Minuto de silencio por el fallecimiento de familiares de diputadas y de diputado
Comunicaciones
Declaratoria de reforma de la Constitución
Fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados
Declaración de reforma constitucional de los artículos 108 y 111
Posicionamientos
Lilia Villafuerte Zavala, PVEM
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, PES
Adriana Gabriela Medina Ortíz, PMC
Ángel Benjamín Robles Montoya, PT
Cynthia Iliana López Castro, PRI
Dictámenes a discusión
Declaratoria de publicidad y dispensa de trámites
Por el que reforma el artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, fundamentación
Vicente Alberto Onofre Vázquez
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
María del Carmen Cabrera Lagunas
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforman los artículos 71 y 78 de la Ley de Vivienda, fundamentación
Nancy Claudia Reséndiz Hernández
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Maribel Aguilera Chairez, Morena
Geraldina Isabel Herrera Vega, PMC
Jorge Casarrubias Vázquez, PRD
Verónica María Sobrado Rodríguez, PAN
Carlos Iván Ayala Bobadilla, Morena
María de los Ángeles Ayala Díaz, PAN
Nohemí Alemán Hernández, Morena
Javier Ariel Hidalgo Ponce, Morena
Ignacio Benjamín Campos Equihua, Morena
Comunicación de la Junta, con cambios de integrantes de comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Diputada presidenta, se tienen registrados 426 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (11:10 horas): Se abre la sesión semipresencial del martes 9 de febrero de 2021.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría a dar lectura a las medidas de prevención, en caso de contingencia.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Medidas de prevención en caso de contingencia: identificar las salidas y acceso a las rutas de evacuación, seguir las indicaciones del personal brigadista, quienes señalarán las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.
Como medidas de control y prevención ante el contagio de Covid-19, se recomienda utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia; utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de base de alcohol en gel, evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, no saludar de mano o beso en cara. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Las y los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados externan sus más sentidas condolencias a quienes durante estas semanas han sufrido la irreparable pérdida de sus seres queridos.
A familiares y amigos de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, diputada federal del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, impulsora de las relaciones estrechas de diplomacia parlamentaria con Japón, a través de sus esfuerzos como presidenta del Grupo de Amistad México-Japón, diputada local en el Congreso de Guanajuato, maestra normalista, conferencista y empresaria, quien falleció el día de ayer. Descanse en paz nuestra amiga y compañera.
También a nuestra compañera Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, y a su familia, nuestras condolencias de su señora madre Gloria Ruiz Ávila. A nuestro compañero, el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo, y su familia, les manifestamos nuestras más sentidas condolencias por la irreparable pérdida de su hermano Luis Rubén Montalvo Luna.
A nombre de la Mesa Directiva, expreso nuestra solidaridad a sus familiares y amigos, deseando que encuentren pronto la resignación por tan lamentables pérdidas. Invito respetuosamente a la asamblea a ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 96 del Reglamento, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: La Mesa Directiva comunica las modificaciones de turno de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de las iniciativas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibieron solicitudes de las diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y Ximena Puente de la Mora para retirar iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibió oficio de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, por el que comunica que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterada. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibió oficio de la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano, por el que informa que designó a la diputada Fabiola Loya Hernández como coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterada. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibieron de la Universidad Politécnica del Golfo de México, de la Universidad de Sonora, de las Universidades Autónomas de los Estados de México, de Tamaulipas, de Morelos, y de Occidente, los informes de resultados de las auditorías externas a sus matrículas correspondientes al segundo semestre del 2020.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Continúe.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: El Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República remite copia del Informe de Actividades y Resultados de la Gestión, que se envía al fiscal general de la República, correspondiente al periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2020.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El siguiente punto es la declaratoria de reforma constitucional en materia de fuero. Solicito a la Secretaría que realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Señora presidenta, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
En consecuencia del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 18 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se pide a los presentes ponerse de pie. Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales. Gracias. Si gustan tomar asiento. Para hablar sobre este tema se concederá el uso de la palabra a los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene, el primer lugar, el uso de la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Hace unos días, el 5 de febrero, conmemoramos el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917. Hoy, hago uso de esta alta tribuna con motivo de la declaratoria de reforma constitucional en materia de la llamada inmunidad procesal del presidente, o como algunas personas lo refieren, fuero presidencial.
Nuestra Constitución a lo largo de un poco más de 100 años ha sufrido múltiples reformas, las cuales atienden a la realidad que se vive en el momento y a la realidad a la que se aspira llegar.
Hablar de reformas constitucionales siempre es un tema complejo que genera posturas diversas y encontradas. Sin embargo, debo señalar que las modificaciones a los artículos 108 y 111 constitucionales son de gran relevancia, más bien son históricas, ya que recogen y atienden el reclamo social que durante décadas ha hecho la población exigiendo que nuestro marco normativo no haga distinción entre los mexicanos, que se dejen atrás todas aquellas disposiciones que acentúan las desigualdades.
Los mexicanos han pedido que se legisle a favor de todos, que se legisle a favor de la equidad para no permitir que haya ciudadanos de primera ni de segunda, sino que todos podamos responder ante la justicia cuando así se requiera.
Recientemente, 18 entidades federativas a través de sus Congresos locales han aprobado que nuestra Carta Magna refleje en su texto la nueva realidad del país. Como es del conocimiento de todos, reformar nuestra Constitución implica un proceso especial donde es necesario que, además del que se desarrolla en las Cámaras de Diputados y Senadores, participen al menos la mitad más uno de los Congresos estatales.
Esta disposición prevista por la propia Constitución para su modificación se ha cubierto. Es decir, han quedado avalados los cambios al segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para agregar que el presidente de la República pueda ser procesado en caso de incurrir en delitos electorales y los delitos contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, además del delito de traición a la patria y delitos graves del orden común que ya estaban contemplados.
También ha encontrado el respaldo necesario para la reforma al artículo 111 de nuestra Norma Suprema, al establecer que, para proceder penalmente contra el presidente de la República, a quien deberá acusarse ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 de la propia Constitución.
Con estos trascendentales cambios damos lugar a una nueva época que se amplía el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente de la República. Con esto, se busca dar un mensaje contundente al rechazo de la impunidad.
Ha sido la impunidad un penoso problema en nuestro país, el cual está muy relacionado con la corrupción, la cual se alimentaba de las diferencias que el propio marco normativo plasmaba en su texto. Con estas reformas, los grandes ganadores son los mexicanos, quienes pueden ver materializada una gran conquista, un deseo que había permanecido en pausa y era la eliminación de la existencia de condiciones especiales a los servidores públicos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Hoy, después de que la mayoría de las legislaturas estatales analizaran y aprobaran esta reforma, hacemos la declaratoria de constitucionalidad para modificar los artículos 108 y 111 de nuestro Texto Fundamental y ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado un presidente de la República.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que el fuero no debe de ser un impedimento para poder juzgar penalmente a los servidores públicos que comentan algún delito, con base en los principios de igualdad ante la ley e imparcialidad de la justicia.
El fuero es, según sus orígenes, una herramienta que se atribuyó a determinados servidores públicos para salvaguardar de eventuales acusaciones sin fundamento, derivadas de persecuciones políticas, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado en regímenes democráticos.
Muchos de nuestros luchadores por la democracia fueron perseguidos por un presidencialismo abusivo y autoritario, y eso precisamente es lo que se quiere evitar con la inmunidad procesal. No obstante, a pesar de que muchos abusos se han cometido en el pasado, hoy no cambiamos el procedimiento para someter a un juicio a un presidente y es por ello que esta reforma constituye una simulación más de la cuarta transformación.
En el Grupo Parlamentario del PRD, estamos convencidas y convencidos de que la igualdad es uno de los pilares fundamentales de la democracia al asegurar que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. La democracia constituye un sistema en el actuar de las personas, instituciones y entidades públicas y privadas incluidas desde el propio Estado. Todas y todos estamos sometidos a las leyes que se promulgan públicamente y cuya observancia es la misma.
En México, a pesar de los avances democráticos que hemos logrado, se han construido privilegios como la protección que se otorga a grupos de funcionarios corruptos y transgresores contra lo que no se puede proceder penalmente sin el consentimiento de las mayorías parlamentarias y que los protegen absolutamente bajo un hálito de impunidad.
Debemos señalar, como lo hicimos en su momento, que esta es una reforma demagógica y sin mayor trascendencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo porque la ampliación del número de delitos por los que puede ser juzgado el presidente, no tiene mayor impacto en ecuación de procedimientos en su contra.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que mientras el procedimiento para fincar responsabilidades penales al presidente dependa de una mayoría en el Congreso, como la que hoy nos rige, y no sea una potestad de una fiscalía autónoma con suficiente libertad para realizar las investigaciones que considere pertinentes, el procedimiento penal en contra de un presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo.
Una autonomía que significa libertad para investigar, para detener y para presentar ante las autoridades judiciales a quien sea probablemente responsable de cometer actos ilícitos. La verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República es, en esencia, la que garantizará el derecho de acceso a la justicia, a todas y todos los mexicanos.
Por ello, hemos insistido en la necesidad del fortalecimiento de los órganos autónomos como contrapesos especializados al ejercicio de los Poderes, mismos que han contrariado tanto a la voluntad del primer legislador del Palacio Nacional y que ahora ha propugnado por su desaparición.
No obstante, la postura histórica de nuestro partido nos obliga a asumir la alta responsabilidad de celebrar esta decisión trascendente no solo para quien hoy ocupa la Presidencia de la República, sino para todas y todos los mexicanos, haciendo expreso el compromiso de quienes militamos en el PRD para actuar siempre y en todo momento bajo cánones de legalidad y honorabilidad, reafirmando el principio fundamental de la construcción de una democracia fuerte, la igualdad ante la ley.
Quiero dejar claramente establecido que desde el PRD nos comprometemos con la transparencia y la congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas y buscaremos siempre que quienes sustenten un cargo de elección popular o desempeñen algún puesto en la administración pública, estén sujetos al escrutinio ciudadano, rindan cuentas y, en caso de ser necesario, puedan ser presentados ante la justicia de manera pronta y expedita. El derecho de acceso a la justicia no es moneda de cambio electoral. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Partido Encuentro Social.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina (vía telemática): En Encuentro Social vemos con beneplácito que una más de sus promesas de campaña se ha cumplido y se ha elevado a rango constitucional.
Con la declaratoria de reforma constitucional estamos en presencia de una reforma histórica, con la cual damos fin a la figura del presidente impune e intocable. Ahora, quien ejerce el más alto cargo en la administración pública federal, y el mayor honor al que puede aspirar un mexicano o una mexicana, podrá ser juzgado por corrupción, fraudes electorales y delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
Con esta reforma damos un paso firme para ciudadanizar el poder político, ya no más un fuero constitucional que proteja a servidores públicos de alto rango y que por décadas le servía como protección para realizar abusos en el ejercicio de sus funciones.
Más bien, había una impunidad evidente a ojos del pueblo de México, aunque el fuero se concibió como un privilegio para determinados servidores públicos, a fin de salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de regímenes democráticos, hubo excesos y un mal uso de la figura jurídica. Para decirlo brevemente, se pervirtió el puesto y se deshonró la confianza de la ciudadanía.
Desde la Constitución de 1857 el fuero tenía como finalidad permitir el desempeño de la función pública de manea eficaz, sin embargo, con el paso del tiempo hubo un abuso, constituyendo la inmunidad procesal en un medio para lograr impunidad ante la comisión de graves delitos en perjuicio de la población.
El fuero o inmunidad procesal ya no será un impedimento para poder sustanciar procesos penales en contra del servicio público, a cargo del Poder Ejecutivo Federal.
Vamos ahora a darle cabal cumplimiento al principio de igualdad ante la ley. Y a la imparcialidad en la aplicación de la justicia. No más distinciones ni privilegios para los servidores públicos. No más discrecionalidad ni más conductas contrarias a derecho. Las leyes son para cumplirse.
En Encuentro Social nos congratulamos con esta reforma constitucional, pues para nosotros la disminución de la corrupción en todos los niveles de gobierno es fundamental para poder crecer y restablecer el orden institucional.
Con la reforma de los artículos 108 y 111 de nuestra Constitución Política vamos a tocar una de las mayores investiduras políticas del país, se toca el régimen de responsabilidad del presidente de la República, lo que resulta histórico, pues, si nos remontamos al texto original de la Constitución de 1917, desde ese entonces se establecía que en el artículo 108 el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podría ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
104 años después se escucha al pueblo y con esta declaratoria vamos a quitar privilegios. La figura del fuero nació con la intención de proteger el funcionamiento de las instituciones, no como un privilegio para los encargados de estas.
Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma histórica atiende una demanda largamente solicitada por la ciudadanía. Estamos respondiendo con hechos a los compromisos de campaña. Esta es una reforma que combate el cáncer más extendido por la rancia política mexicana: la corrupción y la impunidad.
En el PES continuaremos promoviendo acciones justas, acciones de derecho, acciones, pues, que nos permitan construir un mejor futuro. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Compañeras y compañeros diputados, hace tres siglos Montesquieu nos recordaba que para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder.
En nuestro contexto ello necesariamente implica trabajar en una amplia agenda, orientar el fortalecimiento de los contrapesos y de la participación ciudadana, aspectos con los que Movimiento Ciudadano siempre estará a favor.
Consecuentemente, las diputadas y los diputados ciudadanos hemos votado y seguiremos luchando a favor de toda iniciativa que en mayor o menor medida oriente el diseño institucional de nuestro país al desarrollo de esos aspectos de contrapesos y participación. Asimismo, tengan la certidumbre de que acompañaremos todas las propuestas que pongan en el debate público, los límites al poder, aunque sus alcances sean prácticamente nulos.
Hoy atestiguamos una declaratoria de reforma constitucional que tiene la virtud de haber logrado el concurso de prácticamente todas las fuerzas políticas en distintas partes de sus etapas legislativas. Asimismo, aportan un poco de claridad gramatical, al especificar y ampliar los delitos por los que puede ser imputado y enjuiciado el titular del Ejecutivo federal.
Lamentablemente este esfuerzo no se pudo llevar hasta donde la ciudadanía esperaba y el país requiere, en cuanto a abreviar procesos de enjuiciamiento o hacer viable el establecimiento de responsabilidades al presidente de la República. Ello debido a que, de antemano los delitos, que ahora se aludirán en el artículo 108, por un lado, ya eran causal de enjuiciamiento, al estar implícitos en el artículo 19 de nuestra Constitución. Y, por otro lado, antes y ahora continúan representando una serie de complicaciones procesales que mantienen inviable la posibilidad de poder probar que el presidente de la República los hubiese cometido. Por lo que la aplicación de las disposiciones constitucionales, cuya declaración hoy nos ocupa, muy difícilmente podrán ejercitarse.
Aunado a esto último, las fórmulas de mayoría requeridas para poder procesar algún caso de juicio, de acuerdo al artículo 111, que plantea esta declaratoria, siguen implicando una configuración legislativa que prácticamente hace políticamente imposible ejercitar la disposición constitucional.
A pesar de estas realidades, debemos reconocer la complejidad del acuerdo que se requería. Implicaba fortalecer la rendición de cuentas, sin desestabilizar al Ejecutivo federal ni abrir espacios que pudiesen vulnerar la independencia de las Cámaras del Congreso.
Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, eliminar o reducir el máximo los márgenes del fuero, es una propuesta y una meta que hemos tenido desde hace años. Así lo dejamos claro en Jalisco, donde eliminamos el fuero desde el 2016, y así lo hemos hecho manifiesto en el ámbito federal, en esta legislatura y en la anterior, en las que impulsamos diferentes propuestas para quitar el fuero y fortalecer nuestra democracia.
En Movimiento Ciudadano valoramos el esfuerzo reflejado en esta reforma, pero lo hacemos sin dejar de reconocer que no estamos retirando el fuero, lo que estamos haciendo es reformular los supuestos poco probables en que podrían abrirse procesos contra el titular del Ejecutivo federal.
Y estamos ratificando un complejo vaivén de asuntos que tendrían que intercambiar ambas Cámaras para poder procesar el enjuiciamiento del presidente de la República.
No obstante, estas realidades que deben decirse para no engañar ni confundir a la ciudadanía, tenemos la convicción de que fue bueno abrir un debate de esta naturaleza. Apreciamos que fue positivo dar a conocer y reavivar los argumentos y consideraciones, delimitar o acotar la inmunidad constitucional.
Y hoy más que nunca, tenemos la certidumbre de que seguiremos propiciando la discusión de este tema, hasta lograr un cambio de fondo que se responda a la necesidad de rendición de cuentas en clama a la sociedad. Ello, sin que fomentemos paralelamente inestabilidad o chantajes entre los Poderes de la Unión.
Por todo lo anterior, en Movimiento Ciudadano votamos por la reforma. Vemos positiva la declaratoria que hoy nos ha congregado, e invitamos al resto de las fuerzas políticas de esta Cámara a seguir trabajando en este y otros temas con la intención de fortalecer los mecanismos de contención al poder político. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: El gran pendiente de México, el gran pendiente que hemos estado enfrentando en estos primeros años de la 4T, es la desigualdad. Los de arriba, que no dejan pasar a los de abajo. Los de la derecha, siempre queriendo eliminar a los de izquierda. Los privilegiados, que desean siempre quedarse con todo, inclusive con la dignidad de las personas.
