Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Posicionamientos
Lilia Villafuerte Zavala, PVEM
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Héctor René Cruz Aparicio, PES
Juan Carlos Villarreal Salazar, PMC
Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI
María del Pilar Ortega Martínez, PAN
Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen
Por el que reforma el artículo 30 de la Constitución, en materia de nacionalidad, fundamentación
Posicionamientos
Jesús de los Ángeles Pool Moo, PRD
Adriana Gabriela Medina Ortiz y Pilar Lozano Mac Donald, PMC
Javier Salinas Narváez, Morena
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Adriana Paulina Teissier Zavala, PES
Carmen Julia Prudencio González, PMC
Hortensia María Luisa Noroña Quezada, PRI
Juanita Guerra Mena y Carmen Mora García, Morena
Declaratoria de publicidad de dictamen y dispensa de trámites
Posicionamientos
Francisco Javier Saldívar Camacho, PES
Jorge Luis Preciado Rodríguez, PAN
Marco Antonio Medina Pérez, Morena
Protesta de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez, como tesorera de la Federación
Acuerdo de la Junta, relativo a la elección de las y los integrantes de la Comisión Permanente
Discusión en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las minutas remitidas por Cámara de Senadores
Comunicado de la Junta, con cambios en comisiones
Intervención de diputadas y de diputados sobre diversos temas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (12:10 horas): Se abre la sesión presencial del lunes 14 de diciembre de 2020.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a dar lectura a las medidas de prevención.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Medidas de prevención en caso de contingencia. Identificar las salidas y acceso a las rutas de evacuación. Seguir las indicaciones del personal brigadista, quienes señalarán las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.
Como medidas de control y prevención ante el contagio de Covid-19, se recomienda utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de base de alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. No saludar de mano o beso en cara.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules, y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 96 del Reglamento, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibió del diputado Alejandro Viedma Velázquez, solicitud para retirar una iniciativa de su autoría, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2019-2020, de los programas del sector economía. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibió de la Secretaría de la Función Púbica el Primer Informe de Austeridad Republicana. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento y atención.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibió del Congreso del Estado de Sonora, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Pido a la Secretaría dar cuenta con la solicitud de licencia del diputado Gregorio Efraín Espadas Méndez.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Palacio Legislativo de San Lázaro, a primero de diciembre de 2020. Diputada Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y asimismo en ejercicio de los derechos que asisten a los legisladores, contenidos estos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como la fracción III del artículo 12, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien presentar a usted solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, la cual causará efecto a partir del 31 de diciembre del año en curso.
No omito mencionar que de acuerdo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente a usted que dicha petición sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía para en su votación y en su caso aprobación.
Sin más por el momento, agradezco las atenciones y en espera de ver favorecida en forma positiva la presente solicitud. Me despido de usted reiterándome su seguro servidor. Atentamente, diputado Gregorio Efraín Espadas Méndez, diputado federal. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, pido a la Secretaría poner el acuerdo a consideración de la asamblea.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gregorio Efraín Espadas Méndez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el tercer distrito electoral del estado de Tabasco, a partir del 31 de diciembre del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Aleida Alavez Ruiz.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, presidenta. Buenos días a todos y todas. A nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, me permito presentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación.
Esta reforma marcará una nueva etapa en el sistema jurídico mexicano porque atiende la necesidad de fortalecer a nuestra Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional. Lo que sin duda alguna abonará en el fortalecimiento del Estado de derecho y de la protección de derechos humanos de las y los mexicanos. Esta reforma surge de la coordinación y el pleno respeto al principio fundamental de división de Poderes.
Recordemos que en febrero pasado el presidente de la República a petición del ministro presidente suscribió esta iniciativa para su análisis y discusión en el Poder Legislativo federal. Desde entonces, se realizaron diversos encuentros entre académicos, especialistas, jueces, magistrados y legisladores en los que se analizó esta reforma. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudió a esta Cámara a exponer los alcances de la reforma. La mencionada iniciativa se sustentó en los siguientes ejes fundamentales:
Consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se accederá mediante concurso de oposición. Limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados. Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura en matera de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores. Reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo. Impulso a la capacidad y profesionalización del personal a través de la creación de una escuela judicial, cuya responsabilidad será velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres. Establecimiento de los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que se ejerza jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales.
Transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza a sus resoluciones. Consolidación y fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional. Modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Y establecimiento del principio de paridad de género en la carrera judicial como política pública principal y regla.
Del análisis surgió una minuta que nos fue turnada con cambios importantes a la presentada en febrero. Realizamos de común acuerdo entre las comisiones unidas un parlamento abierto en el que acudieron servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, miembros de la academia y de la sociedad civil.
Reconocimos la necesidad de estos cambios constitucionales y de las expectativas de las reformas secundarias. Así, presentamos a consideración de este pleno una reforma constitucional coincidente con lo planteado por la colegisladora y que plantea reformar los artículos 94, 97, 99 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre las medidas que contiene la reforma se pueden señalar las siguientes:
Se fortalece el papel de tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se crea un sistema novedoso para los mexicanos, adoptando el sistema de precedentes judiciales. Se depura la materia de controversias constitucionales, eliminado las cuestiones de legalidad, al tiempo que se amplía como hipótesis de procedencia a las omisiones, las cuales pueden ser de cualquier orden, siempre y cuando se imbriquen en problemas constitucionales.
Se amplía la facultad de promover controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos locales. Se fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad. Se restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y se elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.
Se eliminan los tribunales unitarios de circuito y son sustituidos por los tribunales colegiados de apelación. Se eliminan los plenos de circuito y son sustituidos por los plenos regionales. Se cambia la denominación de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios. Se elimina el recurso de revisión administrativa, del que conoce la Suprema Corte, y se concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal.
Se fortalece la facultad reguladora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que se conoce como facultad autorreguladora. Se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial. Se amplía la aplicación de la carrera judicial. Se adopta la paridad de género como principio de la carrera judicial. Se sustituye la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de Escuela Federal de Formación Judicial. Se elimina la facultad de la Suprema Corte de la Nación para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
En relación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, este se eleva a rango constitucional, lo que implica, por una parte, fortalecer su autonomía, y por otra, que tanto los defensores públicos como los asesores jurídicos pasarán a formar parte de la carrera judicial con todas las implicaciones que esto conlleva.
Se faculta al Consejo de la Judicatura para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales, previamente establecidos, para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos, y el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo se encarga al órgano que concedió el amparo.
El sentido democrático de la justicia constitucional puede verse en aspectos como la vigencia plena de los derechos fundamentales y su interpretación. En relación con la vigencia plena de los derechos fundamentales no cabe duda de que estos son la piedra angular del sistema constitucional. Sin duda podemos afirmar que la misma democracia carecería de todo sentido si no tuviera como finalidad, en última instancia, lograr una vida en dignidad para todas las personas. No puede concebirse la vida digna sin equidad, sin nuestras libertades.
En este sentido, la materia de trabajo diaria de los jueces constitucionales son los conflictos más ostensibles de la sociedad, se relacionan con esos aspectos más fundamentales de la vida de las y los ciudadanos.
La solución de estos conflictos requiere, además de un amplio conocimiento jurídico, de mucha sensibilidad por parte de los jueces constitucionales hacia los justiciables, quienes acuden a ellos en busca de una justicia en última instancia.
Es por ello que, en todo juicio constitucional y su respectiva decisión, no debe debatirse únicamente la situación especial de las partes interesadas, en ese caso específico debe ir más allá, permitir configurar y dotar de contenido los derechos fundamentales.
Ejemplo de lo anterior son los efectos que tienen las sentencias que se pronuncian en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, las cuales inciden en aspectos sociales, económicos y no en pocas veces políticos.
Poco a poco esa misma relevancia está haciendo propia de los juicios de amparo. Es por ello que la interpretación de la Constitución no debe provenir únicamente de una correcta argumentación racional, el juzgador constitucional debe buscar que sus decisiones sean persuasivas para los justiciables y, por extensión, a la sociedad en general.
Si bien es cierto que la argumentación racional implica tener un alto rigor técnico, también es cierto que debe acercarse al derecho constitucional, a los justiciables y, en general, a todas las personas. Así, la labor de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación debe darse de un espacio de discusión pública mucho más amplia que el estudio de un expediente abierto con motivo de un caso concreto al que se le ha asignado un número y del cual, después se dará cuenta en la estadística.
En la actualidad, nuestro derecho procesal constitucional ofrece días formales y legítimas para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciba la influencia de los más diversos actores y de las consideraciones al resolver.
Así, a la luz de 25 años de experiencia, desde que las reformas de 1994 tuvieron como objetivo transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional, se hacen necesarias estas reformas, dan un gran calado a esta nueva causa del proceso judicial y representan un esfuerzo adicional para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia en tribunal constitucional. Su finalidad es acercar, tal y como lo dispone el artículo 17 constitucional, la justicia a todas y todos los mexicanos. Ello, porque hablar de justicia en nuestro país, todavía es una asignatura pendiente con el pueblo de México.
Hasta hoy, nuestro país se encuentra en el lugar 60 de 69 países que mide el índice global de impunidad, según la opinión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, por lo que es necesario tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que se observan.
Asimismo, el índice global de impunidad 2020 advierte que existe una necesidad estructural para mejorar las capacidades de impartición de justicia en nuestro país. En este sentido, esta reforma que ahora se dictamina es congruente con esta lucha contra la injusticia y la impunidad.
Esta reforma es resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres Poderes de la Federación: el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, para atender un reclamo de justicia de la sociedad mexicana. Esperamos que esta reforma no solo contribuya a transformar al Poder Judicial Federal, sino a todas las instituciones del Estado y los operadores jurídicos. Es un momento de transformación, debemos responder con diligencia al reclamo de la sociedad para construir un México con justicia. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, compañera Aleida Alavez. Tiene la palabra la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: Con su venia, diputada presidenta. Estamos a punto de consolidar un hecho que tendrá una gran relevancia en la impartición de justicia en México.
Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados, vengo a presentar ante ustedes el dictamen a la minuta que propone reformar los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante la percepción sobre la injusticia en nuestro país, y ante las cifras que nos engañan y que dicen que México se encuentra en el lugar número 60 de los 69 países que mide el índice global de impunidad, todo resultado de gobiernos pasados. Por supuesto hoy estamos hablando de dar los suficientes instrumentos legales para combatir la corrupción, la injusticia y la impunidad.
En dos ejercicios de parlamento abierto y en dos discusiones de comisiones unidas, primero en el Senado y luego aquí en la Cámara de Diputados, se reconoció el gran trabajo que realizan los representantes del Poder Judicial de la Federación, quienes en un proceso de colaboración institucional con los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo elaboraron una reforma amplia que traza el camino hacia una mejor justicia con pleno respeto a los poderes del Estado y que es producto de la reflexión del propio ejercicio judicial.
En este dictamen deja de manifiesto que se está ante una reforma al Poder Judicial de forma integral y de largo alcance, porque busca consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional, haciendo que sus trabajos se enfoquen únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
La transformación en los tribunales unitarios de circuito, de los tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mayor certeza en sus resoluciones, es decir, ahora estarán integrados por tres magistrados y no uno solo, este cambio también es acorde un sistema colegiado, apodado, adoptado a nivel internacional y que ha funcionado, por supuesto, ya desde antes.
Combate la corrupción y el nepotismo. La reforma fortalece carrera judicial para todas las categorías a las que se accede por concurso de oposición. De acuerdo con los datos del Inegi, solo 26 por ciento de la población piensa que no hay corrupción en el sistema judicial, mientras que el 46 por ciento de los mexicanos tenía algo de confianza en los jueces y la tendencia indicaba que la desconfianza iba al alza, esto debe terminar. Por ello, la regulación de la carrera judicial en una ley distinta a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para todo el personal jurisdiccional es de suma importancia.
También, la reforma contempla una mejora de los servicios de defensoría pública, fortaleciendo el Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios, para que los defensores públicos sean los verdaderos abogados de la sociedad.
En este mismo sentido, se propone cambiar la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de la Escuela Federal de Formación Judicial, cuyo objeto sería implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal judicial, jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.
Establece plenos regionales en situación de plenos de circuito como órganos del Poder Judicial encargados de resolver contradicciones de tesis, en los circuitos en donde ejerzan jurisdicción. De tal manera que se fortalece el federalismo.
Sobre la paridad de género, otro cambio importante. Esta reforma contempla la paridad de género como principio de la carrera judicial. Es imperante que la carrera judicial se rija bajo principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y, por supuesto, paridad de género, en congruencia con la reforma constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que tuvo como finalidad garantizar la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres.
Estos son solo algunos de los 10 ejes de gran envergadura que contiene la reforma en materia judicial, que tiene la clara intención de mejorar la impartición de justicia en nuestro país, en beneficio de toda la sociedad. Es importante decir que la reforma contempla definir la entrada en vigor de los tribunales colegiales de apelación y de los plenos regionales, a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria.
Se establecen lineamientos para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca los tribunales colegiados de apelación y los plenos regionales, así como para establecer un plazo de 180 días para su proceso de transición. Y se regula en inicio de la sistematización de precedentes y el trámite, conforme a la norma vigente al momento de su presentación, de los recursos de reclamación y de revisión administrativa en contra de las designaciones de juezas, jueces, magistradas y magistrados.
Por todo esto, las y los diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, presentamos a ustedes el dictamen para su discusión. Y, por supuesto, si están de acuerdo, su aprobación, con la finalidad de cambiar esta mala percepción del aparato de justicia y que miles de mexicanos confíen y participen de este nuevo proceso de impartición de justicia. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Espinosa de los Monteros García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 230, numeral 2 del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. Para hablar de un verdadero Estado de derecho necesariamente tenemos que hablar de la separación de Poderes y la existencia de contrapesos, que de alguna manera eviten abusos de los otros Poderes del Estado.
En una sociedad democrática la desconcentración de funciones con el fin de que cada Poder tenga una emisión específica de control sirve como eje rector para trazar un sistema de justicia social, con estricto apego y respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes.
El contar con un sistema de justicia independiente es el fundamento más básico y elemental de su protección y cumplimiento, así como el de la seguridad personal y jurídica de todos los mexicanos. La reforma constitucional integral al Poder Judicial de la Federal que hoy se discute viene precisamente a reforzar esta independencia tan necesaria, haciendo que con las modificaciones se toquen aspectos relevantes de nuestro sistema de justicia.
Los cambios propuestos generan un nuevo paradigma en cuanto a modernidad, especialización, capacitación y, sobre todo, cercanía a las personas. Entre las bondades de la reforma destaco el impulso a la capacitación y profesionalización del personal, a través de una escuela judicial cuya responsabilidad será velar por la especialización y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación en su totalidad.
En el mismo sentido, se da la posibilidad de contar con una regulación secundaria específica y actualizada sobre el ingreso, formación, permanencia y remoción del personal de la carrera judicial y no solamente de los jueces y magistrados, con una serie de disposiciones que permiten transitar hacia una verdadera carrera judicial basada en el mérito.
Lo anterior no solamente permitirá que las personas reciban sentencias de una mejor calidad, sino también se busca combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura Federal de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra aquellos que sean señalados en incurrir en estas prácticas, incluso antes de concluir las investigaciones.
Esta reforma se adecúa a la realidad que estamos viviendo al establecer el principio de paridad de género como una política pública, principio y regla sobre todo al fortalecer la figura de la defensoría de oficio. Gracias a esta propuesta, la gente de escasos recursos podrá tener acceso a una defensa con la seguridad de que sus asuntos llegarán a las instancias federales y serán resueltos con estricto apego a las normas.
En suma, en el Partido Verde reconocemos y celebramos los acuerdos institucionales entre el Poder Ejecutivo federal y el Poder Judicial, y ahora el Legislativo, para dotar a la sociedad de una reforma amplia que permitirá mejorar el camino hacia una mejor justicia, con pleno respeto a la división de Poderes. Confiamos que su aprobación traerá lo que tanto anhelamos, un México mucho más justo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villafuerte Zavala.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. El dictamen de la minuta que hoy discutimos tiene por objeto modificar aspectos funcionales del Poder Judicial de la Federación, relacionados con su quehacer jurisdiccional y de su carrera judicial a través de una reforma constitucional amplia y profunda, planteada desde el propio Poder Judicial que permite dar consistencia y continuidad a las políticas adoptadas internamente, logrando con ello una mayor legitimidad ante la sociedad, así como actualizar y perfeccionar su marco normativo para garantizar una justicia de calidad dentro de un esquema de fortalecimiento institucional y acercamiento directo de los impartidores de justicia con la sociedad.
En este sentido, debemos señalar que el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que estos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre las personas deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos, derecho natural al que renunciamos al aceptar formar parte de la sociedad mexicana.
La reforma que se plantea en la discusión de la presente minuta se vuelve más relevante que la aprobada en 1994, ya que propone la creación de una Ley de Carrera Judicial, a fin de ordenar el ingreso, movilidad, ascensos y adscripciones a su interior con excepción de los cargos de la Suprema Corte.
Asimismo, crea la escuela de formación judicial y provee constitucionalmente a la defensoría pública en favor de las personas que no pueden pagar un abogado particular. En este sentido, es importante mencionar que actualmente existen en ambas instituciones, sin embargo, esta reforma consolida sus funciones y los dota de algunas que actualmente no tiene ninguno de estos órganos, todo ello en beneficio de la sociedad.
Otra de las propuestas contenidas en la minuta es la creación de los llamados plenos regionales como órganos encargados de resolver contradicciones de tesis entre los tribunales, con la finalidad de ampliar el ámbito de competencia por cuestión territorial, con el objetivo de lograr la optimización funcional y orgánica de las diversas instancias del Poder Judicial.
Asimismo, se advierte que la propuesta, materia de dictamen, plantea una modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Corte, con la finalidad de que la doctrina constitucional que genere pueda marcar la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país, es decir que la sentencias dictadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos y por las salas por mayoría de cuatro votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas.
En relación con las sentencias de amparo, el dictamen que analizamos establece la facultad de que su incumplimiento pueda ser denunciado ante el órgano jurisdiccional que haya emitido la sentencia y no únicamente ante la Suprema Corte de Justicia, lo cual garantizará la rapidez en su cumplimiento.
Acatando la reforma constitucional en materia de paridad entre los géneros, garantiza que mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades al ingreso y ascenso de puestos dentro del Poder Judicial de la Federación, por lo que integra dicho principio a la carrera judicial de manera que cualquier convocatoria o acción constitucional obligatoriamente la respete, incentivando dentro de su organigrama una cultura incluyente y participativa. Generando, con ello un compromiso exigible de las acciones contundentes, permitiendo observar al Poder Judicial de la Federación como institución democrática y plural interesada en establecer acciones afirmativas.
En este sentido, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD consideramos que hoy en día la impartición de justicia en nuestro país enfrenta grandes retos debido a las desigualdades en el sistema judicial que impactan de manera decisiva en el derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos, ahondando las brechas de desigualdad que ya vivimos.
Recordemos que el mandato constitucional nos ordena a construir diseños institucionales que garanticen su correcto funcionamiento. Es por ello que en aras de la convivencia pacífica entre las personas el Estado creó instancias para dirimir los conflictos que se susciten entre ellas o entre las y los ciudadanos y la autoridad. Ya que el derecho de acceso a la justicia que se consigna en la Carta Magna indica las funciones de los órganos de gobierno, el orden y prelación del marco normativo en sus diferentes niveles, así como las garantías de los derechos humanos y sus limitaciones.
Por todo lo anterior, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen, toda vez que se garantiza el acceso a la justicia pronta y expedita, la profesionalización del personal, así como de las y los jueces. Todo lo anterior, garantizando a las y los mexicanos un Poder Judicial a la altura del siglo XXI moderno, innovador y completamente funcional en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista Rodríguez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con su venia, presidenta. Desde la reforma integral al Poder Judicial de la Federación de 1994, con la que se modificaron 27 artículos de la Constitución para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano constitucional y contar con un órgano especializado de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, no habíamos tenido una reforma tan importante como la que hoy estamos discutiendo.
La función que desempeña el Poder Judicial de la Federación no es menor, pues su autoridad influye en la consolidación de un Estado de derecho. Y mejorar sus capacidades es clave para reducir la impunidad que se vive aún en México. Pues un sistema judicial deficiente implica un acceso desigual a la justicia. La justicia forma parte de las motivaciones que caracterizan al ser humano y alcanzarla es una tarea del derecho, el cual es la base racional de la convivencia social y de la realización individual.
De ahí la alta responsabilidad de todos aquellos que se encargan de impartirla, como son las y los jueces, magistrados y ministros, quienes son los actores centrales del sistema de impartición de justicia en nuestro país. A ellos les corresponde dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta y expedita, cuyos efectos tienen importantes implicaciones para la sociedad en general.
La reforma constitucional que hoy vamos a aprobar es un esfuerzo para mejorar de un modo significativo el funcionamiento de las instituciones, de la labor jurisdiccional en nuestro país. Uno de los problemas que necesita atención urgente es la brecha de género que hay dentro del Poder Judicial de la Federación, donde el índice de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales es todavía bajo.
Al 15 de junio del 2019, solamente el 23 por ciento de los jueces de distrito eran mujeres y solo el 18.7 por ciento lo eran en magistraturas. Es importante precisar que la igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres han sido discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad histórica y acorten las brechas entre mujeres y hombres, de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de género en el ámbito judicial.
Por ello, como un gran logro, es lo establecido en el artículo 100 constitucional, donde se agrega la paridad de género como principio de la carrera judicial, en congruencia con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019.
Sin demérito de la reforma que hoy vamos a votar, Encuentro Social reconoce que tendremos importantes avances, pero también hay aún pendientes. Aún cuando una de las motivaciones de la reforma es acabar con la corrupción, resulta indispensable que el sistema de administración de justicia cuente con sistemas de evaluación más efectivos e independientes del propio Poder Judicial de la Federación, para garantizar información verídica y de calidad sobre las responsabilidades administrativas, tal y como sucede en los órganos constitucionales autónomos, donde los titulares de los órganos internos de control no son designados por los órganos que controlan.
Compañeras y compañeros, Encuentro Social está convencido que la reforma judicial que estamos por votar permitirá que la sociedad mexicana cuente con juezas, jueces, magistradas y magistrados profesionalizados y honestos, que podrán cumplir de mejor manera con su función de dirimir controversias, instruir procesos, hacer valer las leyes, defender la Constitución, proteger los derechos de las personas y, en general, hacer posible un Estado de derecho. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cruz Aparicio.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta. Pudiéramos estar hablando aquí de algunos de los posibles beneficios que traería la reforma al Poder Judicial, de las que estamos analizando, como son la equidad de género, las medidas contra el nepotismo, el acoso sexual, la carrera judicial y la defensoría pública. Sin embargo, para la fracción de Movimiento Ciudadano esta reforma tiene más claroscuros y algunos riesgos que advertimos en nuestra fracción parlamentaria y que voy a tratar de explicar.
Todos somos testigos de las demandas de los ciudadanos, de los mexicanos, para tener una justicia que llegue a todos los ciudadanos, pero, además, que no implique la corrupción que vivimos todos en los tribunales del país. Iniciamos diciendo que, por ejemplo, esta iniciativa en la práctica no consolida la carrera judicial, al plasmar que las designaciones de magistrados y jueces serán inapelables. Nada más contradictorio al espíritu de la reforma planteada.
Por otro lado, también es muy preocupante para nuestra fracción parlamentaria el cómo se debilita la facultad de los estados y los municipios para que puedan acudir a la controversia constitucional. Se limita, hoy que se encuentra en el ojo del huracán, una visión centralista del ejercicio del poder a nivel federal. Se limita la controversia por legalidad, con el argumento de que deberán los municipios y los estados resolver sus problemas en la región.
Creo que es un golpe más para los municipios y los estados, que ya resienten la falta de recursos económicos y ahora se les limita la posibilidad de este recurso legal para reclamar sus atribuciones y sus derechos. Para nosotros es una reforma antifederalista.
Por otro lado, con la aprobación de los plenos regionales, en donde se nombrarán un sinnúmero de magistrados, primero, no se contempla la suficiencia presupuestal para el Poder Judicial y, por otro lado, se le deja la facultad al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que designe a estos magistrados.
Si lo que se buscaba era la democratización del Poder Judicial, la presente reforma carece de esa visión republicana y solo nos lleva a una concentración desmedida de poder, inclusive con un empoderamiento inexplicable del presidente de la Suprema Corte, que también es presidente del Consejo de la Judicatura.
Hecho que fue tratado en los parlamentos abiertos que tanto se hablan aquí, pero que nunca se tomó en cuenta y que solamente quedó ahí en la discusión de los parlamentos, e inclusive este posicionamiento fue hecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien declaró que era insostenible e incompatible la función del presidente en ambas presidencias de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.
Hacen falta partes medulares en esta reforma, definitivamente, algunas partes son reiterativas de reformas anteriores, como la falaz utopía de la verdadera carrera judicial para las categorías del organigrama de este Poder, a la que debería accederse por concurso de oposición, situación que ya está sobrelegislada. Pero que, sin embargo, no se lleva a cabo por corrupción.
La parte medular crítica de esta reforma constitucional es la doble Presidencia, como ya se decía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Imagínense, las facultades de la Suprema Corte de revisar las determinaciones del Consejo, ahora más reducidas que nunca, genera para el presidente de la Suprema Corte la incongruencia de intervenir con la decisión y su voto, al revisar sus decisiones en las que ya había participado anteriormente.
En un caso extremo, si el presidente del Consejo optara por no participar y se excusara, ya sea de las decisiones del Consejo de primera instancia o de las decisiones de la Suprema Corte, como revisora, en dichos casos estaría incumpliendo con su responsabilidad. La doble Presidencia es la evidencia y prueba que se van a generar conflictos de interés al asumir y continuar en ambas Presidencias del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para finalizar, mencionaré que en la actualidad el Poder Judicial tiene un reto para implementar esta reforma, que seguramente será aprobada por la mayoría, pero que no tiene las consideraciones presupuestales adecuadas, lo cual podría estar condenada a ser letra muerta en dichas circunstancias.
Por eso, nuestra fracción parlamentaria vamos a votar en contra, porque limita la facultad de revisión e impugnación de las decisiones que toma el Consejo de la Judicatura. Vamos a votar en contra porque la reforma del Poder Judicial no logra un cambio verdadero de fondo en la participación eficiente e impartición de justicia eficiente en el país. Vamos a votar en contra, porque es una reforma antifederalista, con tintes presidenciales de acumulación del poder al puro estilo de la cuarta transformación.
Vamos a votar en contra porque para nada se hace más democrático el Poder Judicial, y carece de una visión republicana. Y, sobre todo, vamos a votar en contra con pleno respeto al Poder Judicial, pero porque representamos una oposición crítica y consciente, porque no vamos a hacer comparsas de malas decisiones ni de deficiencias en esta legislación. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición respecto al dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
Estamos ante lo que se asume, como una reforma de gran calado. Una reforma relevante, dado que su data más inmediata de cambios constitucionales es el año de 1994. De ahí que destaquemos los cinco ejes temáticos en los que descansa la misma que son, a saber, el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, el de cerrar el nepotismo, el tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos de interés al interior del Poder Judicial, impulsar la carrera judicial y fortalecer la capacitación de sus integrantes, fortalecer la defensoría pública, un apéndice muy olvidado del sistema judicial, así como garantizar la paridad de género en la designación de juzgadores para abatir el desequilibrio actual.
Aun cuando se ha dicho que trata de ser una reforma de gran envergadura, creo que no debemos dejar de lado los grandes temas que se recopilaron en las jornadas de parlamento abierto. Grandes temas nos pudieron dar la oportunidad de llegar a un producto más acabado, porque no son cosa menor.
Destaco el caso de matizar la concentración del poder en la cúpula del Poder Judicial. Reglamentar la desvinculación del nombramiento del personal por parte de los jueces de distrito y qué decir del tema de la rendición de cuentas. Aun considerando, como ya se ha dicho acá, que pudimos haber hecho un ejercicio para una propuesta más acabada.
Tenemos que decir que nos congratula el hecho de que se haya tocado este tema y que nos hayamos dado la oportunidad del análisis en las comisiones unidas, que fue amplio, que fue vasto y que se vio nutrido por la opinión de los especialistas. Porque si bien el presente proyecto nos propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga funciones propias, como ya se dijo en el tribunal constitucional y que conozca de manera exclusiva las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales como operan actualmente, dejando el tema de la resolución de los amparos en revisión a otras instancias, bueno, consideramos que esto viene y le da vigor al tema de la expedites en la justicia.
Se precisa que en la Constitución lo que ya establece la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la obligación de respetar los precedentes en el pleno o las salas, que emitan en sus sentencias. Esto consideramos que traerá como consecuencia una mayor claridad respecto del contenido de alcance que la interpretación del Poder Judicial realice en estos medios de control constitucional.
Un tema que ha generado gran inquietud en la sociedad es el relativo a la reforma mediante la cual son designados los juzgadores. Y por ello creemos que resulta relevante el que se detalle en la Constitución que el ingreso a la función del juzgador será mediante el acreditamiento de los cursos que al efecto imparta la escuela judicial.
Si bien es cierto que desde 1994 así ha operado, lo real y así ha trascendido en medios, es que no siempre se ha actuado de esta manera. Por lo que es necesario ser sumamente cuidadosos en que los exámenes de obtención del cargo juez de distrito no se vendan o se filtren a los interesados, pues ello, desde luego que genera inequidad respecto a otros participantes. Así, consideramos también que la Escuela de Formación Judicial, que sustituirá al Instituto de la Judicatura, no será más que un cambio de nombre si el Poder Judicial no cambia sus vicios y viejas prácticas.
El mérito de esta reforma consiste en restablecer de manera expresa la facultad de los órganos para interponer controversia constitucional, y que no sea ya como ha ocurrido, por interpretación que el pleno, la Corte o las salas realizan para tenerlos como sujetos legitimados del ejercicio de este medio de control constitucional.
Aun cuando en el Partido del Trabajo, en la fracción parlamentaria, consideramos que es un avance, también insistimos en que hay temas que requirieron mayor enfoque. Y vamos a darle seguimiento, en todo caso, a su implementación una vez que esto se avale, como se considera que va a suceder en esta sesión. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García Grande.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muy buenos días. Con su venia, diputada presidenta. Esta minuta que nos ocupa es una reforma por y para el Poder Judicial de la Federación, que nunca como hoy cobra una relevancia esencial para la vida pública de nuestro país, cuando muchas de nuestras instituciones se encuentran bajo acoso, por el autoritarismo de esta mayoría parlamentaria y el gobierno federal.
La independencia del Poder Judicial y su fortaleza, como contrapeso a los demás Poderes y como árbitro supremo de las cuestiones en materia de constitucionalidad, y sobre todo de derechos humanos. Ya lo dijo el gran Mariano Otero, los supremos Poderes de una nación pueden abusar de sus facultades o de su influjo.
Es necesario poner un remedio a este mal. Como que es de la mayor trascendencia. Ningún daño es comparable con el abuso que hagan los supremos Poderes de la nación, de su influencia o de sus facultades. Luego, ningún remedio es más urgente. Y es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer estos remedios y estos límites.
Por lo tanto, si es el Poder Judicial, compañeras y compañeros, quien tiene la obligación y la responsabilidad de impartir justicia pronta y expedita para todas y todos los mexicanos, hago énfasis en lo incluyente de esta frase. Quien propone esta reforma, si con ella considera que cumplirá de mejor manera con su altísima encomienda, el Grupo Parlamentario del PRI confía que esto será así y apoyará este dictamen, cuyos ejes esenciales son, como ya se ha dicho, fortalecer a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal constitucional, guardián supremo y permanente en la defensa de los derechos humanos y libertades de las personas en México.
Propulsar nuevas reglas en el Consejo de la Judicatura Federal, para erradicar prácticas incorrectas, como el nepotismo, abusos en el ingreso y permanencia en la carrera judicial; como el influyentismo o la prevalencia de los hombres en perjuicio de espacios para mujeres. Innovar un cuerpo de defensores del pueblo mediante el Instituto de la Defensoría Pública, para que en todos los rincones del país haya la posibilidad de una defensa profesional y adecuada para quien lo requiera.
Esto, por supuesto, también aplica para las víctimas del delito. Se trata de acercar la justicia a la gente más desfavorecida, más vulnerable no solo en materia de ingresos sino también por el uso de un lenguaje diferente, como ocurre con las comunidades indígenas.
Lo mismo ocurrirá para las reincorporaciones y ratificación de los juzgadores, en beneficio de aquellos que cuenten con una verdadera vocación en la impartición de justicia con sentido humano, a través de la nueva escuela judicial, como eje transversal para hacer realidad el anhelo de justicia a través de la capacitación y, fundamental, de la realización de los exámenes de oposición para quienes quieran ingresar a la carrera judicial. Hacemos votos para que quede vigente el recurso de apelación para quienes no resulten electos en estos concursos.
A manera de ejemplo de la trascendencia de esta reforma, se debe decir que transitaremos del requisito de cinco sentencias en un mismo sentido, para sentar jurisprudencia a una sola sentencia de la Corte, para sentar precedentes en beneficios generales para la población.
La Legislatura de la Paridad no puede pasar por alto que con esta reforma se establecen sanciones claras para la deleznable práctica, pública pero silenciada, del acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación, pues ahora se estará predicando con el ejemplo desde casa para erradicarla, y que el principio de la paridad de género regirá las acciones contra la discriminación, donde la brecha de desigualdad es aún muy marcada de cuántos funcionarios se tienen siendo hombres y no siendo mujeres.
Me gustaría continuar diciendo también que habrá ahora una justicia más cercana, pues se cambiarán los plenos regionales a plenos de circuito, para resolver las contradicciones de criterios. De la misma manera, se van a sustituir los tribunales colegiados de apelación, van a sustituir a los unitarios de circuito. Esto es para que sean llevadas a cabo y analizadas por tres magistrados en lugar de por uno solo. Siempre tres cabezas pensarán mejor que una, y ayuda a que la práctica de la corrupción sea desterrada.
Algo también muy importante es que los órganos constitucionalmente autónomos estarán legitimados para entablar controversias constitucionales en caso de la invasión de sus decisiones y de sus facultades. Finalmente, se podrá decir que el abuso del recurso de revisión en amparo directo será una realidad, que en aras de atender intereses ajenos a la Constitución y a los derechos humanos muchas personas se escudaron en esta figura por mucho tiempo.
Por estas razones expuestas, las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional acompañaremos no solo esta reforma constitucional, sino también los cambios reglamentarios que habrán de venir, porque estamos convencidos que un Poder Judicial más fuerte nos sirve a todas y todos, y abonará a construir una cultura de la paz tan necesaria en estos momentos. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier Y Terán.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la administración de justicia es la primera necesidad de los pueblos en todas las fases de su civilización. Es el signo cierto del estado de un país. Señalaba Mariano Otero, el gran constitucionalista mexicano del siglo XIX. No le faltaba razón, basta ver el estado de la impartición de justicia en México para darnos cuenta de cómo está nuestro país. Si hay una demanda unánime, fuerte e incuestionable en nuestro tiempo, ante un alarmante 99 por ciento de impunidad, es la exigencia de justicia.
En ese contexto tiene lugar la discusión del día de hoy. Mucho se ha dicho de los alcances que puede tener esta reforma constitucional al Poder Judicial, incluso se le ha comparado con la gran reforma de 1994. Lo cierto es que se trata de una reforma menor en cuanto a la dimensión constitucional, pero que implica un riesgo por sus consecuencias, sobre todo, en lo que tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial y en cuanto a los controles entre Poderes, un tema fundamental es el del acceso a la justicia.
La transformación de cualquiera de los Poderes que integran la soberanía de una nación siempre supone la posibilidad de ajustar los equilibrios y límites que definen su actuación, pero también, el peligro de que los otros Poderes puedan tener un margen de injerencia más amplio incurriendo en un desequilibrio.
El temor de que uno de los Poderes en que se funda la soberanía nacional pueda sobreponerse a los otros está perfectamente fundado. Durante más de 70 años nuestro país, en el siglo pasado, vivió un régimen de un solo hombre que hizo ineficaces los controles del Poder Legislativo por su injerencia directa y debido a un control de la mayoría en el Congreso.
