado de Chiapas, colindando con la hermana República de Guatemala, con asentamiento en los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Comitán, La Independencia, Ocosingo y Maravilla Tenejapa, en tres microrregiones conocidas como Valles, Tierras Frías de Altamirano y, al sur, la región de las cañadas de la selva lacandona.
Es un gusto para mí ejercer mi derecho a la libre expresión; más aún porque por fin se nos está brindando y tomando en cuenta en estos espacios que por derecho nos corresponden a los pueblos indígenas. Espero de todo corazón se refuercen mucho más las interacciones recíprocas y de respeto entre las diversas culturas, y se suprima la distinción clasista, discriminadora; que se conciba la diversidad y la diferencia como parte de la riqueza de nuestro país y se tenga presente que todos tenemos el mismo color de sangre y que todos nacemos y moriremos algún día.
Asimismo, nuestra Constitución, en su artículo 1o, párrafo cinco, prohíbe cualquier tipo de discriminación, mientras que en el artículo 2o, apartado B, establece que a las instituciones competentes les corresponde garantizar los derechos de los pueblos indígenas para el desarrollo integral de los mismos, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Como mujer indígena tojol-ab’al veo la necesidad urgente de caminar juntos hacia una educación basada en los conocimientos ancestrales, pues creo firmemente que así encontraremos mejores alternativas para superar las dificultades que ahora enfrentamos en nuestro México y en todo el mundo. Hay descontrol ético y moral que diluye todo afecto y amor al prójimo; todo ello por la falta de conciencia en retomar y practicar la enseñanza de los abuelos, que en su momento dejaron dicha a través de sus experiencias y en la tradición oral. Conocimientos que se deben transmitir de generación en generación. Muchos de ellos se encuentran plasmados de manera escrita, como otra forma de resistencia hacia la colonización total.
De esta manera, cada día estamos sumando esfuerzos como estrategia para fortalecer nuestras culturas milenarias. Cortaron los troncos, pero no nuestras raíces; ya no deben ser llamados “creencias de los pueblos”, sino frutos de la experiencia, conocimientos y saberes ancestrales mayas los que desde hace más de quinientos años quisieron arrebatarnos por el simple hecho de no hablar la lengua del opresor, y no sabían quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos; ignoraban totalmente nuestra visión y relación con la naturaleza, por tal razón, los colonizadores calificaron de irracional y bárbaros a nuestros ancestros, y en muchos casos persisten hasta ahora dichos calificativos.
Por esa ideología impuesta, la mayor parte de los hablantes crecieron ignorando la importancia de hablar y escribir su lengua, mucho menos con el interés de conocer e indagar los conocimientos guardados, pues, para ellos es equivalente a nada. Dicha imposición se replica en las escuelas hoy en día, desde la educación básica se dice que los conocimientos de los indios son de ignorantes, son ficción, simples mitos propios de salvajes. Frente a estos problemas, el estandarte es la mujer, mamá, abuela y luchadora en el engranaje de la cultura y la naturaleza del saber, son fuentes en las que brotan los conocimientos y pensamientos de cada pueblo.
Por esta razón es necesario seguir fortaleciendo en todo momento y por todos los espacios que las autoridades coadyuven hacia su práctica y que cada hablante esté seguro y orgulloso de su lengua y cultura, para así no ser blanco fácil de ningún tipo de discriminación, pues el lenguaje es base y poder para el diálogo, el saber, el conocimiento para comprender la organización y la forma de vida de un pueblo o nación. Hoy más que nunca necesitamos retomar la sabiduría de los pueblos originarios para salvaguardar todo lo que existe, la naturaleza, la tierra preciosa que a diario la estamos matando con nuestras acciones irresponsables.
De igual manera, coadyuvar esfuerzos por la igualdad y equidad de género, ya que muchas mujeres siguen siendo vulneradas en sus derechos, lo que es tres veces o más con la mujer indígena. Mujeres que han sido y están siendo asesinadas en todo el país, y no sucede como excepción en las comunidades indígenas, donde muchas veces no existe la justicia, peor aún, cuando la sociedad misma ha naturalizado dichos hechos denigrándolas y etiquetándolas por su misma desgracia. Realmente estas acciones son degradantes. Se desconoce completamente lo importante que es cada mujer en esta sociedad moderna, mientras que la concepción maya o indígena ancestral la pone en el plano de dador de vida, el hilo conductor con la naturaleza, tierra y agua como fuente de vida y alimentos.
La Mujer es parte fundamental del ser humano, capaz de llevar a cabo cualquier cosa, debe ser sujeto de derecho y no objeto, como suele ser hoy en día.
Por ello, ¡un pensamiento y una práctica incluyente con nosotras!, ¡otro mundo es posible!
Entonces, una educación desde los conocimientos ancestrales implica que todos debemos reflexionar y poner en práctica, partiendo por los espacios de gobierno, legisladores y otras instancias, el pueblo en general, para así tener una sociedad más incluyente, más ciudadanos conscientes y atención adecuada sobre las necesidades de cada pueblo indígena o no indígena, así evitaremos la muerte de las culturas y conocimientos milenarios de los pueblos originarios.
Por último, hago la invitación para que todos los no hablantes de alguna lengua indígena aprendan una diferente. Aprender un segundo idioma será propicio para ir construyendo una interculturalidad verdadera, no maquillada a folklorismo. Interculturalidad mediante la convivencia y el diálogo con los otros pueblos que cohabitan en el territorio, para el beneficio social y comunitario, más no para usurpar identidades.
Muchas gracias por la paciencia que han tenido las y los presentes en escuchar mi sentir como mujer indígena orgullosa de su lengua materna.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agradecemos la presencia de la ciudadana María Bertha Sántiz Pérez, la invitamos a retirarse del salón cuando lo desee.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, considerando que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron oficios de los diputados Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Higinio del Toro Pérez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Ana Karina Rojo Pimentel, Dulce María Corina Villegas Guarneros y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, por los que solicitan el retiro de iniciativas. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se retiran. Actualícense los registros.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite el primer informe de labores de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de Energía, de Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Turismo, de la Función Pública, de Cultura, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Distribúyanse a las comisiones respectivas, a los diputados las copias que fueron enviadas.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de diversas dependencias, tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social.
Perdón, me ha pedido la palabra, por un minuto, la diputada Soraya Pérez Munguía. Se lo concedo. Desde su curul.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): El cacao es un regalo de México al mundo. El cacao es un elemento esencial de la gastronomía mexicana y tiene una conexión inalienable con la cultura de nuestro país.
La producción de este grano en nuestro país se concentra precisamente en mi estado, en Tabasco, que junto con Chiapas aportan el 98 por ciento de la producción total. Por eso, desde esta tribuna y con el permiso de nuestro presidente, quiero enviarles un caluroso saludo a los más de 30 mil productores de cacao, 30 asociaciones y 40 empresas distribuidoras tabasqueñas.
Hoy celebro que este año conmemoremos por primera vez el Día Nacional del Cacao y el Chocolate. En ese sentido, un llamado a mis compañeras y compañeros diputados a que aprovechemos el espacio creado para salvaguardar un símbolo de suma importancia para nuestro país.
Como dice mi paisano, el presidente, no es por presumir, pero soy tabasqueña y en Tabasco se hace el mejor chocolate del mundo. Gracias, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por el regalo de Tabasco, que esperamos vender cada día más caro. Tiene la palabra, por cinco minutos, Rocío Barrera. Por favor, Rocío.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Gracias, diputado. Buenos días a todos. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las zonas de atención prioritaria, artículo 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, son las localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación, vulnerabilidad y son el centro de la política social para orientar los esfuerzos gubernamentales para impulsar el desarrollo social y humano de los sectores territoriales con mayor rezago social.
Los bajos niveles de vida de las personas en situación de pobreza...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón. Pónganle el sonido, porque apenas se escucha su voz, por favor.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Gracias, diputado. Los bajos niveles de vida de las personas en situación de pobreza reflejada en la falta de acceso a educación, a servicios de salud, capacitación para el trabajo, cultura, deporte y recreación, carencia de espacios de reuniones y convivencia, así como en la escasez de oportunidades para planear y ejecutar colectivamente proyectos encaminados a mejorar las condiciones del entorno social y físico donde viven, está desencadenando que muchas zonas del país se estén convirtiendo en zonas de expansión de la delincuencia.
A nivel nacional, el 57.5 de la población de 18 años y más se considera la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a las entidades federativas, seguida del desempleo con el 49.3 por ciento y pobreza con 34 por ciento.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Inegi, estima que se registraron 33.6 millones de delitos en el país, de los cuales la mayoría de los delitos pertenece al fuero común y solo un porcentaje menor implica la existencia de organizaciones delictivas.
El robo es el delito que más se comete, con modalidades tales como robo a casa-habitación, robo de autopartes y robo de autos. El robo representa el 38 por ciento, las lesiones el 17, los homicidios 2.14, delitos sexuales 1.67, el secuestro 1.5.
La dinámica delictiva es compleja, el robo y las lesiones manifiestan una tendencia a la alza, los homicidios aumentan, los delitos sexuales se incrementan y el secuestro mantiene un crecimiento estable.
La iniciativa que hoy les presento en esta tribuna tiene como propósito, además de los índices de marginación que se utilizan actualmente, sean además incluidos dentro de los criterios para determinar los recursos para las zonas de atención prioritaria, los índices de criminalidad y violencia, ya que es necesario disminuir las desigualdades sociales, la falta de oportunidades y la prevención del delito, donde este nace, en la vulnerabilidad social y no cuando ya se manifestó, produciendo resultados a menudo irremediables.
Dicho todo lo anterior, solicito el valioso apoyo de todas y todos mis compañeros legisladores de esta Cámara de Diputados, para que esta propuesta de reforma sea aprobada, ya que con ello podremos reducir las causas de vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de las zonas de atención prioritaria.
Se generarán entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, se pueden fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en las zonas de atención prioritaria, ya que podrán contar con presupuestos destinados para este fin.
La población objetivo contará con políticas públicas que promuevan formas de convivencia pacífica y legal y se focalizarán a los grupos que registran mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia.
Se puede evitar la reincidencia de personas generadoras de violencia y la revictimización. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
Me están pidiendo la palabra el diputado Iran Santiago de Morena y el diputado, Santiago también, González Soto. Un minuto, desde su curul, a cada uno de los Santiagos.
El diputado Iran Santiago Manuel (desde la curul): Sí, en conmemoración al aniversario de la batalla en Juchitán de Zaragoza, (habla en lengua originaria) reciban un afectuoso saludo los paisanos. Hoy se conmemora una fecha importante en donde los juchitecos salieron victoriosos ante el ejército, en el siglo XIX, el ejército más poderoso del mundo. En donde en Juchitán hoy están de fiesta, esperamos que se la pasen muy bien, pero también que sirva de reflexión ante el escenario que estamos viviendo en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, que nos sirva de reflexión para observar cómo debemos de regir nuestras vidas en estos momentos. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Santiago González Soto.
El diputado Santiago González Soto (desde la curul): Con el permiso de la Presidencia. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, le quiero solicitar a usted que me haga el favor de que con urgente y obvia resolución pueda recibir usted un punto de acuerdo, con el siguiente motivo:
En Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas nos vimos muy afectados con las lluvias torrenciales de los últimos días 3, 4 y 5 de septiembre. Con este motivo, el área metropolitana de Monterrey se vio severamente dañada en su infraestructura urbana, tanto en su vialidades como todo lo que tiene que ver con la cuestión hidráulica.
Igualmente, en el caso de Nuevo León y algunos municipios de Tamaulipas y Coahuila se vieron afectados en la agricultura y la ganadería, por lo cual estoy solicitando que este punto de acuerdo pueda ser recibido y turnado de urgente y obvia resolución. Con la finalidad de liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Muchas gracias por su atención, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Haga llegar su petición por los conductos adecuados, administrativos y parlamentarios. Muchas gracias. Perdón, un diputado de Nuevo León, Ricardo, me pide la palabra. Se la concedo desde su curul, un minuto. Ricardo Flores.
El diputado Ricardo Flores Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. En Nuevo León, como lo acaba de decir mi diputado Santiago González, existe una emergencia, específicamente en el pueblo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde han quedado muy dañadas las propiedades de los ciudadanos nicolaítas, así como su infraestructura del arroyo del Topo Chico.
Extiendo un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que atienda de manera inmediata esta situación. Asimismo, a la Conagua, para que se ponga a trabajar y amplíe el cauce del arroyo del Topo Chico, que es insuficiente en estas eventualidades. Y sea de manera preventiva y no reactiva lo que estamos haciendo para nuestro San Nicolás. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañero, proceda según su petición, exhortando. El diputado Pedro Pablo Treviño, un minuto desde su curul. Sonido en la curul de Pedro Pablo.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. En nombre también de los compañeros de Nuevo León, por el PRI, Juan Espinoza, Ivonne Álvarez y de los compañeros que se han expresado, pedir respetuosamente al gobierno de la República activar el fondo para las contingencias en el estado de Nuevo León.
Hemos sufrido lluvias muy fuertes y necesitamos cuidar a nuestra población. Pedirle, señor presidente, enviar este exhorto a la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. La diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo. Un minuto desde su curul.
La diputada Ana Ruth García Grande (desde la curul): Muy buenos días, señores legisladores y legisladoras. Señor presidente, gracias por permitirme hacer uso de la palabra. A nombre propio y de mi pueblo, Baja California Sur, para hacer una denuncia formal, respecto a una problemática en materia de energía que estamos viviendo.
Tenemos más de un mes con cortes de energía, en una etapa donde estamos viviendo temperaturas de más de 45 grados, por lo que quiero hacer de este uso de la voz, mi expresión para que sea un llamado a todas las autoridades de energía, inicialmente Comisión Federal de Electricidad y áreas afines para que pongan atención en Baja California Sur y nos ayuden a lograr una solución inmediata.
Estamos ante el inicio de la eventual etapa de fenómenos meteorológicos, lo que de suyo le genera un peligro permanente a nuestra entidad en esta materia, de manera que queremos que el gobierno de México y desde luego las instancias del estado que atienden este tema, volteen a vernos y nos ofrezcan soluciones en lo inmediato. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. La diputada Abelina López desde su curul.
La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero hacer un extrañamiento, al juez primero de distrito de procesos penales federales con sede en Tamaulipas, quien ordenó la liberación de Gil. Guerrero, Guerrero está ahí reclamando justicia. No puede seguir la justicia de México en manos de la impunidad y en manos de los arpones.
Por ello desde este lugar, desde este lugar pedimos, pedimos al gobierno federal investigue...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, ¿quién le pide?
La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): Abelina López, le pide.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Cómo? ¿Quién?
La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): Desde Guerrero le pedimos al gobierno federal pueda tender puentes para que podamos entrar en un proceso de renovación del Poder Judicial. Ahí está la corrupción. Ahí está la cloaca del sistema que aún no acaba de morir. Es cuanto, ciudadano presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Haga llegar su petición contra la cloaca por los conductos respectivos. Tiene la palabra la diputada Annia Gómez.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido que mis compañeros diputados de Nuevo León, como representante de las y los ciudadanos de Nuevo León, particularmente del municipio de Monterrey, desde aquí hacerle un respetuoso exhorto y llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que por favor dé instrucciones precisas y se liberen los fondos para desastres naturales para nuestro estado.
Es ya de todos conocido que el estado de Nuevo León siempre sufre inclemencias de la naturaleza, por lo tanto espero la sensibilidad del presidente y que voltee a ver al norte, que no lo deje solo, que no abandone a las y los ciudadanos de Nuevo León que también somos México. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Haga llegar su petición por los conductos parlamentarios. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, por un minuto.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para hacer un enérgico extrañamiento, señor presidente, a las declaraciones que hizo el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, refiriéndose a las mujeres –y cito la palabra porque la tengo que decir– como pirujas.
Una persona que tiene que estar encargada de brindar atención en una institución tan noble como lo es el ISSSTE, no puede utilizar ese lenguaje refiriéndose a nosotras las mujeres, señor presidente.
Desde aquí le hacemos el mayor de los extrañamientos y exigimos ya sea una disculpa o una explicación de cómo es posible que se quiera frenar la violencia en este país si las propias autoridades son las que se están refiriendo de manera despectiva y discriminatoria a nosotras las mujeres. No lo podemos permitir.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, es una conducta grave la que usted denuncia. Le rogamos nos la haga llegar por escrito y le aseguramos que llegará al director del Instituto Mexicano del Seguro Social... Del ISSSTE. Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul) Gracias, presidente Porfirio. De manera reciente el gobierno federal realizó una cuantiosa inversión económica en fertilizante, semilla mejorada y otros insumos para el agro guerrerense.
Sin embargo, el temporal de lluvias en la región tierra caliente, como en gran parte del estado, no ha sido constante, por lo que la sequía parece inminente, poniendo en grave riesgo los mil 300 millones de pesos invertidos por el gobierno federal y el trabajo de los productores, cuya cosecha, en gran parte, son utilizadas para el autoconsumo de los guerrerenses.
Es por eso que hacemos el llamado desde esta tribuna, desde esta curul, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Desarrollo Rural, para que permitan utilizar el agua de las presas para salvar al menos las siembras en los campos donde exista agua rodada, y evitar la pérdida generalizada de la producción de maíz y frijol en el estado de Guerrero. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Hágalo llegar por los conductos parlamentarios.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Elena García Gómez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Martha Elena García Gómez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros, vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de dar un trato igualitario a trabajadoras y trabajadores en el acceso a los servicios de guardería para sus hijos y para sus hijas.
El reconocimiento social y jurídico de la igualdad entre persona, sigue transitando por vías complejas que demanda la armonización del orden jurídico nacional en todas sus vertientes.
Al parecer no han bastado las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011 ni la exhibición de una igualdad para la ley entre hombres y mujeres ni la concerniente a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En ese tenor cobra importancia el trato diferenciado que se da a trabajadoras y trabajadores en el acceso a los servicios de guardería en los distintos modelos vigentes, situación que en particular ha sido debidamente abordada por el máximo tribunal del país, quien ha resuelto diversos amparos determinando la violación de principios de rango constitucional.
Con dichas resoluciones se cuestionan no solo los roles de género que la sociedad impuso a mujeres y hombres, y que lamentablemente prevalecen en amplias capas poblacionales, sino también el hecho de que en la legislación y en la acción institucional, no se considere primordialmente un principio rector como lo es el de interés superior de la niñez.
Por lo anterior, se considera relevante la presente propuesta que reforma los artículos 196 y 136 respectivamente, toda vez que incorpora un lenguaje incluyente en el texto legal y la atención de interés superior de la niñez y el derecho de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, estableciendo que se deben observar estos principios en lo que respecta a los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil.
Por otro lado, en lo concierne a las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece que para el acceso al servicio de guarderías se observarán el principio del interés superior de la niñez y el derecho a la igualdad entre militares, hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Como legisladora del Partido Acción Nacional, sé de primera mano las preocupaciones de mujeres y hombres trabajadores que buscan los espacios idóneos donde sus hijos e hijas puedan estar mientras ellas laboran.
Yo, como todas y todos los mexicanos, buscamos un país más parejo y menos desigual, por lo que desde mi trinchera hoy presento estas reformas que abonan a lograr este fin común.
Es así que solicito su apoyo para impulsar esta iniciativa en comisiones, la cual beneficiará en su conjunto a padres y madres, así como a niñas y niños.
Agradezco su atención y solicito al presidente de la mesa que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Así se hará, diputada.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Defensa Nacional, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Donato de las Fuentes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto... Dígame, estoy dando un turno, estoy leyendo un texto. Cuando termine, por favor. Estoy dando un turno... decreto por el que se declara el año 2020 como el Año de Carranza. Suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, presento esta iniciativa a nombre de toda la fracción del Partido Revolucionario Institucional, y en lo particular por los miembros de Coahuila de esta fracción; Martha Garay, Rubén Moreira y su servidor, Fernando de las Fuentes.
No hay mexicano que no conozca al barón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, pacificador del México postrevolucionario, artífice de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy hace posible privilegiar el Estado de Derecho. Impulsor de las instituciones que han permitido una apertura gradual y ordenada a la democracia.
Venustiano Carranza Garza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 28 de diciembre de 1859 y fue asesinado siendo presidente de México el 21 de mayo de 1920, en Tlaxcalantongo, Puebla, por su intención de acabar de una vez por todas con el militarismo que imperaba en el poder.
Inició su carrera política como presidente municipal de su tierra natal, Cuatro Ciénegas, y durante el Porfiriato fue también diputado local, diputado federal y senador de la República. Durante el maderismo fue secretario de Guerra y de Marina, y gobernador constitucional del estado de Coahuila.
Hoy quiero referirme particularmente a su legado como líder de la revolución constitucionalista, movimiento de reacción a la toma ilegal del poder por parte de Victoriano Huerta.
El 19 de febrero de 1913 Huerta hizo llegar a los gobernadores del país un telegrama en el que consumaba su insurrección contra el gobierno de Francisco I. Madero, con el siguiente texto: Autorizado por el Senado, he asumido el Poder Ejecutivo estando presos el presidente y su gabinete.
Cuando Venustiano Carranza recibió el telegrama advirtió que el Senado no estaba facultado para designar a Huerta como titular del Poder Ejecutivo de la nación. Fue en ese momento histórico cuando mostró su pensamiento de avanzada porque, aunque él contara con 500 hombres montados con los que pudo haberse rebelado contra el gobierno de Huerta, optó por acudir al Congreso local para solicitar su autorización acerca de la postura que el gobierno del estado de Coahuila debería tomar.
El Congreso de Coahuila dictaminó al respecto con el decreto 1421, emitido por el gobernador Carranza, por el que se desconocía al general Victoriano Huerta como presidente de la República y se le conferían facultades extraordinarias al Ejecutivo del estado de Coahuila en todos los ramos de la administración pública y se convocaba a los gobernadores de los demás estados y a los jefes de las fuerzas federales, rurales y auxiliares de la federación, para que secundaran la decisión del gobierno del estado de Coahuila.
El 26 de marzo de 1913, para reestablecer la legalidad perdida fue firmado el Plan de Guadalupe, en el que se repudiaba al gobierno de Victoriano Huerta, acusándolo de traición contra el presidente Francisco I. Madero; se desconocían a los tres Poderes federales y a los Poderes locales que no aceptaran el plan y se nombraba al comandante jefe del Primer Ejército Constitucionalista a Venustiano Carranza.
Para combatir al usurpador Huerta, se unieron a su causa los generales Francisco Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Ángeles Flores, Pablo González y Lucio Blanco, entre otros.
Pronto en toda la República ocurrieron varios levantamientos, que duraron aproximadamente 18 meses.
Finalmente, en agosto de 1914, Victoriano Huerta deja el poder y abandona la Ciudad de México. La Revolución Constitucionalista dio sus primeros frutos con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, por el Congreso Constituyente de Querétaro, a convocatoria del presidente Venustiano Carranza.
Su premisa fue en todo momento la obediencia a la Constitución. En esta postura inquebrantable de empoderar la legalidad, lo que permitió que Venustiano Carranza diera pasos decisivos en la conciliación de los intereses en pugna entre los líderes revolucionarios del norte y del sur del país.
Su vocación como legislador y su convicción legalista dieron como resultado diversas leyes, entre ellas la del municipio libre, fundamental para la construcción del México contemporáneo.
Durante su mandato Carranza buscó pacificar y construir el país en todos los sentidos, así como reactivar la economía y regularizar el reparto agrario.
En suma, Venustiano Carranza se convirtió en artífice del Estado mexicano moderno, de instituciones como el Ejército mexicano e incluso del orden constitucional a la promulgación de la Constitución de 1917, lo cual demuestra su extraordinario legado.
En estos momentos de cambio y de nuevas formas de hacer gobierno y ciudadanía, el faro que nos debe de guiar en México no puede ser otro que el legado de Venustiano Carranza.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se ha pasado su tiempo, señor diputado.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: La permanencia de la ley, la convicción de la legalidad y la supremacía de la Constitución, es por ello que la presente iniciativa...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado, la legalidad también es puntualidad.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: ...tiene por objeto reconocer el legado de Venustiano Carranza, su vida y trayectoria, así como conmemorar su obra. Así pues, lo tenemos...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputado, se ha pasado su tiempo.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: ... con proyecto de decreto para que el 2020 se declare como el Año de Carranza.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputado, sea respetuoso.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Carranza no hubiera hecho eso. Mande la biografía de Carranza para los anales de la Cámara. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
Vi hace un momento en esta ala de la Cámara algunas inquietudes, ¿quién pidió la palabra? Por favor, desde su curul, un minuto, diputada Mary Carmen.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Nada más era porque se presentó una iniciativa que también tiene que ver con un tema de seguridad social y como presidenta de la Comisión de Seguridad Social...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Presidenta.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (desde la curul): Ajá. Estaba solicitando la ampliación de turno. Sin embargo, ya lo vamos a hacer por escrito, me explican que solamente es turnada hasta dos comisiones, sin embargo, de igual manera le hago llegar el oficio. ¿Sí? Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Lo esperamos, con mucho gusto. Se ha seguido la costumbre en esta legislatura de mandarlo de preferencia a una comisión para dictamen y a otras para opinión, porque la experiencia nos dice que cuando se turna a dos comisiones unidas para dictamen el trámite se hace extremamente largo, se necesitan quórums simultáneos, pero se atenderá su petición, gracias. Será excepcional.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Acundo González, del Partido de Encuentro Social, para presentar iniciativa que reforma los artículos 1o. y 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona una fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Miguel Acundo González: Con su venia, diputado presidente. Compañeros. En pleno siglo XXI, en nuestro país, el efectivo sigue siendo por mucho el principal medio de pago.
