Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 6 de febrero de 2020

Apertura de la sesión

Intervención en lengua originaria del ciudadano Juan Rodríguez Zazueta

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Mesa Directiva, de ciudadano, de diputadas, de diputados, y del Congreso de la Ciudad de México, sobre diversos temas, con su turno

Acuerdo de la Junta relativo a la violencia de género en la UNAM

Posicionamientos

Mónica Almeida López, PRD

Zulma Espinoza Mata, PVEM

Armando González Escoto, PES

Martha Angélica Tagle Martínez, PMC

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, PT

Marco Antonio Adame Castillo, PAN

Ana Lilia Herrera Anzaldo, PRI

Pablo Gómez Álvarez, Morena

Votación del acuerdo

Dictámenes a discusión

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, fundamentación

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Votación en lo general y lo particular

Por el que se reforman y adicionan los artículos 58 del Código Civil Federal, y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamentación

Antonia Natividad Díaz Jiménez

Votación en lo general y en lo particular

Por el que se adiciona una fracción XXX Bis del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, fundamentación

Ximena Puente de la Mora

Votación en lo general y lo particular

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, fundamentación

Votación en lo general y lo particular

Por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, fundamentación

Jorge Alcibíades García Lara

Votación en lo general y lo particular

Por el que se adicionan una fracción V al artículo 6 y un artículo 10 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, fundamentación

Ernesto Vargas Contreras

Votación en lo general y lo particular

Por el que se adiciona una fracción XI al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fundamentación

Nayeli Arlen Fernández Cruz

Votación en lo general y lo particular

Por el que se reforma el artículo 205 Bis y se adiciona un artículo 209 Bis 1 al Código Penal Federal, fundamentación

Verónica Beatriz Juárez Piña

Votación en lo general y lo particular

Comunicados de la Junta, con cambios en comisiones

Incorporación de diputada a grupo parlamentario

Iniciativas

Carlos Iván Ayala Bobadilla, Morena

Hernán Salinas Wolberg, PAN

Irma María Terán Villalobos, PRI

María Teresa Marú Mejía, PT

Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, PMC

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES

Ana Patricia Peralta de la Peña, PVEM y Morena

Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, PRD

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Morena

Josefina Salazar Báez, PAN

Lourdes Erika Sánchez Martínez, PRI

Eulalio Juan Ríos Fararoni, Morena

Nohemí Alemán Hernández, PAN

Manuel Gómez Ventura, Morena

Sandra Paola González Castañeda, Morena

Manuel Huerta Martínez, Morena

Intervenciones de diputadas y de diputados sobre diversos temas

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Diputada presidenta, se informa que existen registrados, previamente, 273 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (11:07 horas): Se abre la sesión.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el marco de la celebración del Año internacional de lenguas indígenas, se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al ciudadano Juan Rodríguez Zazueta, originario de la comunidad Mesa Colorada, municipio Álamos, Sonora, hablante y miembro del pueblo Guarijío. Se ha convertido en vocero traductor e intérprete de su comunidad.

Se ha desempeñado como regidor étnico en el honorable ayuntamiento de Álamos, jefe de albergue, gobernador tradicional y, actualmente, como secretario del ejido Burapaco, con asentamientos en la comunidad de Mesa Colorada, impulsando el desarrollo comunitario de la etnia guarijío. Tiene la palabra el ciudadano Juan Rodríguez Zazueta.

El ciudadano Juan Rodríguez Zazueta: Mi nombre es Juan Rodríguez Zazueta y vengo representando al pueblo guarijío, el cual se localiza en los municipios de Álamos y Quiriego del estado de Sonora.

Quiero compartirles que los términos guarijío o macurawe significan “gente que camina mucho en la sierra”. Lamentablemente, en el año 2015 se registraron 2088 hablantes en nuestra lengua. Hoy en día, esta se encuentra en mediano riesgo de desaparición.

Nosotros sembramos maíz, frijol, calabaza y ajonjolí, aunque el terreno de esta región está lleno de rocas y los suelos no son buenos para el cultivo. También elaboramos arte con madera: arpas y violines. Artesanías con palma: cestos, sombreros, waris, petates y angarias, por ejemplo.

Las mujeres guarijías se dedican a la producción de artesanías de palma, tejidos en servilletas y bordados, entre otras actividades. Portan vestidos tradicionales hechos con sus manos.

Aunque vivimos en estas tierras desde antes de la colonización, se reconoció nuestra existencia hasta la década de 1970, cuando se instaló el Centro Coordinador Indigenista Guarijío, en la comunidad San Bernardo, municipio de Álamos del estado de Sonora. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestras instituciones culturales y nuestra identidad como pueblo guarijío, para lo cual me permito plantear lo siguiente:

Les pedimos que en los tres niveles de gobierno se reconozcan y respeten las decisiones de las autoridades tradicionales, pues son nuestra máxima autoridad, la que emana de nuestras comunidades y nos representa para tomar decisiones. También pedimos el conocimiento a las normas, prácticas e instituciones de las comunidades que integran nuestro pueblo indígena.

Para mejorar los accesos carreteros, la economía y el ejercicio de la autonomía, así como para posibilitar el traslado de enfermos, es urgente contar con infraestructura para el bienestar común, de manera particular solicitamos que se construyan tramos que conecten Álamos y Quiriego, Mesa Colorada y Bavicora, los Estrados y Guajaray, la construcción de la carretera hacia Aguaje del Chino y un puente vehicular que conecta a Mesa Colorada. Este punto lo estamos planteando como un plan integral de comunicación que incluya los tramos carreteros citados, así como transporte público que beneficie a todas las comunidades guarijías.

Sobre la educación, se debe reconocer y respaldar a los maestros empíricos del pueblo guarijío, incluir en todos los niveles educativos la enseñanza de la lengua guarijí a través de maestros comunitarios y generar acciones para garantizar su uso y así evitar su desaparición.

Implementar esquemas que posibiliten la enseñanza del conocimiento tradicional, además, que las instituciones educativas de nivel superior se basen en criterios y sentimientos del pueblo guarijío para que los jóvenes que egresan de ellas aporten a las comunidades, y que existan becas que permitan que los indígenas estudien todos los niveles educativos. De igual forma solicitamos la tecnología que nos permita acceder a internet y contar con servicio de telefonía.

Para mejorar el servicio de salud se debe contar con centros que tengan equipo, medicamentos y personal que hable la lengua indígena o, en su defecto, que se garantice que hay traductores para la atención adecuada y que los enfermeros o enfermeras sean de las mismas comunidades o que cuentan con conocimientos de la cultura para respetar la vida comunitaria. Además, se debe reconocer y fortalecer el uso de las medicinas tradicionales que las comunidades mantienen.

A todo lo anterior se suma la necesidad de proteger nuestro patrimonio como pueblo guarijío, para lo cual urge reconocer y garantizar la propiedad colectiva de las comunidades, como la danza de la tuburi y la danzada del pascola, entre otras. De igual forma, para que el uso, aprovechamiento del territorio, recursos y bienes naturales sea en nuestro beneficio, se requiere que todo producto natural generado a partir de nuestro conocimiento esté protegido en una ley constitucional y sea redituable a nivel colectivo.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia del ciudadano Juan Rodríguez Zazueta, de la etnia guarijío.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Ha solicitado la palabra el diputado Elías Lixa. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. El 23 de octubre del año pasado solicité a la Mesa Directiva tomara todas las medidas necesarias para cambiar los letreros discriminatorios que se tiene hasta ahora en todos nuestros estacionamientos.

Aprovechando que ya se realizaron algunas remodelaciones innecesarias que hacen, incluso, más árida esta Cámara, creo que valdría la pena que se tome en cuenta que tenemos todavía letreros que mantienen un lenguaje discriminatorio para personas con discapacidad, y solicito se cambien de inmediato. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias por su observación, lo comentaremos al seno de la Mesa Directiva. Muchas gracias.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, diputado Víctor Varela, ¿con qué objeto solicita la palabra? Pido micrófono.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Sí, para solicitar que por su conducto gire las instrucciones para que se desaloje la ciclovía que está a un costado de este edificio sobre Congreso de la Unión, ya que los autos de diputados y trabajadores la obstruyen, por favor.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Varela. También platicaremos al respecto en la Mesa Directiva.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Javier Hidalgo. Micrófono en la curul del diputado Hidalgo.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Aprovechando el mismo tema, presidenta. El día de ayer presentamos un exhorto para que esta Cámara pueda ser más amable con las personas que llegamos caminando o en transporte público o en bicicleta, parece diseñada solo exclusivamente para arribar en automóvil y la mayoría de quienes aquí trabajamos o visitamos, no venimos en carro. Entonces reiterar el exhorto, sumándome a lo que anteriormente comentaron los diputados que aquí expresaron su opinión. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias a ustedes.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al tema de comunicaciones.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: La Mesa Directiva comunica que se recibió de...

El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momentito, diputada secretaria, un segundito. El diputado Carlos Ayala, solicita la palabra. ¿Con qué objeto?

El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (desde la curul): Con el objeto, compañera presidenta, de hacer un llamado al gobernador del estado de Sinaloa, ya que en el valle del Carrizo hay un grupo de productores agrícolas que entregaron sus cosechas desde mayo del año pasado a un empresario comercializador y a la fecha no se les han pagado.

Ya interpusieron una demanda y no han sido escuchados, la demanda no progresa. Y en este momento está llegando la fuerza pública a las instalaciones con maquinaria pesada para retirarlos de ahí y sacar el grano de las bodegas. Hay una alta posibilidad de que exista violencia en este momento en este punto de nuestra geografía sinaloense.

Le hacemos un llamado al gobernador del estado para que intervenga de inmediato, para que pare la violencia que se puede desatar en este momento y que los productores sean atendidos y, por justicia, se les paguen sus cosechas. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Hacemos un llamado para que todos los diputados y diputadas que tengan temas diversos lo hagamos al final del orden del día aprobado. Este tema de Sinaloa inmediatamente lo pasamos a la Mesa Directiva, diputado. Continúe la diputada secretaria.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Sí, diputada presidenta. La Mesa Directiva comunica que se recibió de la Comisión Permanente solicitud del senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, aprobada por el Senado de la República el 3 de abril de 2018. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Salud, para su conocimiento. Pido a la Secretaría dar cuenta con la recepción de una iniciativa ciudadana.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Se informa a la asamblea que se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, que remite el ciudadano Óscar Armando Monroy Hermosillo, en representación del Movimiento Agua para Todos y Todas.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Con fundamento en el artículo 132, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remítase al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que este verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley. Continúe.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Se recibieron oficios de los diputados César Agustín Hernández Pérez, Mario Ismael Moreno Gil, María Chávez Pérez, Delfino López Aparicio, Martha Romo Cuéllar, Mónica Almeida López, Frida Alejandra Esparza Márquez, Carolina García Aguilar y Marco Antonio Adame Castillo, por los que solicitan el retiro de iniciativas, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tiene por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Se recibieron del Congreso de la Ciudad de México las siguientes iniciativas:

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política.

Acuerdo

Primero. La H Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su preocupación por la suspensión de actividades en algunas instalaciones y planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segundo. Las diputadas y los diputados federales expresan su rechazo a toda forma de violencia y hacen votos para que se restablezcan pronto las actividades en los planteles, escuelas, institutos, centros y demás instalaciones que al momento se encuentran en suspensión de actividades.

Tercero. La H Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia porque la comunidad universitaria y sus autoridades mantengan en todo momento la disposición al diálogo constructivo, inclusivo y abierto que permita atender las denuncias y demandas legítimas de las y los jóvenes estudiantes sobre prestación adecuada de servicios, garantizar la seguridad a la comunidad y el cese de la violencia de género, y que el diálogo sea, al mismo tiempo, el instrumento esencial para normalizar las actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, patrimonio de las mexicanas y los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero del 2020. Firmando los coordinadores de las bancadas de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se informa a la asamblea que la discusión y votación de este acuerdo se llevará a cabo de conformidad con lo que establece el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En tal virtud, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Almeida López, del PRD.

La diputada Mónica Almeida López: Buenos días, compañeros diputados. Desde el 4 de noviembre pasado, la Universidad Nacional ha sufrido una expresión más de la violencia que cotidianamente afecta hoy a los mexicanos.

Hasta el día de ayer sumaban 11 escuelas en paro, cuya demanda original se centraba en la erradicación de la violencia de género, promovida por las estudiantes y las profesoras. Desgraciadamente otros grupos han utilizado esta legítima demanda para generar caos, agrediendo a las y los estudiantes y al profesorado, provocando la confrontación directa y amedrentando a quienes pretenden seguir con sus labores.

El Grupo Parlamentario del PRD expresa su más amplio rechazo a las expresiones que buscan, a través de la violencia, generar descontrol y desconcierto en una comunidad que se ha caracterizado por situarse a la vanguardia de la sociedad con prácticas democráticas, y cuyo reconocimiento y respeto a la otredad genera espacios de intercambio constructivo que, en una relación dialéctica con la sociedad, expresa las más altas aspiraciones de nuestro país.

No obstante, es importante reconocer tal y como lo han hecho las autoridades universitarias que, como reflejo de esta problemática en la sociedad, la Universidad Nacional ha presentado incrementos preocupantes en materia de violencia de género. Sólo por dar dos datos: hasta el mes de diciembre habían sido presentadas mil 195 quejas por acoso sexual, y el día de hoy serán presentadas ante la Fiscalía General de la Ciudad de México 17 denuncias por violencia sexual digital, por actos cometidos en contra de universitarias. Lo cual, compañeros diputados y diputadas, no es un dato menor.

Debemos, desde nuestras atribuciones, reconocer esta problemática para encontrar las soluciones que nos permitan superarla. Debemos establecer las condiciones para que las y los universitarios de todas las instituciones de educación superior puedan acceder a una vida libre de violencia en todos los ámbitos de su vida. Y esa, diputadas y diputados, es tarea de todos. Proteger a la Universidad es proteger el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Zulma Espinoza Mata, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Zulma Espinoza Mata: Buen día, compañeras y compañeros diputados. Uno de los temas prioritarios que ha marcado la agenda legislativa de mi partido, y en general la de la presente administración, es la consolidación de la política de seguridad que brinde certeza a la ciudadanía de que no existirá tolerancia alguna contra los actos de violencia que atenten contra las personas, especialmente tratándose de mujeres, como uno de los principales blancos de dicha violencia en las últimas décadas.

La situación se agrava cuando hacemos el recuento de los planteles de la UNAM que se suman a las denuncias de este tipo de hechos. Hasta el día de hoy se sabe son 15 planteles que se encuentran con suspensión de actividades debido a la toma de instalaciones por parte de quienes se ostentan como alumnos que exigen la atención inmediata de la problemática.

Han pasado tres meses desde que el primer plantel fue tomado como protesta y demanda de justicia, y lo que más nos preocupa es que un reclamo genuino se distorsione con actos oscuros de personas que buscan desestabilizar la tranquilidad en la máxima casa de estudios.

Es alarmante que la problemática tan grave que desafortunadamente no solo ocurre en la UNAM, se diluya ante las acciones de grupos anarquistas cuyo interés es generar desequilibrio en una de las universidades más importantes a nivel mundial.

Resulta necesario tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Se requiere clarificar los alcances de la autonomía universitaria que muchas veces se malinterpreta, dando cabida a la comisión de delitos en completa impunidad.

La UNAM debe dejar de percibirse como una especie de isla en donde su autonomía académica no debe ser el impedimento para que el Estado garantice la seguridad de maestros y alumnos, pues no se trata de usar la fuerza, se trata de aplicar la ley.

En este sentido, reprochamos severamente los actos de violencia en contra de las alumnas en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos sumamos a la exigencia de que se investigue y se castigue a quienes resulten responsables, pero sobre todo llamamos a la solución pacífica a través del diálogo permanente y respetuoso que garantice justicia y el regreso inmediato de los estudiantes a las aulas.

Estamos convencidos de que la violencia nunca será la vía para que las demandas sociales sean atendidas, que la situación que acontece en la UNAM sirva para que se definan y ejecuten acciones que pongan un alto definitivo a los delitos en esta institución y de manera general en nuestro país.

Enteramente sensibilizados quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, anunciamos nuestro respaldo al presente pronunciamiento, con miras a la inmediata solución, garantizando siempre los derechos de las y los estudiantes. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Armando González Escoto, del PES, hasta por tres minutos.

El diputado Armando González Escoto: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Armando González Escoto: Diputadas y diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los más importantes pilares del conocimiento, de la cultura y de la educación en nuestro país.

Representa la UNAM, por muchas razones, el lugar donde se aposenta el espíritu de la nación, congrega inteligencia y acumulación histórica y ahí se producen todos los días ideas de varios linajes y por ser la principal institución de educación pública de nivel medio, medio superior, superior y de posgrado, es también ahí donde se agita el lenguaje en sus debates y se dinamiza la conciencia de nuestro tiempo. Su papel es determinante y por ello no debe, bajo ningún motivo, detener sus trabajos a expensas de quienes han inmovilizado la trayectoria de esta noble institución.

Tenemos el deber de apoyar a la UNAM, porque es patrimonio de la nación y porque las instituciones que se fortalecen a través del diálogo debemos velar por su autonomía y sin quebrantar la ley, hacer cumplir la ley. Hay que restituir el orden sin demora y permitir que la educación sea el igualador social que nos define.

Hacemos, por tanto, desde aquí, un exhorto respetuoso y contundente, a todas las fuerzas involucradas, a la mesura y a que el diálogo integral e inclusivo sea un instrumento inobjetable para encontrar certezas con un lenguaje basado en la verdad y en la realidad de la propia Universidad Nacional. Ningún conflicto es irresoluble, por complejo que este sea.

En el Grupo Parlamentario del PES sabemos que la Universidad se debe a las demandas sociales e históricas con las que la UNAM trabaja.

Por ello, solicitamos la sensibilidad de todos para que el conflicto que se encuentra en la UNAM sea resuelto inmediatamente y sin violencia, sin vacilaciones, con los elementos jurídicos que respalden la legitimidad del orden que esperamos.

