Comunicaciones
Iniciativas
Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Morena
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río, Morena
Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, PAN
Senador Eruviel Ávila Villegas, PRI
Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, PT
Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, PMC
Diputada Carolina García Aguilar, PES
Diputada Zulma Espinoza Mata, PVEM
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, PRD
Dictámenes a discusión de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo
Proposiciones con punto de acuerdo
Diputada Tatiana Clouthier Carrillo, Morena
Senador Joel Molina Ramírez, Morena
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, PAN
Diputada Ma. Sara Rocha Medina, PRI
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, PT
Senador José Ramón Enríquez Herrera, PMC
Diputada Carolina García Aguilar, PES
Agenda política en materia de seguridad
Senador Daniel Gutiérrez Castorena, Morena
Diputada Carolina García Aguilar, PES
Senador José Ramón Enríquez Herrera, PMC
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, PT
Diputada Dulce María Sauri Riancho, PRI
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz y senador Damián Zepeda Vidales, PAN
Diputada Juanita Guerra Mena, Morena
Diputada Carolina García Aguilar, PES
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: Se procederá a pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión Permanente. (Pase de lista)
¿Falta algún legislador de pasar lista? Hay una asistencia de 33 legisladoras y legisladores. Hay quórum, señora presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (11:57 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se le dispensa la lectura, en virtud de estar publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibieron de los senadores Martí Batres Guadarrama, Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Minerva Citlalli Hernández Mora, Gabriela Benavides Cobos, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Patricia Mercado, Martha Lucía Micher Camarena y Verónica Noemí Camino Farjat, informes relativos a diversas actividades legislativas, llevadas a cabo durante el año 2019,
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Remítanse a la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El Congreso del Estado de Oaxaca, comunica la integración de su Mesa Directiva que funcionará durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Comuníquese.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El Congreso del Estado de Colima, remite acuerdo por el que exhorta al honorable Congreso de la Unión generar las facilidades para la creación, aplicación y seguimiento de instrumentos de política ambiental.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El Congreso del Estado de Jalisco, remite acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que atiendan lo referente al expediente de hechos relativo a la petición SEM-03003 Lago de Chapala y a revisar las medidas que la Secretaría de Salud ha adoptado para atender a los enfermos renales residentes en las poblaciones colindantes a la cuenca del lago.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad. Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El Congreso del Estado de Chihuahua remite tres acuerdos por los que realiza diversos exhortos a la Cámara de Senadores, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Remítanse a la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El Congreso del Estado de Chihuahua remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que reconsidere los recortes realizados a los programas nacionales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El Congreso del Estado de Durango remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que deje sin efecto los alcances del uso horario, eliminando el horario de verano en dicha entidad.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Gobernación y Población y de Energía de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibieron de las universidades de Sonora, Guanajuato, Autónomas de los estados de Chihuahua, Tlaxcala, México, Chiapas, Benito Juárez de Oaxaca, así como de los Institutos Tecnológicos de Sonora y Nacional de México, los informes de la auditoría externa realizada a sus matrículas correspondientes al segundo semestre del año 2019.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El Servicio de Administración Tributaria informa que, durante el mes de noviembre de 2019, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y consumo, así como productos químicos, entre otros. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría.
El secretario senador Gustavo Madero Muñoz: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social comunica que se encuentran disponibles para consulta, en su página electrónica, las evaluaciones integrales de los programas federales vinculados a los derechos sociales correspondientes a salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, educación, trabajo y seguridad social.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Madero Muñoz: El Consejo de la Judicatura Federal remite el sexto informe al Congreso de la Unión, para los fines previstos en el artículo decimotercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Madero Muñoz: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía remite el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de interés nacional del Inegi 2020, así como el Calendario de publicación de información de interés nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2020.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Madero Muñoz: El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles remite el Informe semestral de labores correspondiente al periodo del 16 de mayo al 30 de noviembre de 2019.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite en nueve tomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2019.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que no se ha ejercido presupuesto alguno relativo al Programa de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: El Banco de México remite el informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, correspondiente al periodo julio de 2018 a junio de 2019.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Se recibieron los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que el presidente de la República remite el nombramiento de las ciudadanas Thalía Concepción Lagunes Aragón, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Raquel Buenrostro Sánchez, como titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Segundo Informe Semestral de Actividades 2019 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores.
El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: La Secretaría de Gobernación comunica que se da por enterada que la Cámara de Senadores dio por concluido el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Remítase a la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Se recibieron de diversas dependencias 13 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en su segundo receso, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Remítanse a la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: El Congreso de la Ciudad de México remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua. El Congreso del estado remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: El Congreso del Estado de Nuevo León remite las siguientes iniciativas.
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Migración.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: 3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pasamos al rubro de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos la senadora Martha Lucía Micher Camarena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y suscrita por los senadores Minerva Citlalli Hernández Mora y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Feliz año 2020 y que sea lo mejor para el país y para todas sus familias.
Tengo el gusto de presentar el día de hoy una iniciativa extraordinaria que hemos preparado la senadora Citlalli Hernández, el senador Germán Martínez y su servidora, para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano y contribuir a la eliminación de la discriminación de las personas transgénero, que aún están sometidas a causa de su identidad de género.
En la actualidad las personas que se identifican con un género distinto al asignado en el nacimiento, y que residen en el extranjero, se enfrentan con obstáculos importantes para la operatividad de sus derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, tales como el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.
Por eso la normatividad que rige a las y los titulares de las oficinas consulares, en sus funciones de juezas y jueces del registro civil, no prevén la posibilidad de levantar nuevas actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.
En esta ciudad, a 10 años de su cumplimiento de una ciudad de libertades, de una ciudad de derechos, garantizamos el matrimonio igualitario hace ya 10 años, y debemos continuar con los avances en la agenda de igualdad a nivel federal, con una agenda inclusiva, con una agenda de no discriminación.
¿Qué cumple esta extraordinaria iniciativa? Uno, contribuye al cambio de paradigma en materia de derechos humanos sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y también como obligación del poder público, que es un proceso que inició en 2011.
Esta iniciativa garantiza –perdón que lo repita– el carácter garantista de nuestra Constitución y, por supuesto amplía el catálogo de derechos humanos vinculantes en materia de las responsabilidades de nuestras autoridades.
¿Qué otro tema impacta en esta iniciativa? Pues que se encuentre en concordancia con la reforma en junio de 2016 al artículo 44, fracción III de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, pues ahí se estableció que las y los titulares de las oficinas consulares, pues en funciones de juezas y jueces del Registro Civil, deberán procurar la atención más amplia de los derechos de las y los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación.
Pero lo más importante que a mí me parece de esta iniciativa, compañeras y compañeros, es que se atiende a las recomendaciones que de 2015 se emitieron para el Estado mexicano, concretamente para adoptar una legislación contra la discriminación o modificar la legislación existente con miras a prohibir todo tipo, toda forma de discriminación que incluya aquella basada en la orientación sexual, en la identidad de género, en la expresión de género, en las características sexuales o aquellas relacionadas con el hecho de ser intersex. Estamos cumpliendo con las sentencias, con los mandatos, que desde la Comisión Interamericana se han hecho al Estado mexicano.
Por eso me parece que fue reafirmado por la Comisión Interamericana en su informe 2019, el reconocimiento de personas LGBTI. Por eso me parece, compañeras y compañeros, que esta iniciativa es una iniciativa progresista, incluyente, que considera por su parte que los derechos humanos son derechos de todas las personas.
La universalidad es fundamental y a esta iniciativa de reforma se va a eliminar la dificultad a la que se enfrentan las personas mexicanas que residen en el exterior y desean solicitar el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género, tenían que venir a la Ciudad de México a hacer el trámite aquí, y ahora con esta modificación al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior podrán hacerlo en sus consulados, en sus embajadas, sin tener que recurrir, a venir a esta Ciudad de México.
La reforma al artículo 44 permitirá avanzar en la agenda de la igualdad, al hacer valer los derechos de cualquier persona mexicana en el extranjero, independientemente de su identidad de género o situación migratoria. Por su atención, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
Le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que tome los registros de adhesión a la iniciativa por parte de la senadora Romo, la senadora Guerrero y la senadora Camino y quienes, los otros legisladores, que así quieren hacerlo.
La senadora Martha Guerrero Sánchez (desde la curul): Perdón, es la falta de la dinámica, pero para suscribir esta iniciativa y apoyar. Estado de México, Martha Guerrero.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Perfecto. La Secretaría de Servicios Parlamentarios tomará los registros de adhesión.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan nuevas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: El del Grupo Parlamentario de Morena mantiene la firme convicción de continuar trabajando para garantizar el goce cabal y el ejercicio pleno de los derechos de todas las mexicanas y los mexicanos. Además, vamos a asegurar y a garantizar, sobre todo, la progresividad de todos estos derechos.
En esta legislatura hemos construido un nuevo andamiaje jurídico que justo va a proteger y está protegiendo estos derechos fundamentales y, en particular, los derechos civiles son muy importantes, porque tenemos muy clara la necesidad y la exigencia ciudadana de que la justicia sea de una vez por todas ya pronta y expedita para todos nosotros.
Necesitamos que la resolución de los conflictos sometidos a la consideración de los jueces y los tribunales sea eficaz y que se ciña a los plazos establecidos claramente en la ley.
Todos sabemos que las controversias tienen que resolverse siempre conforme a derecho, sin que medie ningún otro interés y en los tiempos pertinentes y necesarios para satisfacer las pretensiones de las partes implicadas en todos estos juicios.
Ahora, preguntamos aquí: ¿de qué sirve obtener una sentencia cuando la afectación ya se produjo durante el proceso judicial? Lo peor aún, que haya quedado un litigio sin materia debido al prolongado tiempo de estos juicios.
En respuesta a esta grave problemática es que tuvo justamente lugar la reforma al Código de Comercio relativa a los juicios orales en materia mercantil que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el mes de enero del 2012, y a partir de aquel año, como seguramente ustedes lo recuerdan, inició ya el proceso de implementación paulatina de este tipo de procedimientos.
Sin embargo, fue en la reforma del 25 de enero del 2017 cuando ya se fijaron los plazos estrictos con el fin de acelerar la implementación que para ese tiempo aún se encontraba y encuentra rezagada.
A partir de eso, dicha reforma mandató que, a partir del 26 de enero de este año, los juicios se deben desarrollar bajo procedimientos orales al 100 por ciento, este tráfico temporal es de gran relevancia ya que para el caso de este nuevo sistema de justicia mercantil se podrá garantizar que la administración de justicia comercial sea imparcial, sea pronta y sea expedita.
Así es que todo esto significará dejar atrás la resolución tardía de los conflictos, y con ello combatir la corrupción en el sistema de administración de justica que había dado lugar a tanta impunidad. Además, otro beneficio es que se reducirán los costos económicos innecesarios a los órganos de justicia, y por supuesto, a las partes involucradas en las controversias.
Todo lo anteriormente mencionado se va a lograr con la implementación de los principios de oralidad, de publicidad, de igualdad y mediación, contradicción, continuidad y concentración en el desarrollo de los procesos de la emisión de las sentencias.
El problema es que la implementación del sistema de juicios orales, hoy apenas alcanza un 47 por ciento a nivel nacional, esto lo revela la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
Entonces el retraso que presenta la reforma para los juicios orales en materia mercantil, tras ocho años de su implementación, se ve reflejada en áreas como la falta de adecuación de la infraestructura de los tribunales, en el rezago de la capacitación a los principales actores jurídicos implicados, en la insuficiencia de recursos económicos para llegar a buen término esta tarea.
Entonces sabemos todos que el problema principal, derivado de esto, es otra vez la falta de acceso de los y las ciudadanas a la impartición de una justicia realmente pronta y expedita.
Entonces, con este retraso que ya he mencionado, no será posible para el Consejo de la Judicatura cumplir con el transitorio quinto de la citada reforma, lo cual obliga a que, a inicios de este año, de 2020, todos los conflictos comerciales se resuelvan ya mediante juicios orales.
Así es que en tal virtud estamos presentando esta iniciativa que modifica el artículo quinto transitorio del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Comercial, en materia de juicios orales mercantiles, con objeto de prorrogar la entrada en vigor de este sistema al 100 por ciento. Es decir, proponemos renovar...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo ha concluido.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Un segundito nada más. Vamos a prorrogar, decía, la factibilidad de esta implementación de los juicios orales y vamos a, con ello, eliminar la incertidumbre que generaría el vencimiento del plazo en las condiciones actuales. Así que proponemos, sí, dar una nueva vida jurídica y, con ello, evitar que el mandato sea letra muerta y que esto perjudique a la ciudadanía.
Termino. Vamos así a responder a los compromisos en materia de implementación de la justicia. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, presidenta. Con su permiso.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Justamente ayer, con el ataque a la base aérea de Estados Unidos, el precio del barril de petróleo subió 4.2 por ciento en tan solo unos minutos. Al continuar estas tensiones en Medio Oriente es prácticamente seguro que se va a seguir incrementando. Por lo cual me parece que hoy el gobierno mexicano tiene una gran oportunidad, primero, para blindar a nuestro país de estos acontecimientos y, dos, para cumplir una de las grandes promesas de campaña que tuvo no sólo el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador sino desde hace muchos años.