Según datos del Banco de México, más del 99 por ciento de los mexicanos usan cotidianamente efectivo en sus transacciones diarias, lo cual contrasta con el bajo porcentaje de personas que cuentan con tarjeta de débito que no alcanza el 20 por ciento de la población, solo poco más del 12 por ciento cuenta con alguna tarjeta de crédito.
La informalidad, venta de productos robados, el narcotráfico, la extorsión, la piratería, la evasión fiscal, la trata de personas, el secuestro, el contrabando entre otras actividades ilegales, son actividades que fortalecen el uso de efectivo.
Un estudio de 2016, del Instituto para la Competitividad, advertía que el amplio y generalizado uso de efectivo en la economía nacional está relacionado con el grave problema de informalidad financiera, corrupción y eficiente crecimiento del país.
Así, el uso generalizado de efectivo posibilitó aumento del 166.98 por ciento de la evasión fiscal entre 2002 y 2011, pasando de 73 mil 511 millones de pesos a 196 mil 267 millones.
Si bien se ha buscado establecer medidas como la aplicación del impuesto a depósitos en efectivo, el establecer montos límites para el pago en efectivo y la expedición de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no han sido efectivas para disminuir sustancialmente el uso de efectivo.
Otra desventaja del uso de efectivo está relacionada con su alto costo en traslado y producción de papel moneda. En 2016 se destinaron recursos por 3 mil 841.8 millones de pesos para cubrir las necesidades de reposición de billetes y monedas.
Dicho presupuesto equivale al presupuesto que reciben juntos, en el mismo año, los programas de abasto social de leche, adquisición de leche nacional y el seguro de vida para jefas de familia.
Si bien el número de comercios con terminal punto de venta se ha venido incrementando en los últimos años, aún estamos lejos de poder generalizar su uso.
El cobro de la llamada tasa de descuento, que es la comisión que cobra el banco a los comercios por instalar la terminal punto de venta y proveer el servicio, ha sido la causa principal para que los negocios opten por no contar con dicho método de pago.
Para atender la problemática planteada, la presente iniciativa propone reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para establecer tasa diferenciada en el pago del IVA de 16 por ciento para operaciones en efectivo y solo del 13 por ciento para el pago hecho por cualquiera de los medios electrónicos de pago.
Demos precisar que no se propone un aumento a IVA, por el contrario, se propone su disminución en las operaciones hechas con medios electrónicos de pago.
También debemos precisar que la disminución de la tasa del IVA se verá compensada por una mayor recaudación, con consecuencia de una menor evasión fiscal. Asimismo, se plantea modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer la deducción de los gastos de instalación y operación de las terminales punto de venta.
Es importante señalar que medidas similares ya han sido implementas en países como Colombia, Argentina y Uruguay, donde existe una tasa diferencia del impuesto al consumo para las operaciones liquidadas por medios electrónicos de pago.
Compañeras y compañeros, con la reforma aquí propuesta se desalienta la economía informal, se ataca la evasión fiscal, crea beneficios tributarios para los contribuyentes cautivos, contribuye a la modernización y competitividad de nuestro sistema financiero. Combate a la corrupción, se obtienen importantes ahorros por concepto de producción y distribución de efectivo, y aumenta la recaudación fiscal. Es cuanto, presidente diputado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Antes de pasar a la próxima iniciativa, yo también tengo un exhorto, como algunos de ustedes. Este exhorto es para los coordinadores de los grupos parlamentarios que el día de hoy, mientras más pronto mejor, deben presentar su propuesta de nueva Mesa Directiva. A las 12 de la noche de hoy se acaba por mandato de ley nuestro encargo, y de carrozas, nos convertimos en calabazas. Por favor. Pero dejamos por ahí un zapato.
Oigan, por favor. A los coordinadores, que hagan su tarea. Dejo la Presidencia a la diputada vicepresidenta Dolores Padierna.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso a) de la base II del artículo 41 y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2016. Adelante, diputada.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muchas gracias, diputada presidenta. Pueblo de México, compañeras diputadas y diputados. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, siempre ha existido la preocupación por proteger a los sectores menos favorecidos.
En la reforma del 27 de enero del año 2016, a los artículos 26, 41 y 123 constitucionales, se creó la Unidad de Medida y Actualización, mejor conocida como UMA. Sin embargo, en las prisas por aprobar la reforma, se condenó a miles de pensionados a recibir una cantidad de menor dinero, ello al calcularse conforme a la Unidad de Medida y Actualización y no conforme a salarios mínimos.
Tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el ISSSTE, están realizando una interpretación equivocada y premeditada de la naturaleza jurídica de la UMA, la cual se creó como referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, insisto, obligaciones como lo son multas, sanciones, etcétera, así como los supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, por lo que de una manera injusta y violatoria de los derechos humanos se pretende que los pensionados reciban entre un 10 y un 15 por ciento menos del valor real de su pensión.
No se debe olvidar que el espíritu de la reforma constitucional que se dio en el 2016, mediante la cual se desindexó al salario mínimo, lo fue para recuperar su verdadera naturaleza y valor.
Por ello se creó la UMA como una medida cuenta índice base, o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones más no para aplicarla en detrimento de los pensionados y jubilados de las diferentes instituciones. No se puede permitir que se siga minando el sistema solidario de pensiones, el cual ha recibido los embates de las anteriores administraciones federales de tipo neoliberal.
Por ello el objetivo de la presente iniciativa es reformar el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el inciso a) de la base segunda del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del año 2016
Lo anterior, para que se excepcionen de medirse en UMA las prestaciones de seguridad social y pensiones, las cuales deberán determinarse en salarios mínimos. También quiero comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a este tema y ha resuelto que es equivocada la forma en que se calculan las pensiones a los trabajadores.
Por eso es importante que nosotros presentemos esta iniciativa y que además de presentarla pueda tener eco en las comisiones. Apuesto a que a más de un diputado de los que hoy integramos esta Legislatura se nos ha acercado un trabajador pensionado con esta misma inquietud.
Es por ello que en este nuevo gobierno y en esta nueva administración debemos evitar los abusos cometidos contra la clase trabajadora o pensionada. Esto debe terminar, y en este nuevo gobierno la clase trabajadora tiene confianza, tiene fe y tiene esperanza.
Por ello es que vengo ante esta tribuna a poner a consideración de todas y todos ustedes esta iniciativa que además de que tiene cambios profundos, también es un tema muy noble para nuestros trabajadores.
Por último, solicito a esta Presidencia que la presente intervención sea inserta íntegramente en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Así se insertará. Tiene la palabra el diputado Cayetano. ¿Con qué objetivo solicita? Adelante.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para solicitarle a la diputada Mary Carmen Bernal Martínez si me permite adherirme a su propuesta, además de felicitarla porque coincido plenamente con su iniciativa, compañera. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. También el diputado Isaías y el diputado Manuel López.
El diputado Manuel López Castillo (desde la curul): Señora presidenta, para pedirle a la promovente si me permite adherirme a su propuesta para reformar el artículo 123 que acaba de presentar.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Isaías, del PRI, y si abren el micrófono de este lado, por favor; también la diputada Claudia. Ya tiene micrófono, diputado.
El diputado Isaías González Cuevas (desde la curul): Ah, perdón. Es necesario que esta soberanía se haga cargo ya de una vez por todas de un clamor nacional justo que hay dentro de los jubilados de México.
Hace tiempo un servidor subí un punto de acuerdo y que fue aprobado por unanimidad sobre lo mismo, de que no permitamos que a nuestros jubilados se les trate como a botes pateados. Así terminé mi discurso.
Ayer, el día de ayer muchos jubilados estuvieron ahí en la sala de prensa, después de que terminó el compañero Mario de hablar, y estuvieron gritando que las pensiones se deben ver con salario mínimo no con UMAs. Entonces pido respetuosamente a esta soberanía una presión fuerte. Ya es hora.
No dejemos solos a nuestros jubilados. Se les debe pagar con salarios mínimos no con UMAs. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. El diputado Santiago Santos. Todavía estamos en el turno de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, pero lo damos la palabra al diputado Santiago Santos. ¿Con qué objetivo?
El diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz (desde la curul): Buenos días. Sí, con la finalidad de adherirnos a la propuesta de la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Diputada Claudia, diputada Melba, diputada Susana. Micrófono, en sus curules, por favor.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): ¿Se escucha? Muchas gracias, presidenta. Pues solo para pedirle a la compañera que estoy de acuerdo con la justicia social, y que a los jubilados se les debe de pagar en salarios mínimos. Quiero adherirme a su iniciativa, solicitarle a la promovente que me adhiera a su iniciativa, por favor.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Diputada Melba.
La diputada Melba Nelia Farías Zambrano (desde la curul): Buenas tardes, gracias, señora presidenta. De igual manera me uno a todos estos llamados urgentes de las UMA. No es posible que sigan pagándoles a estas gentes con estos sueldos, les hemos hecho mucho daño. Por lo tanto, me uno y exijo que esto se atienda inmediatamente para solucionar el problema de las UMA. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Susana.
La diputada Susana Cano González (desde la curul): Muchas gracias. Yo creo que ya era tiempo. Es justo que los jubilados y pensionados tengan respuesta a todo lo que han venido pidiendo. Yo le aplaudo a Mary Carmen que haya propuesto esto que es tan importante en la Comisión de Seguridad Social, cuente conmigo. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Hay varias manos levantadas. Le suplicaría si es para la suscripción de la iniciativa de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, se está firmando aquí en la Secretaría. Está a su disposición en la Secretaría. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Los resultados de las acciones y estrategias en materia de seguridad no reflejan un México más pacífico. Nadie puede negar que vivimos la consecuencia de deficientes e insuficientes políticas centradas en mitigar el problema de la inseguridad.
Como todos sabemos, el problema de inseguridad es multifactorial y debemos asumir que como legisladores no hemos contribuido lo suficiente al debate público sobre esta situación y sus posibles soluciones.
En este sentido, la iniciativa que hoy presento pretende contribuir a mejorar la política de seguridad proporcionando seguridad social a los miembros de las instituciones de seguridad pública dentro de los 30 días posteriores al momento que son contratados...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momentito, diputada. Compañeras, compañeros diputados, hay muchísimo ruido en esta sala, no se aprecia la lectura de la iniciativa que está presentando la diputada Prudencio González. Se ruega a todos conservar su lugar y silencio. Adelante, diputada.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: ... así como reconocer en las leyes en la materia de los tres órdenes de gobierno, su derecho de pensión por jubilación al haber cotizado 25 años de servicio, retribuyendo con ello el valioso, admirable y útil servicio que prestan, dando como consecuencia un impacto positivo en los resultados que se quieren obtener en materia de seguridad.
El que los elementos de seguridad pública no cuenten con seguridad social es negarles el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para su bienestar individual y colectivo.
Existen datos que nos indican que a nivel nacional durante 2017 solo el 5.7 por ciento de los elementos de policía contó con la prestación de seguridad social estatal o municipal. A su vez, es de considerarse que el 53 por ciento de los elementos de policías sufrió alguna afectación en su salud debido a sus actividades laborales.
Es inadmisible que los integrantes de las instituciones de seguridad pública carezcan de atención médica adecuada, cuando sus actividades, particularmente el trabajo de los oficiales de policía, constituyen una actividad de alto riesgo como lo señalan algunos expertos, con efectos acumulativos de estrés laboral incapacitante que afecta de forma importante diversas áreas de la vida personal, social, laboral y educativa.
Los policías viven con preocupaciones, entre ellas como el perder la vida en algún operativo contra el rimen organizado, a pesar de lo cual obtienen poco reconocimiento a su labor incluso por parte de las autoridades, ocasiones en que se le da más valor a la vida de un delincuente que a la de un oficial o militar emboscado. A eso se suman las agresiones físicas, verbales, a las que son objeto a veces por el hecho de portar el uniforme.
Como lo he dicho antes, hay una deuda pendiente con los policías y compañeros que integran los cuerpos de seguridad. El Estado les ha dado la espalda a reconocer su trabajo. Hoy un abandono laboral y político el permitir que se viole su debido proceso a sus derechos cuando son separados de sus funciones.
En este sentido, celebro hoy la excitativa que hoy presenta nuestro senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en las comisiones de Puntos Constitucionales, con el propósito que se presenten los dictámenes correspondientes a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del apartado B del artículo 123 constitucional.
Por si fuera poco, un alto porcentaje de policías no cuenta con seguridad social. Es de destacarse que estudios revelan que el 86.1 por ciento de los elementos de policía obtuvieron por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo, o protección para el desempeño de sus funciones.
Es por eso que más allá de las obligaciones que demanda esta actividad, esta soberanía debe reconocer que son sujetos de derecho y que los integrantes de las instituciones de seguridad deben gozar a la brevedad de todas las prestaciones de seguridad social al momento de ser contratados, independientemente que pertenezcan al ámbito federal, estatal o municipal.
Así entonces la prestación laboral de seguridad social es fundamental para cualquier trabajador y más aún cuando es una actividad de alto riesgo, como es el caso de los elementos de la policía, por lo que deben contar con sus derechos laborales como cualquier otro trabajador al servicio del Estado.
Considero que de aprobarse esta iniciativa no solo impactará en la política pública que se ejecute, sino también abonará al reconocimiento de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por una cuestión elemental, la justicia.
Proteger a quienes protegen es un paso indispensable para protegernos a nosotros mismos. Proteger a quienes arriesgan la vida por nosotros es algo impostergable. Gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para su dictamen.
Están de visita en este recinto alumnos del Colegio Bosques, Preparatoria 2, del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. La diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena, ha solicitado la voz desde su curul.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, aprovecho la oportunidad que me brinda para invitarlos a que asista a partir del martes 10 de septiembre al Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, en donde se expondrá la muestra fotográfica que conmemora dos años de los sismos del día 7 de septiembre, que azotaron la región sur-sureste del país, es un trabajo del fotógrafo Jacciel Morales, quien es oriundo de Unión Hidalgo, Oaxaca.
La exposición se titula Xhuroo 7 de septiembre, que en zapoteco significa temblor grande o terremoto. El autor retrata los daños de esos siniestros, no olvidemos que existe mucho por hacer por la gente que aún no recupera su patrimonio. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 47 y 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, adelante, diputada.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la Presidencia. Como sabemos, las personas nacen con un sexo biológico y este acaba determinando la forma de cómo serán tratadas socialmente por sus padres, familia y por la comunidad a la que pertenecen.
Los estereotipos de género se reproducen y transmiten a través de un proceso de socialización desde el momento de su nacimiento, se aprende, no son innatos y aunque es difícil su modificación sí puede lograrse, ya que solo pueden ser corregidos o desmontados con herramientas, como la educación.
El sistema cultural en el que nos desenvolvemos cotidianamente refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres, promueve las jerarquías, justifica el dominio y el desequilibrio de poderes. Asimismo, influye en el juicio y la valoración social y en la propia imagen y autoestima de las mujeres.
La desigualdad que afecta particularmente a las mujeres tiene sus raíces en costumbres, tradiciones y creencias que han sido socialmente construidas y que se expresan ideológica y materialmente en el acceso a los recursos económicos e incluso intelectuales, la toma de decisiones, las tareas y los roles.
Para transformar esta situación será necesario primero reconstruir las nociones fundadas, lo cual implica la tarea de desmantelar las acciones que históricamente y de manera natural se asignan tanto a hombres como a mujeres.
Lo masculino siempre se ha asociado con la violencia, el dominio y la fuerza. Se tiene la idea de que los hombres son los que proveen a la mujer y desde niños les enseñan que deben actuar de acuerdo con estos estereotipos.
Hoy en día esto está cambiando, las nuevas masculinidades proponen la idea de promover el trato igualitario entre los hombres y las mujeres, impulsando procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género, con énfasis en las masculinidades y derechos humanos.
Uno de los focos más importantes de las masculinidades alternativas es acabar con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ello. Romper con el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede, así como rechazar cualquier forma de machismo.
Por eso, las nuevas masculinidades buscan una alternativa a ese modelo hegemónico, que incorpore la perspectiva de género y dé como resultado relaciones humanas más equilibradas e igualitarias.
Por otra parte, para acabar con las actitudes de violencia es importante trabajar la empatía y la corresponsabilidad personal, familiar y laboral. Por ello, debemos modificar todos los espacios de interacción donde se encuentran mujeres y hombres impartiendo cursos en el ámbito laboral, en los que puedan aprender y asumir nuevas maneras de ser mujeres y hombres. Es decir, nuevas maneras de pensar, de manejar los sentimientos, nuevas maneras de comportarse.
Se debe fomentar el respeto por los derechos humanos, la cultura de paz y la protección del ambiente. Se debe respetar y apoyar la legislación nacional e internacional y los programas que se orientan al logro de la igualdad de género y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.
La violencia de género también se tiene que trabajar desde nuestras relaciones de lo cotidiano. Tenemos que ir construyendo para que las relaciones cotidianas se basen sobre los principios de igualdad, para así ir alterando las pautas culturales hacia la igualdad.
Necesitamos que las relaciones cotidianas sean igualitarias para que la cultura también transmita la no violencia. Es por ello que ponemos a consideración de la asamblea esta iniciativa. Por su atención, gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Francisco Elizondo Garrido, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios, del Partido Verde Ecologista de México y de Morena. Tiene la palabra, diputado.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: La contaminación de los mares y playas mexicanas constituye una problemática compleja que debe invariablemente involucrar de manera conjunta a los sectores público, privado y social, en el entendido de que produce impactos determinados y concretos a nivel local y regional sobre el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los ciudadanos.
Es importante tomar en consideración que la contaminación en playas y mares tiene su origen en la presencia de microorganismos patógenos asociados a la materia orgánica, gases tóxicos y de efecto invernadero relacionados con las emisiones vehiculares e industriales. Así como productos agroquímicos usados como fertilizantes o plaguicidas, los cuales, además de presentar en muchos casos niveles considerables de toxicidad, pueden incrementar la presencia de nutrientes en la zona costera y, en consecuencia, producir florecimientos anómalos de algas.
También contribuyen a ella los metales pesados, generados como residuos de procesos industriales y que resultan dañinos para la salud humana y los ecosistemas marinos. Hidrocarburos asociados a fugas y derrame, otros residuos de carácter urbano, industrial, asociados a los asentamientos humanos y basura de carácter doméstico en general.
Mención especial merece la arribazón masiva de sargazo, fenómeno que ha venido afectando las playas del Caribe mexicano, principalmente durante los años 2015, 2018 y 2019.
De acuerdo con el Instituto de Competitividad Turística, durante agosto de 2015 los niveles de concentración de sargazo en las playas mexicanas alcanzaron los 320 metros cúbicos por cada kilómetro de playa por día, siendo un evento especialmente atípico por las grandes cantidades registradas.
Resulta preocupante que desde 2015 la presencia de sargazo en las playas de nuestro país, especialmente en el Caribe, se ha vuelto una constante. Las afectaciones más recientes y las de 2018 han afectado la actividad turística y deteriorado las acciones de conservación marina, principalmente por la estacionalidad de los eventos que ocurren durante la temporada alta de vacacionistas y el periodo de anidación de las tortugas marinas.
En ese sentido se tiene previsto que, conforme a las tendencias registradas, el fenómeno del sargazo se incremente en los 35 años venideros teniendo el potencial de convertirse eventualmente en un problema que genere externalidades negativas, severas, más allá del ámbito turístico, en el entendido de que los recursos públicos no serán suficientes para la atención integral del fenómeno.
En ese sentido el Estado mexicano debe precisamente emprender acciones integrales que incentiven la intervención de los sectores privado y social a efecto de complementar y coadyuvar en los esfuerzos de la federación y de los gobiernos locales para mitigar dicha problemática.
Al respecto resulta relevante advertir que conforme a datos del Inegi, en 2017 el producto interno bruto de las instituciones no lucrativas, tanto públicas como privadas, alcanzó un monto de 604 mil 583 millones de pesos, lo que representó el 2.9 por ciento del PIB total del país.
En ese sentido la presente iniciativa plantea la adición de un inciso a la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de que las instituciones sin fines de lucro dedicadas a actividades de mantenimiento, recuperación, saneamiento, preservación y limpieza de las playas y mares del país, especialmente ante la ocurrencia de fenómenos que produzcan impactos, localizados o regionales sobre el equilibrio ecológico y la salud humana, o sean considerados personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Lo anterior, en el sentido de que dichas instituciones deberán estar autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia ley, dicha posibilidad representará el incentivo adicional que impulsará en definitiva el espíritu filantrópico de la sociedad y de la iniciativa privada para rescatar nuestras playas y nuestros mares, por lo cual, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto.
Primero. Se adiciona el inciso k) a la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar a continuación como lo expongo.
Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta las siguientes personas morales, fracción XXV, instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley.
Fracción k). Mantenimiento, recuperación, saneamiento, preservación y limpieza de playas y mares, especialmente ante la ocurrencia de fenómenos que produzcan impactos locales o regionales sobre el equilibrio ecológico y la salud humana. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La diputada Idalia Reyes Miguel: Buenas tardes a todos. Con permiso de la Mesa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Idalia Reyes Miguel: La Resolución 64/292, expedida el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos.
Igualmente reafirma la responsabilidad del Estado de promover y proteger todos los derechos humanos que son universales, indivisibles, interdependientes, y están relacionados entre sí, por lo que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención. Asimismo, establece que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
En el mismo sentido, la resolución 18/1 del Consejo de Derechos Humanos de la citada organización de las Naciones Unidas aprobada el 28 de septiembre de 2011, establece que el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuada y estar indisolublemente asociado al derecho más alto de salud física y mental, así como el derecho a la vida y a la dignidad humana.
Por lo tanto, el Estado debe:
a). Garantizar la plena realización del derecho humano al agua potable y el saneamiento por todos los medios apropiados, en particular la adopción de medidas legislativas.
b). Vigilar la realización del derecho al agua potable y el saneamiento con arreglo a los criterios de disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad.
c). Valorarse al actual marco legislativo y de políticas es acorde con el derecho al agua potable y el saneamiento, y lo deroguen, enmienden o adapten, según proceda, para garantizar el cumplimiento de los principios y normas de los derechos humanos.
d) Asegurar la participación libre, efectiva, significativa y no discriminatoria de todas las personas y comunidades interesadas y en particular de las personas desfavorecidas, marginadas y vulnerables.
Por su parte el documento denominado Derechos hacia el final, buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y al saneamiento elaborado por la relatora especial de las Naciones Unidas en materia, Catarina De Albuquerque enumera los criterios de las buenas prácticas relacionadas con el derecho al agua y al saneamiento, siendo estos la no discriminación, la participación de los interesados y la rendición de cuentas.
Para los fines de esta iniciativa es necesario destacar que los servicios de agua y saneamiento deben ser fácilmente accesibles para cualquier persona, incluidos los niños y las niñas, las personas mayores y las personas con discapacidad, además de querer encontrarse en el interior del hogar o cerca este del lugar de trabajo o de todas las demás esferas de la vida a fin de proporcionar el máximo beneficio en términos de salud, seguridad y dignidad.
En ningún caso el pago de los servicios de agua o saneamiento deben limitar a las personas poder disfrutar de otros derechos humanos como el derecho a la dignidad y a la salud.
En particular la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que los derechos humanos al agua y al saneamiento están unidos a la dignidad humana y a la seguridad física y que no se refieren únicamente al acceso en el hogar, por lo que es necesario que todos los lugares en los cuales las personas llevan a cabo actividades en el marco de su vida pública, cuenten con instalaciones de abastecimiento de agua y de saneamiento, esto incluye escuelas, hospitales, centros de reclusión y cualquier otro tipo de espacio público o comercial.
Con respecto a los establecimientos comerciales, existen diversas experiencias internacionales que garantizan el acceso gratuito y libre a los servicios sanitarios.
En América Latina, Colombia, Perú, Argentina y Chile, han legislado al respecto. En el caso argentino los sanitarios en establecimientos comerciales son de uso libre sin importar que el solicitante sea cliente o no.
Por ejemplo la resolución 46798 del Consejo Deliberante de Buenos Aires, dicta que los locales deben liberar el uso de sus instalaciones sanitarias para todas aquellas personas que así lo soliciten, hayan o no efectuado con su misión de manera más acotada.
En Colombia el artículo 88 de la Ley 1801 de 2006 establece que es obligación de todos y cada uno de los establecimientos comerciales abiertos al público, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos mayores, con multa en caso de negativa.
En México, un antecedente es la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y se adiciona un artículo 10 bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en la Cámara de Senadores en 2013, dirigida a establecer la obligación de los franquicitarios de los expendios de gasolina a otorgar el servicio gratuito de baño para sus clientes y acompañantes, ante el cobro generalizado que se venía haciendo, mismo que fue considerado por esta iniciativa como indebido, violatorio de las condiciones de la franquicia, un abuso al consumidor o usuario, la transformación de un requisito y obligación en un negocio adicional y una distorsión del servicio público.
Al respecto, dicha iniciativa proponía que los contratos y esquemas de comercialización en este sector deberán establecer como obligación y parte integral de los servicios de las referidas estaciones de servicio, el relacionado con el suministro gratuito de aire y agua; así como el servicio sanitario de baños limpios sin costo para el consumidor y sus acompañantes. Sin embargo, dicha ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo fue abrogada el 11 de agosto de 2014.