A la comunidad universitaria, les decimos que cuentan con nuestro apoyo y con nuestro respaldo. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Martha Tagle Martínez: La Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, tiene una importancia central para nuestro país. No solo es la Universidad más grande de América latina, sino que tiene registrados más de 356 mil alumnas y alumnos, más de 40 mil académicos y cada año egresan de sus aulas 25 mil profesionistas titulados.

La autonomía de la Universidad representa un elemento muy valioso para cumplir con los compromisos que tiene con la sociedad, pues así le es posible accionar, sin verse obligada, a atender intereses ajenos a su misión, blindada en buena medida ante presiones partidistas, de gobierno y de facciones.

Y lo quiero recalcar: la responsabilidad de que la autonomía de la Universidad siga jugando un papel central, no solamente es responsabilidad de los universitarios y de la comunidad, también nosotros, los legisladores, jugamos un papel central para que la Universidad Nacional Autónoma de México siga jugando un papel central en nuestro país.

Hoy más que nunca se requiere una Universidad abierta a generar ideas y proponer soluciones, en colaboración con instancias sociales y gubernamentales, en una conjunción provechosa que sume el conocimiento académico a la inteligencia social e institucional, en aras de trabajar para resolver los principales problemas nacionales.

Por ello, es que en Movimiento Ciudadano creemos que la Universidad cuenta con todo lo necesario para atender y presentar soluciones a los principales problemas de México y por supuesto, entre ellos, a la inseguridad y a la violencia de género.

La violencia de género contra las mujeres es un problema presente en todos los espacios públicos y privados, y la UNAM no es ajena a ello.

Por eso hacemos un llamado a las autoridades universitarias a continuar con el diálogo y, sobre todo, a encontrar junto con la comunidad universitaria soluciones de fondo para atender las demandas legítimas de la comunidad universitaria, que están demandando un cese a la violencia de género y están exigiendo condiciones de seguridad.

Pero también, desde Movimiento Ciudadano, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas en este país, para que, en el ánimo de construir junto con la Universidad, se siga respetando la autonomía universitaria, que es lo que hace fuerte y grande a esta Universidad. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, el documento que la Junta de Coordinación Política pone a nuestra consideración, es un documento que vamos a aprobar, la fracción del PT votará en favor.

Es un documento muy cuidado, es un documento prudente. Pero me parece que en la tribuna no se debe dejar de señalar que los jóvenes universitarios tienen razón en su reclamo.

Es un listado de 23 demandas, más menos, pero las dos más importantes son acusaciones de acoso sexual contra profesores, que desde hace mucho tiempo vienen siendo denunciados por este hecho y que se mantienen impunes, y profesores y directivos que han incurrido en actos de corrupción.

Realmente no es común que la comunidad universitaria tome una bandera tan fuerte, tan difícil de sostener por las represalias que regularmente existen y me parece que quedarnos en el exhorto sería insuficiente.

Desde esta tribuna yo le pido, le exijo al rector de la UNAM, a que encabece él personalmente un diálogo público con la comunidad universitaria en la revisión de las denuncias que están realizando y que se comprometa a realizar las sanciones correspondientes.

No quieren tocar a los maestros señalados con serias acusaciones de acoso sexual. De nada sirve que aquí estemos planteando que debe detenerse la violencia contra las mujeres, de nada sirve que hagamos discursos encendidos sobre el tema, si en los hechos puntuales se sigue manteniendo la impunidad, el cobijo, la red de complicidad desde las autoridades.

Efectivamente la UNAM, como máxima casa de estudios está obligada a enseñar con el ejemplo, y las denuncias gravísimas de acoso sexual y de corrupción deben ser castigadas.

El rector –reitero– debe encabezar ese diálogo personalmente y debe ser público, transmitido a través de las redes sociales para que la comunidad universitaria pueda tener un espacio absolutamente confiable para sostener sus denuncias, para demostrar sus acusaciones y para que obtengan justicia en sus reclamos.

No habrá solución a este problema. Qué casualidad –con los pocos segundos que me quedan, termino– que apenas se le pone luz al asunto y otra vez vuelven a aparecer enmascarados generando violencia. Las demandas de la comunidad universitaria son justas y deben atenderse.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del PAN.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputadas, diputados, los legisladores de Acción Nacional reiteramos nuestro respaldo absoluto a la UNAM, repudiamos la violencia como método de lucha y exigimos el respeto irrestricto a la autonomía universitaria.

Como mexicanos y legisladores, sabemos bien del valor y la importancia de la Universidad. La máxima casa de estudios del país, y cada una de nuestras universidades, son un patrimonio público que debemos proteger para que cumpla con su misión de búsqueda de la verdad y el conocimiento y la formación de las nuevas generaciones.

Por ello, vemos con preocupación los hechos violentos que se han suscitado en la Universidad, promovidos por agitadores embozados, al amparo de demandas legítimas de los universitarios: exigir seguridad, la erradicación de la violencia de género y mejores condiciones para las actividades académicas en la Universidad es una demanda que respaldamos.

Por ello, exigimos sea atendida de la mejor manera por las autoridades universitarias. Pero cuidado, ampararse en esas demandas y utilizarlas para justificar acciones de violencia por agentes desestabilizadores no identificados es inaceptable.

Los legisladores del PAN hacemos un llamado a las autoridades federales y universitarias, para que se investigue el origen y a los responsables de estos actos vandálicos.

El presidente de la República ha dicho en una de sus conferencias que ve mano negra en estos actos. ¿Qué quiere decir con esto el jefe del Estado mexicano? El presidente está obligado a ordenar una investigación que proteja a la Universidad de cualquier atentado contra la seguridad de los universitarios o contra la autonomía universitaria. No hacerlo es incurrir en omisión y exponer a la Universidad y al país a una crisis social.

No es desconocido que en distintos países la agitación en contra de las universidades ha sido la punta de lanza para la inestabilidad social. La Universidad, además de su valor en sí mismo como centro de pensamiento y faro de cultura, es factor para la seguridad y la gobernabilidad.

Así que, compañeras y compañeros, si hay mano negra, morena o güera, esta debe salir de la Universidad. Manos fuera de la Universidad y que las autoridades universitarias sean respaldadas para que cumplan con su misión y garantizar en la UNAM y en el país que por mi raza hablará el espíritu. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. La situación que vive hoy mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México merece la atención de esta soberanía, pero sobre todo de la sociedad y de las autoridades.

Si bien las demandas planteadas por la comunidad universitaria, de diversas preparatorias, colegios de ciencias y humanidades y facultades son más que pertinentes, justificadas y atendibles, no puede ser a través de la violencia como se solucionen estos problemas. Reprobamos los actos de vandalismo y de daño al patrimonio histórico de la UNAM, que no es solo de la UNAM, es de toda la sociedad mexicana.

La violencia no debe ser el medio para lograr la solución de nuestros problemas. Nos solidarizamos con las y los estudiantes que sufren acoso en las instituciones universitarias y hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que impulsen medidas contundentes para erradicar el acoso en las instalaciones de la casa del conocimiento.

El Grupo Parlamentario del PRI condena los hechos perpetrados en diversas instalaciones de la UNAM. La libertad de expresión y de manifestación siempre deben ejercerse dentro del marco legal y respetando los derechos de terceros.

Las diputadas y los diputados del PRI estamos a favor de la pluralidad y la libre expresión de las ideas, siempre la defenderemos. Sin embargo, estamos convencidos de que el diálogo y no la imposición debe ser el mecanismo que guíe las negociaciones y resuelva los conflictos entre las partes.

Rechazamos enérgicamente la intromisión de grupos que sean ajenos a nuestra institución educativa, así como de grupos de choque que se aprovechen de la coyuntura estudiantil para obtener beneficios propios y sin fundamento.

La violencia de género no es un problema de la UNAM, es un problema generalizado en la sociedad mexicana, en diferentes instituciones públicas y privadas del país, por lo que es un asunto cuya solución requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y de las autoridades mexicanas.

La UNAM es un referente de nuestra historia como nación y un espacio promotor del conocimiento, la enseñanza, la pluralidad y la libertad de expresión al servicio y en beneficio de México. Esperamos que el diálogo prevalezca en beneficio de la comunidad estudiantil, para atender de manera integral las denuncias sobre violencia de género y acoso sexual.

Queremos ser muy claros, la violencia, la toma de instalaciones y actos vandálicos no es la solución a una problemática que atenta contra la libertad, la dignidad e incluso la vida de los estudiantes, en particular de las mujeres, quienes ven violados sus derechos humanos. No toleremos la violencia hacia las mujeres en las universidades, pero no lo hagamos en ningún otro espacio de nuestra sociedad.

Apoyamos las peticiones legítimas de los grupos de estudiantes feministas que defienden los derechos de las mujeres, y la eliminación de la violencia y el acoso en esta máxima casa de estudios. Nuestra juventud, compañeras y compañeros, requiere condiciones reales para acceder a su derecho a la educación, hacerlo con tranquilidad, hacerlo con libertad. Y quisiéramos por último recordar que la violencia de género...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido, diputada.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Concluyo, presidenta. La violencia de género no se va a erradicar con paros, con amenazas ni con marchas, se va a erradicar con esfuerzos institucionales de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes para prevenir y para acabar con la impunidad. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos diputados, se analiza hoy un llamamiento al diálogo entre universitarios para encontrar una solución justa al verdadero problema, que es la violencia de género en la institución.

El acoso, el hostigamiento y otras formas mucho peores de violencia de género en la UNAM son algo que ha existido durante mucho tiempo y que desgraciadamente se normalizó. Se hizo algo de la vida cotidiana de la institución. No es la única que padece este problema, pero en este momento estamos hablando de esa institución.

Las respuestas de las autoridades han sido en su mayor parte omisiones, porque los directores de las escuelas y facultades, que son las autoridades que deben investigar y sancionar esas conductas, de acuerdo con la legislación universitaria, sin menoscabo de aquellas denuncias al Ministerio Público que deben hacerse por parte de las víctimas con el auxilio de la propia autoridad universitaria, esos directores no quieren, no quieren funcionar como autoridades.

Por los motivos que sean, el asunto ha caído en un enorme vacío. La universidad sufre un vacío. Los actos de violencia que hubo hace un par de días en la universidad ocurren con cierta frecuencia, no solamente ahí sino también en el centro de la ciudad. Pero no son el problema, no son el problema. El problema es la violencia de género que hay en la universidad. Y llamamos a las autoridades a dar las respuestas correctas desde el punto de vista del contenido y de la forma. Porque ha habido muchas promesas incumplidas.

La universidad tiene paralizada una parte de sus planteles, lo lamentamos. Pero más lamentamos que no haya el entendimiento universitario y democrático que corresponde a esa casa de estudios. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se encuentra suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.

(Votación)

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Si son tan amables, compañeros, se encuentra abierto el sistema. Señores y señoras diputadas, se encuentra abierto el sistema. Si falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 396 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se informa a la asamblea que los siguientes dictámenes serán discutidos con fundamento en el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de esta Cámara, mediante la fundamentación del dictamen por parte de la comisión y fijación de postura por parte del promovente, ambos hasta por cinco minutos. Acto seguido, se realizará la votación nominal abriendo el sistema electrónico de votación por tres minutos.

Se informa a la asamblea que a partir de este dictamen se registrarán votaciones sucesivas, por lo que se invita a las y los diputados estar atentos y permanecer en el salón de sesiones. Una vez cerrado el sistema no se recogerán votos de viva voz.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Benito Medina Herrera, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

El diputado Benito Medina Herrera: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Benito Medina Herrera: Honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que pongo a su consideración tiene el objetivo de incluir en los artículos 4, 6 y 11 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el concepto de respeto a los derechos humanos y la interculturalidad en la educación militar.

Esta reforma tiene origen en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la educación y que además esta será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social, la cual incluye la educación que se imparte en los planteles militares de nuestro país.

El sistema educativo militar representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, se busca cubrir las necesidades que tienen el Ejército y Fuerza Aérea para desarrollar conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior, de capacitación, actualización, aplicación y de perfeccionamiento.

La educación militar tiene como finalidad formar militares para la práctica y el ejercicio del mando y la realización de actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación para el Ejército y Fuerza Aéreas mexicanos, inculcándoles el amor a la patria, la lealtad institucional, la honestidad, la conciencia de servicio y superación, y la responsabilidad de difundir a las nuevas generaciones los valores y conocimientos recibidos.

Con esta reforma se busca incluir en la finalidad de la educación militar, el respeto a los derechos humanos y el criterio intercultural en la educación. De la misma forma, se busca que sean interculturales y de derechos humanos las finalidades que tiene la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Y finalmente, con esta propuesta se reforma que se incluya en los objetivos del sistema educativo militar el respeto a los derechos humanos y el criterio intercultural, para elevar el nivel cultural y académico de los recursos humanos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.

Es por lo anterior que la Comisión de Defensa Nacional pone a su consideración el presente dictamen, con el objetivo de abonar a la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, y reafirmar los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional de trabajar e inculcar esos valores en la educación militar y, en general, en sus propias atribuciones. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Compañeras y compañeros diputados, nos convoca hoy, en esta tribuna, el resultado parlamentario que da vida a un proceso de modificación para incluir en la legislación de educación militar el criterio intercultural como producto del esfuerzo legislativo que nos tomó para aprobar la reforma educativa.

El artículo 3o. constitucional señala que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Además, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios.

Incluye el criterio intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social.

Como sabemos, la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene por objeto el regular la educación que imparte la Secretaría de la Defensa Nacional orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y el arte militar, así como otras afines a las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicable en igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

En su artículo 4o. destaca que la educación militar tiene como finalidad formar militares para la práctica y el ejercicio de mando y la realización de actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, inculcándoles el amor a la patria, la lealtad institucional, la honestidad, la consciencia de servicio y superación y la responsabilidad de difundir a las nuevas generaciones los valores y conocimientos recibidos.

Es decir, recoge algunos aspectos que ya señala el artículo 3o. constitucional sobre las características de la educación que imparte el Estado, como se puede identificar.

Es justamente en este artículo junto con el referente a las finalidades de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en donde deben considerarse dos aspectos fundamentales, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva intercultural.

Pero, ¿cómo se debe entender la interculturalidad? La interculturalidad es un modelo de política inclusiva que busca asegurar la igualdad en sociedades como la nuestra, que es culturalmente diversa, fomenta la mezcla de interacción entre personas de diferentes orígenes, culturas y creencias, para construir una identidad colectiva que abarque el pluralismo cultural, los derechos humanos, la democracia, la igualdad de género y la no discriminación.

La interculturalidad no puede interpretarse como un cliché en boga ni tampoco se circunscribe al ámbito indígena solamente. Se trata entonces de un concepto que deriva en el reconocimiento de los derechos humanos que les son inherentes con acciones afirmativas y la eliminación de cualquier forma de discriminación para propiciar un auténtico desarrollo en todos sus ámbitos, que enaltezca el mosaico culturalmente diverso de nuestra nación por distintos motivos.

Hay que destacar que la iniciativa sobre la que se basa este dictamen, tuvo el acompañamiento del sector académico, así como de organismos internacionales como el programa Ciudades Interculturales del Consejo de Europa, institución de la cual estoy honrada en participar como representante de esta Cámara de Diputados.

En síntesis, la interculturalidad se trata del respeto y el diálogo entre iguales, como primera premisa, que trasciende la simple coexistencia y la tan trillada y rebasada tolerancia para lograr una convivencia y reconocimiento bajo el manto de la democracia y el desarrollo que enriquecen los valores de las personas y su entorno.

Con la inclusión de la interculturalidad en la legislación, queremos pasar del discurso al hecho, demostrar cómo las estrategias de inclusión intercultural fortalecen el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Instituciones y gobiernos con conocimientos interculturales sólidos tienen mayor bienestar local, generan una mayor confianza en la administración pública, así como un sentimiento de seguridad y eficiencia en los programas y servicios públicos.

En consecuencia, me permito solicitar su voto a favor de este dictamen para incorporar el criterio de interculturalidad y derechos humanos en la educación militar.

Agradezco al diputado presidente de la Comisión de Defensa Nacional, general Benito Medina Herrera, su acompañamiento en este tema. Esperando su voto a favor, les agradezco su atención. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En tanto se da la votación, queremos brindar un saludo a un grupo de alumnos de la Escuela Libre de Derecho del estado de Puebla, que han venido y se encuentran aquí, en esta honorable Cámara de Diputados, a invitación de la diputada Lucero Saldaña Pérez. Sean bienvenidos. Gracias.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Está por cerrarse el sistema electrónico de votación. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? De viva voz, si gusta.

El diputado Héctor Yunes Landa (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: El diputado Héctor Yunes, a favor. Ciérrese el sistema de votación. Señora presidenta, se emitieron 401 votos a favor, 0 abstenciones y un voto en contra.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 401 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación Militar, del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 58 del Código Civil Federal, y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Presentación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal.

Honorable asamblea, en 1980 se suscribió la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, instrumento que en su artículo 5o. establece la obligación estatal de modificar patrones socioculturales para eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.

Asimismo, en el artículo 16 se establece que los Estados parte deben adoptar medidas para eliminar la discriminación en contra de la mujer y reconocer los mismos derechos y responsabilidades como progenitores y los mismos también derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir el apellido.

Sin embargo, el orden de prelación en la legislación civil contraviene este derecho a la igualdad de género, por lo que la diputada Natividad Díaz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, promovió la iniciativa de dar mérito a fin de generar igualdad y evitar la discriminación en contra de las mujeres mexicanas, toda vez que es indispensable evitar reproducir roles y estereotipos de género que motiven la exclusión.

La Comisión de Justicia que preside la diputada Pilar Ortega Martínez, coincide con la importancia de lo que significa en la práctica asentar primero el apellido paterno estableciendo una prioridad jurídica para la preservación de los apellidos del varón.

De acuerdo con las estadísticas de natalidad de 2018, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de México, ocurrieron más de 2 millones de nacimientos, es un número aproximado de nuevas personas registradas cada año en nuestro país, y quienes están en aptitud de reproducir involuntariamente ese esquema de discriminación.

En este dictamen se proponen disposiciones, acorde con lo establecido en la Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Recordemos que el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona al nombre propio y a los apellidos de sus padres, sin establecer ninguna distinción acerca del orden de prelación.

Lo mismo acontece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños.

