Entrega de un ejemplar en maya de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo
Comunicaciones
Declaratoria de reforma constitucional, en materia de juventud
Posicionamientos
Frida Alejandra Esparza Márquez, PRD
Ana Priscila González García, PMC
Mary Carmen Bernal Martínez, PT
María Alemán Muñoz Castillo, PRI
Karen Michel González Márquez, PAN
Alejandro Viedma Velázquez, Morena
Dictámenes a discusión
Declaratoria de publicidad y dispensa de trámites
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández
Votación en lo general y lo particular
Por el que se adiciona un artículo 254 Quáter al Código Penal Federal, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal, fundamentación
Felipe Rafael Arvizu de la Luz
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Señora presidenta, se tienen registrados 454 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (11:23 horas): Se abre la sesión semipresencial del miércoles 2 de diciembre de 2020.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a dar lectura a las medidas de prevención.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Medidas de prevención en caso de contingencia. Identificar las salidas y acceso a las rutas de evacuación. Seguir las indicaciones del personal brigadista, quienes señalarán las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.
Como medidas de control y prevención ante el contagio de Covid-19, se recomienda mantener la sana distancia, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de base de alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. No saludar de mano o beso en cara. Presentarse al Servicio Médico en caso de síntomas de fiebre, mayor a 38 grados.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el acuerdo aprobado para que esta soberanía tenga el honor de recibir un ejemplar traducido al maya de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se concede el uso de la palabra al ciudadano Simón Caamal Coh, presidente del Gran Consejo Maya, hasta por cinco minutos. Adelante, don Simón Caamal Coh.
El ciudadano Simón Caamal Coh: Buenos días a todos. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
El ciudadano Simón Caamal Coh: (Habla en maya, con algunas palabras en español) Diputado Luis Alegre Salazar... 317. Diputado federal Luis Alegre Salazar... Quintana Roo. Diputado Luis Alegre. Muchas gracias, presidenta. Cedo el uso de la palabra al general Gabino.
El ciudadano Gabino Cruz Yeh: Buenos días, presidenta. Con su permiso. (Habla en maya) Viva el pueblo maya. Viva Quintana Roo. Que viva México, que viva México. Que viva México. Gracias, presidenta.
El diputado Luis Javier Alegre Salazar: Con su permiso, compañeras diputadas y diputados. Ahora vamos a hacer entrega de la Constitución del Estado de Quintana Roo traducida a la lengua maya, que es un acto de hacer más pareja la justicia en nuestro estado. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Soy de Mérida, originaria de la península de Yucatán. La cultura maya forma parte de nuestra existencia cotidiana como una realidad presente y un pasado del que nos enorgullecemos. Razón mayor para recibir con gran emoción en nombre de la Cámara de Diputados, este ejemplar de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, traducido a la lengua maya y entregado por el presidente y el secretario de Gran Consejo Maya, Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh, con el apoyo solidario del diputado Luis Alegre Salazar.
Nuestra lengua originaria es la segunda con más hablantes después del náhuatl. El maya peninsular es hablado por casi 600 mil personas que viven en la zona geográfica continua que comprende los actuales estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Como pueblo, la nación maya resistió al invasor castellano con mucha mayor intensidad que otras comunidades del centro y norte de lo que hoy conocemos como México. La reducción en las encomiendas establecidas en la época colonial y la evangelización no fueron obstáculos suficientes para arrancar su visión del mundo, el tiempo cíclico como explicación y su idioma como factor de identidad.
El gran conflicto bélico que azotó la península, la denominada Guerra de Castas, hirió el territorio y enfrentó al pueblo, entre 1847 y 1901, cuando cayó el último reducto de la resistencia maya, Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Durante esos 54 años, miles de yucatecos peninsulares perdieron la vida por violencia, hambrunas, plagas y enfermedades. Otros tantos abandonaron sus pueblos y se remontaron a la selva para ponerse a salvo.
El progreso peninsular llegó en la forma de hilos y jarcias de henequén, cultivado y desfibrado en las haciendas, donde la mayoría trabajadora eran hombres y mujeres mayas. El idioma, el dulce idioma maya acompañó el dolor de aquellos años, se refugió en los hogares, en el seno de las familias cuando se hablaba puertas adentro de la casa.
Afuera, progreso significó abandonar la lengua materna, ocultarla, hablar castilla y encatrinarse, dejando atrás los atuendos tradicionales, incluso hubo periodo cercano en que, a los niños, especialmente a ellos más que a ellas, se les obligaba a no hablar maya para no llevar el estigma social de un idioma que se identificaba con la pobreza y la marginación.
Fue una etapa de franca amenaza de extinción cultural, porque al no reproducir y hablar el idioma por parte de los más jóvenes, se corrió el riesgo de volverlo, al maya, y a su cultura que representaba, solo parte de la vida de las personas mayores.
Lentamente, al paso de los años, se abrió el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos originarios de México. En este proceso, las lenguas han jugado un papel fundamental, pues son fuente y reproducción de identidad, surgió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que reconoció la pluralidad cultural y el derecho de los pueblos originarios a expresarse en público o en privado en su idioma materno.
Esta legislatura ha puesto su parte en el fortalecimiento de las lenguas originarias, nuestro segundo año legislativo estuvo acompañado de 45 intervenciones de mujeres y hombres, representativos de distintos pueblos indígenas, quienes abordaron esta misma tribuna para comunicar en su lengua su mensaje de reclamos y esperanza.
Ellas y ellos nos comprometieron a trazar la reforma constitucional que recientemente fue aprobada en esta Cámara para declarar a las 68 lenguas originarias como lenguas oficiales de México, al igual que el español.
Sabemos que estos esfuerzos no son suficientes para abatir el rezago y la marginación que por un largo tiempo han aceptado las comunidades y a los pueblos indígenas, pero también tenemos la profunda convicción de que el idioma, la lengua refuerza los lazos de la cultura y la pluralidad que caracterizan a la sociedad mexicana del siglo XXI.
Bienvenida sea la Constitución del estado más joven de la federación mexicana, Quintana Roo, traducida al idioma de su pueblo originario, el pueblo maya. Reconocemos la iniciativa y el esfuerzo de quienes han hecho posible esta realidad que, desde hoy, forma parte del acervo bibliográfico de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 96 del Reglamento, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta. Agradecemos cumplidamente al presidente y al secretario del Gran Consejo Maya, Simón Caamal Coh y el general Gabino Cruz Yeh su presencia en esta importante ceremonia. Y les invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando ustedes consideren necesario hacerlo. Gracias por su presencia. Gracias por su esfuerzo para dejar constancia que el idioma maya es una lengua viva en el México de hoy.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibió de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández solicitud para retirar iniciativa que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: El Instituto Federal de Telecomunicaciones remite el informe de actividades correspondientes al tercer trimestre del año 2020. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio y Televisión para su conocimiento.
Honorable asamblea, esta Presidencia recibió de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, la opinión al Proyecto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, elaborada por el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 25 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se da por enterado y se remite al Ejecutivo Federal. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibió del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A continuación, procederemos a realizar la declaratoria de reforma constitucional en materia de juventud. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las Legislaturas de los estados.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Señora presidenta, en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud, esta Secretaría da fe de la recepción y cómputo de 24 votos aprobatorios, correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a los presentes ponerse de pie.
(Los presentes se ponen de pie)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud”. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales. Pueden ocupar sus lugares.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para hablar sobre el tema se concederá el uso de la palabra a los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Erika Mariana Rosas Uribe.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Con la venia de la Presidencia. México es un país de jóvenes y no lo digo solamente desde un punto de vista poblacional, México es un país de jóvenes porque son precisamente ellos quienes empujan los verdaderos cambios sociales.
Por años, quienes ocuparon el poder, nos quisieron vender la idea de que a los jóvenes no les interesaba la política, que no contaban con la suficiente capacidad para tomar decisiones o que su inexperiencia en la vida los obligaba a mantenerse al margen de las decisiones importantes.
Esto no podría estar nada más lejos de la realidad, la juventud mexicana ha demostrado, con creces, que su voz es fuerte y clara, cuando de defender las causas justas se trata. La fuerza y energía que los caracteriza los ha hecho pasar a la historia como un sector que, si no encuentran su espacio para hacerse notar, lo crean.
Con la aprobación de esta reforma constitucional, el Estado mexicano está por fin otorgándoles el lugar que merecen. La modificación del texto constitucional por más sencillo que parezca es un gran paso y su alcance es tan amplio, ya que no solo es la antesala para un futuro poder expedir una Ley General en Materia de Personas Jóvenes, sino que reconoce el papel de la juventud en el desarrollo de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno.
Recordemos que es en la etapa de la juventud en la que los seres humanos tomamos las decisiones más importantes que impactarán en gran parte de nuestra vida. Como, por ejemplo, la elección de la profesión a la que nos dedicaremos o la pareja sentimental con la cual construir un proyecto personal.
Gracias a la aprobación de este dictamen garantizaremos que nunca más el Estado decida sin tomar en cuenta nuestras opiniones, deseos y necesidades. La juventud se mueve a pasos acelerados y nos exige la sociedad que avancemos a su ritmo.
Como legisladores debemos ser congruentes con lo que se nos pide, pues al final lo que decidimos aquí debe ser un reflejo de lo que ocurre en las calles.
Celebro que sea esta la primera vez que el Congreso Mexicano lleva a cabo acciones para reconocer la importancia de la juventud. De esta forma, sus derechos humanos y de diversidad sexual, no debemos olvidar que existen problemáticas en las que la participación de la juventud para el diseño de políticas públicas, es fundamental.
Por ejemplo, México cuenta con el deshonroso primer lugar en embarazos adolescentes, e implementar programas de prevención sin tomar en cuenta qué sienten, qué vive o qué tiene un adolescente, es ejecutar un programa a ciegas.
Desarrollar políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien la inclusión de las y los jóvenes en el ámbito político, social, económico y cultural, se verá reflejado en la construcción del país de oportunidades del que tanto hablamos.
Las condiciones en las cuales las y los jóvenes ven el panorama de seguridad social, salud, bienestar, por mencionar algunos, son factores que deberán ser atendidos por ellos y para ellos mediante una atención integral del Estado a la juventud que parte de la aprobación de esta reforma constitucional, damos otro paso para cerrar la brecha de desigualdad, procurando un país productivo con la participación de las y los jóvenes y acercarnos con ello a tener un mejor México. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rosas Uribe.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, presidenta, con su permiso. El pasado mes de octubre en este mismo recinto dimos un paso histórico hacia la protección y la garantía plena de los derechos de las juventudes en México.
Por unanimidad aprobamos diversas reformas a los artículos 4o. y 73 de nuestra Constitución Política, visibilizando por primera vez a un sector que por años había sido rezagado. Hoy, a menos de dos meses de este acto de justicia, la mayoría de los congresos locales han dado su aval para aprobar esta importante reforma constitucional, reconociendo el interés superior de las y los jóvenes mexicanos y privilegiando las acciones jurídicas e institucionales necesarias para garantizar su reconocimiento como sujetos de derecho.
Esto habla de la deuda histórica que se tenía con las juventudes en nuestro país, buscando cambiar la relación actual entre las personas jóvenes y el Estado, donde muchas veces somos vistos solo como agente de voto que justifican la implementación de medidas clientelares, en lugar de una perspectiva de inclusión y de bienestar.
La introducción de las personas jóvenes, en el texto constitucional constituye un parteaguas para su reconocimiento como sujetos de derecho, así como una oportunidad para hacer visibles sus problemáticas y sus condiciones particulares.
Con esta declaratoria se da el inicio que permitirá promover el desarrollo integral de las juventudes, a través de políticas públicas, con enfoque multidisciplinario que garanticen la inclusión de las y los jóvenes en todos los sectores de la vida pública del país, además de facultarnos para legislar en materia de formación y desarrollo integral de la juventud.
Celebro y agradezco la disposición de todos los agentes involcrados por impulsar y aprobar reformas que sitúan a las personas jóvenes en el centro de las políticas públicas, apoyando su acceso a todas las esferas sociales y promoviendo también su participación efectiva como parte sustantiva del acontecer nacional.
La experiencia personal, que he tenido en este tiempo, como la legisladora más joven del Congreso de la Unión, me ha permitido identificar que más que apatía o desconfianza por parte de la juventud hacia las instituciones políticas, es la falta de oportunidades y de espacios lo que ha frenado su desarrollo y su participación.
Me he llevado también la grata sorpresa de ver que las y los jóvenes nos preocupan demasiado las cuestiones de índole público que constituyen el fundamento de la discusión pública.
Por naturaleza somos inquietos y somos críticos también de nuestro alrededor, y ahí radica la importancia que tiene que ver en impulsar a participar en los asuntos colectivos e inyectarle a la vida diaria este dinamismo y esta exigencia, más allá de un simple voto en las elecciones.
Como integrante también de la Comisión de Juventud y de Diversidad Sexual, hago hincapié en nuestro compromiso de continuar con los trabajos que permitan crear una Ley General en materia de juventud, que cuente con la inclusión de todas las y los jóvenes en el país y que de esta forma se reivindiquen nuestras obligaciones y nuestros derechos.
Con esto se está dando cumplimiento a los tratados internacionales a los que nuestro país se ha suscrito, a través de un marco normativo que permita contar con una protección más efectiva de nuestros derechos fundamentales, otorgándonos un exceso de forma justa y equitativa.