Pero ha llegado el tiempo de la transformación. Un tiempo que pretende reducir las desigualdades y hacer efectivos los derechos, sobre todo de los más humildes.
Y así podríamos enumerar los importantes avances de nuestro movimiento, de lo que hemos logrado en todos los campos de la vida social.
En lo económico, por ejemplo, el salario mínimo ya está en franca recuperación. Los conservadores decían que si se subía el salario se iba a descontrolar la inflación. Mintieron, como lo han hecho siempre. Y la 4T ahora ya está cumpliendo con ese compromiso, lo estamos haciendo con estabilidad económica y ayudando mucho a los más desprotegidos.
En lo social, hoy las personas con discapacidad, los adultos mayores y muchas personas están recibiendo el apoyo del gobierno, que es el mismo apoyo que les está dando su país. En lo político se eliminaron los privilegios y los lujos de los servidores públicos. En lo sanitario nuestro presidente López Obrador ya está en franca recuperación del Covid-19, pero su gran lección ha sido el no aprovecharse de su puesto para recibir una vacuna, por el contrario, está esperando su turno como cualquier otro ciudadano. Esta es una gran lección de que como país sí se está transformando nuestra nación como lo mandató precisamente el pueblo de México con su voto.
Y es en este contexto, compañeras, compañeros, que se inscribe la adición a nuestra Carta Magna sobre el tema que hoy nos reúne. Se trata de hacernos iguales. Se trata de que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Se trata de que lo que llaman la clase política se baje del pedestal del privilegio y asuma su condición de servicio público, de humildad ante el verdadero mandatario que es el pueblo de México. Quien gobierna con honestidad puede mirar a los ojos a cualquiera, incluyendo al juez más severo.
Por eso nosotros, los diputados, las diputadas de la cuarta transformación, y en particular los de mi partido, el Partido del Trabajo, el partido 100 por ciento obradorista, no dudamos en eliminar el fuero que hizo intocables a los presidentes de la República del pasado, que por ejemplo le metieron las manos a las elecciones.
Y lo hacemos porque, como bien lo dijo el compañero presidente López Obrador, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Nunca más presidentes intocables. Nunca más presidentes que abusen del poder. Nunca más presidentes coludidos con la delincuencia. Nunca más presidentes que se enriquecen a costa de los recursos públicos. Nunca más pillos, como Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Se supieron impunes, pero eso se acabó, porque este año el pueblo alzará la voz en la consulta popular para señalarlos como responsables del desastre, por haber dejado el país en ruinas.
Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, que se escuche bien: en la 4T no le tenemos miedo a esta reforma, porque Andrés Manuel López Obrador no es un delincuente, como lo fueron los presidentes del neoliberalismo. Se acabó el uso de la ley y las instituciones para cometer y encubrir abusos de poder. La lucha del presidente López Obrador en contra de la corrupción y la impunidad es real y en el PT lo seguiremos respaldando.
Por eso quizás, compañeras y compañeros, habría que ir también por la desaparición del fuero de otros actores, que desde su posición siguen haciéndole daño a la nación. Nuestro compañero Fernández Noroña ha puesto ya el dedo en la llaga. Es cuanto, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputada. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Diputadas y diputados, a efecto de que se proceda con la promulgación de la reforma de los artículos 108 y 111 constitucionales, la Presidencia da cuenta de que se ha producido la mayoría de votación por parte de los Congresos en las entidades federativas.
Hace unos días conmemoramos los 104 años de nuestra Constitución. En ese contexto, expertos constitucionalistas han señalado que nuestra Carta Magna ha sido objeto de más de 600 enmiendas, lo que la convierte en uno de los documentos constitucionales más reformados del mundo.
Lo anterior debe movernos a una reflexión sobre la pertinencia de plasmar en la Ley Fundamental cambios que pudieran no considerarse indispensables o incluso la realización de reformas inocuas.
En estos días, a propósito de esta reforma, se ha lanzado al aire un espot del Senado de la República, en el que falsamente se indica que esta reforma elimina el fuero del presidente. Sabemos que esto es una mentira y con ello se hace evidente que estamos ante una operación de Estado para manipular a la opinión pública en época electoral.
Ante las tragedias de salud, economía y seguridad, se recurre a reformar la realidad. Lo dijimos en su momento, esta reforma no implica la desaparición del fuero. La declaratoria de procedencia, en caso de ser necesario que el Ministerio Público impute delitos al presidente, realmente permanece intocado.
El haber echado a andar el complejo aparato constitucional en esta ocasión tuvo como objetivo hacer una aclaración más bien inocua sobre los delitos que pudiesen implicar responsabilidad penal del presidente.
Ciertamente nuestro grupo parlamentario votó a favor de dicha reforma, pero hicimos patente que no se estaba eliminando el fuero, como lo ofreció en su momento como candidato el presidente López Obrador. Además de subrayar y aclarar lo que en realidad implica esta reforma.
Y a propósito del momento delicado que atraviesa el país, no podemos de señalar la urgencia de realizar una revisión, auditoría o investigación sobre la responsabilidad del presidente en su gestión ante la pandemia, cuya negligencia ha costado miles de muertes evitables.
Es contrastante la postura de la mayoría de esta legislatura, celebran lo que no es esta reforma y se han ostentado como un muro infranqueable para el desarrollo de las facultades naturales del Poder Legislativo, a efecto de indagar de manera seria y objetiva la conducta del Poder Ejecutivo ante la tragedia sanitaria, económica y laboral que se cierne sobre el país.
La crisis humanitaria que padecen cientos de miles de familias mexicanas, no merecen la indiferencia, la indolencia, la negligencia ni la ineficacia del gobierno federal. Si esta Cámara detona las facultades de investigación y control del gobierno, la mayoría será coherente con sus expresiones en tribuna en este día. De no ser así, seguiremos como país en un laberinto de engaños y manipulación por quienes hoy gobiernan.
Que la reforma cuya declaratoria hoy se realiza nos ayude a remontar, aunque sea un poco, la indiferencia de la mayoría ante una situación cada vez más desesperada. Que el presidente ajuste sus fallidas estrategias en materia de salud, economía y seguridad, y que por el buen ejemplo ante millones de mexicanos acepte que debe utilizar tapabocas.
Se trata al fin, de la responsabilidad del servidor público más importante del Poder Ejecutivo en México. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Cynthia Iliana López Castro, del PRI.
La diputada Cynthia Iliana López Castro: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Cynthia Iliana López Castro: Primero quiero solidarizarme con los hechos que usted ha sufrido recientemente sobre violencia política. No vamos a permitir que ninguna mujer más sea violentada políticamente por nadie. Por eso somos la legislatura de la paridad de género. Mi solidaridad, querida presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La diputada Cynthia Iliana López Castro: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Una declaratoria de reforma constitucional como la que se está notificando a esta soberanía, nos motiva a hacer un análisis profundo sobre su alcance y significado, sobre todo después de conmemorar el 104 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
Esta declaratoria de reforma política implica que existe el aval de la mayoría de las legislaturas estatales de la Federación, para realizar cambios propuestos por el Congreso de la Unión. Es decir, es un acto de la mayor trascendencia de la vida republicana que nos hemos dado con la integración de los integrantes de la federación. Es renovar nuestros lazos constitucionales como república representativa y federal.
Hoy estamos conociendo la aceptación y modificaciones a los artículos 108 y 111 constitucionales, en materia de inmunidad procesal, un tema que causó alto debate en esta soberanía.
Las legisladoras y legisladores del PRI acompañamos en su momento con nuestro voto esta reforma a la Carta Magna, convencidos de que era un avance para exigir a los servidores públicos rendir cuentas de sus actos como cualquier ciudadano.
Nuestra postura es clara, nosotros propusimos eliminar por completo el fuero en nuestra Constitución. No solo el presidente debe ser juzgado en igualdad en condiciones ante la ley, todos los servidores públicos deberemos representar este principio. No pueden pasar por desapercibidos los severos cuestionamientos sociales sobre la vigencia y el objeto real que se ha conocido como fuero institucional.
Si bien esta reforma constitucional es un avance, no será el suficiente resultado. No podemos estar satisfechos con la modificación hasta que no se realice en la práctica. Señores y señoras, hoy la ciudadanía demanda que seamos legisladores que hagamos el cumplimento de nuestro deber, hoy demandamos que tanto el presidente de la República, como cada uno de los que servimos a la nación, estemos respondiendo a los intereses del pueblo y porque fuimos electos.
Esta reforma constitucional elimina muchas de las cuestiones que la gente dio la batalla durante muchos años. Hoy el presidente de la República está sujeto ante la ley por diversos delitos como estamos cada uno de nosotros. Se acabó aquel fuero donde los diputados eran intocables, se acabó aquel fuero donde los políticos gozaban de ciertos privilegios.
Hoy seremos juzgados al igual que toda la ciudadanía. Libertad e igualdad son los grandes principios que nos han guiado como república. Es nuestro deber consolidar esta aspiración y brindarles a todos los mexicanos la seguridad de que todos, absolutamente todos somos iguales ante la ley. La seguridad de que no importa si es el presidente de la República, un legislador, todos vamos a ser juzgados por igual.
Se acabaron esas protecciones que a la gente no le gustaban, que demandaba, que la gente veía que los legisladores de repente gozaban de esos privilegios se ha acabado y ha sido en esta LXIV Legislatura. Esta reforma constitucional debe ser el paso para lograr eliminar por completo cualquier viso de desigualdad e impunidad en nuestra Constitución. Quien cometa un delito en este país, no importa el nombre y no importa el cargo, tendrá que ser juzgado. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (vía telemática): A todas, a todos, escucho con atención a quienes me anteceden y cabría preguntar: ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no reformaron antes la Constitución para tener esta posibilidad de acceder a la justicia en el país? Es muy sencillo, porque ustedes no tuvieron un presidente como el nuestro que puede gozar de decirse honrado y de trabajar con honestidad, cosa que a ustedes no les queda claro ni lo sabrán hacer.
Por eso, siguen regateando reformas como estas que hacen historia, les guste o no, porque esta legislatura se ha caracterizado precisamente por hacer historia. Avanzamos en un tema fundamental para la cuarta transformación, se eliminan los obstáculos a la justicia.
En nuestro movimiento identificamos la corrupción como el peor de los males que aquejan al país, la restauración del Estado de derecho social y democrático es la única opción para afrontar los retos de la sociedad mexicana. Sin duda, nuestro desarrollo como nación dependerá del éxito de acabar con la corrupción.
En México, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Secretaría de la Función Pública, el costo de la corrupción oscilaba entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto, cuando la media internacional es de 5 por ciento de los gobiernos neoliberales. Nuestro país se encontraba en los últimos lugares del combate de la corrupción e impunidad. Recientemente, Transparencia Internacional en su índice de percepción de la corrupción señala que México ha recuperado 14 lugares en los dos últimos años.
La corrupción se permitió de manera bochornosa desde los actores públicos y privados, por décadas enteras, en detrimento de los derechos humanos y de las grandes mayorías. Mientras unos cuantos se enriquecieron a costa de los bienes públicos y del poder, más de la mitad de los mexicanos fueron desterrados a la pobreza extrema, episodios tan vergonzosos como la casa blanca, la casa de Malinalco, los casos de los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, entre otros, son paradigmáticos para los niveles de corrupción que alcanzaron. Esta insultante desigualdad solo es posible de concretarse a través de la complicidad de la clase política más alta del país.
En congruencia con la lucha por acabar con la corrupción el presidente López Obrador buscó desde el comienzo de su mandato diluir los obstáculos que establecían a la figura presidencial como un monarca intocable, eso se acabó y ya quedó claro, el presidente de la República es un servidor público sujeto al escrutinio de la sociedad y, en consecuencia, puede ser investigado y, en su caso, procesado como cualquier ciudadano.
Para hacer esto realidad, se ampliaron a todos los delitos los supuestos por los que el presidente puede ser acusado durante su mandato. Ya no hay una protección insuperable.
Y, por otro lado, se diluye la barrera infranqueable que, para las deliberaciones de ambas cámaras, de proceder contra el titular del Ejecutivo federal, solo será una.
En este sentido, se debe mencionar que las reformas al artículo 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen como propósito avanzar gradualmente en favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos y de quienes lo ostentan, para contribuir a desaparecer esa brecha existente entre inmunidad e impunidad.
El fuero es, según su génesis, un apoyo que se confiere a determinados servidores públicos, para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de un régimen democrático.
Se mantiene la deliberación de la Cámara de Senadores como una medida contra las acusaciones frívolas y temerarias, aquellas que no persigan la justicia sino la inhabilitación política, cosa que hemos sufrido también.
Sabemos que son capaces, en la oposición moralmente derrotada, el desafuero contra el entonces jefe de gobierno, por abrir una calle hacia un hospital, que fue el pretexto que usaron sus adversarios para pretender derrotar políticamente a un movimiento legítimo. Se revirtió en su contra esa burda pretensión, nuestro movimiento no solo no acabó sino se fortaleció en su calidad moral.
Seguiremos haciendo historia, porque es un mandato de la gente, la población pidió un cambio verdadero, no una transición gatopardista. La transformación de nuestro país es una obligación de Estado en la que estamos comprometidos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputada Aleida Alavez.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de las curules los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
2. De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda.
3. De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71 y 78 de la Ley de Vivienda.
4. De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Toda vez que se cumplió con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se autoriza que los dictámenes mencionados se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En consecuencia, el siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene la palabra el diputado Ernesto Vargas Contreras, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen en los términos que establece el artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Contingencia Sanitaria.
El diputado Ernesto Vargas Contreras (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Ernesto Vargas Contreras (vía telemática): A nombre de la Comisión de Deporte hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen respecto del proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Compañeras y compañeros diputados, el proyecto de decreto que se pone a su consideración tiene por objeto establecer que los estímulos que se entregan a deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte se otorguen en tiempo. Es decir, sin retraso de ningún tipo.
Las ayudas, sus pensiones y reconocimientos a los que hace referencia el artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, materia del presente dictamen, se vinculan a los apoyos económicos o de servicios que se otorgan a los organismos deportivos para los programas de preparación técnica y competitiva para atletas de alto rendimiento.
Estos apoyos se proporcionan a las y los atletas a través de las asociaciones deportivas nacionales del ciclo olímpico y del deporte adaptado, los apoyos económicos y servicios específicos para el desarrollo de la especialidad deportiva y para la realización de los programas de la preparación y participación en competencias internacionales para los atletas de alto rendimiento.
Sin embargo, en los primeros meses en funciones de la actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se dio una fuerte polémica entre esta dependencia y muchos atletas, ya que vieron una disminución y hasta una cancelación de las becas a las que ya habían sido acreedores por su desempeño, por su rendimiento. Y aunque esto se debió a una reestructuración en el procedimiento de asignación de becas, los integrantes de la Comisión de Deporte coincidimos con el espíritu de la iniciativa que presentó el diputado Alberto Onofre Vázquez, en el sentido de la importancia de que los atletas reciban de manera oportuna y en suficiencia, los recursos y equipo necesario para desempeñar la disciplina que practican.
La Ley General de Cultura Física y Deporte establece la posibilidad de poder otorgar beneficios económicos o becas a los deportistas que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación que para tal efecto se emiten.
En ese sentido, es importante señalar que es la Conade, a través de la Junta Directiva, la que acuerda los requisitos por los cuales se determina quién es sujeto a recibir una beca deportiva.
Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de este dictamen se contribuirá a dar certeza a las y los deportistas de alto rendimiento que, de contar con los recursos y equipos necesarios para tener un buen desempeño en competencias de talla internacional, nuestros representantes vayan a dar lo mejor de sí, sin preocupaciones y sin carencias de ningún tipo.
Asimismo, la propuesta de reforma guarda una especial relación con la obligación de garantía y progresividad de los derechos, estipulada en el artículo 1o. constitucional.
En ese sentido, la progresividad implica que el Estado mexicano está obligado a destinar el máximo de recursos para lograr la plena efectividad del derecho a la cultura física y deporte, además supone que las anteriores acciones no se realicen en un breve lapso, sino que se conserven a través del tiempo.
En virtud de ello, la propuesta se considera para esta comisión dictaminadora, oportuna. Y, por tal razón, les solicitamos su voto a favor para la aprobación de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Presidenta, es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, compañero diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Contingencia Sanitaria, tiene la palabra el diputado Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Buenos días, compañeras y compañeros. Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Compañeras y compañeros diputados, México ha sido una tierra de campeones, cuna de innumerables atletas que con su talento han hecho que la bandera nacional se ice en lo más alto del pódium olímpico y paralímpico.
Detrás de cada atleta de alto rendimiento, existe una historia de lucha, de sacrificios y perseverancia. Muchos de ellos empezando desde cero, sin ningún otro tipo de patrocinio más que el de sus familias.
Hablo de mujeres y hombres que han encontrado en el deporte no solo un estilo de vida, sino una pasión, vocación y sueños que no conocen lo imposible.
El deporte no debe de ser solamente como una actividad recreativa, sino también como el camino hacia la pacificación del país que tanto anhelamos. Debemos entenderlo como una herramienta que proteja a las juventudes de las adicciones y del llamado a las filas de la delincuencia.