Cabe mencionar que en la jurisprudencia no existen elementos objetivos que respalden esta costumbre de asentar el primer lugar el apellido paterno. No obstante, se trata de una práctica común. La anteposición del apellido al de una mujer es inconstitucional, toda vez que retira el prejuicio y discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar, motivo por el cual la Corte estableció que el orden de los apellidos debe pactarse en común acuerdo entre los progenitores.

En tal virtud, las y los integrantes de la Comisión de Justicia proponen una reforma integral al artículo 58 del Código Civil federal y la correlativa en el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para armonizar con ello todas las disposiciones relacionadas con el orden de los apellidos, en conformidad con el acuerdo de los progenitores y, en caso de no haberlo, como determine el oficial del Registro Civil.

Asimismo, se propone que el orden convenido se considere para los demás hijos del vínculo, y que estas disposiciones también serán aplicables a los hijos fuera del matrimonio.

Finalmente se prevé que los Congresos locales armonicen la legislación civil con este decreto en un plazo de 120 días a partir de su publicación.

Por lo antes expuesto les solicitamos, compañeras y compañeros legisladores, su voto a favor para este dictamen que hoy nos ocupa. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Natividad Díaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez: Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez: El pasado 30 de abril de 2019 presenté ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, en el sentido de establecer que los progenitores determinen en común acuerdo el orden de los apellidos del hijo presentado para su registro y, a falta de acuerdo, lo determine el juez y oficial del Registro Civil.

De igual forma, la Comisión de Justicia aprobó la iniciativa y añadió adecuaciones en las que se propone que en el decreto se incluya la reforma al párrafo cuarto del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que los Congresos locales cuenten con un plazo de 120 días para armonizar su legislación civil.

Se trata de una reforma que promueve acciones tendientes a generar igualdad. La paridad de género es un tema que ha venido tomando gran relevancia en el país. La igualdad entre el hombre y la mujer es fundamental para el adecuado desarrollo de la sociedad, por lo que es indispensable evitar la exclusión y la discriminación.

Como bien lo menciona el dictamen de la Comisión de Justicia, el Poder Judicial de la Federación ha declarado la inconstitucionalidad del similar artículo 58 del Código Civil del entonces Distrito Federal, pues privilegiar el apellido paterno del hombre sobre el apellido de la mujer refuerza prácticas discriminatorias. Lo correcto e igualitario es que los padres puedan elegir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos.

Asistimos, pues, a una necesaria reforma al Código Civil federal. Las nuevas disposiciones brindarán a todas las mujeres y hombres mexicanos el derecho de decidir de común acuerdo con su pareja o cónyuge, el orden de los apellidos de sus hijos.

México ha suscrito tratados internacionales que obligan a respetar los derechos y libertades. A nivel internacional el 17 de julio de 1980 suscribió la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, el cual ha sido un instrumento importante que se estableció que los Estados deben adoptar medidas para eliminar discriminación en asuntos relacionados con el matrimonio y reconocer los mismos derechos y responsabilidades a los dos progenitores.

Nuestra Constitución Política federal ya establece la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, prohibe todo tipo de discriminación en el artículo 1o. y 4o., que refieren a la negación de la discriminación motivada por género, así como la igualdad jurídica entre el hombre, la mujer y el derecho a la identidad.

Así, la redacción actual del artículo 58 de Código Civil federal contraviene el contenido de las normas internacionales, desconoce el principio de igualdad y reproduce una limitación al derecho de la mujer a determinar con su pareja el orden de la prelación de los apellidos.

Para remediar esa situación es necesario que el pleno de esta Cámara de Diputados apruebe dicha reforma. El análisis de todas las normas a la luz de su impacto en la igualdad jurídica de hombres y mujeres es una tarea permanente del Poder Legislativo.

El día de hoy esta asamblea estará cumpliendo con uno de los deberes más importantes para las mujeres y hombres mexicanos, que es garantizar en el Código Civil la igualdad jurídica, consagrada en nuestra Constitución. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputados. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 386 votos a favor, 4 abstenciones y 14 votos en contra.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 386 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 58 del Código Civil Federal y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX Bis del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Luis Montalvo Luna, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

El diputado José Luis Montalvo Luna: Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción quiero felicitar a la diputada Ximena Puente, por esta iniciativa que sin duda coadyuvará a visibilizar la situación de violencia que se presenta en las instituciones que son sujetos obligados de transparentar información pública.

Erradicar la violencia de género es uno de los grandes pendientes que aún persisten en nuestro país y en el que debemos trabajar hasta lograr su erradicación.

Cifras del diagnóstico de hostigamiento sexual y acoso sexual de la administración pública federal 2015-2018, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentó 399 casos de hostigamiento sexual y abuso sexual en instituciones de la administración pública federal contra 402 víctimas, ocurridos entre enero de 2016 y septiembre de 2018.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, en todos estos casos queda de manifiesto las relaciones desiguales de poder y el estado de indefensión de las víctimas, en virtud de que solo el 1 por ciento de los casos es sancionado el agresor.

Ante esta situación, los legisladores no podemos ser omisos ni indiferentes. Es por ello que reconozco el trabajo de mis compañeros de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, quienes coadyuvaron a enriquecer esta iniciativa que originalmente estaba enfocada a llevar un registro estadístico de la violencia en las universidades, que es sin duda un conflicto que es preciso atender y que es una exigencia legítima y su falta de atención oportuna, hoy tiene en una grave crisis a nuestra máxima casa de estudios.

Expreso mi solidaridad con la comunidad universitaria, y hago un llamado a que a través del diálogo encuentren una salida y una solución que contribuya a combatir toda forma de violencia en nuestra amada universidad.

Precisamente y reconociendo la gravedad de la violencia de género en las instituciones públicas, es que los integrantes de la Comisión de Transparencia comprendimos que no solo las universidades, sino todas las instituciones sujetas obligadas a transparentar su información pública, tuvieran que presentar dicha información.

Estamos convencidos que la transparencia es el elemento transversal que hace posible una efectiva y real rendición de cuentas de las instituciones del Estado.

En ello radica la importancia del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, en virtud de que busca establecer que los sujetos obligados de transparentar información pública documenten la información estadística sobre los registros de violencia de género, así como el seguimiento que se le den a estos actos.

Contando con esta información no solo se podrán crear y, en su caso, fortalecer las políticas y protocolos para prevenir y combatir estas conductas, sino lo que es más importante, se sientan las bases institucionales para combatir frontalmente la impunidad que ha prevalecido ante estas conductas.

Compañeras y compañeros, en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sumamos nuestro compromiso por impulsar los cambios institucionales y legales que permitan una mayor transparencia.

En este sentido no podemos ser omisos ante una exigencia legítima para generar días institucionales que abonen a la consolidación de la equidad de género para que esta, lejos de ser un ideal, sea una realidad.

Al transparentar la información en materia de violencia de género al interior de las instituciones, damos un paso en las recomendaciones internacionales para adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia, pero sobre todo contamos con información para acabar con la impunidad.

Desde esta tribuna les hago un llamado para que votemos a favor del presente dictamen por el que se adiciona la fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y reiteramos nuestra gratitud a la perseverancia y al trabajo de la compañera diputada Ximena. Enhorabuena.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Damos la bienvenida y saludamos a visitantes del Centro de Salud Mental, Cecosam, invitados por el diputado Armando González Escoto, sean bienvenidos.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Honorables integrantes del pleno. “Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa”. Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU.

La violencia es un fenómeno que no hace distinción de sexos, condición socioeconómica o expresiones culturales. Es indispensable erradicar la violencia contra las mujeres. Proveer a las mujeres de un ambiente libre de violencia debe ser prioridad de todas y de todos, sin distinción de ideologías partidistas ni niveles de gobierno.

Refrendo mi compromiso absoluto con la igualdad de género. Reconozco a todas y todos los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a su presidente Óscar González Yáñez, en donde ha primado el compromiso del derecho de acceso a la información, más allá de colores o de partidos y también las observaciones para enriquecer esta iniciativa.

Quiero agradecer el respaldo de mi fracción parlamentaria, el PRI, especialmente a nuestro coordinador Rene Juárez Cisneros, en donde la construcción de una agenda de género es prioridad permanente.

Para garantizar el derecho a la dignidad humana y lograr que la igualdad sustantiva deje de ser una aspiración y se convierta en una vocación, es necesario erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, cuyas recomendaciones 19 y 35 establecen los lineamientos que razonan la importancia de la atención del combate a la violencia de género, especialmente en el ámbito laboral y en el sector público.

Por su parte, el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en donde los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer, pero también que deben tomar medidas adecuadas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia de manera transversal y vertical. Es decir, con todos los Poderes públicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tanto a nivel federal, estatal o local.

A este respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, señala que el 66.1 por ciento de mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, el 49 por ciento, sexual; 41.3 por ciento, física; 34 por ciento, y económica,  29 por ciento a lo largo de su vida.

Por su parte, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en 2019 64 mil 457 mujeres víctimas de lesiones dolosas. Como mexicanas y mexicanos, conocer toda forma de violencia en información estadística en esta materia permitirá dimensionar la medida en que esto ocurre. Facilitará también la generación de políticas públicas que contribuyan de manera significativa a la prevención y erradicación de la violencia.

Este dictamen, que propone la modificación del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de visibilizar las estadísticas sobre los registros de los casos de violencia de género ocurridos en el entorno de los sujetos obligados de esta ley.

De igual forma, para que se considere el seguimiento de los mismos como parte de las obligaciones de transparencia. No podemos seguir ocultando los actos de violencia o acoso sexual en nuestras instituciones.

Compañeras y compañeros diputados, no esperamos una noticia más de violencia o agravio por motivo de género para comenzar a actuar. Se trata de una realidad que no podemos seguir ignorando, porque el silencio es el principal aliado de la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, honorable pleno, les invito a votar a favor del presente dictamen. Avancemos como país en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Visibilizar los casos de violencia de género de manera trasversal en todos los niveles: federal, estatal y municipal, y a todos los sujetos obligados: autoridades, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. La ley es muy clara, cualquier persona que reciba o ejerza recurso público.

Es indispensable para erradicar la violencia contra las mujeres y una nación tan democrática lo es como el respeto y garantía de la dignidad humana que se practique. Los invito a respaldar esta iniciativa por el bien de las y los mexicanos. Por su atención, muchísimas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 410 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 410 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Martha Olivia García Vidaña para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

La diputada Martha Olivia García Vidaña: Gracias. Honorable asamblea, hoy con agrado les presento el dictamen que es de suma relevancia en materia forestal, el cual fue aprobado por mayoría absoluta en el pleno de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, y que desde luego les solicito su apoyo y aprobación a efecto de fortalecer la protección, cuidado de los bosques y con ello proteger la biodiversidad de México. Esto de acuerdo al resumen que brevemente les describo.

Bien vale la pena recordar que México es uno de los cinco países más ricos en diversidad biológica del mundo. Esta biodiversidad genética y de especies se alberga en sus ecosistemas y son representados principalmente por las zonas boscosas, ya que debido a su extensión, su correspondencia con la biodiversidad y capacidad de carga ambiental, se convierten en una parte fundamental para lograr una armonía ambiental  y con ello honorar lo establecido en la Constitución en su artículo 4o., en donde se establece claramente que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Su preservación y cuidado del ambiente amerita que todos los involucrados en el sector participemos de forma adecuada, a efecto de lograr una correcta articulación con el capital natural y con ello evitar pasivos ambientales que pudieran afectar severamente este valioso recurso natural.

Me refiero también a la importancia que reviste dicha disposición, ya que continúa mencionando que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Esto es, la acción, disposición y responsabilidad que tenemos los legisladores para crear políticas públicas que determinen el perfeccionamiento de las disposiciones normativas en la materia ambiental.

Que inclusive, permítanme comentarles, estimados compañeras y compañeros   diputados, que cuento con una vasta experiencia en materia forestal debido a la experiencia que he adquirido, ya que soy empresaria forestal y represento a comunidades de producción forestal en el estado que me honro representar, a mi estado natal Durango, y convencida estoy, derivado de esa experiencia, que la esencia de las leyes se realiza en el campo de trabajo y no solamente detrás de los escritorios de funcionarios, que en algunas ocasiones desconocen la complejidad del sector forestal.

La nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día 5 de junio de 2018, con el objeto de resolver diversas inconsistencias en la aplicación de las leyes ambientales, en materia de conservación de bosques, mediante disposiciones normativas más precisas, modernas y transparentes.

Sin embargo, una vez que las actividades productivas forestales y sus ecosistemas se han regulado bajo el nuevo ordenamiento jurídico, se han observado diversas problemáticas en los procesos de regulación, de los cuales se destaca la expedición de autorizaciones en los aprovechamientos forestales, otorgados por la entidad reguladora, esto es la secretaría del ramo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la comisión encargada de conocer atribuciones forestales, la Comisión Nacional Forestal.

Otra afectación de los procesos de aprovechamiento y producción forestal se encuentra en el ordenamiento que se refiere al transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales, indicado en la sección VI de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y con la finalidad de vigilar y estipular de forma clara, en normas jurídicas, la comercialización incorrecta de productos forestales, los cuales afectan gravemente la competitividad, la producción, almacenamiento y transformación con recursos forestales.

Dichas anomalías son causa en el incremento de los pasivos ambientales y de seguridad por la obtención de recursos forestales ilegales, generando una vasta economía corruptiva.

Adicional a lo anterior, es importante mencionar el auge observado en las fatídicas maniobras en el cambio de uso de suelo. Sabemos que toda actividad humana en la extracción de madera de los ecosistemas forestales, al igual que otros productos y servicios forestales, contribuyen al bienestar y a la supervivencia humana.

Es por lo anterior que se propone reformar y adicionar los artículos 70, 83, 92, 155, 157, así como adicionar el artículo 92 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a efecto de perfeccionar los ordenamientos jurídicos para corregir y mejorar las atribuciones en el propio cumplimiento de los procesos productivos en materia forestal en el estado de Durango y todos los estados del país con vocación forestal, que se representan por prácticamente todos los estados.

Esta disposición mejorará la comercialización de los productos forestales, buscando proteger y conservar la biodiversidad que depende de ellos.

Para el bienestar social y la responsabilidad que tenemos los legisladores y los ciudadanos mexicanos con nuestras generaciones futuras, apelo a su consideración y votación a favor. Es cuanto. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Consulte la Secretaría.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Damos la bienvenida y saludamos a estudiantes del Colegio Multicultural Hellen Keller, invitados por el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas. Sean bienvenidos.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 403 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular por 403 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Marivel Solís Barrera para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

La diputada María Marivel Solís Barrera: Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada María Marivel Solís Barrera: El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra época, el deshielo de los polos, el aumento de la temperatura global, las variaciones climáticas como sequías, inundaciones, incendios forestales o la extinción de especies animales y vegetales, son marcas visibles del impacto que está provocando la actividad humana en el planeta.

La disminución en la producción de los alimentos, la baja disponibilidad de agua en algunas regiones, la desaparición de bosques y selvas, la propagación de enfermedades y la pérdida de biodiversidad son algunos efectos del cambio climático.

A nombre de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presento el dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología presentada por el diputado Jorge Alcibíades García Lara.

Ante los efectos del cambio climático, la iniciativa tiene como objetivo promover e incentivar el desarrollo de proyectos que tengan el propósito de mitigar y combatir los efectos del calentamiento global.

La iniciativa también incluye la promoción de los proyectos encaminados al desarrollo de energías renovables en el sector productivo y en el sector doméstico, siempre y cuando se compruebe la viabilidad técnica y presupuestal.

El carácter prioritario de estos proyectos ayudará a que, en las universidades, las instituciones de educación superior, los científicos, los tecnólogos, puedan accesar a los apoyos que brinda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y con ello encontrar soluciones a los retos globales que enfrentamos, como el calentamiento del planeta.

Nuestro país cuenta con la capacidad de generar energías renovables y con este tipo de proyecto será posible diseñar modelos de planeación a largo plazo, que permitan garantizar su uso de forma permanente.

Como se plantea en la iniciativa, las energías renovables provienen de fuentes naturales inagotables, capaces de transformarse en energía limpia para la sociedad, ya que, al generarse de manera natural y continua, se emiten muy pocos contaminantes.

Las principales energías renovables son aprovechables para nuestro país: energía eólica, energía solar, energía hidráulica, energía a través de uso de biomasa o la energía geotérmica.

En las últimas décadas diversas iniciativas e instrumentos internacionales han propiciado que proyectos científicos, tecnológicos y de innovación se encaminen para mejorar el medio ambiente y emprender acciones para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Es importante reconocer los beneficios que se obtienen con el uso de nuevas energías, sobre todo en áreas como la agricultura, la pesca, la salud, la alimentación, entre otros. Es invaluable lo que se puede lograr a favor de la población. La problemática del cambio climático es una preocupación mundial en el que se han involucrado la mayoría de los países industrializados.

Se ha suscrito un instrumento internacional como el Acuerdo de París, que ha sido ratificado por México, el cual busca que por lo menos 195 países orienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo.

México, además de sumarse al Acuerdo de París, cuenta con un andamiaje jurídico constitucional y legal, que contempla la problemática ambiental y la necesidad de acceder a nuevos mecanismos para aprovechar las ventajas del uso de las energías renovables, así como para emprender acciones tendientes a la mitigación y a la adaptación a los cambios climáticos.

Los invito, diputadas, diputados, a votar a favor de este dictamen y dar un paso en el desarrollo de energías renovables en nuestro país. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara: El dictamen que se pone hoy a su consideración responde a un tema de la mayor importancia y de interés de todo el país. Por ello, valoramos y reconocemos el trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a su presidenta, la diputada María Marivel Solís Barrera, y a todos sus integrantes. Muchas, muchas gracias.

Es un hecho que nuestro país cuenta todavía con un potencial considerable de generar energías no renovables, como lo son el petróleo, el gas natural o el carbón. Sin embargo, es menester señalar que este tipo de energías en un plazo no muy lejano habrán de agotarse, por lo que no es recomendable diseñar modelos de planeación a largo plazo ni hacer grandes inversiones en proyectos que pretendan su uso permanente.

Además de esta gran desventaja, el mayor inconveniente incluso más allá de su eventual agotamiento, es el enorme daño que los procesos para su obtención producen al medio ambiente.