Igualmente, la Cámara de Diputados aprobó en 2018 una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que las terminales estén obligadas a contar con sanitarios de acceso gratuito. En ese sentido, el artículo 53, párrafo tercero a la letra dice: Las terminales de origen y destino de pasajeros deberán contar...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Compañera diputada, el tiempo se ha terminado.
La diputada Idalia Reyes Miguel: ... al menos con instalaciones para el ascenso, espera y descenso de pasajeros, así como con instalaciones sanitarias de uso gratuito para los pasajeros, de conformidad con el reglamento correspondiente. No obstante, en el caso de las terminales de camiones, en tiempos recientes los ciudadanos...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Le ruego terminar, diputada.
La diputada Idalia Reyes Miguel: ...han denunciado el incumplimiento de las disposiciones legales –termino, diputada Dolores– por parte de las compañías administradoras al no proporcionar el servicio gratuito de sanitarios.
Por su parte, para los establecimientos comerciales en general la ley es omisa o las disposiciones se dejan al arbitrio de bandos municipales, en detrimento de los derechos al agua y al saneamiento tal como han sido invocados...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Le ruego terminar, diputada.
La diputada Idalia Reyes Miguel: ...en la primera para de nuestra exposición. Es cuanto, diputada Dolores.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Marcelino Rivera Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Marcelino Rivera Hernández: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta.
Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. En 2001 esta Cámara logró aprobar una reforma de gran importancia en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que sentó las bases legislativas que derivarían en reformas estatales y legislación secundaria, generando una política pública en el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
Los derechos indígenas son para todo mexicano que se reconozca como tal. No son derechos especiales sino derechos específicos, es decir, no implican fueros a los indígenas, sino derechos que reconocen la diversidad cultural existente. La reforma otorgaba a los Congresos locales el reconocimiento a las características y especificaciones de los pueblos indígenas para los incluya en las Constituciones, leyes y reglamentos.
Las comunidades indígenas, previo a su reconocimiento formal por parte del Estado, resguardados bajo procesos de simulación ante las autoridades externas, han aplicado por cientos de años sus propios sistemas normativos también llamados usos y costumbres, para resolver a través de su propia organización social su sistema de cargos y sus normas internas, la mayor parte de los conflictos que se presentan entre los miembros de las mismas comunidades.
Examinando de manera aislada el reconocimiento legal y el orden juridicial indígena, casi podríamos asegurar que no se ha presentado en la vida cotidiana de las personas indígenas ningún cambio tangible, ya que el estado de cosas en materia de justicia al interior de la comunidad continúa más o menos desarrollándose de la misma forma.
No obstante, los hechos de valorarse de forma contextual, en contacto con la realidad social y la abstracción de la ley en su conjunto, reconocer constitucionalmente a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, sus autoridades internas electas mediante sus propios sistemas normativos aceptados y aplicados de manera positiva por los miembros de la comunidad, así como la existencia de un sistema de cargos, cultura, lengua, forma de organización social y política, representa un esquema completo de gobierno, con todas y cada uno de los elementos propios del orden jurídico administrativo, que si se analiza de manera global puede considerarse no solo de forma incipiente, sino completa.
Pudiera ser un cuarto nivel de gobierno, o propiamente un ámbito independiente y distinto de gobierno, sujeto a sus propias normas de derecho, inserto conviviendo e interactuando incluso con los ámbitos de gobierno constitucionalmente reconocidos.
Cabe destacar que los sistemas de gobierno indígena funcionan en la práctica casi sin recursos económicos. Su estructura de gobierno se conforma de dos niveles, la relación política básicamente con el ámbito municipal y el ámbito interno con el que generalmente solo se observa una cabeza de las llamadas autoridades tradicionales.
Quienes nos hemos adentrado en la vida de las comunidades indígenas, los concebimos como entes vivos, organizaciones sociales con una forma autónoma de gobierno, cultura, lengua, sistemas normativos, sistemas de cargos, insertas además en el orden jurídico mexicano. Respetuosos y de este y del suyo propio, demostrando en la práctica que la convivencia entre dos universos jurídicos distintos puede darse de forma armónica y funcionar a la par, estableciendo como el límite el primero, el de la comunidad con pleno respeto a los derechos humanos.
La calidad de sujetos de derecho público para las comunidades indígenas de nuestro país es un tema que afortunadamente no nos es ajeno a esta legislatura.
En esta Cámara, ya en el mes de noviembre del año pasado, en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en su artículo 3o. y en el artículo 4o., fracción III y XXIII aprobamos lo que el día de hoy presento para elevar el rango constitucional, ¿en qué lo aprobamos? En la ley que se crea el INPI; en el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Ahí ya lo aprobamos y, en consecuencia, hoy vengo a presentar esta propuesta para elevarla a rango también constitucional.
Es por ello que el día de hoy presento ante esta soberanía iniciativa para reformar el artículo 2o., en su párrafo segundo de la fracción VIII del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para plasmar en ella la calidad de sujetos de derecho público a las comunidades indígenas de nuestra nación.
El reconocimiento pleno no solo a la ley, sino en la práctica, en su aplicación positiva, no será solo fruto de una tendencia univalente y caprichosa, sino que realmente como puede observarse en la experiencia de otras naciones, en este mismo ámbito constituye un presupuesto fundamental para impulsar su desarrollo dentro del marco de la vida nacional. Pero con pleno respeto a su idiosincrasia, cosmovisión y formas de autogobierno, para que sean estos quienes definan su propio rumbo, como pueblos diferenciados que son en la realidad sociopolítica y cultural que vive el país.
Esta clase de reconocimientos se traduce necesariamente en el interés de profundizar y consolidar nuestra democracia de manera participativa. La congruencia de la diversidad cultural no solo debe de quedarse como idealización, sino activarse en los hechos como una respuesta clara a las demandas indígenas, manteniendo siempre el diálogo directo y efectivo con las propias comunidades como matriz de las reformas legales que falta concretar en el marco jurídico nacional.
Hoy invito a todos los grupos parlamentarios que estamos congregados en esta Cámara, a que nos sumemos a esta iniciativa, a que la hagamos nuestra, a que la hagamos por el bien de la gente que representamos los ejidos y comunidades indígenas de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Muchas gracias. Estimados compañeros y compañeras diputadas, presento ante ustedes reforma y adición al párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estudios médicos muestran que la inteligencia está determinada en 80 por ciento por genética y en 20 por ciento por el medio ambiente. Por lo tanto, lo que se puede hacer por nuestras niñas y niños es sorprendente.
Investigaciones neurobiológicas han probado que existen periodos críticos de aprendizaje y periodos de mayor plasticidad neuronal en determinadas áreas cerebrales, a través de las cuales se adquieren con mayor facilidad los distintos tipos de conocimientos y habilidades, sembrándose así la semilla de los diferentes tipos de herramientas con que las personas podremos desarrollarnos durante nuestra vida, a estos periodos se les considera ventanas de oportunidad para el desarrollo cerebral.
No obstante, cualquier evento negativo durante este periodo puede limitar las posibilidades para lograr esta fase de desarrollo, con efectos a corto y largo plazo, lo que impactará permanentemente en la salud a lo largo de la vida.
Los investigadores han informado a los educadores que el cerebro tiene una evolución progresiva en los primeros años, siendo el momento justo en que el aprendizaje tendrá una fuerza impresionante, de ahí la necesidad de una interacción oportuna.
Es por ello que el desarrollo integral en la primera infancia es de vital importancia para potencializar sus capacidades y habilidades, al ser un periodo en el cual, como lo hemos platicado, los seres humanos establecen las bases que permiten disponer de los elementos para desarrollar una comunicación efectiva, establecer y mantener relaciones interpersonales saludables, generando un aprendizaje significativo que favorezca el desarrollo de habilidades alcanzando su máximo potencial.
De tal modo, es fundamental asumir como premisa que el desarrollo integral en la primera infancia es un proceso difícil de comprender, el cambio de las niñas y los niños, a través del cual aprenden a dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, sentimiento y relaciones con los demás.
Los primeros cinco años de vida son fundamentales, estructuran el pensamiento y forman las bases de lo que dependerá el aprendizaje, el comportamiento y la salud. La solidez o fragilidad de estos cimientos tendrán un fuerte impacto en el desarrollo y en lo que una niña y un niño podrán alcanzar como adultos.
De esta manera surge el imperativo de promover, respetar, proteger y garantizar el desarrollo integral en la primera infancia como un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que desde el enfoque de derechos el Estado tiene la obligación de fortalecer el desarrollo infantil integral, con el propósito de garantizar la efectiva protección de los mismos.
Dentro de los aspectos sociales y culturales no podemos dejar de lado los cambios del mundo contemporáneo, la inclusión de la mujer al mercado laboral, las transformaciones de la estructura familiar y la problemática económica mundial.
Estos factores obligan a repensar la atención y el cuidado de las niñas y niños que se encuentran en la primera infancia para brindar un apoyo adecuado, oportuno a estos y sus familias.
No solo se trata de una responsabilidad exclusiva de la madre, de los abuelitos, pues se reconoce, por supuesto, el papel del padre y se acepta la participación eficiente de otros agentes socializadores, miembros del núcleo familiar.
Estas nuevas formas de atención de la primera infancia exigen un fortalecimiento de los vínculos paternales y de las redes de apoyo familiar y comunitario para reducir los factores que afectan el desarrollo infantil, factores asociados a condiciones de maltrato, abandono y de circulación efectiva que influya de manera directa en la salud física y emocional de nuestros niños.
Es por eso que consideramos que a través de la Constitución el Estado debe ser garante de la educación, salud y el bienestar social y la sociedad y la familia deben ser el principio orientador de los niños y nuestras niñas en su primera infancia.
Es así que el desarrollo integral se debe considerar un derecho humano para que cada uno de nuestros niños se considere un sujeto social con derechos, al tener las siguientes finalidades: fortalecer las acciones en los programas de embarazo, salud y control del niño sano. Garantizar la atención médica desde su nacimiento, mejorar el desarrollo de las niñas y los niños en los ámbitos motores, cognitivos del lenguaje. Enseñar a los padres, tutores o cuidadores sobre la alimentación sana.
No podemos seguir siendo el primer país del mundo en obesidad infantil. Enseñar a los padres, a todos, a sentar las bases jurídicas que permitan la vida de los niños, libres de violencia, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida de toda persona.
Concluyo, señora presidenta. En razón de lo descrito, la iniciativa que se presenta tiene por objeto establecer la protección constitucional para evitar restricciones injustificadas al ejercicio del derecho que corresponde en los primeros cinco años de toda niña y niño mexicano, y con estas reformas sentar las bases para generar un andamiaje jurídico, que tutele la integridad de nuestros niños.
La iniciativa es adicionar un párrafo en el artículo 4o. constitucional. Todos los niños y las niñas que se encuentren en territorio nacional se deben considerar como sujetos sociales con derecho a un desarrollo integral durante su primera infancia.
Vivir en un ambiente libre de violencia, a tener revisiones y médicas y control de su crecimiento, a ser alimentados sanamente de acuerdo a su edad y requerimientos específicos. A ser tratados con respeto, a tener sus tiempos de juego parental y una estimulación oportuna.
Posteriormente, asistir a la educación inicial, donde se estimule el desarrollo infantil temprano, mecanismos destinados a fortalecer su sano crecimiento.
Y por último, permítanme compartirles una frase de Gabriela Mistral que fortalece esta iniciativa a su consideración: “Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no. Ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también y sus sentidos se están desarrollando. A ellos nosotros no podemos contestarles: mañana. Su nombre es hoy”. Muchas gracias por su tolerancia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o. y 13 de la Ley General de Salud.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: Compañeras y compañeros, el día de hoy, como promovente de la iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Quiero referirme a la importancia de la incorporación en el sistema de salud de la medicina alternativa a través de la acupuntura, de la homeopatía y de la fitoterapia, en beneficio del individuo y de la gente de la comunidad en general, ampliando la oferta de alternativas médicas a los usuarios, sin dejar de lado la atención médica convencional, la llamada alópata.
Los tratamientos de medicina integrativa son procedimientos profesionales, sustentados científicamente, por la cual se da una atención que es individualizada y según sea el caso se aplica en varias de estas alternativas.
Con la medicina integrativa se previene, diagnostica y tratan padecimientos como la diabetes, obesidad, hipertensión, los trastornos de ansiedad y depresión, insuficiencia venosa, artrosis en rodilla, lumbalgia, ortopedia, alteración destructiva de cartílagos, caries, rinitis, rinofaringitis y gastritis, cánceres de mama, cervicouterino, cáncer de próstata y enfermedades de la piel, problemas de estados menopáusicos y climaterios, entre otros.
El uso de la fitoterapia, homeopatía y acupuntura ha registrado un incremento considerable de pacientes que acuden para ser atendidos en enfermedades como la diabetes, obesidad, cánceres, cardiovasculares, mentales e infecciones respiratorias, entre otros, a través del modelo de medicina integrativa.
Tenemos ejemplos exitosos de la incorporación de esta medicina al sistema de salud público, ya que desde 2011 funciona el Centro Especializado en Medicina Integrativa, CEMI, en esta ciudad, ubicado en la colonia de San Rafael y se ha implementado en cuatro unidades más, entre ellos el de Santa Catarina Yecahuitzotl en Tláhuac, en donde ha tenido importante aceptación entre los pueblos de la alcaldía, por el respeto a las tradiciones, usos y costumbres.
Este tipo de medicina ha demostrado ser coadyuvante en la solución de problemas de salud y sobre todo en la cultura de la medicina preventiva. La medicina integrativa permite desarrollar talleres educativos donde se les enseña cómo tener en casa una farmacia viviente, indicándoles las propiedades y el uso de la medicina de cada una de las plantas. Es por ello que considero de vital importancia que la federación y las entidades federativas puedan adoptar el modelo de medicina integrativa en el sistema de salud.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, es trascendente modificar los artículos 6o. y 13 de la Ley General de Salud para aceptar la implementación de un programa de medicina integrativa para que puedan ser aplicadas e incorporadas en el sistema de salud de la federación y las entidades federativas como un alternativa para el beneficio de la comunidad y los usuarios, y así se vean beneficiados por dichas alternativas, independientemente de la medicina alópata que es la que se brinda de manera común a todos los usuarios. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Saraí Núñez Cerón, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Saraí Núñez Cerón: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Saraí Núñez Cerón: El pasado 19 de febrero de este año, en el periodo extraordinario aprobaos reformas a distintos ordenamientos de la Constitución para ampliar el Catálogo de Delitos Graves buscando proteger a las y los ciudadanos de sus victimarios, decretando prisión preventiva para delitos como la corrupción, el robo de hidrocarburos, el robo a casa habitación y el robo a transporte de carga, entre otros.
Este fue un esfuerzo avalado por todas las fuerzas políticas aquí representadas, pero la lista no estaba completa. Se valoró la gravedad del robo a transporte de carga debido a su valor económico, pero no se consideró la integridad de las familias mexicanas que viajan a bordo de sus propios automóviles.
Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el robo a automóviles ha vuelto a despuntar con una tragedia adicional. Sólo el año pasado dos de cada tres robos a automóviles en México se realizaron con violencia, y hoy también existe una correlación entre el número de homicidios y el robo de vehículos.
Es el mismo presidente de la República el que hace algunos días en su Primer-tercer Informe, llamaba a todos los mexicanos a trabajar mucho porque no son buenos los resultados en materia de seguridad.
Como celayense, como guanajuatense y mexicana, vengo a poner mi grano de arena en la construcción de la paz que tanto reclamamos todos los mexicanos.
Es por lo anterior que presento ante esta máxima tribuna la modificación al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, para que el robo de vehículo automotor terrestre entre al Catálogo de Delitos, que tenga como medida la prisión preventiva.
No podemos seguir permitiendo que nos despojen con violencia de nuestras pertenencias, de nuestros vehículos, arriesgando así a nuestras familias e incluso la vida, a consecuencia de la delincuencia.
La gente está cansada de ello, los ciudadanos están cansados de no tener la tranquilidad al realizar sus actividades día a día.
Hoy queremos que nuestra voz se escuche, la voz de la ciudadanía, quienes salen de sus casas esperando regresar con bien, pues tristemente uno ya no sabe a qué se enfrentará una vez que cruce la puerta de su hogar.
Hoy traigo a esta tribuna los reclamos de los ciudadanos, de los padres y madres de familia, de los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, de los profesionistas y de los campesinos, de los obreros y de los empresarios que quieren que nos pongamos de acuerdo, que quieren que les demos resultados; los que nos exigen que para construir la paz no nos miremos con colores partidistas.
Hoy pongo esta propuesta en sus manos, que no es mía, no es del PAN, no es de mi ciudad ni de mi estado, es de México y México confía en nosotros. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud. ¿No se encuentra la diputada de Morena? En el uso de la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 371 y 376 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares: Me dirijo a esta soberanía para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 371 y se reforma el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, bajo las siguientes
Consideraciones
El nacimiento del Estado mexicano, emanado de las gestas revolucionarias iniciadas en 1910, estuvo marcado por la disputa entre intereses de caudillos. Como solución, Plutarco Elías Calles impulsó en 1928 la creación del Partido Nacional Revolucionario, al cual se pretendió integrar a las masas populares y de trabajadores, dando como resultado diversos mecanismos de control, contención y manipulación de los sectores sociales, conocidos como corporativismo.
Así, mediante la instrumentalización de las masas y la institucionalización de los conflictos de clase, se crearon las condiciones idóneas para que un grupo, aglutinado en el Partido Revolucionario Institucional, permaneciera en el poder durante más de siete décadas.
La organización de las y los trabajadores fue cooptada e instrumentalizada a inicios del siglo XX. Ejemplo de ello es que, desde los gobiernos de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, la Confederación Regional Obrera Mexicana se constituyó en una herramienta de control y contención del movimiento obrero.
A este arreglo institucional se añadió la tradición de una cultura política permeada por el cacicazgo heredado por la estructura de gobierno establecida durante el periodo colonial, en donde predominaban las relaciones personales, los compadrazgos, el parentesco como una forma de ascender a los pueblos públicos.
De esta manera las organizaciones y los dirigentes que debían defender los derechos de las y los trabajadores, hicieron uso de tales cargos para beneficiarse personal, política y económicamente a costa de sus representados.
Estas prácticas predominaron en la vida política mexicana durante el siglo XX, aprovechándose de los recursos materiales, económicos y humanos que las organizaciones de empleadas y empleados poseen. Sus dirigentes charros pretenden mantener sus privilegios, reelegirse indefinidamente o imponer personas afines a las elecciones internas para continuar en el ejercicio del poder.
Diputadas y diputados, ciudadanía en general, quienes impulsamos la cuarta transformación hemos señalado insistentemente que la lucha por la democracia es también una lucha contra la corrupción, una lucha contra las estructuras que permiten el beneficio privado a costa de los intereses del pueblo. Por ello, desde el Poder Legislativo, el 11 de abril aprobamos una reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuyos ejes principales son la democracia sindical, la libertad de negociación y la justicia laboral. Asimismo, se ratificó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Desafortunadamente, continúan existiendo asociaciones y líderes sindicales ligados al Partido Revolucionario Institucional que pretenden perpetuar las viejas formas de hacer política. La corrupción e impunidad que se refleja en los representantes sindicales, que se reeligen indefinidamente a través de campañas electorales caracterizadas por prácticas antidemocráticas irrestrictivas de la libertad de sindicación, por ejemplo, el voto abierto o condicionado.
Por estas razones, la presente iniciativa propone que las personas que ocupen un cargo en la dirección o estructura sindical y pretendan contender en un nuevo proceso electoral gremial, deberán separarse del mismo seis meses antes de la celebración de las elecciones.
En el mismo sentido, se limita la reelección de las y los secretarios generales de las organizaciones sindicales, con la intención de generar condiciones que propicien la democracia y evitar la perpetuación de una misma persona en el cargo sindical más representativo.
Con esta modificación se avanzará en la devolución del contrato de los sindicales a las bases trabajadoras, para que dichas asociaciones finalmente cumplan sus objetivos en beneficio de las mayorías y no de grupos e intereses particulares. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 5 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena.
La diputada Irma Juan Carlos: (Habla lengua originaria). Muchas gracias a todas las mujeres de los pueblos por trabajar mucho y por hacer de nuestros pueblos un mundo más bonito. Honorable Cámara de diputadas y diputados, hermanas y hermanos, la mujer indígena es la base de la producción agrícola en el mundo, pues representa el 43 por ciento de la obra agrícola.
En nuestro país, los estados que cuentan con mayor número de mujeres productoras son Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero, es decir, somos las mujeres indígenas las que damos vida a la economía agroalimentaria de México y las que protegemos el patrimonio biocultural de la humanidad.
Y no solo eso, como herederas de los conocimientos milenarios, las mujeres indígenas somos artesanas, parteras, curanderas, portadoras de la herencia cultural, las que enseñamos la lengua ancestral a los hijos e hijas, garantizando así la reproducción y preservación de las culturas y tradiciones de nuestros pueblos.
Somos las que resistimos las diferentes formas de violencia estructural, precisamente por nuestra triple condición de exclusión: por ser mujer, indígena y pobre. Y a pesar de ser impulsoras de la vida social y económica de nuestro país, en pleno siglo XXI seguimos siendo invisibilizadas. Por eso la necesidad de dar visibilidad y reconocer el importante y estratégico papel que desarrollamos las mujeres indígenas en beneficio de toda una sociedad.
A través de luchas generacionales en nuestras comunidades y de nuestra participación activa en movimientos indígenas, hemos logrado posicionarnos como autoras claves para la continuidad de la memoria de los pueblos y con el trabajo comunitario hemos generado una mejor economía. Sin embargo, aún enfrentamos múltiples desafíos que no garantizan nuestra plena participación como mujeres y como pueblos.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2o., en sus dos apartados se reconoció y garantizó el derecho de la mujer indígena, resaltando la protección a la dignidad e integridad de las mujeres indígenas y sus derechos políticos electorales. Sin embargo, las mujeres indígenas seguimos siendo discriminadas, excluidas y aún no se nos garantiza el pleno ejercicio de nuestros derechos elementales.
Es por ello que debemos sumar esfuerzos para concretar las acciones necesarias que garanticen el reconocimiento a todo el arduo trabajo que las mujeres indígenas realizamos en favor de la sociedad en su conjunto, es esta realidad la que consideramos importante unificar.
Por ello, unificar los esfuerzos por reconocer la importancia de la mujer indígena en México, así como en el mundo, por ello proponemos la creación del Día Nacional de la Mujer Indígena y que este día sea el 5 de septiembre de cada año.
Es importante establecer este día como el Día Nacional de la Mujer Indígena, en concordancia con la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, un suceso que ha sido reivindicado por olas organizaciones indígenas, donde reconocen las luchas de las mujeres indígenas, instaurado en recuerdo de una lideresa indígena, Bartolina Sisa, que luchó contra la dominación española y murió a manos del Ejército Realista el 5 de septiembre de 1782, para escarmiento de los pueblos originarios opuestos a la colonización.
En México, las mujeres conmemoramos el 5 de septiembre, reconociendo el legado de nuestras ancestras, con un acto simbólico para visibilizar la condición de las mujeres indígenas.
Es por ello que la celebración de un Día Nacional de la Mujer Indígena brindará la oportunidad de sensibilizar a la sociedad en general, acerca de temas relacionados con este sector de la población, tales como sus derechos humanos, participación política, territorios, medio ambiente, educación, política y todos aquellos en los que participamos.
Instaurar este Día Nacional permitirá reconocer la diversidad cultural y lingüística de nuestro país y donde las mujeres indígenas hemos sido vitales para la vida comunitaria y el sostenimiento de este país.
Por último, quiero elevar mi voz desde esta tribuna, hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena para reconocer y rendirle tributo a todas mis hermanas indígenas de México y del mundo, quienes luchan para sobrevivir y superarse en medio de un mundo donde reina la desigualdad.
Y como acertadamente lo dijeron mis hermanos zapatistas, quienes construimos un mundo donde quepan todos los mundos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud.
La diputada Sandra Paola González Castañeda: Muchas gracias. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Sandra Paola González Castañeda: Compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto del párrafo número 15 del artículo 134 de la Ley General de Salud.
Pongo a la consideración de esta soberanía lo siguiente. El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el doctor José Brea, señala que los estudios más recientes demuestran que por cada dólar que se invierte en vacunas se ahorran otros 27 en atención médica en centros de salud.
En la actualidad el artículo 134 de la Ley General de Salud, el Capítulo II de las enfermedades transmisibles, no contempla la vacuna de la varicela como uno de los objetivos primarios por parte de la Secretaría General de Salud y de los gobiernos en las entidades federativas con sus respectivas competencias.
Ni siquiera contempla realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de estas enfermedades, que son altamente transmisibles, dejando una escasa protección para grupos de riesgo, particularmente niñas y niños, y a mujeres en estado de embarazo.
Respecto a su contenido técnico-científico se cita, de acuerdo a los estudios oficiales elaborados en el último informe de enfermedades infecto-contagiosas de la Secretaría de Salud de septiembre del año 2018: “La varicela es una infección causada por el virus herpes varicela zoster, el cual en ocasiones puede ser mortal. Más cuando se contrae la enfermedad en recién nacidos o en pacientes inmunodeprimidos”.
