Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 469 diputados y diputadas, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (11:52 horas): Se abre la sesión semipresencial del jueves 3 de diciembre de 2020.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a dar lectura a las medidas de prevención.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Medidas de prevención en caso de contingencia. Identificar las salidas y acceso a las rutas de evacuación. Seguir las indicaciones del personal brigadista, quienes señalarán las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.

Como medidas de control y prevención ante el contagio de Covid-19, se recomienda mantener la sana distancia, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de base de alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. No saludar de mano o beso en cara. Presentarse al Servicio Médico en caso de síntomas de fiebre, mayor a 38 grados. Es cuanto, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules, y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 96 del Reglamento, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se dispensa la lectura. El diputado Porfirio Muñoz Ledo, hizo llegar a esta Presidencia, que tiene diversas observaciones al acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, mediante la plataforma Zoom.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (vía telemática): Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco que a mi pedido incluya mis observaciones en el Diario de Debates. La primera observación es de igualdad de derechos por los parlamentarios. Quienes por razones de salud no podemos acudir al recinto, no podemos tener menos derechos que los que sí los tienen, siendo una reunión semipresencial.

Resulta que por el formato adoptado, quizá por acuerdo entre los partidos, porque no está sobre la ley, quienes no podemos estar presentes no tenemos derecho, no tenemos oportunidad de participar en el debate. Ese es el primer terma.

El segundo punto, es que ayer se votaron temas muy importantes. No... todos, porque algunos pueden ser corregibles. Me refiero a dos, uno de importancia media y otro de importancia descomunal.

El primero es que se obliga a los inmigrantes que ingresan a México o refugiados que adopten una identidad colectiva. No sé qué quiera decir eso. Cuando lo que es justo y correcto es que sigan con su identidad, no que la falsifiquen, que se disfracen de mexicanos, que aprendan, incluso, como ocurre, un lenguaje, digamos, procaz o coloquial mexicano para no ser víctimas de la represión de policías, de soldados, de todo tipo de autoridades, es exactamente lo contrario en todo lo que hay que hacer.

Pero el que es extremamente grave y que ya fue votado por la Cámara de Diputados es aquél, en el que se dice, con respecto a la Ley de Nacionalidad y naturalización, que basta un documento a un hecho en el extranjero, y no dice ni siquiera de cualquier tipo, ni siquiera pasaporte, un documento extranjero puede ser público, privado, epistolar, familiar, apócrifo, que diga que la persona nació en algún lugar de nuestro país, puede ser Chalchicomula o puede ser la colonia Condesa para ser mexicano.

Esto es una súper barbaridad. La ley tiene establecidos requisitos muy precisos para tener la nacionalidad mexicana, son: el acta de nacimiento, están en la ley, es el uno. El certificado de nacionalidad mexicana, son modalidad del artículo 14 a 16, que cuando hay disputa sobre todo para el ejercicio de funciones públicas entre una segunda nacional y la mexicana, tiene que hacerse un deslinde. La carta de naturalización, esto es absolutamente claro. El pasaporte; la cédula de identidad mexicana y el más complicado, que es la matrícula consular, que es la que expiden los consulados de México en el extranjero, fundamentalmente en los Estados Unidos, y que para evitar su participación tienen requisitos materiales, código de barras, en donde está escrito todo.

Entonces, decir que cualquier persona puede obtener la nacionalidad por medios distintos es una barbaridad. Es simplemente violentar el derecho a ser mexicano; es decir, hacerlo extensivo a cualquier persona del mundo.

Ahora, la no figura a la carta, la tarjeta del INE, pero en 89, transitorio de Ley de Población autorizó que la tarjeta del entonces IFE fuera utilizada como cédula de identidad nacional, porque este sistema de identidad nacional no acabamos de construirlo todavía.

Entonces, ya está votado por la Cámara, sin haber habido una sola opinión, la de este modesto diputado, que ha tenido una vida entera como embajador, como representante de México y como legislador en otros tiempos, para precisar cuántas cosas. Ahora me obligan a cabildear, cosa que ya inicié ayer, con la Cámara de Senadores, para que nos devuelvan la minuta, porque esto es absolutamente inaceptable, o irme a la Suprema Corte, todo por no darme la palabra, que creo que si lo explico ayer hubiera tenido una reacción favorable de mis compañeras y compañeros diputados.

Creo, a no ser que ya asumamos que se vota por consigna y que si ya lo acordaron los grupos ya es ley de la república. Eso me parece sumamente grave. Fue el día de antier, 1 de diciembre, que esto ocurrió.

Entonces, yo estoy pidiendo que se me permita, no voy a abusar de la presencia de ustedes, en asuntos graves dar mi opinión, si no estamos discriminados quienes estamos en nuestra casa. Es lo que fundamentalmente quería decir. Señora diputada y amiga.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Porfirio Muñoz Ledo. En relación con sus observaciones y planteamientos del día de hoy, quedarán incluidos en el acta de la sesión del día de hoy. Y en relación con su exposición extensa que nos hizo llegar por escrito, sobre este y otros temas, será inserta íntegramente en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México remitió a esta soberanía consideraciones sobre la relevancia en el contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia, para su conocimiento y atención.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Estímulos y Cuotas Energéticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de las curules los siguientes dictámenes:

1. De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

3. De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

4. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población.

5. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Toda vez que se cumplió con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza a que los dictámenes mencionados por la Secretaría se sometan a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta si se autoriza que los dictámenes mencionados se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, el siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fundamentar el dictamen la diputada Pilar Lozano Mac Donald, hasta por cinco minutos.

La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, acudo a esta tribuna en mi calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para presentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esto en materia de planeación metropolitana, estatal, multimunicipal y municipal, que ha presentado el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez.

Actualmente la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece en su artículo 8, fracción XII, la facultad que tiene la federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de proponer a las instancias competentes de las entidades federativas y los municipios la creación de institutos de planeación y que a la fecha ha sido insuficiente el andamiaje normativo para la creación e implementación de estos institutos de planeación en nuestro país.

Este hecho ha traído como consecuencia que a nivel federal, estatal y municipal la creación y operación de los institutos de planeación carezcan de una programación, coordinación y de una implementación estratégica, teniendo como resultado el desarrollo municipal sin orden, sin planeación y esto termina por agravar la situación actual en materia de asentamientos urbanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano de nuestro país.

Ahora bien, las acciones emprendidas por los gobiernos en este momento distan mucho de ser una respuesta a este y a otros desafíos, por lo que es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización como un motor para impulsar el crecimiento económico sostenido e inclusivo, así también la protección del medio ambiente, el desarrollo social y cultural y las posibles contribuciones al lado de un desarrollo transformador y que también sea sostenible.

Lo que se busca con el presente dictamen es que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contenga la implementación de institutos de planeación a nivel metropolitano, multimunicipal y municipal, y con ello tener una coordinación eficaz como parte de una estrategia global para la mejor planeación y desarrollo sostenible del país.

Además, que los institutos de planeación formen parte activa del sistema de planeación del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, de las estrategias nacionales de ordenamiento territorial y de los planes y programas municipales de desarrollo urbano.

Derivado de ello, fuimos respetuosos de la autonomía de los municipios del país, cuidando en todo momento el federalismo. Por lo tanto, buscamos en todo momento dar certeza y garantizar los principios de los mandatos normativos que se contemplan en la legislación de la materia. Esto, para dar cumplimiento con la finalidad y los objetivos que implican la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable y sostenible.

Al respecto, resulta importante señalar que los institutos de planeación son organismos públicos desconcentrados, integrados por profesionales responsables de la planeación estratégica de nuestras ciudades, de nuestro país, de su instrumentación, del control y de la evaluación de proyectos que articulen las áreas de gobierno con la ciudadanía.

Muchas son las desventajas que se pueden tener en este tipo de institutos, pero por eso habremos de mejorarlas. Las evaluaciones recientes por parte de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo nos muestran que muchas veces estos asentamientos no cuentan con la infraestructura deseada que pueda hacer frente a posibles desastres naturales o emergencias sanitarias, ya que cuando no se realiza una planificación correcta para atender de manera inmediata y eficaz las crisis derivadas de esto, normalmente se convierten en tragedias.

Por tal motivo, consideramos que el fortalecimiento de los institutos de planeación es fundamental y muy necesario en esta Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya que la planeación urbana y el ordenamiento territorial constituyen los temas centrales del desarrollo urbano en la agenda nacional e internacional.

Finalmente, no me queda más que reconocer en primer lugar la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez y su gran labor en pro del fortalecimiento de la planeación de los asentamientos humanos, del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. Felicidades, diputado Carlos Alberto.

Y, en segundo lugar, a todas y todos mis compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad por su compromiso con el tema metropolitano, pero, sobre todo, por ser respetuosos en el seno de la comisión de la pluralidad, en donde siempre ha prevalecido el consenso. Por todo lo aquí expuesto es que solicito favorezcan con su voto el presente dictamen. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lozano Mac Donald.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con su venia, diputada presidente. Antes de exponer el fondo y las virtudes de la aprobación de este dictamen, quiero puntualizar que el proyecto legislativo que hoy aprobamos tiene doble mérito. Hoy celebro estar aquí porque me doy cuenta que vale luchar por nuestra ciudadanía, en primer lugar, porque es un ejemplo de cómo partidos políticos, diputados sin partido, ciudadanía, instituciones, gobierno, academia, colegios y sociedad en general podemos trabajar de manera coordinada y objetiva, poniendo por delante el bien común.

Hoy mi agradecimiento y reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a su titular Román Meyer Falcón y a su equipo de trabajo por haber escuchado y apoyado el proyecto desde el principio. A la presidenta de la comisión, Pilar Lozano Mac Donald, por su liderazgo al frente de esta comisión y sus compromisos con la movilidad y el desarrollo urbano. A mis compañeros que integran la comisión, por su voluntad democrática para trabajar, analizar, mantener un diálogo y ver siempre en favor del país, y de los ciudadanos.

A los coordinadores de los partidos políticos y al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mier, por su muestra de voluntad política, inclusión y pluralidad. A la Iniciativa Ahora, que confió en mí desde un principio. Muchas gracias a todos.

En segundo lugar, porque este dictamen promueve la planeación integral desde el ámbito municipal, estatal y metropolitano, con el propósito de generar desarrollo territorial y urbano planificado, sustentable y sostenible, así como generar las condiciones de prosperidad y pleno goce del derecho a la ciudad, entendido esto como el derecho a cambiar y a reinventar la ciudad conforme a las necesidades de cada municipio.

Los institutos de planeación, además de ser una realidad nacional, deben ser organismos públicos desconcentrados y autónomos, integrados por profesionales responsables de la planeación estratégica mediante la formulación, instrumentación, control y evaluación de proyectos que articulen las áreas de gobierno con la ciudadanía, coadyuven, contribuyan al desarrollo sustentable de los municipios y hay que decirlo claro y muy fuerte y muy concreto: nunca más improvisación y ocurrencias. Por el contrario, tenemos que tener una visión de futuro y una planeación para el desarrollo nacional que todas las mexicanas y los mexicanos merecemos en este país.

De acuerdo al censo de 2010, del INEGI, el 78 por ciento de la población vive en zonas urbanas. La urbanización es una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. Las poblaciones, las actividades económicas, las interacciones sociales y culturales, así como las repercusiones ambientales y humanitarias se concentran cada vez en las ciudades y ello plantea enormes problemas de sostenibilidad en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad alimentaria, salud, educación, empleos, seguridad y recursos naturales, entre otros.

Por ello, el dictamen que hoy se presenta es una pieza clave en las acciones que todos los gobiernos deben de emprender. Con ello damos respuesta a un cambio que ya comenzó a nivel global y así aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización como motor e impulsor de un crecimiento económico sostenido e inclusivo.

El desarrollo social y cultural y la protección del medio ambiente, así como de sus posibles contribuciones al logro de un desarrollo transformador y sostenible. El compromiso mundial en el tema de desarrollo urbano debe de lograr un paso decisivo en materia de asentamientos humanos y ordenamiento territorial. El trabajo coordinado, que hoy es producto del diálogo de todas las fuerzas políticas y de un servidor, es un paso importante tanto en lo local como en lo nacional.

Hoy, pese al panorama que nos presentó este 2020, debemos celebrar que el Poder Legislativo ha cumplido con su parte en materia de desarrollo metropolitano, urbano, ordenamiento territorial y movilidad. El paso que hoy damos es decisivo para contribuir en la implementación de nuevos métodos que coadyuven en la planeación y, con ello, dignificar el futuro, fomentar el progreso y asegurar un futuro sostenible.

Nuevamente, agradecer la voluntad de todos los actores políticos e institucionales que participaron en la materialización de este dictamen y, recordarles a todos los ciudadanos que nunca olviden que la esperanza se construye a través de la insumisión, el inconformismo y el pensamiento crítico.

Que hoy debe existir una nueva generación de mexicanas y mexicanos que se atrevan a imaginar nuevas formas de hacer políticas y posibilidades democráticas y que nunca olviden que el futuro se defiende más allá de la urna electoral.

Quiero pedirles todo su apoyo para aprobar en este día este dictamen, que va a ser de gran beneficio para todos los ciudadanos en este país, porque el eje rector debe de ser hoy en día la planeación. Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Morales Vázquez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital, procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las diputadas y diputados que falten de emitir su voto, se les recuerda que queda un minuto para hacerlo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Vamos a mantener abierto el sistema por tres minutos más para resolver diversos incidentes que se están reportando. No fue posible resolver los incidentes con el diputado Vicente Verastegui Ostos. Por lo tanto, tiene acceso para emitir su voto de viva voz.

El diputado Vicente Javier Verastegui Ostos (vía telemática): Diputada presidenta, buenas tardes, mi voto es a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Verastegui. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 450 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 450 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. Debido a dificultades de conexión con el diputado Erwin Jorge Areizaga Uribe, quien fundamentaría el dictamen, tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.

Quiero aclarar que en este caso, dos diputados –puesto que es un dictamen de comisiones unidas– harán o tendrán el uso de la palabra para fundamentar el dictamen. El primero de ellos es el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, hasta por cinco minutos.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Buenos días. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, paisanas y paisanos de Chiapas. En nombre de las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, acudo ante ustedes para presentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, el que también se distingue por contar con el apoyo de los grupos parlamentarios que forman parte de las comisiones dictaminadoras, a quienes les agradezco sus importantes y valiosas aportaciones para la construcción del presente dictamen.

Las modificaciones que plantea las podemos organizar en dos rubros: reformas de técnica y actualización legislativa entre las que se encuentra la propuesta de hacer congruente la Ley de Migración con lo dispuesto en la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y la actualización de la norma aplicable a las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, en razón de la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos desde el 18 de julio de 2016, ordenamiento que fue sustituido por la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas, reformas que a nuestro juicio son necesarias y oportunas para actualizar las disposiciones del ordenamiento que hoy se discute.

No obstante, el rubro más importante de las modificaciones que ponemos a su consideración son las que calificamos de sustanciales, se trata de ajustes en los procesos migratorios, así como el traslado e incorporación en la Ley de Migración de aspectos contenidos en la Ley General de Población y que guardan una estrecha relación con la dinámica migratoria.

Con las reformas pretendemos revitalizar la normatividad migratoria para convertirla en un instrumento legal, eficiente, ordenado y consecuente con los derechos humanos, derechos humanitarios y garantías constitucionales de las personas e instituciones o de terceros antes o durante la causa de su migración, repatriación o estancia en territorio nacional. Así, como regular las faltas o delitos en los que pudieran incurrir las personas servidoras públicas, quienes de ser el caso, podrán ser sujetas de procedimiento administrativo o penal.

Las reformas que hoy aprobaremos son garantistas al promover el esclarecimiento, simplificación y ampliación de los derechos de materia migratoria de las personas, tanto mexicanas como extranjeras, con las que además se procura que los derechos a que se hace referencia en la Ley de Migración, sean justiciables al establecer supuestos procesales más claros y benévolos para las personas, y reducir los márgenes de discrecionalidad de los que goza la autoridad a los absolutamente necesarios.

Por una migración más respetuosa, eficiente y ordenada, es por lo que de manera respetuosa les solicito su voto, compañeras diputadas, compañeros diputados, y que sea favorable para el presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bonifaz Moedano. Debido a que no fue posible resolver los incidentes de conexión con el diputado Erwin Jorge Areizaga Uribe, nos hará llegar su intervención, que será insertada íntegra en el Diario de los Debates, para fundamentar el dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, para fijar su postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien tendrá su participación vía la plataforma Zoom.

La diputada Zulma Espinoza Mata (vía telemática): Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y diputados, en el presente, prácticamente, todos los países del mundo se encuentran directa o indirectamente en dinámicas de migración, ya sea en contextos de origen, tránsito, destino o retorno, realidad abrumadora que requiere respuestas de nuestra parte como legisladores.

En 2017 había poco más de 257 millones de migrantes internacionales; es decir, 3.4 por ciento de la población mundial vivía en un país distinto al de su nacimiento. La migración es un proceso dinámico y complejo, cuyas reglas están sujetas a un sinnúmero de variables políticas, económicas, sociales y ambientales.

Los movimientos internacionales de personas han aumentado en su alcance e intensidad y las motivaciones para migrar están cambiando constantemente. En el caso de México la complejidad del fenómeno migratorio pasa necesariamente por su posición geográfica y estratégica en el principal corredor migratorio del mundo a América del Norte.

Somos el segundo lugar mundial entre los países con mayor número de emigrantes con 13.0 millones, después de la India, que ocupa el primero con 16.6 millones, y el primer sitio entre los países de América Latina miembros de la OCDE. Mientras que Estados Unidos de América ocupa la primera posición de país de destino, con 49.8 millones de migrantes.

Por otro lado, tan solo en 2018 se registraron más de 200 mil personas que fueron obligadas a regresar a México por las autoridades migratorias de nuestro vecino del Norte. En este contexto, y considerando el cambio de política migratoria en los años recientes por parte de Estados Unidos, adquieren gran relevancia de reintegración e integración de personas migrantes, aspectos que sin duda deben ser revisados y atendidos en la norma vigente.

En consistencia con lo anterior, los planteamientos que se presentan en el presente dictamen son acordes con los retos actuales. Reformas no solo deseables, sino indispensables en el marco de los tratados internacionales, a los que estamos comprometidos, y a la obligación de nuestro país de contar con un ordenamiento vigente y sólido.

La reforma abarca principalmente cuatro elementos: ampliar el beneficio de la condición de estancia de visitante trabajador fronterizo a los países vecinos y la temporalidad de estancia del visitante regional; establecer las bases para el retorno, emigración y reintegración e integración de connacionales; crear una nueva visa y condición de estancia de visitante por acuerdo de movilidad, para facilitar la movilidad internacional de personas en el marco de acuerdos interinstitucionales o tratados internacionales; y actualizar y homologar diversos preceptos del marco jurídico.

Sin pretender, por una cuestión de tiempo, describir en amplio sentido y de manera profunda lo que incluye el dictamen, sí me gustaría destacar algunas reformas que me parecen importantes.

En primer lugar, se propone adecuar la fracción correspondiente al visitante regional para ampliar la temporalidad de estancia de 7 a 21 días naturales, con la finalidad de fortalecer la vinculación y el intercambio cultural, educativo, social y turístico en las entidades federativas fronterizas del sur con nuestros países vecinos, conocidos como el Triángulo Norte, e impulsar medidas que tiendan a la conformación de un mercado laboral entre México y Centroamérica.

Cabe decir que actualmente la temporalidad permitida a las personas que vienen en cruceros turísticos se les puede autorizar hasta 21 días de estancia en el país. El proyecto de reforma propone homologar la temporalidad de estancia para ambos grupos de personas.

Por otro lado, se propone que la Ley de Migración regule de manera integral el fenómeno migratorio atendiendo todas sus dimensiones, en concreto lo relativo a la emigración y repatriación, así como establecer las bases de política migratoria del Estado mexicano, sus principios y los derechos de migrantes, regulando la participación democrática de los sectores público, privado y social en la conformación de la misma.

Ante esta situación actual que enfrenta nuestro país, es necesario presentar y respaldar las propuestas que lleven a México a contar con una legislación acorde con nuestros tiempos, para la protección de los derechos de las personas, sin importar su procedencia o nacionalidad. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Espinoza Mata.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país por su ubicación geográfica ha sido históricamente un país de tránsito, origen y destino para migrantes que buscan mejores oportunidades de vida y concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria.

Es una realidad que la migración está evolucionando como consecuencia de la progresiva globalización de los mercados laborales y las sociedades. Por otra parte, la migración transfronteriza en México está en constante cambio, lo que se ha demostrado a lo largo de los años en los cruces en la frontera sur del país.

El movimiento de personas a través del cruce de las fronteras nacionales para desplazarse a una comunidad o destino turístico del país vecino con fines culturales, de esparcimiento, negocios, aventuras o educativos son de importancia para la nación que se visita, pues genera una derrama económica.

La dinámica de entradas y salidas en la frontera entre México, Guatemala y Belice tiene una alta relevancia en el país por la cantidad de movimientos. Por ello, al ampliar la temporalidad de la estancia de 7 a 21 días naturales del visitante regional estaremos generando importantes impactos que tendrán como finalidad fortalecer la vinculación y el intercambio cultural, educativo, social y turístico en las entidades federativas de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

Otro importante avance de esta reforma es que con el dictamen a discusión vamos a integrar en la Ley de Migración los apartados de emigración y repatriación, lo que genera importantes avances, pues se complementan con medidas para atender a los mexicanos que residen en el exterior y visitan el territorio nacional.

Con las reformas que estamos por aprobar se va a distinguir con toda claridad la repatriación del retorno en el que se ubican las personas mexicanas que regresan al país después de residir más de seis meses en el exterior, mediante el otorgamiento de un certificado de retorno. Se estima que cerca de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, de los cuales 5.8 millones son indocumentados, 8 de cada 10 mexicanos indocumentados lleva más de una década en el país vecino.

Con la coyuntura de las políticas migratorias estadounidenses, se plantea que los consulados coadyuven en la identificación de los mexicanos que residen fuera del país y que pretenden regresar al mismo para residir en él, pues somos la segunda nación con más emigrantes desplazados a otros países, con poco más de 11 millones de mexicanos en el extranjero, quienes viajan principalmente a los Estados Unidos.

Las reformas a la Ley de Migración son sensibles a los mexicanos que regresan al territorio nacional, quienes por muchos años a su llegada a México se encontraban con un país adverso, con múltiples desigualdades y con una sociedad que en muchos casos los estigmatizaba.

Con este dictamen vamos a garantizar su reintegración mediante un proceso de identificación que permita facilitar su retorno a territorio nacional a través de programas interinstitucionales y el reforzamiento de vínculos entre las comunidades de origen y de destino de la emigración mexicana, en beneficio del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

Con las reformas a la Ley de Migración vamos a garantizar que el retorno de emigrantes mexicanos al territorio nacional sea seguro, digno y ordenado, con el fin de facilitar su reintegración.

Siendo la migración un fenómeno económico y social de gran relevancia, así como un proceso fundamental y que involucra la circulación de personas, este debe ser regulado minuciosamente. México ha buscado posicionarse como un país solidario, respetuoso y garante de la vida y la dignidad humana, adoptando a mayoría de los tratados internacionales relacionados con derechos humanos, derechos de los migrantes y derechos de los refugiados.

Por todo esto, estaremos a favor como bancada de Encuentro Social. Muchísimas gracias, diputada presidente. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Guzmán Valdéz.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Libier González Anaya: Gracias, diputada presidenta. Sin duda, el tema y espíritu del proyecto de decreto que nos ocupa resulta de mayor relevancia para la historia y política migratoria de nuestro país, particularmente, en estos momentos en que México y la mayoría de los países del mundo enfrenta un gran reto con la contingencia sanitaria, y económica que vivimos.

Es justo reconocer el consenso de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara al presentar la iniciativa de reformas de la Ley de Migración que, como la misma señala en su exposición de motivos, busca abordar la realidad del fenómeno migratorio de manera integral, especialmente, considerando las actuales políticas migratorias de los Estados Unidos de América, a la vez de establecer las bases para la articulación de acciones de los tres órdenes de gobierno en la atención de mexicanos en retorno y migrantes, así como de integración y reintegración de migrantes, entre otros objetivos.

El dictamen señala, con la precisión, el espíritu y bondades de la reforma y, no tengo duda de que esto representa, un avance significativo para la atención transversal y oportuna de nuestros connacionales, porque considero prudente mencionar que las y los migrantes mexicanos primero y antes que nada somos mexicanos y luego migrantes que buscamos mejores condiciones de vida para nuestras familias y comunidades de origen, aunque en muchos casos nos vemos en la situación de retornar a nuestro país.

Sin duda, esta reforma es necesaria y fundamental para la regulación de la situación migratoria en nuestro país que ha de brindar soluciones más eficientes y efectivas en la política, y programas migratorios del Estado mexicano.

Considero prudente destacar que, la iniciativa y dictamen, si bien señalan consideraciones importantes para la atención de las y los migrantes de otros países que transitan por el territorio nacional con destino a Estados Unidos de América, también se refiere a las y los migrantes que retornan a México con lo que se atienden distintas demandas expresadas por ellos, como la de contar con las facilidades para obtención de documentos de identidad jurídica y reconocimiento, y certificación de competencias o habilidades laborales de nuestros connacionales repatriados para su reintegración o integración social.

Asimismo, se determina que niñas, niños o adolescentes no acompañados deberán de ser canalizados de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que permite la salvaguarda de sus derechos e integridad física, y psicológica.

Por último, quisiera referirme a la propuesta de reforma del artículo 155 de la Ley de Migración, la cual establece que la secretaría, a través del instituto implementará acciones específicas en beneficio de las personas mexicanas que radiquen en el exterior y visitan el país para asegurar que su ingreso, tránsito, estancia y salida se lleve a cabo con pleno respeto a sus derechos y conocimiento de sus obligaciones en los periodos de mayor afluencia que se identifican con base en las estadísticas migratorias oficiales.

Los cito porque recientemente una de las demandas de la comunidad mexicana migrante que ingresa a nuestro país para visitar a sus familias, especialmente en estas fechas decembrinas, son extorsionados por la delincuencia organizada para no ser molestados en su tránsito por México.

Sabemos que las autoridades mexicanas han implementado medidas de seguridad pública que no son suficientes, por lo que es fundamental que se lleven a cabo más acciones para atender lo solicitado por nuestros connacionales.

Considero prudente mencionar que solo faltaría la asignación de recursos presupuestales para dar cabal cumplimiento de estas reformas, por lo que no fueron previstos en la aprobación de este Presupuesto de Egresos de 2021.