Creo que esta iniciativa, en donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional proponemos eliminar al 100 por ciento las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, aplicable a las gasolinas, y con ello frenar la escalada de incrementos en los precios que se ha venido presentando en esta administración, y que impacta de una manera totalmente injusta al bolsillo de las y los mexicanos.
Creo que esta es una iniciativa que al grupo mayoritario del Congreso de la Unión le va a interesar y creo que es importante que la tomen en cuenta. ¿Por qué es necesario que lo hagamos?
Primero. De acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, en diciembre de 2018 se reportó un costo promedio de la gasolina magna de 19.76 pesos, mientras que los primeros días de enero de 2020 se registró en 20.56, es decir, un incremento del 4 por ciento en lo que va de la administración y apenas estamos a 7 de enero.
Vale la pena señalar que mientras que en 2012 el precio promedio de la gasolina era de 10.92, en 2018 se llegó a vender hasta en un promedio de 19, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto incrementó el precio en 74 por ciento, mientras que la actual administración lo ha hecho en un 88 por ciento.
En campaña el candidato oficial y ahora permanente de Morena, López Obrador, se comprometió a bajar el precio de las gasolinas a partir de rehabilitar las seis refinerías existentes y construir una refinería para producir más combustibles y dejar de importar gasolinas caras.
A poco más de un año del inicio de su gestión y aún con el control total del Congreso para realizar las reformas necesarias, los resultados distan mucho de lo prometido. Nuestra economía no muestra síntomas de consolidación, al contrario, se mantiene estancada y lo podemos ver ahora en un inicio de año.
Tenemos finanzas basadas únicamente en la contratación de deuda y una recaudación fiscal que grava a los mismos contribuyentes de siempre, pero que registra un déficit al tercer trimestre de 2019 de poco más de 12 mil millones de pesos.
Fíjense bien en este dato. La actual administración ha hecho uso de los ahorros logrados por el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, por cierto, muy criticado por el presidente López Obrador por ser un mecanismo neoliberal y que hasta marzo de 2019 registraba 290 mil millones de pesos, de los cuales se ha utilizado casi la mitad de ellos para compensar el registro de menores ingresos, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entonces, es así que el impuesto de las gasolinas funciona como un impuesto despresurizador de las finanzas públicas que genera un contexto de baja recaudación de otros impuestos, pues de enero a septiembre de 2019 se recaudaron ingresos adicionales por gasolinas tan solo un monto de 15 mil 700 millones de pesos.
Este hecho provoca que como en la administración pasada, el gobierno federal recurra, sin miramientos, al mecanismo lesivo de recaudar recursos a través del incremento del precio de la gasolina, y con ello, incumpliendo la promesa y la queja del presidente de más de una década.
Este gobierno es desordenado y con ello impacta en una baja recaudación y, por ende, en el aumento de la gasolina.
Creo que este es justo el momento en que el presidente y su grupo mayoritario en el Congreso, puedan demostrar si sus prioridades se centran realmente en las necesidades y en el crecimiento de nuestro país.
Esperamos coherencia y altura de miras. Eliminemos el IEPS para poder empezar a hablar, ahora sí, de una transformación. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El senador Eruviel Ávila Villegas: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, senador.
El senador Eruviel Ávila Villegas: Compañeras, compañeros integrantes de esta Comisión Permanente. Hoy vengo a someter a su consideración una adición al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, el cual establece el derecho de petición.
Este derecho consiste en que una persona que se dirija a una autoridad en forma pacífica, respetuosa y por escrito, tiene derecho a que se le responda en un breve término.
¿Pero qué entendemos por breve término? Este concepto ha sido sujeto a diversas interpretaciones. De hecho, cuando se analizaba el dictamen de este artículo, una tarde del martes 12 de diciembre de 1916, el legislador Baca Calderón refería, apuntaba que este concepto, el breve término realmente era ambiguo, y que era necesario fijar un plazo para que la gente tuviese certidumbre, el ciudadano, el peticionario tuviese certidumbre.
Más de 100 años han transcurrido desde entonces, y considero que la inquietud del legislador Baca Calderón sigue vigente, inquietud que hago propia y que, por lo tanto, expreso mi coincidencia con el Constituyente ya referido.
Motivado por esta inquietud es que presento esta iniciativa. Es momento de brindar mayor certidumbre jurídica a todos, a todas, al ciudadano, al emprendedor, al empresario, a la jefa, al jefe de familia. Por lo cual propongo una adición para que se contemple en este artículo 8o. de nuestra Ley de Leyes, un plazo de hasta 45 días naturales para que la autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, brinde respuesta al peticionario.
Vale la pena comentar que hay otros países y también entidades federativas en nuestro país que ya han establecido términos específicos en sus legislaciones para que de esta manera el ciudadano, el peticionario, en su caso, pueda actuar jurídicamente.
Por ejemplo, en nuestra hermana República de Panamá se contempla, en su artículo 41, un plazo de 30 días para que los servidores públicos respondan las peticiones, consultas o quejas que reciban.
Así también diferentes entidades federativas de nuestros países... de nuestro país, corrijo, de nuestro país han contemplado plazos diversos que obligan a la autoridad a dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, siempre que estas cumplan con los requisitos.
Es importante resaltar que el derecho de petición busca garantizar que la autoridad brinde una respuesta oportuna en atención a sus facultades y competencias. La respuesta de la autoridad –vale la pena comentarlo– puede ser favorable o no, al peticionario, pero eso sí, tiene la obligación de responder, y en este caso, con la propuesta que hago, ya no en un breve término, sino en un plazo de 45 días naturales.
Y además propongo que se establezca este término, sí, pero la iniciativa propone que, ante el silencio de la autoridad, insisto, ya sea municipal, estatal o federal, ante este silencio administrativo, proceda lo que se conoce como la afirmativa ficta. Esto es que, tras vencer el término, el plazo propuesto de hasta 45 días para responder por parte de la autoridad y, salvo las excepciones que se contemplen en su caso, en la ley correspondiente, se entenderá por afirmativa la solicitud que ha hecho el peticionario. Es decir, a favor de la gente.
En conclusión –y termino, presidenta– se trata de una iniciativa pensada en los ciudadanos, en los gobernados a los que finalmente todos nos debemos. Pongo a su disposición esta iniciativa y estoy cierto que con su sabiduría podrán enriquecerla, mejorarla, siempre pensando en el bienestar, y lo más importante, a quienes nos debemos, pensando siempre en la gente. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Lucero Olivas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto –perdón, senador– que reforma los artículos 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 140 Bis de la Ley del Seguro Social y 137 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT.
El senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Gracias, presidenta. Con la venia de los compañeros legisladoras y legisladores.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, senador.
El senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Una de las grandes aportaciones de los grandes legados que nos deja la Revolución Mexicana es sin duda el tema del reparto agrario, en el cual se garantizó que más del 50 por ciento de la propiedad de nuestro país pasara a manos de quien trabajaba la tierra.
En estos días, y después de 30 años de neoliberalismo rapaz, voraz, estamos regresando a tiempos anteriores a la Revolución Mexicana en este tema. Se están generando grandes latifundios nuevamente, se está dando la existencia de terratenientes, muchos de los campesinos ya trabajan para otros las tierras que antes eran de ellos, por lo cual el espíritu de esta iniciativa es terminar con estas conductas.
En nuestro país más del 50 por ciento del territorio nacional es propiedad social y está concentrada en dos tipos, la ejidal y la comunal. En ambos tipos se busca fomentar y fortalecer las relaciones de cooperación, solidaridad y ayuda mutua entre sus integrantes.
Es por ello que nuestra Carta Magna ordena en su artículo 27, fracción VII, que dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más de 5 por ciento total de las tierras ejidales.
Así, el constituyente permanente con un ánimo de justicia social estableció el principio de igualdad en la distribución de la propiedad social evitando su acaparamiento, privilegiando el beneficio de la colectividad ejidal sobre el interés personal al momento de su repartición.
En el mismo sentido la Ley Agraria hace suyo dicho mandato constitucional, y establece que es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano quien previa audiencia ordenará al ejidatario que haya adquirido un porcentaje de más del 5 por ciento, que tiene un año para poder librarse de ese excedente.
En caso de no hacerlo se encargará de fraccionar los excedentes enajenando los derechos correspondientes al mejor postor de entre los miembros de la población ejidal, respetando en todo caso los derechos de preferencia.
En la actualidad hay muchos casos de ejidatarios que de manera voluntaria y consecuente violan esta prohibición, al hacerlo infringen la ley y afectan gravemente el tejido social de sus comunidades, fracturando el sentido de la cooperación y apoyo mutuo que busca la propiedad comunal.
Por tal motivo, proponemos reducir a tres meses y no un año el período que tiene una persona ejidataria, titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor equivalente al 5 por ciento de las tierras ejidales para enajenar en favor de alguno de los miembros del núcleo de la población. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, la secretaría fraccionará los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor, respetando en todo caso los derechos de preferencia.
De igual manera, proponemos que cuando el ejidatario que realiza esta anomalía sea servidor o funcionario público, únicamente se otorgue un plazo máximo de 15 días para el enajenamiento de los excedentes, sin que pueda autorizarse por motivo alguno la ampliación de éste.
Quienes constituimos la cuarta transformación, buscamos que todas las personas, y en especial los servidores y funcionarios públicos, respetemos y velemos por un respeto a la ley, y, sobre todo, que nadie aproveche el ejercicio de sus cargos públicos para beneficiarse o beneficiar ilegalmente a sus conocidos o familiares, mucho menos sin es en un perjuicio de intereses de derechos de las personas de la comunidad.
Tenemos claro que la cuarta transformación estaría combatiendo la impunidad, la corrupción, el abuso de los cargos públicos y respetando los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y respetando y defendiendo los derechos e intereses del pueblo de México.
La propiedad ejidal es un derecho social que consagra nuestra Constitución Política, protegerla y garantizar su reparto igualitario es una obligación de las autoridades mexicanas en los distintos ámbitos de competencia.
La tierra es de quien la trabaja, reza la frase del Caudillo del Sur, que hizo valer a favor de la reforma agraria durante la Revolución Mexicana. Es el momento histórico para que continuemos defendiendo el reparto igualitario de la propiedad ejidal y luchamos contra su acaparamiento y monopolización. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jacobo Cheja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Compañeras senadoras y senadores, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente.
Actualmente más de 12 millones de personas nacidas en México radican en Estados Unidos, de esa cifra más de 5 millones son indocumentados, quienes enfrentan una serie de dificultades para trabajar honradamente y poder llevar una vida digna, pues vivimos en tiempos donde el gobierno de aquel país ha impulsado políticas públicas nacionalistas y antiinmigrantes.
De ahí la necesidad de contar con representación y presencia de oficinas consulares en aquellos lugares de la Unión Americana en donde exista la presencia de al menos 550 connacionales por población, además de considerar las regiones con mayor afluencia de mexicanos por año.
Los servidores públicos que representan al gobierno mexicano en Estados Unidos, a través de los consulados, realizan una gran labor coordinando las acciones y programas del Servicio Exterior Mexicano, con programas federales o de las entidades federativas, así como de los municipios, para ofrecer en la medida de lo posible la mayor cantidad de los servicios y derechos a nuestros connacionales.
Sin embargo, dichos esfuerzos son insuficientes porque no contamos con consulados, ni con ningún tipo de representación del gobierno mexicano en 24 estados de la Unión Americana.
Las oficinas consulares cumplen con la función de proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero. Además, tienen la misión de fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países, por lo que el establecimiento de más oficinas consulares es una inversión y no una carga presupuestal para nuestro país.
También hay que mencionar que las remesas que se mandan desde Estados Unidos a México se han incrementado considerablemente. En 2019 fueron de 35 mil 460 millones de dólares y para este año se espera que sean de 37 mil 200 millones de dólares, siendo una contribución relevante para el PIB en México.
Las remesas toman relevancia en una época en donde estamos creciendo a 0 por ciento, y en donde el desempleo y la violencia siguen siendo los más grandes problemas que enfrentamos como país.
En Movimiento Ciudadano vemos la necesidad de aumentar la presencia de los consultados mexicanos en Estados Unidos, para asistir en la medida de lo posible a nuestros connacionales que no cuentan con ningún tipo de respaldo gubernamental. Además, para impulsar aún más el intercambio comercial, cultural y científico, porque un país que no cuenta con una representación suficiente en el extranjero es un país que camina hacia el aislamiento. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La diputada Carolina García Aguilar: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Carolina García Aguilar: Compañeras y compañeros legisladores, a partir del presente siglo se ha dado una serie de avances en los términos, conceptos y políticas públicas relacionadas con la discapacidad de las personas, así como en lo referente a la percepción de la misma.
Se logró transitar de una percepción de asistencialismo y proteccionismo, a un concepto totalmente diferente, en el que se elimina el asistencialismo para los discapacitados y, más bien, se trata de un tema de derechos fundamentales.
Se reafirmó el derecho de estas a la igualdad de oportunidades, a la participación plena en las actividades económicas y sociales, y la igualdad en el acceso a la salud, la educación y los servicios de rehabilitación.
