Intervención en lengua originaria del ciudadano Romeyno Gutiérrez Luna
Comunicaciones
Protesta como diputada de la ciudadana Laura Mónica Guerra Navarro
Efeméride, con motivo del 5 de febrero, Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Carlos Alberto Morales Vázquez
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Lilia Villafuerte Zavala, PVEM
Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, PES
Juan Martín Espinoza Cárdenas, PMC
Benjamín Robles Montoya y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI
Ana Paola López Birlain y Annia Sarahí Gómez Cárdenas, PAN
María de los Dolores Padierna Luna y Melba Nelia Farías Zambrano, Morena
Iniciativas
Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Morena
Martha Estela Romo Cuéllar, PAN
Dulce María Sauri Riancho, PRI
Hildelisa González Morales, PT
Martha Angélica Tagle Martínez, PMC
Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, PES
Raymundo García Gutiérrez, PRD
Luis Javier Alegre Salazar, Morena
Evaristo Lenin Pérez Rivera, PAN
Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Morena
Martha Elena García Gómez, PAN
Manuel Rodríguez González, Morena
María del Carmen Bautista Peláez, Morena
Marco Antonio Carbajal Miranda, Morena
Brasil Alberto Acosta Peña, PRI
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT
Carmen Julieta Macías Rábago, PMC
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, PES
Nayeli Arlen Fernández Cruz, PVEM y Morena
Marco Antonio González Reyes, Morena
Jorge Arturo Espadas Galván, PAN
María Ester Alonzo Morales, PRI
María Guadalupe Román Ávila, Morena
Alejandro Viedma Velázquez, Morena
Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena
Intervenciones de diputadas y de diputados con diversos temas
Declaratoria de publicidad de dictámenes
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Solicito a los medios de comunicación ocupar el sitio asignado. A todas las diputadas y diputados, de igual manera, ocupar su lugar en su curul. Les damos la más cordial bienvenida.
Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 298 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (11:07 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy 5 de febrero de 2020 declara formalmente iniciado el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Comuníquese. Pueden tomar asiento. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al siguiente punto en el orden del día. En el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al ciudadano Romeyno Gutiérrez Luna, originario de Retosache, municipio de Batopilas, Chihuahua, hablante de la lengua rarámuri, músico profesional, hijo de padres músicos tradicionales, discípulo de Romayne Wheeler, concertista de piano norteamericano, establecido desde 1992 en la sierra tarahumara.
Su talento artístico le ha permitido presentarse ante diversos públicos. Tiene como visión seguir replicando su experiencia artística entre el talento de la comunidad rarámuri. Tiene la palabra el ciudadano Romeyno Gutiérrez Luna.
El ciudadano Romeyno Gutiérrez Luna: Muy buenos días, diputadas y diputados. Agradezco profundamente por la oportunidad que me dan de esta frente a ustedes y dirigir algunas palabras de la cultura rarámuri.
Mi nombre es Romeyno Gutiérrez Luna, vengo en representación de la etnia rarámuri de Chihuahua y hoy, en esta hermosa mañana, les vengo a hablar un poco de nosotros, enfocándome un poco en la música.
Los rarámuri representamos la mayor parte de los cuatro grupos étnicos que existen en el estado de Chihuahua. Hoy en día, la lengua aún se habla al menos en la mayor parte de la sierra, pero eso no significa que se pueda conservar para siempre, también existe la posibilidad de perder este idioma debido a la falta de enseñanza, sobre todo en las escuelas comunitarias, ya que todas las enseñanzas se hacen en castellano, lo que nos hace sentir tristeza, porque sabemos la riqueza que es tener un grupo étnico en este país, México.
La forma en que pensamos tiene una esencia muy pura, todo lo que vive en esta tierra merece respeto. Por ello, por cada cosa que se vaya a usar hay que pedirle permiso a nuestro Creador, y eso hace que nuestra cultura sea más valiosa.
La música en la cultura rarámuri es una parte fundamental, todo lo que se realiza en los festejos va acompañado con ella, ya sea para hacer curación u otras actividades que se realizan en la comunidad. La música para nosotros es sinónimo de alegría, ya que toda la música es alegre y cada fiesta va acompañada de ella, tanto para danzar para nuestro creador como para convivir con la comunidad. Esta música es sumamente importante, debe conservarse, darle oportunidad y espacio para que sea reconocida en el mundo exterior.
La música en sí es fundamental, porque de alguna manera nos hace sensibilizarnos con el mundo que nos rodea. En lo personal, y como músico, es una manera de alimentar nuestra alma. Es un puente de aquí con el Creador, para que podamos vivir de alguna manera en paz y tranquilidad y así, cada día ser una mejor persona.
Mientras más jóvenes practiquen este bello arte, evitaremos también muchos problemas que tienen que ver con la drogadicción. Por lo cual los invito, como autoridades, a darle un papel importante a la música que muchos jóvenes de la comunidad rarámuri tengan acceso a tocar algún instrumento, y lo ideal sería que fuera desde las escuelas, para nuestros jóvenes estudiantes.
Con este proyecto, llevar el arte a cada rincón de México, podemos hacer grandes cambios para nuestro país, ya que en cualquier grupo étnico tenemos la capacidad de transformar un país para el bienestar de todos.
Agradezco nuevamente por permitirme estar aquí con ustedes, que mis palabras sean escuchadas, y que algo se pueda hacer para conservar la música de mi cultura y que muchos jóvenes de mi comunidad lleven grandes motivaciones para nuevas generaciones. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia del ciudadano Romeyno Gutiérrez Luna, por habernos visitado en esta Cámara.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las comunicaciones. El diputado Riggs solicita la palabra. ¿Con qué objetivo pide usted la palabra, diputado?
El diputado Miguel Alonzo Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para hacer un comentario a la Mesa Directiva y pedirles aquí a nuestros compañeros diputados su solidaridad con lo que está aconteciendo allá en la presa Boquilla...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Le pregunté el motivo nada más.
El diputado Miguel Alonzo Riggs Baeza (desde la curul): Ese es el motivo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahorita no es el momento, pero se abrirá al final un minuto para todos los que quieran incluir en el orden del día motivos diversos. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron oficios de la Comisión Permanente, por los que comunica que durante este periodo se concedieron licencias a los diputados Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez y Alfonso Ramírez Cuéllar para separarse de sus funciones como diputados federales electos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterada. Llámese a los suplentes.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Comisión Permanente hace del conocimiento los siguientes acuerdos aprobados por este órgano.
1. Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que durante el proceso de elección de las y los consejeros generales del Instituto Nacional Electoral se tome en cuenta el principio de paridad de género en los términos constitucionales establecidos, y
2. Por el que exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida en la Constitución, implementen las acciones necesarias para proporcionar un lugar adecuado e higiénico para el amamantamiento de las y los bebés, en los términos del artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Junta de Coordinación Política para su atención.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Mesa Directiva comunica que durante el primer receso del segundo año de ejercicio se recibieron solicitudes de ciudadanos diputados para retirar iniciativas y proposiciones, de conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Junta de Coordinación Política comunica que durante el primer receso del segundo año de ejercicio se realizaron cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias y grupos de amistad, que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria en su oportunidad.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Cámara de Senadores remite para conocimiento de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del honorable Congreso de la Unión, a realizar y hacer pública la declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en términos de la normatividad aplicable.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Junta de Coordinación Política para su atención.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Cámara de Senadores devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, los siguientes expedientes que contienen
1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para mejorar y proteger el nivel y calidad de vida de la población urbana rural.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, en materia de no discriminación laboral por edad.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 29 y la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, y deroga la fracción V del artículo 12, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: La Cámara de Senadores comunica que de conformidad con los acuerdos de la Cámara de Diputados desechó las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General del Cambio Climático.
2. Con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano.
3. Con proyecto de decreto porque se reforman y adicionan los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración.
4. Con proyecto de decreto porque se reforma el primer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 159 de la Ley de Migración.
5, Con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas.
6, Con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración.
Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterado. Queda concluido su proceso legislativo. Comuníquese a las comisiones correspondientes.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos:
1. El informe final de la evaluación de diseño del programa presupuestario Planeación, Elaboración y Seguimiento de las Políticas y Programas de la Secretaría de Economía.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, para su conocimiento.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: 2. El Cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2019 de los programas sujetos a las reglas de operación y otros subsidios, a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinador.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Economía, Comercio y Competitividad, de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para su conocimiento.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2019, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de diciembre del 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Se recibió de la Secretaría de Cultura el Cuarto informe trimestral 2019, sobre la contratación por honorarios y los resultados de los beneficios económicos y sociales que se llevaron a cabo a través del Programa S268, de Apoyos a la cultura y a las vertientes que lo conforman, que se encuentran sujetos a las reglas de operación.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Informe de labores 2019, que da cuenta del estado que guarda el ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en México, así como las acciones implementadas por el instituto para el fortalecimiento de ambos derechos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Corrupción, para su conocimiento.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: La Comisión Federal de Competencia Económica remite su Programa anual de trabajo 2020, así como el Cuarto informe trimestral 2019 de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento.
El secretario diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Se recibió de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el Cuarto informe trimestral, relativo a la situación de la deuda pública del gobierno de la Ciudad de México, octubre-diciembre 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se recibieron de la Secretaría de Educación Pública los siguientes asuntos:
1. La Agenda educativa digital.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: 2. La información trimestral de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se recibieron del Banco de México los siguientes asuntos:
1. El informe sobre el ejercicio de su presupuesto, correspondiente al ejercicio 2020, estructurado en gasto corriente e inversión física, relacionados y no relacionados con el mandato constitucional de proveer billetes y monedas a la economía.
2. La exposición sobre la política monetaria que este instituto se ha propuesto seguir en el ejercicio 2020.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: El Instituto Nacional de las Mujeres remite el Informe de resultados, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2019, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se recibió de la Secretaría de Salud la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto, el reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al periodo enero-diciembre de 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, para su conocimiento.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se recibió del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, el informe de resultados de la auditoría externa a su matrícula, correspondiente al segundo semestre del año 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este salón de sesiones la ciudadana Laura Mónica Guerra Navarro, diputada federal electa en el séptimo distrito electoral del estado de México.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: Diputado David Orihuela Nava, diputado Sergio Pérez Hernández, diputada Dionicia Vázquez García, diputada Claudia Báez Ruiz, diputada Erika Mariana Rosas. Cumplan su cometido.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ciudadana Laura Mónica Guerra Navarro, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La ciudadana Laura Mónica Guerra Navarro: Sí, protesto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Sea bienvenida. Muchas felicidades.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al tema de los órganos de gobierno. Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Acuerdo
Primero. Se establece el siguiente calendario legislativo para el segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Calendario legislativo del segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura febrero-abril 2020.
Febrero: sábado 1 sesión de Congreso General; miércoles 5, sesión ordinaria; jueves 6, sesión ordinaria; martes 11, sesión ordinaria; jueves 13, sesión ordinaria; martes 18, sesión ordinaria; jueves 20, sesión ordinaria; martes 25, sesión ordinaria; jueves 27, sesión ordinaria.
En marzo, sesiones ordinarias: martes 3, jueves 5, martes 10, jueves 12, miércoles 18, jueves 19, martes 24, jueves 26, martes 31.
En abril 2020, sesiones ordinarias: miércoles 1, jueves 2, martes 14, miércoles 15, jueves 16, martes 21, jueves 23, martes 28, jueves 30.
Segundo. Comuníquese y publíquese en Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de febrero 2020. Firma: Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, y todos los coordinadores parlamentarios.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se otorgará a los grupos parlamentarios, el uso de la palabra hasta por diez minutos en orden ascendente. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, hasta por diez minutos.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con su venia, presidenta diputada. Quiero empezar hablando en esta tribuna para desearle el mayor de los éxitos a esta legislatura, y que le vaya bien a México y a todos los mexicanos en este año.
Hoy es un día especial para todos los mexicanos, pues celebramos un año más de la promulgación de nuestra Constitución Política. Por ello, es importante decir que esta Ley Suprema que ordena la vida pública del país desde 1917, ha sido una de las normas que ha trascendido a su propio tiempo y a sus creadores.
Celebrar nuestra Constitución no solo debe ser parte de nuestra cultura cívica, sino también un reconocimiento permanente a las grandes luchas de nuestro pueblo mexicano. Luchas por la libertad, la soberanía, por nuestra democracia y por el progreso y desarrollo de nuestra sociedad.
Nuestro pueblo es único en el mundo y eso se refleja en nuestra Ley Suprema. Un pueblo que se preocupa por la seguridad social, un pueblo que privilegia el desarrollo social y el bienestar de su sociedad a través del consenso, el diálogo, así como de la pluralidad de ideas y culturas.
Celebrar este día en este recinto tiene, por otro lado, una doble importancia, toda vez que además de ser mexicanos, nosotros somos quienes representamos la voluntad de nuestros electores, sus anhelos, sus intereses, sus visiones, sus metas y sus aspiraciones.
Por ello, este día debemos reconocer el papel que tenemos como creadores normativos, la responsabilidad en la mejora constante de nuestro marco jurídico y la evolución de nuestro Estado de derecho.
Es cierto que el país ha cambiado desde aquel año de 1917. Hoy nos enfrentamos a nuevos retos como país. El avance tecnológico, la globalización y el constante dinamismo nos obligan a repensar el pacto social y jurídico en el cual nos desarrollamos.
En consecuencia, hoy propongo que, como legisladores y representantes del pueblo mexicano, hagamos a un lado esas diferencias, esas diferencias partidistas que pudieron surgir y que generemos más espacios para el acuerdo a través del debate objetivo y técnico, pero también que reconozcamos en el otro parte de la verdad.
Hoy en esta celebración debemos mirar hacia adelante. El pasado sirve como una plataforma para aprender de lo que se ha hecho mal, pero también para saber qué podemos mejorar.
Si nos aferramos al pasado podemos perder el futuro. Una de nuestras virtudes como pueblo mexicano es y será la capacidad para renovarnos, para buscar nuevos horizontes en aras de fortalecer nuestras instituciones.
Este año será de especial trascendencia para esta honorable Cámara. Tendremos la oportunidad de mejorar el Estado de derecho, de fortalecerlo y heredar mejores instituciones para todos los mexicanos y todas las mexicanas. No desmantelar nuestras instituciones.
Por ello, hago este llamado a que este día sea un voto hacia los mexicanos, un voto para que nos apartemos del encono y la división, que el debate se imponga ante la descalificación.
Tenemos temas pendientes, como lo son el apoyo a la infraestructura nacional, reformas para la no militarización del país, una vigilancia perpetua hacia el Poder Ejecutivo, para que nunca más haya elecciones de Estado.
Este año debemos poner atención especial para cuidar nuestras instituciones electorales, nuestros órganos autónomos constitucionales, pero sobre todo para exigir que cada institución que emane del poder público se apegue a la ley.
La corrupción, por supuesto, debe ser un tema central de nuestra agenda común, teniendo como objetivo dar la lucha sin simulaciones. La mejor forma de resolver los problemas de este país es entrando al fondo de la discusión con apertura de ideas y argumentos.
Celebremos este día otorgando un mejor marco de actuación para todos los ciudadanos mexicanos, pero sobre todo que impulsemos esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sea el medio para que cada ciudadano pueda construir un futuro digno, en libertad y con prosperidad salvaguardando sus legítimos derechos humanos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Morales Vázquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Hoy conmemoramos el 103 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución. A más de 100 años, nuestro texto fundamental se encuentra en medio de varias grandes crisis que nos asolan: la económica, la de seguridad, la de una emergencia signada por constantes violaciones a los derechos humanos.
La Constitución nos ha dado forma como nación y estructura para gobernar. Sin embargo hemos de replantearnos y reinventarnos como país aprendiendo de lo que no ha funcionado, y garantizando a todas y todos los mexicanos, una vida digna.
La crisis en el sistema de salud desatada por una errática implementación de las reformas que dan vida al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, nos obliga a todas y todos quienes conformamos el Poder Legislativo, a escuchar la diversidad.
Si bien es cierto que el Seguro Popular se encontraba plagado de irregularidades, también es cierto que muchas personas han sufrido por la falta de planeación para la creación del Insabi; sus vidas se han arriesgado y se ha puesto en peligro su integridad de manera irresponsable.
En su momento advertimos que no existía claridad en los tiempos, el modo de aplicación de esta ley y su financiamiento. Y ahora vemos cómo las personas sufren en su desesperación por la improvisación de una reforma tan importante.
Es imprescindible que el gobierno federal atienda los reclamos que desde las entidades federativas se están haciendo para garantizar la continuidad de los servicios.
Y es menester que en este y otros temas el grupo mayoritario abandone la soberbia que le dan las mayorías artificiales en el Congreso de la Unión, todo en beneficio de las y los mexicanos. Un tema...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputada. Con qué objeto, diputado.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para solicitarle que la oradora se circunscriba al tema. Estamos en la promulgación del 103 aniversario de la Constitución Política. No es el asunto del Insabi el que se discute.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, quiero reiterar lo que esta Mesa Directiva ha señalado en ocasiones anteriores. El uso de la tribuna y la libertad de expresión de las y los diputados prevalecen en esta asamblea. Así que adelante, diputada Mónica.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Muchísimas gracias, presidenta. Un tema que debe ocuparnos de manera prioritaria sin duda es la seguridad, los estragos que causa que hayamos vivido el año más violento, con más de 36 mil 685 homicidios, más de 61 mil desaparecidos, innumerables desplazados por la violencia y un gobierno federal que, prometiendo la paz en nuestro país, ha replicado la fórmula que la incrementa sin freno alguno.
Los habitantes de Guanajuato, el estado de México, Chihuahua, Jalisco y Baja California deben...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada Bautista, disculpe una nueva interrupción. Con qué objeto, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputada presidenta, usted tiene razón en la libertad de expresión, pero también es facultad de la Mesa Directiva que el orador se circunscriba al tema. Y lleva tres minutos y medio y no ha hablado nada del 103 aniversario de la Constitución. O sea, algún día ojalá nos hable del tema la diputada que está en el uso de la palabra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado Fernández Noroña, como usted en ocasiones anteriores ha dado a conocer a esta asamblea, la libertad de expresión es el bien superior que esta asamblea ha buscado preservar. La diputada Bautista tendrá la consideración de hacer el homenaje a la Constitución de la manera como considere más adecuada. Adelante, diputada Bautista.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Nuevamente muchas gracias, diputada presidenta. Los habitantes de Guanajuato, el estado de México, Chihuahua, Jalisco y Baja California deben aceptar que viven en el riesgo permanente de poblar los estados más violentos de la república.
Las mujeres y niñas sufren día a día el estigma de haber nacido mujeres, mientras son violentadas, asesinadas, marcadas cada vez con mayor frecuencia y en una absoluta impunidad. La niñez es también víctima de la violencia que, multiplicándose, afecta la convivencia diaria en las escuelas, como fuimos testigos hace pocos días.
La militarización no es y nunca ha sido la respuesta, y desgraciadamente esta no ha sido la única que nos ha dado a través de una Guardia Nacional que, violentando la Constitución y las leyes, no ha respondido a los desafíos que la realidad le impone a lo largo del territorio nacional, siendo eficiente únicamente en la construcción de un muro al servicio del presidente de los Estados Unidos en contra de los derechos de quienes, en busca de nuevos horizontes, arriesgan su vida dejando atrás historia y familia.
No hemos visto el prometido fortalecimiento de las policías estatales y municipales ni su profesionalización, No hemos visto una estrategia de seguridad o un plan de persecución penal que haga frente a la impunidad que vivimos. Es por ello que las víctimas deben ser nuestra prioridad.
Las demandas de las organizaciones sociales en materia de justicia transicional nos obligan a revisar de manera integral nuestro marco jurídico, con el único objetivo de garantizarles sus derechos y una atención integral que responda a los más altos estándares internacionales.
Debemos mencionar que no avalaremos ninguna reforma que contravenga los derechos humanos de víctimas e indicados. Insistiremos en la eliminación constitucional del arraigo y en el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Abogaremos por los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley y pugnaremos por la vigencia de los derechos de las mujeres privadas de su libertad.
Como Estado mexicano no podemos avalar ninguna medida que contravenga el marco convencional del que formamos parte, por lo que la tortura y los tratos inhumanos y degradantes deben ser erradicados de nuestro sistema penal.
En el mismo sentido, estamos convencidas y convencidos de que resulta indispensable crear las condiciones para la reactivación de nuestra economía de manera sostenible y sustentable como lo ofrecieron.
Debemos contribuir desde el Poder Legislativo en la creación de empleos, restablecer la inversión pública y generar la confianza para el incremento de la inversión privada nacional y extranjera.
Para ello debemos olvidar los megaproyectos de infraestructura que, sin planeación ni prospectiva, nos llevan a contracorriente del mundo entero, violentan los derechos de los pueblos y comunidades originarias y ponen en peligro al medio ambiente.
El gobierno debe volver a invertir, y seamos claros, los ahorros no son ahorros, son subejercicios sancionados por la ley y que ponen en riesgo la viabilidad misma de la administración pública.
No debemos repetir nunca más el caso de las estancias infantiles. Los recursos del Estado deben ser aplicados de manera eficaz y eficiente para garantizar los derechos de las y los mexicanos y no para la compra de votos de quien trafica con la pobreza.
Las posibles reformas electorales deberán garantizar la equidad en la contienda más allá de las promesas electorales de quien hoy es presidente de la República. Deberán fortalecer al Instituto Nacional Electoral y no vulnerar la viabilidad financiera de los partidos políticos.
Estamos convencidas y convencidos de que una reforma electoral parcial no le sirve a nadie y pone en riesgo 40 años de lucha y construcción de las instituciones de nuestro sistema democrático.
A 103 años de la promulgación de nuestra Constitución esperamos que prive la construcción de acuerdos y no el avasallamiento, el concierto y no el disenso, el conceso y no la imposición.
El Parlamento es un espacio para el diálogo y es por ello que hacemos este llamado empeñando nuestros esfuerzos en la construcción de un México más igualitario, más humano y en paz.
La Constitución de 1917 consignó el sistema federal, la separación de Poderes, la no reelección, el sistema de elecciones directas y secretas, la división del Poder Legislativo. Más adelante incorporamos el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, prohibimos la pena de muerte y ampliamos los derechos humanos hasta hacerlos parte de nuestro texto fundamental. Más de 700 reformas han conformado lo que hoy tenemos.
Señaló Venustiano Carranza, al momento de presentar el proyecto de Constitución el 10 de diciembre de 1916, que el proyecto contiene todas las reformas políticas que la experiencia de varios años y una observación atenta y detenida me han sugerido como indispensables para cimentar sobre las bases sólidas, las de instituciones, el amparo de las que deba y pueda la nación laboral, últimamente por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del derecho, porque si el derecho es el que regulariza la función de todos los elementos sociales, fijando a cada uno su esfera de acción, esta no puede ser en manera alguna provechosa si en el campo, que debe ejercitarse y desarrollarse, no tiene la espontaneidad y la seguridad sin las que carecerían del elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros de la sociedad, los lleva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad sobre el que deben descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano.
Ese, compañeras diputadas y compañeros diputados, es el reto que tenemos enfrente a 103 años de haber sido promulgada. Respetar el espíritu fundamental de quienes trabajaron incansablemente para construir nuestra democracia. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista Rodríguez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidenta. Hoy celebramos el 103 aniversario de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el Poder Legislativo tenemos mucho que decir al respecto.
Este mensaje no es para nosotros exclusivamente, los legisladores, es una misiva que queremos sea comunicada y conocida por la ciudadanía en el marco de una cultura de cercanía y relación real con la sociedad.
Una constitución puede ser definida de muchas maneras, entendida desde las más diversas apreciaciones académicas e intelectuales. Puede ser una aspiración, un deseo de identidad, lo que creemos que somos o podemos ser como mexicanos.
Es también un conjunto de normas, reglas, principios y marcas personales que nos individualizan como país y que nos permiten explicar, frente a otros, qué o quién es México.
Las dos conferencias pronunciadas ante agrupaciones ciudadanas en abril y noviembre de 1862, por Ferdinand La Salle, fueron recopiladas en la obra Qué es una Constitución, en la que el autor enuncia conceptos generalmente aceptados, como que la Constitución fuese un pacto jurado entre el rey y el pueblo, que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país. O que la Constitución es la ley fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público de esa nación.
La Constitución para La Salle es la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. Si se toman estos factores reales de poder se extienden una hoja de papel, se les da expresión escrita y, a partir de este momento, incorporados a un documento, ya no son simples factores reales de poder sino que se han erigido en derecho en instituciones jurídicas y quien atente contra ellos atenta contra la ley y es castigado.
Si una constitución omite dar expresión a esos factores reales de poder que imperan ante la realidad social no tienen entonces ningún valor.
Quiero compartir qué es lo que pienso cuando leo el primer artículo de nuestra Constitución, que establece que está prohibida la esclavitud, que las personas extranjeras que entran al territorio nacional alcanzarán, por esto solo hecho su libertad y las protecciones de nuestras leyes.
Me hace pensar que somos un país donde nos reconocemos derechos humanos, entendidos como las potestades o prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.