Las y los diputados de Movimiento Ciudadano, votaremos a favor de esta reforma porque estamos convencidos de que con ella se atiende una parte importante de una deuda histórica que el gobierno y el Congreso mexicano tenemos con nuestros connacionales radicados en el extranjero y repatriados. Así como con nuestros hermanos de otros países que transitan por México, principalmente con destino a Estados Unidos, o bien, que deciden radicar en nuestro país. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González Anaya.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Armando Javier Zertuche Zuani: Con la venia del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, la reforma de ley que está a nuestra consideración tiene como propósitos fundamentales atender cuatro temas importantes.

El primero de ellos es el de ampliar el beneficio de la condición de estancia de visitante, trabajador fronterizo y la temporalidad de estancia del visitante regional.

En segundo término, incorporar en la Ley de Migración elementos sustanciales respecto a la repatriación y reintegración de nuestros connacionales y lo que corresponde a las personas que ingresan a nuestro país, con el propósito de construir su residencia en territorio mexicano.

En tercer término, se busca crear la visa y condición de estancia de visitante para facilitar la movilidad internacional y, por último, actualizar diversas disposiciones en la ley, con el propósito de garantizar certeza sobre las diversas disposiciones que existen en la materia.

Con estas disposiciones se busca propiciar la movilidad de forma regular, que sea segura y ordenada para todos los migrantes, tanto a su entrada como a su salida y durante los periodos de tránsito y retorno.

Como resultado de las modificaciones que se proponen y algunas de las cuales han sido reservadas para una discusión que corresponderá a la emisión de una nueva Ley General de Población, como Poder Legislativo nos obligamos a que en un plazo máximo de 360 días calendario, después de publicada en el Diario Oficial de la Federación, debemos expedir la Ley General de Registro Civiles, ello debido a que, como se señala en el dictamen, para que se logre una correcta ejecución de la ley y las reformas que estamos por aprobar, se considera necesario la armonización de los múltiples registros civiles públicos que existen en la federación.

Con la presente reforma se dispone, en el artículo 40, que la visa de visitantes, por acuerdo de movilidad, autoriza a las personas extranjeras a permanecer de uno hasta cuatro años con permiso de trabajo sin que se requiera oferta de empleo, sin permiso de trabajo o con la posibilidad de obtenerlo previa oferta de empleo, según lo establezca el instrumento internacional suscrito por el gobierno mexicano.

Además, disponemos que esta visa puede otorgarse a los hijos de las personas extranjeras siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes que no hayan contraído matrimonio y estén bajo su representación legal, o que siendo mayores de edad se encuentran en estado de interdicción y estén bajo su representación legal. Así como su cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, quien tendría la posibilidad de obtener un permiso para trabajar previa oferta de empleo, siempre y cuando lo prevea el instrumento internacional de movilidad.

Se dispone que la autoridad migratoria que autorizó la expedición de la visa, también la cancelará cuando tenga en su poder pruebas fehacientes que demuestren que el titular de la visa ocultó o falseo hechos declarados sobre los que basó su solicitud, o bien, que exhibió documentación oficial apócrifa o legítima, pero obtenida de forma fraudulenta.

Por todas estas consideraciones y por las que dispone que por visitante regional se autoriza al extranjero nacional o residente permanente de los países vecinos para poder ingresar a las regiones fronterizas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de 21 días y sin permiso para recibir remuneración en el país.

El Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la presente reforma e invita a todas y todos los legisladores a seguir trabajando en pro de quienes se ven forzados a abandonar sus hogares en busca de un mejor futuro. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Zertuche Zuani.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Con su venia, presidenta. México es un país de origen, de tránsito, destino y retorno de personas migrantes, lo que representa grandes desafíos para las políticas públicas implementadas en los diferentes ámbitos de la vida nacional.

El país se ha posicionado en el segundo lugar con el mayor número de migrantes en el orbe, con 13 millones, solo por debajo de la India. En 2018, la población de origen mexicano en Estados Unidos fue de poco más de 38 millones. Asimismo, se registraron más de 200 mil personas devueltas a México por las autoridades migratorias de ese país.

De ahí la pertinencia del dictamen que hoy discutimos, el cual pretende incorporar en la Ley de Migración y ampliar lo relativo al retorno de mexicanos. La inmigración, la repatriación y la reintegración de manera general en la Ley General de Población, a la vez que regular la integración de personas que ingresan al país para residir.

Fija como uno de los principios de la política migratoria del Estado facilitar el retorno seguro, digno y ordenado al territorio nacional y la reintegración de los emigrantes mexicanos y sus familias mediante programas interinstitucionales.

Plantea que la Secretaría podrá fijar o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al país, así como suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en términos de esta ley y su reglamento. Y, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores promover y suscribir instrumentos internacionales para repatriar a los mexicanos y retornarlos, asistido de extranjeros.

Considera emigrante a la persona mexicana o extranjera con residencia permanente en México que sale del territorio con la intención de establecer su residencia en otro país, e indica que corresponde a la Secretaría investigar las causas y dictar medidas para regularlo.

Señala que los tres órdenes de gobierno deberán promover el desarrollo y fomentar el arraigo al territorio nacional de las personas mexicanas y extranjeras con residencia permanente en el país, crear programas para atender los impactos de la emigración en las comunidades de origen y generar acciones y programas para fortalecer la vinculación entre las familias de los emigrantes y la comunidades en el exterior.

Precisa que los mexicanos en retorno, son las personas emigrantes que regresan al país de manera voluntaria o porque fueron sujetas a un procedimiento de salida o deportación por una autoridad migratoria extranjera. Concibe a la repatriación como el proceso que realizan las autoridades competentes para recibir a las personas mexicanas que son devueltas por autoridades migratorias de otro país.

El Instituto Nacional de Migración efectuará el proceso de recepción e internación de los repatriados de forma eficiente, brindándoles un trato digno, respetuoso y si discriminación por ningún motivo. Al respecto, se implementarán acciones de alimentación, servicios básicos de salud, facilidades de comunicación para trasladarlos a albergues o estaciones de transporte y un certificado principalmente.

Precisa que la reintegración es el proceso por el cual las personas mexicanas han residido más de seis meses en el extranjero y regresan para residir en el país. Se reincorporan a la estructura social, al entorno cultural y al sistema económico por lo que se celebran convenios que incluirán la creación o adecuación de programas y proyectos de inclusión laboral, social y cultural.

Compañeras y compañeros legisladores, pese a los beneficios que se prevén con esta reforma, no debemos soslayar las propuestas de los especialistas, como especificar de forma clara el alcance y la responsabilidad de cada uno de los órdenes de gobierno, la asignación de un presupuesto que posibilite la operación de esta política para evitar duplicidades de funciones, incluir la perspectiva de género e interés superior de la niñez, garantizar el derecho a la identidad y armonizar los diversos ordenamientos, entre otras.

En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en el imperativo de asumir esta problemática con un enfoque integral, que atienda en todas sus dimensiones, a fin de que las personas que emigran, retornan, sean repatriadas o se reintegren, lo hagan de manera segura y reciban un trato digno, además de garantizarles acceso a programas que permitan su plena integración a esta sociedad. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Roa Sánchez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien realizará su participación vía la plataforma Zoom.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (vía telemática): Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, la migración en México es un fenómeno histórico que ha evolucionado, de ser un país principalmente de origen en décadas pasadas, pasamos a ser un país de tránsito y de destino, lo cual ha supuesto retos importantes para los tres órdenes de gobierno, para nuestras comunidades y también ha puesto a prueba nuestras posiciones históricas frente a la migración y el derecho que tienen todas las personas a migrar.

En los últimos años se ha dado un aumento considerable en el flujo migratorio que, ya de por sí, era uno de los más grandes del mundo. Muchos migrantes provenientes de Centroamérica y de otras partes del mundo cruzan a diario nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos, haciendo de nuestra frontera norte la más transitada del mundo.

A esto, como ya dije, hay que sumar a las personas que ya sea por las circunstancias o por decisión propia, permanecen en nuestro país. Hace algunos meses, a raíz de las caravanas masivas de migrantes centroamericanos y de la actuación del gobierno federal, varios de nosotros fuimos a la frontera sur para observar directamente la situación y asumimos el compromiso de legislar de acuerdo con los más recientes compromisos internacionales para asegurar que la migración en nuestro país sea segura, ordenada y regular. En esa visita, alcanzamos a ver el fenómeno migratorio en su dimensión más humana, y eso es lo que nos ha traído hoy aquí a discutir y a aprobar estas reformas en materia de derechos humanos de las personas migrantes.

Partimos de reconocer que la migración no se va a detener, ni con muros de odio, ni con guardias subordinadas a los designios del Norte. Por el contrario, debido a las recurrentes crisis económicas, a la inseguridad y a la violencia, a la creciente crisis climática es probable que esta aumente, y es necesario que contemos con leyes y políticas públicas actualizadas.

El gobierno de México en todos sus niveles debe contar con las mejores herramientas legales y presupuestos para atender el fenómeno de la migración, la interacción entre comunidades transfronterizas y a las personas migrantes. Y eso es lo que propone esta modificación a la Ley de Migración.

Se buscan agilizar los hoy largos tiempos de espera de los procesos migratorios, ampliar el alcance territorial para la figura de visitante trabajador fronterizo, reconociendo el dinamismo de la frontera sur, que se ve reflejado en el número de extranjeros que vienen a México con fines de comercio, educativos, de esparcimiento o de trabajo.

También busca ampliar el tiempo que puede permanecer el visitante regional en nuestro territorio, para homologarlo con el de visitantes de cruceros turísticos y se les permita a los visitantes regionales viajar mayores distancias.

Igualmente, propone la creación de la visa y condición de estancia de visitante por acuerdo de movilidad internacional de personas, en el marco de acuerdos interinstitucionales y tratados internacionales, así como incorporación de preceptos como la inmigración y la repatriación que atienden al contexto actual de la migración en México.

En el primer caso, diversos instrumentos internacionales permiten la movilidad internacional de las personas por tiempos mayores a los 180 días, por lo que era necesario crear una nueva figura que contemplara esa situación. En el segundo caso, los cambios en políticas migratorias de otros países, como Estados Unidos, y los cambios a la situación laboral o de vida de varios connacionales han llevado a que los números de repatriaciones aumenten en comparación con años anteriores. Por lo que es importante que los conceptos de migración y repatriación se contemplen en la ley actual.

Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy discutimos busca atender estas demandas, actualizar la ley y responder al contexto actual de movilidad internacional. Con ello en mente es que en Acción Nacional votaremos a favor de los cambios propuestos. Además de que son necesarios, son cambios que se lograron en consenso gracias al trabajo de todas las fuerzas políticas que integramos esta Cámara. Felicitamos a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Gobernación y Población por el trabajo que presentan, resultado de meses y del diálogo permanente.

Estas reformas y adiciones son muestras de que mediante el diálogo y el consenso, y mirando los problemas de frente y desde su raíz, lograremos cambios positivos para nuestro país, para nuestros connacionales y para nuestros amigos, socios, visitantes y migrantes de otras latitudes. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rojas Hernández.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, me complace presentar en mi carácter de promovente el dictamen que en este momento discutiremos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Antes reconocer los méritos y ardua labor de las instituciones, organismos internacionales, funcionarios y académicos y especialistas que fueron partícipes de este esfuerzo que concluirá su primera etapa.

Es importante señalar que desde la presentación de la iniciativa este proyecto fue enteramente plural, sumó esfuerzos y procuró consensos, siendo una de las pocas iniciativas que han sido presentadas por todos los coordinadores y coordinadora de los grupos parlamentarios, la entonces presidenta de esta Cámara y las presidentas de las comisiones dictaminadoras. Esto fue posible dada la naturaleza garantista del proyecto y su vocación de fortalecimiento de nuestra legislación.

En el caso de nuestro país el fenómeno de la migración se ha acentuado gracias a su privilegiada posición geográfica y desarrollo económico. Somos un país en el que el fenómeno migratorio se manifiesta en todas sus acepciones: emigración, inmigración, transmigración y retorno. Somos también, y hay que reconocerlo, un país en que los migrantes son población vulnerable, principalmente por las condiciones en las que se da su internamiento y tránsito, especialmente en el caso de niñas y niños migrantes no acompañados.

Nuestro país vincula al continente americano fusionando el norte con el centro y sur, y debido a su desarrollo económico. Hemos observado también la alza en el flujo migratorio de personas. En consideración a esto, el dictamen se fundamenta en cuatro ejes:

1. Ampliar el beneficio de la condición de estancia de visitante trabajador fronterizo a los países vecinos y la temporalidad de estancia de visita regional.

2. Retorno, emigración, reintegración e integración.

3. Nueva visa y condición de estancia de visitante por acuerdo de movilidad, para facilitar la movilidad internacional de personas en el marco de tratados internacionales o acuerdos interinstitucionales, y

4. Actualización y homologación a diversos preceptos.

Pero lo más importante es que estos ejes preservan y fomentan la aplicación de los derechos humanos, así se crea la figura de visitante por acuerdo de movilidad, que incluye el beneficio de que la persona extranjera podrá entrar y salir del país durante la vigencia de su documento migratorio.

Además, se actualizan diversos preceptos como lo es la utilización de la Unidad de Medida y Actualización, en lugar del ya sobrepasado concepto de salario mínimo. Se establecen mejores condiciones migratorias y laborales, procedimientos más ágiles en la expedición de visas y se dispone de un novedoso capítulo relativo a las sanciones que los servidores públicos pudieran configurar. Esto en sintonía con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El conjunto de las medidas propuestas procura una eficiente y fluida aplicación de la ley que asume un enfoque de derechos humanos notable, sobre todo en el aspecto de retorno y repatriación de personas mexicanas o de extranjeros a territorio nacional. Es por ello que les solicito apoyar son su voto a favor el presente dictamen.

Antes de concluir quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Gobernación, y en especial a los promoventes que ya mencioné en general hace rato. Primero, a la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, que en su momento fungió como presidenta de la Mesa Directiva. Al diputado Mario Delgado Carrillo, anteriormente presidente de la Junta de Coordinación Política.

Al diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, al diputado René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, al diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano, al diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, coordinador del PES, al diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Partido Verde Ecologista, a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, coordinadora del PRD, y a la diputada Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Badillo. Con esta intervención se cierra el plazo para registrar reservas. Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por cinco minutos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en pro del dictamen.

La diputada María del Pilar Lozano Mac Donald: Con la venia de la presidenta. Estimadas diputadas y diputados, el presente dictamen posee la cualidad de que representa un importante esfuerzo para que la Ley de Migración regule de manera integral el contexto migratorio.

Son una serie de propuestas que tiene como finalidad propiciar la movilidad humana de manera segura, regulada, ordenada de todas las personas migrantes, y esto es en las entradas, salidas, en los tránsitos y, por supuesto, también en los retornos.

Actualmente la Ley de Migración tiene, entre otros propósitos, fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras, reconociéndolos como sujetos de derecho, simplificar y ordenar procedimientos para atender de mejor manera la creciente movilidad internacional de personas y los diversos procesos migratorios que ocurren en el país, así también como proporcionar coherencia a la política y a las gestiones migratorias en nuestro país, como país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de las personas migrantes.

Es precisamente atendiendo a esos propósitos, que Movimiento Ciudadano coincide con las comisiones dictaminadoras, en el sentido de realizar esta reforma que va orientada al logro de cuatro objetivos generales: el primero, ampliar el beneficio de la condición de estancia de visitante, trabajador fronterizo a los países vecinos y la temporalidad de estancia del visitante regional. Todo esto a fin de proporcionar una movilidad, como ya lo comentaba en un inicio, regulada, segura y ordenada.

Segundo, dar integralidad a la Ley de Migración para que este cuerpo normativo regule todas las dimensiones que se presentan en México, ya que actualmente la migración y repatriación de mexicanos se encuentran previstos en el texto vigente de la Ley General de Población, sin embargo, serán eliminados del mismo en el proyecto de la nueva ley que se presenta junto con esta reforma.

Tercero, crear la visa y condición de estancia dentro de la categoría de visitante, que permite a las personas extranjeras permanecer en territorio nacional entre uno y cuatro años, sin que esto implique generar derechos de residencia.

Cuarto, actualizar y homologar diversas disposiciones para dar mayor congruencia a la ley y certeza jurídica a los usuarios.

En este contexto, Movimiento Ciudadano reconoce este esfuerzo que, sin duda, dará mayor certidumbre a la población migrante y porque, además, la reforma pretende abordar la realidad del fenómeno migratorio de manera integral, especialmente ante las actuales políticas migratorias de los Estados Unidos.

Establece las bases para la articulación de acciones de los tres órdenes de gobierno en la atención de mexicanos en retorno, así como su reintegración. Crear las bases para que México está en posibilidad de negociar condiciones de ingreso y estancia temporal equiparables a las de sus contrapartes, en acuerdos de movilidad humana, en particular de jóvenes que buscan experiencias de vida a través del contacto con otras sociedades o bien con la finalidad de obtener experiencia laboral, realizar estudios de corta estancia o realizar también actividades culturales.

Cuarto. Evitar imprecisiones o lagunas en el texto de la ley que dificulten o sean obstáculo para su aplicación. Estas propuestas abonarán al respeto de los derechos humanos de los migrantes, a la corresponsabilidad internacional en el tema migratorio. La protección de los connacionales que viven en el exterior a su reintegración cuando regresen a nuestro país, a la negociación y el diálogo con los gobiernos entre Estados Unidos y de nuestro país, y países de Centroamérica en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y de desarrollo.

Es una reforma ambiciosa que, con su aprobación, contribuirá en la cooperación para facilitar y garantizar la migración segura, ordenada y regulada, y la readmisión de los nacionales que regresan a su país, y velar porque sean recibidos adecuadamente, apoyar para una mejor recepción y la asistencia para la reintegración de aquellas personas que regresan a este país de residencia o de origen, así como tomar medidas para la integración e inclusión de las y los migrantes.

Enhorabuena por este cuerpo normativo que regulará, de manera integral, la migración, atendiéndola en todas sus dimensiones. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lozano Mac Donald. Tiene la palabra el diputado José Mario Osuna Medina, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

El diputado José Mario Osuna Medina: Con la venia del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, las reformas que están a nuestra consideración tienen el firme propósito de mejorar nuestro marco legal en materia de migración, no solo la que le corresponden a quienes desean radicar en nuestro país o a quienes simplemente transitan temporalmente por el mismo con el propósito de llegar a Estados Unidos. También, las reformas que se proponen tienen incidencia sobre el retorno de nuestros connacionales a territorio nacional.

Además, como se señala en el dictamen a discusión, la condición de estancia de visitante regional es el reconocimiento explícito de la movilidad transfronteriza que se vive cotidianamente en nuestro país.

Que en un primer momento se circunscribía a determinados municipios de Chiapas, después se amplió a algunos municipios ubicados a una distancia de 100 kilómetros de las entidades federativas de Chiapas, Tabasco y Campeche, con respecto a la frontera con Guatemala.

Actualmente, la extensión incluye a todo el territorio de dichas entidades federativas, junto con Quintana Roo y Yucatán. Por lo que la reforma, a nuestra consideración, tendrá un efecto favorable sobre las economías de esas entidades, porque ampliamos de 7 a 21 días la estancia permitida bajo esta figura.

Ello permite homologar con la temporalidad permitida a las personas que viven en cruceros turísticos, a quienes se les pueda autorizar una estancia de hasta 21 días en territorio nacional. Con estas disposiciones se busca propiciar la movilidad de forma regular, que sea segura y ordenada para todos los migrantes, tanto a su entrada como a su salida y durante los periodos de tránsito y retorno.

Con ello se dispone que por visitante regional se autoriza al extranjero, nacional o residente permanente de los países vecinos, para poder ingresar a las regiones fronterizas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de 21 días y sin permiso para recibir remuneración en el país.

Por todas estas consideraciones, el Partido del Trabajo se pronuncia a favor del presente dictamen e invita a todas y todos a seguir trabajando en pro de los derechos humanos, de todos aquellos que se desplazan en busca de un mejor futuro para su familia. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Osuna Medina. Tiene la palabra el diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Ulises García Soto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, quisiera recordarles a todas y todos los presentes, que desde el comienzo de la cuarta transformación un eje rector de las políticas públicas ha sido la integración económica regional, que reconstituye el tejido social y económico de la zona sur de México.

Por ello y siendo consecuentes, el gobierno ha puesto énfasis en poner en marcha diferentes proyectos, como el Tren Maya y otros megaproyectos, que tienen como objetivo regenerar la vida económica de la franja sur, a fin de revertir décadas de miseria y abandono.

Por tal motivo, y desde esta tribuna, hago manifiesto que nuestra labor como legisladores ha sido consecuente y nos hemos dado a la tarea de construir el andamiaje jurídico que facilite y genere el bienestar social para que México avance sin obstáculo alguno hacia la integración de dicha región.

Somos conscientes de que con el impulso de programas y acciones concretas buscamos generar un polo de desarrollo sostenible en la zona sur, que facilite el ingreso, permanencia y movilidad internacional de personas en el marco de los acuerdos internacionales, velando siempre por los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, propiciando así una movilidad regular, segura y ordenada de extranjeros y nacionales, tal y como lo mandata el Pacto Internacional de las Migraciones y demás postulados en la materia, de los cuales México ha suscrito y forma parte.

En síntesis, se busca crear un área de mercado común que fortalezca los lazos económicos, apostando siempre por nuestras ventajas competitivas como país y tomando como base el apoyo y respaldo incondicional del gobierno, para impulsar proyectos que fomenten y contribuyan al desarrollo económico de la zona. Por estas razones expuestas, el voto del Grupo Parlamentario de Morena será a favor del presente dictamen. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Soto. Tiene la palabra el diputado Óscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Oscar Rafael Novella Macías: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa tiene como finalidad la protección de los derechos de las y los mexicanos que salen y retornan al país, así como de las personas extranjeras que, por diversos motivos, transitan o residen en el territorio nacional.

Históricamente, una de las razones por las que nuestros connacionales se ven obligados a dejar su lugar de origen es la falta de oportunidades y de crecimiento económico, en diversas regiones del país, como Zacatecas, mi estado natal. Si bien las oportunidades de empleo y crecimiento económico se ven limitadas para quienes residen en las entidades de la frontera sur, estas son nulas para las personas migrantes que llegan a nuestro país en busca de un mejor futuro.

Por eso es que las y los diputados de Morena acompañamos el presente dictamen, pues la reforma busca establecer las bases para la articulación de acciones de los tres órdenes de gobierno en la atención de las y los mexicanos en retorno y emigrantes, así como la integración y reintegración de migrantes, favoreciendo su incorporación en el mercado laboral, contribuyendo así al desarrollo económico de la región.

Esta reforma se suma a la nueva política migratoria del gobierno de México, que reconoce a las personas migrantes y emigrantes como promotoras de desarrollo económico en sus comunidades de destino y origen.

Se suma además a las acciones que ha emprendido el gobierno federal para incentivar el desarrollo socioeconómico de las fronteras. Ejemplo de ello es el decreto de estímulos fiscales de las fronteras sur y norte de nuestro país.

En consecuencia, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen que nos presentan las comisiones dictaminadoras, a favor de transformar la realidad social, cultural y económica del país, para dar paso a una sociedad incluyente y respetuosa de los derechos humanos de todas y todos. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Novella Macías. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, esta Presidencia no recibió reserva alguna para su discusión en lo particular. En tal virtud, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática a través de la plataforma digital, procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos para que las y los diputados presentes, y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: A las y los diputados que falten de emitir su voto se les recuerda que queda un minuto para cerrar votación.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Daremos tres minutos más para poder emitir el voto mediante la plataforma digital. Tecnologías de la Información nos ha informado que no fue posible resolver incidentes para la votación de cuatro compañeras y compañeros diputados. En consecuencia, tiene la palabra para emitir su voto, de viva voz, el diputado Jorge Casarrubias.

El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: A favor, presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Casarrubias. Tiene la palabra, para emitir su voto, el diputado René Juárez Cisneros.

El diputado René Juárez Cisneros: A favor, presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Juárez Cisneros. Tiene la palabra la diputada Cecilia Patrón Laviada, en la plataforma Zoom.

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Patrón Laviada. Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 471 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 471 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. Pasa el Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Honorable asamblea, les informo que la maestra Altynaí Arias Hernández, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Cámara de Diputados falleció el día de ayer, 2 de diciembre.

A nombre de la Mesa Directiva expreso nuestra solidaridad y nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Esta Mesa Directiva invita respetuosamente a la asamblea a ponernos de pie y guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fundamentar el dictamen la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, hasta por cinco minutos.

La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Diputados y diputadas, a nombre de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres subo a esta tribuna para fundamentar el dictamen, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y de Protección Civil, dictamen que se construyó a lo largo de 19 meses de trabajo continuo.

El proyecto de ley está integrado por las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, los cuales proponían derogar la Ley General de Protección Civil con la finalidad de expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y de Protección Civil. Dichas iniciativas son las siguientes.

Iniciativa con proyecto de Ley General sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa con proyecto de Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, suscrita por la diputada Margarita García e integrantes del Grupo Parlamentario del PT.

De igual forma, y por la importancia de las propuestas, se integraron ocho iniciativas que proponían diversas reformas a la ley vigente, por lo que el presente dictamen representa la sinergia de los distintos sectores de la sociedad, así como la participación activa de las distintas fuerzas políticas representadas en esta comisión. A todos ustedes, mi reconocimiento.

El dictamen que hoy se somete a su consideración parte de una premisa: los desastres naturales no existen, lo que existe es una construcción social del riesgo, la cual debe ser abordada con una nueva visión de gestión integral de riesgo de desastres, la cual es definida por la ley como una política de Estado que consiste en un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción deriva de un modelo de intervención en los distintos órdenes de gobierno y sectores de la sociedad para implementar políticas públicas, estrategias, programas, procedimientos y acciones, siendo parte de los procesos de planeación urbana, ordenamiento territorial y del desarrollo sustentable, enfocados a lograr territorios seguros y resilientes.

Se integra de las siguientes etapas: identificación del riesgo, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Bajo la anterior premisa, la ley en el Título Tercero desarrolla las etapas de la gestión integral de riesgo de desastres y sus instrumentos, algo que adolece la actual ley. Estas etapas son: identificación del riesgo, previsión, prevención, mitigación, preparación y auxilio, recuperación y reconstrucción.

A partir de que se publica esta nueva ley, la política pública en la materia cambiará sustancialmente, de reaccionar únicamente al desastre para empezar a conocer el origen y naturaleza de los riesgos, así como los procesos de su construcción social a fin de emprender acciones y mecanismos para la mitigación de los mismos de una forma preventiva.