En el PES hacemos y decimos lo socialmente correcto, y es por esto que no nos tiembla la voz al decir que la integración de las personas con discapacidad es responsabilidad de todas y de todos.
En este sentido, un gran avance para la comunidad internacional fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la ONU en el año 2006, el cual es el primer tratado internacional del siglo XXI, el octavo sobre los derechos humanos y el primero jurídicamente vinculante relativo a las personas con discapacidad.
En él se establecieron el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como sus principios generales.
Si bien sabemos que dicha convención no resuelve el problema de discriminación al 100 por ciento, sí representa un gran avance hacia la erradicación de la misma. Ahora las personas con discapacidad cuentan con un instrumento jurídicamente vinculante y con un comité que vela por la protección de sus derechos.
En México la convención en comento fue aprobada por el Senado de la República en septiembre del año 2007. No obstante, en pleno 2020 y a 12 años de la suscripción de esta convención, en nuestro país se siguen presentando situaciones de incumplimiento relativos a la impartición de justicia en igualdad de condiciones, derivado de la falta de armonización de nuestras leyes con respecto al marco jurídico internacional.
A fin de subsanar esta omisión en nuestro marco legal vigente, el día de hoy me permito presentar ante esta Comisión Permanente una iniciativa con la cual se adiciona al capítulo Décimo Bis con el artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en materia de libertad, seguridad, protección e integridad física y psicológica de las personas con discapacidad.
Estoy convencida de que con la aprobación de la presente reforma iremos de la mano con lo establecido en los ordenamientos internacionales de los cuales México ya forma parte.
Y además ayudaríamos a que las personas con discapacidad mental dejen de ser objetos y no en sujetos de derecho en el momento en que se inicia una averiguación previa en su contra.
Igualmente estaríamos actualizando nuestro ordenamiento jurídico a los grandes cambios que están sucediendo en nuestra sociedad en donde las personas con discapacidad tienen derechos, así como su plena inclusión y participación en la sociedad en todos los aspectos: políticos, sociales, económicos y culturales. Un México más incluyente es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Zulma Espinoza Mata, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Zulma Espinoza Mata: En México el reconocimiento y posibilidad de ejercer los derechos políticos electorales de las mujeres ha sido un largo y lento recorrido, lleno de múltiples dificultades.
A pesar de que actualmente se han emprendido acciones afirmativas para garantizar el acceso a las mujeres a los cargos públicos, tales como los criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular, la realidad es que aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país: la violencia política por razones de género. Las elecciones de 2018 fueron unas de las más violentas en la historia, y la violencia política de género fue una de las principales protagonistas.
En su informe anual de actividades 2018, la Fepade da cuenta de que durante el proceso electoral 2017-2018 se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención. Estoy segura de que fácilmente pueden encontrar al menos un episodio en su memoria, ya sea porque lo vieron de primera mano o porque algunos tuvieron un gran alcance mediático.
Bajo este contexto el INE, en su papel de autoridad electoral y con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, creó, mediante acuerdo para el pasado proceso electoral, la Comisión temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política, misma que tiene como objetivo dar seguimiento a las labores del Instituto en materia de paridad, violencia política contra las mujeres, promoción de liderazgo político de las mujeres y participación política bajo el principio de igualdad y no discriminación.
Esta ley reconoce dos tipos de comisiones, las temporales y las permanentes, las cuales, como su nombre lo indica, funcionan en todo momento, independientemente de si es proceso electoral o no, y las temporales creadas para la atención de un asunto específico y cuyo deshago dará lugar a su disolución.
Basta analizar someramente los múltiples casos de violencia de género que se presentaron en el pasado proceso electoral y los que día con día se siguen generando, para saber que aún estamos muy lejos de que una comisión que persiga estos fines ya no sea necesaria.
La violencia política no se da únicamente durante los procesos electorales, sino que puede originarse en distintos escenarios, como lo es el ejercicio del cargo.
Los presentes hemos sido testigos de lo anterior y desafortunadamente en muchos de los casos hemos sido víctimas. El acuerdo que dio vida al carácter temporal de esta comisión, señala que su vigencia sería de dos años, mismos que están por concluir, lo cual resulta preocupante.
En el Partido Verde Ecologista de México consideramos insuficiente el término de dos años para resolver estos problemas de vital importancia, que afectan los derechos de las mujeres, no solo durante el acceso al poder, sino durante el libre ejercicio del mismo.
Es por esto que hoy presento iniciativa de ley para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de que esta comisión deje de ser de carácter temporal y se le reconozca en el texto del artículo 42 de la ley, como una más de las de carácter permanente.
Estoy convencida que la promoción y participación de las mujeres en la política no puede quedar al arbitrio de un acuerdo. Como la legislatura de la paridad de género los invito a que hagamos que esto también sea un logro más de los tantos obtenidos en la materia.
Es nuestro compromiso con las mujeres mexicanas permanecer vigilantes de sus derechos en todo momento, solo de esta forma fomentaremos la participación en la vida pública. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, desde el 2015 se promulgó una reforma constitucional en materia de justicia de adolescentes. En esta reforma se modificó el artículo 18 para establecer una concurrencia de la federación con las entidades federativas.
Es precisamente, derivado de esta reforma al artículo 73, que en 2016 se promulgó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Derivado de esto, se advierten como conductas graves, en un catálogo de los que se conocen como de numerus clausus, aquellas que son precisamente las que se consideran de mayor afectación social. Entre estas están los supuestos...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Un momento, senador, discúlpeme, por favor. El reloj no está activado. Discúlpeme, senador. Adelante.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, presidenta. Entre estas conductas está previsto el robo con violencia física. Sin embargo, consideramos que existe una deficiencia que deriva del día a día, del acontecer en todo el país, de lo que ha señalado el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario Durazo, como una de las conductas reiteradas, de las que se presentan también en las diferentes entidades. Y es el uso de las llamadas armas réplica en los asaltos y los robos.
Reitero, la conducta que hoy está prevista en esta Ley de Justicia de Adolescentes, se refiere al robo con violencia física. Sin embargo, si el robo o el asalto se cometen con un arma réplica, no opera esta causal.
Poder identificar un arma réplica de la simple vista es imposible. Ya lo presentamos así en el Senado de la República, hicimos el ejercicio, llevamos incluso las armas réplica y muchos de mis compañeros y compañeras pensaron que habíamos llevado armas de verdad al Senado. Son estas conocidas como armas réplica, que, en varios países, como Australia, como Estados Unidos, como Reino Unido, tienen restricciones verdaderamente severas.
En nuestro país solo hay una NOM que las restringe, que pide que algunas de las partes del arma sean de otro color, de color naranja o de color fosforescente, pero no de los colores propios de las armas reales.
Es por eso que hoy estamos presentando esta iniciativa y es una iniciativa que deriva también de los números, de las cifras. Se considera por la propia Secretaría de Seguridad Pública, que de cada 10 delitos, cinco se cometen con este tipo de armas, con las armas réplica, lo cual lleva a que la consecuencia jurídica es mucho menor de la conducta que realmente se realiza. Porque la violencia que se utiliza es precisamente para vencer la resistencia de la víctima y eso se logra con las armas réplica. Sin embargo, en el momento de aplicar la ley se tiene una consideración, como si fuese una conducta menor.
Por eso es que presentamos esta iniciativa, para adicionar al artículo 164 de la citada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el inciso k), para que diga lo siguiente: El robo cometido mediante la utilización de objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego.
Con eso quedaría perfectamente armonizada la fracción j), que se refiere al robo cometido con violencia física y, por supuesto, en esta fracción k), el robo cometido mediante la utilización de objetos que tengan apariencia, forma o configuración de arma de fuego, evitando así un vacío que hoy está en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en nuestra Ley de Adolescentes en Conflicto con la Ley, y que solo está salvado, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México, que se vuelve inaplicable por no tener esta actualización.
Todos estos asaltos que se cometen quedarán, pues, sin una consecuencia jurídica de no tener una reforma en donde estos juguetes, estas armas réplica sean consideradas precisamente como instrumento de la violencia en la comisión de la conducta. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pasamos al apartado de dictámenes a discusión de proposiciones con puntos de acuerdo.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Para fundamentar los dictámenes tiene el uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Primera Comisión de Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Este día me permito presentar al pleno de esta Comisión Permanente, en mi carácter de presidenta de la Primera Comisión de Trabajo, los dictámenes aprobados durante su primera reunión.
En esta, las y los integrantes de la comisión de trabajo, discutimos y aprobamos cuatro asuntos de gran interés y sobre todo de gran relevancia para responder a las demandas y expectativas de las y los ciudadanos.
Se aprobó un dictamen a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social relacionado con la lactancia materna. Las y los integrantes de la comisión coincidimos en la importancia de reconocer que la lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso en el cual el Estado y el sector público tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción.
Por ello exhortamos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida por la Constitución para que de conformidad con la legislación aplicable continúen impulsando o, en su caso, implementen las acciones necesarias para hacer efectivo este derecho.
La Primera Comisión, a propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, aprobó también un dictamen relacionado con el feminicidio de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaon.
Los integrantes de la comisión consideramos necesario continuar exhortando a las autoridades correspondientes para que se revise la actuación de los jueces, magistrados y del Ministerio Público en el caso de Abril, el cual derivó en una gran tragedia que pudo haber sido evitada.
Los integrantes de la comisión planteamos también, que no solo debemos pedir sanciones para los servidores públicos involucrados, sino exhortar a las autoridades para que evalúen la implementación de los protocolos correspondientes a fin de que las sentencias y resoluciones que se generen en el Poder Judicial, se realicen con perspectiva de género.
Se aprobó un dictamen a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que remita a esta soberanía un informe sobre el destino de los recursos etiquetados al Fortaseg, es decir, el programa de seguridad pública para estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
Y finalmente, a propuesta de Encuentro Social, se aprobó un exhorto al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con sus atribuciones de coordinación con las entidades federativas, remita a esta soberanía un diagnóstico sobre el estado que guardan los controles de confianza para certificar policías a nivel local, particularmente en los municipios y alcaldías.
Las respuestas que remitan las dependencias correspondientes, estamos seguras y seguros que serán de gran apoyo para que las y los legisladores continuemos realizando nuestro trabajo y, sobre todo, estamos ciertos que dicha información será de gran utilidad para la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias diputada. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a los legisladores si el punto se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor (votación), gracias. Los que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutidos. Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos de los dictámenes que vamos a someter a votación en un momento más.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Le doy lectura, presidenta.
Punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que remita a esta soberanía un informe sobre el destino de los recursos etiquetados al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Fortaseg, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020.
Segundo dictamen. Punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al federalismo y al principio de división de Poderes, hace un llamado al Congreso de la Judicatura de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, revise la actuación de los jueces y el magistrado encargados de resolver el caso de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón. Asimismo, para que realice una evaluación de la implementación de los protocolos correspondientes, a fin de que las sentencias y resoluciones se realicen con perspectiva de género.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, otorgue medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requieran los familiares de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón, para atender las circunstancias adversas derivadas de su feminicidio.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise y evalúe la actuación del Ministerio Público en la denuncia de la violencia ejercida contra la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón y las medidas cautelares adoptadas para su seguridad y acceso a la justicia, informe sobre los resultados obtenidos y se implementen las medidas necesarias para que las actuaciones del Ministerio Público se realicen con perspectiva de género.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica...
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sigue el tercer dictamen. Perdón, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tercer dictamen. Punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con sus atribuciones de coordinación con las entidades federativas, remita a esta soberanía un diagnóstico sobre el estado que guardan los controles de confianza para certificar policías a nivel local, particularmente en los municipios y alcaldías.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2010.
Y cuarto, y último. Punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y a la autonomía de los estados, exhorta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, federales y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida por la Constitución para que, de conformidad a la legislación aplicable, continúen impulsando o, en su caso, implementen las acciones necesarias para proporcionar un lugar adecuado e higiénico para que las madres amamanten a sus bebés o realicen la extracción manual de leche en el periodo de lactancia.
Así como fomentar la capacitación y la concientización de la importancia de la lactancia materna en los primeros seis meses y complementaria hasta el segundo año de edad, de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, para que informe a esta soberanía sobre los avances del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM- 050-SSA2-2018, para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2018. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020. Es cuanto, señora presidenta.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Sauri? Permítame, diputada. Que le den el micrófono, por favor.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): Gracias, presidenta. La precisión estriba en que, discutido este punto en la sesión de la Primera Comisión, se señaló que había un cambio en la redacción. Fue una propuesta de la senadora Malú Micher, que fue adoptada por el grupo en su conjunto y que por algún lamentable error no pasó en la redacción correcta.
Solicito me conceda unos minutos para poder leer el resolutivo en los términos que fue aprobado por la Comisión.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, senadora Malú Micher.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): En el mismo sentido. A ver, agradezco la intervención de la diputada Sauri. Cuando me propusieron la nueva redacción ya no quise argumentar nada, pero no fue en los términos en los que se aprobó en la Comisión.