Empezó a aplicarse en 1974, demostrando una efectividad de protección de hasta 90 por ciento. No obstante, en nuestro país dicha vacuna no es prioritaria y, por ende, ni siquiera se contempla en el cuadro básico de la Cartilla Nacional de Vacunación, dado su alto costo, variando en la adquisición para el gobierno de aproximadamente 900 pesos.
Cabe destacar que el rango de costos en el sector privado varía entre los mil 100 a mil 400 pesos, aproximadamente, teniendo un costo en hospitales privados hasta de 2 mil 200 pesos.
Consideramos que es más que necesaria y urgente la inclusión en el Sistema Nacional de Vacunación, dado que su aplicación protege a los niños y niñas de contraer neumonía o encefalitis, las cuales pueden dejar secuelas o muerte al menor, así como lesiones que infecten con bacterias la piel, produciendo reacciones mortales, como fascitis y septicemia, entre otras.
No podemos dejar de lado que la varicela también puede ser transmitida durante el embarazo o posterior al parto del menor, siendo una infección grave por la inmadurez del sistema inmunológico del recién nacido.
Su aplicación confiere una dosis oscilante entre el 70 al 90 por ciento de protección contra la enfermedad y del 95 por ciento de protección contra una infección grave por varicela, lo cual nos lleva a la conclusión que solamente el 5 por ciento de los menores recién nacidos necesitarán una segunda dosis de los 4 a los 6 años de edad.
De acuerdo con el sistema único de información para la vigilancia epidemiológica 2000-2013 de la Secretaría de Salud, la varicela en México, como en el resto del mundo es una enfermedad predominante para la población y se concentra en un 70 por ciento de menores de 14 años.
Es por eso que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Cámara de Diputados, el presente proyecto de decreto en el que se reforma y adiciona la fracción XV del artículo 134 de la Ley General de Salud, la cual consiste en que la vacuna en contra de la varicela y el herpes zoster ya se incluya en la cartilla nacional de vacunación.
Las vacunas no deben tener fronteras, queremos que los gobiernos, las autoridades de salud y que los médicos entiendan que las vacunas es uno de los más valiosos elementos para el ser humano después del agua potable, debido a que en México el virus de la varicela lo contraen aproximadamente el 70 por ciento de los menores de nueve años. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Vamos a darle la palabra a la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 2 y 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Cabe el señalamiento que está firmada por la totalidad de los y las integrantes de dicha comisión. Adelante, diputada.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Y agradezco a todos mis compañeros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. A su nombre y al mío mismo de esta Cámara de Diputados, presento esta iniciativa para adicionar y modificar diversas fracciones de los artículos 2 y 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La accesibilidad y la movilidad son derechos humanos que requieren de acciones afirmativas y de la protección del Estado mexicano, conforme lo establece nuestra Constitución y los tratados internacionales. Esta iniciativa busca asegurar estos derechos y aclarar el alcance de la ley en la materia para fortalecer nuestro marco jurídico.
La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por el Estado Mexicano, establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el control de convencionalidad obliga tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo a tomar las medidas necesarias que aseguren la accesibilidad de todos los espacios públicos, y espacios privados de uso público.
A pesar de que ya están contempladas en la ley las ayudas técnicas y las adecuaciones arquitectónicas necesarias para la paulatina inclusión de las personas que requieren llevar una vida autónoma, aún no se ha materializado del todo porque no se han establecido los criterios mínimos para su obligatoriedad.
Los cambios que proponemos de esta iniciativa buscan ampliar las garantías y hacer verdaderamente efectivo el derecho a la inclusión. Se plantea distinguir de entre todos los lineamientos para asegurar la accesibilidad, cuáles son o deben ser considerados como los mínimos indispensables en todo espacio público para que ese sea efectivamente accesible.
Con el fin de esclarecer los alcances del artículo 17, es necesario incluir en la ley el concepto de espacio privado de uso público para que los privados que ofertan bienes, servicios o brindan atención al público en espacios de administración y propiedad privada, adopten las medidas objeto de esta reforma.
Los y las integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, queremos ser sensibles a todas aquellas voces que señalan que la falta de estos lineamientos y la omisión de la ley sobre los ajustes razonables que de inmediato deben llevarse a cabo en los espacios públicos, los deja en un estado de inexistibilidad de sus derechos y la apatía tanto del gobierno como particulares para llevar a cabo estos ajustes.
En especial queremos acompañar la exigencia de la comunidad de personas con movilidad reducida, talla baja y usuario de ayudas técnicas como: bastones, muletas, andaderas, que buscan incluir en la ley un catálogo de ajuste razonable obligatorio.
El escalón universal es una ayuda técnica para facilitar el acceso a taquillas, mostradores y anaqueles a todas las personas de talla baja, niños o adultos mayores con un bajo costo y pueden ser fijos o movibles.
El escalón universal es una solución sencilla y la inversión pública de este tema permitirá una mayor autonomía de las personas con discapacidad.
Compañeras y compañeros legisladores, la discapacidad nunca se entenderá mientras sea un: ellos, ustedes o aquellos; sólo podrá ser congruente cuando sea un: nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Medina Pérez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Rodrigo Calderón Salas y Edith García Rosales, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Muchas gracias, diputada presidenta, y con su venia. Compañeras y compañeros diputados, doy a conocer a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como objetivo integrar a los cítricos al listado de productos básicos y estratégicos que se establecen en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Presento esta iniciativa a nombre de mis compañeros diputados de Veracruz, Edith García Rosales y Rodrigo Calderón Salas, coautores de esta propuesta.
La citricultura en México representa una de las actividades más relevantes. Los cítricos son el frutal más importante por volumen de producción en el país, con unos 8 millones de toneladas recolectadas al año.
Hay en el país 584 mil hectáreas de cítricos plantados, siendo beneficiadas aproximadamente 356 mil familias. A nivel global la Producción Mexicana de Cítricos tiene un papel relevante, pues porcentualmente tres frutos cítricos se incluyen entre los siete frutales más importantes, dada su participación en la producción mundial: el limón, la naranja y la toronja, que respectivamente representan 13.6, 6.3 y 5.1 por ciento de la producción mundial.
Y agrego datos más contundentes, con información de la Organización de las Naciones Unidas, México es el quinto mayor productor de cítricos a nivel mundial, ostentando un 5.6 por ciento de la producción.
De manera particular México disputa el primer lugar en la producción de limones en el mundo, con 2 millones 260 mil toneladas, solo por detrás de la India y de China.
No menos relevante son las cifras que nuestra nación tiene como país exportador de cítricos, teniendo un destacadísimo papel el limón persa, que ocupa el primer lugar a nivel planetario en exportación de este producto, y representa el quinto producto agropecuario generador de divisas en el país.
Pese a esta relevancia, la citricultora mexicana no ha quedado exenta de problemas que la afectan de manera directa, siendo tres los retos de la mayor importancia: las problemáticas fitosanitarias, el factor del cambio climático y las variaciones en los precios que afectan a la recolección, sea por escasez o por sobreproducción, lo que provoca que productores, procesadores y comercializadores no vean reflejado en lo económico el gran potencial de esta industria.
De este modo, solicito a mis compañeros legisladores el respaldo a esta iniciativa que busca modificar las fracciones VI Bis del artículo 3o, y la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de beneficiar a la lima, limón, la mandarina, la naranja y la toronja en todos sus tipos y variedades, señalándolos como productos básicos y estratégicos para permitir que la citricultura cuente con mayores respaldos por parte del Estado mexicano, en aspectos económicos, en procuración de abasto y promoción en materia de seguridad y soberanía alimentaria nacional, estableciendo mecanismos para el reconocimiento de factores de riesgos asociados a esta actividad, implementando acciones de capacitación y asistencia técnica impulsando actividades para el mejoramiento de la calidad, e instrumentando programas y acciones de protección al medio ambiente, todo con visión de sustentabilidad y sostenibilidad.
Quiero informar que esta iniciativa corresponde a una demanda que se ha venido planteando por parte de miles de citricultores de la zona norte de Veracruz, con quienes nos hemos venido reuniendo durante mucho tiempo.
No es el resultado de lo que nosotros creemos, sino de lo que la gente demanda. Todo esto en colaboración con funcionarios de la administración pública estatal de Veracruz, del gobierno federal, de otras entidades de la República, agrupaciones de productores, además de representantes de procesadores y comercializadores quienes aportaron todo su conocimiento y voluntad para dar forma a este proyecto.
Con este fundamento hemos aplicado el concepto de Parlamento abierto y damos cuenta a la ciudadanía de nuestros distritos. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, diputada presidenta. Tengo el orgullo de venir aquí a esta honorable Cámara de Diputados, a este pleno, a este recinto tan importante para México, a presentar el proyecto de decreto de la iniciativa de la Ley General de Envases, Empaques y Embalaje.
Esta iniciativa, si ustedes a bien tienen aprobar –y me refiero al grupo mayoritario de Morena– en comisiones, va a atender un grave problema que tenemos en este país, el incremento del plástico de un solo uso, pero también de otros materiales que está afectando gravemente y contaminando aún más nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos.
Para que se den ustedes una idea de la magnitud del problema, en este país se generan más de 100 mil toneladas de áreas de residuos sólidos urbanos. De esos más de 100 toneladas ni siquiera la mitad se alcanza a confinar en un relleno sanitario, aproximadamente el 10 por ciento se recicla, un tanto se incinera y queda un porcentaje muy alto, donde termina en barrancas, ríos, calles, drenajes, etcétera.
Los municipios tienen aún un problema más grave, porque no tienen ni la capacidad técnica ni financiera para poder dar el servicio de recolección y garantizar un 100 por ciento.
¿Qué es lo que está pasando, queridas compañeras y compañeros legisladores? Que esta gran cantidad de residuos, que por cierto es dinero y materia prima, está yendo a parar a sitios de confinamiento, cuando puede seguir dando vueltas ese material para evitar la extracción de otros materiales y así dañar el medio ambiente.
Otra cuestión es que ataca el problema de origen y el problema de origen es el tipo de material que se está utilizando para fabricar envases, empaques y embalajes.
¿Qué propone la ley? Es muy interesante y me gustaría muchísimo que la pudieran leer. Establece responsabilidades desde la selección de los materiales que se usan para fabricar envases, empaques y embalajes, así como autorizar los sistemas de manejo para los mismos.
Clasifica los materiales, se hacen cuatro grupos donde, por ejemplo, el material de tipo A son 100 por ciento biodegradables; tipo B, 100 por ciento reciclables; tipo C son uso de materiales reciclables, y tipo D de muy baja o nula degradación y poca oportunidad de reciclaje, o sea, dañan al medio ambiente.
Incentiva el uso de materiales biodegradables, pero también el reuso y el reciclaje de los mismos, para no estar concentrados en lo que no debemos estar concentrados y gastar tantos recursos, que es la recolección y la disposición final.
Con esto le podemos dar un grave, un fuerte golpe, hacer bien las cosas desde un principio, desde qué materiales escogemos para fabricarlos y le vamos a ahorrar al municipio mucho dinero.
Establece un sistema de depósito que permite valorar los envases y empaques y embalajes para que puedan ser retornados al fabricante o comercializador, dependiendo del material con el que fueron fabricados, pero también se debe de tener un plan de manejo para este tipo de residuos y que debe ser autorizado por la Semarnat.
Otra de las cosas es que la Semarnat se tiene que poner las pilas para preparar las normas oficiales mexicanas y adecuarlas a lo que requiere esta iniciativa. También habla de que se exentan todos los envases y empaques y embalajes del sector farmacéutico hospitalario y relacionado a la salud. Esos se seguirán manejando con referente a la Ley de Salud.
Habla de un Fondo de Compensación por Daños al Medio Ambiente, porque habrá fabricantes, como siempre, que no se quieren poner las pilas y decir: yo no le entro a esto. Bueno, pues pasarás el 0.5 por ciento de lo que cueste el envase y eso irá a un Fondo de Compensación por Daños al Medio Ambiente, que se pagará directamente a la Secretaría de Hacienda y que este fondo será para hacer acciones, para favorecer a la protección del ambiente.
Así es que, ¿por qué una nueva ley? ¿Por qué no ponerlo en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos? Pues por una sencilla razón: esta ley, la LGPGIR se enfoca en las responsabilidades y actividades de la recolección y el transporte y la disposición final, y la LGEEPA nos habla de las atribuciones para el manejo y principalmente nos habla de los residuos peligrosos.
Amigos y amigas –termino, presidenta–, tenemos que hacer conciencia de la gravedad por lo que está pasando el país. Aquí venimos a defender y nos damos unos buenos agarrones con muchísimas cosas como, por ejemplo, quien dirige la Mesa Directiva, tú sí, tú no, porque hablaste mal, porque hablaste bien, pues con esa misma vehemencia, con esa misma pasión, calor, los exhorto a ponernos las pilas para decir: ya basta a contaminar nuestros ríos, nuestro aire, nuestra agua, nuestro suelo, que son esenciales para vivir. Si no tenemos agua limpia, aire limpio y suelo fértil no estaríamos aquí, queridos compañeros y compañeras.
Y yo exhorto al grupo mayoritario, al coordinador Mario Delgado, que siempre fue y estuvo presente en los temas ambientales cuando fue senador. Que ojalá pudiera leer esta ley y que se entienda el beneficio que le vamos a hacer al medio ambiente y, por supuesto, por ende, a nosotros mismos. Es cuanto, compañera diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros y compañeras, en esta intervención me permito poner a su consideración, a nombre de mi grupo parlamentario y al mío propio, iniciativa de reforma constitucional que aborda la temática de la sobretipificación del delito.
La denominación código para la Ley Penal es una más de las tradiciones impuestas desde principios del siglo XIX por la Francia napoleónica. Con este término se conceptualizó en Europa la idea de que cada uno de los Estados-nación debería tener leyes homogéneas en su territorio, a diferencia de la multiplicidad de leyes existentes en el periodo medieval y absolutista.
Cuando inició la paulatina codificación penal en nuestro país y en virtud a su composición política como federación, cada estado fue legislando su propio Código Penal. Ya desde el año de 1937 el abogado penalista Raúl Carrancá y Trujillo se refería a conseguir la unidad legislativa mexicana en materia penal, tal como lo hicieron otras personas destacadas.
Más recientemente se han anunciado algunas iniciativas que persiguen el fin de la unificación penal. Durante las administraciones pasadas de Felipe Calderón y de Peña Nieto se trabajó en el Código Penal. Sí, se trabajó sobre un Código Penal pero, no obstante, ahí únicamente se legisló en el Código Penal de Procedimientos Penales, que es el vigente.
En todo el país, desde junio del 2016 se abrogaron los 33 Códigos de Procedimientos Penales que existían. Con lo anterior se llegó a la certeza de su necesidad y esto se vio reflejado al incluir un Código Penal Nacional de Procedimientos, una legislación adjetiva, diversas disposiciones que guardan relación con el derecho penal sustantivo. Esto con la finalidad de conformar una herramienta con más posibilidades de éxito en su aplicación en este país.
La unificación penal representa varias y diversas ventajas, como lo han señalado renombrados juristas, y la relativa a la previsión y descripción uniforme de hechos considerados como delitos en toda la República. Así como de sus modalidades, grados de participación, gravedad, sanciones y medidas de seguridad. Derogación de tipos, vicios regionalistas, incluso la uniformalidad alcanzada hasta para la política en materia de prevención y reinserción social.
Algunos otros problemas que atacarían con la unicidad legislativa de un buen Código Penal son, enumero: los problemas vinculados con los conflictos de competencia entre tribunales federales y locales –escúchese bien, la competencia–, la previsión o no de algunos recursos que son posibles en una entidad y en otros no.
Otra opinión al respecto es emitida por investigadores del Inacipe, a los cuales cito, primero, porque un solo Código Penal produce y fundamenta reglas jurídicas dentro de un sistema.
Segundo. Porque posibilita una aplicación igualitaria del derecho.
Tercero. Porque también posibilita la armonización de las decisiones para el beneficio del principio de igualdad jurídica.
Hoy tenemos, compañeros y compañeras, 35 Códigos Penales en nuestro país. Uno, federal, y el de la Ciudad de México. Más el de Justicia y 32 de las entidades federativas en ellos.
Más allá de las tendencias político-criminales para defender sus tipos penales, entre otros factores han intervenido las condiciones políticas socioculturales de cada región del ámbito y aplicación de la norma. Y dado que estas difieren de región a región o de estado a estado, la definición de los delitos no es uniforme.
Legislar un Código Penal único debe ser tomado seriamente, pues en ello va la definición del núcleo duro de la política criminal del Estado mexicano.
Cierto es que no obstante los ya enumerados beneficios de logros alcanzados, en caso de que se logre la unidad jurídica penal, existen muchas incógnitas que se desprenden de este mismo planteamiento.
Primero. La norma penal unificada recogería todos los delitos o habría una selección de ellos.
Segundo. Qué hacer con los delitos de carácter regional que no tendrían sentido a nivel nacional.
Tercero. Establecer parámetros de punición de menor grado a todos los delitos.
Las respuestas a todas estas y muchas más cuestiones que se han hecho de ninguna manera pueden ser ofrecidas en un documento como el que ahora estamos presentando, ni sugeridas por ningunos otros.
La respuesta debe encontrarse como el producto de un trabajo que se realice a lo largo y ancho del país, estructurando una ruta crítica que nos asegure una correcta gestión del cambio que involucre a todas las posiciones académicas de la materia incluidos a los y a las abogadas de este país, como asociaciones de abogados, federaciones y colegios, por lo cual pongo a su consideración la siguiente reforma constitucional.
Artículo 73 –dice–. La legislación única en materia de procedimiento penal, de mecanismos alternativos, de solución de controversia en materia penal, de ejecución de penal y de justicia penal para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Debe decir: La legislación única en materia penal sustantiva, procedimiento penal, de mecanismos alternativos, de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y justicia penal para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Compañeras y compañeros, los invito a que me acompañen en esta iniciativa que es necesaria para el país y sobre todo les informo y les adelanto que iniciarán foros por todo el país, abogados y abogadas de todas las federaciones y colegios, junto con las universidades para quienes se quieran sumar y lograr un gran trabajo por bien de México. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La iniciativa que expide la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes, presentada por la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, se modifica el turno a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas: Compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de la tribuna d este Honorable Congreso de la Unión para presentarles la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y se reforman los artículos 50 y 50 Bis.
Actualmente la ley permite que las personas que tienen permiso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, para la pesca comercial, puedan transmitir esos títulos a otras personas. Eso está bien porque la pesca es una actividad de todos y de todas que es transmitida de generación en generación.
Su reglamento establece requisitos mínimos para transferir esos permisos a cualquier persona.
Hasta aquí todo está bien, pero qué pasa en la realidad. Lo que pasa es que la norma en diversas ocasiones se ve rebasada por los malos usos y costumbres de la gente. La norma se vuelve risa y las oportunistas la vuelven presa de la corrupción.
Los pescadores se encuentran en un estado de indefensión ante una mafia de intermediarios que están al asecho y venta de los permisos de pesca. Con estas adiciones se pretende regular este tipo de actos. Vamos a poner atención y pesquemos a los abusivos de estas lagunas y mares legales.
Esta actividad permite a muchas personas que al no dedicarse a la pesca obtengan permisos para después venderlos a los pescadores que tienen ese gusto en la sangre. Esa gente que sí navega en el mar, esa gente que trabaja diariamente para comer y vender la pesca para poder mantener a sus familias.
No estamos en contra de que se haga uso de los recursos naturales que son de todos, sino que estamos a favor de regular y garantizar que el título sea del que pesca y no del que se pesca de la oportunidad.
Por eso propongo adicionar al artículo 51 Bis y a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que cuando una persona quiera traspasar su título de pesca a otra, la autoridad solicite que en primer lugar el poseedor del título tenga más de un año con él; que el acto sea celebrado ante un fedatario público; que la petición esté formalizada por escrito y el formulario para que se desarrolle la autoridad; que las personas acrediten que sí tienen los instrumentos necesarios para desarrollar la pesca.
A los pescadores les digo desde esta máxima tribuna, que los estaremos defendiendo. Y a la gente de arena y mar, que estamos para cuidarlos, que estamos con ellos, que estamos con su familia, que este gobierno de la cuarta transformación, estará con ellos.
A las familias que ven en esta histórica actividad una forma de vida, aquí está el Grupo Parlamentario de Encuentro Social para defender sus derechos y acompañarlos en su travesía.
Les pido a ustedes, mis compañeros legisladores, que se adhieran a esta iniciativa que abarca los mares del golfo y del pacífico, que cruza la gran mayoría de los estados y de esta gran nación, que es a favor de los pescadores, que es a favor de los hombres del mar, que es a favor de esos hombres que arriesgan su vida todos los días para poder alimentar a las familias mexicanas.
Y para concluir, en la pesca como en la vida, si tienes dedicación, puedes superar cualquier adversidad. Otro México es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3o. y 5o. de la Ley de Seguridad Nacional.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: “Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de sus pueblos”. Nelson Mandela.
Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, presento al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona en la fracción I del artículo 3o., y la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Seguridad Nacional, que tienen razón en la seguridad y bienestar del jefe del Estado mexicano.
El México sombrío y oscuro, quedó en el pasado. El México de una auténtica alternancia en el poder nos obliga a desmontar las viejas y anquilosadas estructuras que sometieron en el pasado a las instituciones y a la propia ley por décadas.
La búsqueda de la justicia social y de consolidar un México democrático conlleva necesariamente a afectar el estatus quo vigente en el país, a transitar por el México gerencial, el México privatizador, al México de la justicia social.
El pueblo de México optó por un proyecto de transformación, por un gobierno que terminara con la oprobiosa impunidad. Por ello, esta iniciativa de decreto tiene como propósito fundamental garantizar la integridad del presidente México, motivado esencialmente en una razón de Estado.
Esta motivación legal debe constituirse como un eslabón central del régimen para sostener la continuidad política e institucional de la propia República, y a su vez, sortear hipotéticos eventos que propicien inestabilidad política e ingobernabilidad de forma deliberada.
Atentados, alentados ya sea por la violencia política, por la violencia pública o que se fragüe un atentado contra la investidura presidencial. Entonces, es menester de este Poder Legislativo reconocer los esfuerzos institucionales del presidente de México, para promover como política nacional el combate frontal de la desigualdad y la pobreza, de diseñar instrumentos legales que garanticen la seguridad del jefe del Ejecutivo federal con el propósito de mantener la gobernanza y la estabilidad política nacional.
Sabemos que el presidente ha expresado ene número de veces que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. No dudamos del pueblo, pero el poder representado en él, actualmente enfrenta desafíos sociales y públicos con progresivas decisiones irruptoras que han modificado las inercias impunes y de corrupción que laceraron la vida pública de la nación.
Se conoce el compromiso del presidente y de su agenda de trabajo, una agenda de proximidad y de apertura con los mexicanos y con las mexicanas. Este nuevo orden político no es ajeno a los grupos fácticos, son ellos los más afectados por las decisiones de un gobierno democrático y popular.
Es indudable que este gobierno goza de un respiro democrático y de amplia legitimidad social, sin embargo, es necesario incorporar mecanismos de protección que salvaguarden la integridad física del presidente de México, que se mantengan como una fuente de certeza de seguridad y de estabilidad política para la nación.
Por lo antes expuesto, la siguiente iniciativa tiene como objetivo modificar la Ley de Seguridad Nacional buscando mantener el bienestar personal de aquel individuo que descansa en su persona el Poder Ejecutivo. Ante el desafío actual, la seguridad del Ejecutivo es un asunto de Estado, es un asunto que implica garantizar la gobernabilidad pública y de propio Estado mexicano. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.
Si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Hipócrates.
Las enfermedades no trasmisibles constituyen uno de los mayores problemas de salud púbica que enfrentan los sistemas de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estimó que 422 millones de personas en el mundo padecían de diabetes en el año 2014 y se estima que a la fecha existen más de 12 millones de mexicanas y mexicanas que también sufren de esta enfermedad.
La diabetes tipo 1 es grave, es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina para el organismo.
La diabetes tipo 2 es cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce, y la diabetes gestacional, que es la que presenta durante el embarazo.
En México el 15 por ciento de la población adulta padece de diabetes, aunado a una crisis de sobrepeso y obesidad en la sociedad mexicana y hasta el momento el Estado no ha podido ser eficaz para combatir este mal.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, nuestro país ocupa el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial y, en segundo lugar, la obesidad en adultos.
El sobrepeso y la obesidad es uno de los mayores problemas que enfrenta el sector salud, ya que puede generar en una alta tasa enfermedades cardiovasculares o diabetes.
La diabetes es la segunda causa de muerte en México después de las enfermedades cardiovasculares, que aun de poner en riesgo la salud y disminuir la calidad de vida de quien la padezca puede ocasionar ceguera, amputaciones en alguna extremidad en el cuerpo, impotencia sexual o insuficiencia renal.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un estudio acerca de la tasa de mortalidad por la diabetes, en la que estableció que en 1980 hubo 14 mil 626 personas fallecidas por esta enfermedad y que en el año 2016 aumentó extremadamente a 105 mil 574 defunciones. Además la Organización Mundial de la Salud informa que el 90 por ciento de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso y obesidad, lo que conlleva con los 24 millones de mexicanos que padecen de obesidad a sobrepeso sean proclives de padecer diabetes.