Ser deportista de alto rendimiento debe de ser una profesión de igual o mayor relevancia que las demás. Una carrera que inspire a las nuevas generaciones, que los motive a seguir con los mismos pasos. Para ello requerimos innovar y perfeccionar la política pública orientada a garantizar la promoción, fomento, estímulo del deporte mexicano, tal y como lo mandata la Constitución.
En este sentido, resulta imperante escuchar, atender y, sobre todo, resolver las demandas de las y los deportistas que por décadas han manifestado. Durante años, sus reclamos expresaron la falta de recursos materiales y humanos, con los que se preparaban para competir a escala nacional e internacional.
En la mayoría de los casos solo fueron ignorados, en otros se pretendió atender sus exigencias con la compra de material de pésima calidad a costos elevados, inapropiados para el uso que se requería dar.
Hoy el gobierno de la cuarta transformación figura como la única administración que ha priorizado en su agenda al deporte mexicano, retomando como una herramienta para la recomposición del tejido social. Para ello, el primer paso dado fue la reestructuración del procedimiento de asignación de becas deportivas, a fin de identificar aquellos casos donde se cobraba el apoyo sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Cabe señalar que eso implicó un retraso en el pago de dichos apoyos a aquellos atletas acreedores a este, reanudándose su entrega con normalidad.
El segundo paso fue eliminar el Fodepar, a efecto de garantizar la entrega directa, sin intermediarios, de todas las ayudas subtenientes y reconocimientos a deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte, así como asegurar la transparencia en el manejo de los recursos.
Y el tercer paso será la aprobación del presente dictamen, a fin de garantizar el otorgamiento de dichos apoyos, en tiempo, para que ningún atleta se retrase en su preparación y continúe sin interrupción su carrera deportiva.
De ahí que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de dicho dictamen, porque para llevar al deporte mexicano los frutos que han dado la cuarta transformación se requiere emprender una política comprometida y responsable que con quienes han hecho soñar sus hazañas.
Mi respeto y reconocimiento a todas y todos los deportistas de alto rendimiento. Tengan la seguridad de que estamos trabajando para hacer realidad el cambio por el que tanto se ha luchado. Muchas gracias a todas y todos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Onofre Vázquez.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática a través de la plataforma digital procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Añádanse, por favor, dos minutos más de tiempo para poder establecer la votación mediante la aplicación telemática. Voy a proceder a solicitar el voto de viva voz o mediante la plataforma Zoom, a compañeras y compañeros que no pudieron resolver su problema técnico. La diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, su votación de viva voz.
La diputada Jacquelina Martínez Juárez (desde la curul): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. La diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, de viva voz. Permítame un momento diputado. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Álvarez.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): A favor, querida presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. La diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, de viva voz.
La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): Gracias, presidenta. Mi voto es a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom. El diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (vía telemática): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Disculpe. La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): Gracias a usted.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, vía Zoom.
La diputada María Libier González Anaya (vía telemática): A favor, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. El diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vía Zoom.
El diputado Juan José Canul Pérez (vía telemática): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado.
El diputado Juan José Canul Pérez (vía telemática): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La diputada Maiella Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de viva voz.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (vía telemática): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante. Gracias, diputada.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (vía telemática): Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 443 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 443 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene la palabra el diputado Ernesto Vargas Contreras, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 13, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Adelante, diputado Vargas Contreras.
El diputado Ernesto Vargas Contreras (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. A nombre de la Comisión de Deporte hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen respecto del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Compañeras y compañeros diputados, el proyecto de decreto que se pone a su consideración tiene por objeto establecer que la Secretaría de Salud y la Conade procuren la existencia y aplicación de programas preventivos relacionados no solo con enfermedades y lesiones, sino que también se consideren las afectaciones a la salud mental derivadas de la práctica deportiva.
En este sentido es importante recordar el término salud mental que nos arroja la Organización Mundial de la Salud –la OMS–, que lo define como bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en la última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
La búsqueda de bienestar deportivo en el ámbito psicológico debe ser uno de los objetivos importantes por atender, se conocen diversos estudios y sustentos sobre los beneficios que por supuesto otorga la práctica del deporte.
Sin embargo, existen también diversas investigaciones en el área de la psicología del deporte que están orientadas hacia el bienestar dentro del ámbito de la competencia deportiva, estas señalan la necesidad de intervenir en materia legislativa para que existan programas preventivos y de atención relacionados con enfermedades, lesiones, trastornos y afectaciones de salud mental derivadas de la práctica deportiva.
Las afectaciones con mayor prevalencia en el ámbito deportivo son: trastornos de comportamiento alimentario, trastornos del sueño, trastornos adaptativos y de dependencia, y lo anterior puede suponer un problema porque a pesar de dichos desafíos psicológicos a los que los deportistas se enfrentan continúan con su carrera si su condición, por supuesto, se los permite. Sin embargo, el desempeño no es el mismo dada la falta de atención psicológica, antes, durante y posterior a una afectación en la salud mental, existen casos que interfieren en la continuidad de su carrera.
Al ser la práctica deportiva la principal actividad de los atletas, se generan diversas conductas nocivas dada la demanda que ello conlleva como el sobreentrenamiento, la ansiedad de ganar, la presión, por supuesto, por parte de los entrenadores, etcétera. Es decir, en el intento de un bienestar deportivo se puede quebrantar el bienestar de un ser humano, pues no existe un equilibrio entre la vida deportiva y la vida personal.
Es importante que tanto entrenadores como deportistas reciban herramientas que faciliten, prevengan y brinden información a fin de concientizar y lograr un buen desempeño, pero de manera equilibrada.
En consecuencia, los integrantes de la Comisión de Deporte consideramos que la aprobación del presente dictamen contribuirá a dar respuesta a los problemas derivados de las emociones negativas que los atletas pueden generar por su actividad deportiva puesto que algunos estudios apuntan que, aunque se producen sensaciones positivas en ocasiones predomina la tensión, la depresión, hostilidad, fatiga, desgano, inseguridad, temor, inhibición y confusión.
Compañeras y compañeros diputados, la incorporación de la existencia y aplicación de programas preventivos, y esto es muy importante para la Comisión de Deporte la prevención, relacionados con afectaciones a la salud mental derivadas de la práctica legislativa en la legislación en materia de cultura física y deporte, implica un proceso benéfico para los futuros atletas de alto rendimiento, deportistas a nivel profesional, ya que contribuirá a su óptimo desempeño, generando deportistas integrales, además, ayudaría a aquellos atletas que ya son profesionales y a los que están por retirarse también o en el retiro, por supuesto, afrontar de mejor manera el fin de su carrera deportiva. Por su voto y por su atención, muchas gracias. Presidenta, es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Vargas Contreras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra la diputada Sarai Núñez Cerón, del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Sarai Núñez Cerón: Con su venia, presidenta. Hoy es un placer subir a esta máxima tribuna para posicionar este dictamen, ya que se estará aprobando la iniciativa que presenté el 24 de octubre de 2019.
Agradezco el buen ánimo de los integrantes de la Comisión de Deporte, así como su presidente, el diputado Ernesto Vargas por impulsar este proyecto y, por supuesto, a su cuerpo técnico.
En nuestro grupo parlamentario, Acción Nacional, si bien se reconoce la importancia de promover y preservar el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, también tomamos en cuenta que el ejercicio de este derecho, sin una adecuada protección a la salud física y mental, puede llegar a afectar la calidad de vida de las personas.
La salud mental, como necesidad básica dentro del equilibrio del ser humano, está ligada a la salud física. Es por ello que gobiernos, comunidades, sociedad civil y familia la promueven, a fin de fortalecerla.
La relación integral entre salud física y mental es estrecha y existe una gran variedad de enfermedades médicas que dan como resultado trastornos mentales que se generan en individuos susceptibles, entre estas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas.
Se ha demostrado que la actividad deportiva se caracteriza porque genera intensos estados emocionales, los cuales ejercen influencia positiva o negativa en los procesos orgánicos y en la conducta humana.
Las emociones que se desarrollan en la lucha deportiva tienen siempre un carácter muy tenso y se refleja en los grandes esfuerzos para triunfar o para lograr mejores marcas y que, por su intensidad, supere los estados de ánimo, de la actividad cotidiana.
Para los deportistas mexicanos, en cualquiera de sus categorías, la salud mental resulta fundamentalmente importante para que el bienestar y el rendimiento sea como ellos desean, dentro y fuera del terreno de competencia. Es el complemento perfecto del estado físico y una técnica bien definida. Sin embargo, es muy raro que se ofrezcan entrenamientos para fortalecer la salud mental a la par de su entrenamiento.
El espíritu de este dictamen que se presenta en esta tribuna, busca que la Secretaría de Salud y la Conade procuren la existencia y la aplicación de programas preventivos relacionados con enfermedades, lesiones y afectaciones a la salud mental, derivadas de la práctica deportiva, así como proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte.
Se adiciona un artículo 108 Bis a la Ley General de la Cultura Física y Deporte. Y aquí un mensaje a todas y todos los deportistas de este país: estamos con ustedes. Concluyo con una frase del psicológico estadounidense Abraham Maslow: “Dele a la gente afectividad y seguridad, y ellos darán afectividad y estarán seguros en sus sentimientos y comportamientos”. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Núñez Cerón. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Ha solicitado la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena. Desde su curul y por un minuto.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves (desde la curul): Gracias, presidenta. Celebro la iniciativa en salud mental deportiva. Sin duda no tener un adecuado apoyo emocional para los deportistas puede ser un factor de fracaso. Pero, no solo ellos, también para la población en general.
En la Comisión de Salud, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, votaron en contra de una reforma en materia de salud mental de la cual soy promovente. Se establece un marco legal para transitar de un modelo asilar a un modelo comunitario, fortalecer el primer nivel de atención y evitar el sufrimiento de millones de familias.
Hoy me alegro de que precisamente sea la diputada Sarai Núñez Cerón, de Acción Nacional, la promovente de esta iniciativa en materia de salud mental. Confío el día de hoy que Acción Nacional reconoce la importancia de esta temática y esperemos que en su momento, en el pleno, estén a favor de esta iniciativa. Gracias, es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital, procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ampliamos dos minutos más, para recoger la votación. Solicito se cierre el sistema electrónico de votación, en tanto recojo de viva voz y mediante la plataforma Zoom, los votos de las y los compañeros que no pudieron acceder a su votación electrónica. Tiene la palabra la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de viva voz.
La diputada Jacquelina Martínez Juárez (desde la curul): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): Gracias, presidenta. A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, de viva voz.
La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): Gracias, presidenta. A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la plataforma Zoom.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (vía telemática): Gracias, diputada presidenta. Mi voto es a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra: (Sin audio).
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 445 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 445 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XVII a artículo 8o. y XIII al artículo 4o. de la Ley de Vivienda. Tiene la palabra la diputada Lucía Flores Olivo, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 13, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria.
La diputada Lucía Flores Olivo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo a esta tribuna a nombre de los integrantes de la Comisión de Vivienda, para presentar el dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 8o. de la Ley de Vivienda.
Este dictamen tiene por objetivo incorporar el concepto de resiliencia en la ley, en la cual se describe la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos o de catástrofes, mientras contribuye positivamente a la adaptación y la transformación hacia la resiliencia. En ese sentido, una ciudad resiliente es aquella que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos. De esta forma las ciudades están mejor preparadas para proteger y mejorar la vida de sus habitantes.
Recordemos que nuestro país se ubica en el cruce de dos grandes placas tectónicas, por lo cual presenta constante actividad sísmica. Además, tiene más de 11 mil kilómetros de litorales, altamente vulnerables por huracanes y tormentas tropicales, entre otros fenómenos de importante potencial destructivo.
Por lo cual coincidimos con la proponente que es fundamental que se incorpore la resiliencia como un parámetro que permitirá generar asentamientos urbanos que, al ser afectados por un fenómeno natural, las edificaciones que lo conforman regresen a su estado original, sin la necesidad de que estos sean demolidos o sustituidos.
Lo anterior permitirá que la construcción de viviendas tenga una característica resiliente, es decir, que sea adecuada al entorno en donde se desarrolle y que tenga la posibilidad de soportar las adversidades del entorno geográfico, lo cual incide directamente en el derecho de acceso a vivienda digna y adecuada establecida en nuestra Constitución.
Además, esta reforma es acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece en el objetivo 11, denominado Comunidades y ciudades sostenibles, la meta de lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Para enriquecer la iniciativa en la comisión consideramos que la propuesta de definición establecida en el artículo 4o., fracción XIII, no quede exclusivamente determinada a un espacio doméstico, sino en un sentido otorgar mayor certeza jurídica urbana y social se conceptualice en un término que atienda a todos los centros de población a lo largo del país.
Si bien el término resiliencia actualmente no está en la ley, todos los cuerpos normativos derivados de ella sí lo incluyen. Por lo que también coincidimos en que el Programa Nacional de Vivienda considere este término en el artículo 8o., fracción XVII.
Por lo anterior es que pido su voto a favor de este dictamen, con el cual llevaremos a cabo la armonización de nuestro derecho positivo, además de contribuir al cumplimiento de las agendas en materia internacional, de las que nuestro país forma parte y ratificada. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Flores Olivo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada María Chávez Pérez: Con su permiso, señora presidenta. Porque es una necesidad a nivel mundial, todas las ciudades son vulnerables a impactos provocados por la naturaleza. En nuestros días, las ciudades y sus habitantes se enfrentan a más desafíos debido a los efectos de la urbanización, el cambio climático y la inestabilidad política.
Actualmente, el 50 por ciento de la población vive en ciudades y está previsto que esta cifra aumentaría en 70 por ciento en el año 2050. Derivado de esto existe la necesidad apremiante de construir nuevas herramientas y planteamientos que den poder a los gobiernos locales y a los ciudadanos, así como que se incremente su capacidad para afrontar nuevos desafíos, protegiendo mejor a los humanos y a los activos económicos naturales de nuestros pueblos y ciudades.
El concepto resiliencia describe la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos o de catástrofes, mientras contribuye positivamente a la adaptación y la transformación hacia la resiliencia. Por tanto, una ciudad resiliente es aquella que evalúa, planea, actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sea repentinos o lentos, de origen esperados o inesperados.
De esta forma, las ciudades están mejor preparadas para proteger y mejorar la vida de sus habitantes para asegurar avances en el desarrollo para fomentar un entorno en el cual se pueda invertir y promover el cambio positivo.
En un escenario sísmico, como el que enfrentó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, se mostró la vulnerabilidad y la falta de preparación para enfrentar un riesgo sísmico de tal magnitud, aunado a riesgos por el cambio climático, es importante desarrollar la resiliencia urbana de las personas en los barrios, colonias para garantizar que todas las personas que cuenten con la capacidad de gestionarse de manera rápida y eficiente antes, durante y después de una emergencia, con el objeto de lograr la rápida recuperación de la ciudad y sus habitantes en el menor plazo posible.
La resiliencia alude a dos puntos fundamentales: uno, la adaptación a la vulnerabilidad inmediata, protección de la población, acceso a los servicios de salud, alimento, etcétera. Dos, la recuperación de diferentes actividades, la cual depende de las características técnicas, organizaciones y sociales de la ciudad. Por consiguiente, se necesita establecer la distribución espacial de los riesgos de la Ciudad de México.
En este sentido, la resiliencia apuntala la capacidad de los asentamientos humanos para asistir y recuperar rápidamente de cualquier peligro. Asimismo, constituye una oportunidad para el desarrollo urbano, contemplando lineamientos generales transversales como una coordinación entre el gobierno central y las diferentes autoridades locales competentes, sociedad civil y sector privado, entre otros, con el objeto de establecer los mecanismos para la atención de una eventual contingencia en nuestro país.
La vulnerabilidad urbana es la condición de susceptibilidad ante los riesgos y depende de la capacidad de resiliencia del gobierno y la población. La Ciudad de México es una urbe que desde su fundación en tiempos prehispánicos registra terremotos preocupantes, el trágico sismo de 1985 marcó nuestro país, no solo por las devastadoras consecuencias sociales y económicas que dejaron tras de sí por las modificaciones normativas a que dieron lugar en materia de ingenierías.
Siempre que existe un evento traumático, de magnitudes como la de los sismos de septiembre, las afectaciones a la ciudad se convierten en cicatrices que permanecen mucho tiempo y dejan su huella social. La política en materia de reconstrucción identifica claramente dos momentos de atención: la emergencia por desastres y la construcción.
Es por eso que el día de hoy presento esta iniciativa de ley por la que se adiciona una fracción XVI al artículo 4o. y se reforma la fracción XVII del artículo 8 de la Ley de Vivienda, contemplando la resiliencia como parte fundamental en la construcción de viviendas de nuestro país. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Chávez Pérez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que concurren de manera telemática a través de la plataforma digital procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados presentes y los que se encuentran de manera telemática procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito se cierre el sistema electrónico, en tanto doy el uso de la palabra para la votación de viva voz y mediante la plataforma digital, a compañeras y compañeros que no pudieron resolver el problema tecnológico de sus equipos. Tiene la palabra la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para votar de viva voz.
