Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (11:21 horas): Se abre la sesión del día miércoles 14 de octubre de 2020.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Su atención, por favor, diputadas y diputados. Pido a la Secretaría dar lectura a las medidas de prevención.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Doy lectura a las medidas de prevención, en caso de contingencia:

Que identifiquen las salidas y accesos a las rutas de evacuación. Que en caso de contingencia, sigan las indicaciones del personal brigadista, quienes les indicarán las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.

Como medidas de control y prevención ante el contagio de Covid-19, se recomienda: que al toser o estornudar, utilice el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Utilizar los contenedores de base de alcohol en gel. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. No saludar de mano o beso en cara. En caso de síntomas de fiebre mayor a 38 grados centígrados, deberá presentarse al servicio médico. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, secretaria.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se dispensa la lectura.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Se recibieron solicitudes de diputadas y de diputados para retirar iniciativas, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Se recibió de la Secretaría del Bienestar el tercer informe trimestral del uso de los recursos por estado y municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del ciclo presupuestal 2020.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los reportes bimestrales sobre el uso de los tiempos oficiales en Radio y Televisión, correspondientes a primero, segundo y tercer periodo del año 2020.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para su conocimiento.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Se recibió de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Es el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual será turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Pido a la Secretaría dar cuenta con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de las curules, los siguientes dictámenes:

1. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 242 Bis y adiciona el artículo 381 Quáter 1, al Código Penal Federal.

2. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.

3. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

5. De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero y la fracción II del artículo 87 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

6. De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII al artículo 4o., recorriéndose ambos, de la Ley de Vivienda.

7. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

8. De la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

9. De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.

10. De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Turismo y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11. De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

12. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

13. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

14. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 7 y se adicionan los artículos 64 Ter y 64 Quáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

15. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

16. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Personas Ciegas y con Otras Discapacidades Visuales.

17. De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimenticia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.

18. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

19. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

20. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 381 Quinquies al Código Penal Federal.

21. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI Bis al artículo 8 de la Ley General de Comunicación Social.

22. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

23. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Artesanía de los Pueblos Indígenas.

24. De la Comisión de Educación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo.

Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, el delito de extorsión ha incrementado de manera desmedida en los últimos años, ya que de un total de 33 millones de delitos 5.7 millones de delitos se trataron de casos del delito de extorsión, bajo la figura de derecho de piso, cifra que representa el 17.3 por ciento.

A nombre de la Comisión de Justicia, a quienes reconozco la voluntad y compromiso para sacar algunos temas muy importantes en consenso de la comisión, hoy presento ante esta soberanía el dictamen de proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, en materia de extorsión.

Las cifras que comenté hace un momento son cifras alarmantes para la seguridad de los ciudadanos. Este tema, que es ya en vías de considerarse también una conducta de delincuencia organizada, es un delito que afecta de manera significativa el patrimonio de las familias, a las empresas, a las industrias y a los comercios, trayendo como consecuencia el cierre de lugares, pérdidas económicas, empleos, y limitando el sector y las comunidades de nuestro país.

Como ha quedado patente en diversos dictámenes aprobados por la Comisión de Justicia, es de alta prioridad para la adecuada procuración e impartición de justicia proteger a los grupos más vulnerables. Por esta razón hacemos resonar este propósito al agravar las penas, para que, en los casos de extorsión en contra de menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad y a quienes pueden resentir con mayor gravedad los efectos de este delito de extorsión y puedan ser intimidados con mayor facilidad.

También consideramos que debe agravarse la sanción cuando la conducta delictiva sea cometida por un familiar hasta en cuarto grado de parentesco, o cualquier persona con que se tenga una relación laboral, toda vez que la existencia y conocimiento previo entre el sujeto y activo y la víctima o un vínculo de confianza disminuye la adopción de medidas de precaución o alerta.

En este sentido, a nombre de la Comisión de Justicia, quiero poner a su consideración el votar a favor de este dictamen, porque cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que en el interior de los centros penitenciarios salen llamadas de extorsión, que es también una forma en que se agrava. Pero también se propone en dicho dictamen que sea en contra de aquellos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que faciliten los medios o condicionen la facilidad para la ejecución de este delito.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los invitamos a que voten y respalden este dictamen, que tiene como finalidad el endurecer las penas contra este delito de extorsión, que flagela y afecta a nuestra sociedad mexicana. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el derecho penal fue creado para estructurar en un solo marco jurídico aquellas conductas nocivas contra la armonía de la sociedad. Por tanto, le corresponde al Estado su aplicación mediante la prohibición y sanción a quienes no lo cumplan. Desafortunadamente hemos tenido que pasar de la prevención al incremento de las sanciones, debido a que cada vez son más las muestras de actos antisociales merecedores de castigos.

En el caso que nos ocupa, datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señalan que la extorsión es el segundo delito más recurrente en nuestro país. Adicionalmente, de enero de 2019 a febrero de 2020, alrededor de 111 mil personas denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose en el segundo delito más recurrente en el país, después de los delitos de robo o asalto en la vía o transporte público. Estos son datos alarmantes, pero sin duda, reales.

Atendiendo a ello, la tarea legislativa se ha tenido que transformar para generar leyes más robustas y cuya finalidad sea sancionar ejemplarmente para evitar que continúe cometiendo el delito que tanto aqueja a la sociedad.

En el dictamen que nos ocupa, la intención es aumentar las penas existentes para el delito de extorsión, que actualmente se impone una pena de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días multa a quien lo cometa.

Con esta reforma se busca aumentar dicha sanción hasta en una tercera parte, si quien extorsiona tiene alguna relación laboral o un parentesco hasta el cuarto grado con la víctima y, de igual manera, si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60 o padece alguna discapacidad.

Adicionalmente, se consideró necesario aumentar la sanción hasta en una mitad, cuando el delito de extorsión sea cometido con violencia, ya sea física, psicológica o moral, así como el incremento de cinco a diez años el tope máximo de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión al servicio o el servidor público, miembro activo o retirado de las Fuerzas Armadas, y el incremento de hasta dos terceras partes adicionales para el servidor o autoridad penitenciaria que facilite los medios o condiciones para la comisión de este delito.

Estamos convencidos de que dichas reformas constituyen una vía eficaz para poner el alto al creciente número de hechos relacionados con el delito de extorsión. Consideramos que sanciones ejemplares deberán responder sí o sí a las necesidades de una sociedad que hoy en día exige justicia y seguridad.

Por todo ello, y como representante del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, anuncio nuestro voto a favor del dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal en materia de extorsión. Somos unos convencidos de que como legisladores...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: -Concluyo, presidenta-. No existe mayor responsabilidad de nuestro encargo que la de contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos a través de la creación de leyes que garanticen nuestros derechos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Vidal Peniche.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el delito de extorsión está considerado como de alto impacto para la sociedad por las lamentables consecuencias que tiene para las víctimas.

La extorsión es definida como la acción mediante la cual un individuo obtiene dinero de otro mediante intimidación o amenaza de violencia. Es una de las prácticas delictivas más comunes y que con mayor frecuencia se realiza desde los centros penitenciarios.

Según diversas organizaciones ciudadanas, la extorsión se ha convertido en un delito que ha sufrido la mayor parte de la población, principalmente cuando la acción del gobierno se ha centrado en el combate del tráfico de drogas, por lo que las asociaciones delincuenciales han recurrido a diversificar sus actividades para mantener sus niveles de ingresos. Lo cual ha generado un sistema en el que muchas personas viven de arrebatar bienes y dinero a otros a través de amenazas.

La extorsión tiene múltiples modalidades, desde las llamadas telefónicas por secuestros simulados hasta el cobro de piso, que consiste en la exigencia de un pago periódico a quienes se dedican a cualquier actividad comercial para proporcionarles protección o simplemente para que no sean víctimas de la comisión de delitos. Se extorsiona tanto a grupos delictivos rivales para quienes pasar droga, inmigrantes por un punto controlado por otro cartel, como empresarios, productores agrícolas, dueños de pequeños negocios y comerciantes ambulantes.

Entre enero de 2019 y febrero de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizaron alrededor de 111 mil llamadas a los números de emergencia para denunciar ser víctimas de extorsión, situándolo como el segundo delito del fuero común más recurrente a nivel nacional, solo después del asalto a mano armada a transeúnte o transporte público.

Sin embargo, como sucede en la mayor parte de los delitos, la cifra de denuncias telefónicas no corresponde con el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público que consigna mil 245 carpetas de investigación por el delito de secuestro para extorsionar. Adicionalmente, en el mismo periodo se iniciaron 10 mil 104 carpetas con lo que en total tendríamos 11 mil 349 carpetas de investigación. Es decir, únicamente el 10 por ciento de las personas que dijeron telefónicamente haber sufrido actos de extorsión llegan a interponer una denuncia.

Es menester indicar que, en 2018, el monto recaudado por el delito de extorsión superó los 12 mil millones de pesos, equivalente a lo destinado por el gobierno federal, en 2019, a los estados en los dos fondos de seguridad: FASP y, el ahora en vías de extinción, el Fortaseg.

Si bien, el Grupo Parlamentario del PRD estamos plenamente conscientes de que el populismo penal no conduce a la reducción de la incidencia delictiva, concordamos en que el Estado debe de tomar cartas en este asunto.

Por el cual exhortamos a las autoridades de procuración de justicia y a las judiciales para redoblar los esfuerzos encaminados a disminuir los índices de impunidad en este delito, confiando en ello votaremos a favor del presidente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista Rodríguez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, muy buenos días. Si algo llena de tranquilidad a una sociedad es un ambiente de paz y la presencia de gobernabilidad en una nación. Así como la percepción de seguridad entre la población y saber que cuenta con el compromiso de sus autoridades.

Hablar de justicia es hablar de todo, es hablar de libre tránsito, de libertad de expresión, de la libertad para ejercer una profesión, del libre desarrollo del individuo y de muchos otros derechos sociales que el PES promueve todos los días.

México padece el flagelo de la extorsión, un rostro más de violencia que genera miedo en la población. Desde la primera vez que hicimos modificaciones a nuestra Constitución, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social propuso incorporar el delito de extorsión, porque teníamos que encontrar maneras de hacerle frente al cobro de piso en buena parte del territorio nacional.

Cuando una parte de la población está sin empleo y piensa en auto emplearse, es injusto que además tenga que considerar dentro de sus gastos el derecho de piso para mantener la seguridad de su persona y de su familia. La extorsión está minando la actividad económica y el ánimo social de muchos mexicanos.

Y lo que estamos haciendo hoy, como legislatura, es de gran valor para el país. Por ello, el Grupo Parlamentario del PES está a favor de este dictamen, porque nuestra gente, nuestro pueblo y el comercio de millones de personas no pueden estar ahogándose en la inseguridad física y psicológica.

Estamos de acuerdo con el aumento de las penas que promueve el dictamen, pero vamos a estar más de acuerdo con que las fiscalías incrementen el número de detenidos. El mensaje no está en el aumento de la pena, está en la detención y pena a los culpables.

En el PES vemos un México donde no se cobre derecho de piso. Vemos un México de derecho y seguridad. Un México donde la población pueda conducirse con la tranquilidad de que podrá ir a donde sea, sin temor alguno. A eso tenemos derecho, señoras y señores, todos y cada uno de los mexicanos.

Esta es una iniciativa socialmente correcta, por ello invitamos a que la consideremos. Aprobar este dictamen es un paso en el largo camino para darle a México la seguridad que merece.

Con ese mismo impulso, determinación e iniciativa, por hacer lo justo, lo correcto, impulsemos que los derechos y obligaciones que aquí aprobamos sean efectivos. La protección de nada sirve escrita, si no se vive y se percibe en las calles.

Por un México sin extorsión hagamos lo socialmente correcto. Gracias por la atención, compañeras, compañeros, gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lozano Rodríguez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores, queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas.

En el ámbito jurídico la extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar o cometer un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.

En diferentes ciudades de nuestro país se comete el delito de extorsión, mismo que se ha extendido significativamente, afectando la tranquilidad, seguridad y patrimonio de miles de personas cada año. De acuerdo con la Asociación Civil Semáforo Delictivo, el delito de extorsión ha aumentado el 35 por ciento, en relación al 2019.

Es inadmisible que el Estado mexicano en el delito de extorsión no aplique la misma rapidez que se esclarezca la comisión del delito de extorsión, porque es raro ver que se rastrean rápidamente llamadas y depósitos cuando se trata de temas políticos, pero ante la extorsión no se aplica ese rastreo ni la misma rapidez.

La extorsión es un desafío para el Estado mexicano, pero es necesario legislar para combatir la delincuencia, garantizar la paz pública y el bienestar de la población. Por ello, me congratulo por la aprobación de este dictamen que incluye mi iniciativa, y quiero agradecer a la Comisión de Justicia por aprobarla y, junto con ello, a su presidenta y a mi compañero Juan Carlos Villarreal por dar esta batalla.

Esta iniciativa es con la finalidad de sancionar y aumentar las penas a quien cometa el delito de extorsión, además de enfatizar el incremento de penas a quienes extorsionen a grupos vulnerables como personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad y adultos mayores.

Considero que es necesario se incluya un apartado distinto en el articulado actual y se aumente la pena hasta en una mitad, por ser la más vulnerable ante estos actos. Pero además, se agrave aún más, al tratarse de servidores públicos cuando se involucran en el tema de la extorsión.

La imposición y fundamentación de una mayor pena radica en que el delito trae consigo consecuencias graves a la salud, sobre todo en personas de grupos vulnerables. Es nuestro deber, como legisladores, proteger a estos grupos –sobre todo si son vulnerables– de personas mal intencionadas que solo buscan atemorizar e inquietar a la sociedad, buscando un logro y beneficio propio, robándoles la paz y tranquilidad.

Es necesario poner un alto y garantizar un bienestar a la sociedad. Vamos todos juntos contra la extorsión, pero también contra los extorsionadores. Pero también es importante recordar que más vale prevenir que lamentar.

Por ello les digo a todos aquellos que nos ven en el canal, en las redes sociales, que estemos listos, que ante cualquier intento de extorsión no caigamos, que estemos atentos, que estemos alertas. Pensemos sensatamente y nunca depositemos. No caigamos en la extorsión.

Es muy importante que se agrave este delito, pero también es muy importante que las autoridades hagan su trabajo. Las familias mexicanas requieren paz y tranquilidad y eso depende de todas y de todos. Compañeras y compañeros, hagamos lo nuestro porque México nos necesita. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espinoza Cárdenas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, quisiera preguntarles: ¿cuántos de los aquí presentes hemos sido víctimas de alguna llamada de extorsión, o que conozcamos algún familiar o amigo que haya caído en las garras de estos criminales, que por diferentes medios nos despojan de nuestras pertenencias, ya sea desde las habituales llamadas donde nos dicen que nos hemos ganado algún dinero o algún premio, o aquellos donde nos intimidan o amenazan con hacerle daño a algún familiar? Sin olvidar a aquellos que amedrentan a los pequeños comerciantes, obligándolos a pagar un derecho de piso o, como ellos le llaman, protección.

Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos conscientes de la situación por la que atraviesa el país y tenemos la obligación de proteger a las ciudadanas y ciudadanos, dotando de las herramientas legislativas necesarias para castigar las conductas que dañan a la sociedad, como esta de la llamada extorsión.

El delito de extorsión es un delito de alto impacto. Este delito ha ido en incremento en los últimos años y sabemos que detrás de la extorsión se encuentra la delincuencia organizada, siendo esta la que más daño genera. Lo anterior, porque este delito afecta de manera significativa el patrimonio de las familias, así como de las empresas y las industrias, lo que en muchas ocasiones obliga a que estos, por miedo cierren, incrementando con ello los niveles de desempleo y de pobreza.

En los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, presentados en 2019, se tiene la extorsión como uno de los delitos más habituales en el país, toda vez que se ha cometido intensamente en al menos 14 de las 32 entidades federativas de México y, a su vez, estos datos han demostrado un crecimiento de 48 por ciento de este delito, lo que refleja y evidencia la necesidad de modificar leyes y adecuarlas a la realidad.

La información que tenemos nos arroja que el 93.2 por ciento de estos delitos no fueron denunciados, por temor, principalmente, o por miedo o desconfianza de acudir a las autoridades correspondientes. Cabe señalar que muchos ciudadanos no confían en estas instituciones de seguridad y, por lo anterior, es indispensable que este delito sea tratado con seriedad, con el objeto de lograr sanciones mucho más elevadas para los sujetos activos en ella.

No cabe duda que debemos buscar que los delincuentes sean llevados ante la justicia, para que puedan ser procesados y que no hagan más daño a la comunidad, como lo vienen haciendo. Por eso el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará con todo este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Ventura.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Marcela Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Con la venia de la presidenta. La reforma que hoy se presenta al artículo 390 del Código Penal es una respuesta para enfrentar el segundo delito más recurrente del país, que únicamente está superado por los asaltos y robos personales en el transporte público: la extorsión. Sí, la extorsión, que es uno de los delitos que más impactan y que ha tenido un incremento significativo en los últimos años.

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Información, uno de cada cinco delitos en México es una extorsión y su tendencia, lamentablemente, va en aumento. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, el 17 por ciento de los delitos está vinculado siempre a hechos de extorsión.

Es importante visualizar que esta situación ha afectado de manera directa el patrimonio de miles de personas, pequeñas y medianas empresas e incluso a un número importante de emprendedores que se encuentran en pleno desarrollo.

Esto también se traduce en pérdida de empleos y afectaciones en el ingreso de miles de familias. Dicho de otra manera, ha sido un acelerador de desigualdad y pobreza en nuestro país que, de continuar bajo esta trayectoria, tendrá efectos irreversibles a mediano y a largo plazos.

Es por ello que este dictamen tiene a bien atender las condiciones y las características de los agresores que comenten este delito. La penalidad que se prevé en el artículo 390 busca aumentar, hasta tres veces, cuando los sujetos que incidan en el delito tengan una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado.

Ante este escenario, los cambios que tendremos a bien votar el día de hoy contemplan esta situación, que establece altos grados de complejidad y quebranta el Estado de derecho en uno de los puntos básicos: cuidar a la población y brindarle seguridad. Para ello, también es fundamental que entendamos que el costo de los altos índices de extorsión no únicamente se refleja en los negocios y en el patrimonio económico de la familia.

Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI ha mantenido una agenda activa sobre la sanción a las extorsiones desde distintos espacios, en esta legislatura hemos propuesto diferentes ajustes a la regulación de las condiciones que han permitido el escalamiento de estos delitos.

Nuestro trabajo, como legisladores y legisladoras, está en realizar los cambios que sean necesarios para fortalecer la gobernabilidad de México. En este sentido, hoy votaremos este dictamen a favor para reafirmar los instrumentos legales que den seguridad, tranquilidad y certidumbre a las familias de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Velasco González.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Sarai Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Sarai Núñez Cerón: Con la venia, presidenta. Doña Valentina vende tortillas y emplea a cinco personas. Ella, celayense como yo, fue víctima de extorsión al recibir un mensaje en una hoja de papel, amenazándola con privarla de su vida y la de su familia. Tras ello, y como muchas otras víctimas en este país, tuvo que cerrar su negocio, truncando su sueño.

Hoy estoy aquí representando a los celayenses y a miles de mexicanos que atraviesan por una situación similar. Hoy, como sus representantes, tenemos la obligación de colaborar para recuperar la confianza, reducir la violencia y reconstruir la paz social. El objeto de este dictamen es establecer medidas para prevenir, inhibir y sancionar debidamente el delito de extorsión y, asimismo, incorporar entre las hipótesis normativas nuevas conductas relacionadas con este delito, que se encuentra contemplado en el artículo 390 del Código Penal Federal.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, durante agosto de 2019 se registraron 5 mil 858 víctimas de extorsión. Asimismo, de acuerdo con la organización civil Causa en Común, se presentan 24 extorsiones por día. Es relevante advertir que las cifras proporcionadas por las autoridades no contemplan aquellos delitos que no son denunciados por temor a represalias o por desconfianza de las autoridades correspondientes; es decir, lo que muchas organizaciones civiles han denominado como la cifra negra. Debido a ello se considera que es el delito con mayor impunidad en nuestro país, a través de sus diversas modalidades: engaño telefónico, amenaza telefónica y el llamado cobro por derecho de piso.

En razón de lo anterior, el dictamen propone el aumento de penas establecidas para el delito de extorsión cuando el sujeto activo tenga una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, o si esta es menor de edad, mayor de 60 años o tenga alguna incapacidad. Asimismo, propone que se aumentará la sanción en caso de que el delito se realice mediante violencia física, psicológica o moral, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos. En caso de la intervención de funcionarios públicos o autoridades penitenciarias, en el dictamen se establece el aumento de la sanción en caso de que faciliten o proporcionen medios o condiciones para la comisión del delito de extorsión, sin perjuicio de otras sanciones que ameriten.

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, e invita a los demás integrantes de esta soberanía a pronunciarse en el mismo sentido. Estamos seguros que habrá coincidencias con otros grupos parlamentarios que integran esta legislatura, así como con organizaciones de la sociedad civil para presentar e impulsar una agenda común en esta materia. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Núñez Cerón.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra al diputa Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen a discusión representa una preocupación generalizada de todos los grupos parlamentarios y obedece a una necesidad específica de las y los mexicanos.

La extorsión es uno de los delitos que más han aumentado en nuestro país en los últimos años. Con base en los datos del Centro Nacional de Información, este delito es el segundo más recurrente en México, y entre enero de 2019 y febrero de 2020 se denunciaron alrededor de 111 mil casos.

Este tipo de delito ha afectado de manera sistemática la economía y a la tranquilidad de las familias. La delincuencia organizada participa de manera cada vez más frecuente en este tipo de delitos, afectando de forma significativa el patrimonio de las familias, así como de las empresas, industrias y comercios.

El impacto en el sector económico se ha dado mediante el denominado “cobro de derecho de piso”, mismo que ha provocado el cierre de negocios en gran parte de la República. Negocios de todas las dimensiones, desde pequeños hasta grandes empresas, incluyendo las extranjeras que no han logrado establecer operaciones en nuestro país debido a las extorsiones que sufren, limitando así el desarrollo económico de las entidades federativas.

En consecuencia, la modificación que se plantea tiene como objeto aumentar las penas en delitos de esta índole, lo que coadyuva a inhibir el aumento en el delito de extorsión. Es nuestro debe, compañeros, como Poder Legislativo, dotar de elementos que permitan contribuir en la política criminal y en la incidencia de delitos, en este caso específico el delito de extorsión.

Consideramos que robusteciendo el tipo penal de extorsión lograremos reducir su incidencia sancionándola con mayor rigor, principalmente en la extorsión cometida en contra de los grupos vulnerables como es el caso de las personas menores de edad, adultas mayores y quienes padecen alguna discapacidad. Las penas también se aumentan hasta en una tercera parte si el sujeto activo tiene una relación laboral o algún parentesco hasta el cuarto grado con la víctima.

Compañeros legisladores, lo que se encuentra a discusión es una reforma para la tranquilidad del pueblo mexicano, una tranquilidad que les ha sido arrebatada. Hoy tenemos la oportunidad de seguir respondiendo a nuestros compromisos y responsabilidades.

No claudiquemos, desde la cuarta transformación cambiemos la realidad de este país. No olvidemos que uno de los objetivos del gobierno es que las mexicanas y mexicanos vivan en un país seguro, tranquilos y con bienestar. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena acompañamos el sentido del dictamen y nuestro voto será a favor. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ramírez Lucero.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión en lo general.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar a favor.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su venia, presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, un tema de especial relevancia para nuestra sociedad es la protección de su integridad y de su patrimonio.

Pese a las distintas acciones que se han estado llevando a cabo para fortalecer las instituciones policiales en el país, estas no han sido lo realmente eficaces, toda vez que el Ejecutivo federal se ha visto rebasado en la implementación y diseño de las acciones correspondientes para evitar la comisión del delito, así como en las entidades federativas también que deben de ser fortalecidas.

Por ello, desde el ámbito de las atribuciones de este Poder Legislativo, debemos continuar explorando el mismo tema y a efecto de inhibir la comisión de actos ilícitos, en el caso que abordamos en la discusión de este dictamen, el delito de extorsión. El cuál, de acuerdo con los datos de organizaciones como Causa Común, en 2019 aumentó más del 35 por ciento, lo cual representa la realización de 24 extorsiones por día o bien, conforme a los datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, durante agosto de 2019 se registraron 5 mil 858 víctimas de extorsión.

Que este delito no sea parte de la constante de los delincuentes que buscan aprovecharse de los sectores más vulnerables para su comisión. Los cuales, como señalamos en la exposición de motivos de una de las iniciativas que aquí se dictamina, suelen ser aquellos que por su permanencia en el hogar, sensibilidad o inocencia son más proclives a creer en el engaño requerido para cometer una extorsión.

Niñas, niños o adolescentes pueden ser más susceptibles a creer en las amenazas que impliquen el causar daño a sus familiares, por lo cual atienden la instrucción del delincuente de ocultarse o de salir de su domicilio. En el caso de los adultos mayores, condiciones de abandono o pocos cuidados los convierten en un sector frágil para engañar.

Compañeros legisladores, es nuestra responsabilidad evitar que sea trasgredida la vida en tranquilidad en que se desarrollen millones de mexicanas y mexicanos, por lo que resulta de especial importancia poner un alto a la extorsión.

Por ello, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen, conforme al cual se sancionará con mayor severidad cuando el delito de extorsión sea cometido por una persona que guarde alguna relación de cercanía con la víctima, como una relación laboral o algún vínculo familiar o bien, cuando la persona tenga alguna condición de vulnerabilidad como alguna discapacidad o bien sea menor de edad, así como cuando se utilice algún tipo de violencia. Además, para la debida sanción se deberá atender también la calidad en la que actúa el sujeto activo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, celebrando la coincidencia que encontramos con otros grupos parlamentarios para sancionar debidamente la comisión de este delito, considerando las diversas modalidades en que este puede ser cometido y esperamos que esta reforma también pueda ser observada en las entidades federativas, lo cual contribuirá enormemente a erradicar la comisión de este delito. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Robledo Leal. Tiene la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la extorsión es uno de los delitos de alto impacto que ataca directamente a la sociedad mexicana, poniendo en duda la capacidad del Estado para cumplir obligaciones fundamentales. Ello, debido a que refleja impotencia al proteger a las personas, resarcir a las víctimas, salvaguardar el patrimonio, garantizar condiciones mínimas de goce a la libertad o evitar la impunidad de los delincuentes.

En una extorsión, además de las afectaciones patrimoniales o monetarias, se pierde la tranquilidad, sobreviene la incertidumbre que en ocasiones persigue a las víctimas por mucho tiempo. Y en ciertos contextos puede detonar condiciones para la comisión de otros delitos lacerantes, como el secuestro. Desde el inicio del siglo XXI, quienes ejercen la extorsión encontraron en la tecnología un camuflaje y en ausencia del Estado, los ámbitos rurales y urbanos, un pretexto.