Seguiremos trabajando por la juventud, su inclusión en los temas de interés político, su participación en la construcción de una agenda en materia juvenil. E impulsaremos también acciones que garanticen nuestros derechos sociales, como la educación, la salud y un empleo digno y bien remunerado.
La participación activa de los jóvenes es una prioridad que debemos impulsar y por lo que vale la pena que sigamos trabajando juntos. Debemos seguir generando esos espacios que permitan la participación y una perspectiva única en los asuntos de este país. Estoy segura de que todas y todos los jóvenes de México sabrán responder a ese paso tan trascendental que estamos dando como legislatura.
Sin embargo, quiero recalcar que la lucha por la juventud no se detiene. Hoy refrendo mi compromiso y el compromiso también de mi grupo parlamentario para seguir representando y defendiendo los intereses de las y los jóvenes. Y me comprometo a seguir promoviendo acciones de vinculación y diferentes actividades, para que los jóvenes compartamos nuestras inquietudes y que también sus propuestas sean escuchadas y sean atendidas. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Esparza Márquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, quien realizará su participación vía la plataforma Zoom.
El diputado Edgar Guzmán Valdéz (vía telemática): Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
El diputado Edgar Guzmán Valdéz (vía telemática): Antes que nada, un saludo desde aquí de la región del distrito 7 de Puebla. Compañeras y compañeros legisladores, los jóvenes somos un grupo demográfico que este 2020 alcanzará su trayectoria más alta en el seguimiento de la población del país. A este ritmo es necesario que ampliemos las acciones para acelerar el crecimiento y la productividad económica. De ello resulta la pertinencia de esta reforma constitucional en materia de juventud que votamos en octubre pasado en este pleno de la Cámara.
Esta declaratoria constitucional resulta fundamental para enfrentar con mejores instrumentos normativos los enormes desafíos a los que las y los jóvenes enfrentan día a día. Sirvan las estadísticas y los estudios publicados para constatar que esta pandemia afectó el desempleo de los jóvenes, desorientó su estado psicoemocional y tuvo repercusiones en su estilo de vida, y por no señalar la pérdida de la vida de miles de jóvenes en México y el mundo.
En Encuentro Social nos congratulamos porque la reforma a los artículos 4o. y 73 constitucionales ha alcanzado el aval de la mayoría de las legislaturas estatales de la federación y eso refuerza la exigencia de legislar con inclusión y visión de futuro. Con esta reforma constitucional estaremos dando voz a los 30.7 millones de jóvenes que en la actualidad tienen una participación escolar y que tienen una lamentable tasa de desempleo 3 veces mayor que la de los adultos.
Ser joven conlleva riesgos y responsabilidades y también amerita foros y reflexiones políticas, económicas, culturales y sociales para definir rumbos y trazar metas que empoderen a la juventud. En lo particular, soy de los que piensan que la juventud debe pasar por los aprendizajes personales para que se conviertan en experiencias y contribuyan a mejorar su futuro y el futuro de todas las personas que los rodean.
Aunque el gobierno federal destina importantes recursos públicos para dirigir políticas y acciones que atiendan a la población juvenil, debemos reconocer que los tres órdenes de gobierno, hasta antes de esta reforma constitucional, no contaban con una legislación vinculatoria en beneficio del sector juvenil. Que no se nos olvide, es un pendiente que dejaron ellos, faltaba concatenar su desarrollo integral con oportunidades.
Los jóvenes somos personas cuyos derechos humanos deben respetarse de principio a fin. Estos derechos están soportados en tratados internacionales y es por ello que resulta fundamental que el Estado implemente políticas públicas integrales que propicien su inclusión en todos los ámbitos.
La relevancia de este sector de la población no solo deriva de que en el país uno de cada cuatro habitante es joven, sino también de su capacidad para ser un agente de cambio y por el desafío que significa para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de capacidades y potencialidades.
Las y los jóvenes, y desde luego me incluyo, tenemos sueños y ambiciones, intereses, deseos y esperanzas para el futuro. Sin embargo y, desafortunadamente, nos estamos enfrentando a diversas desventajas sociales.
Es necesario que en el país nos aseguremos de que las oportunidades lleguen, que el conocimiento y las destrezas que necesitamos para llevar una vida saludable, completa y productiva sean accesibles para todas y todos, sin estigmatizar, sin discriminar y sin limitar la participación proactiva e informada de las nuevas generaciones, será un fator determinante para el futuro de México. Sin embargo, el futuro se construye a partir del presente y por ello, con la declaratoria de reforma constitucional estaremos dando un paso muy importante al enfocarnos en lo que necesita la población joven del país.
En Encuentro Social estamos convencidos de que lo socialmente correcto es generar políticas públicas que propicien su participación efectiva. La juventud es una importante fuerza social, en sus manos está el presente y el futuro de la nación. Por eso es importante cuidar este presente si queremos tener un mejor futuro. No más sin los jóvenes. Es cuanto, diputada presidente y muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdéz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Ana Priscila González García: Con su permiso, diputada presidenta. Hoy es un día especial para esta legislatura, pues con la declaratoria de reforma constitucional que hoy se da reafirmamos nuestro compromiso por legislar a favor de aquellos que históricamente han sido relegados.
Sin duda, la primera muestra de ello fueron las reformas que aprobamos en materia de paridad total en la integración de los órganos de tomas de decisiones. El siguiente avance que dimos fue el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, lo que permitirá que existan más y mejores políticas públicas encaminadas a mejorar su condición de vida.
El paso que estamos dando hoy es respuesta de una deuda histórica del Estado mexicano con su juventud, deuda que se ha dado al no establecer políticas públicas encaminadas a satisfacer las necesidades que tenemos las y los jóvenes, las cuales distan mucho de las necesidades de la niñez y que tampoco se han satisfecho con las políticas encaminadas a otros grupos que se pudieran considerar en situación de vulnerabilidad.
Los jóvenes tenemos necesidades específicas en materia de educación, ya que, según el Inegi, conforme aumenta la edad de las personas es mayor la proporción de quienes no asisten a las escuelas, además de la dificultad que encontramos en la transición de la escuela al mercado laboral.
Otro ejemplo de la poca atención que los gobiernos han prestado a las y los jóvenes lo vemos en la falta de participación en la toma de decisiones. Muestra de ello es que solamente 28 de los 500 diputados de esta LXIV Legislatura son menores de 35 años.
Por ello, Movimiento Ciudadano ha impulsado la iniciativa Con 18 basta, con el fin de alentar la participación política de las y los jóvenes en nuestro país, iniciativa que esperamos que pueda ser dictaminada en un futuro próximo.
Compañeras y compañeros legisladores, la trascendencia de lo que el día de hoy es declarado como una reforma constitucional, es que permitirá que el Estado promueva el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural en nuestro país, dando respuesta a esta deuda que tenemos con la juventud.
Pero, nuestra labor legislativa no termina el día de hoy, recién inicia, ya que tenemos la responsabilidad de expedir la legislación secundaria que permitirá hacer vida los preceptos constitucionales en materia de juventud.
La ley general en materia de personas jóvenes deberá tener por objeto promover el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de la distribución de facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Estamos convencidos de que esta nueva norma será una herramienta fundamental de acción transformadora para hacer frente a la realidad que vivimos las y los jóvenes mexicanos. Con las reformas de los artículos 4o. y 73 de nuestra Carta Magna, en Movimiento Ciudadano refrendamos el compromiso de garantizar y promover los derechos fundamentales de las personas jóvenes.
Seguiremos impulsando la creación de políticas públicas enfocadas a combatir la pobreza, la marginación y la discriminación en contra de la juventud. No descansaremos hasta garantizarles el acceso a servicios de salud y educación. En Movimiento Ciudadano estamos decididos a promover y garantizar los derechos de las personas jóvenes con equidad, justicia y dignidad.
Termino con estas palabras de Jesús Reyes Heroles: “Se es joven cuando se ve siempre hacia adelante, cuando la rebeldía frente a lo indeseable no ha terminado, cuando se mantiene el anhelo por el futuro y se cree todo lo posible”. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros, como lo mencionamos antes, no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados.
En México, según datos del INEGI hay 31 mil 128, 799 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y representan el 25.7 por ciento de la población de nuestro país. De ese universo se estima que 50.9 son mujeres y 49.1 son hombres. Los datos anteriores nos impulsan a las y los diputados del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo a saber que los jóvenes deben de tener garantizado un piso mínimo de derechos y de prestaciones en todo nuestro país.
Mientras nosotros, como los representantes populares y que sin duda representamos a todos los sectores y, sobre todo, a uno de los sectores más gruesos de la población como son los jóvenes y que encabezamos esta cuarta transformación en nuestro país, sabemos que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son y deben ser nuestro presente. Y, por ello, se debe legislar en beneficio de ellos dotándoles de las herramientas que les permitan desenvolver las habilidades que les son necesarias para la vida, para desarrollarse en paz y en armonía con su comunidad y su país.
Gracias a la aprobación de esta reforma se lograrán erradicar las distorsiones generadas por una ausencia de leyes especializadas en las entidades federativas en favor de las y los jóvenes de México, pues, cómo es posible que pudiéramos funcionar sin tomarlos en consideración, sabiendo que son un número importante de nuestra población.
Debemos contrastar el poco interés de gobiernos neoliberales que se negaron a otorgar el papel estratégico de los jóvenes, grupo que se distingue por su heterogeneidad por las razones geográficas, el origen social, económico, de género y otras variables que no han sido motivo de estudio y de reflexión serias.
Esperemos que esta reforma ayude con el problema del desempleo acumulado a lo largo de varias décadas y se logren abatir los efectos de un neoliberalismo que ha condenado a los jóvenes a trabajos mal pagados y bajos esquemas que los despojan de sus derechos laborales.
Incluso, me atrevo a decir que un gran porcentaje de la población joven en nuestro país, ni siquiera sabe si tiene derecho a un fondo de ahorro. Y si no sabe que tiene derecho a un fondo de ahorro, mucho menos va a saber si alguna administradora, es decir, si alguna Afore está administrando esos ahorros.
Es un tema que no debe ocupar solamente a los trabajadores de edad avanzada. Sobre todo, es un tema que debe preocupar y ocupar a los jóvenes en nuestro país. Las y los diputados del Partido del Trabajo estamos comprometidos con las mujeres y los hombres jóvenes, que buscan por medio del trabajo y su talento, y así como de su esfuerzo, engrandecer a su patria. Sabemos que el mundo globalizado y la sociedad del conocimiento han internacionalizado el mercado de los talentos.
Por lo anterior, estas políticas de atracción deben de ser vistas no como un fenómeno transitorio, como algo nada más por cumplir, por quedar bien con algún sector de la población, sino como una práctica permanente por la cual nuestro país está perdiendo capital humano, valioso y debemos generar las oportunidades para que el talento mexicano se quede en su patria a desarrollar todas sus capacidades.
Ante esta situación es que los programas sociales implementados por esta administración tienen el objeto de lograr pagar esa deuda histórica que se tiene con los jóvenes. Conscientes estamos que ha habido críticas fuertes a uno de los programas impulsados por este gobierno, precisamente porque estábamos acostumbrados a que a los jóvenes no se les tomara en cuenta, en que solamente en procesos electorales fueran utilizados como capital político, como capital humano, pero nunca fueron vistos como lo que realmente son, el talento mexicano que si se explota puede sacar adelante a nuestro país.
Por eso es que las y los diputados del Partido del Trabajo estamos a favor de la juventud mexicana y estamos convencidos que esta reforma va a mover una de las fibras más sensibles de nuestra población, como lo son los jóvenes. Muchas gracias, Unidad nacional, todo el poder al pueblo para los jóvenes. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bernal Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Muy buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Don Jesús Reyes Heroles dijo: Las nuevas generaciones están desempeñando un papel muy importante en la renovación o reforma política nacional, siguiendo lo que ya en México es una tradición. El entreveramiento de generaciones, su enlace, que ha permitido a nuestro país mantener la movilidad política, la continuidad y la innovación, conjugando los ímpetus juveniles con la serenidad y prudencia que da la experiencia.
En las elecciones del 2018 las y los jóvenes fuimos clave para los resultados en dichos comicios. El Instituto Nacional Electoral menciona que los grupos de edades jóvenes y jóvenes adultos, entre los 19 y 34 años, en conjunto, concentran más de 33 por ciento de la lista nominal, equivalente a 29.7 millones del electorado mexicano, de los cuales votaron en el pasado proceso electoral poco más de 16 millones. Las juventudes representan el 30 por ciento de la población en México.
Desde hoy tenemos la facultad de legislar en nuestra materia y para poder presentar, discutir, analizar y aprobar el proyecto de dictamen de la Ley de Juventudes Mexicanas. Un proyecto de ley que nace de las voces y del sentir de las jóvenes y de los jóvenes que plasmaron su visión y su vocación comunitaria por servir en los trabajos realizados durante más de 20 foros estatales a lo largo de toda la República Mexicana y de 2 parlamentos juveniles.
Aquí, en este espacio, vinieron jóvenes de todo el país a expresar su sentir, su pensar, sus necesidades, sus sueños, sus metas, sus anhelos y cada una y cada uno de ellos quedaron plasmados en este proyecto de Ley de Juventudes Mexicanas, que esperamos a través de esta reforma que hoy sienta un precedente y que significa un paso importante, significativo en los avances de la legislación y del reconocimiento de la importancia de la participación en la vida pública de nuestro país de las juventudes mexicanas.