Acorde a lo anterior, los procesos de reconstrucción a partir de la entrada en vigor de esta ley, garantizarán que la reactivación de un desarrollo económico y social de una comunidad damnificada sea bajo condiciones de menor riesgo de lo que existía antes de la ocurrencia del desastre causada por una amenaza natural. Es decir, se deberá de reubicar a las personas a lugares más seguros, a realizar obras que mitiguen los riesgos, acabando con un círculo vicioso de la ocurrencia recurrente de los desastres en un mismo lugar.

Acorde a la reforma constitucional en materia, los derechos humanos de junio de 2011, las personas y comunidades afectadas son consideradas con criterios de inclusión, interculturalidad, igualdad y sin discriminación en programas de reconstrucción, es decir, se les reconoce como sujetos de derecho.

Se acabaron los tiempos en que no se atendía a las comunidades afectadas, de acuerdo a las características culturales y sociales, por lo que se demandaban alimentos que no correspondían a sus hábitos alimenticios o se edificaban viviendas que no eran acordes a la cultura de la comunidad.

Por otra parte, un tema fundamental que se incorpora en el presente dictamen el capítulo referente a los donativos para auxilio a la población. Esta comisión y, por ende, esta Cámara de Diputados con la inclusión de este tema, da cumplimiento a la sugerencia emitida por la Auditoria Superior de la Federación, derivada de la auditoria del desempeño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominada Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por los Sismos de 2017. Por tal motivo, se legisló de conformidad a lo planteado por la autoridad fiscalizadora de este país.

Quiero manifestar en esta tribuna que hay voces que, de manera irresponsable, quieren hacer creer que los donativos entrarán a las arcas de la Tesorería y se desconocerá su destino, por lo que el párrafo tercero, del artículo 77, determina que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público establecerán las disposiciones con apego a lo que determine el reglamento de la presente ley, en el manual de organización y operación del sistema nacional para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de donativos que se aporten con fines altruistas para la atención de emergencias, desastres o programas de reconstrucción, así como la rendición de cuentas.

Por lo anterior, es importante señalar que el capítulo 10 de la ley, denominado Programas de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil y de administración y transparencia de riesgo de desastres, garantiza la atención de emergencias y desastres.

La fracción 41 del artículo 4 define a los primeros como los mecanismos presupuestarios de financiamiento y cofinanciamiento con los que cuenta el gobierno federal para apoyar a las instancias públicas federales, entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, y a la población en general en las acciones de prevención y reducción de riesgos y de reconstrucción.

De lo anterior se desprende que los apoyos a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se mantienen, por lo que es mentira que se dejará de brindar apoyos a estos niveles de gobierno, al contrario, se garantiza por esta ley y se vigilará su cumplimiento.

Compañeras y compañeros diputados, en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres estuvimos pendientes en todo momento de que la nueva ley previera los instrumentos para atender las emergencias y los desastres.

La extinción de los fideicomisos del Fonden y Fopreden ha sido subsanada con restauración de Programas de gestión integral de riesgos de desastres y de protección civil, tal como lo determina el artículo quinto transitorio, la Secretaría de Hacienda y Seguridad y Protección Ciudadana deberán emitir las reglas de operación de los Programas de Gestión integral de riesgos de desastres y Protección civil, que atenderán la prevención, atención de emergencias y desastres en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Agradezco la participación de todos los sectores involucrados en la elaboración de esta ley, así como de los especialistas en la materia y la sociedad civil. No más mentiras, no más engaños. Este dictamen considera sus artículos 43, 44...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: -Termino, diputada presidenta- ...45, 46, 56, 66, 67, 68 y 69 todo lo que los extintos fideicomisos del Fonden y Fopreden preveían. Por lo que podemos seguir mirando con la frente en alto, hemos cumplido y cumplimos por el bien de México. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reséndiz Hernández.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Garantizar la seguridad de la población ante ocurrencias de una emergencia o un desastre derivado de una amenaza natural o producida por la actividad humana, es un reto que ha enfrentado nuestro país a lo largo de su historia.

La ubicación geográfica de nuestro territorio y el cambio climático lo hacen cada vez más propenso a enfrentar circunstancias que ponen en riesgo y vulneran la vida de todos los mexicanos. Es en razón de lo anterior que hace ya varias décadas se comenzó a legislar con mayor intensidad en materia de protección civil.

Anteriormente, se limitaba la protección civil a una serie de mecanismos orientados a atender y solucionar de manera reactiva las emergencias. Sin embargo, con el paso de los años, muchos acontecimientos a los que estamos expuestos han demostrado la importancia de ver la protección civil como un tema más amplio que requiere de una gestión integral, con enfoques preventivos y no solo reactivos.

En ese sentido, es el escenario para contar con un instrumento que establezca de forma clara los mecanismos de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil que sean correspondientes a lo establecido dentro de los instrumentos internacionales firmados por nuestro país en la materia, permitiendo a las entidades y dependencias del gobierno, así como... y social, implementar estrategias integrales para hacer frente, de forma eficaz, a las emergencias que se desarrollen en México.

Contar con una ley que contribuya a la gestión integral de riesgos de desastres en México, garantizará ante la ocurrencia de este tipo de sucesos en los tres niveles de gobierno, en el ámbito de su funciones y facultades. Actuarán de forma oportuna, a favor de la población, para implementar las acciones necesarias para hacer frente a cualquier emergencia y, en su caso, establecer medidas eficaces para prever, prevenir, mitigar, preparar, recuperar y brindar auxilio ante posible ocurrencia de cualquier emergencia o desastre que se presente en nuestro territorio.

Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que se pone a nuestra consideración el día de hoy, es el resultado de los trabajos y grandes esfuerzos que se realizaron al interior de la Comisión de Protección Civil y Prevención al Desastre.

Y con la participación activa de diferentes sectores de la sociedad, dependencias de gobierno y académicos con reconocimiento en el área, lograron materializar el dictamen que deriva a la nueva legislación, con el caso de la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, con el que se abroga la Ley General de Protección Civil Pública en el Diario Oficial de la Federación, del 6 de junio de 2012.

Estamos convencidos que con la aprobación de este importante marco jurídico se transforma la visión del gobierno y de la sociedad en torno a la gestión de riesgos y la protección civil, toda vez que se establece un nuevo enfoque en materia de prevención y atención de emergencias.

Con la nueva ley se creará el programa de Gestión de Riesgos de Desastres y Protección Civil y de Administración y Transferencias de Riesgos de Desastres, con lo que se podrá brindar apoyo financiero a instancias públicas federales, estados, municipios, demarcaciones territoriales y a la población en general, con acciones de prevención, reducción de riesgos y reconstrucción.

Con estas medidas se podrán responder de forma inmediata y oportuna situaciones de emergencias que se presenten, con la que se garantizará, además de la protección de la población, poder retomar a la normalidad en zonas que hayan sido afectadas.

En el Partido Verde sabemos que la gestión integral de riesgos es fundamental para preservar la vida y el patrimonio de las y los mexicanos, por lo que reconocemos que a pesar de que aún falta mucho por hacer, la ley que se vota el día de hoy, a través del presente dictamen, es pieza fundamental en este proceso. Por lo que las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del mismo. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rubio Montejo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien realizará su presentación vía la plataforma Zoom.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo (vía telemática): Gracias. Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática exponemos hoy en este día y subimos a posicionar el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

El tema de protección civil siempre ha sido un tema prioritario para nuestro grupo parlamentario. Quiero recordar que, en la LVIII Legislatura el PRD, a través de la entonces diputada Estrella Vázquez Osorno, presentó la iniciativa de decreto para adicionar la fracción XXIX, inciso A, del artículo 73 de la Constitución General de la República, a fin de que el Congreso de la Unión pudiera legislar en la materia.

Dicha reforma constitucional fue aprobada por el Constituyente Permanente, lo que permitió que el 12 de mayo del año 2000 se publicara la primera Ley General de Protección Civil. Es decir, tuvieron que pasar 15 años, desde los terremotos de 1985, para que México contara con un instrumento jurídico en protección civil.

La primera ley tuvo una vigencia de 12 años, la cual no tenía una visión de gestión integral del riesgo de desastres. La actual Ley General de Protección Civil, publicada en junio de 2012, si bien es cierto hace referencia a esta visión, no la desarrolla con amplitud, tal como sí lo hizo la ley el día de hoy, votaremos en su título tercero.

Y aquí quiero hacer un reconocimiento al coordinador estatal en Quintana Roo y coordinador regional para la zona sur sureste, el señor Adrián Martínez, con el que estuvimos intercambiando opiniones y estuvimos trabajando en conjunto. Él es del estado de Quintana Roo. Y llegamos también a estos temas, donde es muy importante reconocer el Atlas de Desastres también que estamos manejando.

Así, en el grupo parlamentario seguimos trabajando con esta nueva ley, y que elimina por completo toda referencia el término desastre natural. No existe tal. Lo que hoy es una construcción social de los mismos. Este reconocimiento sin lugar a dudas permitirá sentar las bases de una nueva política pública en la materia.

Incorporar como un instrumento la gestión integral de riesgo de desastre, los programas a reconstrucción, sin lugar a dudas es un avance fundamental en esta nueva visión de la política pública. El determinar que, estos programas deberán contener un análisis de amenaza en la zona a reconstruir, estrategias e implementación, e indicadores de resultados. Permitirá también romper el círculo vicioso de reconstruir en el mismo lugar en donde la vulnerabilidad no garantiza la integridad física y las personas.

Así como en 1999, el PRD sumó voluntades para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos para que el Congreso de la Unión tuviera facultades para legislar en la materia, hoy nuestro grupo parlamentario se suma también a este esfuerzo en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres para que México cuente con una legislación acorde al marco para la reducción del riesgo de desastres y a los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, y las emergencias, y los desastres no distinguen también la filiación política ni partidista ni religiosa de las personas. Por eso el día de hoy votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pool Moo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Con el permiso de la Presidencia, gracias. Antes que nada felicito a la presidenta de la Comisión de Protección Civil, la diputada Nancy Claudia Reséndiz, por este espléndido dictamen que hoy nos somete a consideración.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hemos sido sensibles a las necesidades de la gente desde el momento en que esta pandemia inició. Sin temor a equivocarme, ninguna legisladora o legislador federal puede estar en contra de normas que sí generen mecanismos para proteger y cuidar a nuestra población.

Las condiciones geográficas de nuestra gran nación, la expone de manera natural a sismos, heladas, sequías, lluvias, tormentas, inundaciones, ciclones y huracanes. Desafortunadamente en México suceden todos estos fenómenos naturales y meteorológicos. Sin embargo, eso no impide que seamos la gran nación que somos y la forma en que nos hemos expandido.

En los sismos de 2017, tuve la oportunidad de recorrer, de observar y de apoyar a las familias de diversos municipios del estado de Morelos que perdieron todo o gran parte de su patrimonio.

De ver cómo años de espacios dedicados a la enseñanza y preparación de nuestras niñas, niños y jóvenes, se derrumbaban en tan solo unos segundos y, sobre todo, lo que más me impactó fue ver la desorganización y la falta de empatía de las autoridades con lo que estaba pasando. Eso no solo me pasó a mí, fue algo que muchas muchos legisladores pudimos observar.

Derivado de este sentimiento de prevenirnos, de capacitarnos y de actuar, presentamos ante esta soberanía una nueva ley de gestión integral de riesgo de desastres y protección civil, que soluciona las omisiones de la ley actual de Protección Civil en materia de gestión integral de riesgos, un tema trascendental y que ya consideran otras naciones con la misma situación geográfica que México.

De la misma forma, se crea el Comité de Prevención, que instituye como un nuevo mecanismo de coordinación sobre las acciones de prevención que deben realizar las dependencias y entidades.

Algo muy importante para las familias afectadas, es que la nueva ley contempla los programas de reconstrucción, donde se establecen acciones tendientes a reestablecer las condiciones aceptables y sustentables de vida de las personas afectadas. Lo anterior, bajo los mecanismos de mitigación, reconstrucción, rehabilitación de infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos y deteriorados en un área.

Se crea la Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que asesorará a las dependencias y a las entidades federativas para analizar y contratar los instrumentos de administración y transparencia de riesgos.

En materia de donaciones, y después de muchas dudas y auditorías no solventadas en la Auditoría Superior de la Federación, debimos reforzar los mecanismos y la transparencia de estos. Por ello se desarrolla el mecanismo que deberá ser observado por las autoridades para la recepción de donativos en especie y en efectivo.

Y por último, se da un plazo de 90 días para que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad y Protección Ciudadana emitan las reglas de operación de los programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Claro, nada de esto se hubiera logrado sin las aportaciones de las expresiones políticas de las y los servidores públicos de las dependencias involucradas y de expertos en la materia. A todas y a todos ellos, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social les agradecemos y reconocemos su gran esfuerzo y, sobre todo, porque también ustedes hacen lo socialmente correcto. Por un México con gestión integral de riesgo, hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Argüelles Victorero.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los mayores desafíos que actualmente enfrentamos es el cambio climático, problemática que es producto de la actividad humana, pues las altas concentraciones de gases de efecto invernadero se traducen en graves inundaciones, prolongadas sequías, intensos huracanes y un aumento del nivel del mar. También enfrentamos la pandemia del coronavirus, una pandemia sin precedentes desde la gripe española. La actual pandemia ha tenido un pésimo manejo, porque se ha privilegiado la ideología política por encima de la técnica y la ciencia.

De ahí que el peligro de desastre siempre esté presente en nuestro país y debamos contar con un conocimiento más del riesgo, el cual ya queda establecido en esta nueva Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, que en Movimiento Ciudadano votaremos a favor, porque debemos apostarle a una sociedad resiliente, una sociedad preparada que tenga la capacidad de enfrentar los desafíos, de los cuales resulte fortalecida.

Difundir la prevención en todos los rincones del país y apostarle a la gestión integral del riesgo son dos pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país, porque cuando nos referimos al riesgo de desastres nos estamos preparando ante una eventualidad futura. La aplicación de la ciencia a la gestión del riesgo nos dará la capacidad para que los desastres naturales no interrumpan la vida cotidiana de las personas, pues lastimosamente han sido siempre los pobres los primeros en ser los más afectados ante una eventualidad.

Compañeras y compañeros diputados, con esta ley estaremos mejor preparados ante la probabilidad de daños y pérdidas futuras, pues si bien la sociedad civil en México tiene una de las mejores capacidades de reacción frente a un evento como lo vivimos en los sismos de 1985 y de 2017, no solo debemos ser una sociedad reactiva sino también preventiva y resiliente.

Tenemos que mitigar, reducir y prevenir cualquier riesgo de desastre natural, por ello hace unos meses presenté una iniciativa al artículo 3o. constitucional, para enseñar la cultura de la protección civil y la prevención de desastres, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, el patrimonio cultural, el medio ambiente y la infraestructura productiva, fomentando la solidaridad y la participación social. Hago votos porque la Comisión de Puntos Constitucionales pueda aprobarla a la brevedad, para que dicha iniciativa complemente a la ley que hoy estamos discutiendo.

Si invertimos en prevención con técnicas y conocimiento de vanguardia también evitaremos que el mal manejo de los niveles del agua en las presas de la termoeléctrica de la CFE termine inundando grandes superficies y poblados de bajos recursos. Lo vimos en Tabasco en 2007 y hoy lo volvemos a ver, pero lo ideal es que no vuelva a ocurrir jamás.

¿Ven por qué es importante apostarle a la prevención que a la reacción, diputados de la mayoría? Se los pregunto a ustedes porque en el presupuesto que habrá de ejercerse el próximo año ustedes, diputados de Morena, únicamente aprobaron 200 millones de pesos en el tema de la prevención. Una burla, sin contar que dentro de los 109 fideicomisos, que también ustedes eliminaron, se incluía al Fonden y al Fopreden.

Y lo más irónico es que el mismo día que entró en vigor el decreto por el que ustedes extinguieron dichos fideicomisos de prevención y atención de desastres, también ese día Tabasco tuvo que ser declarado estado de emergencia, por las inundaciones y en gran medida por la incapacidad de este gobierno.

Parece que a este gobierno lo persiguen sus incumplimientos a sus postulados de no mentir, de no robar y no traicionar al pueblo. Mientras el país se polariza, se deja en el olvido a la población más vulnerable.

Por décadas no se ha atendido el tema de la prevención. ¿Saben por qué? Porque las obras de mitigación del cambio climático y la inversión en prevención de desastres no generan votos, como los programas sociales. Pero les aseguro, compañeros de la mayoría, que sí salvan vidas. Por amor a México apostémosle a la prevención, porque la evolución mexicana será resiliente o no será. Es cuanto, compañera presidente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cheja Alfaro.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Margarita García García: Muchas gracias, diputada Sauri. Con la venia del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, más vale invertir en prevención que gastar en recuperación, pero que esta ley nuevamente no venga con los oportunistas del viejo régimen, donde hubo mucho presupuesto, pero en Oaxaca, hasta hoy se sigue quedando en incógnita en manos de quién está ese dinero de los sismos y de la gente que perdió sus casas, y eso no dicen nada muchos compañeros.

Esta nueva ley que se presenta por parte de la Comisión de Protección Civil, se establece conforme el marco internacional de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, el cual es considerado un instrumento que ayudará a que los gobiernos gasten menos en reconstrucción causados por desastres.

Sabemos que México es uno de los países con mayor número de desastres naturales debido a nuestro clima, el cual provoca mayor cantidad de fenómenos naturales severos. Nos encontramos dentro de las 10 principales nacionales que padecen de afectaciones geofísicas, hidrológicas, meteorológicas y climatológicas conforme un estudio realizado por la Oficina para la Reducción de Riesgo de las Naciones Unidas, presentando un total de 150 desastres naturales de 2000 a 2019, y donde emiten como observación final que la mayoría de las naciones han fallado en prepararse apropiadamente para prevenir afectaciones.

Para México, el impacto económico en pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales es muy alto, por lo que se debe considerar mecanismos sistemáticos planificados de atención a los desastres y la reconstrucción con una visión de desarrollo sostenible.

La reconstrucción después de un desastre no puede depender de la reasignación de recursos como ha estado ocurriendo, por lo que es importante considerar instrumentos financieros que apoyen a la prevención, por lo que incluir la gestión integral de riesgo de desastre en esta nueva ley es de gran importancia, ya que se da un enfoque más profundo de lo que implica el riesgo, reconociendo nuevas fases de evaluación y reducción de los riesgos por medio de la previsión, identificación, prevención, mitigación, preparación y atención a emergencias, y no quedarnos con la visión de ser solo un país reactivo.

Este dictamen retoma iniciativas que se presentaron por varios grupos parlamentarios para la creación de una nueva ley, incluyendo la bancada del Partido del Trabajo. Además de que se plantea la importancia de un atlas de riesgo, dándole todo un capítulo en donde considera la importancia de contar con este instrumento para que sea parte de la elaboración de políticas y programas en un proceso de intervención de riesgo de desastre con información nacional, estatal municipal y de demarcaciones territoriales como una nueva herramienta de análisis y posibles escenarios para una estimación de pérdidas en caso de desastre en viviendas, infraestructura y áreas de seguridad.

Esperamos que esto incentive a que los 2 mil 446 municipios del país realicen y actualicen sus atlas de riesgo. Se considera un programa de reconstrucción que permitirá que las construcciones se realicen bajo mejores condiciones y con un menor riesgo del que existía antes de desastre causado por una amenaza natural.

A pesar de muchas discusiones, reuniones, mesas de trabajo, foros en varios estados con personas interesadas y actores de protección civil en el ámbito nacional e internacional, quienes dieron su opinión y recomendaciones respecto a esta nueva ley, consideramos en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que aún quedamos debiendo a la población, debido a que faltó tomar en cuenta propuestas que enriquecerían más este dictamen.

Faltó un mayor interés de participación e inclusión por integrantes de la comisión y falta de sensibilidad por parte de la presidenta, pero, estamos dando un paso muy importante hacia el compromiso que tenemos de cambiar un país reactivo a un país previsivo.

Sabemos que las leyes son perfectibles, se adecuan a los tiempos y a la sociedad, por lo que esta ley se irá fortaleciendo conforme a las necesidades de los ciudadanos. Los sismos de 2017 nos dejaron una gran experiencia que fue el de fortalecer el marco normativo en materia de transparencia, debido a que muchos de los recursos donados y aportados para la reconstrucción de los estados afectados no llegaron a su destino, se quedaron en los bolsillos de quienes representan y representaron los responsables de protección civil en los estados.

Hubo opacidad en el manejo de estas donaciones, conforme lo informó la Auditoría Superior de la Federación, por lo que en esta ley se prevé que las autoridades que no actúen con ética y compromiso se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para su sanción.

Será un compromiso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo fortalecer y vigilar la aplicación de esta nueva legislación, ya que de ella dependen gran número de vidas. Es cuanto, diputada Sauri. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García García.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Juan Ortiz Guarneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Juan Ortiz Guarneros: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. “Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros. Y si no les puedes ayudar, al menos no les hagas daño”. Dalai Lama.

La protección civil siempre ha sido un tema polémico por su importancia. México, es un país altamente vulnerable, cerca del 40 por ciento del territorio y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes, inundaciones y temblores, por ello, nuestra preocupación acerca de mantener una cultura de prevención para bien de nuestros conciudadanos, sobre todo los más vulnerables.

El proyecto de dictamen que expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil ha observado las diversas iniciativas dictaminadas meticulosamente, las cuales fueron en su momento promovidas por diversos legisladores y que han servido para fortalecer el sustento legal.

También, se encuentran presentes en esta pieza legislativa las propuestas de académicos, secretarías de Estado y organismos federales y estatales que reforzaron las bases concretas de los artículos correspondientes, sin obviar el Programa de apoyo a la reducción de riesgos de desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México.

El objetivo está ya dispuesto en sus 95 artículos donde se le puede definir como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones, métodos y normas, instancias y principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones para efectuar las coordinaciones necesarias con las dependencias y entidades, así como con los sistemas creados para la protección civil en los tres órganos de gobierno.

De igual manera, las etapas que conciernen a esta ley se clarifican desde la identificación del riesgo, la previsión, la prevención y la mitigación, continuando con la etapa de preparación y auxilio. No menos importante es la etapa de recuperación y reconstrucción. Igual de interesante es la resiliencia, de la cual recurrentemente se ha hablado en diversos foros internacionales.

Una visión conjunta de interés nacional, ante el proceso de extinción del Fondo de Desastres Naturales, Fonden y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, Fopreden, se ha pugnado porque se incorpore lo conducente, debiéndose crear programas de gestión integral de riesgo de desastres y protección civil que atenderán las declaratorias de emergencia y de desastres, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán emitir las reglas de operación de dichos programas.

Se pretende también que se establezca un programa que tendrá como objetivo la promoción y fomento a la actividad preventiva, para reducir el riesgo existente, con la finalidad de disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por las amenazas naturales, precisando que también se cree un programa interno de protección civil, para que funja como instrumento de planeación y operación.

Desde luego, se considera que para acceder a los recursos de los programas se deberán sujetar a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la normatividad aplicable.

Por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la coordinación nacional, se brindará asesoría a los estados y dependencias federales en la aplicación de estos programas.

Además, con el proceso de gestión financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con una agencia de gestión financiera de riesgos públicos, como órgano descentralizado, sin omitir que en las entidades federativas se originen programas de gestión de riesgo de desastres y protección civil.

Se resalta también, el apoyo de donativos que el gobierno federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá recibir de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, los cuales se concentrarán en la Tesorería de la Federación, por lo que se asienta que las dos secretarías anteriormente citadas establecerán las disposiciones correspondientes para emitir convocatorias, recepción, administración, control y distribución de dichos donativos.

También es importante resaltar, que se sancionarán a las autoridades que autoricen la modificación de uso de suelo en la emisión de licencias y/o manifestaciones de construcción en zonas de alto riesgo.

Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del PRI es muy importante esta nueva ley por lo que significa para el pueblo de México, considerando que la protección civil implica servicio público, y su objetivo es prever las situaciones de riesgo que constantemente amenazan a nuestro país.

En ese sentido, para permitir que esta nueva ley cumpla con sus objetivos, presentaremos reservas, con la finalidad de darle mayor certeza, principalmente, en la disponibilidad de recursos y responsabilidades de los diversos ámbitos de gobierno. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ortiz Guarneros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, realizará su intervención vía la plataforma Zoom.

La diputada Sonia Rocha Acosta (vía telemática): ¿Me escuchan?

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputada, la escuchamos muy bien.

La diputada Sonia Rocha Acosta (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de usted y de la Mesa. Lo que el día de hoy vamos a votar, no es solo una Ley General de Gestión Integral de Riesgos, lo que vamos a votar es el desmantelamiento de la protección civil, tal y como lo conocemos en el país.

Este proyecto de nueva ley en términos generales adolece de una visión integral, estratégica y previsora, que realmente sirva de base para el establecimiento a la gestión integral de riesgos en nuestro país, y que permita su desarrollo en los estados y los municipios.

Es cierto que la anterior ley tenía muchas áreas de oportunidad, atribuciones, sanciones y un mayor impulso a la prevención de desastres, eran tareas pendientes. Sin embargo, la ley que hoy se presenta no atiende ninguna de estas evidentes necesidades y toma un modelo que funcionaba para sustituirlo por otro, que es más burocrático e ineficiente.

El texto de este dictamen quedó corto, en esencia y en operación. Uno de los problemas fundamentales es que no establece ni las atribuciones básicas por orden de gobierno ni mucho menos define los mecanismos institucionales de colaboración que permitan delimitar correctamente los tramos de control y responsabilidad de cada uno de los participantes.

De nada valieron las aportaciones del Consejo Consultivo que integró a especialistas en el área de gestión de riesgos que dedicaron su tiempo a través de meses de trabajo. Tampoco se escuchó a la sociedad civil y académica, que acudió a los foros regionales de consulta. Todos señalaron la importancia de que la Coordinación Nacional de Protección Civil recobrara su papel preponderante en la gestión integral de riesgos y que regresara a la Secretaría de Gobernación, o que se integrara dentro de la estructura de la Presidencia de la República. No los oyeron.

La Coordinación Nacional de Protección Civil depende erróneamente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y se encuentra en un tercer escalón en la toma de decisiones, por si esto fuera poco.

Se incluye la creación de una agencia de gestión financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Controla con independencia... (falla de origen) ... y cuantificación financiera de los peligros y riesgos y a la contratación de los seguros asociados, a la atención de daños relacionados con los desastres. Lo cual generará una fractura en el proceso de gestión integral de riesgos entre las dos secretarías.