Por lo que presento la siguiente iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para que el sector salud tenga el objetivo de prevenir, combatir y luchar contra la diabetes, a través de fomentar el ejercicio, los buenos hábitos alimenticios, que deberán ser aplicables para todas y para todos los ciudadanos.
El Estado mexicano está obligado a garantizar la nutrición y proteger la salud de los mexicanos, como lo establece el artículo 4o., párrafo tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Cuidemos a nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. No fomentemos malos hábitos alimenticios. Reconozco que en la actualidad la ingesta de productos procesados es cada vez mayor en la población y debemos legislar para ello.
Diputadas y diputados, la diabetes está enfermando, mutilando, cegando y matando a gran parte de nuestra población, por lo que les hago un cordial llamado para apoyar la siguiente iniciativa de reforma que beneficiará a miles de mexicanos. Porque México es la causa, la causa es un México sin diabetes. Y desde esta tribuna envío un cordial y afectuoso saludo y abrazo a todos los que sufren esta terrible enfermedad y a sus familias. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, presidenta diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Claudia Reyes Montiel: En los últimos años en todo el mundo se ha dado un crecimiento de los fenómenos migratorios asociados a la pobreza, desigualdad, abuso sexual, abandono o violencia, así como la falta de oportunidades. Esta migración se da principalmente de regiones y países que no han sabido garantizar el bienestar social a sus connacionales, como lamentablemente es el caso nuestro.
De acuerdo con la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el primer semestre de 2019 se han presentado ante la autoridad migratoria a más de 33 mil niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales el 25 por ciento no estaban acompañados.
En muchos de estos casos, ante la vulnerabilidad que presentan las y los menores de edad y aunado al hecho de que son extranjeros, en nuestro país sus derechos humanos son frecuentemente violentados, sufriendo extorsiones, actos de discriminación, lesiones, violencia sexual, trata de personas, secuestros e incluso han llegado hasta a perder la vida.
Según cifras oficiales de octubre de 2018 a febrero de 2019, se detectaron más de 14 mil niños, niñas y adolescentes, de los cuales 4 mil viajaban sin compañía. En cuanto a los menores de edad migrantes mexicanos, en 2018 fueron deportados desde Estados Unidos casi 11 mil personas y de enero a mayo de este año han sido deportados poco más de 5 mil.
Estos niños en su deseo de un mejor futuro, como los que han llegado a nuestro país son víctimas también de hambre y frío en su trayecto. De padecer enfermedades, de no poder accesar a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos. Además de otro tipo de violencia y discriminación por parte de la población en los lugares que atraviesan.
Por otra parte, la retención de las niñas y los niños también tiene un impacto profundo en su salud física y mental del menor, ya que por su condición son más propensos a sufrir depresión y ansiedad. Estos sentimientos de desesperanza y frustración por los que atraviesan, pueden manifestarse en actos de violencia contra sí mismos o contra otros.
Ante esta situación debe tenerse en cuenta siempre que las niñas y los niños, antes de ser refugiados, solicitantes de asilo o migrantes irregulares, son precisamente niñas y niños. Y por eso, es que el interés superior del niño y sus derechos deben ser considerados primordialmente con respeto hacia las medidas adoptadas para su trato.
Tomando como base lo anterior, la presente iniciativa busca la efectiva aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez, en el marco de políticas migratorias y de infancia en México.
Consideramos indispensable que esta propuesta de ley debe incluir que en el momento de su autoridad tengan conocimiento de que una niña, niño o adolescente es un migrante no acompañado.
Deberá informarse de inmediato al Instituto Nacional de Migración y al sistema nacional o sistema local quien, por su parte, previamente deberá emitir un protocolo especial de atención y protección de derecho a niñas, niños y adolescentes.
Otra de sus atribuciones será que la autoridad migratoria, de conformidad con las disposiciones aplicables, notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia de la niña, niño o adolescente la ubicación de las instalaciones a las que el sistema nacional o el sistema de entidad federativa los haya canalizado y las condiciones en las que este se encuentre. Así también, gozará de protección y asistencia, en tanto el Instituto Nacional de Migración resuelva su situación.
Cabe mencionar que, ante cualquier evento relacionado con los menores, se anticipará el interés superior del mismo, dando preferencia a la reunificación familiar para ello y se deberá tomar en cuenta la opinión de las niñas, niños o adolescentes migrantes que no están acompañados. Asimismo, con todos los elementos que resulten necesarios para hacer efectiva la reunificación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen. Desde su lugar, el diputado Simón... Perdón, el diputado José Luis Montalvo. Micrófono en la curul del diputado Montalvo, por favor.
El diputado José Luis Montalvo Luna (desde la curul): Gracias, diputada Dolores. Solo para dar una extensa bienvenida a los ponentes del Simposio Internacional de Filosofía y Educación “Imaginar hoy la escuela en América latina; sobre la intangibilidad de la dignidad humana y el derecho a la educación”.
Del doctor Pablo Flores del Rosario, de México. De la doctora Sebastián Ponte, de Venezuela. Del doctor Gregorio Valera Villegas, de Venezuela. De la doctora Gladys Madriz Ramírez, de Venezuela. Del doctor Walter Kohan, de la Universidad del estado de Río, de Brasil. Del doctor Armando Zambrano Leal, de Colombia. Del doctor Diego Pineda, de Colombia. Y de la doctora Donají López Guadarrama, de México. Bienvenidos, y gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Están de visita estas personalidades, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Oscar Bautista Villegas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y Morena.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muy buenas tardes a todos los compañeros diputados y diputadas que estamos presentes. El día de hoy nos permitimos presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de energías limpias.
En 12 años México se convertirá en el noveno país con mayor número de habitantes. Esto debido a que cada año nacen cerca de millón y medio de nuevos mexicanos y mexicanas y de continuarse con este ritmo, para el 2050 habrá 250 millones de habitantes, así lo evidenció el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Dicho crecimiento trae consigo retos importantes para la administración de cualquier país, pues con el aumento de habitantes se incrementan las demandas de servicios que van desde el transporte y políticas públicas de movilidad hasta la propia vivienda, lo que impacta directamente sobre la explotación de pocos recursos naturales que aún persisten en las principales concentraciones demográficas del país.
Es un hecho innegable que las actuales administraciones han adoptado el crecimiento para tratar de evitar daños al medio ambiente, no obstante, continuamos observando cómo el crecimiento de asentamientos humanos va impactando en el detrimento de la calidad ambiental de cada entidad, buscando cubrir las necesidades básicas de su propia vivienda.
El tema que da origen a la presentación de esta iniciativa es la preocupación por el desuso de las energías limpias, ello obedeciendo a dos posibles causas, el desconocimiento o la falta de mecanismos que despierten el interés y facilitan la adaptación de alternativas mucho más amigables con el medio ambiente.
El trabajo internacional ya es avanzado, son muchas las organizaciones que realizan esfuerzos para lograr generar conciencia sobre la urgencia de adoptar nuevas costumbres que pongan un alto al deterioro ambiental, lo que ha llevado a los gobiernos de distintos países a sumarse a los compromisos internacionales que se han adoptado en la materia a través de diversas agendas de trabajo.
En este sentido, existen argumentos sólidos que indican que las políticas energéticas deben de garantizar el acceso, pero también la calidad, sustentabilidad y que su uso acumulado evite externalidades ambientales y daños irreversibles en el medio ambiente.
En el Partido Verde, coincidimos en que las energías limpias se han consolidado como una fuente alternativa para diversificar las fuentes de generación eléctrica, como elemento clave para cumplir con las metas del Acuerdo de París y de la propia Agenda 2030 y que México suscribió; lograron no sólo valioso desde la perspectiva ambiental, sino que también permite diversificar significativamente las fuentes de generación energética dentro de un mundo que tiene una mayor electrificación, contribuyendo al mismo tiempo a la seguridad energética y soberanía de nuestro propio país.
Es innegable que nuestro país está en un proceso de transición dentro del sector energético, garantizar la continuidad es fundamental para brindar certeza para que los nuevos proyectos de generación con energía renovables sean accesibles, podrían hoy invitar el apoyo a estos proyectos.
Para ello, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a la consideración la presente iniciativa, la cual tiene por objeto garantizar el uso y aprovechamiento de energías limpias, accesibles en el crecimiento de los asentamientos humanos a través de la modificación de los criterios a considerar en la planeación del desarrollo urbano y de la propia vivienda, en la contribución al logro de los objetivos de la política ambiental contemplada en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.
Por ello solicitamos a los compañeros y compañeras diputadas nos apoyen con su voluntad para que, a través esta propia iniciativa, que es una iniciativa de suma importancia para tratar de evitar lo que hoy varios estados del país han sufrido con una gran sequía de más de nueve meses, y hoy estamos viendo que varios estados de este país están teniendo daños colaterales con el incremento de las grandes lluvias afectando por ello su propia infraestructura. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Compañeras y compañeros legisladores. Honorable Mesa Directiva. La corrupción es el principal obstáculo para el progreso de México. Afecta infinitamente más a quienes enfrentan pobreza y marginación debido a que fondos destinados al desarrollo se han desviado a los bolsillos de funcionarios públicos y de empresarios sin escrúpulos que lucran con el dinero del pueblo, así que aumenta la desigualdad y la injusticia.
De acuerdo con la ONU, a nivel internacional la corrupción, evasión fiscal y delitos relacionados, generan pérdidas anuales por 1.3 trillones de dólares.
En el caso de México, la investigación conocida como la estafa maestra, reveló que 11 dependencias de gobierno firmaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos. El esquema que utilizaron fue el siguiente: once dependencias de gobierno firmaron convenios con universidades públicas, las cuales a su vez subcontrataron a empresas fantasmas que en realidad nunca proporcionaron los servicios pagados. Sólo por triangular fondos públicos, las universidades cobraron mil millones de pesos de comisión.
Ante dicho problema presento esta iniciativa con las siguientes finalidades:
1. Establecer que cuando los entes públicos celebren actos jurídicos que tengan por objeto la provisión de bienes, servicios y obras públicas, se asegurará que la entidad obligada cuente con la capacidad para hacerlo por sí misma, y en ningún caso se permita la subcontratación.
2. Señalar que, en todos los procesos y contratación, los licitantes y contratistas deberán presentar
a) Opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales
b) La declaración de posibles conflictos de interés.
3. Establecer que las autoridades previstas en la Ley General de Responsabilidades deberán investigar de oficio, los contratos que hayan sido formalizados entre entes públicos y empresas en las que el Servicio de Administración Tributaria, haya determinado que emitieron comprobantes fiscales falsos.
Asimismo, con la finalidad de recuperar la confianza ciudadana en las Instituciones, se deberán iniciar indagatorias respecto a las declaraciones públicas de funcionarios o exfuncionarios, en las que se señalen posibles actos de corrupción.
Con esta iniciativa reitero el compromiso de la cuarta transformación para abatir la corrupción. La ética, integridad y el respeto a los derechos de todas y todos, son nuestra bandera.
No escatimaremos esfuerzo, no habrá ni filias ni fobias, ante todo, la imparcialidad y la justicia.
Pido a la Mesa Directiva que el texto de la iniciativa que propongo, se inscriba íntegra en el Diario de los Debates. Gracias por su apoyo y atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Así se hará, estimado diputado. Se inscribirá íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Celebro que ya estemos en un día de trabajo, y me permito llamar su atención para que me permitan presentarles esta iniciativa.
El día de hoy me encuentra en esa tribuna para hablarles de la cadena nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Contenidos Audiovisuales, realizada por el IFT en el año de 2017, destacó que el 92 por ciento de los encuestados tienen en su casa algún aparato, llámese televisión o la radio, sacando un promedio que nos da el 1.9 por ciento y que el 56 por ciento de esta encuesta arrojó que todo este auditorio depende de la señal abierta.
En este sentido, en Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene por objeto el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes en el ámbito de responsabilidad, la llamada cadena nacional que creo que todos estamos familiarizados con ella, es la trasmisión conjunta que tiene como finalidad llevar un contenido a la mayor cantidad de audiencia posible, y es una facultad que tiene el Estado para emitir contenidos de trascendencia e interés nacional.
Sin embargo, los pasos que se han dado para alcanzar la democracia han sido una lucha de décadas, en la que las distintas corrientes políticas han ocupado un lugar central. Por lo tanto, y para mantener el sentido democrático, la figura de la cadena nacional debe de ser apartada de los incentivos del gobierno federal, porque son muy sensibles a los efectos político-electorales.
Esta facultad de la administración, de la trasmisión simultánea de contenidos, debe ser trasladada a la autoridad técnica especializada y autónoma, sin que pueda ser utilizada como estrategia o voluntad unilateral del gobierno en turno.
La relevancia de establecer límites a la intervención del gobierno federal en la radiodifusión, conlleva la lógica de complementar valores democráticos como la libertad de expresión. Tal fue el contexto que motivó la legislación en materia de comunicación social. Sin embargo, para la trasmisión de contenidos acorde a las líneas de comunicación que la administración pública considere pertinente, se continúa respaldando la dirección editorial en los medios públicos.
Ciertamente, nuestro país se encuentra en una zona geográfica especialmente vulnerable a fenómenos naturales de diferentes tipos, por lo cual las políticas de protección civil merecen un lugar especial para la atención de los concesionarios, mediante la figura de encadenamiento de transmisiones. De igual forma, permite limitantes, como la geografía –que ya se nombró– en el entendido que un siniestro no se observa necesariamente en todo el territorio nacional.
En cuanto hace a la seguridad pública, es importante conservar una relación entre el gobierno federal a través de sus diferentes dependencias competentes con las demás instituciones, incluyendo al IFT, y se espera una coordinación interinstitucional.
En Acción Nacional estamos conscientes de la gravedad del problema y por tal motivo presentamos esta iniciativa, que reza lo siguiente: Que sea el IFT la autoridad única para dictar la orden de encadenamiento de señal abierta, a solicitud del gobierno federal, dando inmediata atención en caso de alguna emergencia y trámite regular, cuando no sea una situación cuya gravedad lo demande.
Igualmente, que se determine mediante disposiciones regulatorias los criterios para calificar una emergencia.
Compañeras y compañeros, les pido su sensibilidad en esta iniciativa y les pido me acompañen votándola a favor.
No me quiero retirar sin decirles lo siguiente. Sigamos con la moral alta, trabajando para las y los ciudadanos, para las niñas y los niños, y sigamos en la batalla y derrotando a la impunidad y al autoritarismo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palaba la diputada María Lucero Saldaña Pérez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Efectivamente, de manera conjunta con la diputada Laura Barrera, y mi grupo de compañeras y compañeros diputados de la fracción del PRI, queremos presentar la modificación al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de estancias infantiles y los centros en general de atención a la infancia.
La educación y cuidados en esta primera infancia se ha dicho y aquí hoy hemos hablado del tema, aquella generación en la que la mayoría recibe durante gran parte de la primera infancia algún tipo de cuidado infantil fuera del hogar genera un gran cambio en toda la sociedad, así lo señala la UNICEF.
Este avance plantea cuestiones urgentes al público en general, pero también a las y los políticos, depende de nuestra respuesta de transitar hacia un cuidado infantil institucional, con representación, podrá haber un avance o un revés para los niños de hoy y del México del mañana.
Si no se escucha a las madres de familia, si no se escucha este Congreso, entonces, ¿cómo se gobierna sin escuchar? Gobernar es responder, es respondernos y responder a las futuras generaciones.
El 28 de diciembre de 2018 se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019, en el cual se redujo un 50 por ciento el presupuesto asignado al programa de Estancias Infantiles, para apoyar, sobre todo, a madres, pero también a padres trabajadores.
El programa de Estancias Infantiles y en general de cuidados y atención a la primera infancia representa un invaluable apoyo a la vida de las y los usuarios, así como de quienes son beneficiarios.
El programa tenía cobertura en 32 entidades federativas, en 1278 municipios, con cerca de 10 mil estancias que estaban registradas, se atendían más de 300 mil beneficiarios, la presencia en las localidades de mayor índice de pobreza y esto si es revés, afectará a más familias pobres. El incremento de un 18 por ciento de la probabilidad de las mujeres de encontrar un empleo.
El 96 por ciento de los beneficiarios estimó que la atención y cuidado de las y los hijos en las estancias infantiles había tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje y un 98 por ciento en su desarrollo motriz.
Las probabilidades de que niñas y niños tuvieran un desarrollo global, integral son mayores y disminuyen aquellas deficiencias o discapacidades.
En mayo de 2012 la ONU otorgó a este programa de Estancias Infantiles el segundo lugar en los premios de las administraciones públicas. Esta política exitosa ha sido anunciado que se reemplaza por el programa de Apoyo al Bienestar.
El nuevo programa únicamente otorga un apoyo económico a las madres y padres o tutores de niñas y niños a su cargo, de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años. Sin duda, representa una medida regresiva y violatoria de los derechos humanos de las y los niños que reciben este beneficio, pero también de las madres y padres de familia.
A partir de estos antecedentes es que ha habido una serie de manifestaciones, de expresiones, denuncias, amparos, recomendación de la CNDH, la 29 de este año, derivada en 204 quejas de 5 mil 340 personas agraviadas.
Es por ello que consideramos muy relevante el poder atender a que sea la Secretaría de Educación Pública quien recoja, ministre, planee todo este encauzamiento de la educación y cuidado de la primera infancia. Y así no tendríamos el revés en lo que serían generaciones futuras.
Exhorto a esta legislatura a que legislemos en favor de estas medidas y así estaríamos respondiendo como coadyuvantes de una política de derechos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen. Tiene la palabra la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Eugenia Hernández Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que someto a su consideración propone establecer en nuestra Carta Magna el derecho a la paz.
La actual coyuntura política que vivimos en México hace imperativa la necesidad de que elevemos a rango constitucional el derecho de todas las personas a la paz y establecer que el Estado deberá garantizar la plena vigencia de este derecho humano fundamental. El pueblo de México anhela vivir en paz.
En los últimos 12 años el país ha experimentado un doloroso proceso de violencia criminal, derivada, entre otros factores, de la política de guerra contra los cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Esta política, absolutamente irracional, ha dejado un saldo sangriento de más de 200 mil muertos, miles de desaparecidos y la permanente zozobra de la población mexicana ante la ola de secuestros, extorsión, robo, violación, entre otros delitos que dañan irremediablemente la tranquilidad y la confianza de la gente.
Por fortuna, en este gobierno se ha planteado que no se continuará esa política irracional de combatir a los cárteles del narcotráfico y a la delincuencia organizada con la fuerza represiva del Estado. Porque la violencia no debe combatirse con más violencia, pues ello provoca una escalada de muerte y de sangre, y no es eficaz para terminar con las prácticas criminales.
Coincido plenamente con todos mis compañeros diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena y con este gobierno, que se han de concentrar los esfuerzos del Estado en atacar las causas estructurales de la delincuencia, tales como la pobreza, la marginación, la falta de empleo y educación de los jóvenes. La corrupción y otros factores que los grupos criminales aprovechan para reclutar gente y lograr apoyo social.
La presente iniciativa parte de considerar que la paz no es la simple ausencia de guerra, pues sería como señalar que la salud es la ausencia de enfermedad, o que la libertad es simplemente no estar preso.
Mahatma Gandhi dijo: “No hay camino para la paz, sino que la paz es el camino”. La paz, en sentido positivo, se refiere a un estado de tranquilidad y quietud, y también se le considera un valor que uno desea para sí mismo y para el prójimo en lo político. Y para el derecho internacional la connotación es de paz social, es decir, la situación de relación mutua en la que se mantienen buenas relaciones entre comunidades e individuos.
La paz es premisa y requisito fundamental para el ejercicio pleno de todos los derechos y deberes humanos. Es la condición de exigencia y fin último de todos los derechos humanos fundamentales e inalienables para todas las personas.
Es la base de los derechos a los mínimos vitales que la dignidad humana exige, pues la paz no es una abstracción aislada, porque posee un profundo contenido cultural, político, social y económico.
El derecho humano a la paz no solo atañe a los pueblos y los estados, sino a la persona humana como titular de este derecho. El derecho a la paz necesita entenderse a cabalidad, conocer sus alcances y objetivos últimos para que los estados y los pueblos del mundo fortalezcan el compromiso de reconocerlo y hacer todo lo necesario para que ese derecho tenga plena vigencia y validez por encima de cualquier consideración, por encima de cualquier razón de Estado.
Estas son las razones que fundamentan la presente iniciativa para incorporar en el artículo 4o. constitucional, el derecho a la paz, elevar a rango constitucional. Este derecho humano fundamental contribuirá a que todas las decisiones estratégicas del Estado, la organización y orientación de las instituciones, así como el talante de las relaciones de México con la comunidad internacional tengan como premisa el respeto irrestricto del derecho de la paz.
En función de todo lo antes expuesto, la presente iniciativa propone una reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que quedaría de la siguiente forma. Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la paz, al Estado corresponde velar su promoción, fomento y protección para garantizar este derecho.
Solicito respetuosamente su decidido apoyo a esta iniciativa, porque estoy convencida contribuirá a la construcción de un México más humano, solidario y generoso, del cual estarán orgullosas las futuras generaciones. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Nohemí Alemán Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar los derechos laborales de los periodistas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante.
La diputada Nohemí Alemán Hernández: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Nohemí Alemán Hernández: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La libertad de expresión es un derecho fundamental en toda la sociedad, el cual debe ser defendido y promovido a cabalidad y haciendo cada uno lo que nos corresponda para confirmar este derecho.
El atentar contra la libertad de expresión, ya sea censurando, ocultando o manipulando la información, impactará directamente en el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad.
Ejercer el periodismo en México conlleva riesgos de todos que ya conocemos, y también la afectación en sus derechos laborales que pocos conocen, que los periodistas de enfrentan a condiciones laborales en desventaja con relación a otras profesiones.
En torno a su actividad periodística en la elaboración y publicación de una nota, se esconden relaciones laborales perversas traducidas en falta de contratos formales, simulación e incumplimiento impune de normas mínimas laborales por parte de los dueños de medios de comunicación.
En esta labor generalmente se carece de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo con dignidad. En cualquier momento al periodista se le despide y no pasa nada. No hay una autoridad que esté en guardia velando por sus derechos.
No obstante, en estas condiciones tan desfavorables y riesgosas, continúan desarrollando su actividad periodística a pesar de que viven con amenazas constantes en las cuales está de por medio su integridad física o la vida misma.
Estas afirmaciones se escuchan como exageradas, sin embargo, con datos recientes confirman que en México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17 horas. De acuerdo con datos oficiales, se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo siete homicidios de periodistas, y desde el inicio del gobierno federal en turno se han registrado 277 agresiones.
El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. No sólo se registraron el mismo número de homicidios de periodistas que el primer semestre del año pasado, en lo que va del 2019 se han registrado 10 superando la cifra total de 2018, cuando se registraban nueve.
Esta reflexión la acompaño con la gran problemática de la falta de derechos laborales con los que no cuentan los periodistas. Uno de ellos es, como ya dije, la inestabilidad laboral. Es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan en el medio periodístico.
Perder el empleo es cosa de un instante sin que haya mecanismos adecuados para que se les escuche y sean valorados sus argumentos. Penosamente en la legislación está ignorada la honorable profesión de periodista, siendo que esta profesión en particular tiene características específicas que requieren de su debida protección especial. Su servicio e información es incalculable.
Cuando no se da un contrato de trabajo por escrito al trabajador, el patrón nunca reconoce que el pago hecho es por un concepto de salario. Generalmente se refiere a este como una “ayuda económica”, para evitar el pago de prestaciones o pagar estas de manera incompleta.
Respecto de la jornada de trabajo, esta no se respeta haya o no haya un contrato de trabajo por escrito, por lo que es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia y el desamparo en sus derechos.
Es por lo anterior que la presente iniciativa propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de garantizar y afirmar los derechos laborales de las y los periodistas.
Todo Estado de derecho respetuoso de las libertades individuales, especialmente de la libertad de opinión, de conciencia y de expresión, se fundamentan en el ejercicio de un periodismo libre, independiente y sin ningún tipo de censura o coerción y poseedora de todos sus derechos y garantías laborales.
En Acción Nacional sabemos eso y asumimos el compromiso de fortalecer la legislación para garantizar los derechos de los periodistas adaptándolos en todo momento a las normas que exige nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México forma parte.
Compañeros diputados y diputadas, las invito y los invito a sumarse a esta iniciativa en favor de los derechos de los periodistas de nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
La diputada Anita Sánchez Castro: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. La iniciativa que hoy presento reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
El régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los empleados de los organismos descentralizados, ha sido desde hace décadas materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos y trabajadores. Esto ha generado interminables pleitos judiciales para determinar si el régimen aplicable para ellos es el contenido en el apartado A o el apartado B del artículo 123 constitucional.
El apartado B del artículo 123 constitucional dispone de manera muy clara que el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
“B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores”.
Estas relaciones laborales están precisadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sin embargo, el artículo 1 de dicha ley amplía de manera injustificada su cobertura al agregar un tercer párrafo relativo a las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores, enumerando varias instituciones.
Nuestro máximo tribunal ha señalado que los organismos descentralizados son entidades paraestatales que, si bien integran la administración pública federal, no forman parte del Poder Ejecutivo federal, sino unidades auxiliares que ejecutan los programas establecidos por las secretarías de Estado a que corresponda el sector dentro del cual se encuentran agrupadas.
Hay pues una errada interpretación que se ha dado durante décadas al régimen laboral que rige las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal y local con sus trabajadores.