La diputada Jacquelina Martínez Juárez (desde la curul): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. La diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, voto de viva voz.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (desde la curul): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. La diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, de viva voz.
La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): Gracias, presidenta. A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. El diputado Hugo Rafel Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena, voto vía Zoom.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (vía telemática): Gracias, diputada presidente. Mi voto es a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz.
El diputado Sergio Mayer Bretón (desde la curul): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 448 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular, por 448 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XVII al artículo 8 y XIII al artículo 4 de la Ley de Vivienda. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Jacquelina Martínez Juárez, hasta por cinco minutos.
La diputada Jacquelina Martínez Juárez: Con su permiso, presidenta. En las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2019, se cambió el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría de Bienestar y con ello las atribuciones que tenía la de Desarrollo Social en materia de vivienda pasaron de esta manera a ser parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, como el de instrumentar nuevos esquemas de financiamiento y subsidio que aseguren vivienda con servicios básicos.
Como bien sabemos, es facultad de la Sedatu realizar ante las instancias competentes de la administración pública federal, estatal y municipal, así como las organizaciones sociales de carácter público y privado, todas las acciones y trámites que permitan el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas de los programas de vivienda, así como planear, programar, ejercer y comprobar el presupuesto aprobado y ejercicio en coordinación con las unidades administrativas que resulten competentes de la Secretaría.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para este año, se le asignaron a Sedatu más de 16 millones de pesos, cifra que representa poco más del 50 por ciento respecto al año del 2020.
Por lo tanto, hubo un aumento del 71 por ciento para los programas que operan dicha Secretaría, relacionados con el otorgamiento de subsidios para la vivienda, por ejemplo, el Programa de Mejoramiento Urbano tuvo un aumento en términos reales de más de 99.3 por ciento al sumar 8 mil 360 millones de pesos.
El esquema nacional de reconstrucción tenía una partida de mil 133 millones de pesos, una disminución anual real del 49.4 por ciento. Y el programa de Vivienda Social tuvo una partida de 4 mil 148 millones de pesos, lo que representa un aumento de 170 por ciento.
Resulta entonces de suma importancia que todos estos recursos asignados a la Secretaría sean comprobados y esclarecidos. Pero, más aún, como se propone en este dictamen en el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore la estimación fundamentada que determine el monto de los recursos federales que se requieren para cumplimentar la política de subsidios en materia de vivienda. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Martínez Juárez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fijar su postura, tiene la palabra la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, saludo y agradezco a quienes, a pesar de las dificultades de esta pandemia hacen posible que nuestros trabajos legislativos continúen.
Desde esta tribuna reconozco a todo el personal de salud que, a pesar de los grandes retos que persiguen y que afrontan día con día, ellos prevalecen en la lucha por todas y todos nosotros.
A todas y todos los enfermos, mi solidaridad y deseos de salud. A los familiares de todas las personas que han fallecido, mi respeto y deseos de pronto consuelo y paz.
Agradezco a los integrantes de la Comisión de Vivienda y al cuerpo técnico de la misma, que se dictamine esta iniciativa, la cual presenté en noviembre de 2019.
Esta pandemia, causada por Covid, nos ha dejado muy claro que uno de los pilares fuertes para las familias es poder contar con un hogar, es poder tener una casa, donde puedan tener la oportunidad de contar con servicios dignos y que todas y cada una de las familias de nuestro país, puedan gozar de igualdad de oportunidades, sin importar su condición social.
Las y los mexicanos tienen el derecho de acceder a una vivienda, por lo cual el acceso a la vivienda debe ser una prioridad en las políticas públicas a emplear por nuestro gobierno mexicano, y gracias a esta reforma, se podrán garantizar subsidios para que las familias puedan mejorar o ampliar su vivienda. Además, de acceder a créditos donde se priorizará a la población de escasos recursos.
Como representantes, uno de nuestros propósitos fundamentales es trabajar para conseguir la plena garantía de todos los derechos de las y los mexicanos. Por ello, me congratula saber que hemos unificado esfuerzos, los grupos parlamentarios de esta Cámara, para poder tener un marco jurídico adecuado para el fortalecimiento de la política de vivienda social en nuestro país.
El objetivo de esta reforma es una armonización legislativa en el artículo 61 de la Ley de Vivienda, conforme a las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se publicó el 30 de noviembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019. Esto, en el Diario Oficial de la Federación, donde quedó establecido en el artículo 41 de esta Ley, que la Sedatu es cabeza del sector de vivienda.
Resulta necesario que Sedatu ejerza a cabalidad esta atribución que establece el artículo 61 de la Ley de Vivienda, de estimar el monto de recursos federales que se requieren para la política de subsidios, considerando en todo momento el rezago habitacional, las necesidades de vivienda, la condición de pobreza de los hogares, así como el grado de marginación de las comunidades, ya sean rurales o urbanas, entre otros elementos.
Esta estimación es fundamental para que se presente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo federal remite a esta Cámara de Diputados para considerarla en la aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año que corresponde.
Es importante, como ya lo mencionaba, compañeras y compañeros, que hoy demos pasos muy firmes hacia la consolidación de una vivienda digna para todas y todos en México.
Hoy con la pandemia nos hemos dado cuenta cómo hay familias que, aunque lo deseen, no pueden estar conservando su sana distancia, lavar sus manos con regularidad. Muchos, esto independientemente de la pandemia, batallan para poder salir al empleo o mandar a sus hijas y a sus hijos a las escuelas por las condiciones en las que están viviendo y los caminos o accesos por los que tienen que transitar para llegar a sus domicilios.
Es por eso que agradezco nuevamente el apoyo para la aprobación de este presente dictamen, porque con ello podemos demostrar que estamos realmente llevando un beneficio para nuestras familias mexicanas. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Murillo Chávez. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido que se cierre el sistema electrónico para que proceda a recoger la votación de viva voz y de plataforma Zoom de compañeras y compañeros que no lograron resolver alguna dificultad tecnológica con su celular. Tiene la palabra la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para votar de viva voz.
La diputada Jacquelina Martínez Juárez (desde la curul): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para votar vía Zoom... Bueno. Tiene la palabra la diputada Cynthia Iliana López Castro...
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (vía telemática): (Sin audio).
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada Álvarez García.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (vía telemática): Sí, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Sería tan amable de repetir el sentido de su voto, diputada Álvarez García? Vamos a proceder a darle la palabra a la diputada Cynthia Iliana López Castro, mientras vemos si se resuelve esa dificultad con la diputada Álvarez García. Adelante, diputada López Castro.
La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): Gracias, diputada, a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (vía telemática): Gracias, diputada presidenta. Por una plataforma incluyente, mi voto es a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, vía Zoom.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (vía telemática): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): A favor, presidenta
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 449 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 449 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Tiene la palabra el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen.
El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen que hoy presentamos desde la Comisión de Pesca, por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que busca atender un tema fundamental que afecta al sector pesquero, un reclamo legítimo de los productores pesqueros y acuícolas, en materia de sustitución de derechos de permisos de pesca, resultando el estudio minucioso de dos iniciativas al interior de la Comisión de Pesca, donde procedimos a la elaboración de un proyecto de dictamen en que en su momento logró el consenso y la aprobación de nuestras compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Pesca.
Ambas iniciativas coincidieron en su motivación y en el tópico jurídico de regular la permisión y otorgamiento de sustitución de permisos de pesca comercial. Actualmente, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable existe una prohibición sobre la sustitución de derechos de permisos de pesca, con excepción de que exista un fallecimiento por parte de un permisionario, lo que viene generando una problemática presente en todo el país, que propicia estancamiento para el sector pesquero e incertidumbre para invertir en esta actividad, entre otros.
De lo anterior se desprendió que existe una antinomia entre la ley y el reglamento respecto a la figura jurídica de la sustitución de títulos de permisos de pesca comercial.
Por otro lado, la ley permite única y exclusivamente la sustitución en caso de fallecimiento, señalando además expresamente que no podrán ser transferidos a terceros, y por otro el reglamento se lo permite señalar alguna circunstancia en específico.
Ante ello, la necesidad de impulsar este proyecto cuyo objetivo es facilitar las gestiones de los productores pesqueros ante la autoridad competente, para que se permita la sustitución de los derechos de permisos de pesca comercial, acuacultura comercial, acuacultura de fomento, acuacultura didáctica, previa solicitud de los titulares y autorización expresa de la Sader, y con ello coadyuvar a no generar una parálisis pesquera por la falta de regulación legal adecuada.
En la práctica actual existen casos en los que se efectúa la sustitución de titulares de permisos de pesca comercial conforme al Reglamento de la Ley de Pesca, por ello, es pertinente elevar a rango de ley la posibilidad para que una persona física o moral pueda trasmitir a través de una sustitución de derechos de permisos a efecto de dotar certeza, certidumbre, seguridad jurídica y legal al sector pesquero, así como de evitar atribuciones por parte de la autoridad.
Establecer en la ley la viabilidad de la sustitución de los titulares de permisos de pesca y se actualice en el reglamento para normar el número de sustituciones permitidas, evitar el monopolio de los permisos y, además, prácticas que pueden desalentar la actividad pesquera mediante esta vía.
Quienes integramos la comisión, reconocemos el impacto positivo que genera la correcta aplicación de los establecido ante el proyecto de decreto para beneficio de las familias de pescadores y acuicultores que subsisten en estas actividades, y de quienes participan en las cadenas de valor de la misma, además para promover condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional, así como desarrollo regional y nacional basado en condiciones de sustentabilidad.
Como legisladores de este periodo de transformación nacional tenemos la oportunidad única de promover el bienestar de las actividades pesqueras y acuícolas, pero, sobre todo, potenciar el desarrollo integral. Por ello, pido su voto a favor del presente dictamen y también felicito el trabajo, el esfuerzo y dedicación de las promoventes, mis compañeras diputadas María del Carmen Cabrera Lagunas y María Ester Alonzo Morales. Felicidades diputadas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ríos Fararoni.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra para fijar su postura vía Zoom, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas (vía telemática): Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, como ustedes saben, México es uno de los países con más kilómetros de costas en el mundo. Sus mares representan 1.3 veces el territorio mundial, con una importante actividad pesquera y una muy importante generación de empleos, y desarrollo de las comunidades costeras. De la pesca, un poco más de 300 mil familias mexicanas dependen directamente y 2 millones de personas lo hacen indirectamente.
Nuestro país es uno de los principales productores de pescados y mariscos a nivel mundial, con una producción anual de aproximadamente 1 millón 753 mil toneladas, lo que lo posiciona en el lugar número 17, a nivel global.
No obstante todo lo anterior, las medidas sanitarias implementadas como el confinamiento han provocado una disminución en el suministro, en el consumo y una caída en los ingresos de las familias pesqueras durante el año pasado.
En este contexto, la pandemia ha provocado grandes turbulencias en la pesca y en la acuacultura, alternando la producción, interrumpiendo las cadenas de suministro y reduciendo el gasto de los consumidores debido a las diversas medidas de confinamiento.
Aunado a lo anterior, se suman diversas problemáticas que siguen enfrentando las comunidades de pescadores ribereños entre otras, la de los trámites burocráticos que tienen que padecer los pescadores para obtener un permiso que les permita estar en la legalidad y, en consecuencia, trabajar y llevar el sustento a sus hogares.
En Encuentro Social estamos convencidos de la necesidad de impulsar modificaciones a la ley que sumen para garantizar los derechos sociales de las y los mexicanos. El dictamen que se pone a consideración, y que propone una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, establece que los permisos en el sector pesquero y de acuacultura puedan ser sustituidos en una solicitud previa de los titulares y los mismos deberán contar con la autorización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y estos no podrán ser transferidos a terceros.
Con lo anterior se busca que los permisos se agilicen en su tramitación y que los pescadores tengan certidumbre y estén en posibilidades de desempeñar sus labores dentro del marco de la ley y sin ningún tipo de problema burocrático.
El dictamen prevé la viabilidad de la sustitución de los titulares de permisos de pesca comercial, siempre y cuando se cumplan los requisitos, así como el número de sustituciones permitidas que determine el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Esto permitirá que, en lo subsecuente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero, así como en las condiciones señaladas en el artículo 43 de la Ley de Pesca, regule el número de sustituciones permitidas evitando el monopolio de permisos, violentando la ley y llevando a cabo prácticas ilegales que vulneran la actividad pesquera mediante estas acciones.
Por todo lo anterior y como promovente, orgullosamente de Guerrero, solicito a esta honorable asamblea que vote a favor del presente dictamen y asumamos el compromiso de promover acciones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los pescadores.
Para finalizar, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros diputados de los diversos grupos parlamentarios que se sumaron en apoyar el presente dictamen de la comisión, dictamen que contiene una propuesta de reforma hecha por su servidora y otra compañera diputada.
También quiero agradecer al presidente de la comisión, el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, por apoyar e impulsar reformas que suman para beneficio del sector pesquero. En Encuentro Social hacemos lo socialmente correcto. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Cabrera Lagunas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Esther Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada María Esther Alonzo Morales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la pesca es una actividad de las que contribuye al desarrollo y crecimiento socioeconómico de México.
Es una actividad productiva que brinda estabilidad y seguridad al sector alimentario. Aporta salud gracias a sus productos de alto valor proteínico, además de generar divisas, crear empleos y de erradicar la pobreza en nuestras comunidades costeras.
Estos logros también son resultados del compromiso que el sector pesquero mexicano tiene con la pesca y con el fomento de nuevas técnicas de cosecha, captura y comercio, cuidado de especies marinas en peligro de extinción y, desde luego, de una administración de permisos ordenada y transparente, eficiente y justa que ofrezca certidumbre a la actividad y a sus productores.
Ante esto, debo señalar que para dedicarse a la pesca comercial se requiere de un permiso especial otorgado por la Conapesca. Este documento autoriza a los pescadores para realizar actividades de extracción de especies marinas y así proveer de alimentos a miles de mexicanos.
Otra forma de adquirir el permiso de pesca es mediante la figura jurídica de sustitución de titular de permiso de pesca. Es decir, cuando por alguna circunstancia el titular decide no continuar con la actividad pesquera y se encuentra en posibilidades de ceder su permiso.
Es así, que a través de la sustitución del titular de permiso de pesca se otorga seguridad jurídica a los pescadores mediante un documento que acredita ejerce su labor de manera legal, ordenada y sustentable.
Sin embargo, en la actualidad, adquirir un permiso de pesca por sustitución del titular es casi imposible. Esto se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece que los permisos de pesca comercial no pueden ser transferidos a terceros y el reglamento contradice lo establecido en ella, incluso, faculta a la Secretaría para autorizar dicha transferencia.
La sustitución de los permisos es fundamental para la labor y continuidad de la actividad pesquera. Esta contradicción entre la ley y el reglamento ha generado en la práctica la autoridad autorice la sustitución de permisos de pesca, aplicando a conveniencia la ley y en otras ocasiones aprovechándose de esta antinomia para no aprobar la sustitución de los permisos de pesca.
Por ello, este dictamen tiene como objetivo dotar de certeza jurídica y administrativa necesaria a las mujeres y hombres dedicados a la actividad pesquera, proponiendo una modificación al artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a fin de que la misma ley establezca la sustitución de los permisos de pesca comercial, evitando con esto arbitrariedades y abusos por parte de la autoridad.
Con esta propuesta refrendo mi compromiso con el sector pesquero de todo México. Agradezco a cada una de las y los integrantes de la Comisión de Pesca, así como al diputado presidente Eulalio Juan Ríos, por el impulso y aportaciones que enriquecieron esta propuesta legislativa.
Compañeras y compañeros legisladores, los invito a apoyar esta iniciativa, los permisos de pesca comercial son fundamentales para el sector pesquero y con toda esta modificación a la ley se brinda certeza jurídica al trabajo de cientos de mexicanos y se evitan prácticas que desalienten la actividad pesquera.
Con su voto a favor se cumplirá un reclamo legítimo de las y los productores, impulsando medidas legislativas para que puedan ejercer su labor con total certidumbre y legalidad. Por su atención, muchas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alonzo Morales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En virtud de que el presente dictamen consta de un solo artículo, las reservas recibidas se desahogarán antes de la votación nominal del asunto, la cual será en un solo acto.
En términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se ha recibido propuesta de modificación por parte de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena, a la cual se le concede el uso de la palabra para presentarla.
La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras, la pesca y la acuacultura son actividades que debemos considerar prioritarias por su valor social, económico y por su aporte a la autosuficiencia alimentaria, así como su importancia para la seguridad alimentaria con un alto valor nutritivo en nuestro país.
Por ello, hoy más que nunca resulta necesario fortalecer los instrumentos que den certeza y seguridad al desarrollo de la actividad de las mujeres y hombres de este sector.
Avanzar en el ordenamiento pesquero en materia de permiso, teniendo como pilar la certeza jurídica del quehacer de la pesca y la acuacultura, es una deuda que como Poder Legislativo debemos subsanar con el sector pesquero.
Hoy, con esta propuesta de reserva que reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura, se da un paso necesario, pero sin duda nos sigue faltando camino por recorrer.