El último de los Poderes en comenzar a recuperar su autonomía fue precisamente el Poder Judicial, como fruto de la reforma de 1994, pero, la reforma que hoy discutimos llega en el peor momento, en medio de la embestida autoritaria más grave de los últimos tiempos. Vivimos una regresión donde el Ejecutivo hace lo que quiere y el Legislativo, controlado por su partido, levanta la mano para aprobar lo que le envía el presidente sin leer de qué se trata el asunto.
El Poder Judicial es el último reducto frente a esta voluntad autoritaria. Así lo refirió también el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien refirió que las diversas iniciativas presentadas para reforma al Poder Judicial y al sistema de justicia significaban un grave riesgo para la independencia y la autonomía de este Poder.
Su principal recomendación fue que este proceso legislativo se llevara a cabo con una amplia discusión nacional en la que se garantizara la máxima participación de magistradas, magistrados y jueces actuales y de sus asociaciones profesionales, así con otras categorías de la sociedad civil para así asegurar que sus legítimas expectativas y preocupaciones sean tomadas en consideración y reflejadas debidamente en dichos procesos y proyectos.
La Cámara de origen no solo no realizó esta gran discusión nacional. La verdad es que el proyecto que hoy se somete a consideración es el proyecto de un grupo compacto, pero, no de la Suprema Corte en su conjunto y mucho menos del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de que hemos señalado en diversas ocasiones las preocupaciones que tenemos a este dictamen, como el debilitamiento y limitación de las controversias constitucionales, el acotamiento de los recursos de revisión para los amparos directos, el establecimiento de un sistema de precedentes que debilita el federalismo y el establecimiento de mayor discrecionalidad para el Consejo de la Judicatura Federal.
Lo cierto es que toda reforma dice más por lo que no contempla que por lo que queda en el proyecto de decreto. Si queríamos, efectivamente, fortalecer al Poder Judicial de la Federación debió incluirse un proceso más abierto y con más controles para la designación de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se contempla un mejor proceso para la eventual renuncia de ministras o ministros, tampoco se fortalece ni se busca apuntalar la autonomía de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, una de las grandes deudas pendientes en materia de administración de justicia. En momentos como el que hoy vivimos esta reforma resulta no apropiada.
La reforma que hoy discutimos contiene algunos elementos plausibles, es cierto, pero, no son comparables ni suficientes. La reforma que el Poder Judicial necesita debería ir por el camino del fortalecimiento hacia autonomía e independencia para garantizar con esa misma fuerza los derechos humanos, los principios constitucionales y el Estado de derecho.
Es una lástima que teniendo la oportunidad histórica de construir una reforma judicial a la altura de lo que hoy México necesita, este Congreso simplemente la haya dejado escapar. Por eso, el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra del presente dictamen. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Lidia García Anaya: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, faltan pocos días para que se cumplan 26 años de la reforma establecida el 31 de diciembre de 1994, que determinó la estructura actual y delimitó las competencias de los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Con ella se le otorgó reconocimiento como un poder independiente, garante y protector de los derechos humanos, de la exacta aplicación y cumplimiento de la ley. Fue así como se decidió que, para lograr un adecuado ejercicio de la función judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no debía realizar tareas administrativas relacionadas con los órganos jurisdiccionales federales.
Por lo que, con la intención de fortalecer como el máximo tribunal, encargado de mantener el orden constitucional, el equilibrio de poderes y ámbitos de gobierno, así como de la emisión de resoluciones de asuntos de trascendencia social, dicha tarea administrativa fue trasladada al Consejo de la Judicatura federal, a la cual se le encomendó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales, la conformación de los plenos de circuito, así como la adscripción, ratificación, movilidad y disciplina del personal del Poder Judicial de la Federación, lo que aplicaba para juezas, jueces, magistradas y magistrados por igual.
Por su parte, los juzgados y tribunales siguieron conservando la tarea encomendada para impartir justicia en los procesos ordinarios de orden federal y ser garantes del juicio de amparo. Sin embargo, a 26 años de la reforma no se ha logrado consolidar como poder independiente que permita instaurar una mejor impartición de justicia. Luego entonces, para lograr una eficiente administración de la justicia en beneficio de la sociedad, necesitamos cambiar y renovar el ejercicio de la función judicial.
Por ello, concordamos con la colegisladora en establecer un marco jurídico a corto plazo, que permita el acceso a órganos jurisdiccionales profesionales que emitan resoluciones para salvaguardar los derechos humanos. Estas acciones coadyuvarán a que se garantice el principio de seguridad jurídica de los gobernados.
Por otra parte, estimamos urgente instaurar plenos regionales que agrupen circuitos, con la intención de unificar criterios interpretativos a situaciones litigiosas, análogas, que compartan elementos fácticos. Con ello se logrará que los juzgados y tribunales pertenecientes a un mismo pleno regional sostengan de común acuerdo razonamientos idénticos, para resolver un mismo problema jurídico, a fin de evitar criterios discrepantes sobre un mismo punto del derecho, toda vez que esto causa inseguridad jurídica.
Aunado a lo anterior, concordamos en que no es suficiente con el reforzamiento plateado para lograr una efectiva impartición y administración de justicia. Esto no está terminado, debemos continuar trabajando. Sin embargo, es un gran avance, no podemos denostar estos avances. Por lo expuesto, aceptamos la modificación al texto constitucional, para establecer un esquema de jurisprudencia obligatoria por precedentes.
Apoyamos lo antes mencionado, ya que mantener el texto actual implica que para ser obligatorio un criterio interpretativo sobre un tema novedoso, la Corte tendría que realizar una reiterada y constante de argumentos en resoluciones diferentes, de ahí que se propone que basta como la emisión de un solo pronunciamiento del máximo tribunal del país sobre un tema de derecho, para que se vincule a todos los órganos impartidores de justicia. En efecto, las reformas plasmadas en el dictamen hacen más palpable la administración e impartición de justicia, pero dichas modificaciones son incompletas si no se cuenta con un mecanismo que las haga posible.
Por otra parte, apoyamos el dictamen porque representa una apertura al principio de paridad de género, el cual garantizará una participación y representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de los órganos jurisdiccionales en todos los niveles. Además, estimamos que la reforma hace un reconocimiento y honra la labor judicial de todo el personal puesto que garantice la carrera judicial. Por todo lo mencionado, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, en aras de fortalecer la función judicial y con miras a lograr una mejor justicia para todos.
No neguemos el Poder Judicial en el que imperan los principios de legalidad, constitucionalidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, paridad de género, certeza y seguridad jurídica, en beneficio del pueblo mexicano. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García Anaya. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En cumplimiento del artículo 230, numeral 3, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar a favor y en contra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México ha entrado en una fase histórica, en la que el Constituyente Permanente está llamado a garantizar un sistema de justicia para las y los ciudadanos, un sistema de justicia moderno, en el que se encuentre garantizado plenamente el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución. La reforma que estamos discutiendo es fruto del diálogo entre Poderes y de un esfuerzo de dos años por impulsar cambios que verdaderamente fortalezcan la justicia federal, en beneficio de los justiciables y de nuestra democracia.
Está construida a partir de un profundo acto de respeto a la División de Poderes y a la independencia judicial, en donde el gran reto es lograr que la justicia sea el pilar de la democracia sustantiva, partiendo de reconocer que hoy el acceso a la justicia es un gran anhelo para las y los mexicanos.
Garantizar el respeto a la Constitución es la principal obligación de quienes ejercemos responsabilidades públicas. Ese es también el compromiso que tenemos con las y los ciudadanos, adoptando las decisiones que sean necesarias para fortalecer nuestro marco de convivencia.
La ley es una frontera infranqueable y es importante reiterar que en un Estado de derecho, los jueces y tribunales solo se encuentran sometidos a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, y que esa misma independencia los ciudadanos tienen la mejor garantía del respeto irrestricto a sus derechos.
Las modificaciones buscan elevar la calidad de la impartición de justicia federal a través de mayores herramientas al Consejo de la Judicatura Federal, para combatir la corrupción y el nepotismo y reorientar las competencias de los órganos judiciales.
Una de las principales finalidades de esta reforma, es fortalecer el rol de la Suprema Corte como Tribunal constitucional, para que pueda interpretar entonces y defender con más fuerza y con eficacia, los derechos y las instituciones que nuestra Constitución establece.
Se busca que la Corte conozca de menos asuntos y que se concentre más en el dictado de sentencias más sólidas y mejor argumentadas, que tengan mayor impacto para nuestra sociedad. Se busca que las sentencias de la Corte tengan el peso y la autoridad que les corresponde en un modelo de justicia constitucional.
Otro eje de la reforma que discutimos, es la consolidación del sistema de carrera judicial. Se establece que el ingreso, formación y permanencia de las personas juzgadoras, así como de todo el personal jurisdiccional, se sujetará a una legislación que garantice la meritocracia, la profesionalización y la igualdad de oportunidades.
De esta manera el nombramiento y remoción del personal jurisdiccional, ya no dependerá exclusivamente de los titulares de los órganos jurisdiccionales, sino que todas, todas las plazas deberán ser alcanzadas por concurso de oposición tras una rigurosa formación a cargo de una renovada escuela judicial.
Esto se traduce en una mejor preparación de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Todo ello, además, atendiendo a la paridad de género como principio rector. Esta reforma apoya las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo, fortaleciendo el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Estamos frente a un conjunto de reformas, que al igual que ocurrió con las de carácter político en 2014, trasformarán la vida pública con una impartición de justicia más oportuna, transparente y sustativamente apegada al principio paritario constitucional.
Compañeras y compañeros diputados, garantizar el respeto a la Constitución es la principal obligación de quienes ejercemos responsabilidades públicas. En la supremacía del Estado de derecho reconocemos el respeto de un sistema de reglas en las que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con apego a los derechos humanos. Hoy estamos ante una de las reformas de mayor alcance en muchas décadas, que transforma y fortalece al Poder Judicial y la impartición de justicia en México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alemán Muñoz Castillo. Tiene la palabra la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta. México, despierta. El poder absoluto corrompe absolutamente. Si bien es cierto que hay planteamientos afables en esta reforma, también hay que decir muchas de las cosas que contienen, que albergan la gran posibilidad de debilitar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia y de la impartición de la misma, se concentra el pagar.
Y en este sentido, tenemos razones muy contundentes para ir en contra. Se eliminan los plenos de circuito. Es un atentado en contra del federalismo y quizás lo que hoy vemos bien, en la práctica mañana nos van a reclamar, porque no va a funcionar.
También, el establecimiento de tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. De entrada, más burocracia, más gastos administrativos y no mayor calidad en las sentencias. Es real que implica la posibilidad de inundar al Poder Judicial en cargos de mediano rango con perfiles afines políticamente.
Tercero. La introducción del sistema de precedentes. Se establece la obligatoriedad de las razones contenidas en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Y esta deberá ser votada por ocho votos del pleno y en cuatro salas.
Académicos y especialistas plantean que esta reforma es contraria a la regularidad que debe establecer y proteger un tribunal constitucional. Y produce de manera indirecta un criterio de mayorías que tienen una carga estrictamente política. Este modelo resulta peligroso, porque se puede interpretar alguna disposición constitucional o legal de manera automática y obligatoria, poniéndola en un rango menor a las funciones del Legislativo.
Cuarto. La concentración de facultades del Consejo de la Judicatura Federal. Elimina los controles de la Suprema Corte de Justicia respecto al Consejo de la Judicatura y la coloca en una posición que, si bien la fortalece, concentra el poder con una sola visión. Debilita el amparo directo en revisión, estableciendo un filtro poco objetivo en la minuta y que corresponde a la Presidencia de la Corte definir la procedencia de la revisión del amparo directo. Por lo menos hubiera quedado señalado dicho filtro, para que se revise de manera colegiada.
Debilita la controversia constitucional. Limita el conocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia a cuestiones solamente de constitucionalidad. Limita el análisis de las controversias constitucionales solo por violaciones directas a la Constitución o derechos humanos. Genera discrecionalidad para el turno de los asuntos y, en este sentido, la discrecionalidad del turno en uno o más órganos colegiados u órganos jurisdiccionales general que tengamos violaciones graves a los derechos humanos, que van a generar problemas de interés social y del orden público.
Rompe con el modelo de justicia igualitaria y efectiva, para crear un incentivo perverso que establece sistemas extralegales para turnos de asuntos a órganos más o menos favorables a quien le convenga. La alteración discrecional de los turnos es algo muy grave. En el tema de uniformidad de criterios debilita al federalismo mediante la homogeneización de criterios para toda la República con una perspectiva central. Y el segundo establece un obligatorio de dichos precedentes de manera intempestiva que surge a raíz de casos muy probablemente ficticios.
Esta disminución implícita de alcances del Poder Legislativo no tiene precedentes. Con esto no se resuelve el problema de impartición de justicia. Más discrecionalidad, más centralismo, menos uniformidad, menos atención a lo que hace falta. Debilitar la controversia constitucional, el amparo directo no es la forma. Por eso el Partido Acción Nacional votará en contra de esta reforma que hoy aplauden y que mañana, que mañana en las calles nos reclamarán. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García Rojas. Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: (Habla en lengua originaria). Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Para alcanzar la justicia en esta cuarta transformación estamos a favor. Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con el que se proponen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Poder Judicial de la Federación.
En la división de Poderes de los Estados constitucionales contemporáneos al Poder Judicial le corresponde dirimir los conflictos planteados por los particulares, la resolución de los juicios de garantías y de las acciones y controversias constitucionales, el Poder Judicial, al interpretar la Constitución la defiende y se torna garante de la misma.
Al resolver los conflictos constitucionales debe dar la razón a quien jurídicamente acredite tenerla, sin embargo, en ocasiones la impartición de justicia se retarda y eso genera situaciones de incertidumbre en la sociedad y en particular entre quienes ven afectados individualmente sus derechos.
Como diputada federal, mujer e indígena, me parece muy acertada la reforma del último párrafo de la fracción I del artículo 105 constitucional, en la parte que señala: En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Sabemos que, en 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se establece el principio pro persona y la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con la reforma propuesta se faculta a que la materia de la controversia constitucional pueda versar sobre el incumplimiento de los derechos humanos comprendidos en tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
Esta disposición es muy importante porque en múltiples casos el contenido de los tratados internacionales es más protector que nuestras propias normas internas. Con lo que hoy aprobaremos prácticamente los tratados internacionales son autoaplicativos, ampliándose la protección para los ciudadanos mexicanos, sobre todo, en aquellos temas que tienen que ver con la protección de las mujeres indígenas y personas en situación vulnerable, a los que nuestras propias normas no se han ajustado a los preceptos constitucionales.
También resulta muy importante el contenido de la reforma al artículo 7, fracción IX, en donde el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, siempre que a juicio de la Corte el asunto revista interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
Un tema de gran preocupación en el país ha sido el de la violación de derechos humanos, en algún momento esto fue materia de conocimiento del Poder Judicial como en los casos gravísimos de Aguas Blancas, donde estuvo involucrado el entonces gobernador de Guerrero, del PRI, y funcionarios de su gabinete, y el incendio de la guardería ABC, donde murieron muchos niños y en el que los nexos de la familia de la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, quedaron más que manifiestos.
Posteriormente, esta facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos pasó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora se propone en el artículo 100, párrafo 12, que el Consejo de la Judicatura podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan en asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos.
Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con la convicción de que se trata de una reforma que beneficiará al pueblo de México, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor del presente dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Justicia por nuestra cuarta transformación (habla en lengua originaria). Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Jiménez Pérez. Tiene la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra del dictamen.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Se nos ha convocado para dar curso al proceso de reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación, confeccionadas a la medida del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentadas por el Ejecutivo federal.
Sin duda alguna, la transformación del sistema de justicia es uno de los temas que más preocupan y ocupan a Movimiento Ciudadano y, claramente, compartimos con el resto de las fuerzas políticas de esta Cámara el interés por generar un diseño más eficiente del aparato judicial, que permita a la ciudadanía acceder a la justicia oportuna y expedita.
Sin embargo, disentimos en algunos rasgos importantes del dictamen, pues tenemos la convicción de que, al buscar esas metas, no debemos hacerlo de manera parcialmente transparente, con los objetivos y rutas legislativas, y mucho menos, trastocando al orden republicano y la calidad federalista de nuestro sistema, pero, lamentablemente el resolutivo del dictamen sí lesiona estos dos aspectos.
Quienes integramos a las comisiones dictaminadoras hicimos un esfuerzo importante, pero, no suficiente del parlamento abierto, en el que pudimos escuchar a varias voces de la academia y de la Judicatura Federal que hablaron ampliamente sobre sus expectativas en torno a la minuta que estamos procesando.
El primer aspecto es que, aunque en muchas participaciones se consideraron positivas las intenciones generales de la reforma propuesta, también prácticamente en todas las opiniones se señaló que habrá que poner mucha atención sobre las leyes secundarias que la complementaran y que hasta el momento desconocemos.
El segundo aspecto lo manifestó el ponente Miguel Carbonell al afirmar que existen algunos puntos de la reforma sobre los que habría que considerar si se les mete mano por impresiones sin sustento o si se está modificando la Constitución con realidades comprobables.
El tercer aspecto que quiero resaltar es que aunque existen algunos puntos que son susceptibles a impactar entidades federativas, municipios y Poderes judiciales locales, a partir de las modificaciones en el marco de las controversias constitucionales, lamentablemente en el interesante pero fugaz ejercicio del parlamento abierto no se consideró ni la opinión de la asociación de juzgadores ni de las asociaciones de presidentes municipales ni de uno solo de los diez gobernadores que han mostrado diferencias con el gobierno federal ni tampoco de la Conago.
En este orden de ideas, si nos quitamos ese velo de la ignorancia útil para la academia, pero, potencialmente letal para nuestra vida republicana, el proceso legislativo de la reforma está trunco o es insuficiente y requiere mayores y más importantes definiciones en el texto mismo del resolutivo, o bien, más transparencia en cuanto a los proyectos de las fuerzas gobernantes de este país para disminuir la incertidumbre y la desconfianza eterna a los cambios que se han puesto a consideración de este pleno.
En otras palabras, en Movimiento Ciudadano apreciamos que la ambigüedad en algunas partes del texto de la reforma propuesta, la ausencia de la información sobre la legislación secundaria que vendrá para complementar estos cambios constitucionales, y la prisa con la que el gobierno y sus partidos aliados desean legislar este tema tan delicado, nos da una profunda desconfianza.
Tenemos la convicción de que la justicia debe ser prioridad para todos y, consecuentemente, que una reforma de este calado merece detenimiento, cálculo, prudencia y una transparencia inusitada si es que realmente son distintos y si realmente nos importan las aspiraciones democráticas y federalistas que deben fomentar el sistema de impartición de justicia del Estado mexicano.
En este contexto, estas prisas y estos optimismos frente a claras, puntuales estrategias, ambigüedades, obligan a que el voto de Movimiento Ciudadano esté en contra del dictamen. Ello porque entre los detalles de las leyes secundarias que no necesitan mayoría calificada. Ni en las ambigüedades de las reformas constitucionales puede ocultarse una lógica política centralista, anacrónica y un tanto autoritaria que puede hacer sucumbir la República.
Por la República, por el federalismo y por la justicia, votemos en contra del dictamen. Clarifiquemos el texto... en los proyectos de leyes secundarias, disipemos las dudas y construyamos juntas y juntos el sistema judicial que México se merece. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Medina Ortiz. Tiene la palabra el diputado Jorge Casarrubias Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas, diputados, el país enfrenta grandes retos que no se pueden poner en espera. Uno de ellos es, sin duda alguna, la impunidad y la corrupción en el sistema de impartición de justicia. Desde 1994 no habíamos abordado una reforma sistemática al Poder Judicial, lo que lo había dejado rezagado en el proceso de modernización institucional que hemos llevado a cabo en los últimos años.
Debemos señalar que existen problemas que deben atenderse de manera urgente para dar respuesta a las necesidades de la sociedad que la reclama, principalmente en la impartición de justicia, en donde se tenían graves vicios, vacíos legales que con la presente reforma se pretende dar respuesta.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que hablar de un régimen democrático implica hablar de adaptación. Hoy, nuestro principal objetivo es de tutela y garantía de los derechos humanos, no podemos vislumbrar un régimen democrático sin derechos humanos. Y un derecho humano fundamental es el acceso a la justicia.
Es por ello, por lo que consideramos que el fortalecimiento de la carrera judicial es un acierto que profesionaliza la función jurisdiccional. La propuesta que hoy votaremos ampliará el catálogo de cargos que forman parte de la carrera judicial, lo cual es una apuesta por el mérito y la paridad entre los géneros. Se busca que se acabe el compadrazgo y cambiarlo por la meritocracia, dejando atrás el nepotismo y la corrupción.
De igual importancia, el dictamen que analizaremos propone una nueva escuela federal de formación judicial, pues toda la experiencia de nuestras juzgadoras servirá para formar a los futuros impartidores de justicia, preparándoseles profesionalmente para los actuales y nuevos retos, dando certeza jurídica a las decisiones que emanen del órgano jurisdiccional, y confianza.
La escuela judicial será una institución académica seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurídica. Su misión será la de formar jueces con pensamiento crítico y que con herramientas argumentativas que les permitan dar soluciones sencillas, claras y justas. Por otro lado, con estas reformas se combate la corrupción, pues el primer acto de corrupción es que un servidor público acepte un cargo para el que no está preparado.
Debemos señalar que la impartición de justicia conlleva la responsabilidad de decidir sobre el destino de otras personas, por ello al someter las promociones y generar un sistema escalafonario en el que los concursos de oposición sean las que determinen los ascensos y no los compadrazgos, limitaran la discrecionalidad para nombrar a jueces y magistrados.
Otro flagelo en la defensa de los derechos de las y de los ciudadanos recaía en las y los que menos tienen. Por ello, voltear a ver las grandes necesidades y deficiencias que se tenían en la defensoría pública, es un gran avance para transformar un verdadero organismo. Al acercar la justicia a la sociedad y generar los mecanismos para que esta no constituya un privilegio, es uno de los principales objetivos de esta reforma.
En palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia: es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos. Que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres. Que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre y más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia.
Adicionalmente, debemos resaltar el proceso de consolidación de nuestro máximo tribunal jurisdiccional como tribunal constitucional, cuyo impacto debe ser eje rector en las decisiones de todos los organismos jurisdiccionales. Esta situación se verá reforzada por el cambio en el sistema de precedentes en la jurisprudencia, ya que hoy en día se exige, al menos por la vía de la reiteración, cinco sentencias resueltas en el mismo sentido, sin ninguna en contra y con una mayoría calificada, para que el criterio de la Corte sea obligatorio.
De ahí que en uno de los cambios más significativos del dictamen que discutimos, sea modificado el sistema de jurisprudencia. De tal forma, que las razones que justifican una sentencia aprobada por ocho votos o más, resulten obligatorias para todos los jueces federales y locales.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, que constituye desde nuestro quehacer legislativo una base sustancial en el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia, que no se ha presentado desde hace más de 25 años. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Casarrubias Vázquez. Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Respecto del dictamen que se discute, vengo a expresar las razones que motivan nuestro voto en contra como grupo parlamentario. Todos en esta Cámara estamos conscientes del grave rezago que en materia de justicia vive nuestro país. Este rezago, además, se está convirtiendo en un problema estructural derivado de los efectos de la pandemia, tanto en el orden federal como en el orden local.
Al efecto, la necesidad de realizar cambios en la estructura orgánica y facultades del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ameritaba la generación de una reforma muy amplia y con los mayores consensos. Era indispensable un debate horizontal muy profundo para que los gobernados tuvieran confianza de un proceso de reforma en esta materia. Sin embargo, esto no se realizó. Como se ha acostumbrado en este gobierno, las propuestas de reforma son realizadas por gabinetes técnicos muy cerrados y afines a quien hoy detenta el poder.
Como resultado, demos una reforma con ribetes autoritarios y con muy pocos beneficios para los justiciables y la sociedad. Se ha dicho hasta la saciedad, que la justicia es cuestión de élites. Pues bien, esta reforma confirma y fortalece ese indeseable perfil. En específico y desde el punto de vista técnico, vemos con preocupación algunos de los siguientes puntos de la reforma:
La introducción del sistema de precedentes. Se establece la obligatoriedad para razones contenidas en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Lo anterior implica una seria amenaza a las facultades de legislador electo, democráticamente en favor de un colegiado contra mayoritario. En ese aspecto debe haber mucho cuidado en no trastocar equilibrios primigenios.
Continuidad en la concentración de facultades del Consejo de la Judicatura Federal. En diversos apartados de la reforma, se contienen adiciones de facultades, o bien, eliminación de controles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto del Consejo de la Judicatura, un debilitamiento del amparo directo en revisión.
Se establece un filtro poco objetivo y centralizado en la minuta a este medio de control de actos de sentencias definitivas. En este aspecto, se cerrará la posibilidad de acceso a la justicia a una cantidad muy importante de justiciables.
Si bien, este cambio puede ayudar a solventar de manera más racional el trabajo de la Corte como Tribunal Constitucional, el Tribunal señalado no puede quedar en manos del presidente, en todo caso, debe habilitarse un esquema que se favorezca de la colegiación de la Suprema Corte.
Debilitamiento de la controversia constitucional. Existen dos aspectos cruciales que debilitan la controversia constitucional como mecanismo de control constitucional. La limitación de su conocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuestiones exclusivamente de constitucionalidad. La limitación del análisis de las controversias constitucionales, son para violaciones directas a la Constitución o a los derechos humanos. Derivado de estas razones y las que ya se comentaron por otros oradores, votaremos en contra de esta enmienda. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Aguilar Vega. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Enrique Ochoa Reza: El Grupo Parlamentario del PRI está a favor de esta reforma del Poder Judicial para el Poder Judicial. En algunas constituciones de los estados, los Poderes Judiciales tienen facultad de iniciativa de reforma legal. Nuestra Constitución federal no la tiene.
Pero hay que recordar que esta iniciativa vino de una propuesta presentada ante el Senado de la República, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aglutina una serie de reflexiones que se han hecho durante mucho tiempo, sobre cuáles son los mecanismos para mejorar el actuar del Poder Judicial de la Federación.
En este sentido, damos un voto de confianza a que la valoración que se han hecho en múltiples foros, desde el Poder Judicial, tiene elementos potentes que ayudarán a mejorar el sistema de justicia. Este Parlamento llevó a cabo también múltiples ejercicios de análisis y discusión sobre la temática que hoy analizamos.
Por supuesto que descansa en el Poder Legislativo enriquecer las propuestas parlamentarias que aquí se están analizando. Con mayor razón cuando se discuta la legislación secundaria, que le dé cuerpo a esta reforma constitucional. Rescatamos puntos específicos que nos parecen muy favorables, se eleva a nivel constitucional el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género.
Por primera vez se incorpora al texto constitucional, dentro de la carrera judicial, este principio de paridad de género, aspecto que nos parece de primordial importancia. Pero además, precisamente se eleva a rango constitucional el que el Poder Judicial cuente con una Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización, tanto del personal jurisdiccional como del personal administrativo.
También queda encargada de establecer los concursos de oposición que den acceso a las mujeres y a los hombres que estén mejor preparadas o preparados para ocupar los cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, aspecto notable de esta iniciativa, por lo cual también la apoyamos.
También se eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a través de un nuevo Instituto Federal de la Defensoría Pública, que también se verá beneficiado de la formación que habrá que hacerse en la Escuela Federal de Formación Judicial de las nuevas o nuevos integrantes de este instituto, para mejorar el alcance que puedan tener los justiciables a un sistema de justicia oportuno, que ha sido uno de los talones de Aquiles del Poder Judicial de la Federación.
También reconocemos que la reforma propone a nivel constitucional que los tribunales unitarios cambien y sean ahora tribunales de apelación. Serán colegiados, de tres integrantes. Nosotros consideramos que es mejor un tribunal colegiado de tres que un tribunal unitario de una persona, para poder generar mejores condiciones de acceso a la justicia.
Un aspecto con el cual no coincidimos en esta reforma es que, a pesar de los avances y alcances que se establecen con el establecimiento de estos tres nuevos cambios institucionales y dos instituciones nuevas, hay un transitorio específico que deja sin recursos adicionales al Poder Judicial de la Federación para volver realidad lo que la letra de la reforma constitucional establece.
Este es un error, un error que reiteradamente esta legislatura, que presupuesto tras presupuesto le ha quitado recursos al Poder Judicial de la Federación, lo cual debería ser recompuesto en esta reforma constitucional, dándole más recursos al Poder Judicial de la Federación para alcanzar los objetivos que la misma reforma establece.
He escuchado con atención argumentos que dicen que se reduce la capacidad de hacer controversias constitucionales, afectando a las autoridades municipales y estatales. Ahí difiero del análisis que se ha planteado. El proyecto original modificaba el artículo 105 de la Constitución en el sentido siguiente. Decía: “Solamente procederán las controversias por violaciones directas a la Constitución”.
Sin embargo, el Senado modifica la iniciativa y le retira la palabra directas, con lo cual queda abierta la posibilidad de atender a través de la controversia constitucional violaciones directas e indirectas y por lo tanto también aspectos de legalidad, de manera tal que los municipios y los estados pueden acudir en controversia constitucional. Ahí no advertimos cambio significativo alguno.
Esta es una reforma generacional. Hace 25 años se llevó a cabo una profunda reforma al Poder Judicial, es hora de hacer la reforma de nuestro tiempo. La reforma constitucional establece el marco general, pero el debate, estudio y análisis precisos corresponderá a la discusión de las reformas legales que deberemos llevar a cabo en esta misma Cámara de Diputados a partir de febrero.
Sería altamente deseable que dicha importante reforma se lleve a cabo antes de la contienda electoral y que los aspectos técnicos imperen sobre los anhelos partidarios. México así lo exige. En Partido Revolucionario Institucional así debatiremos la reforma legal al Poder Judicial. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ochoa Reza. Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Decía el poeta: Así como la luz, sin dejas de ser luz, se descompone en varios colores, la verdad, sin dejar de ser verdad, se descompone en varios criterios. Estoy preocupado por la reforma al Poder Judicial. Estamos preocupados porque no se trata solo de modificar algunas cuantas hipótesis que establece la Constitución, sino que estamos preocupados por el modelo de país que se está desarrollando.
Desde hace dos años advertimos que cuando se quiere generar una autocracia, es decir que la voluntad de un solo hombre se imponga sobre los demás, nos debe llamar a la reflexión y nos debe llamar a combatir esa reflexión. Hemos visto que hay un control absoluto sobre el Poder Ejecutivo, pero eso ya lo ha venido extendiendo poco a poco a los órganos constitucionales autónomos, reduciéndoles su capacidad operativa, reduciéndoles recursos económicos y nombrando personas afines, quienes no tienen la más remota idea de cómo resolver los temas que ahí legalmente deben resolverse.
Hay un control sobre el Poder Judicial. El que la Suprema Corte de Justicia haya avalado algo que nosotros consideramos inconstitucional y le haya rehecho la pregunta al presidente, solo nos da un viso de lo que puede pasar si es que este Poder llega a ser sometido completamente y absorbido por el Ejecutivo federal, como lo han sido las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Estamos frente a un peligro latente de que de alguna forma la división de Poderes ya no impere en este país. Creo que el documento que hoy nos ocupa implicaría una revisión más profunda, creo que la Suprema Corte debe tener facultad de revisar los acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura. Creo que la Suprema Corte no debe renunciar a que los jueces y magistrados que son nombrados o son destituidos injustamente, puedan elevar un recurso ante la Suprema Corte para ser revisados.
Creo, y es uno de los temas más delicados, que no debe haber una facultad exclusiva en la Corte para crear tribunales especiales que resuelvan asuntos graves en materia de violación a los derechos humanos, por dos razones; porque en este país cuando nace la Constitución de 1857 y lo retoma la Constitución de 1917, no debe de existir tribunales especiales para juzgar absolutamente nada.
Si una persona debe ser juzgada o un grupo de personas deben ser juzgados, deben ser juzgados por tribunales previamente establecidos, con leyes previamente publicadas y expedidas anteriores al hecho.
Hoy no se puede crear un tribunal especial por decisión de ningún órgano del Estado, y eso incluye a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque no se ha quedado perfectamente claro qué quiere decir graves violaciones a los derechos humanos, porque si nos concretamos a escucharla de manera general, lo que estaremos viendo es que cualquier violación a la ley se puede considerar una violación grave a los derechos humanos y, por lo tanto, se podrían implementar tribunales especiales para juzgar a personas específicas, y esto no nos traería más que una persecución, un terrorismo de Estado que permitiría que cualquier persona pudiera ser amenazada de ser juzgada por un tribunal que hoy ni siquiera existe.
Y, por último, la carrera judicial. Si bien es claro que ha habido señalamientos de nepotismo y de que muchos jueces y magistrados, incluyendo integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte, tienen familiares trabajando, lo que debemos de hacer es revisar los exámenes de admisión, la carrera judicial, sancionar a quien contrate a una persona que no tenga la capacidad para desarrollar su cargo y no solamente porque es su familiar.
Creo que debemos ir más allá de eso y no solamente excluir a todas aquellas personas que legítimamente se graduaron, han hecho la carrera la judicial y se encontrarán con el impedimento grave de que alguno de sus familiares ya trabaja en el Poder Judicial, por lo tanto, mientras esa persona siga ahí, nunca, nunca podrán ser contratados.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Preciado Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Rubén Cayetano García: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, vamos a desmentir a varios de los que van en contra. La reforma constitucional en materia de impartición de justicia federal que se discute tiene como principal divisa el respeto a la división de Poderes y la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decidió presentar esta iniciativa con el consenso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en realidad delineó la reforma pensando, desde luego, en lo que les atañe, lo que les limita y entorpece en el ámbito procesal y jurisdiccional.
Reconozco esa determinación presidencial, en esa fase preiniciante, donde el titular del Ejecutivo visibilizó con precisión y habilidad que solo así se podría entrar a una reforma que tratándose de uno de los Poderes, como es el Judicial Federal, seguramente las cuestiones de inconstitucionalidad serían prácticamente nulas.
En los hechos, el Ejecutivo dialogó y abrió, mientras que el Judicial se acomodó, cada quien mostrando lo que representan. Primero, un presidente al que le urge un cambio radical en ese Poder cuyo lastre principal es la corrupción reconocida públicamente por el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Y, segundo, un alto tribunal en lenguaje común habría dicho de aquí soy, adecuando incluso el discurso de la realidad de la cuarta transformación de combate a la corrupción.
Muchos se equivocan sobre los actos y posturas que asume el presidente Andrés Manuel López Obrador, creen que por el solo hecho de manifestar su punto de vista en uno u otro sentido con los quehaceres públicos, con los órdenes de gobierno, con los Poderes e incluso sobre conductas de algunos políticos eso significa dar una línea, olvidándose que en los tiempos de la cuarta transformación la línea es que no hay línea.
Se olvidan también que es a su vez jefe de Estado, jefe de la administración pública federal y presidente de la República, sus posturas van en ese sentido cuidando la investidura, la gobernabilidad, el respeto y cooperación entre Poderes y gobiernos.
Por eso, es que así se procedió en este caso, así se motivó la iniciativa presidencial de reforma constitucional relativa al Poder Judicial federal. Es evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene cuidando ese respeto entre el Ejecutivo y el Judicial. Sin embargo, también es sano decir que aquí es otra cosa, la Cámara de Diputados es el centro del debate nacional, incluso con mayor intensidad que en el Senado y aquí, como ya se sabe, nos traemos de un ojo con la Suprema Corte.
En los hechos, somos la única y última esperanza para reformar de fondo el Poder Judicial de la Federación, para garantizar un verdadero acceso a la justicia y conceder a las y los mexicanos paz y tranquilidad. No tenemos mejor momento que este para hacerlo. Estamos obligados a ser consecuentes, estar a la altura de lo que demanda la nación en esta materia.
Cierto es que la reforma trae consigo mejoras que mis compañeras y compañeros que han antecedido y, sobre todo de Morena han de destacar de manera reiterada, empero, ninguna es de fondo, todas son procesales y administrativas y de ahí es que deviene insuficiente, sin embargo, aunque poco se avanza.