Esta reforma es la forma, sí, pero tiene que venir de fondo, como planes integrales, efectivos, acompañados de presupuesto útil, eficaz, eficiente. No podemos permitir que se opere un programa que apenas alcance el 2.2 por ciento de efectividad, como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual tiene más irregularidades que beneficiarios.
Los jóvenes y las jóvenes de nuestro país merecen y esperan más de nosotros. Los jóvenes no votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de una beca. Votaron por él, porque creyeron que era su pasaporte al futuro. Esa es la responsabilidad de este gobierno y esa es la responsabilidad del grupo mayoritario en esta Cámara, en la cual sin lugar a dudas contará con el grupo parlamentario del PRI en todo lo que beneficie y fortalezca la participación de las y los jóvenes.
Por eso aplaudimos la sinergia, el buen debate, el diálogo y el interés social sobre el personal, que hoy demuestra esta reforma. Enhorabuena por las juventudes mexicanas. Ya demostramos que con bandera blanca podemos hacer equipo por el bien de México. Es cuanto, presidenta, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alemán Muñoz Castillo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Karen Michel González Márquez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy 2 de diciembre de 2020, celebramos en este recinto legislativo que para esta reforma el requisito de mayoría anteriormente expuesto esté cumplido, y con ello pueda por fin realizarse la declaratoria de constitucionalidad.
En el Grupo Parlamentario del PAN, sin echar campanas al vuelo, nos congratulamos por esta declaratoria. Reconocemos su importancia y nos colocamos en la responsabilidad de crear la legislación secundaria capaz de cubrir las necesidades insatisfechas por tanto tiempo en nuestros jóvenes.
Admitimos que esta reforma constitucional no es para nada menor, es debido a ella que se instituye en nuestra Carta Magna la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las y los jóvenes y su inclusión en todos los ámbitos, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario y con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno.
Y esto, indudablemente es de tal importancia no solo porque las y los jóvenes representan uno de los grupos poblacionales más numerosos en nuestro país, sino también porque sus necesidades han sido invisibilizadas y abandonadas durante años.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas jóvenes de entre 25 y 29 años, duplican el porcentaje de personas adultas que no tienen empleo, y quienes tienen entre 18 y 29 años lo triplican.
Por si ello fuera poco, la emergencia sanitaria por Covid-19 ha exponenciado las desigualdades existentes situando al grupo poblacional de personas jóvenes en un panorama aún más complicado.
Durante la pandemia, muchos jóvenes mexicanos han encontrado aún más obstáculos para continuar con sus estudios, y de ahí que los índices de abandono escolar, en todos los niveles, hayan aumentado.
De acuerdo con la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno, antes de la crisis sanitaria, había 5.6 millones de personas de entre 15 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban, y 6.5 millones que se encontraban en trabajos con alta precariedad.
Con la pandemia, estos jóvenes se sumarán otros 4 millones que se prevé quedarán fuera de la escuela o del trabajo debido a esta crisis.
Según expertos, el incremento de casi 14 por ciento de jóvenes fuera de la escuela y el trabajo por la crisis actual, puede producir un incremento del 17 por ciento en la tasa de criminalidad de México, lo cual vendrá, para lamento de todos, a recrudecer la ya de por sí peor crisis de inseguridad de nuestra historia que es producto de la incapacidad del actual gobierno y de cambiar por abrazos la aplicación de la ley a los delincuentes.
Desde nuestro grupo parlamentario les decimos que no son tiempos ya de instrumentar políticas públicas para palear temporalmente las problemáticas más profundas de nuestros jóvenes. Ya basta de aparentar que atienden a la juventud, subordinando la estrategia gubernamental a programas clientelares y de oscuros intereses políticos.
Esta reforma debe servir a todas y todos para concientizarnos de que las políticas públicas que se instrumentan en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, no solo pueden consistir en la entrega de apoyos económicos y en la simulación de la formación de capacidades.
No, compañeras y compañeros, no podemos permitirnos en estos tiempos de crisis profundas, gastar los recursos, de por sí ya escasos, en caprichos que buscan beneficios electorales y ganancias lucrativas para un partido político. Hoy, la coyuntura nos exige colocarnos en los más elevados estándares en la construcción de políticas públicas y esto significa que detrás de la atención de las carencias de la población deben existir metodologías transparentes, que han posible una estrategia integral y multidisciplinaria con miras a la inclusión de las y los jóvenes de México en todos los ámbitos.
Hoy hemos dado un paso hacia adelante, por supuesto es solo el comienzo, no podemos desaprovechar la oportunidad demográfica que vivimos. Las mexicanas y mexicanos jóvenes merecen ser oídos, merecen ser atendidos, merecen vivir con dignidad pero, sobre todo, merecen las mejores oportunidades. La posibilidad de vivir en un país que no detenga sus sueños. Porque un país que no ofrece oportunidades a sus jóvenes, está condenando su futuro y para que la clave para que nuestro país por fin sea próspero, nace y se gesta en el talento. Pero, sobre todo, en los corazones de las y los jóvenes mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González Márquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alejandro Viedma Velázquez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, hoy se completa el proceso de una reforma constitucional histórica, aquella que después de más de 10 años de esfuerzo, al fin hoy plenamente reconoce a las juventudes.
Desde el Grupo Parlamentario de Morena reconocemos a todos y cada uno de los Congresos locales que dieron su voto en favor de las reformas al artículo 4o. y 3o. de la Constitución, para garantizar mejores condiciones a las nuevas generaciones. Es un gran día para celebrar esta declaratoria.
La razón, entre otras, es sencilla: ayer se cumplieron dos años de la instalación de un gobierno honesto, conducido por un presidente que camina con la convicción de entender realidades y ofrecer soluciones verdaderas. Desde el arranque del gobierno de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado un trato prioritario a las y los jóvenes.
Uno de los programas más relevantes, aunque otros opinen lo contrario, ha sido el de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyos resultados fueron anunciados ayer en Palacio Nacional: más de 1 millón 500 mil aprendices que han tenido la oportunidad de capacitarse y encontrar mejores oportunidades.
El presente está repleto de esperanza. Hoy sí se visibiliza a quienes requieren el impulso de un gobierno social. Gracias, hay que decirlo también, a esta mayoría, pero también hay que decirlo, al consenso de las demás fuerzas parlamentarias, hoy quedan atrás los pretextos para no trabajar en favor de las juventudes.
Compañeras y compañeros, esto apenas es la mitad del camino. Vamos ahora por una Ley General de las Personas Jóvenes, la cual reconozca derechos y establezca garantías para su satisfacción en condiciones de igualdad.
Desde Tijuana hasta Chetumal, todos y todas las personas jóvenes tendremos la misma protección. Esto sin duda es una buena noticia, ya que según datos del Inegi de 2018, nuestro sector poblacional acumulaba más de 30.7 millones de jóvenes, quienes enfrentan en su día a día a un mundo hipercomplejo.
Sé muy bien que cada generación ha tenido sus propios retos, sin embargo, creo que los momentos que vivimos tienen características muy específicas, que nos convocan a diseñar estrategias robustas frente a temas como la salud mental, la inclusión y la educación financiera, la automatización y disponibilidad tecnológica, la oferta laboral, entre otros.
Por eso insisto en que es una buena noticia contar con un gobierno que entiende que se necesitan más universidades, para que nadie quede fuera. Esto solo por dar otro ejemplo de una política pública dirigida a las juventudes.
Ahora este Congreso tiene una misión muy importante. Desde Morena buscaremos dejar plasmada esta visión joven de la cuarta transformación en la ley. Debemos ponernos a trabajar cuanto antes en los contenidos de la nueva normatividad general.
Compañeras y compañeros, entiendo que en muchos temas tenemos y tendremos diferencias de fondo, pero saludo, acompaño, disfruto mucho cuando tenemos puntos de encuentro sólidos y hoy estamos frente a uno de esos. El presente y el futuro de nuestra generación, que al final de cuentas es el futuro y el presente de nuestra nación.
Digámoslo fuerte y claro: cada joven que sienta que el presente y el futuro es incierto, hoy cuenta con este Congreso para edificar certeza y estabilidad. El proceso no será por supuesto de la noche a la mañana, pero ya comenzamos y no vamos a parar. Es por eso que la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual seguiremos dando la batalla generacional.
Solo por dar un ejemplo, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, y estamos seguros de que en lo poco que nos queda de legislatura haremos nuestro mayor esfuerzo para darle vida a esta tan necesaria Ley General de las Juventudes.
Sé que con diputadas y diputados como la diputada Celeste, la diputada Lidia, la diputada María Alemán, la diputada Frida, la diputada Lucía, el diputado Pedro Daniel, el diputado Cuauhtli, el diputado Oscar, el diputado Édgar, de todas las fuerzas parlamentarias representadas en este Congreso, haremos nuestro mayor esfuerzo para cristalizar por primera vez en este país una ley general a favor de las personas jóvenes. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Viedma Velázquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de las curules los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se informan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
2. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
3. De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
4. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 254 Quáter al Código Penal Federal.
5. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
6. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales.
7. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 36 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
8. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.
9. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección al patrimonio biocultural.
10. De la Comisión de Infraestructura, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Toda vez que se cumplió con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que los dictámenes mencionados por la Secretaría se sometan a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se consulta si se autoriza que los dictámenes mencionados se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fundamentar el dictamen, vía la plataforma Zoom, la diputada Laura Barrera Fortoul, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Barrera Fortoul (vía telemática): ... Día Internacional de la Personas con Discapacidad, el cual celebraremos el día de mañana, se somete a votación la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, la cual tiene como objetivo sustituir el término integración social por el de inclusión social, entendiendo a la inclusión como el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias distintas a las de los demás, por lo que las diferentes necesidades exigen respuestas diversas.
La inclusión busca fomentar y garantizar que toda persona sea parte de, y que no viva separado de, buscando que todas las personas con discapacidad y sus familias tengan la posibilidad de participar dentro de la sociedad en igualdad de condiciones. Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales y culturales.
Esta reforma busca un cambio de paradigma, obligando a la accesibilidad universal, lo que significa la transformación del pensamiento para en todo momento contemplar un espacio físico, información, mensaje, medios de comunicación, medio de transporte, entre otros. Es pensar a las personas a lo largo de toda su vida y en toda su circunstancia, desde la niñez con sus necesidades, hasta el adulto mayor y pasando por todos los que adquieren una discapacidad por accidente. Simplemente en esos tres sectores, niños menores de 15 años, personas con discapacidad, adultos mayores, se encuentra más del 35 por ciento de la población de nuestro país.
México ha logrado importantes avances en materia de discapacidad. En el 2001 cuando propuso ante la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2011 con la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, adaptando su marco normativo, teniendo como lineamiento la Convención y nuestro país volvió a ser referente para aprobar una ley general que recogía gran parte de los postulados de la Convención con una visión de inclusión.
Lo cierto es que, a pesar de los avances, aún tenemos mucho camino por recorrer para lograr que la sociedad mexicana conozca, ejerza y respete los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es urgente continuar trabajando e impulsando políticas públicas que protejan los derechos de este sector y brinden todas las oportunidades para su desarrollo, recordemos que todos tenemos un pase a ella. Celebremos el esfuerzo coordinado de estas iniciativas que le dan todo el sentido a nuestro trabajo en la construcción de una sociedad mucho más justa y verdaderamente incluyente. Es cuanto, presidenta. Gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Fortoul.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria tiene la palabra la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, todas las personas enfrentamos problemas en nuestra vida cotidiana, sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras que limitan el ejercicio pleno de sus derechos.
En México aún persisten grandes pendientes en materia educativa, laboral y de seguridad social con las personas que tienen alguna discapacidad física, auditiva, visual o psicosocial. Según, el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, existen 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, cifra que representa el 6.4 por ciento de la población total.
Las condiciones en las que viven son complejas. El año pasado el gobierno federal estableció que recibieran una atención mensual, pero es evidente que esta ayuda no resuelve todos los problemas que enfrentan.
Actualmente, su situación se ha visto agravada debido a la pandemia, ya que, si antes era difícil la oportunidad laboral, ahora es más complicado. Si antes las niñas y niños con alguna discapacidad carecían de acceso a la educación, ahora es más difícil porque no todos cuentan con los sistemas tecnológicos necesarios para la enseñanza en línea.
De ahí la relevancia del dictamen que hoy discutimos. Los ajustes propuestos a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad son parte de una serie de procesos legislativos de armonización, para adecuar nuestras leyes y mantener vigente el Estado de derecho.
Con la sustitución del término integración social por inclusión social, se cambia desde la percepción legal y el discurso, una manera comprensiva de observar y atender una problemática que afecta a millones de personas. La pertinencia de este cambio también radica en brindar mayores beneficios y generar un marco de igualdad para las personas con alguna discapacidad.
Asimismo, se busca dar plena vigencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México firmó y aprobó el Senado de la República.
Estos cambios también son importantes para la constitución legal de las organizaciones de la sociedad civil que atienden, cuidan y salvaguardan los derechos de todas las personas con discapacidad en nuestro país. La inclusión que hoy promovemos significa entender la relación entre cómo funciona una población vulnerable y cómo participan en la sociedad. Y, a su vez, asegurarnos que todas y todos los mexicanos cuenten con las mismas oportunidades.
Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en la cual se ha atendido a más de cien asuntos específicos durante la actual legislatura, buscamos concientizar el avance que está dando el Congreso a través de los ajustes hoy propuestos. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que con ello generaremos una nueva trayectoria de programas nacionales y políticas en la materia, incidiendo en la manera en la que se vigilan estos delicados procesos.