Fieles a su costumbre la mayoría de esta Cámara de Diputados, toma una buena idea en los hechos y termina haciendo algo mucho peor de lo que estaba en la ley vigente. Lo peor estaba por llegar. Las modificaciones que realizaron a partir de la extinción de los fideicomisos rompen con el esquema subsidiario para la atención de emergencias y desastres. En ambos casos las declaratorias tenían la finalidad de formalizar el compromiso del gobierno federal de brindar ayuda a la población afectada, de hacerlo de manera coordinada con las instancias locales, brindando apoyo logístico y financiero.

La federación tenía la obligación de otorgar recursos en la nueva ley. Se sustituye, compañeros, por un podrá otorgar. Lo que deja a la población afectada a la merced de lo que el gobierno federal, es decir, el presidente decida que merece el apoyo. El ataque a los estados y municipios va mucho más allá. Anteriormente los fondos que constituían, servían para fortalecer las áreas operativas de las unidades estatales, así como su programa de capacitación.

En el proyecto actual se incluye, antes de estas funciones, la de brindar atención a emergencias, lo que en la práctica deja a los estados y a los municipios como primero responsables financieramente y operativamente –perdón– de las tareas de atención de la reconstrucción. Ojo, no existe en este país estado que pueda cumplir con la obligación sin la ayuda necesaria y subsidiaria de la Federación.

En resumen, compañeros, este dictamen presenta una ley con una armado institucional débil que condena al país a continuar en un esquema más reactivo que preventivo, cosa que aquí hemos escuchado diferente, que desmantele el apoyo financiero a estados y municipios a los que por cierto, los legisladores representamos para centrarlo en la federación y que privilegia a la opacidad y la discrecionalidad que tanto pregonaron combatir. Por esto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, votaremos en contra. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rocha Acosta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Azael Santiago Chepi: Con su venia, diputada presidenta. México históricamente ha tenido la ocurrencia de un sinnúmero de desastres, por su situación geográfica y el cambio climático.

Generalmente las consecuencias son devastadoras, derivado de los altos niveles de vulnerabilidad, marginación y pobreza, aunado al ciclo de políticas públicas fallidas, con altos costos para mitigar la emergencia, más no para prevenirlas.

La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, logramos llegar al final de un trabajo muy arduo. Mi reconocimiento a la diputada presidenta de esta comisión, Nancy Claudia Reséndiz y a todos los integrantes.

Hoy, se cambia la visión de la protección civil como un proceso solo de reacción ante la emergencia. Ahora se plantea, la gestión integral de riesgos como una política de Estado, en la que la coordinación de todas las autoridades, la sociedad civil, los voluntarios y la ciudadanía, asumimos la necesidad de comprender mejor los riesgos en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas, el fortalecimiento de la conducción de los procesos, incluida la rendición de cuentas.

Esta reforma es de vanguardia y novedosa, ya que toma en cuenta acciones dirigidas a la reducción, previsión y control permanente de los desastres, integrando perspectivas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles.

La aprobación de este dictamen robustece los mecanismos de protección civil nacional, con especial énfasis en la identificación del riesgo, la previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción ante la presencia de desastres.

Este dictamen retoma diversos instrumentos internacionales y se congratula del ejercicio colectivo de su construcción. Contiene la opinión de los diversos grupos parlamentarios que suscribieron propuestas. Asimismo, realizamos parlamento abierto y tomamos en cuenta muchas de las sugerencias emitidas.

Por ello, observamos la necesidad de replantear el marco normativo de la protección civil, desde la perspectiva de los derechos humanos, incluir la transversalidad de género y considerar la atención a los grupos vulnerables, garantizando el derecho a la educación, a la salud integral, al agua, a la vivienda, a la información, a los medios de producción y trabajo, y contemplar los derechos de los pueblos originarios e indígenas.

Esta iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, determinando la obligatoriedad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en que las acciones políticas públicas y programas sean con pleno respeto, protección y garantía de los derechos humanos y dignidad de las personas, a fin de lograr de manera progresiva su plena efectividad, tomando en consideración una perspectiva intercultural, de género, sustentable, etaria, inclusiva de accesibilidad y diseño universal para protección de las personas.

El dictamen considera la participación de todos los sectores de la sociedad, en donde se incluye la población indígena, para la integración y elaboración de instrumentos y procesos encaminados a fortalecer la resiliencia a partir de un enfoque interdisciplinario, multisectorial e intercultural. Este es un primer paso para avanzar, empeñados en promover la preparación, sinergias y colaboración.

La gestión integral del riesgo tiene como finalidad impulsar una nueva visión preventiva de la protección civil, sin que los desastres sean vistos de forma aislada. Ahora deben considerarse dentro del contexto de la relación entre el desarrollo económico, los imperativos de la planificación financiera, el desarrollo humano, ambiental y territorial sostenible para enfrentar esos desafíos y abrir ventanas de oportunidades en este tema.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, para coadyuvar en la protección de mexicanas y mexicanos expuestos a devastaciones a causa de diversos fenómenos naturales. La salvaguarda de la población es una prioridad para la cuarta transformación. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Santiago Chepi. Con esta intervención se cierra el plazo para registrar reservas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso d), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Martha Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Hacerle una consulta, diputada Sauri. Se supone que en estos días estaríamos trabajando con dictámenes de consenso, y ya tenemos un debate como si hubiera... Bueno, parece que hay diferencia. Entonces no entiendo para qué se presentaron estos dictámenes. Porque además hay 13 reservas, me comentan, en este primero... 19. Peor, todavía. Y los restantes parece que van por esa ruta.

Frente a la preocupación general sobre la emergencia sanitaria, me llama la atención el asunto porque trabajamos tres días de esta semana y además acabaron no siendo de consenso estos dictámenes. Entonces, mi pregunta es: ¿qué procede?

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Fernández Noroña, usted, como integrante de la Junta de Coordinación Política y participante activo de la misma, sabe las razones por las cuales se programaron el día de hoy dictámenes que, si bien tienen un apoyo amplio, sí hay puntos en donde hay discrepancia.

Precisamente hoy comenzamos por el dictamen donde pudimos aplicar el procedimiento abreviado, y los restantes cuatro tienen diversas manifestaciones por parte de los grupos parlamentarios. Entonces, estamos trabajando, aprovechando el día legislativo y desde luego con la propuesta que la Junta de Coordinación Política, a la que usted pertenece, nos presentó. Adelante, diputada.

La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Con permiso, diputada presidenta. La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, para su discusión y votación, el dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, que tiene por objeto, entre otros, definir las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de gestión integral de desastres de protección civil, así como el procedimiento para la recepción y, sobre todo, el destino para el auxilio de la población con motivo de alguna amenaza de origen natural o que son ocasionadas por conductas humanas.

La propuesta legislativa define amenaza como cualquier sucedo natural que puede desencadenar una situación de emergencia o de desastre que involucre afectaciones, ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud; daños al bien o alguna disrupción social, tanto económica o como daños ambientales.

Debido a que nuestro país es susceptible de diversas amenazas, principalmente de origen natural, como lo hemos visto en los muchos accidentes que han pasado, por ejemplo, en el sureste del país en los últimos meses, el Estado se ha visto obligado a crecer y fortalecer los mecanismos, tanto de prevención, de coordinación de los sectores tanto público como social, para implementar medidas y acciones necesarias para salvaguardar la vida de los mexicanos, la integridad, la salud de la población. Así como sus bienes, la infraestructura, el patrimonio, la planta productiva y el medio ambiente, y generar diferentes mecanismos de apoyo en beneficio a todos los afectados.

Cabe resaltar que la importancia de la participación de los sectores privados y sociales en cada una de las amenazas que se han presentado en nuestro país, manifestada principalmente en donativos debido a que contribuye en gran medida para que la recuperación de los afectados sea de una forma inmediata y con un carácter predominantemente social, es decir, sin ningún tinte político. Asimismo, contribuye para que el Estado no sea rebasado ante las necesidades de los afectados.

No obstante, lo anterior, la propuesta normativa que se discute en estos instantes es un obstáculo en la participación de los sectores, tanto privado como social y generará incertidumbre sobre el manejo y el destino de sus donativos. Podemos señalar que el gobierno federal pretende hacer caravana con sombrero ajeno.

En el afán del gobierno federal de centralizar cualquier acción gubernamental, lo cual es apoyado por los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara, se propone la concentración de los donativos en la Tesorería Federal, dificultando un mecanismo que sea verdaderamente ágil, transparente y efectivo de control y de coordinación, para que los donativos que tú vas a hacer sean administrados y entregados en beneficio de la población afectada.

Un claro ejemplo, y lo vamos a ver de una manera súper clara, es el manejo que se tuvo con el destino de Morena que le dio a las donaciones realizadas con motivo de los sismos de 2017, las cuales fueron objeto de pretensiones políticas y fue claramente anunciado, y se careció de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.

Lo vimos de una manera puntualizada, y la propuesta contenida en el dictamen será un obstáculo en el cumplimiento de los principios que se encuentran señalados en el artículo 8o. de la misma, como es la inmediatez, como es el profesionalismo, la eficacia, la eficiencia, que sean subsidiados, que sean complementarios, que tengan una corresponsabilidad, transparencia, entre muchos otros, poniendo en riesgo la protección de la vida, la saluda y la integridad de las personas y ocasionará grandes afectaciones al patrimonio.

Debido a ello, las y los diputados federales de Acción Nacional votaremos en contra del presente dictamen, debido a que no representa una actuación de las políticas públicas en materia de protección civil y gestión de desastres, y solicitamos a los demás grupos parlamentarios que voten en contra, que reflexionen realmente bajo los argumentos que les acabo de platicar, con el fin de que sin duda atienda a las diferentes observaciones que desde comisión hemos señalado. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Martha Ramos Cuéllar. Tiene la palabra la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Con su permiso, diputada presidenta. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos nació a través de un esfuerzo colegiado y muchos meses de trabajo en la Comisión de Protección Civil, y aprovecho para felicitar a mi presidenta, Nancy Reséndiz, por el esmero y dedicación, así como a todas y todos los diputados que conforman la comisión.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, México es uno de los países que más pérdidas económicas sufre a causa de los fenómenos naturales. Esta nueva ley, considera las opiniones de un grupo de expertos en la materia, los cuales nos presentaron sus aportaciones, entre los que destacó la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de la ONU, la Secretaría de Hacienda, coordinaciones de protección civil de diversos estados, incluso, la Auditoría Superior de la Federación.

Por otro lado, se detallan las atribuciones del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, así como de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional y del Consejo Nacional. También, se determinan las atribuciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual, en la legislación actual, no se encontraba considerado.

Por otro lado, se refiere las etapas de la gestión integral de riesgo de desastres, identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y construcción, los cuales son los pasos específicos a seguir para la prevención y la atención a desastres y emergencias.

Para la gestión integral, se contempla el programa nacional, programas de protección civil, el financiamiento de prevención a los atlas de riesgo, los programas de reconstrucción, los sistemas de alerta temprana, programa de gestión de riesgos y el aseguramiento.

De esto, quiero resaltar el instrumento de Programa de Reconstrucción, el cual servirá para la implementación de acciones para restablecer condiciones aceptables y sustentables de la vida mediante la realización de obras de mitigación, reconstrucción, rehabilitación e infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos y deteriorados en el área afectada, debiendo ser bajo condiciones de menor riesgo que lo que existe o lo que existía antes de la ocurrencia del desastre.

Esta, es una ley de vanguardia que atiende las áreas de oportunidad de la materia, genera estándares internacionales para la atención de desastres y vigilará que los recursos designados para la reparación de daños ocasionados por emergencias, así como la prevención de desastres, ahora sí sean destinados a ellos, esos tiempos de simulación, de atraco se han acabado.

Para la cuarta transformación salvaguardar la vida de las personas es primordial, así como su patrimonio y principalmente que recuperen lo perdido. Basta ya de mentirle a la población. La ciudadanía seguirá recibiendo el apoyo que se destinaba al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pero ahora será de manera directa, sin intermediarios ni bajo coerción política ni electoral, como solía suceder en el pasado de manera opaca y corrupta. Más de 8 mil 700 millones de pesos contempla el presupuesto para las labores que realizaba el Fonden.

Compañeras y compañeros, los convoco a votar a favor del dictamen, porque será a favor de votar por la vida y salvaguarda de las mexicanas y todos los mexicanos. Es cuanto y muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada María Guillermina Alvarado. Tiene la palabra la diputada, el diputado, perdón, Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Compañeros y compañeras diputadas, pues otra vez estamos viendo cómo lastimamos la vida de las entidades federativas y de los municipios. Una vez más los estamos desamparando en el acercamiento de diferentes desastres naturales, al norte, al sur, al oriente, al poniente se siguen presentando y protección civil ni sus luces. Se los digo con conocimiento de causa.

En el estado de Chihuahua tenemos ya dos años en sequía, ¿saben qué significa estar en seca? Nada más dejen de tomar agua dos días para que vean lo que estamos sintiendo. Protección Civil no ha puesto un dedo en Chihuahua. No ha determinado una sola coma. Ah, pero eso sí, desaparecen el Fonden y se clavan, literalmente, porque no sabemos en dónde está ese recurso, más de 6 mil 800 millones de pesos.

No ha habido ninguna aportación del gobierno federal para tratar de subsanar este desastre natural que estamos sufriendo en Chihuahua. Un solo centavo no han mandado. La agricultura y la ganadería siguen tropezando porque el gobierno federal no los voltea a ver. Y, con esa insensibilidad, todavía pretendieron llevarse el agua. Mi coraje es porque el presidente sigue de gira por todo el país, ha pasado por Chihuahua varias veces y nunca se ha asomado por la ventana para ver y comprender la situación de seca que estamos viviendo.

Súmenle 108 millones del Fondo para el Cambio Climático, ¿en dónde están? Fondos y fondos desaparecen y ahora resulta que ahora sí, se lavan las manos y gobierno y municipio rásquense con sus uñas, por si se les acerca un desastre natural.

El problema que hemos tenido en México es que siempre hemos sido reactivos y no preventivos a este tipo de desastres naturales, que porque llueve más o porque nunca llueve. Pero nunca podemos prever que en algún año se necesitan recursos para enviar a los municipios, sobre todo que son los que atienden directamente la clemencia, la necesidad del ciudadano.

Sí, es muy fácil aquí estar en la Cámara de Diputados y modificar y quitar y poner a gusto de lo que les mandé el Ejecutivo, porque están a merced de ellos. Sí, para que sigan con sus programas clientelares y asistencialistas. Si hubiera suficiente recurso está bien, adelante. Pero no les alcanza ni para la Ley de Ingresos. Por más apoyos en efectivo que manden, no va a ser suficiente para poder ayudar a un estado que se está ahogando por agua o que se está ahogando de sed.

Me parece que esta modificación muestra una vez más el sometimiento de la mayoría de los diputados que le hacen caravana al presidente, de todas las edades. Pero, lo más triste es que los de edad más avanzada se sigan sometiendo a ocurrencias, que saben que está lastimando al país.

Que no es del pasado, que si en el pasado se robaron el dinero, ya estuvieran trabajando para ir por ellos y regresar ese monto. Nada. Nada más hablan del pasado, y del presente no solucionan nada.

Y sí, levanto la voz y lo digo con toda fuerza y con todo coraje, porque están lastimando a mi estado. Si a ustedes les vale un sorbete su estado, su municipio, su distrito, aquí no, aquí sí hay alguien que defiende a Chihuahua.

Y, por lo pronto, exijo que inmediatamente se pare Protección Civil y determine que hay una catástrofe natural de seca en el estado de Chihuahua. Si no es ahora, si no fue en el pasado, tienen la oportunidad, lo exijo. Vamos a ver, diputadas y diputados, a ver si es cierto que los mandan a Chihuahua. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, Alonso Riggs Baeza. Tiene la palabra la diputada Dionicia Vázquez García, del Partido del Trabajo, en pro.

La diputada Dionicia Vázquez García: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso del pueblo de México. La protección civil ha sido un tema prioritario para un gran país, como lo es México.

Para las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo era urgente que se legislara en esta materia y, por lo tanto, se estableciera un nuevo ordenamiento. Un ordenamiento jurídico que pase de la simple protección civil a la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y de Protección Civil. Nos queda claro que el territorio nacional se encuentra expuesto a sufrir por las inclemencias del tiempo, lo cual genera sufrimiento, además de pérdida de vidas y de recursos materiales.

Por lo anterior, se deben gestionar integralmente los riesgos de desastres a los que constantemente nos enfrentamos las mexicanas y los mexicanos. La gestión integral de riesgo de desastres es un tema, que como ya lo hemos dicho, traspasa la mera protección civil, que ha venido siendo el centro de atención, dejando de lado disposiciones suficientes para gestionar las etapas de previsión y prevención, así como las consecuentes medidas para la restauración y la resiliencia.

Sabemos que en el ámbito internacional se han promovido diversos esfuerzos por orientar las políticas públicas encaminadas a cumplir una serie de principios y directrices, que sean capaces de reducir las afectaciones sociales ante la presencia de fenómenos naturales y antrópicos, que derivan en desastres, optando por la previsión como política fundamental para evitar la pérdida de vidas humanas, así como las acciones a tomar para lograr la resiliencia como producto de los desastres.

Esta legislación deriva de acciones que tienen como objeto la disminución de la vulnerabilidad económica, social y ambiental, que se tienen por los desastres que cada año se presentan.

Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo seguiremos legislando en favor de las mexicanas y los mexicanos, buscando fortalecer el diseño y la implementación de los instrumentos de planeación del territorio y mecanismos de gestión del suelo, para evitar los asentamientos humanos, la construcción de infraestructura y actividades productivas en zonas de riesgo, y brindar atención prioritaria a los planes de reconstrucción de vivienda, los servicios básicos, los medios de vida, la infraestructura pública y a la reactivación económica, garantizando el uso de los recursos públicos con criterios de accesibilidad y sustentabilidad y no discriminación. En el Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, gracias a todos.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Dionicia Vázquez. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputada.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Compañeras diputadas, compañeros diputados, en mi calidad de iniciante de la ley que hoy nos convoca, junto con un nutrido número de compañeras y compañeros sensibles al tema de la gestión integral de riesgo y la protección civil, acudo a esta tribuna a conminarles a votar en favor del presente dictamen.

Consideramos que ante la nueva realidad para gestionar las amenazas, emergencias y desastres, producto de diversos fenómenos considerados como naturales, debíamos aprender de la experiencia internacional y de las realidades locales.

Por ello, se fortaleció el actuar de las dependencias y entidades que están enfocadas a atender los desastres. No quiero pasar por alto el hecho de que esta ley surge del Legislativo, de un trabajo en colectivo, suma de diversas iniciativas. Las aportaciones de esta ley al andamiaje jurídico se pueden resumir en los siguientes puntos:

Pasamos de un enfoque reactivo basado en la protección civil a uno que tiende a la reducción, previsión y control permanente de la gestión del riesgo de desastres, con base en el Marco de Acción de Hyogo y en el Marco de Sendai.

Rediseñamos y fortalecimos las bases de coordinación para la gestión integral de riesgo de desastres a partir de un sistema nacional en la materia en donde participan corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público, las organizaciones de los diversos grupos de voluntarios, grupos sociales privados,... a partir de los programas presupuestarios, sectoriales e institucionales.

Contamos, incluso, con recursos presupuestales para la prevención y atención de los desastres con un monto superior a los del año pasado. La eliminación de los fideicomisos no afecta el gasto público aprobado en la materia, como aquí han venido a engañar varios legisladores de oposición, esto lo dejamos muy claro. No afecta el gasto público en materia de gestión integral de riesgo.

Establecemos un capítulo específico sobre principios rectores, sobre los cuales se basará toda política pública sobre gestión integral del riesgo de desastres y protección civil, sean estas de carácter federal, de las entidades federativas o de los municipios y demarcaciones territoriales.

Diseñamos una estructura de política pública, que va desde las fases de identificación del riesgo, previsión, prevención y mitigación, hasta la recuperación y la reconstrucción. De tal surte, que exista mayor claridad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la gestión oportuna.

Quiero, finalmente, agradecer a la diputada Nancy Claudia Reséndiz, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, su apoyo, su impulso, su compromiso con este tema tan importante, así como a cada uno de los integrantes de esta comisión tan importante.

Por último finalizar, recordándoles, compañeras y compañeros diputados, con esta ley escribimos una página más en la historia de la gestión de los desastres en el país, mirando en todo momento por la seguridad de las personas que resultan amenazadas y afectadas por los fenómenos naturales. Por ello, les reitero la invitación a aprobar este dictamen tan importante, a favor de las y los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Lorenia. Tiene la palabra la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

La diputada Nohemí Alemán Hernández: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputada Nohemí.

La diputada Nohemí Alemán Hernández: Compañeras y compañeros diputados. Sin duda, México es un país privilegiado por su ubicación geográfica y las características climatológicas e hídricas con las que cuenta. Paralelamente, estas condiciones también representan un peligro inminente que atenta contra la vida humana, pues en cualquier momento y lugar podemos ser afectados por el impacto de una gran variedad de fenómenos naturales.

El riesgo se incrementa aún más cuando los recursos públicos destinados a la prevención y la atención de emergencias y desastres se encuentran envueltos en actos de corrupción y opacidad en su manejo. Tal es el caso de los donativos para el apoyo a la reconstrucción y rehabilitación por las afectaciones provocadas por los sismos del 2017, en donde la Auditoría Superior de la Federación documentó diversas irregularidades detectadas en su manejo.

Demostró que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados a la población damnificada debido a la falta de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de esos recursos. A la luz de dichas inconsistencias, lo mismo ocurría en el manejo de los recursos del Fonden y Fopreden. Por ello se dio paso al proceso de su extinción.

Ahora se requiere establecer nuevos mecanismos y procedimientos que garanticen el destino transparente de los recursos a la atención de emergencias y desastres naturales. De ahí que, con la expedición de la nueva ley en materia de protección civil, se crearán los Programas de Gestión del Riesgo de Desastres y Protección Civil, mismos que serán financiados con los recursos que aún permanecen en el Ramo 23.

Ante la inminente o alta probabilidad de que ocurra un desastre natural y se emita su declaratoria de emergencia, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estará facultada para brindar inmediatamente, a través de los recursos de dichos programas, los apoyos necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, ya que no solamente se garantizará la transparencia del manejo de los recursos, sino que además se atenderán las medidas preventivas ante las catástrofes. Las vidas de las y los mexicanos y la salvaguarda de su patrimonio no deben arriesgarse a causa de la corrupción. Protegerlas no debe ser objeto de discusión. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Nohemí Alemán. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado diversas propuestas de modificación a los artículos 3o., 9o., 10o., 34... Perdón, a los artículos 3o., 4o., 10o., 34, 43, 45, 56, 58, 60, 61, 63, 67, 73, 74, 77 y 94 del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Se instruye a la Secretaría a que abra el sistema electrónico y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que los y las diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: A las y los diputados que falten de emitir su voto, quedan 25 segundos para poder realizarlo.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: El diputado Juan Martínez Flores, por favor, por Zoom. La diputada Dolores Padierna, por favor, por Zoom.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (vía telemática): A favor.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta se emitieron 390 votos en pro, 71 votos en contra y 4 abstenciones.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 390 votos.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Pasamos a la discusión en lo particular. Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, por Zoom, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Galindo Favela (vía telemática): Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Diputado, ha presentado ocho reservas, ¿es correcto?

El diputado Fernando Galindo Favela (vía telemática): Presenté nueve y las presentaré todas en este momento, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Correcto. Seremos tolerantes con el tiempo, diputado, en virtud de que las va a presentar todas en un solo momento.

El diputado Fernando Galindo Favela (vía telemática): Gracias, presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros, siempre debemos buscar la modernización y la actualización de nuestro marco normativo. Sin embargo, la ley que se pretende aprobar generará mayor incertidumbre para atender los daños generados por un desastre natural.

La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias, y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres, puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y de pérdidas económicas. Derivado de lo anterior, vengo a presentar diversas reservas, en particular nueve reservas, que mejoran el contenido de este dictamen.

Si se aprueba la ley como está, solo generará mayor incertidumbre... va a ser muy difícil que el Estado mexicano pueda dar respuesta a la ciudadanía...

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Diputado Fernando Galindo, duró un instante sin que lo escucháramos, hubo una falla en el sistema. Si gusta volver a repetir.

El diputado Fernando Galindo Favela (vía telemática): ¿Ahí me escuchan bien?

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Ya lo escuchamos.

El diputado Fernando Galindo Favela (vía telemática): Gracias, presidenta. Vengo a presentar hoy diversas reservas, nueve en particular, que mejoran el contenido de este dictamen. Si se aprueba esta ley como está, solo generará mayor incertidumbre, se fomentará la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y no incentivará la transparencia y la rendición de cuentas.

Estas reservas tienen los siguientes objetivos. En primer lugar, establecer un porcentaje mínimo del gasto programable que se debe establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para atender la prevención de desastres y la atención de la consecuencia que generan los desastres naturales.

Además, es importante que se establezca que, durante el ejercicio fiscal, los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el cumplimiento de esta ley deberán ser irreductibles e intransferibles a otras actividades o programas presupuestarios que no cumplan con lo establecido en esta ley.

Otro objetivo de estas reservas es establecer con claridad, dentro de la finalidad y objetivos de esta ley, la protección, aseguramiento y reconstrucción total de la infraestructura pública municipal, estatal y federal. Como está la ley el día de hoy no hay certidumbre de que haya recursos para la reconstrucción de toda la infraestructura pública de nuestro país, cuando se ve afectada por desastres naturales.

También, propongo modificar la definición de desastre natural que está en este dictamen, ya que la que se está proponiendo dejará de apoyar a comunidades que sufren afectaciones durante el año. La definición que está proponiendo es muy restrictiva.

También, una de las reservas trata de evitar la invasión de competencias presupuestales entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La ley está estableciendo una obligación que no le toca a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

También es importante que apoyen esta reserva, porque se establece con claridad las dependencias que tienen que llevar a cabo la evaluación de los daños. Hoy esta ley no establece estos mecanismos, de quién es la dependencia encargada de evaluar los daños en cada una de las comunidades, y cómo después de evaluar los daños puedan acceder a los recursos presupuestales que se tengan en cada ejercicio fiscal.

También es importante, si aprueban estas reservas, que se dé certeza y claridad del apoyo presupuestal que la federación dará a las entidades federativas y a los municipios. Debemos de evitar la discrecionalidad, derivada de sentimientos políticos.

Como lo han mencionado diversos organismos internacionales, México ha estado en la vanguardia de iniciativas encaminadas al desarrollo de un marco integral de gestión de riesgos de desastres, incluyendo el uso efectivo de mecanismos de financiamiento del riesgo... y aseguramiento para manejar el riesgo fiscal, derivado de los desastres...