La pesca se caracteriza por su espíritu familiar y comunitario, por lo que las actuales restricciones expresadas en la Ley General de Pesca y Acuacultura, en cuanto a los tiempos de duración de permisos y los cortos periodos para el ejercicio de los mismos, deteriora y vulnera el derecho al trabajo y debilita, y en muchas ocasiones rompe con la cadena de producción.
El sentido de mi reserva se une y busca sumar a la de la promovente de esta reforma, a fin de facilitar a los productores sus gestiones ante las autoridades. Dar fluidez a la sustitución de derechos de permisos de pesca y acuacultura, a fin de dinamizar la actividad pesquera, además de dar prioridad y avanzar en el cumplimiento de las metas del objetivo 14 de la agenda 2030.
Pero solamente podremos avanzar en estas metas internacionales y nacionales poniendo también en el centro de las leyes las necesidades de las mujeres y hombres, quienes requieren de estabilidad y certeza de los instrumentos legales.
En este sentido, propongo reformar el párrafo primero del artículo 51 quedando como sigue: Los permisos de pesca comercial tendrán una duración de uno hasta seis años de acuerdo a la pesquería de que se trate, y lo que se determine el reglamento de la presente ley, así como el dictamen que emita la autoridad competente, Inapesca, y/o el contenido de la carta nacional pesquera, considerando que en la Ley de Pesca y Acuacultura vigente se dispone una duración de dos hasta cinco años. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Yáñez Centeno. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión y se desecha. En el mismo sentido, solicitó el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, hacer una propuesta de modificación en términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Se concede el uso de la palabra al diputado Cayetano García, para presentar dicha propuesta. Dispone de cinco minutos, diputado Cayetano García, quien lo hará vía Zoom.
El diputado Rubén Cayetano García (vía telemática): Muchas gracias, presidenta, con su venia. Agradezco a mi compañero legislador Víctor Mojica Wences, quien se encuentra presente en la sesión y suple mi presencia telemática, al presentar en mi nombre esta reserva de manera física.
Dedico esta intervención de presentación de reserva, con adición al tercer párrafo sobre la reforma al artículo 51 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, a pescadores de todo el litoral de la Costa Chica de Acapulco y de la Costa Grande de Guerrero.
Ha sido históricamente penoso ver cómo la corrupción y el influyentismo hacen su... de pesca del país que se han convertido en auténticas mafias las que, entre organizaciones y autoridades y al margen de la ley negocian los permisos de pesca. La falta de conocimiento de sus derechos de miles de pescadores por la falta de difusión y asesorías de las autoridades competentes, han permitido el manejo discrecional de no solo los permisos, sino los programas y apoyos del gobierno de la República.
Es así como por ejemplo –alzo la voz en Marquelia, Guerrero, mi tierra– fueron excluidos arbitrariamente del programa Bienpesca, del gobierno de la República, los siguientes pescadores: Honorio Castro Cortés, Juan Martínez Petatán, Orodeli Ramírez Espinoza, Ramón Ramírez García, Jesús Carmona Pérez, Carlos García Flores, Pedro Zeferino Gutiérrez, Eduardo Zeferino Gutiérrez, Víctor Manuel Lorenzo Clemente, Inocencio Vargas López, Roberto Rojas Saavedra, Vicente Ramírez Ruiz, Evencio Bustos Pimentel, Jonathan Nolasco Oliborio, César López Juárez, Germán Valentín Pepexicoapan, Héctor Pablo Juárez, Luis Alberto Miranda Candela, Manuel Piza Juárez, Lenin Morales Villanueva, José Tapia Gil, Fidencio Onofre García, Telésforo Ventura Alvarado, Melesio Zurita Martínez, Servando Bustos Cortés, Aquileo Vargas López, Mauro Vargas López, Gerardo Clemente Marín, Clemente Teodoro Hernández, Joel Nandi Sánchez, Víctor Hernández Morales, Jesús Sánchez Tacuba, Luis Alberto Onofre Roque, Jesús Pule Zeferino, Luis Ávila Carmona, Homero Cortés Figueroa, Aarón López de Jesús, Jesús García Donato, Ricardo Figueroa Ventura, Juan Manuel Solano Roque, José Alberto Mario Osuna, Florencio Valle Sandoval, Juan Andrés Acebedo Sandoval, Filiberto Medina Pisa, Margarito Emiliano Romero López, Francisco Marín Lorenzo, Cuauhtémoc Mayo Vázquez, Calixto Rodríguez Hidalgo, Jorge Gómez Lozano, Aurelio Candela Viviano... Antonio Marín Santos, Gonzalo Pablo Juárez, Víctor Cisneros Vargas, Francisco Javier Pérez Nava, Ernesto Guzmán Ruiz, Pánfilo Medel Álvarez y Carlos Marín Petatán.
Diputadas y diputados, la reserva que presento busca mantener la figura de la prórroga en materia de permisos de pesca y acuacultura, a razón de que con la reforma que se discute se están aboliendo las prórrogas, y en su lugar solo estarán previstas las sustituciones. Lo que considero un grave error, porque la prórroga no solo hace prevalecer un derecho, sino que reconoce una legítima antigüedad y experiencia en la productiva actividad pesquera en todo México. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Rubén Cayetano García.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión. Y se desecha. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría a que abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ciérrese el sistema electrónico de votación para que pueda otorgar la palabra y votar de viva voz y mediante la plataforma digital, a varias compañeras y compañeros diputados. Tiene la palabra la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para votar de viva voz.
La diputada Jacquelina Martínez Juárez (desde la curul): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, vía Zoom. Adelante, diputada. Adelante, diputada Álvarez García. Active, por favor, su micrófono. En tanto se resuelve esta dificultad, tiene la palabra el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom. Tiene la palabra la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz.
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (desde la curul): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Nuevamente llamo a la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para votar vía Zoom.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (vía telemática): (Sin audio).
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Asumo que la diputada Álvarez García, vota a favor del dictamen. ¿Es correcto, diputada? Muy bien. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 463 votos en pro, no, perdón. Corrijo, se emitieron 461 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 461 votos el proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71 y 78 de la Ley de Vivienda. Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Señora presidenta. Para mí es honor presentar esta iniciativa que fue propuesta por quien fue un gran luchador social, líder y amigo poblano, el diputado, que en paz descanse, Miguel Acundo, a quien recordamos en esta Cámara con mucho respeto y también con tristeza. Un aplauso para él, por favor, gracias.
Más de mil millones de personas, es decir, aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial, tienen algún tipo de discapacidad en México. Aquí, en nuestro país son 7 millones de habitantes de acuerdo con las encuestas nacionales de dinámica demográfica. Estas personas tienen problemas para subir escaleras, para caminar y para poder trasladarse.
Por ello, se solicita la modificación del artículo 71 y 78 para que exista y se garantice la accesibilidad a los edificios, a las unidades habitacionales, a las casas y los transportistas, perdón, los constructores, los inmobiliarios tengan la obligación de generar las condiciones de accesibilidad para los inmuebles.
En la mayor parte de países desarrollados existen los sistemas necesarios y las instalaciones para que los discapacitados tengan acceso a los inmuebles y puedan desarrollar una vida digna y tengan una eficaz calidad de vida.
Es por ello que la presente iniciativa pretende establecer que la Sedatu promoverá, en coordinación con las autoridades competentes, tanto en nivel estatal o local, la calidad de vida de los ocupantes de las viviendas y garantice la accesibilidad y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados o tropicalizados.
Al tiempo de establecer que el marco normativo mexicano aplicable al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos deben considerar la zona, las características, la cultura y también la accesibilidad de sus habitantes.
Tenemos que avanzar en estos derechos y no olvidarnos de la inmensa cantidad de personas que no tienen accesibilidad a sus viviendas por problemas motores o de discapacidad. La cuarta transformación sigue cumpliendo con México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Carvajal Hidalgo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fijar su postura tiene la palabra la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Hoy, es un día de emociones encontradas para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en breve, siete días, se cumplirán cinco meses de una pérdida irreparable de nuestro amigo y compañero de bancada, el diputado Miguel Acundo González.
Sirva este dictamen para honrar el trabajo de quien dedicó su vida a trabajar por los más necesitados, quien fuera un gran líder campesino y un destacado representante popular del pueblo.
El pasado 22 de septiembre del 2020, Encuentro Social fue claro al señalar desde la tribuna, retomaremos e impulsaremos el trabajo pendiente del diputado Acundo, para que su memoria perviva.
Una de las comisiones de las que formó parte fue la Comisión de Vivienda, donde tuvo como principal compromiso la vivienda popular e inclusiva para todos, Comisión a la que hoy agradecemos tenga a bien avanzar con este proyecto de dictamen. Agradecemos a los grupos parlamentarios por ayudar a que su semilla rinda frutos.
El PES reconoce y hace suyo el compromiso de una vivienda digna para todos, porque lo socialmente correcto es legislar y trabajar para reducir las brechas de la desigualdad y del rezago en la vivienda.
Este dictamen guarda un enorme sentido de inclusión social en materia de vivienda y basada en el fomento de los derechos sociales.
Analizaremos el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71, primer párrafo y 78, primer párrafo, de la Ley de Vivienda, la cual tiene el objetivo de procurar que la vivienda tenga accesibilidad para los más vulnerables: las personas con algún tipo de discapacidad.
Cabe señalar que durante el 2018, el INEGI contabilizó a cerca de 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, de las cuales, el 54.2 por ciento corresponde a mujeres y el 49.9 por ciento son adultos mayores; 7.7 millones de mexicanos que por sus condiciones hoy se encuentran aislados, limitados, con movilidad reducida e insegura de sus viviendas, dada la insuficiente accesibilidad en los edificios y casas.
Lamentablemente, el 50.9 por ciento de las personas con alguna discapacidad son adultos mayores. Quienes tienen más riesgos de lesionarse por la inaccesibilidad y en esta contingencia no ha sido la excepción, pues ante una contingencia sanitaria, como la nuestra, es difícil acceder o salir de su vivienda.
Por ello, es necesario promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, en los que se incluyan a las personas con discapacidad para hacer efectivo su derecho a una vivienda digna y adecuada.
Para la cuarta transformación, una de las principales líneas de acción a rescatar: la vivienda de México y recuperar el sentido de su hogar. Hagamos lo socialmente correcto y rescatemos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad de la discriminación, para que vivan en una vivienda digna, con accesos adecuados para su bienestar.
Concebimos la vivienda digna como un espacio para brindar seguridad y confianza a quienes la habitan. En el PES estamos a favor de que la población más vulnerable cuente con un lugar seguro, está de por medio su dignidad y su integridad humana.
Venimos de un 2020 que fue difícil para las personas con discapacidad, quienes viven con grandes dificultades, aprobemos este dictamen para ayudar, pues una cualidad del ser humano es poder hace el bien. En 2021, el PES trabajará para quienes más lo necesitan, para la accesibilidad de las personas discapacitas en las viviendas.
Agradezco a esta asamblea por acompañar este dictamen del diputado Acundo. El diputado Acundo hizo lo que dijo Gandhi: “vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre”. Es cuando, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reséndiz Hernández. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito el cierre del sistema electrónico de votación, para proceder a dar la palabra a quienes habrán de votar de viva voz, mediante la plataforma Zoom. Tiene la palabra la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN, de viva voz.
La diputada Jacquelina Martínez Juárez (desde la curul): A favor, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, mediante la plataforma Zoom.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (vía telemática): (Sin audio).
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Como no le escuchamos, diputada, si es tan amable con el... Exactamente. Su voto es a favor, muchas gracias. No le he llamado, diputado, sírvase por favor anotarse para que le pueda hacer. Tiene la palabra el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (vía telemática): Gracias, diputada presidente. Mi voto es a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Erika Vannesa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz.
La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (desde la curul): Gracias, presidenta. A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alejandro Carvajal, de viva voz. Por favor, sonido a la curul donde está el diputado Carvajal.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (desde la curul): A favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena, de viva voz. Perdón, por Zoom.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (vía telemática): Muchas gracias, diputada presidenta. Mi voto es a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 450 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 450 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71 y 78 de la Ley de Vivienda. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Abrimos el apartado de iniciativas. Tiene la palabra vía Zoom, la diputada Maribel Aguilera Chairez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta por cinco minutos.
La diputada Maribel Aguilera Chairez (vía telemática): Con el permiso de la Presidencia. Actualmente la política migratoria en México se ha enfocado en atender a los y los migrantes mexicanos que trabajan fuera del país, principalmente en Estados Unidos, a través de la red de consulados operados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración, se encarga de vigilar y... en las personas migrantes extranjeras que llegan a México. Sin embargo, estas acciones gubernamentales no se han enfocado en ubicar y atender a las familias de las y los... trabajadores... que se queda en México ni en mejorar las condiciones de vida de sus comunidades de origen a pesar de que el envío de remesas es un factor de impulso para la economía en México.
Esto representa una violación a los derechos humanos de estas familias que se concentran en las entidades del país donde la falta de oportunidades educativas y laborales son limitadas, aquellas en las que con frecuencia se vulnera el derecho de las personas a gozar de una vida en familia, con condiciones de bienestar y desarrollo integral.
Durante décadas el gobierno ha sido omiso en atender la desintegración familiar por causa de la migración de al menos uno de sus integrantes que viajan a Estados Unidos para trabajar.
La separación de las familias trae consecuencias psicoemocionales en el ámbito privado y familiar. Se sabe que cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos viven en Estados Unidos. Lamentablemente... actualizado del número de hogares en México que tengan a alguno de sus integrantes viviendo en el exterior. De ser aprobada esta iniciativa será posible ubicar dónde están las familias mexicanas de los migrantes que se quedan aquí en México, cuántas son y sobre todo algo: qué necesitan.
Ahora bien, según datos del Banco de México, en el 2018 se contabilizó un total de 33 mil 480 millones de dólares recaudados por conceptos de remesas. En el 19, fueron 36 mil millones de dólares. Y en diciembre del año pasado, 2020, se obtuvieron 40 mil 606 millones de dólares.
Los migrantes mexicanos envían en promedio a nuestro país 321 dólares al mes por concepto de remesas. Si consideramos que el gobierno de México recauda fondos a través del cobro de impuestos, principalmente el 16 por ciento del IVA, podemos decir que alrededor de 130 mil 596 millones de pesos de ingresos al erario público se obtienen de manera indirecta de las remesas.
A lo anterior agreguemos el hecho de que las empresas como Western Union cobran 7.49 por ciento de comisión por cada envío menor a mil dólares que se hace a México. Esto quiere decir que por un envío de 300 dólares, 2 mil 925 pesos mexicanos, se cobran alrededor de 22.47, lo cual representa un valor total de 57 mil 691 millones de pesos, casi al 50 por ciento al monto total que el gobierno recaudaría a través del cobro de impuestos.
Todo esto, explicando, hace notar que las remesas se han vuelto recursos mal distribuidos al estar enfocados en el consumo y no en la inversión de proyectos productivos que permitan a las familias hacer crecer sus ingresos, al margen de los recursos enviados por sus familiares en Estados Unidos. Por ello, es necesario atender este problema central con una estrategia de contención y de reacción a través de un plan que brinde atención integral a las familias de los migrantes y las vincule con las acciones del gobierno de México.
Considerando lo anterior, esta iniciativa de ley busca ser parte fundamental de la construcción de una política pública encaminada a dar atención a las familias de los migrantes a través de la vinculación institucional que busque generar las condiciones para impulsar el desarrollo económico de las familias y sus comunidades, con la finalidad de lograr su reintegración.
Se propone la creación del Programa Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior, tomando en consideración la legislación vigente en materia de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.
Se propone que sea a través de un programa operado por la Secretaría del Bienestar, por el que se conduzca la política para las familias mexicanas que residan en territorio nacional y que cuenten con al menos un integrante viviendo en el extranjero, que tenga como objetivo inhibir la migración de los connacionales al extranjero, fortalezca el tejido social e impulse el autosustento con el desarrollo integral, regional y nacional de los territorios donde residen las familias mexicanas con migrantes en el exterior. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de teletrabajo, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks: A nombre de cuatro fracciones parlamentarias, las ya mencionadas –Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano–, presentamos el día de hoy una iniciativa para teletrabajo que vaya dirigido a los trabajadores al servicio del Estado.
Las tecnologías de la información y comunicación han modificado la manera de interactuar y de trabajar. Esto tanto en el ámbito privado en el inicio de siglo, como recientemente en algunos ámbitos legislativos. En Europa, en 2002; en Chile, en 2001; en Colombia y en Costa Rica, en 2011: y en México, de manera preliminar, en 2012, se fueron incorporando especificaciones para regular esta práctica laboral.
Sin embargo, como legisladores, aun reconociendo que el año pasado, a propuesta de senadores y de diputados, se reguló de manera más plena la Ley Federal del Trabajo, que es la Reglamentaria del Apartado A, del Artículo 123, que en general regula el ámbito privado y gran parte de los organismos descentralizados. Queda pendiente una deuda con los trabajadores al servicio del Estado.
Esta pandemia nos ha puesto de relieve la necesidad de armonizar esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, cuyas relaciones laborales están regidas por lo que se denomina de manera sencilla como la ley burocrática, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Hoy, tanto en lo público como privado, necesitamos reconocer las ventajas y desventajas, tanto como para empleadores como para trabadores, y en la construcción de nuevos marcos jurídicos que nos permitan transitar a nuevos paradigmas de principios de justicia laboral y blindando toda la serie de derechos. Son mecanismos y son instancias para hacerlo exigible.