El solo hecho de reconocer la validez de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales que celebramos, muestra en la teoría y en la intención un mensaje poderoso, que somos un país que prioriza las libertades, donde queremos que las personas crean que todo es posible, que pueden vivir la vida que anhelan, que sueñan y desean, y que las invasiones, obstáculos o limitaciones que podamos encontrar del gobierno o de los ciudadanos que violan la ley, serán procesadas y castigadas con justicia, para así lograr el equilibrio social que nos permita vivir con plenitud, buscando libremente el propósito de nuestra existencia.
Que este sea el mensaje que nos queremos decir a nosotros mismos y a los demás, provoque grandes emociones y sentimientos. Sin embargo, somos críticos y es cierto que no siempre se cumple con el conjunto de estas normas o reglas dadas en la realidad.
Desde la promulgación de la Constitución hasta el inicio de este periodo ordinario, la Constitución ha tenido 741 reformas constitucionales. Los artículos que más se han reformado son el 73, con 82 reformas; el 123, con 27 modificaciones, y el 27, con 20 cambios, como lo establece el estudio Constitución, Ley y Justicia, Perspectiva sobre la cultura de la legalidad en México, de Visor Ciudadano, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, coordinado por Zamora Sáenz.
En este estudio encontramos el resultado de tres levantamientos de la encuesta nacional de cultura constitucional, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de 2013 a 2016, que entre sus conclusiones hay una que muestra una paradoja profunda, la mayoría de la población encuestada opina que en nuestro país se respeta poco o nada la ley, aunque asume que ella misma sí la respeta.
Citando el referido estudio, la ciudadanía considera que quienes no cumplen la ley son otras personas, pero ellas mismas sí lo hacen. Si esto fuera cierto, que la mayoría de las personas cumple y respetan la ley, entonces no habría bases para tener una percepción tan negativa en términos estructurales.
Esto lo podemos ver en el sentir diario de la gente, de la frustración con la corrupción, con la inseguridad, con el abuso de autoridad y de poder, y con las exigencias y expectativas de los gobiernos en turno.
Vale la pena sondear aún más qué es para la mayoría de la población la Constitución o qué representa.
Históricamente fue el sello o el acta de nacimiento de México independizado de España. En nuestra primera Constitución, que entró en vigor el 4 de octubre de 1824, creamos nuestra convicción como forma de Estado, la República federal. La percepción de esta Constitución y de las posteriores es que han sido producto, consecuencia de movimientos políticos y sociales necesarios para reinventarnos, modificarnos y transitar hacia nuevas etapas.
Desde pequeños nos cuentan que el valor de la Constitución del 57 radicó en la separación de Estado e Iglesia y reconocernos como un estado liberal.
Que las siete leyes constitucionales o de régimen centralista del 36, fueron la derrota parcial de los liberales y el triunfo temporal de los conservadores y que hemos ignorado por razones complejas.
Casi todos relacionamos desde nuestra educación escolar que el valor de la Constitución del 17 giró en torno al reconocimiento de los derechos sociales, de la libertad de trabajo, a la búsqueda de un régimen de equidad e igualdad, en contraposición al abuso por parte de grupos de poder, principalmente económicos, dominantes y abusivos de la población trabajadora en general.
Hoy, a 103 años nos tenemos que seguir preguntando qué representa la Constitución para el ciudadano en general. ¿Significa un documento máximo mediante el cual ponemos freno y defensa a la autoridad, o le exigimos a esta el cumplimiento de diversas obligaciones, garantías y derechos fundamentales?
Parafraseando al doctor Soberanes, la Constitución en nuestro país tiene su fundamento en que fue la voluntad del pueblo soberano darse este texto para limitar el poder de la doble faceta que señala el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los derechos de las personas oponibles o gobernantes y en la división tripartita del poder.
El Estado, en la teoría clásica está compuesto por territorio, población y gobierno. Este gobierno entendido como una creación jurídica a través de las leyes consiste en que los servidores públicos representantes de los Poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, este aparato gigante y complejo está compuesto por personas, humanos, sujetos al principio de legalidad en donde solo puede hacer aquello que la ley les permite y les está prohibido todo aquello que no está
expresamente permitido.
Hoy es cotidiano escuchar cómo un primer acercamiento natural a la Constitución, los artículos 14 y 16 que reconocemos que el gobierno no nos puede privar de la libertad o de nuestras propiedades, sino que en virtud de mandamiento escrito y de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Hoy entendemos estos derechos fundamentales de seguridad jurídica como el mínimo que podemos oponer frente a los gobernantes para disfrutar de nuestra libertad.
Hoy nos seguimos haciendo cuestionamientos sobre nuestra Constitución. ¿Sí funciona o no? ¿Sí responde a las necesidades colectivas de las mayorías y sí está a la altura de los requerimientos de las minorías que hay que proteger y privilegiar? ¿Sí es este el mejor conjunto de reglas posibles para crecer y desarrollarnos, aprovechar nuestras riquezas, respetar los derechos ajenos y sí podemos seguir haciendo pequeñas modificaciones que atiendan a ciertas modificaciones de figuras o elementos de nuestro mundo jurídico o si es el momento de volver a empezar a tener una nueva Constitución?
Sin duda, somos los mexicanos los que somos por y gracias a la Constitución lo que hoy tenemos. Como legisladores, estamos prestos para lo necesario y no para producir y modificar sin cambiar sin racionalidad, sino para ser proactivos y representativos de quienes nos eligieron.
Reitero y me uno a lo dicho hace un año por mi compañero de bancada, el diputado Oscar Bautista Villegas, en que es momento de consolidar a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que, aunque contamos con un sólido cuerpo legal e institucional para generar progreso...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Termino. Y desarrollo en un marco de libertad, gobernabilidad y estabilidad política, siempre hay un mucho que mejorar, aprovechar, redistribuir en derechos, mandatos y justicia y en equidad. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villafuerte Zavala.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Laura Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento central para la vida de las y los mexicanos, en ella está escrita nuestra historia, las grandes victorias de la sociedad y la que nos representa a nuestro país, y es el principio de un libro de conquista de los grandes acontecimientos de nuestro país por nuestra identidad y libertad, hechos que plasman un papel y tinta.
Murales se despintarán y documentos se podrán caer, pero lo escrito siempre se mantendrá y naturalmente desde su génesis se ha transformado conforme a las necesidades de nuestra sociedad.
La Constitución es la base firme del Estado mexicano. Por ello, todas y todos los mexicanos tenemos el deber de conocerla, de entenderla, de sentirla, pero sobre todo de aplicarla en nuestra vida cotidiana. Una sociedad que invierte más en la lectura probablemente dejará de invertir en seguridad.
En el del Grupo Parlamentario del PES abogamos por la verificación de un Estado de derecho, con una óptica social ciudadana, es decir, por un Estado constitucional que respalda la civilidad de todo momento.
En Encuentro Social compartimos un anhelo: que nuestra Constitución se materialice en el bienestar social de todos los mexicanos. Que la Constitución deje de ser un documento sobre lo político y sea políticamente correcto, y que se convierta en la base de lo socialmente correcto.
Gobiernos han pasado y muchos seguirán, pero nadie tendrá el derecho de ponerle auditoría. Los escritores de nuestra Constitución son y serán siempre el pueblo de México.
Convencidos de que la Constitución es la petición de todo poder que vive lo escrito en ella, donde los derechos humanos son reales y los Poderes del Estado no se envejecerán con el proceso.
Han pasado 103 años de su primera redacción. Han pasado 240 reformas en ella y, curiosamente, el artículo 73 ha sido el más reformado. Dicho artículo habla de las facultades del Congreso, es decir, a lo largo del tiempo que nos ha facultado para nombrar y emitir leyes en más materias. He ahí el ejemplo más claro que nuestra Constitución está más viva que nunca.
De la misma forma, el artículo 4o. es donde se han alojado las victorias de la sociedad. Por ejemplo, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección a la familia, el derecho a la salud, a la alimentación, al medio ambiente, al agua, a la vivienda e incluso a la cultura, entre otros.
Creemos firmemente que la cultura es la legalidad que debe tener todo país y plenamente en los proyectos educativos de nuestro México. Buscaremos la manera óptima para que nuestra Constitución sea sensible para todos, porque en ella estamos todos los mexicanos. Eso, compañeros, es lo correcto.
En este 103 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución hay que recordar que los constituyentes fueron quienes la hicieron y quienes dieron su vida por ella. Con este enfoque, a todos corresponde incluir hablar de la importancia que tiene ese piso firme en nuestra propia identidad como nación, decía Venustiano Carranza al firmarla.
Ahora solo queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema, llevándola en nuestras manos como la enseñanza que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos trae la paz y la prosperidad, y acabando con todas nuestras rencillas nos llevará a vivir la vida de tranquilidad de los pueblos libres, por el respeto a la liberad y el derecho de cada uno, que los logros de esos grandes hombres que vivieron e hicieron posible la Constitución, sea la templanza del espíritu con el que emana la transformación más importante de nuestra sociedad.
Nada ni nadie fuera de la ley, se ha dicho, que esa totalidad sea producto de nuestros derechos y nuestros actos, sea a la vez impulsada por la ley, esa es la base de la vida digna. La dignidad nos la ofrece la ley, y la honestidad ante la ley.
Nuestra Constitución nos da el sentido histórico, político, aun en las contingencias y tropiezos de nuestra propia historia. Por lo tanto, afirmamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la pieza clave y la estrategia maestra para mantener unida a nuestra nación y nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y excelente inicio de sesión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garza Gutiérrez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará.
Hoy conmemoramos una fecha importante dentro del a vida política, jurídica y social de nuestro país, el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que sigue siendo nuestra ley suprema a pesar de que han transcurrido más de 100 años de cuando fue decretada, por el entonces presidente de la República Venustiano Carranza, originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y como dato histórico, este año se conmemora su centenario luctuoso.
Hermila Galindo Acosta, conocida como Hermila Galindo de Topete, fue maestra revolucionaria, feminista y política de la época postrevolucionaria. La participación en la política de Hermila Galindo comenzó cuando todavía era estudiante. Recorrió el camino político de muchos revolucionarios, teniendo el mejor acercamiento con Venustiano Carranza.
Hermila Galindo a sus 15 años llegó a esta Ciudad de México, y a sus tan solo 20 años de edad se convirtió en la presencia femenina más visible en el Congreso Constituyente en Querétaro, para colaborar en lo que se convertiría nuestra próxima Constitución.
En 1917 se presentó como candidata a diputada para presentar la causa del sufragio de las mujeres ante la nación. De manera sorpresiva resultó elegida, aunque se le negó el resultado por ser mujer. Pero siguió luchando, como Elvia Carrillo Puerto, Adelina Zendejas, Adela Formoso de Obregón, María Lavalle Urbina y Amalia Castillo Ledón, entre otras más, para poder alcanzar su sueño y el de miles de mujeres de ser reconocidas como iguales en nuestra Carta Magna y poder votar y ser votada en elecciones populares.
Hoy esta legislatura de la paridad de género debe sentirse orgullosa de la lucha de estas valerosas mujeres, sobre todo de Hermila Galindo, a quien honro desde esta tribuna y le digo que su esfuerzo valió verdaderamente la pena, ya que años después, a cuatro décadas, fue permitido el voto femenino. Y hoy día, en cada diputada aquí presente de esta legislatura, se releja el objetivo de su incansable intervención. Por eso, felicidades a todas las diputadas de esta legislatura de la paridad, que gracias al esfuerzo de estas luchadoras se ha reflejado hoy en día.
Desde niño, como un amante de la historia, siempre me impresionó la visión de nuestros antepasados y el gran amor que demostraron a nuestra patria, el cual los llevó a luchar incansablemente por sus ideales y dejar plasmada su lucha brindándonos a todos los mexicanos protección y garantías en este invaluable documento.
Nuestra Constitución ha pasado por diversas reformas que buscan que este ordenamiento jurídico esté acorde con la realidad social, pero siempre cuidando y respetando su esencia revolucionaria e institucional, convirtiéndose en la primera Constitución en el mundo en incluir los derechos sociales e incorporar los mecanismos de garantía para su protección y defensa.
Nuestra Constitución fue inspiración para la Constitución de otros países, como la alemana de Weimar de 1919, y la soviética como consecuencia de la revolución rusa de 1917.
¿En qué consiste la verdadera esencia de una Constitución? Y razonando llego a la conclusión, que la diferencia es que en el espíritu de los pueblos una Constitución debe de ser algo mucho más sagrado todavía, más firme y más inconmovible que una ley ordinaria. Es una ley que establece los derechos fundamentales.
De esta idea asevero el significado de los 103 años de su vigencia, es la voz de las generaciones mexicanas que deriva la evolución social y política expresada en normas que le dan identidad, rumbo y conciencia al destino de nuestro país. Es la guía de donde las acciones tanto del gobierno y los ciudadanos se deben basar para la consecución del bien común de la nación.
La última gran reforma constitucional dio el reconocimiento de los derechos humanos que se consagra en su artículo 1o., que son ideales mínimos susceptibles de ampliación por distintas vías normativas, como su protección por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Compañeras y compañeros diputados, ¿qué harían si en estos momentos se presentara una revolución? Y no me refiero a un levantamiento de armas, sino a una revolución de mentes, que son las que verdaderamente perduran.
Les pongo un ejemplo. Como el derecho ambiental. Hace 100 años nunca hubiéramos imaginado que el planeta estuviera en gran riesgo y que sus consecuencias fueron irreversibles. Fue apenas a finales del siglo pasado en que se empezó a discutir el grave problema ambiental que sucedería en el futuro y que hasta el momento se ha hecho una realidad.
Debemos cuestionarnos sobre el tipo de Constitución que queremos, si consideramos que el contenido de nuestra ley suprema sigue siendo funcional, y si no, reformar lo necesario siempre y cuando recoja el sentir de todas y todos los mexicanos, permitiendo garantizar que sus modificaciones sean las verdaderamente necesarias para caminar con los nuevos tiempos de cambio.
Las consecuencias que padecen miles de familias mexicanas todos los días, como la pobreza, la violencia, inseguridad, pérdida de derechos laborales y descontento social.
En este aniversario, las y los legisladores, tenemos la responsabilidad de recuperar el espíritu inicial de la Constitución por el bien de nuestro país. Como legisladores electos por las y los ciudadanos, no debemos de vivir en una burbuja, todo lo que suceda a nuestro alrededor nos afecta directa o indirectamente, seamos afectuosos con el prójimo, con nuestros adultos mayores, con los infantes, con nuestros trabajadores del campo, los migrantes, con nuestros hermanos indígenas.
Pasamos de ser un país con actividades esencialmente primarias a un país por muy diversos escenarios de desarrollo e industrialización, que en muchos casos lejos de traer bienestar han agravado problemas y han hecho otros insostenibles.
Hoy más que nunca, debemos evitar cualquier enfrentamiento, confrontación o división que ponga en riesgo la soberanía nacional que reside esencialmente en el pueblo mexicano para que no nos conduzca a una fractura nacional.
Debemos ser revolucionarios, pero de conciencia y de mente, emprender acciones que beneficien a nuestro país, sirvamos de corazón a quienes necesitan de nosotros como representantes del pueblo. Velemos siempre por sus derechos y jamás fallarles.
Desde Movimiento Ciudadano queremos dejar en claro que mientras sigamos representando a las y los ciudadanos, este Congreso de la Unión defenderemos a cabalidad los ideales de justicia social, igualdad, libertad y seguridad, plasmados en nuestra norma suprema.
Compañeras y compañeros, en 2018 las ciudadanas y los ciudadanos votaron por un verdadero cambio, esta legislatura ya ha realizado alrededor de 15 reformas constitucionales, me pregunto: ¿serán todas para bien de todas y de todos los mexicanos? ¿Estamos garantizando la educación laica gratuita? ¿El derecho a la salud? ¿A la igualdad de derechos? ¿El apoyo al campo? ¿La protección, cuidado y restauración del medio ambiente? Eso es tarea de todas y de todos nosotros.
Hagamos valer en esta legislatura la voz de quienes verdaderamente nos brindaron su confianza y fuera de partidos políticos, clases sociales y religiones. Luchemos a ejemplo de esos valerosos constituyentes y demostremos que verdaderamente estamos contribuyendo para construir un país soberano, más libre, más limpio, sustentable, igualitario, fraterno y en paz.
A 103 años hoy seamos esos constituyentes entregados al servicio auténtico y verdadero de nuestro querido México, los que anhelamos un país mejor debemos demostrarlo. Hoy es nuestra oportunidad, no la desperdiciemos. Compañeras y compañeros, que el día de mañana estemos contentos con la contribución a nuestro querido México y no lamentemos habernos equivocado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espinoza Cárdenas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo decidió dividir su tiempo en dos intervenciones. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, por cinco minutos.
El diputado Benjamín Robles Montoya: Con su venia, compañeras y compañeros. En México hay un nuevo orden democrático. Sí, después de una etapa oscura en la que el poder sirvió, solo prácticamente para satisfacer los intereses de unos cuantos, el pueblo logró recuperar el mando del país.
Y aunque no les guste a los que nos mal gobernaron, fue a través de la organización pacífica como sucedió esta transformación profunda de nuestra vida política.
Por eso, el primero de julio del 2018 será recordado como un día histórico, que logró articular a millones de personas gracias a un proyecto de justicia.
Se inauguró, entonces, una nueva etapa para nuestro país a la que hemos llamado la cuarta transformación, y que tiene como principales objetivos devolver el bienestar a quienes fueron excluidos por el viejo régimen, garantizando un sistema democrático y justo, así como reconocer el derecho del pueblo a la toma de decisiones.
Por lo tanto, nos toca ahora articular un nuevo significado a nuestra Constitución, que asegure su plena eficacia como el instrumento más relevante para limitar el poder y proteger la autonomía, la libertad y la igualdad en cada individuo. De eso se trata cuando defendemos la cuarta transformación, que ciertamente asume que nada ni nadie puede estar por encima de la ley.
Compañeras y compañeros, la Constitución del 17 fue novedosa por reconocer, como nunca, derechos sociales que dejaron atrás la visión liberal del Estado. En México entendimos muy pronto que el sistema jurídico también era elemento fundamental de la transformación social.
Federalismo y republicanismo fueron acompañados, poco a poco, por reformas que nacieron desde distintas demandas populares: el reconocimiento al voto de las mujeres, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, la apertura del sistema electoral, entre otras.
Y en estos nuevos tiempos hemos emprendido una serie de modificaciones a la Constitución para que refleje un verdadero sentido popular, como en su momento lo hizo el presidente Venustiano Carranza, cuando explicaba a los Constituyentes que el nuevo proyecto establecía una serie de reformas para asegurar las libertades públicas por medio del imperio de la ley.
Hoy ya son una realidad la consulta popular efectiva y la revocación de mandato, la paridad de género en todo, una reforma verdaderamente educativa, así como modificaciones para garantizar la paz en nuestro país.
Y sí, falta mucho, pero estamos generando las condiciones para que nuestra Constitución refleje los principios y valores que el pueblo ha definido en la cuarta transformación. Por ejemplo, en el transcurso de las próximas semanas incorporaremos a nuestra Ley Suprema el apoyo a los adultos mayores y a personas con discapacidad, entre otros temas, ya que consideramos que se debe garantizar en el marco de nuestra Carta Magna este tipo de beneficios sociales.
Y también haremos realidad lo que hasta ahora ha sido letra muerta en la Ley Suprema. Sí, le pese a quien le pese, no volveremos a permitir que las ansias de negocio mal habido prevalezcan sobre el derecho a la salud.
Por eso, qué bueno que hoy se exhiben algunos pseudopolíticos, algunos gobernadores, que en lugar de sumarse al esfuerzo nacional prefieren ver cómo siguen sacando raja del Presupuesto público. La historia también los pondrá en su lugar.
Y aunque no nos tocará ahora, me refiero a esta legislatura, expreso mi bien sustentada esperanza en que las barbaridades de la nefasta reforma energética serán corregidas en los próximos años de la cuatro T. Sí, también recuperaremos la soberanía perdida.
Por eso hoy puedo decir que el Partido del Trabajo protegerá en cada momento este proyecto popular. Nos asumimos como un partido 100 por ciento obradorista y eso significa que defenderemos el contenido de nuestra Constitución en todo momento.
Hemos terminado con la corrupción y la impunidad, y ahora la legalidad y la justicia llegaron para quedarse. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Robles Montoya. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del propio Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputada presidenta. A esta hora, en el Teatro de la República, el compañero presidente López Obrador encabeza la ceremonia del 103 Aniversario de la Constitución.
En un edificio histórico que era de un particular, no sé si se pasó ya a dominio nacional, porque sabiendo su importancia del edificio, ahí se hizo la gran reforma a la Constitución de 1857, hace 103 años, que hoy celebramos. Pero también ahí se juzgó a Maximiliano, a Miramón y Mejía, se les condenó a muerte en el Cerro de las Campanas.
Qué afortunada es la reacción mexicana que vivamos en el siglo XXI y que solo tengan que ir a la cárcel por sus crímenes contra el pueblo de México, como la compra de un avión presidencial de 4 mil 500 millones de pesos que no autorizó la Cámara de Diputados, y que solo por la compra Peña Nieto y el tomandante borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que ocupaba la presidencia, se embolsaron mil millones de pesos. El paredón tendrían en el siglo XIX, pero hoy solamente irán a la cárcel, que es una pena también fuerte para quien ha violentado el marco constitucional.
Hace 103 años, inspirados en la parte más radical del programa revolucionario del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, establecieron los cuatro pilares de nuestra Constitución: el artículo 3o. de educación pública, laica y gratuita. El 27 de recuperar la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, petróleo, agua, minerales. El 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico.
Los gobiernos neoliberales del PRI, el PAN, hicieron pedazos estos cuatro pilares del marco constitucional.
El artículo 136 de la inviolabilidad de la Constitución es un artículo bellísimo que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional todo lo que haga, no vale. Y dice de manera muy hermosa, que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y serán juzgados quienes gobernaron en contra del marco constitucional y quienes colaboraron con ellos.
Es la hora de que ese artículo 136 se aplique, y a los traidores a la patria que encabezaron los gobiernos del PRI, el PAN y con quienes con ellos colaboraron, sean juzgados y sentenciados por los crímenes en contra del pueblo de México y del patrimonio nacional.
No hay homenaje más grande ni honra más fuerte a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la conducción que el compañero presidente López Obrador hace de un gobierno popular, sirviendo a la gente con honestidad, con patriotismo, con pasión, con entereza e inspirado en esas grandes luchas, en esas grandes gestas que dieron como resultado el marco constitucional.
Aquí restableceremos el artículo 123, porque determinaremos la ilegalidad del outsourcing o la subcontratación y les devolveremos los derechos plenos a los trabajadores y trabajadoras del país.
Aquí volveremos a sustentar con solidez la recuperación de la riqueza de nuestro pueblo, como lo comentó mi compañero Benjamín Robles, recuperando el petróleo, que 20 por ciento de este fue entregado a las empresas extranjeras por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aquí recuperamos y recuperaremos la educación pública, laica y gratuita. Lo mejor para nuestro pueblo. Y también como lo dijo mi compañero diputado, por más que se opongan, por más que difamen, por más que mientan, por más campañas que hagan en contra, por fin se hará realidad un mandato constitucional: que el pueblo tenga atención médica, universal, pública y gratuita. Lo mejor para nuestro pueblo.
Y esa es la honra y es el timbre de orgullo que los hombres y mujeres de la cuarta transformación, de esta revolución sin violencia, portamos con dignidad y con mucho orgullo.
Nosotros luchamos por el respeto pleno al marco constitucional, por la consolidación de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Y con nuestros hechos, no solo con nuestras palabras. Con nuestros hechos honramos al Constituyente de 1917 y honramos a los Constituyentes de 1857, que le dieron a nuestro país una patria libre para todos nosotros. Larga vida al Constituyente de 1917, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Fernández Noroña.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidenta. Diputados y diputadas, un día como hoy, 103 años atrás, el presidente Carranza promulgó la nueva Constitución. Apenas el 31 de enero anterior, en Querétaro, los diputados habían votado el nuevo texto y cerrado los trabajos del Congreso.
Por varias razones, nos encontramos ante un aniversario que debe motivar una especial reflexión para esta Cámara y para las fuerzas políticas que la componen. Apunto la primera: el próximo 21 de mayo se cumplen 10 años del magnicidio de Carranza. En la sierra poblana, en una humilde choza, se acribilló al estadista que hizo la Revolución. Al hombre de las instituciones, al que ajustó cada decisión del movimiento revolucionario a un dispositivo legal.
Le quitaron la vida al hombre que en 1913 levantó el estandarte de la legalidad para enfrentar al usurpador. Al hombre que desde las lejanas tierras de Coahuila condujo la Revolución constitucionalista y derrotó al Ejército federal, a quien con magistral pericia diplomática sorteó las presiones norteamericanas y las ambiciones de los países europeos y mantuvo la Independencia.
El recuerdo de los hechos en Tlaxcalaltongo obliga a meditar sobre Carranza, su vida, sus decisiones y el tiempo en el que actuó, aquel de finales del siglo XIX y principios del XX. El tiempo de la tensión porfiriana entre los avances cientificistas y la lacerante pobreza de millones de mexicanos encasillados a las haciendas.