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Si pueden checar nuevamente el audio del diputado, por favor. Ya. Adelante, diputado, ya lo escuchamos nuevamente.

El diputado Fernando Galindo Favela (vía telemática): Ya cumplí, presidenta. Invitar a mis compañeras y compañeros diputados a apoyar el contenido de estas reservas, que mejoran el contenido de este dictamen, porque no debemos de dar un paso para atrás en esta materia. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputado Fernando Galindo. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Fernando Galindo.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si se aceptan a discusión las reservas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: No se admite a discusión. Se desecha. Tiene la palabra la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por Zoom, a nombre propio y de la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, del mismo grupo parlamentario, hasta por cinco minutos. Si son tan amables, por Zoom, por favor.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (vía telemática): Con su venia, presidenta. A nombre de la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, secretaria de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres y del mío propio, presento ante ustedes, en un solo acto, ocho reservas al dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

Al inicio de esta legislatura se planteó en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres aprobar una nueva Ley de Protección Civil que pusiera en el centro de la política pública la gestión integral del riesgo, para apostarle más a la prevención y que a la reacción. Sin embargo, con lo que se presenta hoy, no fue así y estamos siendo testigos.

Este proyecto de nueva ley, en términos generales, adolece de una visión integral estratégica, previsora, que realmente sirva de base para el establecimiento de la gestión integral de riesgos en nuestro país y que permita su desarrollo en los estados y municipios, como ya lo han señalado. De tal forma, que presento las siguientes reservas, con el objetivo de mejora de la misma.

La primera reserva es a los artículos 43 y 45, con el que se busca eliminar que la declaratoria de emergencia sea acorde a lo establecido en el primer párrafo del artículo 70, que tiene que ver con las amenazas antrópicas, ya que se corre el peligro de que si actúa el hombre en algún desastre, entonces no se van a hacer responsables. Un ejemplo claro, es lo recién sucedido en Tabasco.

En la segunda reserva, al artículo 56, se propone que los municipios puedan pedir recursos para el fondo preventivo directamente, sin depender de los estados.

En el artículo 58 la reserva busca que exista una norma oficial mexicana que dicte la reglamentación, normas e indicadores para la elaboración del atlas de riesgo, para contar entonces sí, con un instrumento real, útil y actualizado.

En la reserva a los artículos 40, 60 y 61 que estamos presentando, se propone que para los programas de reconstrucción...

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Se le fue nuevamente el audio a la diputada. Si son tan amables de checar. Diputada Verónica...

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (vía telemática): ... no sea el presidente. ¿Me escucha?

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Sí, adelante, diputada, adelante.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (vía telemática): En la siguiente reserva que es a los artículos 4, 60 y 61 se propone que para los programas de reconstrucción no sea el presidente el que diga cuándo sí y cuándo no habrá un programa de reconstrucción, sino que se establezca un comité de evaluación de daños para determinar y cuantificar los mismos, quien tendrá hasta 30 días hábiles para esto, y el gobierno federal verificará en un lapso no mayor a 10 días naturales que la cuantificación de daños corresponda a la declaratoria.

La siguiente reserva es el artículo 63, sobre las alertas tempranas, y tiene como objetivo que quede claro que los particulares también puedan emitir o hacer sistemas para este fin, no solamente apoyar, y esto en apego a lo que establezca la norma oficial mexicana correspondiente que se propone.

La reserva al artículo 67 y 74 tiene la finalidad de evitar la ambigüedad y que se garantice que para la oportuna atención de las declaratorias de emergencia y de desastre, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público provea los recursos financieros necesarios y no solamente estén sujetos a disponibilidad, ya que es responsabilidad del Estado mexicano atender a la población que está en estas circunstancias. Así se garantiza que el gobierno otorgará los subsidios a estos programas de prevención y atención de desastres, ya que sutilmente sustituyen la palabra otorgará por podrá, dejando a los estados y municipios como únicos obligados para aportar recursos, lo cual no debe ser.

Con respecto al artículo 73, en el que solo hacen responsables a las entidades federativas sin el apoyo de la federación, de atender emergencias y desastres de origen natural que ocurran dentro de su jurisdicción, consideramos también que esto no debe ser así, ya que no hay capacidad financiera, ni operativa, para esto en las entidades.

Por lo tanto, se propone que dichos programas tengan como finalidad la capacitación, equipamiento y sistematización de las coordinaciones, no la atención, prevención y reducción de riesgos, ya que un tema fundamental es el de los recursos para la prevención y atención de los desastres.

Como ya desaparecieron el Fonden y el Fopreden, ahora los quieren sustituir por programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, en forma muy ambigua y a cargo de las entidades y municipios, a quienes también les redujeron los recursos en el presupuesto del próximo año, al más puro estilo de quienes no se hacen cargo de sus responsabilidades.

Por último, en la reserva en relación al artículo 77. Se propone eliminar el párrafo donde se centralizan los donativos en la Tesorería de la Federación, ya que por un lado el gobierno no quiere hacerse responsable de otorgar los recursos necesarios en un desastre, pero sí quiere recibir los donativos, sin garantizar que su entrega no será arbitraria. Así, se busca que los gobiernos del estado también puedan recibir donaciones como esas ahora.

En conclusión, esta ley traslada la atención de emergencias y reducción de riesgos a los estados, pero se queda con los recursos a nivel central, privilegiando la opacidad y la discrecionalidad. México requiere una ley preventiva, no solo reactiva, con definiciones claras y que garantice el establecimiento de la gestión integral de riesgo. Por ello, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor de estas reservas.

Concluyo con una frase del Dalái Lama: Nuestro principal propósito en la vida es ayudar a otros y si no los puedes ayudar, al menos no les hagas daño. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada: Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Verónica Sobrado Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Verónica Sobrado Rodríguez.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Margarita García García.

La diputada Margarita García García: ... capítulo séptimo de la escuela nacional... Con un único artículo, el 34, en donde se contempla que la escuela nacional es dependiente del Cenapred, la cual está orientada a la formación, profesionalización y certificación en materia de gestión integral de riesgo y protección civil.

Aunque debemos recordar que existen otras escuelas y universidades que imparten esta carrera de protección civil, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Universidad de Colima, entre otras, las cuales, además de otorgar un certificado, emiten una cédula profesional, considero necesario que tengan un mayor reconocimiento en la redacción de esta ley, ya que como se plantea, pareciera que la única escuela que tiene el reconocimiento es la Enaproc. Aunque se haga mención de que será sin perjuicio de que existan otras instancias de acreditación y certificación dentro del sistema educativo nacional, considero necesario reforzar que no es la única institución que puede certificar.

Por lo que esta reserva que presento incorpora en el artículo 34, quinto párrafo, se establezca de la siguiente manera: La escuela nacional y demás instituciones certificadas fijarán las competencias y reconocimientos necesarios para la acreditación de la capacitación de protección civil y gestión integral de riesgo de desastres que ofrezcan personas físicas y morales.

Al contar con instituciones de educación superior, que cuentan con carreras y especialidades en la materia de protección civil y gestión integral de riesgos, serán de gran apoyo y ayuda en el estudio, análisis e investigación de dichos fenómenos, por lo cual podrán aportarnos información relevante para creación de atlas de riesgos, atención a emergencia temprana y prevención de desastres.

Qué mejor que contar con instituciones académicas que se encuentren en estados y municipios con mayores desastres naturales para que brinden apoyo a la comunidad a la que pertenecen, y además de que muchas son escuelas. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicitamos su voto a favor de esta reserva y que seamos incluyentes, que no se hagan los mismos vicios del pasado. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Margarita García García.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Su servidora hizo una reserva al artículo 74. Solicito que se mande al Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, por Zoom. Si son tan amables, por favor.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (vía telemática): Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputada.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (vía telemática): ¿Ya? ¿Me escuchan?

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Sí. Seremos tolerantes con el tiempo. Tiene una reserva y un transitorio, ¿es correcto?

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (vía telemática): Son dos, exacto, dos reservas. Gracias. Seré breve. Estamos ante un proyecto que es de suma importancia para la sociedad mexicana, porque no solo representa los bienes materiales, sino de lo más sustancial, que es la protección del derecho a la vida.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el 41 por ciento del territorio nacional es vulnerable ante fenómenos naturales y cerca del 31 por ciento de los hogares mexicanos se encuentra en condiciones de riesgo. México aprendió, aprendimos desde 1985, la importancia de la protección civil y de la gestión de riesgos, aprendimos que es imperativo contar con políticas públicas efectivas, sustentadas en normas claras, precisas y, sobre todo, aplicables por la autoridad.

La ley que hoy se propone derogar sufrió siete reformas integrales a partir de su vigencia, que tuvieron como propósito fundamental actualizar la norma según las necesidades de la población, pero sobre todo previendo la atención de riesgos y estableciendo sanciones a quienes ponen en situación de vulnerabilidad a la sociedad mexicana. En este sentido, lo que quiero proponerles es retomar dos artículos que son de suma importancia para la garantía de los derechos de las personas, pero también para que hagamos cumplir las obligaciones que tienen los servidores públicos y el Estado mexicano.

En el artículo 94 propongo mantener como delito grave la construcción, edificación y realización de obras de infraestructura que carezcan de un análisis de riesgos, así como de las medidas necesarias para palearlos. ¿Para qué? Para prevenir, para garantizar la protección desde un inicio para dar elementos a los responsables en el servicio público y exigir que se cumplan las reglas, tanto en el sector público como en el sector privado.

Propongo también adicionar un artículo 95, recorriendo el subsecuente. para considerar como una conducta grave que el servidor público otorgue la autorización de permisos de uso de suelo o de utilización, sin que se cuente con la aprobación correspondiente que indique que no existe riesgo para la población, haciéndolo acreedor a las sanciones correspondientes.

¿Por qué? Porque la prevención y la atención también tiene como base la actuación del servidor público, porque estaríamos garantizando sancionar a quien haya incurrido en un delito, a quien haya atentado contra la vida y la seguridad de las personas y porque este artículo nos va a permitir sancionar a quien cometa omisión o un acto de corrupción, como sucedió en el caso de la escuela Rébsamen y otros más.

Recordemos que parte de los hechos de riesgo de vida y de patrimonio de las personas suceden porque no fueron sujetos de un análisis de riesgos y porque se permitieron construcciones fuera del marco legal.

México tiene ejemplos dolorosos y múltiples asentamientos humanos permitidos en zonas de riesgo e incluso tenemos casos de decisiones gubernamentales que han puesto en riesgo a comunidades inundándolas y destruyendo su escaso patrimonio. Contar con estudios previos y obligar a su validación puede blindar al pueblo mexicano de la ignorancia o de la ocurrencia.

Retomar estos textos legales, que sin duda van acordes al espíritu de este dictamen, son esenciales porque representan la protección efectiva de la sociedad mexicana desde el servicio público, porque es un compromiso por cumplir las obligaciones de quienes trabajan en la administración pública. Si consideran estas reservas vamos a restablecer la obligación de los servidores públicos en el ejercicio de su deber y la respuesta efectiva del cumplimiento de la norma, y quien no lo haga pues será responsable y tendrá consecuencias.

Creo también que es una medida contra la corrupción, contra la opacidad y a favor de quienes estamos representando en la Cámara de Diputados. La atención de desastres naturales, de gestión de riesgos y protección civil son materias que nos incluyen, que nos responsabilizan y nos benefician a todos. Demos certeza. Ojalá puedan escuchar esta reserva, compañeras y compañeros de la mayoría, creo que es de vital importancia. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Ana Lilia. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos 3o., 4o., 10, 11, 34, 43, 45, 56, 58, 60, 61, 63, 67, 73, 74, 77 y 94, todos reservados en términos del dictamen.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: A las y diputados que falten de emitir su voto, se comunica que falta un minuto para poder hacerlo.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: En virtud de que tenemos algunos problemas con el sistema electrónico de compañeros y compañeras diputadas que no han podido emitir su voto y que Sistemas me ha dicho que es un problema de Sistemas, precisamente, daremos dos minutos más.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Antes de cerrar el sistema, tiene la palabra la diputada Ruth Salinas, por Zoom.

La diputada Ruth Salinas Reyes (vía telemática): Gracias, diputada. Deseo emitir mi voto a favor.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada. Antes de concluir, quisiera pedir una disculpa al diputado Fernando Galindo, quien hace un momento dije otro nombre. Diputado Fernando Galindo, una disculpa. Cierre el sistema electrónico de votación y la plataforma digital y dé cuenta de la votación.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 348 votos en pro, 66 votos en contra y 45 abstenciones.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Aprobados por 348 votos los artículos reservados, en sus términos, del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, el diputado Alfonso Pérez Arroyo, hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Alfonso Pérez Arroyo: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputado.

El diputado Alfonso Pérez Arroyo: Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy pongo a su consideración, a nombre de la Comisión de Gobernación y Población, ha recorrido un largo, pero muy fructífero y plural proceso de construcción. Partió de una iniciativa ciudadana, avalada por más de un centenar de organizaciones, personas periodistas y defensoras de derechos humanos, que nos compartieron su visión, su experiencia y sus propuestas.

Es fruto de la suma de esfuerzos generada en siete mesas de parlamento abierto y cuando menos una docena de reuniones de mesa técnica de análisis, instalada por la comisión, para recibir y procesar las propuestas que nos fueron dadas. Así, mediante una discusión libre, con opiniones ilustradas, estas se establecieron como eje de nuestro trabajo en lo siguiente:

1. La coordinación con los tres órdenes de gobiernos para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

2. La adopción de un enfoque diferenciado e intercultural de protección con perspectiva de género y de diversidad de género, basado en la determinación de programas de protección integral y no ya de medidas aisladas, que por no estar concatenadas podían perder eficacia. Esto incluye previsiones para procurar el cumplimiento de las medidas de protección.

3. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones del mecanismo, lo que es otra forma de fortalecerlo también.

4. El fortalecimiento administrativo del mecanismo, particularmente en su estructura organizacional y su naturaleza jurídica, así como la adopción de un sistema de indicadores objetivos para la evaluación de resultados, y

5. La adopción de un enfoque pro persona salvaguarda el derecho de las personas peticionarias y beneficiarias a ser debidamente asistidas.

Confiamos que el dictamen, que en unos momentos discutiremos y votaremos, logrará fortalecer el mecanismo, sin interrumpir o poner en riesgo su operación continua.

Para este efecto incorporamos medidas de prevención de protección y acciones reactivas del mecanismo que le permitirán actuar con mayor efectividad. Medidas sociales, para garantizar una calidad de vida digna de las personas sujetas a la protección del mecanismo. Directrices para la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Mecanismos de atención a las víctimas desplazadas de sus hogares, para recibir protección del mecanismo. Y medidas para garantizar la suficiencia presupuestal, capacitación continua y adecuada implementación de los esquemas de profesionalización del mecanismo.

Además, se establecieron herramientas para permitir el mecanismo, dar vista de sus expedientes y actuaciones a las autoridades competentes, cuando advierta la probable violación o comisión de delitos o faltas administrativas en que incurra por acción o por omisión, quien estando obligado a procurar la protección efectiva de las personas beneficiarias o peticionarias no lo haga. Esto permitirá determinar las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan, de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables.

Como pueden ver, esta propuesta, integral y transversal, incorpora avances tangibles que permitirán al Estado garantizar un ejercicio de los derechos y libertades de las personas periodistas libres de riesgo. Y, por ello, los invito a votar a favor de hacer de México un país seguro para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputado Alfonso Pérez Arroyo.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorga a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. Desde hace algunos años se ha venido advirtiendo que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas, propiciando un clima preocupante de autocensura e intimidación.

Datos de la Organización Internacional sobre Derechos Humanos señalan que desde el año 2000, México se convirtió en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el ejercicio de esta profesión, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán.

A pesar de los esfuerzos y la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para el año 2019, periodistas mexicanos informaron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresión, circunstancia que se agrava cuando se trata de mujeres, quienes además enfrentan ataques y riesgos relacionados con su género como violencia sexual, amenazas y difamación.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación alarmante que enfrenta nuestro país. Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como por la falta de eficacia en las acciones gubernamentales para su atención.

Dicha comisión nacional nos advierte que subsisten circunstancias que inciden en los altos niveles de inseguridad, e incrementan las condiciones de riesgo que enfrentan con motivo de su labor. Lo vacíos legales, la falta de mecanismos y acciones en las entidades federativas para prevenir, proteger e investigar las acciones en su contra.

La ausencia de fiscalías especializadas y de protocolos de investigación, así como la falta de coordinación entre las fiscalías locales, con la Fiscalía General de la República son, indudablemente los principales obstáculos para poner un alto definitivo a dichas agresiones.

A pesar de ello, nuestro país avanza responsablemente en la identificación de sus debilidades y áreas de oportunidad respecto a la protección de tan fundamentales derechos. En virtud de eso, el dictamen que analizamos busca contribuir al cumplimiento de metas en la materia a través de la modificación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, insertando acciones fundamentales, como la promoción de la adecuada coordinación entre las autoridades para implementar y operar los planes de protección.

Todo lo anterior a través de una reforma integral a la ley que hoy se analiza, que entre otros, modifica conceptos como persona peticionaria, plan de protección integral, estudio de evaluación de riesgos y medidas colectivas y comunitarias.

Coincidimos en que cualquier ataque, agravio o crimen en su contra debe considerarse un tema prioritario en la agenda de las autoridades de los diferentes órganos de gobierno. No es suficiente el simple reconocimiento de la importancia de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No basta advertir sobre una realidad violenta en contra de estos, se necesita también generar los mecanismos eficientes para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de estos seres humanos.

Compañeras y compañeros, las presentes modificaciones indudablemente representan una base sólida para lograr resultados tangibles en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es por ello que mi grupo parlamentario respalda estas propuestas a través de nuestro voto a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Nayeli Fernández Cruz.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputada.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: La organización Reporteros sin Fronteras sitúa a nuestro país en el sitio 144 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de expresión y el segundo país con mayor número de asesinatos, solo por debajo de Afganistán.

La organización no gubernamental Artículo 19, defensora de derechos de periodistas, documenta que el 99.3 por ciento de los asesinatos de periodistas no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva.

México es uno de los países más mortíferos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Los niveles de violencia a los que se enfrentan estos grupos solo son comparables con aquellos países en situación declarada de guerra, como Siria e Irak. Razón por la cual presenté una iniciativa en octubre de 2018, que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de hacer ajustes al mecanismo de protección a periodistas, con el objetivo de hacer que el Estado cumpla su responsabilidad fundamental de garantizar, proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por medio de la adopción de las medidas necesarias.

Este es momento de agradecer a la presidenta Rocío Barrera, porque tuve que hacer un trámite para sacar mi iniciativa, originalmente turnada a la Comisión de Derechos Humanos, que la tuvo almacenada más de un año. Gracias a Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, de la cual también soy integrante, por su entusiasmo y compromiso con esta iniciativa.

Durante los años 2019 y 2020 México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019 ONU Derechos Humanos documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de 2 defensores, mientras que en lo que va del 2020 ONU Derechos Humanos ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos. México ha recibido 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.

Este dictamen que hoy se presenta, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye, ciertamente, un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones para proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en este país.

Sin duda este dictamen tiene grandes aportaciones para mejorar la ley en comento, sin embargo, se elimina el fideicomiso sin proponer alternativas claras de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos.

El fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país. La propuesta mejora el mecanismo, pero adolece de la claridad de los recursos públicos para tal efecto.

Nuestra obligación es que desde la ley se garanticen los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, hasta el máximo uso de sus recursos disponibles. En este dictamen, particularmente, nos es frustrante esa carencia de claridad en cuanto a la disposición de los recursos.

Por lo demás y por ser promovente, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Guadalupe Almaguer.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada Diana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Es por Zoom. Diputada, si fuera tan amable... Diputada Adriana, si fuera tan amable... Ah, ya, de abrir su micrófono.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (vía telemática): ¿Ya me escuchan?, muy bien. Gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputada.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (vía telemática): Gracias. Con su permiso. Datos estadísticos de Human Rights Watch señalan que desde el año 200 hasta mediados de este año, un total de 159 periodistas han sido asesinados en México. La cifra es estremecedora y no podemos demorar en fortalecer nuestro marco normativo, pues proteger a las y los periodistas significa proteger la libertad de expresión.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, reseñan que desde 2012 a 2018 fueron asesinados un total de 161 defensores de derechos humanos, y eso es reflejo de una lamentable situación en materia de derechos humanos en este periodo que corresponde a un gobierno de oscurantismo en materia de derechos humanos.

Es necesario recalcar que el pasado fue uno de los sexenios con más periodistas violentados y por desgracia, las autoridades en ese momento fueron expectantes de tan siniestra situación. En el gobierno de la cuarta transformación una de las prioridades del Ejecutivo federal ha sido garantizar un Estado de derecho para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en su labor diaria de comunicar a la población. No hay restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión y se ha garantizado la seguridad a la que las y los periodistas inherentemente tienen como seres humanos.

En Encuentro Social tenemos la plena convicción de que un Estado democrático se construye sobre cimientos firmes y que deben tener de manea irreductible como insumo la libre expresión, la libertad de prensa y de opinión y manifestación de las ideas. No cabe ningún tipo de presión o acciones coercitivas del Estado o de los particulares.

No podemos olvidar el México de antes, puesto que eso no es ninguna diatriba, sino un recordatorio firme de quienes osaron dirigir a nuestro país afectaron a las instituciones y a las personas de múltiples maneras. México vivió una crisis de derechos humanos que afectaron de manera directa a periodistas y defensores de derechos humanos. Se utilizó de manera sistemática la fuerza del Estado para hacer callar las voces que se oponían y criticaban a las acciones de los gobernantes, y hoy ya no es así.

Con la reforma que se presenta se busca encontrar los mecanismos adecuados para inhibir el uso de la intimidación, la censura y la amenaza, que son rasgos antidemocráticos y que no son ajenos a nuestra cotidianeidad, puesto que fueron recurrentemente usadas como instrumentos del Estado.

Con la iniciativa propuesta, se da pauta para una protección integral en caso de riesgo o situación de peligro y se promueven acciones que garanticen la seguridad jurídica, física, social y familiar de periodistas y defensores de derechos humanos. De la misma forma se refuerza el mecanismo de protección, a fin de implementar de manera efectiva medidas de protección y prevención de carácter para inhibir agresiones hacia estos sectores.

En el PES, tenemos plena convicción de trabajar para erradicar las agresiones y eliminar cualquier tipo de sometimiento hacia quien ejerce la profesión periodística y de quien defiende los derechos humanos. Apoyamos esta propuesta porque su espíritu busca materializar derechos fundamentales que son producto de conquistas políticas y sociales. Apoyamos este dictamen porque defendemos el diálogo frente al conflicto, la libertad frente a la amenaza, la justicia ante la impunidad.

Como baluartes de un proyecto de nación que busca consolidar la transformación de vida democrática del país, creemos en la y el periodista, creemos en los defensores de derechos humanos, creemos en su actuar, porque solo garantizando la libertad es posible gobernar. La Cuarta Transformación gobierna sobre personas libres y fortalece sus libertades. Gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Adriana Paulina Teissier Zavala.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputada.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Para nadie es desconocida la situación que atraviesa el periodismo en México configurándose, en 2019, como el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, incluso, en peores condiciones que Afganistán y Paquistán, conforme al reporte la libertad de prensa en el mundo de 2019, de la organización internacional Reporteros sin Fronteras.

Las personas que se dedican al periodismo o son defensoras de derechos humanos son víctimas de intimidaciones y corren el riesgo de ser asesinados a sangre fría, en medio de total impunidad. Por ello, y con la convicción de que debemos asumir la responsabilidad que cada uno tiene frente a esta tragedia, iniciamos en la Comisión de Gobernación un proceso legislativo de la mano de organizaciones y especialistas para revisar el marco legal, fortalecer el mecanismo de protección, derogar figuras anacrónicas y sentar las bases para garantizar realmente la libertad de expresión.

Este proceso inició con la inscripción, el día 30 de abril de 2019, de la iniciativa de la Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada por las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población.

A partir de ese punto, la comisión promovió la realización de audiencias de parlamento abierto, con siete mesas en las que se presentaron un total de 68 ponencias en las que se trataron temas tales como medidas de protección, medidas sociales, de prevención, acciones reactivas del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, actuaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y, sobre todo, la atención a las víctimas que han sido desplazadas de sus hogares para ser reubicadas en distintas zonas del país y poder recibir la protección del mecanismo.

En ella se dio cuenta de las opiniones y propuestas presentadas por las personas académicas, especialistas, servidores públicos, integrantes de la sociedad civil organizada y ciudadanas y ciudadanos que acudieron a algunas de las reuniones que se celebraron entre julio y septiembre de 2019.

Finalmente, el 12 de febrero de este año se entregó la relatoría y conclusiones del parlamento abierto que se llevó a cabo los meses de julio y agosto de 2019, de común acuerdo con la Comisión de Gobernación y Población y las organizaciones de la sociedad civil se consideraron realizar las modificaciones necesarias a la ley vigente y declinaron expedir una nueva ley.

Esto, sin duda, es un verdadero proceso de parlamento abierto donde todos los actores involucrados nos sentamos en torno de una mesa, nos escuchamos y, además, incorporamos sus opiniones y, por ello, es muy importante reconocer en esta tribuna el trabajo realizado por la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Rocío Barrera y todo su equipo técnico que siempre ha tenido la voluntad para impulsar procesos de este tipo.

Ese mismo día se planteó la ruta para la modificación de un paquete de 12 reformas a diversas leyes para garantizar la libertad de expresión y fortalecer la expresión de activistas y periodistas que fue presentado y del cual hoy nos encontramos frente a los dictámenes y a las reformas de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Un tema pendiente, fundamental en el paquete de reformas presentado, que fue turnado a la Comisión de Justicia y que será muy importante trabajar de la mano con nuestros compañeros legisladores, son las modificaciones al Código Civil en materia de daño moral, para que esta figura no sea utilizada para limitar la libertad de expresión de quienes hacen periodismo, como lo hemos visto en el caso del doctor Sergio Aguayo. Confío en que pronto alcancemos el consenso para que salga también ese dictamen.

Finalmente, el 22 de septiembre de este año en curso, se aprobó al interior de la comisión el dictamen que hoy se presenta al pleno. Es muy importante señalar que, desafortunadamente, este dictamen se vio retrasado por una discusión que simple y sencillamente no debería haber tocado este dictamen, por todo el trabajo que tiene que ver con la desaparición de fideicomisos.