Hoy queremos dejar sentado que esta iniciativa desea consolidar la modalidad de trabajo, destacando también que está pendiente la norma oficial mexicana que debe ser emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en estadísticas propias de la secretaría reconocen ellos que aproximadamente el 70 por ciento de la actividad laboral en el país podría regularse y atenderse de manera remota. Pero aquí estamos hablando de los trabajadores al servicio del Estado.
El Ejecutivo federal, durante la pandemia, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y algunos criterios de las áreas de recursos humanos, ha venido estableciendo condiciones y la última fecha reciente que se expuso fue hacia el 30 de abril de este año.
En este contexto estamos hablando, primero, del Poder Judicial; segundo, del Poder Legislativo; tercero, de los órganos autónomos; cuarto, de instituciones públicas en general, salvo las que están en el Apartado A, y también el Gobierno de la Ciudad de México.
Esta iniciativa tiene muchas bondades y, a su vez, tiene un conjunto de contenidos fundamentales. Primero, la definición de lo que es teletrabajo. Segundo, las características de la modalidad. Tercero, un conjunto de derechos muy importantes, trabajo digno, igualdad de trato en la remuneración, formación, capacitación, seguridad social, acceso a oportunidades laborales, protección de datos personales, derecho a la intimidad, derecho a asociación sindical, así como también las condiciones óptimas de los trabajadores.
Cuarto. Tenemos que reconocer también las obligaciones de los trabajadores.
Quinto. El proceso de relación laboral con los sindicatos y sus estatutos, y
Sexto. Los mecanismos de comunicación que son deseables, como por ejemplo la comunicación para afiliarse de manera libre, participar en la negociación colectiva, interponer quejas, sugerencias a través de medios digitales.
Las legisladoras y los legisladores de estos cuatro grupos parlamentarios queremos darle certidumbre al trabajador, queremos ir ajustando la transición en materia del nuevo paradigma laboral, y sobre todo la necesidad de un nuevo cambio cultural en las modalidades de la nueva forma de trabajo para utilizar el talento humano en su máxima expresión.
En la parte final se incorpora un transitorio que es muy importante para que las dependencias del sector público inicien la adecuación de normas internas, reconociendo que esta modalidad, a reserva de la adecuación de la norma oficial mexicana, determinen cómo se va a proceder, porque tenemos que reconocer que lamentablemente existen segmentos de trabajadores en el sector público que no están normados en la ley burocrática, y que se rigen por reglas internas de cada institución. Varias de ellas son trabajadores del Congreso de la Unión.
A esta nueva realidad necesitamos soluciones y de manera respetuosa esto es lo que queremos hacer, ir al encuentro del reconocimiento de la realidad y regular este trabajo a distancia. Es cuanto.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. Esta iniciativa también fue suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se concede el uso de la palabra, vía Zoom, al diputado Oscar Jiménez Rayón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, hasta por cinco minutos.
El diputado Oscar Jiménez Rayón (vía telemática): Muchas gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han constituido en una herramienta medular en diferentes esferas de nuestra vida y el ámbito educativo no es la excepción.
La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura refiere que las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. Destaca que pueden aumentar las oportunidades educativas al permitir superar las barreras geográficas, apoyando, ante todo, la educación a distancia, reformando el proceso de enseñanza, desarrollando en la población habilidades tecnológicas para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida.
Sin duda, incorporar herramientas tecnológicas en la educación aporta beneficios que promueven el conocimiento y la interacción, además, la eficiencia y la productividad en el salón de clases entre los profesores y los alumnos.
Las herramientas tecnológicas pueden favorecer la educación e impulsar el talento de los alumnos, de allí la trascendencia de que todos los niños y jóvenes aprendan a usar de manera responsable, pero también pueden generar efectos negativos.
La presente iniciativa tiene como objetivo fomentar estrategias metodológicas o modelos pedagógicos en la educación básica que eviten inconvenientes de los alumnos, como distracción, adicción, perdida de tiempo, fiabilidad de la información, aislamiento, aprendizajes incompletos, ansiedad, etcétera, durante el uso de las tecnologías de la información a través del aprendizaje.
Para poner en perspectiva el tema, basta señalar que en el inicio del ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de educación básica ascendió a poco más de 25 millones de alumnos, que fueron atendidos por 1.2 millones de docentes, en más de 230 mil escuelas en el país. Asimismo, el porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con computadoras es de apenas el 54 por ciento y las que tienen conexión a internet de casi 36 por ciento.
Los desafíos son grandes, por ello, vengo a presentar esta iniciativa, por la que se adiciona una fracción XXV y se recorren las subsecuentes al artículo 30 de la Ley General de Educación, para que los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, de acuerdo al tipo y nivel educativo, incluyan la enseñanza sobre el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación durante el desarrollo de la formación académica de los alumnos.
Ante esta emergencia sanitaria, estudiantes y profesores han tenido que emplear herramientas digitales para continuar con sus clases, ¿estábamos listos para este cambio? La evidencia registrada en los últimos meses nos dice que no. Hoy, quienes tienen mayor acceso a las TIC han logrado mejores resultados en su educación.
Compañeras y compañeros diputados, el artículo 3o. de nuestra Constitución tutela el derecho universal a la educación y señala que su impartición deberá contribuir a desarrollar armónicamente todas las facultades con el crecimiento del ser humano, también establece que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento a la tecnología y la innovación.
Ello reviste singular relevancia, ante todo en la circunstancia actual, donde los alumnos se encuentran tomando clases a distancia a causa de la pandemia del Covid-19. Esta situación está generando un impacto adverso en términos de los aprendizajes de los alumnos, un incremento en los niveles de deserción y la falta de oportunidades educativas.
Ante este panorama, poco alentador, el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación debe ser parte de los planes y programas de estudio para que se genere una concientización sobre su manejo adecuado y responsable que contribuyan al desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes mexicanos. Es cuanto, Presidencia. Muchas gracias.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, a través de la plataforma Zoom, el diputado José Mario Osuna Medina, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
El diputado José Mario Osuna Medina (vía telemática): Gracias, diputado Azuara. Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar sobre la iniciativa que presento, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Es importante mantener un equilibrio entre la salud física y la salud mental, así como un equilibrio entre la vida laboral y familiar, si tomamos en cuenta que, conforme a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, las personas son saludables cuando se goza de un aspecto físico y mental, además del social y del cual se desprende un estado de completo bienestar.
La vida laboral en todo el mundo y en nuestro país se ha vuelto vertiginosa, por lo que obliga a muchas mexicanas y mexicanos a comer productos de fácil acceso, productos que se preparan, en su mayoría, con exceso de grasas y calorías, lo que genera, en el caso de México, que las personas trabajadoras lleguen a padecer una serie de enfermedades que repercuten en su salud y en su vida productiva, tales como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, el estrés, entre otras, en parte, debido a su mala alimentación.
Estas enfermedades, al hacer su aparición, disminuyen las capacidades productivas de las personas trabajadoras, pues al acudir a las instituciones de salud para su atención médica no pueden llevar a cabo las actividades laborales, lo que afecta a toda la cadena productiva y a las empresas, porque al no contar con los servicios del trabajador se ven en la necesidad de recurrir a personal eventual para poder producir sus productos o poder otorgar sus servicios.
Para enfrentar este problema se promulgó la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, la que hoy pretendo reformar. Por lo que quienes hemos vivido en el siglo XX y ahora en el XXI, hemos sido testigos del cambio vertiginoso en todas las actividades del ser humano y, desde luego, en la salud de los habitantes de nuestro país.
Por ello, la salud de la persona que se engloba en la llamada salud pública, es el motor del desarrollo humano y social.
Por lo anterior, es de suma importancia que como diputadas y diputados federales legislemos siempre en favor de la clase trabajadora. Es nuestra obligación que como diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura, y como integrantes de la legislatura de la paridad de género, resaltar el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, asegurando por ley y otros medios apropiados la realización práctica de ese principio.
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, considero de suma importancia la modernización de la legislación, resaltando en ello el que las leyes visibilicen a las mujeres y a los hombres. Es cuanto.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen. Y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se concede el uso de la palabra a la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 10 y 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, hasta por cinco minutos.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Compañeras y compañeros diputados y amigos, el día de hoy presento, ante esta soberanía, una iniciativa que propone reformar los artículos 4o., el 10 y el 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con la finalidad de incluir la aplicación de los avances y resultados de la investigación científica y tecnológica, para fomentar su crecimiento y prosperidad.
De acuerdo con el Inegi, en el 2018, las micro, pequeñas y medianas empresas generaron el 72 por ciento del empleo y el 52 por ciento del producto interno bruto de nuestro país. Sin embargo, a pesar de ser tan importante su participación en la economía nacional, hasta el día de hoy no han recibido la atención y apoyos necesarios para expandir su crecimiento.
Con tan solo recordar los siguientes datos, queda claro el mal manejo que ha tenido el gobierno federal ante la pandemia por Covid-19, pues en abril, del año pasado, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa. Para el periodo de julio a septiembre la pobreza laboral se disparó de 44.5 por ciento y de los 4.9 millones de Mipymes, que había en nuestro país, más de un millón tuvieron que cerrar sus establecimientos de manera definitiva y todas reportaron haber tenido que adquirir deudas, despedir trabajadores, recortar sueldos o prestaciones, entre otras medidas, para contrarrestar las afectaciones y mantenerse a flote.
Pero resulta increíble que ante esos niveles de desempleo y crisis económica que enfrentamos, se hable con tanta naturalidad de la informalidad, cuando en países desarrollados, gracias a la tributación, la población cuenta con servicios de salud y educación eficientes y de cobertura nacional. En cambio, aquí se continúa sin reconocer la importancia de apoyar eficazmente a las Mipymes y mejorar sus capacidades de producción, comercialización y de bienes y servicios.
Y es en ese contexto en el que la iniciativa que hoy presento cobra mayor sentido, pues su objetivo principal es aprovechar y aplicar los conocimientos e información generada por la investigación científica para fortalecer los procesos de organización, producción, distribución y compraventa de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Volver accesibles los avances derivados de la investigación científica, implica no solo un apoyo efectivo para nuestros emprendedores, sino que también representa una manera de generar valor económico, a partir de los recursos públicos que año con año destinamos para la investigación en el Presupuesto de Egresos.
El acceso de todos los sectores sociales y económicos de nuestro país a la innovación y el desarrollo tecnológico que nacen de la investigación científica, no debe tomarse como algo sobreentendido en el contenido de nuestras leyes. Es necesario que la redacción al respecto sea clara y contundente, para que se genere una obligación y compromiso real del gobierno de facilitar, mediante todos los mecanismos posibles el acercamiento a esos conocimientos.
Un ejemplo claro de cómo se pueden beneficiar las Mipymes de la ciencia, lo encontramos en el modelo de educación dual, que define el aprendizaje basado en el trabajo para que las y los estudiantes completen los conocimientos que obtienen en el aula con la práctica que todos los días se realiza en los centros de trabajo.
Tan solo en Europa, un estudio revela que en los últimos años los productos que han resultado de la alianza estratégica entre centros de investigación y Pymes, han alcanzado casi el 20 por ciento de la producción total en la Unión Europea.
En México, más de un millón de estudiantes intentan integrarse al sector laboral cada año, pero su falta de experiencia les dificulta el acceso a un trabajo. Sin embargo, con el modelo dual se eleva la calidad de la formación de los estudiantes, pues desarrollan competencias profesionales y técnicas para llevar a cabo sus tareas.
En ese sentido, las universidades podrían aportar investigadores, centros de investigación y laboratorios, mientras que las empresas abrirían sus puertas a analistas, practicantes e investigadores, para que apliquen sus conocimientos y propongan nuevas e innovadoras formas de llevar a cabo las labores.
Este puente entre la escuela y el trabajo lo debe construir el gobierno, no a través de programas que lo único que logran es un beneficio temporal para las empresas, sin obtener ningún beneficio claro para el estudiante.
Por ello, con las modificaciones que propongo se impulsa a los futuros estudiantes, científicos e innovadores, a insertarse al mundo laboral de inmediato y, al mismo tiempo, se incentivan a las Mipymes a aplicar la investigación científica en la mejora de sus procesos de creación de bienes o prestación de servicios, obteniendo así un beneficio para ambas partes.
Dejar establecido en esta ley la aplicación de la investigación científica para promover la productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, le permitirá modernizar sus procesos y procedimientos, aumentar los niveles de capacitación a su personal, emplear habilidades, las tecnológicas de la información para la formación de recursos humanos, obtención de financiamiento, constitución de ventas on line, manejo y emisión de facturas, entre otras miles de posibilidades que ofrece la aplicación de la investigación científica.
Hoy, más que nunca, México requiere desarrollar y modernizar las capacidades productivas y administrativas de las Mipymes. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional.
El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.
El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución, pretende hacer efectiva el lema de la LXIV Legislatura, es decir, la paridad de género.
Esta frase, es el resultado de una lucha histórica, genuina e inevitable, la igualdad sustantiva de la mujer frente a los hombres, cuyos resultados deben plasmarse en los aparatos normativos que esta Cámara del Congreso de la Unión propone, debate y, en su caso, aprueba.
Hablar de paridad de género, además implica colocar a las mujeres en el centro de escenario social, económico, político y cultural, a través de su trabajo y con base a su capacidad que la sociedad en su conjunto nos hemos beneficiado de sus aportaciones históricas y que son un semillero de un mejor futuro, un futuro con igualdad, con oportunidades y con liderazgo.
Es necesario resaltar que en el escenario internacional existen diversos instrumentos jurídicos que han obligado a los estados parte a modificar sus legislaciones internas desde los años ochenta, a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y posibilitar que exista igualdad de circunstancias. Su lugar está donde ellas quieran estar.
Aun cuando se han implementado políticas públicas encaminadas a luchar contra la discriminación e incentivar la participación de la mujer, la estructura social, cultural y económica en la que vivimos resulta compleja y muchas veces desafortunadamente adversa.
Ejemplo de lo anterior son los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, donde el 18 por ciento de la población cree que las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres y el 12 por ciento de la población cree que algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Estos infortunados resultados reflejan la opinión de parte de la sociedad mexicana y permiten hacer un análisis social en donde estamos y las estrategias a seguir para enderezar el camino y lograr una sociedad más justa.
Además, en el ámbito laboral para el otorgamiento y ascenso de puestos laborales se solicitan certificados médicos de no embarazo a las mujeres, entrometiéndose en la vida privada de ellas, como su estado civil y el derecho a formar una familia y el número de hijos. Con eso claramente se condicionan los puestos y ascensos laborales, otorgándoselos a los hombres o a otras mujeres que hayan sacrificado la vida materna, su familia o incluso sus hijos.
Por otra parte, según los ingresos salariales, las mujeres que pertenecen a países de la OCDE, incluido México, perciben hasta un 16 por ciento de salario menos que los hombres, comparado en puestos iguales. Además, de acuerdo con los censos económicos de Inegi, las mujeres representan el 43.8 por ciento del personal ocupado y el 75.3 por ciento del trabajo no remunerado, impactando de manera directa en el producto interno bruto.
No obstante el incremento en la participación económica en diversos sectores gubernamentales, se les siguen todavía solicitando el certificado médico de no embarazo, condicionando con ello su ascenso laboral.
Es por estas razones, compañeras y compañeros legisladores, que propongo ante esta honorable asamblea esta modificación, para prohibir por ley cualquier certificado médico a las mujeres que condicione su ascenso laboral y tenga por objeto inmiscuirse en su vida privada, como el derecho a formar una familia, su estado civil y decidir sobre el número y esparcimiento de sus hijos.
Compañeras y compañeros, hagamos honor a esta legislatura de la paridad de género. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Casarrubias Vázquez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Con el permiso de la Presidencia.
EL presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Diputadas y diputados, muy buenas tardes. El de la palabra, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la siguiente iniciativa que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de flexibilizar su margen de gasto, excepcionalmente durante la crisis sanitaria y económica.
El panorama económico que atraviesan las entidades federativas en todo el territorio nacional, derivado de la pandemia del Covid-19, presenta efectos devastadores. México se encuentra hundido en 2 crisis: la sanitaria y la económica, debido al azote de la pandemia generada por la enfermedad del Covid-19, que arremetió contra la salud y la vida de las y los mexicanos.
Al estancamiento económico registrado en los primeros 3 meses de 2019 siguieron 4 meses consecutivos de recesión, como ya anticipaban numerosas instituciones nacionales e internacionales antes de la aparición de la pandemia. Todavía en febrero del año pasado, nadie podía imaginar ni remotamente lo que acontecería en el transcurso de 2020.