No obstante, los retos son grandes, por lo que se requiere redoblar los esfuerzos y colaboración entre los tres ámbitos de gobierno, a fin de atender las necesidades fundamentales de la población con algún tipo de discapacidad, para que puedan ejercer de manera efectiva sus derechos humanos, así como garantizar su plena incorporación al desarrollo nacional. Todos los derechos para todas las personas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garay Cadena. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital, procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Háganse los avisos a los que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para las Contingencias Sanitarias. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto del decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: A las diputadas y diputados que falten de emitir su voto, les recordamos que falta un minuto para cerrar el sistema electrónico de votaciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La Dirección General de Tecnologías de la Información reportó incidente en el celular del diputado José Mario Osuna Medina, por lo cual se le da acceso a votación de viva voz, a través de la plataforma digital. Adelante, diputado Osuna Medina. Diputado Osuna Medina. Diputado Osuna Medina, de viva voz y aquí, en el salón de sesiones, el sentido de su voto, por favor.
El diputado José Mario Osuna Medina (desde la curul): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Osuna Medina. Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, con la misma situación, por favor de emitir su voto de viva voz. Sonido, por favor.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (desde la curul): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. El diputado José Ángel Pérez, también. El diputado Javier Verastegui, por Zoom.
El diputado Vicente Javier Verastegui Ostos (vía telemática): Diputada presidenta, buenas tardes, a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Verastegui. No fue posible conectarse por vía plataforma Zoom para el diputado José Ángel Pérez, por lo tanto, no ha podido emitir su voto. La diputada María del Pilar Ortega, también por problemas e incidentes en su plataforma. Por favor emitir su voto de viva voz.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Gracias, presidenta. A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 451 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 451 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fundamentar el dictamen vía plataforma Zoom, la diputada Laura Barrera Fortoul, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Barrera Fortoul (vía telemática): Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La Encuesta Mundial de Salud traza la prevalencia de la discapacidad en mujeres, casi 60 por ciento más alta que la de hombres. Según datos del Inegi, en 2010 las mujeres con discapacidad representan el 51.1 por ciento; es decir, más de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México. También producto de la mayor longevidad, según el Inegi, 1 millón de mujeres adultas mayores viven solas.
Lamentablemente las mujeres con discapacidad se enfrentan a dificultades mucho más graves, tanto en la esfera pública como en la privada. Por ejemplo, obstáculos en el acceso a una vivienda adecuada, así como en los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo.
Las mujeres con discapacidad también sufren desigualdades en la contratación, las tasas de ascenso, la remuneración por igual trabajo, el acceso a actividades de capacitación y reciclaje profesional, el crédito y otros recursos productivos, y rara vez participan en los procesos de tomas de decisiones económicas. Viviendo una doble discriminación, la social y la institucional.
Son invisibles en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas. Son una población excluida y la violación a sus derechos humanos son una constante, más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Esta pandemia, el Covid, ha puesto en evidencia el impacto negativo desproporcionado que afecta a mujeres y niñas con discapacidad, precisamente en tiempos de pandemia.
El dictamen que estamos por votar, presentado en el Senado por el Grupo Parlamentario del PRI, cobra aún mayor relevancia en esta legislatura de la paridad de género, pues la reforma al párrafo cuarto del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es que la administración pública garantice políticas públicas para el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres con discapacidad.
Sabemos que los retos son enormes y aún hay mucho camino por recorrer. Es de vital importancia que se continúen impulsando acciones que atiendan la problemática de las niñas y mujeres con discapacidad, con la finalidad de una mayor autonomía, independencia, autosuficiencia y poder de decisión, respecto de sí y de su entorno.
Hagamos conciencia, pero, sobre todo tengamos mucha claridad sobre los obstáculos a los que se enfrentan nuestras hermanas con discapacidad, y con profunda responsabilidad unamos esfuerzos para brindarles un piso parejo en igualdad de oportunidades. Hagamos parte de la ley la obligación de políticas públicas que fortalezcan los derechos de las mujeres que se encuentran en una doble o triple condición de vulnerabilidad y discriminación.
Anderson tiene una frase que personalmente me parece muy valiosa y que hoy pone en contexto esta reforma: “No se trata de hacer más fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes –las mujeres ya somos fuertes–. Se trata de que el mundo perciba esa fuerza”. Muchas gracias por su atención, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Fortoul.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, sin duda las personas que tienen alguna discapacidad constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables y que se ven más afectados por la discriminación en el ámbito laboral, escolar y, en general, en el ámbito social. Para estas personas la discriminación impide que puedan gozar plenamente de sus derechos, de sus derechos fundamentales, y desarrollarse de forma íntegra en el ámbito social, económico, profesional e, incluso, el político.
Sin embargo, dentro de este mismo grupo hay quienes sufren doblemente de discriminación, y me refiero a las mujeres con alguna discapacidad. Estas mujeres no son solo víctimas de la discriminación por su discapacidad, sino también por su razón de género. Son un grupo invisibilizado tanto institucional como socialmente, cuyos derechos humanos son violentados de forma constante en todos los ámbitos.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, de las personas que habitan en el país al menos 7 millones sufren alguna discapacidad. Y de este grupo poblacional, el 54 por ciento son mujeres. Ante este escenario es necesario implementar estrategias transversales en materia de género que promuevan políticas públicas y programas sociales dirigidos específicamente a terminar con la discriminación hacia mujeres y niñas con alguna discapacidad.
Para la ONU los problemas por los que pasan las mujeres y las niñas con discapacidad deber ser considerados a través del doble prisma, del género y de la discapacidad, ya que se enfrentan a mayores dificultades, tanto en la esfera pública como en la privada.
La perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad son elementos esenciales para garantizar la igualdad de género, el disfrute de los derechos humanos de esta población para combatir la discriminación hacia las mujeres y hacia las personas que sufren de alguna discapacidad.
Por ello la pertinencia de esta reforma, la cual busca modificar el artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objeto de generar acciones afirmativas para cortar la desigualdad que sufren las mujeres con discapacidad en nuestro país.
Esta reforma permitirá visibilizar este sector de la población para dotarlo de identidad y reconocer que una sociedad democrática tiene que venir acompañada de derechos y figuras jurídicas apropiadas para que su estancia dentro de la comunidad sea plena y en igualdad de condiciones y circunstancias, así como de acceso a recursos y bienes.
Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país la discriminación hacia las mujeres aún persiste y continúa poniendo obstáculos para el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y al empleo digno.
A pesar de los avances que se han alcanzado en los últimos años en esta materia, se continúan reproduciendo roles tradicionales, estereotipos y prejuicios, influyendo y manteniendo con ello la situación general de desventaja de la mujer. Las mujeres con discapacidad viven entornos aún de mayor vulnerabilidad y riesgo social.
Por estas razones es grato para mí presentar este dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que representa un acto de justicia social para un sector de la población doblemente agraviado y cuya atención la nación nos reclama a todos nosotros, como legisladoras y como legisladores comprometidos con las mejores causas de México. Todos los derechos para todas las personas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garay Cadena. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática a través de la plataforma digital, procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática, procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: A las y los diputados que falten de emitir su voto, se les comunica que queda un minuto para poder realizarlo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Como tenemos algunos incidentes reportados, damos dos minutos adicionales para que se busque resolverlos. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se recibieron 459 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 459 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E, del artículo 72 Constitucional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV, al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria tiene la palabra el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Con su venia. Estimadas diputadas y diputados de la presente legislatura, hoy es un día muy importante para los derechos humanos en nuestro país. Sin lugar a duda, el dictamen que se somete a su soberanía, les da su lugar y justicia a las mujeres en México, en la historia de este país.
El dictamen que me enorgullezco en presentar, donde se adiciona la fracción XXXIV al artículo 8 de la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es la iniciativa que reforma y adicional, motivo de este estudio, tiene como finalidad erradicar la discriminación hacia las mujeres que deciden amamantar en público.
El tabú sobre la práctica persiste en la actualidad, sabe más del valor estético de los pechos que de su función como fuente de alimento, aun cuando debería verse como una práctica normal. Todavía sigue generando controversia moral y crítica. La mayoría de las veces le dicen que se tape, que no muestre su cuerpo, que hay hombres y niños en la calle, que se vayan a otro sitio y, con frecuencia, les exigen que se retiren a un baño.
Todo esto, a pesar que la lactancia materna es la forma ideal de la naturaleza de las mujeres para que mantengan a sus hijos y debería de verse como una actividad normal en estos tiempos. Y, en este sentido, necesitamos fortalecer la legislatura, el marco jurídico de nuestro país que ayude a los sectores más vulnerables y a quienes más lo necesitan.
Hay que acabar con los prejuicios, hay que legislar por la necesidad de las personas. Ese es el criterio que debe seguirse. Se debe construir para que las personas se desarrollen, no para mantener la demora dentro de las principales consideraciones vertidas por la legisladora que presentó diversa modificación a la Ley Federal para Prohibir y Eliminar la Discriminación.
Podemos señalar que garantizaría y refuerza la Ley para Eliminar la Discriminación en lo referente a las conductas discriminatorias, tomando un enfoque especial hacia las mujeres que están en proceso de lactancia, debido a la discriminación que se presente hacia estas al amamantar a sus hijos en espacios públicos, combatiendo de esta manera el rechazo y rompiendo con los prejuicios que se han desarrollado a lo largo de la historia.
De ahí la importancia de velar por sus derechos y garantías, que son indispensables para su pleno desarrollo, como lo es el reconocimiento a la lactancia materna, debido a que la alimentación nutritiva y suficiente, de calidad, es un derecho.
Lactar en público es un acto de valentía. Las madres no solo se enfrentan a miradas de repudio, sino también a reclamos y agresiones por parte de personas que ven esta práctica como algo grotesco.
Si bien es cierto que hacerlo en un lugar privado puede ser lo más cómodo, se trata de una situación ideal, pero que está muy lejos de la realidad, pues a un bebé hambriento no se le puede pedir que espere. Por qué poner en duda la lactancia materna, si es fundamental para el desarrollo infantil. La leche de la madre, no solo le ofrecen al bebé nutrientes que necesita durante sus primeros meses de vida, sino que también fortalece su sistema inmunológico frente a las diferentes inclemencias de enfermedades.
La lactancia se relaciona con un menor riesgo de muerte, a las que disminuye las probabilidades también de padecer obesidad infantil. Los beneficios para la mujer en proceso de lactancia son: disminución del riesgo de padecer cáncer de mama o cérvico-uterino, evita que padezcan también anemia, depresión o depresión post parto, ya que prolonga la ovulación después del parto. Favorece la contracción uterina después del parto, previniendo las hemorragias y otras infecciones. También ayuda a la madre a regresar a su peso inicial, a la madre.
El amamantar a los niños durante los primeros seis meses, les ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. Asimismo, el derecho a la protección de la salud, como el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, se encuentran debidamente consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 4o., por lo que existe una obligación por parte del Estado mexicano para garantizar este derecho.
También, fueron aprobadas modificaciones a las leyes de salud, para prevenir la discriminación y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, que obligan a las instituciones competentes a garantizar acciones que fomenten la práctica de la lactancia, como medida para combatir la mortalidad por desnutrición. Afortunadamente cada vez más las mujeres conquistan nuevos espacios en la sociedad y logran expresar y concretar que ellas son las dueñas de sus cuerpos. Y esto también beneficia la lactancia materna, en público.
No omito mencionar que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio es de una ejecución en crescendo de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Así que, compañeras y compañeros legisladores, apoyemos el presente dictamen que se presenta a su consideración, toda vez que este hecho es un acto de justicia hacia las mujeres. Pero, sobre todo, en beneficio de la niñez de este país. Todos algún día fuimos niños. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ruiz Lustre.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fijar su postura la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, inicio agradeciendo a quien me antecedió en el uso de la voz, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, a mis compañeras, las diputadas Kehila Ku Escalante y Geraldina Herrera Vega, así como a todas y todos los integrantes de esta comisión por el respaldo a esta iniciativa, que tiene como fin el proteger el derecho humano de niñas, niños y madres o de lactancia materna, mediante políticas de prevención, sensibilización y eliminación de toda conducta discriminatoria en su contra.
Con tristeza observamos que la maternidad en México implica una serie de desigualdades que afectan a las mexicanas de diversas maneras. Por señalar algunas podemos mencionar la sobrecarga de actividades en el hogar, la violencia intrafamiliar y la precarización salarial, que no les garantiza los ingresos necesarios. Lastimosamente, la decisión de ser madre en México es indirectamente castigada. Un ejemplo de esto, es que solo 4 de cada 10 mexicanas tienen o buscan tener un trabajo, dado que su principal obstáculo para conseguirlo es que deben dedicarse a las labores del hogar y del cuidado.
Además este trabajo no remunerado que realizan 24 horas al día los 7 días de la semana, tampoco es reconocido pese a representar casi la cuarta parte de la economía nacional, y sumado a esto, al día de hoy la maternidad sigue siendo una razón para despedir injustificadamente a una mujer de su lugar de trabajo. No siendo suficiente todas estas desigualdades, en lo que va de esta administración se han eliminado programas con incidencia en la calidad de vida de las madres, sobre todo para las jefas de familia que hoy son el único sostén de más de 9 millones de hogares en nuestro país.