Es por ello que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en ese sentido al establecer mediante jurisprudencia que dichas relaciones laborales, al no emanar del Ejecutivo, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa que hoy presento, tiene tres objetivos principales. Por un lado, busca armonizar nuestra legislación burocrática con el importante Catálogo de Jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte.
Esta modificación erradicará las múltiples interpretaciones discordantes entre jueces y autoridades laborales, que solo generan confusión e incertidumbre entre las partes y graves injusticias al momento de su aplicación.
Asimismo, busca reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de empresas y de organismos descentralizados.
Finalmente, el cambio de régimen de los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional, conlleva múltiples beneficios laborales entre los que se encuentran una serie de derechos colectivos que les han sido negados, tales como el derecho de huelga y negociación colectiva.
Esta iniciativa presentada inicialmente por diputados de Morena en la LXII Legislatura, y que de nueva cuenta hoy expongo, además de ampliar sustancialmente los derechos colectivos de los trabajadores de las empresas paraestatales y los organismos descentralizados, armonizará la ley burocrática con la jurisprudencia en la materia, evitando así que los tribunales laborales sigan inundándose de largas y costosas controversias sobre un problema de la Suprema Corte de Justicia que ya tienen solución. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Sánchez Castro. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): Diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Maria del Carmen Bautista Peláez... La diputada Claudia está solicitando la palabra. Micrófono para ella. Micrófono, por favor. Diputada Claudia Pérez, adelante.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): Para pedirle a la promovente, a la diputada Anita, de mi grupo parlamentario, poderme adherirme a su iniciativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Maria del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 265 y 266 Bis del Código Penal Federal.
La diputada Maria del Carmen Bautista Peláez: Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, me encuentro ante ustedes para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 265 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de violación sexual.
Como sabemos, los constantes casos de violación sexual hacia la mujer en nuestro país se han convertido en un verdadero problema social. La violencia remite a una cuestión compleja de múltiples dimensiones y entradas analíticas.
Hay crecientes evidencias de que la percepción de las mujeres de temor y riesgo en el espacio público ha aumentado de manera trascendente. El tener que salir de su hogar para asistir a la escuela, al trabajo, o realizar alguna otra actividad representa una fuente de miedo. Esto debido a que las mujeres son más propensas a sufrir hostigamiento, acoso, violación sexual o asesinato.
Estas violencias impactan de una manera radical en las mujeres y las limita a apropiarse de ciertos espacios públicos, ya que estas agresiones ocurren, tanto en la calle como en los medios de transporte.
Muchas de las violencias que se presentan hacia las mujeres se ejercen por el solo hecho de ser mujeres, en donde se presenta un tipo de violencia individualizada a través de sus cuerpos, el cual se transforma en un arma de opresión. Sin embargo, frecuentemente estas agresiones llegan a contar con un alto grado de tolerancia social y terminan culpabilizando a las víctimas, se les responsabiliza cuando sufren algún delito sexual, ya sea por salir a las calles en horarios considerados socialmente inapropiados, o por vestirse de determinada manera, lo cual resulta verdaderamente injusto, pues el espacio público debe ser considerado un lugar seguro para toda la población, incluyendo a las mujeres, sin importar la manera en que vistan o la hora en que transiten.
Las denuncias por violencia sexuales hacia la mujer han alcanzado cifras alarmantes. Según el reporte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por violación simple y equiparada hacia mujeres alcanzó mil 530 casos y esto es tan solo en julio de este año, lo que da como promedio 51 mujeres agredidas sexualmente por día, esto sin añadir a aquellas víctimas que decidieron no denunciar por medio a las represalias.
Por tanto, en nuestro país cada día 51 mujeres sufren violencia sexual, según datos oficiales, lo cual resulta una cifra sumamente alarmante, ya que los números dejan claro que es un problema real que se tiene que resolver.
Por lo cual, en el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos que para mitigar esta problemática social es importante trabajar en leyes que reconozcan estas agresiones como delitos graves para que se sancionen de una manera más severa y podamos combatir la violación sexual.
En este sentido, se observa la necesidad de reformar el Código Penal Federal en materia de violación sexual, con el objeto de:
1. Modificar el artículo 265, para aumentar la pena de violación sexual. A fin de combatir y mitigar este delito, se proyecta imponer de 15 a 30 años de prisión a la persona que, por sentencia firme, sea encontrada como culpable de dicho delito.
Modificar la fracción III del artículo 266 Bis para destituir del cargo o empleo de manera definitiva a quien cometa el delito de violación sexual y desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, con el fin de erradicar el abuso de poder que algunos funcionarios públicos o profesionistas ejercen sobre sus víctimas.
Garantizar que no vuelvan a ocupar dicho cargo, empleo o ejercer su profesión.
Adicionar una fracción VI al artículo 266 Bis, para aumentar la pena hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito sea cometido en vía pública o algún medio de transporte, haciendo uso de violencia física o psicológica, con el fin de que las mujeres viajen seguras, sin el miedo de ser agredidas sexualmente y poder mitigar las cifras de violación sexual que sufren al salir de sus hogares.
Debemos nombrar lo no nombrado, visibilizar lo que se oculta y lograr que se reconozca la violación sexual como un problema social grave. Por tanto, para mitigar dicho delito es necesario una acción conjunta de distintos actores sociales, incluyendo las instituciones de gobierno.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, los invito a unirse a esta iniciativa de ley en materia de violación sexual para poder combatir este delito. Ni una menos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2020 como Año del primer jefe Venustiano Carranza.
La diputada Melba Nelia Farías Zambrano: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Melba Nelia Farías Zambrano: “Compañeros diputados, solo un hombre que reuniera en grado la firmeza y la prudencia puede salvar al país de las tres o cuatro grandes complicaciones internacionales que estaban a punto de naufragar nuestra nacionalidad”.
Así habló Luis Cabrera de Venustiano Carranza, quien nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila.
El onceavo hijo de don Jesús Carranza y doña María de Jesús Garza pasó una parte de su juventud en el Ateneo Puentes, reconocida escuela de afiliación liberal en Saltillo, Coahuila.
Posteriormente, continuó su formación en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Universidad de México emprendió la carrera de medicina.
Desde muy joven, Venustiano Carranza se mostró interesado en los asuntos de su comunidad. Ese interés lo llevó a ser electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas en el año de 1887, cargo al que renunció en 1890, luego de haberse negado a emitir un comunicado avalando el desempeño del gobernador estatal José María Garza Galán, conocido por hacer actos de corrupción y despotismo en amparo del presidente Porfirio Díaz.
En 1894 Carranza continuó su carrera política siendo nuevamente electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Posteriormente fue diputado, senador y gobernador interino del estado de Coahuila.
En octubre de 1910, desde San Antonio, Texas, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, que convocó a los mexicanos a emprender la lucha armada en contra del régimen de Porfirio Díaz.
Animado por su espíritu libertario y convicciones sociales, Carranza se integró a la junta revolucionaria en respaldo a la causa democrática de Madero. Cuando estalló la Revolución encabezó la insurrección en Coahuila.
Venustiano Carranza fue un fiel revolucionario, y como gobernador hizo de la justicia social un valor y un principio. Se ocupó siempre de los más vulnerables y necesitados. Emprendió importantes acciones civiles y educativas. Creó escuelas, protegió a los campesinos de los abusos y promovió el desarrollo de los pequeños emprendedores en el campo industrial y minero.
En febrero de 1913, debido al golpe militar dirigido desde la Embajada de Estados Unidos, el presidente Madero fue derrocado y asesinado, quedando a cargo de la presidencia Victoriano Huerta.
Ante ello, el 26 de marzo Carranza, junto con Francisco J. Mujica, Jacinto B. Treviño y Luis Lucio Blanco, entre otros, lanzó el Plan de Guadalupe, desde donde desconoció a Huerta y a los Poderes Legislativo y Judicial.
Carranza fue nombrado primer jefe del Ejército Constitucioncita. Posteriormente, en 1914, las tropas encabezadas por Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pablo González lograron imponerse victoriosamente sobre los federales.
En agosto del mismo año el Ejército Constitucionalista y su primer jefe hicieron la entrada triunfal en la Ciudad de México.
En octubre de 1916 emitió la convocatoria para la integración de un Congreso Constituyente para realizar las reformas necesarias de la Constitución del gobierno liberal de Ignacio Comonfort, en 1857, con lo que sentó las bases para el texto supremo que recogió los legítimos ideales de la Revolución.
Finalmente, el 5 de febrero de 1917, concluidos los trabajos del Congreso Constituyente, Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, símbolo máximo de la tercera transformación de la República.
En mayo de 1917, Venustiano Carranza tomó posesión como presidente constituyente de México. La madrugada del 21 de mayo en 1920, mientras dormía en Tlaxcalaltongo, el presidente Carranza fue cobardemente asesinado. Al recordar la vida y obra del varón de Cuatrociénegas rendimos homenaje a su valor, servicio y prestancia a la patria. Su gran contribución a la transformación de México debe cobrar vigencia en la memoria del alma del estado de Coahuila.
Por ello es justo dedicarle un año al primer jefe de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza. Un año donde cada día su ejemplo sea cátedra cotidiana para servir a nuestro país con la grandeza, convicción y justicia que lo hizo. Valga su nombre, el heroísmo y valor de nuestro pueblo que se ha negado a rendirse.
De ahí que someto a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se declara el año 2020 como el año del primer jefe constitucionalista, Venustiano Carranza Garza. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen. Ha concluido la ronda de iniciativas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a los acuerdos de los órganos de gobierno. En primer lugar, proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que se emita la declaratoria de emergencia y se liberen los recursos del Fonden ante los efectos devastadores ocasionados por la depresión tropical Fernand.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de sus atribuciones emitan la declaratoria de emergencia para el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León y liberen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales ante los efectos devastadores ocasionados por la depresión tropical Fernand y el inminente auxilio de la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Nacional de Emergencias convoque a sesión extraordinaria a sus integrantes, con la finalidad de atender la situación extrema de emergencia en que se encuentran los habitantes y la infraestructura y vialidades. Asimismo, los daños que pudieron haber sufrido en la agricultura y ganadería en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional del Agua emita la declaratoria de clasificación de zona de alto riesgo por inundación al arroyo Topo Chico, elabore el atlas de riesgo correspondiente e implemente las acciones necesarias para el revestimiento y ampliación del cauce del arroyo Topo Chico en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Firman todos los coordinadores de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Para hablar sobre el tema se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Tiene la palabra en primer término la diputada Laura Erika de Jesús Garza, del Partido Encuentro Social.
La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez: Compañeras y compañeros legisladores. Cosa así como la que está pasando en Nuevo León con la tormenta tropical Fernand, debemos actuar con rapidez, por ello el Grupo Parlamentario del PES exhorta a las autoridades de Secretaría de Gobierno a emitir la declaración emergente para los municipios afectados.
Entre ellos se encuentran del distrito 7, que es quien represento, Agualeguas, Mina, Hidalgo, General Zuazua, García, Salinas Victoria, Villaldama, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Paras.
También exhorto a la Secretaría del Servicio Público a liberar pero ya los recursos del Fonden para minimizar los daños que podrían ocasionar a esta fuerte tormenta. De la misma manera forma parte exhortar al gobierno del bronco a tomar de manera inmediata las medidas de prevención para garantizar la seguridad de las familias de Nuevo León.
De la misma forma exhortamos a todas las autoridades a que no hagan actos de discriminación. Todos merecen el mismo apoyo. Que hagan prioridad de las zonas posibles con mayor afectación, a las zonas donde vive gente en situación vulnerable, y a reactivar los albergues porque la gente más vulnerable es la que pierde más su patrimonio que por años ha trabajado.
Por último, a la población le decimos que el Grupo Parlamentario del PES les dice que con ustedes estamos todos, que de la mano vamos a sacar lo perdido porque somos una familia y estamos con ustedes. La unión hace la fuerza; distrito VII. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, como es de su conocimiento la tormenta tropical Fernand tocó tierra a la mañana de este miércoles encendiendo los focos rojos en materia de protección civil en los estados de: Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, dejando a su paso daños y afectaciones graves.
Varios municipios, así como la capital del estado de Nuevo León, han sufrido fuertes estragos por este fenómeno natural.
Fernand dejó a su paso por Monterrey, deslaves, así como la crecida de ríos y arroyos en varios municipios del estado y sus efectos más severos.
Aunque Fernand se ha rebajado a depresión tropical en el noreste de México, a donde llegaron a fuertes lluvias, los efectos de su fuerza requieren de la atención de las autoridades y de decisiones que permitan atender la situación actual de emergencia que se vive en la región.
Cabe señalar que el gobierno de Nuevo León el día de ayer 4 de septiembre anunció la apertura de las compuertas de la presa La Boca, a fin de evitar su desbordamiento por las intensas lluvias ocurridas durante las últimas horas en el estado.
Es importante señalar que para entonces el vaso de la presa contaba con un 82 por ciento de su capacidad y obviamente se esperaban más precipitaciones y escurrimientos.
Por otra parte la Dirección de Protección Civil informó esta alerta en constante comunicación y coordinación con los municipios de Cadereyta, Los Ramones, Las Herreras y China, para alertar a las comunidades de las inmediaciones del río San Juan y los riesgos que implica su desbordamiento.
En este sentido igualmente Protección Civil de Nuevo León estimó que el canal de Topo Chico en el municipio de San Nicolás de los Garza se encuentra por encima del 50 por ciento de su capacidad, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones por posibles inundaciones.
Ante esta grave situación, en Movimiento Ciudadano consideramos que es urgente que se emita la declaratoria de emergencia para los municipios afectados en el estado de Nuevo León y también en Coahuila y Tamaulipas, que sean liberados los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales ante los efectos devastadores ocasionados por dicha depresión tropical para prestar puntual auxilio a la población que se encuentra en riesgo.
También la situación amerita que el Comité Nacional de Emergencias convoque a sesión extraordinaria con la finalidad de atender la situación extrema de emergencia en la que se encuentran los estados en mención.
Y como lo señala el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, es importante hacer un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que emita la declaratoria de clasificación de zona de alto riesgo por inundación y proceda a la elaboración de los atlas de riesgo correspondientes de la mano de la implementación de las acciones necesarias.
Por lo antes expuesto, situaciones como estas demandan de la actuación inmediata y oportuna de las esferas de gobierno en todos sus niveles para atender la problemática derivada de este fenómeno natural en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
En consecuencia, Movimiento Ciudadano se une al llamado de auxilio de la población, contenido en el acuerdo a discusión para enfrentar la situación que están padeciendo miles de mexicanos y mexicanas y atender de la mejor manera, ya que se requiere de un alto nivel de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra, el diputado Santiago González Soto, del Partido del Trabajo.
El diputado Santiago González Soto: Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, adelante.
El diputado Santiago González Soto: Primero que nada, agradeciendo la gentileza y la solidaridad de todos y cada uno de los 500 diputados que representamos los distintos territorios de todo este país, pero principalmente a nuestros compañeros de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, estados que se vieron afectados por la depresión tropical Fernando.
Quiero manifestar que efectivamente a nombre del Partido del Trabajo, esta tormenta provocó en los últimos tres días, el día 3, el día 4 y el día 5, severos daños a nuestras vialidades, severos daños a todo nuestro sistema hidráulico, como son el sistema de alcantarillado, no se diga algunos lugares donde hubo socavón, y que esto ha provocado que efectivamente el área metropolitana de Monterrey esté prácticamente paralizada.
De igual manera, tenemos entendido que en estos estados se sufrieron daños a la agricultura y a la ganadería. Quiero señalar que en el distrito 5 federal, de donde yo represento esta parte del poniente de la ciudad de Monterrey, los escurrimientos del cerro del Topo Chico han sido devastadores para muchas colonias que sufrieron los embates de estas lluvias.
Igualmente, señalar y pedir a esta honorable Cámara que de manera respetuosa exhorte a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su secretario Alfonso Durazo Montaño, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para que apliquen todas las acciones y todos los programas del Fondo Nacional de Desastres Naturales.
Hoy la emergencia es un grito en nuestra ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, hemos visto imágenes al norte de la ciudad, en San Nicolás, en Escobedo, en la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyas instalaciones son deplorables, vaya, fueron enormemente dañadas y de ahí que estamos haciendo el llamado para atender esta emergencia registrada durante estos últimos días, y que han provocado estos daños tan severos en esta infraestructura urbana y en las vialidades.
Asimismo, estos daños, entendemos por nuestros compañeros de los estados de Coahuila, en la zona de Saltillo y hacia Monclova y que colindan territorialmente con Nuevo León, y lo mismo en la parte de Nuevo León con Tamaulipas, que efectivamente los daños son severos.
Es menester destacar que estos escurrimientos no terminan con el hecho de que haya dejado de llover. De ahí que requerimos que la autoridad federal, que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, se digne a atender este llamado urgente que hacemos desde esta Cámara de Diputados todos los grupos parlamentarios por la situación por la que están atravesando los estados, pero principalmente la zona metropolitana de Monterrey.
Por eso agradezco toda esta solidaridad con el pueblo de Nuevo León, con el pueblo de Coahuila y con el pueblo de Tamaulipas. Gracias, es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del PRI.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Nuestro país tiene características geográficas y climatológicas que lo hacen altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos, como los huracanes y las tormentas tropicales, y en los últimos años la frecuencia y la destructividad de estos eventos ha aumentado, poniendo en peligro a la población mexicana.
Cada año estos fenómenos causan cuantiosas afectaciones económicas que se suman a cientos de millones de pesos y aún más lamentable, son los cientos de vidas humanas que se cobran por estos problemas.
Los fenómenos meteorológicos nos recuerdan la vulnerabilidad a la que estamos expuestos los seres humanos. En las últimas 24 horas, la mayor parte de mi estado, Nuevo León, a causa de la llegada tormenta tropical Fernand, que tocó tierra por el estado de Tamaulipas, ha causado daños a su paso y las intensas lluvias han provocado inundaciones en algunos puntos del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno, se espera que en las próximas 48 horas se genere el 60 por ciento de la lluvia que cae en esa región en todo un año. Asimismo, se prevé que se llenará a su capacidad total todas las tres presas que hay en mi estado, poniendo en riesgo a los habitantes de estas regiones.
Compañeras y compañeros diputados, este es el momento oportuno para solicitar al gobierno federal movilizar los recursos necesarios para apoyar los esfuerzos del gobierno de Nuevo León de sus municipios y de los estados también afectados, para prevenir posibles afectaciones mayores a la población.
Desde esta soberanía queremos hacer un llamado a las autoridades federales, para que activen las medidas necesarias para proteger a la población y evitar lo más importante, que son las pérdidas humanas.
Ante la adversidad que impone este fenómeno natural es momento de la unidad y de trabajar juntos para evitar mayores afectaciones.
El gobierno federal tiene todo el derecho de impulsar políticas de austeridad y aquí los hemos apoyado con el objeto de ahorrar recursos públicos y destinarlos a programas sociales. Sin embargo, ante la adversidad que se viene no se justifican ni colores ni partidos ni los planes de ahorro ni las restricciones de gasto.
Hacemos un llamado al gobierno de la República para que canalice de manera inmediata todos los recursos necesarios para los tres estados afectados y para Nuevo León, para poder resolver este importante problema.
Y agradezco de antemano a los compañeros diputados de las demás fracciones parlamentarias haberse sumado a esta iniciativa. Es cuanto, ciudadana presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Ricardo Flores Suárez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Flores Suárez: Buenas tardes. Con la venia de la señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado, adelante.
El diputado Ricardo Flores Suárez: Compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta LXIV Legislatura, seguramente a la mayoría de nosotros les llegó unos videos por redes sociales, de un arroyo desbordado, calles, casas, con el agua hasta, no lo puedo decir aquí, pero un metro, un metro quince, más arribita, y toda esa gente es la gente de San Nicolás, la gente de las Puentes, Jardines, de las Puentes Residencial El Roble, donde es mi barrio, donde he crecido y que conocemos la problemática no de ahorita, de hace muchos años.
Es lamentable que administración tras administración de Conagua no nos han prestado la atención debida.
Llego yo a esta Cámara de Diputados en septiembre del año pasado y lo primero que hago junto con el gobierno de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fue presentar un proyecto para el revestimiento y ampliación del cauce del arroyo de Topo Chico, para que esto no pase, para que esto no suceda. Lamentablemente, no somos escuchados.
Posteriormente, sigo trabajando, hacemos otra vez el proyecto y presento un exhorto a la Comisión Permanente, donde también, otra vez solicitamos el apoyo para la ampliación y revestimiento del arroyo de Topo Chico.
Y sí lo resolvieron, pero lo resolvieron mal, lo mandaron al Instituto de Agua del estado de Nuevo León, que ya de por sí tiene sus propios problemas administrativos y no tiene dinero para hacer esa gran obra.
Aquí no solamente estamos hablando del patrimonio, compañeros, compañeras, que también se perdió. Patrimonios de una vida entera: casa, coche, muebles, refrigerador, todo perdieron. Todo perdieron.
Pero bendito Dios, una pronta respuesta de los topos de Protección Civil y la misma cultura de la ciudadanía de San Nicolás, no hubo pérdidas humanas qué lamentar. Pero sí tienen riesgo y seguirán estando en riesgo porque este problema no se resuelve.
Exhorto, con mucho respeto, a la titular de Conagua, que del subejercicio que se tiene ahorita se ponga la mano en el corazón y aplique un poco de eso para hacer esta valiosa obra que todo un pueblo la necesita, un pueblo de 460 mil habitantes. Que les digo también, está muy interesado en el tema no de ahorita, de también hace muchos años.
La propuesta que le comenté que presentamos, la acompañaron fácilmente más de mil firmas ciudadanas de gente que viene al Polígono afectada, el día de ayer y el día de hoy.
Por eso, agradezco mucho la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios y en especial, a los coordinadores de los grupos parlamentarios que le dieron la importancia debida a esta situación, misma importancia que queremos que le dé Conagua para que sea una solución de fondo y esto no se vuelva a repetir.
También extendemos este acuerdo y este exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda, para que destinen los recursos para que esas familias que se quedaron sin nada tengan algo. Que tengan algo para volver a empezar, para volver a vivir dignamente. También en el norte ocupamos el apoyo del gobierno federal. Por favor no nos dejen solos.
Quiero también leer rápidamente el acuerdo, para que no se pierda, si me lo permiten. Creo que solamente voy a leer rapidito.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones se emita la declaratoria de emergencia para el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres, ante los efectos devastadores ocasionados por la depresión tropical Fernand. Y el inmediato auxilio de la población, cuya seguridad integral está en riesgo. La integridad está en riesgo.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Emergencias a que convoque a sesión extraordinaria a sus integrantes, con la finalidad de atender la situación extrema de emergencia en que se encuentran los habitantes, la infraestructura urbana y vialidades.
Asimismo, los daños que pudieron haber sufrido la agricultura y la ganadería de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional del Agua a que emita la declaratoria de clasificación de zona de alto riesgo por inundación al arroyo del Topo Chico, el atlas de riesgo correspondiente e implemente las acciones necesarias para el revestimiento y la ampliación del cauce del Topo Chico de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Es cuanto y agradezco a todos enormemente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. En el uso de la palabra, la diputada Zulma Espinoza Mata, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Compañeras y compañeros diputados, en las últimas semanas se han presentado en diferentes entidades federativas de nuestro país fenómenos climatológicos que han afectado a las mismas y han provocado importantes daños a la infraestructura estatal y municipal. Así como a los bienes muebles en inmuebles de miles de personas.
Esta situación se presentó el día de ayer en Nuevo León, derivado de la presencia de lluvias atípicas que afectaron seriamente la infraestructura pública de la entidad: escuelas, calles y avenidas de gran importancia, así como el patrimonio de miles de familias han sufrido daño que han colapsado la vida cotidiana de las personas, que en algunos casos han quedado en el desamparo.
Ante estos lamentables hechos, es importante que el Comité Nacional de Emergencias sesione a la brevedad de forma extraordinaria, con la finalidad de determinar como zona de alto riesgo a las comunidades afectadas, además de emitir la declaratoria de emergencia y, en consecuencia, dar trámite a la declaratoria de clasificación de zona de alto riesgo por inundación al arroyo Topo Chico, así como elaborar el atlas de riesgo correspondiente e implemente las acciones necesarias para el revestimiento y ampliación del cauce del arroyo Topo Chico en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Derivado de lo anterior, el gobierno de Nuevo León necesita que se declare a la región afectada, como zona de desastre, con ello se busca tener acceso a los recursos del Fondo de Desastre para que la comunidad recupere el desajuste que sufre en su propia estructura social y que le impide el cumplimiento normal de sus propias actividades.
Estamos totalmente convencidos que estas acciones deben realizarse a la brevedad con el objetivo de aminorar las afectaciones en la vida y dinámica de la ciudadanía y apoyar de alguna forma a las personas que han sido afectadas.
Nuestro país se ha caracterizado por mostrar unidad ante situaciones adversas, hoy es tiempo que nos solidaricemos con Nuevo León y actuemos a la brevedad para atender estas afectaciones.
Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente acuerdo. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Guillermina Alvarado Moreno, de Morena.
La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Muy buenas tardes a todos. Compañeros, acudo ante ustedes a fin de poner a su consideración la proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito para que se realice la declaración de desastre natural y poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y sus reglas generales.
Esto, con el objetivo de atender la emergencia registrada en el área metropolitana de Monterrey y de ver sus municipios del estado de Nuevo León con motivo de las fuertes lluvias registradas desde ayer, 4 de septiembre.