Como ustedes saben, el pasado 6 de abril se publicó finalmente en el Diario Oficial el dictamen con el cual se eliminan los fideicomisos y, con ello no se deja un compromiso firme en garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas.

Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, debe ser compromiso de esta Cámara de Diputados que cada año se asignen los recursos suficientes para que el mecanismo realmente pueda garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque eso es un trabajo, es fundamental para la democracia en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Martha Tagle.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputada. Compañeros, compañeras tuvo que llegar la cuarta transformación para que un tema tan sentido como el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos quedara en un marco legal.

La oposición dirá misa, como siempre, pero tuvo que llegar nuestro gobierno. Es un acuerdo de consenso, ciertamente, pero no pierden la oportunidad para venir a decir en tribuna que México es peligrosísimo. Pues díganme algo nuevo, si recibimos el país con el segundo lugar en el mundo de periodistas asesinados y dicen: es que siempre hablan del pasado. Pues si el presente es producto de lo que nos entregaron, no sale de la nada.

Nuestro gobierno hace un esfuerzo enorme por pacificar el país. Se me quedó ahorita ahí el libro del licenciado, que escribe un periodista sobre Genaro García Luna. Plantea que la fortuna de García Luna está estimada en 91 millones de dólares, 2 mil 100 millones de pesos. Una locura.

Plantea los vínculos de García Luna y, obvio, del comandante Borolas, alías Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que no sé si Acción Nacional o Movimiento Ciudadano o ambos o el PRD pretenderán traer acá como diputado plurinominal. Esperemos que lo metamos a la cárcel antes. Que son responsables del terrible baño de sangre de la agudización de la violencia y del asesinato de periodistas, mujeres y hombres, hombres y mujeres, sobre todo, quienes se dedicaron a desnudar estos vínculos del ejercicio del gobierno con el ejercicio del narcotráfico.

Yo no sabía que García Luna viene desde el PRI, viene desde los gobiernos de Carlos Salinas y luego en el gobierno de Zedillo y luego transitó al de Fox y luego se convirtió en el súper policía del gobierno usurpador del comandante Borolas.

Y quienes forman parte de estos partidos vienen y nos reclaman en tribuna la inseguridad, el fortalecimiento de los cárteles, los asesinatos de periodistas, los asesinatos de defensores humanos, que son producto de este brutal deterioro que se vino acumulando, producto de los niveles de complicidad de quienes estaban en la Presidencia de la República con los grupos del narco. Fíjense de lo que estamos hablando.

Hoy no existen esos vínculos. Hoy se combate a los grupos por igual. Se busca la pacificación, porque es la única manera de erradicar la violencia y el asesinato contra periodistas y contra defensores de derechos humanos.

Es muy importante el marco legal, pero no será suficiente, efectivamente. Tendrá que ser producto del trabajo de nuestro gobierno, y ahí yo vuelvo a hacer un llamado a mis compañeros, compañeras de Morena.

La oposición se articula cada día con mayor fuerza, cada día con mayor unidad, lo que parecía imposible, la unidad del PRI y el PAN se va a dar electoralmente con sus achichincles del PRD. Y nosotros andamos escamoteándonos la unidad, andamos planteando que no necesitamos de la articulación de las fuerzas del movimiento. Me parece que nos estamos equivocando.

Cada discusión que hay en tribuna, no se cansan de subir aquí a decirnos mentiras, intrigas, incidías, ataques permanentes al gobierno de nuestro compañero presidente López Obrador, y nosotros, pareciera que no percibimos, que el enorme apoyo que tiene el compañero presidente no se materializará de manera automática en nuestro beneficio, si nosotros no hacemos nuestra parte.

Así es que, yo aprovecho para llamar a la unidad de las fuerzas del movimiento, fundamental, sin sectarismos, sin exclusión. Cómo es posible que se acerque alguien a ayudarnos y nosotros lo rechacemos y se los mandemos al PRI y al PAN, es inconcebible. De veras. Cualquier tema que debatimos, aquí el PRI y el PAN saca su verdadera faz, su posición fascista, su intención de descarrilar al gobierno del compañero presidente. No lo van a lograr, pero la unidad es muy importante.

Limpiaremos de violencia al país. Haremos un país, trabajamos en ello para que los periodistas, las periodistas, los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos puedan realizar su tarea con tranquilidad y con apoyo institucional. Pero es clave, compañeros y compañeras, que hagamos una reflexión en la línea que les estoy planteando.

Se cumplieron dos años de gobierno de nuestro compañero presidente y, vuelvo a reiterar, es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputado Fernández Noroña.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputado.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: El proyecto de decreto que hoy discutimos, es un paso necesario e impostergable para la protección de las personas de derechos humanos y periodistas en México. Estos dos grupos realizan actividades que tienen profundas implicaciones para nuestra sociedad. Mientras los primeros llevan a cabo una labor de defensa de los derechos humanos al representar a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, los periodistas ejercen la libertad de expresión difundiendo información que permite a la sociedad tomar decisiones.

Actualmente, vemos con preocupación la situación que enfrenta nuestro país, así como la omisión con la que se conducen las autoridades ante el aumento de agresiones contra estos dos grupos, es sumamente grave que México se haya convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer estas actividades.

Tan solo, en el mes de abril de este año, cuatro activistas fueron asesinados y en diciembre de 2018 a noviembre de este año, al menos 38 periodistas lamentablemente han sido asesinados. Y aquí quiero abrir un paréntesis, presidenta, quisiera solicitarle de la manera más atenta nos pudiera dar un minuto de silencio en honor a estas personas.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputado, se concede el minuto de silencio solicitado por el diputado Roa, por los periodistas que han fallecido en esta, y que él los ha mencionado.

(Minuto de silencio)

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputado. Muchas gracias a todas y a todos.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: A pesar de estas cifras, en octubre pasado, eliminaron el fideicomiso que financiaba el programa que protegía a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, que ha beneficiado a más de mil 300 personas que se encontraban bajo esta amenaza.

Actualmente México carece de políticas públicas integrales diseñadas para abordar las causas fundamentales de la violencia que enfrentan los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos.

Por lo anterior, esta soberanía tiene la obligación de proteger y garantizar que estos dos grupos puedan trabajar sin temor a represalias. Por ello es fundamental la consolidación de un marco normativo que solvente las insuficiencias de protección del actual mecanismo federal. Esta reforma busca fortalecer el marco jurídico dotando de certeza y seguridad la labor de ambos grupos, observando la defensa, la prevención y la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la sanción ante las agresiones.

Se fortalecen las bases de cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de protección, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión del periodismo.

Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa sintetiza el sentir de dos sectores sociales profundamente agraviados en las últimas décadas en nuestro país, defensores de derechos humanos y periodistas, dos grupos que por labor profesional están sujetos a riesgos, incluso a perder la vida en el ejercicio de dos funciones sociales que sustentan una democracia. Sin periodismo, nuestra democracia se fractura. Sin defensores de derechos humanos se pone en riesgo las libertades y garantías de los sectores más vulnerables de la población.

Esta reforma reconoce el valor y dignidad de todas y todos aquellos que día a día hacen periodismo y defienden los derechos humanos. Respetar y garantizar los derechos humanos, además de ser una obligación constitucional, es una vocación y un compromiso irrenunciable. Es todo, presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputado Roa.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputado.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Compañeras y compañeros diputados, México se ha convertido en uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos. En este país cientos de periodistas y defensores han muerto por hacer su labor. Asesinar periodistas y defensores de derechos humanos es un flagelo que se ha extendido debido a la altísima impunidad que existe.

Según datos de Artículo 19, el 99.3 por ciento de los asesinatos de periodistas no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva. Esto generó que a inicios de la década pasada se tuviera que reformar la Constitución y el entonces Código Federal de Procedimientos Penales, para crear una figura procesal que permitiera que la entonces PGR pudiera atraer investigaciones por delitos en contra de la libertad de expresión. Ni así se pudo parar esta calamidad.

La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos son pilares de la democracia. No puede haber un sistema democrático si no existen periodistas libres y si no hay personas que defiendan a la población en contra de las violaciones de derechos cometidas por las autoridades.

De acuerdo con organizaciones de defensa de periodistas, solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 20 periodistas y 4 colaboradores periodísticos, 24 en tan solo 2 años. Desde el año 2000 son más de 140 periodistas los que han sido privados de la vida en nuestro país, lo que es inadmisible.

Un claro ejemplo de los condenables asesinatos de periodistas es el del reportero Israel Vázquez, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, quien trabajaba para el portal El Salmantino. Fue atacado el pasado 9 de noviembre por hombres armados cuando acudía de una colonia para investigar sobre el hallazgo de restos humanos. Israel recibió varios disparos en el lugar del hallazgo y fue trasladado en ambulancia al hospital, donde falleció a causa de las heridas.

Lo peor del caso es que la alcaldesa del municipio de Salamanca, Beatriz Hernández, que por cierto es de Morena, responsabilizó al periodista asesinado por ir –y cito textualmente “a ese lugar que sabemos que es tan peligroso”. Cierro lo que dijo la alcaldesa. No puede ser más intransigente e insensible la manera en que se expresó la presidenta municipal respecto a este homicidio. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el suceso.

El asesinato del señor Vázquez Rangel, precisamente mientras realizaba su trabajo informativo, ratifica la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos periodistas en México, señaló Guillermo Fernández, representante de la ONU Derechos Humanos en este país.

Israel es el tercer periodista asesinado en un mes. Antes que él, la prensa lamentaba el asesinato de un locutor de televisión de Ciudad Juárez, Arturo Alba Medina. Semanas antes perdió la vida Julio Valdivia, otro periodista de Veracruz. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, como bien lo dijo mi compañera Martha Tagle, según la ONG Reporteros sin Fronteras.

En tal contexto, el 25 de julio de 2012 se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como una respuesta del Estado mexicano ante las demandas de seguridad para estas personas en riesgo. Pero a 8 años de esto y, tomando en cuenta todas las complicaciones que se han dado en los últimos años, es evidente que esta ley debe reformarse.

Este dictamen que se presenta es un esfuerzo muy importante en esa dirección. Se busca retomar la experiencia previa, publicar las fallas que tiene la norma y tratar de corregirla. Pero no hay que echar las campanas al vuelo, pues si bien es cierto que esta reforma es importante, también hay que destacar que se ve enmarcada en una situación muy complicada, debido a la desaparición del fondo del mecanismo.

La mejor normativa que se propone es fundamental para avanzar hacia una mejor operación del mecanismo. Pero sin el fondo, sin los recursos económicos la implementación, será muy compleja. No obstante, hay que reconocer que la inclusión de nuevos principios, como el de enfoque diferencial o el de perspectiva de género o el de nuevas medidas, como las de carácter social, significan un gran avance en la construcción de un mecanismo mucho más comprensivo de los riesgos y las necesidades que enfrentan los defensores de derechos humanos y los periodistas.

De igual forma, es relevante que el mecanismo se convierta en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pues esto eleva su importancia. Destaco también que, al convertir al mecanismo en un órgano desconcentrado, se tendrá la posibilidad de coordinarse de mejor manera con estados y municipios, así como las dependencias federales en casos de emergencias.

De igual forma, la inclusión de cinco personas representantes del Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno del mecanismo, así como un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y otro representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, da la esperanza de que el funcionamiento de esta Junta de Gobierno será más cercana a las personas que deben protegerse.

Tenemos que seguir buscando que estas mejoras normativas se vean respaldadas con los recursos presupuestales que sean necesarios, algo que se antoja muy difícil de cumplir sin el fondo antes mencionado, que esta administración federal ordenó desaparecer. En el Grupo Parlamentario del PAN hemos impulsado desde hace décadas la creación y fortalecimiento de leyes e instituciones que garanticen el ejercicio pleno de derechos humanos, y en congruencia con ello vamos a votar a favor esta reforma, e invitamos a todos los grupos parlamentarios a sumarse a este esfuerzo.

Vamos a votar a favor porque todo lo que signifique mejorar los mecanismos de protección de las personas es parte fundamental de nuestra razón de ser en la política. Vamos a votar a favor porque si esta reforma propicia que los defensores de derechos humanos y los y las periodistas tengan una mejor protección en su vida, en su integridad y sus derechos, entonces la vamos a impulsar siempre, sin pretextos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputado Justino Arriaga Rojas.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, para mí es muy grato presentar este dictamen que es fruto de la constante y comprometida participación de representantes de la sociedad civil organizada, personas periodistas y defensoras de derechos humanos, servidoras y servidores públicos, instituciones públicas, organismos internacionales y, por supuesto, diputadas y diputados comprometidos con toda la libertad de expresión.

Este esfuerzo, que comenzó prácticamente al inicio de la legislatura, analizó a profundidad y con total apertura, pluralidad y libertad uno de los temas que persiste como problema de trascendencia nacional pendiente de resolución: la urgencia de fortalecer el andamiaje vigente y acercar al gobierno mejores herramientas para atender el problema de violencia que golpea de manera tan dolorosa a quienes deciden ejercer y defender libertades propias o de terceros, particularmente la libertad de expresión y manifestación.

Nos pusimos como meta hacer de México un país en el que el ejercicio de las libertades constitucionales de prensa y defensa de los derechos humanos no pusiera en riesgo la integridad de las personas y, por ello, abrimos un espacio de diálogo y toma de decisiones, destinado a enfrentar con eficacia la situación de emergencia que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Este proyecto de grandes implicaciones asumió una visión transversal y tuvo como consecuencia una reforma integral.

A lo largo de siete mesas de parlamento abierto, ejercicio sincero y auténtico, que aseguró la capacidad de incidencia de todos sus participantes, se instrumentó una estrategia para garantizar el derecho a informar y el derecho a defender. Los acuerdos y avances logrados en el dictamen son fruto de la pluralidad de un largo alcance y no meramente partidista, pues aprovecha la experiencia de los asistentes a los foros de parlamento abierto.

Este dictamen tiene como eje de gravedad cuidar la vida e integridad de quienes por su actividad profesional han recibido amenazas o han puesto en riesgo su vida o integridad. Por lo que buscamos fortalecer al mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos como ente garante de su seguridad.

Partimos por asumir que la ley que se reforma tiene debilidades e insuficiencias, pero, también fortalezas claras que no podían ser desestimadas, por ello, decidimos no emitir un nuevo ordenamiento como inicialmente se pretendía, ello demuestra que el análisis y discusión que llevamos a cabo no impuso visiones ni enfoques.

Como es natural en todo ejercicio de confronta de posiciones y pese a que nuestra directriz de trabajo fue siempre la búsqueda de coincidencias y la construcción de consensos, hay temas particulares en los que no se logró formar una opinión única, así como hay otros en los que hicimos frente común, pero, nuestra opinión nunca prevaleció. Así es la pluralidad y así es la democracia, sin embargo, debo enfatizar que todas las discusiones se llevaron a cabo en un profundo respeto.

Finalmente, reconozco y agradezco a quienes fueron parte de este proceso, esta posición responsable y madura que buscó siempre garantizar a cabalidad la libertad de expresión. Por todo lo expuesto, así como los avances detallados en la presentación del dictamen, les conmino, diputadas y diputados, a apoyar con su voto a favor de esta reforma que pone de manifiesto una intensión auténtica y legítima de remediar la situación que enfrentan muchas personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

Quiero agradecer en especial a todos los integrantes de la comisión y a quienes firmaron esta iniciativa, a la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano, al diputado César Agustín Hernández Pérez de Morena, Silvano Garay Ulloa del PT, Alma Delia Navarrete Rivera de Morena, Carmen Julia Prudencio de Movimiento Ciudadano, Fernando Torres Graciano de Acción Nacional, Alfonso Pérez Arroyo de Morena, Valentín Reyes de Morena, José Luis Elorza de Morena, Julieta Macías Rábago de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gómez Alcantar del Partido Verde Ecologista de México, Jaime Humberto Pérez de Morena, Araceli Ocampo Manzanares de Morena, Beatriz Juárez Piña del PRD, Beatriz Pérez López de Morena, Guadalupe Almaguer, del PRD, José Ángel Pérez del PT, Roberto Ángel Domínguez de Morena, Ricardo Aguilar Castillo del PRI. Y al diputado Rubén Cayetano, que todos acompañaron este esfuerzo de manera extraordinaria. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas. Está a discusión en lo general... ¿Con qué objeto, diputado Cayetano? Estamos concluyendo...

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Por alusiones, presidenta, si es tan gentil.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Están checando. Permítame, diputado. Tiene un minuto, desde su curul, diputado Cayetano.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Muchas gracias. En plena concordancia con la compañera diputada oradora, Rocío Barrera, a quien agradezco la alusión, las reformas, adiciones y derogaciones a disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cumplen con la exigencia de quienes tienen el necesario roce con los tres órdenes de gobierno y los Poderes del Estado.

Esta singular relación entre quienes se indignan frente a las injusticias y quienes en pro de la transparencia investigan y dan a conocer con objetividad el acontecer público hace que el dúo formado entre la corrupción y el crimen detonen en su contra con agresiones, amenazas y atentados que les arrebatan la vida.

Solo cuando termine la corrupción en los gobiernos y las causas generadoras de la violencia queden satisfechas por la cuarta transformación, la verdad podrá salir a la luz, garantizándose la libertad de expresión sin riesgos ni prepotencias y entonces poder avanzar hacia una auténtica democracia en México. Mientras tanto, que el Estado brinde las garantías...

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Ha concluido su tiempo, diputado Cayetano.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): -Termino, presidenta-. Mientras tanto, que el Estado brinde las garantías para el ejercicio periodístico. Así lo exigimos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputado Cayetano.

La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Está a discusión en lo general, de conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso d), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorga el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por cinco minutos. Por lo tanto, tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia. En este gobierno como en ningún otro, se ha respetado y fomentado la libertad de expresión. No solo se han eliminado el chantaje, la coacción, la intimidación o cualquier otra forma que obstruya la libertad de expresión, sino que, además, se han eliminado viejos vicios, el de comprar plumas a pseudoperiodistas, por ejemplo. O el de pagar la publicidad de periódicos para que hablaran bien o en favor del gobierno.

Lo que hoy vivimos es una libertad absoluta, de la cual, a mi juicio, muchos han abusado. Y, sin embargo, como diría o dice una frase atribuida a Voltaire, “podría no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero defenderé el derecho que tienes de decirlo”.

Eso es lo que hoy hacemos en este gobierno, como nunca antes, como nunca antes pasó en México. Porque yo soy periodista también y, además, soy sobrina de un gran periodista mexicano que hubo, se llamaba Francisco Huerta, que fue de los primeros periodistas, si no el primero que en este país abrió los medios de comunicación al ejercicio de lo que él bautizó como el periodismo civil, una fórmula novedosa hace 30 años, que por primera vez abría los micrófonos, de los cerrados medios de comunicación, a la participación del público ciudadano.

En los tiempos del PRI y del PAN miles de periodistas fueron envenenados, como lo fue el propio Paco Huerta, asesinados, censurados. En este país, no solo mataban periodistas a diestra y siniestra, sino que censuraban cualquier posibilidad de libre expresión, así lo escribí hace muchos años en un artículo académico que titulé Autocracia y medios de comunicación, justo en donde doy evidencia empírica de la tragedia que en este país era la comunicación.

Crecí, yo, como producto de una sociedad y de un régimen político, en donde no había libertad de expresión, desde entonces sigo el drama terrible de la falta de libertad de expresión en este país. Crecí aprendiendo la importancia de una comunicación que fuera verdaderamente libre, añorando, deseando verdaderamente una comunicación circular y democrática, en donde todos, absolutamente todos, tuviéramos el derecho de expresarnos.

Y después de muchos años de lucha lo estamos logrando, al fin con esta transformación lo estamos logrando. La voz pública ciudadana, junto con la libertad de expresión, ve por fin la luz al final del túnel. Sí, vivimos durante las épocas del PRI y del PAN, como decía, una terrible censura gubernamental. El peligro de ejercer el periodismo yo lo viví muchas veces, era absolutamente terrible en este país.

Y esta reforma a la ley ya mencionada va a proteger y a defender los derechos humanos de periodistas. Y esta ley y esta propuesta justo lo que hace es demostrar, de manera muy clara, que en esta cuarta transformación sí estamos comprometidos, ahora sí, con la libertad de prensa, con los luchadores sociales. Porque somos parte de ellos, lo vivimos en carne propia, entendemos la necesidad de ampliar y de reforzar los mecanismos del Estado, para poder garantizar la seguridad de todos, no solo la libertad, que ya la tenemos, pero sí la seguridad para realizar el trabajo.

Aunque no deben olvidar que en muchos de los estados y los gobiernos y los municipios, en donde se vive la falta de libertad, son municipios todavía gobernados por el PRI y por el PAN. Entonces, con esta modificación vamos a atender a que se incluyan estos conceptos de agresión digital, a que se amplifiquen las medidas de seguridad, a que se pueda seguir trabajando. Ahora sí, ahora sí desde 2018 con mucha más tranquilidad.

Hoy el gobierno federal no persigue, no espía a los periodistas o a los defensores de derechos humanos. Y, además, con estas modificaciones, se van a garantizar todavía más elementos para protegerlos. Repito, los problemas persisten, sí, sobre todo en los gobiernos estatales y municipales, en donde gobierna la oposición. Así que, con estos mecanismos además vamos a establecer una coordinación en los diferentes niveles de gobierno, para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos, que tanto también lo necesitan.

Pero, que no se olvide el nefasto pasado que heredamos de los gobiernos del PRI y del PAN. Ahí nació el problema. La censura era brutal. Nadie permitía en un periódico publicar otra historia que no fuera la del gobierno en turno. Que no se les olvide. Eso no existe ya en este país. Y si bien vamos a seguir protegiendo a los periodistas en peligro, que quede claro que hoy, ahora sí, podemos hablar de un país en donde existe la libertad de expresión. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Huerta del Río. Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: (Habla en lengua originaria) Buenas tardes, compañeros y compañeras, diputadas y diputados. Con el permiso del pueblo de México. Qué gobiernos gestaron este infierno de inseguridad, de violencia y de dolor en el que se desenvuelven los hombres y mujeres periodistas, los hombres y mujeres defensores y defensoras de los derechos humanos en este país para hacer su trabajo.

Desde luego que no fue el gobierno de la cuarta transformación, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el mejor gobierno que ha tenido este país, tomando en cuenta las palabras del inolvidable e ilustre senador doctor Belisario Domínguez, de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, su tierra natal, libres por la palabra, libres por el respeto a la vida de cada uno de los hombres y mujeres periodistas y defensores de los derechos humanos en este país y en memoria de todos los caídos por ejercer tan loable labor.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos manifestamos a favor de este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.

Como ustedes saben, la persona o persona que actúe en favor de un derecho o varios derechos humanos de un individuo o grupo, los defensores de los derechos humanos son hombres y mujeres que se esfuerzan en promover y proteger los derechoso civiles, políticos. Se esfuerzan en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, abordan problemas de derechos humanos que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitrarias, la mutilación genital de la mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, la expulsiones forzadas, el acceso a la atención sanitaria, los desechos tóxicos o su impacto en el medio ambiente.

Las personas defensoras actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud. Una vivienda adecuada, un hombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. Por una vida digna.

Por otro lado, la labor del periodista está asociada con la investigación de noticias o problemáticas de interés público y actualidad, a través de diversas fuentes verificables para su difusión. La figura del periodista es amplia, de acuerdo con su medio de desempeño puede ocupar el rol de reportero, editor, redactor, fotógrafo, diseñador técnico y otros.

Compañeras y compañeros, una vez dejando en claro qué es un periodista y qué es lo que hace una persona defensora de los derechos humanos, debemos pasar a los datos y, en términos generales, los actos de violencia, agresiones, amenazas de muerte contra periodistas y personas de los derechos humanos.

No debe permitirse más, no más. Las y los diputados integrantes del Partido del Trabajo sabemos lo importante que resulta para la sociedad tener una prensa libre, ya que la prensa libre resulta ser actor esencial en cualquier sociedad democrática y más aún, en un país como México, con instituciones tan precarias. El gobierno del presidente de la República sabe que se debe actuar de inmediato para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas personas defensoras de los derechos humanos.

Las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo, sabemos sobre la importancia de que se tomen medidas urgentes, concretas, para reducir los niveles de violencia contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, así como la realización de investigaciones serias que lleven a la cárcel a los culpables de esos asesinatos.

La impunidad, junto con la corrupción, no son de nuestro gobierno de la cuarta transformación, son el cáncer, son un mal, carcomen a las instituciones y a la sociedad. Un cáncer que fue avanzando con los años y que ahora evidenció el resultado de políticas erróneas, de políticas de muerte, de despojo, de políticas neoliberales, ni con los fideicomisos pudieron salvar las vidas de los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, porque usaron los fideicomisos como políticas de corrupción.

Por lo anterior, las y los diputados del Partido del Trabajo estamos a favor de este decreto y lo apoyamos porque no dudamos que esta reforma es un beneficio a favor de mexicanas y de mexicanos que se dedican al periodismo...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: ... y a la protección de los derechos humanos. Un momentito, por favor. Porque tenemos la obligación de salvaguardar su seguridad y lograr con esto el respeto a los derechos humanos, a la vida, buscando así una sociedad segura, en paz y en armonía. Gracias hombres y mujeres periodistas, comunicadores y personas defensoras de los derechos humanos por su trabajo...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado, sírvase a concluir su intervención.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: ... nosotras somos diputadas y diputados del Partido del Trabajo, estaremos siempre a su lado. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Jiménez Pérez. Tiene la palabra la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en pro del dictamen. Hará su intervención en la plataforma Zoom.

La diputada Kehila Abigail Ku Escalante (vía telemática): Gracias, presidenta. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue publicada en junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Tiene por objeto garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por ser defensoras o promotoras de los derechos humanos, así como garantizar la libertad de expresión y el periodismo. Este ordenamiento también establece la cooperación entre autoridades municipales, estatales y federales para implementar y operar medidas preventivas, medidas urgentes de protección y medidas que garanticen la integridad física y psicológica de las o los beneficiarios.

Pese a la existencia de esta ley, México tiene cifras dolorosas, que hemos estado escuchando durante las intervenciones en esta discusión, como la mencionada ya por la organización de Reporteros sin Fronteras, que menciona que fueron asesinados 102 periodistas durante el sexenio pasado. Además, durante 2018 también se registraron 47 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, y aproximadamente el 60 por ciento estaban bajo la protección del mecanismo de ley.

Al respecto, el estudio titulado “Cambiando el curso de la impunidad, protección y acceso a la justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México” señala que las medidas de protección que ofrece la ley son insuficientes. Además, el mecanismo que maneja la misma presenta serias carencias en cuanto a niveles adecuados de personal y de presupuesto. He aquí la importancia de los cambios que contiene este dictamen.