En Querétaro se reunieron 190 mexicanos decididos a construir una nación, maestros, abogados, campesinos, obreros, militares, que desde las más lejanas poblaciones de la patria llegaban con el mandato de diseñar desde la ley un nuevo país. Porque esa es la grandeza de Carranza, la Revolución la hizo ley.
El Congreso de Querétaro fue investido de la más grande de las legitimidades: la proveniente de una Revolución, la que permite cambiar todo el orden jurídico, la que permite un nuevo proyecto de nación, la que autoriza a derrumbar y construir un sistema. Es la Revolución el hecho cierto e indudable que convierte a la Constitución en piedra angular para soportar un nuevo orden jurídico.
En Querétaro no eran lejanos los días del Plan de Guadalupe, aquel pequeño texto fundacional firmado en el desierto. Tampoco los del discurso de Hermosillo, receptáculo de la visión social del primer jefe del Ejército Constitucionalista.
En la esperanza de los mexicanos se tenía la referencia de Veracruz y las leyes expedidas desde allá por Carranza, del primer reparto agrario realizado por Lucio Blanco o de las legislaciones progresistas como aquella denominada Ley sobre Sueldos de Peones, expedida en San Luis Potosí por Eulalio Gutiérrez, en donde se pone un alto a tiendas de raya, a las deudas eternas y a los salarios miserables.
El momento constitucional había llegado, la aborigen de la guerra, la natural ruptura de grupos armados, el choque ideológico e incluso la tensión entre el neoliberalismo del siglo XIX y la emergencia social del XX tenían que ser resueltos.
En la guerra el pueblo ya ha dado una lección y en el texto constitucional tenía que quedar plasmado el aprendizaje. El mensaje de los obreros de Río Blanco, de los mineros de Cananea, de los campesinos de Morelos o de la incipiente clase media que reflexionaba sobre las libertades, tenía que traducirse en una respuesta constitucional. Ya no bastaban buenas intenciones o legislaciones secundarias o locales.
Carranza no deja nada al azar, incluso el valor histórico y emblemático de Querétaro se trae a cuentas. Los constituyentes saben la enorme responsabilidad que tienen en el mandato. En sus hombros la memoria de miles de mexicanos muertos en los campos de batalla. Ante sus ojos la ciudad en donde se derrotó al imperio, y el recinto en el cual se juzgó a Maximiliano.
En la Constitución también se requería un espacio para los aciertos del siglo XIX. Los conflictos que otras naciones vivieron hasta muy entrado el siglo XX, México los sorteó mucho antes.
Resolvimos la separación Estado-Iglesia y además nos quedamos con una sólida identidad nacional. La reforma y la derrota del imperio, lograron estos dos objetivos.
Por otro lado, los constituyentes habían sido testigos o actores de la inconformidad. La tierra debería ser para quien la trabajara; la educación para todos y los derechos laborales, una justa garantía de mejor distribución de la riqueza. México logró la primera Constitución social del siglo XX. Ese es el tamaño de la epopeya revolucionaria.
Apuntemos un segundo planeamiento: ante la legitimación de nuestra centenaria Constitución, ¿es deseable un nuevo texto? Estoy convencido de que lo más importante es conservar y, en todo caso, fortalecer el mandato de los padres fundadores del México moderno. No hay actor político ni movimiento que tenga una mayor legitimidad que aquel surgido del pueblo en armas.
En nuestra Constitución no se puede dar marcha atrás en los temas torales: Estado laico, derechos humanos, derechos sociales, federalismo y democracia. Solo tenemos la libertad de mejorar los derechos de las personas, y donde se han suscitado desviaciones, corregirlas.
La reforma de 2011 en materia de derechos humanos se montó sobre las garantías individuales discutidas en el 17. Felizmente se ampliaron los derechos. El árbol dio frutos en los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad y pro persona. No toquemos lo que nos ha hecho grandes.
Los constituyentes rescatan y consolidan la aspiración de un Estado laico, la división que reclamó Andrés S. Viesca cuando dijo: un dios en el cielo y una patria en la tierra. El Estado laico es más que la separación de los poderes terrenales y espirituales, significa entre otras cosas que la autoridad en sus decisiones se apoye en los principios aceptados por la humanidad y la ciencia, y se olvide de usar argumentos ajenos a ellos, por más populares que sean estos últimos o más fuertes que resulten las convicciones personales.
La Constitución del 17 nos dijo que el país es de todos y, por tanto, la riqueza del mismo debe ser para el aprovechamiento colectivo. No limitemos derechos; por el contrario, regresemos al espíritu original de la Carta Magna. Y en materia laboral eliminemos de tajo los dispositivos que engañan al trabajador y lo mantienen en la pobreza. Me refiero a la práctica de los seudopatrones, esta de la que se usa una palabra extranjera para nombrarla.
El siglo XIX dejó claro que la mejor forma de organizarnos es el federalismo. Es la única manera de mantener unida la diversidad que somos. Carranza lo sabía y tenía además la certeza de que el municipio fuerte era la respuesta para resolver los problemas más cercanos a la gente.
Como coahuilense, Carranza era hijo de un estado cercenado por el centralismo. Sabía que una artificial uniformidad de las entidades lo que provoca es inconformidad, el abandono de lo local y el trasvase a la metrópoli de la riqueza que producen las entidades.
El 2020 es un buen año para reflexionar y actuar. La figura de Carranza representa la legalidad, la posibilidad de construir una nación desde la solidez de nuestro pasado, la defensa inquebrantable de las instituciones, el Estado de derecho y el bien más preciado que tiene nuestro orden jurídico: la democracia.
Que el pensamiento de Carranza ilumine los trabajos legislativos y que de nuestra inteligencia colectiva surjan las disposiciones jurídicas que sirvan a México y a los mexicanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Moreira Valdez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional decidió dividir su tiempo en dos intervenciones. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Ana Paola López Birlain, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Paola López Birlain: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, me siento orgullosa de ser queretana, estado en donde se promulgó la Constitución de 1917, en la que se ven representados los más grandes anhelos de una sociedad que quería libertad, justicia y sobre todo igualdad ante la ley.
Sin embargo, nuestra Constitución ha cambiado como ha cambiado también la sociedad, y el cambio no ha sido fácil. Este proceso de transformación de la ley y la construcción de instituciones democráticas debe partir del estudio serio de la realidad que impera en el país y de los diagnósticos que parten del consenso de la sociedad.
El reto que tenemos hoy como legisladores, como representantes de todos los mexicanos, es que las reformas constitucionales se apeguen a la realidad y no se construyan sobre las bases del rencor o de viejos modelos. Tampoco en ocurrencias efímeras ni en falsas expresiones mayoritarias.
Cumplir la ley en nuestros días y enseñar a cumplirlas es una tarea que considero sumamente importante, no solo como diputada sino también como madre. El tesoro más grande que tenemos como país es nuestra niñez y debemos enseñarles que a través de la Constitución garantizaremos sus derechos y respetándola garantizaremos su futuro.
Hoy reitero mi compromiso como diputada, como madre de familia y como ciudadana, a poner el ejemplo para que el respeto a la ley sea una virtud de todos los ciudadanos y gobernantes, para con ello alcanzar la paz y la tranquilidad que México merece.
Nosotros mismos, desde este Poder Legislativo, desde los gobiernos, debemos de ser el ejemplo que guíe el comportamiento de la sociedad con diálogo, tolerancia y respeto a las diversas opiniones, porque la paz se construye a partir del respeto y del reconocimiento de los otros. Cuando en nuestro actuar no tomamos en cuenta las repercusiones de la vida de los otros no podemos aspirar a la paz.
No basta con venir a esta tribuna a hablar de unidad nacional, si desde la tribuna del Ejecutivo se convoca a la división y al encono social, si lo primero que se desconoce es la historia y el legado de quienes estructuraron los cimientos constitucionales y transformaron las instituciones en pro de la democracia.
Estamos llamados a defender las instituciones democráticas que han permitido la alternancia política en nuestro país en los tres órdenes de gobierno. No podemos aspirar a la paz social mientras no nos respetemos los unos a los otros, mientras no encontremos los puntos de encuentro y empatía con los demás ciudadanos, mientras sigamos acudiendo al insulto y a la división como premisas.
Hoy, desde esta tribuna, en esta conmemoración del centésimo tercer aniversario de la Constitución, los invito a ver y enseñar el respeto a la ley como pilar de la reconciliación nacional y principio de convivencia social que debe reinar en cada individuo, en cada hogar, en cada municipio, en cada estado y en todo nuestro país.
Hoy sigo creyendo que si algo nos une, si algo nos iguala a todos los mexicanos es la Constitución, que nos abre las puertas y garantiza las libertades y los derechos a todas y a todos, sin importar condición alguna más que la de ser mexicanas y mexicanos.
Decía don Manuel Gómez Morín que la Constitución debe ser respetada, no por fetichismo político, no por su fuerza propia inmanente, distinta a la que tienen las demás instituciones humanas, sino por salvaguardar la estabilidad de las instituciones y evitar los excesos del poder, para darnos a nosotros mismos la garantía de la sana convivencia.
Las leyes, compañeras y compañeros diputados, pueden ser favorables o no para los distintos ciudadanos, pero siempre deben ser favorables para el orden público y para el bien común.
Hago un llamado a todas nuestras autoridades, a nuestro gobierno federal, a todas y a todos los legisladores, a los ciudadanos en general, a respetar y hacer respetar nuestra Ley Suprema, la que hace 103 años se promulgó en el estado de Querétaro, uno de los grandes orgullos de nuestro país, es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Birlain. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Con su permiso, presidenta. Compañeros diputadas y diputados, como cada 5 de febrero, nuestro país se une en la conmemoración del aniversario de la Constitución, aquella que dio forma al andamiaje que edificó al Estado moderno.
En esta fecha celebramos los 103 años de vida de ese documento que ha regido los destinos de nuestro país y, en gran medida, el trabajo que realizamos todos los días como integrantes de este Poder Legislativo.
Son 103 años de lucha, de trabajo y sacrificio de mujeres y hombres que de manera incansable y heroica lograron hacer posibles los ideales de justicia social, democracia, libertad e igualdad ante la ley que están contenidos en el documento fundacional más importante que tenemos los mexicanos. Documento que además fue precursor, en todo el mundo, al ser esta la Constitución, la primera Constitución en reconocer derechos que garantizaban la justicia social.
Hoy recordamos con respeto a los constituyentes del 17, legisladores que a pesar de sus profundas diferencias en ideología, lograron estar a la altura de su tiempo y de su responsabilidad para dejar atrás todos los factores que los podían dividir y legislar con el único propósito de servir a México.
Con una enorme sensibilidad y visión, los constituyentes establecieron en la ley suprema ejes rectores que 103 años después siguen siendo igual de vigentes y necesarios: las garantías individuales, los principios de igualdad y libertad, el federalismo y la división der poderes fueron el eje rector de esa asamblea constituyente y necesitan, hoy en día, más que nunca, continuar guiando nuestra labor como legisladores.
Es muy positivo que en esta legislatura exista una gran voluntad por seguir impulsando reformas que beneficien a todos los mexicanos y continúen explotando el potencial de nuestra Constitución.
Sin embargo, este impulso reformador no puede ni debe desperdiciarse tratándose de legislar contrarreloj o intentando complacer a dirigentes partidistas. La historia de nuestro país ha sido muy clara en comprobar que todos los grandes cambios estructurales y de fondo han concluido con cambios en las leyes y reformas de gran alcance.
No obstante, cuando el impulso de reformar no goza de acuerdos políticos y sociales amplios, el resultado siempre acaba siendo negativo para la mayoría de los mexicanos.
En 103 años y después de más de 550 reformas hechas a su contenido, resulta necesario reflexionar sobre el espíritu que mantiene vivo nuestro pacto social y percatarnos que tenemos que ser lo suficientemente responsables para preservar su esencia hacia un futuro compartido.
En esta tarea, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reafirma su compromiso por ser un incansable defensor de los valores más importantes de nuestra Constitución y de dar seguimiento a la correcta aplicación de las reformas constitucionales.
En el PAN tenemos claro que la Constitución representa la unidad nacional, la unidad que debemos construir todos los días y por lo cual estaremos siempre dispuestos a luchar.
Quiero decirles que tengo aquí una lista de diversas formas, como las malas decisiones de actual gobierno ha estado vulnerando a nuestra Constitución. Un ejemplo puede ser cómo se afecta al artículo 4o., en donde se establece el derecho a la salud. Lo estamos viviendo actualmente. Pero no soy hipócrita, sé que este gobierno no es el único que ha vulnerado nuestra Constitución, lo han hecho también los anteriores.
Es por eso que hoy, hoy más que nunca, estoy convencida de que el potencial de cada uno de los representantes que estamos aquí debe ser usado para darle una respuesta a las y los mexicanos. Porque más allá de las diferencias que podamos tener cada uno de nosotros, más allá del compromiso que puedan tener algunos con un mandatario o con un líder partidista, allá afuera están las familias, nuestras familias y las familias mexicanas esperando no solo que vengamos aquí a levantar la mano, a presionar un botón o hacer propuestas que nunca van a transitar, están esperando que además de sus representantes y además de la Constitución, también seamos garantes de sus libertades, de su libertad de expresión, de su libertad y su derecho de asilo, de su derecho a la salud, a la educación de calidad, a la seguridad, a la vida, a la preservación de las familias.
Los invito entonces, a todas y a todos los legisladores, a que asumamos ese compromiso, porque de otra manera entonces, el que hayamos llegado...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera, diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluyo. El que hayamos llegado a esta legislatura, 103 años después de la creación de esta Carta Magna, va a ser en vano. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Cárdenas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El Grupo Parlamentario de Morena decidió dividir su tiempo en dos participaciones. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, hasta por cinco minutos.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Decir Constitución de 1917, es decir lucha contra la dictadura y por la democracia. Decir Constitución de 1917, es decir justicia social, reparto agrario, trabajo digno y soberanía nacional.
Conviene recordarlo, este 5 de febrero, aniversario 103 de la promulgación de una Carta Magna democrática, republicana, federal, municipalista, nacionalista, agrarista y obrerista. Conviene recordarlo porque son al menos dos los sentidos de una efeméride: recordar y conmemorar. Recordar querría decir si atendiéramos a los orígenes, volver a pasar por el corazón. Conmemorar, hacer memoria colectivamente.
La mejor forma para ambos actos es ir a la historia. Si están incluidas las efemérides, es para que regresemos al principio de las cosas, a su origen, a sus valores. Es imprescindible saber de dónde venimos para fijar la mira del porvenir, el momento de México lo requiere.
La Constitución de 1917 fue el resultado de una revolución social y política que dio origen a un amplio pacto alrededor de un proyecto de nación, el cual surgió incorporando las inercias progresistas y federales de la Constitución de 1857, pero con un carácter social mucho más avanzado que convirtió al documento en la primera Constitución social del siglo XX.
Su primera lección es esa, del pasado se hereda lo positivo, se corrigen las perversiones y se avanza en beneficio de todas y todos. Han pasado ya sobre la Carta Magna 103 años y cientos de reformas con modificaciones a su texto original. De estas, unas fueron de carácter progresista y otras definitivamente desvirtuaron el potente carácter social del esfuerzo de los Constituyentes del 17.
La cuarta transformación ha comenzado, el Legislativo tenemos la tarea de revertir las reformas que claudicaron en materia de soberanía o derechos sociales o laborales, y de aquellas marcadas con un sello privatizador.
Nuestra Constitución no es ya la del 17, aunque algunos de sus aspectos positivos permanezcan. La Constitución ha sido un espacio de disputa y en múltiples artículos, lamentablemente, testimonio de la derrota de los ideales de los Constituyentes originales y por ello testimonio de la derrota del pueblo de México.
Quizá ahora más que nunca son ciertas y claras las palabras de Mújica y sus compañeros del partido constitucionalista: “Sí, la democracia es un Estado donde los hombres libres y los pobres, siendo la mayoría, están investidos de poder”.
Entre otras cosas, las reformas de la cuarta transformación de la vida pública de México y, en particular, la reforma al artículo 4o. que el presidente ha planteado y que aspira a constitucionalizar el bienestar para las y los mexicanos. Bienestar, esa es la palabra del nuevo proceso de transformación.
Conmemoramos la Constitución de 1917 en su aniversario 103 y veamos hacia su revitalización. Recordémosla y reconozcámosla sin que eso quiera decir volver al texto del 17, sin más.
Retomemos, sí, su espíritu fundacional de justicia social, incorporando los avances, los retos de este siglo y repudiando las contrarreformas que ha sufrido, las herencias que no son nunca para permanecer como quedaron, sino para mejorar la vida de las generaciones venideras, conservando y mejorando lo valioso.
Vivimos ahora la construcción de un nuevo Constituyente de la vida pública de México. Un nuevo Constituyente que recupera el espíritu de 1917, que procura la justicia social, el desarrollo agrario, el trabajo digno y la soberanía nacional, de acuerdo a las necesidades presentes.
Un nuevo Constituyente, que dispone lo mejor del pasado y del presente para hacer realidad la democracia. Un nuevo Constituyente, que requiere dar pie a la efectividad de la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esa, y aprobando las reformas sociales de gran calado, como la que se formula en el artículo 4o., es la mejor manera de honrar a los precursores, realizadores y consumadores de las gestas que representó la Constitución de 1917.
Que la Constitución sea un espejo de la patria precisa que demostremos que podemos inaugurar un nuevo andar, construir una realidad distinta que abra paso a la dignidad, a la igualdad, la libertad y el desarrollo es posible. Y es el camino que andamos en la cuarta transformación. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Padierna Luna. Les damos la más cordial bienvenida a las y los alumnos de la Preparatoria número 4, de la Universidad Nacional Autónoma de México, “Vidal Castañeada Nájera”, invitados por el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. Bienvenidas y bienvenidos. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Melba Nelia Farías Zambrano: Con su venia, señora diputada. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy se conmemora el aniversario 103 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el marco de la celebración de un año más de vida de nuestra Carta Magna, destaco brevemente algunos datos del documento jurídico-político más importante de la nación.
En primer lugar, cierto es que fueron mexicanos excepcionales quienes como diputados constituyentes en Querétaro materializaron las demandas de la mayoría de los convulsivos inicios del siglo XX. Sin embargo, es justo reconocer que en el texto constitucional iniciaban los legítimos ideales del pueblo revolucionario.
Por supuesto los legisladores no fueron sencillos de conseguir consensos entre los distintos grupos ideológicos. Para muestra, los apasionantes debates registrados en los archivos históricos. A pesar de esto afortunadamente los congresistas coincidieron en lo fundamental que es: la patria es primero.
Como resultados los derechos sociales fueron el espíritu del texto nacional de 1917. La primera Constitución social, la Constitución mexicana, se convirtió en una ley de avanzada para la época. Ese sería el gran paso social que consolidaría a la Revolución Mexicana.
Bajo este amplio acuerdo popular como elemento simbólico y material de nuevos tiempos, se consolida la tercera transformación nacional dando paso a un periodo de estabilidad social y política. Por iniciativa del presidente Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se afianzaba la vida institucional de la república.
Definitivamente reflexionar sobre la esencia organizaría de nuestra ley de leyes, nos permitimos identificar cómo fue modificándose al paso de los tiempos hasta sumar más de 700 reformas, pasando de 22 mil palabras a superar las 60 mil.
Cabe mencionar que los cambios más destacados fueron ideológicos, y una de las peores estafas fue el neoliberalismo, no solo por no dejar justicia a la mayoría, sino por generar 50 millones de personas en pobreza. Pero a pesar de la amplitud de modificaciones, nuestra Constitución permanece vigente hasta el día de hoy.
En suma, compañeras y compañeros diputados, a quienes hemos llegado por la coalición Juntos Haremos Historia nos toca, además de revertir las reformas para retomar el espíritu social originario como lo hemos venido haciendo desde el primer día de esta legislatura, consensuar distintas corrientes de pensamientos para que se edifique, impulse y consolide la pieza jurídica, social, política y simbólica, representativa de la cuarta transformación de México, es decir, una nueva Constitución dotada de las legítimas aspiraciones de paz, justicia, democracia, derechos, libertades, desarrollo y bienestar para la sociedad de nuestro tiempo.
Cristalizar es un proyecto constitucional, social, transformador. Es una responsabilidad enorme. No es fácil, pero hoy, como hace 103 años, se debaten diferentes y trascendentales políticas, pensando siempre que la patria siempre va a ser primero. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Farías Zambrano.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a iniciar el apartado de iniciativas de diputadas y diputados. Tiene a palabra hasta por cinco minutos el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Buenas tardes, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, auditorio del Canal del Congreso, jóvenes invitados a esta casa del pueblo, amigos todos. Tomamos hoy el tema de la pobreza y la riqueza de los líderes que han gobernado este país, de la ética que ha determinado sus decisiones.
En esta tribuna presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales, en sus artículos 31 y 8, y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto, se trata de una iniciativa que añade el sorteo como un mecanismo para enajenar los bienes que, por sus características o por las condiciones de mercado, no han podido ser vendidos.
Comprar un avión para los viajes presidenciales y sus colaboradores fue un exceso. No podemos hoy continuar avalando la opulencia ante una realidad con pobres al extremo y en grandes cantidades.
Nos heredaron hospitales abandonados y familias con jóvenes que se convierten en delincuentes. No permitiremos que mientras el pueblo se degrada y se sume en hoyos de vida sin expectativas, se tenga un avión con comodidades excesivas, fastuosas.
Por eso hay que devolver al pueblo esos dineros públicos que se gastaron en el avión. Qué visión del México irreal se tenía, el dinero público es de la sociedad. No podemos vivir en simulaciones. ¿Cómo fue posible que se usaran recursos públicos para comprar un avión tan lujoso?
Por eso la iniciativa que ahora proponemos es más justificable, porque rechazamos públicamente el comportamiento de gobernantes que actuaron a espaldas de la voluntad popular y del interés general.
Ahora el dinero que se obtenga de ese avión servirá para rehabilitar hospitales y clínicas, invertir en salud. El dinero que se obtenga servirá para que los pobres tengan acceso oportuno a medicamentos, a la medicina humanista, a maestros mejor preparados, a escuelas mejor equipadas.
Debe servir, en suma, para el bienestar de una sociedad que hoy, con este gobierno, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, avivan la esperanza de un futuro con expectativas reales de mejorar junto a sus familias.
Aquí no hay simulaciones, aquí no hay enriquecimientos de unos pocos; aquí y ahora se busca el bienestar de todos, en especial de los más pobres sin engaños ni demagogia. Hay congruencia entre lo que se promete y se hace. Hay congruencia en el comportamiento de gobernantes y la austeridad en la función de gobierno.
Por eso exhorto a esta soberanía, de manera respetuosa, para que se apoye esta propuesta que incluye la figura de sorteo en la enajenación de bienes. Por eso, pido su apoyo para que reencaucemos con ética la función pública que tanto se degradó en el pasado.
Ese es el punto fundamental de esta iniciativa, el de devolver los recursos públicos a sus dueños: el pueblo de México. Es cuanto, gracias, compañeros.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Romo Cuéllar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Migración, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Sabemos que los retos que tenemos como país son innumerables y que el reto en materia recaudatoria es y seguirá siendo injusto para los mexicanos.
Pagar impuestos a todos nos enoja y más cuando no se ven reflejados en tu entorno, en tú día a día con mejoras de servicios, mejoras en carreteras, mejoras en seguridad o verdaderos servicios de salud.
No estoy ni estaré a favor del paquete económico aprobado en una sesión ilegal y que además de todo le sigue pidiendo a nuestros ciudadanos, cada vez más, un esfuerzo extra a sus familias con el pago de más impuestos.
Al no estar de acuerdo con esto, vengo no solamente a quejarme, sino a proponer. Por qué no en vez de seguir exigiéndoles más elevados impuestos a los mexicanos, hacemos más eficiente el cobro de estos mismos, por ejemplo, a aquellos extranjeros que viven en nuestro país y trabajan aquí, con la denominación del modelo residente, según el modelo de convenio tributario de la OCDE.
Les platico más a detalle. Este modelo residente de Estado contratante, que lo llamamos, tiene algunas lagunas legales que impiden que como tú y yo los extranjeros paguen impuestos en nuestro país.
Este término es otorgado a toda persona que está sujeta a imposición, en razón de su domicilio residencial, o sea, la dirección.
Esta expresión no incluye algunas figuras que por convenios internacionales están previamente determinados que así sea. Pero existen muchos otros países que, debido a las siguientes lagunas en el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley de Migración, no pueden cumplir con dicho pago de impuestos.
La presente iniciativa tiene como objetivo tres reformas importantes:
La primera, que la disposición fiscal a quienes se consideran residentes en el territorio nacional, ya sea por habitación en México o cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales, que estos ya sean personas físicas o morales, paguen impuesto sobre la renta.
El segundo es que la tarjeta de residente temporal exprese las condiciones bajo las cuales fue otorgada la visa y, posteriormente, condición de estancia. Por ejemplo: oferta de empleo, permiso para trabajar.
Esto implica que el SAT pueda determinar si el solicitante del trámite para su firma electrónica obtuvo su visa y condición de estancia con la autorización para desempeñar actividades técnicas o profesionales en México. Que no son remuneradas en esta entidad basada en México.
Ya que el mismo documento temporal se pudo haber obtenido por cualquiera otra hipótesis. Por ejemplo: la autorización de visas por unidad familiar, que sobra decir que no autoriza a un extranjero para desarrollar actividades profesionales en México.