Es justo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo diseñó. Es así como la Suprema Corte lo diseñó, para intentar ser más eficaces en el aspecto jurisdiccional, pero solo en eso. Nada que ver con los lastres de los que adolece el Poder Judicial de la Federación. Eso queda pendiente. Es por lo que manifiesto que aun cuando votaré a favor, apostaré a que esta asamblea haga prosperar las reservas que presentaré en su momento oportuno.
Para concluir y sin ser presuntuoso, ustedes saben que provengo de Guerrero, lugar que además de ser borbollón del movimiento social y resonancia de la conciencia honrada nacional, se significa tierra de grandes juristas. Basta mencionar a dos: Alberto Vázquez del Mercado, que fuera uno de los siete sabios de México y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prefirió renunciar a dicho cargo ante el agandalle del presidente Pascual Ortiz Rubio, quien ordenó la aprehensión de Luis Cabrera Lobato, violando dos amparos del Poder Judicial.
Y qué decir del abogado que, sin querer ser legislador, vino a dar aquí, al Congreso de la Unión, asumiendo la diputación federal, luego de que su suplente fuera asimilado por los conspiradores contra el apóstol Madero y terminó siendo el sucesor del gran Belisario Domínguez. Hablo de Eduardo Neri, en cuyo honor esta Cámara otorga cada año una medalla a mexicanas y mexicanos de gran valía.
Termino, presidenta. Por eso, duele tener poderes judiciales corruptos. Por eso duele tener en Guerrero el Poder Judicial más corrupto del mundo. Y, por eso creo con firmeza que podemos empezar aquí limpiando de corrupción los más altos tribunales del país, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano García. Concluida la ronda de oradoras y oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general. En términos del artículo 231, numeral 1, del Reglamento, esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 94, 97, 99, 100, 105, 107 y el artículo sexto transitorio del proyecto de decreto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Procederemos a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Para tal efecto, se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, para que las y los diputados que se encuentren presentes emitan su voto. Después, se llamará a las y los diputados en bloque por grupo parlamentario de menor a mayor, para que registren su voto.
Me permito informar que las y los diputados presentes en este salón de sesiones contarán con un tiempo de hasta tres minutos para emitir su voto. Y por lo que se refiere al primer y segundo bloque dispondrán de hasta cinco minutos cada uno para registrar su voto. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado. Y se hace una muy cordial exhortación a las y los diputados, que una vez que emitan su voto se dirijan fuera del salón de sesiones, con la finalidad de que exista el mínimo posible de diputadas y diputados presentes en este salón. Adelante, la Secretaría.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Atentamente se solicita a las y los diputados que han emitido su voto, incluyendo a quienes forman parte de los 129 diputadas y diputados, sirvan, una vez que hayan votado, salir del salón de sesiones mientras concluyen las votaciones.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las diputadas y los diputados que faltan de emitir su voto, les recordamos que queda un minuto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a llamar al primer bloque de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a las y los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista, del PRD, del Partido Encuentro Social, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional y diputadas y diputados sin partido, procedan a votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañeras y compañeros diputados, reitero la atenta solicitud para que una vez emitido el voto, sirvan abandonar este salón de sesiones. El tema de la seguridad sanitaria ante esta epidemia, es una cuestión de la mayor relevancia. No podemos exponerlos, a ustedes y a sus familias, a un contagio por no respetar las medidas de sana distancia que nosotros mismos nos hemos dado para enfrentar la pandemia y al mismo tiempo realizar nuestro trabajo legislativo. Que la emoción del reencuentro no supere la necesidad del cuidado y de la sana distancia.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las diputadas y diputados del primer bloque, se les recuerda que queda un minuto para cerrar el sistema electrónico de votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Sirva la Secretaría llamar al segundo y último bloque.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena que procedan a votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las y a los diputados del Grupo Parlamentario de Morena se les recuerda que faltan dos minutos para cerrar el sistema electrónico de votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidente, el resultado es el siguiente: 319 votos a favor, 88 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado del proyecto de decreto, por 319 votos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 231 del Reglamento, se les concederá a las y los diputados el uso de la palabra para presentar su propuesta de modificación, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar sus propuestas de modificación al artículo 94 del proyecto de decreto.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Gracias, diputada Sauri. Le comento si puedo en un solo acto presentar la reserva al artículo 94, al 94 quinto párrafo y al artículo 100.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Con mucho gusto, diputada Martínez Ruiz. Dispondrá entonces usted hasta de siete minutos. Adelante.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el Poder Judicial es un Poder autónomo, pero como toda institución del Estado tiene la obligación de rendir cuentas, algo que actualmente no hace porque solo se rinde cuentas a sí mismo. Por eso las reservas que presento plantean abrir el Poder Judicial al escrutinio externo, y para que la siempre desvergonzada oposición y sus coríferos se vean con esa mentira que tanto pregonan, de que queremos someter al Poder Judicial al presidente, cuando por décadas fueron los gobiernos del PRI y el PAN los que lo tuvieron sometido.
Les explico en qué consiste este escrutinio externo que propongo. En primer lugar, en el artículo 94 propongo que quitemos de la redacción los acuerdos generales del Poder Judicial, porque lo que esta reforma está haciendo es ponerlos al mismo nivel de la legislación, de manera que, en caso de una contradicción entre ambos, el Poder Judicial optará por sus acuerdos por encima de las leyes y si resulta que al Poder Judicial no le gusta una norma en materia de responsabilidades de sus servidores públicos, entonces bastará que expidan un acuerdo general para darle la vuelta a la ley, en otras palabras, la legislarán de facto.
Por eso, propongo que no pongamos sus acuerdos generales al mismo nivel que las leyes. En segundo lugar, propongo un mecanismo de contrapeso democrático entre Poderes. Consiste en que el presidente de la Suprema Corte presente anualmente un informe de labores del Poder Judicial a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, esto es, porque el Poder Judicial no se rinda un informe así mismo.
Propongo, además, que cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión pueda convocar al presidente de la Corte a comparecer en calidad, tanto de presidente de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los 15 días siguientes a la presentación del informe. Esa sería la única ocasión, en cada año, en que el presidente de la Corte y de la Judicatura pudiera ser citado por el Congreso, para que no diga que queremos someter al Poder Judicial.
Finalmente, propongo crear dos lugares más en el Consejo de la Judicatura Federal y que esas o esos dos consejeros sean nombrados por el Senado, a propuesta de instituciones de educación superior y de organizaciones de la sociedad civil, respectivamente.
Compañeras, compañeros, esta reforma debió entrar a rediseñar de fondo al Consejo de la Judicatura. Mi propuesta, ciertamente, no lo hace, pero al menos la abre al escrutinio de la sociedad y la academia, porque la autonomía no debe significar falta de escrutinio externo ni el escrutinio externo debe entenderse como una violación a la autonomía. No queremos que el Poder Judicial se someta, sino simplemente, que rinda cuentas a la sociedad como debe hacerlo toda institución de Estado y no que se rinda cuentas a sí mismo. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Martínez Ruiz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Maribel Martínez Ruiz, sobre el artículo 94 del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martínez Ruiz. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Jorge Casarrubias Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar a nombre propio y de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, reserva al artículo 94 del proyecto de decreto.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, muy buena tarde. La reserva que hoy presentamos tiene por objeto realizar una adición al párrafo décimo segundo del artículo 94 de la Constitución Política, del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para quedar de la siguiente manera:
Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos y por las salas por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación, de las entidades federativas y de las dependencias de la administración pública de los tres órganos de gobierno.
La modificación que el Grupo Parlamentario del PRD presenta tiene por objeto garantizar que las resoluciones dictadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos y por las salas por mayoría de cuatro votos, sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación, de las entidades federativas y agregamos, de las dependencias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
Con ello se evitará que los atrasos, atavismos jurídicos que han imperado en nuestro país, principalmente respecto de la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, ya que al no realizarse las reformas legales que derivan de estas sentencias, las autoridades administrativas obstaculizan la realización efectiva de los mandatos que amparan el principio de la legalidad, se abstienen de proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados constitucionales de los que el Estado mexicano es parte.
En ese sentido, es importante señalar que el orden jurídico mexicano establece la obligación de todas las autoridades, incluyendo las administrativas, de proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y, en caso de conflicto, preferir aquellas normas que ofrezcan una protección más amplia a las personas.
Con esta... se está dando cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en caso de que presente antinomias jurídicas y con dependencia de su posición en el orden jerárquico normativo. En consecuencia, es claro que, en caso de una coalición entre un precepto legal y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional una ley por violación a los derechos humanos, todas las autoridades −inclusive las autoridades administrativas− deben dar cumplimiento al principio pro persona, debiendo aplicar la norma que ofrezca la protección más amplia a la ciudadanía. Esta es la obligación que pretendemos establecer a partir de la reserva que presentamos.
Actualmente, las sentencias y la jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su mayoría resultan incumplidas porque no tienen el carácter de ley. Aunque tengan la calidad de norma jurídica y de fuente del derecho en el orden jurídico mexicano, por lo que consideramos que su aplicación sí debe ser preferente, en tanto establezca un beneficio mayor para las personas.
Por lo anteriormente señalado, garantizando el derecho de los y las mexicanas, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, consideramos que esta modificación al décimo segundo párrafo del artículo 94, obliga a que la autoridad administrativa obedezca las sentencias que establece el máximo tribunal de la nación, a fin de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro del ámbito de su competencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Rubén Cayetano García, al artículo 94.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, perdón, perdón, cometí un grave error de identidad. Dado que el diputado Cayetano García tiene una participación reiterada y estaba justamente contando las cinco veces en que está inscrito en esta lista, le solicito, le ofrezco una disculpa al diputado Jorge Casarrubias Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Y solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Jorge Casarrubias Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre propio y de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, sobre el artículo 94 de la Constitución.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Casarrubias Vázquez. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 94 constitucional del proyecto de decreto. Por favor, sonido a la tribuna para el diputado Cayetano García.
El diputado Rubén Cayetano García: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, todos los tribunales del país, sin excepción, están podridos, hasta el tuétano de corrupción. Lo dicho puede ser una evaluación muy rígida, estricta y cruel, pero es la verdad. El moche y la tranza en tribunales va desde sacar copias simples hasta el dictado de las sentencias y su revocación o confirmación. Esto lo sabe todo México.
Luego entonces, cuando aquí en el Poder Legislativo de la Unión hablamos y legislamos una reforma que pretenda combatir todo eso que existe en el Poder Judicial federal, tenemos que asumir que el principal problema es resolver la corrupción y, para lograrlo, debemos ir a fondo, no solo quedarnos en la forma y lo estrictamente procesal y administrativo, como ocurre con esta reforma constitucional.
Si no establecemos en la Carta Magna las conductas como la corrupción, el nepotismo, el influyentismo, el amiguismo, el acoso sexual, entre otros lastres que afectan y empañan el prestigio de la función jurisdiccional, como causales de suspensión, destitución e inhabilitación de servidores públicos corruptos, entonces no estamos atendiendo las principales causas y males que adolecen los tribunales.
Por qué, si para la delincuencia común y organizada hemos establecido en el artículo 19 de la Constitución del país la prisión preventiva y endurecido en la norma punitiva las penas, ¿por qué no podemos hacerlo contra quienes distorsionan la ley, cuando su principal y elemental tarea es cumplirla? Esta reforma ya aprobada, repito, trae toda la voluntad del presidente López Obrador, así se reconoce. Ah, pero emana del más alto tribunal del país, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un traje a su medida, a diferencia de lo que afirman de que es una injerencia del Ejecutivo en ese Poder.
Lo que logra es cambiar ciertos conceptos, criterios y definiciones, que ayudan a agilizar y mejorar la función de los tribunales del país. La llaman una reforma del gran calado. Si no hubiera sido, si no fuera porque la corrupción existe, lo sería. Pero, el asunto no solo es lo jurisdiccional, el gran problema, reitero, es la corrupción.
Cuando nos visitó aquí en la Cámara de Diputados, en el Salón Verde, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para exponer los detalles de esta reforma, reconoció la existencia del nepotismo y la corrupción. Pero, luego indicó que para que no existiera el nepotismo, ya se habían hecho readscripción de los familiares que dependían de altos servidores públicos. No, así no. Eso se llama impunidad, porque a pesar de admitir que la conducta indebida se realizó, se evadió y eso es pura simulación.
El Senado de la República se quedó corto, pero para eso estamos nosotros como Cámara revisora, para corregir y establecer en el artículo 94 de la minuta que se discute, que los lastres mencionados y que afectan la impartición de justicia en México sean severamente castigados para desterrar de una vez y para siempre la corrupción en los tribunales del país. Es cuanto, presidente Sauri, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Rubén Cayetano García.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Cayetano García. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. La diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó reserva al artículo 94 quinto párrafo, en su primera intervención. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martínez Ruiz. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas a los artículos 94 y 105 constitucionales del proyecto de decreto.
La diputada Sandra Paola González Castañeda: Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras diputados de esta honorable asamblea. Una de las principales vertientes de esta significativa reforma, se centra en las funciones que debe de tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que verdaderamente funcione como un tribunal constitucional y de no de trámites de otra índole que no son meramente labores de una Corte.
Los argumentos que sostiene la razón para subir a esta tribuna es presentar esta reserva a las reformas y adiciones que ofrece el dictamen para la adecuación constitucional que permitan la transformación de uno de los pilares del Estado mexicano y que se traduce en el garante en la legalidad y defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como lo es el Poder Judicial de la Federación, lo cual se explica con dos principales vertientes: la primera en materia de acumulación de precedentes para integrar y declarar jurisprudencia y; la segunda, sirva como un impulso para que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en un auténtico tribunal constitucional de iuris y no solo de facto.
En suma, coincidimos en la dinamización de los precedentes por medio de criterios razonados del pleno y de las salas de la Corte, más no en la lógica de que los tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales sienten precedentes a través de las jurisprudencias o reiteración y contradicción, respectivamente, toda vez que el espíritu del neoconstitucionalismo contemporáneo descansa en los medios de control constitucional que sustentan los derechos humanos en el marco constitucional con una insuficiente lógica numérica de acumulación de criterios.
Ante este escenario urge realizar una adición o reforma constitucional que permita, al mismo tiempo, mejorar el marco institucional mexicano y extraer el control de constitucionalidad y el amparo de los derechos fundamentales de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La institución que debe cumplir con estas dos competencias es el Tribunal o Corte constitucional. La creación de una corte o tribunal constitucional permitiría que los recursos de inconstitucionalidad y los recursos de amparo sobre violación de derechos y libertades, pasaran a competencia de esta nueva jurisdicción constitucional. Esta debería también asegurar por la vía del recurso de amparo, otorgar a los ciudadanos o personas jurídicas, la posibilidad de poder declarar inconstitucionales las sentencias de la propia Corte de Justicia la Nación, posibilidad que en estos momentos es muy limitada o nula, por tratarse de un supuesto en el que hoy mismo la Suprema Corte es juez y parte.
La presencia de una Corte o tribunal constitucional permitirá también que este órgano pudiera resolver los conflictos de competencias entre los Estados miembros y la federación, y el control constitucional federal de las Constituciones estatales. La creación de este órgano supondría seguir la senda marcada por una mayoría de Estados europeos y de cada vez más Estados latinoamericanos.
Para que fuera efectiva la medida de neutralización de un sectario desempeño de la Suprema Corte, debería emprenderse la reforma constitucional con mayor rapidez posible. Dicha propuesta debe ir acompañada del compromiso de nombrar para este nuevo tribunal a personas de intachable trayectoria profesional y ética, sin vinculación alguna con ningún partido político.
Sería deseable que no se hiciera una macrorreforma constitucional, pues esa decisión podría abrir el espacio a un discurso que intentará presentar la opinión de que el gobierno nacional pudiera estar intentando adaptar la Constitución a sus intereses. Por ello, la reforma solo debería contemplar adiciones que puedan contar con un amplio apoyo social y que no den la sensación de un gran cambio constitucional que podría causar algún tipo de temor.
Mi reconocimiento absoluto para esta iniciativa, para este dictamen que hoy estamos hoy aquí votando y que estamos discutiendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar. Y hoy presento ante ustedes esta reserva. A lo mejor creo que no va a obtener los votos a su favor, pero creo que es importante que las y los legisladores empecemos a poner sobre la mesa el tema de la creación de un tribunal o una Corte constitucional en nuestro país que tenga una jurisdicción más amplia y de mayor jerarquía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es tiempo de que lo hagamos y que ya lo pongamos sobre la mesa. Muchas gracias, diputada presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada González Castañeda. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Sandra Paola González Castañeda.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas a los artículos 94 y 105 constitucionales presentadas por la diputada Sandra Paola González Castañeda. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reservas a los artículos 94 y 107 constitucionales del proyecto de decreto.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, presentaré en un solo acto todas las reservas que he registrado, en aras de que sea valorada la eliminación de todos aquellos aspectos contenidos en esta reforma que hoy es puesta a discusión y que, en nuestra consideración, hacen nugatorio el derecho de acceso a la justicia.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada Ortega, en ese caso de presentación en conjunto de sus reservas dispone usted hasta de siete minutos.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. La controversia constitucional es una herramienta relativamente reciente en el sistema de justicia constitucional mexicano, un mecanismo de control concebido en 1994 como una herramienta que permitiera dirimir controversias entre distintos Poderes u órganos de gobierno. Durante los años que ha permanecido vigente se ha consolidado como un mecanismo efectivo para garantizar que los conflictos políticos puedan tener soluciones adecuadas en el cauce constitucional, cuidando los principios del sistema federal.
La reforma constitucional que hoy se plantea, bajo la justificación de garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo conozca de asuntos constitucionales trascendentes para fortalecer su carácter de tribunal constitucional, elimina la admisión de controversias constitucionales interpuestas por motivos de competencia o legalidad.
Sin embargo, como lo han señalado diversos especialistas y juristas, el análisis de competencia o legalidad es en muchas ocasiones el motivo que permite estudiar el fondo del asunto en el cual se encuentra la resolución de cuestiones constitucionales más trascendentes. Además, al reducir el margen de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a controversias constitucionales, se delega dicha función a los tribunales colegiados de circuito.
Un alegato frecuente es que, al tratarse de disputas entre distintos Poderes y órdenes de gobierno, generalmente se ejercen presiones fuertes sobre los órganos jurisdiccionales que conocen dichos asuntos. Por lo que es preferible que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien conozca de ellos, para garantizar una mayor imparcialidad y autonomía en la resolución de dichos asuntos.
Es por ello que, al ser este un mecanismo importante para dirimir conflictos entre Poderes y entre diversos niveles de gobierno, y sobre todo que muchos de ellos tienen invadidas funciones o están en una situación compleja, que se garantice que puedan tener este mecanismo de controversia y que sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que proponemos que sea eliminada la fracción legislativa que alude al cambio sobre las controversias constitucionales.
Por otra parte, el recurso de revisión para el amparo directo es un mecanismo que permite una revisión al más alto nivel del Poder Judicial, de la resolución acerca de asuntos que constituyen posibles violaciones a derechos humanos o garantías constitucionales. La reforma sujeta la admisión de dichos asuntos al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Este criterio es una puerta a la discrecionalidad, por lo cual eventualmente puede crear incentivos negativos al formar atribuciones extralegales a partir de su admisión.
Por otra parte, se elimina la posibilidad de interponer cualquier recurso de impugnación en contra del auto que dicte el desechamiento del recurso de revisión. Esta reforma implica dos riesgos: El primero, concentrar en una sola figura, la presidencia de la Corte, mayor discrecionalidad para el desechamiento de los recursos. Y el segundo, hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia. Es decir, la tutela jurisdiccional efectiva para un porcentaje de personas que acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como último recurso.
Por otro lado, también, a pesar de que la introducción del sistema de precedentes en sustitución del modelo jurisprudencial vigente está fundamentada en la pretensión de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia, de nuevo, como tribunal constitucional, se trata de un elemento que puede traer consigo también algunos riesgos. El primero, debilitar el federalismo mediante la homogeneización de criterios para toda la república, desde una perspectiva central. El segundo, que el establecimiento obligatorio de dichos precedentes sea intempestivo y surja a raíz de casos ficticios.
Recordemos que muchos de los casos trascendentales de los cuales conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resuelven a partir de casos construidos mediante litigio estratégico. Finalmente, implica la disminución implícita de los alcances del Poder Legislativo, pues ahora los precedentes pueden establecer criterios uniformes con mayor celeridad y sin el involucramiento representativo que implica la realización de todo proceso legislativo.
Finalmente, el establecimiento de la figura de la concentración implica dar al Consejo de la Judicatura la discrecionalidad del turno de asuntos en uno o más órganos jurisdiccionales. La reforma plantea que esta opción esté disponible para asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos, por lo cual, deberá considerarse el interés social y el orden público.
Esta figura rompe con el modelo de justicia igualitaria y efectiva, además de crear un incentivo perverso, puede establecer sistemas extralegales para el turno de asuntos hacia órganos más o menos favorables. El asunto no es menor si se consideran las frecuentes denuncias acerca de la alteración discrecional de turnos que pueden realizarse al interior del Poder Judicial.
Por ello, consideramos que es importante que estas figuras que introduce esta reforma judicial y que preocupan, sobre todo, en cuanto al derecho de los justiciables de tener una justicia pronta, expedita, pero, sobre todo, acceder a la misma, deben de eliminarse de esta reforma judicial y, por eso, solicitamos que se pongan a discusión y a votación las reservas que antes he planteado. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Ortega Martínez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada María del Pilar Ortega Martínez, a los artículos 94 y 107 del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Ortega Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 97 constitucional del proyecto de decreto.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidenta. Agradezco toda la disposición de la Mesa Directiva para presentar una a una mis reservas, acogiéndome a lo dispuesto por los artículos 110 y 111 del Reglamento de la Cámara de Diputados, además quiero mencionarle que solo son de tres minutos, aunque usted nos concede cinco, presidenta. Muchas gracias.
Diputadas y diputados, aunque los más grandes teóricos del derecho defiendan la inamovilidad de los jueces y su permanencia prácticamente vitalicia en los cargos como garantía de independencia y no estar expuestos a arrebatos políticos o también para generarles estabilidad y seguridad en su empleo, todos sabemos que la inamovilidad, salvo muy honrosas excepciones, en los hechos se ha traducido en inmunidad y causado impunidad por la corrupción en hasta los más altos tribunales del país.
A continuación, me permito describir lo que nos ocurre a distintos postulantes en el ámbito de la impartición de justicia. Litigué de manera ininterrumpida 25 años, he sido dos veces presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, me di de baja en Hacienda, cerré mi despacho y mi destino inequívoco es la postulancia porque amo mi profesión. Lo digo para que no vayan a suponer que además de ser legislador llevo asuntos, no.
Ya no estamos en tiempos del Prian en que senadores y diputados recomendaban a tribunales que actuaban por consigna política. Sabemos de casos en que políticos dizque representantes populares ponían hasta procuradores y así metían y sacaban delincuentes de la cárcel, haciendo negocios redondos, sendos mercenarios de la justicia.
Lo anterior motivó mi ingreso a la política, estoy aquí porque creo sinceramente en un proyecto transformador, porque la realidad del sistema de justicia corrupto en México no se puede cambiar desde el ejercicio profesional del derecho, desde las barras y colegios de abogados o juristas, pero, advierto, les advierto que no dejé mi amada profesión de abogado para formar parte del status quo aparentando cambiar las cosas, para en el fondo dejarlas igual.
Yo no vine a simular y a quedar bien con alguien que no sea el pueblo de México, porque luego entonces con qué cara regresaría a los tribunales a mirar a mis colegas abogados si estando aquí no propongo incluso refundar los Poderes Judiciales como lo estoy haciendo en Guerrero.
Según la minuta, ya avalada, se deja la inamovilidad, pero, aunque se señale textualmente que solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley los jueces y magistrados, todos sabemos que eso no es más que un amago que muy pocas veces se cumple y se establece para cuando ya está concedida la inamovilidad.
Esta reserva que presento, relativa al artículo 97, propone que antes de que se dé la ratificación en sus encargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces sean evaluados en cuanto a la calidad jurisdiccional, calificando su función, la confirmación, modificación y revocación de sus acuerdos, resoluciones y sentencias. Ningún tribunal del país evalúa ni previo ni después de la ratificación de juzgadores en los términos en que lo estoy proponiendo.
Con esta reserva, jueces y magistrados estarían obligados a mejorar su acervo jurídico. A tener una actualización que, sin duda, coadyuvaría a que garanticemos a las y los mexicanos no solo el acceso a la justicia, sino a que se dicten sentencias apegadas a derechos, sin violar el debido proceso, salvaguardando los derechos humanos y, sobre todo, que sean justas. Es cuanto, presidente Sauri. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 97 constitucional, presentada por el diputado Rubén Cayetano García.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Cayetano García. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 99 constitucional del proyecto de decreto.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidenta Sauri. Diputadas y diputados, el artículo 99 constitucional, bajo el que he inscrito esta reserva, establece atribuciones y norma el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ay, nanita. Salvo las y los legisladores que se ha declarado independientes, el resto pertenecemos o simpatizamos con el partido político que nos postuló para asumir la responsabilidad que tenemos.
Deseo de todo corazón que sus partidos no padezcan el injerencismo e intromisión que padeció Morena a través de este tribunal recientemente. Al amparo de criterios legaloides se disfrazó una supuesta aplicación del derecho para intervenir a nuestro partido en pleno proceso electoral para imponerle la elección interna de dirigentes, presidente y secretaría general, atropellando los derechos de militantes, así como su vida interna, autonomía y libre determinación.
Este tribunal electoral, lo mismo que otros órganos electorales en el país, fueron constituidos por el viejo régimen. Son los hacedores y consumadores de fraudes electorales que, si bien reconocieron el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido por la contundencia con la que se manifestó el pueblo de México. De haber tenido margen para operar el fraude, lo hubieran hecho. No tenemos ninguna duda. En la elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, aquí no contaron con mi voto, voté en contra, porque ese proceso electivo no fue más que un paseíllo para premiar la burocracia del INE.
Se dejó ir la oportunidad de refrescar y reciudadanizar el órgano electoral, debimos elegir mujeres y hombres libres, sin compromiso de ninguna índole ni con los partidos, pero, sobre todo, con el INE, órgano permisivo de las peores prácticas antidemocráticas. Es así, como no deberíamos dejar ir la oportunidad de reformar a fondo el Poder Judicial de la Federación.
Si bien, en el artículo mencionado ya se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre qué criterio debe prevalecer cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplique determinado criterio, debe añadirse que hayan causado ejecutoria para dejar abierta la posibilidad vinculante de que se incida en la resolución.
No es óbice en esta reserva agregar que se permita la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos que tengan que ver con lo dicho, con la afectación a la autodeterminación de los partidos políticos por parte de ese tribunal intromisorio. Es cuanto, presidenta Sauri, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 99 constitucional del proyecto de decreto presentada por el diputado Rubén Cayetano García.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Cayetano García. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó reserva al artículo 100 constitucional del proyecto de decreto. Y ha solicitado que la Secretaría dé lectura a su propuesta.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Con gusto, presidenta. Dice: Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones.
El noveno párrafo dice: Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de las magistradas, magistrados, juezas y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la Constitución y la ley.
Debe decir: Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones.
Noveno párrafo: Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de las magistradas, magistrados, juezas y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la Ley Orgánica respectiva.
Y elimina un último párrafo que dice: en contra de la designación de magistradas, magistrados, juezas y jueces, no procede recurso alguno, pero los resultados de los recursos de oposición podrán ser impugnados ante el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. La diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó, en su primera intervención, reserva al artículo 100 constitucional del proyecto de decreto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Maribel Martínez Ruiz. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 100 constitucional, del proyecto de decreto.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidenta. Hablando de escuelas y formación de jueces, el asunto es muy sencillo. El origen de la corrupción en el sistema de procuración e impartición de justicia está en muchos casos en las escuelas de derecho, donde se forman abogados y licenciados en derecho, porque en los hechos no son lo mismo. Hay tráfico de calificaciones y desde ahí lo que producen son abogados corruptos en potencia sin principios ni valores en los más altos principios de la justicia.
En el artículo 100 de la reforma, en cuyo numeral he inscrito esta reserva, se establece ampliar la carrera judicial y la creación de una escuela federal de formación política, lo que está bien. Sin embargo, para cerrar filas debe establecerse en la Constitución que estará prohibido el favoritismo, la recomendación, la recomendación jerárquica y el agandalle propios del nepotismo y el tráfico de influencias en la actualidad, y eso es lo que vengo a proponer.
De no admitirse las causales de suspensión, destitución e inhabilitación de miembros del Consejo de la Judicatura Federal, Escuela de Formación Judicial e Instituto de Defensoría Pública, se dejará, igual que siempre, a merced de que se respete la legalidad, cuando todos sabemos que no la respetan. Es menester dejarlo establecido.
Lo que en vía de reservas vengo planteando, es un clamor generalizado de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que son honestos, que están preparados, que cumplen a cabalidad, no solo con la posibilidad de ascender y servir a la justicia, sino que día a día entregan sus esfuerzos a los justiciables, pero nunca podrán superar el escalafón laboral, sencillamente porque no son amigos, familiares o recomendados de algún juez magistrado o ministro, para que se reconozcan tales esfuerzos. Es en los hechos con el nepotismo como se privatiza la impartición de justicia.
En esta reforma se evadió y queda pendiente la reforma a los poderes judiciales locales, porque no se puede ir a medias en un asunto que demanda cambios radicales de fondo y no meramente procesales.
En Guerrero, al igual que aquí, el presidente del tribunal es presidente del Consejo la Judicatura, por eso no hay transparencia, rendición de cuentas, y sí, una absoluta opacidad. Estamos pues ante la oportunidad en nuestras manos de cambiar eso y entrarle a una verdadera reforma al Poder Judicial que haga realidad el sueño de José María Morelos y Pavón, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Porque aquí y ahora al que se defiende es al fuerte y al arbitrario; al débil solo le cargan vueltas y vueltas hasta que le exprimen su dinero y se cansa de tanta pinche transa. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Rubén Cayetano García.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión la reserva presentada por el diputado Cayetano García. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 100 constitucional del proyecto de decreto.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Presidenta, en un solo acto quiero presentar las 2 reservas que hice al mismo artículo, al artículo 100 de la Constitución. Bueno...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Perdón, diputada. Si es tan amable de decirme qué va a presentar usted.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: En un solo acto 2 propuestas de reserva al artículo 100 de la Constitución, que es el que estamos comentando en este momento.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, en ese caso, de dos reservas, dispone usted hasta de siete minutos.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Muy bien. Muchas gracias. No voy a hacer uso de siete minutos, pero sí de cinco. Quiero, en primer lugar, señalar que estamos frente a una reforma muy importante para avanzar en la modernización y transformación del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Con el propósito de terminar con los privilegios, los focos de corrupción y el nepotismo, se plantean en esta reforma cambios sustanciales en la forma y esquema de su organización, así como de su forma de trabajar para la defensa del orden constitucional y el Estado de derecho.
Es evidente que el nivel de impunidad que existe en nuestro país requiere de un Poder Judicial fuerte, pero también dinámico y moderno, que permita transparentar el actuar de los jueces, pero también restituir la confianza y certeza a los mexicanos y mexicanas que exigen justicia.
Esta reforma también consolida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. Dos propuestas que no puedo dejar de lado, que son muy significativas para fortalecer la profesionalización es la conformación de la Escuela Federal de Formación y el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Celebro también que la reforma reconozca la paridad de género como principio base de la carrera judicial, que garantice que las mujeres tengan condiciones iguales a los hombres, pero también hay que decir claramente que vamos a garantizar la paridad también en la integración de la Suprema Corte de Justicia.
Quiero dejar muy claro lo señalado en el artículo 100, que se dispone que el Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales el conocimiento de asuntos vinculados con hechos que constituyan una violación grave de derechos humanos, la cual deberá hacerse en función del interés social y el orden público, y que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia.
En este caso estimo que se está violentando el principio de legalidad y del debido procedo al establecer una competencia ex profeso, además de que no se tendría certeza de qué órgano conocerá de los mismos, porque eso quedará sujeto a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal.
Adicionalmente, no se prevé que el Consejo de la Judicatura deberá justificar la decisión de concentrar asuntos en determinados tribunales, con lo que difícilmente se podrá comprobar que se trata de una decisión arbitraria. En relación a lo anterior presento la primera reserva. En este contexto, también considero que el hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea también presidente del Consejo de la Judicatura le otorga poderes y atribuciones en exceso. Así ha sido históricamente.
Creo que tuvimos la gran oportunidad de establecer una diferenciación entre ambas presidencias, ya que estamos frente a una reforma al Poder Judicial que busca no solo garantizar una vida democrática al interior, sino una vida más colegiada. En ese sentido, presento una reforma para modificar dicha situación y que exista un equilibrio entre ambas instancias.
Finalmente, concluyo señalando que México requiere construir un sistema de justicia que funcione y atienda la exigencia social legítima para garantizar un derecho primigenio, como es el derecho a la justicia.
Estoy a favor de tan relevante reforma al Poder Judicial, por ser un enclave fundamental para el funcionamiento del Estado mexicano, a quien le compete garantizar la aplicación de la ley, y también con ello valida el trabajo de este Poder Legislativo.
Ojalá que esta reforma, como ya lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, tenga un impacto en los tribunales de justicia d ellos estados, quienes por cierto han mandado un mensaje devastador socialmente, como lo es la impunidad.
Yo esperaría también que a partir de la reflexión que se generó sobre este Poder tan importante para garantizar el Estado de derecho, acudamos como consecuencia a la revisión del funcionamiento de los Poderes Judiciales en cada una de las entidades de la Federación, para que logremos garantizar este derecho fundamental que es el derecho a la justicia. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lorena Villavicencio Ayala. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si admite a discusión la reserva presentada por la diputada Lorena Villavicencio Ayala.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Villavicencio Ayala. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. La diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó reserva al artículo 100 constitucional del proyecto de decreto, en su primera intervención. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, se si admite a discusión.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada María del Pilar Ortega Martínez al artículo 100 constitucional. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
De igual manera, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en su primera intervención, reserva al artículo 105 constitucional del proyecto de decreto. Consulte la Secretaría, en votación económica, se si admite a discusión.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada María del Pilar Ortega Martínez. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitó que su reserva al artículo 107 constitucional del proyecto de decreto, sea puesta a consideración de la asamblea. Solicito a la Secretaría dar lectura a la misma.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes:
La fracción IX dice: En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Y lo que voy a mencionar está tildado: “en contra del auto que deseche el recurso, no procederá medio de impugnación alguno”.
Debe decir: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
Fracción IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Atentamente, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, al artículo 107 Constitucional del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. La diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en su primera intervención reserva al artículo sexto transitorio del proyecto de dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Pilar Ortega Martínez. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada Karen Ivette Audiffred Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar en nombre propio y del diputado Rubén Cayetano García, la propuesta de adición de un artículo transitorio al proyecto de decreto.
La diputada Karen Ivette Audiffred Fernández: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
La diputada Karen Ivette Audiffred Fernández: Compañeras y compañeros legisladores, la presente reforma viene a sumar en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el nepotismo que tanto daño le ha ocasionado al pueblo mexicano. La reforma tiene doble efecto: renovar el Poder Judicial de la Federación y consolidar un verdadero Estado de derecho en México.
A lo largo de los años, el Poder Judicial de la Federación se ha enfrentado a diversos obstáculos que han impedido una correcta administración de justicia en el país, uno de estos ha sido la corrupción, la cual ha empapado casi toda su estructura operativa, desde actuarios hasta juzgadores. Lo anterior ha generado que el pueblo mexicano no pueda ejercer pleno su derecho fundamental de acceso a la justicia. Las controversias de la ciudadanía en ocasiones no eran resueltas conforme a derecho, puesto que los intereses particulares de las y los jueces prevalecían sobre la justicia y la ley.
Los cargos y plazas dentro del Poder Judicial fueron asignados por grupos de familias y políticos, ocasionando que los tribunales no contaran con personal capacitado para sus funciones y que la impartición de la justicia fuera deficiente y precaria. Los intereses mezquinos generaron que la ciudadanía mexicana perdiera la confianza en sus órganos jurisdiccionales, resignándose a ser víctimas de injusticias o a no someter sus problemas ante los tribunales.