Tras la implementación de medidas sanitarias para la contención del virus, entre las que destaca el confinamiento social en abril pasado, las familias y las comunidades en todas las entidades federativas padecieron en carne propia y en sus bolsillos los estragos devastadores del decrecimiento negativo del orden del 18.7 por ciento, reportado de abril a junio de 2020. Un panorama desolador y dramático, solo comparable con el peor episodio económico registrado en la historia de México, del año 1932. Es decir, hace casi 90 años.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 2020 el gobierno federal y los estados de la República Mexicana tuvieron menores ingresos que los estimados. Los ingresos petroleros fueron inferiores a 381 mil millones de pesos respecto a lo programado y los ingresos tributarios quedaron 166 mil millones de pesos por debajo de lo proyectado
Lo anterior repercutió en una severa contracción de la recaudación federal participable, de alrededor del 7.2 por ciento, lo que es equivalente a 107 mil 716 millones de pesos. Lo anterior significó menor pago de participaciones a los estados y municipios. Y, aunque según la Secretaría de Hacienda fueron compensados parcialmente con los recursos del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas, se anticipa una escasez aguda de recursos en los gobiernos estatales y municipales para enfrentar las demandas en materia de salud y economía.
Es por ello que las y los diputados Grupo Parlamentario del PRD proponemos la presente iniciativa con el propósito de establecer que, por factores excepcionales, como crisis sanitarias o económicas, cuando se prevea un balance presupuestario negativo su restablecimiento se realice conforme al marco de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios.
Ello como parte de un plan de ruta inaplazable que reconsidere emprender un procedimiento de contingencia para detonar el mercado interno, con el objeto de sacar del socavón de menos del 8.5 por ciento a la economía nacional. Esto a partir de detonar el mercado interno a través de los estados y municipios.
Lo anterior no se opone a la apuesta del gobierno federal para que el dinamismo de la economía estadounidense constituya el remolque de nuestra economía. El gobierno norteamericano instruyó una política de incentivos fiscales y redistribución del ingreso y el empleo, que impactó favorablemente en la recuperación económica y el empleo.
En efecto, la demanda externa catapultó las exportaciones mexicanas y generó un superávit histórico en la balanza comercial de 34 mil 476 millones de dólares y, de paso, revitalizó las remesas de nuestros connacionales. No obstante, en el Grupo Parlamentario del PRD apostamos por detonar el mercado nacional para dar un alivio económico a las familias mexicanas, a partir del desarrollo y el crecimiento nacional.
Lo anterior, ante el escenario de pobreza en más de 10 millones de mexicanos, mayor desempleo, quiebra de miles y miles de empresas y una recuperación con muy escasas expectativas de crecimiento, con la iniciativa impulsamos la atención a la necesidad de flexibilizar excepcionalmente el marco normativo de la Ley de Disciplina Financiera, con el fin de que dichos niveles de gobierno estén en posibilidades de afrontar coyunturalmente las necesidades que requieran sus poblaciones, sin dejar de observar los objetivos que fueron delineados en los programas de gasto de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esto abonará para que las entidades estén en posibilidad de atender las inevitables y urgentes demandas sociales de sus poblaciones en las más diversas variadas, además de la salud u otras de carácter económico.
Señalo que la propuesta se enmarca y cobra sentido en situaciones de emergencia económica o por razones sanitarias, como la que actualmente estamos padeciendo por la pandemia provocada por el Covid-19, lo que ha imposibilitado que las empresas, comercios, personas físicas que laboren en el comercio formal e informal, puedan desarrollar su actividad sin riesgos de contagio. Es cuanto.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Zulma Espinoza Mata, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Gracias. El Covid-19 les ha costado la vida a millones de personas y ha causado múltiples estragos en la salud de la población de todo el mundo. Además, las medidas sanitarias para evitar su propagación han generado grandes afectaciones en el ámbito económico y social.
La magnitud de la crisis provocada por la pandemia hizo que se aceleraran de manera extraordinaria los esfuerzos de la comunidad científica para encontrar la vacuna que permita inmunizar a las personas, y de esa forma estar en condiciones de volver gradualmente a la normalidad.
Regularmente, una vacuna lleva muchos años para ser desarrollada, pero en el caso de la vacuna contra el Covid-19 su desarrollo ha tardado menos de un año. Esto se debe, además de la urgencia, a la disponibilidad de tecnologías modernas y a la experiencia acumulada recientemente en la producción de vacunas contra otros virus.
A la fecha existen ya vacunas seguras, desarrolladas por diversos laboratorios de diferentes partes del mundo, que garantizan una alta efectividad que suponen una luz de esperanza al final del túnel para que la humanidad supere la pandemia.
En este contexto, se han realizado diversos esfuerzos para lograr que la vacuna sea accesible para toda la población y para afrontar el reto logístico que implica inmunizar a miles de millones de personas alrededor del planeta.
Nuestro país fue uno de los primeros en buscar acuerdos con los fabricantes de vacunas con el fin de asegurar una cantidad suficiente de dosis para todos los mexicanos, igualmente, fue promotor y pionero México de iniciativas en las Naciones Unidas, como lo es el mecanismo Covax, para asegurar que los países menos favorecidos tuvieran un acceso equitativo, justo y rápido a las vacunas contra el Covid-19.
Asimismo, el gobierno de nuestro país, al igual que lo han hecho otros gobiernos del mundo, ha establecido ya planes de vacunación que priorizan la inmunización de ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, el personal médico que se encuentra en la primera línea de combate contra el Covid-19, en primer lugar, y posteriormente los adultos mayores y otros grupos vulnerables por su condición de salud.
Las pautas sobre cómo distribuir la vacunación contra el Covid-19, seguidas por los diversos gobiernos del mundo, están basadas en las sugerencias de comités científicos y expertos en medicina e ingeniería, y tienen como principal prioridad maximizar el beneficio social reduciendo las tasas de muerte, discapacidad y trasmisión del virus.
El pasado viernes 22 de enero, el presidente de la República adelantó en su conferencia de prensa matutina que había instruido a la Secretaría de Salud para que emitiera un decreto que permita a cualquier empresa o gobierno local del país adquirir vacunas, lo cual, hasta hace unas cuentas semanas no era posible.
No obstante, lo anterior, integrantes de la industria farmacéutica aclararon que para que esto ocurra deben pasar al menos tres meses, periodo en el que se espera que los distintos laboratorios hayan ampliado su capacidad de producción.
Las dificultades para el acceso de la vacuna por parte de los particulares han generado que algunas personas realicen intentos indebidos para ser vacunados sin ser parte de los grupos que los planes de vacunación de las autoridades sanitarias han establecido como prioritarios.
Apenas comenzó la aplicación de la vacuna en el territorio nacional, los medios de comunicación dieron cuenta de un par de casos de servidores públicos en el estado de México y en Coahuila que, abusando de su posición, lograron acceder de manera indebida a esta, para ellos y para alguno de sus familiares.
Tristemente, estos no son solo dos ejemplos de arbitrariedad y de falta de empatía con lo que los demás que pudieran seguirse presentando en nuestro país hasta en tanto no se facilite y agilice el acceso a las vacunas. Lo cual, conviene aclarar, dependerá de la disponibilidad de dosis que garanticen los fabricantes.
Abusos como los señalados no deben permitirse y merecen ser castigados, la vacuna en México es universal, gratuita. Sin embargo, el acceso a la misma debe de ser ordenado y de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria.
Actualmente, la Ley General de Salud no prevé castigo para quienes aprovechándose de su posición accedan indebidamente a vacunas destinadas a acciones extraordinarias de vacunación como es el caso del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
Por lo anterior, en el Partido Verde proponemos adicionar un artículo 462 Bis 2, de la Ley General de Salud para establecer que se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de 100 a mil veces la unidad de medida y actualización al servidor público que gestione, tramite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas contraviniendo lo dispuesto por las autoridades sanitarias, en los programas de inmunización extraordinaria en caso de epidemia grave para sí o para su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero que con él tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Justicia para opinión.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, vía Zoom, el diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 2o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por cinco minutos.
El diputado Ulises García Soto (vía telemática): Con permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.
El diputado Ulises García Soto (vía telemática): Escribe Eduardo Galeano de la festividad de los pueblos de nuestra América a la Madre Tierra, bailan y cantan sus hijos, en esta jornada inacabable y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los manjares de maíz y un sorbito de cada uno de los tragos fuertes que les moja la alegría. Y al final, le piden perdón por tanto daño. Esta es la fe más antigua de las Américas.
No podemos entender nuestro lugar en el universo sin la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Antes de la llegada de los europeos, por todo el continente americano abundaban pueblos que entendían la conexión del hombre con su naturaleza. Muchos siglos después, esa visión aún sobrevive, sobrevive incrustada en la filosofía de nuestros pueblos. No podemos entender nuestra naturaleza de mexicanos excluyendo esta filosofía de apego a la madre Tierra de donde venimos y a donde inexorablemente terminaremos.
El progreso industrial con sus bondades y sus innumerables consecuencias negativas al medio ambiente, han socavado esta relación casi espiritual con nuestro medio ambiente.
Afortunadamente, sobreviven apeñuscados en las montañas y las barrancas, desde la sierra tarahumara de Chihuahua, pasando por Huilcuta, la selva Lacandona, los Andes de los aymara, hasta los Mapuches, al sur del continente, un hilo conductor que nos susurra al oído las bondades de regresar la mirada al origen para poder construir juntos un futuro.
Y es justamente la cosmovisión indígena de donde nuestros pueblos reconocen a la Madre Tierra y a sus elementos sagrados, mismos que son propios de valorar y plasmar a nivel constitucional.
El objetivo de la presente iniciativa es incorporar en la Constitución Política el concepto de Madre Tierra, como objeto de derecho e interés público. Y así reconocer una visión que liga a todos los individuos, a los seres vivos y a nuestro planeta, el cual debemos conservar y proteger, a fin de seguir disfrutando de sus innumerables beneficios.
Presento ante esta soberanía la iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento de la madre Tierra. Para ello, se propone incorporar dicho reconocimiento al artículo 2 y al artículo 27 constitucionales.
Alrededor del mundo y en México, la Tierra... desde una cosmovisión indígena, pues son los pueblos originarios de México, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, quienes han reconocido el verdadero valor de los elementos sagrados que la Tierra nos ha dado.
La Organización de las Naciones Unidas, el 22 de abril del 2019, decretó cada año que se conmemore el Día Internacional de la Madre Tierra y el 5 de julio el Día Mundial del Medio Ambiente en que se reconoce a la Tierra y a sus ecosistemas, que son los que nos proporcionan vida.
Además, tiene el propósito de generar conciencia sobre la importancia de proteger a la Tierra para así construir un medio ambiente sostenible.
Nuestros hermanos latinoamericanos, en Ecuador en el 2008 y en Bolivia en el 2009, han reconocido en sus constituciones los derechos a la madre Tierra. México es un país diverso en ecosistemas y por eso hace un país rico en recursos naturales, pues tan solo en México se encuentra presente el 12 por ciento de la diversidad terrestre del planeta.
Generar conciencia sobre el buen uso del aprovechamiento de los recursos naturales es tarea de todos y el reconocimiento a los dones que la Tierra nos da, como país, tiene que estar plasmado en la Carta Magna.
Agradezcamos a la vida la dicha de haber nacido en una tierra sagrada, desde los desiertos de los yaquis hasta la selva de los mayas. Disfrutemos de sus frutos y reconozcámosla como sujeto de derecho, para que las próximas generaciones la liberen de toda explotación y la disfruten plenamente. Es cuanto.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.
La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Compañeras y compañeros, presento ante ustedes la iniciativa de reforma al artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que en la publicidad destinada al público infantil se adicione la fracción IX y no se permita la reproducción de estereotipos de género y de violencia contra las mujeres y las niñas.
Actualmente, las niñas y los niños siguen presenciando en sus contextos de desarrollo numerosas situaciones de desigualdad, ya sea en el núcleo familiar, en los medios de comunicación, en los contenidos educativos, entre otros.
Es en la infancia, especialmente de los dos a los nueve años, donde las niñas y los niños aprenden las conductas que marcan su desarrollo. De tal forma que si se reproducen los estereotipos, estos limitan su desarrollo y condicionan las expectativas de las niñas y los niños, por lo que es indispensable eliminar los roles de género.
No cabe duda que los medios de comunicación y la publicidad son instituciones sociales que transmiten mensajes sobre lo que es considerado normal y aquello que no lo es. De ahí su impacto en la reproducción de estereotipos de género y en la violencia.
Porque los estereotipos en la publicidad son imágenes y textos normalmente aceptadas, que se usan para representar a distintos grupos de personas en anuncios o comerciales, por lo que sus contenidos llegan a asignar roles sociales.
Aunque en ocasiones estos pudieran parecer inofensivos, generan prejuicios sobre las personas, o lo que estas desempeñan en la sociedad.
Ejemplos de estos estereotipos que a veces son sutiles, pero que dañan son, por ejemplo, la mujer siendo la única encargada de las labores del hogar, mientras que el hombre es torpe en las labores de la casa. Los niños exploradores y las niñas princesas. Además de otros más discriminatorios, como la mujer en posición de inferioridad y dependencia, incapaz de controlar sus emociones, o como objeto de deseo. La aparición de situaciones de violencia o dominio del hombre sobre la mujer, o bien, presentar a mujeres y niñas en forma hipersexualizada.
La lucha contra la transmisión de estereotipos sexistas a través de los medios y de la publicidad es un reto prioritario establecido por los organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Unión Europea. No podemos permitir que en nombre de la libertad de expresión existan estereotipos de género vinculados a los medios de comunicación y a la publicidad, porque esto daña la igualdad, fomenta la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas.
Aunado a lo anterior, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, la mayoría de las veces se piensa en la violencia física. Sin embargo, hay otras más sutiles, pero que también generan un daño profundo en la sociedad, una de ellas es la violencia simbólica, que ocurre cuando se transmiten patrones de comportamiento y actitudes que justifican un trato desigual, promoviendo la cosificación de las mujeres y reforzando roles y estereotipos.
Recordemos que la violencia contra las mujeres y niñas tiene sus raíces en la discriminación y en la desigualdad, ya que esta parte de normas sociales y estereotipos y de ahí la importancia de educar a la comunidad, a las niñas y a los niños, para no repetir ni normalizar este tipo de conductas.
En esta tribuna nos hemos pronunciado, en repetidas ocasiones, para que se lleven a cabo políticas públicas y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Hoy, compañeras y compañeros, estamos llamadas y llamados a promover un cambio. Por ello, se debe evitar que los medios reproduzcan modelos de violencia, y en su lugar, estos medios deben convertirse en una herramienta eficaz a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Es momento de que nuestra legislación establezca claramente que la publicidad infantil no debe reproducir estereotipos de género y de violencia contra las mujeres y niñas. Es el objetivo de esta iniciativa.
Es momento de que nos sumemos y levantemos la voz por una vida libre de violencia contra las mujeres y niñas y por una sociedad donde todas y todos vivamos en igualdad. Es cuanto, y muchas gracias.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se concede la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por cinco minutos.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Unicef asegura, en este documento, a menos que la comunidad mundial cambie sus prioridades de inmediato, es posible que perdamos el potencial de esta generación de gente joven.
Y aquí unos datos alarmantes que revelan la catástrofe en la que estamos y que demandan nuestra mayor atención, para que esta generación de niñas, niños y jóvenes no sea una generación perdida.
Las interrupciones de los servicios y el aumento de la desnutrición podrían ocasionar dos millones de muertes de menores de cinco años mundialmente, además que entre 6 y 7 millones de niños menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda.
En el mundo, debido al Covid, 140 millones de niñas y niños más viven en hogares pobres, y aún peor, por cada período de tres meses de confinamiento establecido para combatir la pandemia, podrían producirse otros 15 millones de casos de violencia de género.
Los niños enfrentan a tres amenazas distintas: las consecuencias directas de la propia enfermedad, la interrupción de los servicios esenciales, como las intervenciones en materia de educación, atención a la salud, nutrición y protección de la infancia, y al aumento a la pobreza y desigualdad.
Y es que tampoco hay que ser genios para entender que esta crisis en la que estamos exponencia las desigualdades y que estas, a su vez, tienen una grave repercusión en las generaciones más jóvenes. Una verdad es cierta, el México en el que se desarrollará la niñez de ahora no se acerca, ni se acercará al país en el que nosotros tuvimos la oportunidad de crecer.
Pero si los datos mundiales no les dan la referencia que se necesita para dimensionar el tamaño del problema, aquí van unos datos, los datos de verdad, no los datos que ustedes inventan. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, México es el segundo país en América Latina que tras la pandemia tendrá el mayor abandono escolar entre los 6 y los 17 años. El 16 por ciento lo hará por motivos económicos, mientras que el 9 por ciento lo hará por razones académicas. Es decir, en este país que se desmorona día a día, más de 628 mil niños y jóvenes de 6 a 17 años de edad abandonarán los estudios, sobre todo por dos razones: la crisis económica que disminuye los ingresos de las familias y la falta de condiciones para el aprendizaje a través de la educación no presencial.
Por desgracia, en nuestro país antes de la pandemia ya existían millones de niñas y niños que están privados de los elementos que fomentan su desarrollo en su primera infancia debido a la reducción y eliminación de diversos programas como Prospera, Estancias Infantiles, e inclusive pasará a la historia las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, en un acto de vulneración a los derechos de la infancia, de las niñas y niños, en las cuales expresó que los pequeños sean cuidados por los hermanos mayores, por los tíos, abuelos, primos, amistad o hasta por una vecina.