En respuesta, la sociedad ha procurado organizarse. Los centros de estudio han desarrollado complejos análisis para combatir este tipo de manifestaciones delictivas y las autoridades han capacitado cuadros y canalizado recursos para actuar contra este delito. Desafortunadamente, la complejidad de nuestras circunstancias sociales, la corrupción y la desconfianza han servido para disminuir los efectos de los esfuerzos realizados y propiciar la no denuncia.

Consecuentemente, existen cifras negras que demuestran la brecha entre la denuncia formal del delito y lo que la totalidad de las víctimas experimentan. Esto forma un círculo vicioso en el que el miedo, la corrupción y la desconfianza perpetran la impunidad de la delincuencia.

Este comportamiento que, lamentablemente, sigue arrastrando nuestra sociedad, no solo ha expandido, a partir de las limitaciones de los gobiernos y sus capacidades institucionales. En todos los niveles también se facilitaron por la diversificación de mecanismos de que dispone la delincuencia, la misma necesidad de infraestructura para su comisión y por los nuevos medios de comunicación que logran vencer la barrera física entre criminal y víctima o favorecen al anonimato criminal.

En este contexto, se erige la pertinencia social de este dictamen, en el que como legisladoras y legisladores estamos poniendo lo que está en nuestras manos para combatir la delincuencia e inhibir la extorsión.

Consecuentemente, compañeras y compañeros, les invito a que votemos a favor del dictamen en el que se busca modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, planteando como agravantes aquellas extorsiones en las que se hubiese aprovechado de las relaciones laborales o familiares en la víctima, en la que la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad en las que se hubiese hecho uso de la violencia física, psicológica o moral, o en las que se hubiese podido confirmar la participación de autoridades penitenciarias por acciones u omisiones.

México necesita que todas y todos, actuemos ya en contra de los delitos de alto impacto. Hoy tenemos la oportunidad de poner un granito de arena en el combate a la extorsión. Demos el paso votando a favor de este dictamen y, con ello, hagamos una causa común, sin colores, sin siglas, simplemente contra la extorsión y en favor de nuestro país. Porque la causa es México. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Medina Ortiz. Tiene la palabra la diputada Claudia López Rayón, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.

La diputada Claudia López Rayón: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el delito de extorsión ha venido en aumento hasta un 58 por ciento en los últimos años. Familias asesinadas, desplazadas de sus ciudades, estados, e incluso de nuestro país. Familias que se han quedado en ruinas por estos extorsionadores. Atentan en contra de la tranquilidad de las personas menores de edad, adultos mayores y con discapacidad.

No puede ni debe soslayarse, por eso se propone en este dictamen incrementar las sanciones a quienes cometan el delito de extorsión en contra de las personas más vulnerables y es que cada vez son más los casos en los que se abusa de esa ingenuidad o de su buena intención, que te engañan, se embauca y se atemoriza.

La extorsión reflejada en el cobro por derecho de piso, han destruido miles de fuentes de ingresos a familias mexicanas. De acuerdo con las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 1997 y 2017, en México hubo un total de 82 mil 404 casos de extorsión. La mayoría de las veces estos actos provienen de personas conocidas, incluso familiares.

Por ello, con nuestro voto se busca reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de aumentar las penas, sobre todo si la persona que comete el delito tiene una relación laboral o un parentesco con la víctima.

Las penas aumentarán, también, si la coacción se hace mediante violencia física, psicológica o moral. Y si en este delito participan servidores o exservidores públicos, miembros en activo o no de fuerzas policiacas o armadas, se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión al igual que su inhabilitación de 1 a 10 años para desempeñar cualquier cargo o comisión, proteger a quienes por su corta edad pueden ser ingenuos, o quienes por su condición de adulto mayor o discapacidad suelen confiar en los demás.

Es una de la prioridad del Grupo Parlamentario de Morena. Por esto, votaremos a favor el dictamen. Por ello, solicito a la soberanía que votemos juntos para inhibir y sancionar con mayor dureza y a su brevedad, el engaño y el abuso del desplazamiento que significa la extorsión. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Rayón. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, fracción VIII de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputados y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo 390 del ordenamiento en cuestión. Como es el artículo único, tiene la palabra en este momento.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez: Gracias, presidenta. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva que presento al dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal en materia de extorsión.

El delito de extorsión tiene sus orígenes en el año 2000 en nuestro país, ya que en ese año se amplió considerablemente el acceso a la telefonía celular. Con el trascurso del tiempo ese delito fue perfeccionándose, ya que se desarrollaron diversas modalidades, algunas de ellas son: extorsión por secuestro exprés, extorsiones carcelarias, extorsión familiar, extorsión por recompensa, por adeudo, por el narcotráfico, extorsión de información personal e íntima.

La violencia psicológica es la clave para lograr intimidar a las víctimas. El modus operandi con el que se comete este delito es el estudio de la víctima y la planeación, la llamada telefónica, el depósito o compra de tarjetas telefónicas y el retiro.

El dictamen nos dice que el artículo 390 del Código Penal Federal, en caso de que el sujeto activo tenga una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, al igual si la víctima es menor de 18 años de edad o mayor de 60. El fin de esta reserva es condicionar la palabra amistad, entendiendo que si el sujeto activo tiene una relación de amistad con la víctima, la pena al igual se le aumente hasta una tercera parte.

Muchas veces hemos sido testigos de que los actores intelectuales de dichas conductas delictivas son sujetos cercanos a la víctima. Estas personas se aprovechan de la confianza que uno les brinda y saben inclusive dónde trabajas, quiénes son tus familiares y, en caso muy extremo, cuál es tu salario. Las víctimas viven con zozobra de que te pueden volver a hacer daño.

Demos la tranquilidad a las y a los mexicanos que tanto nos exigen. Nuestro deber como legisladores es otorgarles leyes y marcos jurídicos que sirvan como instrumento en busca de la justicia social. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rosete. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Rosete.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión. Se desecha.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En virtud de ser un artículo único el proyecto de decreto, esta Presidencia instruirá a la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y los diputados de los grupos parlamentarios procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los cinco minutos señalados. Inmediatamente la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ruego atentamente a la Secretaría que invite a diputadas y diputados faltantes de emitir su voto a que lo realicen a la brevedad.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se solicita a las diputadas y los diputados que no han emitido su voto que se sirvan presentarse a la brevedad. Nos queda un minuto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación una vez que haya visto que todos aquellos diputados y diputadas que están yendo hacia sus curules hayan podido votar. Y una vez cerrado el sistema, también le solicitaré a la Secretaría, dé cuenta con el resultado de la votación.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, le informo el resultado de la votación: 382 votos en pro, 1 abstención y 1 en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento, hasta por tres minutos.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta. Con el permiso de la Presidencia y con el gusto de saludarlos, compañeras y compañeros. En México, uno de los delitos de más alto impacto, como aquí ya se ha dicho y que va en aumento año con año, es la extorsión. Este ilícito se comete con mayor frecuencia debido a la facilidad de los delincuentes de llevarlo a cabo.

Existe la extorsión directa e indirecta. La primera es cuando físicamente una persona se presenta a amedrentar para obtener dinero, es decir, a cobrar derecho de piso. La segunda se realiza por medio de llamadas telefónicas. De enero de 2019 a febrero de 2020, alrededor de 111 mil mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose así en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país.

De acuerdo con datos presentados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el confinamiento por el coronavirus que inició desde el 23 de marzo, los delitos de homicidio y la extorsión se han mantenido con cifras muy altas.

El proyecto de decreto que hoy se discute busca actuar de manera clara y decidida frente a este delito que tanto lastima a la sociedad mexicana, pues afecta de manera directa el patrimonio de las familias, de las industrias y el comercio.

De acuerdo con el Banco de México, se observa que prácticamente una de cada cinco empresas en el sur del país reportó haber sido víctima de extorsión, mientras que en el resto del territorio nacional alcanzó una de cada catorce, y esto produjo un impacto en la reducción de la productividad de las empresas no manufactureras.

El aumento de este delito, el crecimiento de la actividad económica regional se ve disminuido especialmente en el sector de servicios, pues se encuentran más expuestos a la delincuencia, toda vez que tienen mayor exposición al público en general.

En noviembre de 2019 el Centro Nacional de Inteligencia informó que se han utilizado poco más de 10 mil números telefónicos para realizar este tipo de delito. De tal forma que, apoyamos esta iniciativa que además presenté ante este pleno y que busca visualizar la extorsión por la gravedad de sus hechos, incorporando este delito en la relación de delitos investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Compañeras y compañeros diputados, la extorsión es un delito que no para y se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para financiarse. Hoy damos un paso más con esta reforma, sin embargo, se requiere una estrategia integral que considere otras prácticas que también han sido exitosas.

Desde la Comisión de Justicia seguiremos impulsando con responsabilidad las reformas necesarias para la protección de bienes jurídicos fundamentales para las personas físicas y morales de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en Encuentro Social estamos dando un gran paso para apoyar en la percepción de la inseguridad en este país sobre el derecho de piso.

Como legisladores sabemos que este delito duele y seguirá doliendo mientras no hagamos nada. Es por eso que este delito de extorsión debe dejar de ser un lastre para esta transformación del país. Debemos luchar por los intereses de los habitantes, ya es tiempo de que nosotros como representantes del pueblo hagamos algo con mayor efectividad y contundencia para que se persiga a este delito de delincuencia organizada y terminar con el delito de extorsión.

Es por ello que incorporar el delito de extorsión a la Ley General contra la Delincuencia Organizada es lo mínimo que debemos hacer como legisladores y, evitar que se siga generando este incremento de extorsión que es el pan nuestro de cada día de la delincuencia organizada en todo el país.

Este delito cometido en las áreas comerciales, sectores productivos, empresas o negocios, igualmente afecta al sector del transporte, puesto que el desempleo ocasionado por la extorsión implica que haya ciudadanos que utilicen menos el transporte público para trasladarse a su fuente de trabajo.

La extorsión está rompiendo lazos familiares en los hogares mexicanos y está causando desintegración familiar, debido a que cuando no se paga el derecho de piso llegan a asesinar a quien no cubre esa cuota.

Y, estos asesinatos incrementan el número de viudas, el número de niños huérfanos, quienes se quedan en estado de indefensión y vulnerabilidad, porque no hay nadie que vea por ellos. No hay nadie que proteja a las familias que están sufriendo la extorsión en este país.

Adicionalmente, la violencia está causando una psicosis generalizada entre la población. Es increíble que hoy en día los ciudadanos tengan temor de emprender un negocio, ya sea pequeño o grande, por el miedo de ser víctimas de la extorsión. Además, ya nadie quiere ni puede adquirir bienes de gran valor, por el temor y el miedo a la extorsión.

Es muy común que las principales ciudades turísticas del país han sido invadidas por los delincuentes, del trabajo y del esfuerzo ajeno, que no les queda a ellos quitarles el pan a las familias que con mucho esfuerzo trabajan ahí, en esos lugares.

En Encuentro Social estamos a favor del dictamen y de todos aquellos relacionados que pongan un alto a la extorsión. Por un México sin derecho al piso. Por un México libre de la extorsión. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Cabrera Lagunas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. El fenómeno delictivo en nuestro país y en el mundo se ha diversificado en las últimas décadas, toda vez que con la realización de nuevas conductas ilícitas se busca seguir generando recursos económicos a costa de las personas que tienen un modo honesto de vivir.

La delincuencia es un flagelo que nos afecta directamente a todos, por lo que tiene que ser atendido con la finalidad de garantizar a las personas el poder vivir en paz, tranquilidad y sin que su patrimonio o su propia vida se puedan ver vulnerados.

La extorsión. De acuerdo a cifras oficiales es un delito que se ha incrementado en nuestro país en los últimos años, toda vez que el mismo genera fácilmente importantes recursos económicos y materiales a las personas que los llevan a cabo, a costa del patrimonio de las víctimas. Conducta ilícita que, como poco se denuncia, en muchos casos queda impune.

La extorsión se ha diversificado a lo largo de los años, toda vez que puede ser realizada de manera directa entre el delincuente y la víctima mediante el envío de mensajes intimidatorios o amenazas directas, o a través de la utilización de herramientas tecnológicas, como teléfonos móviles o el internet.

En los últimos años se ha hablado que la extorsión ha encontrado un nuevo nicho para ser realizado, toda vez que, en muchas partes del país, grupos de la delincuencia organizada intimidan a la población en general con el objetivo de obtener un recurso económico a través de este delito, o como popularmente se denomina, como cobro de derecho de piso. Bajo este contexto, es nuestra obligación, como legisladores, adecuar el marco normativo de nuestro país, con el objetivo de sancionar con mayor fuerza este tipo de delitos.

Es en este sentido que el día de hoy se somete a nuestra consideración el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de extorsión, con el objetivo de establecer mecanismos eficaces que permitan sancionar este terrible ilícito, que afecta en forma directa a la ciudadanía.

El dictamen de mérito propone incorporar el delito de extorsión, previsto en el artículo 390 del Código Penal Federal dentro del catálogo de los delitos investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con lo que se espera que esta práctica sea sancionada con todo rigor.

Garantizar la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos es una tarea que tenemos como legisladores, por lo que apoyar toda acción que posibilite el mismo, es nuestro deber, por lo que votaremos a favor del presente dictamen.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos que en materia de seguridad y justicia aún queda mucho por hacer. Sin embargo, es importante reconocer que se sigue trabajando a favor de las y los mexicanos, dotando de las herramientas necesarias a la procuración y a la administración de justicia para evitar que quien infrinja la ley, goce de completa impunidad por temas de insuficiencia aprobatoria como normalmente ocurre. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villafuerte Zavala.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo: Con su venia, presidenta Sauri. Durante los últimos años, en México, se ha hecho alusión al delito de extorsión como una de las principales conductas delictivas que afectan la tranquilidad y seguridad de la sociedad en su conjunto. Al grado que tal delito ha experimentado cierta normalización, ya lo vemos común.

Por ello, aun cuando el delito de extorsión se encuentra tipificado como delito federal en el artículo 390 del Código Penal Federal, es relevante ubicarlo en el marco de la diversificación de actividades de las organizaciones del crimen organizado y la estrecha conexión que tiene con la corrupción, por lo que dadas sus circunstancias y características, rara vez es cometido de manera individual, sino en una asociación cuya finalidad es la obtención de ganancias económicas. De ahí la importancia de contemplarlo dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La extorsión se ha constituido, desde hace mucho tiempo, como una actividad primordial del crimen organizado, convirtiéndose en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para la acumulación de fuentes financiamiento, lacerando con ella la economía legal. En ese sentido, el Banco de México reportó que de una de cada cinco empresas en el sur del país denunció haber sido víctima de extorsiones, y ya no les digo de las casas habitación, que les llaman, que les piden dinero o que les levantan a los hijos a algún familiar.

El pasado 20 de agosto de 2020, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras de incidencia delictiva correspondiente al primer semestre de este año, en las que el delito de extorsión se ha convertido en el segundo con más alto porcentaje, tan solo por debajo del delito de trata de personas.

En dicho informe se señala que hay varios estados que están siendo afectados por la extorsión, pero más en los estados donde tienen destinos turísticos, como es Quintana Roo. Y Quintana Roo se encuentra entre los estados con mayor incidencia en este delito, ya que se han presentado 162 denuncias, lo cual indica una tasa de 9.4 por cada 100 mil habitantes, que lo ubican en la tercera posición a nivel nacional, lo que genera considerables daños económicos y sociales para la sociedad quintanarroense y la mexicana en general.

Por eso, como quintanarroense, apóyenos para que podamos tipificar este delito y podamos apoyar a las familias quintanarroenses y de todo el país de México.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor del presente dictamen, con el afán de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de las y los ciudadanos mexicanos, ya que el incremento en la incidencia de este delito afecta gravemente el desarrollo económico y social del país y daña el patrimonio de las personas, mancilla la libertad y refleja un precario Estado de derecho. Protejamos a las familias mexicanas. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas Gracias, diputado Pool Moo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta. Desde su origen etimológico latino, extorsio/extorquere, la extorsión se refiere a la acción y efecto de usurpar, separar, arrebatar por la fuerza una posesión a una persona; realizar cualquier daño o perjuicio.

Si tomamos en cuenta la importancia del lenguaje como factor primordial para un acercamiento inicial de las conductas sociales, es significativo que la raíz misma de este concepto se refiere al ejercicio de actos violentos perjudiciales en la voluntad de una persona que se ve prácticamente afectada.

El factor anterior es fundamental para cometer el alcance de este delito de alto impacto, pues a diferencia de cualquier forma de robo o fraude la extorsión, es la victimización que se consuma por la acción propia de la víctima en salvaguarda de no sufrir algún daño.

La extorsión representa un grave daño al patrimonio de las personas atenta contra la libertad y refleja una evolución de la incidencia delictiva, generando un detrimento al desarrollo económico y social del país. Las redes de la delincuencia organizada constituyen negocios multimillonarios que operan en diferentes ámbitos delictivos. Por regla general las redes delictivas organizadas están implicadas en una multiactividad de la comisión de los delitos y se extienden a varios estados de la República, y hasta en diversos países. Estas actividades van desde la trata de personas, el tráfico de drogas y, por supuesto, las extorsiones.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, publicada en 2019 sostiene que la extorsión es uno de los delitos más habituales en el país, toda vez que se encuentra presente en 14 de las 2 entidades federativas. También la encuesta demuestra que el delito de extorsión se ha incrementado en un 48 por ciento, que a todas luces refleja que los grupos delictivos evolucionaron sus modus operandi, lo que a los legisladores nos evidencia la necesidad de modificar, actualizar y armonizar las leyes.

El objetivo del presente dictamen es que la extorsión sea investigada como delincuencia organizada y procesada y sancionada bajo estas directrices. Por este motivo, los diputados ciudadanos votaremos a favor del presente dictamen, ya que consideramos apropiada la visión de la fracción XI del artículo 2o. de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que remite al artículo 390 del Código Penal Federal, dando al delito de extorsión la calidad de delincuencia organizada.

Porque en Movimiento Ciudadano, en nuestra fracción, reafirmamos nuestra lucha contra la impunidad. Reafirmamos nuestra convicción contra la corrupción y, sobre todo, en defensa de la paz y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alfredo Porras Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con la anuencia del pueblo de México. Hoy es un día distinto aquí en la Cámara de Diputados, donde nos congrega la unidad en torno a un debate que tiene que ver con el pueblo de México, por eso no hay gritos ni estridencias. Por eso hay seriedad, porque estamos viendo todos por un delito que debe de ser considerado grave.

Chequen sus redes sociales, hoy como nunca están felicitando a los diputados, a la Comisión de Justicia por este debate y por este dictamen que presentan, pero qué va a pasar, como decía el diputado Pool, del PRD, con todas esas demandas presentadas.

Tenemos que ir más allá, porque la extorsión también tiene que ver con un acto jurídico, muchas veces, que involucra el Registro Público de la Propiedad, que involucra notarios. Déjenme ponerles un ejemplo, el gobernador de Nayarit y su Congreso del estado, a una iniciativa ciudadana que le llamaron la Comisión de la Verdad, empezaron a investigar, el fiscal que estaba antes, y se habían apropiado de todo lo posible.

Cuánta gente, cuántas mexicanas, cuántos mexicanos en un esfuerzo auténtico, producto de su trabajo, emprendieron negocios, y cuántos, con la facilidad de llegar a amenazarles, les obligaron a ir a notarías a firmar el cambio de propiedad sin recibir un solo cinco por el esfuerzo de muchos años.

Cuántas propiedades han cambiado de nombre y cuántos pobres ha dejado la extorsión. Por eso hoy la Cámara de Diputados está haciendo algo histórico. Pero además debe indiciar, porque en las redes sociales nos están preguntando miembros de la comisión qué vamos a hacer con los que ya están extorsionados; qué vamos a hacer con los que transfirieron sus propiedades; qué vamos a hacer con los que fueron víctimas y no pueden recuperar su patrimonio y no les son recibidas sus denuncias.

Es histórico este día. Los convoco a que no quede en eso, en que pase a delito grave. Los convoco a que tenemos la gran oportunidad de formar aquí, en el Congreso, una comisión de regresión de bienes y patrimonio a los verdaderos dueños, a los que se esforzaron, que dieron su vida por sus hijos y que hoy fueron despojados. A su atenta reflexión, diputadas, diputados. Todo el poder al pueblo. Partido del Trabajo. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Porras Domínguez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, ayer hizo un año que se vivió el culiacanazo, ese jueves negro en el que miles de familias estuvimos secuestradas por horas y en peligro a manos de la delincuencia organizada. La falta de operación y de atención seria por parte del gobierno federal nos puso en riesgo. Y es esa misma sensación de inseguridad, de orfandad permanente, que es el sentir de miles y miles de familias mexicanas que a diario se enfrentan a la extorsión, a llamadas intimidantes o al misterioso cobro de piso. Y aquí, en esta Cámara de Diputados tenemos que hacer nuestra parte y garantizar la seguridad, aunque sea en la formalidad.

La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más se ha incrementado en los últimos años en nuestro país. Y es uno de los ilícitos en los cuales la delincuencia organizada participa cada vez más recurrente. Este delito afecta de manera significativa el patrimonio de las familias, de las pequeñas y grandes empresas y comercios establecidos. Lo que ha traído como consecuencia el cierre de unidades productivas, perdida de empleos e incluso limita el desarrollo económico de las entidades federativas.

La ciudadanía ha reclamado constantemente detener este delito que lesiona gravemente su economía y el patrimonio que han construido con mucho esfuerzo. Las cifras son contundentes ya que, de un total de 33 millones de delitos registrados, 5.7 millones se trataron de casos de extorsión, lo que representa un 17.3 por ciento.

Nos referimos a un delito que es urgente detener, millones de mexicanos están hartos de pagar diariamente a la delincuencia organizada por trabajar en paz. Por ello, es urgente robustecer nuestro andamiaje jurídico a fin de dotar de mejores herramientas a la autoridad y a los operadores del sistema judicial.

Si bien el aumento de la pena corporal no es un elemento determinante para inhibir la comisión de este delito, resulta viable su actualización atendiendo a la recurrencia, las modalidades a través de las cuales se presenta, así como la creciente participación de la delincuencia organizada y el impacto causado en las actividades económicas.

Las medidas legislativas que se tomen deberán ser acompañadas con el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, de un suficiente presupuesto y de políticas públicas efectivas para disminuir los índices de violencia en el país. De esta manera, coincidimos con el dictamen que presenta la Comisión de Justicia, a fin de incorporar el delito de extorsión en la relación de delitos investigados, procesados y sancionados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI somos sensibles a los reclamos sociales y queremos impulsar cambios en las leyes que realmente beneficien a la ciudadanía. Las reformas propuestas brindarán mayores herramientas a las autoridades competentes en la materia de procuración y administración de justicia, para enfrentar con mayor eficacia la extorsión. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Primero, celebrar el trabajo de la Comisión de Justicia, donde el día de hoy se nos pone a consideración este importante dictamen que tiene que ver con la Ley Contra la Delincuencia Organizada y hace unos momentos vimos un dictamen de reforma al Código Penal Federal que también tiene que ver con la extorsión, y el día de ayer vimos varias reformas también.

Celebrarlo porque son dictámenes que hace meses estaban guardados en el cajón del coordinador de la mayoría. Dictámenes que buscan combatir el grave fenómeno de delincuencia que vivimos en México, que buscan combatir la delincuencia organizada, que buscan combatir la criminalidad, el robo, la compra-venta de lo robado y que durante meses encuentran un respaldo unánime en la Comisión de Justicia, pero, se guardan en el cajón del coordinador de la mayoría.

Pareciera que los diputados de Morena, las diputadas de Morena sí quieren combatir el crimen, pero, su coordinador guarda los dictámenes que aprueban en Justicia. Por ello, un llamado a que estos productos legislativos que están trabajando las y los diputados de todos los grupos parlamentarios puedan ser discutidos en el pleno y no guardados en un cajón. Celebro, pues, el trabajo de las diputadas y diputados de la Comisión de Justicia.

Hablar de la extorsión es hablar de un delito que ha crecido de manera inconmensurable en el país. Es hablar de una red de delincuencia, de delincuencia organizada, por eso la importancia de que la extorsión sea tratada como un tema de delincuencia organizada bajo un mecanismo que provoque una actuación más eficaz y más especializada del Estado mexicano.

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Vemos que la delincuencia organizada hoy, como lo dijo ayer aquí un diputado, es una materia que es competencia de la Fiscalía General de la República, no del Ejecutivo, no del Poder Judicial, su persecución es de la Fiscalía.

¿La ineficacia de la Fiscalía tiene que ser respaldada? No, combatida, sí, por este Poder a través de, ¿qué? De fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público. No lo estamos haciendo y yo hago también aquí un llamado a las diputadas y diputados de esta Cámara a que en el ejercicio presupuestal tomemos acciones decididas de combate a la delincuencia, de fortalecer a la Fiscalía General de la República, sus capacidades de investigación.

De fortalecer a las policías municipales, que son los primeros respondientes, los que están en contacto con las y los ciudadanos, y no permitir de ninguna manera que, a ningún municipio gobernado por cualquier partido político, se le retire el Fortaseg.

No podemos ir todavía peor en materia de seguridad y las diputadas y los diputados debemos de tener conciencia y no ser sinvergüenzas. Tenemos que respaldar a las policías municipales, tenemos que fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República.

Hagamos lo que nos toca como hoy lo estamos haciendo en este dictamen, que establece a la extorsión como uno de los tipos o delitos que tienen que perseguirse a través del mecanismo de delincuencia organizada. Hagámoslo en el presupuesto. Hagámoslo con hechos no con palabras. Es cuanto presienta, muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas Galván.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, ¿quiénes aquí no han recibido insultos y amenazas telefónicas en las que afirman tener secuestrado a un ser querido? ¿Quiénes no han experimentado el terror de escuchar los gritos y llantos de la supuesta víctima pidiendo auxilio?

Lamentablemente, la extorsión en México es un delito tan común que si no lo hemos experimentado en carne propia al menos conocemos a alguien que sí. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI en 2019, durante 2018 el segundo delito con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes fue la extorsión. Solo por debajo de los asaltos en la calle o en el transporte público.

Lo más alarmante es que la referida encuesta, en 2018, señala que se contabilizaron 5.7 millones de casos de extorsión. Es decir, una tasa de 6 mil 542 extorsiones por cada 100 mil habitantes, de los cuales 91.6 por ciento se realizaron vía telefónica y 7.1 por ciento fue pagado por un tercero para llevarlo a cabo.