Entonces, nada más para que aprendamos, pues, a ser bondadosos y bondadosas. Pero sí hay que decirle a nuestro personal que cuando algo se aprueba en una comisión nos ciñamos a lo que se aprobó en la comisión, no a la redacción que queramos poner. Yo la aprobé, está bien, no hay problema, pero sí tengamos un poco de cuidado con las nuevas redacciones que proponemos, porque eso no se votó y entonces hay que someterlo de nuevo a una votación, y no es necesario.
Yo me sumo a lo que la diputada Sauri proponga, pero sí tengamos un poquito de cuidado con este tipo de redacciones. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Claro que sí, senadora, lo revisamos. Y se concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Sauri, para que nos haga favor de leer el texto que, de acuerdo con lo que aprobó la comisión, quedaría en el punto de acuerdo, y eso sería lo que estaríamos sometiendo a consideración del pleno.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): A ver, dice lo siguiente:
Punto de acuerdo:
Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes y a la autonomía de los estados, exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida por la Constitución, a que de conformidad con la legislación aplicable continúen impulsando o, en su caso, implemente las acciones necesarias para el desarrollo de la acción de amamantamiento de las madres a sus bebés, en términos del artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo.
Eso era lo que aprobamos en la comisión y que por algún lamentable error no fue consignado en la Gaceta Parlamentaria en estos términos.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Bueno, solamente para informar a la asamblea. Me informa Servicios Parlamentarios que a lo que se dio lectura fue a lo que ellos recibieron por parte de la comisión. Entonces nada más me piden que haga favor de informar, y una vez que está claro cuál es el texto que aprobó la comisión, si están de acuerdo, entonces pasaríamos a la votación de los dictámenes en su conjunto, debidamente aclarado cuál es el texto que se aprobó y que vamos a votar todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes de puntos de acuerdo en conjunto.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta si son de aprobarse en conjunto los dictámenes con puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobados. Comuníquense.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continuamos con el apartado de puntos de acuerdo. En primer lugar, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a acatar lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aprobar la ratificación del doctor Ángel Mario García Guerra en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: En los últimos meses el respeto a la separación de poderes ha sido un tema persistente en el debate público. El asunto que hoy presento en este punto de acuerdo podrá servir para mostrar si realmente la oposición sostiene la separación de poderes o simplemente es una retórica.
En Nuevo León el Congreso local ha violado reiteradamente su obligación de respetar y acatar las resoluciones del Poder Judicial, tanto federal como estatal, al negar la ratificación del magistrado Ángel Mario García al Tribunal Superior del Estado. Este asunto es de suma importancia, pues va más allá de una persona o de una institución. La mayoría del Congreso del Estado de Nuevo León ha actuado omisamente al ignorar no solo una, sino en tres ocasiones, las resoluciones de los Tribunales Federales, incluyendo a la Segunda Sala de la Suprema Corte.
Este asunto no es inédito, sino que se remonta a la pasada legislatura, cuando el 29 de noviembre de 2017 la mayoría de los diputados se negó a ratificar al magistrado. En febrero de 2018 un juez de distrito otorgó un amparo al magistrado para su ratificación. La mayoría del Congreso local decidió hacer caso omiso a la resolución y promovió un recurso de revisión. Nuevamente en octubre de 2018 un tribunal federal falló para la reintegración del magistrado. Y otra vez, la mayoría del Congreso estatal, ahora de la nueva legislatura, se negó nuevamente a proceder.
El asunto escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal resolvió que el Congreso de Nuevo León debía dar cumplimiento a las sentencias de los tribunales que favorecían la ratificación del magistrado. Nuevamente la mayoría legislativa local, integrada por el PAN, por el PRI y por el PT, determinó por tercera ocasión la no ratificación del magistrado, ignorando la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
La mayoría del Congreso de Nuevo León de manera irresponsable ha puesto en riesgo la separación de poderes y la supremacía de la Constitución, al ignorar reiteradamente la resolución del Poder Judicial de la Federación.
PAN y PRI, cuando se han discutido designaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han defendido una Corte sin cuotas y sin cuates. No obstante, parece ser que esto es solo una expresión cuando así les conviene.
La oposición es la mayor exponente de las malas prácticas que dicen denunciar, no imagino otra explicación a esta omisión sistemática, más que el deseo de conservar y repartir cuotas dentro del poder del Tribunal Superior en el estado de Nuevo León.
El punto de acuerdo que hoy presento es pedir de manera respetuosa al Congreso de Nuevo León, a poner fin a la omisión que la ha llevado a enfrentarse con uno de los tres Poderes de la federación.
Este punto de acuerdo es un llamado a las autoridades legislativas de Nuevo León a ser responsables y a acatar lo resuelto por los tribunales federales.
Y el mismo llamado para PAN y para PRI, que han hecho a nivel federal, lo hacemos en Nuevo León, que nuestras instituciones no sean rehenes ni de intereses ni de cuotas partidistas.
Asimismo, solicitar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aplique las sanciones constitucionales y haga separar del cargo a quienes han incumplido en el Congreso local la sentencia de amparo.
El pueblo de Nuevo León merece las instituciones libres e independientes. Es cuanto, señora presidenta.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, gracias, diputada. ¿Con qué objeto, senadora Micher?
La senadora Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): Para sumarme a lo que comenta la diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senadora. A la Secretaría de Servicios Parlamentarios, le solicito que registre las adhesiones al punto de acuerdo de la diputada Clouthier.
En términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera... Okey. Una corrección, se turnará. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo humano.
El senador Joel Molina Ramírez: Con el permiso de esta honorable Mesa Directiva.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.
El senador Joel Molina Ramírez: La contaminación del ambiente, de la tierra y el agua son causas determinantes que afectan la salud de muchos mexicanos. Agrego uno más, el uso del clembuterol.
El clembuterol es un fármaco anabolizante prohibido, que tiene efectos adversos en la salud, utilizado en la engorda de ganado que incrementa la proporción del músculo y disminuye la grasa, lo que arroja mayores resultados a los productores.
No obstante su prohibición, se sigue utilizando y se transmite a los humanos y al consumo de la carne, provocándole problemas cardiacos, cancerígenos, de tiroides, complicaciones metabólicas, de nerviosismo, dolor de cabeza, de transpiración, insomnio, espasmos musculares y aumento de la presión sanguínea, entre otros.
La Ley Federal de Sanidad Animal, en sus artículos del 172 al 174 establece pena de 4 a 8 años de prisión y multas de 500 hasta 3 mil meses el salario mínimo vigente, para quien suministre el clembuterol, entre otras sustancias, al ganado destinado al consumo humano.
Además, también se establecen sanciones a quienes suministren y comercialicen dichas sustancias en productos derivados de la carne.
Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, fomentar y proteger la producción pecuaria mediante la aplicación de medidas zoosanitarias tendientes a prevenir, controlar, erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger la salud de estos y del hombre.
Consecuentemente, esta dependencia vigila el cumplimiento y aplica la normatividad en materia de sanidad animal y entiende, coordina, supervisa y evalúa las campañas de sanidad.
Corresponde a la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario.
Resulta evidente que hoy en día mucha de la carne que consumimos los mexicanos contiene clembuterol, lo que repercute de forma directa en el detrimento de la salud de los mexicanos, por lo que urgen medidas que abatan el uso indiscriminado, arbitrario e ilegal de este fármaco.
Por ello, y a fin de coadyuvar y mejorar la salud de los mexicanos, tengo a bien solicitar a esta representación, la aprobación del siguiente punto de acuerdo, que exhorta:
Uno. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a intensificar la vigilancia en los centros de engorda de animales para el consumo humano, de los centros de sacrificio de dichos animales y de los centros de distribución de carne para evitar el suministro de clembuterol a dichos animales, y la distribución comercial de carne contaminada.
Dos. A la Secretaría de Salud a establecer o fortalecer los instrumentos de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la vigilancia, control y supervisión de los centros de engorda para el consumo humano, de los centros también de sacrificio, que son los rastros municipales y clausura y prohibición de los centros de sacrificio clandestinos, así como los centros de distribución de su carne.
Tres. A las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud, para que dentro de sus respectivas áreas de competencia apliquen y den seguimiento a las sanciones correspondientes a quienes suministren clembuterol a animales para el consumo humano, a quienes los sacrifiquen y quienes comercialicen la carne contaminada con dicho fármaco. Es cuanto, compañeros.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: La senadora Margarita Valdez, sonido para ella, por favor.
La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (desde la curul): Para adherirme a la propuesta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios tome nota, por favor. Lo mismo el senador Daniel Gutiérrez, la senadora Tatiana Clouthier, la senadora Martha Guerra, el senador Dothé, la senadora Mícher, la diputada María de los Ángeles, Ángel García Verónica Camino, y la diputada Juanita Guerra. Gracias. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se rechaza enérgicamente la violencia, la usurpación de funciones y el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional, ocurridos el 5 de enero pasado en Venezuela, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: El pasado 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, que tenía previsto celebrar una sesión para elegir a quien se desempeñaría como presidente de la misma, y ante el riesgo de que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez fuera reelecto por la mayoría legislativa, el gobierno de Nicolás Maduro recurrió al uso de la fuerza, impidiendo que tanto Guaidó como otros miembros de la oposición venezolana accedieran al recinto.
Tras la maniobra del oficialismo que implicó un operativo en el que militares armados impidieron que algunos legisladores de oposición ingresaran al edificio, y durante una sesión sin el quórum ni las condiciones necesarias, la bancada del gobierno y algunos expulsados de las filas de oposición, realizaron una pretendida votación improvisada en favor de Luis Eduardo Parra Rivero para acceder al cargo, sin embargo la Constitución venezolana requiere que un legislador reúna al menos 84 sufragios que son menos de los que obtuvo Juan Antonio Guaidó Márquez.
Este intento de imposición de Luis Eduardo Parra Rivero como presidente de la Asamblea Nacional, es una, la última, de una serie maniobras que en los últimos meses ha llevado a cabo el usurpador Nicolás Maduro para impedir el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, arrestando e intimidando a sus miembros y recurriendo a toda clase de tácticas para socavar la autoridad de la única institución auténticamente democrática de Venezuela.
El gobierno de México denunció en su momento lo que consideró un golpe de Estado que en Bolivia motivó la renuncia de Evo Morales. Lo ocurrido en Venezuela este domingo ha sido calificado ya como un golpe de Estado parlamentario, parte de la mayoría legislativa de la Asamblea y ha recibido críticas no solamente de los gobiernos ideológicamente contrarios, sino también de gobiernos cercanos y afines como el de Argentina, cuyo canciller Felipe Solá, señaló que impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional.
Es necesario que el gobierno de México, en congruencia con su compromiso en favor de la democracia, la separación de poderes, el Estado de derecho y los derechos humanos, manifieste su rechazo a estas acciones y manifieste claramente su respaldo a la Asamblea Legislativa, garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela.
La toma violenta del recinto parlamentario por parte de autoridades del Poder Ejecutivo, así como la poca legitimidad y transparencia en el proceso de elección de su presidente, no pueden interpretarse más que como una acción equiparable a un intento de golpe de Estado parlamentario como lo señala la oposición venezolana, que no pude pasar por alto las democracias del hemisferio y menos aún podemos pasar por alto los parlamentos y los Congresos democráticamente electos del continente.
El pasado martes 7, Juan Gerardo Guaidó arribó al Palacio Legislativo frente a una caravana de autobuses que trasladaban alrededor de 100 diputados de la Asamblea Nacional que han ratificado a Guaidó como presidente del Parlamento después que fuerzas militares intentaran bloquear de nuevo el acceso, Juan Guaidó ya ocupó el sillón de la presidencia para dar inicio a la sesión de la Asamblea Nacional.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente rechaza enérgicamente los eventos de violencia, usurpación de funciones y el ataque de la independencia y la pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el pasado 5 de enero en Venezuela y exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el mundo.
Segundo. La Comisión Permanente se solidariza con la Asamblea Nacional y sus integrantes y reitera su respaldo a esta institución como garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela. Es cuanto, senadora presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Sara Rocha Medina para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la dotación de medicamentos, el acceso a tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina: A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, compañeras y compañeros, me permito presentar este posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI para presentar un punto de acuerdo relativo al cáncer infantil ante el desabasto de material y medicamentos en diferentes partes de la República Mexicana.
Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros, el cáncer infantil constituye una terrible enfermedad de la cual no podemos negar, que afecta a la salud de quienes la padecen. La situación económica, social y emocional de las personas y las familias cercanas a quienes la padecen, y representa obviamente un gasto en el bolsillo no nada más de la familia cercana sino de todos los que ellos están cercanos y de la familia que está ayudando y apoyando, incluidos amigos, ustedes lo saben.
El gasto que representa es imposible que lo solvente una familia de escasos recursos, si quienes tenemos o quienes tienen seguros de gastos médicos mayores pagados por ellos mismos no alcanza en ocasiones. Imagínense a quienes no llegan ni siquiera a tener un seguro o un trato en un hospital público, por ello los pacientes acaban con su patrimonio, con el de la familia y con el de los parientes cercanos.