Por recomendaciones de estudios científicos se debe insistir y profundizar en procesos alternativos al uso de energías no renovables, sustituyéndolas por energías renovables.

Bajo esta convicción, el 22 de mayo del año pasado presenté a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, con el propósito de que se establezca que serán prioritarios los proyectos que tengan como propósito la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y a aquellos cuya finalidad sea generar y aplicar energías renovables en los sectores productivos y de servicios y en el uso doméstico, y que los apoyos que se otorguen mientras se compruebe la viabilidad técnica económica, en lugar de solo por un tiempo determinado.

La propuesta que fue analizada y mereció el voto aprobatorio de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se sustenta en datos tan reveladores como preocupantes. En un año, por ejemplo, el ser humano consume lo que la naturaleza ha tardado 1 millón de años en producir.

Se calcula que en unos 100 años se habrán agotado todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo. Los principales yacimientos de combustibles fósiles están concentrados en lugares muy determinados del planeta, no están en todos lados. El control y la explotación de estos yacimientos son y han sido causa de conflictos, guerras y tensiones sociales.

A diferencia de los hidrocarburos, las energías renovables provienen de fuente naturales inagotables capaces de transformarse en energía limpia para la sociedad, ya que al generarse de manera natural y continua, emiten muy pocos contaminantes.

En Movimiento Ciudadano estamos plenamente convencidos de que es indispensable voltear la mirada hacia la generación y aprovechamiento de energías renovables como son: eólicas, solar, hidráulica, biomasa, geotérmica y mareomotriz.

El tema del cambio climático es una preocupación mundial en el que se han involucrado la mayoría de los países industrializados que han suscrito instrumentos internacionales como el Acuerdo de París, que ha sido ratificado por México, el cual busca que por lo menos 195 países reorienten su desarrollo hacia un punto más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo.

El desarrollo de las energías renovables, así como la concreción de los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático, dependen total y completamente de las opciones y los avances que se obtengan en el campo de la investigación científica, de las opciones tecnológicas y de los modelos innovadores para lograr la transformación energética.

Compañeras y compañeros diputados, de contar con su voto aprobatorio a este dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, estaremos contribuyendo a reforzar el marco jurídico en materia de energías renovables, cambio climático e investigación científica y tecnológica. Les agradezco por su atención, y de antemano su voto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Diputado Alfredo Villegas, de viva voz.

El diputado Alfredo Villegas Arreola (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta, se emitieron 432 votos a favor, perdón, 433 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 433 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción V al artículo 6 y un artículo 10 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Juanita Guerra Mena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

La diputada Juanita Guerra Mena: Con su anuencia, presidenta. Gracias, presidenta. Honorable asamblea, un combate integral a la inseguridad no puede entenderse sin el diseño e implementación de acciones de prevención del mismo.

Atender las causas que propician las conductas antisociales es obligación de una política integral en materia de seguridad y, para ello, es preciso adecuar el marco normativo, a fin de integrar nuevos elementos en las perspectivas que mantengan en un alto grado de eficacia.

Desde una perspectiva social, la comisión de hechos delictivos no tiene causa única. En el diseño de una política criminológica integral hemos venido transitando de un enfoque parcial y limitado a uno en el que poco a poco integramos los factores propiciatorios, a partir de un análisis de contexto social en el problema.

Es así, que dotar de enfoques preventivos a las diversas normas que se encargan de combatir la violencia y la delincuencia se vuelve una labor fundamental, no solo en una tarea de revisión de las leyes que regulan el actuar de la autoridad sino también en una labor de corresponsabilidad del Legislativo en un tema tan importante como lo es la seguridad y la prevención del delito.

Nos hemos ocupado en el combate frontal de la delincuencia, generando altos costos sociales, pues es de todos sabido que los gobiernos del pasado se enfocaron más en buscar soluciones inmediatas y de corto plazo, que en ubicar las causas primarias sociales que son detonante de violencia y factor propiciatorio de la delincuencia. Por ello, el enfoque de prevención es absolutamente indispensable para nuestro país.

La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, la academia y la iniciativa privada exigen, con justa razón, acciones públicas y eficaces, exigen que el gobierno dé cuenta de las medidas que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad en todo el país.

La prevención de la violencia y la delincuencia busca incidir en causas y factores de riesgo presentes en la configuración de estas conductas. Lo hace considerando que en estos problemas influyen en aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y del entorno físico.

Al mismo tiempo, busca fortalecer los factores de protección a estos graves problemas. Es decir, la prevención social implica la promoción de cambios socioculturales que generan entornos más seguros, propicios para vivir libre de la delincuencia en este tema tan delicado como es la inseguridad.

Son diversos instrumentos internacionales que mandatan a los gobiernos de los países a contar con mecanismos de prevención social de la violencia y la delincuencia. Ejemplo de ello, las direcciones nacionales, en este caso por las directrices del Riad, que mencionan que toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de la familia y de todos sus miembros, dado que esta es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño.

Los gobiernos y la sociedad deben tratar de perseverar la integridad en las familias, así como la obligación de cuidar y proteger al niño, asegurar su bienestar físico y mental.

Los gobiernos deberán adoptar una política que se le permita criarse en un ambiente familiar estable, en un total bienestar. Los gobiernos deberán adoptar medidas de fomentar la unión armónica.

Así como también, por ello, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el espíritu de la iniciativa en el sentido de establecer un ámbito de familia como parte fundamental de la prevención social contra la violencia. Así, lo que permite dejar un justo valor al concepto de la familia, lo cual en este caso involucraría a la sociedad para contrarrestar los delitos desde el ámbito de prevención en los mismos.

El dictamen contiene diversas adiciones de la Ley General para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en donde se contempla que la prevención social es en el ámbito de la familia. Se lleva a cabo con la colaboración federal, estatal y municipal mediante programas integrales que fomenten el fortalecimiento de valores humanos en las familias, la promoción activa de espacios y diálogos de aprendizaje en las propias familias, el facilitar servicios adecuados a quienes necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.

De esta manera estamos alimentando el texto normativo, donde se enfoque verdaderamente la prevención y el fortalecimiento de las familias en una labor donde su papel sea fundamental.

Así, con la modificación que se somete a esta asamblea, que contiene este dictamen, damos un paso importante en la labor que debe ser tarea constante y permanente, la del fortalecimiento del tejido social y familiar, y la de implementación en las medidas que combata la violencia y la delincuencia por causas, no solo que sea en causas, sino también los efectos.

Así que los invito, compañeros legisladores, a aprobar esta iniciativa que por su dictamen fue favorable. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Ernesto Vargas Contreras: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objeto de que se incluya a las familias como un ámbito de la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Diputadas y diputados, la violencia y la delincuencia son un problema que no tiene una expresión única, son situaciones complejas, con múltiples orígenes, lo que implica que no es posible enfrentarlos solo controlando y sancionando el delito.

También vemos que es necesario prevenirlos, la prevención es muy importante, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que las propician.

El enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México, en el que la atención se ha centrado en el combate frontal a la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales.

La prevención de la violencia y la delincuencia busca incidir en causas y factores de riesgo presentes en la configuración de estas conductas, lo hace considerando que en estos problemas influyen aspectos individuales, familiares, escolares, sociales y del entorno físico.

Para Encuentro Social uno de los aspectos más importantes a atender para la prevención de la violencia y la delincuencia es la familia, ya que consideramos que la familia es el primer medio en donde las personas aprenden a interactuar de manera positiva con la sociedad.

Sin embargo, cuando esto no ocurre, comienzan a gestarse los problemas sociales que hoy vemos a diario como el uso de la violencia para resolver conflictos a la inexistencia de valores como la responsabilidad, la solidaridad o la responsabilidad o el respeto a los límites.

Así, por ejemplo, en los procesos penales contra los menores, sobre todo cuando el hecho es bastante grave, frecuentemente el acusado proviene de una familia con conflictos y que no está integrada, en una familia en la que faltan comunicación, afecto, actividades compartidas y asunción de responsabilidades, se pierde el sentido de pertenencia, se pierde el sentido de cohesión.

En este sentido la Encuesta de Cohesión Social para la prevención de la violencia y la delincuencia 2014, estima que en el 36 por ciento de los hogares con jóvenes de entre 12 y 29 años, se presenta la ausencia de al menos un figura parental. Asimismo se observa que en la mitad de los hogares de identifican situaciones de conflicto o peleas entre miembros del mismo hogar.

Por otro lado, hay padres y madres de familia desprovistos de herramientas y habilidades para guiar correctamente a sus hijos. La comunicación se encuentra ausente y no hay verdadera vida en la familia.

El sano desarrollo de la familia es importantísimo, pero sobre todo de los hijos, quienes en un futuro serán también padres, qué clase de padres pondrán ser nuestros hijos si no han recibido un buen ejemplo por parte nuestra.

Por esta razón, para Encuentro Social es necesario poner mayor atención en las familias mexicanas, para que esta sea un elemento protector y aliado de la prevención de la delincuencia, de lo contrario seguirá siendo un factor de riesgo y fomento de conductas antisociales o negativas.

Compañeras y compañeros diputados, nosotros, como padres de familia, como hermanos, como tíos, etcétera, debemos trabajar desde nuestros núcleos para que nuestra sociedad mejore, para prevenir delitos, para tener un México, por supuesto mucho más seguro.

Es indispensable fomentar la cohesión y el bienestar de las familias, no solo como medios de prevención de la violencia y la delincuencia, también como motores para el desarrollo social, como productores de futuros integrantes de la sociedad mexicana. Hagamos lo socialmente correcto.

Agradezco a la Comisión de Seguridad, y por supuesto entiendo que la aprobación de una iniciativa no es un triunfo de una sola persona, es un triunfo de un trabajo colectivo, de todo un Congreso. Gracias, compañeras y compañeros por su aprobación a esta iniciativa. Por su atención, muchísimas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Consulto si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular.

(Votación)

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se encuentran en este salón de plenos alumnos de la preparatoria Saleciano del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidos.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Se encuentra algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Falta algún diputado o diputada? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 420 votos en pro, 2 en contra y 1 abstención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 420 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 6, y un artículo 10 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 23 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta reforma fue aprobada por unanimidad en la comisión y el objetivo principal es garantizar el uso y aprovechamiento de energías renovables, accesibles en el crecimiento de los asentamientos humanos a través de la modificación de los criterios en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda. Esto con la finalidad de lograr los objetivos de la política ambiental contemplados ya en la ley. Estas políticas energéticas deben garantizar el proceso y el acceso para que también sean de calidad y sustentabilidad, y que su uso no provoque daños al medio ambiente.

La Comisión de Medio Ambiente es consciente de la importancia y el déficit que hoy hay en México respecto a la presentación de servicios energéticos, en donde lamentablemente aún depende principalmente del petróleo, seguido por el gas, el carbón y la energía nuclear. Mientras que apenas el 25 por ciento, aproximadamente, del consumo tiene origen renovable.

Coincidimos en que las energías limpias se han consolidado como una firme alternativa para identificar las fuentes de energía eléctrica, en la mayoría de los casos sin emitir gases de efecto invernadero, lo cual es un elemento clave para cumplir con las metas del Acuerdo de París, que México suscribió junto con otros 195 países para combatir el cambio climático.

México posee un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables y las fuentes de energía, dependiendo de las características de cada población, como pueden ser biogás, mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos; la energía solar, instalando paneles solares; y energía eólica, fomentando la instalación de parques eólicos, por mencionar algunos.

Es importante que el país se siga dirigiendo hacia el mejoramiento en el uso y aprovechamiento de las energías renovables, respetando oportunamente los compromisos internacionales adquiridos y el cumplimiento de la Agenda 2030.

Por lo anterior, y a nombre de la Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, solicito el voto a favor de los diputados y diputadas del pleno, a fin de transitar hacia las energías renovables, pues ello es fundamental para brindar certeza para que los nuevos proyectos de generación con energías renovables sean accesibles. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputada.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, en 12 años México se convertirá en el noveno país con mayor número de habitantes. Dicho crecimiento trae consigo retos importantes para la administración de cualquier país, pues con el aumento de habitantes incrementan las demandas de servicios, que van desde el transporte y mejores políticas de movilidad, hasta la vivienda, lo que implica directamente en la sobreexplotación de los pocos recursos naturales que aún persisten en las principales concentraciones demográficas.

Actualmente se ha adoptado el compromiso de ser más respetuosos con el medio ambiente. No obstante, continuamos observando cómo el crecimiento de asentamientos humanos va impactando negativamente en la calidad ambiental de cada entidad cuando se busca cubrir las necesidades básicas de vivienda.

Es precisamente esta preocupación la que nos impulsó a proponer una modificación que define como tema prioritario el transitar hacia la implementación de mejores prácticas, en beneficio de nuestro medio ambiente.

Como referimos en nuestra propuesta, el trabajo internacional tiene avances significativos, son muchas las organizaciones que realizan esfuerzos para generar conciencia sobre la urgencia de adoptar nuevas prácticas que pongan un alto al deterioro ambiental.

En este sentido, creemos que las políticas energéticas deben garantizar el acceso a la energía, pero también a la calidad, sustentabilidad y que su uso acumulado evite daños ambientales irreversibles.

Afortunadamente, la comisión dictaminadora coincide en que las energías renovables se han consolidado como una firme alternativa para diversificar las fuentes de generación eléctrica como elemento clave para cumplir con las metas y compromisos internacionales de los cuales formamos parte.

En este sentido, la aprobación de nuestra propuesta se posiciona como una vía exitosa para su cumplimiento, pues lograrlo no solo es valioso desde la perspectiva ambiental, sino también diversifica las fuentes de generación energética contribuyendo a la seguridad y soberanía de nuestro país.

Coincidimos con la comisión que dictamina sobre la importancia de que nuestro país atienda de forma precisa los objetivos sobre el cómo alcanzar una energía asequible y no contaminante, así como ciudades y comunidades sostenibles, que con un enfoque multidimensional que tome en cuenta entre muchos otros aspectos a los servicios básicos en la vivienda.

Para ello es indispensable que se garantice desde la legislación mexicana el tránsito hacia las energías renovables, pues ello resulta fundamental para brindar certeza de que en el crecimiento de los asentamientos humanos estos considerarán la implementación de energías renovables y de eficiencia energética. Lo anterior es importante para que, una vez planteado en nuestro marco normativo, se consoliden políticas que garanticen la participación de la sociedad en la adopción de mejores prácticas en la vida cotidiana, transitando hacia el uso de energías limpias.

La aprobación del presente dictamen representa la oportunidad de adoptar patrones de consumo que beneficien al medio ambiente a través de acciones que erradiquen algunas fuentes contaminantes que han perjudicado y puesto en peligro, por décadas, nuestros recursos naturales.

Nos encontramos en una situación crítica de emergencia ambiental, se requiere de los esfuerzos coordinados de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, pero también de la participación activa de la sociedad para adquirir conciencia sobre las repercusiones de nuestros actos.

Transitar por la vía de la eficiencia energética y del uso de energías renovables en el crecimiento de los asentamientos urbanos no es una moda, sino un acto de responsabilidad al que estamos obligados todos los mexicanos para lograr poner un alto definitivo a los crecientes índices de contaminación ambiental.

Celebremos la aprobación de nuestra iniciativa en el interior de la Comisión de Medio Ambiente, pues como les referí, es un primer paso para consolidar acciones con el propósito de mejorar nuestro entorno social y ambiental.

Por ello anunciamos nuestro voto a favor del dictamen que tiene por objeto garantizar el uso y aprovechamiento de energías limpias accesibles en el crecimiento de los asentamientos humanos, a través de la modificación de los criterios a considerar en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, contemplado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Agradezco su atención y su voto a favor para aprobar esta propuesta. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se encuentran en este salón de pleno alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Tlacaélel, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI. Sean muy bienvenidos estimados estudiantes.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? La diputada Vargas Hernández, ¿nos puede ayudar con el sentido de su voto?

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 415 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205 Bis y se adiciona un artículo 209 Bis 1 al Código Penal Federal. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rubén Cayetano García, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García: Compañeras y compañeros legisladores, el sano desarrollo de la persona humana durante la infancia es uno de los derechos reconocidos y debe ser uno de los valores más preciados en cualquier sociedad. De la experiencia de esta etapa fundamental en el desarrollo humano, depende la salud física y emocional para la persona durante el resto de su vida.

Por ello, cuando alguien atenta contra el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, atenta contra el futuro mismo de la sociedad.

La gravedad de estas conductas es aún mayor cuando el daño que se causa en las y los menores es irreversible y tiene trascendencia durante el resto de sus vidas.

Ese es el caso de las conductas delictivas más deleznables, me refiero a los delitos sexuales cometidos contra personas menores en general y al delito de pederastia, en particular.

El estudio, Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), establece que en 38 países de ingresos bajos y medianos, cerca de 17 millones de mujeres adultas afirman haber tenido relaciones sexuales por la fuerza en la niñez, mientras que en 28 países de Europa, alrededor de 2 millones de mujeres jóvenes afirmaron haber sido víctimas de forma de violencia sexual con y sin contacto antes de los 15 años.

En el caso de México, la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia 2014, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, demuestra que el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 mil menores y adolescentes.

La gravedad particular del delito de pederastia se explica por dos condiciones: la primera, que implica la ejecución de un acto sexual sobre una persona menor de 18 años, la segunda que la ejecución del acto se condiciona por la existencia de una relación de confianza previa entre la víctima y el agresor.

La existencia previa de confianza es la situación más desafortunada para la víctima, pues implica necesariamente una traición, con lo cual, los efectos de largo plazo en la víctima pueden ser la pérdida de la confianza en las demás personas, diversos desordenes psicológicos y en algunos casos, inclusive, el suicidio.

Por esta razón, en la Comisión de Justicia, a nombre de la cual presento este dictamen, determinamos que las consecuencias que el delito tiene en la víctima, son de tal alcance que es preciso establecer la imprescriptibilidad de la sanción que corresponda, es necesario aclarar que la prescripción tiene dos vertientes técnicas respecto a la acción penal y respecto a la sanción.

En este caso, la propuesta de la promovente atiende a la posibilidad de dejar subsistente la imposición de la sanción por este delito en cualquier momento, sin demérito de las reglas procesales que atienden al proceso penal.