No obstante, este delito también se consuma de manera presencial, por los grupos de la delincuencia organizada, quienes acuden a los negocios u hogares para exigir un cobro constante a cambio de garantizar la integridad física de la víctima o la continuidad de su actividad comercial.

La extorsión es el delito que mayor impunidad presenta, pues de acuerdo con la referida encuesta, en 2018, 97.9 por ciento de las víctimas no presentaron su denuncia ante el Ministerio Público.

Ante este escenario, el dictamen que hoy sometemos a discusión tiene como principal objetivo incorporar a la extorsión dentro del catálogo de delitos que son investigados, perseguidos, procesados y sancionados como delincuencia organizada.

La adición de este ilícito a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, permitirá a la autoridad judicial ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a efecto de garantizar durante el desahogo del proceso penal, y asimismo salvaguardar la integridad de las víctimas, evitando así represalias en su contra.

Es necesario enfatizar que la extorsión no la comete exclusivamente un solo sujeto activo, sino también sabemos que los grupos delictivos tienen una importante participación en su incidencia, pues dentro de sus actividades ilegales amedrentan a familias mexicanas y a diversos sectores económicos del país, a cambio de un derecho de piso.

De ahí que la incorporación de la extorsión se justifica o se establece la imposición de sanciones más severas cuando tres o más personas se organicen de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada las conductas previstas en su contenido. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta reforma, porque al igual que las y los ciudadanos, ya estamos hartos de vivir con miedo. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Viedma Velázquez. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión en lo general.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.

El diputado Ricardo Flores Suárez: Compañeras y compañeros legisladores, hoy es un buen día, es muy buen día para esta Cámara de Diputados y para la Comisión de Justicia y todos y cada uno de sus integrantes. Han hecho un trabajo impecable para poder darle fin a uno de los delitos que más se cometen en el país, debido a que encabeza el listado de la impunidad.

La extorsión es un delito que bien puede ser cometido en contra de cualquier persona, tiene efectos devastadores cuando es cometido a nuestras hijas, a nuestros hijos, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.

En igual forma, cuando se afecta directamente a la economía mexicana, a nuestros emprendedores, a nuestros micros, pequeños y medianos empresarios. Cuando va un delincuente y les pide piso, a su establecimiento. Esta es una variante de la extorsión y la más peligrosa. Inhibir esta conducta es responsabilidad del Estado mexicano, así como garantizar la no repetición de este delito. Pero, prevenir esta conducta es una tarea de todos y cada uno de nosotros.

En este marco, las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen que presenta la Comisión de Justicia. Dictamen por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de extorsión, para garantizarle a cada uno de nuestros habitantes que, si la persona que comete el delito de extorsión tiene relación laboral o de parentesco con la víctima, o bien que sea la víctima un menor de 18 años, o sea una persona adulta mayor, o una persona con discapacidad, la pena para el delincuente deberá aumentar hasta una tercera parte.

Si en la comisión de este delito hubiese violencia física, psicológica o moral, la pena deberá aumentar. En Acción Nacional estamos convencidos que no podemos negociar con la delincuencia organizada, que no podemos continuar simulando la paz que hoy no tenemos. Tenemos claro que cada una de nuestras familias no se siente segura ni siquiera en su propia casa.

Hay que apostarle a la cultura de la denuncia, porque en México cada delincuente, cada delito es una experiencia que no preferimos ir a denunciar, porque perdemos tiempo, porque no son eficientes nuestras autoridades ni la ley, ya que es una justicia que no tiene nada de pronta y nada de expedita.

Basta de las puertas giratorias para que los delincuentes salgan más temprano que tarde. Con la vida de nuestra gente no se juega. Debemos proteger a nuestras familias. Basta a la impunidad. Compañeros, muchas gracias, muy agradecido con la Comisión de Justicia por este dictamen, y al pleno en su aprobación. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Flores Suárez. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor.

La diputada Margarita García García: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, como hemos estado escuchando, a la mayoría nos queda claro lo que significa ser víctima de extorsionadores, pero si aún queda duda, explicamos lo siguiente:

La extorsión se refiere a la acción y efecto de usurpar, separar y arrebatar por fuerza una posesión a una persona, realizar cualquier daño o perjuicio. Ser conscientes del elemento anterior es fundamental para comprender este tipo de delito de alto impacto, pues a diferencia de cualquier forma de robo o estafa, en la extorsión la victimización se consuma por acción propia de la víctima, ya que esta entrega sus bienes patrimoniales.

Los crímenes de la delincuencia organizada han ido en aumento. Ya no solo es el tráfico de drogas, de mercancías ilícitas, de armas, de órganos, trata de personas, falsificación, robo a mano armada, venta de protección ilegal, engaños telefónicos o electrónicos, por lo que en esta iniciativa lo que hace es detener uno de sus grandes ingresos que tienen, como lo es la extorsión.

Quienes principalmente se encuentran afectados son las empresas, comercios y la industria en general, a quienes les cobran el famoso uso de piso a base de amenazas, lo que ha propiciado el cierre de negocios, afectando la economía de familias mexicanas y muchas otras, hasta han tenido que cambiar de residencia.

Pero también no dejamos de reconocer que se volvió un vicio de manera generalizada, y que hasta los pequeños comerciantes de los mercados recibían estas amenazas, para dar a los delincuentes que se encargaron de pedir este dinero.

La extorsión en México se ha convertido en un fenómeno sumamente complejo debido a la diversidad de posibles sujetos activos que pueden cometer dicho delito. Lo anterior es una muestra del por qué se debe de reformar el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, debemos otorgar las herramientas necesarias para que sean detenidos los delincuentes.

Durante los últimos años, en México, se ha hecho alusión a este delito como una de las principales conductas que afectan la tranquilidad y seguridad de la sociedad en conjunto, al grado de que tal delito ha experimentado cierta normalización.

México es un gran país, con gente buena y muy valiosa. Nosotros, como diputadas y diputados, estamos a favor de pacificar al país, estamos a favor de terminar con la corrupción y la impunidad que anteriormente no hubo. Es claro que si no hacemos nada, la extorsión se convertirá en un fenómeno generalizado en México.

Es por lo anterior que las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo votaremos a favor de esta reforma sin ver colores, solamente demostrando que el país requiere de esta reforma. Recordemos que esta iniciativa también fue solicitada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para ayudar al gobierno federal...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Margarita García García: -Ya termino, diputada Sauri-. Aplaudo que también los diputados proponentes coincidan con esta solicitud, que ayudará a familias, comerciantes y personas que hayan sido víctimas de una extorsión. Caminemos juntos a favor de México, sin ver colores. Es cuanto, diputada Sauri.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García García. Tiene la palabra el diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.

El diputado David Orihuela Nava: Con el permiso de esta Presidencia. Compañeros y compañeras, diputados. La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, mediante la violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto en contra de su voluntad y con ánimo de lucro.

El impacto que genera este ilícito recae principalmente en las familias mexicanas, así como en giros comerciales de todos los tamaños y sectores. Lo anterior, se logra mediante la intimidación, el uso de engaños o amenazas, vía telefónica y con el denominado cobro por el derecho de piso, que consiste en presentarse en los hogares o establecimientos comerciales para exigir un pago a cambio de conservar intacta la integridad física del establecimiento y de las personas. Lamentablemente, en México la extorsión es el pan de todos los días.

Si bien el artículo 390 del Código Penal Federal establece para el delito de extorsión una pena de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días multa, y además prevé algunas agravantes, en caso de que el delincuente funja como servidor público, miembro de alguna corporación policiaca o de las Fuerzas Armadas, ya sea en activo o no, la capacidad de ampliación delictiva de la delincuencia nos obliga a insertar un diseño penal que impida al delincuente evadir la acción de la justicia.

De ahí que el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia propone que el delito de extorsión sea incluido en el catálogo de delitos de delincuencia organizada, permitiendo así que quienes cometan este ilícito tengan que enfrentarse, además de la pena señalada en el Código Penal Federal, a las agravantes previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En el del Grupo Parlamentario de Morena queremos perfeccionar la norma para aspirar al fortalecimiento de la impartición de justicia. Con esta reforma no buscamos que los delincuentes sean objeto de venganza mediante la justicia, sino ajustar sus actos al derecho, ni más ni menos.

Es por ello, que el día de hoy celebramos este dictamen que se aprobó en la Comisión de Justicia, y el Grupo Parlamentario de Morena votará a su favor. Porque no podemos seguir permitiendo que este delito siga creciendo como ha venido sucediendo a lo largo de estos años, que en los más recónditos apartados de la República Mexicana se siga viendo y que se genere la intranquilidad de nuestras familias. Llámense personas que van al día, como los taxistas, como los pequeños comerciantes.

Tenemos que votar a favor, por un México mejor, lleno de seguridad. Compañeras y compañeros, los exhortamos a todos y a cada uno de ustedes a votar a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Orihuela Nava. Agotada la lista de oradoras y de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si este dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Toda vez que, de conformidad con el artículo 109 de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, esta Presidencia instruirá la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, para que las y los diputados emitan su voto en un solo acto. El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los cinco minutos señalados. Inmediatamente la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Sonido, por favor, a la Secretaría.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Se les recuerda a las compañeras y compañeros que no han emitido su voto que restan 33 segundos para cerrar la votación.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación una vez que se haya percatado de que las y los diputados que están en tránsito hacia sus curules para emitir su voto hayan llegado. Posteriormente al cierre, solicito que dé cuenta con el resultado de la misma.

La secretaria diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 388 votos a favor, 0 abstenciones, 1 voto en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruíz, hasta por diez minutos para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Buenos días a todas y a todos. El aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar el camino es, precisamente, en el aspecto de ser vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete. Así lo expresó el gran revolucionario Ernesto Che Guevara.

Hoy a través de esta reforma hacemos justicia a ese proverbio, los jóvenes son puestos en el centro de una decisión fundamental del Estado mexicano para hacer vanguardia en el reconocimiento de sus derechos y su aportación a la transformación social.

Con la dictaminación de las minutas de juventud y de movilidad, iniciamos un camino para aprobar una agenda ciudadana que reivindica derechos humanos de tercera generación. Es momento de interiorizar los postulados de los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país suscribió y nunca se hizo cargo. Las y los integrantes de esta comisión, consideramos oportuno aprobar el contenido de la minuta enviada por el Senado de la República en materia de juventud, dada la relevancia del tema.

Tanto a nivel nacional como internacional, los jóvenes son considerados como una importante fuerza económica, política, social y cultural puesto que en ellos recae gran parte de los esfuerzos requeridos para lograr la transformación de un país. Es por ello que el Estado debe velar por la protección de este grupo social, en ocasiones tan vulnerado y olvidado. De acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud, tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adulta.

En otras palabras, es un proceso de transición en que los niños se van formando en personas autónomas, por lo que también puede entenderse como una etapa de preparación para que las personas se incorporen al proceso productivo y se independicen respecto de sus familias de origen, pero, en palabras de los propios jóvenes que se definen como sujetos de derecho en busca de romper los estereotipos impuestos y la violencia, debemos advertir que se enfrentan a una realidad distópica en la que padecen violencia, discriminación, desempleo, embarazos prematuros, falta de espacios y alternativas.

Sin embargo, para lograr lo anterior es necesario atender las diversas problemáticas que enfrentan día a día y que con el paso del tiempo se han ido incrementando. Entre estos problemas se puede mencionar el escenario de pobreza, la inseguridad, la pérdida de confianza de las instituciones, la ausencia de opciones ocupacionales, la deserción escolar, entre otros.

Así, dos de los principales campos en los que los jóvenes encuentran dificultades son los que corresponden a educación y empleo. Al respecto, resultados de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), revelaron que el 56.9 por ciento de los jóvenes asume que la educación es el aspecto más importante para conseguir trabajo, pero enfrentan un campo muy competitivo donde a la oferta la supera la demanda.

En el área laboral, la tasa de desempleo ha aumentado considerablemente desde el inicio de la crisis de 2008, y relativamente más que en la mayoría de los países que integran la OCDE. Si bien, el desempleo juvenil es mucho más bajo que en el área de la OCDE en su conjunto, el porcentaje de jóvenes que no están empleados y que no están estudiando y/o en programas de capacitación, es considerablemente superior en México, lo que refleja el creciente desafío que el país tiene para mejorar los logros educacionales entre los jóvenes.

Por ello, es imperativo contar con una ley de carácter general que establezca las bases y los principios para la articulación de acciones y políticas para la promoción integral de las juventudes, que considere las condiciones en que se desarrollan su cotidianeidad, les permitan asumir su función prioritaria en la sociedad mexicana.

Dada estas razones, esta comisión considera necesario reformar el texto constitucional para establecer la obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las y los jóvenes, así como facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Formación y Desarrollo Integral de la Juventud.

En consecuencia, es procedente y oportuno que esta Cámara de Diputados apruebe la minuta contenida en el presente dictamen que podrá generar justicia cotidiana para las juventudes. Especialmente, en medio de la pandemia Covid–19, que ha generado externalidades en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Se coincide con la pertinencia de reformar el texto constitucional, en razón de la necesidad para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados y municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales en materia de los que México es parte.

Esta nueva legislación se complementará de manera natural para establecer lineamientos en materia de formación y desarrollo integral de la juventud. Es el caso concreto sin que sea necesaria la creación de estructuras administrativas adicionales.

Esa ley general tendrá por objeto promover el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de la distribución de facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

La generación de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. El establecimiento de los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de las personas jóvenes y la expedición de las bases generales para la participación de los sectores privado y social, en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes.

El reto está en la ley para coordinar los esfuerzos, los recursos institucionales y las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno en favor de los jóvenes con criterios y metas comunes. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Igualdad y no discriminación como horizonte del desarrollo y del bienestar inclusivo para México. Que todos los jóvenes encuentren el respaldo de las instituciones del Estado para su desarrollo integral, según sus necesidades y aspiraciones. No solo oportunidades sino derechos, de eso se trata.

Quiero finalizar mi intervención señalando que esta reforma cumple con una deuda histórica, con los jóvenes, su aportación social y su capacidad de transformación de la sociedad, no mañana, hoy mismo.

De igual manera, se mandata que los tres órdenes de gobierno participen en este proceso de acompañar el desarrollo de los jóvenes de manera coordinada, con criterios y estándares homogéneos, entendiendo que favorecer el ejercicio pleno de los derechos de las y los jóvenes es fundamental para una patria más grande y más justa. Por ello, pido a todos ustedes su respaldo para la aprobación de esta minuta que se pone a su consideración y que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Entendamos que esa es la etapa de la vida en la que nos definimos, en la que sabemos lo que vamos a aportar, lo que vamos a hacer para la sociedad. Y, por lo tanto, necesitamos tomar en cuenta su punto de vista para habilitar todas las políticas públicas, los temas, las acciones que se tengan que hacer con los recursos que cuenta el país, con lo que contamos en las instituciones. No creando más burocracia, no haciendo más engorroso el procedimiento de su participación y con mucha efectividad, el tomar su punto de vista y hacerlo valer. Eso es lo que nos compete y lo que presentamos el día de hoy en este dictamen. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alavez Ruiz.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por diez minutos. Tiene la palabra el diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado José Ricardo Gallardo Cardona: Con su venia, presidenta. En el Partido Verde Ecologista de México creemos en un país de derechos, en los que se privilegia la libertad de la persona y, al mismo tiempo, el Estado tenga una obligación con tal libertad, respetarla, promoverla, prevenirla, garantizarla y defenderla.

Por ello, una de las principales y más recurrentes demandas de la ciudadanía, que el Partido Verde Ecologista de México ha recorrido en diversas campañas, ha sido el impulso y atención a las necesidades de la juventud.

En su momento celebramos que el actual gobierno de la República haya puesto en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual brinda oportunidades de capacitación en el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que actualmente no estudian y no trabajan.

Se reconoce como un esfuerzo sin precedentes y que debe ser sustentado en una estructura permanente en el marco jurídico, con la finalidad de su implementación y que esta resulte totalmente exitosa.

Por ello, el 19 de julio de 2019, diputados de este grupo parlamentario y del grupo de Morena presentamos una iniciativa, citada en el antecedente del primer dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que en la Constitución se reconozca y garantice que el Estado velará por los derechos de las y los jóvenes a vivir en condiciones de bienestar y a desarrollarse plenamente.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha señalado que, en México, al segundo trimestre del 2018, el segmento de la población de 15 a 24 años ascienden a 21.8 millones de jóvenes, de los cuales no estudian ni trabajan 3.8. Asimismo, 3 millones son solamente mujeres y 800 mil son hombres.

Hasta hoy estamos siendo capaces de establecer un parámetro con un estándar suficiente, que permita generar leyes y políticas públicas que atiendan de manera adecuada las necesidades de la juventud: empleo, seguridad social, salud, bienestar, crecimiento y, sobre todo, desarrollo y educación.

No es un tema menor, al darnos cuenta que las necesidades de atención por parte del Estado a la juventud van más allá de jóvenes en situación de pobreza.

En México existe una cantidad significativa de jóvenes que no estudian ni trabajan y que están estancados en otros estratos sociales, con un poder adquisitivo mayor al que se posee, quienes viven en condiciones de pobreza. Pero, paradójicamente, a consecuencia de nuestra realidad como país y, en un contexto mundial, no encuentran un empleo en el que puedan desplegar todas sus potencialidades, ya no se diga satisfacer todos sus derechos.

Hasta hoy, en México, hemos desperdiciado el bono demográfico con el que contamos, y que deberíamos aprovechar para construir una nación próspera y con viabilidad financiera que tenga la solvencia para sostener este país cuando los adultos mayores sean la mayoría.

Por ello, ahora que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas, con enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural de este país, podremos estar a la altura de atender a los jóvenes e incluirlos no solamente en un mercado laboral, sino también tomar su posición en lo social, lo político y lo cultural.

Para lograrlo, la forma idónea es una ley que establezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno: estatales, municipales y, obviamente, el federal. El Congreso de la Unión, al contar con la atribución para expedir leyes adicionales a las materias de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero ahora también emitir leyes en materia de formación y desarrollo integral para las juventudes.

Solo generando condiciones que permitan la implementación de una política pública integral, los jóvenes desarrollarán su potencial como principales formas de transformar en una buena sociedad actual. Las y los legisladores federales tendrán el privilegio y la responsabilidad de plasmar nuevas formas de involucrar a la juventud en la vida pública.

Por su parte, el Poder Ejecutivo y los tres niveles de gobierno, bajo el principal tema de legalidad, orientará su esfuerzo a realizar todas aquellas acciones que concreten el derecho de la inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural. Será un arduo trabajo de ajustes y adecuaciones de la normatividad relacionada, lo que precisamente representa que será un tema pendiente en la agenda pública y en la legislativa. Por lo anterior, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD, hasta por diez minutos.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, diputada presidenta, con su permiso.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Como la diputada más joven de esta legislatura me da mucho gusto y una enorme satisfacción subir a esta tribuna representando a mi grupo parlamentario, pero, sobre todo, representando a todas las y los jóvenes de nuestro México. México también es nuestro.

Somos más de 30 millones de jóvenes, entre 12 y 29 años y, en consecuencia, somos un grupo protagonista en la historia socio-política y cultural de nuestro país. Y a pesar de la representación tan importante que tenemos como grupo poblacional, nos enfrentamos a un panorama muy complejo, un panorama marcado por falta de oportunidades y marcado también por insuficiencias que ponen en riesgo todos los días nuestro desarrollo.

La juventud de nuestro país ha quedado fuera de nuestra Carta Magna. Hemos luchado históricamente contra carencias, contra carencias muy importantes en materia de seguridad social, en acceso a los servicios de salud, en rezago educativo, en calidad de vivienda, servicios básicos, alimentación, empleo, espacios para la participación y muchos otros aspectos cruciales para alcanzar nuestro desarrollo pleno e integral.

A pesar de que México, como país miembro de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ha estado comprometido a cumplir lo establecido en el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades, en la actualidad no contamos con una legislación que atienda la problemática a la que se enfrentan las juventudes.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, destaca la importancia estratégica de las personas jóvenes para el desarrollo del país, pero no establece un catálogo de derechos ni sus mecanismos de exigibilidad. Se limita a determinar la organización burocrática del mencionado instituto.

Hasta ahora nuestro país ha sido incapaz de reconocer a las y los jóvenes como sujetos plenos de derecho y, por lo tanto, no nos ha reconocido como un sector con características singulares relacionadas con factores culturales, geográficos, socioeconómicos, psicosociales y de identidad que requieren por parte del Estado la implementación de acciones específicas e integrales.

El tema de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes fue un tema recurrente a lo largo de pasadas legislaturas por diversos grupos parlamentarios y también por parte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, e incluso a manera de exhorto a Congresos estatales.

Sin embargo, la gestión democrática de políticas de juventud es todavía un asunto pendiente y con grandes rezagos. La herencia de un Estado centralista, la diversidad de actores juveniles poco coordinados, la falta de nuestro reconocimiento en nuestra Carta Magna y la cada vez más grave exclusión social que sufrimos, son algunos de los factores que condicionan la posibilidad para el diseño e implementación de las políticas de proyectos y de programas enfocados a la juventud.

Estos factores nos obligan a observar dentro del análisis de nuestra legislación los mecanismos que rigen el desarrollo del sector juvenil, teniendo presente que el comportamiento de las y los jóvenes reflejan el bienestar de la sociedad.

Por ello, y por varios aspectos más, es necesario buscar instrumentos que coadyuven a la participación de la juventud en su desenvolvimiento. Esto conlleva también la necesidad de coordinar políticas. Desde luego, con la participación juvenil como eje central para generar condiciones favorables de vida.

Por ello, la importancia de que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de jóvenes. Veintiséis de 32 entidades federativas de la República han realizado trabajo a favor de este grupo poblacional, a través de disposiciones legales locales.

Estas disposiciones y leyes locales eran hasta el día de hoy la mayor protección y consideración a la que los jóvenes podíamos aspirar, y era también el nivel de compromiso que reflejaba el Estado mexicano. Sin duda, existía una deuda enorme.

Ahora se impone la necesidad de que toda política pública no solo contemple las particularidades locales, sino que sean políticas integrales que obliguen a los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, nos permitirá establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte de la sociedad civil, el Estado, la administración pública federal, las entidades federativas y también los municipios. Por todo esto y más felicito la discusión de este dictamen, que prueba el carácter plural que tenemos a favor de los derechos de las juventudes en México.

Este dictamen tiene por objeto reconocer el derecho de las y los jóvenes a un desarrollo integral. Esto permitirá hacer visible el peso significativo que tiene la juventud dentro del contexto nacional. No solamente por nuestra importancia numérica, sino principalmente por el desafío que significa para la sociedad, garantizar la satisfacción de nuestras necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades particulares.

Tenemos en la juventud parte de la riqueza de nuestro país y debemos aprovechar esta situación para crear un nuevo panorama, donde nosotros los jóvenes seamos ese eje rector para la reconstrucción de un nuevo tejido social.

En la situación actual de crisis en la que vivimos, donde el país se ha visto rebasado por la emergencia sanitaria, generando una situación extremadamente compleja en cuanto a los impactos económicos y sociales, así como de los retos en el país que han evidenciado y agudizado temas que siempre han adolecido a nuestra sociedad, y en específico y en particular a las y los jóvenes.

La pandemia no ha sido ajena a este sector de la población. Al contrario, los efectos sociales, económicos y psicológicos los han puesto en una verdadera situación de vulnerabilidad, donde es imperante tomar en cuenta la opinión y la voz de las juventudes.

El ser humano tiene ese rol y capacidad de poder adaptarse a las circunstancias más adversas y es en este contexto donde los jóvenes, junto al avance de las tecnologías de la información y comunicación, hemos buscado generar nuevos espacios para hacer escuchar nuestras opiniones y propuestas.

La juventud siempre ha sido protagonista de las transformaciones sociales, trayendo renovación, creatividad y compromiso con las causas comunes. De esta manera la población de jóvenes y las organizaciones siempre han reaccionado de inmediato y respondido a las necesidades de los demás.

Lo mismo está sucediendo durante esta pandemia. No hay joven en México que no tenga en mente preocupaciones y necesidades, y es importante que de notros mismos surjan las nuevas soluciones que permitan transformar las formas en todo espacio de la vida cotidiana, por lo que esta propuesta, esta reforma servirá para generar justicia para las juventudes, especialmente, en medio de la pandemia.

Estos cambios en nuestra Constitución son un gran paso en la defensa de los derechos y, además, nos permitirá seguir por el camino en la construcción de una ley general que fije las bases y principios para articular acciones y políticas en beneficio de las juventudes. Camino que hemos emprendido ya en el seno de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual desde el inicio de esta legislatura.

En el PRD estamos a favor de todos los cambios que promuevan el desarrollo integral de la juventud y es por eso que acompañamos el sentido de este dictamen. Pero también reconocemos y exigimos ir más allá. Busquemos generar políticas públicas con un enfoque transversal, que estén acompañadas de una planeación real del presupuesto destinado a este sector.

Como legisladoras y como legisladores, necesitamos dotar de herramientas, con una visión integral, con la finalidad de garantizar derechos que hasta hoy se nos ha negado, como el acceso a la salud, educación, trabajo formal y bien remunerado, entre otras varias deudas y pendientes más. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por la discusión y, espero, aprobación de este dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Partido Encuentro Social.

El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Edgar Guzmán Valdéz: “La juventud es el suplemento vitamínico de la anémica rutina social”, Fernando Savater. Compañeras y compañeros legisladores, la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar en materia de juventud.

Este dictamen pretende a la postre crear una Ley General de Derechos de las Personas Jóvenes, la cual establecerá un catálogo mínimo de derechos para ese sector tan importante para la vida pública y económica del país.

Esto es imprescindible, porque las entidades federativas han hecho un esfuerzo legislativo por establecer leyes locales en materia de juventud, lo que ha provocado diversos criterios, derechos de las juventudes e institutos juveniles al respecto. Ocasionando con ello que por la naturaleza propia de nuestro sistema federal existan derechos que son reconocidos y protegidos en ciertos estados federados y en otros no, tales como los derechos sexuales y reproductivos; los derechos de las personas jóvenes en situación de calle; el derecho a la cultura, al arte, a la recreación; y el derecho de acceso a las tecnologías de la información.

Esto provoca que en nuestro sistema federal existan derechos juveniles para unos y para otros no. Por ello, el presente dictamen es de vital importancia, en virtud de que al autorizar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia habrá un piso mínimo de derechos para todos los jóvenes del país, evitando así ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

De igual forma, los Institutos de la Juventud de los estados federados tienen diversidad de criterios en su origen, al ser órganos desconcentrados, organismos descentralizados o ser subsecretarías de la administración pública local, lo que provoca que sus recursos financieros estén sujetos a la discrecionalidad del respectivo Ejecutivo local.