Es importante también recordar casos específicos, como el de Israel Vázquez, quien fue asesinado el día 9 de noviembre de 2020. Un periodista de Guanajuato atacado antes de iniciar su trasmisión para informar el hallazgo de restos humanos.

Él se suma a una gran lista de periodistas asesinados en México, junto con María Elena Ferral, del Diario de Xalapa, Quinto Poder, asesinada en marzo; Arturo Alba Medina, de Canal 6, Multimedios, asesinado en octubre; Jesús Alfonso Piñuelas, de El Shock de la Noticia, asesinado el 2 de noviembre, y solo por mencionar algunos de los casos lamentables que han ocurrido en nuestro país. México es un país sumamente peligroso para ejercer el periodismo. Esta frase no hemos dejado de escucharla durante muchos años.

La reforma que hoy se discute establece con mayor claridad el respeto, acciones y procedimientos que realizarán todos los niveles de gobierno para crear un ambiente seguro para el desarrollo de las y los defensores de derechos humanos, de las y los periodistas, y así darles la certeza jurídica para que ejerzan el periodismo y su libertad de expresión, tanto en lo físico como a través de las nuevas modalidades tecnológicas.

Esta iniciativa plantea algunos puntos principales. Obliga y faculta a los tres niveles de gobierno para que investiguen, juzguen y sancionen a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores.

Esta obligación implica adoptar un marco institucional adecuado que permite que todo el proceso de investigación lo realicen las autoridades que estén en mejores condiciones para resolverlos, con suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos, y que cuenten con una autonomía e independencia para actuar.

Por otro lado, estos procesos e investigaciones se deben efectuar en un plazo razonable, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados que conduzcan a la impunidad. Una demora excesiva en la investigación de actos de violencia puede constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales.

Gracias a esta reforma se podrá castigar y sancionar a los servidores públicos que incurran en los supuestos anteriores, haciendo más ágil, pronta y expeditas las resoluciones. Además, este decreto encuadra ya el tema tecnológico, dado que menciona que también existen agresiones digitales que dañan en el ámbito personal, patrimonial o psicológico, mediante amenazas, hostigamiento o intimidación.

Otro punto a resaltar que es de suma importancia es la integración de traductores e intérpretes para las personas. Esto debido a que en México existen defensores de derechos humanos de comunidades indígenas dedicadas a la protección de sus pueblos. Cabe señalar que en México se cuenta con 68 lenguas distintas. Por tal motivo, se ha hecho indispensable que haya quien los asista durante todo proceso en el que se intervenga y así el peticionario o beneficiario se pueda comunicar en su lengua materna sin limitación alguna.

Nos congratulamos en otros aspectos, como es el aumento de las medidas de seguridad, la implementación de tecnologías que faciliten el intercambio de información de manera segura y privada, la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para monitoreo coordinado, entre otras más medidas que son necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos y de las y los periodistas.

Por todo lo anterior, y reconociendo a la sociedad civil que participó contundentemente en la elaboración de esta propuesta, las y los legisladores de Movimiento Ciudadano votaremos y reiteramos nuestra postura a favor del presente dictamen, ya que creemos que esta reforma encamina a México a lograr que el periodismo y la defensa de los derechos humanos sean una labor reconocida por sus logros y no por las cifras negras que hasta el día de hoy conocemos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ku Escalante. Tiene la palabra la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

La diputada María Isabel Alfaro Morales: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que los derechos humanos son derechos universales, inherentes a todos nosotros con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición.

Varían desde los fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida, hasta los que dan valor a esta, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Cuando la cuarta transformación asumió el gobierno de México, recibió un país con serias y graves deficiencias en materia de derechos humanos. No es extraño encontrarnos con ciudadanos que de manera voluntaria se ofrecen para proteger los derechos humanos, lo que ha significado un riesgo real a sus vidas.

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala que, desde finales de 2012 hasta el 30 de junio pasado, 864 defensores de derechos humanos son beneficiarios de las políticas derivadas de este instrumento del gobierno federal.

De la misma forma, el Mecanismo informa que la Fiscalía General de la República, la CNDH, las comisiones estatales de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido 74 medidas cautelares que garantizan la seguridad e integridad de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Las medidas que ha adoptado el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos son necesarias, pero insuficientes. Por tal motivo es que consideramos que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población contribuye a ampliar su protección.

En particular, es un acierto que se haya incluido la perspectiva de género en la generación de políticas públicas de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, toda vez que significa un avance en la transversalidad de las políticas de nuestro país. Por todas estas razones, el voto del Grupo Parlamentario de Morena es a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alfaro Morales. Agotada la lista de oradoras y de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso e) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos 2, 8, 23 Bis, 29, 49, 50, 51, 52 y 63.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Las diputadas y los diputados que no han emitido su voto se les recuerda que falta un minuto para que se cierre el sistema.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema de votación electrónico y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 443 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, por 443 votos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión en lo particular. Para presentar sus reservas al artículo único del proyecto, en sus artículos 2, 8, 23 Bis, 29, 49, 50, 51, 52 y 53 tiene la palabra el diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Hernández Pérez ha solicitado que se dé lectura a sus reservas desde la Secretaría. Proceda la Secretaría a darle lectura.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá:

1 al 5 queda igual.

El 6, fondo, se elimina.

7, mecanismo. Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, queda igual.

7, medidas de carácter social. Conjunto de acciones coordinadas que las autoridades de los tres niveles de gobierno en el ejercicio de sus facultades y atribuciones implementarán. Y medidas para garantizar la inclusión y el ejercicio de derechos, apoyar la estancia en lugar distinto a su residencia de la persona defensora o periodista en riesgo y su familia. En la medida de lo posible estas medidas deberán garantizar que la persona beneficiaria pueda seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos.

Debe decir: medidas de carácter social. Conjunto de acciones coordinadas que las autoridades de los tres niveles de gobierno en el ejercicio de sus facultades y atribuciones implementarán. Y medidas para garantizar la inclusión y el ejercicio de derechos, apoyar la estancia en lugar distinto a su residencia de la persona defensora o periodista en riesgo y de su familia. En la medida de lo posible estas medidas deberán garantizar que la persona beneficiaria pueda seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos.

Artículo 9. Medidas de prevención. Conjunto de acciones y estrategias coordinadas y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de generar mejores condiciones para la defensa de derechos humanos, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión y erradicar las causas que le producen.

En lugar de ser 9 pasa a ser numeral 8, ese es el debe decir.

Luego, el 10, medidas preventivas, pasa a ser el número 9.

El 11, medidas de seguridad, pasa a ser el número 10.

El 12, medidas urgentes de seguridad, pasa a ser el número 11.

El 13, periodistas, pasa a ser el número 12.

El 14, persona beneficiaria, pasa a ser el 13.

El 15, personas defensoras de derechos humanos, pasa a ser el 14.

El 16, persona peticionaria, pasa a ser el 15.

El 17, perspectiva de diversidad de género, pasa a ser 16.

El 18, perspectiva de género, pasa a ser 17.

El 19, Plan de Contingencia, pasa a ser 18.

El 20 pasa a ser 19, correspondiente a Plan de Protección Integral.

El 21, relativo a procedimiento extraordinario, pasa a ser 20. Es cuanto.

Ahora, el artículo 8, dice: 1 al 20 es igual. Se suprime la fracción XXII, que dice: Aprobar las reglas de operación y el presupuesto operativo del fondo, conforme a la asignación presupuestaria del ejercicio fiscal que corresponda.

El artículo 23 Bis. En el numeral 1, suprime: del fondo. Y en el numeral 5, suprime: tanto del fondo.

En el artículo 29, dice: Derivado de su dimensión y además de lo señalado en la fracción XX del artículo 2 de esta ley, los planes de protección integral podrán ser... 1 a 3.

Debe decir: Derivado de su dimensión y además de lo señalado en la fracción XIX del artículo 2 de esta ley, los planea de protección integral podrán ser... 1 a 3.

Posteriormente, el artículo 49, el cual fue derogado el 6 de noviembre de 2020, con el dictamen se adicionaría. Su primer párrafo es más preciso que el actual artículo 50, por lo que se propone derogarlo.

Entonces, dice: Los recursos... Se suprime: del fondo... se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de seguridad, medidas urgentes de seguridad, medidas de carácter social y la realización de los demás actos que establezca la ley para la implementación del mecanismo.

En la implementación de los planes de protección, así como de las medidas de seguridad, se procurará que los recursos necesarios para su implementación serán aportados por las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, conforme a los convenios de coordinación celebradas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 Ter de esta ley.

Artículo 50. Se deroga.

Artículo 51. Se suprime.

Artículo 52, también se suprime, el primer párrafo. Y, sí se suprime todo.

Artículo 63, tercer párrafo: los recursos federales que se transfieren con motivo del cumplimiento de esta ley a las entidades federativas y municipios. Se suprime la parte de: así como los provenientes del fondo.

Y, en el cuarto párrafo, el ejercicio de los recursos públicos, se suprime la parte: que deriven del fideicomiso. Se realizará con apego a los principios de máxima publicidad, protección de datos personas y rendición de cuentas en el marco de las disposiciones legales aplicables. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si esta reserva se admite a discusión.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. No habiendo oradores ni oradoras registradas, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la asamblea. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva en nombre propio y del diputado José Luis García Duque, del mismo grupo parlamentario, sobre el artículo único del proyecto de decreto y el artículo 63.

La diputada Margarita García García: Muchas gracias, diputada Sauri. Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores. A nombre propio y de mi compañero el diputado José Luis García Duque, acudo a esta tribuna para argumentar la reserva que presento al dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El pasado 6 de noviembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones a distintas leyes en materia de extinción de fideicomisos. Entre estas leyes se encuentran la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, materia de dictamen en discusión donde se reformó el párrafo tercero del artículo 63.

El presente dictamen se aprobó en la Comisión de Gobernación y Población el 22 de septiembre de 2020, meses antes de la publicación del decreto citado. El objetivo principal de esta reserva es reformar el párrafo segundo y tercero, así como derogar el párrafo cuarto que se propone adicionar al artículo 63.

En el segundo párrafo proponemos sustituir medidas de seguridad por medidas de protección. Lo mismo sucede en el tercer párrafo, donde planteamos eliminar la palabra fondo, ya que esta se extinguió, así como el fideicomiso correspondiente, citado en el párrafo cuarto del artículo 63, con la entrada en vigor del decreto del 6 de noviembre.

Recordemos que este y otros fideicomisos nunca cumplieron su propósito y el recurso destinado fue malgastado por las administraciones pasadas. Es importante recalcar que, gracias al decreto del 6 de noviembre, hoy en México la vacuna contra el Covid-19, es una realidad, ya que el recurso que –repito– en administraciones pasadas fue malgastado, se invirtió para que, como lo ha dicho el presidente, ningún mexicano se quedará sin la posibilidad de vacunarse. Como pueden observar, compañeras y compañeros legisladores, la presente reserva tiene el único objetivo de armonizar el presente dictamen con el decreto ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada Sauri.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Margarita García García. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Margarita García García.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada García García. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Agotada la lista de oradoras y oradores, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de las modificaciones aceptadas por la asamblea, correspondientes a los artículos 2o., 8o., 23 Bis, 29, 49, 50, 51, 52 y 63.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las diputadas y diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que falta un minuto para que se cierre el sistema.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 291 votos a favor, 1 abstención y 142 en contra.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Aprobados por 291 votos, los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado César Agustín Hernández Pérez, hasta por cinco minutos.

El diputado César Agustín Hernández Pérez: Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.

El diputado César Agustín Hernández Pérez: Compañeras y compañeros, el dictamen que tengo a bien presentar a nombre de la Comisión de Gobernación y Población, tiene por objeto aliviar un rezago que hemos venido padeciendo al asumir que la legislación vigente en materia de población ha cumplido sus objetivos y es momento de renovarla.

La Ley General de Población de 1974 ha quedado hoy rebasada por desafíos poblacionales que deben ser atendidos con urgencia. Esto nos debió llevar hace mucho a repensar este ordenamiento que debiera ser piedra angular para definir, implementar y evaluar una política poblacional moderna, que aproveche nuestro bono demográfico y se prepare para los retos que conlleva, entre otras cosas, el paulatino envejecimiento de nuestra población, los avances tecnológicos y los cambios en las relaciones sociales y la distribución y rasgos de nuestra población.

Hoy, la mayoría de los artículos de la Ley General de Población han sido derogados, lo que resulta una norma fragmentada que se aplica sin visión de transversalidad, sin perspectiva de género, sin enfoque diferenciado, en suma, sin estrategia y objetivos claros.

En este tenor, la propuesta que está a su consideración es fruto de un honesto y constante esfuerzo por generar consensos, lo que incluso, se expresa con una propuesta de modificaciones avalada por todas las fuerzas políticas, representadas en esta Cámara, que logra hacer del ánimo de todos uno.

Este dictamen prevé, entre varias otras cosas, la atención de cambios demográficos, de mortalidad, fecundidad y migración internacional mediante el uso de información y estadísticas sociodemográficas, a fin de considerar estos cambios en el diseño y formulación de las políticas públicas.

La utilización de la información estadística y sociodemográfica para prever los efectos del envejecimiento y proporcionar elementos para la formulación de políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno, y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.

La generación y difusión de estadísticas para la planeación y operación de los programas de planificación familiar, así como para la operación de la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes. Cuyos objetivos son disminuir a la mitad para el año 2030 la tasa de fecundidad adolescente y erradicar el embarazo en niñas menores de 14 años.

La adopción de estrategias para anticipar los efectos de la transición demográfica con la finalidad de prever los cambios en la estructura y en la dinámica de los hogares, así como la conformación de los diferentes tipos de familias, utilizando información y estadísticas sociodemográficas.

La identificación de patrones de movilidad que propician la adopción de estrategias de desarrollo y planificación urbana, regional y territorial, a fin de reducir los desequilibrios que aún persisten en el territorio nacional.

Garantizar la cobertura de bienes y servicios, ayudar a reducir la desigualdad social y regional, y orientar el crecimiento de la población, y los asentamientos considerando opciones de empleo, migración y residencia con criterios productivos, competitivos y sostenibles.

Y, la integración de un registro de personas en el que se concentre información relativa a la identidad de todos los que habitamos México, que se alimente de información actualizada y fidedigna, que se pueda constituir como un insumo para la toma de decisiones y que nos coloque en un esquema de protección de derechos.

Es por ello que les solicito, a nombre de la comisión que preside de manera destacada nuestra compañera y amiga, la diputada Rocío Barrera, que asumamos la necesidad de dar sustento jurídico a la política poblacional que requiere el Estado mexicano, votando a favor del presente dictamen. Agradezco su atención. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. En virtud de que existe propuesta de modificación, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se acepta. En consecuencia, está a discusión en lo general, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, a través de la plataforma, vía Zoom, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Diputado, no ha activado su audio.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche (vía telemática): Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche (vía telemática): La Ley General de Población, que hoy se propone sea reemplazada por una nueva ley, permite una correcta transición entre leyes para la conducción de la política de población en el país, que atiende a las causas y consecuencias de la dinámica demográfica. Además de coincidir la política de población en el país, esta nueva ley garantiza el derecho a la identidad y regula la organización y funcionamiento de las autoridades competentes en materia de población, registro e identidad de las personas, es decir, los registros civiles.

El Ejecutivo federal, vía la Secretaría de Gobernación, continuará formulando y conduciendo las acciones públicas dirigidas a considerar la dinámica, estructura y distribución territorial de la población, así como asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos vinculados con los fenómenos demográficos. Otra de las atribuciones que conserva el Ejecutivo federal consiste en coordinar a los tres órdenes de gobierno, promoviendo que las autoridades de las entidades federativas realicen acciones que favorezcan la atención.

Por ello, la nueva ley mediante la distribución de competencias otorgadas a autoridades federales, estatales y municipales conserva su esencia y naturaleza de ley general. Con las atribuciones y facultades que se conservan, reconocemos nuevamente a la Secretaría de Gobernación como la autoridad fundamental en la ejecución e implementación, tanto para organizar, custodiar y administrar la información del Renapo, como para establecer y administrar y operar el Servicio Nacional de Identificación Personal.

De igual manera, pertenece al Consejo Nacional de Población, Conapo, el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población en el país, enfocado bajo esta visión a incentivar a la participación política y social en la atención de los problemas demográficos, en el desarrollo de programas de población en México.

Merece la pena reconocer que con esta nueva Ley General de Población nos acercamos de forma realista a una eficiente ejecución de políticas públicas. Se dispone para que toda persona tiene derecho a la identidad y ser registrado de manera inmediata en su nacimiento.

Por lo anterior, pedimos al ejecutivo federal que destine los recursos necesarios para que la población cuente con la Cédula Única de Identidad Digital y así acredite registro de identidad una persona y en esa última instancia dicha cédula se convierta en el documento oficial de identificación ante todas las autoridades.

Por todo lo anterior, en el Partido Verde votaremos a favor de esta nueva Ley de Población, para que el Estado lleve una eficaz conducción de la política de población, bajo el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: A continuación, tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: El dictamen que la Comisión de Gobernación pone a consideración de esta asamblea, contiene avances sustanciales en el diseño de la política de población, implementada hasta ahora.

La nueva ley que propone la comisión contiene elementos que, en sí mismos, no solo constituyen lábaros fundamentales en la lucha de las izquierdas, en el mundo entero. Sino que son baluartes de la lucha histórica del Partido de la Revolución Democrática, como la perspectiva de género, la de derechos humanos, la de la niñez, la interculturalidad, como un valor intrínseco de la pluralidad y los derechos sexuales y reproductivos, como un eje que guía toda la acción del Estado, entre otros elementos que según este documento deberán regir la política poblacional en nuestro país.

La conducta demográfica y las políticas que de ella derivan, constituyen la manifestación más plausible y concluyente de la forma en que, como sociedad, nos percibimos a lo largo del tiempo en esta nuestra evolución histórica y como pretendemos vernos en el futuro. Es una muestra de nuestra relación con otras sociedades y con el medio ambiente.

Es por ello que, por ejemplo, la natalidad concebida desde esta perspectiva no es tan solo una expresión de la capacidad biológica de procrear y reproducirse, sino que constituyen la resultante dialéctica de concepciones, actitudes y enfoques de los roles de género de los hombres y las mujeres. Y la función de los hijos e hijas, así como el propio papel que, frente la sociedad tenemos como individuos, personas, en bienestar y la superación de situaciones de vulnerabilidad.

La política poblacional es reflejo de nuestro acercamiento a la movilidad humana en la migración, no solo como resultantes de la calidad de las condiciones de vida presentes, sino de las condiciones del medio físico y social, de la disponibilidad de medios para cambiarlas, así como para mudar de residencia, los movimientos migratorios también responden a una concepción sobre lo que cada quien desea para sí mismo, para sí misma, para los miembros de una comunidad y de su grupo familiar.

Debemos reconocer que, en las disposiciones relativas al Programa Nacional de Población, contenidas en el presente dictamen, son incorporadas de forma bastante amplia los derechos sexuales y reproductivos de las personas, haciendo obligatoria la existencia de una oferta anticonceptiva, que responda a las necesidades de la población. Establece también la necesidad de que los programas y políticas públicas contengan acciones específicas para determinados grupos poblacionales, entre los que se encuentran los neonatos, las y los prescolares, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores.

Es importante señalar que esta ley reconoce el derecho a la movilidad, incluyendo las personas en situación de migración, así como la interculturalidad como un modelo de política que asegura la inclusión igualitaria con la finalidad contribuir una identidad, de construir –perdón– una identidad colectiva fundada en los principios demográficos, aunque yo agregaría aquí que nos hace falta la obligación de hacer cumplir a los centros de salud la Norma 046, por los altos índices de embarazos en adolescentes, resultados en más de un 90 por ciento de abuso sexual.

Es importante señalar la apertura de la comisión para incluir propuestas específicas de modificación que hicimos desde el Grupo Parlamentario del PRD, principalmente a la participación de las y los gobernadores en el Consejo Nacional de Población, el respeto a la integridad de los datos contenidos en el Registro Nacional Electoral y las facultades específicas del INE, así como la necesidad de establecer lineamientos públicos que rijan las acciones administrativas en esta materia.

Es por esto, que el Grupo Parlamentario del PRD plenamente comprometidas y comprometidos con la calidad de vida de las y los mexicanos, y las políticas que le garanticen a través de políticas integrales en materia poblacional. Expresamos que nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputada.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra la diputada Carolina García Aguilar, a través de la plataforma Zoom, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Carolina García Aguilar (vía telemática): Gracias, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.

La diputada Carolina García Aguilar (vía telemática): Uno de los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos es el de la progresividad. Este principio implica que las legislaciones deben avanzar a fin de mejorar, de garantizar y promover los derechos fundamentales de manera gradual hacia una transformación normativa que incite a la funcionalidad de la legislación y que sea adecuada a los tiempos en los que vivimos.

Hoy, se pone a consideración de esta soberanía el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población y se abroga la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, que busca y tiene la intención de dar vida a una Ley General de Población funcional y acorde a nuestro tiempo.

La anterior Ley General de Población fue elaborada en un contexto demográfico específico y atendió diversas problemáticas que se presentaron en la época. No obstante, su aplicación fue perdiendo vigencia en razón del crecimiento poblacional, la incorporación de las tecnologías, las olas migratorias y otras dificultades que, con el paso del tiempo, esta ley se ha visto rebasada y se volvió disfuncional y obsoleta.

En Encuentro Social tenemos la mira puesta hacia la progresividad de la ley y estamos plenamente convencidas y convencidos de que esta nueva Ley General de Población tiene un enfoque integral, con visión hacia el futuro y con un carácter evolutivo, además que ha sido elaborada acorde a los requerimientos de nuestro presente.

Un proyecto que se nos presenta, tiene por intención adecuar la normativa poblacional a las nuevas realidades, así como la dinámica demográfica del país, a fin de atender sus causas y consecuencias. De la misma forma, busca establecer las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad para que sea un elemento indispensable a esta nueva realidad.

Otro de los ejes, y que es primordial en la iniciativa, es la intención de garantizar el derecho a la identidad, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, apuntalar la operación del Registro Nacional de Población y del Servicio Nacional de Identificación Personal, así como regular la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, registro e identidad de personas.

Como se observa, lo que esta propuesta plantea es la necesidad de adecuar a las condiciones, demandas y realidades actuales del país, a un conjunto de estrategias, programas y acciones públicas, a fin de enfrentar los desafíos poblacionales que son el cambio demográfico por envejecimiento, la inequitativa distribución territorial de la población, la migración interna e internacional, así como los patrones de movilidad y otros.

De igual manera, por lo que respecta a garantizar el derecho de la identidad de las mexicanas y los mexicanos, la legislación que se impulsa considera la necesidad de crear una cédula única de identidad digital, que se expedirá a toda la población del país y a los mexicanos residentes en el extranjero, y que será este un documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero. Impulsando así un sentido de arraigo y de pertenencia en cada mexicana y mexicano, no importando dónde se encuentren.

De la misma manera, se considera integrar un registro de personas y el uso de una clave única para todo servicio, para todas y todos los mexicanos, denominada Clave Única de Registro de Población.

En Encuentro Social apoyaremos el dictamen porque contiene una propuesta innovadora, progresiva, que tiene un enfoque garantista de derechos humanos e impulsa políticas públicas que atienden las necesidades poblacionales del país. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputada.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: En memoria de Carlos Echarri Cánovas, un hombre comprometido con grupos históricamente discriminados, con una visión feminista y con un trabajo con enfoque de derechos humanos. Que descanse en paz.

El nuevo perfil demográfico está construyendo escenarios que reclaman una política de población activa, sustentada en la cooperación de las instancias gubernamentales y con la participación de la sociedad civil, que sea capaz de orientar el respeto irrestricto con apego a una visión del desarrollo, centrada en las capacidades humanas.

La política poblacional requiere una profunda transformación, que vaya desde garantizar fehacientemente el derecho a la identidad de cada una de las personas que integran la población mexicana, hasta la atención de los fenómenos que la afectan, con el fin de fortalecer la capacidad de resolver y anticipar los impactos en el cambio demográfico en el desarrollo del país.

El Consenso de El Cairo, en 1994, a través del programa de acción que aprobaron 179 países, entre ellos México, estableció compromisos y medidas enfocadas a mejorar la calidad de los servicios de planificación familiar y atención de la salud reproductiva, cubrir las necesidades de anticoncepción, mejorar la salud infantil, disminuir la mortalidad materna, aumentar el acceso a la educación, prestar mayor atención a las y los jóvenes, mejorar el estatus de las mujeres, ampliar las opciones de vida para las mujeres jóvenes, así como involucrar a los hombres en las tareas de cuidado y domésticas, en el cuidado y crianza de los hijos. Temas en los que aún existen rezagos y metas pendientes por alcanzar.

A casi 2 décadas de la Conferencia de El Cairo y como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la misma, a nivel regional se llevó a cabo el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo en América Latina y el Caribe en 2013, con representantes de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de organismos internacionales y regionales, así como de organizaciones no gubernamentales en las que se ratificaron los principales compromisos internacionales en materia de población y desarrollo, y se establecieron una serie de medidas sobre 8 temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al programa de acción derivado de la Conferencia de El Cairo.

Los temas prioritarios incluyeron: los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El envejecimiento y su protección social, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, la igualdad de género, la emigración internacional y la protección de los migrantes, la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus derechos y el combate a la discriminación racial.

Para guiar las políticas públicas se decidieron acciones para erradicar la pobreza y para la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible, con la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

La nueva Ley General de Población que hoy estamos aprobando está dividida en cuatro títulos. El Título Primero establece el objeto de la ley, así como los principios rectores entre los cuales destacan el enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto, la transversalidad de la política de población, el federalismo, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación de los distintos órdenes de gobierno. Por ello, ha sido muy importante incluir a través de una reserva la participación de los gobernadores en el Consejo Nacional de Población.

Asimismo, se establece que el Ejecutivo federal formulará y conducirá la política de población, realizará acciones que contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, promoverá que las autoridades de las entidades federativas realicen acciones que favorezcan la atención de problemas demográficos y el desarrollo de programas de población que establecerá, integrará, administrará y operará el Registro Nacional de Población y el Servicio Nacional de Identificación Personal.