Por otra parte, se establece la posibilidad de agravar la sanción en el caso del encubrimiento de un pederasta por parte de quien sea un servidor público. Consideramos que la naturaleza del servidor público, que descansa en principios como la honestidad, la eficiencia y la honradez, no es compatible con el consentimiento y encubrimiento de estas conductas.

Por lo cual pretendemos establecer una regla ejemplar para quienes conozcan de estos delitos y no los denuncien, o incluso lleguen a auxiliar a quienes los cometen para evadir la acción de la justicia.

Con esta reforma pretendemos enviar un mensaje claro y contundente. Las niñas, niños y adolescentes merecen desarrollarse en el mejor entorno posible y no debe haber lugar o espacio para la tolerancia de ninguna conducta que atente directamente contra ellos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que la Comisión de Justicia pone a consideración de este pleno tiene como finalidad asegurar que quienes encubren a los que abusan sexualmente de las niñas y niños no queden en la impunidad, estableciendo que este delito podrá ser denunciado en el momento en que la víctima pueda y decida hacerlo.

Como grupo parlamentario, nos hemos pronunciado históricamente en favor de la más amplia protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Es por eso que reconocemos y agradecemos a todos los y las integrantes de la Comisión de Justicia por acompañar este dictamen tan importante.

Concretamente, lo que se presenta en este dictamen es que la pederastia, el abuso sexual infantil sea imprescriptible y que además se castiguen a quienes lo encubren.

Hasta el momento el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar el derecho de acceso a una vida libre de violencia de nuestras niñas y niños, quienes llegan a ser víctimas de abuso sexual por parte de quienes deberían garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, violentando el libre desarrollo de su personalidad, a pesar de las diversas recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, desde el 5 de febrero de 2014.

Hemos acompañado a las víctimas de abuso sexual infantil en muchos casos, principalmente aquellos cometidos por sacerdotes integrantes de la Iglesia Católica, no obstante, muchos casos quedan en la impunidad.

Debemos recordar que el pasado 22 de diciembre la congregación Legionarios de Cristo dio a conocer un informe en el que reconoce que sus integrantes abusaron sexualmente de 175 menores de edad, que 60 de estos abusos fueron perpetrados por su fundador, Marcial Maciel, y revela estadísticas de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de sacerdotes de esa congregación entre los años de 1941 y 2019, muchos de los cuales quedarán en la impunidad porque ya no pueden ser castigados.

Durante muchos años las víctimas del padre Maciel denunciaron los abusos y ni el Vaticano ni las autoridades eclesiásticas ni las autoridades judiciales en México actuaron con oportunidad.

Estos abusos no solo fueron encubiertos, sino que contaron con la complicidad criminal de funcionarios que hicieron caso omiso de las denuncias. Debemos señalar que lo especialmente reprobable de los delitos sexuales contra las niñas y niños es que se presentan en espacios donde ellas y ellos se sienten seguros. El adulto abusa de su vulnerabilidad dominándolos, envolviéndolos y engañándolos con terribles cosas. Es por ello que las denuncias en muchas ocasiones se presentan muchos años después, hasta que la víctima tiene capacidad de reconocer el daño que le fue infringido.

Compañeras y compañeros legisladores, es importante recordar que en el año 2019 se conmemoró el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Esta Convención establece el compromiso de implementar medidas reforzadas que protejan a toda persona menor de 18 años contra cualquier forma de abuso y es hoy, 30 años después, que nos encontramos reconociendo que el abuso sexual constituye un problema en México.

Por lo anterior, por supuesto que saludamos la aprobación de este dictamen, que ustedes pueden aprobarlo, ya que consideramos que de esta manera abonamos en la erradicación de los delitos cometidos en contra del libre desarrollo de la personalidad, garantizando el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y fortaleceremos el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

Hay que recordar que también este delito no solamente ocurre en este espacio religioso, sino también ocurre en las escuelas, en los centros de cuidado en donde están niñas, niños y adolescentes.

Esperamos que con la aprobación de este dictamen... que el Senado de la República apruebe, en consecuencia, la minuta que hoy se remite de esta Cámara y estaremos dando con esto respuesta a la necesidad de que haya justicia a las víctimas de estos terribles abusos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta, se emitieron 411 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 411 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205 Bis y se adiciona un artículo 209 Bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron de la Junta de Coordinación Política comunicaciones en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobados. Comuníquense.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría dar cuenta con la comunicación de la diputada Mónica Guerra Navarro.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibió oficio de la diputada Mónica Guerra Navarro, por el que se comunica su incorporación al Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibió oficio de la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, por el que comunica la incorporación de la diputada Mónica Guerra Navarro a este grupo parlamentario. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla: Con su venia, señorita presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de nuestra Constitución federal, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de lo siguiente.

En diversas ocasiones las actividades de los contribuyentes no se limitan a su área geográfica en donde tienen su domicilio fiscal, sino que también se realizan fuera de su ciudad e incluso del país. El hecho cierto es que para deducir viáticos estos deben apegarse a la normatividad establecida en la ley correspondiente para que esos no sean considerados como un ingreso gravado para el contribuyente.

El artículo 28 de la ley en mención establece que para que los viáticos o gasto de viaje en el país o en el extranjero puedan ser deducibles deben aplicarse fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento del contribuyente.

Sin embargo, esta interpretación de la ley ha resultado ambigua, ya que la faja que circunda al establecimiento del contribuyente es precisamente un área que está limitada por el perímetro de una circunferencia igual a 50 kilómetros y, por lo tanto, partiendo de la fórmula geométrica de la circunferencia, los gastos pueden ser deducibles cuando se erogan fuera de un radio de 8 kilómetros del domicilio fiscal del contribuyente hacia cualquier sitio, con lo que el gasto del viaje erogado fuera de esa faja sería deducible como tal.

Por ello, es importante concluir que los gastos de viáticos serán deducibles como un gasto siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley en mención y cuando estos se realicen fuera de un radio de 50 kilómetros del establecimiento del contribuyente.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo único. Se reforma la fracción V del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este título no serán deducibles:

Fracción V. Los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria y del viático, o cuando se apliquen dentro de una faja en un radio de 50 kilómetros del establecimiento del contribuyente.

Las personas a favor, de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo I, fracción IV de esta ley, o deben estar prestando sus servicios profesionales.

Los gastos a que se refiere esta fracción deben ser amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en el territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente, cuando los mismos se efectúen en el extranjero.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Agradezco la generosidad de su atención. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Hernán Salinas Wolberg, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Hernán Salinas Wolberg: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Hernán Salinas Wolberg: Muy pocas veces un cambio tan pequeño a una ley puede hacer una diferencia tan grande, sustantiva y significativa para nuestro país, como la que hoy proponemos.

Sé que el tema energético es uno de los temas donde hay diferencias de opiniones y posturas encontradas. Pero hoy ponemos a discusión y análisis de esta soberanía, un cambio que no choca sino que fortalece la visión y decisión del gobierno federal de garantizar la seguridad y la soberanía energética en nuestro país.

Nuestra iniciativa modifica el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de ampliar el límite de capacidad de generación, considerado exento de 0.5 megawatts a un watt en nuestro país.

Con esta iniciativa se busca ampliar el rango de acción para que centrales eléctricas, de generación distribuida, reduzcan la cantidad de trámites y faciliten su gestión para incorporarse al sistema eléctrico y, en consecuencia, sean más accesibles. Esto, generando beneficio para usuarios finales y un alivio para los esfuerzos que realiza la empresa productiva del Estado, CFE.

Incrementar el uso de generación distribuida genera beneficios para el aprovechamiento de tecnologías y energías renovables de forma masiva. Impacta a la baja el precio de esta tecnología. Facilita seguridad energética para los gobiernos subnacionales. Y, a la vez, reduce la emisión de contaminantes y permite responder y mantener la energía cuando hay una alta demanda que estresa el sistema de la propia red eléctrica de nuestro país.

La generación de energía descentralizada es reconocida por su alta incidencia en materia socioeconómica. El fin último de la generación de esta manera consiste en democratizar la energía, es decir involucrar de forma efectiva a la sociedad en las políticas energéticas de la nación.

La generación distribuida es una vía para reducir la pobreza energética que hay en nuestro país, que asola las comunidades más vulnerables, alrededor de 12.4 millones de hogares mexicanos que presentan estas condiciones, donde su calidad de vida se ve afectada de forma negativa por no tener acceso al vital fluido de energía. Así, la generación en sitio brinda acceso a energía eléctrica a aquellas comunidades alejadas de las principales zonas de generación.

Es iniciativa no solo nuestra, es el resultado de un trabajo conjunto con asociaciones y grupos importantes del sector, como la Asociación Mexicana de Energía Solar y muchas otras que impulsan estas fuentes renovables para nuestro país.

Desde una perspectiva de Estado se puede afirmar que la generación distribuida permite aplazar la inversión en redes de transmisión y distribución, reducir pérdidas en líneas, limitar la erogación cuantiosa en instalaciones de generación y desplazar sobrecarga en la red eléctrica nacional.

Hoy México debe utilizar sus recursos de forma inteligente y eficiente, aprovechar la oportunidad que la tecnología nos da y que los privados pueden invertir para atender la creciente demanda de energía que tenemos en nuestro país.

El tema de la generación distribuida, compañeros, es un tema fundamental. México se encuentra rezagado respecto a otros países sobre la cantidad que se puede instalar de manera exenta, y esto es un freno importante a la generación de energía de particulares.

No estamos hablando de la generación de grandes empresas. No estamos hablando de la generación de los proyectos de los parques de cientos de megas, que sabemos que es un tema complejo y un tema que se ve con inquietud por ciertos sectores en esta Cámara. No, la generación distribuida es simplemente atender una necesidad de quien quiere generar electricidad para su autoconsumo, hasta un mega y que hoy tiene que atender una problemática burocrática en muchas autoridades, como la Comisión Reguladora de Energía y otras, que no le permiten avanzar con esta instalación.

Espero que, en el seno de la comisión, sé que hay un respaldo porque agradezco –y con esto concluyo– que la suscribieron esta iniciativa, diputados de Morena, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Verde, espero un tránsito efectivo por la comisión y que podamos darle a nuestro país una fuente adicional de generación de energía que tanto ocupamos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Nada más, diputada presidenta, el diputado que presentó la iniciativa dijo: asola. Es un verbo irregular, es asuela, se conjuga asuela. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General de Educación.

La diputada Irma María Terán Villalobos: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Irma María Terán Villalobos: El día de hoy en el marco de la legislatura de la paridad de género, vengo a pedirles un voto de unidad haciéndole frente a un problema que históricamente ha sumergido a nuestro país en una ola de violencia y desigualdad, que desgraciadamente ha derivado en miles de mujeres asesinadas.

Este problema que ha aquejado a nuestra nación por décadas, es el machismo. La Conavim define al machismo como el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan la dignidad de una mujer en comparación con el varón, es decir, la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer.

Este pensamiento ignorante y patriarcal ha llevado a nuestra sociedad por un camino histórico de desigualdad e indiferencia que empieza desde temprana edad, llevando a un presente de total falta de oportunidades e injusticias para las mujeres mexicanas en el ámbito social, laboral, familiar, político, provocando miles de violaciones, muertes, feminicidios, discriminación y pensamientos de odio que retrasan el avance de México como un país desarrollado.

Basados en los datos publicados cada año, el día 25 de noviembre, por el Inegi, podemos observar que de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento, es decir, el 30.7 millones de mujeres, han enfrentado violencia física, emocional, económica o sexual de cualquier agresor alguna vez en su vida.

Destacando también que el 7.6 por ciento de las mujeres en nuestro país nunca ha tenido acceso a la educación, el 76.2 por ciento ha asistido alguna vez, pero no de manera reciente en los últimos 12 meses a clases y el 16.2 por ciento sí ha asistido de manera reciente a la escuela.

Estos datos reflejan una sociedad que sigue haciéndonos menos a las mujeres por el simple hecho de serlo, privándonos de nuestros derechos fundamentales, afectando directamente el funcionamiento económico, social y afectivo de miles de mujeres que diariamente nos esforzamos por salir adelante.

Una vez identificado el problema, la definición y datos estadísticos del machismo en México, propongo la prevención de este problema desde la infancia temprana, utilizando la educación como eje fundamental del cambio de actitud y pensamiento que se requiere en nuestro país.

La infancia temprana es definida por la UNESCO como un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad, demostrando que es casi irreversible cambiar la ideología que se asentó en la niñez, provocando que las actitudes machistas continúen hasta un punto crítico.

Partiendo de este punto, debemos enseñar desde temprana edad en las aulas las terribles consecuencias del machismo, utilizando el modelo educativo en México, realizado en conjunto por todas las fuerzas políticas y con fundamento en la Agenda 2030 de Educación, así como las organizaciones internacionales en la materia.

Considerando el gran esfuerzo que todas las fuerzas políticas realizaron para llegar a un consenso en materia de reformas para el sistema educativo, la inclusión de este tema es la única, la única manera de comenzar un cambio ideológico, generacional, en el que se rechace al machismo de la misma manera que se busca combatir la corrupción, las adicciones, convirtiendo a la educación en un sistema de prevención y erradicación del problema, en lugar de buscar medidas emergentes de castigo que solo generan un círculo vicioso de resentimiento en nuestra sociedad.

Esto, aunado a la armonización en términos de igualdad sustantiva de la presente ley, complementaría a la nueva escuela mexicana y ayudaría a prevenir miles de muertes y, sobre todo, sentar las bases para un futuro mejor para la niñez de nuestro país.

No más agresiones físicas o psicológicas. No más feminicidios, no más acoso laboral, no más desigualdad de oportunidades y, sobre todo, nunca, nunca jamás permitir que se nos pretenda hacer menos a nosotras las mujeres por el simple hecho de serlo.

En nuestro país somos más mujeres que hombres, mujeres que luchan día a día por sacar adelante a sus familias y que merecen exactamente las mismas oportunidades que cualquier otro.

Los invito, de verdad, a sumarse a esta iniciativa utilizando la educación como el arma más fuerte para luchar contra el machismo, enseñando a nuestros niños y niñas sobre los daños, la ignorancia y desigualdad que este lamentable comportamiento ha provocado históricamente en nuestro país. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Argüelles?

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (desde la curul): Gracias, presidenta. Era para preguntarle a la oradora si está de acuerdo en que nuestro grupo parlamentario se suscriba a la iniciativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Le pido a nuestra área de Servicios Parlamentarios que registre la adhesión del diputado Argüelles y del Grupo Parlamentario del PES a la iniciativa que acaba de presentar la diputada María Teresa Marú Mejía. Perdón, Irma. Perdón, perdón, perdón, la diputada Irma María Terán Villalobos. Perdón, Irma.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 225 del Código Penal Federal, y 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

La diputada María Teresa Marú Mejía: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

La diputada María Teresa Marú Mejía: Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, uno de los problemas más álgidos que enfrentamos como país es la corrupción. De acuerdo con Transparencia Internacional, en 2018 nos ubicamos en el lugar número 138 entre 180 países.

Los factores que la propician son múltiples, pero sin duda algo que hace que se enquiste dentro de las prácticas de la sociedad esa la impunidad.

Las prácticas corruptas deterioran seriamente a las instituciones y el Estado de derecho de un país permite que se apodere la incertidumbre y las decisiones de las autoridades están sujetas al mejor postor, como si se tratarse de mercancía. Por lo contrario, al cerrar la posibilidad de corrupción dentro de un gobierno se da certidumbre y confianza y se permite el avance de la sociedad de un país.

El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en la ruta de una profunda transformación de sus instituciones públicas y al mismo tiempo promover entre la población la práctica de las virtudes ciudadanas que se sujeten a la moral y a la ética. En el año de 1998 al 2017, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, un total de 981 denuncias.

De las 981 denuncias solo 17 casos han llegado a la sentencia, lo que representa el 2 por ciento con respecto al total de casos denunciados, ello sin contar si los 17 casos fueron sentencias absolutorias, lo que nos llevaría a reducir dicho porcentaje; 172 casos no serán castigados definitivamente, puesto que se dictó no ejercicio de la acción penal; 173 se dictó acuerdo de reserva, por lo cual es alta la probabilidad de que también ya no sean judicializados; 15 asuntos están en amparo que, en caso de obtener la protección federal, reduciría el porcentaje de personas castigadas que se encuentran en fase de integración.

La mayor parte de asuntos, que son 568, representan el 58 por ciento del total, lo que me lleva a la conclusión definitiva consistente en que la operación y retraso de la PGR, hoy Fiscalía General de la República, es evidentemente deficiente, en detrimento del castigo que merece todo aquel que desempeñando una función pública la pervierte para su personal provecho.

Por mencionar lo menos, podemos inferir que ha existido un desempeño ineficiente, malicioso, doloso, negligente y omiso de quienes han tenido bajo su cargo esta responsabilidad de dar impulso procesal y celeridad a las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado durante estos años.

En relación con los delitos cometidos en perjuicio del erario, y que tienen que ver directamente con los altos niveles de corrupción e impunidad que impera en el país, quiero insistir en que de acuerdo con los datos aportados en un periodo de 2011 al 2017, solo 17 casos han llegado a sentencias, lo que nos indica el alto grado de impunidad que existe en el país.

Este dato por sí solo justifica la urgente necesidad de legislar de manera definitiva, para que el Ministerio Público federal y la Fiscalía Anticorrupción cumplan con sus funciones constitucionales y, en caso de que no lo hagan, también estén sujetos a un castigo por su negligencia.

Por lo anterior, propongo una adición al artículo 225, fracción VII, del Código Penal Federal, para penalizar los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos que, maliciosa, dolosa o negligentemente, no den curso debido a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación contra servidores públicos y particulares por actos de corrupción, o la integración de la carpeta de investigación la hagan de manera deficiente para facilitar evadir la acción de la justicia.

Así, incluir una adición al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para establecer un párrafo en el que se precise de manera clara la obligación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el velar por el buen trámite de las investigaciones. Y en caso de detectar negligencia en el seguimiento de las denuncias enviadas por la Auditoría Superior de la Federación, proceder a realizar la denuncia contra el servidor o servidores públicos que cometan el delito.