Es por ello, que se necesita autorizar al Congreso de la Unión la expedición de esta ley para establecer los criterios que han de regir a las juventudes, sus derechos y su colaboración entre la federación y las entidades, así como los municipios.

Además de lo anterior, lo cierto es que las juventudes necesitan su propio sistema de protección jurídica, porque son ellas el motor de los ideales y de los cambios más importantes en la vida pública del país.

Muestra de lo anterior, es que la población juvenil representa a 30.7 millones de personas, lo que se traduce en 25.7 por ciento de la población nacional. Representan, además, un sector importante en la población económicamente activa, aunque persista hasta el día de hoy una enorme dificultad para acceder al primer empleo y a condiciones laborales con dignidad.

Muestra del motor de cambio que pueden llegar a ser los jóvenes, fue su asistencia al proceso electoral de 2018, donde expresamos nuestras preferencias políticas. Por ello, nuestro deber es con todos los jóvenes del país y que constaten que existe un compromiso real de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para dignificar a la persona joven y luchar por sus derechos.

Por esta razón, compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor de este dictamen para materializar una ley especializada en materia de derechos juveniles, porque hacerlo es hacer lo socialmente correcto.

Además, compañeras y compañeros legisladores, nuestra legislación nacional debe armonizarse con el marco internacional en materia de derechos juveniles, con la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes y su protocolo adicional, firmado por el Estado mexicano y pendiente por ratificar por el Senado de la República.

Cabe decir que presenté, hace más de un año, un exhorto al Senado de la República para ratificar este importante tratado internacional en la materia y, con ello, agregar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos al marco jurídico nacional. Desde esta tribuna le exhorto y recuerdo al Senado este pendiente legislativo.

De igual forma, en el escenario internacional la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se le brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar.

En particular, los jóvenes deben adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir con una economía productiva, y necesitan acceso a un mercado laboral que pueden absorberlos en su tejido.

Además, desde 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que entre otros elementos contiene su problemática, estrategias de participación ciudadana, salud, globalización plena y efectiva participación de las y los jóvenes en la vida de la sociedad y cuestiones intergeneracionales e insta a los Estados a tomar las medidas necesarias internas para garantizar derechos de los jóvenes.

Posteriormente, en 1998, adoptó el 12 de agosto de cada año como Día Internacional de la Juventud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU establecen los vínculos entre el desarrollo de la juventud y el desarrollo sostenible.

En consecuencia, la esfera internacional ha realizado esfuerzos desde hace varias décadas en favor de los jóvenes, y considera que son motor de cambio para nuestra sociedad al ser un factor importante en la economía y en la toma de decisiones públicas.

Sin embargo, por lo que respecta a la esfera nacional nos falta hacer las adecuaciones necesarias en políticas públicas transversales, que impacten en su desarrollo la carencia o nula existencia de institutos municipales de la juventud y la falta de oportunidades hacia el primer empleo, por considerar solo algunas.

A esto, se suma la tasa de desocupación de los jóvenes respecto a la población económicamente activa, la cual es el doble comparada con la población general. Además de discriminación por supuesta falta de experiencia y los desempleos fruto de la pandemia nos sigue azotando.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, la minuta objeto de discusión de esta asamblea tiene por objeto promover el desarrollo integral de las personas jóvenes con un enfoque multidisciplinario, así como la concurrencia en la obligación de los entes del Estado a fin de garantizar su inclusión en los ámbitos político, social, cultural y económico.

Entre las grandes bondades que conlleva esta reforma, se encuentran:

1. Una política pública de carácter transexenal, porque no solo estará sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, sino a una propia ley y con ello cumpliremos con las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas.

2. Estas políticas públicas en materia de juventud permitirán una concurrencia con los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal o demarcación territorial en la Ciudad de México y, en consecuencia, habrá un engranaje de obligaciones para diversas autoridades.

3. El segundo transitorio del decreto obliga a que con la entrada en vigor de la modificación constitucional deberá expedirse una ley especializada en materia de personas jóvenes, la cual establecerá un catálogo de derechos, reglas homogéneas para las políticas públicas que implementen las entidades federativas y, en su caso, los mecanismos de defensa legales con los que contarán los jóvenes para hacer valer sus derechos.

4. Se impone la obligación a las entidades federativas de armonizar sus respectivos cuerpos legales con el fin de garantizar los derechos de las y los jóvenes en todas las latitudes y evitar, de esta manera, derechos de primera y derechos de segunda.

Con esta reforma garantizamos los derechos de los jóvenes, cumplimos con las recomendaciones internacionales y apoyamos al motor de cambio en nuestro país, que son las y los jóvenes de México.

Ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede todo lo que sabe, bien dijo José Saramago. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidente.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Guzmán.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, de Movimiento Ciudadano, por cinco minutos. Y se prepara la diputada Lourdes Celenia Contreras González, también de Movimiento Ciudadano, por cinco minutos cada una.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Compañeras y compañeros diputados, en alguna ocasión un cura dijo que la juventud no solo debe de ser amada, sino que debe sentir que se le ama. Y, en otra, un guerrillero afirmó sobre la juventud que es la arcilla de nuestra obra, pues en ella depositamos nuestras esperanzas. Tanto el cura como el guerrillero hoy son paradigmas para la juventud e íconos de la izquierda y la derecha en distintas partes del mundo.

Y, como sucede hoy en este pleno, sus visiones, sin importar ideologías, se unen en la necesidad de valorar, apoyar y responsabilizarnos por el desarrollo de la juventud, sin importar si se es de centro, izquierda o derecha, se atiende el interés nacional.

Cuando el discurso y la acción se alinean en reconocimiento y beneficio de la juventud, ese sector poblacional que la Organización de las Naciones Unidas ha descrito como el potencial humano que, bajo condiciones adecuadas de educación, trabajo y crecimiento, se erige como una fuerza positiva para el desarrollo de las sociedades.

En nuestro país se consideran jóvenes a todas aquellas personas que rondan entre los 12 y 29 años de edad y proyectan un capital humano que ronda entre 30 y 38 millones de seres humanos en la plenitud de su potencial físico.

Ello constituye el llamado bono demográfico que una nación como la nuestra puede detonar o desperdiciar. Eso dependerá de la empatía de la generación que hoy toma las decisiones y de la capacidad que tengamos para generar un contexto favorable al desarrollo de su juventud.

La juventud opositora, preponderante del estatus quo, es el más natural, puro y fuerte control de poder en el que se asientan los cambios sociales y políticos de la nación. Ello, debido a que con su rebeldía, ímpetu y entrega tienden a definir el ritmo, la velocidad y el alcance de las decisiones que toman las otras generaciones en torno a la vida pública.

Ser joven implica el inalienable y, muchas veces, inconsciente compromiso de la autodefinición en el ser humano. Por todo lo anterior, nuestra actitud ante la juventud como factor de movimiento social permanente, idealmente debe orientarse a propiciar las mejores condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas posibles.

Consecuentemente, lo más razonable, humano y empático debe ser procurar que el Estado asuma la responsabilidad por generar condiciones de desarrollo integral para la juventud. Ello, con la mira en potenciar y orientar todo ese capital humano y disponer las herramientas necesarias para esta vertiginosa transición de la niñez a la adultez.

En estas inercias y roles encontrados, las coyunturas sociales, políticas y económicas que han forjado al mundo en general y, a nuestro país en particular. Sin embargo, a pesar de tan evidentes atributos, hasta nuestros días la juventud no ha tenido un espacio especial en nuestra perspectiva constitucional.

Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy nos plantea la Comisión de Puntos Constitucionales propone integrar en nuestro texto fundamental la responsabilidad para que el Estado mexicano, en el sentido de promover el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. Asimismo, busca plantear la necesidad de una ley que permita la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en torno al desarrollo de la juventud y facultar a las Cámaras de Diputados a legislar sobre la formación y desarrollo integral de la juventud.

Aunque es un primer momento, es probable que los recursos no sean suficientes para proyectar el ideal del espíritu que hoy, en esta reforma, sin duda alguna es una visión necesaria en nuestra Constitución y para nuestra sociedad.

Hagamos del desarrollo integral de nuestra juventud nuestra causa y, para empezar, votemos en pro del dictamen. Hoy es el momento para seguir avanzando en el desarrollo de mejores condiciones para la juventud mexicana. Hagamos causa con las y los jóvenes. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Lourdes Celenia Contreras.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Compañeras y compañeros diputados, en nuestro país más de 30 millones de mexicanas y mexicanos se encuentran entre los 15 y 29 años de edad. La juventud es portadora de todo el potencial y la reserva de ideales, energía, impulso y generosidad social del México de nuestros días. También la juventud es exigencia de cambios, de justicia y de un México más igualitario.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del presente dictamen, ya que establece un claro mandato constitucional para que el Estado mexicano garantice el desarrollo integral de las y los jóvenes.

La reforma consiste en la incorporación de un párrafo al artículo 4o. de la Constitución, para establecer que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas, con un enfoque multidisciplinario, que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural de nuestro país.

Además de la expedición de la Ley General en Materia de Personas Jóvenes y se reforma el artículo 73 constitucional, para otorgar al Congreso la facultad de legislar en la materia y poder emitir dicha ley general.

Esta reforma puede abrir el camino para una auténtica reivindicación de los jóvenes. Estoy convencida que nuestros jóvenes son los verdaderos agentes del cambio económico, político, social y cultural.

Pero quieren ser los protagonistas de ese cambio, ser reconocidos como sujetos de derechos, como actores estratégicos del desarrollo y como ciudadanos con capacidades para ejercer responsablemente sus derechos y sus libertades.

No sería aceptable que una reforma de esta magnitud se quedara, como muchas otras, en letra muerta. Y, para hacer efectivos los derechos y las libertades, también como diputadas y diputados, debemos ser congruentes y dotar de recursos en el Presupuesto de la Federación a proyectos para el desarrollo integral de nuestros jóvenes.

Las y los jóvenes de México rechazan los programas y políticas públicas superficiales, los que solo tienen como objetivo las acciones asistencialistas o paternalistas que buscan mantenernos aislados y callados, cuando ellos son personas fuertes, críticos demandantes y solidarios.

De la misma manera, esta reforma se debe derivar en la multiplicación de oportunidades de trabajo para las y los jóvenes de nuestro país. El acceso al empleo de los jóvenes es menor al resto de la población, pues el índice de desocupación entre la juventud es del 5.38 por ciento, mientras que de la población en general, el desempleo es del 3.2 por ciento.

Otro de los derechos fundamentales de la juventud, como lo es el derecho a la educación, también tiene que fortalecerse al máximo. Tenemos que superar la actual realidad que margina a los jóvenes de las oportunidades de educación.

En nuestro país, solo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años de edad, tienen la oportunidad de asistir a alguna universidad o a alguna institución de educación superior.

Así es como el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyará el presente dictamen, pero sobre todo se asegurará que la ley general en materia de personas jóvenes garantice los derechos a la educación, al trabajo decente, a la salud, que promueva la igualdad sustantiva, una vida libre de violencia y que los proteja de las adicciones, del reclutamiento del crimen organizado, que asegure su acceso a las tecnologías de la información, a la ciencia, a la cultura y al arte.

Estimadas y estimados jóvenes de México, en sus manos ponemos el presente y futuro de nuestro país, que su creatividad e innovación contribuyan al desarrollo que cada día más requiere esta nación. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada María Rosete, del Partido del Trabajo.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez: Compañeras y compañeros diputados, no hay jóvenes malos sino jóvenes mal orientados. Con esta frase quiero fijar postura en este decreto, que tiene por objeto establecer la facultad parlamentaria para expedir una ley general en materia de derecho de las juventudes y que pueda ser aplicable en todos los órdenes de gobierno, logrando así que las personas jóvenes tengan garantizado un piso mínimo de derechos y prestaciones en todo el país.

Se pretende eliminar las distorsiones generadas por una ausencia de leyes especializadas en las entidades federativas o por las diferencias sustantivas entre los ordenamientos expedidos por las legislaturas locales. En 1996 los expertos en demografía señalaban que en el país había aproximadamente 26 millones de habitantes con edades entre 12 y 24 años, es decir, la población juvenil.

También señalaban que esos millones de jóvenes representaban en ese año 30 por ciento del total nacional. Hoy son alrededor de 33 millones. Esos millones de personas nunca fueron vistas como el terreno más fértil, el ámbito más propicio para invertir y hacer de ese núcleo de la población el punto de apoyo para desarrollar al país.

Nunca se pensó que entre ellos se encontraba la materia prima para la formación del capital humano estratégico, si se toma en cuenta que desde la última década del siglo pasado ya estaba más que anunciada la sociedad del conocimiento, donde los saberes, la tecnología y la innovación se rebelan como los resortes de un desarrollo integral social moderno.

¿Cuántos miles de ingenieros, médicos, científicos, agrónomos, biólogos, economistas, historiadores, literatos, creadores del arte y la cultura dejaron de formarse? A cambio de ello, continuaron las crisis, la pobreza, la marginalidad, la insalubridad, la desocupación y otros males.

Al acentuarse extendieron sus efectos sobre la población, en particular entre los más vulnerables, incluida la juventud mexicana. Si es cierto, como algunos suponen, que ya se ha perdido la oportunidad del bono demográfico, valdría la pena preguntarse por qué no ha sido utilizado el potencial que representan para resolver los problemas de la desigualdad, la pobreza y la marginalidad.

Los años ochenta fueron el punto de referencia del abandono de las políticas sociales, es precisamente durante la llamada década pérdida que el gasto público tuvo un drástico cambio de destino. Los recortes presupuestales a la salud, la educación, la vivienda y otros rubros asociados al bienestar social, significaron pasos en el proceso de pauperización de la población. La profundización de las desigualdades, el crecimiento, el desempleo y la marginalidad.

En buena medida la poca importancia que se ha otorgado al papel estratégico de los jóvenes explica que se sepa muy poco de ellos. Este grupo que se distingue por su heterogeneidad, por razones geográficas, origen social y económico, género y otras variables no tiene mucho de ser motivo de estudio y de reflexión.

Un gran problema de los jóvenes es que una de estas secuelas es el desempleo acumulado a lo largo de varias décadas. En efecto, desde hace tiempo la economía tenía que haber creado anualmente más de un millón de nuevas plazas de trabajo, que en promedio demandan los jóvenes que se incorporan al mercado del trabajo.

Por desgracia esto no ha sucedido así, pues históricamente la tasa de desocupación entre los jóvenes ha sido mayor a la del promedio nacional, aunque para el caso de las mujeres la situación es aún más desventajosa con respecto a la de los varones.

Otro dato importante es que los jóvenes, los que nutren la mayoría de estas corrientes migratorias, muchos de ellos con grados avanzados de escolaridad, es decir, ya no solo el campesino tradicional, el que abandona el país, sino ahora es el habitante urbano, ya con algunos años de educación. Incluso, existe la tendencia de que cada vez sea mayor el número de jóvenes con estudios superiores que emigra en busca de mejores condiciones económicas y de superación. En tanto que los países desarrollados han establecido políticas específicas para atraer a los hombres y a las mujeres mejor calificados, ofreciendo condiciones y oportunidades que no existen en los países periféricos.

El mundo globalizado y la sociedad del conocimiento han internacionalizado el mercado de los talentos, por eso estas políticas de atracción deben ser vistas, no como un fenómeno transitorio, sino como una práctica permanente por la cual México está perdiendo capital humano.

Ante esta situación, es que los programas sociales implementados por esta administración tienen el objeto de lograr pagar esa deuda histórica que se tiene con los jóvenes. Por lo que, como diputados de la cuarta transformación, nosotros apoyamos al presidente y sus políticas. Lo que es un alivio para millones de mexicanos que reciben los apoyos que durante décadas se les negaron. Las y los diputados del Partido del Trabajo estamos a favor de la juventud mexicana. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del PRI.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: “A los jóvenes no se les dice qué hacer; a los jóvenes se les escucha, se les apoya y se les respalda”, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, realizada por el Inegi, en México hay 30.7 millones de jóvenes, que representan el 24.2 por ciento del total de los habitantes. De ellos el 56.5 por ciento, entre 15 y 29 años, participan de la población económicamente activa. De esa magnitud y de ese tamaño es este gran motor de la sociedad que son nuestros jóvenes.

Este sector tan importante también durante décadas ha luchado por su plena incorporación en la toma de decisiones. Y en ese sentido, para julio de 2018 se tuvo un registro de 2 mil 919 candidatas y candidatos que contendieron por una curul en el Congreso de la Unión. El Instituto Nacional Electoral, en su página muestra que hubo un registro de mil 602 que contendieron por el principio de mayoría relativa y mil 317 candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional.

De todos ellos solo 545 fueron jóvenes menores de 30 años, y de ellos solo 28 lograron obtener un lugar en el Congreso en esta LXIV Legislatura. Y para contrastar más su necesaria participación, en la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, únicamente participan 3.

Siendo que el H. Congreso de la Unión no tenía hasta ahora la facultad para legislar en materia de juventudes, hoy tenemos esta gran oportunidad de cambiar las cosas. Las juventudes no solo requieren, exigen nuestro respaldo.

Tenemos la gran oportunidad de trascender como legislatura dándoles un lugar que les corresponde, es momento de las y los protagonistas activos del México moderno. Tenemos asociaciones juveniles en el país de origen internacional, como la Red Mundial de Jóvenes Políticos, los Jóvenes Políticos de las Américas y organizaciones nacionales como el Colectivo Kybernus, además de la Canajop y la Red de Jóvenes por México. Organizaciones que agrupan a muchos jóvenes para recortar la brecha entre el México que somos, pero también, el México que anhelamos.

Necesitan certeza laboral, económica, política y social, tienen que ser tomados en cuenta. Las juventudes exigen bienestar, seguridad social, oportunidades, exigen soluciones. Esta reforma es la forma, pero también tiene que venir de fondo, con planes integrales y efectivos, con el fortalecimiento de instituciones, pero también, de recursos, pero que verdaderamente lleguen a ellos, analizar y rectificar buenas intenciones que apenas alcanzan el 2.2 por ciento de efectividad como lo es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Siete de cada diez despidos durante la pandemia por el Covid-19 fueron a jóvenes. Estamos hablando de que el 70 por ciento de los despidos afectó a nuestras juventudes. Casi 8 millones y medio de jóvenes en las filas del desempleo y aquí podemos empezar a hacerles justicia.

Hay que apostarle a una educación integral que hoy es una de las más afectadas. Hay que apostarle a programas de emprendimiento, en las y en los jóvenes mexicanos hay capacidad, hay talento, hay hambre y ganas de trascender y de transformar a este país. Hagamos las cosas bien.

Ya lo dijimos antes, no se puede construir el futuro con las herramientas del pasado. Vamos juntos por esta reforma, vamos a salvar el presente de México y vamos a salvar el futuro de las nuevas generaciones.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de fortalecer el marco jurídico en favor de la juventud de este país. Creemos firmemente que los jóvenes de hoy son esas mujeres y esos hombres que le darán a nuestro país la estabilidad y la dirección que requiere.

En tal virtud, estamos a favor del presente dictamen que no solo beneficiará a todos los jóvenes, sino que sentará las bases del México del mañana. Votaremos a favor de las juventudes, votaremos a favor de México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Karen Michel González Márquez, del PAN.

La diputada Karen Michel González Márquez: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Karen Michel González Márquez: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen tiene como propósito reconocer a los jóvenes su derecho a desarrollarse y a vivir en condiciones de bienestar pleno, y sobre todo facultar al Congreso de la Unión para que legisle en materia de juventud y de reconocimiento de sus derechos.

Y además que se presenta cuando se hace cada vez más evidente que la población joven de México demanda que sus necesidades sean atendidas, que su potencial sea reconocido, que sus vidas sean respetadas, que sus manifestaciones de creatividad sean impulsadas. En suma, que sus derechos sean plenamente reconocidos.

Por ello, en Acción Nacional damos la razón a que es inaplazable que nuestro máximo ordenamiento jurídico respalde su derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse plenamente para impulsar el crecimiento, el desarrollo social y económico que el país tanto necesita.

Es evidente la gran deuda con nuestras juventudes, porque basta decir que de casi 40 millones de jóvenes que habitan en México, casi la mitad vive en condiciones de pobreza, ha sido víctima de algún acto de discriminación o se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos.

Hoy, también podemos aseverar que en especial los jóvenes son el grupo poblacional que laboralmente se ha visto más afectado por la emergencia sanitaria. De acuerdo con la Organización Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, 7 de cada 10 personas que perdieron sus empleos formales por la crisis sanitaria, eran jóvenes, y el 23 por ciento de quienes conservaron su empleo han disminuido sus horas laborales.

Ante estas condiciones y de continuar sin un respaldo jurídico que sustente políticas públicas de impulso y de desarrollo para la juventud mexicana, es claro que las generaciones jóvenes quedarían atrapadas en trabajos de bajos salarios y con pocas prestaciones, que tendrían mucha dificultad para acumular patrimonio y que tardarían más tiempo en obtener la seguridad financiera que pudieron desarrollar las generaciones anteriores.

Además, el gobierno federal en turno no está ofreciendo a las y los jóvenes las oportunidades ni el desarrollo de competencias que requieren y, por el contrario, están marginando su talento y energía. En esta administración no se han creado suficientes empleos ni tampoco empleos bien remunerados.

Hoy, más que nunca, es necesario hacer visible que las personas jóvenes en nuestro país enfrentan un problema de discriminación estructural y que está siendo reproducido por el gobierno federal a través de sus políticas y a través de su inacción.

Una muestra de que este gobierno le ha fallado a los jóvenes es su programa estrella Jóvenes Construyendo el Futuro, porque a decir verdad ni construye y ni tiene futuro. Es un nido de corrupción, pues la mitad de las empresas registradas en este programa son empresas fantasma y esto va de acuerdo a los resultados de las propias auditorías internas de la Secretaría del Trabajo.

¿Cuántos millones se han robado ahí? ¿Cuántos funcionarios, nuevos ricos, son el resultado de este fracaso institucional? Este gobierno cambió apoyos para Jóvenes Talento en lo científico, en lo deportivo, en emprendimiento y en lo académico por sobres con dinero en efectivo disfrazado de becas para comprar votos. La autonombrada 4T le ha fallado a todos, pero aún más a los jóvenes de México. Ante esto, no me queda la menor duda que los jóvenes tienen en sus manos el poder cambiar el rumbo de nuestro país y estoy segura que así lo harán.

De igual manera, esta administración ha sido omisa en ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el Pacto Iberoamericano de la Juventud, que este tiene el objetivo de salvaguardar la vulnerabilidad de las personas de entre 15 y 24 años y, reconocer una serie de derechos para que puedan desarrollarse a plenitud. Ratificar la Convención obligaría al Estado mexicano a generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la juventud, que no es cosa menor.

Sin embargo, el actual gobierno no ha querido comprometerse seriamente con ellos. Compañeras y compañeros, es evidente que no tenemos un andamiaje legal ni institucional que les garantice a los jóvenes el pleno ejercicio de sus derechos. Mientras pasa esto, las y los jóvenes reclaman, por diferentes vías, ser actores protagonistas en asuntos públicos y en otros temas que tienen alcances tanto nacionales como regionales y mundiales.

En el Grupo Parlamentario del PAN estamos ciertos de que si queremos superar los problemas que plantea la tecnología, el cambio climático, la desigualdad y la demografía, no podemos desaprovechar el talento de los jóvenes ni la inversión en su enseñanza. Por el contrario, tenemos que proteger sus derechos y su desarrollo integral. Es por ello que no dudaremos en impulsar, con nuestro voto a favor, la aprobación de las reformas constitucionales que hoy se ponen a nuestra consideración.

Compañeras y compañeros legisladores, la demanda por el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de las políticas públicas, con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país no debe esperar más.

Aprobemos esta reforma constitucional que hará un imperativo para nosotros, los legisladores, el obligarnos permanentemente a establecer la concurrencia de la federación, entidades federativas, municipios y territoriales de la Ciudad de México para estos efectos. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene el uso de la palabra la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena.

La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega: Gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega: Si pudieran decir en una palabra qué es juventud, ¿cuál sería? Ser joven es fortaleza, es aprendizaje, es coraje, es revolución. Ser joven lo es todo. Con estas y más palabras las juventudes mexicanas nos hemos descrito en diversos estados de la República.

Cada etapa de la vida es única e inigualable. Sin embargo, los años maravillosos de la juventud nos hacen vivir en una realidad con un toque de utopía, que nos empoderan para creer y luchar por un bienestar social, con mayor equidad y respeto. Es ahora, somos nosotras y nosotros quienes tenemos la obligación moral de transformar la vida política, social y económica de nuestro país.

Hoy estamos ante una reforma histórica, que reconoce expresamente a las y los jóvenes en el texto constitucional, que se realiza mediante el consenso de los diversos grupos parlamentarios, compañera sin partido, el PRD, el Partido Encuentro Social, el PAN, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, PRI y, desde luego, Morena, mismos que en su mayoría integran la Junta Directiva de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.

Es oportuno resaltar que hace al menos dos décadas, se han iniciado procesos de la presente reforma constitucional en materia de juventud. Pero, hasta el momento, no han culminado el proceso legislativo. De ahí que destaco que el actual gobierno de la República está decidido a impulsar el fundamento para que el Estado mexicano tenga el mandato claro de promover el desarrollo integral de las y los jóvenes.

Y, para tales efectos, se faculta expresamente al Congreso de la Unión para que, posteriormente, se expida una Ley General de Juventudes, donde se establezcan los detalles y pormenores que permitan hacer efectivo que el Congreso de la Unión tenga las atribuciones expresas para emitir esta ley, que articule y homologue una política pública y así cumplir con la deuda histórica para las y los jóvenes.

Entre las razones que sostienen y justifican lo que vamos a aprobar, es la demanda de millones de jóvenes de que haya mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para nosotras y para nosotros.

En México, se estima que hay 30.5 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años. Es decir, las juventudes representamos el 25.7 por ciento del total de la población de nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El desarrollo integral de los jóvenes debe entenderse como un deber progresivo, donde el Estado mexicano tiene la responsabilidad de constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y socialmente justo, y que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, sea equitativa para todas y para todos.

Dicho desarrollo integral, también debe incluir la plena participación de las y los jóvenes y sus pueblos y comunidades sobre las decisiones relativas a su propio desarrollo. Con esta reforma constitucional, lo vamos a lograr. De ahí, que pido su voto a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que está a discusión.

Es importante señalar que al no existir una ley general de carácter concurrente que defina las atribuciones claras y otorgue armonización en la materia, deja de existir unidad y coherencia en el rubro de la atención pública a la juventud mexicana, cuando precisamente se requiere una política clara y puntual.

La juventud, más que una edad, es aquello que se, y que se ve reflejado en la piel, la juventud se lleva en el alma, se vive con espíritu. Es por ello que esta reforma constitucional va para millones de jóvenes que han creído y tienen la esperanza de crear un México más incluyente que nos escuche y que nos atienda.