Por esta gravosa situación es que surgió la necesidad de realizar un cambio de fondo, un cambio tajante y a nivel constitucional. El presente dictamen, como ya fue expuesto, propone una reconfiguración íntegra del Poder Judicial de la Federación. Entre otras cuestiones, destierra los vicios y las malas prácticas con las que había venido conduciendo este poder autónomo.
La presente reforma suma en favor del pueblo mexicano al poder que la administración de justicia vale verdaderamente por los intereses de las partes contendientes. Se moderniza el actuar judicial al instaurarse un mecanismo íntegro de carrera judicial. Se elimina la discrecionalidad en los nombramientos otorgados por las y los juzgadores, buscando que estos sean ocupados por aquellas personas que se encuentren capacitadas para el puesto.
Se impulsa el profesionalismo del personal, con lo cual los procedimientos judiciales tendrán la participación de funcionarios aptos y conocedores del derecho. En el pasado quedarán las desigualdades y la corrupción que carcomían al sistema judicial.
Hoy, no solo las voces de la ciudadanía son escuchadas y atendidas, sino también las del personal honesto del Poder Judicial. Esta reforma tiene el consenso de agentes judiciales importantes, lo cual evidencia la sana y constante comunicación que hay entre este Poder Legislativo y el Judicial. Los invito a modernizar el sistema judicial mexicano, pero más que nada, a afianzar una accesible y correcta impartición de justicia.
Con el pleno respeto a la división de poderes, estamos seguros de que esta reforma beneficiará al Poder Judicial y al acatamiento de las leyes, como ha sido reiterado en esta cuarta transformación y por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. No más quebrantamientos de normas. No más impunidad ni nepotismo. El pueblo mexicano merece bienestar social, económico, político y también judicial. Convencidos estamos de que en México no puede haber paz sin justicia. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Audiffred Fernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Karen Ivette Audiffred Fernández.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias, Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Audiffred Fernández. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Agotada la lista de oradoras y de oradores, procederemos a la votación de los artículos 94, 97, 99, 100, 105, 107 y el artículo sexto transitorio, en términos del dictamen. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación de los artículos reservados, en los términos del dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen.
(Votación)
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las diputadas y diputados que faltan de emitir su voto, les recordamos que falta un minuto para hacerlo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A las diputadas y diputados que hayan registrado su voto, les solicitamos de la manera más atenta abandonen el salón de sesiones para dar paso al primer bloque. Se pide a la Secretaría llame al primer bloque de diputadas y diputados, para que procedan a la votación referida.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a las y los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRD, del Verde Ecologista de México, del Partido Encuentro Social, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y diputada y diputados sin partido, procedan a votar los artículos reservados en términos del dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las diputadas y los diputados del primer bloque, se les recuerda que faltan dos minutos para que puedan emitir su voto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Nuevamente hacemos el llamado a las diputadas y diputados que ya hayan registrado su voto a que abandonen el salón de sesiones y dar paso al segundo bloque de diputadas y diputados para que puedan emitir su voto. Le pido a la Secretaría que haga el llamado al segundo bloque.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena procedan a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena que falten de emitir su voto les recordamos que faltan dos minutos para cerrar el sistema electrónico de votación.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A las diputadas y diputados que hayan registrado su voto les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para que los 129 diputadas y diputados que iniciaron la sesión regresen a ocupar sus lugares. Pido a la Secretaría ordene el cierre del cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la votación.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 310 votos a favor, 1 abstención y 99 en contra. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado por 310 votos los artículos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. Pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, para los efectos del artículo 135 constitucional.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continuamos la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad. Tiene la palabra el diputado Héctor Jiménez y Meneses, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Con su permiso, diputada presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, compañero.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna a presentar a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, apartado A), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las y los integrantes de esta comisión, dada la relevancia de la reforma constitucional que se propone, consideramos oportuno aprobar en sus términos el contenido de la minuta enviada por el Senado de la República en materia de nacionalidad. La relevancia del proyecto que está a consideración de esta soberanía, debemos partir del significado de nacionalidad, que es un derecho humano fundamental, consagrado por nuestra norma constitucional y en diversos instrumentos internacionales, que comprende el derecho de cada persona para adquirirla, cambiarla o retenerla.
Desde el punto de vista jurídico, la nacionalidad es el vínculo jurídico que existe entre un Estado, sus leyes y las personas que les permite la posibilidad del ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales, a fin de respetar su dignidad.
Este derecho ha sido objeto de protección a través de diversos instrumentos de talla internacional, de los que México es parte. Al respecto, es preciso recordar la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, a través de la cual se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos y establecido en la propia Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano haya firmado.
Asimismo, se otorgarán en todo momento la protección más amplia a las personas y quedarán obligadas las autoridades en sus diferentes ámbitos de competencia a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia y progresividad.
En el ámbito internacional podemos referirnos a las prescripciones contenidas en la declaración universal sobre derechos humanos, que en su artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, al mismo tiempo señala que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé el derecho a la nacionalidad en relación con la infancia, en su artículo 24.3 al señalar que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que indica en su artículo 19 que toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponde y el de cambiarse si así lo desea por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.
Finalmente, es de destacarse que nuestro país se ha sumado a los objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 10 obliga a los Estados firmantes a reducir la desigualdad en los países y entre los países. En este sentido, en la meta 10 de este objetivo se prevé que los Estados deben de garantizar la igualdad de oportunidades y resolver la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes y prácticas discriminatorias, y promoviendo obligaciones políticas y medidas adecuadas al respecto.
No obstante, actualmente ese derecho se encuentra limitado y obstaculizado por el texto actual del artículo 30 de la Carta Magna, cuya fracción II, inciso A) otorga este derecho para aquellos que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano o de madre mexicana nacidos en territorio nacional, contemplando así únicamente a la primera generación de mexicanos nacidos en el extranjero y violando con ello los derechos de los hijos de estos, quienes no podrán tener nacionalidad mexicana por el simple hecho de no haber nacido en territorio nacional, aun cuando estén ligados a nuestro país por lazos familiares y culturales.
Lo anterior podría derivar, incluso, en la actualización de supuestos, como el hecho de que los hijos de mexicanos, nacidos en el extranjero, sean considerados no nacionales, impidiendo el pleno ejercicio de su derecho a tener una nacionalidad, lo que sin duda resulta contrario a los principios básicos de los derechos humanos.
En consecuencia, coincidimos con las argumentaciones expuestas por la colegisladora en la minuta que se analiza y nos manifestamos a favor de la reforma constitucional que se plantea, la cual tiene como propósito reconocer, en el texto de nuestra ley suprema, el derecho a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos o de madre o padre mexicanos, sin importar que haya nacido en territorio nacional o en el extranjero, protegiendo con ello su derecho de identidad.
Para esta comisión no pasa inadvertido que el derecho a la nacionalidad reviste una importancia fundamental, ya que en primer lugar se pone el vínculo entre la persona y la ciudadanía y, en segundo lugar, constituye la pertenencia de una persona a una nación.
Aunado a lo anterior, consideramos que el Estado debe asumir la obligación que tiene de ejecutar medidas que atiendan el interés superior de los menores, para lograr el óptimo desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de lograr que accedan a la nacionalidad.
Por ello, resulta pertinente limitar la limitante que se encuentra vigente en el artículo 30 de nuestra Constitución, que constriñe el otorgamiento de nacionalidad para quienes nacen en el extranjero, condicionando a que sean hijos de padres mexicanos o de padre o madre mexicano, nacidos en territorio nacional.
Al eliminar dicha limitante, este Poder Legislativo estará consagrando el compromiso del Estado mexicano y, al mismo tiempo, estará adecuando la normatividad interna a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que podrá accederse a la nacionalidad mexicana con el simple hecho de ser hijo de ciudadanos mexicanos, sin importar la forma en que adquirieron la nacionalidad sus padres.
En este tenor, es preciso mencionar que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocemos la vinculación de la nacionalidad, con el derecho fundamental a la identidad de las personas y que es inherente a su nacimiento, ya que dentro de las especificaciones que integran a este derecho se encuentran el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. La citada medida abonará, además de dar certeza jurídica a nuestros connacionales que no radican en territorio nacional y que hoy en día tienen el temor fundado respecto de que sus hijos podrían ser considerados apátridas al momento de su nacimiento.
Con el planteamiento de reforma que se propone al Texto Constitucional, se garantiza el acceso a la nacionalidad para los hijos de mexicanos no nacidos en territorio nacional. Con la aprobación de la iniciativa que se expone a consideración de esta soberanía, resulta inobjetable que con el contenido constitucional propuesto México continuará en la transformación que este momento nos exige, brindando efectividad a la no discriminación, sí a la igualdad, y garantizando de la manera más amplia los derechos de las personas.
En términos concretos, esta reforma al reconocer como nacionales a las hijas e hijos de mexicanos nacidos en el exterior, los coloca en una situación de igualdad de derechos frente al Estado respecto al resto de la población. Finalmente, debe decirse que esta reforma busca proteger la nacionalidad mexicana de aquellos a quienes por nacimiento les corresponde el goce de este derecho.
Termino, Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, les solicito acompañar la propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de hacer un reconocimiento a aquellas personas nacidas en el extranjero, que encuentren una identidad cultural y un sentido de pertenencia en México, cuyos padres sean mexicanos, aún cuando estos no hayan nacido en territorio nacional. Es cuanto, por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado Jiménez, Héctor Jiménez.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para fijar su postura se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra, en primer término, la diputada Zulma Espinoza Mata, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Gracias. Los derechos humanos son elemento fundamental en la vida de las personas, que existen con la finalidad de garantizarle niveles adecuados de bienestar y que, en la ausencia o limitación en el ejercicio de los mismos, se vulnera el desarrollo libre de la personalidad y de todo su potencial físico e intelectual. Los derechos humanos tienen raíces profundas que se encuentran arraigadas en las sociedades del mundo desde hace muchos años. Sin embargo, han evolucionado y se han ampliado con el objetivo de dotar a los hombres y mujeres de un catálogo más sólido de derechos, con los que se busca generar condiciones de igualdad y no discriminación entre las personas.
Dentro de estos derechos fundamentales se encuentra por esencia básica, el derecho a la identidad y a la nacionalidad, toda vez que a través de los mismos un Estado reconoce la existencia de una persona y su acceso efectivo a otros derechos que son propios de los individuos que se identifican formalmente con la nación.
La nacionalidad por sí misma está ligada a elementos que van íntimamente relacionados al individuo, toda vez que se vincula al sentido de arraigo, pertenencia, identidad cultural y prácticas de un Estado que se adquieren por nacimiento, por haber vivido por mucho tiempo en un país determinado, o porque la esencia del vínculo nacional ha sido transmitida a través de generaciones a una persona que no necesariamente nació en un territorio específico. Sin embargo, preserva por herencia cultural y simbólica elementos que lo identifican con ese país.
Es así, que garantizar el derecho a la nacionalidad es fundamental para que hombres y mujeres, además de sentirse identificados culturalmente a un país determinado, puedan acceder al ejercicio de derechos que son propios de las personas con esa nacionalidad y a sus ciudadanos. En el caso de México, este derecho ha evolucionado a lo largo de los siglos a través de su marco constitucional y las leyes secundarias que lo conforman, toda vez que ha tenido que adaptarse a las transformaciones que han sufrido este concepto a lo largo de los años en los instrumentos internacionales y dentro de las leyes de los diversos países.
Como se ha manifestado, la nacionalidad es un derecho humano fundamental que se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, en el marco constitucional vigente en nuestro país, se encuentra limitado en el artículo 30 constitucional, al señalar que son mexicanos por nacimiento únicamente, a la primera generación de mexicanos nacidos en el extranjero, con lo que se violan los derechos de los hijos de estos, a obtener la nacionalidad mexicana por el simple hecho de no haber nacido en territorio nacional, a pesar de compartir lazos familiares y culturales con nuestro país.
El artículo 30 de la Carta Magna ha sido reformado a lo largo de la historia en cuatro ocasiones para poder ampliar los criterios mediante los cuales se puede adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento. Sin embargo, su actual redacción limita al ejercicio de este derecho fundamental al violar los derechos de aquellas personas que son hijos de padres y madres mexicanas que no hayan nacido en el territorio nacional.
Es por lo anterior, que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se somete a nuestra consideración el día de hoy, propone reformar la fracción II del inciso a) del citado artículo 30, con el objetivo de reconocer dentro de su redacción el derecho a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos o de madre o padres mexicanos, sin importar que haya nacido en el territorio nacional o en el extranjero.
Asimismo, se logra desterrar de nuestra Ley Suprema un criterio que es a todas luces discriminatorio y se reafirma el compromiso de nuestro país con el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte.
Dentro de mi grupo parlamentario nos encontramos comprometidos por legislar a favor de los derechos humanos y estamos convencidos que, con la aprobación de esta importante reforma, se sigue avanzando en garantizar a todas las mujeres y hombres el ejercicio efectivo de sus derechos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad que establece nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Es por lo anteriormente expuesto que votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, a usted, diputada Espinoza Mata.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para fijar postura, a nombre del PRD, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo.
El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo: Muy buenas noticias vamos a dar el día de hoy y en este momento, sobre todo porque provengo de un estado, como es Quintana Roo, donde en la zona sur, Chetumal con Belice, siempre ha habido esa situación de gente nacida en Belice, de padres mexicanos, y que luego no eran reconocidos en México. Ahora con esto, a los quintanarroenses o padres que hayan nacido en el extranjero y que vivan allá, pueden ser mexicanos también, siempre y cuando sus padres o madres hayan nacido en el extranjero.
El dictamen de la minuta que la Comisión de Puntos Constitucionales pone a consideración de esta asamblea tiene por objeto garantizar la nacionalidad mexicana a las hijas e hijos de madres y padres mexicanos nacidos en el extranjero, estableciendo que los que nazcan fuera de nuestro país conservarán la nacionalidad mexicana o cuando sean hijos de madre mexicana o de padre mexicano, eliminando el requerimiento de que uno de los dos padres, o ambos, hayan tenido que nacer en territorio nacional para poder transmitir la nacionalidad si ellos nacieron fuera de nuestro país.
El derecho a la nacionalidad está reconocido en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
La cuestión de la nacionalidad está regulada además en la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros instrumentos internacionales.
Cabe señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recientemente conmemorada, en su artículo 15 determina que la nacionalidad se entiende como el vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece, convirtiéndose en un derecho fundamental. Y también se establece que toda persona tiene derecho no solo a obtenerla, sino a preservarla y cambiarla.
Asimismo, la Convención sobre la Reducción de los Casos de Apatridia, instrumento ratificado por nuestro país, establece en su artículo 4.1, que todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado contratante, y que de otro modo sería apátrida. Si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenían la nacionalidad del primero de esos estados.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los hijos de mexicanos por nacimiento tienen derecho a adquirir nuestra nacionalidad, independientemente del lugar de nacimiento de sus progenitores. Basándose en el criterio de que poseen ese derecho por nacimiento quienes hubieran nacido en el extranjero y al menos uno de sus padres, aunque sea nacido en el extranjero, tenga reconocida la nacionalidad.
El 23 de enero de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Nacionalidad, cuyo objeto fue el de regular el estatus social de los mexicanos, y a partir de lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior nos permite comprender cómo a través de la historia los individuos han luchado por no romper el vínculo que los identifique y los asocie con nuestra nación.
Por lo anterior es que consideramos que constituye un paso en la dirección correcta el estipular en la Constitución que todas las personas nacidas en territorio nacional no pierdan el derecho a la nacionalidad, ya que esta constituye un vínculo con nuestra nación.
Así, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de la reforma constitucional que se plantea, lo cual tiene como propósito reconocer en el texto de nuestra ley suprema el derecho a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos, o de madres o padres mexicanos, sin importar que hayan nacido en el territorio nacional o en el extranjero. Protegiendo con ello su derecho de identidad, el cual incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad, cumpliendo de esta forma con diversos deberes impuestos por la legislación internacional en materia de derechos humanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Partido Encuentro Social, para fijar la postura.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Con la venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, estimado diputado.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy se encuentra a discusión una importante reforma al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene como objetivo garantizar los derechos de las hijas e hijos de madres y padres mexicanos nacidos en el extranjero, al reconocerlos también como mexicanos y que por sus raíces poseen una identidad nacional que se manifiesta en su cultura, idioma, su gastronomía, sus hábitos y por el amor familiar que profesan.
En la actualidad, las hijas e hijos de padres y madres mexicanos nacidos en el extranjero carecen del reconocimiento de sus derechos civiles, sociales y político-electorales por el hecho de no haber nacido en el territorio nacional. Esto resulta discriminatorio y atenta contra la declaratoria de los derechos humanos que establece en su artículo 15, que toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad y que a ninguna persona se le privará de cambiar de nacionalidad.
Esta reforma se sitúa en un contexto de incesantes flujos migratorios, instancias de investigación e intercambio comercial que se encuentran enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas. Es por ello que debemos sumarnos al reconocimiento del derecho humano en el que toda persona pueda contar con una identidad y una nacionalidad.
Esta reforma propone cambiar la redacción del texto constitucional de que son mexicanas y mexicanos los que nazcan en el extranjero de padres o madres mexicanos nacidos en el territorio nacional, por una redacción extensiva y garantista, para quedar que son mexicanas y mexicanos los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. De esta manera se estaría eliminando el requerimiento de que uno de los dos padres o ambos hayan tenido que nacer en el territorio nacional como condición indispensable para poder tramitar la nacionalidad a sus hijos, si estos nacieran fuera del país.
Compañeras y compañeros, con este cambio se permitirá adquirir cada uno de los derechos que cualquier mexicano puede gozar y, de igual manera, se abre paso para que estas personas pueden representar a México en el escenario internacional. Que puedan gozar también de derechos y sentirse orgullosamente mexicanos y mexicanas.
El gobierno de la cuarta transformación se encuentra refrendando los derechos de las hijas e hijos de los más de 11 millones de personas con nacionalidad mexicana que viven fuera de nuestro país, de los cuales el 97 por ciento radica en Estados Unidos y quienes conforman una comunidad muy importante de nuestra nación.
La nacionalidad es un derecho fundamental consagrado en nuestra norma constitucional y en diversos instrumentos internacionales de los que México es firmante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y de los objetos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, son solo algunos de los instrumentos internacionales que soportan esta reforma trascendente en favor de los principios de progresividad y protección amplia e inclusiva para las personas.
La reforma que estamos a punto de votar hoy, compañeras y compañeros, significa un paso más hacia la justicia, igualdad e inclusión de las hijas e hijos de los millones de connacionales que viven fuera de nuestras fronteras, pero que externan su amor por México de manera frecuente. Es con ello que le vamos a abrir la puerta a prácticamente todo el mundo para llegar a este país.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social reconocemos la labor tan importante de las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la dictaminación de esta reforma que, sin lugar a dudas, establece una reforma con sentido humano que aspira a reconocer derechos y posibilitar una identidad más firme y justa. Por ello, en Encuentro Social votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El Partido Movimiento Ciudadano ha decidido dividir en dos su intervención. Tiene en primer término la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, hasta por dos minutos con treinta segundos.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: El vínculo jurídico entre la persona y el Estado es la definición típica de la nacionalidad, sin embargo, esto ha evolucionado y es lo que estamos por asentar en nuestra Constitución. Hoy, el vínculo se basará en la pertenencia, ampliando la protección y reconociendo formal a todas aquellas personas cuyos progenitores tienen raíces mexicanas.
La modificación que estamos por aprobar tiene diversas implicaciones. En primer lugar, no será suficiente si no seguimos trabajando, tanto como sociedad como las instituciones públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a toda persona mexicana, de lo contrario, solo estaríamos sumando números vacíos o en el peor de los casos, incentivando la ciudadanía precaria.
En segundo lugar, la nacionalidad no solo es la precondición de la ciudadanía, sino que a nivel sociológico permite encontrar una vía de identificación colectiva, la cual funciona como mecanismo de cohesión frente a valores cívicos, símbolos y expresiones culturales, preservando así, la esencia nacional más allá de nuestras fronteras.
¿Qué es ser mexicano o mexicana? La respuesta no es sencilla, simplemente porque somos diferentes y lo percibimos de maneras diversas. Integrar esta diversidad es lo que pretende la actual reforma, abonando así a construir una concepción cosmopolita de la mexicanidad, donde el hijo o hija de una familia binacional no tendrá que diferenciar su vínculo jurídico del cultural, es decir, las familias migrantes son las principales beneficiarias.
En este sentido, mi estado, Jalisco será uno de los que incluyan más connacionales, ya que cuenta con una amplia comunidad en el exterior, que ha forjado una vida principalmente en Estados Unidos, pero, igualmente alrededor del mundo y que sus nietos e incluso hijos han perdido la pertenencia formal, no así la identitaria.
No por nada hemos impulsado el incorporar a las y los diputados migrantes con la idea de representar a esas voces extraterritoriales, que son vitales para construir la vida pública. Paradójicamente, con la ampliación de la nacionalidad se pueden reducir los efectos negativos del nacionalismo e introducir un criterio de inclusión para una identidad diferenciada, combatiendo así el proteccionismo cultural, no solo por la formalidad legal, sino por la vía de la participación activa de la vida pública de nuestra nación, que el día de hoy ensancha fronteras no con un criterio territorial, sino bajo la premisa de llegar hasta donde este el último mexicano y mexicana. Por estas razones, Movimiento Ciudadano respaldará el dictamen que amplía derechos de forma tal que construyamos mejores causas conjuntas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Pilar Lozano Mac Donald, también de Movimiento Ciudadano, hasta por dos minutos con treinta segundos.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Compañeras diputadas y diputados, hoy daremos un paso de gran relevancia con la reforma a la Constitución que permitirá que los hijos e hijas de personas que hayan adquirido la nacionalidad mexicana puedan ser reconocidos como tal.
En términos teóricos se entiende por nacionalidad el vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece, este vínculo se establece bajo tres supuestos: el Estado otorga la nacionalidad, la persona recibe la nacionalidad y el nexo que existe entre ambos.
Es precisamente, este vínculo que existe entre el Estado y el individuo al otorgar la nacionalidad que nuestra Carta Magna reconoce, lo que surge por el derecho de sangre, cuando el nacimiento atribuye al individuo la nacionalidad de sus padres ya que los vínculos de sangre se la imprimen y el derecho de suelo cuando la nacionalidad se determina por el lugar de nacimiento.
Por ello, resulta de gran relevancia reconocer el derecho de las hijas e hijos nacidos en el extranjero de padres o padre o madre mexicanas, sin ser necesario que estos hayan nacido en territorio nacional, para que puedan ejercer su derecho a la identidad y adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento.
Actualmente, la fracción II del artículo 30 de nuestra Constitución, condiciona la adquisición de la nacionalidad mexicana de las personas que nazcan en el extranjero a que sus padres mexicanos hayan nacido exclusivamente en territorio nacional. Prohibir lo anterior, transgrede el derecho humano de las personas a tener una identidad y ostenta una nacionalidad con la que se les impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Esta hipótesis en el fondo encerraba una visión discriminatoria, ya que en nuestros días se reconoce ampliamente el derecho humano de todo individuo a contar con una identidad y nacionalidad. Con esta reforma, evitaremos que cualquier descendiente de mexicanos se vea privado del derecho a la identidad y a la nacionalidad.
Al eliminar esta limitante estaremos reafirmando el compromiso del Estado mexicano en favor de los derechos humanos y de forma paralela daremos un paso importante para que más adelante podamos adecuar la legislación interna a los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos. Que sea esta reforma en beneficio de todas las personas nacidas en el exterior, hijos e hijas de padre o madre mexicana, de mi amada Emilia y de quienes tienen raíces en este país. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Partido del Trabajo, para fijar su postura sobre el tema.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes y muchas gracias. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo ante esta tribuna a fijar posición a favor del dictamen por el que se reforma el artículo 30 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no podíamos dejar pasar más tiempo sin garantizar la nacionalidad mexicana a las hijas e hijos de madres y padres mexicanos que nacieron en el extranjero.
Desde tiempos remotos, en la época de Aristóteles, los seres humanos se han guiado por el principio lógico de la identidad del lugar de donde son originarios, de donde tienen sus raíces y de donde nacieron sus padres. Basta visitar cualquiera de las grandes ciudades, por ejemplo, de la Unión Americana, para percibir de inmediato rostros, lenguaje, comida y música, por solo mencionar algunos de los aspectos de la presencia ineludible de la fuerte tradición mexicana.
La población de origen mexicano constituye una de las minorías con mayor peso y dinamismo demográfico en Estados Unidos. Alrededor de 37.5 millones de personas residentes en este país pertenecen a este grupo, lo que año con año ha ido aumentando. Se estima que tan solo cerca del 70 por ciento de esta población está integrada por personas nacidas en Estados Unidos, con un uno o ambos padres nacidos en México, que es a lo que se le llama mexicanos de segunda generación o que se autodefinen como personas con ascendencia mexicana.
En el año 2017 los mexicanos de segunda y tercera generación sumaron más de 25.3 millones de personas, una cifra que equivale al 8 por ciento de la población en los Estados Unidos, mientras en estados como Texas, Nuevo México, California o Arizona representan más del 20 por ciento. Debemos estar conscientes que la doble nacionalidad en México y en el mundo globalizado es muy común, puesto que implica una serie de factores políticos, sociales y jurídicos que se conjugan y traen como consecuencia que sobre un mismo individuo recaigan dos vínculos jurídicos de nacionalidad, con dos Estados completamente distintos.
En la mayor parte de estos casos es casi imposible evitar que haya doble atribución de nacionalidad en una sola persona. En esta particular situación, las personas involucradas pueden llegar a optar por la nacionalidad que más les convenga, pudiendo cambiar de nacionalidad, incluso. Este derecho es reconocido en varias de las legislaciones de muchos Estados y de los distintos instrumentos internacionales. Lo anterior, trae consigo varios desafíos como, por ejemplo, el problema de las deficiencias de las leyes que reglamentan métodos de atribución de nacionalidad demasiados amplios y esto, a su vez, provoca dificultades en la aplicación de leyes en otro país.
La posibilidad de que esto obtenga la nacionalidad que desee o inclusive que conserve las dos nacionalidades es un avance en el reconocimiento de los derechos de los hijos de los migrantes. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de esta gran reforma constitucional. Y lo estamos, porque sabemos el gran esfuerzo de millones de mexicanos y mexicanas que tuvieron que dejar sus tierras, sus familias y que llegaron en búsqueda de mejores oportunidades que en sus patrias en muchas ocasiones les negó.
Para estas mexicanas y mexicanos que han hecho su vida en otros países, pero principalmente en los Estados Unidos de América, es para ellos que hacemos esta gran reforma, que sin duda es muy merecida, porque debemos de dotar de la nacionalidad mexicana a las hijas e hijos de nuestros paisanos que están fuera de su tierra natal. Por lo anterior, es que apoyamos la reforma, porque es necesario dotar de la seguridad jurídica a todos aquellos que al ser hijo de padres mexicanos quieren regresar o hacer su vida en algunos de los estados de nuestro país.
Esta es una de las iniciativas que constitucionalmente puede estar muy poco visible, pero que en la práctica será de mucha utilidad para las y los mexicanos que viven en otro país. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para fijar la postura del PRI, tiene la palabra la diputada Anilú Ingram Vallines.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputada.
La diputada Anilú Ingram Vallines: A los ojos de todas y todos está claro, está claro cuánto se ha transformado nuestra sociedad, la globalización ha traído consigo en lo económico nuevos procesos de integración y en lo social nuevas formas de relacionarnos, de estudiar, de laborar y de hasta formar familias. A lo largo de décadas muchos mexicanos han cruzado nuestras fronteras para probar suerte, no solo al vecino país del norte, sino a otras latitudes. Siguen sintiendo ese mismo arraigo, ese amor profundo y ese orgullo por sus raíces. Pero, a pesar de los múltiples cambios sociales, nuestra Carta Magna no contempla a sus hijos como mexicanas o mexicanos.
En su sentido más estricto, la Real Academia de la Lengua Española define a la nacionalidad como el vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado, en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. En el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de la misma.
Ahí resulta que, en pleno siglo XXI, muchas personas en el mundo no tienen o han perdido su nacionalidad, porque sus padres son de diferentes países. En México, el artículo 30 de nuestra Constitución Política condiciona la adquisición de la nacionalidad mexicana de las personas que nazcan en el extranjero a que sus padres, ambos mexicanos, hayan nacido en territorio nacional. Incluso la última de las cuatro modificaciones hechas a este artículo data de 1997, por lo que debemos actualizarla. Lo anterior es discriminatorio, pues hoy en día se reconoce ampliamente el derecho humano de todo individuo de contar con una identidad y nacionalidad.
Nuestras compañeras y compañeros senadores aprobaron el año pasado por unanimidad, una minuta para modificar el sentido de la ley y permitir que los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicana, sean reconocidos como mexicanos. Hoy, compañeras y compañeros, nos toca aquí en Cámara de Diputados hacer lo conducente, sobre todo porque ese es un añejo reclamo para reconocer a niñas, niños y jóvenes, hombres y mujeres de primera generación, nacidos lejos de la tierra de su padre o madre.
Nuestro trabajo como representantes populares es garantizarles a todos aquellos cuyo padre o madre son mexicanos, su derecho a la identidad y nacionalidad, amén del país donde nacieron. Debemos facilitar a los progenitores, transmitir la nacionalidad mexicana a sus hijos. Les pongo un duro ejemplo que hoy como país enfrentamos y que el colectivo Migración sin fronteras exponía claramente hace unos días.
El año pasado, el Inegi, reveló en su informe Derecho a la identidad. La Cobertura del riesgo en México, que en nuestro país viven más de 527 mil 963 niñas y niños nacidos en Estados Unidos que regresaron a México para no separarse de sus padres, los cuales fueron repatriados por las autoridades extranjeras.
Pero los activistas subrayan: una vez en México, el país de sus padres –que en teoría también es el suyo–, por diferentes obstáculos, les ha limitado contar con un acta de nacimiento y por consiguiente de otros documentos derivados de esta. Tal es el caso de la Clave Único de Registro de Población, documento que en su ausencia impide acceder a todos los derechos y servicios otorgados a cualquier mexicano. Desafortunadamente son cientos de miles de casos que compañeras y compañeros nos deben de mover a la pronta acción.
Señoras y señores diputados, hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de darle un nuevo rumbo a nuestra historia nacional, de brindarnos la oportunidad de ampliar nuestra gran familia mexicana, de despertar nuestro orgullo. Démosle a nuestra Constitución el principio de igualdad para que no exista un rasero. Derrumbemos los rumbos que enfrentan y los muros, sobre todo, que se enfrentan y que enfrentan diariamente los hijos de migrantes mexicanos.
México y su gente deben estar en el siglo XXI, sin restricciones, sin calificativos, poniendo el nombre de nuestra nación muy en alto. Hagamos justicia. Segura estoy que nuestro voto será a favor. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Sarai Núñez Cerón, a nombre del Partido Acción Nacional.
La diputada Sarai Núñez Cerón: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Sarai Núñez Cerón: Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos tiene un valor fundamental en reconocer la nacionalidad de todos nuestros compatriotas, en especial de segunda generación, que se encuentran en el extranjero.
La nacionalidad es un derecho humano, universal, y por ningún motivo este debe ser coartado. Existen países que no reconocen la posibilidad de que los hijos de extranjeros obtengan la nacionalidad de dicho país. Se trata de un problema al que muchos países se han enfrentado estando fuera de nuestro país, ya sea por residencia definitiva o por estancia provisional, como es el caso de becarios que estando haciendo estudio en el extranjero tienen descendencia cuya nacionalidad no es reconocida en dicho país por carecer del derecho de sangre.
Hoy la movilidad humana a nivel global nos lleva a tener en cuenta todos los escenarios para que los mexicanos puedan acceder a su derecho humano a la nacionalidad. Mucho se ha debatido en México y el mundo sobre las características que una persona debe cumplir para tener la nacionalidad de un país, en particular, debemos reconocer que México es uno de los países en donde se observa de forma más intensa el fenómeno migratorio, son muchas ya las generaciones de mexicanos que se encuentran fuera.
En Acción Nacional tenemos claro, muy claro, que todos ellos son mexicanos. Lo decimos porque la nacionalidad, además de los vínculos jurídicos de sangre del lugar de nacimiento o de residencia del Estado otorgante, tiene sus más estrechos lazos en otros factores intangibles como la cultura, la lengua y el orgullo de pertenencia.
Son mexicanos no solo quienes han nacido en nuestro territorio o cuyos padres son mexicanos, o aquellos que nazcan en embarcaciones o aeronaves. También son mexicanos quienes han nacido en otro país, sin ninguna otra reserva. De ahí la importancia de la aprobación de la reforma constitucional que hoy está a nuestra consideración.
Hoy lo que buscamos es que les sea reconocida la nacionalidad mexicana a miles de nuestros compatriotas que por diversas razones no la han adquirido. Son múltiples las causas por las que, en su momento, los padres mexicanos que nacieron en el extranjero, no realizaron los trámites para el reconocimiento de la nacionalidad mexicana. Esas causas no deberían ser motivo para restringirles a los migrantes y, en particular a sus hijos, su derecho humano a nuestra nacionalidad.
El Estado mexicano está obligado a darles el reconocimiento y, por consiguiente, el del resto de sus derechos fundamentales como mexicanos. A la par, son muchos los países que no reconocen alguno de los vínculos jurídicos antes referidos, y por ello no otorgan la nacionalidad a los mexicanos que nacen en ellos. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy claro: toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
De forma tal, compañeras y compañeros, que lo que hoy discutimos y aprobamos va en ese sentido. Hoy estamos aprobando una reforma constitucional de la más amplia humanidad. Estamos actuando de forma correcta. México no puede dejar sin identidad y sin vínculo nacional a uno de los suyos. Los hijos de padre y madre mexicanos que residan en el extranjero tendrán el cobijo de nuestro país. Hoy el fenómeno migratorio nos lleva a velar por todas y todos los nuestros. Los lazos que nos unen son muy fuertes. No vamos a dejar atrás a nadie.
Enhorabuena por esta reforma a favor de nuestros paisanos en el extranjero. Enhorabuena porque estamos poniendo a México en la línea correcta de los derechos humanos. Enhorabuena por una legislación incluyente, por una legislación de avanzada y vanguardista. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, para fijar la postura.
El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, respetada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Javier Salinas Narváez: Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para posicionar la postura del Grupo Parlamentario de Morena en torno a la reforma al artículo 30 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la minuta referida por el Senado de la República, que hemos discutido y aprobado en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se trata de una reforma en materia de nacionalidad que favorece a miles de compatriotas que, siendo hijos de padre o madre mexicanos han nacido en el extranjero y hasta el día de hoy se han visto impedidos para ejercer su derecho a la identidad y adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento.
En los términos vigentes, en la fracción II del artículo 30 de nuestra Constitución se condiciona la adquisición de la nacionalidad mexicana por nacimiento para las personas que nacen en el extranjero a que sus padres mexicanos hayan nacido en territorio nacional. Es decir, que aquellos cuyos padres hubieran adquirido la nacionalidad sin haber nacido en nuestro país no podían acceder a este derecho.
Se reivindica así un derecho humano a que toda hija o hijo de madre o padre mexicanos tienen, a saber, ejercer la nacionalidad mexicana por nacimiento, con independencia del lugar donde hayan nacido los padres. Atendemos así el reclamo de miles de mexicanos que por tercera o cuarta generación han nacido en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo y que sus padres, a su vez, adquirieron la nacionalidad mexicana sin haber nacido en territorio nacional y que, debido a ello, les está negada la identidad nacional, el reconocimiento pleno a su nacionalidad mexicana por nacimiento.
¿Qué diferencia hace? Podrían preguntarse. Pues, en primer lugar, que como se encuentra la ley actualmente se considera discriminatorio, pues hoy en día se reconoce ampliamente el derecho humano de todo individuo de contar con una identidad y nacionalidad.