Solicito que se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene la palabra, diputada Fabiola Raquel.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputada.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Compañeras y compañeros legisladores, en México existe una pequeña población que ha sido totalmente invisible para el Estado. Se trata de niñas y niños que viven en centros penitenciarios junto a sus madres, que están privadas de la libertad, quienes por su situación se ven impedidos de gozar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Política, en tratados internacionales y en la legislación secundaria en la materia.

Aunque se carece de datos oficiales actuales sobre el número y la situación en la que se encuentran, gracias al trabajo de la sociedad civil, Reinserta AC, se estima que son alrededor de 500 niños y niños que viven en esta situación, la cual es totalmente distinta de quienes viven en un hogar junto a sus familias.

Por ejemplo, en el tema de alimentación el 34 por ciento de las madres privadas de su libertad entrevistadas han expresado que no cuentan con los alimentos suficientes para alimentar a sus hijos que las acompañan.

En cuanto a salud, tan solo el 58 por ciento de los menores cuentan con todas sus vacunas, mientras que quienes no la tienen sus madres refieren como principal razón a que los centros penitenciarios carecen de estos insumos.

En el tema educativo, solo el 49 por ciento de las mujeres refieren que sus hijos tienen acceso a un centro de desarrollo infantil. Asimismo, el 7 por ciento de ellas señalan que sus pequeños no cuentan con un acta de nacimiento.

Cabe señalar que la gran mayoría de las madres que se encuentran en prisión son de bajos recursos y muchas de ellas no cuentan con el apoyo económico de sus familias al exterior, por lo que solo se mantienen de lo que el centro penitenciario les provee, y como ya se detalló, es insuficiente.

Así pues, cuando la niña o el niño cumple la edad límite marcada por la ley para permanecer con sus madres dentro de los centros penitenciarios, que es de tres años, estos son distanciados de sus madres para que un tutor pueda hacerse cargo de ellos o en última instancia será el DIF el que se encargue de recogerlos para darlos en adopción.

Esta situación no es sencilla para los niños y las niñas que viven en esta situación, pues el sistema carcelario no les permite conocer más allá del exterior. Se encuentran en un lugar susceptible de violencia y carecen de herramientas para incorporarse a la vida en la comunidad.

Lamentablemente, nuestro jurídico nacional no es suficiente para garantizarles el pleno goce de sus derechos tanto dentro como fuera de estos centros penitenciarios. Por estas razones estoy proponiendo ante ustedes una iniciativa por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En primera instancia se propone la creación del Registro Nacional de Niñas y Niños en Centros Penitenciarios en situación de acompañamiento, para que dejen de ser invisibles de una vez por todas para el Estado y se tengan herramientas para el diseño e implementación de políticas públicas específicas, que tomen en cuenta su situación y circunstancias particulares, tanto ellos como sus madres. Asimismo, se propone que reciban atención psicológica durante y después del acompañamiento con su madre en el centro penitenciario.

Lo anterior es necesario, ya que el proceso de separación de su madre al cumplir los tres años de edad sea para quedar a cargo de un tutor o a través del DIF para ser dados en adopción, requiere una atención especializada que les permita su incorporación a la vida en comunidad.

Por último, se propone que niñas y niños en esta situación sean reconocidos en la Ley de Asistencia Social, con la finalidad de que accedan a programas que impulsen en su desarrollo integral y su incorporación a una vida plena.

Por las minorías, por nuestros niños y niñas, va. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Justicia, para dictamen. Y a la Comisión de Salud, para opinión.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 4o. y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Diputadas y diputados, la reforma constitucional que se llevó a cabo desde el año 2014 incluyó una reforma al artículo 102, apartado A de nuestra Carta Magna, con la cual establecía que el Ministerio Público se organizaría en una Fiscalía General de la República como un organismo autónomo. Es decir, ya con plena autonomía constitucional para el desarrollo específico de sus tareas.

Hay que tener claro que eso derivó de la necesidad de que en un país donde permanentemente la impunidad y la falta de atención a uno de los problemas más sensibles que tenemos como sociedad, que es el de la inseguridad, se atacara de manera contundente.

Es por eso que la reforma buscó que después de 4 años, desafortunadamente, bueno, pues finalmente logramos aprobar su ley reglamentaria y fue así como surgió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Hoy la preocupación, más allá de un tema legaloide, es cómo le vamos a garantizar que este órgano autónomo ahora sí, de una vez por todas, pueda lograr que las familias se sientan protegidas. Y que la procuración de justicia sea una realidad en México.

No obstante, la autonomía constitucional, es claro que si la Fiscalía no cuenta con autonomía decisional, autonomía técnica, pero fundamentalmente con autonomía presupuestal, se estaría recreando el modelo donde de facto, el Poder Ejecutivo continúa siendo quien define las asignaciones presupuestales, los lineamientos que la propia Secretaría de Hacienda genera y no se le estaría dando el trato de organismo autónomo.

Es por ello que en esta oportunidad, si queremos realmente que la Fiscalía funcione y le permita a este país tener un órgano que tenga resultados y que sea eficaz, necesitamos dotarlo de esa autonomía presupuestal.

Es por ello que estamos proponiendo, justamente, la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el trato que se le dé sea al igual que a los demás organismos constitucionales autónomos.

Eso va a permitir que finalmente sean ellos los que definan de mutuo propio, cómo cubrir esas necesidades, pero fundamentalmente que se traduzca en resultados para la propia sociedad mexicana.

Hoy estamos claros que ya no podemos únicamente presentar en un presupuesto dinero al ahi se va. Necesitamos, además, que como organismo constitucional autónomo, la Fiscalía defina indicadores de desempeño. Necesitamos que esos recursos que les cuestan a las ya los mexicanos, verdaderamente tengan un resultado.

Hoy, el pueblo de México necesita que sus representantes populares garanticen la alineación en la legislación. Ya no podemos venir a esta tribuna con oficiosidades.

Es por eso que, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, quienes integramos esta bancada lopezobradorista de la cual Encuentro Social forma parte, estaremos haciendo lo socialmente correcto, y en términos presupuestales apelamos que en el 2021 esta entidad, al igual que otros rubros prioritarios que está exigiendo la sociedad mexicana, cuente con la disponibilidad presupuestal que se requiere.

Hoy, en este país, lo que importa es la seguridad, lo que importa es que las instituciones den resultados. Ya no más figuras ficticias, ya no más figuras que queden en la ley como letra muerta. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Se encuentran en este recinto el presidente municipal de Chapala, Moisés Anaya, y el presidente municipal de San Martín Hidalgo, Moisés Rodríguez, del estado de Jalisco, invitados por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Sean muy bienvenidos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

La diputada Ana Patricia Peralta De La Peña: Con la venia de la presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Ana Patricia Peralta De La Peña: Compañeras diputadas y diputados, son tantos los beneficios de la lactancia materna, que no en vano al calostro se le conoce dentro de la cultura popular como oro líquido. Estoy convencida de que no podría estar más sustentada esta fama, no solo es el mejor, sino el único alimento que una madre debe ofrecer a su bebé durante la primera hora de vida.

Quienes hemos tenido la fortuna de experimentarlo somos testigos del vínculo inquebrantable que se comienza a forzar gracias al contacto piel con piel y en la lactancia materna.

No vengo a enumerar las causas por las cuales deberíamos promover la lactancia materna ni los beneficios, primeramente porque esta son tantas que no me alcanzaría el tiempo que tengo asignado y, en segundo lugar, porque afortunadamente desde esta tribuna y con el trabajo legislativo que tanto compañeras y compañeros diputados, ha quedado claro nuestro compromiso por velar por la salud de los infantes y la necesidad y obligación que tiene el Estado mexicano en casa y a nivel internacional de promover todas las esferas, la práctica de la lactancia materna.

Partiendo de la obligatoriedad y los impactos positivos que trae consigo la lactancia materna, es que considero que momento de tomar un segundo paso de igual trascendencia.

Aquí quiero ser muy enfática para decir lo obvio, no basta convencer a las mujeres sobre lo significativo que es para la salud de su hijo la leche materna, es necesario garantizarles a la madre todas las condiciones de comodidad necesarias para priorizar la lactancia exclusiva cuando menos los primeros seis meses de vida.

Dicho en otras palabras, es nuestro deber como legisladores ajustar todas las leyes que se requieran con el objetivo de crear un panorama social en el que ninguna mujer tenga que verse en la necesidad de elegir una alternativa de alimentación a la lecha materna.

La ley que propongo reformar en esta ocasión, es la Ley de Aviación Civil, y aunque para muchos pueda resultarles de primera instancia que estos dos temas no tienen relación, sé que muchas sabrán de lo que hablo cuando digo que es a esto lo que se le conoce como legislar con perspectiva de género.

Aplicar la transversalidad implica analizar cómo todas las normas afectan la vida diaria de las mujeres, y cuáles disposiciones tienen un impacto diferenciado en su vida. Y esto es a lo que nos comprometimos como legislatura de la paridad.

La incorporación de la mujer en el mercado laboral, su independencia económica y la libertad en la toma de decisiones, son uno de los fenómenos por los que hemos luchado en las últimas décadas a nivel mundial, mientras que a la par se han avanzado en garantizar el derecho de todos los niños a la salud de la más alta calidad.

Bajo este escenario es que tenemos que ajustar nuestra realidad y empatar ambos derechos. Pensemos, por ejemplo, en las madres que amamantan y tienen que viajar por trabajo por otro motivo, y al alejarse de sus hijos e hijas por unos días, se encuentran en la disyuntiva de continuar con lactancia materna o dejar de hacerlo.

Actualmente la leche materna no está en el listado de las prohibiciones y limitaciones establecidas al equipaje de mano en diversos aeropuertos nacionales e internacionales, sin embargo, la falta de obligatoriedad o criterios unificados ocasionan que quede al arbitrio de los agentes de seguridad, que la leche se coloque en el equipaje que se documenta o que incluso sea desechada.

Por lo anterior y con el objetivo de elevar los niveles de atención, seguridad y calidad en las instalaciones aeroportuarias es necesario realizar cambios en la legislación para otorgar la debida protección y respeto a los derechos de las mujeres y de los niños.

Con esta iniciativa de ley propongo que los concesionarios y permisionarios deban adoptar las medidas necesarias para atender de manera adecuada a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

De igual forma, que se establezca de manera expresa que en el caso de la mujer en periodo de lactancia que viaje con o sin el infante, pueda transportar leche materna en su equipaje de mano.

Para cerrar, quiero que nos quedemos con una reflexión. Puede que la lactancia no sea la mejor opción para todas las madres, pero sí es la mejor opción para todos los bebés. Hagamos que con medidas como las que planteo, cada vez sean menos los escenarios en donde una mujer opte por una segunda opción. Está en nuestras manos y es momento de pensar en estrategias para promover de verdad la lactancia materna.

Compañeras y compañeros diputados, les pido su respaldo en esta iniciativa. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen. Se encuentran en este salón de sesiones, estudiantes de la Universidad CUGS, invitados por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, a quienes les damos la bienvenida.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Alcanzar la igualdad sustantiva entre los géneros es el objetivo primordial de las sociedades democráticas. Esta apuesta implica, principalmente, erradicar las violencias que se ejercen contra las mujeres y niñas, puesto que esto limita el ejercicio del resto de sus derechos fundamentales, además de que se vulnera su desarrollo individual y colectivo.

En México la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema público que persiste y ha ido en aumento, de acuerdo con datos del Inegi, en su Encuesta Nacional para la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el Endireh de 2016, el 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia física, sexual, emocional, económica y otras alguna vez en su vida. De este porcentaje, el 43.9 por ciento ha enfrentado esta violencia por parte de su pareja, su cónyuge o expareja durante la relación.

La violencia feminicida tampoco se ha detenido. De 2018 a 2019 las victimas por este delito aumentaron en 10.3 mujeres asesinadas en violencia feminicida al día.

Si bien es cierto que erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas requiere de políticas públicas integrales enfocadas a su prevención, también lo es que cuando estos actos se cometen las víctimas deben tener la certeza de que cuentan con el respaldo institucional. Por lo cual, es indispensable crear un marco legal que les permita acceder a la justicia desde la perspectiva de género.

Estos esfuerzos que se han venido dando como propios del Estado mexicano lo comprometen a continuar con su tarea de impulsar, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres, desde los principios de universalidad, integralidad, progresividad.

El informe de la CEDAW, en ocasión de su noveno informe periódico de México, recomendó derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias hacia las mujeres y las niñas, armonizar las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos de discriminación y violencia contra las mujeres, así como reformar el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda aprobar un Código Penal Nacional que regule todos los asuntos penales, delitos y sanciones y/o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal general.

En concordancia con dicha recomendación, presento ante este pleno esta iniciativa que consiste en adicionar al artículo 73 constitucional, fracción D, que faculte al Congreso de la Unión a expedir la legislación que establezca los tipos penales referentes a las violencias contra las mujeres y las niñas, incluyendo los delitos y sanciones correspondientes, con el objetivo de garantizar plenamente el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia.

Para el Grupo Parlamentario del PRD es prioritario continuar armonizando la legislación referente a erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas, lo cual lleva a consolidar nuestra aspiración de vivir en una sociedad democrática e igualitaria. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz: Buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta. Compañeros diputados, el cambio climático es la variación del clima por periodos largos, ya sea por condiciones naturales o como resultado de actividades humanas.

Desde finales del siglo XX, pero más notablemente en los últimos 50 años, con el desarrollo industrial y la pérdida de bosques y selvas, entre otros factores, la temperatura de la superficie terrestre se ha incrementado, lo cual significa un alto riesgo para todas las formas de vida.

Algunas señales de este fenómeno climático en nuestro país son: aumento de la desertificación. Muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desecamientos de ríos, muerte de especies animales y vegetales e impacto en los mantos freáticos, aumento extremo de temperatura.

En la Ciudad de México en los últimos años la temperatura se ha incrementado casi 4 grados centígrados. Adelanto en las épocas de calor: en las regiones del norte del país las épocas de calor comienzan de manera anticipada y terminan después del tiempo habitual comparados con años anteriores. Desaparición de los glaciares: los glaciares más importantes de México, ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión, y esto sucede también en muchas partes del mundo.

México es el primer país en desarrollo en contar con una Ley General de Cambio Climático, cuyo objeto es garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Nuestro país ha establecido en diferentes ordenamientos jurídicos la preocupación por los efectos del cambio climático. La propia Constitución establece, en su artículo 4 el derecho a un medio ambiente sano que toda persona tiene para su desarrollo y bienestar, catalogándolo como un derecho humano. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en el artículo 5 establece que el sector cultural deberá vincularse con el cuidado del medio ambiente.

Luego entonces, en nuestro país hay infinidad de eventos culturales, muchas ferias del libro. Tan solo en el año 2018 se llevaron a cabo 690 mil actividades realizadas por la Secretaría de Cultura.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es que la Secretaría de Cultura promueva el cuidado del medio ambiente en los diversos espacios y eventos culturales que esta realice. De ahí que se propone modificar la fracción V del artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Por mencionar algunos datos, la Secretaría de Cultura brindó las condiciones y espacios para realizar acciones que permitieron alcanzar 12.8 millones de asistentes a actividades de fomento a la lectura, que es donde se debe poner especial interés, ya que en nuestro país se realizan anualmente 158 ferias de libros, espacios idóneos para fomentar estas prácticas ecológicas.

Por lo que se propone adicionar una fracción al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que las editoriales tengan una participación activa en la instrumentación de estrategias, políticas, medidas y acciones de la planeación forestal.

Igualmente, para articular una mejor política en materia ambiental, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 124 de la Ley Federal de Derecho de Autor, para la inclusión de los editores dentro de la política ambiental.

Compañeros diputados, la deforestación es un grave problema para la salud del planeta, que nos afecta a todos. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación.

Contribuyamos a mejorar nuestro medio ambiente. Por ello someto a la consideración del pleno la presente iniciativa esperando contar con su apoyo para su aprobación. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Castañeda Ortiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Josefina Salazar Báez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Salud, suscrito por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Josefina Salazar Báez: Señoras y señores diputados federales, les saludo con aprecio. Con su venia, diputada vicepresidenta. Mexicanas y mexicanos.

Les agradezco el favor de su atención y les comento que hago uso de esta alta tribuna para presentar una iniciativa de reforma a diversos dispositivos de la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley General de Salud, con la finalidad de articular un andamiaje  jurídico que le dé soporte eficaz a la política de abasto y distribución de medicamentos en el sector público, para hacer posible el derecho de acceso a la salud que consagra el artículo 4o. de nuestra Constitución en alcance de sus atribuciones aplicables, y que mediante las acciones que resulten necesarias y oportunas se establezca también esa obligación a las entidades federativas, en el supuesto de que estas brinden la atención médica gratuita a las personas sin seguridad social.

A la luz de lo anterior, las características de eficacia y oportunidad en la atención a las necesidades de la población son importantes en la cristalización del derecho a la salud. No obstante, la plena satisfacción de estos requerimientos se ha visto coartada recientemente por una persistente escasez de medicamentos en distintos niveles de atención en el sector público de salud en nuestro país.

Los medicamentos son insumos sin cuyos efectos en el organismo, otras acciones de atención médica carecen de impacto suficiente, por ello son vitales para la salud y en ocasiones para la sobrevivencia de los pacientes.

Al respecto, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Nosotros y Fundar, elaboraron el informe titulado No al huachicol de medicinas, el cual puede corroborarse para verificar el porcentaje de casos por entidad federativa.

Como todos saben, el gobierno federal dispuso un cambio de esquemas irresponsables en la distribución de medicamentos en el país, lo cual ha tenido una dinámica de implementación, más bien errática, y como consecuencia se observan problemas en el acto de surtir las recetas de medicamentos en el sector público.

La falta de claridad y previsión en un tema tan sensible ha causado una crisis que impacta a los centros de salud del sector público con graves consecuencias para los pacientes.

Por mencionar solo un aspecto del problema, uno de los más apremiantes es la carencia de fármacos para enfermedades crónicas y de alto riesgo, como son, por ejemplo, la diabetes, el cáncer y el SIDA y otras condiciones como las fallas renales.

Se considera entonces, que el proceso debe apuntalarse mediante la inclusión en la ley de obligaciones expresas a la Secretaría de Hacienda y de Salud, para que deban, mediante las acciones necesarias realizadas con antelación y planeación, garantizar el abasto de medicamentos dentro del alcance de las atribuciones de cada una.