Y la tercera, es agregar una leyenda a este tipo de visado para que las autoridades tributarias puedan distinguir si tienen autorización para desempeñar actividades técnicas o tributarias en México, las cuales reciben su remuneración por parte de las compañías en el extranjero y, por lo tanto, reforma a la Ley de Migración, el reglamento y los lineamientos para la expedición de visas.
Y el cuarto punto y el último, con este concluyo, es también objetivo de esta iniciativa reformar el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde deben mencionar este tipo de residencia y así los extranjeros puedan llevar a cabo el pago de impuestos correspondiente.
En concreto, ¿qué es lo que necesitamos? Agregar al artículo 9 del Código Fiscal de la Federación la especificación sobre los extranjeros que cuentan con permiso para trabajar, pues debido a las actuales lagunas evita que paguen impuestos como todos nosotros.
Agregar a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 1o., la especificación de que también los extranjeros que tengan condición legal de estancia en México, con permiso para trabajar, estarán obligados como todos los mexicanos a pagar impuestos.
Y se reforma la Ley de Migración en su artículo 52, fracción VII, segundo párrafo, la especificación que cualquier residente temporal que cuente con una oferta de empleo, se otorgará el permiso a cambio de una remuneración en este país.
En el PAN queremos construir un México sólido, aportar ideas con dicho objetivo, que permitan meditar, seguir aumentando cada día más los impuestos a los mexicanos, sin dejar de percibir esa remuneración o esa recaudación, que sin duda es básica para los mexicanos.
Reiteramos la mejor intención de construir por y para México, no solo con quejas, sino con propuestas, en esta y en todos los demás ámbitos. Los invito a que se sumen a esta iniciativa y hagamos que los extranjeros que viven y trabajan bajo esta denominación en nuestro país paguen impuestos como tú y como yo. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Honorable asamblea, queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Sang-il KIM, embajador de la República de Corea del Sur en México y de funcionarios de dicha misión diplomática, quienes asistieron a la instalación del Grupo de Amistad México-Corea del Sur, presidido por el diputado David Bautista Rivera.
Esta Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida, señor embajador y a su comitiva, y hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Les deseamos mucho éxito en los trabajos de este grupo de amistad. Sean siempre bienvenidos.
La anterior iniciativa de la diputada Romo Cuéllar, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Migratorios, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Dulce María Sauri Riancho, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidente. Hoy se conmemoran 103 años de la Constitución Mexicana. El Grupo Parlamentario del PRI ha decidido celebrar esta significativa fecha con la presentación de la iniciativa para reformar su artículo 4o. y establecer el derecho al bienestar.
Cuando nació en 1917, fue bautizada como la primera Constitución social del mundo. No solo recogió las garantías individuales de las personas, sino emprendió un camino inédito hasta entonces al reconocer los derechos de los grupos sociales como campesinos y trabajadores de México.
Pensemos a la Constitución como un gran pacto social, producto de una revolución armada. Había grandes expectativas entre los grupos para que se cumplieran sus demandas. No había recetas ni antecedentes, se dio una respuesta inédita anclada en la experiencia y el compromiso de los constituyentes.
Todavía limitada la letra, las nuevas reglas rigieron la construcción de las grandes instituciones del Siglo XX y establecieron una ruta para el efectivo ejercicio de los derechos que fueron plasmados en sus 136 artículos.
Hacia principios de la década de 1980, se estableció el Sistema Nacional de Planeación Democrática como un medio para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo. A lo largo de los años se han afinado sus atributos: equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible con perspectiva de interculturalidad y de género.
La creación de este sistema articulador de políticas ha sido, sin embargo, insuficiente. La realidad de más de la mitad de la población que vive en situación de pobreza y marginación claramente lo demuestra.
Para enfrentarla han surgido propuestas de fondo para incluir en la Constitución el compromiso de otorgar una subsistencia mínima para los grupos más vulnerables, el denominado mínimo vital. Este concepto novedoso fue fuertemente debatido en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que, por cierto, hoy cumple sus tres años de vigencia. El consenso se logró en torno a la noción de bienestar que ha sido pionera en el país como lo fueron los primeros derechos sociales en la Constitución de 1917.
El Grupo Parlamentario del PRI considera pertinente y necesario, que el Congreso de la Unión recoja la experiencia histórica en torno a los derechos sociales. Se trata de establecer el bienestar como un derecho humano fundamental comprometiendo a las políticas públicas y a los programas gubernamentales en su ejercicio.
El presidente de la República ha enviado una iniciativa de reforma al artículo 4o. para elevar a rango constitucional los programas de adultos mayores, becas a los estudiantes y personas con discapacidad.
Sin lugar a dudas, estos programas forman parte del ejercicio efectivo de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social, pero no son todos ni ahora ni en el futuro.
La situación de pobreza en que vive la mitad de la población mexicana, la incertidumbre de millones de mujeres y hombres de la tercera edad que carecen en su mayoría de pensión digna, las difíciles condiciones de las familias que se hacinan en sus viviendas y la falta de acceso a una alimentación saludable, la violencia contra las mujeres y las niñas, la precariedad de los sistemas de salud son solo algunos de los problemas cotidianos a los que se enfrenta a millones de personas.
Introducir solo 3 programas en los términos planteados por el Ejecutivo parecería ignorar la situación de vulnerabilidad de más de 50 millones de mexicanos y mexicanas, y limitaría las funciones de la Cámara de Diputados, responsable de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Además de comprometer al federalismo, al ignorar las condiciones económicas y sociales de los distintos estados.
Aquí se trata de acudir a la imaginación y a la audacia de los Constituyentes de 1917, cuando lograron crear esos nuevos derechos para impulsar el constante mejoramiento de la vida, tal como la Carta Suprema define a la democracia: “Toda persona tiene derecho al bienestar, entendido como la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en todo su ciclo de vida”.
El derecho al bienestar sería una especie de articulador del conjunto de derechos individuales y colectivos establecidos en la misma Constitución, con el agregado de incorporar la obligación del gobierno de desarrollar las políticas públicas, los programas y acciones institucionales necesarias para alcanzar el bienestar de la población.
Tiempo de audacia en el avance de los nuevos derechos en la Constitución, como entonces sería el primer paso de un largo y tortuoso camino para transitar de la letra a la realidad y caminar hacia la igualdad plena que reclama un futuro de justicia. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Hildelisa González Morales: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Hildelisa González Morales: La presente iniciativa pretende apoyar, ayudar y fomentar una sana alimentación en los menores, además de que se genere el vínculo entre madre, niñas y niños, tan importante en los primeros años de vida.
Está plenamente comprobado que el amamantar al menor reduce la mortalidad infantil. Los niños y las niñas que reciben leche materna durante sus primeros meses de vida tienen más posibilidades de sobrevivir, ya que obtienen nutrientes y anticuerpos especiales que refuerzan su sistema inmunológico, mismos que solo la leche materna proporciona de manera natural.
La leche materna protege el menor de infecciones respiratorias, gripe, asma, así como de enfermedades gastrointestinales y alergias. Evita el estreñimiento, ya que es de fácil digestión. Alimentar a un niño recién nacido ayuda a prevenir la obesidad infantil, problema tan delicado en nuestro país.
La lactancia materna ayuda a los padres en la economía de la familia, ya que no se genera gasto para la alimentación del menor en sus primeros seis meses de vida, así como a prevenir enfermedades del menor.
En la madre está científicamente comprobado que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama y ovarios, y reduce el riesgo de depresión posparto, así como el riesgo de anemia. La lactancia materna ayudará a que se prevengan múltiples enfermedades en la etapa adulta de todos los menores alimentados de esta manera y se reduce el riesgo en el menor de muerte súbita.
Las salas de lactancia materna deben estar adecuadas y equipadas para que sean prácticas, cómodas, con la higiene requerida para evitar poner en riesgo la salud de los niños y las niñas, y que las madres amamanten de forma tranquila y sin tener necesidad de irse a lugares con nula higiene o tener que esconderse para amamantar a sus hijos.
En las últimas fechas se han documentado casos donde se ha generado violencia hacia madres por estar amamantando en lugares públicos como museos, entre otros, cuando debería ser algo natural y elemental para madre e hijo, ya que se le está brindando alimentación, salud y bienestar al menor. Por tal motivo, propongo la adición a la fracción III Bis, al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
En cada edificio público de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos constitucionales autónomos de carácter federal, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos de carácter estatal, ayuntamientos y demarcaciones territoriales como museos públicos y todas las instituciones públicas para que al menos haya una sala acondicionada para la lactancia materna, para que las madres puedan amamantar de manera adecuada y tranquila a los menores y así aprovechar las ventajas de la lactancia materna. No más madres escondiéndose o cubriéndose para amamantar a sus hijos. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente.
31 de mayo del 2019: “Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”. Diputado local de Puebla Héctor Alonso Granados.
16 de agosto de 2019: “A veces les digo a las muchachas para qué quieren al marrano si solo quieren un pedazo de chorizo o de longaniza, porque hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas”. Carlos Peredo, alcalde de Teziutlán.
4 de septiembre de 2019: “Yo le digo de otra manera porque soy terracalenteño. Hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta a la quinta”. José Manuel Mireles, subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del ISSSTE.
10 de octubre del 2019: “Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”. En una participación desde la tribuna, refiriéndose a las diputadas presentes, del diputado José Casas González, diputado local del Congreso del Estado de Morelos.
28 de enero de este año: “Ay, señora, a mí me vale madres que su hija fuera víctima de trata. Dele gracias a Dios que este señor se tomó la molestia de avisarle dónde estaba el cuerpo”. Declaraciones de un agente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a la mamá de Érika, una joven de 23 años que fue hallada muerta después de haber sido vendida 10 veces en la Ciudad de México.
Estas son solo algunas de las expresiones misóginas cometidas por servidores públicos. Además, servidores públicos de todos los niveles de gobierno. Y lo mismo hay servidores públicos que han sido electos que designados y que, de acuerdo con el artículo 108 constitucional, todos ellos son funcionarios públicos.
Como acción, la violencia debe ser interrogada por los efectos específicos que produce en cada circunstancia determinada. Doblega, explota, destruye, coacciona, degrada, hasta llegar a constituirse en una manera en que la vida misma puede ser anulada o constituida.
En el ejercicio de violencia puede llegar a aprovechar y reforzar la naturalización de las condiciones degradantes que marcan y se inscriben en los cuerpos: la diferencia racial, el género, la edad, las condiciones históricas, etcétera. La gravedad de las distintas manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres, de acuerdo con su magnitud, alcance y consecuencias individuales y sociales exige acciones urgentes, para atender y proteger a las víctimas y garantizar que el Estado cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores, en este caso a quienes funjan como servidores públicos.
En ese sentido, esta iniciativa tiene como objetivo considerar como falta grave la violencia contra las mujeres, como una forma de abuso de las funciones establecido en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el agregar: La violencia de género como conducta grave que constituya una falta administrativa permitirá que, a juicio de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los procedimientos que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se puedan imponer a un servidor público en funciones una o más de las siguientes sanciones: ser suspendido del empleo, destituirlo, una sanción económica o la inhabilitación temporal.
Es importante mencionar que, si bien se establece como falta grave la violencia hacia las mujeres, la ley contempla varios filtros para que se tenga certeza jurídica de la conducta que comete el servidor público, que están contenidas en el Libro Segundo, Título Primero y los demás artículos que van en esta Ley de Responsabilidades Administrativas.
Así pues, compañeras y compañeros diputados, debemos atender con medidas legislativas que nos ayuden a que este tipo de funcionarios públicos no sigan en los hechos y con sus dichos reproduciendo la violencia contra las mujeres.
Si esos funcionarios no son sancionados de manera realmente que se pueda ver y comprobar, incluso con la inhabilitación, van a seguirse reproduciendo la violencia de género. Por eso les invito a que se sumen a esta iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen. Sí, diputado. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quiero sumarme a la iniciativa de la diputada Tagle.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado. Si la proponente no tiene objeción, pone a disposición la lista para quien quiera adherirse.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de sustitución de titulares de permisos de pesca.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Diputadas y diputados, entre las riquezas naturales y las bondades que existen en nuestro país en el rubro pesquero, México es uno de los países con más kilómetros de costa en el mundo.
Nuestros mares mexicanos representan 1.3 veces el territorio continental en el que se destaca la importante actividad pesquera en términos de generación de empleos y desarrollo de comunidades costeras que abonan al desarrollo económico. De acuerdo a cifras oficiales, más de 300 mil familias dependen directamente de esta actividad, y más de 2 millones de mexicanos dependen de manera indirecta.
Nuestro país es uno de los principales productores de pescados y mariscos a nivel mundial, pues cuenta con una producción anual de aproximadamente un millón 753 mil toneladas que lo coloca en el lugar número 17 a nivel global.
Sin embargo, a pesar de la importancia que representa la actividad pesquera, como hemos señalado en distintos foros, los pescadores ribereños se enfrentan a diversas problemáticas, particularmente por las condiciones de desigualdad en las que se desarrolla su actividad, cuya desigualdad de oportunidades deriva en un nulo desarrollo económico.
Por otra parte, a pesar de que existimos en un nuevo gobierno de la cuarta transformación, cuya prioridad es atender las demandas de los sectores olvidados por las administraciones anteriores, a la fecha aún los pequeños pescadores continúan enfrentándose a trámites burocráticos que dificultan la entrega de permisos o renovación de los mismos, esto a pesar de que las temporadas de pesca no se detienen ante ningún trámite administrativo, situación que pareciera no alcanzan a comprender los funcionarios responsables del sector, sobre todo, Inapesca y la directora de Vida Silvestre, en Semarnat.
Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la obligación de agilizar la tramitación y resolución de las peticiones en las que se solicita un permiso o la renovación del mismo por parte de los pescadores ribereños, debe integrarse en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable de la Secretaría de la Seder, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
El propósito de esta iniciativa es claro, que los pescadores cuenten con la posibilidad de desempeñar sus labores dentro del marco de la ley y, en su caso, complementar los documentos faltantes, sin que esto signifique detener su actividad productiva, siendo que esta representa el sustento de sus familias.
En el PES estamos comprometidos con el sector pesquero, por eso sostenemos que es necesario integrar en la ley la obligación de la Secretaría, de eficientar los tiempos de respuesta y de resolución de solicitudes, a efecto de que los pescadores estén en condiciones de realizar su actividad dentro de la legalidad y en los plazos habilitados para llevarla a cabo.
En la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable se establece, en sus artículos 50 y 51, que en todos los casos de concesiones y permisos y, en su caso, en el de fallecimiento el titular de la concesión del permiso, la Secretaría dará preferencia para la sustitución a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
El compromiso de Encuentro Social es hacer lo socialmente correcto, por ello, impulsamos las medidas y modificaciones a la legislación, en materia de pesca, que conciben una perspectiva enfocada a garantizar los derechos sociales, así como promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades pesqueras, en especial de la pesca ribereña.
Nuestro respaldo al sector debe de ser acorde a la cuarta transformación y tendiente a generar las condiciones necesarias para su desarrollo, y este debe de ser desde el reconocimiento del rezago y la desatención institucional.
Es inconcebible que a pesar de los postulados que inspiraron un cambio de régimen, de los postulados que inspiraron este cambio de régimen, haya quienes desde una visión reeleccionista pretendan criminalizar la actividad pesquera, sin reparar en que los principales afectados serán los pescadores ribereños.
Pretender criminalizar esta actividad contribuye a la deuda histórica del Estado para con el sector, mientras no se reconozca que las políticas públicas con las que se ha venido impulsando este sector, los únicos que han sido beneficiados son los acaparadores y las mafias enquistadas tanto en el sector público como en el sector privado.
Por lo tanto, no podemos reformar el Código Penal Federal o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para castigar la pesca furtiva, cuando la realidad en el sector pesquero es la falta de un programa integral que beneficie al pescador ribereño y lo coloque en situación de competitividad frente a las condiciones adversas en las que actualmente se encuentra. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Pesca para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Oscar Bautista Villegas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy, a nombre del Partido Verde Ecologista de México quiero desearles éxito a todos mis compañeros y compañeras diputadas en este segundo periodo del segundo año legislativo de esta LXIV legislatura. Ojalá y que todo lo que aquí realicemos traiga un beneficio para las y los mexicanos.
El día de hoy, efectivamente, nos permitimos presentar a consideración de todos nuestros compañeros diputados y diputadas, una reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Aguas Nacionales.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de la población vive en grandes ciudades y para el año 2030 casi el 60 por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas.
En este sentido, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal refiere que la rápida urbanización sin planificación está determinando que las ciudades de los países en desarrollo sean foco de problemas sociales, ambientales y económicos.
Precisamente... en consideración al factor ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales refiere que el aumento de la temperatura en los últimos 30 años ha generado un incremento en las frecuencias de los propios huracanes. Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres refiere que el 40 por ciento de las muertes provocadas por desastres naturales son desbordamientos del agua.
Indudablemente el crecimiento urbano de las áreas metropolitanas genera cambios considerados en la hidrografía, provocando inundaciones más frecuentes. Esto se debe a que una superficie urbanizada, la filtración del agua es de apenas el 10 por ciento, y el 90 por ciento se escurre sin tener ningún aprovechamiento, únicamente dañando el medio ambiente, las habitaciones y patrimonio de las y los mexicanos.
De lo anterior podemos concluir que los problemas del diseño y la falta de infraestructura hídrica provocan un aumento en los volúmenes de escurrimiento, así como el tiempo de concentración del agua, poniendo en riesgo a las personas y a sus propios bienes.
Para atender este problema, en medida de lo posible, a nivel internacional se han adoptado compromisos que buscan ordenar la urbanización desde un enfoque sostenible, en revisión del objetivo 11, sobre Ciudades y comunidades, sostenida en el foro político de alto nivel en Nueva York, se buscó alentar a las autoridades a organizar actividades que resuelvan la implementación de los compromisos de la nueva agenda urbana y hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Con esta orientación la ONU Hábitat manifestó que, si no hacemos una inversión significativa para hacer las ciudades más resilientes para el 2030, los desastres naturales pueden costar a las ciudades tres veces más esa cantidad.
México no es omiso, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal señaló que el cúmulo de problemas que presenta las ciudades actualmente puede mitigarse con una planeación y organización que generen mejores condiciones de vida para sus propios habitantes.
Atendiendo a lo anterior, nosotros, como diputados del Partido Verde Ecologista buscamos hacer una propuesta que fije desde la Ley General de Aguas Nacionales, la obligación de la Comisión Nacional del Agua para establecer criterios de balance hídrico que deban cumplir los sistemas y obras para el control de avenidas en el desarrollo de nuevas construcciones urbanas o, en su caso, en la remodelación y mantenimiento de las ya existentes, con la finalidad de prevenir inundaciones, mejorar el aprovechamiento de las tierras y la protección a los centros de población, pero principalmente la vida de las personas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Aguas Nacionales.
Lo mencionado, consistente que la presente iniciativa representa la posibilidad de contar con herramientas y enfoques innovadores que fortalezcan a las administraciones locales y a la vez que desarrollen su capacidad para enfrentar nuevos desafíos, protegiendo los recursos humanos, económicos y naturales.
Es una propuesta que hacemos en el Verde, con la única finalidad de tratar que en el tiempo de lluvia esta agua sea aprovechada para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Raymundo García Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Mediante tres resoluciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reducir de 25 a 10 el salario mínimo general vigente, el tope de las pensiones del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte que se otorguen conforme a la Ley del Seguro Social de 1973.
Sin embargo, la tesis afecta derechos adquiridos de los trabajadores y es inequitativa que los asegurados, al momento de solicitar su pensión, la Ley del Seguro Social vigente desde el primero de julio de 1997 estableció como tope para todos los seguros, 25 veces salario mínimo. Esto significa que el tope de 10 salarios mínimos para el seguro la Ley del 73 no es vigente, los trabajadores que han cotizado para sus pensiones por arriba de ese tope desde 1997.
De aplicarse de manera generalizada este criterio, los trabajadores que hayan cotizado las últimas 250 semanas por arriba de 10 minisalarios, verían reducido el monto de su pensión hasta en un 60 por ciento.
La última de estas resoluciones, la tesis 164/2019, publicada el viernes 24 de enero de 2020, dice claramente que el límite superior que se debe aplicar, el salario promedio de las 250 semanas de cotización que sirve de base para cuantificar las pensiones de los asegurados del régimen transitorio que optaron por el esquema pensionario de la Ley 73.
La tesis no es nueva, pues fue precedida por otras similares en 2010 y 2016. Sin embargo, en esta última fecha la Dirección General del IMSS manifestó que no aplicarían el tope de 10 salarios mínimos, manteniendo el pago de pensiones al amparo de la Ley 73, con el tope de 25 mínimos.
Queda claro que la posición de la decisión del IMSS ha cambiado, pues desde el año pasado decidió litigar contra los pensionados que solicitaron la aplicación del tope máximo de pensión de hasta 25 salarios mínimos. Si no es así ¿por qué tomó la Corte este asunto y resolvió en contra de los asegurados?
La decisión del IMSS al litigar este asunto fue ahorrar al gobierno la liquidación de pensiones en curso de pago pues, de acuerdo a la ley, quien paga estos beneficios es el gobierno federal y no el Instituto.
Más allá de que el director del Seguro Social haya declarado que la jurisprudencia no obliga al IMSS, que se va a respetar el esquema de transición de los trabajadores que cotizaron 25 salarios mínimos y que se seguirá calculando tomando como base 25 salarios mínimos, lo cierto es que como en 2016 la decisión depende de la dirección en turno, por esa razón se requiere precisar esto en ley.
Hoy se hace imperante que el Congreso llene esta laguna legal, reestablezca la equidad entre aportaciones y beneficios para los asegurados al momento de pensionarse y no sacrifique los derechos adquiridos de los trabajadores que cotizan al Seguro Social.
La reforma que proponemos a su consideración es pertinente, pues la reducción que impuso la Corte de que perdieron el litigio es inequitativa, pues los asegurados tienen como límite para cotizar el criterio de la ley vigente de 1997, pero para recibir beneficios se les impone el criterio de la Ley 73. Aportaron hasta 25 salarios mínimos, pero solo pueden recibir beneficios por un máximo de 10 salarios mínimos.
Lo correcto debiera ser que el Poder Legislativo elimine la incertidumbre o el capricho del gobierno y determine con claridad el método para la determinación de las cuantías de las pensiones que se otorgan al amparo de la Ley 73.
La propuesta que ahora sometemos a consideración de esta honorable asamblea consiste en establecer con claridad en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, en el caso de los pensionados, por el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte la Ley 73.
El salario diario que se tome para determinar la cuantía de la pensión sea el salario que dé cotización promedio de las últimas 250 semanas. Con una reforma legal en el sentido anterior este Poder Legislativo contribuiría a evitar la incertidumbre que podría crear una decisión del director del IMSS en turno, de asumir el criterio de la Suprema Corte.
No es castigando a los pensionados como va a resolver el gobierno su incapacidad recaudatoria. No es sacrificando derechos adquiridos como el gobierno va a extraer los recursos que necesita para cumplir las promesas de una campaña que parece no tener fin.
Los trabajadores no tienen por qué empeñar su futuro y seguir condenados a una vejez de abandono y miseria. Aspirar a pensiones remunerativas no es un lujo, es la garantía de un futuro más justo y digno. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Luis Javier Alegre Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Aportaciones para la Promoción e Infraestructura de Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. A la una... No se encuentra en el salón. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera. Ah, perdón, perdón. Discúlpeme, diputado. Es que... Arriba en este momento el diputado Luis Javier Alegre Salazar, hará uso de su turno hasta por cinco minutos. Tome aire, diputado.
El diputado Luis Javier Alegre Salazar: Es que como estoy acostumbrado al nivel del mar, la Ciudad de México a veces me afecta.
Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, Canal del Congreso, medios de comunicación, invitados especiales, a nombre de mis compañeras y compañeros diputados que integramos la Comisión de Turismo, presentamos ante este pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal que he denominado “Las y los 33 del 33”.
Por medio de dicha iniciativa que proponemos se crea el Fondo de Aportaciones para la Promoción e Infraestructura en Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, en el Ramo 33. Este nuevo fondo, que puede ser un instrumento de política económica y social a través del gasto público en favor del desarrollo turístico del país.
El turismo, diputadas y diputados, es una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra nación, capta divisas, genera empleos y detona el desarrollo regional. Este último, con todo el potencial que tenemos, necesita seguirse impulsando y aprovechando.
Consistentemente el PIB del sector turístico crece a un paso mayor que el PIB del país. Solo en 2018 creció a un 0.5 por ciento arriba del PIB nacional. Es decir, es un impulsor de la economía, es un sector intensivo en generación de empleos, y sobre todo en dos grupos vulnerables que son las mujeres y los jóvenes.
Al cierre del 2019 los empleos directos del turismo fueron casi de 4 millones 380 mil empleos, sumando los indirectos, alrededor, somos más de 10 millones de familias que dependemos de esta noble actividad que es el turismo.
Actualmente se estima una infraestructura de hospedaje en todo el país de 23 mil 232 hoteles con más de 830 mil cuartos hoteleros. Contamos con 121 pueblos mágicos y lugares de sol y playa, que son reconocidos en el mundo entero como lo es Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, entre muchos otros.