En segundo lugar, se reconoce que los flujos migratorios han evolucionado desde la última reforma al artículo 70 constitucional, en 1997, y que es necesario llevar a cabo modificaciones a fin de reconocer el vínculo existente entre aquellos individuos cuya ascendencia e identificación son mexicanos.
La reforma que hoy votaremos a favor amplía el derecho a obtener la nacionalidad mexicana a los individuos nacidos en el extranjero, cuyos padres sean mexicanos aun cuando estos no hayan nacido en México. Se amplía así los derechos de quienes, nacidos en el extranjero se reconocen como mexicanos por sus raíces, costumbres, idioma y cultura.
Esta disposición constitucional también evitará que cualquier descendiente de mexicano, ante los eventuales conflictos en otros países, se vean en algún momento privados del derecho humano a la identidad y a la nacionalidad mexicana por nacimiento. En conjunto, estamos frente a una reforma que reconoce la existencia de una comunidad profundamente mexicana en el extranjero, alrededor de 30 millones de personas, de los cuales apenas 12 millones se les reconoce su nacionalidad mexicana.
Recordemos que sus ancestros son mexicanos, que no salieron del país por gusto, sino por la necesidad de encontrar empleo más allá de nuestras fronteras, que se quedaron a radicar fuera del territorio nacional por la ausencia de oportunidades en México, pero han seguido vinculados a nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro idioma y nuestro sentir nacional. Son mexicanos en toda la expresión de la palabra. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Salinas Narváez. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. En cumplimiento del artículo 230, numeral 3 del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar a favor y en contra, hasta por cinco minutos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Mariana Rodríguez Mier Y Terán: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. La reforma al artículo 30 que ahorita debatimos es de gran trascendencia, puesto que pone énfasis en el derecho a la nacionalidad y, por lo tanto, la posibilidad de vincular todas las garantías y obligaciones que otorga nuestro país de manera directa a las y los mexicanos.
Es por eso, que una servidora también presentó una iniciativa en el mismo sentido el 5 de noviembre de 2019, y por eso celebro que ahorita la estemos discutiendo. La nacionalidad es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales que México ha ratificado. Sí, es un vínculo jurídico entre el Estado y las personas, pero, sobre todo es un vínculo de pertenencia e identidad.
Actualmente, el artículo 30 constitucional establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Los cambios hoy propuestos son de gran trascendencia para los hijos e hijas de madres y padres mexicanos que nacieron fuera del territorio nacional. Para nuestra comunidad migrante, heroínas y héroes de mil batallas, que con sus remesas han ayudado a comunidades enteras de nuestro país a salir adelante, a quienes debemos muchísima gratitud.
Recordemos que son casi 12 millones de mexicanas y mexicanos reconocidos los que viven fuera de nuestro país, y poco más del 97 por ciento de ellos en los Estados Unidos. Todos estos compatriotas enfrentan una situación delicada al momento de identificar a sus hijas, hijos o nietos que no necesariamente han nacido en territorio nacional y que, en el mejor de los casos, han logrado adquirir su nacionalidad gracias a los cambios que se han suscitado en los últimos años.
Cabe señalar que, aunque ha habido cambios al apartado constitucional, realmente México no ha fijado una postura sobre la adquisición de la nacionalidad en el extranjero desde 1997. La ascendencia y expansión de las familias mexicanas en el resto del mundo ha atravesado por lo menos dos grandes crisis, cambios en la tendencia política y la necesidad en muchos casos de permanecer en otro país con la esperanza de poder dar identidad y certeza, y la nacionalidad mexicana de la cual todos nos sentimos tan orgullosos a sus hijas e hijos.
Compañeras y compañeros, esta reforma, más allá de constituir un avance para el reconocimiento de los derechos, significa eliminar un criterio de discriminación que anteriormente se basaba en ideas que no concordaban con el espíritu del ser mexicana o mexicano y mantener la determinación de las personas frente a cualquier criterio momentáneo.
Otorgarles la nacionalidad a las personas que nazcan en el extranjero hijas o hijos de padres o madres mexicanos es un paso fundamental para fortalecer la identidad de nuestro país de gratitud y solidaridad, y ampliar la visión que tenemos sobre la actividad de nuestros connacionales en el extranjero, su influencia, su desarrollo y el papel que tiene en la escena mundial del cual como ya lo he dicho nos sentimos profundamente orgullosos.
Pero, sobre todo permitirá ampliar los derechos de miles de hijas, hijos o nietas de mexicanos que por necesidad tuvieron que salir del país hace mucho tiempo y que lo siguen llevando en su corazón continuando con nuestras tradiciones, con nuestra identidad, con nuestro idioma más allá de nuestras fronteras y que todas y todos aquí estamos muy orgullosos de abrirle los brazos y de que puedan ser por fin mexicanas o mexicanos por nacimiento. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán. Tiene la palabra la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Con su permiso, presidenta. El derecho a tener nacionalidad lo tenemos todos por el simple hecho de nacer, como lo consigna el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La nacionalidad es parte de la identidad de una persona y es algo que lo identifica como parte de una comunidad.
En el caso de nuestro país, una persona se considera mexicana de nacimiento conforme a lo estipulado en el artículo 30 de nuestra Constitución Política. Una persona es mexicana de nacimiento por ser hijo de padres mexicanos o por nacer dentro de territorio nacional o en embarcaciones o aeronaves mexicanas sean de guerra o mercantes. También, es mexicana por nacimiento al nacer en el extranjero siendo hijo de padres mexicanos de nacimiento o por naturalización. Sin embargo, en este último punto, relativo al derecho de sangre, tiene una restricción que limita la nacionalidad a hijos de padres mexicanos que nacieron dentro del territorio nacional.
Ese requisito tiene un impacto en aquellos mexicanos y mexicanas en el exterior que nacieron fuera del territorio nacional y que, por ello, no podrían dar la nacionalidad mexicana a sus hijos que nacieron fuera de nuestro país. La reforma que hoy discutimos, entonces, busca cambiar esta situación y quitar esta limitante. En su momento se dio pie a esa restricción para evitar asimilar como nacionales mexicanos a quienes no contaban con un vínculo de interés con el país. Sin embargo, hoy es más fácil conservar dichos vínculos y los lazos que los unen con el país de origen.
Por otra parte también, limita a quienes sí conservan un vínculo con nuestro país y los deja vulnerables a ser considerados apátridas o personas, incluso, sin nacionalidad. A lo largo de los años, la manera de ver y entender la nacionalidad en nuestro país y en el mundo, afortunadamente ha cambiado. Actualmente vivimos en un mundo altamente interconectado en el que la migración es un fenómeno común en todos los países.
La globalización y los grandes flujos migratorios han cambiado la manera en que los países han legislado en la materia. Un ejemplo es Alemania, en donde hasta el año 2000 solo los hijos de alemanes podían tener la nacionalidad alemana. A partir de ese año se abrió la posibilidad a los hijos de extranjeros nacidos en aquel país para adquirir la nacionalidad si uno de sus padres haya residido en Alemania de manera legal por 8 años o con permiso de residencia permanente desde hace 3 años.
La manera de legislar la nacionalidad varía de país en país y, en algunos casos contando con el derecho de suelo y de sangre y, en otros, privilegiando un derecho sobre otro. En países, por ejemplo, como Canadá, Estados Unidos, Pakistán y la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, incluido México, se combina el derecho de sangre y el derecho de suelo.
La mayor parte de los países asiáticos europeos y de aquellos que siguen la ley islámica privilegian el derecho de sangre y casos como Egipto, Jordania y Líbano, la nacionalidad la transmite solamente el padre. En México, la ley señala claramente los requisitos para contar con la nacionalidad mexicana. Sin embargo, en su forma actual limita el derecho de sangre. Limita a que solo quienes nacen en territorio nacional puedan transmitir la nacionalidad mexicana a sus hijos nacidos en otros países.
Es derecho de un padre o madre mexicana transmitir su nacionalidad a sus hijos sin importar su lugar de nacimiento. El derecho de sangre parte de que es derecho de los padres transmitir su nacionalidad a sus hijos debido al vínculo que les une. Es por ello, que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor de la propuesta. Lo hacemos convencidos de que es derecho de todos los mexicanos dar a sus hijos una nacionalidad mexicana.
Estamos convencidos que es un derecho de esos hijos ser parte de nuestra comunidad, de preservar sus lazos familiares y culturales y de tener una identidad. No importa que tan lejos esté un mexicano de nuestra tierra, siempre será mexicano y sus hijos tendrán un lugar aquí en nuestra patria. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras diputadas, compañeros diputados, “no existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo”. El papa Francisco.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la minuta de reforma al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye, sin duda, una medida legislativa que brindará certeza jurídica a nuestros connacionales que no radiquen en territorio nacional.
En nuestra Carta Magna está preceptuado que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana también nacida en territorio nacional. Esta disposición constituye una limitante que constriñe el otorgamiento de la nacionalidad para quienes nacen en el extranjero, dado que los condiciona a que sean hijos de padres mexicanos, de padre o madre mexicana, nacidos precisamente en nuestro territorio nacional.
Coincidimos con el espíritu de la iniciativa de origen y el dictamen de la comisión que determina que podrán acceder a la nacionalidad mexicana los nacidos en el extranjero, por el simple hecho de ser hijos de ciudadanos mexicanos, sin importar la forma en que sus padres adquirieron la nacionalidad mexicana. Se reconoce así el derecho de las hijas e hijos nacidos en el extranjero de padre o madre mexicana y puedan ejercer así su derecho a la identidad y adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento.
En el Partido del Trabajo vemos adecuada esta reforma que hace justicia a millones de connacionales que se encuentran en situación, donde si bien ya son ciudadanos del país donde nacieron, sus raíces las tienen en México, ya que sus padres tuvieron que emigrar muchas veces por la falta de oportunidades en esta tierra. La medida legislativa es un reconocimiento a las mujeres y los hombres que abandonaron la tierra de sus padres y de sus abuelos en busca de un mejor futuro para sus hijos.
La cultura es el ejercicio profundo de la identidad, dice Julio Cortázar. Hoy esta reforma reconoce a estas mexicanas y mexicanos, quienes con su esfuerzo y su trabajo han contribuido a la economía nacional. Nada más que sus remesas han sido y son una fuente importante y fundamental para la economía de este país y que para este año, de acuerdo con el presidente del Grupo Bursamétrica, Ernesto O’Farril, se estima supera los 40 mil millones de dólares. Algo así como 860 mil millones de pesos han venido y vendrán a mitigar la caída de los ingresos de los hogares de México.
Gracias, connacionales, gracias a nuestros paisanos en el extranjero. Un abrazo desde aquí a todos ustedes. Por eso confiamos que el quedar plasmada la reforma en nuestra Norma Suprema contribuimos con la justicia que se merecen las y los mexicanos que residen en el extranjero y sus hijos nacidos más allá de nuestras fronteras, para que también tengan derecho a la nacionalidad mexicana.
Sirva pues esta reforma para ayudar a nutrir a nuestro México con los hijos e hijas de nuestros migrantes que se encuentran en otros países, pero que, sin duda, también son mexicanos. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Trabajo apoyará el presente dictamen. Un saludo aquí a la familia de Jack Bernal, de Vicente Morales, de Antonio Valenzuela y decirles ya, que sus hijos y nietos podrán seguir siendo mexicanos y que canten pues, también, Cielito Lindo y declamen México, creo en ti. Viva México. Gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Hernández. En términos de la resolución primera, numeral 2, relativa a la forma en que se desarrollarán las discusiones de los dictámenes que conozca el pleno, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se consulta en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 231, numeral 1, del Reglamento, esta Presidencia recibió propuesta de modificación al artículo 30 constitucional. Tiene la palabra para presentar su propuesta de modificación, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que estaremos aprobando en unos minutos, es un logro enorme del Poder Legislativo en materia de reconocimiento del derecho humano a la identidad y la nacionalidad. Es, sin duda, una muestra fehaciente de la de la visión humanista de este gobierno.
El reconocer el derecho de las y los hijos nacidos en el extranjero de padres y madres mexicanas, sin poner el candado de que estos últimos hayan nacido en territorio nacional, es una medida que va en la línea de la erradicación de la discriminación, pues coadyuva a reconocer ampliamente el derecho humano de toda persona a tener una identidad y una nacionalidad.
Es una disposición que va acorde con lo estipulado en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México es parte, que señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y, a su vez, manda a que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar esta. Sin embargo, la modificación a este artículo 30 de nuestra Carta Magna nos pone enfrente una oportunidad de hacerlo con un lenguaje incluyente, un lenguaje que nos ayude a cerrar brechas de desigualdad, que combata estereotipos y prejuicios de género.
Cuando el vocabulario refuerza, aun sin intención estereotipos de género, estos, a su vez, son detonadores de violencia que lamentablemente no siempre vemos, porque se ha naturalizado la discriminación.
En esta legislatura de la paridad de género hemos hecho grandes aportaciones en la línea del combate a las desigualdades y a la discriminación, y es en este sentido que propongo que en todo el artículo 30 constitucional dirigido al acceso a la nacionalidad, se utilice un lenguaje incluyente, el cual nos catalogue a todas y a todos, como personas, sin importar el género al que pertenezcamos. Lo anterior, sin tocar nada de lo sustancia del dictamen.
Estoy convencida de que el plasmar en nuestra Carta Magna un lenguaje incluyente y, sobre todo, en materia de nacionalidad y derecho a la identidad, será muy positivo y será un mensaje claro a la sociedad de la convicción que tiene esta legislatura y esta transformación de eliminar la discriminación y las brechas de desigualdad.
Nunca una forma de combatir las desigualdades, cualquiera que estas sean es menor. No desaprovechemos esta oportunidad para abonar a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, aun cuando se trate del lenguaje. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Rodríguez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Laura Imelda Pérez.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica se pregunta si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Pérez. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, procederemos a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto, siguiendo el mismo procedimiento que se llevó a cabo para la votación del dictamen anterior. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto del decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto les recordamos que está por cerrarse el sistema electrónico de votaciones. Treinta y seis segundos. El sistema electrónico continúa abierto, para que sigan votando los bloques de diputados y diputadas.
Se pide a las y a los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRD, Partido Verde, PES, MC, PT, PRI, PAN y diputada y diputados sin partido procedan a votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las compañeras y compañeros diputados que ya hayan votado, se ruega atentamente sirvan abandonar el salón de sesiones con el objeto de poder mantener la sana distancia entre todas y todos, y las condiciones que nos exige la emergencia sanitaria que vivimos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Reitero, compañeras y compañeros que ya hayan emitido el voto sean tan amables de abandonar el salón de sesiones, con objeto de evitar cualquier tipo de contagios involuntarios o voluntarios, si fuera el caso. Y a que llame, si la Secretaría es tan amable de llamar, al segundo y último bloque de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se pide a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena procedan a votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: A las diputadas y a los diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que faltan dos minutos para cerrar el sistema electrónico de votaciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 396 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 396 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad. Pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales me permito presentar el dictamen que propone la modificación de la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Debo señalar que como todos los temas que se abordan por la comisión, se busca integrar la visión de los grupos parlamentarios, atender las preocupaciones, construir el mayor consenso posible. Esta reforma, en particular, fue construida escuchando especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo y un diálogo permanente con los legisladores y las legisladoras de las bancadas representadas en la comisión y en la Cámara, así logramos construir un documento que atiende a la necesidad de contar con una ley general que armonice y homologue procedimientos y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de servicios de seguridad privada en el país.
En ese sentido, las bases y principios constitucionales son los pilares de nuestro dictamen. Se establece que, uno, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios.
Dos. Los fines de la seguridad pública son: salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Esos fines se cumplirán de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia.
Tres. La seguridad pública comprende, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que señala la Constitución, la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos y la sanción de las infracciones administrativas.
Cuatro. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Ahora, si bien es cierto que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se prevé expresamente el concepto de seguridad pública ni el de seguridad privada, debemos acudir a otras fuentes tanto doctrinarias como legislativas para la construcción de conceptos relacionados a ambas materias, esto demuestra la complejidad de la materia de seguridad pública y seguridad privada como su auxiliar.
La seguridad pública tiene un carácter poliédrico, pues por una parte, es función del Estado, por otra, tiene fines, además que comprende diversos aspectos. Por su parte la seguridad privada también tiene un aspecto multifacético, pues es auxiliar a la función de seguridad pública, así como coadyuvante en determinadas situaciones y tiene objetos determinados. Tomando en consideración este contexto, es que se propone exclusivamente la adición de una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, se considera que es viable que la nueva facultad para el Congreso de la Unión se relacione con la expedición de una ley general y no de una legislación única. Lo anterior, en razón que, si como lo ha considerado el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública y seguridad privada son dos expresiones de una misma actividad y sobre esta existen facultades coincidentes con los diversos niveles de gobierno, una legislación única vulneraría la autonomía de las entidades federativas y los municipios, en relación con la materia de seguridad pública.
De esta forma, la Constitución federal establece que la materia de seguridad pública participe del federalismo cooperativo, pues prevé la coordinación de la atribución combinada y compartida de los distintos órdenes de gobierno.
El Tribunal en pleno considera que, al inscribirse la seguridad pública en el federalismo cooperativo, la coordinación que establezca la ley emitida al efecto por el Congreso de la Unión, no puede limitarse a una coordinación de autoridades policiales o administrativas, sino que también incluye a las autoridades legislativas.
De esta forma, los artículos 21 y 73, fracción XXII, constitucionales señalan una facultad legislativa concurrente entre la federación, el distrito federal, los estados y los municipios, en donde todos estos deben sujetarse a la distribución competencial que establezca la ley marco o general, que al efecto expida el Congreso de la Unión.
Es a la federación, a la Ciudad de México y a los estados y municipios. Así la seguridad pública es una materia concurrente, en la que se pueden configurar las competencias en una ley marco o general. Dicho en otros términos, no es posible realizar una identificación absoluta entre la materia seguridad pública y las actuaciones que son propias de las instituciones de seguridad privada, de manera que la normativa propia de la seguridad pública no se reduce a regular las actuaciones específicas de esas instituciones.
Es decir, en el caso de la seguridad pública no se produce la delegación de la titularidad y ejercicio de la gestión de un servicio al ámbito privado, sino que únicamente se trata de un mecanismo de colaboración, en la que las empresas de seguridad privada coadyuvan con el estado, sin subsumirse en sus funciones.
Así, tratándose de una función pública inherente a la finalidad social del Estado, a quien además le corresponde garantizar su prestación regular, continua y eficiente, la seguridad se encuentra sometida al régimen jurídico que fije la ley, lo cual incluye la posibilidad de que dicho servicio sea prestado por el Estado en forma directa o indirecta. Es decir, por las autoridades públicas o particulares, reservándose en todo caso el primero, la competencia para regular, controlar, inspeccionar y vigilar su adecuada prestación.
Además, debe decirse que la Constitución federal no establece un concepto de seguridad privada. No hay un concepto constitucional de seguridad privada, sino servicios de seguridad prestados por empresas privadas.
Es decir, la Constitución no distingue una actividad de seguridad pública y otra distinta de seguridad privada. La Constitución distingue al sujeto que presta el servicio al otorgar a los Congresos la atribución de legislar servicios de seguridad, tanto los prestados por los órganos públicos al amparo del artículo 21 de la Constitución, como aquellos que se prestan, en su caso, por empresas privadas.
En el ámbito público toda seguridad es un asunto público, porque nadie puede ejercer violencia por propia mano para reclamar ni defender su derecho. En el domicilio, la Constitución garantiza, incluso, el uso de armas para seguridad personal, pero este derecho de autoprotección no puede ejercerse en el medio público.
De lo hasta aquí expuesto resulta que los servicios de seguridad pueden ser prestados por órganos públicos, pero también por empresas de acuerdo con lo que indique la ley. Estos servicios prestados por empresas solo pueden ser constitucionales si son entendidos como parte de la seguridad pública prevista en el artículo 21 constitucional. Es decir, son parte de las actividades que deben ser objeto de coordinación entre la Federación y las entidades.
Asimismo, es claro que el Estado, al otorgar los permisos que correspondan, sigue siendo responsable de la supervisión y desempeño de esas empresas, ya que la función de la seguridad es definitivamente un asunto de Estado y no de particulares. Por tanto, la facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de Seguridad Privada debe comprender, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el todo el territorio nacional.
2. Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la federación, las entidades federativas y los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicio de seguridad privada, como auxiliares de la seguridad pública.
3. Determinar las reglas de coordinación entre la federación y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas.
4. Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa, él o los municipios respectivos y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios se presten, solo en el territorio de una entidad.
5. Establecer las reglas de coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia o desastre.
6. Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.
7. Fijar las reglas de coordinación entre la federación y las entidades federativas para supervisar a los prestadores de seguridad privada.
8. Establecer la separación entre prestadores de servicio de seguridad privada, centros de capacitación y centros de evaluación.
Ahora bien, la facultad conferida al Congreso de la Unión de ninguna manera implica la posibilidad de autorizar la prestación de servicios a particulares que ofrezcan asistencia y asesoramiento de carácter militar y otros servicios militares.
Lo anterior, en razón de que en nuestro país el mando supremo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República, quien lo ejerce por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional.
Para el efecto, durante el mandato se le denominará comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que queda exceptuado el supuesto de encontrarse una empresa con carácter privado, en nuestro territorio nacional, que proporcione servicio o asesoramiento a empresas particulares en materia militar, ya que se insiste que ello corresponde única y exclusivamente a las Fuerzas Armadas.
Como conclusiones debo decir, que esta reforma trata de brindar certeza, tanto a los ciudadanos, a los tres órdenes de gobierno, así como a los particulares que prestan estos servicios. En el país existen alrededor de 6 mil empresas que se dedican a la prestación de servicios de seguridad privada en plena, aproximadamente a 500 mil personas. Sin embargo, más de mil 500 empresas no cuentan con permisos, lo que vulnera obligaciones tributarias, de prestaciones de seguridad social y, por si fuera poco, trasladando el costo al Estado. Se trata de homologar criterios, requisitos, mecanismos de coordinación y de vigilancia; evitar la aparición de empresas patito y de espacios para la delincuencia.
La seguridad es un tema que nos ocupa a todas y todos. Debemos resolver este vacío que genera incertidumbre y afecta a la población. El Congreso de la Unión está obligado a generar certezas para las familias mexicanas. A eso estamos llamados. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alavez Ruiz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 230, numeral 2, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, para fijar su postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Ana Lucía Riojas Martínez.
La diputada Ana Lucia Riojas Martínez: Muchas gracias, presidenta. Quién es el responsable de los más de los más de 50 mil homicidios con arma de fuego de este año. ¿Calderón, Peña, los gobiernos locales? Hace 2 años el señor, desde su palacio, les dijo a ustedes, compañeros legisladores, que la Guardia Nacional era la institución que este país necesitaba para acabar con la violencia. Y aquí trataron de convencernos de que no había otra manera de terminar la guerra más que con más guerra. El mundo del absurdo, pues: más militares para desmilitarizar.
Les negaron más recursos a los estados para mejorar sus policías. Han abandonado a su suerte a los municipios. La propia creación de la Guardia Nacional supone el fracaso de la seguridad pública local. Han apostado por continuar el modelo de guerra que inauguró Felipe Calderón y han logrado profundizarlo hasta la ignominia.
La rueda sigue girando, la máquina de guerra hoy deja más víctimas que nunca. Y no es una casualidad que las Fuerzas Armadas hoy tengan más dinero y más impunidad. La militarización de la seguridad pública es solo una pieza más de este nuevo régimen de vigilancia, que pretende que aceptemos de manera sumisa la reducción de nuestros derechos a cambio de, otra vez, la promesa de que ustedes no son lo mismo que los gobiernos pasados.
Y es verdad, no son lo mismo. Más de una ocasión nos han demostrado ser peores. Su gobierno y el gobierno de otros partidos, del presente y del pasado, han sido incapaces de garantizar el Estado de derecho, y más de una vez nuestra privacidad e integridad han sido moneda de cambio para lograr sus intereses políticos.
Hoy están aquí contándonos otra vez con mentiras que la entrega de la seguridad pública a terceros, a privados, no es ningún problema, que es casi un mero trámite. E incluso intentarán convencernos de que es la mejor decisión que podemos tomar por nuestro país. Nada más alejado de la realidad.
La privatización de la seguridad pública es abrir la puerta a una serie de empresas que tienen como motivación lucrar con nuestra protección y no a la defensa de nuestros derechos. Esta reforma es una confesión más de la nula voluntad política que existe por la construcción de la paz.
¿Qué podemos esperar del uso de nuestros datos personales, de la hipervigilancia que pretenden imponer, de la fabricación de evidencia y de culpable? ¿Qué podemos esperar de nuestros derechos humanos, que de por si las policías y Fuerzas Armadas son incapaces de respetar?
Sí la política de “mátalo a la verga” es una práctica general de nuestras autoridades de seguridad pública, ¿qué podemos esperar de los mercenarios? Hemos visto que nuestros gobernantes, violando la ley, han usado y siguen usando malwares y tecnología como Pegasus, para espiar a periodistas, opositores políticos, defensoras y defensores de los derechos humanos y del territorio, y a cualquier persona que suponga una amenaza ¿Qué podemos esperar de compañías para las cuales no significamos nada?
Compañeras y compañeros de la bancada de Morena, si ustedes son incapaces de hacer que sus funcionarios públicos, entiéndase Alfonso Durazo, rindan cuentas sobre su gestión, ¿cómo harán para que estos mercenarios, que no tienen ningún compromiso con las personas den la cara y expliquen sus decisiones?
Digan todo lo que quieran decir sobre sus controles, mecanismos, leyes secundarias, etcétera. Sobre este tema y otros ya no queda nada que creer. Y, por último, compañeras y compañeros, quédense con sus cuentos y mentiras, que acá estamos construyendo resistencia. Porque llegará el día en que nuestra digna rabia les cobrará el dolor que ustedes han decidido seguir alimentando. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Riojas Martínez. Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Garantizar una adecuada regulación de la seguridad privada es la discusión política constante durante casi tres lustros, en los que la Ley de Seguridad Privada ha estado vigente, pero hasta ahora en el Congreso de la Unión se han logrado acuerdos para votar en el pleno este dictamen que reforma la Constitución, tanto para conocer a los prestadores de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública, como para que se emita una ley general que establezca las atribuciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la ejecución de tal servicio.
La seguridad privada es definida como la actividad a cargo de los particulares, habilitada por las autoridades competentes para desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores incluidos de traslado, instalación, operación de sistemas y equipo de seguridad.
La complejidad normativa y regulatoria de la seguridad pública en el país ha implicado establecer autoridades comunes, determinar facultades concurrentes exclusivas, coordinar eficazmente procesos y desarrollar procedimientos idóneos para coadyuvar a la vida, la libertad y el patrimonio, lo que ha traído consigo reformas constitucionales y de leyes generales y federales en la materia.
El aprendizaje en las modificaciones normativas aplicables a la seguridad pública, representan un conocimiento esencial para buscar que uno de los pilares de esta reforma constitucional sea exitoso: el mandato para el Congreso de la Unión de emitir una ley general que distribuya competencias y establezca mecanismos y bases de coordinación en la presentación de seguridad privada.
La actual Ley Federal de Seguridad Privada, desde su distribución de competencias y ámbito de ampliación arrastra los efectos de una visión desenfocada de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, puesto que exclusivamente es aplicable para la prestación de servicios de seguridad privada cuando estos se ejecuten en dos o más entidades federativas. Por lo tanto, cuando se presenten tales servicios solamente en una entidad federativa, estarán regulados por las leyes locales correspondientes.
Lo anterior ha generado una compleja y contradictoria aplicación a distintas, y duplicación de leyes federales y estatales de seguridad privada, lo que propicia una falta de criterios que homologuen los requisitos de autorización, procedimientos de verificación y sanción a los prestadores e información de los registros estatales de personas que otorgan el servicio de seguridad privada.
Al día de hoy no se tiene un registro nacional actualizado y fidedigno de prestadores de seguridad privada, por lo que no es posible siquiera reconocer el número real de personas empleadas en la seguridad privada en el país. Por ello es tan urgente la coordinación de autoridades mediante una ley general.
Por ello, mediante una reforma al artículo 73 constitucional al otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de seguridad privada. Nos acercamos a una mejor intervención estatal, mediante las legislaciones adecuadas, donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno se vinculen, involucren y participen ordenadamente en la regulación de seguridad privada.
Por eso, establecer todo lo anterior en el texto constitucional, fortalece la validez del alcance de la eventual ley general, evitando en la medida de lo posible, controversias judiciales que la vuelvan inaplicable o excesivamente litigiosa. Por eso, especialmente se busca alcanzar el objetivo primordial con diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno que trabajen de forma conjunta y de la mano. Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rubio Montejo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. La seguridad es un derecho humano omnigarante que permite que las y los ciudadanos gocen de los demás derechos en condiciones óptimas. Debemos señalar que, en el caso mexicano, los problemas de inseguridad no han podido ser resueltos por el Estado, situación que obliga a las y los ciudadanos a buscar mecanismos que les permitan generar estas condiciones.
Los servicios de seguridad privada, entonces, constituyen la delegación en particulares de una de las principales obligaciones del Estado. No obstante, la importancia de este sector como actividad económica resulta indiscutible, dado que su crecimiento en 2019 correspondió al 20 por ciento, lo cual representó 5 por ciento más que en cualquier otro año y en términos económicos su evolución fue 3 por ciento más que la economía nacional, a pesar de ese crecimiento.
La ley federal que se encuentra vigente data del año 2006 y desde entonces se ha evidenciado la falta de homogeneidad en los mecanismos regulatorios entre las entidades federativas y la federación. Lo cual, ha propiciado que muchas empresas de seguridad privada operen en la irregularidad causando que sus integrantes operen armas de fuego sin el entrenamiento y la capacidad adecuada.
Es por ello que resulta imprescindible establecer requisitos homologados para fortalecer la prestación de estos servicios, pero, también para generar certidumbre en quien los contrata. Para ello no solo necesitamos la homologación de los requisitos para las empresas a nivel federal y estatal, se requiere también el registro de los empleados que laboran en ellas, sus antecedentes laborales y, en su caso, los penales para evitar la corrupción, y el abuso de la fuerza.
Es por ello que hoy saludamos la presentación de este dictamen que tiene por objeto el dotar al Congreso de la Unión de las facultades necesarias para emitir una ley general que establezca las reglas para la prestación de estos servicios. Desde el Grupo Parlamentario del PRD hacemos un reconocimiento a la presidenta de la comisión, a la diputada Aleida Alavez, por la apertura para escuchar todas las inquietudes, particularmente las expresadas por nuestro grupo parlamentario, relacionadas con los peligros de que bajo la fachada de estos prestadores de servicios se esconden empresas militares privadas.
Debemos señalar que el 4 de diciembre de 1989 aprobó la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, la cual señala que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Once años después de su aprobación, la convención entró en vigor y aunque México no forma parte tampoco está exento de los daños y perjuicios que la operación de estas empresas tiene para los derechos humanos, de las y los mexicanos.
Como lo señaló José Luis Gómez del Prado, presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, sobre la utilización de mercenarios, en 2011 decía que se tienen noticias de que empresas militares privadas operan en territorio nacional con absoluta impunidad. dado que la legislación en la materia no contempla ninguna regulación en este sentido.
Uno de los informes presentados por la ONU desde 2006, contiene denuncias de que empresas militares de Estados Unidos entrenaron en Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura, señala Gómez del Prado y otras que fueron denunciadas en agosto del 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en plataformas petroleras en Veracruz.
Es por todo lo anterior que para proteger la autonomía e independencia del Estado mexicano, así como los derechos humanos de las personas que habitan en territorio nacional, la comisión dictaminadora consideró indispensable la introducción de estas reflexiones para que el dictamen mandate a la ley general en contemplar la prohibición para que las empresas militares privadas presenten servicios en nuestro país.
El Grupo Parlamentario del PRD expresa que su voto será a favor del presente dictamen, con el objeto de contribuir decididamente en la regulación de las empresas de seguridad privada, de tal manera que garanticen la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos, así como de la soberanía de nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en distintos municipios y estados de nuestro país, la demanda de la protección ya sea con alarmas, blindajes, cámaras de seguridad y guardias es cada vez mayor ante el clima de violencia y percepción de inseguridad que desafortunadamente heredamos de los pasados gobiernos y se sigue incrementando en diversas partes del país.
A septiembre de este año, el 67.8 por ciento de los mexicanos se sintió inseguro en su ciudad. Y, a nivel mundial ocupamos el número 137 del ranking de paz global. Asimismo, el costo total del delito en las unidades económicas del país durante 2019 fue de 226 mil millones de pesos. Esta cifra representa el 1.2 por ciento del producto interno bruto. Estos números no deben ser tomados a la ligera. El impacto de la inseguridad pública afecta al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el año 2016 se tenían registradas 4 mil empresas de seguridad privada y según las agrupaciones de seguridad Unidas por México señalan que en 2019 había 8 mil empresas a nivel nacional. Es decir, ha ido en aumento el número de empresas cuyos servicios son coadyuvantes a los instrumentos de seguridad pública del Estado.
El alto incremento de empresas de seguridad privada que operan sin una regulación efectiva en el territorio nacional ha contribuido a elevar los casos de corrupción, a las violaciones de los derechos humanos, al uso excesivo de la fuerza y la simultaneidad en la protección de la población.
La ley federal fue publicada hace 14 años, por lo que en los hechos es una regulación obsoleta, que no contempla la ciberseguridad o la aplicación de la tecnología en la seguridad. Todo esto aunado a una falta de homologación normativa en materia de seguridad privada, que ha traído como consecuencia inseguridad jurídica, discrecionalidad, corrupción y abusos de autoridad, lo que también ha originado la aparición de empresas que incumplen en la prestación de los servicios y operan al margen de la ley,
Y lo que es peor, no contamos con una legislación que articule la seguridad privada con la seguridad pública y eso representa un alto riesgo, porque este sector maneja armas y licencias de blindaje. El dictamen que hoy estamos discutiendo resulta fundamental, pues el propósito de reformar la Constitución federal radica en establecer orden al sector de la seguridad privada en México, al definir claramente la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación y las entidades federativas en la materia.
Lo anterior, con el fin de lograr la homologación a nivel nacional de los requisitos y modalidades de estos servicios. La reforma constitucional nos permitirá establecer reglas específicas y uniformes en todo el país, aplicables a la prestación de servicios de seguridad privada. Y la infraestructura, equipos e instalaciones inherentes a las mismas, como protección, intramuros, traslado de valores, blindaje, el manejo de cámaras electrónicas, de guarda espaldas, de grupos caninos y otros avances más.
Es importante precisar que los servicios de seguridad prestados por empresas particulares son auxiliares de la seguridad pública y no forman parte de las funciones del Estado, solo coadyuvan con él. Con el propósito de contar con un sector de seguridad privada homogéneamente regulado, que cuente con personal calificado, con una formación completa y adecuada y brinde seguridad a las familias y empresas, a su patrimonio e inversiones, en plena coordinación con las autoridades, Encuentro Social votará a favor de este dictamen. Es todo, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Teissier Zavala.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. Hoy más que nunca, legislar en materia de seguridad es un deber y una prioridad, que como diputadas y diputados tenemos que asumir. Las necesidades en la materia son complejas, requieren de la unidad parlamentaria y de la altura de miras.
Cuando abordamos a la seguridad ciudadana como un bien público y un derecho humano, que busca fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población, que permitan una coexistencia segura y pacífica, así como la salvaguarda de garantías constitucionales como el derecho a la vida, a la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento, es de reconocerse la aportación que la seguridad privada puede hacer a la ciudadanía.
Por ello, el dictamen a discusión busca cubrir la necesidad de regular a las empresas de seguridad privada en todo el territorio nacional de una manera uniforme, con el fin de evitar malas prácticas, lagunas jurídicas, vicios y cualquier actuación de estas empresas al margen de la ley.