Para poner en perspectiva este asunto, basta señalar que en México el cáncer infantil es la primera causa de muerte entre niños de 5 años a 14. Existe una prevalencia anual de 23 mil casos de cáncer infantil. Escúchese bien: 23 mil casos de cáncer infantil, y cada año aumenta 5 mil el número de diagnosticados por esta enfermedad.
Se estima que cada año se presentan entre 5 y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. De ellos, más de 50 por ciento son algún tipo de leucemia, 15 por ciento linfomas y 10 por ciento tumores del sistema nervioso central, que es uno de los temas más complicados de la salud.
Pese a que el cáncer representa una de las principales causas de muerte, se han documentado una serie de irregularidades entre las que se encuentra el desabasto de medicamentos y la falta de material en quimioterapias, radioterapias, panorama que pone en riesgo la salud de las niñas y los niños de México. Sobre todo, los adolescentes, están padeciendo en nuestro país y en diferentes estados de la República Mexicana. No contar con medicamento pone en riesgo y en peligro los tratamientos, en particular de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.
Es un tema que no se puede regatear, que yo espero que todos nos apoyen y nos acompañen con este punto de acuerdo, porque la vida de las personas depende de este apoyo que tendría que ser obligación del Estado.
Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, al menos 102 niños no han recibido de manera adecuada sus quimioterapias y sus radioterapias a causa del desabasto, del material y del medicamento y de los tratamientos truncados en estos hospitales.
Los mexicanos desconocemos las condiciones en que se liquidó el Seguro Popular, las enfermedades que se dejaron de atender con la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y las nuevas cuotas de la prestación de los servicios de salud.
Esta falta de transparencia, escúchese bien, ha derivado en incertidumbre en las clínicas y hospitales de nuestro país. Sobre todo, porque, a decir de los pacientes y sus familiares, quienes se quejan constantemente, estoy segura que también con muchos de ustedes, al igual que con nosotros, la atención ha dejado de ser integral, accesible y de calidad. Señalar que de un día para otro han dejado de atender enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer. Se han elevado las cuotas de recuperación.
Esta situación pone en riesgo uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, como es la salud, que es la que nos lleva a estar bien en esta ciudad y en este país. Si no tenemos salud, no hay vida.
En este sentido, solicito que se incluya un tercer resolutivo, el cual tiene que ver con la transición y la transparencia de los recursos.
Compañeras y compañeros legisladores, en la lucha contra el cáncer infantil es determinante la construcción de clínicas especializadas, nuevos proyectos de investigación y la ampliación en el número de oncólogos pediatras en los centros hospitalarios, pero, principalmente, agilizar los mecanismos de adquisición, distribución y dotación de medicamentos, así como desarrollar las quimios y las terapias que se requieran.
El cáncer es un problema de salud pública que provoca persecución no solo económica, como ya lo dije, sino también social y familiar. Con la vida no se juega, se deben reforzar las estrategias para mejorar el acceso, cobertura y calidad a las acciones que permitan su prevención, detección, diagnóstico y atención oportuna, en particular en la población económicamente vulnerable y que habita...
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, por favor, señora diputada.
La diputada Ma. Sara Rocha Medina: –Sí, señora presidenta–... en zonas de difícil acceso, sobre todo a los servicios de salud. Para concluir, asimismo solicito el siguiente resolutivo.
Tercero. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaria de Salud se envíe un informe detallado a esta soberanía, del plan de acción sobre el proceso de transparencia de los recursos humanos, financieros, materiales y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, al Instituto de Salud para el Bienestar. Así como los tratamientos contra el cáncer de niñas y niños, que se dejaron de atender con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Solicito a ustedes, de la manera más atenta, compañeras y compañeros diputadas, diputados, senadores, que sea considerado de urgente y obvia resolución.
Las familias y los seres humanos, sobre todo las niñas y los niños, están padeciendo un dolor muy grande al no tener sus medicamentos y sus tratamientos. Solicito que sea de urgente y obvia resolución. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. En términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, por favor, a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica se consulta, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia. se turna a la Segunda Comisión.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar e instruir a instituciones públicas a realizar una campaña que fomente la paridad e igualdad de género que otorgue elementos de armonía y cultura de paz social en la población, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, para desgracia de la sociedad siempre constatamos tanto en los medios de comunicación, en una amistad cercana o en la familia sobre la violencia que se vive en pareja, dejando de lado el respeto, la armonía, la tolerancia, el cariño e innumerables aspectos que forman la relación de los seres humanos.
Dicho disenso es histórico, las relaciones situaban a los hombres como jefes de familia para imponer la verticalidad de las decisiones familiares, y eran los únicos encargados de vigilar por el bienestar de su familia. Eran la guía e imponían su toma de decisiones, primordialmente a través del sostén económico e incluso violento en forma física o psicológica hacia sus miembros. Situación que, aunque ha cambiado con los diferentes tipos de familia en muchas regiones, aún prevalece.
Las mujeres, por otro lado, asumían los roles relacionados con la maternidad, el cuidado del hogar, de los hijos, en consecuencia, a costumbres culturales, psicológicas o económicas. Situación que es impuesta por los hombres y la sociedad para que continúen en la forma conservadora.
Los elementos que inciden en la violencia en la pareja pueden ser de muchos tipos y orígenes. En muchos países se encuentra considerado como un problema de salud pública o bien cultural. Los investigadores señalan que la baja autoestima en muchas ocasiones es derivada de la violencia a la que están expuestas desde pequeñas las mujeres. La misoginia y el machísimo coadyuvan en la situación de vulnerabilidad que sufren.
En el año 2018, en un medio de comunicación de circulación nacional se resaltó que en el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se sostuvo que la violencia contra las mujeres es un fenómeno persistente, cultural y creciente. Por lo que concluyó que México es un país violento para las mujeres, además de ser socialmente aceptable.
La violencia es una relación que se extiende por alguna agresión física, psicológica o sexual para mantener el empoderamiento sobre la pareja. Puede comenzar con comentarios incómodos, empujones, jaloneos que pueden tornarse en lesiones, y en algunas ocasiones hasta en el homicidio que ahora ya es tipificado como feminicidio. En el caso de los hombres violentados tienen un tratamiento distinto, ya que a nivel social se ve como un asunto normal, y no se acepta que la mujer pueda lastimar también a un varón.
Estas situaciones nos han llevado a distintas comisiones de delitos, que han aumentado en los últimos años. En medios de comunicación ha quedado constancia del nivel de violencia en que se tratan las parejas. Por un lado, lesiones, homicidios que comete un hombre contra una mujer, y viceversa. El tema toral es la prevención, donde pueden evitarse conductas sancionadas por los Códigos Penales, y así mantener el estado de orden que merece todo ciudadano.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos elemental que la Secretaría de Gobernación pueda instruir a otras secretarías del gobierno federal y dependencias para que en unión de esfuerzos se pueda combatir la misoginia. Es así que la Secretaría de Educación Pública, al tener el control de las escuelas de educación inicial, puede generar las reuniones informativas con los padres de familia para inculcar elementos de igualdad de género. De la Secretaría de Salud, para brindar apoyo en materia de salud sexual. Del Instituto Mexicano de la Juventud, para impactar positivamente con esta campaña, coordinada en los Centros de Atención a Jóvenes del país. Del Instituto de las Mujeres, para reforzar la importancia de la paridad. Todo ello será de suma importancia para reducir los niveles de violencia que se están presentando en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que coordine e instruya a instituciones públicas a emitir una campaña que fomente la paridad e igualdad de género que otorguen elementos de armonía y cultura de paz social en la población. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Salud a continuar implementando campañas de prevención contra enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares degenerativos en todo el país.
El senador José Ramón Enríquez Herrera: Muchas gracias, senadora presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
El senador José Ramón Enríquez Herrera: Honorable asamblea, compañeros legisladores integrantes de esta Comisión Permanente, en México cada año miles de personas contraen padecimientos epidemiológicos o degenerativos que provocan daños irreparables a su salud, disminución de su calidad de vida e incluso la muerte.
En el año 2019 las alertas epidemiológicas estuvieron centradas principalmente en enfermedades como el dengue y la tuberculosis, que tuvieron un aumento exponencial con respecto a años anteriores, por lo que las autoridades sanitarias de todo el país tuvieron que implementar medidas de emergencia, para tratar de contener los efectos negativos que conllevan este tipo de enfermedades por su capacidad de propagación.
La Secretaría de Salud federal detectó que la tuberculosis fue la segunda enfermedad con más repunte en el 2019, sobre todo, si consideramos que en 2018 se registraron 17 mil 171 casos y para el 2019 sumaron 44 mil 439, lo que significó un incremento del 159 por ciento. El dengue se incrementó en un 232 por ciento.
Asimismo, me gustaría hacer especial mención de un padecimiento que ha ido adquiriendo niveles preocupantes de aparición en la población por la modificación del perfil demográfico y es la principal causa de ceguera en nuestro país y, sobre todo, decirle a esta asamblea que esa causa de ceguera es reversible prácticamente en más del 70 por ciento de los casos. Y me refiero a sus cataratas. Es una consecuencia, por la modificación, precisamente, de que hoy tenemos más adultos mayores.
En México, entre 2.5 y 3 millones de personas tienen esta condición ocular. Un padecimiento que puede ser curado con cirugía, con la alternativa, precisamente, de una microcirugía, con tecnología, la más avanzada del mundo. Sin embargo, escasamente, solo la tercera parte de ellos se operan.
Sabemos bien que este padecimiento ocular, que está vinculado principalmente con la edad y con la presencia de la diabetes mellitus, está adquiriendo niveles preocupantes en el país, puesto que la población mexicana irá teniendo cada vez más, repito, la presencia de más adultos mayores.
Es momento de que vayamos pensando en tener en nuestro país, cada año, un mes intensivo de actividades, jornadas encaminadas a la eliminación de las cataratas en México, por qué no decirlo desde aquí, de esta tribuna, el mes de extracción de cataratas y calidad visual de la población mexicana.
Donde todas las instituciones de salud y la sociedad civil se involucren y podamos marcar en la historia de nuestro país un antes y un después en la salud visual y en la calidad de vida de sus ciudadanos, y que esto seguramente se logrará con voluntad política y organización para poderlo resolver.
Estas enfermedades a las que me he referido, el dengue y la tuberculosis, son padecimientos que por sus características son causantes de miles de decesos en nuestro país y que han limitado el día a día de cientos de miles de mexicanos, además de que generan altos costos para las familias que tienen a alguno de sus miembros enfermos. Así como para los organismos de salud públicos que se encargan de atender sus efectos.
Por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que enfocarse a las medidas de prevención, ejerciendo una política pública de gran visión, con rostro humano y con sensibilidad social. Conjuntando la voluntad política de los tres órdenes de gobierno y la participación fundamental, y esto hay que decirlo con precisión, de la sociedad civil, de la inteligencia social para sensibilizar, precisamente, y reforzar estas medidas preventivas que reduzcan considerablemente las posibilidades de contagio o continuidad de este tipo de padecimientos.
Los diputados y senadores ciudadanos consideramos que siempre va a ser mejor tomar las medidas preventivas y en cualquier ámbito de la salud pública, que reaccionar con acciones desesperadas, cuando ya se tiene la problemática en curso, por lo que buscamos centrar los esfuerzos en todas las acciones de prevención necesarias y utilizar todos los medios a nuestro alcance para informar a la población sobre las acciones que se pueden realizar para evitar las enfermedades de fácil contagio.
Concluyo, presidenta. Es importante, con un llamado respetuoso a la Secretaría de Salud como cabeza de sector, que podamos todos sumar esfuerzos y podamos determinar un mes del año como el Mes de la Extracción de Cataratas y Calidad Visual para todo México. Muchísimas gracias por su atención, es cuanto.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Enríquez, si usted me lo permite, me gustaría adherirme a su punto de acuerdo. Lo mismo que el senador Mancera, la senadora Rocha, el senador Madero, la senadora Guerrero, la senadora Valdez y la senadora Camino. El diputado Cheja también, perdón, la diputada Carolina, la senadora Harp, el senador Gutiérrez Castorena, el senador Joel Molina. Gracias. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene la palabra, para finalizar esta ronda, la diputada Carolina García Aguilar, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y programas para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades mentales, suscrita por el diputado Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Carolina García Aguilar: Con su permiso, senadora presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
La diputada Carolina García Aguilar: Honorable Comisión Permanente, a nombre de mi compañero, el diputado Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo, presento la presente proposición con punto de acuerdo en materia de salud mental.
La Organización Mundial de la Salud indica que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directas o indirectas que se relacionan con el bienestar mental, el cual debe tener un equilibrio y condiciones de bienestar social para que pueda desarrollarse adecuadamente.
Recomienda impulsar todas las condiciones necesarias para garantizar la salud mental de todas las personas, así como prevenir, atender, tratar y rehabilitar a las que padecen alguna enfermedad mental.
Algunas de las enfermedades mentales que se traducen en trastornos son la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos alimenticios, entre otros.
A nivel mundial los trastornos mentales y neurológicos constituyen el 10 por ciento de la carga mundial de morbi-mortalidad, y el 30 por ciento de las enfermedades no mortales. En este sentido las enfermedades mentales afectan anualmente a la economía mundial, ya que se pierde cerca de un billón de dólares en productividad debido a la depresión y a la ansiedad.