Saludo y felicito a la senadora Lucía Meza, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado, por su interés e insistencia para ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Senadora, uno de los resultados del Parlamento Juvenil Consultivo 2019, fue precisamente este, exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ratificar la Convención.

Asimismo reitero el compromiso de esta Cámara de Diputados, para ser la Cámara de origen al presentar la Ley General de Juventudes. Por ello, invito a los Congresos locales a aprobar las presente reformas en este, nuestro último año legislativo. Agradezco, desde luego, a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales por poner sobre la mesa un tema tan importante para México, su juventud.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a las y los 300 jóvenes seleccionados en el Parlamento Juvenil 2020, Juventud unida en la distancia, que está por celebrarse del 20 al 23 de octubre de manera virtual. Finalmente, agradezco a nuestro coordinador Mario Delgado por el apoyo mostrado desde el primer momento a las y los diputados jóvenes, porque cabe mencionar e informar a la diputada del PRI, que hace un momento me precedía, que por primera vez en la historia de México, esta LXIV Legislatura es en el Grupo Parlamentario de Morena que se tienen más jóvenes.

Es así que queda demostrado que la cuarta transformación sí cumple, y por ello Morena va a favor del presente dictamen. Vivan las y los jóvenes de México, que somos quienes estamos construyendo en el presente nuestro futuro. Y a la diputada que me antecedía también, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un único defecto, que es su nombre porque, insisto, debería de llamarse jóvenes construyendo el presente. Su puesta en marcha aleja a muchísimas juventudes de México de un trabajo aparentemente fácil y los acerca a un ámbito laboral.

Es así que reiteramos todo el compromiso de este gobierno de la cuarta transformación y estaremos siempre en apoyo a las juventudes mexicanas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ascencio Ortega. Se informa a la asamblea, que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo que establece el artículo 230, numeral 3 del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar a favor y en contra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez: Con su venia, diputada presidenta. En esta Cámara de Diputados hemos sostenido debates sobre una gran variedad de asuntos, en algunos las diferencias han estado marcadas; en otras, como este caso, las coincidencias nos han unido.

Hoy tenemos la oportunidad de cerrar filas para hacer de la Constitución un motor de las juventudes, para que de una vez por todas tengamos como jóvenes pleno reconocimiento constitucional. Muchas personas han estado involucradas detrás de este resultado y no solo en esta legislatura, han sido más de 10 años de esfuerzos para impulsar una ley general de juventudes, siempre desde la pluralidad que nos caracteriza, pero también con la convicción de abrir espacios, generar oportunidades y garantizar derechos para todas y todos los jóvenes de nuestro país.

Organizaciones, movimientos, activistas, académicos y un sinfín de ciudadanas y ciudadanos se han involucrado en este proceso. La participación activa y organizada nos ha permitido entender nuestras realidades, diseñar estrategias efectivas también, para comunicarlas.

No es para menos. Hablar de nuestra generación es hablar de un punto de encuentro sólido de nuestra democracia. Para 2019 el Inegi nos reportaba más de 30 millones de jóvenes, que se convertirán y ya se están convirtiendo en tomadores de decisiones en la vida pública, privada y social de nuestro país.

Como jóvenes, nos tomamos muy en serio este dictamen. Si a las nuevas generaciones nos va bien en el presente, el futuro será prometedor. Por eso reconozco la convicción del presidente Manuel López Obrador, de impulsar acciones para que los jóvenes construyamos presente y futuro, para reconocer nuestra función protagónica en la transformación del país.

La próxima Ley General de Juventudes tendrá la capacidad de construir un piso mínimo en todo el territorio nacional, misma protección para las juventudes sin importar el territorio, reconocimiento de derechos, articulación de órganos garantes, directrices para acciones y. En pocas palabras, el Estado mexicano trabajando por y para sus jóvenes. Por eso, lo que estamos aprobando el día de hoy en la Constitución, en sus artículos 4o. y 73, genera las condiciones para que una Ley General de Juventudes haga esto posible.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica nos ofrece datos suficientes para saber que debemos articular a los tres órganos de gobierno para atender y resolver aspectos relacionados con la educación, la inclusión financiera, laboral, la prevención del delito y la disponibilidad tecnológica, entre tantos otros asuntos.

La oportunidad de visibilizar para resolver esta frente a nosotros y nosotras. Entender y escuchar a quienes nos enfrentamos como jóvenes, a un mundo diametralmente distinto a otras generaciones, más interconectado, más complejo, más cambiante.

Esta Cámara de Diputados, junto al Senado de la República, cumplirá con el objetivo de darle el trato justo a las generaciones jóvenes, decisión que además tomaremos de la mano de muchísimas personas que han participado en foros, consultas y espacios para construir propuestas.

Por eso, reconozco a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, de la Comisión de Puntos Constitucionales y por supuesto a la colegisladora, que contribuyen y hacen posible este dictamen.

Diputadas y diputados, mi voto, por supuesto, será en favor. Hoy es un día muy importante para mi generación, es el primer paso para que cualquier joven en México cuente con las herramientas para salir adelante sin importar el estado en el que nació. Les invito a apoyar este esfuerzo, a sumarse y hacer de la política un noble oficio, porque las causas que nos unen son muchas. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Viedma Velázquez. Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro.

El diputado Santiago González Soto: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso del pueblo de México, hoy en día ser joven y no aprovechar las tecnologías de la información digital es vivir en otra realidad.

“Se pueden adquirir conocimientos y conciencia a lo largo de la vida, pero jamás en ninguna otra época de su existencia una persona volverá a tener la pureza y el desinterés con que, siendo joven, se enfrenta a la vida”, Fidel Castro.

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”, Salvador Allende.

México necesita a sus jóvenes. Y sus jóvenes necesitan que el gobierno de México les abra oportunidades y les otorgue lo que por derecho les corresponde, ya que México es un país rico en recursos y no se explicaría el porqué de tanta pobreza y el porqué de tanta desesperanza para nuestros jóvenes.

Aunque les digo, nosotros aquí, los diputados y las diputadas del Partido del Trabajo, sí sabemos explicar el porqué la situación tan paupérrima, de más menos 35 millones de jóvenes con potencial transformador, a los que hay que darles futuro. El periodo neoliberal les negó el empleo, y si acaso consiguen algún empleo los condenan a una vida de salarios raquíticos y, además con los modelos de subcontratación, han sido despojados de los más mínimos derechos laborales. Siendo los evasores de impuestos y los factureros parte de este gran problema en contra de nuestra juventud mexicana.

Ante tal situación, los diputados y las diputadas del PT estamos haciendo justicia y estamos buscando las formas de contrarrestar años de políticas corruptas neoliberales, años de políticas de saqueo en contra de la población. En la época neoliberal fueron fantasmas nuestros jóvenes, fueron los olvidados.

Hoy en la cuarta transformación debemos aprovechar esta oportunidad histórica de tener un presidente humanista, un presidente con gran conciencia social, un presidente que se preocupa por los jóvenes y un presidente que sabe invertir en la juventud. Porque sabe que invirtiendo en la juventud no solamente se trata de darles una beca para que se capaciten, sino el hecho de confiar en ellos, de que los jóvenes se sientan parte de este país y de este gobierno y, por lo tanto, se comprometen con su país, y de la mano de ellos lograr que México alcance salir de este bache neoliberal.

Los diputados y las diputadas del Partido del Trabajo apoyamos y votaremos a favor del siguiente dictamen porque confiamos en nuestros jóvenes, y porque es nuestro deber para con ellos. Les pido, compañeras y compañeros, que por favor apoyemos este dictamen. Porque si no apoyamos a los jóvenes, nos estaremos condenando a vivir un futuro sombrío y un futuro con más violencia. Los jóvenes deben ser profesionistas, los jóvenes deben de estar en las escuelas formándose para ayudar a la patria. Recuerden, compañeras y compañeros, que los jóvenes construyen el futuro de nuestra patria.

Hoy, gracias a las políticas sociales del presidente Andrés Manuel, que tiene por objeto que nadie se quede fuera del bienestar que propone nuestro gobierno, y para eso luchamos, debatimos y, si es necesario, defendemos las políticas de inclusión implementadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de este país, que llegó con una gran mayoría y no solo con el Congreso, sino con el corazón del pueblo de México.

Vemos con entusiasmo que nuevamente los jóvenes se involucran en la vida política del país y ¿saben por qué? Lo hacen porque vieron un cambio en la administración pública, lo hacen porque a esta cuarta transformación no la detienen y tampoco, menos la frenan. Gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado González Soto.

El diputado Santiago González Soto: Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor. Ah, perdón, perdón. Acción Nacional solicitó una sustitución y va a tomar la tribuna el diputado Ricardo García.

El diputado Ricardo García Escalante: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se discute, de ser aprobado, será un parteaguas para el desarrollo de nuestro país, pues no es menor que ponga a consideración de esta asamblea la aprobación de reformas a nuestra Constitución con el firme propósito de promover el desarrollo integral de las personas jóvenes.

Aquel país que no considere a los jóvenes como agentes de cambio y progreso a través de sus políticas y programas, estará destinado por generaciones al fracaso y a la mediocridad. La inexistencia de una política integral y multidisciplinaria a favor de la juventud en nuestro país, la ha condenado a recibir una educación de baja calidad, a encontrar pocas oportunidades de trabajo y enfrentar dificultades para acceder a información y a los servicios básicos.

Muchos jóvenes mexicanos hoy viven presos de prejuicios injustos que hacen que se les perciba como una amenaza para la cohesión social. La prevalencia de estigmas y prejuicios sobre la población joven ha traído como consecuencia que frecuentemente se les excluya de espacios y oportunidades laborales o educativas, y con ello, lastimosamente, se les ha impedido el reconocimiento de sus derechos.

Es triste, pero cierto que en nuestro país las y los jóvenes enfrentan discriminación por su condición social, su apariencia física, su condición económica, la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven o, incluso, sus publicaciones en redes sociales.

Por ello, no es sorpresa que la extensa mayoría de los jóvenes mexicanos actualmente se encuentran luchando contra la pobreza, la enfermedad y otros desafíos que les impiden ascender socialmente. Con el proyecto de decreto que se nos presenta en este dictamen nos encontramos ante la gran posibilidad de que las políticas públicas de nuestro país se encaminen a lograr, en el mediano plazo, que los jóvenes mexicanos no sean discriminados y estén educados y capacitados para participar en la toma de decisiones de nuestro país.

Hoy más que nunca, es necesario impulsar acciones que propicien la inclusión responsable de esta vasta población en el ámbito político, social, económico y por supuesto cultural de nuestro país.

Las actuales circunstancias de crisis nos deben obligar más que en ninguna otra época, a mejorar significativamente la representación y la participación de los jóvenes en nuestras instituciones. Nadie debe dudar que su energía y creatividad enriquecerán los procesos y la formación de las políticas nacionales.

En Acción Nacional estamos ciertos de que el Estado tiene la obligación de asegurar que sus servicios satisfagan las necesidades de unos jóvenes como los mexicanos, que aspiran a participar no solo plenamente, sino seriamente en la vida de la sociedad.

Por ello, daremos nuestro voto a favor del presente dictamen e impulsaremos los procesos participativos necesarios para que las leyes secundarias que se deriven de esta reforma en este Congreso y en los Congresos locales, aseguren a las y los jóvenes un nivel de educación conmensurable con sus aspiraciones, el acceso a oportunidades de empleo a la par de sus habilidades, una alimentación y una nutrición adecuadas para la plena participación en la vida en la sociedad.

Un entorno físico y social que promueva la buena salud y la protección contra las enfermedades y las adicciones, y que esté libre de todo tipo de violencia. En suma, los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación.

Compañeras y compañeros diputados, hoy nos encontramos ante la generación de jóvenes más numerosa de nuestra historia. En nuestras manos está si tomamos esto como una oportunidad o como un obstáculo para el desarrollo social y económico de nuestro país.

En el Grupo Parlamentario del PAN creemos que es hora de dejar a un lado nuestras diferencias y de potencializar nuestras coincidencias. Como ya lo hemos repetido, votaremos a favor del presente dictamen y los invitamos a todos ustedes a votar en el mismo sentido. Tenemos la firme convicción de que con la aprobación del dictamen en discusión y con las sinergias que de este mismo se generen germinará la semilla que haga reales políticas públicas, que pongan atención en los procesos de inclusión social de las y los jóvenes en reconocer su participación en la toma de decisiones y en asegurar que el acceso a sus derechos universales se convierta en una verdadera oportunidad de desarrollo. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Escalante Concluida esta ronda de oradores y en términos del artículo 232 del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se consulta en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se encuentra suficientemente discutido. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso presidenta. Uno de los datos que hemos escuchado insistentemente el día de hoy es que en México existen 30.7 millones de jóvenes que representan el 24.6 por ciento del total de la población.

Sin embargo, para esta cuarta parte de mexicanas y mexicanos el Estado ha sido omiso en garantizar sus derechos, a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos realizado para llevar a cabo las reformas que hoy nos encontramos aprobando.

El Grupo Parlamentario del PRD, como promotor también de estas reformas, saluda este dictamen y hace votos para que a la brevedad nos encontremos discutiendo la ley general correspondiente, porque somos uno de los pocos países que no contamos con una ley que garantice los derechos de las juventudes.

Y es indispensable hablar de juventudes en plural, porque es en este grupo poblacional en donde se refleja más claramente la diversidad de la sociedad mexicana. Debemos colocar la problemática que afecta el desarrollo integral de las y los jóvenes en el centro del debate gubernamental, legislativo y académico, pero no desde el punto de vista del paternalismo protector sino promoviendo su participación en los procesos de cambio.

En este sentido es que resulta urgente el reconocimiento y garantía de las y los jóvenes mexicanos, ya que en términos poblacionales las y los jóvenes todavía representan un porcentaje importante del total de la población.

Hace diez años dejamos pasar el bono poblacional que representó el que el 55 por ciento de la población tuviera menos de 30 años. Hoy debemos trabajar con ahínco para que las juventudes tengan acceso a las mejores condiciones de desarrollo. No obstante, los esfuerzos para lograr el reconocimiento de derechos a las juventudes han sido pocos.

En el año de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, reformada en 2006. En esta se establece que el Instituto debe definir y aplicar una política nacional para la juventud, población comprendida en las edades de 12 a 29 años e incorporarlos plenamente al desarrollo del país. Política e Instituto que han quedado rebasados, dada la magnitud del problema que significa, una vez más, la grave crisis económica en la que nos encontramos.

Lo anterior, ha colocado a este importantísimo grupo social como un grupo en situación de vulnerabilidad y sujeto a permanentes procesos de exclusión social. Falta de educación, de trabajo, de salud, de vivienda, del medio ambiente, así como la violencia directa e indirecta que constituyen dificultades que las y los jóvenes de nuestro país deban afrontar.

En octubre de 2005, México firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en la ciudad de Badajoz, España. En la actualidad, dicho documento se encuentra en la Secretaría de Relaciones Exteriores y su debido trámite de ratificación turnado al Senado, dejando desprovista a la juventud en un marco de derechos que hagan efectiva una política integral de Estado.

El deterioro de las instituciones en México, en el contexto de la violencia directa y las crisis sanitarias en las que nos encontramos, la categoría de las y los jóvenes es de las más afectadas. De cada 100 estudiantes, 48 por ciento no asisten a la escuela y únicamente 2 de cada 10 tienen la oportunidad de estudiar en la universidad. De cada 10 personas que perdieron su empleo durante la pandemia, 7 son jóvenes.

Múltiples datos señalan que, debido a la estrategia nacional de seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado considerablemente en adolescentes desde los 15 y 17 años y las posibilidades de niños y jóvenes para el desarrollo de una calidad de vida digna se ven disminuidas por las muertes de uno o ambos padres, además de que no existe un reconocimiento del resarcimiento del daño patrimonial, físico o psicológico causado.

Debemos señalar que no debemos acceder al fortalecimiento democrático si no existe atención a las necesidades de todos los grupos poblacionales en nuestro país. Es por ello que México no debe de carecer de una política integral de juventudes con perspectiva de pluralidad y equidad. El problema de las y los jóvenes es un problema estructural.

Ante tales circunstancias, resulta primordial que las y los legisladores, y las autoridades de los tres Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno reconozcamos a las y los jóvenes como un actor social, estratégico, para la transformación y mejoramiento del país, que permita a este grupo poblacional diseñar, organizar y llevar a cabo los programas que repercutan en la calidad de vida de ellos mismos y sus demás iguales que conforman la sociedad. Este es el compromiso del Grupo Parlamentario del PRD y, consecuentemente, nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Tiene la palabra la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

La diputada Ana Priscila González García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy es un día de alegría para las y los jóvenes de nuestro país, porque después de un largo camino finalmente votaremos la reforma constitucional para otorgar la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de formación y desarrollo integral de la juventud.

Uno de cada tres mexicanos y y mexicanas, es una persona joven. Por ello, este día es histórico, se da el punto de arranque que nos permitirá legislar para establecer políticas públicas, estratégicas, que garanticen de manera transversal y concurrente los derechos humanos, políticos, económicos y culturales de las y los jóvenes de México, logrando visibilizar necesidades específicas porque esa, esa es nuestra facultad, actualizar y evolucionar nuestro marco jurídico en atención a las necesidades presentes. Y hoy, la juventud nos demanda no solo unirnos a su causa, sino ser parte de ella.

Con esta reforma asumimos una enorme responsabilidad como Estado mexicano, para promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, no de manera asistencial o clientelar, sí de manera garantista porque los derechos no se negocian, se legislan y se garantizan.

La reforma constitucional que votaremos establece dos tareas y dos plazos importantes, a más tardar, dentro de un año, tendremos que expedir la ley general en materia de personas jóvenes y a partir de entonces, las legislaturas de entonces tendrán seis meses para adecuar y armonizar su normatividad local a esa ley general. Seguiremos aportando los avances para la construcción de esta ley, que dotará de estabilidad, institucionalidad y recursos a las políticas públicas de juventud.

Una ley de juventudes, no solo se cumplirá el rol de enunciar derechos, obligaciones y estrategias. Es, sobre todo, el paso fundamental para acompañar el desarrollo de políticas y programas, además de fortalecer instituciones y, sobre todo, brindar legitimidad y continuidad a las políticas de juventud. Con esta reforma constitucional sentamos bases sólidas para lograrlo.

Las y los jóvenes construimos nuestro presente. Por eso, en Movimiento Ciudadano votaremos a favor del dictamen, porque estamos convencidos de que las ideas, genialidades y tenacidad que caracteriza a las personas jóvenes es y será siempre esencial para la evolución de la nación mexicana. Para ello, es necesario primero contar con instrumentos legales que garanticen sus derechos. Enhorabuena por la aprobación de este dictamen. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González García. Tiene la palabra el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En la juventud mexicana es donde se encuentra la energía y el espíritu suficiente para impulsar el desarrollo nacional, el cual permita la implementación de nuevas ideas, de nuevos proyectos y nuevos beneficios para México.

Como ha sido expuesto, las y los jóvenes mexicanos son la vitamina para el crecimiento y eficiencia de las comunidades y del país. En nosotros hay proyectos y causas nobles, significativas para el beneficio individual y colectivo. No está de más resaltar que esto es reconocido en la comunidad internacional, donde todos los países reiteran la importancia de este sector poblacional para el desenvolvimiento de políticas públicas y cambios sociales.

Sin embargo, derivado de la rapidez de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales en México, el panorama para las y los jóvenes ha cambiado en los últimos 25 años.

Diversas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil han expresado que en la actualidad este sector poblacional se encuentra sujeto a diversos obstáculos, impedimentos y trasgresiones a sus derechos que impiden su pleno desarrollo.

De conformidad con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la juventud mexicana es empapada por un ambiente hostil y violento que no le permite el acceso a oportunidades profesionales y sociales. La pobreza, la discriminación y la falta de garantía de sus derechos fundamentales son las principales causas por las cuales los jóvenes mexicanos no logran alcanzar sus metas y sus objetivos.

En datos del año 2018, en México casi la mitad de la población joven se encontraba en una situación de pobreza moderada o extrema. Asimismo, 19 millones de jóvenes tienen ingresos menores a los 2 mil 500 pesos mensuales en ciudades, y a los mil 600 pesos en comunidades rurales.

Aunado a esto, durante esta pandemia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que hubo una pérdida de más de 340 mil puestos de trabajo, que eran ocupados por personas jóvenes de entre 20 y 29 años. Estos datos son alarmantes y nos obligan, como ente legislativo y máximo configurador de la norma constitucional, a realizar las adecuaciones pertinentes que permitan a la juventud mexicana acceder a una mejor calidad de vida. Es nuestra obligación actuar a favor de este sector, que representa una fuente nacional de creatividad e innovación social, económica, política y cultural.

Este dictamen, compañeras y compañeros, es aliado de la juventud, ya que obliga a los tres órdenes de gobierno a observar las necesidades de las y de los jóvenes, por lo que el Estado implementará políticas públicas que afiancen la inclusión del talento e intelecto joven en los ámbitos político, sociales, económicos y culturales.

Esta reforma cumple con los más altos estándares internacionales en materia de protección a la juventud, reafirmándose el compromiso del Estado mexicano por dar cumplimiento a los tratados internacionales de los que formamos parte.

Construyamos certidumbre, construyamos una mejor plataforma para nuestra población joven, garanticemos su inclusión y permitamos un cambio en el desarrollo nacional. Permitamos la innovación y el reajuste. La juventud mexicana, sin lugar a dudas, es nuestra mejor herramienta para enfrentar los retos del presente y del mañana.

Legisladoras y legisladores, votemos a favor de este dictamen, votemos a favor de la juventud, votemos a favor del motor de México. Es cuanto, presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Badillo Moreno. Concluida esta ronda de oradores y en términos del artículo 232 del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se consulta, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth... A ver, entonces, obvié decir que el dictamen no se encuentra suficientemente discutido. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con el permiso de la Presidencia. “A los jóvenes les digo sean transgresores, opinen, la juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo”, Néstor Kirchner.

Hoy damos un paso adelante en la lucha por los derechos de las juventudes. La juventud es la etapa de la vida donde comenzamos a consolidar nuestro carácter, construimos una visión crítica sobre el entorno que nos rodea y, por supuesto, es ahí donde nacen los sueños, acompañados de una firme convicción en la que nada es imposible.

Las y los jóvenes son los principales detonantes del cambio y la innovación, con un enorme potencial que exige la atención integral de sus necesidades y demandas.

En el pasado ningún gobierno y ninguna mayoría parlamentaria se preocupó por las y los jóvenes, hoy en la cuarta transformación hacemos la diferencia. Dejamos en el pasado la distribución de apoyos y oportunidades discrecionales, que solo beneficiaban a un grupo reducido de jóvenes. Rescatamos a las y los jóvenes del estigma y del abandono gubernamental. Nuestro compromiso es seguir avanzando en la consolidación de sus derechos. Nunca más deben quedar fuera de las políticas de bienestar y desarrollo. Queremos que las y los jóvenes escriban el presente y el futuro.

Hoy las y los jóvenes pueden acceder a una amplia variedad de becas escolares, desde la educación básica hasta el nivel superior. Reciben beneficios directos de distintos programas sociales, donde además encuentran esa primera oportunidad de empleo, remunerado que les permite adquirir experiencia y conocimientos para su plena integración al mercado laboral a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Hoy también son parte del sistema financiero formal gracias a las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta Cámara de Diputados. Hoy las y los jóvenes están en el centro de la atención de las políticas públicas y de la legislación federal. El dictamen a discusión hoy da cuenta de ello.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, realizada por el Inegi, existen 30.7 millones de personas entre los 15 y 29 años; es decir, 24.6 por ciento de la población total del país está conformada por jóvenes; 30.7 millones de personas con un potencial excepcional, que exigen ser vistas, escuchadas, incluidas y atendidas por el Estado; 30.7 millones de personas que continuarán con la transformación de México. De ahí la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

Lo anterior será posible mediante el perfeccionamiento del marco jurídico, comenzando por nuestra Constitución, como se propone en el dictamen a discusión. Con un enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país, con la concurrencia de la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Me congratulo que esta comisión dictaminadora, atinadamente conducida por la diputada Aleida Alavez Ruiz, haya generado este dictamen, tomando en cuenta también el resto de las iniciativas presentadas sobre el tema en esta Cámara, como lo fue la iniciativa que presenté en agosto pasado.

El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, a favor de las metas y anhelos de las y los jóvenes de México, a favor de las oportunidades como derecho y no como concesión. Nuestro voto a favor es el reconocimiento a su poder creativo, diversidad, fuerza y talento. Las juventudes mexicanas son la fuerza transformadora de nuestra nación. La juventud es la raíz convertida en fruto. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Valles Sampedro. Tiene la palabra la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor... En consecuencia, se ha agotado la lista de oradoras y oradores. El diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena, me ha solicitado la palabra para hechos. Se le concede por un minuto, desde su curul.

El diputado Azael Santiago Chepi (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta legislatura, además de ser la legislatura de la paridad de género sigue avanzando en favor de la democracia, ha reconocido a los pueblos originarios, ha reconocido a los pueblos afromexicanos y ahora, celebramos que reconozca a las jóvenes señoritas y jóvenes hombres.

Presente también, una iniciativa porque estoy convencido de la potencialidad de la juventud de México, por sus características, por la pluralidad de mujeres y hombres jóvenes que tenemos en el país. Corresponde ahora al Estado garantizar estos derechos, implementar políticas públicas y yo exhorto a todas y a todos a que votemos a favor de este dictamen. Felicidades a la juventud de México. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Santiago Chepi. Agotada la lista de oradoras y oradores, y en términos del artículo 232 del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Procederemos a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. En términos del artículo 231, numeral 4 del Reglamento y de acuerdo al procedimiento que hemos llevado para realizar las votaciones nominales, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que en cuento se percate que las y los diputados que están intentando llegar a su curul para emitir su voto, lo hayan realizado, ordene le cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 386 votos en pro, 3 abstenciones y 0 votos en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 386 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud, por mayoría calificada, pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 Constitucional.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Solicito se integre el texto completo al Diario de los Debates, por si no diera tiempo de mencionar a todos los promoventes de esta loable reforma a la Carta Magna, al texto constitucional.

Saludo, nuevamente a todas y todos. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales presento el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial.

Insisto, con la dictaminación de esta minuta se avanza en una agenda ciudadana que reivindica los derechos humanos de tercera generación. Es momento de interiorizar los postulados de los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país suscribió y nunca tradujo en acciones legislativas ni políticas públicas integrales y coordinadas.

A través de la presente reforma constitucional se propone reconocer el derecho humano a la movilidad y seguridad vial, dar facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia, que regle la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, así como facultar a los municipios y zona metropolitana del Valle de México, para establecer medidas de planeación en favor de estos derechos.