Ocupamos el sexto lugar mundial en sitios de patrimonio de la humanidad, y el primero en el continente americano. Contamos con 35 sitios de esta categoría, solo superados por Italia con 51, China con 48, España con 44, Francia con 41 y Alemania con 40. En generación de divisas es un sector que ocupa el primer lugar como industria en el país y el tercero, después de la inversión extranjera y envío de divisas, que por sí no son industria.
En Estados Unidos hemos generado más de 24 mil millones de dólares en 2019. Cabe resaltar que tuvimos un incremento de un 10 por ciento sobre el año anterior. En tan solo 2019 generamos en el sector turístico un superávit de más de más de 14 mil millones de dólares, que mucho coadyuva al a estabilización macroeconómica y financiera, sobre todo en el déficit de la cuenta corriente y de la balanza de pagos. Esto sin duda es importantísimo para la estabilidad de nuestra moneda, de nuestra economía y de nuestro país en general.
Esta iniciativa que proponemos tiene como finalidad fortalecer el sector de la economía nacional, sobre todo en regiones, estados, municipios y localidades donde el potencial turístico está presente y se pueden desarrollar nuevas opciones y promocionarlas.
Es importante destacar que esta propuesta no significa ningún impacto presupuestal para el erario federal, toda vez que este fondo, que es denominado Aportaciones para la Promoción e Infraestructura en Destinos Turísticos en Desarrollo y en Pueblos Mágicos, se compone de 10 por ciento del incremento al Ramo 33 en cada entidad federativa.
Con esta propuesta, las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Turismo, de todos los partidos, de toda la república, estamos haciendo este esfuerzo para generar este nuevo fondo, que solo en el 2020, si estuviera constituido, representaría 2 mil 700 millones de pesos.
El turismo participa en promedio con el 10.4 por ciento del PIB mundial. En México solo participamos con el 8.7 del PIB. Tenemos mucho que superar. Esta propuesta quiere contribuir a ese propósito. Las y los diputados que integramos la Comisión de Turismo hemos suscrito como coautores, los 33 diputados de esta comisión, de todos los partidos.
Compañeras y compañeros diputados, les pido a ustedes también que se sumen a nuestra propuesta y, en su oportunidad, sea aprobada por la comisión dictaminadora y en el pleno de esta honorable asamblea. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Turismo, para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo a presentar proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones relativas a la sociedad de información crediticia en nuestro país.
Su servidor es diputado de mayoría y tres temas brincaron en el reclamo ciudadano en el recorrido en la campaña que seguramente ustedes recurrieron también a esta petición ciudadana: el tema de las pensiones en el país, el tema de los altos créditos y los problemas de los créditos con Infonavit, y el tema del buró de crédito, donde el día de hoy consiste esta iniciativa y que tiene que ver con la situación que guardan millones de mexicanos que hoy no tienen la posibilidad de acceder al crédito por la información que está incorporada de carácter negativo.
Cuando hablamos del buró de crédito el pensamiento inmediato de la mayoría de los mexicanos es que es una lista negra. La realidad que el buró de crédito consiste en una posibilidad de un centro de información del carácter crediticio que tiene cada ciudadano en sentido positivo o en sentido negativo. Sin embargo, nosotros consideramos que es necesario que esta Cámara de Diputados voltee los ojos hacia las condiciones en las que estas sociedades de información crediticia vienen operando y que necesitamos en este país democratizar el crédito.
Uno de los problemas que tiene México y que lo vivimos el año pasado, es la falta de crecimiento económico y en toda sociedad económica moderna el crédito es fundamental para poder generar el desarrollo, el cual hoy en nuestro país se encuentra limitado por una serie de regulaciones o de abusos que se tienen a través de estas instituciones financieras, que de manera unilateral generan la información para que se incorporen estas sociedades de información crediticia sin haber estado enterado el acreditado, o en muchas ocasiones con violaciones graves que provocan el daño para que los mexicanos puedan acceder a un crédito.
Los mexicanos necesitan un crédito para acceder a un crédito a la vivienda, para atender un problema de carácter personal, de una enfermedad. Es lamentable además las condiciones en las que a veces tienen que enfrentar estos créditos.
Todos conocemos de estas sociedades financieras voraces que otorgan créditos fáciles e inmediatos con intereses impagables, y que provocan que millones de mexicanos vayan a terminar sin la posibilidad de adquirirlos. O los créditos que vamos al cajero automático y que, solamente picando un botón, sin firmar un contrato podemos acceder al crédito. Pero entonces existe una gran perversidad en facilitar por una vía la posibilidad de acceder a estos créditos con altos costos, y después castigar al ciudadano con incorporación de información negativa.
Hay un estudio elaborado por The Statment Index que dice, entre 400 mil personas, que el 16 por ciento de estos no cuentan con una calificación crediticia, no tienen posibilidad de acceso al crédito, pero el 57 por ciento tiene una información negativa.
Por eso la importancia de que, compañeros diputados, podamos voltear los ojos y que una vez que sea turnada a la comisión, le podamos establecer la regulación necesaria para acabar con este abuso.
Son muchas las razones por las cuales tenemos que atenderlo, el robo de identidad que vive el país y en el cual también muchos ciudadanos terminan colocados con información negativa en el buró.
México tiene, según datos de la Condusef, el octavo lugar a nivel mundial en robo de identidad y para que cuando un ciudadano se entera de que está en el buró de crédito y le ha sido robada su identidad es todo un proceso burocrático y complicado que le impide poder acceder a crédito.
Siendo así, compañeros diputados, nosotros estamos estableciendo una regulación que nos permita disminuir los tiempos en los cuales esta información negativa prevalece y que afecta a millones de mexicanos y lo hacemos a través de seis puntos, principalmente en el siguiente sentido, y esto con la finalidad de mejorar la economía del país y de poder reincorporar a millones de mexicanos nuevamente a la posibilidad de acceder al crédito.
Primero. Reducir el tiempo en el que se conserva la calidad de moroso, en un tiempo menor que se pueda acceder a otro préstamo, tal vez que nos pueda ayudar a salir de un momento difícil e iniciar un negocio o simplemente estar al corriente. Esto es, en lugar de tenerlo a seis años reducirlo a cuatro años.
Porque hoy un crédito de menos de 7 mil pesos por un recibo telefónico, aun cuando no estuviste enterado, aun cuando fuiste y pagaste ese crédito permanecerás con información negativa por un periodo de seis años. Que se prohíba el uso de información crediticia para que los patrones determinen que un trabajador es candidato a ocupar un puesto.
Cuarto. Que se elimine de manera inmediata y sin condición la información negativa relativa a créditos menores de 6 mil pesos una vez que se cumpla con el pago del mismo. Es decir, estos créditos menores, si se ha ido a pagar la deuda se debe de eliminar la información negativa.
Establecer un borrón y cuenta nueva. A partir de que esta ley, estas reformas entren en vigor dar un plazo de 180 días y con un límite que acordaremos en la comisión. Quien vaya y pague su deuda por una sola ocasión podrá borrar su crédito.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Concluyo, diputado presidente. Y con esto vamos a favorecer el rezago de la cartera vencida, para que quienes vayan y paguen su deuda puedan reestablecer su posibilidad de acceso al crédito y reactivar nuestra economía.
Y, por último, a efecto de que se acabe con estos abusos, las organizaciones financieras deberán de incorporar la notificación al acreditado de que está en el buró de crédito para que se puedan, al respecto, tomar las medidas correspondientes. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 28 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Fernando Galindo Favela: Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de fortalecer los mecanismos existentes en la normatividad vigente, para alcanzar la igualdad de género en nuestro país. A pesar de los esfuerzos hechos, sigue existiendo en nuestro país un acceso desigual a bienes públicos y oportunidades para las mujeres.
Para la construcción de sociedades justas es necesaria la perspectiva de género en las políticas públicas para erradicar la desigualdad. Es necesario que en el ámbito social e institucional se diseñen, elaboren, ejecuten y evalúen políticas públicas que compensen las inequidades o desequilibrios sociales por cuestiones de género.
Una posible vía es fortalecer la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos, ya que el ejercicio de los recursos es el mecanismo por el cual el Estado implementa acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Se identifican áreas de oportunidad en las reglas de operación de algunos programas estratégicos, sobre todo en la perspectiva de género. Y la falta de capacitación y generación de liderazgos femeninos dentro de las dependencias y organismos de los diferentes Poderes de la Unión.
Es fundamental evaluar, no solo los recursos de los programas que directamente benefician a mujeres, y que sean encaminados a fortalecer la paridad de género. También es importante analizar y conocer la cantidad de recursos invertidos en capacitación de género para servidores públicos o en la realización de investigaciones y evaluaciones sectoriales, sensibles al género.
El Informe general sobre género y presupuesto, presentado en el marco de la reunión de ONU Mujeres, señaló que los presupuestos sensibles al género serían limitados si los funcionarios gubernamentales responsables de implementarlos operan bajo esquemas tradicionales que ignoran la posición socialmente determinada de los hombres y las mujeres. Por lo que es necesario capacitar a estos funcionarios en la evaluación de los problemas existentes, en el diseño de políticas y programas, en la asignación de recursos, desarrollo de indicadores, recolección de datos y manejo de programas.
Por lo tanto, es fundamental la asignación de presupuesto con perspectiva de género hacia lo siguiente:
1. Beneficio de manera igualitaria de las mujeres de los bienes o servicios que se otorgan en los programas federales;
2. Capacitación de los hombres y mujeres que trabajan en los tres Poderes de la Unión, en materia de sensibilización de género.
En la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se establece que corresponde al gobierno federal garantizar la igualdad de oportunidades mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, e incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación de los recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
Sin embargo, se observa que no existe obligación en la ley para que en las reglas de operación incluyan la perspectiva de género, por lo que consideramos que es necesario que esta obligación sea elevada a ley.
La presente iniciativa pretende establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación de los tres Poderes de la Unión de destinar el 3 por ciento de sus recursos que les sean erogados por concepto de servicios personales de cada ejercicio fiscal para la capacitación y generación de liderazgos femeninos.
Cabe señalar que la iniciativa implica una reorientación del presupuesto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que reciben cada año, por lo que no va a generar un impacto presupuestario. Lo anterior nos ayudará a empoderar a las mujeres a través de la capacitación con perspectiva de género y en la construcción de liderazgos para lograr un México incluyente.
Con ello, se logrará capacitar a los funcionarios en evaluación de los problemas existentes, diseño de políticas y programas, asignación de recursos, desarrollo de indicadores, recolección de datos y manejo de programas.
Adicionalmente se propone reformar el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer la obligación de las dependencias, las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas en la elaboración de las reglas de operación de los programas sujetos a las mismas, para que incorporen el enfoque de género con el propósito de contribuir a que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o servicios que se le otorgan en los programas federales. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. Tiene...
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada Tagle.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Solamente preguntarle al proponente si nos permite, a la diputada Loya, y a una servidora, sumarnos a esta iniciativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Diputado, está de acuerdo?
El diputado Fernando Galindo Favela: Sí.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Generosamente sí. Está a disposición la lista.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de identidad de género.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez: Gracias, con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez: Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores.
Durante el sexenio pasado en nuestro país, cada año 79 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas por motivos relacionados con su orientación sexual, con su identidad o expresión de género, según el informe de violencia extrema elaborado por la organización civil Letra S.
El resultado fue que 473 personas de la comunidad LGBTI perdieron la vida durante estos seis años a causa de la discriminación y violencia de la que son objeto por el simple hecho de ser diferentes y no corresponder a los estereotipos de género y las representaciones binarias de hombre o mujer.
Los llamados crímenes de odio se destacan por el ensañamiento por ser especialmente brutales, por torturar y humillar a las víctimas. Esto debe cambiar, estamos frente a un gran reto que es dotar de herramientas a las personas para que libremente, frente a un caso de cambio de identidad, no se han violentados, encerrados en clínicas, sometidos a terapia o violaciones de conversión que lo único que fomentan es el odio y el rechazo.
Hace un tiempo platiqué con excompañero de la escuela, quien me comentaba sobre el caso de su pequeño hijo que no se identificaba con su género biológico, con lo que sufría bullying y acoso constante. La familia entera estaba desesperada.
Como padres, madres, hermanas, tíos, etcétera, nunca estamos listos para enfrentar el dolor de nuestros seres amados ante la confusión y el dolor que genera la violencia en estos casos, aunados a la crisis que para ellos representa.
Como legisladores y legisladoras, es nuestro deber formular desde este recinto leyes que protejan a los seres humanos que no han elegido nacer con un sexo que no corresponde a su identidad sexual. Es nuestro deber proteger a las personas en todas sus diferencias posibles. No podemos permitir que nuestra sociedad estigmatice y discrimine, violente a las personas que por no entrar en los esquemas establecidos e inflexibles frente lo amplia que puede ser la identidad.
Esta nueva etapa de la vida en nuestro país es una etapa en la que se pondera a la persona, a su diversidad y a su pluralidad en todas y cada una de las expresiones humanas.
En esta cuarta transformación lo primero son los derechos. Por ello tenemos que comprender que las expresiones de la sexualidad son múltiples y cambiantes, por lo que es nuestro deber respetar el fuero íntimo del ser humano y sus sentimientos en esa vinculación que se estable con relación a su propia identidad de género.
Por ello, compañeras y compañeros, presento esta iniciativa para que en el Registro Civil se puedan extender actas de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género con estas modificaciones a diversos artículos del Código Civil Federal, que la rectificación o modificación de un acta de estado civil pueda hacerse ante el juez del Registro Civil, para pedir la rectificación de algún dato, incluido el sexo y la identidad de la persona.
Con esta iniciativa damos un paso adelante al reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, para que las personas que enfrenten una convicción personal e interna distinta al sexo asignado, en la primera acta de nacimiento puedan realizar las modificaciones en su documentación acorde a su identidad.
Con esta propuesta también conseguiremos dar un paso más en la armonización legislativa, en el reconocimiento de los derechos a la identidad de género, además del llamado a los estados de la República para sumarse a esta ardua lucha en la defensa de este derecho, a fin de que se lleven a cabo las reformas necesarias para que este derecho sea reconocido en todo el país.
El reconocimiento legal de la identidad de género implica proporcionar todos los medios legales y administrativos, así como recursos para obtener su libre y expedito ejercicio, al permitir la rectificación del nombre y sexo cuando así se decida en la documentación oficial que corresponda, lo que evitará confusiones, dilaciones y cuestionamientos.
Con este reconocimiento legal estamos brindando la oportunidad de una vida distinta a las personas que se enfrentan a la difícil circunstancia de no sentirse identificados con el sexo con el que nacieron. Estaremos evitando que se discrimine y se estigmatice a las personas por esta causa.
Cuando los estados y los poderes del gobierno reconozcan las diferencias, podremos decir que estamos en un país de avanzada, un país que ha logrado consolidar una cultura de protección de los derechos humanos para sus ciudadanas y ciudadanos.
Garantizar los derechos de las minorías procura la armonía y el respeto social. Es precisamente la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, el respeto y la justicia los bienes por los que como legisladores y como personas debemos velar. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Elena García Gómez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Martha Elena García Gómez: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Martha Elena García Gómez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de preservación de la salud mental.
Gracias a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual representa un paradigma garantista, abonó en su capítulo noveno, con respecto a la prestación de los servicios de atención médica, la cual deberá ser gratuita para este grupo poblacional, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.
También se contempla que se llevarán a cabo acciones para asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria para que sean necesarias para todos los niños, niñas y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria.
En ese sentido y atendiendo los últimos hechos en los cuales se han presentado suicidios y escenas violentas en donde participan niños, nos lleva a reflexionar sobre la prevención y la atención inmediata de este tipo de casos, sobre todo la importancia del cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
De conformidad con la Organización Mundial de la Salud, la buena salud mental está relacionada con el bienestar mental y psicológico. La OMS trabaja para mejorar la salud mental de las personas y de la sociedad en su conjunto, y ello incluye fomentar el bienestar social, prevenir los trastornos mentales, proteger los derechos humanos y atender a las personas con trastornos mentales. Asimismo, se refiere a que la salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores de índole social, ambiental, biológico y psicológico.
Con respecto al suicidio, la OMS señala que son todos aquellos actos individuales y deliberados que causan, a sí mismo una lesión o daño que indudablemente finaliza en la muerte. Así también, menciona que cerca de 1 millón de personas en todo el mundo, se quitan la vida anualmente, casi 3 mil al día. Indica que por cada 20 intentos alguien lo consuma y que los jóvenes de entre 15 y 24 años son el sector más vulnerable.
De lo anterior se desprende que la adolescencia es la más susceptible a cometer el suicidio. Los factores que lo originan se refieren a trastornos psicológicos y biológicos. En México también las principales causas que dan origen a la muerte por suicidio en esta población son el acoso escolar, la depresión, la desarticulación familiar, la deserción escolar, drogadicción, entre otras.
Ahora bien, los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, en donde un alumno de 11 años disparó contra su profesora y compañeros para después suicidarse, da muestra de la falta de acciones para identificar alertas tempranas sobre posibles trastornos de conducta y en consecuencia su falta de atención médica. En conjunto, se debe de lograr una crianza positiva que conlleve a una mejor calidad de vida de la niñez y adolescencia.
Los contextos de violencia han rebasado a nuestro país afectando a ese grupo poblacional. Es así que, observando el principio del interés superior de la niñez y su derecho de prioridad, es que se propone esta iniciativa con el objeto de que en caso de que se detecten alteraciones de conducta que indiquen la existencia de trastornos mentales y del comportamiento, se prestará atención médica inmediata con la finalidad de preservar la salud mental.
Agradezco su atención y solicito a la Presidencia de la Mesa que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es todo. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Así se hará, diputada García Gómez. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea.
El diputado Manuel Rodríguez González: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rodríguez González: Compañeras y compañeros diputados, el México actual demanda tener seguridad y soberanía energética, acompañadas de un crecimiento económico que se refleje en la calidad de vida de las familias mexicanas.
En ese contexto, se requiere del desarrollo de los subsectores prioritarios para la nación en materia de hidrocarburos, energía eléctrica, así como energías renovables y alternativas, con el propósito de incrementar y garantizar la demanda energética del país, al tiempo de fortalecer las empresas productivas del Estado.
Sin embargo, en México acotamos nuestra planeación energética y políticas públicas en la materia a periodos anuales o sexenales, de acuerdo con lo que cada administración federal considera adecuado, danto pie a que en el futuro inmediato se puedan modificar sustancialmente.
El sector energético se ha visto envuelto en planes sexenales que ligan a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad a políticas públicas con poca estabilidad, ante un mercado mundial dinámico y sumamente demandante. Efectuando cambios de una administración a otra que generan incertidumbre, tanto en lo jurídico como en los mercados. De ahí la necesidad de crear una Ley de Planeación Energética para darle continuidad homogénea que permita dotar de certidumbre a la política en materia de manera transexenal.
Actualmente no existe una coordinación clara entre lo que requiere el mercado y lo que cada administración pasada, actual y futura, necesita para tener garantizada una cobertura energética del país a través de una planeación de largo aliento.
El plan de negocios de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad depende del dinero disponible que el Estado mexicano pueda otorgar a programas y proyectos de inversión para poder mantener una base operativa y de crecimiento del negocio de cada empresa productiva del Estado. Sin embargo, no se tiene continuidad en las inversiones y proyectos de manera transexenal.
La energía no es de México, es para ser usada y aprovechada por y para los mexicanos con el objetivo de generar desarrollo económico y hacernos competitivos a nivel mundial. En tal sentido, un plan energético de nación de largo plazo ayudará a establecer las bases para la autosuficiencia y dará certidumbre a las inversiones, lo cual se reflejará en mayores ingresos para la nación, así como más y mejores empleos.
Derivado de lo anterior, la presente iniciativa establece que el Ejecutivo federal elaborará el plan energético para la continuidad homogénea, y lo remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación.
El objetivo de dicha ley será establecer la planeación y el control energético como área estratégica de los tres órdenes de gobierno, de los Poderes de la Unión, así como de los órganos reguladores coordinados en materia energética.
El Estado mexicano deberá propiciar y acatar el plan realizado en conjunto en el ámbito de sus atribuciones y propiciando el desarrollo y operación eficiente de la industria eléctrica.
Por lo que respecta a la estrategia del plan energético, la iniciativa propone contar con un portafolio de largo plazo que contenga alternativas que incluyan la eficiencia energética en la industria de hidrocarburos, eléctrica, infraestructura y una proporción creciente de generación con energías limpias, en condiciones de viabilidad económica.
La estrategia deberá contener también un componente para un periodo de 30 años, que defina los escenarios propuestos para cumplir las metas del plan energético de continuidad homogénea.
En el caso de las metas del plan energético, estas constituyen valores absolutos y no limitativos con relación al total de demanda requerida por México. La matriz energética que resulte de las metas planteadas debe ser la base de cumplimiento para los bienes consumidos en territorio nacional y de carácter transexenal.
Para poder hacer efectiva la Ley de Planeación Energética se creará un comité integrado por 15 miembros, entre ellos los titulares de las secretarías de Energía, Hacienda, Recursos Naturales y Economía. De igual forma, estará integrado por los presidentes de las comisiones de Energía, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como de los presidentes de los órganos reguladores, los directores generales de las empresas productivas del Estado y finalmente, cinco consejeros independientes.
La función del comité será la de monitorear, dar seguimiento y realizar mejoras a través del acuerdo que se obtenga por la mayoría de sus integrantes, para alcanzar los objetivos plasmados en la ley propuesta, sin alterar la esencia final contemplada en el plan energético y sin violentar disposiciones jurídicas aplicables.
Para la correcta aplicación de la presente iniciativa de ley, se propone entre en vigor al día siguiente de la toma de posesión constitucional del Ejecutivo federal en el año 2024. México tiene una oportunidad que no puede desaprovechar, urge un plan de largo plazo que involucre a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a las empresas productivas del Estado y a la sociedad en su conjunto. Por su atención, gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para opinión.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (desde la curul): Si me permite suscribir la iniciativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Diputado, tiene inconveniente en que se sumen a su iniciativa? Ninguno. Está a disposición la lista.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (desde la curul): Gracias, diputado.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada Fernández.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo felicitar al diputado Manuel Rodríguez, porque sin duda alguna el tema de política energética nos exige tener una visión de largo plazo y preguntarle si me permite suscribir junto con él la iniciativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Afirmativo. Está a disposición la lista.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, sí diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (desde la curul): Solicitarle al compañero Manuel, amable y comedidamente, si me permite también suscribir su iniciativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El diputado ha expresado la afirmativa, así que adelante, está a disposición la lista. Igual para quienes deseen hacerlo, así será.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 200 y 202 del Código Penal Federal.
La diputada María del Carmen Bautista Peláez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada María del Carmen Bautista Peláez: Buen día, compañeras y compañeros diputados, y a todos aquellos que nos ven por medio del Canal del Congreso. Me encuentro ante ustedes para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 200 y 202 del Código Penal Federal, en materia del delito de pornografía infantil.
La Unicef afirmó que anualmente, aproximadamente 2 millones de niñas y niños son utilizados en la industria del sexo. Y existen más de un millón de imágenes de entre 10 mil y 200 mil niños víctimas de abuso sexual que circulan por Internet.
A nivel mundial, existen más de 16 mil 700 cuentas de Internet que distribuyen pornografía infantil, de las cuales, según datos de la Procuraduría General de la República, más de 12 mil 300 cuentas de Internet que distribuyen fotos y videos en donde se exhiben a niñas y niños explotados sexualmente se han detectado en México.
Según la clasificación realizada por la Organización de las Naciones Unidas y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, México es el segundo productor de pornografía infantil a nivel internacional y el primero a nivel mundial.
Es vergonzoso que México tenga cifras tan alarmantes. La pornografía infantil constituye un problema de gran dimensión en nuestro país, en cada fotografía, en cada video, hay una agresión sexual, una violencia ejercida y una violación brutal de los derechos de las niñas y de los niños.
En el marco del foro, Combate a la pornografía de niñas, niños y adolescentes, el presidente de la Comisión de Justicia puntualizó que la explotación sexual infantil y la pornografía sexual infantil generan ganancias por más de 30 mil millones de dólares anuales.
Sin embargo, en México las averiguaciones previas y sentencias condenatorias por este delito son inexistentes, muchas veces ese delito no es denunciado y mucho menos castigado como debería ser.
Por lo cual, es importante que tanto la producción y comercialización de la pornografía infantil sea considerado como un delito grave, por lo cual como legisladores debemos trabajar en sanciones más severas ante este delito, que atenta contra la integridad física, psicológica de las víctimas que llegan a generarles terribles secuelas de por vida.
En este caso se observa la necesidad de reformar el artículo 200 y el artículo 202 del Código Penal Federal con el objeto de aumentar la pena de cinco a diez años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de edad cualquier tipo de contenido pornográfico, ya sea de manera física o digital.
Considerar como delito grave la producción de pornografía infantil, con el objetivo de que este delito sea castigado de una manera más severa, con hasta 20 años de cárcel y sin derecho a fianza. Esto debido a que como la producción y comercialización de la pornografía infantil produce millones de pesos al año.