Me rehúso rotundamente a creer que no podemos garantizarles un mejor país a las nuevas generaciones. Me niego a creer que esta generación es perdida, gracias a las malas decisiones de este gobierno con la suma de la crisis de la pandemia. Me niego a pensar que dentro de 30 años esta generación que nació en esta vorágine, sea improductiva y profundamente desigual. Está en nosotros que esto no pase. A mis compañeros de la oposición les solicito su apoyo para que esto garantice un mejor futuro para la niñez mexicana. Y a mis compañeros de la aplanadora, es una gran oportunidad que tienen para reivindicarse ante tantas y tantas reformas que han votado, que se traducen en un futuro terrible, desigual y catastrófico para las presentes y nuevas generaciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, vía Zoom, el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (vía telemática): Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (vía telemática): Buenas tardes compañeras diputadas y diputados. Presento ante esta honorable asamblea, para su aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de lo siguiente.
Nuestra Constitución Política establece en su artículo 4o. el derecho que tienen las familias mexicanas a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Por ello, la vivienda es un bien necesario y tangible para el ser humano. Actualmente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través del programa Arrendavit, les da la opción a los trabajadores de rentar una casa habitación o departamento, utilizando el ahorro de su crédito del Infonavit.
El crédito hipotecario es la fuente de financiamiento más importante para la adquisición de vivienda que el Infonavit ofrece a los trabajadores derechohabientes, ya sea nueva o usada, destinando los recursos de la subcuenta de vivienda para que se aplique al pago del crédito hipotecario directamente. Sin embargo, dentro de esta modalidad no permite a los trabajadores ocupar sus recursos de la subcuenta de vivienda para el pago de renta.
Con la presente iniciativa se busca que el Infonavit permita a los trabajadores derechohabientes utilizar los recursos que se encuentran en la subcuenta de vivienda para pagar la renta de sus viviendas cuando esto derive por circunstancias de suspensión de actividades laborales por casos fortuitos, fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria, y sean los trabajadores quienes paguen directamente a las arrendadoras, previos convenios de colaboración, con el objetivo de celebrar alianzas estratégicas en beneficio de los trabajadores.
Surge entonces la necesidad de reformar el artículo 42 de la Ley del Infonavit, con el propósito de incorporar el fundamento legal que permita a los trabajadores utilizar sus recursos de la subcuenta de vivienda para destinarlos al pago de la renta, cuando por circunstancias de suspensión de actividades laborales por caso fortuito, fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General o, en su defecto, que sea el propio Fondo Nacional de la Vivienda quien pague directamente a las arrendadoras y con ello apoyarlos en su economía por causas ajenas a ellos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 42 de la Ley del Infonavit.
Artículo Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Artículo 42. Los recursos del Instituto se destinarán para
VI. Al pago de la renta de la vivienda por circunstancia de suspensión de actividades laborales por caso fortuito, fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria declarada por el Consejo General de Salubridad Nacional o, en su defecto, que sea el propio Fondo Nacional de la Vivienda quien pague a las arrendadoras.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.
La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz: Antes de iniciar con la exposición de la iniciativa, desde la más alta tribuna del Congreso de la Unión quiero reconocer a todas aquellas personas que siguen dando la batalla día con día por salvar vidas. A todas y a todos aquellos que trabajan en los hospitales y a quienes cuidan en sus hogares, de sus familiares y amigos que sufren por la pandemia. Para evitar más muertes, debemos insistir en la necesidad de usar el cubrebocas, mantener la sana distancia y si es posible, mantenerse en casa.
Compañeras y compañeros, para Acción Nacional defender la democracia es primero, puesto que es el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes y gobernantes. Sin duda, el tener un proceso democrático limpio significará la evolución de nuestra nación.
Nos encontramos a escasos cuatro meses de que se celebren las elecciones más grandes y complejas en la historia de nuestro país. Se elegirían a nivel federal 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 15 gubernaturas y 30 Congreso locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales.
En este proceso electoral cerca de 94 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para elegir a las personas que habrán de ocupar más de 21 mil cargos de elección popular en todo el país.
Sin duda, será un gran reto para el Instituto Nacional Electoral. Para ello, la institución se está preparando, emitiendo lineamientos, protocolos y directrices para enfrentar el mayor desafío electoral en el marco de uno de los contextos políticos, sociales y económicos más complejos que hayamos vivido.
El pasado 30 de julio de 2020, debido a los efectos ocasionados por la pandemia de Covid-19, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el que las credenciales de elector que perdieron vigencia el primero de enero de 2012 podrán ser utilizadas en los próximos comicios electorales, garantizando el derecho al voto de más de 4.5 millones de ciudadanas y ciudadanos.
Al mismo tiempo, en dicho acuerdo se señala que las credenciales para votar vencidas deberán ser excluidas del padrón electoral y de la lista nominal de electores al día siguiente de la celebración de los comicios. Sin embargo, debemos destacar que este tipo de medidas en un escenario de emergencia sanitaria o de pandemia no está previsto en la legislación vigente en materia de instituciones y procedimientos electorales.
Ante este escenario, la iniciativa que hoy les presento busca dotar al órgano electoral de las disposiciones legales necesarias y acorde a los acontecimientos que se puedan presentar. Su objeto es darle permanencia en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración casos fortuitos o de emergencia sanitaria.
En sus términos, la reforma propone que los ciudadanos cuya credencial de elector haya perdido su vigencia durante una emergencia sanitaria, se les permita emitir su voto en las elecciones que se realicen en esa situación y se establece que las credenciales para votar de esos ciudadanos sean excluidas del padrón electoral y de la lista nominal de electores, el día siguiente de la celebración de las elecciones o los extraordinarios que en su caso se deriven.
También propone que los plazos para actualizar y solicitar la inscripción en el padrón electoral sean ampliados el tiempo necesario cuando se realicen elecciones en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Además, para el caso de reposición de la credencial para votar se plantea que el plazo referido en la ley sea ampliado al tiempo necesario en un escenario de elecciones que se celebren en una emergencia sanitaria.
Compañeras y compañeros, en el Partido Acción Nacional, estamos convencidos que las próximas elecciones representan una oportunidad para reivindicar nuestra vocación democrática a través de la participación ciudadana y el derecho a ejercer su voto. Los invito a apoyar este proyecto legislativo y contribuir a fortalecer la institucionalidad electoral que otorga las garantías de legalidad y certeza. La democracia es primero. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Túrnese a la Comisión de Gobernación Población para dictamen.
El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra vía Zoom, la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por cinco minutos.
La diputada Nohemí Alemán Hernández (vía telemática): Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. En México uno de los derechos fundamentales que toda persona tiene derecho a ejercer es el derecho de petición. Dicho derecho se encuentra regulado por el artículo 8 de nuestra Constitución.
En el texto constitucional se prevé la existencia de dos instituciones distintas: el derecho de petición y el derecho de respuesta. El derecho de petición constituye uno de los derechos menos perfilados de la Carta Fundamental y con una construcción dogmática menos desarrollada, asimismo con una insuficiente regulación legal, la que solo se refiere a ámbitos parciales del mismo.
Es entonces que el legislador ha previsto la necesidad de garantizar el derecho de petición no solamente frente al poder público, sino también ante los particulares, precisamente porque como derecho fundamental debe de ser oponible a todos, incluso ante organismos internacionales. El derecho de petición se protege ante todas las instancias y se debe de garantizar a todas las personas.
Es importante destacar que la presente iniciativa propone reformar el artículo 8 de la Constitución mexicana para que el derecho de petición se pueda ejercer por vías electrónicas y sea amable con el medio ambiente, ya que reduce el uso del papel.
A nivel internacional, el concepto de derecho de petición se encuentra establecido en diversos tratados e instrumentos de los cuales el Estado mexicano es parte, establecen obligaciones específicas para el Estado mexicano. Es decir, se concluye que el derecho de petición sea establecido como un poder ciudadano y que a través de su ejercicio se permite la concreción, expresión y efectividad de otros derechos, de ahí su importancia y ponderación como derecho fundamental.
Es entonces que avanzar en la accesibilidad del derecho humano de petición es avanzar en su progresividad, más aún en esta nueva normalidad impuesta por la reciente pandemia del Covid-19, que ha obligado a adoptar una serie de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, entre ellas, el confinamiento, la distancia social y la utilización de herramientas electrónicas para la interacción.
Por lo que exige también nuevas formas de relación e interacción entre el gobierno y sociedad que garanticen no solo la continuidad, sino también la progresividad de la protección de los derechos humanos, es por esto que derechos humanos tan básicos, como el de petición, deben de encontrar mecanismos de ejercicio y protección, acordes con los tiempos que estamos viviendo actualmente.
Es por ello que esta iniciativa tiene por objeto el que se incorpore que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que este se formule por escrito, pudiendo presentarse por cualquier medio idóneo, incluyendo medios de comunicación electrónica u otro medio similar y siempre que pueda comprobarse la recepción de los documentos de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República.
En el Grupo Parlamentario de Morena sabemos que el derecho de petición es una fuerte herramienta para garantizar la participación ciudadana y la atención en forma rápida y oportuna de las solicitudes, reclamaciones, quejas, entre otros, planteados por las personas con miras a la defensa del interés público o particular, lo cual guarda lealtad por el concepto de estado democrático y participativo. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, presidente diputado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alemán Hernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección al Usuario Digital y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Su intervención será vía la plataforma Zoom.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (vía telemática): Gracias, presidenta. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento a esta asamblea una propuesta para expedir la Ley Federal de Protección al Usuario Digital.
Como parte de los trabajos que iniciamos al proponer la ciudadanía digital al inicio de esta legislatura, que incluía el establecimiento de la Cédula Única de Identidad Digital, ahora ya contemplada en la Ley General de Población que aprobamos el año pasado.
Todo con el objetivo de proteger los derechos de todas las personas en el internet y dando seguimiento a la discusión que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas en materia de privacidad digital y que apenas concluyó en una importantísima resolución el pasado 16 de diciembre.
Si algo revelaron los hechos de censurar por razones políticas en los Estados Unidos, como también aquí en México por parte de Tuiter, y por las mismas razones es la obligación que tenemos para proteger los derechos de los usuarios en el internet, como son el de expresión, información y privacidad, así como el resto de derechos humanos y constitucionales.
Celebro también que el senador de la República, nuestro compañero senador Ricardo Monreal Ávila, contribuya con este debate. Sin embargo, la propuesta que hoy presento no busca regular las redes sociales, sino defender los derechos de los usuarios en el internet, lo cual se encuentra basado fundamentalmente en reconocer que el derecho humano al acceso a internet, ratificado por la ONU desde el 2011 y por nuestra Constitución desde el 2013, se encuentra supeditado al comportamiento de pocas empresas digitales, preponderantes, mismas que deberán respetar siempre los derechos de sus usuarios.
Además de posibilitar la herramienta de la portabilidad, que facilitaría que toda la información, toda la información que un usuario generó en su cuenta, de cualquier plataforma, pueda ser trasladado a otra plataforma si así lo desea el usuario, fomentando así la protección de un cúmulo de información generada durante años de vida de los usuarios, tal y como hoy sucede cuando un usuario telefónico decide trasladar su número de una empresa a otra.
Esta iniciativa de Ley Federal de Protección a los Usuarios Digitales coincide con la eventual aprobación que hagamos de la reforma constitucional en materia de ciberseguridad, que actualmente analizamos en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta legislatura y que esperamos pronto pueda ser presentada al pleno de esta Cámara.
Diputadas y diputados, esta iniciativa busca contribuir a un debate en el que México y el mundo nos encontramos rezagados. El avance tecnológico y la irrupción de cambios en el mundo digital y la inteligencia artificial generan grandes vacíos en las regulaciones de todo el planeta, desprotegiendo a las personas y sus derechos.
Es imperante que actualicemos el marco legal mexicano con una visión de futuro, poniendo siempre a las personas y sus derechos por delante de los intereses económicos. Es cuanto, presidenta y muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado, Hidalgo Ponce. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por el diputado Hirepan Maya Martínez.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Con su venia, presidenta. Quiero pensar que vivimos el fin del egoísmo, del sálvese quien pueda y de la economía de mercado, agoniza la matriz económica del puro interés individual y que tanto daño ha generado los gobiernos neoliberales y su megacorrupción, así como los alcances de la pandemia del Covid-19, nos obligan a profundizar radicalmente los mecanismos de solidaridad, cooperación y comunitarismo en nuestras sociedades.
Este es el imperativo del esfuerzo de mi compañero, el legislador Hirepan Maya y que me adhiero y agradezco la confianza para presentar dicha iniciativa, con lo que buscamos fortalecer las economías solidarias. Es por ello que presentamos esta iniciativa, para que haya un nuevo ordenamiento de las sociedades cooperativas.
El artículo 25, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo de bienes y servicios socialmente necesario.
El cooperativismo en México, en su época contemporánea, proviene de la época del régimen de general Lázaro Cárdenas del Río, pero ya mucho antes esta forma de organización económica jugó un papel importante, el signo ideológico de gran parte del cooperativismo importado durante el siglo XIX, se adscribe al pensamiento utópico y a las corrientes socialistas y asociacionistas.
En particular, el cooperativismo agrícola moderno surgió a principios del siglo XX en Honduras, México, Argentina, Brasil o Uruguay, impulsado por emigrantes europeos. Sin embargo, no se desarrollaría y se extendería significativamente a otros países hasta los años treinta y, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los sesenta.
Las sociedades cooperativas son una modalidad de empresa social y solidaria, en la que ciudadanos, en pleno uso de sus libertades y derechos constitucionales, se organizan con un fin común, productivo, de servicios y para el ahorro y préstamo a sus beneficiarios y a la población abierta.
Además de las cooperativas de ahorro y préstamo que ya tienen normatividad particular, conocemos las de pescadores, de panaderos, rurales, ganaderas o agrícolas, y las que prestan servicios profesionales para la limpieza por contratos de empresas públicas o privadas. En general, hay cooperativas de consumo, producción y de servicios.
La primera legislación mexicana que se ocupó de regular la vida de las sociedades cooperativas fue el Código de Comercio que entró en vigor el primero de enero de 1890, ordenamiento que la reguló como una especie dentro del género de las sociedades mercantiles. El título segundo del libro del Código de Comercio de 1890 fue derogado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934, cuyo artículo primero expresó: esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles, entre ellas las sociedades cooperativas.
Por más de 56 años luchó en México la Ley General de Sociedades Cooperativas y su reglamento, aprobadas en 1938 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y que imponía a las cooperativas, entre otras circunstancias, la obligación de estar integradas por miembros de la clase trabajadora, su incorporación imperativa de las federaciones y las de estas, a su vez, a la Confederación Nacional Cooperativa.
Al cierre del primer semestre del 2019, según cifras de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo eran alrededor de 150 cooperativas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, distribuidas en 2 mil sucursales y que atienden las necesidades de más de 8 millones de socios.
Las cooperativas en México son un motor económico indispensable para la nación, generan empleo, aportan al desarrollo de las comunidades y facilitan el acceso de la población a distintos servicios y productos financieros que les mejoran la vida.
La Ley General de las Sociedades Cooperativas vigente en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, se compone de 94 artículos y su última reforma fue publicada en enero del año 2018.
Esta Ley tiene 58 reformas y adiciones donde, entre otras cosas, se refleja la preocupación del legislador por regular las cooperativas de ahorro y préstamo, cuando desde el 2009 se promulgó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Esto manifiesta una sobrerregulación para el caso de la Ley General de 1994, sin embargo, el régimen de cooperativismo ha cambiado de forma acelerada en los últimos años.
Es históricamente un modo de organizar la vida económica que ha servido para enfrentar las grandes crisis de capital, ya que garantiza de manera más humana la sobrevivencia básica de sus integrantes. Quizá ya no son frecuentes esas grandes cooperativas del siglo XX. Ahora vemos el surgimiento de un cooperativismo más local, regional, con menor número de integrantes, que ha ampliado también su vocación productiva y de servicios, extendiéndose a actividades y ámbitos antes impensados.
Por lo anterior, se requiere en el momento actual reforzar el movimiento cooperativista mexicano, que contribuya con una acción social en la intervención del Estado en la tarea de procurar una mejoría de vida de los obreros, campesinos y capas sociales empobrecidas de las ciudades, constituyendo una alternativa de organización económica para el trabajo autogestionado.
La necesidad de estudiar y poner en práctica el derecho del cooperativismo mexicano surge para reconocer la madurez de un marco jurídico para las sociedades y actos cooperativos, permitiendo una promoción actual y de desarrollo como herramienta de la recuperación económica del país.
Con el objeto de modernizar la legislación de las sociedades cooperativas, armonizar la norma mexicana con los acuerdos de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, de la que México forma parte, junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, atendiendo las recomendaciones de expertos internacionales y colocando esta modalidad de organización social para el trabajo en el centro de la promoción de una economía social y solidaria, es que se hace la presente propuesta de nueva Ley General de Sociedades Cooperativas.
Está a su consideración y debate, en este tiempo donde urge la creatividad en el diseño de políticas públicas para la reactivación económica de México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Campos Equihua. Túrnese a la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se recibieron de la Junta de Coordinación Política comunicaciones en relación a cambios de integrantes de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curuales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De enterada, y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:09 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 10 de febrero de 2021, a las 11 horas, en modalidad semipresencial.
---o0o---