Con la eliminación de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, se les niegan oportunidades de desarrollo para ellas y sus familias. Por todo lo anterior resulta inconcebible que en pleno 2020 las madres mexicanas también sean discriminadas por una acción tan natural como es alimentar a sus hijos y a sus hijas en lugares públicos. Resulta, por demás absurdo, dado que la lactancia materna es vital para la salud materna infantil y es considerado por las y los especialistas, la forma más eficaz de asegurar la supervivencia infantil, así como de reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cervicouterino.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusivamente durante los primeros seis meses de vida y continuar con la misma hasta los dos años de edad, a la vez, pide alimentar a las y los lactantes entre 8 y 12 veces al día, según lo demanden. Por ello, resulta necesario garantizar las condiciones necesarias a las madres mexicanas para alimentar a hijas e hijos en donde sea que estos lo requieran, con la plena de seguridad de que no sufrirá ningún tipo de discriminación.
Por lo anterior, es que presenté esta iniciativa que hoy es un proyecto de dictamen que reforma el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de proteger el derecho humano a la lactancia de más de 2 millones de niñas y niños que nacen cada año en nuestro México, así como el de sus madres. Para ello, se faculta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a la prevención y eliminación de este tipo de conductas.
Como legisladoras y legisladores tenemos la obligación de evitar que se sigan dando casos como el de aquella madre que corrieron de un museo en la Ciudad de México al ejercer este derecho. ¿Acaso las madres de los recién nacidos no tienen derecho a la recreación? O se piensa que por tener que alimentarles deben estar confinadas en sus hogares durante los meses de lactancia. La respuesta es un no contundente.
Es por eso que reconozco el apoyo que el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas otorga a esta iniciativa, convencida que lo hacemos con la convicción de contribuir al fortalecimiento de los derechos de las madres y los lactantes, contribuyendo a erradicar los resabios de las conductas machistas que durante tanto tiempo han permeado en nuestra sociedad, y permitiéndole con ello que las mexicanas pueda ejercer con justicia su maternidad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Loya Hernández. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, para que las y los diputados presentes y los diputados que siguen la sesión de manera telemática, puedan emitir su voto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto les recordamos que quedan 30 segundos para poder hacerlo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 461 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 461 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 254 Quáter al Código Penal Federal. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, la pandemia ocasionada por el SarsCovid-19 ha impactado notablemente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Ha sido reiterado cómo hemos venido analizando los diversos impactos de esta pandemia en materia de salud con ya la cifra que supera el millón de contagios y las más de 100 mil defunciones.
Pero, sin duda, esta pandemia nos ha traído también afectaciones graves en materia económica. Este fenómeno ha alterado las condiciones normales de oferta y demanda de bienes a las que se enfrentan los consumidores, que se traduce en altos precios que por supuesto dañan, lastiman la economía familiar y generan sobredemanda que, a su vez, provoca una escasez de productos que son indispensables para enfrentar la contingencia, sobre todo en materia de salud.
Se trata de una situación que afecta de manera considerable a las y a los ciudadanos pero, especialmente, a aquellos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Es menester recordar que, de acuerdo a cifras del Inegi, al menos 4 de 10 personas en México se encuentran en esta condición.
Y es que, pese a los llamados de atención de las autoridades en los distintos niveles de gobierno y las advertencias para que en la regulación de precios de estos insumos y productos de primera necesidad no se generara una distorsión, es importante señalar que esto se ha dado.
Además, también pese a que ya hay un marco regulatorio en materia administrativa, en materia de sanciones, ha sido frecuente observar y lo hemos visto quienes somos legisladoras, legisladores en nuestros propios distritos, cómo es frecuente que estos insumos, fundamentalmente los relativos a medicamentos, a cubrebocas, a tanques de oxígeno, a productos de aseo y limpieza sean ofrecidos al público por el doble, el triple o mucho más de su valor normal o de su valor real.
Lo que es mucho peor es que han sido acaparados por los mismos que los ponen a su venta, para generar escasez y que esto les permita elevar los precios de manera premeditada. Es por ello que consideramos que los derechos fundamentales relacionados con la salud y protección económica de las y los ciudadanos que son afectados en forma extraordinaria, en situaciones como la que estamos viviendo de pandemia, en desastres naturales, en contingencias sanitarias, pues, deban ser una prioridad del Estado mexicano.
En estos escenarios ha sido frecuente observar estas distorsiones del mercado, ocasionadas por esta forma deliberada de quienes ponen a la venta los productos a través del alza de precios, del ocultamiento, de acaparamiento de productos indispensables, a fin de obtener un lucro, un beneficio.
Estas prácticas también vulneran el derecho a la salud, ya que la adquisición de medicinas, de insumos médicos a altos costos se encuentra sujeta al ingreso de cada persona, quien en caso de no contar con ellos no puede acceder a estos productos y está en peligro su propia vida.
Reconocemos la importancia de los derechos de las y los consumidores, sin embargo, en el marco legal que actualmente se tiene están indebidamente protegidos. Por esto saludamos y en la Comisión de Justicia aprobamos la iniciativa del diputado José Elías Lixa, para establecer dentro del Código Penal una calificativa para prever estos supuestos como la inminencia de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público.
Bajo esta tesitura, consideramos que esta reforma al Código Penal Federal debe llevarse a cabo a través de esta calificativa que prevé justamente este contexto de amenaza, de inminencia, ocurrencia de una situación de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público durante un tiempo determinado.
De tal manera que lo que estamos poniendo hoy a su consideración justamente es esta adición de un artículo 254 Quáter para establecer sanciones a aquellas personas que cometan alguna de estas conductas, que hoy ya están previstas en distintas fracciones del propio Código Penal Federal, respecto de artículos de consumo necesario, productos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos, bienes destinados a la prevención de propagación o contagio de enfermedades, o cualquier artículo de primera necesidad y los que tengan esta inminencia u ocurrencia en una situación de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público durante un tiempo determinado.
En este caso se aumentará hasta una mitad más en su mínimo y máximo la pena que corresponda, respecto de las propias previsiones que hace el Código Penal Federal. Es pues, compañeros, compañeras, una propuesta muy atinada y, sobre todo, dada la naturaleza del contexto que se pretende proteger, es indispensable que esta calificativa sea incorporada a nuestro marco penal federal y por eso desde la Comisión de Justicia, a nombre de sus integrantes les pedimos el voto a favor de esta importante propuesta. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Diputadas y diputados, la solidaridad es sin duda una de las muestras máximas de humanidad en nuestra sociedad. La pandemia nos ha demostrado que existen grandísimas, inmensas muestras de solidaridad en nuestra sociedad, pero, lamentablemente también ha demostrado que hay gente que se aprovecha de los momentos más vulnerables para hacer negocio con el dolor de otros seres humanos.
Evitar el dolor humano evitable es una de las máximas a las que llamó Manuel Gómez Morín en la actividad política y hoy estamos aquí para refrendarla. Sin duda, durante la pandemia vimos el incremento desmesurado, injustificado, de productos de primera necesidad, lo vimos con los cubrebocas, con el gel antibacterial, pero también lo vimos con el tanque de oxígeno que se terminó volviendo un producto exclusivo para quienes tienen más.
Y no se puede en una sociedad, como la nuestra, la de escoger a quien padece una enfermedad, entregarle de comer a las hijas e hijos o atender la salud. Tenemos que dar una respuesta clara, una respuesta eficaz de que ese tipo de situaciones ni deben ni podemos permitir que existan en México.
Hoy, lo vivimos con la pandemia por el Covid, pero, lo hemos vivido en otros momentos. En Yucatán, por ejemplo, cuando lamentablemente hemos enfrentado catástrofes por huracán, el costo del hielo ante la falta de energía eléctrica, que se vuelve un producto indispensable, para mantener los alimentos puede elevar su costo hasta 10 veces y se vuelve un producto que no está al alcance de todas las personas.
Desde que inició la pandemia advertimos que el incremento de costos se estaba dando en todos los rincones del país y que es necesario poner un límite para que todos puedan continuar adquiriendo los productos de primera necesidad, pero, también los necesarios para enfrentar la contingencia. Por eso, el 19 de marzo presentamos esta iniciativa en nombre de miles de yucatecas y yucatecos para erradicar estas prácticas que hoy son normales, de hacer negocio con el dolor de otros seres humanos.
Quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión de Justicia, que encabeza la diputada Pilar Ortega, de todos los partidos políticos por enriquecer y sumarse a esta propuesta. Sin duda tenemos diferencias que se han acusado en diversos debates, tenemos formas distintas de ver cómo debe enfrentarse la pandemia, pero a lo que no tenemos derecho es a permitir el dolor que unos seres humanos les causan a otros por nuestra ineficacia para hacer nuevas y mejores las formas de organización de las cosas humanas.
Les pido su voto a favor para que erradiquemos las prácticas que laceran a nuestra sociedad, que nadie lucre con el dolor y con la necesidad de ninguna persona en una situación en donde sea alterado el orden público y en donde todos estamos obligados a dar lo mejor de nosotros.
Hoy hacemos un llamado a las instituciones como la Profeco, a vigilar los precios y endurecer sus procedimientos para castigar a quienes se aprovechan de las personas, y de las familias más vulnerables. Se trata de entender que solo unidas y unidos podemos hacer que las cosas sean mejores, y que de nosotros depende hacer la diferencia. Hagamos, pues, la diferencia votando a favor y diciéndole no a las prácticas que lastiman a la gente más vulnerable de México. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Lixa Abimerhi. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital, procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se les recuerda a todas las y los diputados que queda un minuto para proceder a votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 465 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 465 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 254 Quáter al Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García, hasta por cinco minutos.
El diputado Rubén Cayetano García: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, pueblo de México. Y sigue la mata dando. Es un dicho o mexicanismo que se aplica a aquello que ocurre de manera constante y que no es precisamente bueno. Sin embargo, aquí a contrario sensu, sí es bueno.
Me refiero a la productividad que la Comisión de Justicia ha generado, a partir del trabajo y disposición plena de los integrantes por encima de nuestras diferencias legítimas, políticas e ideológicas para legislar. Por lo anterior, vengo a presentar ante este pleno el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede y reconoce las facultades que tiene el Ministerio Público durante la investigación de los delitos, el ejercicio de la acción penal y también como parte acusadora en el proceso.
Es bien sabido que, durante la investigación, en muchos casos por la corrupción y componendas entre el Ministerio Público y abogados defensores, si no es que directamente con los infractores de la ley, se cometen graves omisiones o niegan la realización de diligencias que ayuden a conocer la verdad y lo ocurrido durante la mecánica de los hechos, de actos o hechos presuntamente delictivos.
La experiencia y la pericia jurídica acumulada durante años en la diligente actividad de la investigación, no siempre se pone al servicio de la verdad y la justicia. Muchas veces es la virtud del conocimiento del derecho y de la ley lo que deliberadamente y con mañosa discrecionalidad provoca las omisiones que en los hechos obstaculizan el acceso a la justicia.
La institución del Ministerio Público es, en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, la figura más vilipendiada, la de menos credibilidad y confianza en el engranaje procedimental.
Agregar el artículo 258 Bis relativo a las omisiones en la investigación como se propone en el dictamen expuesto por el de la voz, constituye combatir la reticencia de la o el servidor público investido por el imperativo 21 constitucional.
Además, es pertinente señalar que cuando el dictamen dice que la negativa u omisión sea sin fundamento ni motivación, se refiere a que se combate el ocio jurídico en la investigación, justamente porque una autoridad en su actuar debe, en términos del artículo 16 de la Carta Magna, fundar y motivar su proceder. Bajo esta definición vinculada a la omisión, las víctimas obtendrán la herramienta legal de impugnar la negativa ministerial y, en su caso, procurar la sanción del servidor público omiso, indolente e irresponsable.
Si la figura ministerial constitucional desoye el mandato del legislador a través de la presente adición legal, será sancionado y podrá no solo ser destituido sino inhabilitado por graves omisiones cometidas durante la investigación, afectando como representante social a víctimas de delitos y a la sociedad en general, trasgrediendo principios de justicia y trastocando también la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos.
Este dictamen está a la altura de las circunstancias actuales del país en materia de investigación de delitos y responde a la sentida e histórica demanda de las víctimas por alcanzar la justicia y reponga agravios y acabe de una vez por todas con tanta impunidad. En virtud de lo anterior, pedimos a todas las fuerzas políticas su voto a favor. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fijar su posicionamiento, se concede el uso de la palabra a la diputada Mildred Concepción Avila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Mildred Concepción Avila Vera: Con su permiso, presidenta. Desde esta tribuna saludo al pueblo del que soy parte, al pueblo de Quintana Roo. Diputadas y diputados, como es sabido un amplio margen de delitos en el país se quedan sin una oportuna o efectiva respuesta por parte del sistema de procuración e impartición de justicia.
Cuántas veces hemos escuchado expresiones como: no denuncié porque es una pérdida de tiempo y no pasa nada. Para qué denuncia, señora, si seguro se fue con el novio. Para qué investigar si no le va a dar seguimiento. Para seguimos con la investigación, si seguro va a regresar con él.
Este, y otros planteamientos similares son parte del problema que sigue sin ser superado en México y que genera una enorme cifra negra de delitos que minimiza el problema de seguridad y que nos hacen normalizar la ineficiencia del Estado, con miedo.
En México, el manejo discrecional para recibir y dar trámite a las denuncias e investigaciones ha generado una percepción colectiva de desprotección, en particular para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y desigualdad y que han aprendido a vivir sin miedo ante la violencia que sufren, no solo en lo público, sino también en sus propios hogares.