Como es de su conocimiento, los pasados días nuestro estado y nuestros hermanos del norte han sufrido los estragos derivados de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Fernand, y es por ello que todas y todos los legisladores de Nuevo León, sin miras partidistas y preocupados por la seguridad de los neoloneses, nos unimos a fin de presentar este exhorto.
Sabemos que en este momento los neoloneses atraviesan en muchas zonas del estado daños a su patrimonio y a su salud. Ya son más de 72 horas con registro de lluvias severas, con afectaciones profundas en la zona citrícola de nuestro estado y en el área metropolitana de Monterrey.
Es por ello que las y los diputados de Nuevo León consideramos que de manera urgente se debe de realizar la declaratoria de desastre a fin de coadyuvar en conjunto con el gobierno del estado, y mitigar los estragos de estas lluvias.
Dichas lluvias provocaron severos daños en la infraestructura urbana y vialidades. Asimismo, los daños que pudieron haber sufrido en la agricultura y ganadería en el estado de Nuevo León, pero también en los estados hermanos de Tamaulipas y Coahuila.
Agradecemos desde aquí la labor de todas las autoridades que están ayudando a nuestros paisanos, las dependencias de protección civil, de salud, de desarrollo social, del Ejército y de la Marina.
Desde aquí les envío a todas y a todos los ciudadanos de mi querido estado un fuerte abrazo solidario, y seguros de que sus diputados estamos ocupados en esta lamentable problemática, la cual desde hace muchos años se ha venido presentando.
También hacemos un llamado a toda la ciudadanía a fin de que generen conciencia y cuiden el medio ambiente. Este es un tema muy importante. Muchas de las inundaciones son generadas por la saturación de residuos y basura en los drenajes. Como lo he dicho siempre, esto es un trabajo de todos, de la ciudadanía y del gobierno.
Por otro lado, los convocamos a seguir las recomendaciones de seguridad y protección civil. La prevención es muy importante y debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias también.
Debemos permanecer en zonas seguras y libres de riesgo. Eviten, por favor, cruzar arroyos, ríos, canales y zonas con flujo de abundante agua. Y les reitero a todos mis amigos de Nuevo León, desde Anahuaca y Mier y Noriega y el área metropolitana de Monterrey, que no están solos.
Sin más agradezco el apoyo de todos nuestros coordinadores parlamentarios y todos ustedes nuestros compañeros, y los convocamos a favor del presente acuerdo porque queremos lo mejor para Nuevo León y para México. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra, para rectificación de hechos, la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, de Morena.
La diputada Melba Nelia Farías Zambrano (desde la curul): Gracias, señora presidenta, es desde mi curul. Es nada más para unirme de nueva cuenta a mis compañeros diputados sobre la problemática tan fuerte que está pasando en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sobre los daños causados por Fernand.
Ahorita mismo me están comunicando algo muy drástico: que el puente de Candela, Coahuila, fue derrumbado totalmente por el agua, donde Candela, Coahuila queda totalmente incomunicado. No hay paso para Nuevo León, no hay paso para Tamaulipas, no hay paso para Monclova.
Por lo tanto, estoy pidiendo de la manera más atenta que de inmediata y pronta resolución se bajen los recursos del Fonden para estos municipios, de igual manera para Nuevo León, para Coahuila y para Tamaulipas.
Es de lo más relevante aclarar esto: que el Fonden necesita bajar de urgente esos recursos para esto que está pasando. No podemos permitir que nuestros conciudadanos de Candela estén incomunicados. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado, comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continuamos con otra ronda iniciativas mientras llega el acuerdo que estamos esperando. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Gracias, con su venia diputada presidenta. Honorable asamblea, no hay un solo país cuyo gobierno no tenga algún elemento de planeación, más un país inmerso en la democracia participativa requiere contar con la misma.
Simplemente por la utilización de los recursos públicos es necesario un proceso de planificación del gasto y que además incluya también una medición, una evaluación y una rendición de cuentas del destino de dichos recursos.
México no es la excepción, pero por la forma de operar el proceso de planeación y por sus resultados concretos en materia de desarrollo, en este sentido se ha establecido que será responsabilidad del Ejecutivo federal para conducir la planeación nacional de acuerdo al plan de gobierno propuesto y enmarcado en la Ley de Planeación.
Para la formulación el presidente de la República debe diseñar el plan y luego emitir al Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en las diversas ocasiones previstas por la Ley de Planeación y, en consecuencia, el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, la revisión y adecuación del propio plan.
La ley establece un plazo máximo de seis meses para la elaboración, aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo desde que asume la Presidencia. Si bien el plan considera una temporalidad acorde a la duración de cada gobierno, en el año del 2015 se adicionó al artículo 21 de la Ley de Planeación considerar una visión a largo plazo de la política nacional de fomento económico con el fin de impulsar elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento económico, sostenido y sustentable.
Mediante un proceso de planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades: se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados, y por supuesto que la transformación de la realidad tiene que ver con el hecho de hacer que México sea un mejor lugar para vivir, en donde nuestras condiciones de vida mejoren y para ello desde luego se tendrá que echar mano de un sistema de planeación democrática.
En el sistema de planeación democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a los que se refiere la Ley de Planeación.
En este capítulo cuarto, concerniente al Plan y programas, el artículo 21 señala lo siguiente: El presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente a su toma de posesión.
La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, deberá tener consideraciones y proyecciones por lo menos de 20 años, para lo cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que en su caso establezca conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable de nuestro país. Contendrá versiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.
Sus provisiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen en esta y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Todos los elementos que hasta aquí he señalado permiten afirmar que sin una Ley de Planeación explícita y detallada no sería posible contar con los procesos de desarrollo y de transformación ordenados, de ahí su relevancia que además de que nos permite evaluar la actuación, la aplicación y los resultados obtenidos por una administración en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Planeación, porque así se considere que la aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consistirá en verificar que dicho instrumento incluya los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además de los contenidos establecidos en el artículo 21 Ter, y en caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquella para su aprobación, en un plazo máximo de 30 días. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Martha Elena García Gómez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 130 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Martha Elena García Gómez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Martha Elena García Gómez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 130 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de dar un paso adelante para convertir a la Secretaría Ejecutiva Federal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en una estancia consolidada y fortalecida y, por ende, propiciar que las correspondientes de orden local adquieran un carácter similar.
En el transcurso del proceso legislativo en el que tuve el privilegio de participar, cuyo resultado fue la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que dio paso a la creación y adecuación de políticas, programas, acciones e instituciones, un punto sustantivo fue el considerar contar con una Secretaría Ejecutiva que diese operatividad al Sistema Nacional de Protección Integral.
En su momento las comisiones dictaminadoras coincidieron al señalar que dicho mecanismo tuviese carácter de desconcentrado, quedando jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación.
Posteriormente, el 9 de marzo de 2018, se habría de modificar dicha calidad y adscripción mediante el acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior alegando que corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, a través de sus unidades administrativas, participar en el respeto y difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, quedando la Secretaría Ejecutiva adscrita a esta, reduciéndola a una mera unidad administrativa y ya no directamente del secretario de Gobernación.
Tal decisión fue inmediatamente puesta en tela de juicio, puesto que contrariaba a lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley General de la Niñez, situación que tuvo repercusiones en el ámbito de los organismos de derechos humanos, quienes hicieron eco de tal preocupación.
No obstante, frente al reto que significa la atención de la niñez y de la adolescencia, tanto en términos numéricos como de la magnitud de los problemas que le aquejan, resulta pertinente considerar si podemos seguir contando como órgano desconcentrado sujeto a una dependencia que tiene a su cargo tareas y fines muy particulares que distraen de estas materias.
Por lo anterior se busca como objetivo el que la Secretaría Ejecutiva se constituya un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, así como con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, a cuya cabeza figure la persona nombrada por el presidente de la República, sin que una dependencia interfiera o medie en su organización y marcha.
Mi compromiso siempre ha sido el fortalecimiento de las instituciones desde la Ley General de la Niñez. He sido insistente en que se requiere poner el tema de la niñez y adolescencia en los más altos estándares de la agenda pública y disponer de todos los elementos técnicos, humanos y presupuestales posibles para lograr esa finalidad.
Hoy alzo la voz una vez más para solicitarles, compañeros diputados, que apoyen esta propuesta que busca fortalecer a las instancias encargadas de la protección y garantía de los derechos de la niñez.
Seré insistente en que debemos de velar por el interés superior de la niñez en todas las actuaciones. Agradezco su atención y solicito a la presidenta de la Mesa, que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Así será, diputada, que se integre íntegro el texto al Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Ximena Puente de la Mora: Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ximena Puente de la Mora: Honorable pleno, la salud es un derecho humano fundamental, garantizado por el artículo 4o. constitucional, al establecer puntualmente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, señala claramente: “Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y al servicio para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”.
Los estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de estos servicios sanitarios, un derecho que debe atender, primordialmente, a las niñas, niños y adolescentes a quienes debemos garantizar el acceso a la salud en igualdad de oportunidades y de trato.
Hacemos un llamado solidario hacia una toma de conciencia de lo que significa el cáncer infantil para lograr impactar en una sociedad que vincule y apoye con profunda trascendencia el desarrollo de una cultura en defensa de los derechos humanos de nuestras niñas y niños.
En este sentido, es indispensable que el gobierno cuente con políticas públicas que permitan la prevención y la atención de la salud para que se garantice el interés superior de la niñez, especialmente en los casos relacionados con cáncer infantil.
La información estadística es una valiosa herramienta para visibilizar la problemática que representa esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud señala que cada año se diagnostica cáncer aproximadamente a 300 mil niños entre 0 y 19 años.
En México, cada r horas muere un niño por cáncer y se estima que anualmente se registran más de 5 mil nuevos casos.
El cáncer es la segunda causa de mortalidad en el país, según cifras de la propia Secretaría de Salud.
Las niñas y los niños son el presente de México. Refrendemos nuestro compromiso por generar herramientas necesarias que permitan su desarrollo integral y atender, como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF, el disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades, como lo es el cáncer infantil y llegar a darles oportunidad de tener una vida plena y saludable.
La iniciativa que hoy se presenta propone una modificación a la fracción X del artículo 50 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que las autoridades federales, las entidades federativas y municipales, y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas consecuencias atiendan de manera prioritaria el cáncer infantil.
Proponemos que la atencion prioritaria del cáncer infantil se convierta en uno de los temas de la agenda de salud pública del Estado mexicano y nos convoque a trabajar conjuntamente para garantizar el interés superior de la niñez y su derecho a la salud.
En el marco del mes de la sensibilización del cáncer infantil, reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, convoco a las y los integrantes de esta LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, a sumar esfuerzos en esta noble causa para impulsar políticas públicas en favor de las y los niños en México.
Garanticemos con esas acciones el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, para que cada niña y niño en nuestro país que padezca esta enfermedad tenga el acceso a la salud pública, con acciones concretas emprendidas por el Estado mexicano.
Compañeras y compañeros legisladores: “Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños pueden. Ahora es el momento, su nombre es hoy”. Gabriela Mistral.
No perdamos esta gran oportunidad de legislar en favor de la niñez. El cáncer infantil en México nos obliga a comprometernos de manera completa, pero también solidaria, para garantizar de forma plena y prioritaria el derecho a la salud de nuestras niñas y nuestros niños. por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Compañeras y compañeros legisladores, sabemos que la Fiscalía General de la República y las fiscalías del fuero común de la República Mexicana tienen problemas para ejecutar órdenes de aprehensión de los delincuentes que salen corriendo a tierras extranjeras y se van burlándose de nuestras autoridades, pero sobre todo burlándose del pueblo de México.
En los últimos años todos hemos visto a ex servidores públicos disfrutando la vida con el dinero de la gente. Fotos van y fotos vienen, pero nadie hace nada. Y lo peor, es que en México tenemos muchos casos, por ejemplo, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que cobraba de 50 mil a 1 millón de pesos por una cita de negocios. Sí, el muy canalla haciendo negocios con la empresa de México.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua y que recientemente se publicó una foto que estaba en un bar de los Estados Unidos, brindando por su pacto, brindando con dinero ajeno. Ya es costumbre robar y pelarse. Ya se volvió costumbre, que nos vean la cara. Ya es costumbre que sigamos manteniendo un pacto de impunidad. Nadie puede estar por encima de la ley.
A estos grandes personajes se les suman líderes huachicoleros, tratantes de blancas, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco. Al parecer México tiene el primer lugar en la exportación de delincuentes.
Actualmente existe un acuerdo de colaboración que celebra la Fiscalía General de la República, Procuraduría de Justicia Militar y las fiscalías entre entidades federativas. Esta disposición es facultativa, pero casi no se usa, lo hacen con dilación o solo cuando existe presión por parte de las víctimas o se ha convertido en un hecho mediático cuando el delincuente debe ser perseguido con todo el peso de la ley.
Compañeras y compañeros legisladores, urge legislar para que las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia en México, no tengan expedientes archivados, pues el clamor ciudadano es que no haya impunidad, que no haya pacto y que sí haya justicia.
Por lo expuesto, propongo se adicione un segundo párrafo al artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el Ministerio Público tenga la obligación de elaborar una ficha roja, sin demora, para localizar a los delincuentes que huyen de la justicia.
Reitero, es su obligación y debe ser obligación, un deber con el pueblo que el Ministerio Público solicite a la Interpol girar la ficha roja. Esta obligación sanará varios vicios que existen entre las corporaciones policiacas encargadas de impartir justicia que en ocasiones lucran con las órdenes de aprehensión y avisan a los delincuentes para que se fuguen del país.
Se debe advertir que la notificación roja es útil a nivel nacional e internacional. Basta decir que en el 2018 se emitieron más de 13 mil notificaciones rojas a nivel internacional, entre ellas las de los mexicanos que he mencionado. De ahí la utilidad que tiene la policía internacional en materia de búsqueda, localización y aprehensión de personas que huyen de la justicia.
Para concluir, en el PES nos pronunciamos para que no impere la impunidad. No queremos que los delincuentes sigan burlándose de la gente ni que las instituciones se sigan pervirtiendo. Porque otro México sí es posible, hagámoslo nosotros. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muerte digna. No está en el salón de sesiones. Continúa entonces la diputada Adriana Gabriela Media Ortiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 22, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Compañeras y compañeros diputados. Mucho nos ha costado empezar a entender que la mejor arma contra las organizaciones delictivas no tiene pólvora y que el mejor mecanismo para combatir la corrupción no está en aumentar penas que nunca de aplicarán.
El más eficiente mecanismo para arrebatarle el control de nuestra vida pública a la corrupción y a la delincuencia es la inteligencia, la inteligencia financiera.
Nuestro sofisticado sistema anticorrupción, por ejemplo, resulta inútil si no tenemos un desarrollo pleno en nuestras instancias de inteligencia financiera, y resulta contraproducente a la nación si se ha desarrollado, pero se encuentra al servicio de un individuo o un grupo de interés.
En nuestra historia reciente como consecuencia de la evolución de las instituciones mexicanas en materia del combate al lavado de dinero y en atención a las mejores prácticas internacionales derivadas de los trabajos y recomendaciones en el marco del grupo de acción financiera internacional, nuestro país creó la Unidad de Inteligencia Financiera en el año del 2004.
Con ello inició la posibilidad de abrir una nueva etapa en el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la corrupción al interior de nuestro país. Pero su diseño institucional supeditado estructuralmente al capricho de la fuerza política dominante, lo hizo inoperante hasta noviembre del año pasado.
En este contexto institucional, a pesar de que nuestra Unidad de Inteligencia Financiera desde hace años tenía acceso a fuentes de información que le permiten cumplir los estándares internacionales de combate al lavado de dinero, históricamente ha actuado con ineficacia, negligencia o insuficiencia para atender la delicada labor que se le ha encomendado.
Ello ha arrojado resultados históricos casi imperceptibles tanto en el combate a la delincuencia organizada como en materia de combate a la corrupción, hasta que llegó un servidor público que ha empezado a poner a funcionar esta institución.
Antes de la actual administración de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de ser un organismo con facultades y acceso a información reservada de carácter estratégico generada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le había sido imposible mostrar sus posibilidades en la judicialización de casos de corrupción, delincuencia organizada y terrorismo.
No obstante su deficiente desempeño histórico desde el primero de diciembre del 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera ha mostrado parte del potencial que puede desarrollar en la materia, como un mecanismo de saneamiento de la vida pública del país.
Lo anterior a partir de hacer públicos algunos datos de las investigaciones e impulsar las acciones del Ministerio Público de la federación. Entre estas últimas, se pueden referir los casos contra posibles hechos de corrupción que en administraciones pasadas afectaron profundamente el gasto público, dañando tal vez irremediablemente, a generaciones de mexicanas y mexicanos.
A pesar de los evidentes esfuerzos de la actual conducción de Unidad de Inteligencia Financiera, el marco jurídico vigente aún conserva condiciones para que ante un eventual cambio de gobierno o de perspectiva sobre la utilidad de la inteligencia financiera en el combate a la delincuencia y la corrupción, las limitaciones estructurales del sistema político mexicano puedan volverse a activar, sometiendo las actuación de esta a los humores políticos de su superior jerárquico, que es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de los apetitos coyunturales del titular del Ejecutivo federal.
Ello implica un riesgo permanente de que los esfuerzos actuales se desvíen o se interrumpan y regresemos al esquema administrativo de subutilización de la información de inteligencia financiera que se le dio a esta instancia en el pasado.
En este sentido, entre las 40 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha emitido, destaca la necesidad de que las instancias que funjan como Unidad De Inteligencia Financiera o Centros Nacionales de Recepción y Análisis, sean independientes y autónomos para poder ejercer sus funciones con libertad.
Lo anterior indica que aún hay algunos aspectos claves para mejorar, desligar la generación y administración de información de inteligencia financiera de estos intereses particulares, posiblemente vinculados a la corrupción gubernamental y el poder político que la habían domado desde su nacimiento en el 2004.
En consecuencia, la propuesta que cinco integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano traemos ante esta soberanía consiste en crear un nuevo organismo de inteligencia financiera denominado Centro Nacional de Inteligencia Financiera que sustituya a la Unidad de Inteligencia Financiera pero aproveche al máximo la experiencia que tenga esta institución y que tenga como base presupuestal y estructural a la misma Unidad de Inteligencia Financiera, pero proyectando al nuevo centro como organismo público autónomo responsable de elaborar e implementar políticas, programas, mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas que actualicen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional e internacional, así como su financiamiento.
Adicionalmente la presente iniciativa considera mecanismos de nombramiento y sustitución del titular que involucran al Sistema Nacional Anticorrupción, el Senado de la República y el Ejecutivo federal; propone alternativas para la transición presupuestal, y aumenta las atribuciones de lo que hoy tiene la Unidad de Inteligencia Financiera.
Compañeras y compañeros, con el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de la República hemos construido un Ferrari, pero sin la autonomía para el órgano de la inteligencia financiera, es un Ferrari sin batería. Hoy venimos a invitarlos a que demos el siguiente paso y pongamos esa batería que le hace falta a ese Ferrari, pues sin ella, sin la autonomía no nos sirve de nada. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Mónica Almeida López: Con su venia. Compañeros diputados, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los primeros siete meses del año el gobierno federal ha mantenido cerrada la llave del gasto, al reportar un subejercicio de 197 mil 800.9 millones de pesos en diversos programas y en detrimento de los derechos humanos de muchos mexicanos.
Por lo anterior presento la siguiente iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo objetivo principal es regular los subejercicios y definir las sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con el correcto ejercicio programático y los genere de manera injustificada.
Tiene como objetivos específicos establecer como margen el 10 por ciento de acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios por ente ejecutante. También equiparar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades a quien incumpla con los objetivos de los planes y programas, insisto, de manera injustificada, con sanciones que van de los 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.
Establecer asimismo, que los recursos generados por subejercicios se reasignen en prioridad a programas e inversión e infraestructura en rubros de salud, educación, ciencia y tecnología, energías renovables y economía, que expresamente la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.
Con lo anterior, de ser aprobada esta iniciativa, estaremos coadyuvando a resolver la problemática que hoy enfrenta la Auditoría Superior de la Federación, pues se encuentra mermada legalmente para poder hacer más exhaustiva y coercitiva la aplicación del gasto público de manera oportuna y eficiente.
Actualmente ya existen resquicios legales que permiten al Ejecutivo federal contar con gastos discrecionales, como es el caso de los subejercicios, y si bien, compañeros diputados, la legislación actual señala que los subejercicios que no se subsanen en un plazo de 90 días se reasignarán a programas sociales y de inversión en infraestructura, pues cosa curiosa, compañeros diputados, pues con esto al mismo tiempo se está otorgando al Ejecutivo la oportunidad de recortar los recursos a diversos sectores, con la finalidad de que estos excedentes o ahorros se puedan aplicar de manera discrecional en los proyectos y programas de su mayor interés.
Que, si bien pueden ser bien intencionados, en estos no media a un proceso participativo y transparente, que garantice a los mexicanos que estas estrategias son correctas y consensadas democráticamente para el desarrollo económico y social de largo alcance.
Ustedes conocen, a los siete meses de gestión de este año, existen casos críticos en los cuales diversas dependencias han rebasado desde un 30 y hasta un 100 por ciento de subejercicio.
Enlistaré algunos. El Programa de Inclusión Social, solo ha ejercido el 2.6 por ciento; Vacunación, solo ha gastado el 6.7; para las Personas con VIH Sida y Otras Enfermedades Sexuales, solo se ha gastado el 8 por ciento; para las Personas con Discapacidad, ellas solo han recibido el 20 por ciento del total del gasto asignado; para Prevención y Control contra las Adicciones, apenas se ha ejercido el 29.7; para el Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, hay un 100 por ciento de subejercicio.
Qué decir de todos los programas sujetos a reglas de operación, en el que solo se ha gastado el 13.1 por ciento.
No hay justificación alguna de que los recursos no sean ejercidos para atender las problemáticas de las personas que más lo necesitan y no podemos esperar a que estos sean reasignados al final del año.
Se ha reestablecido con esta propuesta la regulación de los subejercicios, las sanciones a quien no cumpla con lo programado y, por supuesto, a que se otorgue la oportunidad de designar de manera consensada las prioridades para el desarrollo de México y, por supuesto, en favor de todos los derechos de los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Tiene la palabra la diputada Ana Laura Bernal Camarena, ¿ya se encuentra? Creo que no. Tiene la palabra la diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación. No está en su lugar, ¿estará? El que sigue.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Ana Paola López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto... ¿Se encuentra la diputada? Sí. Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Ana Paola López Birlain: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ana Paola López Birlain: Hoy vengo a presentarles una iniciativa para que los padres puedan tener una alternativa para brindarles salud y calidad de vida a sus hijos desde el embarazo.
Una de las principales obligaciones de un Estado democrático es proporcionar el más alto nivel de salud a la población sin distingo alguno. En este sentido, el concepto de salud pública cobra especial relevancia si se define como un elemento que contribuye con el bienestar social e impacta de manera positiva la calidad de vida de todas las familias mexicanas.
Esta obligación debe de materializarse a través de normas que permitan hacer eficiente el acceso a la salud para todas sin importar la edad. Cabe resaltar que hoy en día existen avances importantes en la medicina que permiten atender de manera temprana posibles malformaciones, graves o leves, que pueden y deben ser detectadas en el embarazo. Esto cobra especial relevancia si consideramos que aproximadamente entre 2.5 y 5 por ciento de todos los recién nacidos tienen por lo menos una malformación anatómica.
Según cifras del Inegi, 25.4 de las muertes infantiles ocurren por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, de las cuales 16.5 corresponden a infantes entre 1 y 4 años y 6.6 corresponden a niñas y niños entre 5 y 14 años.
Datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que las anomalías congénitas afectan a uno de cada 3, teniendo como resultado 3.2 millones anuales de niñas y niños con discapacidades relacionadas con defectos de nacimiento.
Por su parte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico establece que México, en el año 2015, tenía el segundo lugar de la OCDE, con un total de 9 mil 246 fallecimientos por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.
Estos y otros datos relevan que las anomalías congénitas son causas importantes de mortalidad infantil, enfermedad crónica y discapacidad que sin atención temprana representan ciertas limitaciones irreparables en el desarrollo de quienes la padecen.
Y también significan complicaciones económicas y emocionales para las personas y familiares que están a su alrededor, ya que lamentablemente en algunos casos no podrán alcanzar la autonomía personal, lo cual representa diversos retos para ellos y sus familiares a lo largo de su vida.
Sin embargo, existen alternativas para combatir de manera eficaz algunas causas de mortalidad infantil. Y una de ellas es a través del tratamiento prenatal, el cual puede estar dirigido a atender las malformaciones que causan discapacidad y condicionan la calidad de vida.
El objeto del tratamiento prenatal es ampliar las oportunidades de vida de los niños y niñas y procurarles un desarrollo sano, mientras se garantiza el bienestar social y económico de ellos y de sus familias.
La atención prenatal determina el desarrollo del deber durante la gestación y después del nacimiento, pero también se deben atender las condiciones de los padres antes y durante el embarazo.
Por esta razón, es importante que las instituciones de salud y los médicos estén preparados con conocimientos profesionales y técnicos eficaces para atender los embarazos, manteniéndose en capacitación y aprendizaje permanente para innovar los métodos que utilizan y así garantizar el mejor nivel de salud para sus pacientes.