Al respecto, uno de cada cinco adolescentes sufre por trastornos mentales. Por ejemplo, la depresión afecta a 264 millones de personas y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo.
Anualmente en el mundo se suicidan cerca de 800 mil personas. Esto es cada 40 segundos una persona se quita la vida, por lo que el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años.
Cabe señalar que el aumento de enfermedades mentales se da en entornos sociales conflictivos e inseguros donde aproximadamente uno de cada nueve personas presenta un trastorno mental de moderado a grave.
En México el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala que los trastornos mentales afectan a casi 30 por ciento de la población y solo una quinta parte recibe tratamientos.
Datos del Inegi señalan que el 67.4 por ciento de las y los mexicanos tienen sentimientos de depresión una vez al mes, el 9.7 los tiene a diario, el 11.5 por ciento semanalmente y 11.5 cada mes.
En rangos de edad se indica que las y los adultos mayores de 65 años padecen más la depresión, mientras que las personas de 50 a 64 años lo tienen en un 40.3 por ciento, de 30 a 49 años 34.3 por ciento, de 15 a 29 años 25.8 por ciento y de siete a 14 años 14.6 por ciento. Por sexo, el 37.8 de mujeres y el 26.8 por ciento de los hombres padecen depresión.
La Secretaría de Salud indica que la tasa global de incidencia de depresión es de 58.13 casos por cada 100 mil habitantes. Es decir, una suma de más de 69 mil casos diagnosticados anualmente por este padecimiento.
Cabe señalar que la problemática de las enfermedades y trastornos mentales se agudiza entre la población joven, quienes enfrentan niveles de prevalencia más altos de depresión y trastornos de ansiedad que, entre otras cosas, son causas de las altas tasas de incidencia de suicidio registradas en personas jóvenes, es decir, 8 por cada 100 mil jóvenes.
Para el PES es fundamental dar seguimiento y fortalecer las estrategias y programas en materia de salud mental para que se puedan prevenir y detectar oportunamente algún trastorno mental que pueda mermar la salud y en casos graves, podría poner en riesgo la vida de quien padece alguna enfermedad de este tipo.
El PES acompañará de manera permanente la postura que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo donde insta a promover la salud mental de las y los mexicanos, donde enfatiza que tendrá un carácter prioritario, particularmente en la población adolescente y joven.
Acompañaremos e impulsaremos toda política de salud encaminada a fortalecer y garantizar el estado de felicidad, y para ello debemos comprometernos por la calidad de la salud mental.
En el PES trabajaremos por lo más importante, y la salud mental es importante para el bienestar social de las familias de México, por lo cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y programas que se están implementado para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades mentales, ya que actualmente son un problema de salud pública que se ha incrementado en los últimos años. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias senadora. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
El senador Madero desea adherirse a su punto de acuerdo, diputada García, si usted lo acepta, la Secretaría de Asuntos Parlamentarios hará lo conducente.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Honorable asamblea, con el objeto de dar claridad al desarrollo del apartado de la Agenda Política se informa que conforme al resolutivo décimo cuarto del acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que aprobamos el 18 de diciembre del 2019, el grupo parlamentario que inscribió el tema tendrá derecho a iniciar el debate.
Posteriormente se abrirá una ronda en orden ascendente en donde las y los legisladores informarán el reparto de la bolsa de ocho minutos con la que cuenta cada grupo parlamentario para exponer sus posturas. En caso de que los grupos tengan tiempo restante de dicha bolsa, podrán hacer uso de la tribuna una o varias veces hasta agotar los ocho minutos. Una vez agotado el tiempo por parte de todos los grupos parlamentarios, se abrirá una última ronda para rectificación de hechos hasta por un minuto.
En consecuencia, para referirse al apartado de la agenda política en materia de seguridad, se le concede el uso de la palabra, al senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cuatro minutos.
El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su venia, presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Compañeros legisladores y legisladoras. Es un hecho por demás conocido y lamentable, que el tema de la seguridad pública en México ha constituido uno de los problemas fundamentales del país en las últimas décadas.
El neoliberalismo nos dejó esta triste herencia: las mediciones sobre opinión y percepción ciudadana una y otra vez señalan que la inseguridad es la más sensible problemática que enfrenta y que impacta a la economía, al bienestar y a la tranquilidad de las personas.
Los mexicanos hemos sido testigos de cómo el crimen organizado vulneró y penetró las instituciones públicas encargadas de la seguridad. El espectáculo que nos está ofreciendo el caso Genaro García Luna es un claro ejemplo de este contubernio en el que la víctima ha sido todo el país, secuestrado y explotado, a través del miedo y la violencia con miles de muertos y desaparecidos.
Es lamentable que quienes han sido depositarios de la tarea de la seguridad hayan terminado corrompiéndose y fusionándose con el crimen organizado, burlando la confianza depositada, dejando a los ciudadanos totalmente indefensos ante la voracidad y crueldad de la delincuencia.
Ese contubernio ha sido terrible para las instituciones republicanas del país, tal estado de cosas nunca debió haberse dado. Es urgente acabar de una vez por todas con la posibilidad de que vuelva a suceder. Es urgente que enfrentemos por todos los medios, que jamás se vuelva a repetir este contubernio nefasto. Las fronteras entre autoridad y delincuencia deben estar claramente separadas. Esta es la exigencia ciudadana y esta es la postura que ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el Congreso de la Unión, debemos estar atentos a vigilar e impulsar que la parte normativa sea la adecuada para recuperar la tranquilidad del país, haciendo de la ética una realidad prevaleciente.
Debemos impulsar desde nuestra competencia legislativa y propositiva que la Guardia Nacional se despliegue, tal como está previsto. Estemos atentos a que la federación, los estados federativos y los municipios, en el ámbito de sus propias competencias, cumplan estrictamente sus tareas. Hagamos lo necesario en la medida de nuestras facultades para que la economía, la educación, la salud, los programas sociales, los presupuestos, contribuyan a recuperar el tejido social.
Que cambie la realidad de pobreza y de injusticia por un panorama con mayor equidad de justicia social, de bienestar y de más felicidad para todos los mexicanos. Muchas gracias, compañeros.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, senador Gutiérrez Castorena.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Ella sí utilizará sus ocho minutos.
La diputada Carolina García Aguilar: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Senadora. Adelante.
La diputada Carolina García Aguilar: Compañeras y compañeros legisladores, el escándalo de corrupción de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, muestra que la corrupción es la característica extendida y convertida en práctica administrativa regular en los gobiernos precedentes.
La corrupción es el principal inhibidor del crecimiento y desarrollo económico. En el PES creemos que resulta indispensable acabar con esa práctica, que daña a nuestro país y afecta a los ciudadanos de bien que trabajan con esmero y dedicación.
Sostenemos que el combate a la corrupción debe estar acompañado por la impartición de justicia. Las prácticas corruptas agudizadas en otros gobiernos dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país.
Se dice que Genaro García Luna tuvo logros importantes en su función de secretario de Seguridad Pública, como los aseguramientos sin precedentes a las organizaciones criminales de drogas, vehículos y armamento, lo que reportó pérdidas de los grupos criminales por casi 14 mil 500 millones de dólares, con lo cual se desarticularon redes de control, captación y distribución.
Hoy estos logros están en entredicho, pues en la corte de Nueva York, donde se realiza el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, Jesús Zambada García, se aseguró que entre los años 2005 y 2007 Genaro García Luna recibió alrededor de 56 millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.
Es de dominio público que García Luna estaría admitiendo su responsabilidad en la recepción de millones de dólares del Cartel del Pacífico para participar como colaborador de la justicia estadounidense con el propósito de reducir su pena.
De ser así, García Luna revelaría información sensible sobre su colaboración con la organización criminal que presidió Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta sería una oportunidad para conocer toda la verdad, y los exservidores públicos involucrados tanto de México como de Estados Unidos, pues sabemos que hubo operativos conjuntos binacionales.
La colaboración de Genero García Luna con las autoridades de Estados Unidos, permitiría fortalecer las relaciones entre ambos países.
Compañeros y compañeras, la seguridad pública es fundamental en un Estado de derecho, por eso este gobierno ha manifestado que está trabajando para garantizarla, y es el principal punto por el que entre todos nos reunimos para proteger y cuidar a quienes más queremos.
Desafortunadamente el mayor delito que se comete es el delito del fuero común de homicidios dolosos. Tan sólo el primer fin de semana de este año hubo 216 homicidios dolosos en el país, y eso vulnera nuestras expectativas de estabilidad y paz social.
Con el propósito de apoyar a las entidades federativas en el combate a la delincuencia, el gobierno federal desplegó un operativo especial en el territorio nacional y los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Ahora son un área prioritaria en materia de seguridad. Por ello, los nuevos elementos de la Guardia Nacional que están por concluir su capacitación serán asignados a esa zona.
En el PES queremos hacer notar algo: es una pena que la justicia sólo llegue por una autoridad extranjera y no nacional. Al parecer nuestro sistema judicial está rebasado cuando se trata de investigar y perseguir este tipo de delitos.
Pedimos a las instituciones encargadas de la seguridad pública que fortalezcan sus labores, que incrementen sus esfuerzos y hagan efectivas la coordinación con las entidades federativas.
En el Grupo Parlamentario del PES estamos convencidos de que lo socialmente correcto es combatir a la delincuencia de forma transparente y honesta. Y si el enjuiciamiento de Genaro García Luna por las autoridades estadounidenses revela nombres de ex servidores públicos involucrados, creemos que ello abonará al combate a la corrupción y fortalecerá el combate al crimen organizado, que tanto ha dañado a nuestro país.
En el PES decimos y actuamos sin titubeos, y estamos del lado de la gente, y creemos que el desarrollo del país debe pasar por actuar con apego a la ley, con valores y principios éticos para contrarrestar los grandes problemas de México. Otro México es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada Carolina García Aguilar.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra el senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también hasta por ocho minutos.
El senador José Ramón Enríquez Herrera: Nuevamente muchas gracias, honorable asamblea, compañeros integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Con su venia, senadora presidenta.
El pasado 10 de diciembre nos enteramos de una noticia de gran relevancia para nuestro país, la detención del exsecretario de Seguridad Pública, quien fue pieza importante de la seguridad nacional durante muchos años. La aprehensión se realizó en el estado de Texas. El exfuncionario es señalado por los cargos de conspiración para tráfico de sustancias prohibidas, falsedad en declaraciones a las autoridades norteamericanas y ocultamiento de su pasado criminal cuando solicitó ser naturalizado en ese país.
Qué fácil llegar a esta tribuna y hablar siempre del pasado. Lo más importante para nosotros es que hoy vivimos en un mundo del conocimiento, mientras nosotros padecemos con 68 millones de pobres. La desigualdad y la pobreza. Y se agrega un tema más, que yo no diría la prioridad de un trabajo y una gestión de gobierno, la “primeridad”. No puede haber producción, no puede haber calidad de vida, no puede haber crecimiento económico si no trabajamos todos por el tema de la seguridad.
Lo trascendente de todo esto es el contexto de todo este evento. El gobierno de Estados Unidos realizó trabajos de inteligencia en México durante 12 años, a través del exsecretario, siendo este el colaborador número uno de las agencias de los Estados Unidos, quienes reconocieron al exsecretario por su trabajo en la lucha internacional contra los cárteles del narcotráfico.
Hoy su calidad de colaborador estrella cambia a imputado de cometer crímenes en contra del sistema norteamericano. Ante esto, nos preguntamos los mexicanos: ¿por qué después de tantos años que dejó la administración pública hasta ahora comienzan a salir las investigaciones y los procesos penales? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta detención? ¿Por qué las autoridades mexicanas no habían actuado en contra del ex servidor público y otro país es quien abre la caja de Pandora?
Vayamos por partes. La directriz de la agenda política de México es una condición propia natural. No obstante, en los últimos días se ha visto que el país vecino del norte es quien ha dado la pauta al debate, no solo en lo político, sino en lo económico.
En este contexto resulta preocupante que otro país cuente con más información que nosotros. La seguridad es el valor primordial del ser humano y debe ser el tema de nuestra agenda política, aunque a muchos no les agrade.
No podemos dar la espalda a una realidad que está día a día en nuestras calles, en nuestros estados y en nuestro país. Yo haría un atento llamado a toda la autoridad de este país, a los tres órdenes de gobierno, para que haga pública toda la información con la que se cuenta respecto a este asunto y, si es posible, que pudiera ampliar estas investigaciones.
La captura del exsecretario de Seguridad Pública Federal, por los delitos que se imputan, además de ser muy graves, debe ser detonante para que las autoridades tomen acciones de control que impidan la reproducción de la comisión de delitos por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad.
Esta es una radiografía que nos demuestra la descomposición no solo de las corporaciones policiacas de estados y municipios, sino también de las instituciones del gobierno federal.
La crisis de seguridad en México se recrudeció hace 20 años y lo ha posicionado como el segundo país en Latinoamérica con una creciente incidencia de homicidios dolosos, pasando de 13 mil 849 en el año 2000 a 36 mil homicidios en el 2019, ante ello, ¿existirá quizá alguna responsabilidad para un solo hombre? Es parte precisamente de la reflexión.