Son muchas las víctimas que he acompañado en este caminar a través del servicio público, por lo que con certeza digo que los esfuerzos en seguridad resultan insuficientes cuando la autoridad ministerial no es efectiva en su función. Pues no se puede hablar de seguridad sin justicia.
Esta iniciativa pretende erradicar la cotidiana omisión en que incurre el Ministerio Público para recibir denuncias o para darle trámite jurídico que corresponda, lo que a la larga corresponde a una espiral de impunidad que deja en indefensión a miles de hombres y mujeres, quienes desde hace mucho tiempo han perdido la confianza en la procuración de justicia.
Los números que reflejan la realidad están ahí, a la vista de todos y de todas, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad en México, solo se denuncian 10.4 de todos los delitos sufridos y de este mínimo porcentaje el Ministerio Público apenas inició averiguación previa o carpeta de investigación en el 65.3 por ciento de los casos. Lo que también resulta trágico es que en más de la mitad de las investigaciones iniciadas se percibe que no hay resultado alguno.
Es en este tenor que se encuentra necesario sentar un precedente, pues nuestro sistema penal acusatorio carece de mecanismos de control sobre las decisiones y actuaciones del Ministerio Público o fiscal. Lo que conlleva a que el servidor público goce de libre arbitrio y pueda incurrir en la omisión de sus responsabilidades, dejando en indefensión a las personas, particularmente a aquellas que, arriesgándolo todo, deciden confiar en las instituciones y denunciar a sus agresores.
Las víctimas o personas ofendidas de cualquier delito tienen el derecho a que se les reciba la denuncia, a que se desahoguen todas las diligencias necesarias. Sin embargo, esto no ocurre con la transparencia y celeridad que las víctimas requieren, reproduciendo con ello el mensaje social de que no hay consecuencias jurídicas para quien comete un delito.
Este dictamen que estamos por votar pretende establecer que la negativa del Ministerio Público, sin fundamento ni motivación para llevar a cabo una diligencia durante la etapa de investigación se considere como una omisión, que deberá ser sancionada a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos vigentes, para que las y los mexicanos contemos con herramientas jurídicas eficaces que permitan combatir arbitrariedades.
Por lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen. E invito a las diputadas y a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios que conforman esta legislatura a votar a favor de este dictamen, porque no solo es abonar a la justicia penal sino a la justicia social.
Votaremos a favor de este dictamen, porque votar a favor es votar contra la impunidad y la simulación en la procuración de justicia, y con esto crear certidumbre y reducir la brecha entre el pueblo y las instituciones que están para protegerlo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ávila Vera. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: A las diputadas y los diputados que faltan de emitir su voto, se les recuerda que tienen un minuto para hacerlo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 462 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 462 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fundamentar el dictamen la diputada Rocío Barrera Badillo, hasta por cinco minutos.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el día de hoy discutiremos y si ustedes así lo deciden, aprobaremos el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Un proyecto noble y garantista, que procura protección a uno de los sectores de la población más desprotegidos y vulnerables por sus propias condiciones, me refiero a las niñas, niños y adolescentes que, por homicidio, feminicidio han quedado en orfandad.
La finalidad de la reforma es garantizar y anteponer el interés superior de la niñez en aquellos casos en que adquieren la calidad de víctima, en razón del homicidio, feminicidio, de su padre, madre, tutores, buscando hacer efectivo su derecho a la justicia de conformidad con el mandato constitucional y los compromisos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Al considerarles como víctimas indirectas estaríamos, por consecuencia, reconociendo y poniendo a su alcance mecanismos para hacer efectivo su derecho a la salud, a la educación, a la ayuda psicológica y al acceso a los recursos de ayuda federal y estatal, así como a la asistencia de protección, reparación integral y en su caso a la compensación.
Además, el establecer la obligación a cargo de la comisión ejecutiva de las comisiones de víctimas de las entidades federativas y de las secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación de los tres niveles de gobierno, de otorgarles especial atención, precisando que se les deben garantizar condiciones dignas para su permanencia en el sistema educativo, entre otras, entregar de manera irrestricta y sin costo alguno los paquetes escolares y uniformes.
Lo expresado, constituye el marco general de medidas de protección que este dictamen incorpora, sin embargo, se incluyen además mecanismos y medidas específicas de atención y ayuda a los que no me referiré para ajustarme al tiempo que me ha sido concedido en esta tribuna.
Quisiera reconocer que este proyecto, como la mayoría de los que hemos impulsado en la Comisión de Gobernación y Población, fue apoyado por todos los grupos parlamentarios ahí representados, lo que pone de manifiesto que independientemente de la filiación partidista o agenda política, podemos y solemos coincidir en los temas de mayor trascendencia para la nación.
Aprovecho para señalar que este proyecto será complementado con una reserva que en nada modifica su fondo, sino que armoniza términos y subsana un desfase con el texto vigente que se generó por el tiempo que tuvimos que esperar entre la aprobación del dictamen y su inclusión en el orden del día del pleno, lapso en que se aprobó y publicó un decreto que impactó algunas de las porciones de la Ley de Víctimas que hoy estamos reformando.
Concluyo señalando que las reformas que se proponen son indispensables y urgentes, no podemos ignorar la dolorosa realidad que todos los días viven y sufren las niñas, niños y adolescentes que por homicidio o feminicidio quedan en orfandad, por lo que es imprescindible que el Estado mexicano adopte las medidas que sean necesarias para protegerlos. Debemos asumir nuestra responsabilidad y responder al mandato que cada uno de nosotros recibió del pueblo de México.
Por ello, los convoco a que nos sumemos y que seamos una sola voz, y un solo voto en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes, que son la mejor de las promesas de México. Por ellas y por ellos, los invito a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Badillo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Con su permiso, diputada presidenta. A las niñas, a los niños, a todos los adolescentes, a todas las huérfanas y huérfanos por feminicidio, por homicidio abramos juntos la puerta de un porvenir mejor y tengamos esperanza.
Compañeras y compañeros, el feminicidio es el más atroz de los delitos contra la mujer, el homicidio el mayor atentado contra la vida humana y ambos comparten la brutalidad e impunidad con que son perpetrados. Dos terribles y devastadores delitos que han ocasionado lágrimas, dolor, impotencia y una crisis humanitaria comparable con escenarios de guerra, si lo sabré yo que soy de Tamaulipas.
Estos delitos deconstruyen el cuerpo y niegan el otorgar el perdón, niegan el derecho al aire y lo irreparable, niegan el derecho a vivir. A pesar de los esfuerzos por contener las violencias, estas se mantienen incontrolables y tienen múltiples repercusiones en las familias y comunidades. La violencia ocasiona miedo, temor e inseguridad y perfora el corazón de los sueños, de la libertad y de las aspiraciones.
El día de hoy, el dictamen que se nos presenta habla de víctimas indirectas del feminicidio y del homicidio. Las niñas, niños y adolescentes, los grandes olvidados, porque a ellos quién los protege. Si en la muerte de un ser querido hay dramatismo, hay terror, cuando se muere un ser querido hay un sentimiento donde piensas que jamás vas a volver a sonreír, que jamás va a volver a salir el sol para ti. Eso en los adultos, ahora imagínense, imagínense qué pasa por la mente de los menores, cuando saben que su madre fue asesinada, por el simple hecho de ser mujer. O cuando saben que su padre ha muerto siendo inocente.
Reconozco en el dolor de las víctimas un llanto desgarrador. Son ojos en los que vemos cómo gotean las lágrimas. Ojos que se cierran, sabiendo que al abrirlos nunca más verán a sus madres, a sus padres o a ambos. Y, por eso estamos aquí.
Durante mucho tiempo se exigió la atención de una política integral de Estado y hoy hay luz en el túnel. Estamos aquí para que el Estado actúe ante las irreparables pérdidas en favor de garantizar el acceso a la cobertura de las necesidades básicas, como es la salud, la alimentación, el vestido, la atención psicológica, el libre desarrollo y garantice la protección de los menores.
Para que las comisiones de víctimas de las entidades federativas extiendan su ayuda de acuerdo a las necesidades inmediatas que presenten los menores de edad, los acompañen en sus estudios de nivel básico hasta superior y les provean de instrumentos para recuperar la dignidad de su vida.
Con este dictamen el Estado mexicano podrá elaborar un padrón permanente de menores en situación de orfandad por feminicidio y homicidio, desagregado por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta. Compañeras y compañeros, agradezco desde lo más sincero de mi corazón a la Comisión de Gobernación, por acompañar y aprobar este dictamen. Gracias, porque contextualiza las dimensiones y la profundidad de las violencias que afectan la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Deseamos un México en paz para vivir. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sosa Ruiz. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos 7, 8, 47, 52, 88 Bis, 96, 131 y cuarto transitorio. Por lo consiguiente, la votación en lo general versará sobre los fundamentos, antecedentes legislativos, así como la exposición de motivos, cuadro comparativo del dictamen, y tres artículos transitorios, todos los demás artículos del decreto han sido reservados para su discusión en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Damos dos minutos más para resolver algunos incidentes en el proceso de votación. Debido a que no fue posible resolver el incidente del celular de la diputada Simey Olvera Bautista. Ya está resuelto el incidente. En consecuencia, pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 467 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 467 votos. Pasamos a la discusión en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta de modificación al proyecto de decreto y solicitó que se diese lectura por parte de la Secretaría. Proceda la Secretaría a darle lectura, por favor.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Sí, diputada presidenta. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2020. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva, presente.
Como es de su conocimiento, el pasado 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan, entre otras, diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, modificaciones que tienen un dictamen que respecto de la misma ley se encuentra pendiente de discusión ante el pleno de esta Cámara de Diputados, razón por la cual las diputadas y los diputados firmantes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante usted una reserva al artículo del decreto, a la fracción XXXVII del artículo 7o., al octavo párrafo del artículo 8o., segundo párrafo del artículo 131 y artículo cuarto transitorio contenidos en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, como se describe a continuación.
Dice:
Artículo único. Se reforman los artículos 8o., párrafos primero –y el 6 se encuentra testado–, 9, párrafo primero, 47, 52, y se adicionan los artículos 7o. con una fracción XXXVII, 88 Bis, fracción VI, con un inciso d), 96 con un párrafo sexto, corrigiéndose los subsecuentes en su orden, y 131 con un párrafo segundo a la Ley General de Victimas, para quedar como sigue:
Debe decir:
Artículo único. Se reforman los artículos 8o., párrafos primero y octavo; 9o., párrafo primero, 47; 52; y se adicionan los artículos 7o., con una fracción XXXVII; 88 Bis, fracción VI, con un inciso d); 96, con un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes en su orden; y 131, con un párrafo segundo a la Ley General de Víctimas. Para quedar como sigue:
Artículo 7o. Fracción XXXVII. Las víctimas –dice, eso es lo que dice el artículo 7o., fracción XXXVII– Las víctimas indirectas, como niñas, niños o adolescentes que se encuentren en situación de orfandad de madre, padre o ambos, originada por homicidio o feminicidio, tendrán derecho, atendiendo al interés superior de la niñez, al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica, a los fondos –esa palabra se encuentra testada– de ayuda federal y estatales que otorga esta ley; a la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación en los términos de esta ley.
Debe decir: Artículo 7o. Fracción XXXVII. Las víctimas indirectas, como niñas, niños o adolescentes que se encuentren en situación de orfandad de madre, padre o ambos, originada por homicidio o feminicidio, tendrán derecho, atendiendo al interés superior de la niñez, al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica, a los recursos de ayuda federal y fondos estatales que otorga esta ley; a la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación en los términos de esta ley.
Y, dice: Artículo 8o. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de Víctimas de las entidades federativas, según corresponda, de acuerdo a las necesidades que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos, o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género diferencial y atendiendo al interés de la niñez y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
El párrafo sexto. La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de Víctimas, en al ámbito de sus competencias, deberán otorgar con cargo al fondo –y esa palabra se encuentra testada– o del fondo estatal que corresponda, los recursos de ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. Especial atención se deberá otorgar cuando las víctimas indirectas sean niñas, niños o adolescentes en orfandad de madre o padre o ambos, por homicidio o feminicidio.
La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de 30 días los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que se hace referencia en el párrafo segundo del artículo 136.
El artículo 8o. es el que adiciona un párrafo octavo y debe decir: La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de Víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar con cargo al presupuesto autorizado de la Comisión Ejecutiva o del fondo estatal que corresponda, los recursos de ayuda que requiera la víctima, para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. Especial atención se deberá otorgar cuando las víctimas indirectas sean niñas, niños o adolescentes en orfandad de madre o padre o ambos, por homicidio o feminicidio.
La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo de 30 días los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la ley. El párrafo octavo pasaría a ser el párrafo noveno.
Respecto del artículo 131, dice: En todo caso, cuando la víctima indirecta sea niña, niño o adolescente en orfandad de madre o padre o ambos por homicidio o feminicidio, tendrá derecho al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica y a los fondos –palabra que se encuentra testada– de ayuda federal y estatal que otorga esta ley, hasta alcanzar la mayoría de edad o, en caso, que se encuentre cursando sus estudios superiores hasta la obtención de su título profesional y, en su caso, cédula profesional. La atención psicoemocional podrá, en caso de que el tratamiento médico lo considere necesario, extenderse aun entrada la mayoría de edad.