En lo relacionado con los estados, es necesario prever el supuesto en el cual no realicen acuerdo de coordinación con la federación respecto al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar, para otorgar servicios a personas no aseguradas y en ese caso deberán ser las entidades quienes deban de proveer los servicios de salud gratuitos para las personas sin esquema de seguridad social, incluyendo la provisión de medicamentos.

Señoras y señores legisladores, no olviden que el cumplimiento de la ley siempre debe de estar por encima de las acciones administrativas y decisiones políticas específicas tomadas por los diferentes actores decisores de las políticas públicas, en este caso el derecho de la protección a la salud y las compras gubernamentales de medicamentos correspondientes.

Por esa razón, sin importar los cambios administrativos verificados, el marco legal debe ser claro y conciso al asegurar el aspecto que nos ocupa, priorizando el interés de los mexicanos sobre cualquier criterio de decisión del gobierno en turno.

El derecho constitucional de acceso a servicios de salud debe prevalecer sobre cualquier cuestión de orden operativo, administrativo y aun de política y no al revés. Es por esto que se necesita una reforma que apoye al cumplimiento de los postulados de la Carta Magna.

Los mexicanos esperan mucho de nosotros. Les pido que en este tema de salud seamos capaces de acordar, actuar y luchar como la generación del México que ya no tiene tiempo que perder porque la salud de los enfermos apremia.

Este es el momento de que la política de salud sea una consecuencia de la salud en la política. Apelo a su sensatez y pido encarecidamente su atención a la presente iniciativa. Muchas gracias, diputadas y diputados.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Salazar Báez. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen. Y a la Comisión de Salud, para opinión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con su permiso, presidenta. Históricamente, la participación política de las mujeres en México ha sido condicionada por una cultura machista y patriarcal que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo, con la aportación e incorporación gradual de nuestro género en las administraciones públicas y en cargos de elección popular, por la lucha incansable que logró escalar cuotas hasta lograr la paridad.

En el proceso, la violencia política, la discriminación, la aparición de las Juanitas, entre otros penosos sucesos, han sido nuestra realidad. A lo anterior se suman acciones que han intentado erosionar nuestra democracia, primero frente al INE, una institución que con defectos y virtudes ha sido clave y garante de las libertades de elección de nuestros gobernantes. Ha construido un mayor respeto de las decisiones ciudadanas, mismas que legitimaron al hoy presidente de la República y también a la mayoría en esta Cámara.

Y, en segundo lugar, un infundado recorte al financiamiento público a los partidos políticos. Intención que sin duda afectaría de manera directa a la democracia. Y particularizando, para entrar en el objeto del tema de esta iniciativa, afectaría también, directamente, los recursos que se aplican a la capacitación para el liderazgo político de la mujer.

Generar las condiciones para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres significa atacar de manera directa las desigualdades, significa dotarnos de las herramientas necesarias para ejercer nuestras responsabilidades.

Y con la reciente aprobación del conjunto de reformas paridad en todo, que hará posible el acceso de las mujeres, no solo a los cargos de elección popular, sino también a cargos administrativos del primer nivel en los tres órdenes de gobierno, tomar decisiones oportunas para el fortalecimiento de la capacitación, formación y empoderamiento de las mujeres, resulta urgente y resulta necesario. Sobre todo si tomamos en cuenta que el presente y el próximo año tendremos elecciones en 13 entidades federativas.

Los esfuerzos hasta ahora llevados a cabo no han sido suficientes. El Instituto Nacional Electoral ha identificado que estos recursos que representan el 3 por ciento del total que se destina a partidos políticos, se operan realmente en conferencias genéricas, en gastos corrientes y otros rubros muy distantes de sus verdaderos objetivos. Por lo que para nuestro grupo parlamentario resulta imperante realizar un exhaustivo análisis de estos casos que operan en detrimento de las mujeres en política.

Y aprovechar el espacio también para reconocer al organismo nacional de mujeres priistas y a su escuela nacional de mujeres priistas, única en su tipo y que al día de hoy han pasado por sus aulas más de 19 mil mujeres.

Sin duda la estrategia para lograr una completa incorporación de las mujeres en la vida pública debe ser integral, conjuntar esfuerzos, adecuar nuestras leyes y reforzar programas, en lugar de desaparecer aquellos que son verdaderos instrumentos de apoyo, como lo son las estancias infantiles y el presupuesto destinado a los institutos de las mujeres, centros de justicia, apoyos directos a jefas de familia y también para los refugios para mujeres violentadas.

Estoy convencida de que la presente iniciativa para destinar el 10 por ciento de los recursos de los partidos políticos a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres será una muestra de la forma en que esta legislatura de la paridad entiende la ley, la realidad y la política pública en materia de igualdad.

Una verdadera transformación debe venir acompañada de congruencia, de compromiso y de responsabilidad de todas y de todos los actores en la vida pública y, sobre todo, de cualquier Estado que se asuma democrático. Más espacios y más recursos para que las mujeres estemos al servicio de México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, para impulsar la actividad acuícola nacional, suscrita por el diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la acuacultura se ha convertido en una de las mejores técnicas para la producción de alimentos en México, mostrando un crecimiento continuo que ha desarrollado una gran cantidad en este sector.

Al respecto, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, estima que en nuestro país más de 56 mil productoras y productores acuícolas viven de este sector.

De acuerdo con el informe Estado de la Pesca y Acuacultura en el 2018, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha incrementado. México se colocó como el segundo productor de pesca continental o de agua dulce en América Latina y del Caribe, además de ocupar el décimo cuarto lugar a nivel mundial entre los países productores de pesca continental que incluye la acuacultura y pesca en otros embalses como lagos y presas.

Además el informe pronostica que la producción de la pesca y la acuacultura seguirán creciendo en un 15 por ciento hacia el año 2030, siendo mayoritario este crecimiento en un 43 por ciento en su producción.

Las estadísticas dan cuenta que las actividades acuícolas constituyen fuentes alimentarias muy importantes a nivel nacional, por su importancia para garantizar la seguridad alimentaria y nutrición balanceada de la población, así como por colocarse como la principal fuente de sustento económico de miles de familias mexicanas.

Compañeras y compañeros legisladores, la acuacultura representa una oportunidad y posibilidad real para cumplir con los retos de seguridad alimentaria y nutrición que tiene nuestro país, sobre todo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para el 2030.

Por ello, como legisladores federales resulta urgente promover acciones legislativas encaminadas a impulsar el fortalecimiento del marco jurídico en materia acuícola, a fin de proporcionar las herramientas necesarias que coadyuven con el desarrollo integral de la acuacultura, a la par de generar mejores oportunidades y condiciones que permitan combatir el rezago social y la pobreza que enfrenta el sector más vulnerable.

Una de las exigencias constantes que han manifestado en talleres y reuniones de trabajo por productores acuícolas, investigadores y especialistas, es solucionar los precios elevados que suelen pagar, el consumo de energía eléctrica necesaria para realizar sus actividades de producción. Que requieren de sistemas de bombeo de gran capacidad para la reversión del agua, utilizando además en dicho proceso equipos e implementos que implican consumo importante de energía.

Si bien es cierto que desde 2005 existe el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica para uso acuícola, sin embargo, este programa ha sido insuficiente para atender las necesidades exigidas por los productores, toda vez que continúan pagando precios elevados y muy superiores a los que pagan los agricultores y los ganaderos.

Por ello, con la presente iniciativa que reforma la Ley de Energía para el Campo, se busca dar una solución a esta problemática, promoviendo el desarrollo de las zonas rurales e impulsando a los productores acuícolas de nuestro país.

Para lograr este objetivo, resulta fundamental que la cuota energética que actualmente se otorga a las actividades agrícolas y ganaderas también sea otorgada y entregada en igualdad de condiciones a los productores que se dedican a la actividad acuícola, y con ello lograr una homologación.

Estamos seguros de que dichas acciones vendrán a fortalecer la generación de empleo en las regiones que representan en nuestro estado y, sobre todo, coadyuvarán a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de la acuacultura en México.

Nuestro objetivo es preciso, brindemos a la acuacultura un trato igualitario en condiciones al que se otorga a los sectores agrícola y ganadero. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ríos Fararoni. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen; y a la Comisión de Pesca, para opinión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Nohemí Alemán Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Nohemí Alemán Hernández: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, mexicanas y mexicanos que nos ven a través del Canal del Congreso, la decisión de cambiar de residencia, de nuestro lugar de origen a otro país es muy compleja, ya que en muchas ocasiones migrar no formaba parte del proyecto original de vida de muchas personas.

Sin embargo, las condiciones económicas o de inseguridad empujan a tomar la decisión de dejar la tierra de origen y enfrentar miles de dificultades y riesgos. Los migrantes cuando migran arriesgan su vida, su integridad corporal, su salud y su dignidad como personas.

Los más jóvenes, tanto unas como otros, son sin duda los más vulnerables. Los riesgos van, desde accidentes, hasta la posibilidad de ser objeto de reclutamiento forzoso por el crimen organizado o ser víctimas de trata de personas o extorsión.

Por eso, debemos promover una mejor reinserción de los migrantes en México, de manera estructural y ordenada, que consiste en reorientar la política económica del Estado como empleador. Es decir, que el gobierno mexicano asuma la generación de empleo y seguridad como la principal de sus prioridades en toda política pública, y de manera coyuntural basada en el aprovechamiento de programas e instituciones que hasta ahora funcionan de forma dispersa.

Es preciso recordar que, en México, durante el año pasado, apenas el 0.6 por ciento del total de personas que ingresaron a México recibieron permisos de estancia, trabajo o estudios y, lamentablemente, el 99 por ciento recorrió el país sin ningún tipo de seguridad ni control.

Es por ello que se debe facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social, no solo de los emigrantes, como actualmente ya está establecido, sino también de los migrantes mexicanos y sus familias, a través de los programas interinstitucionales en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

Es por ello que el Fondo de Apoyo a Migrantes fue creado justo como apoyo a los migrantes mexicanos en el retorno a sus lugares de origen, para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo y fomentar la operación de albergues que los atiendan. Así como para precisar las disposiciones para el ejercicio, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos que se entregaban con cargo al Fondo de Apoyo a Migrantes.

Es por ello que el gobierno, desde el año 2015, destinaba una parte en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en materia de apoyos al sector migrante.

No obstante, a partir del cambio de gobierno, en el 2019, se dejó de destinar recursos para este importante sector que beneficiaba a millones de migrantes, lo que ha ocasionado que se incremente esta problemática que tenemos actualmente, que los municipios fronterizos gastan mucho de su presupuesto para apoyar a los migrantes que esperan cita con Estados Unidos. Y ahora que se eliminó presupuesto para ese sector, aumenta aún más esta problemática.

Por ello, cuando los migrantes esperan la resolución de las autoridades migratorias y no cuentan con la forma de poder trabajar de manera legal, mientras esperan están expuestos diversas formas de vulnerabilidad y victimización, se exponen a miles de hombres, mujeres, niños y niñas que son presa fácil para grupos de delincuencia.

El camino es largo, como cuando se migra, y mucho falta por hacer. Si todos sumamos esfuerzos desde nuestros respectivos ámbitos, podremos avanzar en el entendimiento de que todos somos iguales en derechos, que nuestra diversidad nos aporta mucho más de lo que aparentemente nos separa. En Acción Nacional sabemos y entendemos esto.

Por ello, la presente iniciativa propone establecer en la ley que se garantice este derecho a los migrantes y se destinen recursos para el sector, y no dependa ese recurso de los cambios de gobierno. Por su atención muchas gracias, y los invito a sumarse a esta iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alemán Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El diputado Manuel Gómez Ventura: Con su permiso, diputada presidenta. En la insistencia de dar resultados y abonar un granito de arena a la lucha por combatir la inseguridad nacional de nuestro país, presento ante este recinto la iniciativa que adiciona la fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Y digo insistencia porque en el primer periodo de sesión ordinaria de este segundo ejercicio legislativo presenté en tiempo y forma una iniciativa al respecto, solo haciendo referencia al artículo 190 de la ley en comento. Pero por razones que ignoro fue descartada en las comisiones responsables de dictaminarla.

Pero por razones que tienen que ver con la inseguridad y que es un tema muy complicado, con relación a la extorsión, que no le pide nada al secuestro, porque utilizan los mismos mecanismos, que es un tema que genera una gran incertidumbre en la vida personal y social a los ciudadanos. Es que apenas hace unas semanas fue extorsionado y secuestrado un joven sobrino de mi particular, y que, gracias a Dios, con la intervención de la secretaria adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Ejecutiva, la licenciada Bertha María Luján, fue liberado.

Y a manera de recordatorio, en los últimos años, a partir del 2000, según datos de la Policía Federal, en nuestro país se ha registrado un aumento exponencial en los delitos de extorsión y de secuestro, que afectan a familias, empresas y comunidades. Y ha sido difícil erradicarlos porque los métodos de ejecutar dichos delitos muchas ocasiones son vía remota, mediante teléfonos móviles de prepago que son utilizados de manera desechable para perpetrar actos de extorsión y secuestro.

Las líneas de teléfono se llegan a utilizar una vez por llamada para evitar que la autoridad pueda geolocalizar la señal emitida por los aparatos móviles. Y en caso de secuestro las llamadas son realizadas en un tercer estado del país, para hacer más complicado el proceso de localización.

Según estos datos del propio secretario de Seguridad Ciudadana, en un proceso de secuestro los delincuentes utilizan hasta 16 líneas de teléfonos distintas, para realizar las llamadas y pedir rescate. Estas líneas son adquiridas de forma legal o como parte del robo de celulares, que también han mostrado un incremento en los últimos 4 años.

Se estima que en 2017 se denunció el robo de cerca de un millón de teléfonos celulares en México. De esos, mil fueron usados para cometer delitos de extorsión, según la Asociación Nacional de Telecomunicaciones.

Se pretende que cuando algún delincuente utilice... con esta iniciativa se pretende que cuando un delincuente utilice un número para secuestro o extorsión o algún otro delito, la autoridad podrá acceder mediante la base de datos de las compañías de telecomunicaciones a los datos registrados de dichas líneas.

En el caso de las líneas robadas y utilizadas en acciones criminales, se sugiera seguir concientizando la denuncia de robo de celulares ante la autoridad para su conocimiento y acción, así como a la compañía contratante para dar de baja dicho número y que no sea utilizado en la comisión de un delito.

Es por lo anteriormente expuesto que si queremos dotar a nuestras instituciones de procuración de justicia, de mecanismos más eficientes para realizar con éxito su labor para el combate de delitos perversos contra los ciudadanos, tales como la extorsión y el secuestro, debemos establecer mecanismos que permitan identificar a quienes compran y manipulan las tarjetas SIM.

El registro de usuarios permitirá frenar y comenzar a bajar la escalada de estos delitos cometidos por la falta de regulación en este importante tema.

Yo confío que en esta ocasión las comisiones dictaminadoras puedan darle para adelante a esta iniciativa por tratarse de una iniciativa que tiene que ver con la inseguridad que hoy tanto nos afecta. No estamos sobre regulando. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Gómez Ventura. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Sandra Paola González Castañeda, de Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La diputada Sandra Paola González Castañeda: Gracias, presidenta. Con su permiso. Compañeros y compañeras, estoy en esta tribuna para hacerles de su conocimiento el caso de Dunia Camacho Marenco. Ella es residente del municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México, y es una atleta de alto rendimiento que ostenta, entre otros logros destacados, el campeonato y record mundial en la disciplina de natación para atletas con síndrome Down en el año 2018, celebrados en la Ciudad de Truro, Canadá, con 58 medallas mundiales, dentro de las cuales 32 son de oro, así como establece nuevas marcas en su disciplina, 8 records mundiales y 14 panamericanos.

Por ende, tiene la legitimidad representar a nuestro país en la justa de la citada especialidad en el Mundial de Turquía en este año 2020.

Dunia estuvo aquí hace unas semanas pidiendo el apoyo económico para sustentar todos sus gastos, todo lo que tiene que pagar de sus viajes, su hospedaje y todo esto. Dunia, como muchas atletas y muchos atletas, tiene que venir aquí a Cámara de Diputados para solicitar el apoyo que voluntariamente las diputadas y diputados hicieron el favor de otorgarle.

Las atletas y los atletas con síndrome Down no están reconocidos en ningún reglamento que tenga que ver con el deporte y es por eso que se tienen que ver en este viacrucis de estar pidiendo dinero en las calles, en las asociaciones y, bueno, nosotros empezamos a verificar este caso de por qué no tenía recursos Dunia para ir, si es una atleta tan campeona con todo esto que he mencionado, y entonces vimos que la Comisión Nacional de Deporte, a través de los reglamentos de las diversas disciplinas deportivas, no contempla dentro de los tabuladores presupuestarios apoyos para atletas de alto rendimiento con el síndrome Down, considerándolos solamente dentro de un apartado de deportistas adaptados, así es como lo incluye, lo que concluye que el caso de Dunia no es aislado, sino una lamentable constante de discriminación para estos atletas, que digna y orgullosamente representan a México.

Resulta lastimoso e inverosímil que en pleno siglo XXI el Estado mexicano, a través de las instituciones deportivas especializadas en la materia, por señalar la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, así como sus direcciones, dependencias, áreas y fideicomisos, que debieran orientar sus esfuerzos en el desarrollo e innovación de la cultura física y deportiva, que forje mexicanos y mexicanas competitivos conforme a los más altos estándares internacionales para ejemplo de la población, que vemos en ellos un reflejo del país y una sociedad en movimiento con la disciplina, el rigor y la excelencia, no contemplen de manera orgánica, estructural, presupuestaria y cultural a las personas que presentan el síndrome Down.

Dicho de otra manera, no son considerados como atletas de alto rendimiento, lo que conlleva a negarles el acceso a becas, estímulos económicos que les permitan formarse entre los más altos estándares deportivos y representar a nuestro país en las justas internacionales, de acuerdo a la especialidad que ellos compiten.