No es posible que otro país nos marque parte de la agenda política de México, ya que en 12 de los 20 años él participó solamente en la seguridad nacional.
Yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio para México con el juicio a un solo hombre? ¿En qué contribuye a México la detención de este personaje que ha sido precisamente presentado ante las autoridades de otro país? ¿Qué busca conseguir el gobierno norteamericano con esto? ¿Por qué ahora resulta que asuntos como este son los que se utilizan para obtener popularidad ante la ciudadanía norteamericana? Ellos están en un proceso electoral. Nosotros debemos estar trabajando por los problemas que enfrentamos todos los días.
Finalizo, asamblea, con la siguiente reflexión: ¿cuál es el verdadero trasfondo del asunto? Lo iremos conociendo al paso del tiempo. Muchísimas gracias. Es cuanto.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, senador Enríquez.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 8 minutos también.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos una posición acerca del tema del proceso seguido en la Corte federal de Nueva York, en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa.
Para nosotros no pasa desapercibido que los orígenes de las acusaciones en contra de García Luna encuentran su umbral en los hechos de corrupción perpetrados desde el año 2000, cuando García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigación, no lo olvidemos.
La absurda guerra en contra del narcotráfico, orquestada por Felipe Calderón, que costó la vida de aproximadamente 122 mil 285 personas, más las que todavía no se sabe y están desaparecidas.
Solo fue el pretexto para combatir organizaciones delictivas contrarias a las que entregaban recursos ilícitos a quienes tenían la obligación legal de combatirlos. Sin embargo, no solo fue García Luna en la dirección de la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública, quienes le fallaron a México también fueron quienes ocuparon la titularidad de entonces la Procuraduría General de la República durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón. No podemos olvidar que, durante esos gobiernos, prácticamente en México se vivió en un narcoestado, según declaraciones dadas a conocer en distintos procesos penales, donde afirmaban que entregaron directamente a García Luna millones de dólares para garantizar su complicidad.
Nadie puede decirse ignorante de muchas irregularidades cometidas por García Luna, ya que en la LXI Legislatura nuestro ahora compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, públicamente y frente a él lo acusó de ser un asesino y delincuente. Pero, evidentemente, las complicidades lo protegían, se confabularon para impedir cualquier investigación.
Tiene que ser de nueva cuenta el sistema judicial de otros países el que lo tiene que sujetar a un proceso, a un mal servidor público del gobierno mexicano, que con recursos económicos provenientes de actividades ilícitas adquieren propiedades en Estados Unidos, que ni remotamente corresponden a los ingresos que como servidor público se percibieron en su tránsito por distintas instancias de gobierno.
De igual forma, severamente cuestionable la afición de García Luna, para violar sistemáticamente el debido proceso en contra de supuestos responsables. El mejor ejemplo es el de la francesa Florence Cassez. Fue solo otra manipulación informativa con la complicidad de varios medios de comunicación.
Compañeras y compañeros legisladores, en este proceso penal aflora la profunda corrupción que se vivió en el mal llamado gobierno del cambio de Vicente Fox y en el gobierno espurio de Felipe Calderón, sin pasar por alto las asesorías que seguramente le dieron al gobierno de Peña Nieto.
Con justa razón, el hoy secretario de Seguridad Pública del gobierno de la cuarta transformación, Alfonso Durazo, ha afirmado que en este nuevo gobierno no habrá ningún funcionario de primer nivel como García Luna, ni protección al narco ni narcopolicías que estén aliados con ellos.
El proceso para contar con policías profesionales y con la clara convicción de realizar su tarea está en marcha. Que se lleva tiempo, sí, bastante tiempo, pero es mejor esto a pactar con los delincuentes.
Por lo anterior, exhortamos a la titular de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República, para que se lleven a cabo las actividades que a cada una de ellas les corresponda, a efecto de que, si no existiera preinscripción de alguna conducta administrativa irregular o de la probable comisión de delitos, se haga lo procedente a efecto de que también en México este mal servidor público sea sancionado.
García Luna es solo la punta del ice berg, pero en una conspiración para delinquir de esta magnitud no se actúa solo. Hubo muchos más implicados que deben ser investigados y sancionados.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro total respaldo al presidente de la República, al fiscal general de la República y a la secretaria de la Función Pública para que en la investigación que se lleve a cabo se aplique estrictamente la ley. Es cuanto, senadora presidenta, muchas gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada Bernal Martínez.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra hasta por ocho minutos la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Restaurar la paz y brindar tranquilidad a las y los mexicanos y sus familias, fue uno de los principales compromisos que el actual gobierno hizo hace más de un año y que a la fecha aún no vemos avances ni en la disminución del número de delitos ni en la percepción de la ciudadanía sobre su seguridad en las calles, en sus casas o en los negocios.
Si bien es cierto que la seguridad es un problema complejo, el actual gobierno se comprometió a presentar soluciones inmediatas que elevaron las expectativas de todas y todos los ciudadanos, y que ahora son la principal razón de la gran desilusión que existe.
Fue el propio presidente de la República quien se fijó el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad del país. Luego pidió una prórroga. Lo cierto es que aún la promesa no está cumplida. Por el contrario, la ciudadanía está y se siente cada vez más insegura.
Una estrategia fallida del combate a la delincuencia ha dado tumbos e impulsado acciones ineficientes que solo han generado tensión social en varios estados del país. Los datos son más que reveladores.
La extorsión ha aumentado 40 por ciento y se ha concentrado en personas de la tercera edad y mujeres. Más de 9 mil desaparecidas y desaparecidos en este gobierno que prometió parar, cesar con las desapariciones forzadas.
En México mueren en promedio 7 mujeres diariamente a causa de la violencia feminicida y se realizan en promedio 5 secuestros al día.
Siguen los enfrentamientos, los bloqueos organizados por bandas criminales en las principales ciudades del norte del país. El caso más reciente se presentó la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ahora la extorsión y los asaltos se han vuelto parte de la vida cotidiana de millones de personas. Todos en nuestras familias escuchamos a diario sobre la inseguridad, es tema desgraciadamente en las mesas familiares.
En resumen, la estrategia que propuso el gobierno para detener a la inseguridad y la impunidad, hasta la fecha no puede dar buenas cuentas, ha fracasado.
En la más reciente reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la República enunció 10 acciones que su gobierno está impulsando para reducir los índices delictivos:
1. Combate a la corrupción en las instituciones que se encargan de la seguridad pública.
2. Separar claramente la frontera entre autoridades y delincuencia.
3. Trabajar en forma coordinada entre todos los niveles de gobierno.
4. Mejorar las policías.
5. Garantizar los derechos humanos.
6. Atacar las causas de la violencia.
7. Atender el problema de la inseguridad todos los días.
8. Consolidar la Guardia Nacional fortalecida, además de continuar con el reclutamiento y la capacitación de los miembros de esta institución.
9. Mejorar las condiciones salariales y prestaciones de todos quienes trabajan en la seguridad pública.
10. Alentar el fortalecimiento de organismos autónomos como la Fiscalía General de la Nación.
Estos anuncios no han detenido los asaltos que a diario se reportan en el transporte público, en carreteras, en trenes y hasta en embarcaciones en pleno mar abierto.
Es indispensable conocer los resultados que están arrojando los esquemas de coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales y municipales, ¿cuáles son los apoyos que se están dando? ¿Cómo se están ejerciendo los recursos presupuestales? ¿Están llegando a tiempo y con suficiencia? La excusa de la escasez de recursos no es válida cuando la utiliza el gobierno federal.
En el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020, aprobado por la Cámara de Diputados, se asignaron más de 157 mil millones de pesos para seguridad pública, monto superior en 4.8 por ciento real, respecto al aprobado para el 2019, y 26.8 por ciento de este recurso será para asuntos de orden público y seguridad interior.
La Cámara de Diputados no regateó, en momento alguno, cualquier propuesta de incremento de recursos que presentó el Ejecutivo federal.
Compañeras y compañeros legisladores, la bancada del PRI en ambas Cámaras ha proporcionado al Poder Ejecutivo todas las herramientas legislativas que nos han solicitado para cumplir con el compromiso de devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares.
Después de un año, después de las reformas constitucionales y legales realizadas, la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de las familias mexicanas. La estrategia a todas luces ha fallado, está fragmentada. Solo es una serie de operativos sin visión de largo plazo, pocas reacciones efectivas que han generado más incertidumbre y tensión social.
Es momento de que el gobierno federal deje el enfrentamiento político y de culpar al pasado como respuesta a la severa crisis de inseguridad en que nos encontramos. La seguridad pública es tarea de todos los órdenes de gobierno, pero el gobierno de la República tiene una responsabilidad mayor, tiene las herramientas.
¿Qué falta? Es hora de que el gobierno de la República cambie la estrategia y cumpla los compromisos de resguardar la seguridad de todas y todos los mexicanos. Es hora de construir un gran acuerdo por la seguridad y la paz, que sume voluntades y esfuerzos sin exclusión alguna, que incorpore a la sociedad y sus organizaciones, a los tres órdenes de gobierno. Solo así avanzaremos. Muchas gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada Sauri Riancho.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene la palabra, el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cuatro minutos.
El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: O menos. El pasado 18 de diciembre, en la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se propuso que hubiera agenda política y no se aprobó.
Lo que se quería es que la agenda política del 18 de diciembre fuera seguridad pública. Y entonces, lo que dijeron: No, hombre, ahorita se van a reunir los gobernadores con el Ejecutivo y mejor dejamos para la primera reunión –que sería esta– el tema de la seguridad pública. Y aquí estamos.
Discutimos en la Mesa Directiva hoy en la mañana: Oye, agenda política. –Sale, ¿a qué agenda política le entramos? –No, pues el tema internacional. –No, el tema internacional está todavía en proceso porque todavía ni se decide qué va a pasar con Irán y que si Trump todavía no responde. Mejor lo dejamos para la próxima. –Vamos a entrarle a la agenda política nacional. –Órale, pues vamos a entrarle a la seguridad pública. Y dice Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, pero por seguridad pública hoy en todo el mundo, y en México, se llama Genaro García Luna.
Yo le decía: Yo creo que no. Yo creo que lo que le quita el sueño a la gente es la violencia, la inseguridad en México. Nos tiene muy sin cuidado lo que esté haciendo ahorita García Luna. Si está confesando, si no. Sobre todo, que esto dependerá no de los eficaces esfuerzos del trabajo inteligente del gobierno de México, sino del gobierno de Estados Unidos.
Lo que quiero subrayar es simplemente el esfuerzo pertinaz de este del Grupo Parlamentario de Morena para que no se hable de la inseguridad en México. De los 36 mil homicidios, que es el año más violento desde la Revolución mexicana y el fracaso que tiene que se levante y madrugue Andrés Manuel López Obrador.
Con una inseguridad creciente, el mayor número de homicidios de periodistas de la historia, y la insistencia de distraerse con la parafernalia y la especulación de García Luna. Este bato que estuvo hace dos sexenios, tratan de que sea la justificación o la distracción de los fracasos y la falta de estrategia y resultados de este gobierno.
Urge un acto de sensatez. Reconocer que estamos metidos en un gran problema y que no va a ser si absuelven o someten o meten al tambo a García Luna lo que nos va a sacar de este embrollo. Va a ser si este gobierno asume la responsabilidad de que no está teniendo resultados y que debe haber un cambio profundo, autocrítico y urgente en materia de estrategia de seguridad distinta a la que hasta ahorita está llevando. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Con esto hemos concluido la primera ronda. Y para completar los tiempos estamos con la segunda ronda. Y para ello tiene la palabra nuevamente la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del... Okey, porque le quedaban tres minutos todavía. Tiene la palabra entonces el senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El senador Damián Zepeda Vidales: Con su venia, presidenta. Con la venia de esta Comisión Permanente. A mí me da mucho gusto que estemos abriendo el año analizando el tema más importante para México.
Sin duda alguna en las casas de todos los mexicanos el tema que más nos preocupa es la inseguridad. Según el Inegi, no somos ni el PAN ni ningún otro partido, arriba del 70 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros. Hoy, no ayer, no hace 10 años, hoy. Y lo que hoy tenemos que resolver los legisladores es qué podemos hacer para solucionar este grave problema que nos aqueja.
¿Cómo estamos hoy con respecto al pasado? Mal. Jamás había estado tan mal la inseguridad en México, y son datos oficiales del secretariado.
Nunca había existido tanta inseguridad en el país desde que se tiene registro de los delitos en México. Es un dato duro que no está en nada de bueno rechazar, sino que tenemos que aceptar para corregir. El primer paso para resolver un problema siempre es aceptar que existe. Y hoy parece que no queremos aceptarlo.
¿Hay más homicidios hoy que en el año más violento en la historia de México, que fue el año anterior? Sí, hay más homicidios. ¿Hay más secuestros? Sí. ¿Hay más extorsiones? Sí. ¿Hay más narcomenudeo? Sí. ¿Hay más robos a los negocios, hay lesiones, violaciones, violencia familiar y feminicidios? La respuesta es sí. Sí en este año completo que gobernó Andrés Manuel López Obrador y que gobernó Morena.