El dictamen perfecciona una porción normativa constitucional y, con ello, le otorga una nueva facultad al Congreso, para que este pueda legislar en materia de seguridad privada. Esta adición era necesaria ante la importancia que la seguridad privada tiene en nuestro país. Por lo que vigilar su correcto funcionamiento y la actuación ética de quienes la ejercen, es menester en esta legislatura en aras del mejoramiento profesional del sector. La regulación adecuada de la seguridad privada generará sinergias entre lo público y lo privado, dando lugar a estrategias de seguridad coordinadas que contemplan, en todo momento, la cooperación entre el sector privado y la autoridad pública.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está de acuerdo en otorgar al Congreso la facultad de expedir la Ley General en materia de Seguridad Privada para establecer reglas a la autoridad, facultada para aprobar y regular a los prestadores de servicio de seguridad privada en todo el territorio nacional. Además de acotar y especificar la coordinación con las instituciones de seguridad en situaciones de emergencia y desastres.
Los miembros de las empresas de seguridad privada podrán unificar fuerzas, así como compartir experiencias y capacidades, añadiendo valor agregado que aporta a la seguridad de los y las ciudadanos. Celebramos que la Comisión de Puntos Constitucionales haya tomado en cuenta en la redacción de este dictamen, las observaciones sobre la importancia de delimitar las fronteras respecto a los servicios de seguridad privada, sean auxiliares de la seguridad pública, fijando los límites, las atribuciones y funciones de cada cuerpo de seguridad.
Si bien, los servicios de seguridad prestados por el Estado o por los particulares, son dos expresiones diferentes de una misma actividad, la seguridad pública es una responsabilidad de Estado, mientras que la seguridad privada es una contraprestación entre particulares. La seguridad privada debe de estar al margen de la seguridad pública, por lo que como legisladores debemos encontrar el límite adecuado en relación a los alcances de actuación de estos prestadores de servicio.
El dictamen que nos ocupa realiza una modificación constitucional, con el fin de otorgar claridad necesaria para evitar toda duda razonable en cuanto al papel de seguridad privada en la sociedad mexicana y establece fuentes de coordinación con la seguridad pública para mejorar dicha colaboración. Reconocemos el valor que el personal de seguridad privada tiene, la protección ciudadana, por lo que su participación en la prevención de la delincuencia es relevante.
Sin duda, la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por su presidenta, la diputada Aleida Alavez Ruiz, y como un órgano colegiado, estuvo en todo momento atento a diversas observaciones realizadas al dictamen, con el afán de redactar un producto legislativo consensuado y por ende legítimo, lo cual debe ser ejemplo que entre todos podemos construir documentos legislativos con una visión de Estado.
Existe una conexión indiscutible entre dos valores: la libertad y la seguridad. Todos tenemos derecho a esta, ya que, si no hay libertad, ello implica que no hay seguridad, y si no hay seguridad, es difícil poder ejercer libertad.
Por los anteriores razonamientos Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Vamos a favor sin modificaciones, ya que sin duda porta a la consecución de uno de los grandes pendientes del Estado mexicano que es el brindar mejor seguridad a las personas en coadyuvancia con el sector privado. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Prudencio González.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar posición a favor del dictamen, por el que se adiciona a la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada.
La seguridad privada es la prestación de un servicio con el fin de proteger los bienes o derechos de una empresa o persona. La seguridad privada tiene su auge a partir de la década de los ochentas y se buscaba cubrir los espacios que no cubrían las fuerzas policiales tradicionales, lo que se tradujo en un entorno cada vez más complejo, más inseguro y más violento.
Las circunstancias de pobreza y las amenazas crecientes provocadas por la inseguridad han afectado a casi toda la población, pero particularmente a sectores productivos los cuales se han visto afectados por las pérdidas económicas generadas por la delincuencia, así como las irreparables pérdidas de vidas humanas.
El ambiente que se empezó a vivir y que ha ido agudizando a través de las décadas, obligó a las empresas y a ciudadanos a buscar una protección para compensar lo que el Estado por sus limitaciones y/o por sus complicidades no pudo ofrecer.
El crecimiento de las empresas de seguridad fue un principio de forma lenta, pero el ritmo de crecimiento de esas empresas se ha vuelto vertiginoso y ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, 2017. Las cifras en México nos dicen que 7 de cada 10 grandes empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada. En el caso de las empresas medianas, 1 de cada 2 se vio obligada a enfrentar la inseguridad del país y tuvo que pagar, para resguardar sus bienes o para resguardar el transporte de valores o mercancías. Datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indican que en el año 2017 la inseguridad y los casos de impunidad que enfrentaron las compañías les costó 1.7 billones de pesos. Es decir, casi 10 puntos del PIB.
La American Chamber México, en el informe del año 2016 calculó que las firmas destinaron entre 1 y un 10 por ciento de sus presupuestos anuales de operaciones en la contratación de personal y en la contratación de diversos dispositivos de seguridad privada. Datos de la Coparmex de la Ciudad de México demuestran que la inseguridad les cuesta aproximadamente un 20 por ciento de sus ingresos. Otro dato importante es que en los años de 2017 el robo de autotransporte creció un 85 por ciento respecto a 2016.
Por lo es importante destacar que la seguridad privada ha ido creciendo desmesuradamente, a la par que la delincuencia lo hizo. Sin embargo, la corrupción y la impunidad generada por décadas de políticas corruptas neoliberales hicieron que la seguridad estatal y la falta de resultados haya generado un lucrativo negocio de la seguridad privada, donde distintas empresas se encargan de ofrecer custodia, vigilantes y distintos dispositivos para cualquier ciudadano que pueda pagarlos. Por los datos anteriores, es que los diputados y las diputadas del Partido del Trabajo votaremos en favor del dictamen. Además, es necesario mencionar que el Partido del Trabajo impulsa una iniciativa similar, ya que sabemos que hay que regular la seguridad privada.
Lo he dicho antes y lo sostengo ahora. Es necesario poner orden en las instituciones de seguridad, tanto de las privadas como de las públicas de los estados. Ya ven las penurias que pasan los transportistas y los automovilistas en el estado de México. Si no son asaltados por delincuentes son atracados por alguna autoridad corrupta que, mediante mentiras, los infraccionan y los llevan a los corralones privados, donde les cobran unas cifras muy altas y, si no pagan, les dañan sus vehículos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Viva el Partido del Trabajo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Manzanilla Téllez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Hortensia Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI apoyaremos con nuestro voto a favor en lo general este dictamen por las siguientes razones.
Hemos insistido en reconocer, por un lado, el valor de todas y todos los elementos que conforman en nuestro país los cuerpos de seguridad privada, así como también la valía de su función público-social coadyuvante en materia de vigilancia, protección y seguridad.
Es necesario redignificarlos, pero también señalamos y reconocemos que hemos llegado a un punto en el cual es urgente y necesario para darle viabilidad a su función la correcta regulación, tanto de la operación como del funcionamiento de más de 8 mil empresas de seguridad privada que se tiene registro operan en nuestro país.
Más de 8 mil empresas, de las cuales se sabe que solamente el 10 por ciento de estas cuentan con un registro oficial ante las autoridades correspondientes para prestar sus servicios y, por ende, tienen las certificaciones obligadas en su operación. Cuentan con protocolos, registros de elementos, entrenamientos y capacitación, entre otros factores que son sumamente imprescindibles para su correcto actuar.
Por eso apoyaremos todo esfuerzo legislativo que regule a estas empresas, que abone para que todas en nuestro país asuman sus funciones de protección, seguridad y vigilancia, siempre en el marco de la ley, el respeto y la garantía de los derechos humanos y también los derechos laborales.
Sin embargo, señalamos y hacemos hincapié en lo particular en que no deseamos que esta reforma, en la práctica y ante la realidad, quede desenmascarada de intereses oscuros, quizá hasta preelectoreros, o bien que se quede corta o sea parcial e insuficiente por simular atender los problemas de fondo que actualmente privan en el sector de la seguridad privada, para otorgar un control indirecto de estos elementos para otros fines.
Esperamos y seremos coadyuvantes y a la vez guardianes de que se trabaje en función a esta reforma para evitar que las compañías de seguridad privada sean rehenes o fachadas ilícitas de militares, funcionarios o policías en funciones o inactivos, de eliminar cuerpos de seguridad privada con elementos sin capacitación y formación en materia de protocolos de actuación y derechos humanos.
Compañías sin prestaciones sociales de ley, con salarios ofensivos y que no corresponden ni a la función y al riesgo asumido, con derechos laborales cancelados y con condiciones de sobreexplotación laboral. También vigilaremos que la armonización y coordinación propuesta en esta reforma respecto a la autorización, regulación y operación de este sector no sea una suerte de subordinación a lo federal o una usurpación o despojo de facultades estatales en la materia.
Asimismo, estaremos vigilantes de que esta reforma no dé pauta a un uso y disposición ilícito o faccioso de todos los cuerpos de seguridad privada en nuestro país, sujeto a urgencias o desastres de contentillo, ocurrencias o caprichos desde lo federal, y mucho menos para la pretensiosa conformación cuando el interés del particular lo requiera, de ejércitos o brigadas privadas pero electoreras, al servicio y disposición de ya saben quién.
Mientras no suceda esto y hasta hoy, cuentan con el voto en lo general a favor de parte del Grupo Parlamentario del PRI. A las empresas de seguridad privada de nuestro país y a todas y todos sus elementos que las conforman, les decimos que tienen nuestro apoyo total, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso para mejorar sus salarios y condiciones laborales que tanto demandan, y sobre todo que merecen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Noroña Quezada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Muy buenas tardes. Presidenta, si me permite antes de iniciar mi participación, con fundamento en el artículo 118, solicito una moción de ilustración al pleno para que se dé lectura a la parte del decreto señalada como la fracción XXIII Bis del artículo 73 de la Constitución que se adiciona en el presente decreto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ruego, atentamente a la Secretaría, se sirva dar lectura a los artículos y fracciones que ha citado el diputado Elías Lixa.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Fracción XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada que establezca las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, fije las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la federación, las entidades federativas y los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública, así como la coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, y prevea los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Gracias, presidenta. He pedido la lectura del decreto, porque he escuchado discursos llenos de buenas intenciones, pero, pareciera que el decreto soluciona algo de lo que han mencionado en sus discursos y ciertamente no es así. Lo único que hace este decreto es atribuirle facultades plenipotenciarias en la materia al Congreso de la Unión, sin que exista ningún tipo de límite, ningún tipo de respeto a las facultades que hoy tienen las entidades federativas y un tipo de respeto a la soberanía que tienen las entidades.
Desde hace dos años hemos visto en las entrañas de esta Cámara un brote acelerado por una política centralista, antifederalista, por una política que considera que lo único bueno es lo que se hace desde la federación sin tomar en cuenta que en muchos de nuestros estados las cosas funcionan y funcionan bien.
Las tentaciones del centralismo ponen nuevamente en desventaja al federalismo, que por si no se han dado cuenta ya se encuentra en crisis. Tenemos que ponerle límites al Congreso de la Unión y el límite mínimo que debemos darnos es respetar lo que ya funciona en las entidades federativas.
De ninguna manera negamos que existe un grave problema en muchísimo del territorio nacional, de ninguna manera negamos que tenemos que darnos a la tarea de solventar, en donde existan fallas desde el Congreso de la Unión, políticas suficientes para solucionar conflictos, pero, que no sirvan ese tipo de buenas intenciones para dejar de manera abierta al Congreso de la Unión para hacer cualquier posibilidad sin respetar la capacidad que hoy tienen los estados.
Yo, soy del estado de Yucatán. En Yucatán, desde el año 2017, nos dimos a la tarea de regular la seguridad privada, tenemos una legislación de vanguardia, una legislación que funciona, una legislación que, dicho por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, quieren que sirva para modelo de todo el país.
El problema es que con esta reforma vamos a estar dejando vulnerable esa posición y por arreglar lo que supuestamente no funciona con buenas intenciones en otra ley vamos a empezar a aplastar lo que ya funciona, por ejemplo, en el estado más seguro del país.
No podemos permitir que el Congreso de la Unión tome todas las atribuciones. Ninguna legislación de seguridad privada en los estados ha sido declarada como inconstitucional, por lo tanto, esta reforma no es indispensable con esta forma.
Estamos de acuerdo que se puede perfeccionar, pero, se tienen que respetar mínimos indispensables, lo planteamos en la Comisión de Puntos Constitucionales, buscamos agotar el diálogo sin agotar a los interlocutores, pero, parece que quienes han fundamentado el dictamen han dicho que todo ha sido miel sobre hojuelas y que se tomaron en cuenta puntos de vista de todos los grupos parlamentarios y no hay nada más alejado de la realidad. Pedimos, como mínimo, que se respete la facultad para que las entidades puedan expedir autorizaciones y tener control sobre el padrón, que puedan realizar verificaciones.
Yo no sé si ustedes lo saben, pero la federación, al menos en el estado de Yucatán, no realiza una sola verificación desde el año 2017, lo que de continuar así va a generar mucho mayor caos del que hoy existe en el país. Tenemos límites. Regulemos sí, homologuemos, sí. Generemos coadyuvancia, sí, pero no nos metamos cono las facultades de verificación que tienen las entidades federativas. No nos metamos con la atribución de la autonomía que tienen de realizar inspecciones, de certificar laboratorios y, desde luego, de cobrar las contribuciones que se desprendan de estos servicios.
Si ponemos estos límites, si cuidamos lo que sí funciona, si respetamos la soberanía de las entidades federativas, podemos construir, tal como lo hemos manifestado desde el primer día en la comisión, por cierto, miembros del partido mayoritario en la comisión dijeron que teníamos razón y que había que construirlo. En camino al pleno, lamentablemente, esto ha quedado solo en el eco de su voz, a través de la plataforma digital y ni una sola palabra de las propuestas para defender a nuestras entidades ha sido tomada en cuenta.
Que nunca sea la ignorancia la que golpee lo que sí funciona. Concentrémonos en lo que hace falta, pero defendamos a nuestras entidades. Por Yucatán, en donde sí funciona y en donde es hoy ejemplo de seguridad en el país, no puedo, bajo ninguna circunstancia, prestarme y dar mi voto a favor. El Grupo Parlamentario del PAN, si no recibe modificaciones el dictamen, votaremos en contra. Estaremos presentando la reserva pertinente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Lixa Abimerhi.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Morena, que ha decidido dividir el tiempo de su participación en dos partes. Para la primera tiene la palabra la diputada Juanita Guerra Mena, por 2.5 minutos.
La diputada Juanita Guerra Mena: Con su anuencia, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
La diputada Juanita Guerra Mena: Gracias. Honorable asamblea, desde el inicio de la actual administración el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hizo el firme compromiso de trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo, para reconfigurar el andamiaje jurídico de la nación, con énfasis en el sistema, en este caso, de seguridad pública.
En el Grupo Parlamentario de Morena concebimos a la seguridad como el más importante de la función del Estado, como la materialización del ejercicio del control social legítimo y como la esencia y fundamento del pensamiento que concibe a la ley por encima de todo y nadie por encima de la ley. Es con ello, que con esta responsabilidad que se traduce en la paz, el bienestar, la tranquilidad de las personas y de sus familias.
En Morena somos conscientes de las necesidades de distintos sectores de la sociedad que participan y coadyuvan como auxiliares de la seguridad y han venido, de forma orgánica, a integrarse como un componente fundamental en el sistema nacional de seguridad pública, me refiero al rubro de seguridad privada.
Ha sido hasta este momento una de las asignaturas pendientes del Congreso, a diferencia del marco legal bajo el que operan las corporaciones y mecanismos que conforman la política nacional de seguridad pública.
Como facultad del Estado, la normatividad bajo el que se operan esos servicios que prestan a los particulares data de hace más de una década, por lo tanto, la seguridad privada debe entenderse como una actividad auxiliar a particulares, que complementa y armoniza la función de seguridad pública exclusiva del Estado, con el objeto de realizar acciones de protección, vigilancia, custodia, información y operación, sistemas y equipo.
La necesidad de regular de manera especializada en esta actividad, una servidora presentó la iniciativa de reformas a la Constitución, para que este Congreso tuviera la facultad de expedir una ley general en materia de seguridad privada. Una ley general, por lo que su naturaleza está normada y permite su incorporación de forma natural y coordinada a lo que se conforma el sistema nacional de seguridad pública.
El Poder Legislativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el sector de seguridad privada, han tenido un reconocimiento de trabajo y esfuerzo realizado por años, así como la preocupación de los más de 700 mil empleados que tiene el sector, mismo que genera el 1.8 del PIB nacional, sinergia que resultará valiosa, porque de forma transitoria en la visión integral de seguridad privada, que comprenda la gran variedad de actividades en la que los cuerpos de seguridad, coadyuvantes en un control social, tendrán que trabajar y participar para la realización de las nuevas tareas que deberá desarrollar la sociedad civil.
Para lograr esta ley general es preciso modificar la Carta Magna, a fin de darle el soporte constitucional que lo requiere. La ley en este caso, señoras y señores legisladores que conformamos el Grupo Parlamentario de Morena tenemos un firme compromiso con la seguridad y la justicia para este país. Tenemos claro el reto del esfuerzo que implica devolverle a cada mexicana y mexicano las condiciones de tranquilidad y paz para sus familias.
Con estas leyes, que esperemos se respeten y se lucha por las y los mexicanos, deben tener claro que en cada diputada y diputado de esta Cámara... un valioso aliado en seguridad pública y de la recuperación de la paz, el orden social y anhelos, que estamos seguros por lo que podemos conseguir a partir de estas mejores leyes y decisiones trascendentes, como la aprobación de este dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guerra Mena. Tiene la palabra la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos y medio minutos.
La diputada Carmen Mora García: Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Las empresas de seguridad privada están reguladas por lo dispuesto en el título Décimo Segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero principalmente por la Ley Federal de Seguridad Privada.
Para regularla adecuadamente debe haber un cambio de paradigma, donde se refleje la realidad con parámetros modernos, que respondan a las necesidades actuales. Actualmente existen desequilibrios no solo entre las entidades federativas, sino también entre las empresas y la federación.
La normatividad actual ha generado conflictos, ya que cada entidad federativa aplica regulaciones diferentes. Además de propiciar ausencia de criterios que homologuen los requisitos de autorización, los procedimientos de verificación y sanción, así como la información que deben contener los registros estatales de seguridad privada. Sumado a lo anterior, al contar con una multiplicidad de procedimientos de autorización, de registro personal, así como del equipo que se utilice en la prestación de los servicios de seguridad privada.
Se tiene un desconocimiento total del número real de elementos de seguridad privada en todo el país. A mayor abundamiento es de señalar que la Ley Federal de Seguridad Privada hace referencia a las disposiciones de la Ley General que establecen las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo texto ha sido abrogado, lo cual ha traído como consecuencia incertidumbre jurídica, discrecionalidad, corrupción y abuso de autoridad.
Ante esta situación, el Congreso debe expedir una nueva legislación que armonice las funciones de la seguridad privada con los fines y atribuciones de las prestaciones del servicio público como función del Estado. El propósito es conjuntar ambos esfuerzos para mejorar la seguridad en nuestro país, en beneficio del pueblo de México, por lo que el voto del Grupo Parlamentario de Morena, es a favor del dictamen. Gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Mora García. Se informa a la asamblea, que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En cumplimiento del artículo 230, numeral 3, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados, para hablar en favor y en contra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada... Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. Es necesario reconocer que el dictamen que presenta hoy la Comisión de Puntos Constitucionales contiene modificaciones que han hecho posible que Movimiento Ciudadano lo acompañe.
Tanto Tomas Hobbes como Max Weber, filósofos de distintas escuelas de pensamiento, aluden a la violencia en la conformación del Estado, ya sea como un elemento de naturaleza que atenta contra la convivencia pacífica y armónica de la comunidad o como un elemento, que solo el Estado es capaz de monopolizar. Lo que significa que una de las tareas fundamentales de la existencia de los Estados nación es garantizar la seguridad de sus habitantes.
En Movimiento Ciudadano, estamos conscientes de la realidad que azota a nuestro país, de la crisis de inseguridad y del rezago institucional que vulneran el orden y la paz social. En resumen, del poco apego al Estado de derecho que conllevan a ese estado de naturaleza descrito por Hobbes y su incapacidad de cumplir con su principal tarea. Por lo anterior, es necesario construir el marco legal para contribuir con la responsabilidad que nos responde como parte del Estado mexicano. En ese sentido, este dictamen que reforma el artículo 73 constitucional abona en esa construcción.
Estableciendo únicamente la base sobre la que habrá de construirse la Ley General en materia de seguridad privada. Pero debemos insistir, en que es indispensable que a la par que regulemos estos cuerpos de seguridad es impensable que puedan llegar a fungir con el papel de auxiliares propias del Estado.
En el entendido que la seguridad pública debe de estar a cargo de las instituciones del mismo, responsabilidad de la cual no puede, ni debe deslindarse el Estado. Por ello, no era viable la reforma al artículo 21 constitucional y solo pueden ser reconocidos como prestadores de servicios de seguridad privada.
La idea de utilizar los cuerpos de seguridad privada como un mecanismo para llenar los espacios de las fuerzas policiales es una propuesta artificial que solo puede buscar condiciones de lucro y mermar los escasos recursos públicos que se están invirtiendo en materia de seguridad, aunado, a poner en riesgo la integridad de aquellos que no estén capacitados para realizar estas tareas y consecuentemente a la población.
En México, el sector de la seguridad privada se encuentra en auge debido a las altas tasas de inseguridad registradas en el país. En los últimos años la ciudadanía ha optado por contratar algún tipo de seguridad privada para proteger a sus familias, sus casas, sus negocios, entre otros. Y lo anterior es debido a la tasa de inseguridad que prevalece en nuestro país.
Por citar un ejemplo, la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Geografía, reveló que durante el segundo trimestre de 2019 el 33.4 por ciento de la población mexicana de 18 años en adelante consideró que la delincuencia seguiría igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que el 26.9 por ciento señaló que esta empeorará.
Los índices anteriores visibilizan la falta de mejoramiento de las instituciones de proveer seguridad a la ciudadanía. Visibilizan la falta de capacitación y adiestramiento del personal de seguridad. Pero no debemos dejar de recordar que en este Congreso, en esta Cámara de Diputados hemos aprobado presupuestos que distan de lo que la ciudadanía requiere para garantizar su seguridad.
Tan solo en el PEF del 2019 hubo un recorte presupuestal que significó más de 12 por ciento en tareas de seguridad. Y, como ya lo hemos dicho, para el presupuesto 2021 desaparecieron el Fortaseg, reduciendo los recursos destinados a los municipios. ¿Cómo pretendemos, entonces, reducir los índices de seguridad con estas contradicciones?
Finalmente, desde Movimiento Ciudadano votaremos a favor porque queremos que le vaya bien a México. Lejos de la administración que esté en turno, nuestro deber es mejorar las condiciones de vida de las personas. En este caso tenemos y asumimos el compromiso de abonar para reducir los índices de violencia e inseguridad que se viven en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Tagle Martínez. Tiene la palabra el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del proyecto de decreto.
El diputado Ricardo Villarreal García: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy venimos a debatir una reforma constitucional de suma importancia, como lo son todas y cada una de las reformas a nuestra Carta Magna. Hay que tan solo recordar que es la columna vertebral del Estado mexicano y que, por ende, tenemos que tener una gran responsabilidad cuando llevamos a cabo reformas constitucionales.
Es una reforma importante porque habla del tema que más les preocupa a todas las y los mexicanos: la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas que, desafortunadamente, se ha visto tremendamente vulnerada en los últimos años. A las y a los mexicanos les preocupa, por supuesto, la economía, les preocupa la salud hoy en tiempos tan complejos, pero les preocupa que los niños y que las niñas puedan salir tranquilos a las calles.
Les preocupa que podamos tener un patrimonio seguro, sin miedo a que nos lo roben, que podamos tener un Estado de derecho en donde a los negocios no los extorsionen, no los roben, en donde a los empresarios no los secuestren. En fin. Y por eso es lo importante de cualquier tema que tenga que ver con seguridad privada y más en estos momentos. Vivimos el año más violento en la historia de nuestro país. Creíamos que lo visto en 2019 era inaudito, pues en este 2020 hay todavía más delitos que en 2019. En este año hay casi 90 homicidios dolosos en México todos los días.
Cuando mi partido, el PAN, dejó el gobierno en 2012 el promedio de homicidios era 40. Es decir, hay más del doble de homicidios dolosos hoy de los que había cuando gobernábamos y es el claro ejemplo de que no hay una estrategia clara.
Hoy parece que el gobierno lo quiere solucionar de dos maneras. Por un lado, quiere seguir centralizando la seguridad pública como quiere seguir centralizando absolutamente todas las decisiones del gobierno. Este presidente, Morena, no creen en los municipios y no creen en los estados, y por eso pretenden secuestrar la seguridad de las y los mexicanos; convertirlo en un tema federal.
Ya lo hicieron hace unas semanas cuando, por ejemplo, quitaron el Fortaseg, el único recurso que había para estados, para municipios en el país, federal, lo eliminaron. Más de 4 mil millones de pesos les quitaron a las policías municipales para equipamiento, capacitación y para otro tipo de actividades importantísimas en materia de seguridad. No hay un solo peso federal para apoyar a los municipios en esta materia. Quitaron recurso a los estados en el FASP y en algunas otras áreas y ahora le quieren controlar, quitar el control a los estados y a los municipios de las empresas de seguridad privada.
Hoy, cuando una empresa de seguridad privada pretende funcionar, se registra en el estado, se valida, se autoriza, va a cada uno de los ayuntamientos, los ayuntamientos las verifican, pasan por los cabildos y se revisan de manera automática y de manera muy puntual para evitar que esas empresas, que están trabajando en la seguridad que los gobiernos no están otorgando porque, debo decirlo claro, en lugar de que la Guardia Nacional esté protegiendo a nuestras familias, anda peleándose con los agricultores en Delicias, Chihuahua o anda parando a los migrantes en el sureste del país.
No están haciendo sus funciones y por eso la gente tiene que contratar empresas de seguridad privada, y por eso les cuesta a los ciudadanos algo que debería de estar haciendo el gobierno. Y ahora, en esta reforma constitucional no se garantiza que las autorizaciones sigan estando en manos de los estados y los municipios, que las verificaciones sigan estando en manos de los estados y los municipios.
Yo quiero ver esa Guardia Nacional, que no la vemos en casi ningún lado del país, quiero ver a esa Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que no cuida a los ciudadanos, que monitoree a las empresas de seguridad privada. Seguramente no va a suceder y entonces, ¿quién va a proteger a los ciudadanos? ¿Quién va a monitorear que esas empresas de seguridad privada cumplan con todos los protocolos y con todos los requisitos, si no son los municipios?
Muchos de los que estamos aquí fuimos alcaldes, nos tocaba permanentemente hacer eso. Yo quiero ver que lo haga la Secretaría de Seguridad Pública federal en San Cristóbal de las Casas o en Tijuana o en Monterrey o en Guanajuato. Por supuesto que no, y entonces los ciudadanos estarán también ahora en el desamparo de que no confían en estas empresas de seguridad privada.
En fin, estoy convencido que en este, como en todos los rubros de este gobierno y en lo particular en todos los temas que tienen que ver con la materia tan importante de seguridad, este gobierno no tiene ni idea de hasta dónde debe ir, y por eso el PAN va a votar en contra. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Villarreal García. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Margarita García García: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar posición a favor del dictamen por el que se adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada.
Actualmente, nos encontramos habituados a observar a multitud de negocios que suelen apostar por la contratación de profesionales del sector de la seguridad privada para garantizar el desarrollo de su labor sin que haya ningún tipo de problemas, así como para evitar los distintos actos delictivos en sus instalaciones.
Entre el conjunto de empresas que optan por la seguridad privada nos encontramos con grandes almacenes, tiendas de ropa que de esta manera intentan paliar que delincuentes consigan robar prendas e incluso joyería a favor. Y es que estas últimas están en el punto de mira de muchos de esos delincuentes que urden sus planes para robar mercancía de gran valor en aquellas, por lo que se hace necesario contratar a servicios privados que puedan evitar hurtos de todo tipo.
No debemos olvidar que, en el ámbito de la vida privada, también se ha producido un incremento del número de personas que también deciden contar con profesionales de la seguridad privada para vivir más tranquilamente en sus hogares sin correr peligro de que estos sean asaltados.
Así, tanto a nivel particular como en urbanizaciones de cierto poder adquisitivo, ya se encuentran miembros de la seguridad privada velando por el bienestar de quienes les han encontrado. Dependiendo del país, los vigilantes privados pueden portar o no armas de fuego y contar con diferentes atribuciones que les delega el Estado. Por lo general, el control del espacio público sigue estando exclusivamente limitado a las fuerzas de seguridad estatales.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vemos como una necesidad imperante que se legisle en materia de seguridad privada, buscando una ley general en materia de servicios de seguridad privada.
Por lo que es necesario dotar al Congreso de la Unión de la atribución de legislar en esta materia tan sensible para los mexicanos y con esto buscar dar certeza a miles de personas que contratan estos servicios, así como a los que trabajan para estas empresas, quienes en muchos casos trabajan al margen de la ley, quedan expuestos a abusos por parte de los patrones, ya que muchas veces el patrón de seguridad privada está contratado mediante esquemas de subcontratación y sin una vinculación laboral para el caso de que sufran algún accidente o alguna lesión propia de su trabajo.
Mantener un marco jurídico sólido es el mejor legado que le podemos dejar a los millones de mexicanos y mexicanas, ya sea porque trabajan para empresas de seguridad privada o que tienen un familiar que es vigilante o trabaja para estas empresas.
Por eso, hoy hago un exhorto para que votemos a favor de esta reserva. Sabemos perfectamente y escuchar al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no nos debe de extrañar, ellos por todo votan en contra, ¿por qué? Porque se creen los redentores y porque quieren hacerle sentir al pueblo que son los únicos hoy que les interesa, donde ellos tuvieron esa gran oportunidad y nos podrán hablar de cifras, nos podrán hablar de números, pero, no nos podrán hablar con hechos realmente que les interesó el pueblo de México.
Lo que les sigue interesando es como mentirle al pueblo para que crean en ellos en estas elecciones que vienen, pero, desde aquí les decimos que el pueblo de México sigue unido, que el pueblo de México sigue alrededor de un presidente de la República que siempre está pensando en cada uno de los mexicanos.
Así es que, señores prianistas, quédense con su dolor, quédense con su orgullo, quédense con su rabia y con su coraje, pero, el pueblo no les cree. En el Partido del Trabajo votaremos a favor del dictamen y lo apoyaremos porque estamos conscientes de la importancia de esta legislación. Es cuanto, diputada Sauri.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García García. Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos a discusión un dictamen que busca retirarle a los estados la facultad para regular, conforme a sus necesidades internas, la seguridad privada. La seguridad pública, sí es una tarea del Estado, y el Estado mexicano tiene un orden de organización interna que es la federación, los estados y los municipios.
Y hay diversas competencias en materia de seguridad, de seguridad pública. Sí coincido con quien aquí ha venido a señalar que es importante fortalecer un esquema de seguridad pública a nivel federal porque hemos visto cómo año tras año el crimen sigue creciendo y pareciera que la federación no tiene una política de combate a lo que le compete. Esencialmente, el crimen organizado, la delincuencia organizada.
Pero también los estados y los municipios tienen responsabilidades en materia de seguridad. Hoy, la seguridad privada encuentra estados donde está perfectamente bien regulado y funciona y funciona muy bien. Dicen los gringos que si no está descompuesto no lo compongas. Ahí están los que son ejemplo en la regulación en materia de seguridad privada.
Aquí el diputado Elías Lixa dio el ejemplo de Yucatán, el estado más seguro del país. Hoy venimos a querer arreglar la seguridad privada de Yucatán. Estados como Guanajuato que tienen una perfecta organización de su seguridad privada. Muchos otros estados gobernados por otros partidos políticos, donde la seguridad privada encuentra una adecuada regulación. Y, hoy, vamos a venir a establecer normas que regulen bajo un racero nacional las diferentes realidades locales.
Nosotros tenemos que estar apostando por el federalismo y no por el centralismo. No podemos estar regresando facultades a la federación que hoy les competen a los estados, cuando no hemos visto ni un solo ejemplo exitoso de regulación federal y de resolver trámites federales. Y aquí, yo les digo a quienes realmente promovieron esta reforma, que creo que se están equivocando. Y que creen que ellos, quienes son titulares de las empresas de seguridad privada van a encontrar, en su mayoría, un tope en la federación.
Y, como en muchos otros casos, vendrán las cuotas y los cuates del gobierno federal a prestar los servicios de seguridad privada. Y no, no tenemos más que echar un vistazo a lo que está sucediendo. Revisen los antecedentes de las empresas de seguridad privada que hoy fueron contratados en el gobierno federal para cuidar instalaciones gubernamentales. Hospitales, universidades, escuelas, entre otros. Empresas recién creadas.
Encontraron licencias en la federación de inmediato, que tuvieran una vigilancia mínima, hoy la federación no nos ha dado un solo ejemplo del bien hacer en los trámites federales, en la eficacia y en la eficiencia en la respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos que prestan algún servicio. Tampoco en la vigilancia y regulación nos han dado un solo buen ejemplo.
Hoy, quienes promovieron esta reforma, creo que van a encontrar una realidad donde se van a beneficiar muy pocos. Y aquellas empresas que de manera regular, eficiente y eficaz están prestando el servicio en municipios y en estados de este país van a ser quienes pierdan, quienes pierdan ante esta nueva regulación central que le dará beneficios. Y de mí se acuerdan y hoy lo digo aquí, a unos cuantos amigos de la 4T, como ha sido en todo lo que hemos venido viendo. Esta es la realidad a la que nos vamos a enfrentar.
Yo creo que los estados y los municipios tienen capacidad para regular los servicios de seguridad privada. Y aquellos que lo están haciendo mal deberíamos estarlos señalando y no venir aquí a tratar de arreglar el mundo a través de una reforma constitucional para generar una legislación que le dé más poder al Ejecutivo federal. Se están equivocando. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espadas Galván. Tiene la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor del dictamen.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la legislación vigente en materia de seguridad privada, diseñada entre el 2006 y 2009, ha sido desbordada por la violencia, el aumento en la capacidad de fuego de la delincuencia, la diversificación de actividades delictivas y el crecimiento desordenado que ha experimentado el sector en nuestro país.
Aunque sabemos que los principales ejes para el establecimiento de la paz en México deben ser la educación, la economía, el desarrollo de las instituciones civiles de seguridad pública, una parte del problema se ha ido formando en la deficiente reglamentación en materia de seguridad privada.
Mundialmente se ha registrado el aumento de la oferta, diversificación y uso de nuevas tecnologías en la seguridad privada. Se ha corroborado la necesidad de mejores controles sobre las empresas que brinden servicios de seguridad privada, al emplear en el ámbito civil personal adiestrado para el ámbito militar.
Se ha observado que el interés nacional muchas veces se ha comprometido por los intereses trasnacionales a través de empresas de seguridad, con alcances globales o regionales y estas dinámicas han propiciado que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito inste a los estados a fortalecer la reglamentación en leyes secundarias sobre las compañías que presten servicios de seguridad privada.
Para Movimiento Ciudadano el emprendimiento debe ser apoyado siempre y tenemos la convicción de impulsar siempre tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria, pero sin olvidar que la seguridad de las personas es una responsabilidad primordial e ineludible del Estado mexicano.
En los últimos años, la seguridad privada en México ha experimentado un vertiginoso crecimiento hasta generar más de 600 mil empleos directos y ubicar a nuestro país como la segunda nación latinoamericana en el desarrollo de empresas de seguridad, después de Colombia. Pero, también ha representado que alrededor de 6 mil de esas empresas, casi el 70 por ciento, actúen sin permisos ni certificaciones.
La ausencia de facultades del Congreso para legislar en materia de seguridad privada ha abonado al desorden en el sector de seguridad privada, y las consecuencias generadas impactan en riesgo para los usuarios en un nicho de oportunidad para el desarrollo de actividades ilegales y potencialmente proyectan un reto para la soberanía nacional.
Por tales motivos, el resolutivo del dictamen que hoy discutimos establece la facultad del Congreso en materia de seguridad privada, a partir de la fracción XXIII Bis del artículo 73 de nuestro Texto Fundamental, ello para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada, que establezca las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
Con ello podremos estandarizar y adecuar nacionalmente las reglas básicas para la operación de las empresas de seguridad. Asimismo, el texto del resolutivo nos plantea la obligación de fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la federación, las entidades federativas y los municipios, para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada, como auxiliares de la seguridad pública.