El diagnóstico temprano de malformaciones y su intervención es esencial en el apoyo y colaboración de especialidades médicas para atender cada caso en particular.
Es por ello que con el objeto de privilegiar ante todo el derecho a la vida, que esta iniciativa que hoy tengo el privilegio de presentar, pretende abrir una ventana y dar una oportunidad a los padres y a las madres que así lo deseen, de encontrar alternativas médicas que les permitan brindar un mejor futuro a sus hijos y a sus familias.
Si entendemos que la familia es el núcleo de toda sociedad, entenderemos también que lo que suceda en su interior repercutirá de modo directo en la sociedad.
El Estado debe de garantizar los mecanismos básicos para la supervivencia, el crecimiento y el mejor desarrollo de las niñas y niños a través de las instituciones de salud.
Que una enfermedad no sea motivo para terminar con la vida de un inocente. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte digna.
La diputada Ana Laura Bernal Camarena: Con el permiso de la presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ana Laura Bernal Camarena: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En esta máxima tribuna vengo a proponer la reforma a diversos artículos de la Ley General de Salud, que permitirá la utilización de cuidados paliativos multidisciplinarios en materia de muerte digna.
Desde el año 2008 se encuentra vigente en la Ciudad de México la Ley de Voluntad Anticipada, que regula cuestiones relativas a cuidados paliativos, la que resulta efectiva y continúa aplicándose sin contratiempos, ya que vivir dignamente también implica morir. Es una autodeterminación personal que debe ser respetada legal y socialmente.
Los cuidados paliativos consisten en ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor. Estos previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos con los cuidados paliativos.
También se tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfardad plantea. Cuando las personas se sienten mejor en estas áreas tienen una mejor calidad de vida.
Existe una interrogante social ante las decisiones personales de terminación de la vida. Cuando se es enfermo terminal es totalmente comprensible que existan dudas o planteamientos ideológicos. Sin embargo, prevalece un dolor, una decisión que se debe respetar, que es la del enfermo terminal.
Las enfermedades ya las conocemos, que son: cáncer, cardiovasculares, diabetes, esclerosis, Sida, por mencionar algunas. Los elementos primordiales son presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.
Falta de posibilidades razonables, de respuesta al tratamiento específico. Presencia de síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes.
Gran impacto emocional en pacientes, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte. Pronosticó de vida limitado.
Existe una urgencia, una urgencia que reclaman los profesionales de la salud para atender las necesidades de los enfermos terminales. Para ello, la muerte digna resulta ser un método efectivo por el que se instituye la ortotanasia, que es el permitir que la muerte ocurra cuando deba ocurrir.
Por lo tanto, los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad. Y, por lo tanto, el curso de la muerte.
Este es un vocablo nuevo de la tanatología y consiste en todas las medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos a quienes se pronostica la muerte. Se evita el encarnecimiento terapéutico al retirar todas las medidas desproporcionadas que nada benefician al enfermo.
Se continúa con las medidas proporcionadas que disminuyen o suprimen el dolor y otras molestias. Se procura que el paciente esté cómodo, movilizándolo, alimentándolo, realizando el aseo y las curaciones que sean necesarias. Se administran sedantes y analgésicos con la frecuencia y a la dosis que se requiera.
Pero lo más importante es la comunicación y el diálogo con sus familias, amigos, con su médico y, en su caso, con el ministro de su religión, quienes proporcionan apoyo psíquico, moral y espiritual. A diferencia de otros procedimientos que ayudan a morir, la ortotanasia ayuda en el morir.
La ortotanasia no enfrenta reparos éticos y utiliza cuidados paliativos, tiende a conocer y respetar el momento natural de la muerte de cada hombre y sus circunstancias concretas, sin querer adelantarlo para no incidir en la eutanasia reprobable, ni tampoco prolongar artificialmente la vida para caer en el extremo que es la distanasia. Conforme el artículo 1o. constitucional, todas las personas gozamos de los derechos humanos y conforme el artículo 4o, todos tenemos el derecho a protección de la salud.
Las estadísticas de disfunciones pueden variar entre cada año, pero los muertos por enfermedades terminales generalmente representan entre el 12 y el 14 por ciento del total de fallecimientos, lo que debe ser atendido por el sector salud, derivado de la reforma constitucional sobre la muerte digna y a manera de política pública con las adecuaciones a la Ley General de la Salud.
En consecuencia, se debe incorporar en la Ley General de Salud, el concepto de ortotanasia, agregar la dignidad y tratamiento multidisciplinario en beneficio de las pacientes terminales. También la autorización para aplicar la autotanasia y continuar prohibiendo la eutanasia.
Y por último, dar facultad para la venta y suministro al público de medicamentos que ayudan a otorgar los cuidados paliativos al paciente. La presente propuesta es consecuencia de la reforma constitucional en materia de muerte digna.
Y, por último, quiero recalcar que vivir bien también implica morir bien. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación.
La diputada Hilda Patricia Ortega Nájera: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Hilda Patricia Ortega Nájera: La última reforma constitucional en materia educativa fue producto de un arduo diálogo entre autoridades, legisladores, docentes, padres de familia, especialistas y demás involucrados en la educación pública, para dar un nuevo cauce al producto y a este proyecto educativo nacional impulsado por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
A partir de la entrada en vigor el decreto de reforma a los artículos 3o, 31 y 73 constitucionales, el pasado 16 de mayo el Congreso de la Unió quedó obligado a realizar modificaciones necesarias a la legislación secundaria en materia educativa en un plazo no mayor de 120 días.
Con ello la Ley General del Servicio Profesional Docente, promulgada en la pasada administración, quedó abrogada. En su lugar deberá expedirse la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras.
Esta nueva ley reconocerá al docente como agente de cambio con derecho a contar con un sistema permanente de actualización y formación continua, respetando en todo momento sus derechos adquiridos y quedando suspendida cualquier evaluación de carácter punitivo.
Para cumplir con este mandato constitucional, en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo diversas audiencias públicas para el análisis y discusión de los proyectos de leyes secundarias en el marco de un ejercicio democrático, incluyente y participativo para privilegiar el diálogo, escuchar todas las voces y atender las demandas legítimas de toda sociedad.
En dichas audiencias públicas numerosas voces manifestaron su preocupación e incertidumbre en relación a la figura de los docentes y de los asesores técnicos pedagógicos.
Los asesores técnicos pedagógicos constituyen el personal especializado en educación básica y media superior con la responsabilidad de promocionar y proporcionar a directores, docentes, técnicos docentes, asesores, apoyo, acompañamiento técnico en pedagogía.
Actualmente son más de seis 664 profesionales que realizan la función de asesoría técnica pedagógica a nivel nacional, se suma importancia en el proceso educativo. Los ATP, así como los docentes, fungen como agentes de cambio y mejoramiento en la actualidad en educación.
Por estas razones, el día de hoy ante esta honorable asamblea presento la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación con el objeto de mantener la figura en la legislación secundaria.
Lo anterior en pleno conocimiento de su labor que funciona bajo un esquema distinto al de un docente directivo o supervisor, y con la finalidad de que puedan observar su fuente de trabajo y sus derechos adquiridos, así como acceder a beneficios laborales y sociales, incluidos la promoción.
Los legisladores de Morena estamos comprometidos a cambiar el rumbo de nuestro país hacia uno con mayor calidad y equidad educativa en pleno respeto de los derechos laborales de todas y todos quienes conforman el sistema educativo nacional.
La labor de las y los docentes, en conjunto con el personal directivo de supervisión, de gestoría técnica pedagógica, así como las asociaciones de padres de familia en las escuelas, constituyen la parte medular del proceso educativo.
En este orden de ideas y en vista de que se encuentra en un proceso de discusión y dictaminación, la nueva legislación secundaria, solicitamos a la comisión dictaminadora que sea recuperada la esencia y el espíritu de la presente iniciativa para hacerla valer en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, atendiendo el objetivo de incluir la figura de los asesores técnicos y contemplar sus derechos adquiridos y la posibilidad de promoción.
En Morena estamos convencidos de la necesidad de valorar en todo momento la profunda vocación de servicio, la preparación y capacidad de entrega de las maestras y los maestros, así como de los asesores técnicos pedagógicos cuya participación es crucial para transformar la educación en México, y para darles a nuestras niñas, niños y jóvenes, la educación que merecemos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 238 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, presidenta. Esta iniciativa tiene que ver con violencia, tiene que ver con telecomunicaciones, y uno de los mayores obstáculos de las personas, pero en específico de las mujeres para desarrollarnos y autodeterminarnos libremente, es el uso generalizado, social, de estereotipos de género.
Y nada menos que hoy estamos rechazando tajantemente esas expresiones misóginas del subdelegado del ISSSTE, Mireles, en donde se demuestra no un buen ejemplo del servicio público, hemos firmado ya el documento para que esto tenga realmente una canalización y un efecto más que una disculpa.
Y es que también, al machismo, se le barre como a las escaleras, de arriba hacia abajo. El propósito de esta iniciativa es que se presente en los medios también, de acuerdo con los instrumentos internacionales y convenciones, a eliminar estos estereotipos tanto en la esfera pública como privada.
Las Naciones Unidas en sus diferentes áreas han expresado esta necesidad. De igual forma, la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW ha establecido la obligación de los estados de modificar los patrones socioculturales de conducta de las mujeres y hombres a fin de eliminar las funciones estereotipadas entre ellos.
La CEDAW ha señalado la creación, que esta creación de estereotipos en los medios de comunicación limita a la vida política de las mujeres a cuestiones en otras áreas como el medio ambiente, la infancia, la salud y las excluye de responsabilidades en materia también de finanzas, del control presupuestal, entre otros muchos temas.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, más conocida como Belém do Pará, es vinculante para el Estado mexicano y dispone que es un derecho humano de las mujeres vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento.
El gobierno mexicano en el marco de la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y El Caribe firmó el denominado Consenso de Quito, en el cual se establece también la adopción de políticas públicas, incluidas leyes cuando sea posible para erradicar contenidos sexistas estereotipados, discriminatorios y racistas en los medios de comunicación y estimular su función como promotores de relaciones y responsabilidades igualitarias entre hombres y mujeres.
A nivel nacional la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece claramente la obligación de la Federación de vigilar que estos medios de comunicación no promuevan las imágenes estereotipadas.
Sin embargo, al no establecerse la provisión directa de los medios de comunicación, la porción normativa a la cual hacemos referencia no ha sido eficaz en la práctica.
De especial preocupación es la publicidad dentro de los medios, toda vez que esta no hace distingo de horarios y tiende a mostrar a las mujeres como objetos sexuales a fin de buscar una mayor atención a su mercado.
La cosificación es una forma de violencia machista normalizada por los medios también de comunicación. Estos nos bombardean diariamente con miles de mensajes directos y subliminales.
El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la cual se prohibió la publicidad en donde se mostraran conductas que promovieran la desigualdad, pero solo cuando estuviera destinada a público infantil. Entonces es claro que hay una omisión y por eso es esta iniciativa, en la que se pretende complementar el marco normativo mexicano para prohibir de manera explícita la trasmisión de publicidad o propaganda en donde se utilicen o promuevan estereotipos de género, evitando todo tipo de interpretación que vulnere los derechos humanos.
Con ello estaríamos avanzando también como uno de los países en donde su legislación está marcando el rumbo, el camino de la no discriminación, y así los medios podrán contribuir en esta barrida, que también nos corresponde barrer al machismo de arriba hacia abajo y los medios nos ayudarán. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión de Radio y Televisión, para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Alejandra Pani Barragán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en la presente y anteriores legislaturas, las y los legisladores hemos realizado diversos esfuerzos a efecto de disminuir la tasa de mortalidad derivada de los distintos tipos de cáncer, esfuerzos encaminados a impulsar acciones preventivas para un diagnóstico oportuno y una atención temprana que evite consecuencias fatales.
A pesar de los avances de los esfuerzos institucionales, legislativos y de la sociedad civil, las cifras actuales no son alentadoras.
Debido a la alta prevalencia de mortalidad es necesario impulsar nuevas acciones que permitan combatir particularmente el cáncer de mama, cervicouterino y el de próstata. De ahí la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Desafortunadamente la relación entre el cáncer y la pobreza y la desigualdad es muy evidente en nuestro país. El cáncer no solo es un problema de salud, sino que también es un problema social que agrava la pobreza y agudiza las desigualdades.
Por ello, resulta importante realizar reformas legislativas, a efecto de impulsar y acompañar las políticas públicas necesarias, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Existe suficiente evidencia científica y estadística que determina la importancia de una detención oportuna, así como un tratamiento temprano y rápido para ganar la lucha contra el cáncer.
La vida de miles de mujeres y hombres depende de un diagnóstico temprano y de calidad. Por ello todas las acciones que se realicen resultan de fundamental importancia.
Bajo el anterior orden de ideas, es preciso señalar que las unidades médicas móviles constituyen una valiosa alternativa para incentivar la realización de estudios periódicos y obtener diagnósticos oportunos.
Las unidades móviles permiten llegar a una mayor población a lugares alejados y a zonas marginadas. Sin embargo, no se encuentran sujetas a una norma oficial mexicana y tampoco existe un mandato claro en la ley que asegure su cabal funcionamiento. Por lo tanto, el cumplimiento de su objetivo en ocasiones opera sin ningún registro, autorización o vigilancia de las autoridades sanitarias, adolecen de un protocolo, atención profesional y medidas de higiene que garanticen servicios de calidad en la salud.
No se cuenta, por ejemplo, de un control de donde los mastógrafos estén calibrados o cuál es el destino de los desechos reactivos y materiales médicos utilizados.
Hay que precisar que muchas de estas unidades son operadas por empresas particulares y no todas por instituciones de la salud pública. Esta falta de normatividad ha derivado, entre otros aspectos, diagnósticos erróneos, entrega de estudios ilegibles, información inadecuada e inoportuna, ausencia de personal calificado y con la sensibilización necesaria para abordar los padecimientos de las mujeres y los hombres.
A pesar de que en el 2013 se estableció en el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios en atención médica, que las unidades móviles se sujetaran a las normas oficiales mexicanas correspondientes, dichas normas no han sido elaboradas.
Por lo tanto, es necesario elevar dicha disposición a mandato de ley, otorgando con ella certeza jurídica a las y los mexicanos, garantizando de manera efectiva su derecho a la salud y de servicios de calidad.
Es evidente la necesidad de modernizar el marco jurídico y adecuarlo para solucionar los problemas actuales, a efecto de evitar lagunas y omisiones que pongan en riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos.
Tenemos una valiosa oportunidad para corregir las omisiones y vacíos jurídicos, la cual no debemos de soslayar, de ahí que se propone establecer de manera, en la ley, la competencia de la Secretaría de Salud para regular, supervisar y elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a establecimientos de salud públicos, sociales o privados, fijos o móviles. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Pani. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
Diputadas y diputados, se solicita, a todos, su atención, vamos a abrir un receso para regresar aquí en punto de las seis de la tarde. Se abre...
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, diputado. Le pone el micrófono al diputado, por favor. ¿Con qué objetivo?
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (desde la curul): Diputada presidenta, solo para a través de su conducto pedirle a la diputada Alejandra Pani poderme suscribir a su iniciativa tan noble. Solamente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si por favor se registra como firmante, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (17:08 horas): Se decreta un receso para reanudar a las seis de la tarde hoy mismo.
(Receso)
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (19:06 horas): Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de los grupos parlamentarios que contiene la propuesta para la integración y elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, presidente.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Los suscritos, coordinadora y coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 19, 27, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes antecedentes:
Primera. Conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno. Se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo optar este último por no ejercer dicho derecho.
Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.
Segunda. El numeral 2 del artículo 17 del referido ordenamiento establece que la Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.
Para estos efectos, el numeral 7 del mismo artículo establece que para la elección de Mesa Directiva correspondiente al segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura, garantizando que la Presidencia recaiga en orden decreciente en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la haya ejercido.
Por su parte, el numeral 3 del citado artículo establece que la elección de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica.
Tercera. El numeral 4 del artículo 17 faculta a los grupos parlamentarios para proponer a los integrantes de la Mesa Directiva, quienes cuidarán, como lo establece el artículo 18 de la misma Ley Orgánica, que los candidatos postulados cuenten con trayectoria y comportamiento, así como que acrediten prudencia, tolerancia y respeto a la convivencia y la experiencia en la conducción de asambleas.
Cuarto. Que en sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2019, el pleno conoció la propuesta de los grupos parlamentarios relativa a la integración de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, misma que no alcanzó la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, por lo que en consecuencia se devolvió a la Junta de Coordinación Política.
Quinta. Que en sesión ordinaria celebrada el 4 de septiembre de 2019 el pleno conoció de la nueva propuesta de los grupos parlamentarios relativa a la integración de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, misma que no alcanzó la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, por lo que, en consecuencia, se devolvió a la Junta de Coordinación Política.
Sexta. Que en sesión ordinaria celebrada el 4 de septiembre de 2019 el pleno conoció por tercera ocasión de la propuesta de los grupos parlamentarios, relativa a la integración de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, la cual tampoco alcanzó la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes. Por lo que, en consecuencia, fue devuelta nuevamente a la Junta de Coordinación Política, a efecto de elaborar una nueva propuesta.
Séptima. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados continuamos con los esfuerzos de diálogo y construcción de acuerdos y entendimientos para adoptar las decisiones que constitucional y legalmente les corresponden.
En este caso, para la integración de la Mesa Directiva para el segundo año del ejercicio de la LXIV Legislatura y por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sometemos a la consideración del pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura quedará conformada en la prelación que establece por las siguientes diputadas y diputados:
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, PAN, presidenta. Diputada María de los Dolores Padierna Luna, Morena, vicepresidenta. Diputado Marco Antonio Adame Castillo, PAN, vicepresidente. Diputada Dulce María Sauri Riancho, PRI, vicepresidenta. Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Morena, secretaria. Lizbeth Mata Lozano, PAN, secretaria. Diputada Sara Rocha Medina, PRI, secretaria. Diputado Héctor René Cruz Aparicio, PES, secretario. Diputada Maribel Martínez Ruiz, Partido del Trabajo, secretaria. Diputada Julieta Macías Rábago, Movimiento Ciudadano, secretaria. Diputada Mónica Bautista Rodríguez, PRD, secretaria. Diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, Partido Verde Ecologista de México, secretario.
Segundo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro. Firman todos los coordinadores parlamentarios. Es cuanto, diputado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Varias diputadas y diputados, perdón, han manifestado su interés en participar.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Abrimos el tablero electrónico y se abren las interpelaciones, vamos a aprovechar el tiempo, economía procesal. Se abre el tablero electrónico y pídanme la palabra, con gusto la concedo. Ábrase el tablero, por cinco minutos.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.
(Votación)
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ahí voy, ahí voy, les doy la palabra. Ahora tenemos cinco minutos para expresiones, posiciones, esperanzas y hasta desahogos. Tiene la palabra la diputada Laura Rojas.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer un anuncio al pleno en atención a que he sido propuesta para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Quiero compartirles que, en caso de resultar electa, me desistiré de las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos en los que he participado; esto en cumplimiento a la obligación que tiene el presidente o la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de conducirse en todo momento con imparcialidad y con institucionalidad. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agradezco a la diputada su intención institucional. Solo quiero decirle que acabo de revisar las solicitudes de amparo, que son 21, y no hay ninguna interpuesta por usted, sino por otros actores. Muchas gracias.
La diputada Hildelisa González Morales (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya nadie, ahí alguien. Compañera, tiene usted el uso de la palabra.
La diputada Hildelisa González Morales (desde la curul): Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Exhorto de la manera más atenta y respetuosa a la fracción parlamentaria de Acción Nacional, a que haga un compromiso histórico de retirar esos 30 amparos que tiene en contra de las decisiones que mayoritariamente hemos hecho como legislatura.
Pido congruencia, pido respeto, pido el compromiso de que no continúen vituperando, insultando, ofendiendo a todas y cada uno de los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia.
Hay una posición, una actitud de respeto y de reconocimiento que debe de haber reciprocidad. Si la compañera Ana Laura quiere presidir esta Legislatura, que sea congruente. Que retire su fracción todos los amparos, todas las acciones legales que han emprendido. Se los pido verdaderamente con el corazón en la mano y con la representación que tenemos de los ciudadanos que nos permitieron llegar a esta curul.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, ahí marcó tiempo –pero era de su curul–, ya se agotó.
La diputada Hildelisa González Morales (desde la curul): Gracias.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Le tomamos el voto a la diputada Dulce María Sauri, ya que en su curul no funciona el sistema electrónico.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): Sauri Riancho, sí.
La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: ¿Hace falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (desde la curul): Abstención.
El diputado Armando Reyes Ledesma (desde la curul): A favor.
La diputada Margarita García García (desde la curul): A favor.
La diputada Anita Sánchez Castro (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se emitieron 349 votos a favor, 42 en contra y 37 abstenciones, alcanza la mayoría calificada.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado el acuerdo por 349 votos.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura que funcionará durante el segundo año de ejercicio, las siguientes diputadas y diputados:
Presidenta: diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Primera vicepresidenta: diputada María de los Dolores Padierna Luna
Segundo vicepresidente: diputado Marco Antonio Adame Castillo
Tercera vicepresidenta: diputada Dulce María Sauri Riancho
Primera secretaria: diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Segunda secretaria: diputada Lizbeth Mata Lozano
Tercera secretaria: diputada Sara Rocha Medina
Cuarto secretario: diputado Héctor René Cruz Aparicio
Quinta secretaria: diputada Maribel Martínez Ruiz
Sexta secretaria: diputada Julieta Macías Rábago
Séptima secretaria: diputada Mónica Bautista Rodríguez
Octavo secretario: diputado Jesús Carlos Vidal Peniche.
Se invita a las diputadas y diputados electos para integrar la Mesa Directiva, pasen a ocupar su lugar en el presídium.
(Diputadas y diputados ocupan sus lugares)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se pide a los presentes ponerse de pie.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, seguimos con el acto protocolario. Se registrarán las expresiones del diputado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación. Si así no lo hago, que la nación me lo demande.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se procederá a tomar protesta a los vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva. Se invita a todos los diputados y las diputadas a ponerse de pie.
¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación?
Las diputadas y los diputados María de los Dolores Padierna Luna, Marco Antonio Adame Castillo, Dulce María Sauri Riancho, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Lizbeth Mata Lozano, Ma. Sara Rocha Medina, Héctor René Cruz Aparicio, Maribel Martínez Ruiz, Julieta Macías Rábago, Mónica Bautista Rodríguez, Jesús Carlos Vidal Peniche: Sí, protesto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Compañeros y compañeras diputados, si me permiten, quiero ofrecer un muy breve mensaje antes de clausurar la sesión.
Agradezco a todos los grupos parlamentarios por su confianza, especialmente a los coordinadores, que han hecho un enorme esfuerzo por construir un acuerdo que nos ha permitido mantener la institucionalidad.
Como lo establece la ley, y es además mi convicción personal, la Presidencia de la Mesa Directiva expresa la unidad de la Cámara, es decir, representa al conjunto de las y los diputados, por lo que asumo este honroso compromiso con la voluntad de ejercerlo con el más alto sentido de institucionalidad, imparcialidad y respeto a la pluralidad política configurada por la voluntad del pueblo de México en esta Cámara de Diputados.
Mantendré un diálogo permanente y una actitud abierta, respetuosa y cercana hacia todos los grupos parlamentarios y hacia todos y cada uno de los miembros de esta asamblea.
En este momento de la historia de nuestro país es importante recordar el papel trascendental que tiene el Poder Legislativo como garante de la voluntad ciudadana, del equilibrio y de la colaboración entre Poderes en nuestro régimen democrático.
El Congreso representa a los y las mexicanas, es el lugar donde late el pulso democrático de nuestra nación y debemos preservarlo como un Parlamento vivo que dialoga, que debate, que acuerda, que es capaz de construir, todo ello en la búsqueda del interés general de las y los mexicanos. Ese es el mandato ciudadano que tenemos y debemos honrarlo.
Ahora si me permiten, quisiera dirigirme a mis compañeras diputadas. Compañeras, muchas batallas hemos librado para lograr, por primera vez en la historia de nuestro país, una legislatura en la que las mujeres y hombres estamos prácticamente a la par.
Somos la legislatura de la paridad y para nosotras es un alto honor y responsabilidad ser parte de ella. Espero y confío en que todas y cada una de ustedes acompañen a esta Presidencia y que sepan que seré una alidada para seguir avanzando en la agenda de igualdad de las niñas y de las mujeres de México.
Concluyo, concluyo, compañeras y compañeros, haciendo un llamado a la unidad de propósito, que debe ser un México democrático, próspero y en paz. Busquemos encontrarnos en las coincidencias más que en las diferencias, porque esta patria, en transe perpetuo de edificación, reclama de todos nosotros. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Honorable asamblea, el próximo 8 de septiembre el Ejecutivo federal hará llegar a esta Cámara el Paquete Fiscal 2020, tal como lo establece la ley, por lo que solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si se autoriza que se reciba y se turne de inmediato a las comisiones correspondientes para su dictamen y se informe al pleno en la próxima sesión.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el paquete fiscal 2020 se reciba y se turne a comisiones de inmediato y se informe de su recepción en la próxima sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se autoriza.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (19:34 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que se llevará a cabo el próximo martes 10 de septiembre de 2019, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas.
---o0o---