El artículo 131 debe decir: En todo caso, cuando a víctima indirecta sea niña, niño o adolescente en orfandad de madre o padre o ambos, por homicidio o feminicidio, tendrá derecho al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica y a los recursos de ayuda federal y fondos estatales que otorga esta ley, hasta alcanzar la mayoría de edad, o en caso de que se encuentre cursando sus estudios superiores, hasta la obtención de su título profesional, y en su caso cédula profesional. La atención psicoemocional podrá, en caso de que el tratamiento médico lo considere necesario, extenderse aún entrada la mayoría de edad.
El transitorio cuarto dice: Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda.
A partir de aquí se encuentra testado. Sin perjuicio de aquellos recursos económicos que en su caso puedan destinarse a los programas o proyectos que se considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las disposiciones aplicables.
El transitorio cuarto debe decir: Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto correspondientes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda.
Atentamente, diputado Marco Antonio Andrade Zavala. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Lo hará mediante la plataforma digital Zoom.
La diputada Martha Tagle Martínez (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. Desde Movimiento Ciudadano nos queremos manifestar en contra de esta reserva, porque me parece que se supone que hoy estamos discutiendo dictámenes de consenso. Así, en la Junta de Coordinación nos han puesto ante la discusión del pleno diferentes dictámenes que han generado consenso y este dictamen, en sus términos, venía consensado por todos los grupos parlamentarios y ahora por la vía de una reserva pretenden incluir un tema que además ni siquiera es objeto de la discusión.
La reforma que ha sido propuesta por la diputada Olga Sosa en la Ley General de Víctimas, sin duda, es una reforma muy importante porque tiene que ver con garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en la Ley de Víctimas y por eso sin duda apoyamos con determinación ese dictamen.
Sin embargo, la reserva que hoy están metiendo tiene que ver con el tema de la eliminación, justamente, de los recursos para garantizar los derechos de las víctimas, no solamente en el caso de las niñas, niños y adolescentes, sino en general de todas las víctimas, eso incluso debería de ser motivo de cualquier otra iniciativa y no solamente de esta reserva.
Es importante decir que aunque señalan que habrá recursos, no especifica cuáles, y advierte que seguirán a los fondos estatales, es decir, incluso si le genera una responsabilidad a los estados y municipios, quitándose la responsabilidad que hay a nivel federal, el artículo más preocupante es justamente el último transitorio, la modificación que se hace al artículo 4 transitorio, donde además de explicar que todo el tema que tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas, va a recaer dentro del presupuesto de los ejecutores de gasto autorizados, es decir, particularmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tendrá que ser sobre su presupuesto autorizado.
Y, es importante señalar porque esta Cámara de Diputados, recientemente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, aprobó una disminución para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 5 por ciento de sus recursos, es decir, no solamente eliminaron los fideicomisos, sino que ahora pretenden que con los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que además viene reducida, para el próximo año, se atiendan a las víctimas.
Puede haber muy buenos discursos y compromisos en las reformas que se generan en esta Cámara de Diputados, pero, la verdad de las cosas es que los discursos no sirven de nada cuando se trata de garantizar derechos. Para garantizar derechos y en este caso los derechos de las víctimas, tiene que haber recursos para que haya una política pública y los fondos que iban dirigidos para la atención de víctimas tienen que ver con la reparación del daño, con las medidas de no repetición y con poder realmente garantizar que superen la situación de víctima en la que el Estado mexicano es corresponsable.
Esas víctimas que hoy deben de ser atendidas por la Ley General de Víctimas, se refiere a todos aquellos familiares, por ejemplo, de personas desaparecidas en todo el país, se refiere a periodistas que hayan sido perseguidos por diferentes, por el régimen o la delincuencia organizada, se refiere a defensores y defensoras de derechos humanos que están dando la batalla en los estados para defender múltiples causas como los recursos naturales, como los derechos de las mujeres víctimas de feminicidio, muchísimos temas y todas ellas están en riesgo justamente porque no contamos con un sistema que realmente atienda la situación en que están las víctimas.
Y, ahora, con esta reforma a... un dictamen que sin duda era importante para incluir el tema de las niñas y los niños está buscando darle un golpe mortal al tema de los derechos de las víctimas.
Y, por eso es que desde Movimiento Ciudadano no podemos avalar esta reserva, no estamos de acuerdo tampoco en el procedimiento porque en la comisión discutimos una cosa y hasta ahora suben al pleno otra que es totalmente diferente, y que además, en consecuencia, por nuestra oposición a la eliminación de los fondos que van justamente para restituir los derechos de las personas víctimas en nuestro país, no podemos avalar esta reserva. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Tagle. Al no haber más oradoras y oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la asamblea. La diputada Lucía Riojas presentó propuestas de modificación al proyecto de decreto y solicitó que estas fueran integradas plenamente en el Diario de los Debates. Así será.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Agotada, en consecuencia, la lista de oradoras y oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos 47, 52, 88 Bis y 96, en términos del dictamen. Y de las modificaciones aceptadas por la asamblea, correspondientes a los artículos 7, fracción XXXVII, 8, párrafo octavo, 131, párrafo segundo y cuarto transitorio.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto, se les comunica que faltan 40 segundos para poder realizarlo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diversos incidentes reportados indican que dispondremos de dos minutos más para concluir la votación por la vía de la plataforma digital. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 336 votos en pro, 124 votos en contra y 2 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley Federal de Defensoría Pública. Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, hasta por cinco minutos.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, el día de hoy venimos a fundamentar, a nombre de la Comisión de Justicia, la propuesta de reforma a diversos contenidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Defensoría Pública, en materia de victimización secundaria y revictimización.
Es importante señalar que, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la revictimización o victimización secundaria es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de justicia y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima que se enfrenta al sistema de justicia y la inadecuada atención institucional recibida.
La revictimización genera fuertes impactos psicosociales porque remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de los derechos, así como un atentado a la reputación y al honor de la persona. En definitiva, una marcada merma en la calidad de vida y bienestar de la persona que ha sido víctima de un delito.
Así pues, el sistema de justicia debe cumplir con la defensa y reparación de los derechos vulnerados y no obstante, en diversas ocasiones –en reiteradas, diría yo– no sucede eso en el sentido de que los operadores del sistema de justicia en lugar de actuar a favor de las víctimas del delito, muchas veces lo que hacen es crear nuevos perjuicios que en consecuencia se traducen en revictimizar a esta persona que acude al sistema de justicia a buscar, a encontrar justamente una respuesta del Estado ante el delito de que ha sido objeto.
Ante tales circunstancias, es fundamental generar una sensibilización en los y las operadores del sistema de justicia para garantizar una actuación apegada a los principios constitucionales de toda persona que concurre a cualquier procedimiento del ámbito penal y evitar prácticas que generen el menoscabo de las víctimas y con ello un daño hacia su esfera jurídica por parte del Estado.
En este sentido, la capacitación permanente y continua de estos operadores es una de las tareas fundamentales que se sustentan en el objetivo de toda institución con la responsabilidad de tutelar los derechos fundamentales de las personas.
Y hay que decirlo, la victimización secundaria o la revictimización es un fenómeno que afecta con mayor gravedad a las mujeres porque son conocidos diversos casos en los cuales estas acuden a una institución de justicia y son denostadas, son ignoradas o bien, muchas veces son tratadas con estereotipos y son afectadas en su dignidad.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, establece la obligación de los estados de abstenerse de realizar cualquier violencia contra las mujeres y de velar porque las autoridades y funcionarios se comporten de conformidad a esta disposición y además de abolir aquellas disposiciones legislativas que contengan prácticas que respalden o que toleren la violencia contra las mujeres.
En ese sentido, creo que es importante la propuesta que hoy ponemos a su consideración. Si bien es cierto, el Poder Judicial de la Federación ha dedicado especial atención y esfuerzo a la formación de sus integrantes con la finalidad de capacitarlos en nuevas teorías y doctrinas jurídicas y contribuir al mejoramiento de la impartición de justicia y la tutela de los derechos fundamentales, también es cierto que es necesario continuar con la implementación de sistemas de capacitación de todas y todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación y, de manera particular, en este sentido, en orientar a nuestros operadores de justicia justamente en el tema de revictimización para evitar que esto permee dentro de la esfera judicial.
Por ello, en la Comisión de Justicia acompañamos la propuesta de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, para poner énfasis justamente en los programas que impacte el Instituto de la Judicatura y también al Instituto Federal de Defensoría Pública, para poner y para visibilizar este fenómeno de la revictimización, sensibilizar y capacitar a sus integrantes y a quienes deseen o quienes aspiren ingresar al Poder Judicial o al Instituto de la Defensoría Pública.
También cabe mencionar que sabemos que hoy se está discutiendo, y pronto se discutirá aquí en la Cámara de Diputados una importante reforma al Poder Judicial, que seguramente tendrá como consecuencia una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, pero es importante que esto hoy sea aprobado para que en la discusión futura que tendrá esta ley orgánica, pues también se atienda este tema fundamental para evitar que quienes acuden a solicitar la impartición de justicia sean revictimizados. Y por eso los invitamos a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fijar su posicionamiento, se concede el uso de la palabra a la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación... como el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada institucional recibida... atención institucional recibida.
Esto es el viacrucis diario que viven miles de personas en nuestro país cuando llegan ante una autoridad judicial a exponer su caso donde, de inmediato surgen cuestionamientos: por qué estabas ahí, por qué te dejaste, tú tuviste la culpa, qué traías puesto, pues a qué te dedicas, qué horas son esas de andar en la calle.
No importa si se busca a una persona desaparecida, si es una mujer o si es un hombre. No importa el delito, la causa o la circunstancia. Lo que importa es que hay una afectación a su persona, hay una violación a sus derechos fundamentales, una transgresión. Y como tal, se le tiene que reparar, siempre apegados a los más altos principios de la impartición de justicia.
La victimización secundaria se manifiesta en acciones como culpar a la víctima, utilizar el lenguaje inapropiado por parte del personal con quien tiene contacto, destinar espacios inadecuados para la recepción de denuncias, formulación de preguntas repetitivas y obsesivas por distintos servidores públicos sobre los mismos hechos, todo con el objetivo de obstaculizar un proceso transparente y ejemplar.
Hoy requerimos de más acciones positivas que contribuyan a la constante capacitación y especialización del personal involucrado en el proceso de impartición de justicia, mediante cursos, capacitaciones y la especialización en la materia.
Con el dictamen aprobado, nos da la oportunidad de reforzar aquellas acciones que resultan de vital importancia para implementar nuevas medidas de protección hacia las víctimas que se encuentran en el proceso de denuncia o de juicio. Esto con la finalidad de evitar actos que pudieran ocasionar la victimización secundaria del afectado.
Esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal de la Defensoría Pública permite que las mejoras institucionales que tengan por objeto evitar la revictimización tengan que ser tomadas en cuenta a la hora de impartir justicia. Compañeras y compañeros diputados, hoy nadie, absolutamente nadie debe sufrir revictimización. Nadie tiene el derecho de cuestionarnos qué hicimos mal. Recuerden que la calle es nuestra. Nadie puede decirnos cómo ser buenas, cómo ser buenas víctimas.
Entendamos que las víctimas no solo enfrentan el dolor de lo que les pasó, sino llegar y sufrir los señalamientos que la sociedad les indica sobre cómo debieron comportarse o cómo pudieron haberlo evitado. De verdad, agradezco porque recuerdo perfectamente hace meses el día en que la Comisión de Justicia, por unanimidad, aprobó este dictamen. Gracias a todas y a todos los que están en la Comisión de Justicia y su apoyo incondicional.
Es imperativo demandar a las autoridades que realicen de la mejor manera su función y evitar con ello la revictimización de quienes lo único que piden es que se les haga justicia y obtener un trato digno y respetuoso por todas las víctimas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sosa Ruiz. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto, les recordamos que queda un minuto para que se cierre el sistema electrónico de votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta del resultado.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 463 votos en pro, 0 votos en contra y 1 voto en abstención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 463 votos, el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley Federal de Defensoría Pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen la diputada Esmeralda Moreno Medina, hasta por cinco minutos.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con su venia, presidenta. A nombre de la Comisión de Justicia, fundamento el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones al Código Penal Federal, iniciativa que presenté el pasado 11 de diciembre de 2019, al igual que mis compañeros diputados Felipe Arvizu, Juan Martín Espinoza y Alan Jesús Falomir.
Compañeros y compañeras legisladores, las personas mayores de 60 años o más, conocidas como adultos mayores, por mucho tiempo dedicaron su vida a proveer de cuidados y alimentación a sus hijas, hijos y familia. Sin embargo, hoy en día muchos de ellos viven en una constante lucha por integrarse a la sociedad para ver garantizados sus derechos humanos, el maltrato y la discriminación hacia las personas adultas mayores se ha generalizado en el ámbito familiar y para esta comisión eso representa una injusticia.
Las personas adultas mayores han llegado a ser consideradas como personas poco productivas y poco autosuficientes, por eso, desde esta legislatura hemos aprobado reformas constitucionales para dignificar y garantizar los cuidados que deben recibir las personas adultas mayores.
Como sabemos, el envejecimiento es un proceso natural e irreversible que tiende a disminuir capacidades de los seres humanos y quedar en estado de vulnerabilidad. En nuestro país, muchos adultos mayores son seres marginados por su condición humana, por lo que debemos aumentar el marco normativo para proteger su vida.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia dio a conocer que en México existen más de 13 millones de personas adultas mayores y que el 16 por ciento sufre rasgos de abandono y maltrato por sus mismos familiares.