Es decir, podremos modular, de acuerdo a las necesidades de cada generación, la manera en que los actores de la seguridad, tanto en el espacio público como en el espacio privado se coordinen, coadyuven o interactúen generando nuevos caminos para aquél antiguo principio, quien señalaba la importancia de asegurarnos la cooperación voluntaria del público con la policía, en este sentido, de las empresas de seguridad que forman parte de este público que es la ciudadanía.
Adicionalmente, el resolutivo también plantea la posibilidad de ordenar el caos de las emergencias al establecer que deberemos reglamentar la coordinación de esos prestadores, es decir, de las empresas de seguridad privada en las instituciones de la seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre.
Consecuentemente invito a esta soberanía a votar a favor de este dictamen. Es votar a favor de los empresarios y empresarias que se han mantenido dentro de la ley e invirtiendo en brindar los mejores servicios de seguridad posible. Es votar por poner orden en el caos de la seguridad privada y es votar por la coordinación de la iniciativa privada y el gobierno en materia de seguridad durante las emergencias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Medina Ortíz. Con esta intervención concluyen las participaciones para la discusión en lo general y en lo particular. Ha solicitado la palabra, para hechos, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, quien tendrá la palabra desde su curul y por un minuto. Adelante, diputado.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Gracias, presidenta. Es sobre una intervención de un compañero del PAN, que me parece correcto cuando ellos llaman a votar en contra por cuestiones administrativas, pero es un gran descaro cuando ellos se quejan del tema de la seguridad, cuando son los verdaderos responsables de la inseguridad que vivimos en México.
Y me voy a los datos. En el 2000 se sucedieron 4 millones de delitos en todo el país, pero ya en el 2018, eran 30 millones de delitos los que se sucedían en toda la nación, y esto lo que significa es una gran descomposición en los valores morales y éticos de la población, generado desde arriba, porque la gente veía cómo corrompían la nación, cómo se privilegiaban unos cuantos y por eso no había condiciones morales para llamar al tema de la seguridad.
La lucha por la paz empieza con la lucha contra la corrupción, de los cuales ellos son grandes responsables de esta tragedia que se está viviendo en nuestro país. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. De conformidad con el artículo 231, numeral 1, del Reglamento, esta Presidencia informa que se ha reservado para su discusión en lo particular, la fracción XXIII Bis y el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado, que corresponde a los artículos primero, tercero y cuarto transitorios.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría que llame al primer bloque de diputadas y diputados para que procedan a emitir su voto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Encuentro Social, del Partido Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, y diputadas y diputados sin partido que procedan a votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría que haga el llamado al segundo y último bloque de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y a los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y a las y a los diputados que falten, que procedan a votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular de lo no reservado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las y a los diputados que hayan registrado su voto les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para que las 129 diputadas y diputados que iniciaron la sesión regresen a ocupar sus lugares, pero primero tiene que concluir el proceso de votación. Atentamente les recuerdo que quienes hayan votado tienen que abandonar el salón de sesiones.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto les recordamos que queda un minuto con cincuenta segundos para cerrar el sistema electrónico de votaciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 332 votos a favor, 1 voto en abstención y 61 votos en contra. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 332 votos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión en lo particular. Tiene la palabra la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar en nombre propio y de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, reserva al artículo 73, fracción XXIII Bis del proyecto de decreto.
La diputada Juanita Guerra Mena: Con su anuencia, presidenta. En nombre de la diputada Adriana del Partido Movimiento Ciudadano y de su servidora, Juanita Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, hemos de regular en este marco constitucional una actividad tan determinante como la seguridad privada.
Implica que las y los legisladores hagamos verdaderos esfuerzos de consenso a fin de lograr, desde nuestra perspectiva, el mejor proyecto legislativo que permita a su vez una estricta, clara y determinante aplicación de la norma.
La reforma del marco constitucional que se discute tiene como finalidad establecer, desde la arquitectura constitucional, el diseño en lo que las siguientes semanas deberá de ser una de las leyes generales más innovadoras que este Congreso deba emitir.
La reforma constitucional, aquí dictaminada, cuenta en un alto grado de consenso con un dictamen sólido, fruto de un trabajo de expertos técnicos en la legislación por parte de la comisión estructurado bajo un liderazgo de su presidenta.
Por ello, el presentar esta reserva de ninguna manera, y bajo ninguna circunstancia, deberá interpretarse como una corrección o modificación al trabajo del dictamen, todo lo contrario, esta reserva es consecuencia del consenso y de la oportunidad de generar una mayoría natural en el Congreso, una mayoría que permita transitar desde esta reforma por la ruta del entendimiento y la colaboración de todas las fuerzas políticas.
Quiero aprovechar para expresar desde aquí mi mayor reconocimiento al trabajo de la diputada presidenta Aleida Alavez. A su vez, el liderazgo y la conducción en la elaboración del dictamen como el que hoy siempre ha mostrado una apertura de gran altura de miras en el trabajo en equipo.
La reserva que se plantea propone una arquitectura legal y constitucional, por medio de la que sin afectar la esencia del diagnóstico y resolución de la comisión que emite el dictamen permitirá a los expertos del sector de seguridad privada, junto con ellos al técnico la legislación, y a las y los diputados a aterrizar de la mejor manera con los contenidos de una ley general que de manera forzosa establecerá los mecanismos de coordinación y una correcta distribución de competencias.
Todo ello, a fin de lograr la mejor ley general posible, acorde a los retos que enfrenta el sector en su sinergia...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, diputada Guerra, permítame un momento. Compañeros y compañeros diputados, atentamente les solicito que en el salón de sesiones se mantengan exclusivamente quienes han sido asignados y asignadas por sus grupos parlamentarios como parte de los 129 legisladoras y legisladores para estar presentes en el pleno, los demás sean tan amables de aguardar en sus oficinas viendo la sesión desde los monitores de televisión hasta el momento que les corresponda venir a emitir su voto. Reitero que estos llamados tienen como propósito central mantener la seguridad y considerando la emergencia, su salud y la salud de quienes lo rodean. Continúe, diputada.
La diputada Juanita Guerra Mena: Gracias, presidenta. La reserva que se plantea propone una arquitectura legal y constitucional por medio de la que, sin afectar la esencia del diagnóstico y resolución de la comisión que emite el dictamen permitirá a expertos del sector de seguridad privada y junto con ellos al técnico en la legislación y a las y los diputados, aterrizar de mejor manera sus contenidos en una ley general que de manera forzosa establecerá los mecanismos de coordinación y una correcta distribución de competencias.
Todo ello, a fin de lograr la mejor ley general posible, acorde a los retos que enfrenta el sector, su sinergia... y sus componentes del sistema nacional de seguridad.
Proponemos la distribución de la fracción XXIII Bis, que se plantea, que distribuya en cuatro incisos, a fin de establecer de manera clara que la ley general deberá, en primer lugar, contener reglas y autoridades regulatorias, es decir, la distribución de competencias en un segundo lugar, que las autoridades correspondientes deberán sujetarse a las establecidas en la ley general.
Es decir, el sistema de distribución y competencias y, en un tercer lugar, los mecanismos de supervisión al régimen de control y vigilancia. Con esta modificación estamos ciertos que dotamos del mejor marco constitucional posible a la actividad de seguridad privada, a partir de una adecuación que, sin dudas, coadyuvará en el diseño idóneo de los planos de la próxima y muy necesaria Ley General de Seguridad Privada.
Es por ello que con el consenso de todas las fuerzas políticas y con una clara y expuesta exposición por parte de cada uno de los compañeros diputados, a los cuales agradecemos, pedimos que el voto sea favorable a esta reserva. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guerra Mena. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Juanita Guerra Mena.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta. Se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la asamblea.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al segundo transitorio.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, tal y como lo sostuve al presentar la participación y la posición del Grupo Parlamentario del PAN, venimos a presentar reserva para limitar al Congreso de la Unión para no tener la capacidad de entrometerse a las capacidades y a las facultades de las entidades federativas, sobre todo, en los estados donde sí funciona la legislación en materia de seguridad privada y que se puede descomponer, absolutamente, a partir de este dictamen, que estoy seguro es motivado por buenas intenciones.
Y como decía un legislador de Morena, es cierto que estamos señalando cuestiones administrativas que son medulares para el desenvolvimiento del día a día en los estados. Voy a enumerar las delimitaciones que proponemos, es decir, creemos que se puede conseguir una mayoría consensuada si admitimos que no basta con cada una de las cosas que están contenidas en el 73, sino que es importante ponerle cinco límites.
Primero. Que las entidades federativas mantengan el registro de las empresas de seguridad privada, sobre todo, en los casos en donde la empresa únicamente labora en esa entidad.
Segundo. Que las entidades federativas tengan autonomía para realizar verificaciones e inspecciones. Lo repito, pongo como ejemplo, el caso de Yucatán, en donde desde 2017 la federación no hace una sola inspección ni verificación. Es sumamente riesgoso eliminar esta facultad.
Tercero. Que las entidades federativas determinen los centros de capacitación y adiestramiento.
Cuarto. Que las entidades federativas determinen las unidades de verificación médica, química, psicológica y de integridad personal.
Quinto. Que en cumplimiento de sus obligaciones puedan exigir las atribuciones necesarias en efecto de tener las contribuciones de las empresas.
Son los cinco puntos más relevantes. Que mantengan el control de los registros, que puedan verificar e inspeccionar, que determinen los centros de capacitación, que puedan determinar los laboratorios y que puedan cobrar las contribuciones.
Si quitamos estos cinco puntos de las entidades federativas, los vamos a convertir en simples y meras oficialías de partes. Esta reforma va a descomponer lo que sí funciona y, en vez de hacer algo bueno para sumar en los lugares en donde las cosas hoy no están bien ni vamos a arreglar las cosas en donde están bien y le vamos a dar un tiro, que puede desangrar la seguridad de estados, que han hecho las cosas bien, en este gobierno federal, pero también en todos los anteriores. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Lixa Abimerhi. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Elías Lixa Abimerhi.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Elías Lixa. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico... ¿Con qué objeto, diputado Juan Carlos Romero Hicks?
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): Presidenta, quiero solicitar la revisión de la votación, es evidente, está entre la duda y la afirmativa para que se discuta. No podemos dar por sesgos de subjetividades un asunto tan importante. Estamos discutiendo una reforma constitucional que va a afectar, probablemente, a todas las entidades federativas. Para quienes hemos encabezado un gobierno local, sabemos la naturaleza de esta. Pido que se revise.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Romero Hicks, nada más que hay una cuestión medular que está en el resolutivo de nuestro acuerdo del 18 de noviembre pasado, es el apartado segundo. Y, partimos, en este apartado segundo, que la Secretaría haya experimentado duda sobre el resultado de una votación económica, y en este caso la duda no existió por parte de la Secretaría. Por lo tanto, los demás elementos del supuesto, no los podemos aplicar porque no se cumple la objeción inicial. Adelante, diputado Romero Hicks.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): Hay un principio de jerarquía y normas que se acepta de manera universal. El Reglamento de esta Cámara así lo establece, y no puede invocarse un reglamento especial y particularmente en un tema como este. Soy de convicción federalista y quiero certeza y transparencia, no la hay. Solicito respetuosamente se revise.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Efectivamente, diputado, podemos o no simpatizar con su posición. Pero el Reglamento y nuestras normas internas son muy claras, y el Reglamento en el, en lo ordinario, los acuerdos para la aplicación del Reglamento en condiciones de contingencia sanitaria claramente establecen que la condición sine qua non, para que se pueda activar el mecanismo, es que haya duda por parte de la Secretaría. A ninguno de estos casos es posible aplicar el supuesto si la Secretaría en forma clara y contundente estableció una determinación.
Entonces, aun considerando sus argumentos, la validez de los mismos, el Reglamento nos señala que al no haber el supuesto de duda ha quedado firme la decisión de la Presidencia de la Mesa. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico... Perdón. A ver, diputado Espadas, con qué objeto. A ver, diputado Romero Hicks o diputado Espadas. Diputado Romero Hicks.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks (desde la curul): Estamos en la casa de las normas y la norma superior es clarísima. Quiero que se asiente en el Diario de Debates que se faltó a la legalidad, a la certeza frente a todos nosotros, en caso de que no se reconsidere y que además no es la primera vez que esta Secretaría de la Mesa Directiva no da fe, sino da falsedades. Lo lamento muchísimo. Y hoy lo que nos debe honrar es la verdad, la legalidad, la certeza y la transparencia, si no reconsidera, lamento mucho, sería una enorme equivocación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Quedará consignado en el Diario de los Debates, tal como usted solicita, diputado Romero Hicks.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Fernández Noroña, con qué objeto.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sobre este tema, diputada Sauri. Yo he manifestado en varias ocasiones diferencia con la conducción y sobre la interpretación de normas. Me parece que, en esta ocasión, la razón le asiste de manera clara y absoluta. No hubo ninguna duda de la Secretaría, tampoco acepto que se esté cuestionando el ejercicio que está haciendo la Secretaría y me parece un señalamiento ligero, irresponsable.
El respeto a quienes les toca la nada fácil tarea de conducir los debates es fundamental y yo quiero refrendar mi respaldo a la decisión que está tomando la Mesa Directiva y mi respaldo a la secretaría que le tocó determinar de qué lado estaba la mayoría.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado Cayetano García, con qué objeto.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para los mismos efectos de procedimiento, presidenta. Dejar muy en claro que su investidura le obliga a actuar con absoluta imparcialidad. Cuando usted sugiere que simpatiza con los argumentos y que incluso son válidos, deja entrever y afecta la decisión de la secretaria. Deja entrever que se tuviera razón en lo que se está argumentando por parte del coordinador del Partido Acción Nacional.
Se debe salvaguardar a la secretaria. Porque fíjese usted que si se revisa la versión estenográfica se va a dar cuenta de que hizo una manifestación que es una ofensa a la secretaria. Dijo: “esta secretaria”. Se debe referir de manera institucional a la “la secretaria”, incluso por su nombre, si fuese posible, no de esa manera. No se puede denigrar la responsabilidad que tiene la fedataria, de quien no tuvo ninguna duda para resolver finalmente lo que usted está avalando. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Cayetano García, me veo en la necesidad de precisar de nuevo. En primer término, la manera de nombrar a las y los secretarios es invariablemente “esta Secretaría”, no “esta secretaria”. Y no voy a polemizar con usted por un acento.
Segunda cuestión. Desde un principio dejé claramente asentado que la secretaria, actuando ella, sin duda, dio fe de lo que ella vio. Y que esta Presidencia la apoya en el acto de fe que representa cantar una votación económica. Como también hemos apoyado a las y los secretarios en la realización de sus funciones. Entonces considero que ese asunto está suficientemente discutido. Y atentamente solicito que pasemos a la votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación de lo reservado en términos del dictamen y de la modificación aceptada por la asamblea.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación de lo reservado en términos del dictamen, y de la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y a los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Encuentro Social, del Partido Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, y diputadas y diputados sin partido que procedan a la votación de lo reservado, en términos del dictamen, y de la modificación aceptada por la asamblea.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría haga el llamado al segundo bloque de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, procedan a la votación de lo reservado en términos del dictamen, y de la modificación aceptada por la asamblea. A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto les recordamos que quedan dos minutos para cerrar el sistema electrónico de votaciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 289 votos a favor, 0 abstenciones y 98 votos en contra. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado lo reservado en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea por 289 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañeras y compañeros legisladores, el diputado Víctor Blas López puso en conocimiento de la Mesa Directiva que el pasado 11 y 13 de diciembre fallecieron dos grandes héroes de la heroica ciudad de Juchitán, el policía segundo Ángel Regalado López, que fue abatido en cumplimiento de su deber y el doctor Delfino López de la Cruz, en un accidente. En memoria de los héroes de Juchitán, amigos y paisanos solicitan a esta asamblea un minuto de silencio, el cual le es concedido.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dar cuenta con la declaratoria de publicidad.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la asamblea que se encuentra disponible en los monitores de las curules, dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que el presidente de la República somete a la ratificación de la Cámara de Diputados el nombramiento de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez como tesorera de la federación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Toda vez que se cumplió con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, procederemos a la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que el presidente de la República somete a la ratificación de la Cámara de Diputados el nombramiento de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez, como tesorera de la Federación. Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, la diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Con permiso de la Presidencia. Estimados compañeros legisladores y legisladoras, me dirijo a esta soberanía a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen a la propuesta de ratificación del nombramiento en favor de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez, como tesorera de la federación, presentada el pasado 9 de diciembre de 2020, por el presidente de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción II, y 74, fracción III, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Sobre el particular he de decir que, el 10 de diciembre de 2020, la Mesa Directiva dispuso que la propuesta de ratificación del nombramiento citado fuera turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.
Resulta importante enfatizar que, del expediente enviado a esta Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal señala que la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez es doctora en sociología por la Universidad Autónoma de México y que, en el ámbito profesional, actualmente se desempeña como investigadora definitiva titular B, y profesora de asignatura B, en la referida universidad.
Ha realizado múltiples publicaciones de ensayos y revistas. Asimismo, ha publicado diversos libros en materia social, política y económica, e igualmente cuenta con diversos reconocimientos por su trayectoria profesional y académica.
Ahora bien, en reunión celebrada el día de hoy, 14 de diciembre de 2020, los diputados integrantes de la comisión dictaminadora citaron a comparecer a la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez, para escuchar sus puntos de vista y plan de trabajo que piensa realizar en el cargo, con el objeto de analizar la procedencia de la citada ratificación, así como para expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a fin de integrar el presente dictamen que hoy se somete a su consideración.
Del análisis del expediente que presentó el Ejecutivo federal, correspondiente a la ratificación que da origen al presente dictamen, la mayoría de los integrantes de esta comisión consideró que la ciudadana propuesta puede desempeñar las funciones del puesto encomendado, ya que se evidencia la ciudadana María Elvira Concheiro cuenta con los méritos requeridos para desempeñar el cargo de Tesorera de la Federación. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Terrazas Baca.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fijar postura se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Erika Mariana Rosas Uribe.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Con la venia de la Presidencia. Buenas noches, compañeras y compañeros diputados, la Tesorería de la Federación es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del gobierno federal. Estos recursos incluyen la recepción de ingresos y la ejecución de pagos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Entre sus funciones sustantivas se encuentran: recaudar los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación, ejecutar las operaciones de pago que le instruyan las dependencias y entidades con cargo al presupuesto autorizado.
Administrar los recursos financieros, propiedad del gobierno federal, en moneda nacional o extranjera, fungir como aval del gobierno federal, hacer efectivas las garantías no fiscales a favor del gobierno federal, son grandes responsabilidades que la nueva tesorera deberá enfrentar y que la pronta y correcta capacidad de ejecución se verá reflejada directamente en beneficio de la ciudadanía.
Coincidimos con el Ejecutivo federal en que la administración de un estado no solamente requiere de técnicos, es imprescindible contar con perfiles humanistas que atiendan de manera integral los temas necesarios para el buen despacho de los intereses del gobierno. La llegada de la doctora María Elvira Concheiro Bórquez, a la Tesofe, da un aire más humano a un área, tradicionalmente había sido administrada por personas que provienen del ámbito económico.
En esta legislatura hemos logrado por lograr la paridad sustantiva, no solamente con la propuesta y aprobación de leyes a favor, sino con el apoyo de mujeres que empiezan a participar de manera importante y con paso firme en la toma de decisiones en nuestro país.
Por ello, aplaudimos la participación de las mujeres en las instituciones que manejan los recursos y la economía de México. Estamos convencidos que esto traerá beneficios que antes eran difíciles de lograr. Si bien es cierto que el Presupuesto ya está asignado, la prioridad que se dé para la administración de los recursos podrá dar un importante viraje en la manera cómo se ha venido llevado las cosas hasta el momento.
Sabemos que ahora la Tesofe concentrará más recursos que antes, habrá que ser muy cautelosos en la ejecución del gasto de los fideicomisos y del Fondo para Salud, que se cumplan los objetivos establecidos y aprobados por esta Cámara de Diputados.
Es un hecho que la llegada de la doctora María Elvira Concheiro significa un gran reto, pero estamos seguros que responderá con profesionalismo, honestidad y eficiencia a este nuevo encargo, como lo ha hecho a lo largo de su carrera, como investigadora de nuestra máxima casa de estudios. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Rosas Uribe.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. En el PRD consideramos que el proyecto de dictamen que se nos presenta carece de las certezas necesarias para poder emitir un voto razonado y ratificar la propuesta que hace el Ejecutivo federal para cubrir la vacante de la Tesorería de la Federación. Nos explicamos.
En el numeral 2, descripción de la ratificación del nombramiento del apartado del contenido de ratificación, es prolijo en los méritos académicos de la propuesta. Profesora e investigadora en el área de sociología, fundamentalmente en la UNAM, en sus investigaciones y publicaciones, presentadas en eventos nacionales e internacionales, en revistas académicas, en conferencias. Insistimos, en el área social. Pero sin hacer descripción alguna de las habilidades y responsabilidades que se presentan en las consideraciones de la comisión.
En la segunda, en donde se nos presentan extrañamente seis responsabilidades administrativas sin respaldo, sin datos suficientes. Nosotros tuvimos la necesidad de buscar en internet y en otras áreas de la administración pública del gobierno federal los antecedentes de estos nombramientos y nunca los encontramos.
Ahí se dice que la señora Concheiro fue directora general adjunta de Ingresos de la Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, no la encontramos. Se dice que fue directora de Procesos, directora de Apoyo Técnico, asesora de la titular de la Tesorería de la Federación en el 2010, único dato de fecha, directora de Concentración y Control de Fondos, y seis, subdirectora de Información y Procesamiento de Datos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. No encontramos ningún documento que respaldará esta información.
Sin embargo, salvo la mención que ocupó los cargos de directora de Apoyo Técnico y Asesora de la titular de la Tesorería de la Federación en el 2010, repetimos, en ninguno se mencionan periodos en los que se hayan desempeñado las responsabilidades que se describen en esta segunda consideración.
Y más extraño resulta que todas las notas y columnas y notas periodísticas publicadas desde el anuncio del Ejecutivo de las propuestas que serían puestas a consideración del Poder Legislativo, lo que se destaca es que ninguna señala estos antecedentes administrativos.
Para no ir más lejos, en el portal de noticias de CDP, en un artículo de Federico Arreola, publicado el 7 de diciembre del presente, titulado “Andrés Manuel, ¿lo pensaste bien? ¿Una socióloga en la Tesorería?” Se presenta un currículo detallado de la propuesta presidencial. Se describen dos tesis, 11 seminarios y cursos, 27 trabajos para congresos, 6 libros, 45 artículos de investigación y otros datos más, pero ninguna mención de experiencia administrativa, contable, financiera en ninguna institución en las que ella hubiere participado.
Quisiera preguntar: ¿En el expediente que se remitió a la comisión obra este currículum de labores técnicas financieras firmados por la candidata? ¿Existen constancias de los cargos administrativos que señala la consideración segunda? Sería muy grave, compañeras diputadas y diputados, nombrar a una servidora pública sin el perfil y la experiencia necesaria para un cargo de una responsabilidad superior. Sin duda ser leal es un requisito necesario, pero contar con la capacidad es indispensable cuando se han de desempeñar responsabilidades técnicas especializadas.
No ponemos en duda la preparación académica de la señora Concheiro, ni siquiera su integridad ética. Lo que ponemos en duda es su capacidad para participar en la administración de casi 5 mil cuentas bancarias que tiene la federación. Administrar, garantizar flujo para el gasto, inversiones, recaudación, localización y custodia de recursos patrimoniales de la federación, multas, aportaciones al IMSS, al ISSSTE, Infonavit; 23 tareas más técnicas contables, financieras. Y la señora Concheiro no tiene antecedentes comprobables de capacidades en esta área.
Nosotros nos sumamos al reclamo al Ejecutivo de que para este cargo se requiere más que una buena investigadora y una buena académica. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas, diputados, para la bancada del PES un gobierno que aspira a transformar la realidad del país debe articular la técnica y las habilidades con un manejo responsable y comprometido que, sobre todo, anteponga el interés general del país antes que cualquier defensa de intereses privados, populares o ajenos a la realidad nacional.
Los nombramientos que anunció el presidente de la República en la conferencia matutina del lunes pasado cobran especial relevancia por las materias en las que se hacen. La ratificación de los nombramientos de mujeres capaces y comprometidas, como son la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Inegi, la titular de la Coordinación de Puertos y Marina, la nueva responsable de la Secretaría de Economía, la subgobernadora del Banco de México y el titular de la Tesorería de la Federación deberán poner todo su empeño para despejar dudas y, en otros casos, corroborar las expectativas a la confianza pública que se ha expresado.
Especialmente en el uso de las atribuciones de esta Cámara de Diputados, con la ratificación de la persona titular de la Tesofe, cobra una vital importancia porque la propuesta del Ejecutivo cuenta con una preparación académica nacional e internacional y una trayectoria en el Sistema Nacional de Investigación, que le permite conocer los contextos y sus implicaciones en los ámbitos sociales de nuestro país.
Sabemos que desde la comisión se han manifestado legítimas dudas e inquietudes, sin embargo, debemos ser más integrales en nuestros juicios y diferir de un repetitivo argumento. Pareciera que se han olvidado de que la Tesorería ha sido ocupada por virtuosos que han dado lugar a diversas observaciones y un desempeño que no se puede calificar como positivo.
Por tal motivo, el nombramiento de María Elvira Concheiro Bórquez, quien es licenciada, maestra y doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que se pone a la consideración de esta soberanía para ser nombrada como la tesorera de la Federación tiene mucho interés porque de ser ratificada deberá establecer un trabajo eficiente y efectivo en el manejo de los impuestos.
De Concheiro se han distribuido mensajes en contra del perfil propuesto por el Ejecutivo, sin embargo, poco se dice de las facultades de la Tesofe y las decisiones presupuestales establecidas desde esta Cámara de Diputados. Se habla poco de las múltiples publicaciones en materia económica y política o la pertenencia a asociaciones científicas y círculos de investigación que dan prueba de un manejo bajo altos estándares de calidad.
Concheiro Bórquez es una mujer de amplia experiencia profesional como investigadora de la UNAM, y entre los premios y distinciones que han obtenido destacan el diploma por 30 años de servicios académicos a la institución y el reconocimiento por 25 años de servicios académicos en la UNAM y otros más.
Reconocemos el trabajo y los retos que tendrá por delante, pero estamos seguros de sus capacidades y de su disciplina para llevar a buen puerto las gestiones de los recursos y del gobierno federal, y se podrán optimizar procesos de recaudación y custodia de los recursos.
Sirva pues, esta intervención, para dar un voto de confianza para el desempeño de sus funciones, que el trabajo no se detenga y pueda cumplir con los objetivos y metas que tenemos por delante. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Saldivar Camacho.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, presidenta. En Movimiento Ciudadano no queremos ser una oposición mezquina y hemos dado muestra de ello. Lo señalé hace unos días cuando hablamos del registro de padrones de telefonía celular. Analicé una a una las iniciativas que le hemos aprobado al presidente, para que no haya pretexto en materia de seguridad.
Hoy, que nos ocupa la ratificación de un funcionario, también quiero hacer un recuento porque hemos tratado de no ser un impedimento para que el gobierno de la República, particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador encuentre dificultades desde la oposición para que designe y ponga en los mejores puestos a quienes considere deben de estar ahí para ocupar los cargos que él les ha encomendado. Y, así lo hicimos con el secretario de Hacienda un par de veces, con los funcionarios Mayor de Hacienda cada vez que se nos ha requerido y no solo hemos dado ese voto de confianza que se dice aquí, hemos caminado desde la Comisión de Hacienda para tratar de encontrar soluciones conjuntas a los problemas que se nos han presentado.
Pero, en esta ocasión no podemos ir a favor con la ratificación de María Elvira Concheiro Bórquez, como tesorera de la Federación, exclusivamente porque entendemos varias cosas. Si bien es cierto que, como requisito de elegibilidad, la propia Ley del Servicio de Tesorería de la Federación o el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda no se encuentra impedimento para que esta funcionaria pudiera obtener este cargo, sí encontramos en el propio análisis de cuáles son las funciones de la Tesorería de la Federación, impedimentos muy claros para que esta funcionaria poder ocupar o saber.
Se trata esta tesorera de la Federación, tiene que entre otras cosas autorizar a los auxiliares y determinar en cada caso las funciones que deberán llevar a cabo. Administra el Sistema de la Cuenta Única de Tesorería, recauda recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deben percibirse del gobierno federal.
Constituye y administra depósitos en moneda nacional y extranjera. Ejecuta las operaciones de pago que le instruyen las dependencias y las entidades con cargo al presupuesto autorizado. Autoriza las cuentas bancarias por excepción a las dependencias y entidades de la administración pública federal. Administra los recursos financieros propiedad del gobierno federal en moneda nacional y también en moneda extranjera. Funge como aval del gobierno federal en cualquier transacción.
Hace efectivas las garantías no fiscales a favor del propio gobierno federal. Integra y controla la información contable del movimiento de los recursos y valores de propiedad o a cuidado del propio gobierno. Ejerce derechos patrimoniales de los valores que representen inversiones financieras. Realiza actos de vigilancia para verificar la adecuación, recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de los recursos y valores de la propiedad al cuidado del gobierno federal.
Para todo esto, se nos propone un perfil de María Elvira Concheiro Bórquez, que es doctora en sociología, maestra en la misma disciplina y licenciada, también, en sociología. Creemos que no es el mejor perfil para desempeñar tan importante actividad y, sobre todo, por el tiempo que vivimos.
Dentro de nuestro análisis comprendemos que la carrera académica y técnica de la doctora María Elvira Concheiro es impecable, nadie podrá negarlo. Sin embargo, consideramos que este perfil se orienta más a la sociología y no a la contabilidad gubernamental. Además, no se ha desempeñado, como ya se dijo aquí, en cargos públicos, por lo que no cuenta con experiencia en ese sentido. A pesar de ello, no dudamos de su solidez académica, pero, creemos que podría ser de utilidad en distintas áreas de la administración pública federal y no en la Tesorería de la Federación.
Ante esto, desde nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos en contra de su ratificación como tesorera de la Federación, ya que consideramos que este es un puesto de suma importancia y que se requiere un perfil técnico que tenga expertise en finanzas públicas, moneda y también en la banca.
Por eso, hago un llamado para que todas las posiciones relacionadas no solo en este caso, lo que venga en el futuro con temas económicos y entendiendo la crisis económica que vivimos, en los que todo se involucre la política fiscal e industrial de la administración pública federal se desempeñen con profesionistas con una alta formación técnica en estos temas, se los digo compañeros diputados, muy respetuosamente, ya no tentemos un margen para la improvisación y, sobre todo, para asumir el costo del aprendizaje. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Del Toro Pérez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputada Sauri. La oposición es mezquina y muy mezquina. Para ellos el perfil de un tesorero, tesorera, tendría que ser un tecnócrata, corrupto hasta la médula, que permita negocios al cobijo del poder, que utilice los recursos del pueblo en beneficio de la oligarquía y de un puñado, y que se caracterice por hacerse de la vista gorda frente a los actos criminales del presidente de la República. Cuando gobernaba el Prian, que no me cansaré de decir que ahora van, ya se casaron y ahora van, unidos a la elección. Se casaron por el civil y por la iglesia, ofició el señor equis.
Y, ahora vienen a denostar a una extraordinaria mujer, a una extraordinaria académica, a una mujer de izquierda de toda la vida, con amplísimo reconocimiento académico y con amplísimo reconocimiento político. La oposición estaría en desacuerdo de que a un poeta lo nombren secretario de Hacienda, pero Benito Juárez pensó diferente y nombró a Guillermo Prieto.
Pensarían que a un abogado como a Melchor Ocampo no habría que darle nunca una oportunidad. O que a Matías Romero o a José María Iglesias, gigantes todos, liberales del siglo XIX y el secretario de Hacienda del gabinete de Juárez dirían que no tiene las prendas y las calificaciones. Como no habían sido antes secretarios de Hacienda, ¿cómo va a tomar la experiencia la izquierda si no es haciéndose en la brega, en la lucha, en la responsabilidad, en las tareas?
Elvira Concheiro es una mujer con su vida académica hecha, muy seria, que no aceptaría este cargo si no pudiera asumir. Va a ganar muchísimo menos que lo que gana en la vida académica, porque los sueldos en nuestro gobierno son muy austeros y simplemente, las calificaciones y los grados que tiene le dan un ingreso, pero mucho más alto que el que puede tener en la Tesorería de la Federación.
Es una mujer integérrima, que a los compañeros les hace ruido que sean socióloga, pues acostúmbrense a que los sociólogos vamos a tener cargos cada vez más importantes. Yo también soy sociólogo de la UAM. Ella es, además, maestra y doctora en esa área. Yo diré que, en mi caso, más que en sociología tuve una formación marxista muy sólida en la Universidad Autónoma Metropolitana, a mucha honra.
Esta mujer que viene de la izquierda de toda la vida, pues les parece que no cubre el perfil. Les gusta más el perfil tipo Luis Videgaray que está prófugo de la justicia. Ese tipo, no voy a nombrar instituciones para no lastimar a ninguna, pero les gusta ese tipo de personalidad, ese tipo de experiencia. Ese tipo, como Carstens, que estuvo en el PRI y en el PAN, que fue secretario del comandante borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que aquí daban moches.
Es que no va a dar moches Elvira Concheiro. Y eso indigna mucho a la oposición y por eso amenazan con votar en contra. Voten en contra, que eso ennoblece a la próxima tesorera de la Federación. Que no cargue con le estigma de que el PRI, Movimiento Ciudadano, el PAN, bueno, ya le di un llegue al PRI, no sé cómo va a votar. El PRD, que aquí viene a hablar que es de izquierda y están haciendo la labor de servidumbre de la derecha, del matrimonio del PRIAN.
Dicen que le tenemos miedo a esa alianza. No me da ni frío ni calor. Los vamos a arrasar en las urnas, porque tenemos el motor más importante que hay en este país, que es el pueblo de México, cada vez más consciente y cada vez más en pie de lucha. Y el pueblo de México confía en el compañero presidente y nosotros también, y confiamos en el nombramiento que nos está proponiendo. Cierro. No se habían nunca antes ratificado los funcionarios de Hacienda de los gobiernos anteriores. Hoy, por primera vez, eso se está haciendo...
El diputado Higinio del Toro Pérez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Con mucho gusto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Higinio del Toro?
El diputado Higinio del Toro Pérez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para ver si por su medio el diputado Noroña me permite hacerle una pregunta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Como rechazarla, si solo me quedaban 16 segundos, por supuesto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítanme un momento, diputados Fernando Noroña y Del Toro Pérez. Solamente que les quiero recordar que estamos en fundamentación del dictamen, no es en el... Perdón, posicionamiento de dictamen. No, todavía no entramos a la parte de la discusión, propiamente dicho, que es cuando proceden las preguntas. Entonces, ambos, uno por su intención de hacerla y otro por su intención de recibirla, ¿verdad?, les ofrezco las disculpas del Reglamento. Adelante, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Que conste en actas que yo la había aceptado. El compañero presidente, cuando fue jefe de Gobierno nombró a un hombre extraordinario en la Tesorería, a Raúl Álvarez Garín, que era director en ciencias, matemático, un hombre integérrimo, líder del Movimiento del 68. Fue un buen tesorero del gobierno del Distrito Federal.
Será una espléndida tesorera Elvira Concheiro del gobierno que encabeza el compañero presidente López Obrador. Es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Fernández Noroña.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, presidenta. Miren, hablar de las personas no es algo que, a mí, en lo personal, se me dé, siempre trato de hablar de manera correcta de todos los seres humanos. Por eso, más que hablar del perfil o de la persona, hay que hablar de la responsabilidad que van a desempeñar.
Cuando yo escucho al orador que me antecedió, siempre menciona los buenos funcionarios del actual presidente, pero se les olvida que el secretario de Finanzas se jugaba las finanzas del jefe de Gobierno en las vegas, en El Velario, si mal no recuerdo, y era el secretario Ponce. Entonces, también hay que aceptar que a veces quien preside puede ser infalible, puede fallar al decidir algunas cosas importantes.