Las personas que llegan a ser acusadas por este delito fácilmente salen con fianza y no son castigados como debería ser. Aumentar de 10 a 15 años de prisión y de dos mil a cinco mil días multa a quien reproduzca, venda o compre cualquier tipo de este material, pues el delito no solo lo comete quien produce y comercializa la pornografía infantil, sino que también las personas que difunden y consumen este tipo de material en donde se violenta tanto de manera física, psicológica y sexual a las niñas y a los niños.
Como mencioné anteriormente, nuestro país tiene el primer lugar a nivel mundial en difusión de pornografía infantil, por lo cual combatir esta problemática resulta verdaderamente urgente e importante. Es necesario tomar decisiones y medidas drásticas.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, los invito a unirse a esta iniciativa de ley. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 24 de octubre de cada año, como Día Nacional de la Tribu Yaqui.
El diputado Marco Antonio Carbajal Miranda: Buenas tardes, diputadas y diputados, con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Marco Antonio Carbajal Miranda: Soy sonorense por orgullo y con espíritu de lucha, el mismo espíritu que desde tiempos ancestrales vive la gente de nuestra región, rasgos fundamentalmente arraigados que tienen como cimiento el juramento de la nación yaqui, el cual marca el abandono de la identidad individual y el surgimiento de la conciencia de ser, como parte de su estructura social y espiritual, donde con una entrega total prometen luchar sin descanso por su pueblo y lo que ello significa.
Sin duda, la nación yaqui ha sido el ejemplo de lucha y compromiso en la defensa de lo suyo, siendo un pueblo originario asentado en el estado de Sonora.
La razón de su nombre yaqui deriva del idioma cahíta, que significa: los del río que hablan en voz alta.
Un pueblo con profundo sentimiento de autodeterminación y soberanía territorial que ha demostrado históricamente, con grandes y prolongados conflictos armados contra los colonizadores.
Un siglo después de decretar la independencia de México, ocurrió la época más violenta para ellos como nación, la llamada Guerra del Yaqui, dada contra los soldados mexicanos antes y durante el porfiriato, lo que duró décadas.
En ella participaron grandes liderazgos militares como José María Leyva Pérez, conocido como Cajeme, y posteriormente en el mismo conflicto tomó su lugar Juan Maldonado Waswechia, conocido como Tetabiate, que después de haber firmado la paz en Estación Ortiz, el 15 de mayo de 1897, tomó nuevamente las armas en julio de 1899, al incumplirse los acuerdos emanados en la firma de la paz. Fue asesinado por las fuerzas de Loreto Villa, el 9 de julio de 1901.
En el mismo combate las mujeres y los niños que acompañaban siempre y de forma activa la lucha a sus guerreros, subieron al cerro del Bacatete y se lanzaron al vacío para no ser capturados.
Esta guerra, que comenzó buscando el despojo de su territorio, continuó y se convirtió en un etnocidio que se extendió hasta empezada la Revolución. Es así que durante el porfiriato miles de yaquis fueron deportados a Valle Nacional, Oaxaca, y a las haciendas henequeneras de Yucatán, donde eran vendidos y explotados como esclavos.
En 1911 los líderes de los ocho pueblos yaquis se reunieron con el recién elegido presidente Francisco I. Madero y consiguieron la liberación de todos los yaquis de las haciendas henequeneras.
Poco a poco grupos de yaquis fueron regresando al territorio en busca de sus familias. Después de siglos de sangrientas luchas, se le reconoció su derecho a una extensión territorial y a su autodeterminación en la década de los años treinta, con el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río.
Como es de esperarse, la resistencia y lucha por su autonomía no se detuvo ahí. De una manera tal vez más silenciosa, la tribu ha tenido que enfrentar las acciones de los males gobiernos estatales y federales que poco a poco diezman la calidad de su territorio y ponen en peligro su autodeterminación.
Debido a la construcción de varias presas como la del Novillo y el Oviachic, el río yaqui, un recurso indispensable para su producción se perdió. Redujeron drásticamente la capacidad productiva de las tierras a casi una cuarta parte de lo que se sembraba en siglos pasados.
Por otra parte, la falta de empleos y la migración a Estados Unidos, así como la presencia de grupos de narcotráfico y del crimen organizado, son una amenaza constante para la tribu. Como etnia, han librado múltiples batallas, siempre en lucha por su pueblo. Por su carácter indómito y entrega son ejemplo. Y para lo que somos hoy, como mexicanos, tenemos de esta forma una deuda con ellos. Han sido parte de la historia y nos han dejado un legado.
Aún cuentan con una firme determinación por tener su autonomía y de igual forma, que se reconozcan las tradiciones y costumbres llevadas hasta hoy en día en práctica, respetando siempre sus orígenes, una muestra de tenacidad y orgullo que debe ser contemplada para su reconocimiento de manera nacional.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Marco Antonio Carbajal Miranda: Por lo anterior expuesto, y fundado en la base histórica de nuestros pueblos originarios, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa proyecto de decreto por el que se declara el día 24 de octubre de cada año como Día Nacional de la Nación Yaqui. Muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Damos inicio a la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Lucía Flores Olivo: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Lucía Flores Olivo: La Ley General de Desarrollo, desde su origen, ha ordenado al gobierno federal integrar por conducto de la dependencia en el ramo de desarrollo social un padrón o relación oficial de los beneficiarios atendidos por los programas federales de la materia.
No obstante, la aplicación de este mandamiento ha sido bastante deficiente en sus primeras fases, de tal manera que era imposible enfrentar el mal uso de los recursos destinados a estos instrumentos, para evitar los casos de duplicidad en los apoyos y la entrega de estos a personas que realmente no cumplían con los requisitos establecidos en las reglas de operación.
En junio del 2018 Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, elaboraron un reporte en torno a 515 programas y 28 acciones para el desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal. De este ejercicio concluyeron que no había controles institucionales suficientes para asegurar el adecuado ejercicio de los recursos públicos destinados a la superación de carencias.
Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre del 2018, se atribuyó expresamente a la Secretaría de Bienestar, la integración, mantenimiento y actualización de un sistema de información con los padrones de beneficiarios de los programas sociales de la administración pública federal, así como la depuración de sus duplicidades.
De tal sistema el Padrón Único de Beneficiarios el cual se encuentra en la etapa de perfeccionamiento, para este propósito, sería un error soslayar la participación de los niveles locales del gobierno. En términos del artículo 17 de la ley, se determina que los municipios son, por regla general, los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social.
Las dependencias y organismos de las entidades federativas, también asumen este papel cuando se les confiere expresamente en las reglas de operación, por ende, dichas instancias son en muchas ocasiones los primeros receptores de los datos proporcionados por las personas que solicitan su incorporación a un programa federal o que son seleccionadas mediante el levantamiento de información.
El Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, contempla la celebración de convenios de coordinación y cooperación técnica entre el Ejecutivo federal y los gobiernos de entidades federativas, con la participación, en su caso, de los municipios y de las demarcaciones territoriales a efecto de que coadyuven en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la política nacional de desarrollo social.
Uno de los compromisos que pueden contraer en esos convenios es colaborar en la integración y actualización de los padrones de beneficiarios, tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, mediante la elaboración de un procedimiento conjunto y conforme a calendario. Sin embargo, la suscripción de dichos convenios no es obligatoria. De manera que puede haber entidades federativas que no participen, o por lo menos no constantemente, en la actualización del padrón federal.
Compañeras y compañeros, por esta razón se propone a esta honorable soberanía adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de que los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios estén obligados a proporcionar a la Secretaría de Bienestar la información que les requiera y que hayan recabado pero no trasmitido, acerca de los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social que estén operando, así como de los inscritos en sus padrones internos, para hace del padrón único un mecanismo eficaz. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ernesto Ruffo Appel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Ernesto Ruffo Appel: Diputado presidente Adame, con su venia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Ernesto Ruffo Appel: Señoras y señores diputados, este 16 de diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncia por procedimientos con discriminación y mañas actuados por esta Cámara de Diputados, concretamente la Junta de Coordinación Política, la nunca bien ponderada Jucopo.
El caso específico: el nombramiento para el titular del Órgano Interno de Control del Inegi. Esto sucedió el 30 de abril pasado, que provocó el reclamo airado del presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yáñez en la última sesión precisamente de ese abril.
Actuaron en comisiones unidas, junto con la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y ambas comisiones enviaron terna a la Junta de Coordinación Política, donde incluso de manera unánime uno de los integrantes de la terna llegó por unanimidad.
Propusieron al ciudadano Ricardo Garza Espíritu, quien registró esta denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por el proceder de esta Cámara, en razón de que la Jucopo propuso a este plano a quien le correspondió el número 14 en la lista, no a ninguno de los integrantes de la terna.
Fíjense bien. Hay dos palabras, terna y lista. Es un asunto que produce confusión en estos asuntos de la selección de los individuos, hombres y mujeres que vayan a integrar órganos internos de control o personales y funcionarios de los órganos autónomos en nuestro país.
Esto tiene que ver con una elección que deviene de la Constitución. Los órganos internos de control, los órganos autónomos requieren de dos terceras partes de la votación presente y en esa ocasión el presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo, no prestó atención a los reclamos del diputado González Yáñez, donde exclamó que no había respeto a la palabra Más tarde, en entrevista al diputado Alfredo Porras, describió los hechos como un madruguete a esta asamblea que representa a la nación.
Por esta descripción de hechos es que presento iniciativa de reforma al artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito es que ya no haya manipulación, que los procedimientos sean claros, que se respete el trabajo en comisiones, que ya no se den la discriminación y mañas, como dicen los comentarios acerca de los cuates y las cuotas.
Para que haya certeza, compañeros diputados y diputadas, que es la base de la democracia, para evitar la intromisión de intereses políticos que buscan el control de los órganos autónomos, señoras y señores diputados, necesitamos medidas preventivas, contrapesos, que se respete la vida institucional, necesitamos los mejores perfiles, hombres y mujeres, provenientes de la cultura del esfuerzo. Necesitamos parlamento abierto, que puedan también postular las universidades, que las comisiones aprueban ternas y no listas, que el sistema nacional de anticorrupción opine de forma no vinculante.
Compañeros, ya basta de estas formas autoritarias, cobijadas por una lealtad al poder y no a la nación. Ya corresponden los nombramientos del INE y del INAI. Prevengamos, ¿qué vamos a hacer? Absolutismo o institucionalidad, compañeros. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Mariano Otero.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña: “La Constitución para que sea respetable y duradera, es decir, para que tenga existencia sólida, necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales y si es posible ninguno disputable”. Mariano Otero.
Un gran político mexicano de nuestro tiempo caracterizó a Mariano Otero como el abogado, filósofo y pensador jalisciense. Don Mariano Otero fue casi con seguridad la mente más lúcida y penetrante de la primera mitad del siglo XIX mexicano.
Vivió apenas 33 años, que le bastaron para heredarnos un legado teórico profundo, que conserva todo su valor y transcendencia para nuestra vida política actual. Y en efecto, Mariano Otero fue de esos grandes hombres adelantados a su tiempo, no solo a sus contemporáneos mexicanos sino incluso a las cumbres del pensamiento universal, Hegel y los materialistas dialécticos que le siguieron. Su visión científica del mundo le permitió influir y dar luz en un momento donde el rumbo de la nación estaba en riesgo.
A diferencia de otros juristas, Mariano Otero no atribuye el poder de la ley a una mística e intangible justicia eterna, que toma cuerpo en ella sino una razón bien concreta y material, al hecho de que la ley cuando está bien pensada y mejor construida refleja de modo exacto, correcto y equitativo la pluralidad de intereses que existe en toda sociedad humana, intereses que no son solo divergentes sino a veces, abiertamente opuestos entre sí.
Para Otero, la buena ley realiza el milagro de contener a todos y reducir a la pluralidad a una unidad, la inclusión de todos los intereses y puntos de vista, compatibilizándolos entre sí hasta donde es posible.
Logra la armonía de los opuestos, dando como resultado una sociedad avenida, funcional y que permita el desarrollo progresivo y pacífico de los elementos dispares que la constituyen. El ilustre jalisciense nació hace ya más de 200 años y es, sin duda, uno de los pensadores más fecundos y juristas pródigos más destacados de nuestra historia.
En 1842, después de haber sido nombrado diputado al Congreso Constituyente, escribió su famoso ensayo sobre el verdadero estado de la República, sobre el verdadero estado de la cuestión y política que se agita en la República, en el que muestra su gran capacidad de análisis de la realidad mexicana. Poco después fue cofundador del Ateneo Mexicano de la Juventud, en 1844.
Proponer al Congreso que eleve a grande altura el Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República, en el goce de los derechos que le aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del legislativo, ya de los estados o de la Unión, fue la gran aportación de Mariano Otero junto a otras.
Mariano Otero fue un hombre liberal, defensor de los derechos humanos, de la división de Poderes, la libertad de expresión y del federalismo. Acérrimo defensor de la soberanía. Ante la inminente guerra con Estados Unidos votó en contra del tratado Guadalupe-Hidalgo.
Con base en lo establecido por los criterios de la Cámara de Diputados para la inscripción en el Muro de Honor, en el artículo segundo, las inscripciones tienen por objeto rendir homenaje a personas de gran trascendencia para el país. Mariano Otero es, sin duda, un agente fundamental para la visión política y jurídica de México, que con su legado generó un cambio de paradigma en la manera de entender y ejercer el derecho de la nación, junto con Crescencio Rejón fue el padre del juicio de amparo.
En esta legislatura, el Consejo Editorial se ha encargado de trabajar en el rescate de alguna de las obras más importantes de Mariano Otero. Recientemente se publicó un libro de esta obra.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Mariano Otero, para que entre los ya escritos destaque también la estrella luminosa y guía del jalisciense ilustre.
Solicito, presidente, se inscriba íntegro el texto que voy a entregar a la Secretaría, para que quede en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El diputado Higinio Del Toro Pérez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Sí, diputado? Sí, diputado Del Toro.
El diputado Higinio del Toro Pérez (desde la curul): Gracias, presidente. Solo si me permite el diputado Brasil, adherirme a su iniciativa, si no tiene inconveniente.
Más allá de que es un jalisciense y por obvias razones, al ser diputado de ese estado, el juicio de amparo tiene particular relevancia hoy, que se pretende una nueva reforma al Poder Judicial, la figura del amparo deberá ser una figura que deberá prevalecer y pensar que Mariano Otero es precursor de esto es de suma importancia adherirnos a esta iniciativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. De hecho, el diputado Ulises García Soto, de Morena, y un servidor, somos promoventes en igualdad de condiciones, y le agradezco que me haya dado oportunidad de presentar esta iniciativa.
México es el principal productor de plata del mundo, lo fue desde antes de ser nación independiente en la época de la colonia, y nuestra plata sale al extranjero, a muy diversas finalidades.
Esta iniciativa pretende que la plata se quede en México y se quede fortaleciendo el ahorro de las mexicanas y de los mexicanos. Si tú metes tu dinero al banco, dos de la vela y de la vela dos, te cobran el manejo y patatín patatán y se te hace polvo. No hay prácticamente para el pueblo llano, ningún medio de ahorro que le garantice que no se deprecie su ahorro, que tenga un rendimiento, que tenga mejoría de condiciones.
Esta iniciativa plantea que el pueblo ahorre en plata, en monedas de plata, y que de esa manera está documentado cómo esas monedas de plata empezaron en una cantidad y han quintuplicado su valor a lo largo de estos años, a pesar de la especulación que puede haber y de la discusión sobre la inestabilidad del precio de la plata, pues la plata siempre será plata, siempre será un metal precioso, que tiene un valor importante y que garantizaría que el pueblo pueda ahorrar y que además pueda, en cualquier momento, hacer su ahorro dinero, contante y sonante, porque si tú ahorras en monedas de plata y luego en un momento de emergencia las quieres vender, pues está sujeto a lo que te quieran pagar dado que se den cuenta de que tienes premura de obtener recursos económicos.
Pero si la moneda tiene un valor fijo en el mercado, que eso es lo que estamos proponiendo, que la onza de plata tenga un valor fijo en el mercado, un valor comercial, sea moneda de curso, para decirlo de manera llana. De esa forma, por un lado, estimulas el ahorro, por otro lado, generas que la plata que hay en el país... Por otra parte, el pueblo no tiene pérdidas en los ahorros que realiza y en cualquier momento puede usarlo como moneda de curso.
El Fondo Monetario Internacional se opone a estas cosas, porque la especulación es constante y permanente. Entonces, el dinero virtual y el dinero de papel y el dinero que no vale, tú sacas un dólar y antes ese dólar tenía que tener respaldo en plata. Luego lo cambiaron al patrón oro y ahora es el patrón especulación, porque tú puedes traer tambaches de dinero que no tienen ningún respaldo en ningún lugar.
Nosotros, nuestra moneda, tenemos que respaldarla en dólares, que no está respaldada en nada y, sin embargo, con la plata estaría ese dinero. Ese peso mexicano, abriría una mejoría de la economía, no solo del pueblo ahorrador, sino del pueblo en general.
Tendríamos una moneda fuerte, una moneda que está respaldada en un valor material verdadero, un metal precioso, además de que somos, como ya lo dije, el principal productor de plata del mundo.
Yo quiero decir con mucha franqueza que esta iniciativa lleva mucho tiempo queriéndose aprobar y que siempre ha sido frenada por autoridades en el ámbito monetario. A veces es el Banco de México, a veces es alguien en la Comisión de Hacienda, que dicen del gobierno que siempre no, porque esta iniciativa la ha batallado y sería injusto no decirlo, Salinas Price. Y lo acusan de que tiene minas de plata y que por eso tiene interés en que esto se lleve a la realidad.
Yo creo que el hombre tiene razón, yo creo que haría un gran servicio a la patria si esta soberanía determina que la moneda de plata sea moneda de curso, tenga un valor determinado, sirva para el ahorro de los mexicanos y fortalezca la economía nacional. Sería un mensaje de independencia y soberanía económica poderoso de nuestra patria.
Por eso el diputado Ulises García y un servidor les pedimos que por fin esta iniciativa se apruebe y se haga realidad, y nuestro pueblo pueda ahorrar en monedas de plata. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado Cayetano.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Felicitar al diputado Gerardo Fernández Noroña y al coiniciante de Morena, Ulises García, por ser Guerrero y Taxco, principalmente, de los principales productores de plata en México. Le pido que les pregunte a los compañeros si no tienen inconveniente para adherirme a su acertada iniciativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ha mostrado su aceptación. Adelante, está abierta la lista para quien desee adherirse.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. El pasado mes de diciembre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público un comunicado oficial en relación al proceso de consulta indígena sobre el Tren maya, tras haber participado como observador en el mismo, en el que señala las numerosas deficiencias en el proceso de consulta por las cuales no se puede considerar que cumpla con las condiciones de previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las que el Estado mexicano se ha comprometido, y que constituyen elementos indispensables para preservar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
En el comunicado se señala especial preocupación respecto a la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, lo que por sí solo sería motivo suficiente para deslegitimar la consulta.
La respuesta de la Presidencia de la República, lejos de demostrar interés y voluntad en subsanar las deficiencias, acusa a la Oficina del Alto Comisionado de incurrir en descalificaciones, críticas simples sin sustento, ligeras y parcializadas, y faltar al respeto a la supuesta legítima voluntad de las comunidades indígenas.
Resulta en extremo lamentable que la postura oficial del gobierno mexicano ante las recomendaciones de un organismo dedicado a la protección de los derechos humanos sean acusaciones de parcialidad y falta de sustento, en especial cuando lo que está en riesgo son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
El desprecio de los derechos y al legítimo interés jurídico de los pueblos indígenas forma parte de la desigualdad estructural que la administración actual sistematiza, al pretender imponer decisiones ya tomadas mediante una burda simulación de consulta y diálogo.
Existen numerosos ejemplos de megaproyectos en los que se ha mostrado el mismo desprecio a los derechos de las comunidades por parte de las autoridades federales, entre los que podemos mencionar el Acueducto Independencia en el valle Yaqui de Sonora; las concesiones mineras en territorio del pueblo wixrárika en San Luis Potosí; los permisos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada en agravio de habitantes de comunidades indígenas en siete entidades; la comunidad de San Francisco Cherán, en Michoacán, que ha combatido exitosamente la imposición de procedimientos electorales ajenos a sus usos y costumbres, así como las reformas a la Constitución local en materia indígena respecto de la cual no se les consultó; y, por supuesto, el parque eólico en Juchitán, Oaxaca, que fue inaugurado con bombo y platillo por la Secretaría de Energía en mayo del año pasado, pero no ha traído ningún beneficio a los juchitecos.
Estas circunstancias ya fueron abordadas desde 2016 por una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces autónoma, al emitir su recomendación en la que se recomienda al Ejecutivo federal a presentar una iniciativa sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas y a los Congresos federal y estatales a estudiar las iniciativas presentadas desde el Ejecutivo, así como a contemplar la legislación específica en la materia.
Por lo anterior, la iniciativa que hoy presento a nombre propio y agradeciendo el respaldo de diversas compañeras y compañeros de varios grupos parlamentarios, propone hacer explícito en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que en el sistema de consulta y participación indígena operado por dicho instituto, se garantice el respeto cabal de los principios que el derecho internacional considera elementos esenciales, es decir, que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, mediante procedimientos culturalmente adecuados y con pertinencia cultural.
Ello como un primer paso para contar con un marco jurídico que efectivamente garantice el respeto al derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, consentimiento que implica la participación de los sujetos de la consulta en un proceso de retroalimentación sobre diseño, implementación, mitigación de consecuencias, precauciones a tomar, compensaciones, beneficios y otros aspectos del proyecto con el objetivo de asegurar el respeto de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas afectados, y de lograr un consenso sobre su viabilidad.
No se trata de un mero trámite ni una formalidad que se pueda subsanar con simulaciones, sino de un reconocimiento auténtico al derecho y a la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas, así como del respeto a su cultura, territorio, lengua, usos y costumbres. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Macías Rábago. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: Con su venia, presidenta. La vivienda social es un tema de suma importancia en la agenda ciudadana para el progreso de México, toda vez que es el principal eje de desarrollo para las familias y otorga certeza patrimonial, que coadyuva a fortalecer las relaciones sociales.
Por tal motivo, a través del tiempo se ha buscado un crecimiento planeado con sustentabilidad y con servicios adecuados para una vivienda digna y decorosa. Por esta razón se crearon organismos gubernamentales como son el Infonavit, que se encarga de operar un sistema de financiamiento para los trabajadores, con la finalidad de adquirir, construir, reparar, ampliar o mejorar sus viviendas. Y por otro lado el Fovissste, que administra las aportaciones de las dependencias y entidades públicas afiliadas al ISSSTE, destinadas al otorgamiento de créditos accesibles y suficientes para la adquisición, reparación, ampliación o mejoramiento de las viviendas de los trabajadores al servicio del Estado.
En este sentido, la demanda y los pocos recursos de la población para satisfacer sus condiciones básicas ocasionan que se necesite apoyo por parte del gobierno para emprender la construcción o el mejoramiento de viviendas. De tal manera que por mandato constitucional se establecen los elementos, instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar y garantizar a la población en general el goce de una vivienda digna, donde sea posible el desarrollo familiar.
A través del gobierno de México se creó la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como un organismo descentralizado de utilidad pública e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La misión de la Conavi es asegurar que las personas ejerzan su derecho humano a una vivienda adecuada a través del diseño, coordinación y ejecución de los programas del gobierno de México, con el acompañamiento de especialistas calificados, priorizando a la población en situación de pobreza, marginación, riesgo y vulnerabilidad, bajo principios de transparencia, eficacia y eficiencia.
Además se rige por tres estrategias principales: atender a la población con mayor rezago, contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social y, sobre todo, fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la producción social de vivienda asistida.
Por ello, la Conavi es quien se encarga de la coordinación de políticas enfocadas a la vivienda, otorgando subsidios para construir, adquirir o mejorar la vivienda, priorizando el sector de la población no derechohabiente, sin capacidad de pago.
Es así como la Conavi, a través de las participaciones en los programas sociales ha buscado constantemente el bienestar y una mejor calidad de vida para la población, plasmando el derecho humano a una vivienda digna, decorosa y de calidad apropiada para las personas en situación de bajos recursos y con mayor grado de vulnerabilidad.
A diferencia de lo que sucede en los casos como el Infonavit, Fovissste o alguna otra entidad ejecutora, quienes están encargados de otorgar créditos para vivienda, comprometiendo al deudor a devolver la cantidad solicitada, además de los intereses devengados en un determinado plazo definido de acuerdo a las condiciones establecidas, la Conavi otorga un recurso público que se convierte en subsidio, el cual no es recuperable y no cuenta con un plazo fijo para devolver la cantidad que se le otorga a la persona.
Cabe señalar que la Conavi indica la diferencia entre crédito y subsidio. Es decir, aunque ambos facilitan el acceso a una vivienda, son totalmente distintos ya que el crédito es dinero prestado y debe pagarlo en el futuro, y un subsidio es un apoyo para pagar un crédito y no tiene que devolverlo.