Esta enmienda es una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa. El especialista en derecho administrativo Eberhard Schmidt-Assmann sostiene que solo a través de la cooperación con la sociedad puede obtener el Estado información que precisa para llevar a cabo su función directa y de liderazgo.

Es fundamental que en la normatividad secundaria se establezcan mecanismos eficaces de participación ciudadana, sin la cual esta propuesta no sería posible. El municipio también es actor principal del cumplimiento de estos derechos, por lo que se requerirá de un apoyo para lograr una planeación que establezca en sus planes de desarrollo las garantías necesarias para que el ciudadano y la sociedad, en su conjunto, accedan al disfrute de estos derechos.

Esta minuta deviene de un gran consenso entre las fuerzas políticas en el Senado, lo mismo que en esta Cámara de Diputados. Muestra de ello es que el pasado 24 de marzo de 2020, la Comisión de Puntos Constitucionales realizó un parlamento abierto virtual en materia de movilidad y seguridad vial, en el que participaron servidores públicos e integrantes de la sociedad civil en los que se argumentaron los beneficios y la urgencia por legislar en la materia. Por cierto, este fue el primer parlamento abierto virtual en estas condiciones sanitarias en realizarse en la Cámara de Diputados.

En este foro se señaló que la garantía de un derecho en la Constitución no es un fin, sino un medio y que este será un solo paso en el proceso, porque tiene como objetivo transformar la vida de las personas que enfrentan mala calidad en el transporte e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta, usar transporte público, o al transitar por carreteras.

Frente a situaciones complejas, como las que vivimos los tres ámbitos de gobierno, tienen que ser capaces de establecer criterios orientadores del presupuesto para acercarse a la garantía de derechos.

El presupuesto público en movilidad discrimina a los grupos más vulnerables. El 70 por ciento se destina a atender a la población que tiene acceso a un vehículo particular como medio de transporte y no a la mayoría de la población que no cuenta con un vehículo privado. Se debe garantizar la seguridad de todas las personas en el tránsito en todos los modos de movilidad.

Este cambio, que parece pequeño, les permitirá a los ciudadanos, sin distingo de clase social, edad, o el lugar de residencia, a ejercer con plenitud su derecho a la salud, la educación, al acceso al empleo y oportunidades.

Garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, de promover el bienestar colectivo, de reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud, de la movilidad centrada únicamente en los vehículos motorizados.

Estas reformas constitucionales permitirán una mejora sensible en la vida cotidiana de millones de mexicanos, su salud, y permitirá al país avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Al resolver este asunto, la Comisión de Puntos Constitucionales consideró que, en un estudio realizado por el Inegi en 2018, en materia de seguridad vial, se destacan un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas murieron y 89 mil 191 resultaron heridos a causa de estos accidentes. Que, de

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada día alrededor de 3 mil 500 personas fallecen en las carreteras, millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Que sin duda los accidentes vehiculares son la causa principal de mortalidad en el país, tanto en conductores como en peatones, derivado de las malas prácticas para la conducción del automóvil, así como un mal diseño vial. Que es esencial que los países establezcan medidas para hacer las vías más seguras, no solo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más vulnerables de las vías, peatones, ciclistas, motociclistas, toda vez que existen altos índices de mortalidad debido a que no se llevan a cabo con alto rigor las medidas de seguridad ya aplicadas en nuestro país, así como en el resto del mundo.

El derecho a la movilidad, desde una visión colectiva, puede ser entendido como el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad, que responden a diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente, las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

De lo anterior se desprende que la movilidad tiene un papel vital debido a que permite la comunicación, integra los espacios y la actividad, e induce o guía a las inversiones y desarrollo urbano. En este sentido, cuando la movilidad de la población se dificultad, la ciudad entera se ve afectada en su funcionamiento, productividad y en la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo con el índice de movilidad urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad, en México las ciudades están diseñadas para los automóviles, más que para las personas. Lo anterior deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular cada vez mayor. Entre 1990 y 2017, los vehículos que circularon crecieron en una tasa anual promedio del 5.3 por ciento, mientras la población lo hizo en una tasa del 1.5. En consecuencia, las ciudades han crecido de forma horizontal, detonando barrios aislados y segregados.

En muchas ciudades del país, una gran parte de la población vive en zonas remotas, provocando que su gasto en transporte aumente, a nivel nacional este gasto representa el 19 por ciento de la erogación total de los hogares, lo que equivale a un promedio de mil 815 pesos mensuales.

En zonas alejadas, debido a la distancia y a la dispersión, el transporte masivo o estructurado como el metro o metrobús, simplemente no llegan. En dichas zonas el transporte tiende a ser más inseguro que en zonas centrales, exponiendo a la población más pobre a las peores condiciones de inseguridad.

Tan solo en la zona metropolitana del valle de México, en promedio se llevan a cabo 11.5 millones de viajes diarios en transporte colectivo tipo microbús, esto representa el 74 por ciento del total de viajes en transporte público.

Son algunos de los datos que consideramos para la dictaminación de esta iniciativa, que únicamente se realizará un ajuste a la minuta en relación con el artículo 4o constitucional, en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo en materia de bienestar y programas sociales.

De manera que se estaría en la presencia de la hipótesis contenida con el artículo 72, apartado a) de la Carta Magna, pues se está aprobando un proyecto en los términos que fue aprobado en su texto en la Cámara de origen.

Por último, quiero señalar que esta reforma es un derecho humano de tercera generación, el cual busca atender un elemento de la vida cotidiana de las personas, no es abstracto, todo lo contrario, lo vivimos y lo padecemos todos los días al ir y venir de nuestro trabajo, a nuestra casa, escuela o a un centro de esparcimiento, lo mismo en zonas urbanas que rurales.

Se busca que se respete la jerarquía de uso de vía, privilegiando los usuarios vulnerables y todos los usuarios de la vía compartamos la calle de manera responsable, así como la debida planeación e intervención de las autoridades municipales, estatales, federales, lo cual nos debe conducir a un modelo que siente las bases...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: ... para los traslados más eficientes y seguros. Quedará pendiente la obligación del Congreso para una ley secundaria y una aprobación en los Congresos locales. Pero quiero también –y termino con esto, diputada presidenta– hacer un reconocimiento a todas las organizaciones civiles que participaron en la articulación de este derecho a la movilidad.

Este dictamen está dedicado a las víctimas de los accidentes viales que por infortunios del destino perdieron la vida o sufren las consecuencias de la imprudencia.

Debo aclarar que este no es un logro de una persona o de un partido, es un logro de las organizaciones de la sociedad civil, de legisladores, de gente de a pie, en bicicleta, usuarios de transporte público que durante años lucharon por ser escuchados y ahora, en esta LXIV Legislatura ven coronado este esfuerzo. Felicidades a todas las organizaciones que van incluidas en el Diario de los Debates.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alavez Ruiz. Tal como lo solicitó, diputada Alavez, su intervención íntegra será inserta en el Diario de los Debates, tanto lo que expresó en tribuna como lo que entregó, para que quede testimonio de este importante trabajo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por 10 minutos. Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 4o. de nuestra Carta Magna ha sido objeto de reformas trascendentales para el desarrollo del país y la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Hoy se busca garantizar que se considere como un derecho fundamental el que los ciudadanos puedan moverse de forma segura en las calles y espacios públicos en condiciones de seguridad.

Tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas, sin excepción, y siguiendo el principio de no dejar a nadie afuera y a nadie atrás, esta acción representa el primer avance para contar con una Ley Nacional en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, que sentará las bases para el diseño y modificación de calles y carreteras de todo el país. Esto con la finalidad de que sean seguras para todo tipo de usuarios y con ello disminuyan la muerte y la lesiones por accidentes de tránsito.

Según los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, en México las ciudades están diseñadas para los automóviles, más que para las personas. Asimismo, 6 de cada 10 personas evalúan en materia negativa la pavimentación de sus calles en sus ciudades, como indican los datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados. Además, que para nadie son ajenos los problemas de transporte que se dan en muchas partes de nuestro país y los problemas ambientales que esto genera.

De lo anterior se deduce que son grandes las áreas de oportunidad en materia de movilidad urbana para mejorar la vida de todos los mexicanos. De ahí la necesidad de que este Poder Legislativo instrumente las medidas necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas.

Por ello, es necesario modificar el artículo 73 constitucional, para que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley general en materia de movilidad y seguridad vial, que se establezca la concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia.

Hoy tenemos ante nosotros el privilegio y la responsabilidad de plasmar nuevas formas de desarrollo urbano, vivienda, uso de vehículos y accesibilidad para todos los mexicanos. Será un arduo trabajo de ajustes y adecuaciones en la normatividad relacionada, pero es necesario saber que uno de los desafíos ambientales y sociales más difíciles de nuestro tiempo es, precisamente, la gestión de movilidad de todas las personas.

Esta reforma será un parteaguas en el ordenamiento territorial, en los asentamientos urbanos y en el uso de espacios públicos, en función de la importancia que representa el transporte en nuestro país y en el mundo como un medio ambiente, para poder gozar de otros derechos humanos.

La movilidad dejará de ser un tema asignado solo a momentos de discusión con el tránsito a un medio ambiente, para ahora verlo como un mandato supremo constitucional y poder decir con orgullo que en México toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, flexibilidad, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Por lo anterior, como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rubio Montejo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, el derecho de todas las personas a la movilidad consiste en que estas ejerzan su libre tránsito en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión y, sobre todo, igualdad.

El reconocimiento de este derecho implica también la necesidad de expedir leyes en materia de movilidad y seguridad vial. De modo que se salvaguarde la integridad de las personas que se desplazan diariamente por las calles y las vías de comunicación, que privilegie el bienestar social y las buenas prácticas de las y los usuarios.

La minuta del Senado de la República que hoy se delibera propone que al artículo 4o. de la Constitución se incorpore la movilidad como un derecho humano. Al aprobarse esta minuta se estará ampliando el catálogo de derechos humanos que reconoce el texto constitucional mexicano, lo que abona al sentido progresivo de su doctrina de los derechos fundamentales.

Se debe recordar que los accidentes vehiculares son una de las causas principales de mortalidad en el país, lo que afecta a los conductores de automotores y, sobre todo, a los peatones. Esta incidencia se deriva tanto de las malas prácticas viales como de deficientes diseños o falta de mantenimiento de las vialidades. Es por ello pertinente reconocer que toda persona tiene derecho a gozar de su libertad de tránsito en vías cada vez más seguras. No solo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más vulnerables de las vías, que son los peatones, los ciclistas y los motociclistas.

Además, esto es congruente con lo establecido en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pues la garantía de una vida sana y promoción del bienestar incluye el punto 3.6 de la agenda, por medio del cual los Estados firmantes se comprometieron a reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. La política pública de movilidad debe privilegiar el transporte no contaminante y el que contamina menos.

Es por ello, que sus prioridades deben ser los peatones, los ciclistas, los usuarios de los medios públicos de transporte en condiciones que no pongan en peligro ni su integridad física ni su vida. De lo anterior se desprende la necesidad de que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir legislación reglamentaria que ofrezca las bases jurídicas de una política de movilidad como la que se describe.

El dictamen que recoge esta necesidad lo plantea acertadamente como una facultad concurrente con los estados, por lo que esta atribución se concretará en una ley general que dará marco a las leyes que en la materia emitan cada una de las legislaturas estales en el ejercicio de su derecho de autoconfiguración, atendiendo a las condiciones locales y a la cultura de cada región.

Con base en estos razonamientos, el Grupo Parlamentario del PRD respalda el presente dictamen en materia de movilidad e insta a las autoridades de los distintos niveles para que diseñen y apliquen las políticas públicas pertinentes para hacer realidad el derecho a la movilidad de todas y todos los mexicanos. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Zamora.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho: Con la venia de la Presidencia. Gracias, presidenta, muy buenas tardes a todas y a todos. La movilidad de las mujeres y de los hombres en México hoy será un derecho social que dará un nuevo rostro a las ciudades de México. En la actualidad, la movilidad de las personas representa un medio para que otros derechos, como la libre profesión, la educación, la salud y otros más, puedan ejercerse con completa libertad.

En una revisión al marco constitucional internacional, solo las Constituciones de Brasil y Nigeria consideran la movilidad como parte de un derecho del ciudadano, y hoy México será uno más. Realmente con este proyecto de minuta México y esta legislatura avanzan hacia un futuro incluyente y responsable con las nuevas generaciones, un futuro que permitirá ampliar la oferta de alternativas para desplazarse de manera segura.

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, los derechos sociales son parte de nuestra agenda legislativa y parte de nuestras prioridades reconocer la movilidad, y sobre todo otorgarle principios fundamentales permitirá reconfigurar la vida urbana. En el PES acompañaremos y votaremos a favor de esta minuta que beneficia a toda la población, pues esta es una minuta que cierra las estructuras desiguales para los peatones, ciclistas y motociclistas, que incluye a las personas con discapacidad y abre las puertas a los medios alternativos de transporte.

Este cambio es positivo para empezar a cambiar la cultura sobre el uso y abuso del automóvil, para reducir las muertes de ciclistas y de peatones causadas por la falta de cultura de respeto a los derechos. Las cosas deberán de cambiar porque el derecho a la movilidad permitirá que cada persona camine segura y pueda desplazarse con seguridad. En el PES estamos a favor de la movilidad con seguridad, porque aporta el compromiso de vigilar todos los caminos de tránsito en México y los distintos medios de transporte.

Esta minuta atiende a las preocupaciones sociales para que el Estado permita que haya trayectos seguros para todas las familias. Con esta reforma gana la ciudadanía al tener una movilidad accesible e incluyente. De ahí su generosidad al integrar la conexión de todas las personas en nuestro territorio.

Con esta minuta le daremos a México una movilidad accesible, eficiente, sostenible y de calidad. Aportaremos a la agenda nacional de un instrumento que pueda reducir los niveles de contaminación en algunas zonas metropolitanas, de reducir el tráfico tedioso, de promover el ahorro de energía y de recuperar los vehículos alternativos de transporte.

Con esta minuta la movilidad será materia de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, lo cual es completamente necesario. Todos los niveles de gobierno y de servicio público debemos participar para hacer de la movilidad de las personas un derecho seguro y ejercible.

Todas y todos conocemos y hemos sido testigos de las complicaciones que existen para trasladarnos y más las personas que viven en ciudades con alto índice de población. Por ello, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos pronunciamos por un México con mayor conectividad, de forma segura, accesible y que proteja el medio ambiente.

La conexión entre las personas es el detonador de muchas cosas que benefician el desarrollo de las personas, si antes imaginábamos un México con traslados cortos, seguros, baratos y amplios que permitan desarrollarnos, ahora serán posibles.

Compañeras y compañeros, las grandes naciones tienen los medios de movilidad de mayor vanguardia y en sus estadísticas económicas está la muestra de los beneficios para confiar e invertir en movilidad de las personas.

La movilidad puede ser un gran problema para las naciones con una alta población como la Ciudad de México. Por ello, es necesario que nuestro país vea a la movilidad como un derecho que puede ejercerse por todas y todos.

La ONU ha pronunciado que en 2050 el 70 por ciento de la población mundial vivirá en áreas urbanas, esto representa un reto de movilidad para garantizar el tránsito de todas las personas. Por ello, la circulación es vital para el desarrollo de las ciudades con seguridad vial. Por ello, en Encuentro Social nos pronunciamos por una movilidad que piense en todos aquellos grupos excluidos y para todos aquellos que impulsan alternativas de movilidad.

A partir de esta reforma podremos considerar un nuevo esquema para establecer mejores condiciones en los sistemas carreteros, en los metros, trenes y vehículos alternativos de transporte. Con esta minuta México estará a la vanguardia de los tratados internacionales, empezando con nuestra región.

Esta minuta no debe de llamar a nuevas acciones para promover la legislación secundaria, nuevos reglamentos, nuevos planes de infraestructura y nuevos sistemas de transporte. El tránsito en las grandes ciudades pareciera no tener alternativas ni generar rutas de apoyo para la ciudadanía.

México debe optar por mejorar este sistema, por ejemplo, la ciudad de Medellín tiene un sistema inteligente de movilidad que, a través de cámaras de inteligencia artificial, maneja de manera de manera oportuna y eficiente los semáforos de sus calles y avenidas.

La demanda por mecanismos de transporte más seguros, económicos y amigables con el medio ambiente, ya son solicitados por nuestra población, los problemas que solo se vivían en las grandes capitales del país ya están presentes en más ciudades de nuestra República.

En Encuentro Social queremos y hacemos lo socialmente correcto por un México con movilidad dinámica. La movilidad es un tema que debe estar en la agenda de los gobiernos, de los congresos y de las fiscalías. Estamos seguros que solo así se podrá cumplir con los principios de movilidad que estamos incorporando a nuestra Constitución.

Diputadas y diputados, entendemos la movilidad como una oportunidad para ofrecer un mejor México para nuestros hijos e hijas. Tan importante es el tema que hoy estamos votando que de ello derivan nuevas políticas públicas a nivel municipal y estatal.

Debemos defender a los medios alternativos de transporte, al ciudadano de a pie y debemos exigir a las autoridades campañas y acciones para mejorar la cultura vial en todo el territorio nacional.

Para Encuentro Social la movilidad debe de ser y tener un enfoque de género, hasta que las distintas formas de violencia contra las mujeres sean erradicadas en nuestro país. La movilidad en México debe privilegiar la seguridad de nuestras mujeres. Ellas son parte de un México en comunicación y en constante desarrollo. Ellas son parte de un México transformador. En el PES votaremos a favor de esta minuta para ofrecer un México a la vanguardia, un México que avanza. Estamos a favor del derecho a la movilidad y a la seguridad vial.

Me queda un minuto 57 y a lo mejor me desvío un poquito del tema, pero exhorto al alcalde de Cuajimalpa, quien tuvo unos servidores públicos que fueron acusados de corrupción, de narcotráfico, al cual yo pedí que se separara de su cargo y en estos momentos están amenazando mi integridad y la de mi equipo. Entonces, exhorto para que llegue a la civilidad y no caigamos en acciones de violencia contra mi persona, contra mi equipo de trabajo. Muchas gracias, es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Saldivar Camacho.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano decidió dividir su tiempo en dos intervenciones de cinco minutos. La primera, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que ha sido puesto a consideración de esta soberanía por parte de la Comisión de Puntos constitucionales, a pesar de no terminar definitivamente el proceso legislativo en esta Cámara por un tema técnico, está encaminado a ser uno de los asuntos resueltos más memorables en la presente legislatura.

Será recordado, no solo porque le respalda una legitimidad extraordinaria derivada del anhelo de muchos grupos de la sociedad civil, centros académicos, preocupados por el medio ambiente, la seguridad o el desarrollo metropolitano, comerciantes e inversores, actores nacionales e internacionales y autoridades de los tres niveles de gobierno.

También se recordará este momento por el consenso generado entre las fuerzas políticas de esta soberanía y la coyuntura, que podría marcar si aprovechamos para bien de la nación las nuevas facultades que adquirirá esta Cámara en materia de movilidad y seguridad vial.

En este sentido, votar en pro del dictamen implicará respaldar la posibilidad de dar el paso de una nueva etapa del país en materia de planeación y desarrollo urbano, el diseño de mejores y más seguras condiciones en los flujos comerciales y cadenas productivas, nuevas posibilidades para la protección de la salud pública, el reconocimiento y desarrollo de derechos, que hasta el momento su ejercicio no se había planteado por falta de facultades.

El impulso a nuevas leyes secundarias que podrán aportar a mejorar la calidad de vida de las personas y la posibilidad de ampliar la proyección de espacios públicos, transporte y desplazamientos seguros.

Si enmendar el terreno ante los retos que aún tenemos en desarrollo metropolitano y movilidad, se puede afirmar que a partir de que concluya el proceso legislativo y se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación, podremos participar en el cambio de dinámicas de la participación de la sociedad civil, en la planeación del desarrollo metropolitano, en la discusión y aprobación de nuevas leyes que aporten claridad en el transporte y, consecuentemente, dé nuevo impulso a los flujos comerciales externos e internos, y las cadenas productivas en general.

Asimismo, de manera indirecta, estaremos en mejores condiciones para legislar aspectos que incidan directamente en medidas preventivas para atajar el problema de la obesidad y el sobrepeso.

Nos estaremos dando la oportunidad de participar e incidir en cambios dentro de las dinámicas urbanas que permiten mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas, ampliando sus derechos en ámbitos como la movilidad por cuidados y, seguramente, incentivaremos la reconceptualización de los espacios públicos, el transporte, los desplazamientos seguros, la seguridad vial, el mejor uso de las vías generales de comunicación o la posibilidad de establecer estándares nacionales a partir de ejemplos innovadores y exitosos como los que actualmente está poniendo Jalisco en materia de movilidad.

Movimiento Ciudadano lleva años impulsando el tema de la movilidad y la seguridad vial desde legislaturas anteriores. Hoy, en el Senado de la República y en esta Cámara, en legislaturas locales, en los gobiernos municipales y en los que tenemos el honor de servir, y en el estado de Jalisco, entidad en la que la visión de Movimiento Ciudadano hoy hace gobierno con responsabilidad, compromiso y el acompañamiento permanente de la ciudadanía en cada decisión.

En este sentido, es innegable la aportación y el esfuerzo de las organizaciones civiles como: Víctimas de la violencia vial, Jóvenes salvaguarda, Por amor Abróchalos o ProAcción, que junto personajes como la senadora Patricia Mercado, mi compañera, la diputada Martha Tagle o Jonadab Martinez, diputado local, llevan muchos años picando piedra en el tema de movilidad para llegar a este momento.

Derivado de todo lo anterior, invito a todas las diputadas y diputados que integramos esta soberanía, a que aprobemos este dictamen, y abramos este nuevo capítulo para nuestro país en materia de movilidad y seguridad vial. Movilidad segura, eficiente, económica y sustentable, universal, debe ser nuestra prioridad permanente.

Aún hay tiempo para seguir avanzando en el tema de movilidad en esta legislatura. Actuemos, en consecuencia, en este último año de ejercicio constitucional impulsando todos esos proyectos que esperan la aprobación de este dictamen para definir positivamente sus procesos legislativos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Medina Ortíz. Tiene la palabra la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del propio Movimiento Ciudadano, por cinco minutos.

La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Muchas gracias, presidenta. Primero quiero reconocer y agradecer el trabajo que por varios años han realizado las organizaciones de la sociedad civil promotoras, también, de esta reforma constitucional, muchas de ellas representadas por Alejandra Leal, Daniela Zepeda, Areli Carreón.

De igual manera, reconocer al diputado Jonadab Martínez y a la senadora Patricia Mercado, por impulsar tan noble reforma. Y a los familiares de víctimas quienes, a pesar de su dolor, no dejan de luchar, como lo son Gabriel Paredes, el padre de Monserrat; Luz Zenteno y Ramón Vara, padres de Manu.

En la actualidad la expansión territorial se impone como un desafío para las ciudades donde la población económicamente más vulnerable presenta acceso limitado de infraestructura y espacios públicos, una movilidad ineficiente, insegura, ilimitada y también costosa. Es en este sentido que la movilidad tiene como tarea transitar hacia el cambio de paradigma, en el que el objeto central de los desplazamientos sean las personas y no los vehículos.

Por ello, el objetivo de este nuevo paradigma debe ser mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, a través de una movilidad que sea sustentable, activa, segura, accesible para todos, diciente y también incluyente.

Un ejemplo de los impactos que tiene la movilidad en la vida cotidiana es la realidad que se vive en la zona metropolitana del valle de México, donde se realizan 34.5 millones de viajes diariamente, de los cuales 15.5 millones se realizan en transporte público; 11 millones caminando, y 6.6 millones de viajes son en automóvil, con un promedio de ocupantes de 1.5 personas por auto.

Tan solo en el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 viajes tardan de 30 minutos a 2 horas, en tanto que en los municipios conurbados el 7.2 por ciento de los viajes emplean más de 2 horas. Existen grandes oportunidades de prevenir y crear condiciones de planeación y políticas públicas a favor de la movilidad integral. Hoy nos reúne aquí también una causa que encierra una fuerte problemática a nivel mundial, construir desde la sociedad una legislación sobre la seguridad vial.

Hoy 44 mexicanos no regresarán con vida a su hogar por accidentes viales que se pudieron prevenir. Esta violencia agrede particularmente a nuestros niños y jóvenes, porque los accidentes de tránsito hoy son la primera causa de muerte en niños entre 5 y 9 años de edad. La segunda causa de muerte en adolescentes entre 10 y 19 años de edad, en donde los traumatismos derivados de accidentes de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz entre jóvenes de 17 a 24 años en nuestro país.

El paso siguiente será contar con una Ley General de Seguridad Vial, cuyo objetivo sea la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas de nuestro país.

Las ciudades mexicanas no han priorizado la movilidad de las personas y le han dado más importancia al flujo de automóviles, lo que genera obviamente mayor congestión, contaminación e inseguridad. La cantidad de vehículos se ha incrementado ocho veces en casi cuatro décadas. Entre 1990 y 2015 los vehículos crecieron 3.5 veces más rápido que la población. México es el país del G20 donde los hogares gastan más en transporte.

Por todo lo anterior, hoy habremos de avanzar para revertir los actuales esquemas de movilidad. En Movimiento Ciudadano reconocemos la importancia de la movilidad en el desarrollo de las ciudades y su territorio, la cual permitirá consolidar el marco legislativo para una mejor movilidad y seguridad vial en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lozano Mc Donald.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido el Trabajo.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición en relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman y adicionan diversas posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

Las y los diputados del grupo parlamentario, del partido, coincidimos con la propuesta del dictamen que es de nuestro conocimiento, en virtud de que compartimos las consideraciones de las y los senadores en la minuta que se nos remitió.

Nadie de los que estamos aquí presentes escapa de los grandes problemas viales que viven en todas las zonas urbanas del país, situación que en mucho se debe a dos factores. El primero, las ciudades crecieron sin que lo hicieran de la misma manera las vías de circulación. Segundo, una carencia total de planeación del desarrollo urbano. En los planes de desarrollo no se consideró la traza adecuada de vialidades condicionada a las previsiones de crecimiento y población.

Las zonas urbanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, por citar algunos casos, enfrentan día a día graves problemas vehiculares que no solo se traducen en horas-hombre en los medios de transporte, sino también en la emisión de gases contaminantes que a todos afectan. Evidentemente, también influye el factor que muchas personas prefieren hacer sacrificios económicos para adquirir vehículos particulares, porque consideran que el transporte público es inseguro y no quieren arriesgarse.