Entonces, yo creo que vale la pena, a dos años que entró este gobierno, en que el presidente de la República revise si los nombramientos que ha estado haciendo son los más adecuados para el cargo. No es un tema de perfil, me refiero para determinado cargo.
Un ingeniero agrónomo, en Petróleos Mexicanos, ¿qué va a sacar de los pozos petroleros? ¿Maíz? ¿Ahora se explican por qué está quebrada la empresa? Una licenciada en lengua inglesa, ¿en la Secretaría de Economía? Vamos a crecer a menos 17 este año, gracias a ustedes, ¿y se atreven a eso?
Una periodista, y que no tengo nada en contra de los periodistas, pero, ¿hacerlo secretario de Seguridad? ¿Con 85 mil muertos? En dos años ha superado los muertos de Felipe Calderón. Se atreven a que en Semarnat, en Semarnat, con toda la destrucción de la selva para hacer el Tren Maya, ¿alguien de agronomía?
¿Se atreven a que una arqueóloga esté al frente del Insabi? ¿Es cierto eso? Digo, no hay más gente capaz en la cuarta transformación que pueda asumir técnicamente esos cargos. ¿Es verdad que necesitamos a un diseñador gráfico en la Sedatu? No tengo nada en contra de los diseñadores, de hecho se utilizan para hacer los posters y todo eso. Pero, ¿en la Sedatu, en la Secretaría de Desarrollo Urbano?
¿Es cierto que una maestra de historia en el Inegi, o una licenciada en pedagogía en la Secretaría del Bienestar? ¿No tienen más gente? ¿No hay gente técnica? Cuando la gente se pregunta ¿a dónde va el país... ¿Quiere hacer una pregunta, diputada?
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Preciado, le recuerdo que los diálogos no están permitidos conforme al Reglamento, que usted bien conoce. Adelante, por favor.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Es claro –gracias, presidenta–. Es claro que carecen de dos cosas, o de imaginación para saber qué responsabilidad implica nada más estos nueve cargos que acabo de mencionar, o carecen de personas capaces para llevar a cabo las tareas tan delicadas. Por eso el país está como está.
Necesitan, llevan dos años en el gobierno. Calderón se fue hace ocho años, Peña hace dos, ya háganse cargo, por favor. Ustedes están gobernando el país, muchos de ustedes ya se van y ni se acuerdan que fueron diputados federales. Bueno, creo que su electorado se los va a recordar. Hay cosas que se dicen aquí que no son ciertas, los nombramientos como este, siempre han sido ratificados por las Cámaras, nada más que reformamos para que fuera la Cámara de Diputados y no el Senado de la República.
Creo que se debe de actuar con mucha responsabilidad, porque más allá de la honestidad, más allá de la integridad de los nombramientos de estas personas, también el aceptar un cargo para el que uno no está capacitado, es corrupción. Aceptar, hacer un trabajo que no sabe ni técnicamente, y no pueden porque no se han preparado para él, también es corrupción.
Los invito a reflexionar, los invito a que reflexionen particularmente este voto, porque hoy en México hay 12 millones de desempleados, y hoy más pobres que cuando ustedes recibieron el gobierno.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Preciado Rodríguez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, decía Chesterton que la erudición era saber cada vez más de cada vez menos y el neoliberalismo nos enseñó que los tecnócratas sabían, en efecto, cada vez más de cada vez menos de los asuntos públicos del país, y que estaban acostumbrados, la tecnocracia, a especializarse en algunos temas y a ser doctos en algunas particularidades de la vida pública.
Pero fueron, sobre todo, mucho más efectivos, muchos más eruditos en la corrupción y en la trascendente corrupción que hubo durante tantos años en el país. Eso es el neoliberalismo al que nos tenían acostumbrados y al que nos quieren regresar, porque parece que ahora que sí, con una posición muy mezquina establecen que no es posible aprobar el nombramiento de una renombrada investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además ha sido asociada, investigadora asociada de la Universidad de la Sorbona y de la Universidad de París.
Parece que quieren regresarnos a los tiempos en donde esos méritos académicos y esa alta trascendencia y estatura moral de las personas no se deben de presentar para los nombramientos. Con María Elvira Concheiro Bórquez estamos ante un nombramiento que nos devuelve la confianza y nos devuelve la esperanza de que las cosas van a ser completamente distintas. Y ya se inició el camino. Ya el anterior nombramiento en la Tesorería ya modificó completamente las cosas, y vamos ahora con este nombramiento a continuar con ese rumbo de transparencia, de honestidad en las decisiones que tiene que llevar a cabo la Tesorería de la Federación.
La trascendencia académica de la doctora Elvira Concheiro Bórquez abarca poco más de 4 décadas en el campo de la investigación, docencia y divulgación del análisis científico de las sociedades. En efecto, en la UNAM, que es la institución en donde ha estado trabajando por más de 30 años, y como investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM por más de 20 años. Mejor reconocimiento a su trayectoria académica y a las posibilidades de hacer una planeación, una programación, el cumplimiento de objetivos no puede alcanzarse en un perfil como el que está siendo propuesto.
Su muy particular perfil viene a refrescar y a darle un cariz más humano y de justicia social a una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo fin más general es el de gestionar los recursos y valores del gobierno federal. Una labor que, estamos seguros, dada su experiencia y su inclaudicable pugna por materializar la justicia social, desempeñará de forma tan efectiva como responsable.
La doctora Concheiro también ha cobrado notoriedad en el campo de las ciencias sociales por muy diversas publicaciones. Pero una de sus principales consignas que tendrá en la nueva responsabilidad como tesorera de la federación, será la de hacer llegar de forma puntual y diligente los recursos de los programas sociales para las y los mexicanos beneficiados de los mismos, tal y como ha sido aprobada por esta misma Cámara, de acuerdo con las políticas públicas diseñadas con el presidente de la República, y que han sido aprobadas en esta honorable Cámara de Diputados, y que hoy están reconocidas como derechos sociales en el artículo 4o. constitucional.
Una tan enorme como encomiable responsabilidad que tendrá Elvira Concheiro, una reconocida académica y también una reconocida persona de la izquierda, que es precisamente la que ha llegado al poder en este país y de la que estamos orgullosos, porque es esta izquierda la que está haciendo realidad la cuarta transformación para millones de mexicanos. Y en esta ruta la doctora Concheiro nos va a ayudar para que continúe, para que continuemos en la ruta de definiciones históricas en beneficio del pueblo mexicano. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Medina Pérez. Se ha agotado la lista de oradores y el diputado Javier Hidalgo ha solicitado la palabra para hechos. La tiene desde su curul y por un minuto.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Gracias, presidenta. Bueno, pues para comentar lo tristes que se han de sentir los mirreyes del PAN –según ellos muy superiores y capacitados– que el pueblo llegue a gobernar y que gobierne mucho mejor. Les ha de preocupar que venga un presidente de la periferia de la periferia a poder gobernar y a hacer las cosas muy bien.
Ahora, los datos, con eso lo podemos decir con mucha claridad. Hace 2 años, cuando llegamos, el salario mínimo estaba en 88.36, hoy 185.56. La gasolina a 20.61, hoy a 18.56. El dólar a 20.48, hoy a 19.85. Y los programas sociales 6 millones de beneficiarios hace 2 años y hoy 25 millones de beneficiarios. El pueblo gobierna mucho mejor que los mirreyes. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Hidalgo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación para que las y los diputados presentes procedan a la votación del dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, para que las y los diputados presentes procedan a la votación del acuerdo.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría llame al primer bloque de diputadas y diputados para que procedan a emitir su voto, y solicito atentamente dispongan de tres minutos el primer bloque para emitir su voto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del Verde Ecologista, el Partido Encuentro Social, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y a la diputada y diputados sin partido, procedan a la votación del acuerdo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría haga el llamado al segundo bloque de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena procedan a la votación del acuerdo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 280 votos a favor, 95 en contra y 4 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado el dictamen por 280 votos. Comuníquese al Ejecutivo federal.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se encuentra en el salón de protocolo la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez, cuyo nombramiento como tesorera de la Federación acaba de ser aprobado por la asamblea. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado Alfonso Ramírez Cuellar, diputada Claudia Pérez Rodríguez y diputado Jorge Casarrubias Vázquez. Se pide a la comisión, adelante, secretaria, perdón.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a la comisión cumplir con este encargo, observando las medidas de sana distancia para prevenir riesgos de contagio.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Solicitar que un compañero o compañera del Partido del Trabajo se integre a la comisión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Con mucho gusto. Si me pasa el nombre el Partido del Trabajo, con mucho gusto lo integramos. La diputada Claudia Domínguez, del Partido del Trabajo, si es tan amable de integrarse a la comisión que acompañará a la tesorera de la Federación a rendir protesta.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de tesorera de la Federación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez: Sí, protesto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Se pide a la comisión designada acompañar a la ciudadana Elvira Concheiro Bórquez cuando desee retirarse. Pueden tomar asiento.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la elección de las y los integrantes de la Comisión Permanente.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Considerando
1. Que de conformidad con los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 117 de la Ley Orgánica... Okey.
Acuerdo. Una disculpa.
Primero. Se nombran a las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, conforme a lo siguiente:
Titular, diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, del Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputado Pablo Gómez Álvarez.
Dos. Diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena. Sustituto, diputada María del Carmen Bautista Peláez.
Diputada María Guillermina Alvarado Moreno, Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza.
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río, Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputado Erwin Jorge Areizaga Uribe.
Diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputada Flora Tania Cruz Santos.
Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputada Carmen Medel Palma.
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputado David Bautista Rivera.
Diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputada Katia Alejandra Castillo Lozano.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena. Sustituto, diputado Emmanuel Reyes Carmona.
Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena. Sustituto, diputada Raquel Bonilla Herrera.
Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Partido Acción Nacional. Sustituto, diputado Juan Carlos Romero Hicks.
Diputada Karen Michel González Márquez, Partido Acción Nacional. Sustituto, diputada Jacquelina Martínez Juárez.
Diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Partido Acción Nacional. Sustituto, Cecilia Patrón Laviada.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional. Sustituto, diputado Rene Juárez Cisneros.
Diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Partido Revolucionario Institucional. Sustituto, diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez.
Diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo. Sustituto, diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez.
Diputado José Luis Montalvo Luna, del PT. Sustituto, diputada Ana Karina Rojo Pimentel.
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, Movimiento Ciudadano. Sustituto, diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del PES. Sustituto, diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina.
Segundo. La elección de quienes habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se llevará a cabo mediante el sistema electrónico de votación.
Tercero. Cualquier modificación se hará siguiendo el mismo procedimiento para su aprobación.
Cuarto. Comuníquese a las instancias correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, secretaria. Informo a la asamblea que ha solicitado hacer uso de la palabra, la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Juárez Piña dispone de la tribuna, hasta por tres minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): A mí francamente me parece bien la decisión, pero solo para saber el criterio de los tres minutos y desde la tribuna.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El criterio de los tres minutos se da en función a lo que establece el artículo 113 de Reglamento. Esta es una propuesta que puede ser discutida de acuerdo al artículo 113, y la única persona que solicitó hacer uso de la palabra es justamente la diputada Juárez Piña, a la cual la invito a iniciar su participación.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Otra vez el Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados no estará representado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo que nos resulta totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista.
Este acuerdo pasa por encima de los derechos de representación que tenemos los grupos parlamentarios y que conculca el principio de pluralidad con el que se rigen los órganos de gobierno, comisiones, comités y hasta los grupos de amistad que forman parte del Congreso, y en específico de esta Cámara.
Los grupos minoritarios en esta legislatura hemos tenido que enfrentar múltiples dificultades para poder participar dentro de los trabajos legislativos para usar la tribuna, para integrarnos a las comisiones en los órganos de gobierno y conforme acuerdos como el que ahora se discute, el poder formar parte de la Comisión Permanente.
En el nombramiento de las y los integrantes de la Comisión Permanente deben de respetarse los principios de la representatividad, de la inclusión y la pluralidad que se utiliza por cierto, en la integración de las comisiones, y no sujetarse a una fórmula arbitraria que resulta contraria a la democracia ya que violenta el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución, del artículo 26, numeral 1 y el artículo 43, numeral 2, ambos de nuestra Ley Orgánica, así como del artículo 18, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, presidenta, le pido respetuosamente, que con fundamento en el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Diputados nos pueda hacer una moción de ilustración para que los artículos invocados puedan ser leídos por la Secretaría.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que proceda a dar lectura a los artículos invocados por la diputada Verónica Juárez Piña.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Artículo 26, numeral 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el grupo parlamentario es el conjunto de diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.
3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, garantizando que los grupos parlamentarios no pierdan la representación proporcional expresada en el pleno en la conformación de las comisiones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada secretaria, ¿sería tan amable de dar, además del artículo, el ordenamiento al que corresponde, por favor?
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con gusto.
Artículo 43 de la Ley Orgánica, numeral 3. Del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 18, numeral 1. Los grupos tendrán por objeto promover la actuación coordinada de los diputados y diputadas, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, establecidas en sus principios postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que forman parte.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias, presidenta y secretaria. Es evidente que hay una violación a la Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso General y al Reglamento de la Cámara de Diputados al excluirnos. Cada grupo parlamentario representa una visión del país que tiene un lugar en este Congreso. Y es una expresión ideológica y política que los electores decidieron colocar en la Cámara.
Con este acuerdo están ignorando a más de 5 millones de votantes que se pronunciaron por esta opción política que, por cierto, muchos de los grupos parlamentarios aquí presentes, al menos dos, no pudieron obtener en las urnas. Un acuerdo como el que está a discusión es el prioritario y afecta un derecho político fundamental, coarta la libre expresión de los representantes populares.
La Comisión Permanente es un órgano del Congreso y debe reflejar su pluralidad, no ser una mordaza. La democracia vive gracias a la pluralidad, a los contrapesos y al respeto al derecho de las minorías. No es avasallando a las diputadas y diputados de otros partidos como se va a construir el México que todas y todos queremos.
Cómo se extraña, le digo a la mayoría, cuando eran oposición y luchaban por los derechos de las minorías. No cabe duda que el poder los transformó y los convirtió en aquello que tanto combatían. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Juárez Piña. No habiendo más oradoras y oradores, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a la elección de diputadas y diputados que formarán parte en calidad de titulares y sustitutos de la Comisión Permanente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación para que las y los diputados presentes procedan a la votación del acuerdo.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del acuerdo.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría llame al primer bloque de diputadas y diputados para que procedan a emitir su voto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se solicita a las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, Partido Verde, PES, MC, PT, PRI, PAN y diputada y diputados sin partido, procedan a la votación del acuerdo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría haga el llamado al segundo bloque de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se solicita a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena procedan a la votación del acuerdo. A las diputadas y a los diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que falta un minuto 48 segundos para cerrar el sistema electrónico de votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 355 votos en pro, 1 abstención y 12 votos en contra. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado el acuerdo por 355 votos. Aprobado el acuerdo por el que se declara la integración de las y los diputados a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que la Cámara de Senadores devolvió para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara al 2021 como el Año de la Independencia.
En virtud de que se encuentra disponible en los monitores de las curules, consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En términos del artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quiero intervenir.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor. A ver, diputado Fernández Noroña, le ruego atentamente haga uso de la voz desde su curul, para manifestar cuál es su propósito de participación.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Intervenir sobre el dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ah, permítame un momento. En el momento procesal le doy, con mucho gusto, la palabra. En consecuencia, está a discusión la minuta devuelta por la Cámara de Senadores. Para la ilustración de la asamblea, pido a la Secretaría dar lectura al proyecto de decreto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Proyecto de decreto por el que se declara al año 2021 como Año de la Independencia.
Artículo 1o. El honorable Congreso de la Unión declara al 2021 como Año de la Independencia.
Artículo 2o. Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que durante el Año 2021 en toda la documentación oficial se inscriba la leyenda ”2021 Año de la Independencia”.
En estricto apego al principio de distribución de competencias se invita al Poder Judicial de la Federación, a los órganos constitucionales autónomos, a las entidades federativas y a sus municipios, así como a la Ciudad de México y a sus demarcaciones territoriales a adherirse al presente decreto.
Artículo 3o. El Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial federales y los órganos públicos autónomos, establecerá un programa de actividades para conmemorar el Año de la Independencia.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2021 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.
Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, para su difusión. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Como lo establece la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de la minuta únicamente versará sobre lo modificado por la Cámara revisora. En este caso la colegisladora estimó oportuno no acompañar el proyecto de decreto con la frase La Grandeza de México, tal como se expresaba en la minuta que esta Cámara remitió originalmente al Senado de la República.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Fernández Noroña, dispone usted de cinco minutos para su intervención.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputada Sauri. Como bien lo comentas, originalmente la minuta era El Año de la Independencia –son 200 años de la consumación de la Independencia– y de la Grandeza de México, que quiero pensar que esta soberanía había tomado esa decisión porque hay un debate histórico añejo, donde la derecha, los conservadores siempre han querido meternos como padre de la patria a Agustín de Iturbide y ni de padrastro lo aceptamos.
La verdad... ¿No es así? Es así. Vicente Guerrero, gran insurgente, mantuvo la bandera de la Independencia viva y cuando Agustín de Iturbide vio que era ya necesario ese paso, que había sido represor, que había sido feroz en contra de los insurgentes, que había sido corrupto, le planteó un acuerdo y con mucha altura de miras Vicente Guerrero no fue sectario, no fue mezquino, aceptó el abrazo de Acatempan y aceptó el acuerdo político que abría el paso a la Independencia de nuestra patria.
Fue tan gentil Vicente Guerrero, tan generoso, que inclusive se hizo a un lado y tomó el poder Iturbide y hasta se hizo nombrar emperador. Empeorador, como le decía a Maximiliano.
Y hoy existe el fuero, por cierto, porque dentro de la historia del país, cuando un número de 100 legisladores quiso que fuéramos república en vez de imperio, Iturbide los mandó a la cárcel, a 100 diputados del Primer Congreso Mexicano.
Yo creo que es delicado que solo quede la expresión Año de la Independencia, porque nosotros seguiremos reivindicando como padre de la Independencia Miguel Hidalgo y Costilla. Y seguiremos reivindicando al enorme luchador por la Independencia, José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, gigante de la lucha por la liberación de nuestra patria.
Y seguiremos reivindicando a hombres como Juan Álvarez, olvidado en la historia de nuestro país que luchó, todos los galones los recibió en la lucha por la Independencia, directamente con Morelos. Luchó contra la intervención estadounidense, contra la intervención francesa y encabezó la Revolución de Ayutla que depuso definitivamente Antonio López de Santa Anna. Esa es la parte de la historia que nosotros reivindicamos. Esos son los hombres y mujeres olvidadas también, de las cuales nosotros nos sentimos orgullosos.
Pero creo que mis compañeros del Senado cometen un error al dejarlo solo como el Año de la Independencia, porque reitero, la frase Grandeza de México no era fortuita, tenía que ver con este añejo debate histórico que sigue presente, porque como lo dice el compañero presidente López Obrador, seguimos en el país los conservadores y los liberales, los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo. Los que piden corrupción, volver al viejo régimen de privilegios, los que quieren volver por sus fueros y sus privilegios, y los que consideramos que esta liberación de la patria no tiene marcha atrás.
Mañana, inclusive, vamos a discutir lo de la Ley de Seguridad Nacional, van a subirse aquí la derecha a defender a los agentes de Estados Unidos para que sigan haciendo lo que les dé la gana. Ese es su verdadero cariz, ese es su verdadero perfil. Así es que yo reitero, que Agustín de Iturbide ni de padrastro lo aceptamos, no estamos de acuerdo. Que lo reivindique quien lo quiera reivindicar. Esa no es la línea histórica que nosotros reivindicamos.
Por estas razones, no solo quise hacer uso de la tribuna, sino además votaré en contra de la modificación hecha por el Senado de la República. Muchas gracias por su atención compañeros y compañeras, y es un honor luchar con Obrador.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el año 2021 nos invitará a un arduo proceso de autorreflexión, será el año en que cumplimos 200 años como un Estado moderno. Esta tendrá que ser una nueva oportunidad para que analicemos cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos como nación, cuáles son los grandes obstáculos que nos quieren impedir dar esos pasos que tanta falta nos hacen, cuáles son aquellos momentos que nunca debemos de olvidar y cuál es la fraternidad y empatía que siempre nos recuerda que un mexicano nunca estará solo.
Ya sea en cada ocasión que nos volvamos a enfrentar a un desastre natural y que en medio de la tristeza se entone el cielito lindo, en el momento en que tengamos que esperar para poder darnos una mano y regalarnos una sonrisa, pero aun así cuidándonos los unos a los otros.
Nuestra grandeza como pueblo y como nación es un elemento que siempre debemos de tener presente, pues siempre estará ahí, cada día y cada año, pues más allá de la identidad cultural, ser mexicano invita a entenderse como una dimensión vasta y compleja en donde la grandeza es una reconfiguración constante.
Pero esto nos obliga a analizar aquella naturaleza que, como bien lo dijo el filósofo mexicano Samuel Ramos, nos vuelve a traer por sucesivas revoluciones o constantes momentos de cambios. Nos detendremos que volver a enfrentar a la dura realidad que pareciera una incongruencia histórica y que nuestro país, como casi todos nuestros hermanos latinoamericanos compartimos. Y es que la lógica nos dicta que la sucesión temporal de los hechos se alinea en un desarrollo continuo en el que la situación actual añade siempre un elemento nuevo al pasado, de manera que este nunca se repite igual en el presente.
Sin embargo, la historia de nuestra nación nos ha demostrado que si bien cada momento tiene su fecha de inicio y de fin, esto no siempre es garantía de que este fenómeno no vuelve a repetirse ya que, como bien lo escribió en su momento Justo Sierra, México ha tenido estas aceleraciones violentas de su evolución. Ese movimiento interno originado por el medio, la raza y la historia que impela a un grupo humano a realizar permanentemente un ideal, buscando un estado superior a aquel en que se encuentra. Lamentablemente nuestro país ha tendido que evolucionar de esta manera como consecuencia de enfrentarse constantemente a los mismos hombres, con las mismas promesas y los mismos métodos a un supuesto cambio, un dictador o una élite gobernante y un programa de restauración nacional que nos otorga una nueva oportunidad.
Hoy, hoy estamos viviendo una nueva oportunidad de trascender, pero ya no repetir. Un comento de cambio que verdaderamente deje atrás esa lamentable supuesta naturaleza intrínseca a nosotros que nos hace repetir nuestra propia historia. Estamos nuevamente en un momento para realmente independizarnos de todo aquello que nos ata y que evita que podamos alcanzar la significación que este país merece. Entiendo, o entendiendo que si bien México nunca dejará de ser grande y extraordinario, la oportunidad para reflexionar como nación sobre nuestro pasado y nuestro futuro es un momento pocas veces repetible.
Por ello es que el próximo año será bien llamado solo de la Independencia, pues momento de realmente independizarnos de todos aquellos modelos que solamente nos han perjudicado, de todas aquellas conductas que solo nos han frenado, de todos aquellos intereses que han marginado a nuestro pueblo y lograr todo aquello que queremos y necesitamos ser.
Es por esto, compañeras y compañeros, que hoy les digo: es momento de luchar nuevamente por nuestra independencia en esta nueva transformación. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Bonifaz Moedano. Agotada la lista de oradoras y oradores, consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en la minuta en lo general y lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría llame al primero y segundo bloques de diputadas y diputados, para que emiten su voto. Reitero, los dos bloques sean por favor llamados a emitir su voto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se pide a las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social, Partido Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y diputada y diputados sin partido y diputados de Morena, procedan a votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: A las y los diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que faltan dos minutos para cerrar el sistema electrónico de votaciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, el resultado es el siguiente: 300 votos en pro, 5 abstenciones y 50 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 300 votos, el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara al 2021 como Año de la Independencia. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Esta Presidencia recibió la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de distinciones que otorga la misma y está suscrita por integrantes de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de distinciones de la Cámara.
Artículo único. Se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:
1. La Cámara otorgará la medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913 al ciudadano o ciudadana cuyos actos cívicos o políticos se distingan por servir a la colectividad nacional y a la República.
2. La Cámara otorgará la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo, de la honorable Cámara de Diputados, al ciudadano o ciudadana mexicanos u organizaciones de la sociedad civil que por su actuación y trayectoria destaquen por el fomento, la protección e impulso para la inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
3. La Cámara otorgará medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales destacados por su actuación y trayectoria en el deporte mexicano o a aquellos destacados por el fomento, la protección o el impulso del deporte social.
4. La Cámara otorgará la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.
5. La Cámara otorgará la medalla Francisco Toledo para reconocer y premiar a la o el artista comprometido socialmente, que haya contribuido con su obra o acciones en la formación, defensa, conservación, rescate y difusión del patrimonio natural, cultural y artístico de México.
6. Dichas distinciones se entregarán de conformidad con el decreto de creación respectivo y el Reglamento que regula la entrega de medallas.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio legislativo de San Lázaro, 14 de diciembre de 2020.
Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta si se considera de urgente resolución, se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de distinciones de la Cámara. En virtud de que no se ha registrado orador ni oradora alguna para su discusión, consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se consulta si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, secretaria. Con qué objeto... Ah, muy bien, siga adelante, por favor, secretaria.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría, llame al primer y segundo bloques de diputadas y diputados para que procedan a emitir su voto, y que el reloj se abra por cinco minutos.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Encuentro Social, del Partido Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido Morena, también a la diputada y diputados sin partido, procedan a la votación del proyecto de decreto. A las y los diputados que falten de emitir su voto les recordamos que quedan dos minutos para que se cierre el sistema electrónico de votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 338 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 338 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que suscriben los integrantes de los órganos de gobierno, por el que se expide el Reglamento de las medallas otorgadas por la Cámara de Diputados y se reforman los decretos por el que se crea Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 2001. Se crea la Medalla al Honor Gilberto Rincón Gallardo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017; y por el que se crea la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2018. En virtud de que el proyecto de decreto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules, consulte la Secretaría si se autoriza omitir su lectura.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza omitir la lectura al proyecto de decreto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza. Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta si se considera de urgente resolución, se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. En virtud de que no se ha registrado orador u oradora alguna para su discusión, consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito atentamente a la Secretaría, sirva llamar a las y los diputados del primer y segundo bloques en forma conjunta, y dejar abierto el tablero por cinco minutos más.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se pide a las y los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios que faltan de emitir su voto y diputados sin partido, procedan a la votación del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A las diputadas y los diputados que falten de emitir su voto se les informa que queda un minuto para cerrar el sistema electrónico de votación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 323 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 323 votos, el proyecto de decreto por el que se expide Reglamento de las Medallas otorgadas por la Cámara de Diputados y se reforman los decretos por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 2001. Se crea la Medalla al Honor Gilberto Rincón Gallardo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017 y por el que se crea la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2018. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Desde San Francisco del Rincón, Guanajuato y a través de la diputada Michel González Márquez, productores de la industria sombrerera nos hicieron llegar una muestra de su trabajo que enorgullece a todo nuestro país.
Este es el municipio que más sombreros exporta en el mundo y por eso es reconocido como la capital mundial del sombrero. Muchas gracias a los sombrereros de San Francisco del Rincón y a la diputada Michel González Márquez, por fomentar la cultura y tradición del sombrero mexicano.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la recepción de minutas.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
1.Con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y tercero. Y se adiciona el párrafo cuarto al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 100, 102 y 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen y a la Comisión de Radio y Televisión para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En virtud de que se encuentra disponible en los monitores de las curules el acuerdo de la Mesa Directiva en materia de justificación de inasistencias de las diputadas y diputados a las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la contingencia sanitaria, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado y comuníquese. Continúe la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de las curules. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados y comuníquense.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A continuación, y por ser sesión de carácter presencial, se dará la palabra, para hechos desde su curul y por un minuto, a varios diputados y diputadas que así lo han solicitado. Tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Nada más para seguir insistiendo en que he estado haciendo muchísimas denuncias para defender al gremio camionero de este país, y es muy complicado romper con esa práctica de corrupción que sigue imperando con las grúas y corralones, que muchos ni siquiera tienen concesión, operan irregularmente cobrando cifras muy altas, causándoles un daño en su patrimonio a los dueños de los transportes y no tienen a nadie quien los defienda, estoy hablando del tema de caminos federales.
Pero también en los estados se manejan en contubernio con el Ministerio Público, con la Policía del estado, y los dueños de estos corralones irregulares no se apegan a ningún tabulador para hacer el cobro, cobran lo que ellos quieren. Muchas veces las personas dejan perder su camión, su auto, su camioneta, siendo esto patrimonio de ellos, así es que se está causando un robo a ojos vistos en esta área.
Los municipios también, ya a través del juez cívico, en los choques o en algún incidente de tránsito, también se llevan los vehículos a sus propios corralones. Tienen grúas concesionadas y corralones clandestinos ahí... Perdón, grúas irregulares, tanto los municipios como en el estado, como...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): ... federal. Es un llamado para que se tomen cartas en el asunto en este tipo de ladrones con los transportistas. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Manzanilla Téllez.
Tiene la palabra la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Simey Olvera Bautista (desde la curul): Gracias, presidenta. Pues mañana comienza un nuevo periodo de ayuntamientos municipales en mi estado, en Hidalgo, en una composición diversa y en algunos municipios muy cuestionada, de hecho, aún hoy todavía existen algunos sin definición, pero la gran mayoría tomarán protesta el día de mañana, este martes 15 de diciembre, tres meses después de la fecha marcada a consecuencia del Covid.
La conformación es única en la historia de Hidalgo, por primera vez las y los candidatos no favorecidos podrán entrar como regidores, además, se considerará la paridad de género entre otras muchas vertientes. Todo esto crea una gran expectación.
Y por eso, como diputada federal del distrito más grande de Hidalgo, conmino a todos aquellos que mañana tomarán protesta, a trabajar conjuntamente con la ciudadanía de cada uno de los 84 municipios. Y sumarme, como representante popular, para hacer que la transformación llegue al estado, porque ahora ya no encabezan un color o un partido, hay que decirles, sino a todo su pueblo. Así que estaremos muy al pendiente y mucho, mucho éxito por el bien del estado de Hidalgo. Es cuanto, presidenta, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Olvera Bautista. Tiene la palabra la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Lucía Flores Olivo (desde la curul): Gracias, presidenta. Es por rectificación de voto. En el dictamen de Puntos Constitucionales, por el que se reforma el artículo 73, en materia de seguridad privada.
Por error se reflejó mi voto en abstención, debiendo ser a favor. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Así quedará consignado en el Diario de los Debates, diputada. Tiene la palabra la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Simey Olvera Bautista (desde la curul): Gracias. Es para otro tema, pero precisamente del estado de Hidalgo. En el Valle del Mezquital, de ahí, de Hidalgo, se padece una situación de las aguas negras o residuales que llegan de esta ciudad, de aquí de la Ciudad de México o del Edomex, y son utilizadas para el riego de productos agropecuarios. Sin embargo, tienen excedentes que recargan los acuíferos y provocan una contaminación extrema del recurso de agua destinado para el consumo.
Por este motivo, el Consejo Interino del Municipio de Francisco I. Madero, que sigue vigente, ha solicitado que el gobierno federal instruya a quien corresponda y pues se vea con las industrias y fábricas que hacen las descargas, coloquen filtros, dependiendo del desecho que producen, para aminorar los daños que causan al medioambiente y a la propia población de este distrito de riego 03.
Ya se presentó el documento indicado a la Dirección General de Atención Ciudadana y aquí, desde este pleno legislativo me sumo a la causa y a la pronta respuesta de solución que la ciudadanía de ese lugar y de toda la región está en espera. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Olvera Bautista. Tiene la palabra el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Gracias, presidenta. A fines de febrero de este año, el SARS-CoV-2 ingresó a nuestro país procedente de Europa y de los Estados Unidos de América. No llegó de la Sierra de Guerrero ni de la Zongolica ni de la Tarahumara, y desde ese momento la oposición vio la oportunidad de hallarse a ese virus para derrotar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ante los desafortunados fallecimientos por la Covid-19, el PRIANRD festeja con olas y pancartas, como en los estadios se hace para celebrar las anotaciones de su equipo favorito. En la discusión del Presupuesto 2021, la misma oposición acusaba que no veía los recursos económicos para la adquisición de las vacunas, a pesar de que el presidente todos los días informaba de que México sería de los principales países en el mundo en obtenerlas.
Hoy que el gobierno de México anuncia la vacunación contra el Covid en la tercera semana de diciembre, la oposición exige el nombramiento de un... de la... y que los anticonstitucionales gobernadores aliancistas la puedan adquirir libremente en el mercado.
Ante ello les informo que ya existe en México un... de la Covid... y... a los habitantes de esos estados a no permitir... los gobernantes en aras de hacer negocios, como acostumbran, les apliquen agua en lugar de vacunas. Es todo, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Mojica Wences. Tiene la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Gracias. Con su venia, diputada presidenta. Seguimos pronunciándonos porque cesen las medidas de represión en contra de trabajadores ferrocarrileros que han decidido ejercer su libre asociación sindical.
Es por ello que exhorto a las empresas Ferrocarril Mexicano, Ferrocarril del Sureste, Ferrosur de Grupo México; la empresa Ferrocarril de Istmo de Tehuantepec y a la empresa Ferrocarril Kansas City de México, para que cesen inmediatamente los despidos injustificados, el hostigamiento laboral, acoso laboral y represión en contra de 25 trabajadores ferrocarrileros que ejercieron su derecho de libre asociación sindical, para asociarse al nuevo Sindicato de Industria Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros y Asociados de México.
Cabe mencionar que este es un derecho que garantiza la nueva reforma laboral publicada el primero de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Como representante popular y, desde el Poder Legislativo, demando a las empresas antes mencionadas a cumplir ya con esta ley. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares. Tiene la palabra la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Sandra Paola González Castañeda (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. A nombre de su servidora y a nombre de la diputada Guillermina Alvarado, que estamos aquí juntas, queremos hacer un llamado muy serio y muy fuerte al gobernador del estado de Nuevo León, y en especial a la secretaria de Educación del estado de Nuevo León, que el día de hoy violentaron el derecho fundamental laboral de las y los maestros y el personal administrativo del estado de Nuevo León, violentándoles este derecho, quitándoles parte de su aguinaldo, no depositándoles lo que les corresponde, violentándoles este derecho.
Queremos hacer este llamado y decirles a las maestras, maestros y personal administrativo de los trabajadores del estado de Nuevo León, de la sección 50, que estamos aquí sus diputadas representándolos y que no se dejen engañar por políticos del estado de Nuevo León que ya se encuentran en campaña y que están utilizando esta lamentable situación para cooptarlo políticamente. Nosotras somos sus diputadas y estamos aquí representándoles.
Y también queremos decirle al gobierno del estado de Nuevo León que no se vale que haga esto, que esto es una aberración, lo que le está haciendo a las maestras y maestros del estado, ya que con esta situación de pandemia no podemos utilizar estas prácticas. Ya basta de los abusos a los maestros y maestras de la sección 50.
La diputada María Guillermina Alvarado Moreno (desde la curul): No permitiremos atropellos a los maestros.
La diputada Sandra Paola González Castañeda (desde la curul): Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada González Castañeda. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): El sincero respaldo del pueblo y la alta aprobación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador trae muy preocupados a los conservadores y no hayan cómo hacerle. A dos años del gobierno de la cuarta transformación el presidente goza de mejores números que muchos de sus antecesores y eso los trae verdaderamente fúricos.
Han perdido objetividad y claridad en el rumbo de la nación en estos tiempos de cambio, porque ya nada de lo que practicaban se aplica ahora. La velocidad de una nueva forma de hacer política del presidente, quien se ha propuesto tres sexenios en uno, no les permite identificar por dónde va la ruta nacional, no les quedan otra más que los ataques y la descalificación. Cómo extrañan los privilegios. Sin arrogancias, pero la verdad los está arrollando el de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco. Es mucha pieza. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (23:21 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana, martes 15 de diciembre de 2020, a las 10 horas. Reitero, a las 10 horas, en modalidad semipresencial, semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 8 horas, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las y los diputados.
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