Para nuestro grupo parlamentario hacer lo socialmente correcto es dar certeza legal a la población que desea adquirir una vivienda digna y decorosa. Encuentro Social ve la necesidad de ajustar el marco jurídico para dar claridad en su lectura y aplicación, por lo que es necesario suprimir a la Comisión Nacional de la Vivienda, Conavi, del artículo 108, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, toda vez que ya se mencionó anteriormente, esta institución no se encarga de otorgar créditos, sino de proporcionar un subsidio a personas de bajos recursos para poder desarrollar una vivienda social, digna y decorosa.
Hacer lo socialmente correcto es y será nuestra forma de legislar. Por esta razón nuestro grupo parlamentario velará por los intereses de la clase trabajadora y de las instituciones que garantizan los derechos sociales de los trabajadores. Que así sea. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Baldenebro. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. Si bien México es un país productor y exportador de petróleo y su modelo energético ha estado basado por décadas en este y otros recursos de origen fósil, lo cierto es que el territorio nacional también posee un amplio y variado potencial para generar energía a partir de otras fuentes.
Por ejemplo, la fuerza del viento, la del agua, la radiación del sol o el aprovechamiento de calor natural que se almacena en el interior de la tierra. A pesar de lo anterior, México no figura entre los países líderes en el impulso de energías limpias, pues el porcentaje de generación de electricidad a partir de hidrocarburos en nuestro país es muy superior al porcentaje de energía eléctrica producida a través de fuentes renovables.
El problema es que el modelo energético, basado en la quema de combustibles fósiles, dejará de ser viable muy pronto, esta afirmación se basa principalmente en dos razones:
La primera. Que los expertos han advertido la producción mundial de estos combustibles fósiles, no solo no aumentará el ritmo requerido para satisfacer la creciente demanda, sino que decaerá paulatinamente, generando así una crisis de graves consecuencias para la economía internacional.
La segunda. El uso irracional de combustibles fósiles ha tenido como consecuencia un incremento sin precedentes en las concentraciones en la atmósfera de los gases, producto de su combustión, principalmente dióxido de carbono, lo cual ha provocado una alteración en el equilibrio climático del Planeta, reflejando en el aumento de la temperatura de la tierra, así como en la presencia de constantes lluvias torrenciales y severas sequías en lugares donde estos fenómenos eran poco comunes.
A pesar de ello, gracias a su fácil obtención y versatilidad, los combustibles fósiles siguen siendo hoy la fuente energética básica de todo el mundo, pues aportan el 80 por ciento de la energía que se consume en el orbe.
Teniendo en cuenta las implicaciones negativas que tiene lo anterior, en materia ambiental la comunidad internacional ha emprendido diversos esfuerzos por reducir la dependencia energética hacia los combustibles de origen fósil, un ejemplo de ello es la inversión que varios países han llevado a cabo en el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
El uso masivo de energías renovables y limpias, permitirá afrontar el problema del agotamiento de las reservas de petróleo, gas y carbón, sin afectar la conservación del medio ambiente.
Dicho de otro modo, la utilización de este tipo de energías garantizará en el futuro el desarrollo sustentable que hoy no es posible asegurar con la explotación de combustibles de origen fósil.
En este sentido, la actuación en el ámbito del sector energético resulta fundamental para mitigar el cambio climático, pues a nivel internacional más del 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la generación y uso de la energía. De ahí que las principales medidas para avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono se concentran en este rubro.
En este contexto, México ha asumido formalmente diversos compromisos relacionados con la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y se ha propuesto limitar la generación de energía a partir de combustibles fósiles.
No podemos ignorar que apenas ayer se dio a conocer, según datos del Atlas global del carbono, nuestro país ocupa el primer lugar en América latina en la emisión de CO2, incluso por encima de economías de mayor tamaño, como Brasil.
Lo anterior nos deja ver que es indispensable intensificar las acciones encaminadas a cumplir con la meta de reducir nuestras emisiones en un 50 por ciento al 2050, con relación a las registradas en el año 2000, y de alcanzar una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 35 por ciento para el 2024, tal como lo hemos establecido en nuestro marco jurídico.
No obstante que la tecnología fotovoltaica ha sido una de las de mayor crecimiento en nuestro país en tiempos recientes, su participación en el porcentaje total de electricidad generada en México sigue siendo residual.
Esta situación hace evidente que se debe seguir trabajando en leyes y políticas públicas que permitan facilitar el desarrollo de proyectos para generar energías a través del aprovechamiento de recursos renovables, concretamente a partir de la radiación solar.
Por su parte, el sector público no debe quedarse al margen de los esfuerzos por extender el uso de tecnologías limpias en generación de energía. No se puede soslayar el hecho de que el gobierno es el consumidor más grande en cualquier economía, ya que utiliza múltiples fines y servicios para el desempeño de sus funciones.
Tomando en cuenta lo anterior, a través de una reforma al artículo 36 de la Ley de Transición Energética, proponemos impulsar el establecimiento de sistemas fotovoltaicos en edificios e instalaciones públicas, con la finalidad contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático y como alternativa para que la energía consumida en el sector gubernamental provenga de fuentes limpias y renovables. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Fernández Cruz. Esta Presidencia hace una rectificación sobre la iniciativa presentada. La diputada Fernández Cruz lo hizo en relación al artículo 36, fracción II Bis, de la Ley de Transición Energética. Y, por lo tanto, esta iniciativa se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mónica Almeida López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Almeida López: Con su venia, diputada presidente. La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad, también contribuye a la erradicación de la pobreza y allana el camino a un desarrollo inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano, pues sin cultura no hay desarrollo sostenible.
Hacer que la cultura desempeñe un papel importante en las políticas de desarrollo, no solo constituye una inversión esencial en el futuro de nuestro mundo, sino que además es una condición previa para llevar a cabo con éxito procesos de mundialización bajo el respeto del principio de la diversidad cultural.
En este sentido, las artesanías conservan las raíces de nuestra historia y la identidad de una cultura, y son un gran promotor del turismo en nuestro país, ya que se identifica como una expresión artística, cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad. Su base es la transmisión del conocimiento a través de generaciones, muchas veces en forma oral, por lo que conecta con una parte con el patrimonio inmaterial.
La artesanía contemporánea colinda también con las industrias creativas. Dada la apertura de la sociedad a adquirir objetos de valor simbólico, la artesanía ha logrado adaptarse a nuevas formas, creando innovadores productos que reflejan a cabalidad la creatividad del patrimonio cultural de sus creadores.
Para comprender en qué medida la artesanía puede ser vista como un factor de desarrollo humano, debemos en primera instancia referirnos al alcance del concepto, entendiendo por artesanía no solo el objeto de manera aislada, sino un tipo de actividad en la que se involucran elementos económicos, técnicos, productivos, comerciales, sociales, estéticos y culturales de gran complejidad, y que se desarrolla por lo general integrada o en espacios limítrofes con otras expresiones del arte, la cultura, y con la propia producción industrial, de manera que en su estudio en ocasiones es preciso establecer las diferencias, mientras que en otros resulta necesario señalar lo que hay en común en las mutuas influencias y superposiciones entre estos procesos.
Hoy nuestro país y nuestros artesanos se enfrentan a una gran problemática, la producción en masa elaborada con materiales y manos de obra barata que termina por afectar a las pequeñas industrias, en el caso más específico a los artesanos, tratando de imitar su creatividad y talento, demeritando su trabajo y confundiendo a los clientes con productos piratas, generando una competencia desleal.
Además, existen muchísimos casos de objeto de, de casos de plagio, de creaciones de artesanías, de las cuales las empresas obtienen ganancias millonarias, y de las cuales los creadores no tienen dividendos por carecer de los derechos de autor.
En razón de lo anterior presento la siguiente iniciativa para reformar la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con el objeto de generar condiciones para que el sector artesano pueda proteger sus derechos de autor, y a su vez, esta actividad se fortalezca y se constituya como una fuente de empleo viable y de crecimiento económico de las regiones, otorgando asesoría en los trámites y registro a los artesanos que cumplan con los requisitos requeridos para lograr la propiedad industrial y derechos de autoría, otorgando becas y apoyos para artesanos de la tercera edad y proporcionando capacitación permanente respecto de los procesos de comercialización y producción.
Lograr establecer en la ley el apoyo al sector artesanal para lograr la protección a los derechos de autor y ofrecer a los artesanos un esquema de protección de sus derechos intangibles, logrará impulsar e involucrar la garantía de los derechos de autor y propiedad industrial con lo que se reconozcan los derechos a los autores por la creación de todas las obras y mecanismos de producción que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, a partir del momento en que se crea la obra, con lo que jurídicamente se constituye la protección y el amparo ante cualquier intento de plagio o aprovechamiento indebido de las manifestaciones artísticas, otorgándole al artesano el beneficio de poder adquirir riqueza por la explotación legítima de su trabajo.
Impulsemos nuestra cultura, apoyemos a nuestros artesanos. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almeida López. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Marco Antonio González Reyes: Con su venia, diputada presidenta. La Organización Internacional del Trabajo define trabajo infantil como todo aquel trabajo que priva a las niñas y niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico y social.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, menciona que en México existen alrededor de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan, cantidad que representa el l2 por ciento de la población total de niños del país.
Asimismo, 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes realizan ocupaciones no permitidas, cifra equivalente al 7.1 por ciento de la población de 5 a 17 años, por grupos de edad. El 38.7 por ciento lo realizó la población infantil de tan solo 5 a 14 años de edad y el 61.3 por ciento de 15 a 17 años.
La lucha por erradicar el trabajo infantil es extensa y muy compleja, sin embargo es necesario empezar a poner cimientos para cumplir cabalmente con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
En la presente iniciativa se plantea la necesidad de la correcta conceptualización del trabajo infantil, para no incurrir en prácticas de exclusión de quienes, habiendo cumplido con la edad mínima de acceso a un empleo, siguen siendo menores de edad y tienen necesidad de incorporarse a la actividad laboral.
Pese a que el artículo 176, fracción II, numeral 8, señala como labores peligrosas o insalubres las actividades agrícolas, la ley no establece que debe entenderse por actividades laborales agrícolas, lo cual implica que la fracción del mencionado artículo pueda interpretarse como la prohibición del trabajo de adolescentes de 16 a 18 años en todas las actividades y en toda la cadena de valor de la agricultura.
No obstante que la Ley Federal del Trabajo menciona en el artículo 279 Ter las actividades no consideradas para definir al trabajador estacional del campo, en el mencionado artículo no se establece que puedan ser realizadas por adolescentes, pues se infiere que los trabajadores a los que hace referencia todo el Capítulo Octavo, Trabajadores del Campo, de dicha ley, son mayores de edad.
En ese sentido, a fin de abrir la posibilidad del acceso de las y los adolescentes actividades que no presenten peligro en la cadena del sector agrícola, se propone modificar el numeral 8 de la fracción II del artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de explicitar la excepción de actividades dentro del sector agrícola que se especifican en el segundo párrafo del artículo 279 Ter de dicha ley.
Esta iniciativa tiene como objetivo erradicar el trabajo infantil, a través del desarrollo económico para las familias en mayor pobreza y proveer acciones de reinserción escolar a jóvenes y adolescentes que se han visto en la necesidad de incorporarse al mundo laboral.
Finalmente, les invito a hacer conciencia de que el trabajo infantil es un tema que nos ocupa a todos y para combatirlo se deben sumar esfuerzos de autoridades, sociedad civil y ciudadanos, ya que México se coloca como el segundo país de la región con más casos, solo por debajo de Brasil y arriba de Perú. Eliminemos por completo el trabajo infantil. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Reyes. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de violaciones al procedimiento legislativo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Somos poquitos, pero aquí estamos. Vengo el día de hoy a presentar una iniciativa que tiene que ver con la división de Poderes y los pesos y contrapesos que deben existir entre los mismos, sin que exista la posibilidad obviamente de que un Poder prevalezca sobre otro.
En nuestro sistema democrático estos equilibrios se logran a través de diversos tramos de control. El Poder Ejecutivo tiene tramos de control en el Legislativo, o debiera tenerlos. Lo mismo en el Judicial. A su vez, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, diputados y senadores tenemos tramos de control donde el Ejecutivo puede ejercer algunas atribuciones para limitar acciones de este poder, así como el Judicial. Y lo mismo sucede con el Judicial.
Reitero, esto de ninguna manera, sin que implique una subordinación de un poder a otro, sino un esquema de pesos y contrapesos para evitar el abuso del poder, que el poder se concentre en una sola persona o en uno solo de los tres poderes públicos del Estado.
Por ello las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN proponemos mediante la presente iniciativa que dentro de nuestro texto constitucional se incorpore de manera explícita la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial pueda revisar los actos de este Poder Legislativo y, en su caso, pueda determinar si son apegados a derecho o no son apegados a derecho, esto en cuento a las violaciones al proceso parlamentario.
De nada sirve la creación de organismos constitucionalmente autónomos, protectores de los derechos humanos o creación de normas que tienden a proteger los derechos humanos de las personas si el ente encargado de legislar, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, ustedes, nosotros, somos los primeros que no respetamos la ley. Es muy mal mensaje el que se manda si las legisladoras y los legisladores, diputados y senadores, son los primeros violadores de la norma. Por ello, es importante reconocer que el esquema procesal es fundamental que sea respetado para poder tomar las determinaciones que este Congreso de la Unión tome.
Hemos tenido lamentables muestras de violaciones al proceso parlamentario en cuanto a la creación normativa y en nombramientos de personas que no pueden sino darnos vergüenza como legisladores.
Esto ha sido ya explorado por la Corte, no es un tema nuevo, la Corte ha sostenido que en todo Estado democrático no solo reviste de especial importancia el contenido de las leyes, sino que además la forma en que son creadas o reformadas, en virtud de que las formalidades esenciales del procedimiento legislativo resguardan y aseguran el cumplimiento de los principios democráticos.
Estamos hablando del respeto al Estado de derecho, piedra angular de todo sistema que se llame democrático. El respeto que debe darse a pluralismo político que caracteriza a nuestra democracia representativa en la cual, si bien las decisiones son tomadas por las mayorías, aquello que se somete a votación debe ser objeto de discusión pleno por las mayorías y las minorías políticas representadas.
Al respecto cito como un ejemplo lo expresado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en un voto concurrente, señalando que la jurisprudencia del pleno afirma que las violaciones al procedimiento legislativo deben ser controladas por referencia a los principios de la democracia deliberativa. Como es el caso con otros tribunales en el mundo, esa Suprema Corte debe entenderse guardián de las precondiciones democráticas.
La propuesta prevista en la presente iniciativa busca salvaguardar el procedimiento de creación de leyes, de nombramientos, en los cuales deben seguirse estrictamente los procedimientos parlamentarios previstos en la Constitución, en nuestra Ley Orgánica y en los Reglamentos tanto de Diputados como de Senadores. Para ello se faculta al Poder Judicial para conocer de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad que se susciten por vicios en el procedimiento.
Se propone también facilitar el acceso a estos medios de controversias constitucionales a través de la disminución del porcentaje para su promoción, del 33 por ciento al 20 por ciento. Esto es hacer más accesible la justicia.
Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder. Esto se trata de respetar el Estado de derecho. Y espero que la iniciativa sea debidamente analizada, discutida y dictaminada en la comisión a la que sea turnada, que seguramente será la de Puntos Constitucionales. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espadas Galván. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
La diputada María Ester Alonzo Morales: Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la pesca es una de las actividades que genera desarrollo y crecimiento económico en México. Asimismo, contribuye a la seguridad alimentaria en tres formas principalmente: incrementa directamente el suministro de alimentos de la población, proporciona proteínas nutritivas y ofrece empleo e ingresos para las familias dedicadas a la pesca.
En este sentido, es importante precisar que para ejercer la pesca como actividad productiva se requiere un permiso de pesca comercial otorgado por la Conapesca. Con dicho documento los pescadores pueden realizar la actividad de extracción de especies marinas
Otra alternativa para adquirir dicho permiso es a través de la figura jurídica de sustitución de titular de permisos de pesca comercial. Es decir, cuando el titular de un permiso decide no continuar con la actividad pesquera y se encuentra en posibilidad de ceder su permiso a otra persona. Sin embargo, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables prohíbe que los permisos de pesca comercial puedan ser transferidos a terceros.
Por otro lado, el reglamento de dicha ley contradice lo establecido en ella, ya que en su artículo 37 dispone que la secretaría podrá autorizar la sustitución del titular del permiso de pesca. Como pueden escuchar, la ley establece que los permisos de pesca comercial no pueden ser transferidos a terceros, y el reglamento faculta a la secretaría para autorizar dicha transferencia.
Por muchos años esta grave deficiencia en la ley ha generado confusión y falta de certeza jurídica, haciendo que la transferencia de los permisos se haga a criterio de la autoridad, poniendo en riesgo el ordenamiento productivo y seguridad del sector pequero.
Diputadas y diputados, hoy nuestra responsabilidad como legisladores nos hace un llamado para mirar hacia el mar. Estamos ante la invaluable oportunidad de brindar el apoyo necesario a las y los pescadores de nuestro país con el fin de contribuir al impulso y aprobación de medidas legislativas que ayuden a mejorar sus condiciones de vida.
Los permisos de pesca comercial son fundamentales para que las y los pescadores puedan ejercer su trabajo con total certidumbre y sigan generando bienestar para ellos y su familia. Por ello, esta propuesta tiene como objetivo armonizar la ley para que se permita la sustitución de los permisos de pesca comercial a fin de dar certeza jurídica y administrativa a las y los pescadores de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alonso Morales. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Guadalupe Román Ávila: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la cuarta transformación es fundamentalmente un mandato del pueblo de México, en el que de manera democrática y participativa acudió a las urnas en 2018, expresando su voluntad de cambio profundo en las instituciones de nuestro país.
El proyecto de nación encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado avanzando hacia la construcción de un nuevo modelo de gobierno que nos permita superar al neoliberalismo, luchando contra la corrupción y recuperando una ética política basada en la austeridad y en la soberanía popular.
Nuestra principal tarea, como legisladoras y legisladores, es facilitar esta tarea de transformación, cambiando leyes que antes favorecían a unos pocos, pero también proponiendo avances en favor de los derechos humanos de todas las personas.
En este sentido, mediante la iniciativa que hoy presento, se propone integrar al texto constitucional el derecho fundamental a la buena administración pública, se trata de reconocer el derecho legítimo de la ciudadanía y exigir el funcionamiento adecuado a las instituciones de gobierno, de modo que el servidor público que esté orientado al interés general y donde la equidad de trato, la igualdad, la austeridad y la transparencia sean principios exigibles para cualquier servidor público.
El derecho a la buena administración se refiere, en primera instancia, a que los ciudadanos tengan el derecho de exigir determinados patrones o estándares de funcionamiento de las instituciones de gobierno.
El derecho a la buena administración pública ha comenzado a reconocerse como nuevo paradigma en el derecho administrativo, en el que la ciudadanía ocupa un lugar central, obligando a todos los entes públicos a que en el ejercicio de sus funciones actúen efectivamente, bajo los principios de gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz y eficiente.
Esta iniciativa va en sintonía con los principios del Plan Nacional de Desarrollo, con los avances recientes que ha venido desarrollando en el derecho administrativo, pero, sobre todo, con un reclamo justo de nuestras sociedades, el de poner a la ciudadanía en el centro de la actividad administrativa del Estado, teniendo como último fin el bien común.
El derecho de una buena administración fue reconocido por primera vez en la Carta de los Derechos Fundamentales, en la Unión Europea, del año 2000. Posteriormente, en nuestro continente este derecho fue incorporado en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Aprobado por la Cumbre de jefes de Estado en el 2013.
En nuestro país, la Constitución de la Ciudad de México ha sido vanguardista al reconocer este derecho en su artículo 60, que establece la garantía al debido ejercicio y la honradez en la función pública.
Sin embargo, a nivel nacional sigue pendiente el reconocimiento expreso del derecho a toda persona a la buena administración y al buen gobierno. Así como la obligación específica del Estado para su cumplimiento.
Por ello, proponemos la adición del siguiente párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y el Estado garantizará el derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento.
Compañeros y compañeras, de aprobarse esta iniciativa, estaríamos comenzando con la construcción de un nuevo paradigma en la administración pública, acorde a la cuarta transformación que requiere México, en el que la ciudadanía tenga un papel central, reconociendo el derecho que todas y todos tenemos al buen gobierno.
Esto se traducirá en la obligación de todas las administraciones públicas, incluyendo las estatales y municipales, de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública. Y de actuar efectivamente al servicio de las personas.
En conclusión, incorporar al texto constitucional el derecho al buen gobierno implicará una mejora sustancial en la que se relaciona el gobierno y las personas en general para el beneficio para el desarrollo de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Román Ávila. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Ramón Cambero Pérez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Ramón Cambero Pérez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, en este inicio de las actividades ordinarias para este nuevo periodo, es para mí un deber presentar ante este pleno, iniciativa en materia laboral, con un enfoque multidimensional, que buscará contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la adaptabilidad de las nuevas formas de trabajo a la realidad actual de las necesidades sociales y personales de los trabajadores y de los patrones.
Para Acción Nacional es el primer paso para que desde la Constitución se implementen nuevas condiciones del modelo de trabajo que lleva más de 100 años y que debe adaptarse a los tiempos modernos.
Creo que un país se hace cada vez más competitivo, productivo y con empleos de calidad, en la medida en que incorpora en la formalidad su base laboral y económica, además que debe procurar el respeto al Estado de derecho y exista un equilibrio entre los intereses de su sector laboral con el empresarial, mediante el diseño de políticas públicas que detonen la economía y atraiga la inversión a largo plazo.
En materia de competitividad, el Foro Económico Mundial ubicó a México en la posición número 51 de 138 países. Si bien nos coloca en una posición media, estamos por debajo de países Latinoamericanos, como Panamá, número 42, y Chile, número 33. Datos preocupantes, si nos consideramos el mercado número 11 del mundo.
México muestra una posición de rezago con fortalezas, sin fortaleza institucional, eficiencia del mercado laboral. Los empleos de calidad son otro elemento importante que debemos considerar para que México sea competitivo. Pero también implica la calidad del empleo, que estos sean formales, que las empresas procuren a sus trabajadores con sueldos dignos, condiciones de trabajo que permitan el desarrollo personal y profesional, en lo que sea... se dé importancia a la persona, al ser humano.
Que los trabajadores pasen más tiempo y mejor tiempo con sus seres queridos. Sin embargo, podemos ver que el índice de productividad laboral, con base en a las horas trabajadas no ha crecido desde 2008 a la fecha, es decir, trabajamos mucho y producimos poco.
De lo anterior, podemos inferir que no necesariamente a mayor número de horas trabajadas se es más productivo, por el contrario, en estos tiempos la permanencia por en los entornos laborales, por tiempos prolongados, repercuten negativamente en diversos aspectos a las personas trabajadoras, como son problemas de salud –física y mental-, de convivencia social, baja productividad y ocio. En estas y otras situaciones van en detrimento de su trabajo de calidad y que no necesariamente están vinculados a salario digno y suficiente.
Otro aspecto a considerar en las nuevas relaciones de trabajo, es la edad de jubilación y los tiempos de traslado, las proyecciones señalan que para el año 2050 la población mayor de 65 años en México, se estima sea del 25 por ciento.
Sin embargo, tanto el crecimiento de las ciudades en el futuro, como la enorme necesidad de trabajar de las personas que superen los 65 años, derivado de la situación financiera y proyectada para el sistema de pensiones del país, obligará a que existan más fuentes de empleo, pero físicamente las personas difícilmente podrán tolerar 8 o más horas de trabajo, e incluso, más de seis días de trabajo.
Actualmente, se estima que en las grandes ciudades las personas requieren demasiado tiempo de traslado desde su vivienda a su centro de trabajo y viceversa, en el retorno.
Es por ello que la reforma al artículo 123 constitucional que propongo, radica en reducir la jornada laboral de 8 a 7 horas, y la semana de trabajo de seis a cinco días, e incrementar los días de vacaciones.
Alrededor de mundo, estas iniciativas ya están tomando fuerza, e incluso el Ejecutivo federal ha puesto el tema en la posible agenda nacional.
Pido a la comisión en turno realice un trabajo de parlamento abierto y haya un proceso de dictaminación democrático –concluyo, presidenta– integral, y a este pleno exhorto que en su momento se vote a favor por los trabajadores no de esta época, sino del futuro. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cambero Pérez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentará 2 iniciativas en una sola exposición, estas son: iniciativa con proyecto de decreto por el que se declare el 11 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Ciencia Política. Y la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 419 Ter y 419 Quáter al Código Penal Federal.
El diputado Alejandro Viedma Velázquez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, como lo mencionó la presidenta el día de hoy presentaré dos iniciativas.
La primera propone reconocer el 11 de mayo como el Día Nacional de la Ciencia Política. La fecha propuesta corresponde al primer examen de titulación del politólogo Moisés Ochoa Campos, quien fue egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1955, con mención honorífica.
Como orgulloso politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, conozco la pasión por esta disciplina, la cual nos permite sostener debates serios y científicos sobre el poder, la democracia y nuestra sociedad.
Reconocer el papel de los politólogos es fundamental, su desconocimiento ha empañado los valiosos triunfos y éxitos de esta disciplina en nuestro país, tanto en la vida pública, como en la privada.
La alternancia política no hubiera tenido cabida sin el diseño de instituciones y la generación de propuestas de reforma al Estado, ejercicios que son en mucha medida responsabilidad de destacados politólogos y politólogas.