Del dictamen destaca la adición del párrafo 17, para establecer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial y accesibilidad eficiente, sostenible, calidad, inclusión e igualdad. Sin embargo, consideramos que el problema no es tan solo de instrumentación legislativa, sino que también las políticas públicas y las acciones de gobierno deben traducirse en actos que mejoren la viabilidad existente desde su creación y su mantenimiento.

Se nos propone la reforma del artículo 73 constitucional, en su fracción XXIX C, cuyo propósito es otorgar a las Cámaras del Congreso de la Unión la facultad para legislar mediante leyes generales en materia de movilidad y de seguridad vial. Esta nueva atribución legislativa del Congreso es relevante en virtud de que, conforme al transitorio segundo del decreto, a partir de su inicio y de vigencia, tendremos seis meses para expedir la Ley General en materia de Movilidad y de Seguridad Vial, donde deberemos establecer los parámetros legislativos que impidan, en la medida de lo posible, accidentes que ocasionen, entre otros, daños económicos, la muerte o lesiones permanentes de las personas.

Debemos reconocer que hay muchos conductores que creen que al acelerar un vehículo es saber manejar, y lo que hacen es sin ninguna precaución y respeto por las vidas de ellos y de unos terceros, en este caso las de los ciclistas. En este orden de las ideas, las autoridades administrativas encargadas de otorgar las licencias para conducir vehículos automotores deben actuar con plena honestidad, ética en el servicio público y otorgar dicha autorización a las personas que acrediten aprobar los exámenes correspondientes y que realmente sepan manejar.

También destaca la reforma de la fracción V, apartado A, del artículo 115 constitucional, que otorga a los ayuntamientos del país la facultad para expedir planes en matera de movilidad y de seguridad vial. Por lo que en sus ámbitos de competencia gubernamental tendrán la exclusiva responsabilidad en esta materia. En el caso del artículo 122, que regula las atribuciones de los órganos de gobierno de la Ciudad de México, se les otorga la facultad de establecer acciones en materia de movilidad y seguridad.

Compañeras y compañeros diputados, nuestra futura acción legislativa no solo será para la expedición de la ley general en materia de movilidad y seguridad vial, sino que también en el transitorio tercero debemos hacer los ajustes que corresponden a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el propósito de que se considere en el contenido de los plantes de desarrollo urbano, zonificación y actividades de relación, con lo que concierne a una adecuación-planeación del desarrollo urbano en los centros de población. La planeación debe considerar los proyectos de crecimiento demográfico y la necesidad de creación de nuevos centros de población con toda la infraestructura vial que se requiere.

Compañeras y compañeros legisladores, con esta reforma constitucional sin lugar a duda estamos legislando en favor de la gente. Es verdad que no podemos garantizar su seguridad personal, pero estamos otorgando los medios para que las autoridades administrativas estén en condiciones de mejorar las vialidades en beneficio, de la población.

Por las consideraciones expuestas, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Y quiero agradecer a las organizaciones civiles por promover esta iniciativa, y hacer nuestro reconocimiento total. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rojo Pimentel.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El Grupo Parlamentario del PRI ha decidido dividir en dos partes su tiempo de participación. Así que tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su intervención de cinco minutos.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy portadora de la lucha, de la esperanza de millones de personas, que habitando la zona metropolitana más poblada de nuestro país no solo se juegan la vida en medio de transporte, contaminantes e inseguros, sino que cada día en sus largos traslados al trabajo, a estudiar, al médico o a veces hasta para un rato de esparcimiento, dejan largas horas de su tiempo que bien podrían utilizar para convivir en familia, para hacer ejercicio, para seguirse preparando o para tener, incluso, un merecido descanso.

Hoy, damos un pequeño, pero gran paso en la lucha a favor de la vida y de la seguridad. El tránsito vehicular en el que convivimos ha ido en detrimento de nuestra calidad de vida. El costo de la congestión vehicular se mide en tiempo, en calidad de vida, en desarrollo económico y en competitividad, por citar ejemplos de la realidad que vivimos cada día en nuestras ciudades.

Sumando los costos de la congestión vial en las 32 entidades federativas, podemos decir que se han perdido 93 mil 867 millones de pesos. Cada habitante pierde anualmente 3 mil 875 pesos por congestión vial.

El índice de tráfico promedio –promedio, porque si me escuchan mis paisanos nos van a venir a reclamar que ellos tardan unas 4 horas, a veces, en ir y venir o más de sus trabajos–, pero el tiempo promedio es de una hora 36 minutos en los recorridos en zonas congestionadas. Tan solo en esta gran metrópoli, el costo de la congestión vial es de 47 mil 43 millones de pesos y es un tiempo que podría aprovecharse para ver 98 películas, leer 37 libros, tomar 12 cursos, jugar 98 partidos de fútbol, para que podamos dimensionar.

De acuerdo con el Inegi, hasta agosto de 2020 se tiene un registro de más de 34 millones de automóviles en México y solo 611 mil camiones de pasajeros para más de 120 millones de mexicanas y mexicanos.

A ver, en resumen: se trata de acabar con el mundo al revés. Dejar de invertir la mayoría de los recursos para la minoría que representan los vehículos automotores y convertir, en una aspiración para todas y todos, la necesidad que hoy tienen las mayorías en este país. Espacios adecuados para peatones, para ciclistas. La necesidad de una convivencia armónica que repercuta en una sociedad más sana y más segura.

El camino para llegar aquí ha sido largo, por cierto, deseo reconocer la convicción y la perseverancia de mi amigo y exsenador de Jalisco, Jesús Casillas, porque él en 2014 presentó una iniciativa al respecto y por supuesto también de la invaluable participación de la sociedad civil organizada, con quienes muchos de ellos tuve la oportunidad de coincidir siendo presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat.

Hoy, estamos adecuando también nuestra Constitución al derecho a la ciudad, que establecimos en la última reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, donde por cierto también reconocimos la movilidad como un derecho, como una obligación del Estado y como un principio rector de la urbanización en México.

Es de celebrar esta reforma constitucional y la próxima creación de la ley en materia, pero, advirtamos juntos por favor, no queremos más derechos de papel, para dotar de la información, la coordinación y los presupuestos necesarios a los estados y municipios, necesitamos también garantizar un marco legal adecuado. Necesitamos estar unidos para garantizar con recursos económicos suficientes, medidas concretas que favorezcan la movilidad y la seguridad.

Y lo advierto porque acabamos de ser testigos, aunque dimos la batalla, de la desaparición del Fondo Metropolitano, que me parece un tema muy grave para la movilidad. Con esta reforma, con esta acción legislativa el Grupo Parlamentario del PRI dice sí a la movilidad segura que impulse a nuestra calidad de vida y en congruencia, el desarrollo económico y el cuidado al medio ambiente.

Que nadie intente confundir, porque esta causa no tiene colores, esta causa no tiene ideologías, se requiere un profundo cambio cultural y en el PRI, como siempre, hemos dado la batalla y seguiremos dispuestos a continuar en esta lucha. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Herrera Anzaldo. Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la segunda parte por cinco minutos.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me da mucho gusto tener la oportunidad del uso de la tribuna dando continuidad y fortaleciendo, en la medida de lo posible, la participación de mi compañera Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien ha participado en este tema de desarrollo urbano y movilidad desde el Senado y ahora retomado aquí en la Cámara de Diputados.

Y, reitero, me da mucho gusto compañeras y compañeros, impulsar un tema que contribuye de manera significativa en las condiciones de movilidad y de seguridad vial que corresponde en favor de todos los mexicanos, particularmente, de una manera más importante en las zonas metropolitanas.

Actualmente, los accidentes de tránsito representan un grave problema que viene incrementándose a nivel mundial y México no escapa de ello, somos y ocupamos el séptimo lugar de muertes a nivel mundial y el tercero en América Latina.

Diario, en promedio hay 22 decesos de jóvenes entre los 15 y 29 años al día, aproximadamente 24 mil decesos en promedio al año, y esto tiene que ver mucho por un tema cultural donde tiene que ver el tema de educación, el tema de formación, el tema de salud, pero, también tiene que ver mucho el tema de infraestructura.

En las zonas metropolitanas y particularmente en la del Valle de México, donde es la Ciudad de México y los municipios conurbados del estado de México, creo que ha sido un tema muy recurrente y lo vimos en las sesiones anteriores donde se hacía la propuesta, se hizo la propuesta para desaparecer el Fondo Metropolitano, recursos que servían precisamente para poderle dar una mayor vialidad a los municipios conurbados, hacer obras de infraestructura lo que son banquetas, lo que son carreteras, calles, autopistas y que mucho tienen que ver en este tema que lamentamos mucho de los accidentes.

Otras de las acciones mismas, y es concurrente, es el tema de tránsito. Compañeras diputadas, quienes me han antecedido se han referido a que quienes vienen a trabajar o a estudiar o a alguna actividad aquí, a la Ciudad de México o a esta zona metropolitana, de otros municipios, se llevan prácticamente en el transporte 4 horas, 4 horas que bien les sirven para descansar o para hacer otra actividad y que lamentablemente, por el tema de viabilidad hay un problema muy severo en el tránsito y, bueno, pues qué se dice de la regulación en el servicio público.

Por eso es que, aunado a lo anterior, el derecho a la movilidad condiciona el ejercicio de otros derechos fundamentales, como es la educación, la salud, el trabajo, el desarrollo, la alimentación, la vivienda y la cultura.

Parte de lo que nosotros estamos promoviendo en esta reforma, que como bien se ha comentado, viene de la pasada legislatura y ahora se está fortaleciendo con participaciones de diferentes compañeros de diferentes grupos parlamentarios, es precisamente darle una visión integral que contemple el entorno en el que viven las personas, creando alternativas de traslado para las actividades diarias y contemple criterios de planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo.

Para esta solución se deben de considerar dos elementos sustantivos: la seguridad vial, cuyo principal objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando o disminuyendo los factores de riesgo. Y, la otra es la movilidad, que debe consistir en considerar como un derecho fundamental para que, el que debe estar garantizado en igualdad, sin condiciones a toda la población.

Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen, en el que faculta al Congreso federal para que pueda expedir leyes en materia de movilidad y seguridad vial, en el que faculta a los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial. Y busca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno: al gobierno federal, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: ... refuercen las acciones que permitan garantizar la movilidad y disminuir los accidentes de tránsito. Sí, señora presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de esta reforma, porque consideramos impostergable generar garantías en materia de movilidad y de seguridad vial. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alcántara Núñez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional decidió dividir en dos partes su tiempo de exposición. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Torres Ramírez, por cinco minutos.

El diputado Adolfo Torres Ramírez: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todos nuestros amigos que nos siguen a través del Canal del Congreso. Hoy estoy bien contento, porque es un día que debemos celebrar. Además, muchos compañeros hoy llegamos sonriendo a esta sesión, porque lo hicimos en bicicleta, además fuimos de todos los partidos.

Los derechos humanos los concebimos como procesos históricos, productos de contextos y circunstancias determinadas a través del tiempo e inclusión, que sobresalen por luchas sociales que se logran a base de conquistas que han marcado nuestra historia.

Con el paso del tiempo, han surgido nuevos derechos como producto de la evolución de la dinámica social y de la dignidad humana, ocasionando nuevos derechos, como el que hoy nos tiene aquí, el derecho a la movilidad. Después de muchos años de luchar de la mano con la sociedad civil, hoy por fin lo logramos y es por eso que debemos estar bien, pero bien contentos.

Podemos afirmar que el derecho a la movilidad no solo se relaciona con el traslado de personas de un lugar a otro. Genera condiciones para el ejercicio de otros derechos como, por ejemplo, los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y también al medio ambiente. Si no tenemos una movilidad adecuada, no podemos llegar a adquirir todos estos derechos, no podemos llegar a la escuela, no podemos llegar a las clínicas.

Los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 son una pieza fundamental en la agenda de las Naciones Unidas. La movilidad es una herramienta transversal para lograrlos, su relevancia destaca especialmente en el objetivo 11, en donde habla de ciudades y comunidades sostenibles.

Por eso, las zonas urbanas es uno de los grandes desafíos que tenemos para este siglo XXI, ya que la población del mundo sigue concentrándose en ciudades, para el año 2030 dos tercios de la población del mundo vivirá en ciudades. Este crecimiento tendrá un impacto especial sobre la movilidad.

La movilidad nos da la oportunidad de coexistir de manera colectiva y de distintas formas, una gran variedad de formas para moverse y que responden a diversos estilos de vida y a actividades que constituyan a la sociedad, y permiten la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población. En otras palabras, este derecho a la movilidad nos dará igualdad como sociedad.

Un tema que es muy preocupante es la seguridad vial. La Conapra en el 2016 habló de 16 mil 185 personas que murieron en accidente viales, la mayoría de ellos en zonas urbanas. Y lo peor de esto, es que el 44 por ciento de ellos eran peatones, ni siquiera eran responsables de ir detrás del volante.

En el 2018 hubo más de 365 mil accidentes. Los accidentes viales representan la octava causa de muerte en todas las edades en nuestro país, y solo son superados por algunas enfermedades, y las cuales, por cierto, pueden ser combatidas si hacemos ejercicio. Esto significa si caminamos y nos movemos en bicicleta.

Ya no tenemos ningún pretexto, debemos trabajar de manera integral y urgente por la Ley de Seguridad Vial y así poder homologarla entre estados, municipios y en todo el país, debemos contar con una movilidad segura conservando el bienestar social y las buenas prácticas de los ciudadanos y las ciudades mexicanas.

Miren, de acuerdo con el CESOP, aquí de esta Cámara de Diputados, que levantó una encuesta, solo 2 –fíjense este dato– solo 2 de cada 10 personas se mueven en automóvil propio. Esto quiere decir que 8 de cada 10 personas se mueven en transporte público, caminando o en bicicleta. Y de estas 6 de cada 10, no están satisfechos con las calles ni con las banquetas que tenemos en México, las que tradicionalmente se han construido. La gente no se siente segura en las calles.

Los sistemas de movilidad deben ser asequibles, económicamente viables, orientados a las personas y respetuosos por el medio ambiente.

La verdad es que yo, y sinceramente lo espero, es que este gran paso no quede como una buena intención, y se tomen verdaderas cartas en el asunto, porque sin presupuesto, este derecho se convertirá en letra muerta. Sin presupuesto será solo una buena intención como lo es el Plan de Movilidad 4S que presentó la Sedatu. Debemos destinar recursos necesarios y suficientes para hacer de nuestras calles lugares más seguros y amigables, y mejorar las banquetas, tener un transporte público digno y, sobre todo, también tener infraestructura ciclista.

Por eso es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estima conveniente integrar la movilidad como un derecho humano y está a favor de esta minuta, que el día de hoy presentamos.

Ante la pandemia es una gran oportunidad encontrar medios alternativos de transporte, y yo hoy les quiero decir a todos mis amigos de la sociedad civil que han estado al pendiente de esta ley, que voy a luchar. Voy a luchar con toda mi energía para tener un presupuesto justo, para tener una movilidad sustentable y sostenible para México. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Torres Ramírez. Tiene la palabra la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy es un gran momento para México. Me da muchísimo gusto estar aquí, delante de todos ustedes, siendo testigos de una gran reforma. Me enorgullece ser parte de la misma.

En el año 2011, el 10 de julio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma, la reforma más importante en la materia de derechos humanos desde que se promulgó nuestra Constitución en 1917, donde se buscaba fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.

Se modificaron 11 artículos constitucionales, donde se reconocía en la Constitución los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los cuales México fuera parte. Donde se dispone que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos. Donde se consagran principios muy importantes dentro de la Constitución, como el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Hoy estamos modificando, si así a bien lo tienen todos ustedes, 4 artículos constitucionales: 4o., 73, 115 y 122. Este es un gran paso, un gran paso que debemos ver con responsabilidad, porque la movilidad y la seguridad vial van de la mano, pero también podemos atacar y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tenemos un fenómeno al cual se enfrenta la humanidad, el fenómeno más importante al que no podemos combatir con políticas públicas, como lo está manejando el gobierno federal, donde la causa principal es la generación de energía y le están apostando a los combustibles fósiles. Donde la causa principal es el transporte y no le quieren poner dinero.

El Inegi dice que 78 por ciento de la población vive en ciudades. Tenemos grandes zonas metropolitanas donde se concentran grandes masas de habitantes de este gran país.

Nosotros acabamos de terminar, de finiquitar aquí en Cámara, ojalá en el Senado lo detengan con el Fondo Metropolitano. Casi 4 mil millones de pesos que se pueden destinar a la movilidad.

Yo les pido, compañeros y compañeras, a todos, pero en especial a los diputados de Morena, que en la etapa que viene de análisis y modificación del presupuesto, pues etiquetemos dinero, seamos responsables. Estamos elaborando leyes que van a ser una carga para el presidente municipal, para el gobernador, etcétera, que vaya etiquetado dinero para que pueda disponerse. De verdad, lo que se debe hacer en materia de movilidad y seguridad vial.

Así es que los invito a dar este gran paso, porque esto es solo el principio. Qué viene. Qué viene. Y ahí está para poder legislar. Pues viene lo que propuso la ONU, que es el derecho a la ciudad. Qué significa esto. El derecho de todos los habitantes a utilizar, habitar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos más justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.

Yo quiero decirles que Acción Nacional propuso, en legislaturas pasadas, y aquí tenemos nosotros a nuestro compañero y amigo diputado Marcos Aguilar. En la Legislatura LXII propuso una reforma en esta materia y la aprobó la Cámara de Diputados, pero fue congelada en el Senado de la República.

Acción Nacional impulsó la Ley de Transición Energética, donde le apostó a la energía renovable para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente eso, también le apostó la eficiencia, sí, de generar energía en este país. Acción Nacional propuso e impulsó la segunda ley, en el mundo, de la Ley General de Cambio Climático, con una destreza magistral en aquél entonces el senador Alberto Cárdenas, que convocó a todos los grupos parlamentarios a poner su granito de arena para la construcción de esa ley.

Así que Acción Nacional ha estado, está y estará siempre a la altura, a la altura que requiere este país en todas las materias. Y bueno, también Acción Nacional, y que no es tema, espero que sea tema antes de finalizar esta legislatura, para que le hagamos justicia a nuestros médicos residentes de posgrado y de servicio social, que tienen congelada la minuta, el dictamen en la Cámara de Senadores, y que lo presenté de nuevo en esta Cámara y está congelado en la Comisión de Salud.

Así es que, compañeros, tenemos una gran oportunidad de servirle a México y hacerlo justicia a nuestros mexicanos, en especial a nuestros médicos. Muchísimas gracias, para todos. Y enhorabuena.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garza Galván.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, hoy es un día en el que estamos haciendo historia, porque vamos a aprobar el derecho a la movilidad en nuestra Constitución. Le agradezco a todas las fuerzas políticas de nuestro país el acompañamiento a esta iniciativa que un servidor y el diputado Ernesto Palacios presentamos en junio del año pasado.

Iniciamos esta reforma, la transformación de las ciudades en México, para que pasen de la dimensión de los autos a la dimensión de las personas, pues durante las últimas seis décadas, aceptémoslo, las ciudades se han desarrollado en torno al concepto del automóvil, como el elemento básico para el crecimiento de las mismas.

Gracias a la visión que tenemos del auto como medio primordial de movilidad, las ciudades empezaron a crecer hacia los suburbios, las orillas, las periferias de una manera desbordada y sin control. Los urbanistas del siglo XX concibieron este crecimiento como la expansión de las ciudades funcionales, y en ese entonces las nombraron como modernas, pues definieron los espacios de actividad exclusiva vinculados con carreteras y ejes viales para interconectarlos entre sí. Por un lado, teníamos el distrito empresarial y productivo, por el otro el sector de vivienda, después el comercial, el escolar y, por último, el del esparcimiento. Sus arterias eran las autopistas, y los autos el medio de traslado.

En teoría, la publicidad automotriz nos prometió que tendríamos una máquina por persona, convirtiendo a las ciudades en ecosistemas con dimensión a esa escala. La propaganda logró convertir este gran invento, sin duda, en un objetivo de consumo aspiracional y de deseo, era lo más preciado de todo.

Nos impusieron y aceptamos seguir el modelo americano, el objetivo de vida por excelencia que nos hacia trabajar para ello: tener una familia, una casa y, por supuesto, un automóvil. Bajo este concepto, todos teníamos el Jetta en nuestra cabeza, pues así nos lo dictó el mercado.

La industria financió por décadas los programas de televisión, radio y prensa para que todas las personas soñáramos con tenerlo. Así fueron diseñadas las ciudades para darle prioridad al tránsito vehicular sin importar nada más. Toda la ingeniería vial, toda la obra pública, todo el presupuesto, absolutamente todo, estaba enfocado a los autos: se ampliaron las calles para darles paso, se redujeron las banquetas para darles más espacio y, por si fuera poco, a las banquetas miniatura se les colocaron postes para eliminar el camino de los autos.

En este contexto e irónicamente, los arquitectos replicaron las vibrantes calles comerciales y peatonales de los centros urbanos tradicionales, en ahora nuevas y llamativas plazas comerciales, eso sí, rodeadas de planchas de estacionamiento y acceso exclusivo para el auto, mientras que las avenidas vivas se convertían en muros ciegos de traslado, con distancias remotas e inhóspitas.

Por último, el espacio más íntimo que podemos tener, el hogar, también se vio afectado. Al día de hoy, en lugar de privilegiar lo más importante como en una fachada es la sala, la estancia o el portal con balcones para asomarse y conectarse con el mundo exterior, nos preocupamos por tener múltiples garajes, poniendo por delante de nuestra casa a los propios automóviles.

Y así, así todas las ciudades se pensaron para los autos. Al final, un gran invento que es el auto genera una serie de externalidades negativas que afectan a nuestra comunidad, así son la inseguridad vial, la contaminación, la obesidad, el estrés y, por supuesto, la parálisis causada por el exceso de vehículos, porque los automóviles ocupan mucho lugar y mueven pocas personas.

Por todo ello, no son casuales las transformaciones que van surgiendo en las ciudades del mundo. En los últimos 15 años ciudades como Nueva York, París, Bogotá, Copenhague, Moscú y en México, Guadalajara, Puebla y la propia de la Ciudad de México, por citar algunas, replantearon el modelo de ciudad buscando alternativas de vialidad, pero, hoy México se coloca a la vanguardia del mundo al considerar un derecho humano como es el de la movilidad, pues implica que el Estado tiene las obligaciones irrenunciables para garantizar el derecho a la ciudad, el espacio público a la vivienda y al esparcimiento sano.

Se trata de una construcción novedosa que busca contemplar a la movilidad en su dimensión física, legal, social y cultural, para denotar que moverse mediante un espacio urbano implica reconocerse como ciudadano o como ciudadana, y en consecuencia acceder a todos los espacios literales y simbólicos en los que ocurre una vida de calidad.

Se trata, pues, de una transformación de pensamiento, el disfrute o la cancelación del derecho a la movilidad implica una apropiación del espacio común como entramado de instituciones, prácticas, rituales y símbolos que permiten que las personas ahí presentes se observen mutuamente como libres e iguales, y que construyan un sentido de autorrespeto con bases sociales.

Este derecho tendrá un efecto transformados, viable, solo con una visión de transformación en la vida pública de México, como la que está viviendo esta cuarta transformación. A partir de lograr una movilidad democrática, equitativa, igualitaria, segura y de calidad, permeando en el grueso de las urbes, en materia de seguridad el concepto de derecho aporta mucho al estigmatizar a los espacios urbanos legales, en lugar de estigmatizar a otros usuarios de la vía. Significa imaginar espacios posibles de leer que le indiquen a cada usuario de la vía el cómo actuar sin culpar a nadie en particular.

En materia de desigualdad, la visión de un uso monotemático de movilidad logrará hacer una exigencia equitativa en presupuesto y espacio público, modificando el entorno de las ciudades. En materia de sustentabilidad detendremos el crecimiento expansionista de la ciudad para dar paso a una densificación y compactación de las actividades.

Por último, la accesibilidad y la inclusión de todas las personas, sin discriminación, hará que las personas sean la prioridad sobre los autos. En sí misma, esta reforma es fundamental, pues la movilidad define el espacio público de las ciudades. Con ello, las ciudades se volverán vibrantes y de calidad, en beneficio de todas personas. Dignificaremos a nuestras ciudades, dignificamos a nuestros hogares.

Diputadas y diputados, con esta reforma iniciamos un modelo a escala humana, como personas la escala más importante de todas. Muchísimas gracias y así será. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Hidalgo Ponce. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas del dictamen a discusión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo que establece el artículo 230, numeral 3 del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar a favor y en contra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Maria Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

La diputada Maria Beatriz López Chávez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, la discusión de este dictamen es trascendental para la vida cotidiana de las personas que habitan en México, particularmente, en las grandes ciudades.

La movilidad es indispensable para el desarrollo de las personas, las urbes, las megalópolis y las regiones de todo el país. En otras palabras, la movilidad es un elemento fundamental para el crecimiento económico y la prosperidad.

Reconocer, respetar y garantizar el derecho a la movilidad significa apostar por una mejor calidad de vida para las y los mexicanos. Ya que conlleva a la planificación para un crecimiento urbano, controlado, ordenado, sostenible y equitativo.

Al establecer el derecho a la movilidad en la Constitución contribuimos a desarrollar ciudades incluyentes y amigables en un entorno generado con zonas urbanas conscientes de la relación que existe entre la población y el medio ambiente.

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo 11 lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Asimismo, la meta 11 y la meta 11.2 de dicho objetivo, es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequibles, accesibles y sostenibles para todos mejorar la seguridad vial.

En particular, mediante la ampliación del transporte público, prestando esencial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. De ahí la importancia de consignar en la Carta Magna que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

El mayor costo de la falta de planeación urbanística se traduce en aglomeraciones vehiculares, grandes emisiones de gases contaminantes, ciudades con crecimiento irregular, construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, diversos daños a la salud, inseguridad, violencia, pérdida de tiempo en los traslados, deficiencia en los servicios públicos, entre otros aspectos.

En este Poder Legislativo tenemos la obligación de impulsar desde la norma jurídica del crecimiento urbano sostenible, para que todas y todos podamos disfrutar de una calidad de vida digna, que posibilite generar una dinámica de estabilidad social y prosperidad, tomando en cuenta el entorno y el medio ambiente.

Un crecimiento que ofrezca un mejor presente y futuro a las distintas generaciones y grupos poblacionales sin que medie ningún tipo de discriminación. La accesibilidad para la movilidad es un elemento de fundamental importancia, ya que constituye el parteaguas que permitirá que las oportunidades de bienestar se conviertan en realidades permanentes.

De ahí que la progresividad del derecho a la movilidad será una condición necesaria para lograr que las nuevas pautas, reglas y lineamientos permeen en todo el territorio nacional, teniendo como base una amplia participación ciudadana y una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Es de destacar que, con el establecimiento de este derecho en la Ley Fundamental, se mandata también la extensión de una ley general en la materia y la armonización del marco jurídico correspondiente, a efecto de dotarla de viabilidad y evitar que sea letra muerta.