Sería injusto e ingenuo decir que es responsabilidad de un gobierno que lleva un año, pero lo que es una realidad es que no hay ninguna perspectiva de que se esté haciendo algo distinto para corregirlo.
Se le atribuye mucho a Einstein la frase –que no está verificada que sea de él– que es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y lamento decir que hoy la estrategia que ha presentado Morena y Andrés Manuel no tiene nada de distinto, sino más bien han fortalecido los errores que han señalado del pasado.
Se decía que gran parte del problema era la militarización. Yo les tengo un dato: jamás ha habido tantos militares en la calle en labores de seguridad pública como hoy, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 60 mil elementos militares encargados de seguridad pública. Cuando en el gobierno de Calderón, ese que tanto señalan, había 52 mil. No va a tener un resultado distinto si se aplica la misma estrategia.
La gran estrategia ha sido la Guardia Nacional, que por cierto la apoyamos todos desde la oposición. Pero cuál fue el problema: que no se está aplicando lo aprobado aquí en el Poder Legislativo. Se está haciendo una estrategia de militarización permanente en todo este país. De los 60 mil elementos aproximadamente que tiene, menos, tienen distraídos a los elementos, como si no hubiera violencia en este país, 21 mil elementos de esos casi 60 mil, saben en qué andan, en labores migratorias. ¿De verdad, esa es la prioridad para México, cuando están robando, están matando, están extorsionando, están secuestrando?
Y hoy parecería que lo más relevante es este caso, precisamente, el caso de García Luna. Yo, déjenme decirlo de manera contundente, es un escándalo el caso del exsecretario García Luna. Y de ser comprobado que es culpable tiene que pagar. Aquí no se equivoquen, no van a encontrar defensores de oficio. El Partido Acción Nacional no es defensor de nadie. Para nosotros, si una persona comete un delito, que lo pague. Y si una persona es inocente, que se le deje inocente. Sería de escándalo que, habiendo tenido una consideración de colaboración tan cercana con Estados Unidos, y estando a cargo de la seguridad en México, resulte que estaba inmiscuido con el crimen. Y si es así, lo debe de pagar. Porque por cierto hay muchas otras personas más señaladas que hoy no están siendo procesadas.
Pero, ¿eso nos va a resolver el problema? No. Había 21 mil homicidios dolosos cuando este señor dejó de ser secretario de Seguridad Pública en México. Y hoy, este año, por cierto, siete años después de que el señor fue secretario de Seguridad Pública, por Dios, va a haber más de 30 mil. La pregunta es: ¿hoy qué podemos hacer para resolver el problema? El problema es que Morena y Andrés Manuel no están aceptando la equivocación de esta estrategia, que parece tener un entendimiento y no un combate al crimen organizado. Los decomisos, a la baja. Ahí están los números: 38 por ciento menos decomisos de mariguana, 62 por ciento de heroína...
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Su tiempo ha concluido, senador.
El senador Damián Zepeda Vidales: Concluyo. 95 por ciento en opio y 66 por ciento en metanfetamina. Amnistía preparada para el narcomenudista y para el que roba menos de 50 mil. Hagamos hoy de este 2020 el año que le dé un giro a la seguridad y nos enfoquemos todos en brindar paz. La campaña ya acabó, es momento de dar resultados. Muchas gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cuatro minutos treinta segundos.
La diputada Juanita Guerra Mena: Con su permiso, senadora presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
La diputada Juanita Guerra Mena: Aunque no les guste, García Luna es el rostro que ejemplifica la manera icónica de la conducción en el país desde la perspectiva del rencor, la opacidad, el amiguismo y, que quede claro, la corrupción.
La forma selectiva a dirigir la política nacional de seguridad pública y una desastrosa guerra contra algunos grupos delincuenciales, con evidente objetivo de beneficiar a otros, marcaron para siempre al gobierno, que es el que se desempeñó como el más desastroso, corrosivo y decadente de la historia de México reciente.
Durante su encargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el 2011 fue el año más violento, 19.36 homicidios de cada 100 mil habitantes, sin dejar a un lado que el presupuesto para esta dependencia se cuadruplicó en dicho sexenio.
Por ello, para la soberanía no resultó extraña la detención realizada por el gobierno de Estados Unidos en el pasado 9 de diciembre. Es donde se imputa a los cargos de tráfico, de conspiración con el narcotráfico y falsedad de declaraciones ante la autoridad migratoria y, con ello, beneficiar a los más sanguinarios grupos delincuenciales en este país, a fin de allanarse en los caminos para el empoderamiento de territorios, todo bajo un pretexto y justificación de una supuesta, y lo digo claro, supuesta guerra contra la delincuencia organizada.
Con la caída de García Luna, se revelan verdaderas intenciones en esa supuesta guerra y quedan al descubierto las intenciones del calderolismo, no importando que cada municipio, cada estado, cada región se convierta en un auténtico cementerio, erosionando para siempre el ecosistema social, sembrando el miedo y el empoderamiento en bases de acuerdos que son vergonzosos para nuestro país, en esos temas que son con los delincuentes.
Para ello, para la ciudadanía no resultó sino más que una inclusión, a pesar de que en los próximos días de aseguramiento, en este caso, de García Luna, conoceremos a detalle la información respecto a las operaciones de la delincuencia organizada y el más alto nivel en la política nacional, sobre todo, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que fue donde fungió como su secretario de Seguridad Pública. Ni siquiera en la mega Secretaría de Gobernación, en el año que fue de Peña Nieto, en el sexenio, tampoco se dieron resultados.
Las y los legisladores estamos profundamente interesados, señoras y señores, en el esclarecimiento de los hechos, no solo para el enriquecimiento de la memoria histórica, sino para que se haga justicia y se castigue a los responsables de iniciar uno de los momentos más delicados del país y que nos llevó a esta situación tan lamentable.
Las y los mexicanos queremos un país de orden y paz, donde impere la ley y las instituciones, en donde se castigue al que atenta contra la norma, en donde el ser delincuente ya no sea la alternativa de miles de jóvenes para salir de la pobreza y la precariedad. Pero es poniendo atención a los orígenes, es dando atención a las familias que muchos de los antepasados olvidaron.
Queremos un país donde se castigue a quienes como García Luna realizaban el mismo montaje, como el caso de Florence Cassez, que ocasionó un conflicto diplomático. Y así, como en los grupos de la delincuencia, se libre la operación que otros conociendo a profundidad las entrañas de la lucha que se debe de dar con la oposición a esos privilegios para inclinar un supuesto combate hacia un solo lado.
Inseguridad, ¿quién generó la violencia y la inseguridad en este país? Tiene nombre y se llama la corrupción en el tiempo de Calderón y de Peña Nieto.
El proceso de este personaje, por así decirlo, no más que corrupto, Genaro García Luna, surge como resultado directo a los testimonios expuestos en juicios, así como tanto se dijo en el jurado, personalmente se había entregado a este, más de dos veces, un portafolios, no menos de 3 millones de dólares en efectivo.
Lo anterior, abre un abanico de posibilidades de información, en donde nos interesa conocer quiénes, además de él, participaron de manera activa en esa red de protección y salvaguarda y otros intereses de estos grupos delincuenciales.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiempo, diputada.
La diputada Juanita Guerra Mena: Señoras y señores legisladores, los mexicanos queremos respuestas, pero también que se castigue con todo el peso de la ley a quienes con sus acciones lastimaron a toda una sociedad y marcaron el destino de nuestro país y de miles de jóvenes.
Desde esta tribuna debemos asumir el compromiso de dar seguimiento puntual a los acontecimientos y a la información que se desprenda del juicio de García Luna, haciendo un exhorto a las autoridades para que se investigue hasta donde permanecieron a estas oscuras y vergonzosas redes de sobornos de impunidad y se castigue a los responsables de la acción y omisión que permitieron. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Le preguntamos a la diputada García Aguilar, ¿sí? Tiene tres minutos la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Carolina García Aguilar: Muchas gracias. Para concluir. Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras, la seguridad es y será hasta que la realidad diga lo contrario la prioridad de todo gobierno, porque es responsabilidad vital del Estado mexicano.
La seguridad no puede solo estimarse a partir de una fecha u otra, debe estimarse en el caso mexicano en el contexto de la corrupción que promovieron los gobiernos federales que antecedieron al actual, así como tampoco podemos voltear a otro lado y asegurar que la materia del presente es consecuencia exclusiva del pasado.
Lo que debemos ponderar en este momento es que presente y pasado están vinculados y tienen responsabilidades directas. La realidad de México sin duda alguna es consecuencia de políticas fallidas para combatir tanto al crimen organizado, como para ofrecer alternativas para el desarrollo social.
La seguridad es función permanente, sí, del Estado. Hasta antes del Estado de bienestar impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia y hoy el gobierno que impulsa la cuarta trasformación de México, el Estado que imperó en nuestro país fue el neoliberal, el de la corrupción total sin cortapisas.
No es una aseveración discursiva decir que las prácticas corruptas agudizadas en otros gobiernos dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales. Esta es una realidad latente, por eso el escándalo de corrupción de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, muestra que la corrupción es la característica extendida hacia atrás y hacia adelante, característica convertida en práctica administrativa regular en los gobiernos precedentes, en una virtud perniciosa y grotesca.
Hoy las y los diputados del PES creemos que debemos hablar de la voluntad política que ha faltado, debemos hablar de la gente y sus necesidades, de los territorios y de un nuevo esquema jurídico y práctico para hacer lo mejor por el país. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada. En atención al artículo décimo cuarto del Reglamento de esta Comisión Permanente, en el segundo párrafo se señala que una vez agotado el tiempo asignado a cada grupo parlamentario, habrá una última ronda de oradores para rectificación de hechos en orden ascendente hasta por un minuto por cada orador, y el grupo parlamentario que registró el tema a discusión tendrá derecho a cerrar esta ronda.
En este momento tenemos registrado al senador Daniel Gutiérrez Castorena. Pregunto a la asamblea si hay alguien más para terminar esta ronda.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Entonces tiene la palabra hasta por un minuto el senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Me dicen que el senador Enríquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y lo anotamos también.
El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su venia, señora presidenta. El 2006 fue el inicio de la guerra contra el narco...
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón. Hago nada más una consulta para cubrir todas las formas. Nos dice el Reglamento que el grupo parlamentario que hace la propuesta que tiene derecho a cerrar esta ronda. Pregunto, ¿quiere usted participar primero, después o tendría otro? Participa. Entonces si nos permite, tendría la palabra el senador Enríquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por un minuto.
El senador José Ramón Enríquez Herrera: Agradezco, presidenta. Hay deudas en este país con la población, pero también hay circunstancias como la pobreza. Es triste cuando vemos a un exfuncionario de un gobierno ser detenido en otro país y precisamente yo convoco a que no perdamos la oportunidad de salir con un acuerdo y una conclusión de este debate de agenda política.
Me sumo a todas las voces, y Movimiento Ciudadano lo hace a todas las políticas y acciones que mejoren la seguridad de nuestro país que encabece el presidente de México.
Sí queremos la paz y la tranquilidad. Hagamos ese acuerdo nacional donde participemos todos. Más sociedad, menos gobierno en los problemas para que se resuelvan. México te quiero feliz. México, te quiero seguro. Gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, tiene la palabra el senador Daniel Gutiérrez Castorena, para cerrar, hasta por un minuto.
El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Muy bien, muchas gracias señora Presidenta. Bien, el 2006 fue el inicio de la guerra contra el narco. Todos sabemos que una de las funciones y responsabilidades del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. A partir del inicio de esta guerra en Michoacán se pensó que esta decisión terminaría la delincuencia organizada.
Las consecuencias de esta guerra fueron terribles para el pueblo mexicano, 60 mil personas desaparecidas, 200 mil muertos como consecuencia de esta guerra. A partir de ahí se recrudeció e incrementó la delincuencia organizada, todos lo sabemos.
Incluso, el Estado, bajo la presidencia de Felipe Calderón afectó un programa que se denominaba Rápido y Furioso, en donde se permitió la introducción de armas al país, mismas que fueron a parar a manos del cártel de Sinaloa.
Se adujo por parte del gobierno que a estas armas le habían perdido la pista, pero también sabemos ahora que fortalecieron a ese cartel con la condición de que combatiera a otros grupos de delincuencia organizada.
Los ciudadanos a partir de ese período nos sentíamos indefensos por la violencia que alcanzó a toda la sociedad mexicana, la gente decía...
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiempo, senador.
El senador Daniel Gutiérrez Castorena: La gente decía que no sabía qué iba a pasar, pero sí sabemos que a partir de esa política que se estableció nuestro país, nos hizo mucho daño y creó las condiciones precisamente para una situación de delincuencia generalizada.
No tenemos una varita mágica. Este gobierno no tiene una varita mágica, 20 años, 20 años de política en donde se fomentó la delincuencia, no se pueden combatir con un año, pero estamos sentando las bases para esa transformación y lo vamos a lograr. Primero, porque no hay corrupción, señores, y eso vamos a lograrlo próximamente. Gracias.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Con esta participación hemos terminado este punto del orden del día de Agenda Política.
La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa (14:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de enero del 2020 a las 11 horas.
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