Así se fueron generando las condiciones necesarias para fortalecer el estudio y el desarrollo de la ciencia política, tanto para visualizar un complejo conjunto de conocimientos relativos a la realidad social y la aplicación de ellos en situaciones concretas, así como en ser la principal protagonista de la formación de profesionales especializados en el estudio de los fenómenos políticos.
Esta iniciativa tiene por objeto reconocer al gremio en general, aplaudir todo esfuerzo que ha sido aportado a la ciencia política desde cualquier individuo. Se trata de reconocer una ciencia única, diferente al derecho, a la economía, a la administración pública o a cualquier otra que en el pasado se le haya relacionado pero que, de igual forma, continúa enriqueciendo a estas y a otras disciplinas de estudio.
Es ciencia política porque cuenta con un conjunto definido de conocimientos propios, que están presentes en todas las clasificaciones si se estudia minuciosamente el contexto, pero que sin duda alguna contiene su esencia propia en las ciencias sociales.
Compañeras y compañeros, sé que con su apoyo podremos dar el reconocimiento merecido a cada politólogo y politóloga de nuestro país, que trabajan y se esfuerzan día con día para difundir y defender esta disciplina.
La segunda iniciativa que presento busca atender un tema relevante de la modernidad, el bienestar animal, a través de una adición a los artículos 419 Ter y 419 Quáter del Código Penal Federal. Propongo sancionar el maltrato y la crueldad animal. Lo hago porque estoy convencido de que no hay futuro sin planeta y no hay planeta sin especies. Esto debe llevarnos a debatir nuestros hábitos y nuestro entendimiento del mundo.
Con esta adición busco contribuir al reconocimiento de los animales como agentes protagónicos de nuestro sistema jurídico que, en consecuencia, deben contar con mecanismos de protección que garanticen tratos dignos.
Asumo que la democracia es algo más que un sistema político. Como bien dice nuestra Constitución, se trata de un estilo de vida y este estilo de vida promueve valores que aspiraran a la decencia pública.
La capacidad de raciocinio y comunicación no nos faculta para realizar actos violentos en contra de los animales. La vieja concepción de la inmunidad basada en una falta superioridad de especie debe ser combatida frontalmente con leyes justas.
Por eso, propongo que el maltrato animal sea un delito que sancione todo hecho u omisión que pueda ocasionar dolor, deterioro físico, sufrimiento, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de los animales. De igual forma, planteo tipificar la crueldad animal como todo acto de brutalidad sádico o zoofílico contra cualquier animal; ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Aún nos falta mucho camino por recorrer para que el bienestar animal sea plenamente garantizado en nuestro país.
En principio, existe una reforma constitucional pendiente para expedir la Ley General de Bienestar Animal, que genere criterios homologados y vincule a las entidades federativas a legislar en la materia.
Sé que hay y habrá resistencias en estos temas, pero confío en que esta causa seguirá avanzando para lograr un cambio de paradigmas sobre el respeto y el cuidado que le damos a nuestro entorno y a nuestro planeta. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Viedma Velázquez. En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de mayo de cada año como el Día Nacional de Ciencia Política, túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen. En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 419 Ter y 419 Quater al Código Penal Federal, túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa por los 200 años de los Tratados de Córdoba.
El diputado Juan Martínez Flores: Buenas tardes, compañeros. Con su permiso, diputada presidenta. Estimadas y estimados compañeros, la ciudad de Córdoba, Veracruz, fue fundada por los españoles en el año de 1618 con el objetivo de proteger los intereses de la corona y de los súbditos leales de los ataques que los negros cimarrones realizaban en la vía de Veracruz, Córdoba y México.
El establecimiento de la población que realizó en las Lomas de Huilango por 30 jefes de familia. De ahí la denominación histórica de La Ciudad de los 30 Caballeros. Durante la Guerra de Independencia en 1821, los cordobeses hicieron resistencia a las fuerzas de la corona en defensa del Plan de Iguala y del Ejército Trigarante.
El 30 de julio desembarcó en Veracruz don Juan de O’Donojú, último virrey de la Nueva España, quien pudo percatarse de la situación por la que atravesaba el virreinato luego de 11 años de intensa lucha independentista, por lo que decidió pactar con el Ejército Trigarante el fin de dicha guerra por la vía pacífica.
Después de intensas pláticas, el representante del rey español llegó a la conclusión de que era irreversible la independencia mexicana. Por lo tanto, decidió evitar una ruptura total entre España y México mediante la firma de estos convenios en la Villa de Córdoba. El 24 de agosto se reunieron en la población cordobesa Agustín de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante; y Juan de O´Donojú, último virrey de la Nueva España, para firmar los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se reconocía la independencia del país y daba fin a la Guerra de Independencia.
Por este acontecimiento histórico, de gran relevancia para la nación mexicana, el 24 de agosto de cada año se festeja la firma de los Tratados de Córdoba, suceso ocurrido en el año de 1821. La firma de dicho documento contribuyó a dar legalidad a la independencia nacional.
Este documento consta de 17 artículos, entre los que se reconoce por parte del representante del rey de España, Fernando VII, la independencia de México, con un gobierno monárquico moderado. Asimismo, manifiesta que 2 representantes del último virrey viajaran a España a entregar una copia de los acuerdos al monarca.
Se acuerda la creación de una junta provisional gobernativa, en la que participaría Juan de O´Donojú, misma que estaba compuesta por tres personas. Convocaría a Cortes para poder crear el Poder Legislativo y finalmente facultaría al jefe del Ejército Trigarante a imponer dichos acuerdos.
La importancia de estos tratados radica en que son el reconocimiento del representante del rey de España a la independencia de la Nueva España y contribuyen a dar legalidad al nuevo Estado mexicano. Con la firma de este histórico documento se dio el primer paso para la creación de la nación mexicana.
La guerra independentista se dio por finalizada en 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto. Y el acta de independencia del Imperio Mexicano se realizó el 28 de septiembre del mismo año. Aun cuando la mayor parte de los ejércitos realistas dentro del territorio mexicano ya habían depuesto las armas, reconociendo los Tratados de Córdoba, las incursiones militares de España por tratar de reincorporar a México a su imperio continuaron durante más de un decenio, terminando el 28 de diciembre de 1836 cuando se firma el tratado definitivo de paz y amistad entre la República Mexicana y la reina de España.
Estimadas y estimados compañeros, el 24 de agosto de 2021 se conmemorarán los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, acontecimiento de trascendencia histórica, social y política para el Estado mexicano, ya que representa una oportunidad para resaltar los hechos históricos que nos dieron patria y fomentar nuestros valores y sentido de pertenencia como mexicanos.
En este sentido, el día de hoy es que propongo ante esta soberanía un proyecto de decreto para que se acuerde a través de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que el Banco de México emita una moneda conmemorativa exclusivamente de colección, y cuyo diseño sea acorde a la celebración.
Por este motivo, y desde la más alta tribuna de la nación, pido el apoyo de todos mis colegas legisladores para que este decreto por el que se emite una moneda conmemorativa de colección por los 200 años de los Tratados de Córdoba, se convierta en una realidad. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Flores. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega: Con el permiso de la presidenta. Hoy, en el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política, la Cámara de Diputadas y Diputados tiene un compromiso con las juventudes. Debemos darles esperanza y anhelos, que se sientan orgullosos de sus raíces y que tengan a su alcance las herramientas y oportunidades para transformar este país.
Con motivo de lo anterior, presento ante ustedes como asamblea, una iniciativa que reforma los artículos 4o y 73 de la Constitución, bajo la finalidad de que exista fundamento constitucional para que el Estado mexicano promueva el desarrollo integral de las y los jóvenes, y para tales efectos se faculte expresamente al Congreso de la Unión a expedir una ley de carácter general en esta materia.
De igual manera, se propone que las entidades federativas armonicen su legislación conforme a las bases y principios que establece la ley general de dicha materia.
En esta LXIV Legislatura, por primera ocasión en la historia de México nos encontramos representando a uno de los sectores más vulnerados del país y es triste señalarlo, pero la juventud en México se encuentra en condiciones precarias, señalo algunos datos.
En México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan el 31.4 por ciento de la población. Según el Conapred, el problema principal de los jóvenes en México es la pobreza. Alrededor de 17.5 millones de personas jóvenes están en situación de pobreza, de las cuales 13.9 millones viven en pobreza moderada y 3.6 millones en pobreza extrema; 19.7 millones de jóvenes tienen ingresos menores a la línea de bienestar económico, es decir, 2 mil 542 pesos mensuales en las ciudades y mil 614 pesos en las zonas rurales. Del total de los jóvenes del país, apenas un tercio tienen acceso al ISSSTE y al IMSS u otros servicios de salud.
Las juventudes son discriminadas por diversas situaciones, entre ellas, su condición social, su apariencia física, la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven o, incluso, ahora sus publicaciones en redes sociales.
En el caso de las mujeres el problema se agrava, la discriminación se da en la casa, en la calle, la escuela o el empleo. Por ejemplo, entre las juventudes de 18 y 29 años, que son económicamente activas, 8 de cada 10 hombres jóvenes percibe ingresos y poco menos de la mitad de las mujeres percibe estos ingresos.
Es impostergable que sentemos las bases constitucionales y legales para promover el desarrollo integral de las juventudes, ya que al establecerse en forma explícita que los jóvenes, que la palabra juventud y jóvenes esté escrito en la Constitución, este resultará ineludible para las autoridades mexicanas.
El desarrollo integral de las y los jóvenes debe entenderse como un deber progresivo, donde el Estado mexicano tiene la responsabilidad de constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo. La igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza, la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso. Así como la plena participación en las decisiones públicas. Es por esos motivos que la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, desde la sesión de instalación, se planteó la meta de realizar reformas que verdaderamente nos representen.
Actualmente, el Congreso de la Unión carece de atribuciones expresas para emitir una ley concurrente que articule y homologue una política pública de atención a los jóvenes, por lo que existen esfuerzos aislados y no así una política pública que unifique y articule las acciones institucionales en los tres órdenes de gobierno para apoyar a las juventudes.
Es oportuno resaltar que desde hace al menos dos décadas se han iniciado procesos de la reforma constitucional en materia de juventud, pero hasta el momento no han sido transitados por el proceso legislativo. Y aquí destaco que el actual gobierno está decidido a impulsar la reforma constitucional en materia de jóvenes, con lo que se cumpliría un compromiso histórico en esta materia.
Pese a los diversos obstáculos –y ya con esto termino, presidenta– enfrentados a lo largo de un año, hoy 5 de febrero del año 2020 seguimos de pie, impulsando y luchando por, con y para las juventudes mexicanas. Porque es ahora, somos nosotras y nosotros quienes podemos transformar la realidad de México. Iaxisti. Iaxi jucheska. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ascencio Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, compañera diputada Tatiana Clouthier?
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): Para adherirme a la iniciativa de la diputada proponente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Si la diputada proponente no tiene ninguna objeción. Adelante, está abierta a firma.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Varias compañeras y compañeros diputados han solicitado hacer uso de la palabra desde su curul, para plantear diversos asuntos a esta asamblea. Se les concederá el uso de la palabra, hasta por un minuto. Tiene la palabra la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Margarita Flores Sánchez (desde la curul): Gracias, presidenta. El día de hoy hago un exhorto al gobierno federal y a la Sader, para externar mi preocupación. El campo en mi estado, Nayarit, se encuentra atravesando por una difícil situación, como consecuencias de las lluvias atípicas, registradas en estos últimos días, afectando a los campesinos y productores de frijol, de tabaco, de sorgo, de café, mango, hortaliza, maíz, en todo el estado.
Por mencionar alguno, el frijol ha sido uno de los cultivos con mayor afectación debido a las lluvias, ya que se encontraban en época de cosecha y maduración y el cual se verá afectado en su producción, disminuyendo su precio comercial.
Otro de los cultivos de gran importancia en el estado, afectado por las lluvias y rachas y vientos fuertes, ha sido el cultivo del tabaco, pues este igual se encontraba en su época de cosecha, alterando su proceso de secado y curado, sector que hoy está ante la situación de perder su primer corte de cultivo en la entidad.
Organizaciones de agricultores en el estado estiman que el sector del frijol se ha visto afectado en un 70 por ciento de su producción total, sectores como...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, se ha excedido del minuto.
La diputada Margarita Flores Sánchez (desde la curul): ... el de mango. Por eso le pido apoyo al gobierno federal y a la Sader, que volteen a apoyar a los campesinos nayaritas. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Flores Sánchez. Tiene el uso de la palabra la diputada Lourdes Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (desde la curul): Con su permiso, diputada presidenta. A propósito de que hoy inicia la ExpoAgro en Sinaloa y lo que la convertirá en un centro nacional de Agronegocios.
No podemos dejar de mencionar el contraste entre lo que están haciendo las asociaciones de agricultores por el mejoramiento y el aprovechamiento de sus cultivos y el abandono en el que tiene este gobierno federal al campo mexicano.
Hace 10 meses el secretario Víctor Villalobos acordó con los agricultores un nuevo ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz. Al día de hoy ni se publica y mucho menos se paga.
Hoy los agricultores en Sinaloa están a dos meses de iniciar las trillas de 6 millones de toneladas de maíz y aún no se sabe a quién le van a vender esas cosechas ni a cuánto se les van a pagar.
No existe presupuesto para la comercialización. Por lo tanto, ni hay agricultura por contrato y, como les acabo de decir, al día de hoy tampoco hay ingresos objetivos.
Para lo cual quiero aprovechar para hacer un exhorto al gobierno federal y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de esta soberanía, para que cumplan con su palabra, para que le den certidumbre a los millones de mexicanos y mexicanas que trabajan y viven del campo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, se ha agotado el minuto.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (desde la curul): Termino, presidenta. Para que cumplan con su palabra y que les paguen a los agricultores el ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos por tonelada. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): Gracias, presidenta. Hoy el presidente de México hizo un anuncio relevante y acorde a los postulados de la cuarta transformación, relacionado con los denominados puentes vacacionales.
Al respecto cabe señalar que los días conmemorativos recuerdan a alguien o algo, son para hacer un homenaje, elogio, aniversario, festejo o recuerdo de una persona o personas por sus méritos y esfuerzos en favor de la nación.
También buscan sensibilizar y concientizar a los ciudadanos sobre la importancia que representan estas fechas fundamentales de nuestra historia y forman parte del civismo, de la cultura y los valores que las sociedades deben tener para respetarse entre ellas mismas.
Informó que en ejercicio de sus atribuciones se revisará la viabilidad de los fines de semana largos, proponiendo que el descanso oficial sea el día exacto en que se conmemore una efeméride relevante. Con el objetivo de retomar y fortalecer el civismo, fomentar el orgullo nacional y celebrar los principales acontecimientos que han marcado la vida de México.
Ante la inminente polémica, respetuosamente invito a esta asamblea a valorar en su justa dimensión tan importante propuesta por su relevancia social y su ineludible contribución a la anhelada unidad nacional. Para saber a dónde vamos es preciso...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero, diputado, se ha excedido del minuto.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): ... es preciso conocer de dónde venimos. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hernández Tapia. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (desde la curul): Con su permiso, señora presidente. Me quiero referir al punto de acuerdo presentado hoy por un servidor, y publicado en la Gaceta Parlamentaria con referencia a una disculpa a la comunidad china mexicana.
Las disculpas públicas de un pueblo a otro dignifican más a quien las ofrece que a quien las recibe, y no son ni raras ni excepcionales, lo ha hecho el gobierno francés al pueblo argelino; lo ha hecho el gobierno norteamericano al pueblo japonés, así también como lo hizo el gobierno alemán al pueblo polaco.
La persecución que sufrieron los chinos en nuestro país a principios del siglo XX se dio principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa, debido al racismo y a las campañas de xenofobia que se desataron en su contra.
De estos lamentables acontecimientos se tienen registros del asesinato de 303 chinos en Torreón el 15 de mayo de 1911, de los 600 habitantes que componían la colonia china. Ante todo lo ocurrido nos honra extender...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, lamento decirle, porque el tema es de gran relevancia, que su minuto se ha agotado sírvase concluir.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (desde la curul): Concluyo. Por la obviedad de tiempo solicito se inserte íntegro el texto del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Así se hará, diputado Ayala Bobadilla. Tiene el uso de la palabra, el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): La masacre de 10 músicos de Alcozacán, municipio de Chilapa en la montaña baja de Guerrero, el 17 de enero pasado, provocó la reacción de la CRACPF, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pueblos Fundadores.
La exhibición de niños armados, si bien es un grito desesperado ante el vacío de autoridad en la zona y el estado de indefensión en que vive la comunidad, coincidimos en que no es correcto exponer así a los menores. El error de la organización comunitaria fue capitalizado por los tres órdenes de gobierno y quienes centraron la atención en los derechos de los niños.
El asunto, además de polémico, generó el dislate presidencial, el gabinete de seguridad lo confundió al grado de decir que la autodefensa es legal en Guerrero, cuando lo que existe legalmente es un sistema de justicia indígena que el gobierno estatal quiere abolir.
Se puso en la agenda mediática de Guerrero la indignación que se causó con los niños, sin embargo, no debe olvidarse el multihomicidio, la solidaridad con familias pobres y la exigencia de justicia a la Fiscalía General de Guerrero. Basta de impunidad. Muchas gracias, diputada Sauri Riancho.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Agustín García Rubio (desde la curul): Con la venia de la Presidencia. Son lamentables los hechos que están ocurriendo en mi estado natal, Michoacán, estamos atravesando por una crisis de inseguridad que se ha acentuado en los últimos días, es necesario hacer algo más al respecto.
No vamos a quedarnos con los brazos cruzados ante el atentado en el municipio de Uruapan que ocurrió el domingo pasado. Se registraron un saldo de nueve muertes acribillados a mansalva, entre ellos 3 niños.
Desde mi curul hago un llamado urgente al secretario de Seguridad Pública Federal, al gobernador y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para que se llegue hasta las últimas consecuencias ante estos hechos lamentables que están ocurriendo.
No podemos permitir que los niños sigan cayendo abatidos en las calles y que estos, más bien que estos deben estar en las escuelas recibiendo clases. Debemos recordar que la seguridad de Michoacán es tarea de todos.
Por ello hago un llamado a todas las fuerzas políticas, sociales, civiles y a los ciudadanos, a sumar esfuerzos por la paz y la seguridad de los michoacanos. Lo mismo vale para todos los mexicanos, ya que el problema de Michoacán es de urgencia nacional. Requiere de la solidaridad y el respeto de todos en el país. Pido su solidaridad, compañeros, con el estado de Michoacán. Es su casa. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Rubio. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Con el permiso de la Mesa. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los programas prioritarios para el gobierno de México. Se encuentra instaurado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Beneficiará a 79 municipios de Oaxaca y Veracruz, vendrán productos de Asia que irán a la costa este de Estados Unidos y Europa, por lo que México se convertirá nuevamente en un eje del comercio mundial.
Los trabajos en los más de 300 kilómetros de vía ya iniciaron. La planeación de los polos de desarrollo está en marcha. Los proyectos alternos que se suman al corredor empiezan a llegar. Hay que empezar a concretar las inversiones de las empresas. Quiero mostrar el interés en invertir en esta región.
Desde la Cámara de Diputados hemos trabajado conjuntamente con el equipo del Corredor Interoceánico y en este año presupuestamos 3 mil 900 millones de pesos.
Necesitamos agilizar los trabajos, por eso propongo la creación de un anexo transversal que facilite la articulación de la política pública del Estado mexicano. Será un elemento que permita focalizar los recursos de los programas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, el minuto se ha agotado.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Domínguez Flores. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Gracias, presidenta. En recuerdo del maestro Ignacio Chávez Sánchez, médico y humanista, padre de la cardiología mexicana y fundador del Instituto Mexicano de Cardiología. Nació el 31 de enero de 1897 en el pueblo de Zirándaro, en aquel entonces del estado de Michoacán y hoy del estado de Guerrero.
Tan humanista como médico, decía que el médico es un hombre que se asoma sobre otro hombre en un afán de ayuda, ofreciendo lo que tiene: un poco de ciencia y un mucho de comprensión y simpatía. La máquina no triunfará nunca sobre el hombre.
Denunció desde ese entonces que los laboratorios se habían vuelto empresas, mitad comerciales y mitad científicas, y que sus productos eran, sobre todo, para beneficiar a la industria.
La medicina no es un comercio, llegó a sentenciar Ignacio Chávez Sánchez, médico generosamente universal, por ser provechosamente nacional, recibió 20 doctorados honoris causa en diferentes países y otras condecoraciones en 30 más. Hoy su legado humanista es más vigente que nunca. La medicina no es un comercio.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Mojica Wences. Tiene la palabra el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Hago un exhorto a la Junta de Coordinación Política, a todas las diputadas y diputados, a la diputada presidenta, para que puedan destinarse esfuerzos a fin de garantizar que quienes llegamos a este recinto caminando, en bicicleta o en transporte público podamos hacerlo de manera eficiente, cómoda y segura, que se reduzca la promoción de llegar en automóvil y se puedan dedicar recursos para abrir puertas peatonales, accesos directos al transporte público y construir ciclovías, para que podamos ser más amables con quien no tiene coche, que son la mayoría de quienes aquí laboran y visitan. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hidalgo Ponce. Solicito atentamente a la Secretaría de Servicios Parlamentarios haga llegar esta solicitud del diputado Hidalgo Ponce, a la Junta de Coordinación Política, para su desahogo y resolución. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para comentar que enero, una vez más, ha sido el mes más violento en la historia de nuestro país, 3 por ciento más de homicidios dolosos respecto al año anterior, más de 2 mil 400 asesinatos en nuestro país; 55 policías perdieron la vida y apenas el lunes pasado vimos la tragedia en Uruapan donde adolescentes y niños fueron víctimas de un tiroteo.
Y el gobierno federal y el presidente de la República no dice absolutamente nada, piensa en chistes, piensa en distractores como la rifa del avión presidencial y ahora con la nueva ocurrencia de eliminar los puentes vacacionales que afectaría enormemente a millones de familias que viven del turismo, donde por cierto 5 mil millones de pesos se generan por cada puente vacacional. En esto está la mente del presidente en lugar de luchar por los temas que hoy le duelen a México como es el de la inseguridad.
En Acción Nacional no lo vamos a dejar pasar y le vamos a dar seguimiento a este tema, a este país que está bañado en sangre y muerte. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Macías Olvera. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, presidenta. Este comentario que hago no lo hago con la finalidad de jalar agua para mi molino. Lo hago para expresar la frivolidad del presidente de la República haciendo este comentario en torno a sacarle 600 millones de metros cúbicos de agua a la presa La Boquilla.
Esto significa dejar sin agua a un estado que vive en una zona desértica, que batallamos para conseguir el agua del cielo. Y que sin más ni menos mandan la Guardia Nacional para evitar que los vecinos de los municipios de San Francisco de Conchos, Camargo y municipios circunvecinos tengan acceso a detener esta fuga de agua.
Es una barbaridad que no tenga en cuenta el presidente, después de haber visitado Camargo el 16 de junio y estando a casi 40 grados y haber constatado la zona desértica en donde se vive, mandar pagar esta cantidad de agua solamente para quedar bien con el presidente Trump. Esto es una lástima. Y desde aquí no permito que eso suceda... Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su minuto se acabó. Gracias, diputado, diputado Rigss Baeza. Tiene el uso de la palabra el diputado José Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (desde la curul): Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Estos circulan entre humanos y animales.
Lo preocupante es que en ocasiones los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar, trasmitirse a las personas y convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los seres humanos, como sucedió en el síndrome respiratorio agudo severo en Asia, en febrero de 2003, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012.
A efectos de evitar una problemática severa de salud pública, exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales a reforzar campañas informativas para poder disminuir estos riesgos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ambrocio Gachuz. Tiene a palabra la diputada María del Carmen Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María del Carmen Bautista Peláez (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. He pedido la palabra para manifestarme por los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de enero en la comunidad de Santiago Ixtayutla, región de la costa del estado de Oaxaca, a la que pertenezco, en donde sujetos armados atacaron a una familia de escasos recursos.
En el lugar quedaron muertos una mujer de 32 años de edad y sus hijas de 2 años y 7 años de edad, las cuales fueron asesinadas a balazos. Por lo que exhorto al titular de la Fiscalía General del estado de Oaxaca a investigar y esclarecer los hechos, para que este delito no quede impune y aplicar todo el peso de la ley para quien o quienes resulten responsables. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista. Tiene la palabra la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (desde la curul): Buenas tardes y gracias, diputada presidenta. Hago uso de la palabra nuevamente, para solicitar en nombre de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, se otorgue un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de Javier Riojas Rodríguez, padre de nuestra compañera diputada Lucía Riojas, y manifestar el acompañamiento a ella y a toda su familia.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se obsequia la petición realizada por la diputada, y solicito a la asamblea guardar un minuto de silencio en su memoria.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias. Pido a la Secretaría dar cuenta con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el cual se adicionan los artículos 6 y 10 Bis y se reforma el artículo 6 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
2. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
4. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
5. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 58 del Código Civil Federal y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
6. De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
7. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 23 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
8. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205 Bis y se adiciona un artículo 209 Bis-1 al Código Penal Federal.
Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:43 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana jueves 6 de febrero de 2020, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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