Es por eso que el Grupo parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen, con el fin de garantizar la movilidad digna a las y los mexicanos. Es todo. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Chávez. Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Siempre he sostenido que, en el servicio público, independientemente del nivel que se trate, lo que importa finalmente es que las cosas sucedan. Y, puede ser, desde la oposición, o desde la cómoda postura de la mayoría que decide con base en efectos o intereses particulares.

Desde el inicio de esta legislatura he impulsado la agenda metropolitana y de movilidad como una prioridad en mi trabajo legislativo. Para ello he presentado una serie de siete iniciativas para fortalecer estas propuestas de las que les hablaré más adelante.

Antes, quiero referirme a cuál es mi postura. Por supuesto que estoy a favor y votaré a favor de la propuesta. Lo que vengo a pronunciarme en contra es por la forma en como se dictaminó esta iniciativa. Por eso quiero referirme al dictamen que hoy nos ocupa, razón por la cual decidí subir a tribuna, ya que estoy en contra de cómo se dictaminó.

Pues en los precedentes parlamentarios fueron incluidas un par de iniciativas de diputados de esta legislatura, una de las cuales tiene el mismo espíritu de una iniciativa que presenté el pasado 30 de abril de 2019, en la que propuse reformar el artículo 4o. constitucional para que se incluyera la movilidad como un derecho de las y los mexicanos.

Me llama la atención que mi iniciativa fue desechada por la comisión el 28 de febrero de este año y hoy, la misma comisión incluye en este dictamen una iniciativa similar a la mía, que, por cierto, incluso fue presentada dos meses después de que lo hice yo.

Volviendo a mi agenda legislativa, la primera iniciativa que presenté en esta materia proponía reformar el artículo 115 constitucional, con el objeto de facultar a los municipios para participar en la formulación de los planes de desarrollo metropolitano. La presenté el 12 de marzo de 2019 y fue desechada en la comisión.

Con esa misma fecha, también presenté una iniciativa que propone una reforma al artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para promover la movilidad multimodal, esta iniciativa se encuentra congelada en la comisión.

Un mes después presenté otra iniciativa para impulsar la movilidad no motorizada, mediante la propuesta de que sea declarada la primera semana de junio como Semana Nacional de la Bicicleta. Esa iniciativa ya fue aprobada en comisiones y estamos a la espera del siguiente paso en el proceso legislativo.

Hoy, que se habla que el día de mañana probablemente haya una serie de ronda de iniciativas, ojalá que los diputados de la mayoría tengan a bien, en el corto plazo, y podamos sacar adelante esta iniciativa que ya está aprobada en comisiones.

Ahora, en materia metropolitana. En mayo de 2019 presenté una propuesta para reformar el artículo 73 de nuestra Constitución y así facultar al Congreso para construir leyes generales que regulen las atribuciones de cada ámbito de gobierno en materia de planeación y gestión de las zonas metropolitanas del país.

La iniciativa sigue pendiente a discusión en la comisión. Independientemente de eso, hablar de zonas metropolitanas pues nos hace referirnos a lo que sucedió la semana pasada con la desaparición del fideicomiso que dotaba de recursos, precisamente, a las zonas metropolitanas.

Diputados de la mayoría, debemos de entender que el crecimiento del país tiene que ver con la atención de problemas comunes de municipios contiguos. No podemos estar diseñando trajes a la medida. La mayor parte de la población del país vive en zonas metropolitanas, y de ellos, y de estos, requieren iniciativas de este tipo, pero también fondos para que lo que hoy se aprueba, sea una realidad y no solo un discurso más, una letra más en la Constitución de nuestro país.

El pasado 9 de septiembre presenté otra iniciativa para reformar los artículos 9 y 37 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para promover la construcción de ciclovías o la asignación de un carril exclusivo para bicicletas en vialidades primarias.

Y lo digo con conocimiento de causa. En Jalisco –y hay que decirlo– junto con la Ciudad de México, hemos sido pioneros en la construcción de alternativas de movilidad no motorizada para los peatones.

Y, en ese sentido, he dicho aquí que me declaro municipalista y vengo de una ciudad media de apenas de 150 mil habitantes, en donde si ustedes buscan en un ranking nacional que existe de infraestructura vial para el uso de la bicicleta, estamos colocados entre los primeros lugares, que no basta ser una ciudad grande, y me refiero a mi ciudad natal, cabecera de mi distrito, Zapotlán el Grande, en donde impulsamos la construcción de una ciclovía que une a los centros universitarios más grandes de ahí y que en su momento, gente que no ha entendido la importancia de estas iniciativas promovió ante el IETC, una consulta pública –como algunas que quieren promover ustedes– para que fuera retirada la ciclovía. Dimos la batalla y hoy la ciclovía sigue ahí, y una política pública permanente para que se siga sosteniendo.

Debo de decir, que a final de cuentas, mi voto es a favor, porque soy un convencido de que solo cambiando este paradigma, como decía mi compañera Pilar Mac Donald Lozano, cambiar este paradigma en donde los ciudadanos deben de estar por encima de los vehículos en materia de movilidad. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Del Toro Pérez. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la movilidad y la seguridad vial representan dos temas fundamentales en el desarrollo e integridad de los habitantes de cualquier país. En México ambos conceptos están tomando relevancia entre diversos sectores de la sociedad.

En este sentido, como legisladores tenemos la obligación de actualizar el marco normativo en la materia, por lo que celebramos desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional incluir el derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial en la Constitución Política.

Con esto consagramos derechos que desde hace mucho tiempo los mexicanos hemos luchado porque se reconozca como una garantía constitucional. Hoy con este dictamen se está logrando. Con estas modificaciones a la Carta Magna generamos un paso firme en tratar de erradicar una de las principales causas de muerte de personas en accidentes automovilísticos. Además, garantizamos una obligación por parte del Estado, de establecer un sistema integral de movilidad en condiciones de seguridad vial.

Asimismo, coincidimos en la necesidad de establecer dentro de las facultades del Congreso expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de contar con una ley general en materia de movilidad y seguridad vial.

Con esta reforma lograremos una planeación más eficiente en asentamientos humanos, abarcando la federación, entidades federativas y los mismos municipios. En lo sucesivo, al contar con una ley general se puede incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano, para que de esta manera se coordinen las facultades coincidentes entre los diferentes órdenes de gobierno, a través de un marco normativo rector que defina los principios básicos sobre movilidad y seguridad vial.

Entre los beneficios de implementar una ley general está el que permitirán establecer políticas públicas, planes y programas para la prevención de accidentes y mejoramiento en la infraestructura vial y también de movilidad. De igual forma, aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte. Además, se promoverán políticas que integren el transporte de carga, así como racionalizar el uso del automóvil.

Quiero mencionarles, por último, y que es necesario destacar, que como legisladores estamos de acuerdo en aumentar el catálogo de los derechos humanos, pero también debemos mencionar la falta de congruencia por parte de la administración federal. Esto debido a que se han limitado los recursos para mejorar las condiciones urbanas enfocadas a la infraestructura.

Los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional celebramos con este dictamen lo que por años hemos pugnado: elevar a rango constitucional el derecho humano de la movilidad y de la seguridad vial. Sin embargo, esperamos que los beneficios que traerá esta reforma no queden diluidos con la inminente desaparición del Fondo Metropolitano. Recordemos que el derecho sin política pública y, a su vez, sin presupuesto, solo será un cúmulo de buenos deseos.

Hagamos útiles estas reformas, compañeros, y no solamente nos hagamos lo importante en este pleno y en esta tribuna. Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Díaz. Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Hoy es un gran día para las mexicanas y los mexicanos que nos trasladamos o que nos gusta ejercitarnos en bicicleta. La verdad, que mi gratitud para todas las diputadas y diputados que hoy vamos a dar este voto para todas las mexicanas y mexicanos.

La reforma que estamos discutiendo aborda un problema añejo, que no se ha podido resolver, se trata de llevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para que los gobiernos emprendan medidas contundentes para hacer las viabilidades más seguras, en beneficio de los peatones, de los ciclistas y motociclistas, toda vez que existe un alto índice de mortalidad debido al número de accidentes. Señalan que es urgente tomar medidas para reducir los altos índices de mortalidad que se presentan en el mundo y en nuestro país, relacionados con accidentes de tránsito y en especial de los ciclistas.

Como ciclista valoro y saludo esta reforma, porque considero de gran relevancia la seguridad vial y la movilidad, y no es para menos, pues son muchas las ventajas y los beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de desplazamientos. Comparto algunos datos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que, en el año 2018, en materia de seguridad vial sucedieron 365 mil 167 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y zonas suburbanas, en donde lamentablemente 4 mil 277 personas murieron. Esto convierte a los accidentes viales en una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, tanto en conductores como en peatones y ciclistas, derivado de las malas prácticas de conducción de un automóvil, así como un mal diseño vial.

México es el tercer país con más muertes relacionadas en tránsito en América, después de Brasil y Estados Unidos. Si bien en los últimos años el uso de la bicicleta se ha convertido en una opción para transportarse y ejercitarse en las ciudades y zonas metropolitanas, cada vez son más recurrentes los accidentes viales. Estoy convencido de que con este dictamen abonamos a la construcción de una cultura de seguridad vial, y damos una respuesta a uno de los desafíos ambientales y sociales más difíciles de nuestro tiempo, que es la movilidad.

En México, las ciudades y los municipios están diseñados para los automóviles más que para las personas. Entre 1990 y 2017 los vehículos en circulación crecieron a una tasa anual promedio de 5.3 por ciento, mientras que la población lo hizo a una tasa de 1.5. Asimismo, existe una clara tendencia de que a mayor ingreso se utiliza en mayor medida el automóvil propio como principal medio de transporte.

Compañeras y compañeros, no hay que perder de vista que esta reforma constitucional no busca vulnerar las facultades de los estados y los municipios, sino por el contrario, busca generar soluciones a problemas complejos que requieren la participación de todos los órdenes de gobierno, en beneficio de los mexicanos.

En mi Grupo Parlamentario del PRI acompañaremos este dictamen de esta minuta porque somos sensibles a las exigencias de miles de ciclistas y peatones, que requieren una movilidad más segura y vivir en ciudades y en municipios más ordenados. Para mí, como ciclista, es fundamental velar por la seguridad de quienes hacemos uso de este medio de transporte. Por ello estoy seguro de que esta reforma constitucional va en el camino correcto. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Roa Sánchez. Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de movilidad y seguridad vial.

A nadie de los aquí presentes y de la población en general, escapa el crecimiento anárquico de nuestras ciudades, en donde la movilidad peatonal y de vehículos es un caos. En muchas ocasiones, los agentes de vialidad son quienes potencian esa anarquía al no tener el sentido común para darle fluidez a la circulación.

El propósito de la reforma que discutimos es el de dotar las Cámaras del Congreso de la Unión de la facultad legal para expedir una ley general en materia de movilidad y seguridad vial. En dicho instrumento normativo se deberá establecer los ámbitos de participación de las autoridades federales, de los estados y de los ayuntamientos del país, así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en esta materia.

En la fundamentación del dictamen se nos proporcionan datos importantes respecto de la relevancia, donde nos señala que los accidentes vehiculares son la causa principal de mortalidad en el país, tanto de conductores como de peatones, y que se debe en una buena parte a la imprudencia y falta de preparación de quienes conducen los vehículos como un buen diseño vial de nuestras calles. Si a esto se suma que cuando cae una pequeña llovizna, los semáforos fallan, potenciado el caos vehiculas, las cosas se complican.

Esta Cámara de Diputados junto con el Senado de la República tendrán la responsabilidad de reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para ponerla en concordancia con esta reforma constitucional y en su caso, con la ley general en materia de movilidad y seguridad vial.

Tendremos que ajustar todo lo referente a la planeación del desarrollo urbano de los centros de población y establecer criterios objetivos para que los nuevos lugares donde las personas vayan a vivir se diseñen con todos los servicios públicos que garanticen la calidad de vida de las personas que ahí habiten.

Para las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no pasa desapercibido que un gran porcentaje de las vialidades han sido diseñadas y construidas para fomentar la circulación de vehículos automotores. Para nosotros es imprescindible considerar la circulación por estas vías de comunicaciones de vehículos no contaminantes, como las bicicletas.

Hoy en día, quienes por decisión propia circulan en las bicicletas enfrentan infinidad de agresiones de quienes conducen vehículos automotores, y en muchas ocasiones son lesionados o lamentablemente pierden la vida. Debemos reconocer que nos falta mucha educación vial tanto a conductores como a peatones.

Con la aprobación de esta reforma constitucional y de las leyes secundarias, confiamos en que se reduzcan sensiblemente los accidentes vehiculares y la pérdida de vidas humanas. Estamos legislando a favor de las personas en su seguridad e integridad física. Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen.

Compañeras y compañeros legisladores, desde esta tribuna les hago un llamado para tener muy en cuenta que muchos accidentes en este país se cometen por la fatiga o en muchas ocasiones por tanta agresión que se comete contra los transportistas y automovilistas de este país.

En este país se cuidan ellos más de los policías que de los delincuentes, eso crea la fatiga y genera inseguridad en su manejo, así es que un llamado para que como legisladores defendamos a los transportistas de este país. Se contratan miles, quizá millones de policías y, lejos de cuidar a este gremio que circula en las carreteras y calles de este país, se dedican a extorsionarlos.

Así es que, si hablamos de movilidad y de seguridad debemos de brindar seguridad a quienes, a todos los operadores de transporte público, privado, automovilistas y camiones de carga. Es cuanto, compañera diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Manzanilla Téllez. Tiene la palabra la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

La diputada Ana Priscila González García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que estamos por aprobar es motivo de celebración porque significa un paso en un arduo proceso de trabajo, preparación y consenso entre todos los sectores, entre todos los partidos políticos cobijados por la sociedad civil que puso en el centro del debate en esta Cámara de Diputados la importancia del derecho a la movilidad y la importancia de legislar en materia de seguridad vial.

En la fundamentación del dictamen y en el trabajo de la comisión observamos los argumentos jurídicos que nos llevan a reconocer el derecho a la movilidad en la Constitución, pero, me quiero referir, para hablar a favor del dictamen, a las características de este proceso legislativo que hacen que hoy vayamos a aprobar este cambio constitucional por unanimidad.

Primero. Que fue iniciado por sociedad civil desde hace más de cinco años, documentando cada uno de los argumentos para construir la narrativa de aprobación. Esto nos deja un aprendizaje de consenso en el trabajo que realizamos.

Segundo. Que se reconoce implícitamente el trabajo que se ha realizado en algunos estados que de forma vanguardista reconocieron este derecho previamente implementando acciones enfocadas a garantizarlo.

Y, tercero. Que haya un importante trabajo previo para el siguiente paso que debemos de dar y que es la aprobación de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Que se constituya como un consenso nacional en la regulación de las diferentes temáticas que abarcan esta materia. Con absoluto respeto al federalismo y a las necesidades específicas de los estados y concretamente de cada una de sus ciudades.

También quiero hacer hincapié en el reconocimiento del derecho a la movilidad, si bien será vinculado para su ejercicio con una serie de instrumentos jurídicos como leyes estatales, programas, estrategias, planes, entre otros, mismos que ya en algunos estados se ha hecho un esfuerzo importante para implementarlos, representa el acuerdo al que como sociedad estamos llegando para afirmar de forma contundente en nuestra Constitución Política que en nuestro país las calles son para las personas.

Que siempre en nuestras políticas públicas optaremos por un transporte sustentable. Que tenemos derecho a modos de transportes accesibles, dignos y seguros. Que todo derecho de tránsito es prevenible, pero, sobre todo, que ninguna muerte vial debe de ser justificada o normalizada.

Hoy estamos festejando, pero también reflexionemos sobre lo que tenemos pendiente. Ley General, presupuesto para la movilidad, legislar en materia de movilidad, del cuidado y armonización de las leyes en todos los estados.

No podemos aprobar esta reforma, también, sin mencionar a las familias de todas las personas que han perdido la vida en un hecho de tránsito. A aquellas que han transformado su dolor en activismo para que esto no vuelva a ocurrir, porque nadie debe perder la vida por el simple hecho de trasladarse por las calles.

Compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano, desde hace varias legislaturas decimos sí al reconocimiento del derecho a la movilidad en nuestra Constitución. Y sí a una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Muchas felicidades a todas y todos, las personas involucradas en este proceso y, enhorabuena por esa reforma. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González García. Tiene el uso de la palabra el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me dirijo a quienes siguen con mucho interés esta sesión. Organizaciones, activistas, ciclistas, urbanistas, ciudadanas y ciudadanos. En efecto, hoy aprobamos una reforma histórica que ha costado una lucha de años, muy trascendente.

Son ustedes quienes la han hecho posible. Qué bueno que fue posible con voluntad en la cuarta transformación. Y es hasta ahora que hubo voluntad para reconocer este nuevo derecho en la Constitución.

Sí es un tema eminentemente ciudadano y progresista. Sin duda, lo más relevante de todo es que impactará de manera positiva la vida de millones y millones de personas. Para eso es el Congreso de la Unión, un Congreso hoy útil a las mexicanas y a los mexicanos.

Imaginemos una sociedad donde la gente puede llegar a su trabajo en condiciones seguras, ya sea en bicicleta o en el transporte público, de calidad, con precios accesibles, en condiciones seguras.

Imaginemos a las niñas y los niños de este país en sus traslados a las escuelas, protegidos, con seguridad, sin importar su condición socioeconómica. Imaginemos a nuestros adultos mayores, en un traslado sin barreras físicas que acuden al espacio público, que se pueden apropiar del mismo. Imaginemos un entorno amable, responsable, con calles apropiadas para los diferentes tipos de discapacidades. Unas calles llenas de peatones que caminan seguros. Cientos de bicicletas y donde se ha vuelto común el uso del bicitaxi. Imaginemos una ambulancia que traslada a una persona grave, que llegó a tiempo y salvó la vida, porque había ciudades que estaban preparadas para los trayectos de emergencia.

Eso es el derecho a la movilidad. Es crucial para que se ejerzan muchos otros derechos. Por eso el Estado está obligado a garantizarlo, por eso es una decisión histórica, garantizarlo en igualdad de condiciones, sin diferencias derivadas del poder adquisitivo, de la discapacidad, del género o de la edad.

Con esta reforma se apuntala un país con ciudades sustentables, incluyentes, equitativas. Una sociedad con hábitos de vida más saludables, con protección y seguridad. El Estado responsable, en México se adelanta.

Va a prevenir en este país los accidentes. Va a disminuir el uso del automóvil. Es un nuevo modelo social de movilidad. También me dirijo a las miles de madres y padres que perdieron un hijo, a quienes perdieron a un ser querido. Con esta reforma buscamos corregir el rumbo, repensar las políticas, rediseñar las ciudades para que no haya muertes que pudieran evitarse.

No es una utopía, es pensar solamente, desde un enfoque de derechos, no como lo hacían antes, desde el mercado y desde el gran capital. Esa es la diferencia. En esta cuarta transformación se apuesta por la vida, por la conciencia colectiva, por nuevas formas de relación social y con el medio ambiente, por un desarrollo urbano distinto no depredador, más incluyente.

En la cuarta transformación pensamos en el bienestar de hoy, pero también el del mañana, que tendrá como pilar fundamental el derecho a una nueva movilidad que será segura y sustentable. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Palacios Cordero. Concluida esta ronda de oradores y oradoras, y en términos del artículo 232 del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se consulta, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Procederemos a la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto. En términos del artículo 231, numeral 4 del Reglamento, y de acuerdo al procedimiento que hemos llevado a cabo para realizar las votaciones nominales, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se les recuerda a las y a los diputados que faltan de emitir su voto que resta un minuto para hacerlo. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, el resultado es el siguiente: 351 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Es mayoría calificada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 351 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Informo a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y disponible en el monitor de las curules, acuerdo de la Junta de Coordinación Política para celebrar una sesión solemne con motivo del LXVII aniversario del sufragio femenino en México. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica se consulta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Y comuníquese.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diversos compañeros y compañeras diputadas han solicitado hacer uso de la palabra. Tendrán la oportunidad desde sus curules y por un minuto. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. “Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular derechos”, reza el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

Y esto, señoras y señores, desde la más alta tribuna les digo que es lo que hace el diputado José, Pepe, Casas en Morelos, atacando a las mujeres que hacen política o se desempeñan en la función pública. Primero en contra de siete diputadas, y ahora en contra de la secretaria de Hacienda en Morelos, Mónica Boggio. Hasta cuándo terminará la violencia de Pepe Casas. Y le pido unos pocos segundos más.

(Inicia audio) “A las personas de la cocina y darles una curul por el tema de género...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputada.

(Continúa el audio) ...porque sus maridos no pudieron ser diputados y las pusieron a ustedes, las pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder, al chile pelón, como se dice vulgarmente y le hablo al pueblo, les duele y les lastima, lo siento compañeras, pa qué se meten en esto. Mónica Boggio, secretaria de Hacienda, no está a la altura para sentarse con una ministra y tampoco puede equipararse a la representación popular que tiene un Congreso, un diputado”. (Fin del audio)

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Sosa Ruíz. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho (desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero comentar y pedir que la denuncia que hice hace un rato, hace un momento, del alcalde Adrián Rubalcava sobre mi persona quede en el Diario de los Debates, por favor. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Así será, diputado. Tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): Nada más para hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras diputadas federales, locales, cuerpos edilicios de los ayuntamientos de este país, a los gobernadores, para que ya pongan un alto. Todos, no generalizo, la mayoría de policías de este país ven un camión de carga y lo ven con el signo de pesos.

Se la pasan extorsionando a los transportistas en todas las carreteras de este país. Me he dado a la tarea de leer todos los comentarios de los camioneros que me siguen en las redes sociales y todos los comentarios son de que les tienen más miedo a los policías en este país que a los propios delincuentes.

Es un tema absurdo, cómo es posible que se contraten a miles, quizá millones de policías para dar seguridad y lo único que hacen es estar causando extorsiones a las personas transportistas de este país.

Me pasó, me tocó verlo en Atlacomulco, estado de México, operativos que ponen y siembran objetos y llevan a los conductores al Ministerio Público para extorsionarlos. Así es que, diputados, defendamos a nuestros transportistas y gente de trabajo en este país. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Manzanilla Téllez. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Por la libertad de expresión en Guerrero, intervengo para dar voz a quienes nos dan voz como son los periodistas de Guerrero.

El día de hoy, frente a la Fiscalía General de la República y Palacio de Gobierno del estado, protestaron reporteros y periodistas por las amenazas de muerte de las que son víctimas compañeros de Iguala. En un Estado democrático de derecho, la libertad de expresión y la salvaguarda del derecho a informar y a estar debidamente informados no puede soslayarse, a menos de que quienes deben garantizarlo sea hagan de la vista gorda y sean omisos en esa responsabilidad.

Quienes protestan lo hacen a tiempo. El gobierno de Guerrero y también el federal, deben atender puntualmente, y por eso exhortamos desde aquí para que se garantice el derecho al ejercicio periodístico y el derecho a la verdad, que es un derecho sagrado. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano García. Tiene la palabra la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (desde la curul): Muy buenas tardes, compañeros diputados. Con su permiso, señora presidente. Desde hace ya varias semanas, la comunidad de Villa Puerto Ceiba, perteneciente al municipio de Paraíso, Tabasco, ha padecido una grave escasez de agua potable, lo cual es preocupante en nuestro estado, ya que no es la primera vez que sucede no solo en esta, sino también en otras comunidades, por lo cual hago un llamado respetuoso a las autoridades competentes, como es la Comisión estatal y de Agua y Saneamiento para que en coordinación con las autoridades municipales puedan dar solución a este grave problema que no solamente aqueja a Paraíso, sino también a otros municipios. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano. Tiene la palabra el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Gracias, presidenta. Los consumidores debemos celebrar la suspensión inmediata que la Secretaría de Economía, en apoyo a la Procuraduría Federal del Consumidor, hizo de la comercialización de diversos productos lácteos que no lo son, denominados como quesos y yogurts, por no cumplir normas oficiales mexicanas provenientes de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, en perjuicio de los derechos de los consumidores.

También es motivo de reconocimiento a la Profeco el cierre de diversas gasolineras que continuaban con la práctica fraudulenta de vender litros de gasolina incompletos. Con esto obligamos a todas las gasolineras del país a vender litros de a litro.

Sin duda alguna, todas estas acciones elevarán la competitividad y honestidad empresarial, atacan la corrupción permitida por el neoliberalismo durante muchos años, pero, sobre todo, elevan la confianza del pueblo consumidor a la 4T. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Mojica Wences. Tiene la palabra la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Partido de Encuentro Social.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Gracias, presidenta. Para denunciar actos de violencia política por parte del diputado local del estado de Morelos, Pepe Casas, quien se dirige a las mujeres morelenses que hacen política o están en la función pública, con un lenguaje humillante, denigrante y sexista.

El diputado Casas promueve la cultura de la humillación en repetidas ocasiones. Ha violentado a las mujeres demostrando su nulo respeto a la igualdad y la dignidad humana.

En diciembre de 2019 la Junta de Coordinación Política de esta Cámara emitió un acuerdo donde condenaba los actos de violencia política de género en Morelos y exhortó a los legisladores locales a conducirse bajo los principios de ética.

Se exhortó también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Conavim y a la Conapred. Exigimos que cese la violencia política en el Congreso de Morelos y que se dé puntual seguimiento. Estos actos no se pueden pasar por alto.

(Se reproduce audio) ...es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul por el tema de género, porque sus maridos no pudieron ser diputados y las pusieron a ustedes. Las pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder a chile pelón, como se dice vulgarmente. Y le hablo al pueblo... (Fin del audio)

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Teissier Zavala.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Honorable asamblea, solicito su atención. Esta Presidencia informa que el día de mañana el registro de asistencia se realizará a partir de las 8 horas, por medio de la aplicación instalada en sus teléfonos celulares. Sobre las votaciones nominales de los asuntos que se resuelvan en el pleno, se llevarán a cabo de manera habitual por medio del registro de su huella dactilar en el sistema instalado en sus curules.

Hago énfasis en que el registro de asistencia se realizará por medio de la aplicación instalada en sus teléfonos celulares, exclusivamente. Mientras que las votaciones nominales de los asuntos que se realicen el día de mañana se llevarán a cabo en el salón de sesiones por medio del registro de la huella digital.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (18:20 horas): Se levanta la sesión y cito mañana jueves, 15 de octubre de 2020, a las 10 horas, a la sesión solemne para conmemorar el Sexagésimo Séptimo Aniversario del Sufragio Femenino en México. Y, al término de esta, a sesión ordinaria en modalidad presencial, con la salvedad asentada por lo que hace a registro de asistencia.

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