En México, la población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable, pues se estima que cerca de 47 por ciento vive en situación de pobreza y entre 30 y 20 por ciento padece violencia física, psicológica, económica, entre otras o lo peor que puede suceder es que se encuentran en abandono.
El abandono del adulto mayor ocurre cuando sus necesidades básicas como la alimentación, el abrigo, la higiene, los cuidados médicos y la protección diaria no son atendidas por ningún miembro del grupo con el cual convive el adulto mayor. Muchos de ellos mueren, el abandono de los mismos ya es una realidad. La Secretaría de Salud del gobierno federal dio a conocer que en 2015 se contabilizaron 200 adultos mayores abandonados por sus familias en los hospitales, más aún en esta pandemia.
Por lo expuesto, podemos afirmar de que se trata de una grave situación que enfrentan los adultos mayores al ser abandonados por sus mismos familiares y que merecen toda la atención de las instituciones del Estado. Las personas de sesenta y más son sujetos de garantías reconocidas en nuestra Constitución, además de otros ordenamientos e instrumentos internacionales.
Nuestros más de 15 millones de adultos mayores tienen derecho a la integridad, a la dignidad y, sobre todo, a la preferencia a una vida libre, sin violencia y a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos que cumplan con sus necesidades. Requerimos que este dictamen se apruebe por todos y cada uno de ustedes.
Desafortunadamente, esto no siempre es posible para que ellos tengan estos derechos, pues al encontrarse en situación vulnerable, por falta de movilidad, suelen ser abandonados por sus mismas familias, a quienes cuidaron, amaron y dedicaron toda su vida. Por ello, el dictamen que hoy vamos a votar resulta fundamental, pues tiene por objeto sancionar penalmente el abandono de personas adultas mayores por quien tiene obligación de cuidarlos. Por eso, el presente dictamen busca garantizar una vida libre de violencia y a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos para los adultos mayores.
Finalmente, la Comisión de Justicia valoró de vital importancia impulsar esta reforma, para sancionar penalmente el abandono de las personas adultas mayores. Agradecemos a las diputadas y diputados por su apoyo con su voto en el presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Moreno Medina.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Quisiera señalar que para fijar su posicionamiento tenemos a dos diputados iniciantes de este dictamen puesto a discusión. Por lo tanto, dispondrá cada uno de ellos de tres minutos para su participación en tribuna y fijar su posicionamiento. Tiene la palabra el diputado Alan de Jesús Falomir Saenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Alan de Jesús Falomir Saenz: Con su venia, presidenta y de la Comisión de Justicia. Se estima que en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, que representan al 12.3 por ciento de la población total del país, de los cuales el 60 por ciento son mujeres y el 40 por ciento son hombres.
La Organización Mundial de la Salud define el maltrato hacia el adulto mayor como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. El abandono se entiende como la omisión en el cuidado de una persona, poniéndola en una situación de desamparo y en un estado de vulnerabilidad en la que pueda correr peligro su integridad física y psicológica por parte de quien tiene la obligación jurídica o moral de cuidarlo.
En la actualidad para algunas personas entrar a la tercera edad representa el inicio de una etapa de vulnerabilidad física, emocional, económica y social, ya que la visión que se tiene sobre las personas mayores ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Algunos integrantes de la sociedad los ven como una carga o estorbo, debido a que las capacidades del individuo se ven mermadas por el propio paso de los años o a causa de ciertas enfermedades crónico-degenerativas que padezcan o pueden llegar a padecer.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia dio a conocer que el 16 por ciento de los adultos mayores, que residen en el país, viven en situación de abandono; 4 de cada 10 son económicamente activos; y 7 de cada 10, que viven solos, presentan algún tipo de discapacidad o delimitación.
De acuerdo con datos recabados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, del Coneval, el ingreso promedio de las personas mayores de 60 años en nuestro país es de 5 mil 247 pesos mensuales, cantidad que resulta insuficiente para la manutención de una persona, la cual, en muchos casos, tiene derecho a recibir alimentos por parte de sus ascendientes, como lo marca el Código Civil Federal.
Para visibilizar la violencia en contra de las personas de la tercera edad, la Organización de las Naciones Unidas decide declarar el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato a la Vejez. Durante años México fue un país de jóvenes, con el Censo de Población y Vivienda de 2020, la pirámide ya no muestra esa tendencia. Y para el 2050 se estima que los adultos mayores de 60 años conformarán más del 21 por ciento de la población total del país.
Para finalizar, en México existen mil 20 casas de asistencia para las personas de la tercera edad, en las cuales habitan más de 22 mil 600 personas. La finalidad de estos centros es principalmente brindar protección física y mental a los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, en algunos de estos centros se cometen actos abusivos, como maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad y negarles premeditadamente una buena asistencia.
El maltrato hacia los ancianos puede ocasionarles daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración. Por todo esto les pido su apoyo y su voto a favor, para modificar los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal, para incluir el abandono a un adulto mayor como un delito. Por la dignidad, cariño y respeto de nuestros adultos mayores. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Falomir Sáenz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, para fijar su posicionamiento, el diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz: Con el permiso de la Presidencia. Desde esta tribuna reconozco la labor e impulso que se ha brindado para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables y la intención para erradicar situaciones que los pongan en riesgo. También reconozco el esfuerzo de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados para estudiar y emitir el presente dictamen.
El dictamen que se somete a consideración de este pleno evidencia su determinación para reformar la normatividad, cuyo objetivo es proteger la integridad física de los más necesitados.
Se propone una reforma a los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal, con la principal finalidad de establecer expresamente el delito por abandono de toda persona adulta mayor que sea incapaz de cuidarse por sí sola, que esté enferma, o bien, no cuente con los recursos necesarios para su subsistencia.
Este dictamen cobra suma relevancia ya que, de conformidad con el Inegi, en México residen 15 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 7 de cada 10 viven solas. Asimismo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ha indicado que 60 de cada 100 adultos mayores que residen en centros gerontológicos son rechazados o abandonados por sus familiares.
Estos datos son alarmantes, sobre todo si se toma en cuenta que las personas mayores sufren mayoritariamente discriminación laboral, discapacidad o dependencia económica. Por los motivos expuestos es que se acepta la procedencia del dictamen y su finalidad, toda vez que es necesario castigar a quienes abandonen a una persona mayor bajo su tutela. Sobre todo de aquellos que padecen de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y degenerativas, entre otras.
Los invito entonces, compañeros, compañeras, a acompañar este dictamen con su voto a favor para conmemorar con acciones el Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el pasado primero de octubre. Sancionemos a todo aquel que ponga en riesgo a las personas mayores y construyamos un escenario más justo para su desarrollo. La modificación propuesta a la normatividad penal es otra forma de combatir la negligencia criminal. Garanticemos el derecho de las personas mayores al cuidado, a la familia, a la alimentación y, sobre todo, a una vida digna.
Se han preguntado, ¿cuánto padecieron ellos? ¿Cuánto sufrieron? ¿Todo lo que tuvieron que pasar para que tú estuvieras aquí? Ellos dieron todo y lo siguen dado por nuestro México. Por ti, por tus hijos, por una mejor calidad de vida, no los dejes solos, ámalos, disfrútalos mientras sigan con nosotros. No más abandonos, no más discriminación y violencia contra ellos. Es cuanto, presidenta, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Arvizu de la Luz. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Diputadas y diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que queda un minuto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 464 votos a favor, 0 abstenciones y 2 en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 464 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma a los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección al patrimonio biocultural.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Diputada presidenta, solicito de la manera más atenta y respetuosa su comprensión de tiempo si se llegase a pasar, ya que doy el posicionamiento de la comisión y como promovente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. A nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, ponemos a consideración del pleno el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de patrimonio biocultural, presentada por un servidor y suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y por los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe y Diego Eduardo del Bosque Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Así como de los diputados Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés.
Compañeras y compañeros diputados, una de las mayores riquezas bioculturales del mundo la tenemos en nuestro país. México ocupa el segundo lugar de megadiversidad biológica y cultural. Concentramos el 10 por ciento de la biodiversidad de todo el planeta, y en nuestro país existen 364 lenguas indígenas vivas. Estos datos son muestra de la riqueza biocultural de todos los mexicanos, pero también de la necesidad de preservar la estrecha relación en nuestras culturas y la naturaleza.
Durante las últimas décadas, investigadores de diversas ciencias han concluido que la biodiversidad del mundo solo se preservará si se conserva la diversidad de las culturas, y viceversa. Porque son nuestros pueblos originarios los poseedores de gran parte de la riqueza natural mexicana.
Por ello, el dictamen que hoy ponemos a consideración del pleno tiene como objetivo principal conservar de manera urgente el patrimonio biocultural en México, al otorgar facultades a la federación para su protección. Dicho patrimonio se encuentra amenazado por diversas causas y el conocimiento tradicional se está erosionando día a día ante un modelo de desarrollo excluyente de las comunidades indígenas y tradicionales. No solo en México sino en todo el mundo.
Es por ello que en esta reforma se propone que queden claramente definidos en el artículo 3o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente los conceptos de agroecología, agroecosistemas, conocimientos tradicionales, patrimonio biocultural y prácticas agroecológicas.
Con ello lograremos garantizar la preservación de los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos originarios, ya que en los estados de mayor riqueza natural de nuestro país se tienen asentados los pueblos indígenas y la gran experiencia que han acumulado por miles de años como protectores de la naturaleza, que es vital para hacer frente al deterioro social, cultural y ambiental que vivimos en la actualidad. Es por esta razón que se faculta a la federación para salvaguardar y conservar el patrimonio biocultural, con el objetivo de conservar la biodiversidad.
Además de ello, en nuestro país al menos 52 áreas naturales protegidas habitan pueblos indígenas, por lo que es urgente preservar el patrimonio biocultural y sus conocimientos tradicionales. Aunado a esto, nuestro país enfrenta grandes retos para garantizar la seguridad alimentaria y la producción sostenible de alimentos.
Según datos de la ONU, el mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero en la Agenda 2030. Si continúan las descendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones para 2030. Al mismo tiempo, es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial, si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que padecen de hambre y a los 2 mil millones de personas más que vivirán en el mundo en 2050.
Afirman los expertos que la producción alimentaria sostenible es crucial para acabar con el hambre en todo el mundo. Asimismo, no debemos olvidar las metas específicas a cumplir que nos marcan la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la cual es el eje fundamental de nuestro trabajo legislativo.
Por ejemplo, duplicar para 2030 la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas y los agricultores familiares. Y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y producción, que contribuyan al mantenimiento del ecosistema, fortalezcan la capacidad de adaptación del cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de suelo y de la tierra.
Es por eso que con esta reforma buscamos que la federación fomente y promueva la agroecología como un nuevo paradigma de producción sostenible que siga el principio fundamental de producir conservando y conservar produciendo.
De esta forma la producción de alimentos y la protección de nuestro medio ambiente irán de la mano y esta reforma garantizará simplemente, sistemas de producción agrícola sostenible, ecológicamente adecuados y socialmente conjuntos, con lo que buscamos garantizar la permanencia de los pueblos en sus territorios a través de la mejoría de sus condiciones materiales y simbólicamente de vida.
Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, les pido su voto a favor del dictamen que hoy presentamos, para brindar las herramientas necesarias a la federación para la conservación de las prácticas tradicionales de nuestros pueblos y protección del patrimonio biocultural de todos los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rubio Montejo. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sé que estamos en la votación, pero, quisiera aprovechar el tiempo porque además ya se va a cerrar la sesión, luego llegue tarde a la misma de hoy y andamos atrasados en las efemérides y se cumplen 46 años del asesinato de Lucio Cabañas, en Técpan de Guerrero.
Ojalá lo retomemos la próxima semana. Un maestro de origen humilde, campesino, luchador social y que se vio obligado a tomar las armas para responder y para respaldar a las causas más sentidas del pueblo de Guerrero y del pueblo de México. Así que, a 46 años de su asesinato, quería que quedara asentado en el acta si no retomamos la efeméride para la semana que entra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muy bien, diputado Fernández Noroña, quedará asentada en el Diario de los Debates, su intervención.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: A las diputadas y diputados que no han emitido su voto se les recuerda que tienen un minuto para hacerlo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Al no haber podido solucionar los incidentes de su plataforma de votación, tiene la palabra para emitir su voto de viva voz, el diputado Vicente Verastegui Ostos, mediante la plataforma Zoom.
El diputado Vicente Javier Verastegui Ostos (vía telemática): Diputada presidenta, buenas tardes. Mi voto es a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Verástegui. De la misma manera, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero va a emitir su voto de viva voz.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (vía telemática): Mi voto es a favor, diputada presidente, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Ramírez Lucero. La diputada Aleida Alavez Ruiz, quien se encuentra en el pleno y que comunica Tecnologías de la Información, que no le fue posible emitir su voto mediante la plataforma. Adelante, diputada Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Aleida Alavez, a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Alavez. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 456 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 456 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección al patrimonio vía cultural. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Se informa a la asamblea que con fundamento en el artículo 11, numeral 2 del Reglamento para la Contingencia Sanitaria que la Cámara de Diputados aplica en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año legislativo de la LXIV Legislatura, no se admitirán intervenciones al final de la sesión, desde curul, de asuntos no registrados en el orden del día. Esto con el fin de no extender la duración de la sesión más allá de lo necesario y reducir el riesgo de posibles contagios.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:12 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana jueves 3 de diciembre de 2020, a las 11 horas, en modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 8 horas, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las y los diputados.
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