La presente legislatura de esta Cámara de Diputados autorizó un incremento del 25 por ciento a los recursos destinados al deporte y la cultura física; 2 mil 631 millones de pesos, de los cuales mil 718 millones de pesos se asignaron a la Conade, incremento sustancial no visto desde el año 2011. No obstante, es inadmisible que los incrementos de esta soberanía, que hemos aprobado, no contemplen en las reglas de operación de la Conade y sus filiales, y dependencias agremiadas, el apoyo a personas con el síndrome Down.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto con el cual se reforma y adiciona una fracción, fracción XXI Bis del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y de Deporte. Se reforma y adiciona la fracción XXI, artículo 30, en donde contempla establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competencias nacionales o internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales.

Tratándose de las competencias internacionales, se considerará la opinión del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano, según sea el caso, quedando de la siguiente manera:

La fijación de los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competencias, nacionales e internacionales, deberá regirse bajo los principios de igualdad, interdependencia, universalidad y progresividad respeto a las cualidades, resultados y excelencia de los atletas, los cuales, sin excepción, no podrán ser sujetos a discriminación en el otorgamiento de apoyos estructurales, logísticos, de entrenamiento y presupuestarios, por su condición física, intelectual o mental.

Por lo tanto, les pido, diputadas y diputados que se encuentran presentes en este momento, su apoyo para suscribirse a esta iniciativa y presentarla todos y todas juntos, para que podamos tener el caso como el de Dunia y como el de muchas y muchos otros atletas con el síndrome de Down ya puedan ser incluidos para estos apoyos y no tener los casos que vemos constantemente. Muchísimas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González Castañeda. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario... Perdón, ¿con qué objeto, compañero diputado? Compañero Riggs Baeza, sonido, por favor, a su curul.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Sí, diputada presidenta, por supuesto para adherirme a esta iniciativa, pero también para comentar que es una lástima que, en este tipo de consecuencias, que lastiman a atletas de alto rendimiento con discapacidad, no se tomen en cuenta ya en el fondo denominado Fodepar. Este fondo está destinado directamente a atletas de alto rendimiento.

Me parece que esto es más que una iniciativa, es una falta de voluntad a prestar atención a atletas de alto rendimiento en todas las disciplinas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, compañero. Si no tiene objeción la diputada promovente, para aceptar su adhesión a su iniciativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Manuel Huerta Martínez: Con su venia, señora presidenta. El ilustre historiador y antropólogo mexicano Miguel León Portilla, nació el 22 de febrero de 1926, estudió en la Universidad de Loyola en los Ángeles, California, obtuvo el grado de artes en 1951.

En 1956 recibió el doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1955 a 1963 se desempeñó como subdirector y director del Instituto Nacional Indigenista Interamericano. Asimismo, a partir de 1963 y durante más de una década fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y en 1974 fue nombrado cronista de la Ciudad de México.

En 1995 ingresó a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, en el área especial de Antropología e Historia.

Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su vasta obra recoge y estudia creencias, tradiciones y el pensamiento de estas culturas.

Entre sus libros más importantes a destacar son La filosofía náhuatl, en 1956; La visión de los vencidos, en 1959; Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, en 1961; El reverso de la Conquista, en 1964; Trece poetas del mundo azteca, en 1967; Literaturas indígenas de México, en 1992 y Quince poetas del mundo náhuatl, en 1994.

Asimismo, reivindicó los escritos del historiador español Fray Bernardino de Sahagún como fuente primaria para el conocimiento de la cultura azteca.

Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, acuñó como designación de tal trascendencia, en los acontecimientos la expresión: encuentro de dos mundos, que fue unánimemente aceptada por la UNESCO y ha tendido continuidad entre los historiadores de ambos continentes.

Fue precursor del movimiento para entender y reevaluar la literatura náhuatl de la era precolombina y la actual. La lengua náhuatl sigue siendo la lengua materna de 1.5 millones de personas en México. Contribuyó para establecer la educación bilingüe rural en México. Impartió conferencias en las principales universidades del país, de Estados Unidos de Norteamérica, de Europa, Asia y América Latina.

También perteneció al Consejo del Instituto de Civilizaciones Diferentes, en Bruselas, Bélgica. Así también perteneció a la Sociedad Mexicana de Antropología, a la Academia de la Investigación Científica, a la Academia de la Historia, a la Academia Mexicana de la Lengua y a otras instituciones culturales de México y en el extranjero.

Miguel León Portilla, historiador y académico de la UNAM, en dónde se paraba dejaba imborrables enseñanzas a través de sus palabras y siempre pensó que la historia no era un lujo, sino una necesidad.

Por esa gran trayectoria, el maestro León Portilla merece ser recordado a perpetuidad con respeto y admiración y como uno de los íconos del avance y desarrollo indigenista en México.

Por ello, sugiero el decreto por el que se adiciona el numeral sexto del artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que crea e instaura por parte de la honorable Cámara de Diputados al ilustre Miguel León Portilla, al Mérito del Indigenismo.

Artículo uno, decreto por el que se adiciona el numeral 6 del artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar en los términos siguientes:

La Cámara otorgará anualmente la Medalla Miguel León Portilla, para reconocer y premiar a las mexicanas y los mexicanos que hayan destacado en su labor a favor del indigenismo.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Cámara de Diputados contará con un periodo de 90 días contados a partir de la entrada del presente decreto, para expedir el decreto reglamentario. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Huerta Martínez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diversas diputadas y diputados han solicitado hacer uso de la palabra desde su curul. Vamos a proceder a otorgárselas, hasta por un minuto, con la atenta solicitud de que en la medida de lo posible respeten este tiempo. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Margarita García García (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Quiero denunciar un tema muy deshumano que sucedió en el municipio de Huajuapan de León, donde un medio de comunicación descubrió que la semana pasada en cabecera de mi distrito la ex candidata diputada del PRI, Yolanda López Velasco, que actualmente ocupa un cargo como delegada de Atención Regional, que la puso el gobernador Alejandro Murat, tiró a la basura dos toneladas de despensas que no entregó cuando fue candidata. Pero que además se le entregaron cuando sucedió el sismo de septiembre de 2017, lo cual condeno totalmente el hecho de que se haya tirado tanta comida, habiendo tanta necesidad y pobreza en nuestras familias oaxaqueñas.

Por lo cual solicito al gobernador la quite del cargo, ya que es una persona deshumana, es una persona no grata.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, ya se agotó el minuto.

La diputada Margarita García García (desde la curul): Sí. Y que el fiscal y las autoridades correspondientes hagan la investigación y se aplique todo el peso de la ley. Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García García. Tiene la palabra el diputado Eleusis Leonidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán (desde la curul): El Instituto Electoral del Estado de Puebla, acatando órdenes del gobernador morenista Miguel Barbosa, negó el registro a la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano, como partido político local.

Su negativa la funda el falso argumento de la extemporaneidad de dicha solicitud, después de tenerla en su poder durante cuatro meses y después de haber autorizado la realización de 23 asambleas distritales y de registrar a los militantes de dicha asociación, a más de 30 mil ciudadanos.

Este acto represivo, este atropello a los derechos ciudadanos y humanos de mexicanos en pleno uso de sus derechos debe ser conocido por todo el país, y debe también saberse que se intenta convertir a Puebla en el laboratorio para convertir, para implantar una dictadura en todo el país. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Córdova Morán. Tiene el uso de la palabra la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (desde la curul): Gracias. Con su venia, presidenta. Observatorio Sonora por la Seguridad comentó que Cajeme aumento 40.94 por ciento su tasa de inseguridad y Hermosillo tuvo un incremento del 24.14 por ciento en 2019.

A pesar de ello, el presidente López Obrador declaró en la conferencia mañanera que Sonora no es de los estados con mayor inseguridad. Esto mientras días atrás mi estado estaba envuelto en una ola de inseguridad, con homicidios dolosos y ataques armados en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme y Nogales.

Exigimos al presidente dejar de ser omiso ante tal problema. En Cajeme los organismos empresariales ya han expresado su preocupación de haber recibido amenazas de extorsión y cobro de derecho de piso. Algunos restaurantes están cerrando ya dos horas antes de lo acostumbrado y los ciudadanos tienen temor a salir a ciertas horas de la noche, imponiéndose a sí mismos un autotoque de queda.

De la Guardia Nacional se desconoce su presencia o su función, pues no se les ve combatiendo a la delincuencia. La policía estatal es insuficiente y son siempre reaccionarios ante los hechos delictivos y las policías municipales no tienen la capacidad de combatir. O bien, algunos se encuentran coludidos con la delincuencia. Por ello, exigimos al gobierno federal...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, ya sobrepasó el minuto.

La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (desde la curul): Concluyo, presidenta. Exigimos al gobierno federal que, sea cual sea su estrategia, si es que la hay, que la cambien o la ejecuten de forma adecuada. La ciudadanía clama por sus autoridades, que asuman el compromiso de contar con una estrategia, con acciones específicas que permitan disminuir los índices de violencia en el estado de Sonora. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bonnafoux Alcaraz. Tiene la palabra el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Señora presidenta Dulce María Sauri, señor vicepresidente don Marco Adame, compañeros diputados, el motivo de este minuto es invitarlos el próximo miércoles a un seminario sobre enfermedades raras, en este Congreso.

El día 29 de febrero es un día raro, es un día que ocurre solamente 7 cada 10 mil días. Las enfermedades raras ocurren 5 por cada 10 mil habitantes, y son tan pocas y a veces nos tocan a tan pocos, que nos han hecho insensibles a la salud de los mexicanos.

Comentarle, presidenta, comentarle vicepresidente, compañeros, que hay enfermedades hoy cubiertas por el Seguro Popular, como el Síndrome de Morquio, que, en el caso del IMSS, de tener 30 pacientes desde hace 4 años, no los atienden.

Estas enfermedades cuando no se atienden, los niños mueren y tienen una esperanza de vida de menos de 12 años. Llamamos desde aquí a la institución de seguridad social, Instituto Mexicano del Seguro Social para que atienda esa enfermedad de Síndrome de Morquio, en el caso de Síndrome Moretó, solamente está atendiendo a 55 de 300, y otros casos como la lipofuscinosis neuronal que da muy seguido, que mueren estos niños sin tratamiento, sean atendidos. Presidenta, por su generosidad muchas gracias. Y ojalá que nos puedan acompañar. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ramírez Barba. Solicitaremos que la Gaceta Parlamentaria oportunamente publique el día, el lugar, bueno, ya dijo que el día 29 de febrero, el lugar y la hora en que se realizará este importante evento. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (desde la curul): Con su venia, señora presidenta. El día 19 de diciembre del año pasado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el bloguero Paul Velázquez Benítez sufrió un atentado, recibiendo un disparo de arma de fuego en la cabeza. Milagrosamente logró salir con vida.

El día 5 de febrero denunció los hechos en la mañanera del presidente y acusó directamente al presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, de ser el actor intelectual de estos lamentables acontecimientos.

El presidente le prometió que iba a instruir al fiscal general de la República para que lo recibiera y entablara la demanda correspondiente. También le dijo que habrá justicia. En nombre de la vida y de la libertad de expresión, exhortamos al fiscal general para que realice una investigación rápida y expedita y se finquen responsabilidades al o a los autores del atentado.

Asimismo, exhortamos al alcalde Billy Chapman para que cese de inmediato las acciones intimidatorias y de violencia contra sus adversarios políticos, sus críticos y los que no piensan como él. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, ya se excedió del minuto. Muchas gracias, diputado Ayala Bobadilla. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rubén Cayetano García: (desde la curul): Bienvenida la campaña Afrocenso MX, que busca que la población afromexicana del país responda de manera afirmativa ante la pregunta del cuestionario censal que aplicará el Inegi del 2 al 27 de marzo de este año.

Es un timbre de orgullo representar al distrito 8 de la Costa Chica de Guerrero, que es la región con mayor población afro de México. Y por tal motivo, desde aquí manifiesto a autoridades y organizaciones mi respaldo a su campaña, y me sumo de manera activa para que nuestra reforma reciente al artículo 2o. constitucional, que reconoce y eleva el derecho de nuestra tercera raíz, se alcance plenamente.

Gracias a Conapred, a Inmujeres, a la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, a Afrodescendientes MX, a la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, a México Negro, al Colectivo Afro Tamiahua, y a todas y todos los que con su generoso activismo visibilizan a nuestro pueblo costeño, que aspira a una política inclusiva de una justicia y bienestar social. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Olivia García Vidaña, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Martha Olivia García Vidaña (desde la curul): Gracias. Con su venia, presidenta. Derivado de los lamentables acontecimientos suscitados en la sindicatura de Sanalona, Culiacán, la pasada madrugada del 27 de enero del año en curso, donde dos jóvenes estudiantes, Ana Carolina Aispuro Astorga y Andrea Candelaria Aispuro Avitia, de 18 y 20 años de edad respectivamente, originarias de Tamazula, Durango, municipio del distrito que represento, perdieron la vida en manos de elementos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Sinaloa, en un acto atroz y cobarde por parte de las autoridades del estado de Sinaloa. Los cuales han buscado desestimar los acontecimientos, tratando de justificarse y criminalizando a las jóvenes originarias de Durango. Situación que condenamos enérgica y firmemente.

Es por eso que, desde este espacio de representación como diputada federal, exhorto al gobierno del estado de Sinaloa y a la Fiscalía del estado investigar con objetividad, castigar a los responsables y asumir su función de salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos que transitan en este estado. Nos unimos a las condolencias y...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, ya se dio el minuto.

La diputada Martha Olivia García Vidaña (desde la curul): ... sentido pésame, y que se haga justicia en el gobierno del estado de Sinaloa. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García Vidaña. Tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (desde la curul): Buenas tardes. El pasado 27 de enero la noticia del asesinato de dos jóvenes en la localidad de Sanalona, ubicada en Culiacán, Sinaloa, cimbró las noticias nacionales no solo por el acto en sí, sino porque fue a manos de quien en teoría debería de cuidar la seguridad e integridad de la sociedad.

Andrea y Carolina hoy son dos mujeres que forman parte de una estadística más, la cual coloca a Sinaloa como un estado fallido en materia de proporcionar seguridad a mujeres. Desde esta Cámara hago un exhorto al gobernador del estado para que procese a los responsables de este lamentable acto. Basta de justificaciones.

Para terminar, me gustaría mencionar cifras oficiales en esta gestión del gobernador. En el 2017 fueron 86 mujeres, en el 2018, 49, en el 2019, 44 y hasta la fecha hoy 9 mujeres más. Más de 188 mujeres esperan por justicia. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Santiago Marcos. Tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (desde la curul): Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Solo para recordar que el pasado 19 de septiembre del año 2017 se dio un sismo muy grande, registrado con 7.1 grados, al sur de la ciudad de Axochiapan, en el estado de Morelos, provocando graves daños principalmente en la ciudad de Axochiapan, Ciudad Ayala, pero al que castigó más grave fue a la ciudad de Jojutla.

Hoy en día todavía se pueden encontrar vestigios de la destrucción, sin embargo se destinaron varios recursos a través del Fonden y precisamente por eso a ello vengo, a hacer un exhorto ya que Jojutla sigue clamando de estos recursos.

Actualmente la presidencia municipal se encuentra sin edificio y hay un socavón que pone en riesgo la vida de los transeúntes allá en aquella ciudad. Por tal motivo yo exhorto a la Secretaría de Gobernación y al Fonden a que apliquen esos recursos para los que fueron destinados. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ambrocio Gachuz. Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para hacer una precisión acerca de la agenda legislativa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En una conferencia de prensa el día de ayer, la presidenta de la Mesa Directiva señaló que la interrupción legal del embarazo es un tema que carece de consenso en la sociedad y en las bancadas parlamentarias. Sin embargo, Morena lo tiene como uno de los temas incluidos en su agenda política como grupo parlamentario.

En específico, varias diputadas de la Comisión de Igualdad de Género hemos venido impulsando la garantía del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a fin de evitar las miles de muertes maternas por abortos clandestinos, temas de salud pública que estamos obligadas y obligados a legislar en esta legislatura de la paridad de género.

No podemos retroceder en el avance de los derechos de las mujeres, ni un paso atrás, vivas nos queremos. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villarauz Martínez. Tiene la palabra el diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Vuelva a comenzar, diputado, por favor.

El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Sí, muchas gracias, señora presidenta. El día martes 4 de febrero hubo un enfrentamiento en Camargo, Chihuahua, entre la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano con agricultores de esa región, la región que yo represento.

Quiero poner la más alta queja por el trato que se le da a personas de bien, que luchan por conservar su patrimonio, ante la intención de Conagua de extraer mil millones de metros cúbicos de agua de las presas que tienen uso agrícola.

El Tratado de Aguas Internacionales no contempla las aguas comprometidas o concesionadas para el pago del mismo, por lo tanto, decimos no a la extracción y, sobre todo, reprobamos el uso de la fuerza, eso es para los delincuentes, no para la gente que trabaja.

Además, que se les llame oportunistas a ellos mismos por parte del presidente de la República y a quienes los estamos apoyando, nos digan politiqueros. Lamentamos que el señor presidente no tenga la información suficiente y recurra a la fuerza armada y que no cumpla su palabra de que todo sea...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, ya se agotó el minuto.

El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Cómo no. Que todo sea por medio del diálogo y nunca por el uso de la fuerza. Ni una gota del agua de riego para otros estados. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Mata Carrasco. Tiene la palabra el diputado Felipe Rafael Arvizu De la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Felipe Rafael Arvizu De la Luz (desde la curul): Muchas gracias, presidenta, con su permiso. El día de hoy quiero pedirle intervenga el gobernador del estado de México en Ixtapaluca. Tenemos ahí la instalación de gaseras como bombas de tiempo. Estamos de acuerdo que traen fuentes de empleo, pero que no las instalen al lado de escuelas o de casas. Estamos ahí exigiendo que él dé la indicación a las secretarías correspondientes, para que vayan y hagan la investigación y resulte lo que tenga que resultar.

Tenemos el tema bien importante del Cerro del Elefante, un cerro milenario, un cerro con historia, con identidad, con cultura. Un cerro donde tenemos pinturas rupestres y tenemos animales en peligro de extinción. Este cerro lo están devastando. En este momento encuentra ahí haciendo algunas construcciones.

Queremos que intervenga y que paren ya esta devastación en el Cerro del Elefante en Ixtapaluca. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:09 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 11 de febrero de 2020, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.

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