El Titulo Segundo establece las atribuciones de las autoridades en materia de población. El Tercero establece que las directrices de la política de población, a través de un programa nacional, que es el instrumento jurídico que contiene los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y demás elementos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, el artículo 4o. regula el derecho a la identidad, mismo que está consagrado en el artículo 4o. constitucional. Por todos estos motivos es que desde Movimiento Ciudadano sin duda votaremos a favor de esta nueva Ley General de Población, que sin duda hace honora uno de sus principales promotores, como fue Carlos Echave. Es cuanto, muchas gracias.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputada.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: A continuación, tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar posición en relación con el dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, para expedir la Ley General de Población, que será a favor.

Este Poder Legislativo tiene la responsabilidad de adecuar el orden jurídico nacional a los cambios del país que ha tenido en el transcurso del tiempo. Nada es para siempre. En este sentido, hoy aprobaremos expedir una nueva Ley de Población que deroga la vigente, la cual data desde 1974. En este tiempo México ha incrementado notablemente su población y hoy nos reconocemos, según establece el artículo 2o. de nuestra Norma Fundamental, como una nación plural, en donde a diferencia de hace 46 años, en esta etapa de nuestra historia, reconocemos plenamente nuestra pluralidad nacional.

La riqueza de una nación radica en la diversidad y la pluralidad de su población, y el respeto y la tolerancia que en esta se ejerza, y hoy, al reconocernos diferentes, asumimos un solo compromiso histórico que es el engrandecimiento de México con un nuevo gobierno, que representa plenamente el sentir de las grandes mayorías nacionales.

Destacan, las atribuciones que se le otorgan en el artículo 18 de la ley al Consejo Nacional de Población para establecer proyecciones de población e indicadores demográficos, lo cual es muy importante para la definición de las políticas públicas en materia de desarrollo territorial, urbano y educativo, entre otros, que requerirán las nuevas generaciones de mexicanos, por las que hoy a nosotros nos toca legislar.

De igual manera y de igual forma, lo previsto en el artículo 24 como atribuciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, particularmente, en lo que corresponde a los diagnósticos y estudios en materia de población, donde se deberá considerar, al menos, los siguientes indicadores: marginación y desigualdad regional; migración internacional; salud sexual y reproductiva; mortalidad; violencia y envejecimiento de la población –que para allá vamos, ojalá y lleguemos–, entre otros.

Es de reconocerse también que gracias a este nuevo ordenamiento se hará uso de todos los mecanismos al alcance para contrarrestar el racismo, la discriminación por cualquier causa, la segregación, la misoginia, la homofobia, la censura a cualquier profesión religiosa, la xenofobia y el discurso de odio, sea entre esto por razones de su origen, identidad, religión, género, discapacidad, cuestiones de salud, orientación sexual y todo tipo de marginalización y exclusión.

El presente dictamen, que hoy votaremos, representa sin duda un avance para la democracia en nuestro país y se armoniza así con lo establecido en otros ordenamientos, donde se preceptúan las obligaciones del Estado para el cual, para el cabal cumplimiento e irrestricto respeto a los derechos humanos como garantía para una mejor convivencia social.

Por las razones expuestas, nuestro grupo parlamentario apoya el presente dictamen porque qué cruel sería y qué... no sé la palabra definirla, pero, sí imaginémonos nosotros esta Cámara que seamos todos iguales, hombres y mujeres, y más todavía que pensemos igual.

Por eso, la diversidad y la pluralidad de la población son muy importantes para un país. Nuestro voto del Grupo Parlamentario del Trabajo será a favor. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Ánimo, sáquense un 10. Gracias, es cuanto.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Con su venia, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: La modernización de nuestro marco jurídico es una gran responsabilidad legislativa para fortalecer el andamiaje jurídico que le dé respuesta a los grandes problemas nacionales que el propio desarrollo conlleva.

En nuestro país es innegable que un nuevo perfil demográfico está construyendo escenarios que reclaman una política de población activa, sustentada en la cooperación de las instancias gubernamentales y con la participación de la sociedad civil. Se requieren de acciones de gobierno con un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto con apego a una visión al desarrollo centrada en las capacidades humanas.

Es por ello que la política poblacional requiere una profunda transformación que vaya desde garantizar el derecho a la identidad, respetando la protección de los datos de las personas, hasta fortalecer la capacidad de resolver y anticipar los impactos del cambio demográfico en el desarrollo de nuestro país.

Los retos en el ámbito demográfico y poblacional para nuestro país requieren de un ordenamiento jurídico moderno, con profunda visión de protección a la persona y a sus derechos, y que asigne claramente las tareas de cada orden de gobierno que está obligado a realizar en esta materia.

Los cambios demográficos de mortalidad y fecundidad de la población, así como los nuevos patrones de migración internacional apuntan a que nuestro país en un futuro inmediato tendrá una nueva estructura por edad en su población.

Dichos cambios se reflejan en la disminución de población infantil, en el crecimiento de población adolescente y joven, aunque a un ritmo menor y en el aumento de la población adulta. En este escenario, la población adulta mayor mostrará las tasas más elevadas de crecimiento. Estos cambios demográficos perfilan nuevos escenarios que tendrán repercuciones sociales, culturales y económicas. En ese sentido, es imperativo impulsar un cambio en la política de población y, sobre todo, en la ley para la formulación de las políticas públicas, que den respuesta a estos nuevos retos del desarrollo.

También nos enfrentamos al envejecimiento como uno de los rasgos más prominentes del cambio demográfico actual. Se estima que para el año 2050, uno de cada cinco mexicanos tendrá 60 años o más. Uno de los aspectos más desafiantes es la velocidad del fenómeno, ya que mientras en otros países les tomó un siglo o más duplicar su población adulta mayor, en nuestro país le tomará solo 30 años. El envejecimiento obligará a los sistemas de salud a redirigir la atención a los servicios geriátricos y gerontológicos, así como a continuar ampliando la cobertura de estos servicios.

Es por ello que la utilización de la información estadística y sociodemográfica con informe prospectivo es esencial para prever los efectos del envejecimiento y proporcionar elementos para la formulación de políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno. Y así, favorecer un envejecimiento saludable, activo y más productivo.

Otro gran reto que tenemos es el aumento en la fecundidad adolescente, que se ha convertido en un tema prioritario en la agenda demográfica. Compañeras y compañeros diputados, debemos reconocer que la transición demográfica ha transformado profundamente las relaciones al interior de los hogares mexicanos, provocando cambios en la división doméstica del trabajo, en los modelos de socialización, así como en la estructura y dinámica de estos.

Por ello, es imprescindible que la política de población contribuya a fortalecer dichas relaciones, fortaleciendo las capacidades de las personas para formular y poner en práctica sus proyectos de vida, apoyando a los hogares en situación de pobreza y promoviendo una justa distribución de obligaciones y responsabilidades entre los hombres y mujeres.

En este contexto, resulta necesario anticipar los efectos de la transición demográfica, con la finalidad de prever los cambios en la estructura y en la dinámica de los hogares, así como en la conformación de los diferentes tipos de familias, utilizando información y estadísticas sociodemográficas.

Esta nueva Ley General de Población es de gran trascendencia, porque busca regular de mejor manera la distribución población en el territorio nacional y su movilidad, además de contemplar aspectos de gran importancia, como lo es la migración interna o internacional.

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI siempre vamos a trabajar con la convicción de que estamos construyendo un mejor marco jurídico que dé mejor respuesta eficaz a los importantes retos poblacionales que enfrentamos. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Con su venia, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Gracias, presidente. Primero que nada, quiero reconocer la interlocución que tuvo la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, para adecuar esta ley y mejorarla, sobre todo, cuidando los organismos autónomos. Miren, el objeto de este dictamen versa esencialmente a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la identidad, el cual se encuentra establecido en el 4o. constitucional, párrafo octavo, de nuestra Constitución.

Es muy oportuno señalar que el derecho a la identidad es considerado como un derecho humano y, por lo tanto, se atiende la obligación del Estado para que sus autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto de acuerdo al artículo 1o. constitucional.

En el dictamen se señala, se establece más bien diversas acciones que el Ejecutivo federal deberá llevar a cabo por conducto de la Secretaría de Gobernación y otras más en concurrencia con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. Lo anterior deberá ser cumpliendo obligatoriamente criterios como el respeto de los derechos humanos, cooperación, respeto al Estado de derecho y garantías procesales, unidad familiar, perspectiva de género, interés superior de la niñez, igualdad, inclusión.

Sin duda uno de los puntos medulares para la debida aplicación de la Ley General de Población será el Registro Nacional de Población, el cual será el sistema de información que contendrá los datos personales relativos a la identidad de una persona, incluyendo sus datos biométricos, tanto de los mexicanos como de los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional.

Nosotros, las y los legisladores de Acción Nacional vigilaremos que las autoridades involucradas, especialmente aquellas que en términos de la legislación aplicable tengan el carácter de sujetos obligados en materia de protección de datos, cumplan con sus... y obligaciones debidamente y con estricto apego a los derechos humanos. Esto es, las acciones que llevan a cabo las respectivas autoridades, deberán sujetarse a los lineamientos y principios señalados en la Constitución Política, las leyes federales y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Otra parte. Deberán sujetarse a instrumentos internacionales, como el Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y su protocolo adicional relativo a las autoridades de control y a los flujos fronterizos de datos, hechos en Estrasburgo, Francia, el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre del 2001, respectivamente.

Esto señalando que la aprobación del Estado mexicano de dicho convenio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2018. Votaremos a favor, pues, de este dictamen. Pero, promoveremos diversas reservas para garantizar el derecho humano del derecho de la identidad como otros derechos como son la protección de la vida privada y datos personales. Es cuanto.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Gracias, diputado. La población es el elemento constitutivo más importante del Estado por constituir precisamente el factor humano, ese que la da la razón de ser y el que se destina a la actividad jurídica, administrativa, política y económica de la nación. Podrían existir naciones o sociedades sin territorio, incluso, quizá con organización, pero sin gobierno, pero bajo toda lógica al Estado le es indispensable su población.

A partir de este conjunto abstracto se define al ser humano como animal social. Es esa capacidad de agruparse con fines comunes la que nos separa de un estado natural. Así, el derecho como consecuencia social de la convivencia, debe considerar a los pueblos y sus sociedades como sujetos de la actividad del estado, lo que se logra mediante el estudio demográfico, lo que ha sido precisamente la materia de la Ley General de Población desde su surgimiento en 1974.

En este contexto, el dictamen que ponemos a su consideración reconoce que el perfil demográfico de México ha experimentado en las últimas décadas una profunda transformación y que la citada ley ha quedado rebasada por desafíos poblacionales de urgente atención.

Uno de los fines del derecho es comprender y encauzar la actividad social hacia parámetros beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Por ello, para seguir vigente una norma jurídica debe ser capaz de evolucionar.

Ese es, precisamente, el sentido de este dictamen, establecer una nueva ley que permite satisfacer de manera efectiva las necesidades sociales y establezca las bases de una nueva política poblacional que procure la atención de los fenómenos que nos afectan como nación, resolviendo y anticipando los impactos de cambio demográfico en el desarrollo del país, el cual perfila nuevos escenarios que tendrán repercusiones sociales, culturales y económicas.

Desde hace tiempo nos urge una ley que haga frente a desafíos tan actuales, como las necesidades que devienen de los cambios en la estructura por edad, mortalidad y fecundidad de la población. Los nuevos patrones de migración internacional, la disminución de la población infantil, el crecimiento de la población adolescente y joven a un ritmo menor, y el aumento de la población adulta que empieza a mostrar las tasas más elevadas de crecimiento.

Bajo esta lógica la aún vigente Ley General de Población dejó de ser hace tiempo ese instrumento, fue un ordenamiento muy efectivo para controlar el flujo poblacional y sirvió como para base para definir hace más de dos décadas que la familia pequeña vive mejor. Proclama que constituye el resumen de una política poblacional que cumplió su propósito, pero que hoy está ampliamente superada.

La ley que proponemos atiende los retos presentes y se anticipa a los que están por venir. Además, garantiza fehacientemente el derecho a la identidad de cada una de las personas que integran la población en México y no solo de quienes cumplen ciertos requisitos.

Por ello se plantea la creación de una cédula única de identidad digital, como documento nacional de tipo digital que acredita de manera fehaciente el registro y la identidad de todas las personas, y constituye de forma primaria o fundacional un documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero y ante las personas físicas o morales con domicilio en el país, así como para todo tipo de trámites o servicios, sin que ello implique asumir o reemplazar las facultades de aquellos órganos que seguirán expidiendo identificaciones funcionales; es decir, sujetas al contexto particular para las que son creadas, como por ejemplo INE como credencial para votar, pasaporte como documento para desplazarse del territorio o cédula para acreditar una profesión.

Además, el dictamen traza una política orientada por los derechos humanos, el bienestar social, la igualdad y potenciación de género, las diversas formas de familia, el desarrollo sostenido y la salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental.

Este dictamen incluye nuevas iniciativas de una servidora, de las diputadas y diputados: Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena; de la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano; del diputado Hugo Lustre, de Morena; del diputado Javier Hidalgo, de Morena; de la diputada Olga Sosa, de Encuentro Social; del diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; de la diputada Celeste Ascencio, de Morena; y de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, de Morena.

Por estas razones les solicito votar a favor del presente dictamen y a favor de una renovada política poblacional, congruente con las necesidades actuales de nuestro México. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso d), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados, para hablar en contra y favor, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado José Mario Osuna Medina, para hablar en pro, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Mario Osuna Medina: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General de Población.

La Ley General de Población vigente fue publicada en 1974, tiene sus orígenes en la Ley General de Población de 1936. De ese entonces a la fecha el mundo y nuestro país han cambiado mucho. La nueva dinámica demográfica de nuestro país reclama una política de población activa, una política poblacional que garantice el derecho de la identidad de cada una de las personas que integran la población de nuestro país.

La Ley General de Población de 1974 ha quedado rebasada por los desafíos que deben ser atendidos, a fin de satisfacer las necesidades que enfrenta la población, con arreglo a los consensos y compromisos internacionales. Esta nueva legislación actualizará los aspectos demográficos, para privilegiar la perspectiva central en los derechos individuales y sociales, fortaleciendo su planeación. Es incluyente, democrática, plural y contempla la participación de todos los actores de la sociedad.

La Ley General de Población que se propone está dividida en cuatro títulos. El título primero establece el objeto de la ley, así como sus principios rectores, entre los cuales destacan el enfoque de los derechos humanos, la transversalidad de la política de población, el federalismo, la transparencia y rendición de cuentas, y la promoción de la participación de los órdenes de gobierno.

El título Segundo señala las atribuciones de las autoridades en materia de población, contempla el Consejo Nacional de Población como el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política poblacional del país, y prevé la creación de consejos de población en las entidades federativas, en los municipios y en las demarcaciones territoriales.

Otorga facultades a la Secretaría de Gobernación, a fin de custodiar y administrar la información del Registro Nacional de Población, así como operar el Servicio Nacional de Identificación Personal y emitir, en su caso, el documento nacional de identidad.

El título Tercero se refiere a las directrices de la política de población, que serán ejecutadas a través de un programa nacional y se provee a la población de programas estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Al respecto de la salud sexual y reproductiva, se establece que el Consejo Nacional de Población Proveerá que la federación, entidades federativas y municipios realicen acciones que garanticen el derecho de todas las personas en la materia. De igual forma, se establece la incorporación de igualdad de género en las políticas, programas y acciones sectoriales de la población.

En el título Cuarto se regula el derecho a la identidad de las personas, se establece el Registro Nacional de Población como el sistema de información que contiene los datos personales relativos a la identidad de una persona y se establece el Servicio Nacional de Identificación Personal como un servicio de interés público, que permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas. Asimismo, establece la asignación de la Clave Única de Registro de Población en sus modalidades temporal y permanente, a la que se asociarán los datos biométricos.

Como podemos observar, la nueva Ley de Población afronta los retos que impone nuestra actual realidad demográfica, con un enfoque integral. Toma en cuenta el surgimiento y desarrollo de nuevas instituciones de gobierno, cuyo mandato incide sobre temas poblacionales, como el involucramiento de los órdenes locales de gobierno que, bajo el esquema del nuevo federalismo participan en el diseño e instrumentación de políticas públicas relacionadas con la población.

La nueva ley incorpora las perspectivas de derechos humanos, entre los que se incluyen los sexuales y reproductivos, de especial importancia para el crecimiento de la población.

La promulgación de esta nueva Ley de Población es una tarea que requería un trabajo minucioso y que incorporó a diferentes órganos de gobierno, a especialistas, así como a la sociedad civil. Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Unidad popular, todo el poder al pueblo. Gracias.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra para hablar a favor, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Presidente, con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy sin duda aprobaremos una de las leyes más importantes de esta legislatura, con una visión estratégica y con un espíritu transformador, al materializar el derecho a la identidad aprovechando el avance tecnológico con la creación de la Cédula de Identidad Digital.

A continuación, vamos a expedir una nueva Ley General de Población, que representará un gran cambio para todos nosotros al ser una herramienta clave para el desarrollo nacional. Personalmente me da muchísimo gusto llegar a este momento, pues justo al inicio de esta legislatura presenté una iniciativa de ley de la ciudadanía digital, buscando facilitar las consultas populares, buscando poder identificarnos y participar electoralmente a través de las nuevas tecnologías, como por ejemplo los celulares.

En ese momento, compañeras y compañeros, en ese momento parecía ciencia ficción, pero luego de que en esta pandemia nos hemos visto obligados todos a encontrar las nuevas herramientas digitales, canales eficientes de comunicación y actividad.

A la fuerza, a la fuerza nos dimos cuenta de la urgencia de aprovecharlas al máximo y de migrar hacia el futuro. Nosotros mismos, los diputados, tuvimos que aprender a trabajar y votar desde nuestros teléfonos celulares, acreditando nuestra identidad, lo cual es fundamental, porque uno de los primeros problemas en la iniciativa original era que la identidad no está garantizada en México, a pesar de ser un derecho constitucional.

Muchos no estábamos conscientes de esto, pero la credencial de elector que expide el INE no garantiza el derecho constitucional a la identidad, empezando por los menores de edad, los mexicanos en el extranjero, las personas migrantes ni tampoco las personas que pierden sus derechos políticos-electorales.

Pero, piensa mal y acertarás, dice el refrán, porque no fue casual que por una maldad neoliberal, le hayan dado en 1992 la función de identificación oficial a la credencial de elector desde una artículo transitorio, buscando, claro, recuperar en aquel tiempo el control político, ahora, a través del clientelismo electoral de los programas sociales, en ese entonces reconocido como el Programa Solidaridad, pues el viejo corporativismo, el de la CTM, CNC y CNOP, había llegado a su límite con la derrota del PRI en el 88, mismo que mantuvo luego a través del fraude.

Pero, con ello, se vulneraban los datos electorales de los ciudadanos al empatar los programas sociales con la entrega de la credencial de elector, y no solo con los programas sociales, la vulnerabilidad de datos fue para todos, desde un trámite complejo como los financieros, hasta el más sencillo como ingresar a este edificio de la Cámara de Diputados, debiendo entregar siempre la credencial de elector con los datos electorales.

Así pues, y luego de todos los trabajos de discusión, la iniciativa de ciudadanía digital coincidió con la idea de identidad fundacional plasmada en la propuesta de una nueva Ley General de Población, fusionando y generando con este dictamen que hoy vamos a aprobar, y garantizando con ello los derechos, seguridad y control de cada individuo para con su identidad a través de los mecanismos digitales, abriendo así el abanico de posibilidades de manera confiable y segura para toda clase de trámites y servicios, impactando en el desarrollo económico y los procesos administrativos.

Y, sin duda, más temprano que tarde, después de un proceso de armonización de las leyes electorales, podremos llegar al voto digital, facilitando la participación de los ciudadanos, en una democracia participativa como la pensamos hace dos años con la iniciativa original de la ciudadanía digital. Por lo que las diputadas y diputados, me congratulo y nos felicito a todos por una de las leyes más importantes de esta legislatura y de esta cuarta transformación. Muchísimas gracias y así será.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado. Para hablar a favor tiene la palabra la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez: Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, como parte de las rutas de trabajo de esta cuarta transformación se encuentra modificar los compendios legales necesarios que permitan proteger con mayor nivel los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.

En este caso, el dictamen que discutimos abona en dicho objetivo, ya que regula cuestiones relacionadas con el derecho fundamental a la identidad, derivado de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, en el 2014 fue elevado a rango constitucional el derecho a la identidad.

De acuerdo con lo sustentado por nuestros máximos tribunales y los instrumentos internacionales de los que México es parte, se indica que este derecho es un elemento inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos como lo son el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a conocer su filiación y origen, con la intensión de observar y proteger dicho derecho, esta nueva ley toma ciertas consideraciones para generar un efecto social importante. En primer lugar, se propone que el Registro Nacional de Población adopte nuevas disposiciones que permitan contar con una base de datos actualizada y fidedigna sobre los datos de identidad de todas y todos los mexicanos que habitan en nuestro país.

A la par, se incluye el uso de un identificador único para la realización de trámites gubernamentales, así como con el sector privado y financiero, lo cual se traducirá en una agilización y simplificación de procesos.

Con estricta observancia a los máximos estándares nacionales, de confidencialidad, este identificador único, nombrado Cédula Única de Identidad Digital, deberá contar con los siguientes datos: nombre y apellido, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, nacionalidad y datos biométricos. Se tratan, entonces, de un nuevo identificador vanguardista y encarrilado a reforzar las políticas de identificación poblacional.

Por eso, los invito a votar a favor de este dictamen, porque viene a cambiar las anticuadas políticas públicas en materia de población e identificación de personas y de orden garantista. La realidad y los nuevos desafíos nos han orillado a la creación de una nueva ley, la cual encuentra el espíritu en el mejoramiento del control y registro poblacional, los mismos que contribuirán al desarrollo social de nuestro México. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputada. Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Héctor Jiménez y Meneses, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Con su permiso, diputado presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Compañeras y compañeros diputados, salvaguardar los derechos humanos y sus garantías es uno de los principales compromisos de la cuarta transformación. De conformidad a lo establecido por la dogmática jurídica, son tres los elementos del Estado mexicano: población, territorio y gobierno.

El acceso a todos los derechos se realiza mediante la acreditación de la identidad. De ahí que este derecho sea tan importante para el bienestar, no solo de la persona, sino en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, a pesar de que en México contamos con diversas identificaciones, ninguna garantiza plenamente nuestro derecho a la identidad, lo cual no solo dificulta el ejercicio de nuestros derechos, sino que pone en estado de indefensión a las niñas y niños mexicanos, complica la identificación de víctimas de accidentes y también de las personas extraviadas.

La vigente Ley General de Población, de fecha 7 de enero de 1974, con 46 años de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, actualmente ha sido rebasada por los desafíos poblacionales y la modernidad que hoy prevalece.

En la actualidad la Ley General de Población carece de perspectiva de género, de interseccionalidad y de derechos humanos, así como de principios fundamentales, el interés superior de la niñez, pro persona, su inclusión e igualdad. Perspectivas y principios que son claves para conciliar los procesos de población, con los intereses particulares de las personas que habitamos el país.

Además, la falta de información, estadística y sociodemográfica nos impide prever los efectos de envejecimiento y proporcionar elementos para la formulación de políticas públicas, que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno, y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.

Todo lo anterior justifica la gran importancia de la expedición de la nueva Ley General de Población, la cual contempla la creación de la nueva Cédula de Identidad Digital, que incluirá datos biométricos, con la cual se podrá validar la identidad de cada persona.

Además, establece la obligación de diseñar políticas y programas integrales en materia de planificación familiar. Reconoce los derechos sexuales y reproductivos, y define las políticas de movilidad humana y de interculturalidad. Es un instrumento esta propuesta que votaremos a favor, que no solo fortalece las políticas demográficas, sino que también fortalece a la garantía de los derechos humanos.

En la cuarta transformación trabajamos por un México de derechos, para todas y todos. No dejaremos a nadie atrás. Es cuanto, muchas gracias.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. Para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Rubén Cayetano García: Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García: Diputadas y diputados, como saben ustedes provengo de la Costa Chica de Guerrero, el distrito 8, territorio rural, una de las regiones más pobres del país, incluso en mi región no está ninguna de las 10 ciudades más grandes de Guerrero, allá no está Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Casco, Zihuatanejo, Tecpan, Atoyac, Teloloapan ni Chilapa ni Tlapa.

Tenemos anexos, cuadrillas, rancherías y pueblitos. Somos la región más afromexicana del país, lo que esperamos que se confirme en enero de 2021, cuando el Inegi dé los resultados del censo 2020.

A pesar de ser una región afromexicana también somos indígenas, predominantemente amuzgos, me'phaa tlapanecos, na savi, mixtecos y nahua o acatecos. Esta pertenencia alumbra y avispa mi perspectiva para atender el texto de tan importante ley que se discute, lo cual provoca proponer, visibilizar que al dictamen de origen bien se pudo perfeccionar y finalmente se perfeccionó.

Es por ello que quiero agradecer la voluntad política de la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera, y coordinadores de los grupos parlamentarios, todos, para sumar en la adenda la adición de la fracción VI al artículo 48 de la Ley General de Población que se discute y que deroga la anterior publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de enero de 1974.

El artículo 48 en comento establece que el Registro Nacional de Población debe contener diversos datos en cuatro fracciones, que en su momento consideré insuficientes y de aquí la voluntad en el agregado con la fracción VI del numeral mencionado. Es así como queda que la autoadscripción como integrante de los pueblos indígenas o población afromexicana, en los términos que establezca el Reglamento.

Con este contexto queda satisfecha nuestra exigencia y así lo celebramos, porque con dicha adición se cumple con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso, con la más reciente reforma en materia de población afromexicana.

A entera satisfacción de los pueblos afro e indígenas que dignamente represento, puedo decir que en Morena vamos a favor del dictamen que es incluyente, que nos visibiliza y reconoce nuestra pluriculturalidad. Muchas gracias. Es cuanto presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Suficientemente discutido en lo general. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, esta Presidencia informa a la asamblea que no se recibió reserva alguna para su discusión en lo particular.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: En tal virtud, se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: A las diputadas y a los diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que falta un minuto para cerrar el sistema electrónico de votación.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 426 votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en contra.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, con la modificación aceptada por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Continúe la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con relación a cambio de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de las curules. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Aprobados. Comuníquense. Se informa a la asamblea que con fundamento en el artículo 11, numeral 2 del Reglamento para la Contingencia Sanitaria que la Cámara de Diputados aplicará en la sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año legislativo de la LXIV Legislatura, no se admitirán intervenciones al final de la sesión, desde curul, de asuntos no registrados en el orden del día. Esto con el fin de no extender la duración de la sesión más allá de lo necesario y reducir el riesgo de posibles contagios.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga (19:23 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 8 de diciembre de 2020, a las 11 horas en modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 8 horas, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las y los diputados.

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